Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al ISSSTE y la Cofepris a inspeccionar y evaluar el hospital de Querétaro para atender las denuncias de los trabajadores por corrupción y el resguardo inadecuado de los cuerpos de fallecidos por Covid-19, a cargo de la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Beatriz Robles Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Desde la llegada del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018, México se ha convertido en un referente en la región al romper con las inercias y las desconfianzas de los sexenios anteriores.

Hoy se destaca como uno de los países con mejor nivel de confianza ciudadana en América Latina con respecto a las estrategias gubernamentales de combate contra la corrupción y la impunidad, males que se avivaron y que fructificaron durante los gobiernos neoliberales.

Actualmente, 61 por ciento de los mexicanos valora positivamente la estrategia anticorrupción del gobierno federal. Es decir, aprueban que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando “bien” o “muy bien” en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, lo cual constituye un salto histórico de 37 puntos en solamente dos años.1

Segunda. El 16 de octubre de 2019, ciudadanos y servidores públicos adscritos a la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Querétaro, presentaron ante el Órgano Interno de Control en el ISSSTE central, una denuncia escrita en contra del ex subdelegado de Administración de la Delegación, Víctor Alí Cadena Romero, por presuntas irregularidades administrativas, malos manejos de recursos públicos y actos de corrupción en perjuicio del patrimonio y hacienda del hospital general del ISSSTE en Querétaro.

Dicha denuncia se presentó a fin de que las autoridades investigadoras llevarán a cabo los procedimientos necesarios que permitieran combatir de manera efectiva las presuntas irregularidades administrativas y los actos de corrupción.

Sin embargo, como consecuencia de las denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control Central, los funcionarios públicos en activo fueron objeto de diversas formas de hostigamiento laboral desde psicológica, física y hasta económica, al ser despedidos de la subdelegación administrativa del ISSSTE.

Hace unos días, trabajadores del instituto en la entidad, denunciaron presuntos actos de corrupción al interior de las áreas administrativas de la delegación Querétaro, que han ocasionado desabasto de medicamento, escasez de respiradores y saturación hospitalaria.

Asimismo, han declarado que el personal médico se niega a asentar por escrito la situación que permea al interior de la institución por temor a represalias, debido a que han recibido amenazas y han sido acosados laboralmente por las autoridades administrativas de la delegación.

De la misma forma, trabajadores han denunciado que el gobierno federal autorizó 50 interinatos Covid para Querétaro, los cuales pagaría directamente y no el ISSSTE. Sin embargo, comentan que no se sabe dónde están esos interinatos.

“Los médicos están cansados y ha habido fallecimientos en este sector, porque no hay quién supla vacaciones y los médicos no pueden más; no hay personal suplente y a estos les pagan tres meses después, no tienen bono, ni tampoco seguro, no hay nada que los respalde y por ende son susceptibles de contagiarse”.2

Además, los trabajadores de la salud han revelado que en este momento el hospital está vacío porque no hay jefe de medicina interna, ni médico en el área de urgencias. En el tercer piso, donde se atiende a pacientes con Covid-19 está saturado, por lo que están ocupando el segundo piso y sólo están aislando el primer piso que es el área de pediatría y ginecología.

Aseveraron que han hablado con los directivos del hospital pero nadie ha hecho nada al respecto. “Hacemos un llamado a los directivos a que al menos le den la cara a la gente porque quienes salimos raspados siempre somos los que estamos al frente,” denuncian.3

Tercera. Actualmente el mundo y el país enfrentan la enfermedad Covid-19, la cual se extendió y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020. Ante ello, el gobierno federal, gobiernos estatales y autoridades sanitarias del país, han actuado con determinación en la estrategia de prevención y mitigación del coronavirus.

Sin embargo, hace unos días un grupo de trabajadores del ISSSTE, delegación Querétaro, denunciaron que presuntamente, en el hospital general Querétaro, no se está realizando un manejo adecuado en el resguardo de fallecidos por Covid-19, debido a que están guardando los cuerpos en una bodega que no cuenta con las medidas de seguridad e higiene, por lo que el lugar se convierte en un foco de infección y de riesgo de contagios.

Manifestaron que en enero el ISSSTE registró 73 decesos, de los cuales 51 fueron por Covid-19 y todos necesitaban un espacio mortuorio, porque además los decesos por coronavirus requieren un tratamiento distinto para evitar contagios.

“Como el espacio mortuorio fue insuficiente, el personal recibió la instrucción de que los dejaran en la bodega de activo fijo, área que no reúne las condiciones para mantener un cuerpo frío por el proceso de descomposición, lo que ocasiona que el personal trabaje en unas condiciones laborables terribles, porque cómo vas a estar atendiendo a la gente con náuseas y queriendo vomitar en cada momento”.4

Aseguraron que el área que se habilitó para dejar los cuerpos es pequeña, por lo que estos están apilados entre 10 y 14 días y a temperatura ambiente, cuando lo indicado es que estén en refrigeración hasta que vayan por ellos las funerarias.

Los trabajadores de la salud afirmaron que ya no aguantan la situación, porque están laborando bajo condiciones insalubres y que previendo que el número de casos de contagio aumentará, le solicitaron al director Silvio Rosales Flores, desde principios de enero, que ante esta situación tuviera una intervención oportuna; sin embargo, hicieron caso omiso y ahora no saben cómo resolver la situación.

Señalaron que una de las alternativas que como trabajadores esperaban era que el director rentara un tráiler, como lo hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de El Marqués, para que aislara los cuerpos del área médica y los conservara a la temperatura requerida.

Declararon que sólo se adquirieron cinco gavetas en las que caben dos cuerpos en cada una, pero estos también son insuficientes, porque no hay espacio dónde ponerlo, además de que se requiere de una adecuada instalación para su funcionamiento, ya que para echar a andar estas gavetas se debe seguir un procedimiento, es decir, este equipo funciona como un refrigerador, por lo que debe dejarse 24 horas para que el gas se asiente.

“Hace un par de semanas, la subdirectora médica, la doctora Irma Hualtal Chong Benítez, le dijo a un compañero que si no se podía ponerles hielo a los cuerpos para conservarlos fríos”.5

Por otro lado, trabajadores del instituto comentaron que sí les dan equipo de protección; sin embargo, este no es de calidad, por lo que el personal médico, las enfermeras, los camilleros y los de intendencia tienen que invertir sus recursos en la compra de su propio equipo. Aseguraron que un buen equipo cuesta como 650 pesos más los guantes, caretas, cubre bocas KN-95.

Al respeto, varios trabajadores han buscado tener acercamiento con los directivos del instituto pero nunca los atienden, “Siempre nos dicen que sí nos atenderán y a la hora que llegamos a la cita, nos cancelan de último minuto; hemos metido escritos dirigidos al director y tampoco tenemos respuesta”.6

Asimismo, han denunciado al director Silvio Rosales Flores como una persona prepotente, sin la capacidad y conocimientos que se requiere para el puesto, con sus decisiones fuera de la realidad y que pone al personal de la salud en riesgo de contagio por Covid-19. Aunado, que no tiene ninguna cercanía con el personal, no conoce el área y por ende la problemática real que enfrenta la institución.

Por el contrario, los directivos tienen amenazados a todo el personal y acosados laboralmente, para evitar que difundan las condiciones de trabajo en el manejo del Covid-19, las irregularidades administrativas y los actos de corrupción, aspectos que afectan el funcionamiento y la atención del hospital general de Querétaro.

Por lo anterior, presento a esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a los titulares del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a realizar una inspección y evaluación respectivamente al hospital de Querétaro, a fin de atender las denuncias de los trabajadores por corrupción y el resguardo inadecuado de los cuerpos de personas fallecidas por Covid-19.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a realizar un recorrido de inspección al hospital general de Querétaro, a fin de conocer y atender las denuncias públicas que han realizado trabajadores de la institución por presuntos actos de corrupción de sus directivos, debido a diversas irregularidades administrativas, mal manejo de los recursos públicos y el resguardo inadecuado de los cuerpos de personas fallecidas por Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de sus atribuciones legales, a realizar una inspección al hospital general de Querétaro, a fin de evaluar e identificar posibles riesgos a la salud humana y, en su caso, imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad, por las condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios en el manejo de la pandemia y el resguardo inadecuado de los cuerpos de personas fallecidas por Covid-19.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, implemente mecanismos y acciones administrativas o, en su caso, penales, a fin de proteger los derechos laborales y humanos de los trabajadores que son víctimas de hostigamiento laboral y de amenazas, debido a las denuncias públicas que han presentado en contra de directivos de la Subdelegación de Administración del ISSSTE, por las presuntas irregularidades administrativas, malos manejos de recursos públicos y actos de corrupción en perjuicio del patrimonio y del servicio del hospital general del ISSSTE en el estado de Querétaro.

Notas

1 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
apoya-61-de-mexicanos-lucha-contra-la-corrupcion-del-actual-gobierno-4217072.html

2 http://www.codigoqro.mx/2021/01/05/trabajadores-del-issste-queretaro-de nuncian-presuntos-actos-de-corrupcion/

3 Ibídem.

4 http://www.codigoqro.mx/2021/02/10/denuncian-resguardo-inadecuado-de-fa llecidos-por-covid-19-en-issste-queretaro/

5 Ibídem.

6 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2021.

Diputada Beatriz Robles Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el Insabi a explicar los motivos del retraso en la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud que realiza con la UNOPS, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, y del Instituto de Salud para el Bienestar, a explicar los motivos del retraso en la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud que realiza en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por su sigla en inglés), conforme a las siguientes

Consideraciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que del análisis conjunto de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se desprende que el Estado mexicano se encuentra obligado a crear las condiciones que aseguren a todas las personas la asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad. Para ello presta servicios integrales, lo que implica que se debe proporcionar un tratamiento adecuado y completo, lo que incluye el suministro de medicamentos básico.1

Además, que la Ley General de Salud (LGS), reglamentaria del derecho a la protección de la salud, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud, que los servicios básicos de salud, se integran por la atención médica y la disponibilidad de medicamentos y otros insumos para la salud. La atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos.2

En particular, el artículo 29 de la Ley General de Salud (LGS) vigente, establece que del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes. La fracción VIII del artículo 27, establece que se consideran servicios básicos de salud los referentes a la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, así como su surtimiento. También, la fracción IV de artículo 77 Bis 37, que señala que los beneficiarios del sistema de protección social en salud tendrán el derecho recibir gratuitamente los medicamentos y demás insumos asociados, que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud.

Sin embargo, el derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, se ha visto violentado reiteradamente por el gobierno federal, ante desabasto de medicamentos que prevalece en el Sistema Nacional de Salud.

En los primeros meses de 2021, el desabasto de medicamentos se recrudecerá, por la incapacidad que ha tenido el gobierno federal para garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos en las instituciones públicas de salud. Nuestro sistema de salud enfrenta serios problemas con los sistemas de compra, distribución y abasto a las unidades de atención médica.

El desabasto de medicamentos y otros insumos esenciales para la atención de la salud, ha sido producto de políticas públicas mal planeadas y ejecutadas por el gobierno federal; se centralizaron las compras consolidadas de medicamentos que anteriormente realizaba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que las realizara la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero la falta de experiencia de los funcionarios a su cargo, generó retrasos y desabasto en la adquisición de medicamentos.

El Presidente de la República vetó a las principales distribuidoras de medicamentos del país, bajo el supuesto de actos de corrupción que no ha sido demostrada, con lo que afectó los mecanismos disponibles de distribución de medicinas, sin embargo, ante las limitadas capacidades del gobierno federal todavía no se ha podido sustituir.

La supuesta lucha contra la corrupción en el sector salud no ha tenido resultados, a la fecha no hay ningún funcionario sancionado; lo único que sí ha logrado es el aumento de las adjudicaciones directas de contratos con total opacidad.

El gobierno federal buscaba generar ahorros al pasar las compras de medicinas a la SHCP, pero ante el fracaso, ahora le pagará a la UNOPS por hacer el trabajo que anteriormente coordinaba el IMSS; sin embargo, lo más preocupante es que no se ha resuelto el tema de la distribución.

Al retraso en las compras a través de la UNOPS, ahora tenemos que sumar el problema de la distribución de dicha compra. Para ello, el gobierno federal determinó en agosto de 2020, transformar a la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SA de CV (Birmex), con la modificación de sus estatutos y la renovación de su objeto de la sociedad para a la elaboración, obtención, compra, importación, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte, distribución, almacenamiento, comercialización, importación y exportación de productos químicos farmacéuticos, reactivos, medicamentos e insumos para la salud, a fin de garantizar el abasto oportuno de los recursos requeridos por el Estado mexicano para la atención de la población y una adecuada protección de la salud.

Así, uno de los objetivos prioritarios del Programa Institucional de Birmex, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2020, es establecer una distribución sistematizada, que garantice el abasto suficiente y oportuno a nivel nacional, a través de la operación, coordinación e implementación de tecnología y recursos humanos. La distribución oportuna y suficiente de medicamentos e insumos para la salud es indispensable para mantener las condiciones de salud adecuadas en la población mexicana.

La distribución de medicamentos es un proceso que presenta ciertas complejidades y requiere de una infraestructura especializada, por ello la industria farmacéutica nunca ha sido distribuidora de sus productos, no tiene esa capacidad; por eso hay empresas dedicadas a esta función, que tienen experiencia e infraestructura, porque los fármacos requieren, entre otras cosas de una cadena de frío.

Es por eso que Birmex debería dar a conocer los criterios técnicos, mecanismos e infraestructura con que cuenta para garantizar el abasto oportuno de medicamentos para todo el Sistema Nacional de Salud, ante la eventual adquisición de medicamentos que el gobierno federal hará a través de la UNOPS.

Todos deberíamos conocer ya sus capacidades físicas, técnicas y operativas; así como el sistema de vigilancia y el control que habrá de establecer para su manejo óptimo, eficiente y transparente, que garantice una distribución eficaz para un acceso oportuno y suficiente de medicinas para todos, particularmente para las poblaciones rurales y las regiones marginadas.

Lo anterior resulta relevante en un contexto donde se ha dado a conocer el rompimiento entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) de Juan Ferrer y Birmex de Pedro Zenteno; lo que seguramente complicará abasto de medicamentos y otros insumos en el sector público donde los pacientes vienen sufriendo falta de terapias adecuadas desde hace dos años.3

Todo parece que, dado que Birmex compró la vacuna de Astra Zéneca, se ha concentrado en su distribución descuidando los preparativos para la distribución de medicamentos. Al retraso que ha tenido el proceso de adquisición de medicamentos por parte de la UNOPS se suma ahora la posibilidad de que el gobierno federal no cuente con los medios para su distribución, lo que agudizaría el desabasto de medicamentos que ya comienza ser evidente, pero que seguramente se agudizará en los próximos meses.

Las ofertas recibidas por la UNOPS el 5 y 12 de febrero de este año, aún deben ser verificadas por el organismo multilateral para ver si cumplen en calidad y precio conforme su manual de adquisiciones, y faltaría que pasen el filtro sanitario establecido en nuestra normatividad, el cual debe ser realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Aún con los avances de las licitaciones –la de medicamentos y la de dispositivos médicos– todo parece indicar que la adjudicación y firma de contratos se hará entre marzo y abril de este año; por lo que se espera que será para julio o agosto que empiece de una vez por todas la distribución en nuestro país.

La licitación realizada por la UNOPS recibió las 2 mil 563 ofertas de medicamentos y mil 189 ofertas de material de curación y dispositivos médicos, sin que hasta ahora la Cofepris haya manifestado haber realizado la verificación sanitaria que le corresponde, de manera que cumpla con su obligación legal de garantizar que dichos medicamentos e insumos sean eficaces, seguros y de calidad tal como lo establece nuestra legislación.

En este escenario todo parece indicar que el desabasto de medicamentos e insumos para la salud se agudizará en los próximos meses de manera que quienes acudan a recibir atención médica a las instituciones públicas se enfrentarán a la falta de medicamentos para su tratamiento.

Además, ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) y sus efectos sobre la salud de la población, el abasto de medicamentos es fundamental para salvar vidas.

La adquisición de medicamentos en insumos ha sido un gran fracaso, no obstante que desde el Congreso el grupo mayoritario de Morena le ha dado al gobierno federal las herramientas para actuar con total discrecionalidad, éste no ha sido capaz de concretar la compra oportuna de medicamentos, y en el caso de las vacunas contra el SARS CoV 2, se ha ocultado toda información sobre los contratos de manera que existe total incertidumbre en ambos casos.

La incertidumbre del proceso de adquisición y su posterior distribución es evidente, de manera que se requiere que desde el gobierno federal se tomen las previsiones y acciones necesarias para garantizar el acceso a los medicamentos. Hoy no queda claro si será el Insabi o Birmex que se hará responsables de la distribución, lo cual es muy preocupante pues está de por medio la salud y la vida de quienes acuden a los servicios públicos de atención médica.

Por ello, es necesario que el gobierno federal explique los motivos del retraso en la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud que realiza en conjunto con la UNOPS y explicar las acciones que tomará a fin de evitar un nuevo desabasto en el sector público.

Recordemos que quienes más han sufrido esta falta de medicamentos enfrentan los tratamientos oncológicos; las personas con VIH y las niñas, niños y adolescentes con cáncer. El desbasto de medicamentos es tan grave que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió atraer y entrar al estudio de cuatro casos de pacientes con VIH a los cuales se les ha negado el acceso a medicamentos.

El desabasto puede convertirse en un serio problema de salud pública, por lo que se deben tomar las previsiones necesarias para garantizar que las compras de medicamentos que se realiza a través de la UNOPS de realice con toda oportunidad y que su distribución en nuestro país se realice de forma eficaz.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante ustedes la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, expliquen los motivos del retraso en la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud que realiza en conjunto con la UNOPS; así como dar a conocer cuáles son las acciones que tomará a fin de evitar un nuevo desabasto de medicamentos en el sector público.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto de Salud para el Bienestar y a la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SA de CV (Birmex) a dar a conocer los mecanismos, infraestructura y esquemas de distribución, con los cuales garantizará que los medicamentos que se adquieran mediante la UNOPS llegarán oportunamente a todos los centros de atención médica del país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto de Salud para el Bienestar y a la Cofepris, a cumplir con su obligación legal de garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos que se adquieran mediante la UNOPS; así como a dar a conocer a la población en general, los mecanismos de farmacovigilancia establecidos para los medicamentos de origen internacional.

Notas

1 SCJN, tesis aislada 2a. LVIII/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 70, septiembre 13de 2019, Tomo I.

2 SCJN, tesis aislada P. XIX/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, marzo de 2000.

3 Rompe Insabi con Birmex. Y ahora, ¿quién distribuirá la compra UNOPS? | El Economista

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2021.

Diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba, Mariana Dunayska García Rojas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a autoridades federales, estatales y municipales a realizar acciones para reparar la carretera Huimanguillo-Francisco Rueda y zonas aledañas de Huimanguillo, Tabasco, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el municipio de Huimanguillo, Tabasco, cuenta con una superficie total de 3,757.59 Kilómetros cuadrados; colinda Al norte: con el municipio de Cárdenas, Tabasco; Al sur: con los Estados de Chiapas y Veracruz; Al este: con el Estado de Chiapas; y al Oeste: con el Estado de Veracruz. Para su organización territorial y administrativa cuenta con 2 ciudades, 2 villas, 14 poblados, 45 rancherías, 24 sectores, 158 ejidos, 54 colonias y 2 nuevos centros de población.1

Segunda. Que, entre sus poblados, está el poblado Francisco Rueda que por su ubicación sirve de acceso hacia el estado de Veracruz por el municipio de las Choapas; a su alrededor existen diversos centros de población y además es una zona con importante producción, pues existen cientos de hectáreas donde se cultiva limón, eucalipto, hule, pino, piña, palma de aceite, entre otros; también es una importante zona ganadera, lechera y comercial.

Tercera. Que la vía de acceso principal que es la carretera que va de la ciudad de Huimanguillo al Poblado Francisco Rueda y zonas aledañas, desde hace muchos años, se encuentra sumamente deteriorada en diversos tramos y a pesar de las gestiones que han realizado los vecinos ante los órdenes de gobierno estatal y municipal para que sea reparada, no lo han logrado, como lo han denunciado los habitantes de la zona a través de los diversos medios de comunicación como radio y televisión, así como en redes sociales.

Inclusive, los propios habitantes y empresarios se han unido para reparar provisionalmente los tramos más afectados, para que puedan circular los vehículos que transportan la producción que se genera, los vehículos de transporte público y los vehículos particulares que tienen necesidad de circular por esa vía para trasladarse a sus domicilios, ranchos o negocios o al vecino estado de Veracruz.

Cuarta. Que los daños que presenta esa vía hacen que el tránsito de vehículos sea lento por lo que ha sido utilizado por algunas bandas o personas en lo individual para cometer diversos delitos, principalmente robo de bienes y dinero en efectivo convirtiéndose en una zona insegura para los usuarios.

Quinta. Que el pasado 1 de febrero de 2020 el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado de Tabasco, Gerald Washington Herrera Castellanos presentó una proposición con punto de acuerdo con la que exhortó a diversas autoridades federales, estatales y municipales para que, en el ámbito de sus atribuciones, o mediante la debida coordinación y colaboración lleven a cabo la reparación de esa importante vía de comunicación.

Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a emitir el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; al Gobernador del Estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, Luis Romeo Gurría Gurría, al titular de la Junta Estatal de Caminos, Rafael Paniagua Garduño, así como al presidente municipal de Huimanguillo, Tabasco, José del Carmen Torruco Jiménez, para que acordé a su ámbito de competencia, en lo individual o mediante la debida colaboración, realicen las acciones necesarias para reparar la carretera que va de la ciudad de Huimanguillo al Poblado Francisco Rueda y zonas aledañas del municipio de Huimanguillo, Tabasco, ya que se encuentra sumamente deteriorada y afecta la seguridad pública y el derecho humano a la movilidad de las personas, así como el traslado de bienes derivados de la producción agrícola, ganadera y de la actividad comercial de la zona.

Nota

1 Bando de Policía y Gobierno, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 7980, suplemento F, de fecha 27 de febrero de 2019. Art. 21 y 23.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 17 de febrero de 2020.

Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a incluir a los profesionales médicos de la salud bucal en las primeras fases de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19, a cargo del diputado José Francisco Esquitin Alonso, del Grupo Parlamentario del PES

José Francisco Esquitin Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión a incluir por la Secretaría de Salud a los profesionales médicos de la salud bucal en las primeras fases de vacunación de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, con base en las siguientes

Consideraciones

El 8 de diciembre de 2020, el gobierno federal publicó la primera versión de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, a fin de establecer las bases sobre las que habrá de operar la campaña nacional respectiva.

En la primera versión de la política de vacunación contra el Covid-19 se mencionaban de manera explícita los segmentos poblacionales que serían inmunizados prioritariamente. Dicho documento señalaba:

Priorización de población a vacunar

Las recomendaciones preliminares del grupo técnico asesor de vacunas en México están basadas en escenarios y supuestos que pueden cambiar conforme la evidencia científica sobre los perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas se actualicen.

El grupo analizó los beneficios potenciales acumulados en términos de tres indicadores: casos nuevos evitables, muertes y hospitalizaciones evitables, llegando a la conclusión preliminar de establecer una estrategia enfocada en reducir las muertes asociadas con Covid-19, diseñada con base en la mortalidad observada en México. Los beneficios se midieron asumiendo una disponibilidad de 25 millones de personas vacunadas, un escenario alterno con 50 millones y un tercer escenario considerando una cobertura universal que lograría la inmunidad de rebaño esperada con un programa de vacunación universal para prevenir el Covid-19, cubriendo al menos a 75 por ciento de la población mexicana.

Para definir la priorización se analizó la información de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población para obtener el tamaño de la población por grupo de edad. Para el nivel de riesgo se consideraron tres enfermedades asociadas a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa de Covid-19.

La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por Covid-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.

Con base en los resultados de este análisis, los grupos priorizados en orden de prelación son

1. Trabajadores de salud.

2. Personas mayores de 80 años.

3. Personas de 70 a 79 años.

4. Personas de 60 a 69 años.

5. Personas de 50 a 59 años.

6. Personas de 40 a 49 años.

7. Población menor de 40 años.

Ninguna vacuna podrá aplicarse a personas menores de 18 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y mujeres embarazadas.

El documento resultaba claro, establece un orden de turno para cada uno de los grupos en que se dividió a la población, eliminando con ello valoraciones subjetivas para beneficiar a personas o grupos en particular.

Sin embargo, la política de vacunación del gobierno federal resultó ser sumamente rígida y simplista, dejo fuera de los grupos prioritarios a sectores de la población que, independientemente de su edad, condición médica o de género, por su actividad profesional tienen un alto riesgo de contagiarse de coronavirus.

No ocurrió así con el Marco de calores para la asignación y priorización de la vacunación Covid-19, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ahí se establecen los lineamientos que deberán guiar la integración de los grupos prioritarios para recibir la vacuna de inmunización contra el coronavirus.

A fin de proveer de mejor manera se transcribe a continuación el cuadro 2 del documento de la OMS (el subrayado es nuestro):

Con dichos lineamientos, la OMS busca guiar las políticas de vacunación de sus países miembros a fin de procurar un acceso equitativo, justo y responsable a la vacuna contra el coronavirus en todas las naciones.

Al respecto, la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, no ha logrado tomar en cuenta aspectos relevantes como es el riego en que se encuentran algunos profesionales de la salud, que sin encontrarse en la primera línea de atención contra el coronavirus, por su actividad profesional, se encuentran en grave riesgo de contagio.

Si bien las autoridades federales han publicado el 12 de enero de 2021 una nueva versión de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, donde ya se contempla para la priorización de la aplicación de la vacunación la edad de las personas, comorbilidades personales, grupos de atención prioritaria y el comportamiento de la epidemia; lo cierto es que nada de lo anterior, ha sido tomado en cuenta para la definición del calendario de vacunación, como se puede observar en la figura 2, Etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados , del mencionado documento:

Hasta la primera semana de enero se registraban casi 200 mil trabajadores de la salud infectados por coronavirus y 2 mil 580 muertos.

Los números son alarmantes, más si consideramos que dichos datos, no incluyen el pico presentado en el primer mes del año y que el brote persiste aún en febrero.

Al respecto, con la intención de atender dicha situación en la política de vacunación emprendida por el gobierno federal se priorizó la aplicación de las primeras vacunas que llegaron al país para ocuparlas en la inmunización de los trabajadores de la salud que se encuentran atendiendo a pacientes con Covid-19.

Sin embargo, uno de los gremios de los profesionales de la salud que no han sido considerados para su inmunización prioritaria son los encargados de la salud bucodental.

Los profesionales de la salud bucodental lo integran los estomatólogos, odontólogos, auxiliares dentales e higienistas dentales, todos estos profesionistas, aunque no se encuentran en la primera línea de atención contra el coronavirus, si realizan funciones prioritarias, y ocupan trabajar en la cavidad bucal de sus pacientes, lo que los expone a un alto riesgo de contagio por coronavirus.

Aunque estos profesionales de la salud han tomado medidas sanitarias para prevenir contagios, estas han resultan insuficientes, si consideramos, que para realizar su labor, requieren tener contacto con los fluidos bucales, partículas dentales y el aliento de los pacientes.

Aunado a lo anterior, el coronavirus suele ser asintomático en las primeras etapas e incluso existe un porcentaje importante de infectados que nunca llegan a presentar síntomas, con lo cual, resulta casi imposible poder descubrir entre quien puede o no estar infectado con la ayuda de un termómetro.

El personal encargado de la salud bucodental ha solicitado al presidente de la Republica que se les considere en las primeras etapas de vacunación para ser inmunizados contra el coronavirus.

A favor de la petición que han realizado, se debe señalar que la función que realizan, como todas las relacionadas con la salud, es considerada prioritaria; sin embrago, no se les ha otorgado prioridad para ser vacunados

En este sentido, el punto de acuerdo busca concientizar y sensibilizar a las autoridades encargadas de la política de vacunación, para que se inmunice, lo antes posible, a los profesionales de la salud bucodental.

Declaraciones tan desafortunadas como las vertidas por el encargado de la pandemia, en el sentido de comparar a un dentista con un repartidor, al señalar: “un repartidor a lo mejor hace 70 entregas al día y esta persona dentista a lo mejor tiene seis pacientes al día ¿Cuál pesa más el que sean 70 o el hecho de que el odontólogo está físicamente en estrecha conexión con seis personas al día?” en nada contribuyen a la contención de la pandemia, hay que recordar que las gotas de saliva junto con los aerosoles son los principal medio de transmisión del virus.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a incluir a través de la Secretaría de Salud a los profesionales médicos de la salud bucal entre las primeras fases de política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, en el marco de la estrategia de inmunización.

Referencias

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Gu iaAplicacionVx_BNT162b_08Ene2021.pdf

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Po lVx_Covid_-11Ene2021.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/
WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2021.

Diputado José Francisco Esquitin Alonso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Sistema Nacional de Salud a publicar e implantar cuanto antes con el Sipinna, la SEP y la CNDH la estrategia nacional para prevenir el embarazo en adolescentes, con absoluto respeto de los derechos humanos, en particular los sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes, con objeto de reducir la incidencia, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en el país residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8 por ciento del total de población; de este grupo de población, 19.6 millones son hombres y 18.9 millones mujeres; de los cuales, 9.2 millones tiene cuatro años o menos; 10.8 millones tiene entre cinco y nueve años, 11.5 millones de 10 a 14 años y siete millones son adolescentes de 15 a 17 años.

Sabemos que nuestro país ha registrado progresos significativos en diversos ámbitos del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, en temas como disminución de la pobreza extrema por ingresos, mejora de la salud infantil y materna, equidad de género, incremento de la cobertura educativa, en servicios básicos en la vivienda, erradicación del trabajo infantil, entre otros. No obstante, existen grupos de la población que han quedado al margen de estos avances y que aún enfrentan retos relevantes para acceder a los servicios básicos, así como al conjunto de sus derechos.

Una problemática que persiste en la sociedad mexicana es el embarazo en adolescentes, convirtiéndose en un problema de salud pública al presentarse en los estratos de ingresos más bajos. En México tenemos alrededor de 97 adolescentes por cada 1.000 mujeres embarazadas entre los deciles con menores ingresos, los que no cuentan con acceso a los servicios de salud. Todo lo anterior está marcado por las grandes brechas de desigualdad, ya que la edad de la primera relación sexual en niñas y adolescentes es baja en muchas zonas, normalmente rurales o deprimidas, y la información sobre salud sexual y reproductiva escasa, a lo que hay que añadir el drama que hay detrás de muchos de estos embarazos: el 10 por ciento de ellos son fruto de la violencia sexual, en su inmensa mayoría (80 por ciento) atribuida a familiares, vecinos o conocidos de la víctima.

Otro de los factores que ha incidido en el incremento de los embarazos en las adolescentes mexicanas ha sido el confinamiento decretado contra la Covid-19, que ha permitido que la violencia sexual en contra de las niñas y adolescentes vaya en aumento lo que se aúna a la nula información sobre la educación sexual y reproductiva, impartida en las escuelas que, por ahora, están cerradas. Por ello, es importante señalar que datos de UNICEF México muestran que las llamadas de emergencia al servicio 911 por incidentes de violencia, acoso o violación sexual, de pareja o intrafamiliar sumaron 115 mil 614 desde el inicio de la contingencia en el país, es decir, un incremento de 28 por ciento en marzo en relación a enero de 2020, en donde 6 de cada 10 menores de uno a 14 años sufren violencia en su hogar; mientras que las llamadas a refugios registraron un incremento del 60 al 80 por ciento y las solicitudes de asilo en estos espacios incrementaron un 30 por ciento durante los primeros meses del confinamiento.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México tiene la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes de todos los países miembros ya que 62 embarazos por cada 1.000 son de niñas y adolescentes, pese a que entre los años 2000 y 2006 se logró una reducción de más del 8 por ciento. En este sentido es de señalarse que, el Consejo Nacional de Población (Conapo) anunció que en los últimos cuatro años la tasa de embarazos adolescentes se redujo, pasando de 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años de edad a 68.5 en este 2020. A pesar de los progresos, al año, más de 300 mil adolescentes entre 15 y 19 años, y alrededor de 5 mil menores de 15 años de edad, se convierten en madres; la mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados, y los de menores de 15 años podrían estar vinculados con casos de abuso sexual. Sin embargo, estiman que en el 2021 aumentarán en un 20 por ciento los embarazos adolescentes no planeados debido al nulo acceso a métodos anticonceptivos, así como la poca información de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual.

Recordemos que el pasado 24 de junio de 2020, el gobierno de la República, señaló mediante comunicado que estaba desarrollando la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), producto del trabajo conjunto de 16 dependencias del gobierno federal y de la participación de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de personas expertas del ámbito académico, en esta temática; sin embargo, a más de siete meses de anunciada la estrategia, ésta aún no se publica, desfavoreciendo a niñas y adolescentes que se convierten en madres a temprana edad. En este sentido, es importante señalar, que de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) diariamente, 32 niñas de entre 10 y 14 años en el país se convierten en madres, víctimas de la violencia sexual.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera necesario publicar e implementar de manera urgente la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes con el objeto de reducir su número, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos, garantizando con ello el principio del interés superior del niño, contemplado en nuestra Constitución y en tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único .- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Salud para coordinarse con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a publicar e implementar, a la brevedad, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, con el objeto de reducir su incidencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2021.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a emitir lineamientos para que particulares, gobiernos estatales y ayuntamientos puedan adquirir la vacuna contra el Covid-19, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado

La suscrita diputada federal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este órgano legislativo la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal a emitir lineamientos para que particulares, así como gobiernos estatales y municipales, puedan adquirir la vacuna contra el Covid-19, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con motivo de la situación sanitaria que se vive a nivel mundial, los gobiernos se han visto obligados a crear diversas estrategias para contrarrestar la propagación de la enfermedad Covid-19 en sus habitantes, en ese sentido una de las más estrategias implementadas fue la inoculación de la población, pero además esta debe ser aplicada garantizando la universalidad de la misma para todas y todos los habitantes de forma eficaz maximizando así el derecho a la salud de los mexicanos.

Por esa razón, el Gobierno Federal ha adquirido con diversas empresas internacionales como: Pfizer, CanSinoBIO, Sinovac y AztraZeneca millones de dosis de vacunas para atacar la enfermedad producida por el virus SARS- CoV-2: la Covid-19, que hasta los primero días del mes de febrero del presente año ha causado en nuestro país más de 169 mil 760 muertes y un millón 957 mil 889 casos de contagio, convirtiéndose México en el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.1

Las autoridades sanitarias a nivel federal han dejado muy clara la importancia de la aplicación de la vacuna, los beneficios esperables, así como los grupos prioritarios y fechas para su aplicación, comprometiéndose a garantizar que la vacuna contra el Covid-19 se distribuya y se aplique a toda la población en nuestro país . Hasta el día diez de febrero del año en curso, se han aplicado 724 mil 707 vacunas contra el coronavirus en México, de las que 622 mil 658 corresponden a primeras dosis y 84 mil 592, a profesionales de la salud que ya completaron su esquema de vacunación, es decir que de acuerdo al Plan de Vacunación esta se aplicaría de la siguiente forma:

• Primera etapa: diciembre 2020–febrero 2021, para personal de salud de primera línea de control de Covid-19

• Segunda Etapa: febrero–abril 2021, dedicada a vacunar a personal de salud restante y personas de 60 años y más. Sin embargo, en el caso de los adultos mayores se busca que queden inmunizados en marzo con la dosis única de la vacuna de CanSino Biologics.

• Tercera Etapa: abril–mayo 2021, enfocada a personas de 50 a 59 años

• Cuarta Etapa: mayo–junio 2021, destinada a vacunar contra coronavirus a personas de 40 a 49 años

• Quinta Etapa: junio–marzo 2022, asignada para el resto de la población.2

Para cumplir con la estrategia antes mencionada de inocular a los 126 millones de habitantes, México tiene acuerdos de pre compra para 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V y 51.5 millones de la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)3 siendo uno de los primeros países del mundo en iniciar la aplicación del fármaco de Pfizer y BioNTech el 24 de diciembre, no obstante hasta ahora solo ha recibido alrededor de 767 mil dosis , lo que ha impedido su meta de inmunizar a todo el personal médico de primera línea con 1.4 millones de unidades en enero4 y por consiguiente al resto de la población, lo que por ende retrasa considerablemente las fechas que el Plan de Vacunación pretendía implementar.

Si bien es cierto que uno de los grupos con mayor riesgo de contagio, es el personal médico y las personas de la tercera edad tampoco hay suficiente evidencia sobre la afectación que puede tener la Covid-19 y sus secuelas en mujeres embarazadas, pacientes con VIH y aquellos con sistemas inmunes comprometidos5 por lo tanto no puede seguir retrasándose la vacunación en ningún sector poblacional.

Atendiendo a lo que el mandatario de la nación ha establecido en repetidas ocasiones de que el principal propósito de su gobierno respecto a la situación sanitaria que vivimos, es detener la curva de contagios y salvar la mayor cantidad de vidas, es imprescindible que los lineamientos que fueron mencionados para la obtención de la vacuna se conviertan en un hecho logrando así que sea asequible a particulares y gobiernos locales y municipales la obtención de esta bajo todos los requerimientos legales que establezca nuestro país, y evitar, precisamente “duplicidades” en quienes sea aplicada la vacuna, pues si bien ya fue autorizada la adquisición de esta fuera del Plan de Vacunación del gobierno federal, es necesario que sean claros y enlistados todos estos requisitos para que no haya lugar a vacíos legales o de forma que puedan entorpecer la adquisición de las dosis de vacunas requeridas.

De dar trámite a este punto de acuerdo se logrará incluso colaborar con el gobierno federal en la meta de inocular lo más pronto posible a todos los sectores de población del país, ya que con el antecedente del retraso que la empresa Pfizer tuvo en la entrega de las dosis que México adquirió con la debida anticipación, continuar esperando y no llevar a cabo acciones que den solución no es concomitante con la garantía de acceso a la salud que deben brindar las autoridades a las y los mexicanos por igual.

Por lo anteriormente expuesto, con la única pretensión de tutelar de manera efectiva la garantía del derecho fundamental al acceso a la salud, circunstancia que funge como base para el desarrollo de una vida plena y digna de todo mexicano, someto a la consideración de esta honorable legislatura, la citada proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal a emitir lineamientos para que particulares, así como gobiernos estatales y municipales puedan adquirir la vacuna contra el Covid-19.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/
coronavirus-10-de-febrero-mexico-acumula-169-mil-760-muertes-por-covid-19

2 Consultado el día 11 de febrero en: https://www.unotv.com/nacional/mexico-presenta-plan-de-vacunacion-contr a-el-covid-19/

3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/
coronavirus-10-de-febrero-mexico-acumula-169-mil-760-muertes-por-covid-19

4 Ídem

5 Consultado en: https://amiif.org/comunicados-de-fuentes-diversas-relacionadas-con-covi d-19/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del 2021.

Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, Sonora, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Que desde hace varios años se ha considerado ampliar la carretera de Hermosillo a Bahía de Kino a cuatro carriles, toda vez que se cuenta con un derecho de vías suficiente para permitir esta ampliación. Este trayecto no sólo beneficia a la población de Hermosillo sino también al poblado Miguel Alemán y, finalmente a Bahía de Kino. Con ello, también se beneficiaría a las actividades económicas de diversa índole en la región.

Que es necesario convertir a la carretera en cuatro carriles, ya que representa un riesgo para quienes transitan por esta vía, donde personas pierden la vida al sufrir accidentes fatales.

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debiera considerar la inyección de recursos a manera de etapas, toda vez que la inversión requerida llega hasta los 630 millones de pesos hasta la culminación de la obra.

Que no sólo debieran considerarse recursos federales para este proyecto sino también el gobierno del Estado debe inyectar recursos propios puesto que son cientos de personas que diariamente transitan por esta carretera, al dirigirse hacia el área de la costa de Hermosillo, a la playa y comunidad indígena ubicadas en el poniente de la capital, sin dejar de lado las áreas de producción agropecuaria de la zona.

Que existen recursos derivados de la aprobación de deuda del Estado y que no ha habido claridad en qué se han utilizado los recursos en beneficio de la población, toda vez que no se constata el uso de dichos recursos en infraestructura pública, servicios públicos ni en programas de atención a la gente.

Que si bien es cierto que el gobierno del estado de Sonora elaboró un proyecto de ampliación de la carretera en comento, este debe de reconsiderarse para ajustarse a plantear la financiación por medio de etapas para poder avanzar en su ampliación de cuatro carriles para que en los próximos años se pueda culminar con el proyecto, dada la situación de emergencia sanitaria que obliga a replantear los proyectos de infraestructura de toda índole.

Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, la Cámara de Diputados aprobó un monto de 8 mil 231.3 millones de pesos para conservación de la infraestructura carretera a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pudiera considerarse como fuente de egresos aplicable en las etapas de ampliación de la carretera en comento.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta honorable asamblea proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la gobernadora del estado de Sonora a formular un estudio técnico para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, en función de diversas etapas con sus necesidades financieras respectivas para cada una y sea entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su consideración y aplicación de recursos presupuestarios a partir del año 2021 y los respectivos para el ejercicio fiscal de 2022. Asimismo, indicar en dicho proyecto los recursos que destinará el gobierno a su cargo para hacer eficiente el uso de recursos necesarios para dicho proyecto.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que destine recursos presupuestarios provenientes de la partida “Conservación de infraestructura carretera” del ejercicio fiscal de 2021 para la conservación y ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, en el estado de Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2021.

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a revisar el gasto en materia de salud, ante diversas irregularidades y falta de resultados en la adquisición de medicamentos, insumos y vacunas, en el marco de la pandemia, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar el ejercicio de gasto en materia de salud, ante diversas irregularidades y falta de resultados en la adquisición de medicamentos, insumos y vacunas, en el marco de la pandemia, conforme a las siguientes

Consideraciones

La causa que da origen al presente punto de acuerdo es la opacidad e irregularidades en el manejo del gasto público federal que las instituciones federales encargadas de atender la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 están realizando, en lo que refiere a la compra de medicamento, vacunas, insumos y contratación de servicios del sector salud.

Lo anterior, a efecto de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluya un apartado especial sobre el ejercicio del gasto público destinado a la atención de la pandemia durante el ejercicio fiscal de 2020 en el proceso de integración y entrega de la Cuenta Pública de 2020; e iniciar un proceso de revisión de la gestión financiera del año en curso correspondiente a la Secretaría de Salud (Ssa), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional, ante las posibles irregularidades cometidas en el manejo de recursos públicos y los limitados resultados que se han alcanzado en el combate a la pandemia.

Y, en su caso, se proceda a iniciar los procedimientos de responsabilidades administrativas y dar vista al Ministerio Público respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros ordenamientos aplicables.

Irregularidades en el gasto público para atender la emergencia sanitaria

Ante la emergencia sanitaria, el gobierno federal estableció acuerdos y reformas legales que autorizan compras para el sector salud, a nivel nacional e internacional, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento legal de licitación pública, sin importar el monto de las contrataciones y sin rendir cuentas, lo que está generando opacidad y muchos indicios de corrupción del más alto nivel.

Además, bajo la justificación de la emergencia sanitaria, gran parte de las compras realizadas incumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no hay garantía de que se adquirieron al mejor precio, a empresas sin conflictos de interés o que en realidad se estén recibiendo los medicamentos, insumos y servicios contratados.

En primer lugar, la administración federal emitió un acuerdo1 por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), en el que se decretó lo siguiente:

“Artículo Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se establece que las Secretarías de Salud; de la Defensa Nacional, y de Marina; así como el Instituto de Salud para el Bienestar; el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia y con sujeción a sus recursos disponibles, serán las unidades facultadas para adquirir y, en su caso, importar los bienes y servicios, así como las mercancías y objetos a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto señalado en el artículo anterior.

Para tal efecto, las unidades facultadas simplificarán los trámites del procedimiento de adjudicación directa previsto en las disposiciones jurídicas aplicables.

Dentro de las adquisiciones e importaciones señaladas, quedarán comprendidas aquellas relativas a medicamentos, equipo médico, agentes de diagnóstico, reactivos, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de bienes y servicios, mercancías y objetos, que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, realizadas a partir de que el Consejo de Salubridad General reconoció a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.

Artículo Tercero. Las unidades facultadas podrán contratar médicos y enfermeras, y demás personal médico que consideren necesario, de carácter eventual o por honorarios, a efecto de fortalecer sus capacidades de atención médica, por el tiempo que dure la emergencia.

Artículo Cuarto. Para llevar a cabo las adquisiciones de los bienes y servicios, así como de las mercancías y objetos a que se refiere el presente Acuerdo, las unidades facultadas podrán otorgar los pagos y anticipos necesarios que les permitan obtener las mejores condiciones de oportunidad para el Estado, a efecto de contar en el menor tiempo posible con los mismos, y de esa manera atender de inmediato los efectos nocivos en la salud que la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) causa en la población mexicana.”

Ahora bien, de acuerdo con los datos reportados en la plataforma Compranet y los análisis realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO), plasmados en el documento ¿Compras de emergencia o compras de pánico? 2 se identifican tendencias y patrones preocupantes que dificultan el monitoreo y vigilancia de los recursos públicos, además de ofrecer información que da cuenta de irregularidades en el manejo del gasto público; además, es preocupante señalar que la mayoría de los procesos de adjudicación son adjudicaciones directas, sin controles adecuados, que aumentan los riesgos de corrupción.

Por ejemplo:

• 700 millones de pesos gastados por el IMSS no cuentan con documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos.

• Tanto el ISSSTE y como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han adquirido equipo médico especializado de parte de empresas cuyas operaciones son ajenas al sector salud, en caso del ISSSTE éste ha pagado hasta seis veces más que el IMSS por equipamiento médico similar.

• Sedena ha asignado contratos a una empresa con un giro ajeno al sector salud, por más de tres millones 360 mil pesos.

• El caso del Insabi es motivo de alarma, ha actuado con total opacidad pues no existen registros de los contratos, ni de las compras de insumos para la salud para atender la emergencia sanitaria; lo que hace imposible rastrear las compras que ha realizado. No obstante, diversos anuncios públicos del Presidente y su gabinete sobre la compra de equipos e insumos médicos para atender la pandemia.

• No existe información disponible sobre la ejecución de programas de inversión por más de 9 mil millones de pesos, que se anunciaron como parte del inicio de operación del Insabi, todas estas acciones las ha realizado sin transparentar la información.

• No se informa en qué se están gastando los 73 mil millones de pesos que se transfirieron al Insabi de manera adicional a su presupuesto ordinario, cuyo origen es el patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar (ante Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos).

• La supuesta firma de contratos entre el IMSS y la empresa CM del Golfo, cuyo dueño es primo de Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi. Esta empresa le ha vendido insumos médicos al IMSS de Tabasco, por más de 15 millones de pesos y al IMSS de Chiapas por 48 millones de pesos. Cabe precisar que dicha empresa se dedica a la construcción de infraestructura desde el año 2004 y no a la venta de equipo médico especializado.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores clasificó como confidenciales los contratos de las vacunas y los reservó por cinco años, ello contribuye a que la población permanezca en incertidumbre ante un asunto que es de interés nacional. Ello impide conocer la cantidad de recursos erogados para tales fines, el método de contratación y la cantidad de dosis que llegará a México.

Compras internacionales en opacidad y sin resultados

De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas; solamente cuando las licitaciones no sean idóneas, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. En todo caso, la selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado.

Ahora bien, ante la situación de emergencia sanitaria, las compras públicas en el sector salud presentan condiciones específicas, puesto que se requiere actuar rápido para garantizar el abasto de medicamentos, vacunas e insumos, además de que el mercado de dichos bienes se es altamente volátil ante la demanda global, lo que dificulta el control de precios. Ante este escenario, en el México y en el mundo se ha optado por establecer procedimientos de compra más ágiles, sin que necesariamente tenga que cumplirse la normatividad aplicable a la licitación pública.

En nuestro país, esta necesidad ha llevado incluso a modificar el marco legal, para exceptuar la compra de medicamentos e insumos para la salud de la aplicación de la ley, optando por realizar compras con organismos internacionales.

En ese marco, se realizó una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo primero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2020,3 a efecto de permitir que se exceptúe la observancia de dicha ley en procedimientos de contratación con organismos internacionales, particularmente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Además, ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), sus efectos sobre la salud de la población y la obligación del Estado de proteger ésta; en un primer momento el gobierno federal estableció un acuerdo4 que autoriza compras de medicamentos, materiales, equipo y servicios médicos que resulten necesarios para hacer frente a esta contingencia sanitaria, a nivel nacional e internacional, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento legal de licitación pública, sin importar el monto de las contrataciones y por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla.

Ahora bien, ante la deficiente planeación de las compras para atender la pandemia y el desabasto de todo tipo de medicamentos e insumos para la salud que se ha presentado desde inicios del sexenio, misma que ha sido documentada en diversos medios de comunicación y reconocida incluso por el Poder Judicial,5 el Presidente de la República anunció que las compras dentro del sector salud se realizaría de forma consolidada, a través de organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dependiente de la primera, con reglas distintas al marco jurídico actual aplicable a las contrataciones públicas.

El 23 de mayo de 2019, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, firmó un acuerdo específico de colaboración con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para la asistencia técnica en la modalidad de asesoramiento en licitaciones, respecto de la compra consolidada de medicamentos y material de curación, para cubrir las necesidades de abasto del segundo semestre de 2019.6

Lamentablemente tenemos conocimiento del retraso en la compra consolidada a través de la UNOPS. A la fecha van apenas asignados 25 por ciento de los contratos de las claves de patentes y no se han firmado los contratos y, por lo tanto, tampoco se ha entregado ningún medicamento.

Además, las instituciones federales sólo pudieron ampliar contratos de 20 por ciento de las claves que se adquirieron durante 2020, conforme lo establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que hay incertidumbre respecto a cómo se va a surtir el 70 por ciento restante de los medicamentos e insumos que se ocupan en el sistema de salud durante 2021.

Estamos en la antesala de una catástrofe de graves dimensiones para los enfermos que dependen de sus medicamentos. A pesar de que, de acuerdo con declaraciones del Presidente, ya se hizo un pago de 966 millones de dólares.

Hasta el año de 2018, había un abasto en las compras consolidadas de medicamentos de 98 por ciento. Es evidente que la compra consolidada se hizo de manera improvisada, generando incertidumbre al respecto y convirtiéndose en un obstáculo para que la población, incluidos los niños con cáncer, los diabéticos o los pacientes con VIH, reciban oportunamente los medicamentos que necesitan.

Además, nos preocupa que el nuevo esquema de compra con organismos internacionales impida que las compras sean transparentes. Estamos ante un mecanismo de asignación de contratos públicos arbitrario y opaco, que compromete el abasto de medicamentos e insumos para la salud y atenta contra el uso eficiente de los recursos públicos.

Por lo que solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación iniciar las gestiones correspondientes para formalizar convenios a efecto de que proceda la fiscalización del gasto público en dicha modalidad de contratación llevada a cabo por instituciones internacionales.

Uso del Fondo de Salud para el Bienestar sin rendir cuentas

La Ley General de Salud, establece en su artículo 77 Bis 29, que el Fondo de Salud para el Bienestar, es un fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en una institución de banca de desarrollo, en el que el Instituto de Salud para el Bienestar funge como fideicomitente, y que tiene como fin destinar los recursos que integran su patrimonio a:

I. La atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos;

II. La atención de necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y

III. Complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.

La misma ley establece que los recursos que integran el patrimonio del Fideicomiso deberán permanecer afectos al mismo hasta el cumplimiento de sus fines. Además, señala que, para efectos de lo anterior y mayor transparencia de los recursos, el Fideicomiso contará con una subcuenta para cada uno de los fines señalados.

No obstante, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, incluyó un artículo décimo transitorio para que el ahora Fondo de Salud para el Bienestar transfiera al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) hasta cuarenta mil millones de pesos del patrimonio de dicho fideicomiso, conforme al calendario que para tal efecto le notifique dicha entidad paraestatal.

Los recursos señalados, dispone el artículo transitorio, deberán destinarse a los fines que en materia de salud determine el Instituto de Salud para el Bienestar, en términos de las disposiciones aplicables. Dicha entidad paraestatal deberá informar al Congreso de la Unión sobre el uso y destino de los referidos recursos; la información será pública en términos de las disposiciones aplicables, se señala.

Posteriormente, en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2020,7 se estableció en el artículo octavo transitorio que “el presupuesto aprobado del Ramo 12 Salud incluye hasta los treinta y tres mil millones de pesos que se concentrarán en la Tesorería de la Federación con cargo al patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar, ... los cuales se destinarán para el fortalecimiento de las acciones en salud previstas en este Presupuesto”.

Por lo que el Ejecutivo federal ha tenido transferencias extraordinarias de hasta 73 mil millones de pesos, cuyo origen es el patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar, cuyo destino no se ha informado.

El Presidente de la República, así como diversos funcionarios del sector salud, en diversas ocasiones han manifestado hacer uso de los recursos acumulados en el Fondo de Salud para el Bienestar, sin que ello pueda ser corroborado en los informes trimestrales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envía a la Cámara de Diputados. Ya que, de acuerdo con la información publicada en el portal de la dependencia,8 al cuarto trimestre de 2018 el fondo tenía una disponibilidad de recursos acumulados de 93,886 miles de millones de pesos, mientras que, para el último trimestre de 2020 se contabilizan 101,974 miles de millones de pesos. Lo que no coincide con las afirmaciones del Ejecutivo federal.

Por lo anterior, al tratarse de un asunto de interés nacional que incide en el financiamiento para la prestación de servicios médicos y medicamentos para la población sin seguridad social, consideramos indispensable que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión de la gestión financiera de dicho fideicomiso, que incluya:

A) Información sobre los movimientos de entrada y salida de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar.

B) El uso de los cuarenta mil millones de pesos del patrimonio de dicho fondo, que se autorizaron usar al Instituto de Salud para el Bienestar, conforme al artículo décimo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019.

C) El uso de los 33 mil millones de pesos del patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar, que se autorizaron usar en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2021,

D) Los compromisos de pago pendientes por liquidar del Fondo de Salud.

E) Los rendimientos financieros generados en el Fondo de Salud para el Bienestar.

F) El Saldo del Fondo de Salud para el Bienestar en el ejercicio fiscal en curso.

G) Las Aportaciones de recursos Fiscales, aportaciones de recursos propios u otras aportaciones que se hubieren realizado al Fondo de Salud para el Bienestar, anteriormente Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, durante los últimos 5 ejercicios fiscales.

H) Las modificaciones al contrato del fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que afecten el funcionamiento del ahora Fondo de Salud para el Bienestar, durante el último año.

No se están realizando licitaciones públicas como lo marca la ley

La Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey señala que el procedimiento de la licitación pública, establecido en el artículo 134 y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público como la vía idónea para realizar las contrataciones, está siendo remplazado por las adjudicaciones directas, pese a que, éste último, debería ser un mecanismo de excepción para ciertos casos que por su naturaleza, así lo justifiquen9 :

• En 2019 la administración pública federal asignó de manera directa contratos por 129.9 mil millones de pesos (mdp), lo que representó 40.7 por ciento del total del monto reportado en CompraNet. El porcentaje de este tipo de contrataciones en ese año fue superior en 11.1 y 4.6 puntos a lo que se comprometió por este tipo de contratos en 2017 y 2018, respectivamente.

• El ejercicio 2020 cerró con un total de 194.4 mil mdp asignados por adjudicación directa, que representó 42.2 por ciento del total de contrataciones, cifra mayor que en 2019; mientras que la cifra por licitación pública ascendió a 191.1 mil mdp (41.4 por ciento).

Por lo que solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación una revisión en los procesos de compras, a efecto de analizar los contratos de la administración federal que se realicen bajo procedimientos de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas.

El dispendio de recursos no se justifica en una situación de emergencia, por el contrario, el gobierno federal debería preocuparse por hacer un mejor uso del dinero de los mexicanos para enfrentar la pandemia que ya es una crisis humanitaria y trajo la ruina a económica a millones de familias.

Pruebas

Versión estenográfica de conferencias de prensa y comunicados del Ejecutivo federal.

• https://www.gob.mx/insabi/prensa/023-esta-manana-arribo-a-mexico
-un-vuelo-de-buenos-aires-argentina-con-medicamentos-oncologicos-para-todo-el-sector-salud

• https://www.gob.mx/insabi/articulos/estrategia-contra-covid-19
-inicia-insabi-distribucion-de-1-226-camas-para-hospitales-242924

• https://www.gob.mx/issste/prensa/compra-el-issste-200-ventiladores-502s -adicionales-procedentes-de-china-para-la-atencion-de-pacientes-con-cov id-19

• https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-de-prensa-240506

• https://www.gob.mx/sfp/prensa/funcion-publica-investiga-desde-el-1-de-m ayo-adquisicion-de-ventiladores-en-el-imss-secretaria-sandoval-balleste ros

• https://www.gob.mx/sfp/prensa/funcion-publica-avanza-con-los-
procedimientos-sancionatorios-por-la-compra-de-20-ventiladores-del-imss-en-hidalgo

• https://www.gob.mx/presidencia/prensa/85-ventiladores-llegan-a
-mexico-en-vuelo-numero-17-para-combate-a-covid-19

• https://www.gob.mx/presidencia/prensa/gobierno-de-mexico-inicia
-proceso-de-compra-eficiente-de-medicamentos-y-vacunas-junto-a-la-unops-y-la-ops-oms

• https://www.gob.mx/insabi/documentos/conferenciapresidente-31-julio-202 0-firma-acuerdo-para-compra-de-medicamentos-y-vacunas-unops-oms-249254

• https://www.gob.mx/insabi/videos/conferenciapresidente-29-de-octubre-20 20-adquisicion-de-medicamentos-unops

• https://www.onu.org.mx/unops-asistira-el-gobierno-mexicano-en-la-compra -de-medicamentos/

Los acuerdos, decretos y disposiciones normativas emitidas por el Ejecutivo federal que se han expuesto y que al efecto se adjunta al presente escrito.

• Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. Publicado en DOF el 23 de marzo de 2020.

• Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020. Publicado en DOF el 3 de abril de 2020.

• Acuerdo por el que se establecen especificaciones que las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; así como el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de unidades facultadas, deberán observar para la contratación del personal que en el mismo se menciona. Publicado en DOF el 24 de abril de 2020.

• Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Publicado en el DOF el 11 de agosto de 200.

Análisis y recopilación de información de organizaciones privadas y civiles.

• ¿Compras de emergencia o compras de pánico? Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO). https://codigof.mx/compras-para-atender-covid-19-realizadas-con-opacida d-y-a-sobreprecio-imco/

• Las “otras” contrataciones del gobierno de López Obrador. Instituto Tecnológico de Monterrey. https://escueladegobierno.itesm.mx/sites/default/files/las-otras-contra taciones-del-gobierno.pdf

Datos sobre contratos contenidos en la plataforma Compranet.

• https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación, incluir un apartado especial sobre el ejercicio del gasto público para la atención a la pandemia ocasionada por el SARS-CoV2 (Covid-19) durante el ejercicio fiscal de 2020 en el proceso de integración y entrega de la Cuenta Pública de 2020 y los informes individuales. E iniciar un proceso de revisión de la gestión financiera del año en curso correspondiente a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional, ante las posibles irregularidades cometidas en el manejo de recursos públicos y los limitados resultados que se han alcanzado en el combate a la pandemia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación valorar la pertinencia de celebrar los acuerdos de coordinación necesarios con el Instituto de Salud para el Bienestar y las demás instancias correspondientes, con el propósito de realizar auditorías a la compra consolidada de medicamentos que se ejecutan con recursos públicos nacionales a cargo del organismo internacional denominado Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés), con fundamento en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación, incluir un apartado especial sobre la gestión financiera del Fondo de Salud para el Bienestar en el proceso de integración y entrega de la Cuenta Pública 2020 y los informes individuales.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación, realizar una revisión a la gestión financiera del ejercicio fiscal en curso referente a la compra de vacunas contra el SARS-CoV2 (Covid-19).

Quinto . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación, realizar una revisión sobre las modalidades de contratación pública utilizadas en la administración federal, a efecto de analizar los contratos de la administración federal que se realicen bajo procedimientos de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas y determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad para la excepción a la licitación pública.

Sexto . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación, proceder a iniciar los procedimientos de las responsabilidades administrativas y dar vista al Ministerio Público respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros ordenamientos aplicables.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591156&fecha=03/04/ 2020

2 Ver, https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/20200728_Compras-de-emer gencia_Documento.pdf

3 Diario Oficial de la Federación (DOF), Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado el 11 de agosto de 2020.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598205&fe cha=11/08/2020

4 Diario Oficial de la Federación (DOF), Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 3 de abril de 2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591156&fecha=03/04/ 2020. Y Diario Oficial de la Federación (DOF), Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios, publicado el 27 de marzo de 2020. (...),

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020).

5 El Tribunal concedió una suspensión de plano a la asociación Agrupación Mexicana de Onco Hematología Pediátrica (AMOHP), que reclama el desabasto de 37 medicamentos, para que las autoridades garanticen el suministro de medicamentos oncológicos.

6 Secretaría de Salud. Fecha de publicación, 23 de mayo de 2019. Portal Web https://www.gob.mx/salud/articulos/salud-signa-acuerdo-con-organismo-de -la-onu

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.pdf

8 https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Infor mes_al_Congreso_de_la_Union

9 https://escueladegobierno.itesm.mx/sites/default/files/las-otras-contra taciones-del-gobierno.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2021.

Diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba, Mariana Dunayska García Rojas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y la Fiscalía General de Veracruz de Ignacio de la Llave a reformular la política dirigida a prevenir y erradicar la violencia de género para establecer medidas urgentes de atención de la violencia extrema contra las mujeres, ante el alto número de feminicidios que sigue ocurriendo en el estado, suscrita por los diputados Anilú Ingram Vallines, Héctor Yunes Landa y Juan Ortiz Guarneros e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Héctor Yunes Landa, Anilú Ingram Vallines, Juan Ortiz Guarneros, Manuel Hernández Limón, Benito Medina Herrera, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Ricardo Aguilar Castillo, Ma. Sara Rocha Medina, Enrique Ochoa Reza, Martha Hortencia Garay Cadena, Sergio Armando Sisbeles Alvarado, Ivonne Liliana Álvarez García, Juan Francisco Espinoza Eguía, Marcela Guillermina Velasco González, Juan José Canul Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Laura Barrera Fortoul, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Claudia Pastor Badilla, Brasil Alberto Acosta Peña, Soraya Pérez Munguía, Lenin Nelson Campos Córdova, Luis Enrique Miranda Nava, Óscar Bautista Villegas, Jesús Sergio Alcántara Núñez y Carlos Pavón Campos, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El actual gobernador del estado de Veracruz se comprometió, desde el inicio de su administración, a llevar a cabo las estrategias y acciones específicas para garantizar el respeto de los derechos humanos, la justicia social, la transparencia y rendición de cuentas, la erradicación de la corrupción, la seguridad y el bienestar, entre otros, como se establece puntualmente en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 .1

Sin embargo, es evidente que en lo que va de su gestión, persisten graves problemas que limitan el acceso pleno a los derechos fundamentales de la población. Indudablemente, uno de los grandes asuntos pendientes es el tema de la inseguridad, que se expresa en aumento de diversos delitos como los feminicidios.

Para poner en su justa dimensión este tema, basta mencionar los siguientes hechos lamentables. El pasado lunes 15 de febrero, los veracruzanos despertamos con la noticia del cobarde homicidio de la doctora Gladys Merlín Alor y de su hija Carla Enríquez Merlín, quienes fueron asesinadas en su propio domicilio en el municipio de Cosoleacaque. La indignación por su muerte se suma al dolor de miles de familias veracruzanas enlutadas por la violencia feminicida que vive la entidad.

La doctora Gladys Merlín fue integrante de esta Honorable Cámara de Diputados durante la LVI Legislatura, del propio Congreso de Veracruz durante la LXIII Legislatura, así como presidenta municipal de Cosoleacaque. Su hija, una brillante joven veracruzana, era pre candidata a una diputación local durante el actual proceso electoral. Queda en el recuerdo de los veracruzanos su trabajo, su nobleza y el amor por su municipio y por Veracruz.

Por otro lado, la filtración de las imágenes de la escena del crimen por parte de las autoridades –algunas con la marca de agua de la propia policía estatal- representa una flagrante violación a los derechos humanos y la dignidad de la víctima, que debe ser sancionado conforme al Artículo 298 del Capítulo II “CONTRA EL RESPETO A LOS MUERTOS” del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, mismo que establece que “Se impondrán prisión de uno a cinco años y multa hasta de cien Unidades de Medida y Actualización” a quien, según la fracción IV, “fotografíe, videograbe o difunda imágenes de un cadáver o restos humanos que se encuentren bajo resguardo de una institución de naturaleza forense, sin estar legalmente facultado para ello o para fines distintos a los establecidos en la Ley.”

En el caso previsto en la fracción IV, si quien comete este delito es servidor público o ejerce una profesión y utiliza los medios o circunstancias derivadas de ello y tiene bajo su custodia o resguardo un cadáver o restos humanos, las penas se incrementarán en una tercera parte. La revictimización con fines políticos sólo muestra la ruindad de la autoridad y aleja a las víctimas de la justicia.

La violencia y la discriminación contra las mujeres constituyen una violación a los derechos humanos, ese es el enfoque con que tiene que investigarse y sancionarse cualquier acto que produce o puede producir daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o privación arbitraria de la libertad, en la vida pública y privada.2

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como violencia feminicida a la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.3

Durante 2020, en México fue asesinada una mujer cada dos horas y media, en promedio, según revela el informe Violencia contra las Mujeres , dado a conocer en enero pasado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El reporte muestra que el año pasado fueron asesinadas en forma dolosa 3 mil 723 mujeres; 940 fueron catalogados como feminicidio (asesinato por cuestiones de género), y los restantes 2 mil 783, como homicidio doloso.4 Los últimos dos años han sido los más violentos para las mujeres en las últimas tres décadas.

Sin embargo, es importante señalar que la realidad en la que viven las mujeres veracruzanas y la que interpretan las autoridades es completamente distinta. El estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en casos de feminicidios -tan sólo entre enero y diciembre del año pasado se registraron 84 feminicidios en la entidad- y al menos siete municipios de Veracruz se encuentran entre los 100 a nivel nacional en donde más se cometieron este tipo de delitos.

Veracruz dejó de ocupar el primer lugar nacional por un criterio de interpretación y no de eficacia en sus políticas públicas; el miércoles 19 de febrero de 2020, la entonces encargada de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, admitió que desde el inicio de ese año, por acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, toda muerte violenta de mujer sería considerada homicidio y no se abriría la carpeta de investigación por feminicidio, como se hacía anteriormente, sino hasta después de seguir los protocolos adecuados y dependiendo de las causas que originaron el crimen.

Sin embargo, el tipo penal de feminicidio permite observar la relación entre la muerte violenta de una mujer y factores estrictamente relacionados con violencia de género. Mismos factores que de obviarse u omitirse perpetuarían otras expresiones de violencia contra mujeres como la violencia doméstica, el acoso y la discriminación.

De esta forma, mientras por un lado el gobierno impulsó la creación de una Fiscalía Especializada, por el otro, se determinó obviar los protocolos existentes y cambiar el tipo penal para que todos los homicidios de mujeres se inicien como tal hasta que no se configure como tal. Se pretende crear una Fiscalía encargada de investigar lo que se quiere desaparecer por decreto.

Veracruz vive hoy una espiral de violencia feminicida insoportable. Tan sólo la semana anterior, del 7 a 13 de febrero, siete mujeres fueron asesinadas en la entidad, en medio de la impunidad que prevalece en estos casos, sin que las autoridades del gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado puedan reducir ni sancionar el número de feminicidios.

Al menos en tres de los siete casos que se mencionan, se señalan a las parejas como presuntos responsables de los crímenes, lo que evidencia una ausencia de acciones públicas, de prevención, atención y sensibilización contra la violencia en contra de las mujeres veracruzanas. La mayoría de las víctimas fueron encontradas con evidente violencia sexual, abuso físico y antecedentes de abuso psicológico. Estos casos son los siguientes:5

1. Maricruz Chiguil Anota. Reportada como desaparecida, fue localizada asesinada en la comunidad de Xoteapan el pasado 13 de febrero, en avanzado estado de descomposición, con indicios de agresión sexual. Ante el reporte de una mujer sin vida, policías recorrieron zona llena de árboles, con mucha vegetación, cerca de un arroyo con dirección a la Ceiba.

2. Andrea “N” y Getsemaní Luna también fueron dos de las ultimas mujeres asesinadas con violencia, identificadas oficialmente por autoridades ministeriales. El cuerpo de Andrea “A” fue encontrado el 12 de febrero sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa en el sur de Veracruz, asesinada con arma blanca y tenía huellas de tortura y violencia sexual. Getsemani era mujer transexual y fue asesinada a orillas de la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura de la colonia Veracruz. El cuerpo de la víctima fue encontrado con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y huellas de tortura y abuso.

3. El 12 de febrero la propia Secretaría de Seguridad Pública dio cuenta del ataque de dos elementos en Orizaba en las inmediaciones del Semefo de la ciudad, entre las víctimas, una mujer de nombre Cecilia “N”.

4. El 10 de febrero un campesino de nombre Sebastián ‘N’ abrió fuego contra su esposa Josefina “R”, de tan sólo 24 años de edad, tras una discusión en la comunidad de San Baltazar, en Mariano Escobedo.

5. El pasado 9 de febrero en Ixhuatlán del Café, un militar asesinó a su esposa de un disparo en la cabeza e hirió a un policía municipal. Minutos después se suicidó cuando se intentaba capturarlo. Fue identificado como Miguel Murillo, era capitán segundo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

6. El domingo 7 de febrero, Paloma “C” fue víctima de feminicidio por parte de su pareja Aldo Alan “N” en Ixmatlahuacan, en la Cuenca del Papaloapan. El hombre que mató a su esposa a golpes, fue detenido por la policía y salió libre mediante el pago de una fianza.

A todas ellas, se suman los homicidios de Gladys Merlín Castro y de su hija Carla Enríquez Merlín, consumados la madrugada de este lunes en su domicilio particular en Cosoleacaque, así como el asesinato de Marisol, esposa de un conocido abogado en la ciudad de Agua Dulce. Tan sólo este lunes 15 de febrero se registró la muerte de tres mujeres veracruzanas, casi la mitad de toda la semana anterior.

En dos años, el gobierno de Veracruz no ha cumplido con las disposiciones de su propia estrategia, ha pedido que no se emita una tercera alerta de género en lugar de dar cumplimiento a las dos primeras, mantiene sin titular al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y excusa falta de presupuesto para cumplir con la ley y establecer las 212 Fiscalías Especializadas en materia de violencia contra la mujer y feminicidio. En Veracruz, morir es algo común para la mujer; el acceso a la justicia un acto excepcional. Estos aspectos se plantean a continuación.

Primero.- En enero de 2019, a un mes del inicio de su administración, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, presentó la estrategia integral “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas” en Veracruz junto con la representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas Oliva; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez.

Expuso que el objetivo es poner en marcha todo el aparato gubernamental, a los Ayuntamientos, y exhortar a los poderes Legislativo y Judicial para disminuir y prevenir la violencia contra las mujeres. A los municipios les instruye tres acciones: la instalación del Sistema Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; la realización del Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; así como la creación un Mapa de Riesgos y Mayor Incidencia de Violencia de Género.

A las secretarías de despacho se les instruyó integrar el Programa de trabajo de la dependencia para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; crear e Implementar el Protocolo contra el Hostigamiento y el Acoso Sexual; así como elaborar en cada Institución diagnósticos que permitan dimensionar la violencia que viven las mujeres.

Un año después de la implementación de la estrategia, la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, Estela Casados González, lamentó que no existía una articulación de instancias que permita prevenir la violencia, y aplicar un castigo ejemplar a quienes ejercen violencia contra las mujeres, además de que Veracruz se mantenía en el primer lugar nacional por el número de feminicidios. “Hay un sentimiento de que se ha defraudado la confianza de las organizaciones de la sociedad civil que hemos manejado estos temas; hay mucha desilusión por lo que vemos con las mujeres que llegan hasta nosotras a denunciar que son víctimas de violencia”.

Incluso, la académica cuestionó la forma en que se han aplicado los recursos que desde el Gobierno Federal se han enviado a Veracruz para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, ya que insistió en que no hay evidencias de que se hayan usado.

Segundo. En respuesta a estas demandas, en febrero de 2020 se publicó la reforma a la fracción II del Artículo 19 Bis y las fraccionares I, III y VIII del artículo 19 Ter de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en la que se establecía la creación de estas fiscalías en los 212 municipios para atender el tema del feminicidio.

Las legisladoras y legisladores determinaron que para ello se debían crear de manera progresiva, y de conformidad con un plan programático, iniciando en los municipios con mayor incidencia en los delitos hasta que se cuente con la designación de estas fiscales especializadas en todos los 212 municipios del estado a más tardar en diciembre de 2020. La fecha llegó y la Fiscalía General del Estado no cumplió, argumentando falta de presupuesto.

La Fiscalía General del Estado debía designar también fiscales especializadas en materia de delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar de manera progresiva, y de conformidad con un plan programático, para lo cual se estableció que podía utilizar el personal y la infraestructura de las actuales Fiscalías Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, debiendo crear las fiscalías necesarias para el conocimiento de los delitos contra niños y trata de personas.

Parte del planteamiento establece que estas fiscalías deben contar con fiscales especializadas para la investigación y persecución de los delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar en caso de que la víctima sea niña o mujer. Realizarán sus funciones bajo los principios de perspectiva de género y debida diligencia.

Señala también que las fiscales deberán cumplir como mínimo los requisitos de ingreso y permanencia que establecen las leyes aplicables: tener el perfil que establezca la Fiscalía General y acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización y estarán dotadas de los recursos humanos, materiales y técnico especializados y multidisciplinarios que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contemplarse personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

El lunes 11 de enero de 2021, la Fiscal General de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, reconoció que, aunque el año pasado se realizaron estos cambios a la ley para establecer la creación de fiscalías especializadas contra el feminicidio en los 212 municipios, justificó que no se ha podido avanzar por falta de presupuesto, afirmando que será un proyecto a largo plazo.

Sin embargo, el pasado martes 16 de febrero, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la Fiscal General aseguró que “una de las más altas prioridades de la gestión que encabezó ha sido fortalecer las capacidades e intervención especializada y profesional en todos aquellos asuntos que se han iniciado con motivo de la muerte violenta de mujeres.” La realidad y los recientes feminicidios en la entidad ponen en evidencia su falsedad y falta de resultados.

Tercero.- Desde mayo de 2019 el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) no cuenta con Directora. En vez de iniciar el proceso señalado por la ley para la elección de una nueva titular, han pasado veintiún meses en que no se ha cumplido con esta urgente formalidad, por lo que prevalece la actuación de una encargada de despacho.

El gobierno de Veracruz se ha dado el lujo de desmantelar el IVM en el peor escenario posible: siendo el único estado del país con dos alertas de género –y la amenaza de una tercera por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)- además de ser el segundo a nivel nacional con el mayor número de feminicidios y otros delitos de violencia en contra de las mujeres.

En respuesta, en septiembre del año pasado, mujeres de la sociedad civil iniciaron un proceso judicial para obligar a la Secretaría de Gobierno a emitir una convocatoria para la elección de titular del Instituto. Tampoco han tenido respuesta.

Una de las activistas que exigen el nombramiento de la nueva titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres es precisamente la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, quien acusa que hay un misógino desdén ante el tema. Algunas voces de quienes conforman los Consejos Consultivo y Social del Instituto esporádicamente han manifestado a la opinión pública que ellas ya elaboraron una convocatoria para tal fin, pero la Junta de Gobierno del IVM –encabezada por la SEGOB estatal– no le ha dado seguimiento.

De acuerdo al artículo 38 del capítulo VII de la Ley que Crea al Instituto Veracruzano de las Mujeres, ambos consejos son responsables de emitir la convocatoria y seleccionar una terna que ponen a consideración del Gobernador de Veracruz, pues él es quien elige a la próxima Directora. Este mecanismo de elección implicó un gran esfuerzo de las organizaciones de veracruzanas para que fuera incluido en la Ley y así garantizar que desde la sociedad civil hubiera una amplia participación en el proceso.

Veracruz es uno de los pocos estados, sino es que el único del país, que cuenta con un proceso de este tipo; sin embargo, un mecanismo de inclusión se ha convertido en un verdadero obstáculo. De acuerdo a la citada Ley, las Consejeras pueden permanecer en este cargo honorario por tres años, prorrogables a un periodo similar.

Ellas fueron nombradas en 2017 y en 2020 cerró el ciclo marcado por la Ley, por lo que también estarían en condiciones de integrar a los nuevos Consejos. Se desconoce si la Junta de Gobierno del IVM ha recibido sus solicitudes para prórroga o si ellas desean continuar en los Consejos.

De manera infructuosa, organizaciones civiles, colectivos y actores políticos se han pronunciado a favor de que se emita la Convocatoria para la elección de la nueva Directora –proceso que hoy podría ser impugnado por el vencimiento del periodo de las Consejeras– a fin de que se puedan atender los programas que garanticen el acceso a una vida libre de violencia y se cumplan con las disposiciones establecidas con motivo de las dos alertas de género.

El Instituto Veracruzano de las Mujeres es una muestra más de la soberbia, indolencia e incapacidad de un gobierno que se presume como feminista y defensor de los derechos humanos. Sus actos y omisiones hablan por ellos.

Cuarto.- Hasta el año pasado se han declarado Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 19 entidades del país; Veracruz tienen doble alerta. En 18 de las 19 entidades con alerta, de 2018 a enero de 2020 crecieron las denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual (abuso, acoso y hostigamiento sexual, así como violencia equiparada y sexual e incesto), mientras en 11 también aumentaron los feminicidios.

En la Ciudad de México la alerta se emitió desde noviembre pasado y a la fecha los delitos relacionados con este mecanismo no se han reducido; no obstante, el periodo de tiempo con cifras disponibles es de apenas dos meses. Con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las alertas son acciones que realiza el gobierno, de emergencia, para hacer frente y eliminar la violencia feminicida.

En Veracruz, fue el 23 de noviembre de 2016 cuando en 11 municipios del estado se instauró la Alerta, pero en 2017 estos municipios aumentaron 154% los casos por delitos sexuales comparada con 2016. De hecho, Poza Rica Hidalgo creció 3 033% y Tuxpan 1 433% en denuncias.

El 13 de diciembre de 2017 se volvió a declarar la Alerta por agravio comparado a los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Veracruz ocupa el primer lugar en feminicidios con 461 cometidos durante enero de 2015 a enero de 2020. De hecho, tan sólo en 2017 se cometieron 100 feminicidios, lo que significa superar la cifra total de asesinados cometidos contra las mujeres entre 2015 a 2019 de 21 de las 32 entidades. A ello se le agrega que tan sólo en 2019 ya se superó con 159 casos la cifra de cualquier año y aún el Secretariado no cuenta con datos sobre el número de mujeres asesinadas por municipio.

A la fecha, la actual administración estatal no ha emitido informe alguno sobre el Grupo de Trabajo; la última información sobre la alerta de género en Veracruz publicada en el portal del gobierno estatal corresponde a la administración que concluyó hace dos años con dos meses.

El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, presidido por la académica Dra. Estela Casados González, reporta que en Veracruz se incrementan los feminicidios de manera sostenida.

De acuerdo con el monitoreo que realiza tal Observatorio, en enero de 2021 desaparecieron en Veracruz 51 mujeres. Es decir, diariamente desaparecieron una o hasta dos de ellas. Sus edades oscilan entre los cinco y 50 años de edad. Si bien el rango es amplio, cabe precisar que predominan los casos que involucran a menores de edad.

De estas 51 desapariciones femeninas -explica el informe- nueve fueron de menores de 15 años de edad. Algunas fueron privadas de su libertad por hombres armados, otras se ausentaron de su domicilio por su propio pie, algunas más salieron para cumplir alguna diligencia y ya no volvieron, o fueron sustraídas por algún familiar o se perdió su rastro cuando tomaron un taxi o fueron al trabajo.

Según lo publicado por los medios de comunicación locales, en enero de 2019 se registraron 27 desapariciones femeninas. Dos años después casi se duplican. En enero de 2020 el Observatorio un total de 30.

El Observatorio acusa que hay una tendencia brutal y violenta en cada una de las desapariciones de mujeres. La tendencia en el estado de Veracruz es que cada día que pasa, al menos una mujer desaparece.

El pronóstico se torna oscuro: los recursos humanos y presupuestales en 2021 centrarán su atención en el proceso electoral con más ciudadanía empadronada en la historia de nuestro país. La erradicación de la violencia contra las mujeres de nuestras sociedades requiere del concurso de múltiples y mantenidos esfuerzos desde distintos actores –sociedad civil, universidades y centro de investigación, iniciativa privada y el Estado, entre otros- y de acciones de diversa naturaleza para su eventual concreción.

Las anteriores estadísticas y hechos relevan que la estrategia gubernamental en materia de seguridad pública ha sido ineficaz, no está dando los resultados esperados. El gobierno estatal está siendo omiso en garantizar este derecho fundamental de la población, lo que pone en riesgo su tranquilidad, integridad, patrimonio y, por supuesto, su propia vida.

Resulta imperativo garantizar el acceso a la justicia inmediata que inhiba y erradique la violencia de género contra mujeres y niñas. El Gobierno estatal tiene la responsabilidad de atender los mecanismos de garantías para la protección de las mujeres y su seguridad, así como la obligación de prevenir, atender y sancionar a los agresores, y eliminar todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres.

La seguridad pública es un derecho humano fundamental, es un reclamo legítimo de la sociedad y es obligación del Estado garantizarlo plenamente.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobernador de Veracruz de Ignacio de la Llave y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a reformular la política estatal para prevenir y erradicar la violencia de género, con el fin de establecer medidas urgentes de atención a la violencia extrema contra las mujeres, ante el alto número de feminicidios que siguen ocurriendo en la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz para que difunda y explique las acciones que ha implementado en lo que va de su gestión, con motivo de las dos alertas por violencia de género contra las mujeres en el estado de Veracruz emitidas por la Secretaría de Gobernación.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz para que, en coordinación con el Consejo Ciudadano y el Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), se emita la convocatoria correspondiente para la elección de la nueva titular del organismo.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Veracruz para que se autorice la ampliación presupuestal necesaria, a fin de cumplir con la instalación de las 212 Fiscalías Especializadas en materia de feminicidio, en los términos que lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado para que, en apego a lo establecido en el Capítulo II “Contra el Respeto a los Muertos”, artículo 298 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz en su fracción IV, se investigue y sancione a los servidores públicos que tenían bajo su custodia la escena del crimen cometido en agravio de Gladys Merlín Castro y Carla Enríquez Merlín, utilizando las imágenes para un fin distinto a lo señalado en la norma.

Notas

1 http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/
pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf

2 Olamendi, Patricia. Feminicidios en México. Inmujeres, Gobierno de la República. México, 2016. Pág. 31. Disponible en: https://editorial.tirant.com/es/actualizaciones/9788416786367.pdf

3 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Ley_GAMV LV.pdf

4 En 2020, cada 2 horas una mujer fue asesinada en México. Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-2020-cada-2- horas-y-media-asesinaron-a-una-mujer-en-mexico.

5 Asesinan a seis mujeres en una semana en Veracruz. Disponible en: https://billieparkernoticias.com/asesinan-a-6-mujeres-en-una-semana-en- veracruz/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los 17 días del mes de febrero de 2021.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la SE a hacer pública la información respecto al impacto ambiental y la autorización para extraer litio de empresas extranjeras en el país, el costo-beneficio y los términos en que se llevaron a cabo, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El litio es un mineral utilizado para fabricar cerámica y medicamentos antidepresivos, es un insumo básico de la industria nuclear y, sobre todo, se ha vuelto esencial en la producción de baterías de celular, computadoras, autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

México cuenta con una de las reservas de litio más grandes del mundo, situación que, sin duda alguna, coloca al país a la cabeza en la explotación de este valioso mineral. Esta reserva se encuentra en Sonora, donde la empresa Bacanora Lithium tiene planeada la creación de un megaproyecto de 100 mil hectáreas para la producción del llamado “oro blanco”, y que se planea empiece a producir en 2023, derivado de algunos atrasos que ha sufrido el proyecto a causa de la pandemia. El proyecto ubicado en la Sierra Madre Occidental supone la mina más grande del mundo, según un estudio publicado en agosto de 2019 por Mining Technology.1

Según el plan de negocios de la concesionaria inglesa de capital canadiense, la planta se desarrollará en dos etapas, la primera comenzará en 2021 con una inversión de 450 millones de dólares, y la segunda etapa, que se prevé arranque en 2023, con la inyección de 350 millones de dólares.2

Entre 2014 y 2018, los precios del litio se dispararon en 156 por ciento: de 6 mil 690 dólares la tonelada subió hasta un máximo histórico de 17 mil dólares en 2018. Si bien la crisis económica y sanitaria causada por el virus SARS-Cov2 en el mercado, el precio se encuentra actualmente en torno a 7 mil 500 dólares y se prevé que la demanda siga creciendo de la mano de la industria tecnológica.3

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el consumo de litio en el mundo en 2019 fue de 77 mil toneladas y se estima que hay reservas comprobadas por 17 millones de toneladas, principalmente en Argentina, Chile, Australia y China. El mineral suele encontrarse en salmueras naturales, rocas pegmatitas, arcillas, pozos petrolíferos, agua de mar y campos geotermales.4

La empresa dueña de la concesión que explotará el yacimiento en México, de origen canadiense Bacanora Lithium, ha señalado que en Sonora cuenta con reservas comprobadas por un poco más de tres millones y medio de toneladas: más de 40 veces la cantidad que se consumió en todo el mundo en 2019.

La importancia que está tomando el litio a nivel mundial, está vinculada a la creciente preocupación global por los efectos del cambio climático, y la necesidad de reemplazar progresivamente a los combustibles fósiles como la piedra angular de nuestros sistemas energéticos.

El futuro de la industria del coche eléctrico como una alternativa al uso de los combustibles fósiles está ligado a la producción de las baterías de litio, principalmente en manos de los países asiáticos, que son quienes concentran más de 60 por ciento de la producción. Sin embargo, en China, Japón y Corea no cuentan con suficientes reservas de litio, por lo que cada vez es más común la presencia de empresas asiáticas en América.

No obstante, vale la pena destacar que el hecho de que los coches eléctricos no emitan gases no quiere decir que la obtención del litio como fuente de energía sea necesariamente limpia. Pues la explotación de yacimientos de litio en roca se parece a la minería a cielo abierto.

La minería a cielo abierto origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales, ya que se basa en la explotación de recursos no renovables encontrados debajo de la corteza superficial de la tierra.

En el caso del litio el impacto ambiental a considerar sería, primero la pérdida de biodiversidad en la zona donde se hará el desmonte para construir la planta, segundo, el estrés hídrico al que se será sometida la cuenca del río Yaqui, ya que para hacer los filtrados y la extracción de las arcillas (que están sedimentadas al litio) se va a tener que utilizar una gran cantidad de agua importante, y tercero, se relaciona con la salud ambiental porque se va a producir carbonato de litio, el cual, se utiliza en psiquiatría para enfermedades mentales, en donde el cuerpo humano tiene alrededor de 7 miligramos de litio y a partir de 15 ya es altamente tóxico, por lo que “si existe contaminación por litio en los mantos acuíferos o en los ríos, ese litio puede llegar a las comunidades y causar problemas de toxicología y salud ambiental.5

Además, la minería en su conjunto aporta menos de 1 por ciento de los ingresos de la economía nacional, pues la mayoría de las minas pertenece a concesionarias extranjeras que se llevan todas las ganancias a sus países, de tal modo que el único aporte que estas tienen en nuestro país es el pago de impuestos, en los cuales, el saldo es negativo, tan solo el año pasado, este salió a favor de las empresas mineras por mil 121 millones de pesos, lo que significa que les terminamos devolviendo dinero por estar en nuestro país. Tal es el caso del proyecto de Sonora, donde el capital es completamente privado y toda su producción estaría destinada a la exportación.

En este contexto, y a través de una investigación realizada por Violeta Núñez, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana, advierte que la ley minera permite a las empresas extranjeras la explotación ventajosa del litio en México, por lo que resulta fundamental que nosotros como poder legislativo revisemos el tema y hagamos las reformas necesarias a la Ley Minera para no permitir este tipo de explotación.6

Entre otras cosas, la académica sostiene que el argumento de las energías limpias “es tramposo”, porque los autos son vendidos como una opción amigable con el ambiente, aunque “poco se dice de los contextos donde se extraen estos minerales, y en particular, el litio”.

El litio se encuentra en pegmatitas, salmueras, pozos petrolíferos, campos geotérmicos, arcillas y océanos y la demanda de litio se ha vuelto más grande a nivel mundial, pues los gobiernos de diversos países del mundo han establecido el fin de la venta de automóviles que utilizan combustible para el año 2040. Lo cual generará un aumento de la demanda de vehículos eléctricos que requieren enormes cantidades de litio.

“Se proyecta que pasemos de los 2 millones a 49 millones de vehículos para el 2030”, explicó la investigadora. “Antes fue plata, oro y cobre, donde México se colocó como uno de los países con mayores minerales, pues ahora se está colocando como uno de los siete mayores productores de litio”. Este informe detalla que el litio es la nueva disputa comercial dinamizada por el falso “mercado verde”, elaborado por GeoComunes, Minning Watch Canadá y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que se presentó hace unos días, destaca otros dos proyectos de extracción de litio, además del de Sonora.

Uno de ellos es el de Organimax, empresa que tiene cinco concesiones en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí por una superficie total de 22.1 mil hectáreas y que “pretende explotar 15 salares con métodos similares a los que se utilizan en Sudamérica de extracción de salmuera para extraer primero potasio (para fabricar fertilizantes orgánicos) y litio”.

Este informe explica que las empresas mineras juniors se caracterizan por tener muy poco capital, no tener fuentes de ingresos productivos, “y así depender de la especulación para generar inversiones en las bolsas de valores”. Es decir, llegan a comercializar acciones en la Bolsa de Valores de Toronto-Ventura, “bolsa criticada por tener pocos controles y mecanismos de rendiciones de cuenta contra empresas responsables de publicar reservas exageradas y, en casos más serios, de violaciones ambientales y a los derechos humanos”. La empresa tiene apenas 2.5 millones de dólares en bienes y activos, y maniobra con pérdidas operativas todos los años.

En México hay actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas y hay 537 mil más en trámite. De hecho, 84 por ciento de las concesiones asociadas con la extracción del litio está en trámite.

Examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos y empresas, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, quienes dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá.

Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción (Bacanora Lithium, Organimax y One World Lithium). Sin embargo, y a pesar de la promoción especulativa de la producción de litio en México, existen presiones geopolíticas que nos obligan a considerar el posible futuro de México dentro del mercado de litio mundial. No hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de Estados Unidos de América, por lo tanto, no es casual que esto se vea reflejado en la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos multilaterales firmados con este país, como es el caso del T-MEC.

Derivado de lo anterior, se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que informe el daño o impacto ambiental que va a causar el deterioro de las 100 hectáreas, así mismo la Secretaría de Economía a informar bajo qué términos se concedió el permiso y cuál será el costo-beneficio para México de la extracción de litio para empresas extranjeras y si hay empresas mexicanas participando.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer pública la información respecto del daño ambiental que ocasionará la extracción de litio en el yacimiento de Sonora, así como los términos de la autorización del mismo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía a hacer pública la información sobre los términos para la autorización de la extracción de litio en el país, así como una lista con los nombres de las empresas autorizadas para hacerlo.

Notas

1 https://www.efe.com/efe/america/mexico/
alertan-sobre-impacto-en-el-medioambiente-de-la-extraccion-litio-mexico/50000545-4187073

2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/12/
la-inglesa-bacanora-apuesta-todo-a-mina-de-litio-en-sonora-7337.html

3 https://elpais.com/mexico/2020-09-06/el-litio-en-mexico-entre-los-inter eses-privados-y-el-discursopolitico.html

4 https://elpais.com/mexico/2020-09-06/el-litio-en-mexico-entre-los-inter eses-privados-y-el-discurso-politico.html

5 https://www.efe.com/efe/america/mexico/
alertan-sobre-impacto-en-el-medioambiente-de-la-extraccion-litio-mexico/50000545-4187073

6 https://www.rompeviento.tv/el-oro-blanco-de-quien-es-el-litio-en-mexico /

Dado en la Cámara de Diputados,a 17 de febrero de 2021.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emitir un decreto para implantar un plan de ayuda emergente de los agricultores tamaulipecos, afectados por los frentes fríos de la temporada invernal 2020-2021, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto para implementar un plan de ayuda emergente para los agricultores tamaulipecos, afectados por los frentes fríos de la temporada invernal 2020-2021.

Consideraciones

Los efectos del cambio climático son cada día más evidentes, provocando un aumento extremo en la desertificación, cambios en las temporadas de lluvias y su intensidad, adelanto en las épocas de calor, perdida de bosques y vegetación, disminución de la extensión de glaciales, así como el aumento o disminución drástica de la temperatura.

Ejemplo de ello es que, cada año aumenta el número de frentes fríos en el territorio nacional, tan solo para la temporada 2020-2021 se tienen pronosticados 54 frentes fríos, diez más que el año anterior, provocando descensos drásticos en las temperaturas, formación de tormentas severas y eventos norte.

Ello, porque los frentes fríos son impulsados por una masa de are frio, a una velocidad aproximada de entre 40 y 60 km/h, por lo que tienen una duración de entre a 5 a 7 días, dejando un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasan. Además de ocasionar lluvias, nevada, oleaje y viento.

Los estados que más sufren los estragos de las condiciones meteorológicas son los del norte, en donde causan afectaciones a la salud, cancelación de vuelos, accidentes vehiculares por falta de visión derivado de la densa neblina o el congelamiento de caminos y carreteras, así como perdidas de cultivos.

En Tamaulipas las pérdidas económicas son millonarias, ya que, hasta el pasado enero, se tenían registradas afectaciones en más de 3 mil hectáreas de cultivo de cítricos, sin embargo, a consecuencia del frente frio número 35 del pasado fin de semana, los daños son incalculables.

A lo anterior, debemos sumarle la perdida de las cosechas de otros productos como granos, esto derivado de la retención de agua de la que somos objeto por el conflicto de cumplimiento del Tratado de Aguas con Estados Unidos y que en específico afecta a los usuarios del Distrito de Riego 025.

Es por ello que solicito a esta soberanía exhorte al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto en el cual se instruya a las autoridades competentes a implementar un plan de ayuda emergente para los agricultores tamaulipecos, esto atendiendo a que miles de familias dependen del campo para poder sobrevivir, las cuales además ya habían sido duramente golpeadas en su economía por los estragos de la pandemia de covid-19.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto para implementar un plan de ayuda emergente para los agricultores tamaulipecos, afectados por los frentes fríos de la temporada invernal 2020-2021.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 17 de febrero de 2021.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Tabasco y los ayuntamientos de Cárdenas y Huimanguillo a implantar y fortalecer acciones para combatir la inseguridad, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a la organización “Semáforo Delictivo”, Tabasco cerró 2020 en verde en el análisis anual de los delitos de alto impacto en comparación con 2019.1 No obstante, el Inegi ha señalado que, en cuanto a la percepción de inseguridad, Tabasco sigue ubicándose en el segundo lugar nacional con una tasa del 90.1%, cuando la media es de 78.6%, lo que significa que, a pesar de que los niveles de inseguridad han disminuido en algunas partes del estado, la población no se siente segura al salir de sus casas.2

Cabe destacar que, en 2020 delitos como la extorsión, el robo a negocio y la violación se redujeron a nivel estatal, pero esto es en gran medida por el confinamiento generado a partir de la crisis sanitaria por Covid-19 lo que significa que tan sólo están en pausa; además, otros como la violencia familiar y el robo con violencia incrementaron de manera significativa, llegando a superar lo registrado por la media nacional3 . Actualmente, Tabasco ocupa los primeros lugares a nivel nacional en delitos como el abigeato, el robo a transeúnte, el robo con violencia y el secuestro.

Asimismo, según datos de la Observatorio Ciudadano de Tabasco, entre 2015 y 2020, el número de víctimas de homicidio doloso o feminicidio en la entidad ha crecido en casi 140%, una de las tasas más altas del país4 .

En lo particular, dos de los municipios que se han visto más afectados por esta creciente ola de inseguridad han sido Huimanguillo y Cárdenas; mismos que se posicionan como el segundo y cuarto municipio más inseguros de la entidad, respectivamente, según Semáforo Delictivo.

De septiembre del año pasado, a la fecha, el número de homicidios y feminicidios ha incrementado de manera exponencial en ambos municipios y para ejemplificar esto, es que presento la siguiente síntesis de algunos de los hechos ocurridos.

En septiembre de 2020 tres mujeres fueron ejecutadas al interior de la fonda “Cachimba” del ejido Palo Mulato del municipio de Huimanguillo, mientras que en Cárdenas un padre y su hijo fueron asesinados a balazos en el poblado C-21 del municipio de Cárdenas, al ser presuntos propietarios de un depósito de cervezas clandestino.5

El 4 de octubre de 2020 Una mujer fue asesinada a balazos, en el interior de su domicilio en el ejido El Toloque en Cárdenas.6

El 27 de noviembre de 2020 fue hallado sin vida el cuerpo de una mujer que era enfermera del Instituto del Seguro Social del municipio de Cárdenas, al interior de su vivienda, presuntamente presentaba signos de violencia, ya la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación sobre este hecho.7

El 16 de diciembre de 2020 Un hombre murió después de recibir un impacto de bala en un domicilio del fraccionamiento Infonavit Deportiva, en Cárdenas.8

El 21 de enero de 2021 la Policía Municipal de Cárdenas recibió una llamada de Emergencia, en donde informaban que en el estacionamiento de la Unidad Deportiva “Domingo Colín” se encontraba una persona del sexo femenino con herida mortal de arma de fuego, y a la cual la despojaron de su vehículo particular, por lo que los cuerpos policiacos se movilizaron hacia el lugar de los hechos, dando así la alerta en todo el municipio para poder dar con el vehículo robado y posteriormente los implicados en el hecho.9

El 20 de enero de 2021 una mujer de 81 años de edad fue asesinada, en manos de un presunto asaltante. La Policía y la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron conocimiento de los hechos. De acuerdo con versiones extraoficiales, alrededor de las 20:30 horas se alertó a las autoridades de la Policía Municipal sobre el deceso de una mujer en la calle Abraham Bandala, frente al mercado público 27 de febrero en Cárdenas.10

El 31 de enero de 2021 habitantes del Poblado C-33 de Huimanguillo reportaron el hallazgo de una camioneta envuelta en llamas, en cuya batea había al menos tres cadáveres completamente calcinados. Asimismo, el mismo fin de semana la zona fue escenario de otros actos criminales como la aparición de un decapitado, así como el hallazgo del cadáver una mujer acribillada y con huellas de tortura. En ambos hechos aparecieron mensajes con el sello del crimen organizado.11

El 2 de febrero de 2021 una camioneta en la que viajaban 25 guatemaltecos, fue atacada a balazos dejando sin vida a uno de los que viajaban en ella y dos heridos más. Los lesionados señalaron que fueron atacados presuntamente por personal del Instituto Nacional de Migración.12

Sin duda, estos hechos no pueden ser tomados a la ligera y deben ser un llamado de atención a las autoridades municipales, estatales y federales sobre la imperiosa necesidad que existe de reforzar las medidas de seguridad en aras de proteger la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Tabasco.

Expertos han asegurado que, para combatir la inseguridad en el estado, se necesitan estrategias más precisas, objetivas y focalizadas, mismas que no deben estar basadas únicamente en la presencia policiaca en las calles de los municipios, sino en la inversión al equipamiento de elementos policiales, estrategias de prevención, alumbrado público y alertas de género, entre otros.

Asimismo, es sumamente importante contar con información suficiente sobre las acciones particulares emprendidas por los gobiernos municipales y el gobierno estatal, en aras de contribuir a la estrategia de contrarrestar el ambiente de inseguridad que priva en el estado de Tabasco.

Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a emitir el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Tabasco y a los presidentes municipales de Cárdenas y Huimanguillo, a que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen y fortalezcan acciones como el equipamiento adecuado de elementos policiales, la elaboración de estrategias de prevención del delito y el uso de alertas de género, en aras de combatir la inseguridad que se vive a nivel en el estado, y particularmente en estos municipios.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Tabasco y a los presidentes municipales de Cárdenas y Huimanguillo a que hagan del conocimiento público las acciones llevadas a cabo por sus respectivos gobiernos para contrarrestar el ambiente de inseguridad que priva en ambos municipios.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Tabasco y a los presidentes municipales de Cárdenas y Huimanguillo a realizar acciones tendentes a disminuir el ambiente de inseguridad, dando solución a las causas que la generan, es decir, fomentando la aplicación estratégica de los recursos públicos en programas sociales de infraestructura básica como:

1. Calles en buen estado y medidas de tránsito eficiente para evitar embotellamientos.

2. Servicio de transporte público eficiente.

3. Alumbrado público eficiente.

4. Vigilancia constante de las calles.

Notas

1 https://www.xevt.com/policiaca/ubican-a-tabasco-en-color-verde-del-sema foro-delictivo-de-alto-impacto/134270

2 https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/#:~:text=Poblaci%C3%B3n%20de%2018%20a%C3%B1os
%20y%20m%C3%A1s%2C%20por%20tipo%20de%20acci%C3%B3n,ser%20v%C3%ADctima%20de%20alg%C3%BAn%
20delito&text=25%2050%2075-,Fuente%3A,Percepci%C3%B3n%20sobre%20Seguridad%20P%C3%BAblica%202019.

3 http://tabasco.semaforo.com.mx/

4 http://octabasco.com/

5 https://www.reporterosdelsur.com.mx/diario2/sigue-ola-de-ejecuciones-as esinan-a-tres-mujeres-en-huimanguillo-y-matan-a-un-padre-e-hijo-en-card enas/

6 https://www.xevt.com/policiaca/matan-a-balazos-a-mujer-en-su-domicilio- en-cardenas-/114627

7 https://www.elheraldodetabasco.com.mx/policiaca/encuentran-sin-vida-a-e nfermera-en-cardenas-6068384.html

8 https://www.tabascohoy.com/asesinan-a-presunto-empleado-del-ayuntamient o-de-cardenas/

9 https://www.elheraldodetabasco.com.mx/policiaca/hallan-camioneta-de-abo gada-asesinada-en-cardenas-6273899.html

10 https://www.tabascohoy.com/asesinan-a-mujer-de-81-anos-en-cardenas/

11 https://www.elheraldodetabasco.com.mx/policiaca/violencia-imparable-cal cinan-a-tres-en-huimanguillo-6309230.html

12 https://www.elheraldodetabasco.com.mx/policiaca/
presuntos-oficiales-balean-a-migrantes-en-huimanguillo-6315196.html

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 16 de febrero de 2020.

Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la Secretaría de Bienestar y el DIF a impulsar políticas públicas y programas sociales de atención y apoyo de niños y adolescentes huérfanos por la pandemia del SARS-Cov2, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El 28 de febrero de 2020 se confirmó el primer caso importado de Covid-19 en México. Desde ese momento a la fecha la pandemia por Covid-19 ha tenido una propagación rápida en todo el territorio nacional.

El 24 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que México había entrado en la fase 2 de la pandemia, con lo cual ordenó suspender temporalmente actividades laborales que impliquen la movilización de personas de sus domicilios al trabajo y de regreso, o la movilización en el espacio público, además del cese de actividades no esenciales, con fecha al 31 de marzo del año pasado, el Consejo General de Salubridad encabezado por el titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal determinó medidas extraordinarias para reducir las probabilidades del contagio entre los habitantes en el país.

Segunda. A casi un año del inicio de la pandemia en territorio nacional, el 14 de febrero de 2021 en México nos encontramos en una de las fases más complicadas de la emergencia sanitaria, con un número de 64 mil 477 casos activos estimados en el país, 1 millón 548 mil 174 personas se han recuperado de esta enfermedad y 174 mil 207 muertes por Covid-19.1

Desafortunadamente, la pandemia trajo consigo una serie de consecuencias y problemáticas que al día de hoy se siguen sumando, entre ellas la suspensión de clases presenciales de cerca de 33 millones de estudiantes, 2.5 millones de personas se quedaron sin empleo debido a las diversas complicaciones laborales causadas por la pandemia de Covid-19,2 cierre de comercios, saturación de hospitales, caída de ventas en los negocios del sector servicios, cese en la circulación del capital a nivel interno y en el comercio exterior.

Tercera. Una de las problemáticas que se generó a raíz de la pandemia, fue la de niños, niñas y adolescentes que quedaron en la orfandad. El impacto ha sido tal, que la organización Save The Children México lanzó una página web, cuyo objetivo es brindar a los adultos algunas herramientas para que puedan acompañar a los menores en su proceso de duelo de manera integral, profesional y con apego al respeto de los derechos humanos.

De cara a la difícil situación que atraviesan las niñas, niños y adolescentes que han perdido a algunos de sus padres –o a ambos– por la pandemia de Covid-19, la organización Save The Children México lanzó recientemente la página web www.enduelo.org, cuyo objetivo es brindarle a los adultos algunas herramientas para que sepan acompañar a los menores en su proceso de duelo.3

Cuarta. Según datos de la Secretaría de Salud, en México han fallecido 1.8 hombres por cada mujer, y el 50 por ciento tenía entre 40 y 69 años de edad, por lo que es muy probable que muchas de las víctimas tuvieran hijos adolescentes.

Además, 42 por ciento de los fallecidos eran el sustento económico de sus familias. Save The Children México estima que en México, antes de la pandemia, 4 millones de niños y niñas ya enfrentaban situaciones de ansiedad y tristeza asociados a la depresión por duelo, una cifra que hoy podría alcanzar a 6 millones.4

En México desafortunadamente el número de víctimas ha afectado de manera directa a las niñas y niños mexicanos y en muchos casos estos han sufrido la pérdida de ambos padres o tutores, quedando en la orfandad.

La Red por los Derechos de la Infancia en México ha señalado que a nivel nacional y en la mayoría de estados del país, se carece de datos que refieran cuántos niños, niñas y adolescentes quedarán en una situación de orfandad, debido a la muerte de sus padres a causa del covid-19, lo que hace que su situación de vulnerabilidad sea más compleja.5

La misma Red por los Derechos de la Infancia en México, ha informado que no hay datos oficiales que permitan tener un acercamiento a la cantidad de niñas y niños huérfanos por Covid-19, los cuales se han sumado a los huérfanos por homicidio doloso desde 2015 hasta octubre de 2020, en todo el país, por lo que urgió a iniciar con el conteo, identificación y planes de restitución de derechos de cada niña, niño y adolescentes víctimas de la pandemia de Covid-19, para evitar que su proyecto de vida se deteriore aún más.6

Respecto a esto último, en diciembre de 2020 fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Víctimas para que dar seguimiento psicológico, en materia de salud, educación y alimentación de las víctimas indirectas de feminicidio y homicidio promovida por una servidora. Este paso fundamental ayuda a construir un Estado de Bienestar y de cooperación con las personas cuyas familias se han desintegrado a causa de la violencia e inseguridad.

Quinta. Un niño, niñas o adolescente huérfano se encuentra solo en un mundo de adultos. Las y los huérfanos sufren graves violaciones en la mayoría de sus derechos fundamentales:

Nutrición. Los niños huérfanos no tienen los medios para poder alimentarse adecuadamente.

Vivienda. Estos niños, por lo general, viven sin techo en las calles.

Educación. En la mayoría de los casos, lo primero que se sacrifica es la educación. Las y los huérfanos deben ocuparse no sólo de sus propias necesidades, sino también de las de aquellos niños más pequeños que estén a su cuidado.

Salud. Raramente las y los huérfanos dan prioridad a su salud por encima de la alimentación o la vivienda. Sus condiciones de vida y actividades diarias son extremadamente perjudiciales para su salud, debido a las peleas callejeras, las drogas, los embarazos, las enfermedades de transmisión sexual, la malnutrición, y las pésimas condiciones laborales.

Trabajo infantil. Algunas y algunos huérfanos buscan trabajo para escapar de su nefasta situación, pero suelen ser explotados con trabajos degradantes y peligrosos. La Organización Internacional del Trabajo publicó que la mayoría de los huérfanos trabajan en la agricultura comercial como vendedores ambulantes, empleados del hogar o en la industria del sexo, más habitualmente que otros menores de edad.7

Sexta. Por todo lo anterior resulta necesario que la Secretaría de Salud federal, la Secretaría de Bienestar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada impulsen políticas públicas y programas sociales necesarios de atención y de apoyo a niñas, niños y adolescentes que haya perdido a sus padres por motivo de la pandemia por Covid-19 y hayan quedado en estado de orfandad, lo anterior a fin de garantizarle sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Por lo expuesto, la suscrita somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, a la Secretaría de Bienestar y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada impulsen políticas públicas y programas sociales necesarios de atención y de apoyo a niñas, niños y adolescentes que haya perdido a sus padres por motivo de la pandemia por el SARS-Cov2, que ocasiona el Covid-19, y hayan quedado en estado de orfandad, a fin de garantizar sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/covid-14-de-febrero-mexico-llega-174-mil-207-muertes

2 https://www.animalpolitico.com/2021/01/2-5-millones-de-personas-perdier on-trabajo-por-pandemia-sin-empleo-inegi/

3 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/09/sociedad/pagina-web-orienta -sobre-duelo-de-ninos-huerfanos-por-covid/

4 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/09/sociedad/pagina-web-orienta -sobre-duelo-de-ninos-huerfanos-por-covid/

5 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cuantos-ninos-huerfanos-hay- en-mexico-tras-covid-19

6 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cuantos-ninos-huerfanos-hay- en-mexico-tras-covid-19

7 https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/aislamiento-desarraigo/n inos-huerfanos/

Dado en el Cámara de Diputados, a 17 de febrero de 2021.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar por el Sipinna medidas para salvaguardar el derecho de acceso a una vida libre de violencia y la integridad personal de la niñez, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a implementar medidas para salvaguardar el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal de la niñez, así como a realizar a través de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, los planes de restitución de derechos de la niñez y adolescencia víctimas de algún tipo de agresión sexual.

Consideraciones

Con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se actualizó el marco jurídico nacional para armonizarlo con los instrumentos internacionales que México ha apoyado y suscrito en las décadas previas, lo que representó de facto la síntesis de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos aprobada en 2011.

Y ello fue de suma importancia puesto que revirtió la visión asistencialista del Estado mexicano para con la atención de un amplio sector poblacional. A partir de entonces, niñas, niños y adolescentes dejaron de ser vistos y tratados como un sector vulnerable lográndose ser visibilizados como sujetos de derechos, mismos que deben ser protegidos, promovidos, ejercidos y en su caso exigidos, cuando la autoridad obstaculice su plena vigencia y concreción.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , aprobada por el Congreso General y publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2014, se concibió como un dispositivo que permitió considerar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos en contraposición a la añeja visión que los consideraba un grupo vulnerable sin poder de decisión y bajo la egida arbitraria de instituciones y tutores.

En la Ley General se instituyeron entre otros derechos, el Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, ello en el Capítulo Octavo, artículos 46 al 49, del Título Segundo.

A fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad las autoridades de los tres órdenes de gobierno, según su ámbito, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por diversas violencias entre ellas el abuso sexual infantil:

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

Por tanto, las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de la corrupción de personas menores de dieciocho años, la trata, el abuso y la explotación sexual infantil, el tráfico de menores.

Además, se dispuso que dichas autoridades estuviesen obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana en un ambiente que fomente su salud física y psicológica, así como el respeto y su dignidad (artículo 48)

En consecuencia, la misma norma prevé que se apliquen las disposiciones de la Ley General de Víctimas en los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos, apelando a que, en todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño, por lo que habrá una necesaria coordinación de los Sistemas Nacional de Protección Integral, y Nacional de Atención a Víctimas, a través de los órganos pertinentes, lo anterior en el artículo 49.

Por parte de la Convención sobre los Derechos del Niño , en sus artículos 19 y 34, señala las acciones precisas que los Estados Parte deben desarrollar en relación con el abuso sexual infantil.

• Los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (artículo 19)

• Las medidas contemplaran procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial (artículo 19)

En tanto, el artículo 34 dispone el que los Estados parte se comprometan efectivamente a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.

En este contexto, es notorio que la pandemia causada por el virus del Covid-19, como fenómeno inédito, por su magnitud y sus repercusiones, ha traído consigo serias afectaciones en los órdenes económico y social, provocando la modificación o la interrupción de múltiples tareas entre ellas las educativas, dado el confinamiento obligatorio dispuesto por las autoridades sanitarias a fin de evitar contagios y consecuencias fatales.

En atención al aumento en los niveles de estrés, la inseguridad económica-alimentaria, y el confinamiento a causa de este virus que han elevado los niveles de violencia en la niñez y adolescencia; ha incrementado la violencia intrafamiliar derivado de los espacios insuficientes donde trascurre la vida cotidiana y las dificultades económicas por la pérdida o reducción de ingresos, y en muchos casos por la profundización de las violencias estructurales previas a esta etapa de emergencia.

En un boletín reciente, la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 señala:

«La violencia contra los niños siempre ha estado presente, y ahora la situación podría empeorar mucho», señaló la directora ejecutiva del UNICEF, Henrietta Fore. «El confinamiento, los cierres de escuelas y las restricciones al movimiento han dejado a demasiados niños a merced de quienes les maltratan, sin el espacio seguro que la escuela ofrecería normalmente. Es urgente intensificar los esfuerzos para proteger a los niños en estos momentos y también posteriormente, en particular estableciendo que los trabajadores de los servicios sociales son esenciales y reforzando las líneas telefónicas de ayuda a la infancia.

En nuestro país esta pandemia también ha traído consigo el aumento de denuncias por pornografía infantil al 157 por ciento entre enero y junio de 2020, cifra alarmante, por lo que se propone que estos delitos cibernéticos que afectan a la integridad de niñas, niños y adolescentes, sean castigados y se lleven a cabo las medidas de seguridad cibernética para contrarrestarlos.

Al respecto, es importante puntualizar lo que sucede en la Ciudad de México, ya que se ha reportado recientemente por la Fiscalía General de Justicia, que las agresiones sexuales contra niñas menores de 15 años en dicha entidad crecieron 104 por ciento en el 2020, año en el que se acumularon 102 casos contra los 50 registrados en el 2019.

El crecimiento de este tipo de delitos en la Ciudad de México ha impactado en gran magnitud a niñas entre 10 y 13 años, pero también se reporta que entre las víctimas hay bebés de 1 a 3 años de edad.

Estos datos notoriamente alarmantes dejan al descubierto los abusos en contra de la niñez en estas épocas de confinamiento, pero sobre todo, que hacen falta acciones y medidas urgentes tendentes a brindar protección a los derechos de este grupo poblacional.

Además, de que no se debe dejar de lado que este porcentaje tan alto de niñez violentada, debe ser atendida y realizar un plan de restitución de sus derechos afectados y apoyar para evitar la revictimización.

En ese sentido, se hace necesario que las autoridades locales observen la normativa referente a los derechos de la niñez e implementen todas las medidas administrativas, sociales y educativas necesarias para proteger a la niñez de toda forma de abuso físico o mental, sobre todo, observando los altos índices de denuncias al respecto.

Asimismo, y atendiendo a la observancia del principio constitucional del Interés Superior de la Niñez, se llama a la urgencia de llevar a cabo acciones para erradicar la violencia en contra de la niñez, apuntando que si bien la pandemia incrementó esta problemática, esto ocurría previamente a ella, pues en relación con los casos de violencia sexual ocurrida en el hogar la mayoría de estos actos reportados hasta antes de la pandemia habían sido perpetrados por parte de familiares o personas cercanas según lo comentado por el UNICEF.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a implementar medidas para salvaguardar el Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal de la niñez, así como, a realizar a través de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, los planes de restitución de derechos de la niñez y adolescencia víctimas de algún tipo de agresión sexual.

Nota

1 Ver: https://www.who.int/es/news-room/detail/
18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2021.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a emitir una declaratoria de emergencia por las fuertes nevadas y heladas que han afectado cultivos y la actividad ganadera en Tamaulipas; y proporcionar recursos suficientes a las poblaciones y los campesinos afectados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El campo constituye un sector estratégico por su aporte a la economía nacional en términos de empleos e ingresos para miles de familias, así como por la generación de divisas por los productos que se exportan. Sin embargo, la falta de apoyos gubernamentales y los eventos climáticos, sobre todo, en las entidades federativas del norte del país, están causando la pérdida de miles de hectáreas de siembras y la muerte de ganado, afectando la economía de cientos de productores y sus familias.

Quienes sufren más son los productores que viven y dependen exclusivamente del campo, sobre todo, ante la actual crisis sanitaria y económica, la cual, está provocando un aumento en los niveles de pobreza, particularmente en las zonas más marginadas.

Para muestra un botón. De acuerdo con medios periodísticos, por lo menos 500 mil hectáreas de sorgo y maíz, que representan casi un 70 por ciento de la superficie que se siembra en el ciclo Otoño-Invierno, se verán afectadas por las temperaturas registradas en la zona norte de Tamaulipas. Esta situación provoca el peor desastre agrícola desde hace 34 años, de acuerdo con dirigentes de organizaciones de agricultores.1

La mayoría de los cultivos afectados, cuya planta estaba en pleno desarrollo, se ubican en los distritos 025 y 026 en el norte de Tamaulipas, en lo que comprende el Bajo Río San Juan, que va desde Reynosa a Miguel Alemán, donde el registro fue de hasta menos cinco grados de temperatura. De manera particular, los daños ocurrieron principalmente en el Valle de San Fernando, y en los municipios del norte de la entidad, entre ellos Valle Hermoso, Matamoros, Reynosa y Río Bravo.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Rural ha alertado que este impacto preliminar, provocado por el frente frío con tormenta invernal en la zona norte podría ser mayor, dado que es previsible que continúen las bajas temperaturas. En tal virtud, se señala que es difícil que se recupere el cultivo, aunque la humedad generada por las lluvias registradas en días previos podría ayudar un poco.

Frente a esta situación, en la tierra donde tuvo mayor impacto el maíz ya no se sembraría ese grano, sino que se optaría por una resiembra de sorgo, lo que podría provocar un retraso con el programa contemplado para el ciclo otoño-inverno.

Según la Unión Regional Agrícola del Norte (URAN), a la fecha se tenía un avance del 60 por ciento en el programa de siembras del ciclo Otoño-Invierno 2020-2021, que el alrededor de 750 mil hectáreas, lo que implica que puede haber entre 450 mil y 500 mil hectáreas siniestradas.

Lo más grave de la situación es que en virtud de los recortes de los apoyos gubernamentales, muy pocos agricultores tenían protegidas sus siembras con una póliza de seguro. Se calcula que sólo alrededor de 10 por ciento había comprado un seguro.

El panorama puede empeorar debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado que la novena tormenta invernal aún no ha abandonado el norte del país y ya emitió un aviso especial por la llegada inminente de dos nuevos sistemas: la tormenta invernal número diez, y el Frente Frío 36.2

Ante esta grave situación, los productores de la entidad enfrentan un escenario poco halagüeño, que pone en riesgo sus siembras y con ello el sustento de sus propias familias, en detrimento de su calidad de vida.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que se emita una Declaratoria de Emergencia por las nevadas y heladas severas que han afectado múltiples hectáreas de cultivos y a la actividad ganadera en el estado de Tamaulipas; así como para que se otorguen los recursos suficientes para ayudar a las poblaciones y a los campesinos afectados.

Notas

1 https://eldiariodevictoria.com/2021/02/16/desastre-agricola-el-peor-en- 34-anos/

2 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/15/
el-frio-no-da-tregua-al-norte-de-mexico-emitieron-un-aviso-especial-por-la-llegada-de-una-nueva-tormenta-invernal/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los 17 días del mes de febrero de 2021.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al pleno y la Jucopo de esta soberanía a evaluar la celebración de la efeméride por el 152 aniversario de la fundación de Morelos, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Jorge Argüelles Victorero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del numeral 1 del artículo 6 y II del numeral 1 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es una nación pluricultural, con un cúmulo pasajes históricos en cada uno de sus rincones que la hacen ser única y con un tono especial que mantiene vivas y dan color a escenas memorables que han construido lo que hoy es el país.

En este contexto, hablar de Morelos es hablar de historia, raíces, biodiversidad y riqueza cultural.

Morelos, localizado en la parte central del país, espacio con una riqueza natural, cobijado por los majestuosos volcanes denominados Iztaccíhuatl y Popocatépetl, es franqueado por la cordillera transversal, formación montañas de espectacular belleza que nos obsequia el cerro del Tepozteco y el Cerro de la Mujer Mariposa (Ziuapapalotl).1

El territorio de Morelos ha sido identificado por la riqueza de sus recursos naturales, su gran biodiversidad y su clima privilegiado.

El nombre del estado fue dado en honor al general José María Morelos y Pavón, ilustre de la Independencia de México.

Con la llegada a México de Maximiliano de Habsburgo, el presidente Benito Juárez se vio obligado a trasladar la capital del país a diferentes regiones. Dividió –por decreto del 7 de junio de 1862– el territorio original del estado de México en tres distritos militares: el actual estado de México y los territorios que ahora comprenden Hidalgo y Morelos.2

Dichos distritos eran prácticamente territorios federales por lo que, el Congreso Constituyente de 1856-1857, promovió la formación de estados libres y soberanos.

Después de una ardua lucha en las Cámaras de Diputados, tanto la federal como la del estado de México, el 17 de abril, pero de 1869, por decreto presidencial, del entonces presidente de la República, don Benito Juárez García, se estableció el de Morelos, decreto que contiene un artículo único que a la letra señala: “Queda definitivamente erigida en Estado de la Federación, con el nombre de Morelos, la porción del territorio del estado de México, comprendida en los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec. Nombrando gobernador provisional el general Pedro Baranda.

La primera Constitución del estado fue firmada el 20 de julio de 1870 y proclamada en toda la entidad el 28 del mismo mes, determinó su división territorial en 5 distritos: Cuernavaca, Cuautla de Morelos, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec. El último municipio formado en territorio morelense fue Temoac, cuyo decreto de creación fue en 1977.3

Hoy Morelos es parte de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, actualmente se conforma por 33 municipios en donde el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno es clave para focalizar las acciones y atenderlas necesidades de su población.

Los morelenses han sido hombres y mujeres de gran valía en la vida económica y política de México ya que con su de trabajo y visión, día a día contribuyen, a la construcción de un país más próspero.

A 152 años de la fundación de Morelos, sirva esta conmemoración para que continuemos valorando el legado de las mujeres y hombres del sur, al valorar la importancia que cada entidad tiene para nuestro país. Así que como representantes de la nación y en particular de Morelos, y como aliados de esta cuarta transformación, seguiremos luchando por alcanzar un nivel de desarrollo que termine con las enormes desigualdades sociales, los rezagos económicos afectan a la sociedad morelense.

La finalidad principal de esta proposición con punto de acuerdo, es la de solicitar conmemorar desde la más alta tribuna del país, los 152 años de la fundación de Morelos, acontecimiento histórico que conforma la historia y riqueza de México.

Por lo expuesto presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita de manera respetuosa a este pleno y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura que se evalúe aprobar la celebración de la efeméride con motivo de la conmemoración del 152 aniversario de la fundación del estado de Morelos el 17 de abril de 2021.

Notas

1 https://elcolegiodemorelos.edu.mx/congreso-a-150-anos-de-la-creacion-de l-estado-de-morelos/

2 https://www.gob.mx/inafed/articulos/148-aniversario-del-decreto-de-creacion-del
-estado-de-morelos#:~:text=El%2017%20de%20abril%20de,creaci%C3%B3n%20del%20estado%20de%20Morelos

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2021.

Diputado Jorge Argüelles Victorero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SRE para que resuelva las citas de trámite de pasaporte canceladas y les dé prioridad, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez y las y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1 fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, instruya a las Secretaría de Relaciones Exteriores resuelva rápido y expeditamente las citas canceladas por expedición de pasaporte mexicano y se le dé prioridad a estas citas canceladas y que en tiempos de emergencia sanitaria no se cierren las delegaciones de expedición de pasaportes en toda la república que se implementen los mecanismos necesarios para que no suceda el mismo problema, ya que es un documento necesario y fundamental para todas y todos los mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El pasado 17 de diciembre de 2020, cerraron y reprogramaron todas la citas para expedir pasaportes mexicanos en toda las delegaciones de la república mexicana y hasta el 2 de febrero de 2021 reanudaron funciones las delegaciones a un 25 por ciento, esta decisión unilateral y arbitraria de cerrar las delegaciones afecto a miles de mexicanos que por causas de trabajo, salud, o regresos a sus países donde residen no pudieron dirigirse, ya que tenían vencido el pasaporte o estaban a punto de vencer y quedaron varados porque no había servicio esencial y de primera necesidad de expedición de este documento en el país, las personas afectadas no contaron con el apoyo de las autoridades ni mucho menos una respuesta de como resolver este problema solo la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió en su página web el siguiente comunicado:

La Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia que el servicio de emisión de pasaportes quedará temporalmente suspendido en todas sus delegaciones ubicadas en la Ciudad de México, a partir del próximo sábado 19 de diciembre de 2020 y hasta que las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México lo consideren pertinente. Lo anterior, a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19.

El objetivo es salvaguardar el bienestar, tanto de los usuarios como de los servidores públicos en nuestras delegaciones. Queda a disposición de la ciudadanía el correo electrónico supervisiondgd@sre.gob.mx, para la atención única de emergencias acreditadas por razones de salud, académicas, laborales o de reunificación familiar.

La Cancillería lamenta los inconvenientes causados por la suspensión temporal de sus actividades. No obstante, reitera su amplia disposición para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía, en apego a las disposiciones de las autoridades de salud.

Se informa a los solicitantes en general que el pago de derechos efectuado para el trámite de pasaporte tiene una vigencia de cinco años a partir de la realización de este. Se reitera a los usuarios la importancia de evitar fraudes y no realizar pagos ni depósitos a cuentas personales, o bien en tiendas de conveniencia para obtener una cita para realizar su trámite de pasaporte. Asimismo, se informará oportunamente sobre la apertura paulatina de citas para solicitudes de pasaportes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso de ofrecer el mejor servicio al público, anteponiendo siempre el bienestar de la ciudadanía y sus trabajadores, en estricto apego a las disposiciones de las autoridades de salud.

En el párrafo que menciona lo siguiente: Los servidores públicos en nuestras delegaciones. Queda a disposición de la ciudadanía el correo electrónico supervisiondgd@sre.gob.mx, para la atención única de emergencias acreditadas por razones de salud, académicas, laborales o de reunificación familiar.

Esa estrategia fue insuficiente ya que muchas gestiones que realice para apoyar a celayenses para que se agilizara su tramite por causas de cancelación de citas de pasaportes fueron rechazadas aun peor no tuvimos contestación a los correos que menciona el comunicado antes mencionado.

Los ciudadanos desesperados para resolver el problema se dirigieron a la nueva delegación que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la Terminal 1 para el cual mencionan que no podían asistirlos sin la cita vigente no y tampoco podían con la cita que canceló la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

Es por lo antes mencionado que el espíritu de este punto de acuerdo es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, resuelva este problema rápida y expeditamente y se les dé prioridad a las citas canceladas y que en tiempos de emergencia sanitaria no se cierren las delegaciones de expedición de pasaportes en toda la republica, ya que es un documento necesario y fundamental para todas y todos los mexicanos.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores que resuelva rápido y expeditamente las citas canceladas por expedición de pasaporte mexicano y se les dé prioridad a estas citas canceladas.

Segundo. – Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a que en tiempos de emergencia sanitaria se adopten las medidas necesarias a fin de evitar que se cierren las delegaciones de expedición de pasaportes en toda la república y que se implementen los mecanismos necesarios para que no suceda el mismo problema.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de febrero de 2021.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)