Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno mexiquense, la SCT y Pinfra a revisar y reconsiderar el aumento del peaje de la autopista Peñón-Texcoco, a cargo de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Karla Yuritzi Almazán Burgos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Antecedentes

El aumento a la tarifa en el peaje de la autopista Peñón-Texcoco pone en desventaja a los pobladores que habitan esta demarcación, quienes en un tramo de poco más de 16 kilómetros se quejan de aumentos constantes, quienes consideran tener una autopista con características deficientes en su infraestructura, condicionamiento y pavimentación.

La nueva tarifa de 50 pesos no garantiza la disminución de accidentes por las condiciones en que se encuentra la autopista, aunado que en el tiempo de lluvias aumenta el número de percances, así como retrasos de varias horas para llegar al principal destino que es la Ciudad de México. El inadecuado mantenimiento de la autopista Peñón-Texcoco, aun con los reiterados aumentos en diferentes años de la tarifa del peaje, pone en escrutinio la interrogante sobre las causas de las malas condiciones en diversos tramos, concluyendo algunos aspectos negativos como el deterioro en el asfalto, desniveles, hundimientos, inseguridad, falta de una adecuada conservación de la misma y falta de alumbrado público, lo que tiene por consecuencia un gran número de accidentes y muertes en distintas etapas del año. La autopista Peñón-Texcoco debe garantizar seguridad, movilidad, prevención de delitos y salvaguardar la vida e integridad de cada persona que transita por ella.

Por ello trabajar en conjunto con las autoridades del gobierno del estado de México, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y con Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), permitirá establecer una menor tasa de cobro por el uso de esta autopista, logrando, por otra parte, establecer un mecanismo de colaboración para mejorar las condiciones de estos tramos en términos de la concesión otorgada.

El aumento del peaje de esta autopista ha causado molestia e indignación entre los usuarios particulares y del transporte público, incluyendo a familias, estudiantes, trabajadores, comerciantes, entre otros, debido a la compleja realidad que estamos viviendo derivada por la pandemia de Covid-19, lo que genera un impacto considerable en la economía de quienes transitan por esta autopista, afectando principalmente a los habitantes de Texcoco, Nezahualcóyotl, Atenco, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tezoyuca, Chiconcuac, Chiautla, Tepetlaoxtoc, Teotihuacán, Acolman y Chicoloapan, entre otros municipios.

Siguiendo esta secuencia, podemos considerar que un número importante de peregrinos toman dicha vialidad año tras año, sufriendo los estragos de estos deterioros, es por ello necesario generar la infraestructura adecuada para salvaguardar la integridad y vida de todos los usuarios, generando herramientas como las ciclovías, puentes y pasos peatonales, alumbrado público y un constante mantenimiento.

De 2011 a 2017, el peaje aumentó 15 pesos; es decir, pasó de 29 a 44 pesos (en automóviles); en 2020, su costo era de 48 pesos, pero pasó a 50 desde el 3 de febrero de 2021, convirtiéndose en uno de los tramos más caros del estado de México, lo que equivale a 3.22 pesos por kilómetro. En términos porcentuales, en 10 años (2011-2021) el aumento fue de 72 por ciento, mientras que en un año (2020-2021) fue de 4.1.

Si traducimos el pago de cuotas por el uso del tramo carretero a costos semanales o mensuales, genera un gasto oneroso para miles de familias que a diario viajan a la Ciudad de México y que en aumento a la tarifa, esta autopista no ha reflejado un correcto funcionamiento; si hacemos la comparación con otro tramo, por ejemplo, la autopista Gutiérrez Zamora-Tihuatlán, Veracruz, tiene por longitud 37.2 km, con un costo en su peaje de 48 pesos, concluimos que su costo es menor, su longitud es mayor, su operación, mantenimiento, conservación y condiciones son mejores, aunque el tráfico promedio diario anual es menor, con 6 mil 264 vehículos (2019).

Algunos aspectos relevantes en cuanto a tránsito, movilidad y seguridad que sustentan la necesidad de mejorar las actuales condiciones de esta vialidad son

1. La autopista Peñón-Texcoco inició su operación el 26 de marzo de 1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga la concesión al gobierno del estado de México, la cual se la cede a la empresa privada Pinfra; se localiza entre los municipios de Texcoco y Nezahualcóyotl, en el estado de México; actualmente tiene una longitud de 16.5 kilómetros.

2. Fundamentando una de las principales problemáticas en esta autopista, se agregan datos estadísticos relevantes. De acuerdo con el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales de 2019, elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ese año hubo 22 colisiones, de las cuales 12 tuvieron víctimas; 2 muertes en el sitio; 15 lesionados; 112.7 miles de dólares en daños materiales; un índice de accidentabilidad de 9.9; un índice de mortalidad de 0.9; un índice de morbilidad de 6.8, por cada 100 millones de vehículos-kilómetro; y un tráfico promedio diario anual de 37 mil 523 vehículos.

3. La intensidad de la carga vehicular es resultado de que esta vía es la salida hacia diversos municipios de la zona oriente del Estado de México, según la estadística Tráfico promedio diario de vehículos de Pinfra, es de 35 602 mil automóviles por día, ocupando el tercer lugar de afluencia de vehicular (https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/PINFRA%20COVERAGE%20 2019%20VBRO.pdf).

4. Se requiere poner énfasis en la solución de las tarifas excesivas y las condiciones idóneas del tramo carretero, hoy requerimos soluciones a la principal demanda de la ciudadanía, por lo que es necesario del apoyo en conjunto de las autoridades en las problemáticas que enfrentan actualmente, así como la urgente toma de medidas adicionales para la atención de la problemática delincuencial y de movilidad, por parte del Gobierno del Estado de México.

En tal virtud es necesario mayor presencia de elementos de seguridad pública y de movilidad de la Ciudad de México y del estado de México en el tramo de la autopista Peñón-Texcoco, así como policía de vialidad fija en los puntos de mayor incidencia de accidentes por atropellamientos, volcamientos y choques vehiculares; es necesaria la atención de las condiciones de las vías de la autopista, en el reencarpetamiento asfáltico en las zonas de mayor desgaste, derivada de los hundimientos.

Por lo expuesto solicito a esta soberanía que se aprueben de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados del Estado de México, para que revisen la normatividad correspondiente, con la intención de que realice las modificaciones pertinentes que permitan evitar los aumentos discrecionales a las tarifas de vías de comunicación concesionadas al Estado, con la intención de que sólo existan actualizaciones conforme a la inflación anual.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, a hacer pública la metodología utilizada que justifique y explique el aumento del peaje de la autopista Peñón-Texcoco recién anunciada y ya implantada y en su caso reconsidere el incremento. En un momento no solo de emergencia sanitaria sino además, en una crisis económica nacional inducida por la crisis sanitaria, así como a implantar los mecanismos necesarios para mejorar el tránsito vehicular y la seguridad peatonal, así como la prevención del delito en el tramo carretero, en el ámbito de su competencia.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Promotora y Operadora de Infraestructura a hacer pública la metodología utilizada que justifique y explique el aumento de la tarifa de peaje de la autopista Peñón-Texcoco recién anunciada y ya implementada y en su caso reconsidere el incremento. En un momento no solo de emergencia sanitaria, sino además, en una crisis económica nacional inducida por la crisis sanitaria. Así como a implementar los mecanismos necesarios para mejorar el tránsito vehicular y la seguridad peatonal, en el ámbito de su competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a emitir un comunicado público sobre las conclusiones de las investigaciones del apagón suscitado el 28 de diciembre de 2020, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Durante el pasado 28 de diciembre de 2020 en diversos estados de la República Mexicana, del centro y sur del territorio nacional, como la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, tuvieron un fallo en el suministro del sistema de energía eléctrico, generando lo que comúnmente se denomina como apagón, alrededor de las catorce horas centro de México.

Las autoridades responsables de la energía eléctrica y del suministro de la luz, como Comisión Federal de Electricidad, hizo del conocimiento público que dicha situación se originó por la presencia del Frente Frio número 23 e incendios en zonas de pastizales, en el norte del país, generando que diversas líneas de transmisión entre Nuevo León y Tamaulipas, sufrieran un desbalance de energía en estas entidades del país.

Por lo que, el desbalance en el Sistema Interconectado Nacional obedeció a la carga y la generación de energía, ocasionando una pérdida de aproximadamente 7500 MW, no obstante se indicó que se estaba trabajando en la recuperación del suministro eléctrico.i

Asimismo, manifestó que las centrales de energías renovables o centrales verdes, denominadas también, centrales eólicas, tuvieron responsabilidad en dicho incidente. Aunado a su reporte público, se hizo del conocimiento que “Debido al número excesivo de permisos otorgados de generación renovable intermitente, una falla que pudo ser aislada por la red aérea de transmisión , lo que generó una condición de inestabilidad, a causa de la alta penetración del 28.13% de generación renovable intermitente , en demanda mínima por el invierno ”, explicó el presidente de la Comisión Directiva de Planeación Estratégica de la CFE, Mario Morales Vielmas.”ii

Especialistas en energía eléctrica, han manifestado que la unidad encargada de administrar el sistema eléctrico nacional es el Centro Nacional de Control de Energía, órgano descentralizado que ejerce el control del sistema eléctrico nacional, así como, la operación del mercado eléctrico mayorista que garantiza la imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión a las Redes Generales de Distribución.

Asimismo, mencionan que esta unidad cuenta con protectores, personal altamente calificado que actúa ante la previsión de daños mayores en el incremento del flujo de energía, que pueden actuar ante un desbalance energético.iii

Dentro de la página de internet que regula la presentación de este organismo, establece como visión operacional, trabajar bajo los principios de eficiencia, transparencia, objetividad, cumpliendo los principios de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en la operación y control del sistema eléctrico nacional, con el fin de que esta sea proporcionada a los usuarios y participantes de la industria eléctrica.

El jefe del Ejecutivo, ante la ya cotidiana conferencia de prensa de todos los días, anuncio públicamente que el apagón del 28 de diciembre que afecto a varios estados que dejo sin suministrar el servicio de energía eléctrica, no volverá a suceder, en virtud de que se está fortaleciendo el Sistema de Energía Eléctrica en el país.

Al respecto, cabe destacar que ante estos sucesos se requirió por parte de los diputados y senadores de oposición; y aun así, del partido de gobierno, Movimiento de Regeneración Nacional que integran el Congreso de la Unión, que se iniciara una investigación a fondo de los sucesos antes descritos, en virtud de que es necesario aclarar a la ciudadanía las razones técnicas de lo que sucedió en el apagón del 28 de diciembre de 2020.

Un apagón de esa magnitud, que dejó a más 10 millones de mexicanos sin luz, pone en el escrutinio público los servicios y la responsabilidad en el desempeño de las autoridades responsables del suministro de la energía eléctrica, debido a que la fecha no se ha aclarado a la población el inició de la misma investigación ni los avances o conclusiones a la misma, sobre si el mismo fue una falla técnica o un problema que sobre paso un sistema técnico humano.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados exhorta la Comisión Federal de Electricidad para que emita un comunicado público sobre las conclusiones de las investigaciones realizadas respecto del apagón de energía suscitado el 28 de diciembre de 2020.

Notas:

i Infobae, México. https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/28/la-verdad-detras-del- apagon-masivo-en-mexico-cfe-y-cenace-explicaron-por-que-ocurrio/

ii Infobae, México. https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/30/estos-son-los-detalle s-detras-de-la-verdadera-falla-en-el-apagon-de-la-cfe/

iii Animal Político.

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/apagon-mexico-e nergia-renovable-cfe-sistema-electrico/

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de febrero de 2021

Diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena la intervención arbitraria de las fuerzas de seguridad federales y estatales en Orizaba, Veracruz, el sábado 13 de febrero del presente año; y se exhorta al gobierno de esa entidad a actuar con estricta sujeción a derecho y en un marco de absoluta transparencia para no poner en riesgo la paz y seguridad de la población, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Héctor Yunes Landa, Anilú Ingram Vallines, Juan Ortiz Guarneros, Manuel Hernández Limón, Enrique Ochoa Reza, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Fernando Galindo Favela, María Lucero Saldaña Pérez, Claudia Pastor Badilla, Benito Medina Herrera, Ximena Puente de la Mora y Eduardo Zarzosa Sánchez , diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La seguridad pública constituye un derecho humano fundamental; es un reclamo legítimo de los habitantes en todos los Estados democráticos, aunque la respuesta de los gobiernos no está a la altura de sus responsabilidades en todas las demarcaciones. En el caso del estado de Veracruz, el gobierno actual se comprometió a implementar las estrategias y acciones específicas para garantizar el respeto de los derechos humanos, la justicia social, la transparencia y rendición de cuentas, la erradicación de la corrupción, la seguridad y el bienestar, entre otros, como lo establece el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.1

Dentro de los ejes transversales establecidos en dicho Plan, se encuentra el de Cultura de Paz y Derechos Humanos “que permiten de forma interrelacionada la paz social y el orden público entre las y los veracruzanos y sus instituciones, con la finalidad de que prevalezca un ambiente de tranquilidad social a partir del ejercicio del estado de derecho”.2

Pese a las buenas intenciones, es evidente que a poco más de dos años de iniciado el actual gobierno estatal, las acciones en materia de seguridad pública no son alentadoras, peor aún, parece ser que las decisiones se toman con tintes electorales, lo que constriñe el acceso a los derechos fundamentales de la población.

Para muestra un botón. El pasado 13 de febrero de este mismo año, oficiales de las fuerzas de seguridad federal, Policía Estatal y Fuerza Civil desarmaron a todos los agentes de la policía municipal de Orizaba y se informó que serían trasladados a la Academia de Policía El Lencero, en la ciudad de Xalapa, donde se les realizará una evaluación de control y confianza.

En punto de las 11:15 horas de este mismo sábado, decenas de uniformados estatales y federales arribaron en a la Inspección de la Policía Municipal, a donde ingresaron y resguardaron a todos los elementos de la corporación local que se encontraban en servicio, ya que previamente habían sido notificados que todos deberían concentrarse en la Comisaría para la realización de unos trámites de rutina.

Tras ser desarmados, los oficiales que aún recorrían la ciudad inmediatamente se resguardaron en el interior del Palacio Municipal, en donde cerraron las puertas con cadenas ante el temor de ser desarmados y detenidos.

Alrededor de las 11:45 horas a las instalaciones de la inspección de la Policía Municipal, ubicada en la avenida Circunvalación Norte entre Oriente 5 y 7, arribó el alcalde Igor Rojí López, a quien en un principio no lo dejaban ingresar, pero tras recibir la autorización del subsecretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Veracruz, Guillermo Zúñiga Bonilla, el edil pudo ingresar a las instalaciones.

Tras el diálogo sostenido de parte de autoridades municipales de Orizaba, encabezadas por el alcalde Igor Rojí López, con los policías municipales y personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, pudieron llegar a un acuerdo. A las 17:30 horas ingresaron seis elementos de las fuerzas de seguridad federal para que los policías de Orizaba entregaran sus armas, con el compromiso que después podrían ir a sus casas y se les notificaría los procedimientos que continuarán para la revisión de licencias.

Estos hechos ocurrieron a partir de los eventos suscitados el pasado jueves 11 de febrero, donde presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emboscaron a elementos de la Policía Estatal y acribillaron a tres de sus integrantes en la misma localidad.3 Al respecto, el gobierno de Orizaba destacó que siete oficiales de la policía municipal y dos funcionarios de la administración local habían sido detenidos para ser investigados.4

Posterior a la captura institucional por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, informó que los 233 elementos que componen la policía municipal serían trasladados a la ciudad de Xalapa, Veracruz, para presentar exámenes de control y confianza.

Es importante señalar que la Policía Municipal se integra de una plantilla total de 233 policías. Todos con el examen de control y confianza vigente. A 76 integrantes se les vence este año, 157 lo tienen vigente hasta unos hasta el 2022 y otros hasta el 2023. Asimismo, su armamento consta de 171 armas cortas, 117 armas largas. Además, se tiene personal que monitorea el C5, a 36 administrativos y 14 jueces calificadores.

Se prevé que gradualmente la organización municipal pueda recuperar las 288 armas que le fueron confiscadas el 13 de febrero.5

No obstante, el traslado creó conflictos internos después de que se diera a conocer que la requisición no estaba formalizada a través de oficio. Agentes de la policía municipal señalaron que este hecho condujo a expresiones de inconformidad y desconfianza por parte de los policías municipales, mismos que también fueron privados de sus teléfonos celulares por un par de horas.

Medios locales han informado que estos movimientos generaron tensión en el municipio y en los familiares del cuerpo policiaco de Orizaba. De acuerdo con el sitio web de Proceso , durante la requisa, al menos 50 elementos se atrincheraron al interior de las instalaciones del Palacio Municipal para evitar ser trasladados. Con ello, alrededor del Ayuntamiento se dieron protestas de quienes consideraron las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal un acto de arbitrariedad por ser violatorio de los derechos humanos de los elementos de seguridad local.6

Al respecto, otras voces también se han manifestado en contra del proceso y los acontecimientos. Destaca la carta abierta presentada este lunes 15 de febrero por las cámaras empresariales y de comercio de la ciudad de Orizaba, quienes condenan “enérgicamente la toma de las instalaciones de nuestra Policía Municipal, y le solicitamos que rectifique de inmediato ordenando el retiro de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional”.

La empresa y el comercio organizado, agrega el desplegado, “dejamos claro nuestro total apoyo y respaldo al alcalde Igor Rojí López, ante el innecesario desarme de nuestra policía, que es la que brinda atención inmediata a toda la ciudadanía orizabeña en situaciones que no son competencia de la Estatal ni de la Guardia Nacional”, considerando que el despliegue del sábado fue totalmente innecesario.

Así también, el señalamiento de Helkyn Enríquez Báez, vocero de la Diócesis de Orizaba, quien aseguró que “los ciudadanos queremos asumir la demanda de nuestra comunidad: queremos paz, pero una paz verdadera, que sea fruto de la justicia no de la revancha, no de una estrategia intimidatoria, no de una arbitrariedad o violaciones a los derechos humanos.”7

A través de su Twitter, la activista de derechos humanos, María Elena Morera –quien del 2003 al 2009 presidió la asociación México Unido contra la Delincuencia y es integrante del Comité de Evaluación de la Coordinación Nacional Antisecuestro y promotora de la Red Nacional por la Seguridad Pública, Ciudadanos + Policías-, señaló que se trató de “Un operativo arbitrario al @Orizaba_PuebloM, por la acción irracional de @CuitláhuacGJ. Este municipio es uno de los más seguros y mejor administrados en el país. Mi solidaridad con los habitantes y @iroji.”8

Asimismo, actores de la sociedad civil y del sector empresarial como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Orizaba demandaron claridad al gobierno estatal en la intervención que se realiza en la policía local. A través de un comunicado señalaron su respaldo a las acciones, mientras no se comprometa la estabilidad de la región y se cumpla cabalmente con las formalidades del procedimiento, así como los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas.9

Por último, el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón, había aseverado que la Policía Municipal de Orizaba es la mejor que hay en el país. Además, el municipio rebasa los estándares de policías por cada mil habitantes que marca la Federación, y está cerca de alcanzar la meta planteada por la Organización de las Naciones Unidas. Tello Peón estuvo de visita en las instalaciones de la Inspección de Policía, donde conoció las instalaciones, el equipo, la capacitación, al personal y el Centro de Control y Vigilancia de las videocámaras de la ciudad.

“Orizaba es el único municipio que conozco en todo México que se puede dar el lujo de tener a sus patrullas vigilando la ciudad, y otras en resguardo durante cada turno”, comentó respecto a los dos turnos que operan las unidades de vigilancia.10

No podemos perder de vista la estabilidad del sistema de seguridad pública del municipio de Orizaba. En el año 2016, el Índice de Paz México, elaborado por el Instituto de Economía y Paz, el municipio veracruzano figuró dentro de las 76 zonas metropolitanas de México con menor tasa de delitos con violencia y de homicidios. En esta clasificación, Orizaba resultó ser el municipio más seguro de los evaluados. Según la metodología, estos resultados están basados en la incidencia delictiva por zona y la presencia de autoridades de seguridad pública.11

De igual forma, en 2018 la Policía Municipal de Orizaba destacó como la mejor del país, de acuerdo con los estándares de policías por cada mil habitantes que marca la Federación, a la vez que estaba cercana a alcanzar los estándares por habitante que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –quien sugiere que deben existir 3 agentes por cada mil habitantes. Orizaba tiene 2.4 por cada mil.12

Sobresale que Orizaba fue el único municipio del país que participó activamente en el Encuentro Nacional de la Red de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia de la Fundación México SOS durante el mes de noviembre de 2019. En este evento, con la participación de autoridades y sociedad civil, se expuso el modelo de seguridad del municipio siendo reconocido como un modelo a seguir y una muestra tangible de que la voluntad conjunta de autoridades y ciudadanos puede transformar la realidad de una ciudad para bien.13

El estado de derecho es una garantía vinculante a la aplicación de leyes bajo criterios claros y transparentes de rendición de cuentas. Asimismo, es un vehículo que permite a la ciudadanía conocer y exigir sus derechos a través de una relación horizontal con el gobierno, sus órganos y organizaciones.

Estamos convencidos que la transparencia, la participación de la ciudadanía y la apertura del gobierno son imprescindibles para evitar estas intervenciones de corte político. La cultura de la legalidad exige que dichas situaciones estén legitimadas y briden mecanismos para la protección de derechos.

La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece en su artículo 49, fracción IV, que el gobernador del estado tiene entre sus atribuciones: “Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, disponiendo al efecto de las corporaciones policiales estatales, y de las municipales en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; así como impedir los abusos de la fuerza pública a su cargo en contra de los ciudadanos, haciendo efectiva la responsabilidad en que aquélla incurra”.14

La Secretaría de Seguridad Pública estatal tiene como misión conservar la paz y el orden, con la finalidad de que prevalezca un ambiente de tranquilidad, procurando siempre la protección de la integridad física, patrimonial de las personas y el fortalecimiento del estado de derecho dentro del territorio veracruzano.15

Resulta fundamental transparentar los hechos ocurridos en la ciudad de Orizaba, con el propósito de garantizar la paz y legalidad, y que no se utilice como pretexto para sacar ventaja político-electoral. El gobernador y el secretario de Seguridad Pública de Veracruz deben responder por estos lamentables hechos. Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz debe garantizar los derechos humanos de los integrantes de la Policía Municipal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe pronunciarse al respecto.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena la intervención arbitraria de las fuerzas de seguridad federal y estatal en el municipio de Orizaba, Veracruz, ocurrida el pasado sábado 13 de febrero del presenta año y exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que actúe en estricto apego a derecho y en un marco de absoluta transparencia para que no ponga en riesgo la paz y la seguridad de la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz para que, en el marco de sus atribuciones, garantice los derechos humanos y garantías constitucionales de los miembros del cuerpo de seguridad pública del municipio de Orizaba y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se pronuncie sobre las acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el municipio de Orizaba.

Notas

1 http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/
pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf

2 Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo CXCIX, 5 de junio de 2019, Núm. Ext. 224, Pág. 24. Consultado en: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2 019/06/Plan-Veracruzano-Desarrollo-2019-2024.pdf

3 Caos en desarme a policías de Orizaba; arrestaron a dos por cargos de narcotráfico. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/14/caos-en-desarme-a-pol icias-de-orizaba-arrestaron-a-dos-por-cargos-de-narcotrafico/

4 Inspector de policía, director de gobernación y 7 policías de Orizaba son investigados. Disponible en:

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312036/
inspector-de-policia-director-de-gobernacion-y-7-policias-de-orizaba-son-investigados.html

5 Policías de Orizaba sí irán a Xalapa a presentar exámenes de control y confianza. Disponible en:

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/policias-de-orizaba-si-iran-a
-xalapa-a-presentar-examenes-de-control-y-confianza-337244.html#.YCl09i9h0Wo

6 Tras emboscada de sicarios, SSP desarma y detiene a dos policías municipales de Orizaba. Disponible en:

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/2/13/
tras-emboscada-de-sicarios-ssp-desarma-detiene-dos-policias-municipales-de-orizaba-258242.html

7 Diócesis de Orizaba pide respeto al Estado de Derecho tras operativo del sábado. Disponible en:

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diocesis-de-orizaba-pide
-respeto-al-estado-de-derecho-tras-operativo-del-sabado-337247.html#.YCmuRC9h0Wo

8 Critican actuación de la Guardia Nacional y del Ejército, tras atentado en Orizaba. Disponible en:

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/critican-actuacion-de-la
-guardia-nacional-y-del-ejercito-tras-atentado-en-orizaba-337278.html#.YCn0IUSjnIV.

9 Coparmex Orizaba demanda transparencia en investigación a Policía Municipal. Disponible en:

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/
coparmex-orizaba-demanda-transparencia-en-investigacion-a-policia-municipal-337224.html#.YCmvti9h0Wo

10 Cuenta Orizaba con la mejor policía: Tello Peón. Disponible en:
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2018/05/30/
cuenta-orizaba-con-lamejor-policia-tello-peon/

11 Orizaba, la ciudad más tranquila de México. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/03/1066580

12 Orizaba tiene la mejor policía: Tello. Disponible en: https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2018/05/30/orizaba-tiene-la- mejor-policia-tello/

13 3 Encuentro de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia. Disponible en: http://www.mexicosos.org/sala-de-prensa/1179-3-encuentro-rnmsj

14 https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CONSTITUCION031019.pdf

15 http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/mision-y-vision-ssp/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE, la SEP y la Ssa a implantar acciones coordinadas para atender a los niños migrantes separados de la familia en la pasada administración de EUA, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito diputado federal Santiago González Soto, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante la administración del gobierno norteamericano encabezada por el presidente Donald Trump, se implemento la denominada política “Cero Tolerancia” con los migrantes, estas acciones del gobierno norteamericano buscaban desalentar el que la Unión Americana, fuese el objetivo de miles de personas provenientes de diversas partes del orbe en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y sus familiares, de tal suerte que se redoblo la vigilancia de la frontera con nuestro país, y se exigió al gobierno mexicano tomar medidas de mayor restricción para ingresar al país; sin embargo, el flujo de migrantes lejos de disminuir aumento como es por todo conocido.

Entre las acciones emprendidas por la administración Trump para evitar la llegada de migrantes, se llevo a cabo la inhumana e ilegal separación de padres e hijos al ser detenidos por las autoridades migratorias de aquel país, a la fecha las consecuencias han sido desastrosas para los migrantes, con las consecuentes afectaciones psicológicas para padres e hijos. Muchas voces se elevaron en protesta por la acción carente de cualquier aspecto humanitario, violatoria además de los más elementales derechos del ser humano; el interés económico y sobretodo el electoral hicieron que el discurso que se hacía llegar al electorado fuese a todas luces xenófobo y racista, bajo la premisa de que al considerarse al entonces presidente estadounidense como el salvador ante la “amenaza migratoria” la reelección estaba garantizada, lo que no ocurrió en los hechos.

Sin embargo, el daño a los migrantes que lograron pisar suelo norteamericano estaba hecho, la segregación de la que fueron objeto ocasiono la desintegración de cientos de familias, realidad de la que nuestros connacionales no fueron la excepción quedando en el desamparo decenas de infantes.

En su comunicado 180 de fecha 19 de junio de 2018, la Secretaria de Relaciones Exteriores reconoce que:

“De los 1,995 niños migrantes que de abril a la fecha han sido separados de sus familias tras cruzar la frontera, menos del 1% de los casos corresponde a menores de nacionalidad mexicana.

”Esta cifra es consistente con los casos que ha identificado nuestra Red Consular, con un total de 21 niños mexicanos que fueron separados de sus padres. De ellos, la mayoría ya han sido repatriados a México y solamente siete permanecen en albergues”1i

Transcurridos más de dos años y medio, del reconocimiento por parte de la Cancillería de este hecho, es oportuno exhortar a la autoridad encargada de la política exterior para que indague sobre el tema, a fin de determinar el número real de niños mexicanos que fueron separados de sus padres y en caso de ser detectados infantes en esta situación se realicen las acciones pertinentes para lograr restablecer el vinculo y acercamiento con sus padres o familiares más cercanos en caso de fallecimiento de los primeros, lo anterior atendiendo el derecho superior de la niñez establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 13, fracciones I, IV, VIII, IX, XI y XIX señala:

“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;

II a III

V a VII

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X.......

XI. Derecho a la educación;

XII a XVIII

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes,”ii

Asimismo y con el propósito de garantizar la tutela plena e igualitaria de sus derechos referidos en el párrafo anterior, se exhorta para que las Secretarias de Relaciones Exteriores y la de Educación Pública se coordinen a fin de proporcionar becas que otorga la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, para que los niños mexicanos que se encontraban separados de sus padres o familiares reciban el estimulo correspondiente para que lleven a cabo su formación educativa, derecho garantizado por nuestra carta magna.

Por último, y atendiendo a la necesidad que tienen estos infantes de un desarrollo psíquico y emocional sano, se exhorta de igual manera para que la Secretaria de Salud apoye mediante atención médica y psicológica a este pequeño sector de la población que sufrió el menoscabo de sus derechos en el vecino país del Norte.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores para que, mediante la investigación correspondiente, determine el número real y ubicación de niños mexicanos que fueron separados de sus padres y en caso de ser detectados infantes en esta situación se realicen las acciones pertinentes para lograr restablecer el vinculo y acercamiento con sus padres o familiares más cercanos.

Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores así como a la de Educación Pública, para que se coordinen a fin de proporcionar becas a través la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, a efecto de que los niños mexicanos que se encontraban separados de sus padres o familiares reciban el estímulo correspondiente para que lleven a cabo su formación educativa.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que apoye mediante atención médica y psicológica a este pequeño sector de la población que sufrió el menoscabo de sus derechos en el vecino país del norte, tan luego como la Secretaria de Relaciones Exteriores defina y ubique su situación.

Notas

I Comunicado SRE 180 - Condena el gobierno de México la política de separación de familias migrantes en Estados Unidos, consultado el 8 de febrero de 2021 en:

https://consulmex.sre.gob.mx/sacramento/index.phpcomunic ados-de-prensa/193-comunicado-sre-183-condena-el-gobierno-de-mexico-la- politica-de-separacion-de-familias-migrantes-en-estados-unidos

II Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, consultado en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_11012 1.pdf. O9 de febrero de 2021.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de febrero de 2021.

Diputado Santiago González Soto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la Ssa y la Sedema a implantar una campaña mediática sobre el manejo de residuos de personas con Covid-19 para informar, crear conciencia y prevenir contagios, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud, a implementar una campaña mediática sobre el manejo de residuos de personas que padecen el virus del Covid-19, con la finalidad de informar, concientizar y prevenir más contagios, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

“El primer caso de Covid-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020, el 30 de abril, 64 días después de este primer diagnóstico el número de casos aumento exponencialmente, alcanzando un total de 19 mil 224 casos confirmados y mil 859 fallecidos”.1

“Actualmente la Secretaría de Salud ha reportado 3 mil 868 nuevos contagios en México, las últimas 24 horas, para un total de un 1,936,013 contagios confirmados.

Además, se han informado un total de 166 mil 731 muertes, con estas cifras México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer lugar con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos de América (EUA) y Brasil, según la Universidad Estadounidense de Johns Hopkins”.2

Lamentablemente aún falta un largo camino por recorrer y a pesar de que en el país ya llegaron las vacunas aún no se radica este virus, encontrándonos en semáforo rojo.

“De acuerdo a Óscar Clavellina, Académico de la UNAM y Joselyn Amaya, Fundadora de Sin Desperdicios, México genera cada día 102 mil 895 toneladas de residuos, unos 53.1 millones al año, de las cuales sólo se recolecta 84 por ciento”.3

Derivado a esto, y motivo de este punto de acuerdo, es la recolección de toda la basura y los residuos de todos los mexicanos y mexicanas, “los recolectores de basura corren riesgos ante la presencia del Covid-19 por el inadecuado manejo de desechos y la irresponsabilidad a la que pudieran recurrir la población. De ahí la importancia de que éstos tomen medidas para protegerse y disminuir los riesgos de que se generen nuevas cadenas de contagio, afirmó la doctora Raquel González Baltazar, secretaria de la Junta Académica del doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), de la Universidad de Guadalajara”.4

La población genera basura que podría representar un riesgo biológico. Por ejemplo, los desechos como papel sanitario con el que limpian su nariz o con el que se protegen al momento de toser; éstos suelen juntarse con la demás basura y no suele haber separación de desechos, ni señalamiento para indicar a los trabajadores de la recolección que algunos pudieran constituir riesgo. Esto es preocupante en el caso de los generados por personas con Covid-19, ya sea asintomático o sintomático, o que cumplen una cuarentena en su casa.

Es recomendable que la sociedad en general separe los cubrebocas y los guantes que se utilizaron para protegerse; pañuelos desechables, cepillos dentales y aún desechos de cigarrillos, así como demás material que estuvo en contacto con la saliva y mucosas (que recubren la boca, la nariz, globo de los ojos y la parte interna de los párpados), colocarlos en bolsa doble, previo rozamiento con una solución clorada por dentro y por fuera.

“La doctora Adelaida Sara Minia Zepeda Morales, representante del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) especificó que el cloro comercial tiene concentraciones que oscilan de 4 a 6.5 por ciento; por lo general, se trata de hipoclorito de sodio, que se usa como blanqueador y desinfectante.

Detalló que el cloro es un agente corrosivo, que debe de tenerse en un contenedor de plástico que no sea transparente, y la preparación clorada no puede guardarse más de siete días, ya que podría perder efectividad y potencia, de ahí la importancia de preparar pequeñas cantidades”.5

La bolsa ya desinfectada con solución clorada y con los desechos sanitarios como los ya mencionados, debe introducirse en un contenedor cerrado como botes de basura de pedal, en el que debe guardarse 72 horas antes de su recolección.

Se recomiendan 72 horas, porque en caso de estar infectada se considera que es el tiempo en el que podría inactivarse el virus, y disminuir el riesgo para los recolectores de contaminarse y estar expuestos al contagio.

En caso de que la persona no pueda guardar durante el tiempo mencionado los desechos sanitarios, es recomendable que desinfecte las bolsas con solución clorada, además que las bolsas deben rociarse con cloro, no empaparse en el mismo.

La doctora González Baltazar sugirió a la población sanitizar las bolsas de la basura por dentro y por fuera, así como las que contienen mandado e ingresan a casa. Esta acción es en ambos sentidos, cuando recibo las bolsas y antes de entregarlas a los recogedores. Hay que desinfectar bolsas, cajas, todo tipo de envases si queremos proteger realmente a los recolectores de la basura.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Medio Ambiente, a implementar una campaña mediática sobre el manejo de residuos de personas que padecen el virus del Covid-19, con la finalidad de informar, concientizar y prevenir más contagios.

Notas

1 Epidemiología Covid-19.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/

2 Coronavirus.
https://www.telemundo20.com/noticias/mexico/
coronavirus-en-mexico-casos-confirmados-sospechosos-estrategia-prevencion/1995026/

3 WRadio. México uno de los Países que genera más basura.

https://wradio.com.mx/programa/2019/05/11/en_fin/1557533762_096577.html
#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20se%20generan%20cada,se%20recolecta%2084%20por%20ciento.

4 Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/
poblacion-debe-cuidar-recolectores-de-basura-en-tiempos-de-pandemia

5 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNBV a promover y supervisar acciones conducentes a fortalecer las medidas y los protocolos de seguridad en los servicios de las instituciones financieras y en el manejo de los datos, a cargo del diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero en México, así como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. La Comisión se rige por la Ley de la CNBV.

La misión de la CNBV es supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero en México, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.1

Segunda.- La creciente demanda de servicios financieros impulsa a las entidades de este sector a mantenerse en la vanguardia de los avances tecnológicos que propician la inclusión, movilidad, accesibilidad y reducción de costos a los usuarios. Esto genera muchos beneficios para la población y para el sistema financiero, pero también conlleva la exposición a nuevos riesgos, entre ellos el cibernético.

En términos generales, la materialización de riesgos cibernéticos puede causar a las instituciones financieras daños de tres tipos: i) disrupciones de las tecnologías de la información que utilizan y la consecuente indisponibilidad de sus servicios; ii) afectación a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que gestiona la institución, incluida la de sus clientes; iii) pérdidas económicas a las propias instituciones o a sus clientes.

El impacto de los ciberataques puede extenderse a la reputación de las instituciones afectadas, causando daños difíciles de cuantificar con exactitud, incluida una posible disminución de confianza en el sistema financiero. En particular, un ciberataque a una institución de relevancia sistémica, un banco central o una infraestructura de los mercados financieros, podría afectar de manera importante la estabilidad financiera. Independiente de la relevancia sistémica de una institución, el impacto de un ciberataque a ésta tiene el potencial de volverse sistémico por el grado de interconexión y dependencias que hay entre los participantes en el sistema, y con terceros.

En años recientes se ha observado a nivel mundial un incremento sostenido de ciberataques al sector financiero, en especial en contra de instituciones bancarias, bancos centrales y sistemas de pagos para operaciones internacionales. Dichas entidades están particularmente expuestas al riesgo cibernético debido a su alto grado de automatización, complejidad de procesos y la cantidad de recursos financieros que gestionan.

Se requiere fortalecer las medidas de seguridad de la automatización de servicios financieros, que brindan al público accesibilidad, movilidad y menores costos, cuidando siempre y de cerca que los desarrollos de dichos servicios sea seguro y se proteja la información y recursos de los clientes.2

Tercera.- México se encuentra entre los primeros 10 países del mundo que sufre de fraudes cibernéticos relacionados con la banca, en relación con el año pasado, en lo que va del 2020, este tipo de delitos han incrementado en un 120 por ciento, reconoció la Asociación de Bancos de México.

Los delincuentes cibernéticos utilizan las llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto para robar dinero, datos, contraseñas y la información confidencial de los usuarios de la banca.3

En algunos casos, los propios trabajadores de las instituciones financieras que tienen a su alcance la información personal de los usuarios o cuentahabientes, utilizan su posición para extraer la información y darle un uso indebido.

Cuarta.- El aumento en el uso de banca digital, a consecuencia de la pandemia del Covid-19 y el confinamiento, también incrementó los ciberataques al sistema bancario y fraudes a los clientes, algo que seguirá aumentando a escala mundial, afirmó el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, durante su participación en el Congreso Internacional de Investigación Financiera.4

Quinta.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que por posible fraude en operaciones bancarias, los clientes reclamaron 14 mil 633 millones de pesos, de enero a septiembre de 2020, con un total de 3 millones 443 mil reclamaciones. En su actualización del buró de entidades financieras, al cierre de septiembre del año pasado, el organismo detalló que las cifras no son comparables con ejercicios anteriores, principalmente por el impacto en la operación normal de la Condusef a causa de la pandemia. Del total reclamado por los clientes por posible fraude, los bancos han abonado a los afectados poco más de 5 mil millones de pesos, equivalente a 34.2 por ciento.5

Sexta.- Por todo lo anterior resulta necesario que las instituciones financieras vigoricen sus protocolos de seguridad en la prestación de sus servicios, fortalezcan sus campañas informativas hacia la ciudadanía sobre las medidas de seguridad para evitar ilícitos, atiendan lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se dé el debido tratamiento a la información personal y confidencial de sus usuarios, a fin de evitar la comisión de delitos.

Por lo expuesto, quien suscribe somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en el ámbito de sus atribuciones impulse, promueva y supervise las acciones pertinentes para fortalecer las medidas y protocolos de seguridad en los servicios que prestan las instituciones financieras, así como en el manejo de los datos personales de sus usuarios, a fin evitar la comisión de delitos.

Notas

1 https://www.gob.mx/cnbv/que-hacemos

2 https://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/seguridad-informacion-ban co.html

3 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mexico-dentro-de-los-1 0-paises-con-mas-fraudes-en-banca-electronica/

4 https://www.milenio.com/negocios/ciberataques-fraudes-clientes-bancos-a umentan-covid-19

5 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/
en-9-meses-clientes-de-bancos-perdieron-mas-de-14-mil-mdp-por-posible-fraude

Dado en el Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2021.

Diputado Francisco Javier Saldívar Camacho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Veracruz a legislar sobre el derecho al matrimonio igualitario con base en la jurisprudencia de la SCJN que ha definido la legalidad de éste en todo el país como parte del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTTI, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Norma Azucena Rodríguez Zamora, diputada del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo relativo a que el Congreso del estado de Veracruz legisle de inmediato el derecho al matrimonio igualitario con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha definido la legalidad del matrimonio igualitario en todo el país, como parte del reconocimiento de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) del estado de Veracruz, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1o. , 6o. y 7o. establecen que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero lo más importante es que la Constitución Política contempla los principios pro persona cuya finalidad es proteger de manera más amplia y progresiva los derechos de todas las personas, sin distinción alguna (Cámara de Diputados, 2020) (Altamirano, 2017)

México se adhirió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 5 de mayo de 1948 siendo estado miembro durante 72 años, de los cuales 42 años ha formado parte del órgano consultivo creado por la OEA para la defensa de los derechos humanos denominada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2018 dicha Comisión hizo un llamado en su informe Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas , a todos los estados miembros de la OEA para que respeten y apliquen los estándares contenidos en la opinión consultiva número 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referidos al derecho de las personas a tener su identidad de género auto percibida reconocida y al derechos de las personas LGBTTTI al matrimonio igualitario, en este mismo informe externó su preocupación con el avance de sectores anti-derechos LGBTTTI, en la región inclusive en el seno de los poderes del Estado, que se traduce en la adopción de leyes y otras medidas estatales contrarias a los derechos de las personas LGBTTTI, como la omisión de legislar sobre el tema (CIDH, 2019) (García & Toro, 2008).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha definido la legalidad del matrimonio igualitario en todo el país, a través de sus criterios de interpretación, ha determinado que al no ser el matrimonio un concepto inmutable, puede también comprender las uniones de personas del mismo sexo, y que, por tal motivo, el establecimiento legal de este requisito vulnera los principios de igualdad y no discriminación, al excluir injustificadamente a las parejas homosexuales de la institución del matrimonio, lo anterior al no ser un derecho constitucional ocasiona que las personas interesadas promueven juicios de amparos para contraer matrimonio e incluso se desplazan a otros lugares como la Ciudad de México para poder casarse (Gamboa, Valdez, & Gutiérrez, 2016).

La SCJN determinó que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es discriminatorio, no obstante, la legislación de los estados no está armonizada automáticamente con este fallo que refuerza el precepto de que la discriminación sustentada en la orientación y preferencia sexual está vinculada al ámbito de la universalidad de los derechos humanos (Altamirano, 2017).

Las principales jurisprudencias al respecto publicadas en el Diario Oficial de la Federación de la primera sala, pleno y tribunales colegiados donde se reconoce el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo visibilizan un avance hacia una sociedad de derechos y libertades para todos:

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se refiere o limita a un tipo específico de familia como podría ser la nuclear –conformada por padre, madre e hijos– con base en la cual se pudiera afirmar que ésta se constituye exclusivamente por el matrimonio entre un hombre y una mujer y, mucho menos, que sólo se proteja a la familia que surge de dicha institución, toda vez que en un estado democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, debe entenderse protegida constitucionalmente la familia como realidad social, a efecto de cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos; o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar. (Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta; XXXIV, 2011).

2. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009407, 2015).

3. La definición legal del matrimonio que contenga la procreación como finalidad de éste, vulnera los principios de igualdad y no discriminación (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010675, 2015).

4. Las normas civiles que definen la institución del matrimonio como la que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer, contienen una distinción con base en una categoría sospechosa, entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a las segundas se les niega esa posibilidad (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010676, 2015).

5. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Las normas civiles que impiden esta posibilidad provocan una doble discriminación, al privar a las parejas homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se obtienen con dicha institución. (Gáceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010677, 2015)

6. Matrimonio entre personas del mismo sexo. no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. (Gáceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009922, 2015).

7. Matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal. Tiene validez en otras entidades federativas conforme al artículo 121 de la Constitución General de la República (artículo 146 del código civil para el Distrito Federal, reformado mediante decreto publicado en la gaceta oficial de la entidad el 29 de diciembre de 2009) ( S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, 2011).

8. Exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio. El hecho de que exista un régimen similar pero distinto al matrimonio y que por ello se les impida el acceso a las parejas del mismo sexo es discriminatorio (Gáceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010263, 2015).

Estas y otras tesis jurisprudenciales se encuentran contenidas en la sección de funciones estereotipadas y prejuicios de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en la realidad del país sólo 13 estados; Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala han realizado las modificaciones legislativas necesarias para lograr el matrimonio igualitario y Quintana Roo permite el matrimonio dado que su código civil no establece que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, y otros Estados como Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Aguascalientes aceptan el matrimonio igualitario por orden de la corte, en los demás estados incluido Veracruz las personas que deseen contraer matrimonio deben interponer un amparo y dado que es constitucional (Jurisprudencia SCJN 43/2015) el resultado debe tener una resolución favorable, lo que conlleva tiempo, dinero y esfuerzo por un trámite que debería ser de libre y fácil acceso para la comunidad LGBTTTI del estado de Veracruz (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021) (CIDH, 2019) (Milenio , 2020).

Como legisladores nuestra función es hacer, establecer o dar las leyes para la ordenación de la sociedad y eso implica la neutralidad de nuestro trabajo, así como dejar de lado prejuicios y estereotipos que afecten a las minorías, y es un trabajo legislativo eficiente según la esfera de competencia lo que las personas esperan de un congreso estatal que legisle a favor de todas las personas en el estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Veracruz legisle el derecho al matrimonio igualitario con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha definido la legalidad del matrimonio igualitario en todo el país, como parte del reconocimiento de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual del estado de Veracruz.

Referencias

S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, 161270 (Pleno agosto de 2011).

Altamirano, G. (2017). El matrimonio igualitario Una lucha jurídico-política. México: CESOP Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados. (2020). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

CIDH. (2019). Reconocimiento de Derechos de Personas LGBTI. Organización de Estados Americanos.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010676, Tesis: 1a./J.84/2015 (10a.) (Primera Sala 11 de diciembre de 2015).

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010677, Tesis: 1a./J. 86/2015 (10a.) (Primera Sala 11 de diciembre de 2015).

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009407, Tesis: 1a./J.43/2015 (10a.) (Primera Sala 30 de junio de 2015).

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009922, Tesis: 1a./J.46/2015 (10a.) (Primera Sala 30 de junio de 2015).

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010263, 1a./J. 67/2015 (10a.) (Primera Sala 10 de 2015).

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010675, Tesis: 1a./J.85/2015 (10a.) (Primera Sala 25 de diciembre de 2015).

Gamboa, C., Valdez, S., & Gutiérrez, M. (2016). Matrimonios Igualitarios Regulación a nivel estatal y federal. México: Cámara de Diputados LXIII Legislatura.

García, S., & Toro, M. D. (2008). México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veinticinco años de jurisprudencia. En S. García, La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Volumen III (págs. XIII-LXXXIV). México: Instituto de

Milenio . (8 de 12 de 2020). Milenio . Obtenido de https://www.milenio.com/estados/que-estados-de-mexico-permiten-el-matri monio-igualitario

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (10 de febrero de 2021). Suprema Corte de Justicia de la Nación . Obtenido de https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/conceptos-relevantes/criteri os/5-Funciones_esteriotipadas

Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta; XXXIV, Tesis: P. XXI/2011 (Pleno 1 de agosto de 2011).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade, la SEP y la SHCP a garantizar en tiempo y forma la entrega de becas deportivas a atletas de alto rendimiento de las modalidades convencional y adaptado, y a los integrantes de sus equipos multidisciplinarios que participarán en competencias deportivas internacionales clasificatorias y preparatorias, así como de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, del ciclo olímpico y paralímpico 2024, entre otras competencias nacionales e internacionales, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 65 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En las últimas décadas los gobiernos a nivel internacional han buscado diseñar e implementar mecanismos de gestión pública que les permita disminuir sus costos de operación, así como eficientar y transparentar el ejercicio del gasto público con la finalidad de lograr que ante recursos escasos o limitados se logre hacer más y mejores cosas a favor de la ciudadanía.

La búsqueda en los gobiernos por garantizar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión pública ha originado que se implemente un importante número de reformas jurídicas y administrativas para lograr estos objetivos; algunas de las acciones que se han realizado a nivel internacional a partir de la década de los años 90 del siglo pasado es el proceso de adelgazamiento del Estado y la implementación de elementos de la nueva gestión pública para contar con estructuras administrativas más pequeñas y eficientes, para que las acciones que se realicen sean transparentes y para que se rindan cuentas. Estas medidas buscan que las actividades realizadas tengan elementos puntuales para conocer la forma en la que se trabaja y la manera en la que se ejercen los recursos públicos a su cargo, con la finalidad de erradicar los actos de discrecionalidad o corrupción que se puedan llevar a cabo.

Combatir la opacidad y los actos de corrupción dentro del ejercicio de las esferas administrativas es parte de las acciones que se han llevado a cabo a favor de la rendición de cuentas, es un derecho de la ciudadanía conocer la forma en la que trabaja la administración pública y la manera en la que se gastan sus impuestos.

Nuestro país no ha sido omiso en este proceso de reformas administrativas y legales a favor de la transparencia, rendición de cuentas, eficiencia en el ejercicio del gasto público y la lucha contra la corrupción; toda vez que en los últimos años se han emprendido grandes esfuerzos en la materia a favor de las y los mexicanos.

El gobierno de México no ha sido ajeno a este proceso modernizador del Estado y la esfera gubernamental, desde el inicio de esta administración se manifestó de forma clara y decidida que se emprenderían acciones específicas para combatir los actos de corrupción, gastos excesivos en el gobierno y garantizar la eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público.

Como parte de estas acciones, a inicios de 2020 se anunció que se desaparecerían 109 fideicomisos públicos en nuestro país, con el argumento de ser poco eficientes y transparentes en el ejercicio de los recursos a su cargo, y porque la falta de mecanismos para vigilar su gestión y el ejercicio de los recursos públicos se prestaba a actos de corrupción.

El 6 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos”; mediante el cual se desaparecen 109 fideicomisos públicos de diferentes materias y ámbitos de desarrollo.

Uno de los fideicomisos que desaparecieron con la reforma en comento es el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), a través del cual se brindaban los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 6 de noviembre de 2020, mediante las cuales se desaparece el Fodepar, también se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, sin alterar la responsabilidad del gobierno de ser responsable de otorgar, promover o, en su caso, brindar recursos económicos y materiales a los atletas de alto rendimiento en las modalidades convencional y adaptado para el desempeño de sus actividades, por lo que se señala su redacción vigente, resaltando los elementos que se acaban de aprobar recientemente.

Artículo 30. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tiene las siguientes atribuciones:

I. al XXV. ...

XXVI. Se deroga.

Fracción derogada DOF 06-11-2020

XXVII. al XXX. ...

Artículo 110. Corresponde a la Conade y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y en su caso, en la convocatoria correspondiente.

Reforma DOF 06-11-2020: Derogó del artículo los entonces párrafos segundo y tercero

La Conade gestionará y establecerá los mecanismos necesarios para que los deportistas con discapacidad, sin discriminación alguna, gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el gobierno federal a los deportistas convencionales.

Artículo 116. Para efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el presente Capítulo, la Conade con cargo a su presupuesto autorizado, brindará los apoyos económicos y materiales para la práctica y desarrollo del deporte de alto rendimiento con posibilidad de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Se deroga.

El procedimiento para el otorgamiento de los apoyos quedará establecido en el Reglamento correspondiente de la presente ley y deberá considerar, entre otros criterios, la opinión de expertos en las respectivas disciplinas y el rendimiento de deportistas en competencias oficiales.

Artículo reformado DOF 06-11-2020 1

Con estas reformas se estableció que, a pesar de la desaparición del Fodepar, el Estado deberá seguir respaldando el deporte de alto rendimiento en nuestro país en sus modalidades convencional y adaptada, así como dotarlos de los medios económicos materiales necesarios para su desempeño.

En adición a lo anterior es pertinente destacar que, dentro de los artículos décimo y decimoprimero transitorio de la reforma del 6 de noviembre de 2020, se estableció de forma particular lo siguiente:

Décimo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realizará las acciones conducentes para el otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, con cargo a su presupuesto autorizado, para lo cual el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte establecerá los criterios y bases para el otorgamiento de dicho reconocimiento.

Decimoprimero. Dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales, el Ejecutivo federal deberá reformar los reglamentos de las leyes que se reforman por virtud de la entrada en vigor del presente decreto, en lo que resulte conducente.2

Como podemos darnos cuenta, se establecen acciones concretas en materia de becas vitalicias, con el fin de seguir garantizando su otorgamiento, toda vez que, si bien con la reforma del 6 de noviembre de 2020 se derogó el segundo párrafo del artículo 110 que hablaba en torno a dicho apoyo, el régimen transitorio aquí citado asegura su continuidad.

En referencia al artículo decimoprimero transitorio, se fija de forma clara el plazo al que deberá ajustarse el Ejecutivo federal para reformar los reglamentos de las leyes modificadas con la entrada en vigor del multicitado decreto, con lo que se garantizará que las reformas implementadas serán cumplidas a cabalidad al reformarse de forma específica el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte para tales efectos.

A pesar de que las reformas aprobadas a la Ley General de Cultura Física y Deporte, se señalan también las adecuaciones que deberán hacerse dentro de su reglamento para cumplir con los objetivos de las mismas y garantizar la entrega de apoyos económicos y recursos materiales a deportistas de las modalidades convencional y adaptado, así como al personal técnico o de los equipos multidisciplinarios, ante los cambios repentinos y toda vez que no han sido realizadas las adecuaciones a los reglamentos de las leyes reformadas de acuerdo al artículo decimoprimero transitorio, existe incertidumbre por parte de este gremio en conocer los mecanismos a través de los cuales se asegurará la entrega puntual y eficiente a los que se hace referencia dentro del capítulo IV “Del Estímulo a la Cultura Física y al Deporte” principalmente en lo establecido por los artículos 110, 117 y decimoprimero transitorio del decreto del 6 de noviembre de 2020, con la finalidad de tener certeza de que los recursos económicos y materiales que se mencionan se entregarán en tiempo y forma a los deportistas de las dos modalidades y a sus equipos multidisciplinarios para poder participar en competencias nacionales e internacionales como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2021, del ciclo olímpico y paralímpico 2024, entre otras.

En otro orden de ideas y dadas las circunstancias en las que nos encontramos en la actualidad, en relación al deporte nacional y al panorama que enfrenta a consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19 es importante que destaquemos el gran reto que enfrentan nuestros deportistas para el desarrollo de sus actividades y su participación en competencias nacionales e internacionales. En torno a esta problemática es pertinente que señalemos lo siguiente.

El deporte, al igual que otras muchas actividades humanas, enfrenta importantes afectaciones en su desarrollo toda vez que su práctica se ha visto detenida a consecuencia de la pandemia, en razón a que se tuvieron que implementar medidas ordinarias y extraordinarias para contener la propagación de la enfermedad, limitándolo en todos los niveles.

El deporte de alto rendimiento, tanto en su modalidad convencional como adaptado, no ha sido la excepción, en virtud de que a nivel internacional tuvieron que ser suspendidas o pospuestas un importante número de competencias deportivas, entre ellas los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, para evitar la propagación del Covid-19 y con ello el incrementar en el mundo las muertes y los contagios provocados por el mismo.

Estas medidas generaron que los deportistas de alto rendimiento en nuestro país y a nivel internacional vieran afectadas sus carreras, al detener o retrasar sus entrenamientos, al impedir la realización de actividades deportivas para evitar los contagios entre los atletas de las diferentes disciplinas, generando incertidumbre, estrés y ansiedad.

Los Juegos Olímpicos de Tokio y las competencias clasificatorias o de práctica para los deportistas ya clasificados que estaban programados para el año 2020 tuvieron que ser reprogramados para garantizar la seguridad tanto de los deportistas como de los asistentes que acudirán a los mismos, estableciendo como fecha para su realización el primer semestre de 2021.

El hecho de que se hayan pospuesto los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y las justas deportivas previas a los mismos ha generado inestabilidad y estrés en los atletas de alto rendimiento y en sus equipos multidisciplinarios, quienes en los últimos meses han enfrentado, a consecuencia de la pandemia y de factores administrativos derivados de la reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte del 6 de noviembre de 2020, incertidumbre respecto a los instrumentos a través de los cuales se garantizará la entrega en tiempo y forma de los apoyos económicos y materiales que establece la ley para contar con recursos ordinarios y extraordinarios para su manutención y participación en las competencias deportivas próximas a realizarse a nivel nacional e internacional. Del mismo modo, no existe certeza alguna de si serán apoyados con la aplicación de una vacuna contra el Covid-19 y seguros de gastos médicos que cubran esta enfermedad durante el desarrollo de dichas competencias, toda vez que el seguro médico actual no tiene cobertura para atender casos de contagio por la enfermedad señalada.

No debemos perder de vista que la gran mayoría de los deportistas de alto rendimiento en nuestro país y los integrantes de sus equipos multidisciplinarios dependen de estos ingresos para solventar los gastos de su manutención, para la compra de medicamentos o insumos personales para la práctica de sus disciplinas, por lo que se debe atender de forma inmediata este problema al dar a conocer los criterios para el otorgamiento de becas y la entrega de insumos materiales.

La urgencia por atender este tema radica en que al ser el 2021 el año en el que se realizarán diferentes competencias deportivas nacionales e internacionales como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, se necesita garantizar que los deportistas y los integrantes de sus equipos multidisciplinarios contarán con los medios económicos para subsistir y poder continuar con su preparación física.

Otro aspecto que es pertinente señalar en torno a la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos es la necesidad de garantizar que todos los deportistas e integrantes de los equipos multidisciplinarios sean vacunados contra el Covid-19, para garantizar su salud y evitar que se siga propagando la enfermedad.

Si bien es cierto que el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador han manifestado que se siguen diseñando los protocolos para garantizar la salud de los deportistas y de los asistentes a los juegos, es fundamental que nuestro país tome cartas en el asunto e implemente acciones urgentes y efectivas para garantizar la salud de las y los integrantes de la delegación que representará a nuestro país en las competencias clasificatorias, de práctica y de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Al respecto, diferentes medios informativos y de comunicación han retomado la siguiente información de parte del Comité Organizador:

Los responsables del comité organizador reafirmaron su determinación de organizar el evento deportivo el próximo verano “en cualquier situación”, lo que incluye también las posibilidades “de que no haya vacunas efectivas” o “que no se pueda vacunar a un elevado número de gente”, dijo en rueda de prensa el CEO de Tokio 2020, Toshiro Muto.

...

Los organizadores nipones recalcaron que barajan un amplio elenco de planes para diferentes posibilidades de evolución de la pandemia, que afectarán a las medidas de prevención de contagios entre atletas y a la presencia de público en las gradas, asuntos que deberán ser definidos en los próximos meses.

...

Una de las claves en este sentido será la inoculación de vacunas entre los atletas extranjeros, una medida sanitaria que el Comité Olímpico Internacional (COI) promoverá aunque no se espera que sea obligatoria, así como la vacunación a gran escala en Japón, un proceso que no comenzará hasta finales de febrero y que se alargará durante meses.

...

El comité organizador “espera que la vacuna se inyecte a tanta gente como sea posible” tanto en Japón como a los atletas extranjeros y a los potenciales visitantes foráneos, según Muto, quien destacó no obstante que eso no es una condición indispensable para la celebración de los Juegos.

...3

En relación a lo anterior, si bien es cierto que el comité organizador ha señalado que posiblemente no sea obligatorio que los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio demuestren haber sido vacunados, es necesario garantizar que a los atletas de alto rendimiento y la delegación que representará a nuestro país les sea suministrada la vacuna para preservar su salud. Asimismo, se debe asegurar que contarán con los recursos materiales y económicos ordinarios y extraordinarios para su participación y obtención de buenos resultados en los mismos.

Derivado de lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus funciones y facultades, garanticen en tiempo y forma la entrega de becas deportivas a atletas de alto rendimiento y a los integrantes de sus equipos multidisciplinarios de las modalidades convencional y adaptado que participarán en competencias deportivas internacionales clasificatorias y preparatorias, así como de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, del ciclo olímpico y paralímpico 2024, entre otras competencias nacionales e internacionales y, en su caso, se les entregue un apoyo económico extraordinario para solventar sus gastos en las mismas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus funciones y facultades, den a conocer los criterios para la solicitud, otorgamiento, conservación, suspensión, pago y, en su caso, comprobación de becas deportivas, apoyos para competencias nacionales e internacionales, seguro médico, equipamiento deportivo y apoyo de equipos multidisciplinarios, becas vitalicias a medallistas olímpicos y recursos ahorrados por los deportistas previstos de manera general o particular dentro del capítulo IV de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la finalidad de brindar certeza a los deportistas e integrantes de los grupos multidisciplinarios que dependen de los mismos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a considerar a las y los deportistas de alto rendimiento de las modalidades convencional y adaptado y a los integrantes de sus equipos multidisciplinarios e integrantes de la delegación que representará a nuestro país en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 o en competencias clasificatorias y preparatorias, como grupos prioritarios para la aplicación de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 Covid-19.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que, dentro del ámbito de sus funciones y facultades, garantice que los seguros médicos que se contraten para las y los deportistas de alto rendimiento de las modalidades convencional y adaptado, los integrantes de sus equipos multidisciplinarios y los integrantes de la delegación que representará a nuestro país en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 o en las competencias clasificatorias y preparatorias, tengan cobertura por enfermedad generada por el Covid-19.

Notas

1 DOF. (7 de junio de 2013). Ley General de Cultura Física y Deporte. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD_061120.pdf

2 Ibídem. Página 59 de 61.

3 ESPN. (28 de enero de 2021). Tokio 2020 no ve indispensable vacunación masiva en Japón para celebrar JJOO. Disponible en: https://www.espn.com.mx/olimpicos/nota/_/id/8099047/
tokio-2020-no-ve-indispensable-vacunacion-masiva-para-olimpicos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a incluir en la primera etapa de vacunación contra el Covid-19 a trabajadores públicos y privados de los servicios funerarios, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar respespetuosamente a la Secretaría de Salud a incluir en la primera etapa de vacunación contra el Covid-19 a trabajadores públicos y privados de los servicios funerarios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 31 de diciembre de 2019 fue notificada la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del brote de enfermedad por coronavirus (Covid-19) que fue registrada por primera vez en Wuhan (China), a partir de ese momento los Gobiernos y la OMS han trabajado en ampliar los conocimientos científicos sobre el nuevo virus, rastreando su propagación y virulencia.

El 30 de marzo de 2020, el gobierno de México emitió el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de la enfermedad generada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19) en México y pone en marcha medidas como uso de cubrebocas, sana distancia y quedarse en casa.

El reporte técnico diario que emite y da a conocer la Secretaría de Salud arroja

Al 2 de febrero, México registró 433 nuevas muertes y 4 mil 384 casos de la Covid-19 en las últimas 24 horas, para un total de 159 mil 533 decesos y 1 millón 874 mil 092 contagios confirmados.1

En cuanto a las defunciones, la Ciudad de México acumula 18.2 por ciento del total a nivel país. En este sentido, la vacuna, que suele ser una esperanza ante la letalidad del virus SARS-Cov2, comenzó a tener piso real en el mes de diciembre cuando en conferencia de prensa, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó el 8 de diciembre que los trabajadores de la Salud serían los primeros en recibir la vacuna contra el Covid-19 en México, al igual que en otros países. Agregó que es muy importante que el grupo de profesionales que está protegiendo a la población sea vacunado.2

En este sentido la etapa de vacunación se presentó de la siguiente forma:

Fuente: El Economista, 8 de diciembre de 2020.

En esa estrategia, el gobierno comenzó la compra de la vacuna y emitió el 12 de enero de 2021 la política nacional rectora de inmunización contra el virus SARS-Cov2 para prevenir el Covid-19,3 el cual presenta la priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el plan de comunicación.

Las etapas de vacunación son las siguientes:

Etapa 1, diciembre 2020 a febrero 2021: Personal de salud de primera línea de control de la Covid-19.

Etapa 2, febrero a abril de 2021: Personal de salud restante y personas de 60 y más años.

Etapa 3, abril a mayo 2021: Personas de 50 a 59 años.

Etapa 4, mayo a junio 2021: Personas de 40 a 49 años.

Etapa 5, junio 2021 a marzo 2022: Resto de la población.4

Al 2 de febrero se había comenzado a aplicar la vacuna con una cifra de 677 mil 539 dosis entre el personal sanitario y educativo y son ya 45 mil 748 quienes han recibido ambas dosis.5

Sin embargo, la presente proposición considera que el personal de primera línea de control del Covid-19 es por supuesto el personal de salud, pero también el personal de funerarias que realiza manejo de cadáveres de Covid-19 y que se encuentra expuesto por cuerpos afectados y por el incremento exponencial de casos de fallecimientos.

En el país se han confirmado 1 millón 874 mil 92 de casos y 159 mil 533 defunciones por Covid-19.6 En cuanto a los casos acumulados por entidad de residencia, son 10 las entidades que acumulan el mayor número de casos: Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Puebla, Coahuila, Tabasco y Veracruz, que en conjunto representan el 67% de todos los casos acumulados en el país.

Sin embargo, la Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por 26 por ciento de todos los casos registrados por entidad de residencia.

En concordancia con los contagios, la información sobre defunciones totales es alarmante: al 2 de febrero de 2021 se registraban 159 mil 533 defunciones por Covid-19, en las que se destaca el predominio de muerte en hombres (63 por ciento), la mediana de edad en los decesos es de 64 años.

Otro dato importante es que las defunciones por Covid-19 se registran en mayor número en Ciudad de México (29 mil 190), estado de México (18 mil 375), Jalisco (8 mil 520), Guanajuato (7 mil 406), Puebla (7 mil 150), Veracruz (7 mil 58), Nuevo León (6 mil 791), Baja California (6 mil 770), Sonora (5 mil 341) y Coahuila (5 mil 275). Cabe destacar que la Ciudad de México acumula 18.3 por ciento de las defunciones a escala nacional.

Pese a que en los Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por Covid-19 (SARS-Cov2) en México7 se establece:

[Los ]“cadáveres de personas fallecidas por Covid-19, [...] puede considerarse que [...] podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos, por lo que deben ser manejados según lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos y las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas, además de considerar el respeto por la dignidad humana en el tratamiento de los cadáveres y la relación con los familiares del fallecido, y se deberá verificar que se sigan las precauciones recomendadas en esta Guía en todo momento.

Resultará necesario explicar a la familia en términos sencillos la necesidad de no tocar ni besar el cuerpo bajo los conceptos de los mecanismos de transmisión de la enfermedad (contacto y gotas). A la entrega del cadáver por parte del personal capacitado para ello de la institución, la familia debe contar ya con un plan de disposición del cuerpo y con los servicios funerarios contratados”.8

El manejo y la exposición latente con un cadáver que padeció Covid-19 pone en riesgo a quienes trabajan por que los cuerpos lleguen a su destino final.

El incremento de fallecimientos por Covid-19 en las 10 entidades antes mencionadas, incrementa la solicitud de servicios funerarios, colocando a los trabajadores de funerarias en riesgo. En el caso de la Ciudad de México los trabajadores de los 117 panteones9 y 17 crematorios10 están en línea directa con cuerpos infectados por Covid-19.

El 17 de enero, un reportaje en un medio de circulación nacional, da cuenta que: “Si la situación por fallecimientos por Covid19 continúa al alza, es probable que se llegue a la saturación y a un punto de colapso, no sólo por la cantidad de servicios solicitados por los clientes, sino también por el agotamiento, contagio y muerte del personal funerario. Así lo advirtió el vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias, Roberto García, quien señaló que entre 40 y 50 por ciento de los empleados del ramo ya se han infectado”.11

También alerta, que el trabajo que hace el personal funerario no muchas personas lo hacen y si este personal empieza a enfermar y fallecer será muy complicado de donde echar mano.

Pese a que el personal de la funeraria debe utilizar un overol completo, guantes, gogles y cubre calzado, además de que en las carrozas aplica líquidos sanitizantes hechos con cloro y agua, o con alcohol, el riesgo es latente.

Por lo expuesto someto el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración del pleno de la Cámara de Diputados:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en la primera etapa de vacunación contra el Covid-19 a trabajadores públicos y privados de los servicios funerarios.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-suma-159-mil-533-muertes-p or-covid-19

2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Primera-etapa-de-vacunacion-en -Mexico-iniciara-en-la-CDMX-y-Coahuila-Lopez-Gatell-20201208-0039.html

3 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11En e2021.pdf

4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Primera-etapa-de-vacunacion-en -Mexico-iniciara-en-la-CDMX-y-Coahuila-Lopez-Gatell-20201208-0039.html

5 Ibídem.

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/613697/Comunicado_Tecnic o_Diario_COVID-19_2021.02.02.pdf

7 http://www.pudh.unam.mx/perseo/lineamientos-de-manejo-general-y-masivo- de-cadaveres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico/

8 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_Manejo_Cadav eres_COVID-19.pdf

9 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/16/panteones-de-cdmx -cerraran-el-1o-y-2-de-noviembre-6061.html

10 https://lucesdelsiglo.com/2021/01/10/desborda-covid-los-crematorios-en- cdmx/

11 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/17/politica/probable-colapso-d e-funerarias-si-muertes-continuan-un-par-de-meses/

Palacio legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a realizar en la implantación del Programa Nacional Hídrico 2020-2024 una campaña de difusión e informar a la opinión pública sobre la ejecución y el progreso de las metas prioritarias para el bienestar, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN


La suscrita Diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

La Comisión Nacional del Agua es el órgano administrativo encargado de la gestión del agua en México, cuyo ámbito de competencia son las regiones hidrológico-administrativas (RHA), las cuales están formadas por agrupaciones de cuencas, consideradas unidades básicas para la gestión de los recursos hídricos.

Su gestión consiste en el desarrollo de políticas, actos, recursos, derechos y responsabilidades, en el que se promueven de manera sustentable el control y manejo del uso del agua, para beneficio de la sociedad tanto económico como ambiental.

En virtud de ello y para hacer énfasis a lo anterior, el Artículo 4°, Párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra señala que:

“Artículo 4°, Párrafo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.i

Actualmente nos encontramos en una situación en la que existe poco acceso al abastecimiento de agua, en el que 35 millones de ciudadanos cuentan con una baja disponibilidad de este recurso.

A nivel nacional, solo el 58% de la población del país cuenta con el servicio del agua diariamente en su domicilio. El estado de Guerrero solo cuenta con el 10%, a diferencia del estado de Nuevo León, con un 95%. En las zonas urbanas solo se cuenta con un valor de 64%, mientras que en las rurales hay una gran diferencia en la que se cuenta con solo el 39% de dicho servicio.

México se encuentra con una baja administración del agua, sólo el 69% de los hogares recibe agua potable diariamenteii , siendo el restante en su mayoría comunidades de bajos recursos, afectando así las actividades económicas de los mismos, ya que no se cuenta con el manejo de un sistema hidráulico sustentable por parte de la Comisión Nacional del Agua, lo cual genera un costo muy elevado desde el punto de vista social, económico, ambiental y político, es decir, nos encontramos en situaciones de sobreexplotación, sobre-concesión y contaminación de dicho recurso.

La sobreexplotación de los acuíferos en México cada año es más alarmante. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dio a conocer que, en 1975, 35 acuíferos eran sobreexplotados. Para 2017 aumentó a 105. Cabe mencionar que actualmente se extrae agua de 653 acuíferos y de los sobreexplotados se obtiene 58% del agua subterránea abarcando todos los tipos de usos.iii

Lo que conlleva a una distribución irregular de dicho recurso, propiciando una baja estabilidad y seguridad en la conservación del derecho al uso y consumo del agua, derecho fundamental e inalienable, individual y colectivo de los habitantes de las comunidades y municipios rurales de nuestro país.

En México, la Comisión Nacional del Agua, en el Informe Estadísticas del Agua en México publicado en 2018, respecto de los usos de este vital líquido determinó como consuntivos a la diferencia entre el volumen extraído y el descargado al llevar a cabo una actividad y los no consuntivos como aquella actividad que no modifica el volumen. Respecto del primer uso, establece que existe un 61% dedicado a este en aguas superficiales, y un 39% de uso no consuntivo en un 39%. Dentro de los consuntivos se encuentran clasificados por sectores: agrícola 76.0%, energía eléctrica 4.7%, abastecimiento público 14.4 %, industria autoabastecida 4.9%. Asimismo, establece que México es importador de agua virtual en 37,357hm3.iv

De igual manera, esté informe estadístico determina que hasta 2017 se tenía registrado 270 917 hm3 de concesiones en el todo territorio nacional, donde el 90.4% de estas están destinadas al uso agrícola y abastecimiento público a nivel nacional.

Por ello, al publicarse el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, el 30 de diciembre de 2020, donde se pretende revisar y regular las concesiones e investigar posibles hechos de corrupción en las plantas de tratamiento de aguas, conviene que la Comisión vigile y ejecute las metas de bienestar e indicadores para la distribución del agua a los diversos sectores en la república mexicana.

Al ser la Comisión Nacional del Agua en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes intervendrán en la ejecución del mismo, es necesario que se den a conocer los avances y trabajos de la operación del Programa Nacional Hídrico 2020-2024, a esta Cámara de Diputados.

Lo anterior, permitirá que la población mexicana que se encuentra continuamente afectada por el suministro del agua en los diversos sectores ya mencionados, sobre todo en los Estados del norte de México, tengan certeza del suministro de agua y de la capacidad con la que podrán contar durante los periodos de tiempo sugeridos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que en la implementación del Programa Nacional Hídrico 2020-2024 publicado el 30 de diciembre de 2020, realice una campaña de difusión por los diversos medios de comunicación e informen a la opinión pública sobre la ejecución y el progreso de las metas prioritarias para el bienestar anunciadas en el mismo.

Notas:

i http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

ii https://www.ethos.org.mx/ethos-publications/corrupcion-en-el-sector-agua-
quien-es-responsable-de-la-crisis/#:~:text=Hoy%20en%20d%C3%ADa%2C%20s%C3%B3lo%20el,
causas%20detr%C3%A1s%20de%20esta%20situaci%C3%B3n.

iii https://www.gob.mx/semarnat/archivo/documentos

iv http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de febrero de 2021

Diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos de Tamaulipas y Ciudad Victoria a implantar acciones encaminadas a garantizar el derecho al acceso al agua potable y presentar un plan para prevenir el desabasto en la próxima temporada de sequía y estiaje, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El acceso al agua constituye un derecho humano fundamental, toda vez que es esencial para la vida diaria en el desarrollo de actividades, principalmente, para el consumo humano. Su acceso y disponibilidad adquieren mayor importancia en entidades federativas donde se presentan altas temperaturas, tal es el caso del estado de Tamaulipas y, en particular, del municipio de Victoria.

El Foro Económico Mundial, en su Reporte Global de Riesgos 2020, consideró la crisis del agua como uno de los cinco riesgos de mayor impacto en el mundo, y el octavo en términos de probabilidades. Sin embargo, en Tamaulipas ya se vive, no solo en términos de la sequía que duramente ha afectado al campo en los últimos años, sino en el día a día de la ciudad capital. En Ciudad Victoria ya se vive y se viene agudizando en los últimos cinco años.

Año con año, los habitantes de Ciudad Victoria sufrimos por la escasez de agua, la cual se agudiza en las épocas de calor, afectando el desarrollo de las actividades cotidianas de las familias victorenses, las actividades agrícolas y diversas actividades productivas y económicas.

Resulta lamentable que los cortes de agua y el desabasto en las colonias se vuelva cada vez más recurrente, como ocurrió la semana del 8 al 12 de febrero del presente año cuando el desabasto de agua afectó al 70 por ciento de los habitantes de Ciudad Victoria. La falta del vital líquido impacta en la calidad de vida de las familias victorenses.

El grave desabasto de agua provocó que colonos de diversos sectores salieran a las calles a manifestarse reclamando a la Comisión Municipal de Agua Potable (Comapa) la solución inmediata y definitiva a esta problemática ya recurrente, o la renuncia de los funcionarios responsables que no han sido capaces de resolver los problemas de mantenimiento e implementar las acciones necesarias para su solución.1

La falta del vital líquido se vuelve más grave durante la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, toda vez que, entre otras medidas, deben fortalecerse los hábitos de higiene personal y en los espacios públicos.

Los cortes en el suministro de agua no sólo han generado impactos negativos a negocios y empresas, sino además, daños a la economía del municipio y la preocupación e inquietud entre los habitantes de la demarcación. Asimismo, las ineficiencias de las autoridades municipales han fomentado abusos y pagos indebidos, ya que particulares han aprovechado la coyuntura para cobrar hasta mil 500 pesos a familias de bajos recursos por una pipa de agua.

Frente a estos acontecimientos, organizaciones de la sociedad civil han exigido mayor atención e involucramiento por parte de las autoridades municipales, así como del gobernador del estado, para resolver en definitiva los problemas de escasez y falta de agua en el estado y, de manera específica en la capital del estado, Ciudad Victoria.

La escasez de agua ha evidenciado problemas de mantenimiento de las redes hidráulicas, tuberías y la sobreexplotación de acuíferos como el del Victoria-Güémez y Victoria-Casas

De no atenderse de manera oportuna y correcta este contexto, aunado a las altas temperaturas, se favorecerá la proliferación de enfermedades, principalmente gastrointestinales, y la aparición de cuadros de deshidratación y golpes de calor, es decir, la salud de la población está en inminente riesgo.

Cabe señalar que, en agosto de 2019, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprobó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al del estado de Tamaulipas, para que destinen los recursos necesarios al municipio de Ciudad Victoria, a fin de garantizar el abasto de agua potable entre la población.2

Los resolutivos correspondientes fueron comunicados tanto al gobierno federal como al gobierno del estado de Tamaulipas, quienes han sido omisos para garantizar el acceso al agua, derecho humano fundamental.

Si las instancias competentes de los tres ámbitos de gobierno hubieren atendido con responsabilidad y oportunidad los resolutivos del punto de acuerdo antes citado, se hubiese avanzado para garantizar el abasto de agua en Ciudad Victoria y situaciones como las vividas la semana del 9 al 12 de febrero que afectaron al 70 por ciento de los habitantes de la ciudad no hubieren ocurrido.

Bajo estas consideraciones, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos fundamental que el gobierno municipal de Ciudad Victoria, con el apoyo del gobierno del estado implementen acciones concretas para evitar el desabasto de agua.

Tenemos la oportunidad de evitar que el desabasto del agua se siga agudizando y pueda convertirse en un problema de mayores dimensiones y provoque conflictos sociales que la sociedad victorense no merece.

En el Grupo Parlamentario del PRI seguiremos impulsando las acciones legislativas e institucionales que permitan avanzar en la solución de los problemas que afectan a los habitantes del estado, así como a los empresarios e inversionistas que mantienen la confianza en Tamaulipas y contribuyen a su desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Tamaulipas, así como al alcalde de Ciudad Victoria, a implementar acciones inmediatas encaminadas a garantizar el derecho al acceso al agua potable a los habitantes de Ciudad Victoria y sus sectores productivos y económicos.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al gobernador del estado, así como al alcalde de Ciudad Victoria, presenten un plan para prevenir el desabasto de agua durante la próxima temporada de sequía y estiaje en Ciudad Victoria.

Notas

1 [1]Diario El Mercurio de Tamaulipas. Domingo 14 de febrero de 2021.

2 [1] https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-08-07-1/assets/
documentos/Dict_Tercera_Abasot_Agua_Ciudad_Victoria.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Oaxaca a implantar en sus dependencias un protocolo oficial sobre la actuación de las autoridades para atender sin discriminar a la prensa y los medios de comunicación, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorte a la Fiscalía General de Estado de Oaxaca implemente un protocolo oficial contra agresiones a periodistas , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que defiende la Organización de las Naciones Unidas, por medio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, protegido en su artículo 19 debido a que es un derecho el ser informado y el obtener información para poder crearnos nuestros propios criterios.

La libertad de expresión permite la disidencia promocionando la libertad de opinión y de expresión cuidando que estas opiniones no se vuelvan un discurso de odio en contra de algo o alguien, el proteger a los periodistas es importante debido a que no sean censurados, criminalizados, incluso asesinados cuando su búsqueda de información conlleva enfrentarse a gobiernos o empresas criminales, ya que se amenaza que las personas puedan crearse un opinión propia de lo que sucede.

México a su vez también apoya la protección a la libertad de expresión y de los periodistas, por medio de la Comisión nacional de los Derechos humanos y la Quinta Visitaduría General en donde cuenta con la Dirección General de del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos y por medio de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, cuyo objetivo es la cooperación entre Estados y la Federación para implementar medidas de Prevención y Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de promoción o defensa de los derechos humanos, lo que incluyen a los periodistas.

En México ser periodista es un trabajo peligroso ya que como podemos observar en las siguientes cifras en los últimos cuatro sexenios se tuvo un gran número de asesinatos a periodistas, a saber:

* Datos obtenidos de la página, articulo 19.org

Del Año 2000 al año 2020 hay un total de 137 comunicadores asesinados, entre periodistas y fotógrafos, de estos 126 hombres y 11 mujeres, el mayor número de asesinatos se han dado en los Estados de Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Oaxaca.

En caso del Estado de Oaxaca de todas las agresiones reportadas hacia periodistas el 44% fueron por servidores públicos vinculados a las fuerzas de seguridad estatal y municipales, el 5% por partidos políticos, se tiene información en donde una de cada 10 denuncias se consignan ante un juez.

Algunas de las agresiones de las que se tienen registro se han dado en el municipio de Loma Bonita a trabajadores del periódico El Piñero de la Cuenca, en donde se han dado 13 ataques en solo 3 años, también en el municipio autónomo de San Juan Copala hacia dos periodistas de la estación de radio “La Voz que Rompe el Silencio”, un periodista del periódico “El Imparcial de Oaxaca”, está también el caso del reportero de noticias CMM Informativo ene l municipio de Pinotepa Nacional quien sufrió cuatro agresiones las cuales denuncio en la Fiscalía General de Oaxaca y ante la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, otras agresiones registradas tenemos las siguientes:

* Tabla obtenida de articulo19.org Publicaciones

La organización de artículo 19 entre los meses de septiembre y octubre de 2013 visitó las regiones de la Mixteca, Costa, Cuenca del Papaloapan y Oaxaca para impartir talleres para la protección de periodistas y a su vez conocer las problemáticas que enfrentan en el desarrollo de su trabajo, en donde se entrevistaron con más de 60 periodistas, una de las principales quejas fue la falta de protocolos de actuación de las autoridades para atender a la prensa.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca a que implemente un protocolo oficial en sus dependencias para actuación de las autoridades para brindar la atención a la prensa y medios de comunicación, sin trato discriminatorio.

Bibliografía

- artículo19.org Libertad de expresión y derecho a la información. Periodistas Asesinados. Página https://articulo19.org/periodistasasesinados/

- artículo 19. Org Libertad de Expresión y derecho a la información. Agresiones a la prensa en Oaxaca entre la impunidad y la falta de protocolos oficiales. Página https://articulo19.org/agresiones-a-la-prensa-en-oaxaca-entre-la-impuni dad-y-la-falta-de-protocoles-oficiales/

- Itsmo Press. Reportero de Oaxaca exige protección por agresiones que ha recibido en su contra. Página: http://www.istmopress.com.mx/oaxaca/reportero-de-oaxaca-exige-proteccio n-por-agresiones-que-ha-recibido-en-su-contra/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2021.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Salud de esta soberanía a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y Federal de Sanidad Animal para prohibir y sancionar pruebas cosméticas en animales, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 19 de marzo de 2020, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las Comisiones Unidad de Salud; y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de bienestar animal, en el que se establece la prohibición del uso de animales en pruebas para productos cosméticos.

Sin embargo, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus Covid-19 oficialmente como una pandemia mundial, convocando a todos los países a adoptar las medidas necesarias para combatir el virus.

Así, en la sesión del 12 de marzo la Mesa Directiva ante la declaratoria referida, presentó a la asamblea la implementación de acciones para evitar la propagación del virus y proteger a las y los integrantes de esta soberanía, así como al personal que labora en este recinto legislativo, mismo que fue a probado el 18 de marzo de 2020.

Posteriormente en la sesión del 2 de septiembre de 2020, se recibieron y dieron turno a las minutas enviadas por la colegisladora, siendo una de ellas la que motiva la presente proposición: con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud y la Ley Federal de Sanidad Animal, turnada a la Comisión de Salud para dictamen y a la Comisión de Ganadería, para opinión.

Es menester comentar que como legisladora he construido puentes con diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil para impulsar temas de interés y beneficio para la ciudadanía, en ese tenor he tenido la gran oportunidad de visibilizar la falta u omisiones que persisten en nuestro marco jurídico y que condenan a los animales a una vida de maltrato y crueldad.

“En México los estudios que se realizan para probar la seguridad y eficacia de los cosméticos todavía utilizan un gran número de animales siguiendo procedimientos que no se han actualizado desde hace más de 50 años, pero que se exigen en nuestra normatividad. Por ejemplo, el artículo 270 de la Ley General de Salud obliga a los fabricantes, importadores y comercializadores de productos cosméticos a contar con estudios de ese tipo. Para tal fin, el artículo 190 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios establece que, para comprobar que los productos de perfumería y belleza no causan daño a la salud, deberán llevarse a cabo pruebas de irritación en la piel de diversos animales, así como del índice de sensibilidad e índice de irritación ocular, que son pruebas lesivas y obsoletas que pueden reemplazarse con múltiples alternativas.

Adicionalmente, las pruebas per se generan una situación de tortura ya que la técnica requiere maniobras invasivas y continuas como sucede con las repeticiones y redesafíos que se realizan sin suficiente manejo del dolor (sin uso de analgésicos), a pesar de que intencionalmente se están causando lesiones en los ojos o la piel que pueden producir desde irritación leve hasta dolorosas úlceras o heridas profundas, dependiendo de lo corrosivo que sea el producto que se está probando. Además, los animales se matan de manera arbitraria al culminar las pruebas debido a protocolos establecidos.

Desde 1993 se reconocen otras alternativas como factibles, ¿por qué eliminarlas? Con base en el principio de progresividad según el cual se debe avanzar en normatividad para asegurar la no reversibilidad, al haber cancelado la NOM-039-SSA1-1993 se genera un retroceso en los métodos de análisis, pues la FEUM no establece el uso de alternativas éticas que reemplacen el uso de animales en los análisis de irritabilidad en piel y ojos.

Nuestra normatividad debe actualizarse y homologarse con las del resto del mundo reconociendo que este tipo de procedimientos no son éticamente aceptables y que deberían prohibirse todas aquellas pruebas innecesarias en las que la balanza se inclina a favor de un interés secundario del ser humano (como es el uso de cosméticos), en detrimento del interés vital de los animales sometidos a dolor y sufrimiento injustificado , especialmente si ya existen marcas que ofrecen productos desarrollados sin provocar crueldad en los animales.”1

Dado lo anterior y en plena coincidencia con lo dicho por Mahatma Gandhi quien señaló que “La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados”; resulta incuestionable que el grado de desarrollo de una sociedad, entendido éste en el sentido más amplio, puede medirse entre otros aspectos, por el respeto, valoración y cuidados que tiene hacia los seres vivos; en aras de fomentar una vida de respeto y libre de sufrimiento mediante la prohibición y erradicación de la crueldad y maltrato que sufren los animales en cautiverio a la espera de ser usados en pruebas para productos cosméticos, me permito someter a esta soberanía, la proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Salud de este recinto legislativo a comenzar el proceso de dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de prohibir y sancionar pruebas cosméticas en animales, recibida el 2 de septiembre de 2020.

Nota

1 Reyes, Poleth & Téllez, Elizabeth. “La bancarrota de la Industria Cosmética”. Animal Político [en línea]. Ciudad de México, 28 de noviembre de 2018. Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflex iones-bioeticas/la-bancarrota-moral-de-la-industria-cosmetica-en-mexico /

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las 32 fiscalías locales a reforzar las acciones e investigación en los casos de violencia de género, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, las mujeres representan el 51 por ciento de la población que equivale a 65.2 millones en 2020 (Conapo, 2016). Se estima que dos terceras partes (66 por ciento) de las mujeres de 15 años y más han experimentado violencia alguna vez en su vida y 44 por ciento ha vivido violencia por parte de su pareja (Inegi, 2016). Aunado a lo anterior, se estima que en promedio 10 mujeres son asesinadas diariamente solo por el hecho de ser mujer.

La violencia de género es un grave problema social que daña la vida y la integridad de las mujeres y aunque sus orígenes son multifactoriales, la sociedad mexicana en conjunto, posee una serie de valores arraigados a los diferentes ámbitos de la sociedad como son la cultura, la educación, la religión, las leyes, incluso el propio lenguaje, en los cuales a lo largo del tiempo, se ha tratado de erradicar la idea de que por el simple hecho de ser mujer, se tiene una condición de inferioridad.

Las Organización de las Naciones Unidas ONU define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.1

Se trata de un problema que en los últimos años ha adquirido la mayor relevancia por parte de las autoridades, incluso a nivel internacional, y aunque se han impulsado programas y políticas públicas en materia de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, es evidente que queda mucho por hacer.

La crisis de violencia hacia las mujeres no solo se equipara a los feminicidios que ocurren en el país, sino al conjunto de agresiones a las que se encuentran expuestas las mujeres, que van desde, agresiones en el hogar, intento de homicidio, feminicidios y ataques de tipo sexual. La violencia hacia las mujeres ha aumentado a causa de la pandemia

Las medidas de confinamiento como estrategia para contener la propagación del virus de Covid-19, han colocado a diversos países a nivel mundial, ante una situación que intensificó de manera exponencial la violencia contra las mujeres, y México no fue la excepción, los llamados de auxilio por parte de las autoridades reflejaron el grado de riesgo al que se han encontrado expuestas las mujeres en la pandemia, tal como lo muestran los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, durante el año 2020 las autoridades reportaron 260 mil 67 llamadas de emergencia relacionados con incidentes de violencia hacia la mujer, alcanzando su cifra récord desde 2016 al reportar en los primeros meses de la pandemia 26 mil 171 llamadas; el mismo informe reporta que entidades como Chihuahua, la Cuidad de México, estado de México, Jalisco y Puebla fueron las cinco entidades con el mayor número de llamadas de emergencia.

En México la violencia en contra de las mujeres es un problema social de importantes dimensiones y graves consecuencias que se extiende a todas las regiones del país.

Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las procuradurías o fiscalías de las 32 entidades federativas

Como lo representa la anterior gráfica, durante el año 2020 un total de 97 mil 778 mujeres fueron víctimas de algún delito, siendo las lesiones dolosas, las lesiones culposas, los delitos que atentan contra la libertad personal y los delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, las agresiones más recurrentes hacia las mujeres en nuestro país.

Aunado a los índices de violencia que se han generado en el país, las mujeres se enfrentan a un alto grado de impunidad que existe al interponer una denuncia, tal como lo reflejó el diario El Universal, a través de una revisión a las últimas cuatro Envipe publicadas por el Inegi, las cuales en conjunto revelan que entre “2015 y 2018 sólo 7 por ciento de los ilícitos contra mujeres fueron investigados y, posteriormente, sólo entre 5 por ciento y 7 por ciento de los presuntos delincuentes fueron llevados ante un juez para comparecer por sus delitos”.2

El año 2020 ha encendido las alarmas parte de las autoridades de procuración de justicia en el país, así como para las organizaciones de la sociedad civil ya que tan solo en el primer cuatrimestre de 2020 las muertes violentas de mujeres tuvieron un incremento en un 11.7 por ciento.

Y aunque es de reconocer que el Estado mexicano en conjunto con los tres niveles de gobierno han redoblado esfuerzos en atención a la violencia de género, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que a la letra menciona que:

“La federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano.”3

Lo anterior se ha materializado a través de acciones como la Estrategia Integral de Prevención de la Violencia de Género, que tiene como objetivo brindar atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia en donde tras haber habilitado se servicio de atención en el 911 que busca brindar ayuda psicológica, para después canalizarlas a los múltiples servicios de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, se han visibilizado las principales emergencias por las que llaman las víctimas.

Las mujeres merecen el pleno acceso a la justicia a través de sistema judicial efectivo, en el que no existan trabas ni impunidades. Es importante que el gobierno mexicano siga trabajando en la búsqueda de soluciones para erradicar cualquier acto de violencia hacia todas las mujeres de nuestro país en donde además de brindar servicios de prevención y atención, se garantice la justicia a través de un puntual seguimiento a los casos en los que las agresiones han sido denunciadas.

En importante sensibilización por parte de los servidores públicos, que bridan atenciones a las mujeres en caso de alguna emergencia.

Para Encuentro Social, erradicar la impunidad en los casos violencia hacia las mujeres resulta fundamental para avanzar hacia la garantía de los derechos fundamentales de este sector de la sociedad, es por lo anteriormente expuesto que pongo a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto a la autonomía y la división de poderes, a los titulares de las fiscalías de las 32 entidades federativas, para que refuercen las acciones de investigación en los casos de violencia de género.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto a la división de poderes, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas, adopten las medidas preventivas que sean necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, ante los altos índices de violencia en razón de género que prevalecen en el país.

Notas

1 https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer#:~:text=
Las%20Naciones%20Unidas%20definen%20la,producen%20en%20la%20vida%20p%C3%BAblica

2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/impunidad-delitos-contra-mujeres- quedan-sin-castigo

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_110121.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al CSG y la Ssa a tomar medidas urgentes para establecer un protocolo de monitoreo sanitario de personas provenientes de países donde se han detectado variantes del Covid-19 e implantar acciones precautorias sobre el uso de la vacuna de AstraZeneca, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracción I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este órgano legislativo proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El día de hoy, lunes 8 de febrero de 2021, en rueda de prensa sobre Covid-19, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió al anunció que hizo el gobierno sudafricano de suspender temporalmente la aplicación de la vacuna Oxford-AstraZeneca.

Al respecto, el gobierno de Sudáfrica anunció oficialmente el día de ayer, domingo 7 de enero, que estudios iniciales indicaban que la vacuna AstraZeneca poseía mínima protección contra la nueva variante del coronavirus.

Los resultados señalan que la vacuna AstraZeneca sólo tenía 22 por ciento de efectividad para prevenir la enfermedad de leve a moderada; y que no se contaba con información para las formas graves, ya que el grupo de estudio eran personas jóvenes y saludables. Con esta decisión, Sudáfrica pospuso el arribo de 1 millón de vacunas de la farmacéutica y, por ende, su plan de vacunación.

De acuerdo con lo dicho hoy por el director general de la Organización Mundial de la Salud, en próximos días se reunirá el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS para estudiar este caso y emitir recomendaciones sobre la eficacia de la vacuna Oxford-AstraZeneca.

Al respecto, en México se ha decidido no emitir medidas de restricción ni protocolos especiales para evitar la propagación de las nuevas variantes. No se tomaron medidas cuando se confirmó la variante del Reino Unido, que poco a poco se han ido propagando por el mundo. Tampoco se hizo nada, hace unas semanas cuando distintos países comenzaron a imponer medidas de restricción para viajeros mexicanos.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud son las instancias que deben tomar acciones extraordinarias para controlar los efectos de la pandemia en el país.

Con los resultados publicados de Sudáfrica, y ante la confirmación de una nueva variante brasileña, que ha comenzado a detectarse en la región latinoamericana, el gobierno debe tomar acciones especiales considerando la rápida evolución del virus y las experiencias de otros países para tomar acciones preventivas de urgencia.

De acuerdo con el documento Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México , la vacuna de AstraZeneca es considerada como uno de los pilares para “garantizar la estrategia de vacunación universal prevista (página 14).” Sin embargo, si México no establece protocolos de prevención, filtros de control sanitario en los aeropuertos o medidas especiales para viajeros, es posible que al igual que en Sudáfrica y las nuevas variantes hagan que dicha vacuna sea poco eficiente para la protección del virus.

No se trata de tomar decisiones con criterios políticos, sino con base en estudios científicos que nos permiten comprender las variantes y sus efectos en la enfermedad, los tratamientos y las vacunas. En el Reino Unido se estudió la forma como los viajeros internacionales alimentaban la cadena de contagio (https://science.sciencemag.org/content/early/2021/01/07/science.abf294 6) y ahora, Sudáfrica presente este estudio sobre la efectividad de la vacuna AstraZeneca con el apoyo de las Universidades de Oxford y de Witwatersrand en Johannesburgo (https://www.wits.ac.za/covid19/covid19-news/latest/oxford-covid-19-vac cine-trial-results.html).

Legisladoras y legisladores, no podemos permitirnos cometer el mismo error dos veces y no pedir al gobierno que establezca protocolos especiales para detectar y monitorear las nuevas variantes del Covid-19, que parecen ser más contagiosa y afectar a los más jóvenes.

Por lo anterior expuesto y fundado ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al Consejo de Salubridad General y de manera especial a la Secretaría de Salud, a tomar medidas urgentes para establecer un protocolo de monitoreo sanitario para las personas provenientes de países donde se han detectado variantes del Covid-19, así como implementar acciones precautorias para el uso de la vacuna de AstraZeneca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena a continuar usando el nombre oficial de la Escuela Médico Militar que le corresponde por reglamento, legal y constitucionalmente, a cargo del diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, del Grupo Parlamentario de Morena

Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones II y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presente proposición surge con motivo del acuerdo emitido con fecha 15 de agosto de 2017, por el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda (6416991), mediante el cual se ordena que, a partir del 1 de septiembre de ese año se cambie el nombre de la Escuela Médico Militar por Escuela Militar de Medicina.

Como bien se observa el contenido del citado acuerdo, en ninguna parte del texto cita o refiere disposición constitucional o legal que pretenda fundamentar el mencionado acto, a fin de demostrar la competencia de su emisor que pudiera tener validez, para hacer efectivas las consecuencias que ahí se ordenan.

En este sentido, es importante mencionar que las facultades para modificar el nombre de la Escuela Médico Militar deben corresponder al siguiente escalonamiento normativo:

1. El artículo 89, fracción l de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

2. Los artículos 3o, 17, 122 y 124 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

3. El artículo 1o. de la Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea;

4. El artículo 29 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y

5. El artículo 1o. del Reglamento de la Escuela Médico Militar.

El desarrollo de las facultades conferidas al titular del Poder Ejecutivo Federal, deberán apegarse indiscutiblemente a los principios de constitucionalidad legalidad y reglamentariamente, lo que significa necesariamente que la aplicación de cualquier disposición al respecto, habrá de apegarse con la norma que le dio origen. En consecuencia, corresponde al Ejecutivo Federal, la modificación del Reglamento de la Escuela Médico Militar, para que al reformar su artículo 1o. se le pueda consignar una nueva designación.

Lo anterior, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como ya se mencionó en el documento que contiene la indicación para la modificación de la citada denominación, no se ubica disposición legal alguna que funde el actuar del ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Por lo anterior, al carecer de competencia para su actuación del entonces General Secretario, resulta imposible invocar norma jurídica alguna para sustentar la acción mencionada.

De esta manera se llega a la conclusión irrefutable de que, ajustados a los principios de constitucionalidad y legalidad que deben cumplir todas las autoridades, el cambio de designación que se instruyó el 15 de agosto de 2017, de Escuela Médico Militar a Escuela Militar de Medicina”, es un acto nulo, sin fundamento, por lo que jurídicamente no puede producir efecto alguno.

Debo hacer mención que, con el triunfo de la Revolución Mexicana el primero de enero de 1917, en la ciudad de Querétaro se firmó el decreto expedido por el jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la nación Venustiano Carranza, por el que se creó la primera institución de educación de nivel superior del Ejército Mexicano, la Escuela Médico Militar.

Por tanto, lo conducente será que la Escuela Médico Militar “que tiene como única misión el formar médicos cirujanos militares, para satisfacer las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea en materia de salud, así como realizar actividades de investigación técnica y científica en el área de la ciencia médica”; creada en respuesta a las escasez de asistencia médico-social y con un prestigio de más de 100 años, deberá mantener su nombre original, considerándose en forma absoluta la restitución del acuerdo indicado, de fecha agosto de 2017.

Así, en todos los casos en que se use la denominación de esta Institución, debe cuidarse estrictamente el uso del nombre que constitucional, legal y reglamentariamente le corresponde.

Por los argumentos expuestos se pone a consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, en toda actuación de esta institución de medicina se continúe utilizando la denominación que constitucional, legal y reglamentariamente le corresponde: “Escuela Médico Militar”, nombre oficial de la institución médica de educación militar de nivel superior.

Lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero del Reglamento de la Escuela Médico Militar vigente, de fecha 13 de abril de 1993 y su última reforma del 19 de agosto de 2011, publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la Condusef a diseñar e implantar una campaña de difusión en las 32 entidades federativas y dar a conocer el calendario de los cursos y diplomados de educación y cultura financieras, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

La educación financiera se ha definido como el proceso por el que los consumidores o usuarios de los productos financieros adquieren un conocimiento de los conceptos y los riesgos de la actividad financiera para un bienestar económico, misma que se obtiene a través de información, instrucción y asesoramiento especifico. En el profundo conocimiento de este aprendizaje se logran alcanzar las habilidades y la confianza para discernir sobre los riesgos y las oportunidades sobre el uso de su dinero.

Por otro lado, la adquisición de estos conocimientos permite a los usuarios y a la población en general profundizar en la utilidad de los productos financieros, tener presupuestos de gastos, el ahorro, la inversión, el crédito y los seguros, saber a dónde dirigirse y obtener asistencia, así como, ejercer las acciones legales que convengan para su desarrollo económico.i

La ausencia de conocimiento de una educación financiera tiene como resultados la falta de una comparación de los productos o servicios financieros para tomar una decisión responsable, no se tiene el balance del presupuesto mensual personal, se desconocen las fuentes tradicionales de crédito con condiciones favorables; generando que en la mayoría de los casos quienes hacen uso de estos productos financieros sin el asesoramiento adecuado terminen con endeudamientos, pagando productos y servicios con altas tasas de interés.

En conclusión, la falta de información sobre el uso de los productos financieros, trae como consecuencia que no exista una administración responsable en el uso del dinero.

En México, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, determinó las capacidades financieras y el uso de medios de pago por parte de algunos sectores de la población a diferencia del año 2012, donde el número de personas adultas con cuentas, créditos, seguros y afores se incrementó en un 37%; el uso y disposición de los activos como venta, renta y préstamo en zonas rurales el 27% las mujeres han decidido el uso de estos instrumentos financieros.ii

Asimismo, dicho estudio establece que el 25% de la población conoce de los ahorros en bancos e instituciones financieras y que están protegidas por un seguro; el 95% entiende los principales conceptos financieros como interés, inflación, riesgo, diversificación.

Por otro lado, con respecto al emprendimiento, se destaca que la mayoría considera que si puede gastar y una menor proporción de la población prefiere ahorrar que gastar.

Sin embargo, contrario a esta propuesta el 42% de la población adulta reportó que durante el 2018, su ingreso no fue suficiente para cubrir sus gastos, lo que los llevo a una reducción de sus gastos, recurrió a préstamos de familiares, venta y empeño de bienes, solicitó un adelanto salarial, hubo un atraso en el pago de créditos o adquirió tarjetas de crédito.iii

En 2018, se promovió por parte del gobierno federal la Estrategia Nacional de Educación Financiera, cuyos ejes de acción tenían como fin contribuir a mejorar las capacidades financieras en la población, que abarcara los diversos sectores poblacionales enfocando el conocimiento de la educación financiera en los niveles básicos de estudio.

Destaca que dentro de los ejes de acción se pretende desarrollar con la iniciativa privada y no gubernamental programas de educación financiera que atiendan las necesidades específicas de cada segmento de la población.

Ante esta situación, es de destacar que la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ha preservado el curso y diplomado en Educación Financiera, por considerar que este tema es necesario en la vida de las personas.

En su página de internet, promueve que los conocimientos en Educación Financiera permitirá contar con conocimientos en la materia que ayudará a los interesados a cuidar y hacer rendir su dinero; utilizar adecuada y responsablemente los productos y servicios financieros; lograr que la familia tenga mayor oportunidad de generar los recursos necesarios para tener estabilidad, mejor desarrollo y, por ende, un patrimonio; asimismo genera usuarios más informados y exigentes promoviendo la competitividad entre las instituciones financieras.

Ante esta situación conviene que intervenga la Secretaría de Economía en coordinación con la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros amplíen este programa a las 32 entidades que integran la república mexicana, con la finalidad de acercar y abrir estos espacios de conocimiento a la población en general interesada en la educación financiera. Lo anterior, contribuirá al desarrollo y bienestar de la población en México.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que de forma coordinada diseñen e implementen una campaña de difusión en los treinta y dos estados de la República Mexicana, y den a conocer el calendario de los cursos y diplomados de Educación y Cultura Financiera, a fin de promover el emprendimiento y consolidación empresarial a través de Programas de Capacitación y Desarrollo Financiero.

Notas:

i Educación e Inclusión financieras en América Latina y el Caribe. https://www.cemla.org/PDF/otros/2014-10-Educacion-Inclusion-Financieras -ALC.pdf

ii https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_ verimpresa.pdf

iii https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_ verimpresa.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de febrero de 2021

Diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a acelerar los procesos internos establecidos en los criterios de operación del programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral de 2021, en cumplimiento de los criterios de distribución y asignación del recurso a efecto de que las entidades federativas estén en posibilidad de recontratar al personal médico asignado al programa y se les paguen los días laborados este año, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada María Ester Alonzo Morales , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El programa Prospera formaba parte de una estrategia transexenal que buscaba otorgar educación, salud y alimentación a personas en situación de pobreza; en términos del artículo 9 transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, Prospera fue sustituido por el programa U013 “Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral” y, los recursos que originalmente estaban destinados a Prospera se transfirieron a la Secretaría de Salud, para ser ejecutados bajo el “nuevo programa”.

Teniendo en consideración que este programa sustituye a Prospera, la Secretaría de Salud incorpora al personal que había laborado durante años en comunidades de difícil acceso al “nuevo programa”, contratándolos bajo el régimen de honorarios asimilados a salario; de acuerdo a las “Políticas para la contratación del personal temporal del programa” publicadas en 2019.1 Esto significa que los médicos, paramédicos y afín que fueron recontratados para incorporarlos a la plantilla del personal asignado a este programa, no cuentan con derecho a seguridad social, antigüedad, ni prestaciones, tampoco llegaran a tener derecho a un finiquito, indemnización o cualquier otro concepto similar a cargo de los recursos de la Federación.

Por otra parte, anualmente se publican los “Criterios de operación del programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral”,2 los cuales fijan los criterios de asignación, transferencia, destino y supervisión de los recursos, así como los lineamientos que las entidades federativas deberán seguir para la recontratación anual del personal médico.

En estos criterios se establece el modo de transferencia de recursos a los gobiernos de las entidades federativas, también señala que las modalidades y calendario de entrega de dichos recursos, será pactado en los anexos respectivos de los acuerdos de coordinación que se tengan celebrados con las entidades federativas.

Para este año, la Secretaría de Salud publicó los criterios de operación hasta el día 26 de enero, generando un retraso en los procesos administrativos y por ende en la transferencia de los recursos a las entidades federativas, imposibilitando que estas puedan aplicarlos; esto se debe a que, con base en la publicación de este documento, se establecen los convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas y, hasta entonces empieza la trasferencia de recursos así como las recontrataciones del personal médico y la continuidad general del programa.

Hasta el año pasado, los médicos firmaban su recontratación en el mes de enero, pero es al día de hoy, que a cientos de ellos se les ha informado que serán incorporados a la plantilla del personal hasta el mes de marzo de este año.

Como se observa, la asignación y trasferencia de estos recursos para dar continuidad al programa no es eficaz y, debido a los retrasos por parte de la Secretaría de Salud, las recontrataciones al personal médico no se han llevado a cabo; afectando a cientos de médicos generales, especialistas, terapeuta de rehabilitación física, terapeuta de lenguaje, oficial o despachador de farmacia, psicólogo, nutriólogo, enfermera general y auxiliar de enfermería que han formado parte de la plantilla laboral de este programa.

Lo anterior, afecta de igual manera a miles de mexicanos en condiciones de alta o muy alta marginación y sin seguridad social laboral, los cuales son atendidos por este programa a través de los establecimientos de salud fijos y móviles, ya que la asignación y transferencia del recurso para dar continuidad y operación al mismo, depende del cumplimiento de los criterios.

El retraso en los procesos y aplicación de este programa por parte de la Secretaría de Salud genera consecuencias que perjudican la vida y salud de miles de mexicanos, el incumplimiento en tiempo y forma de su labor es negligente en estos tiempos de pandemia, donde lo que debe priorizarse es la salud.

Es inconcebible que en discurso el gobierno federal les llame héroes a los médicos de país, pero en los hechos no se les otorgue ni siquiera seguridad en el ámbito laboral. Es inadmisible el actuar de la Secretaría de Salud con el personal médico, quienes a pesar de la incertidumbre de ser recontratados y de la falta de pago en estos meses de pandemia, han continuado con su labor en primera línea de atención medica en zonas de alta y muy alta marginación.

Por ello, solicito a la Secretaría de Salud, en su carácter de ejecutora de gasto de dicho programa, realizar las acciones necesarias para apresurar los procesos administrativos y, con ello, las entidades federativas puedan recontratar al personal médico incorpora a la plantilla laboral del programa.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter al pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que acelere los procesos internos que establecen los criterios de operación del programa “atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral para el ejercicio fiscal 2021”, a fin de dar cumplimiento a los criterios de distribución y asignación del recurso para que las entidades federativas estén en posibilidad de recontratar al personal médico asignado al programa y por ende se les pague los días que han laborado durante este año.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a modificar las “Políticas para la contratación del personal temporal del programa atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral”, a fin de que el personal médico pueda contar con seguridad social y con las prestaciones laborales establecidas en la ley.

Notas

1 Políticas de contratación del personal temporal que participa en la ejecución del programa U013 | Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/608829/Anexo_OAG-AG-525- 2021.PDF

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputada María Ester Alonzo Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de los estados limítrofes con EUA a atender el efecto en la población del frente frío 35 y las tormentas invernales, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

Ana Laura Bernal Camarena, diputada federal e integrante del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; así como el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 10, numeral 2, del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, somete a su consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los estados de la zona norte del país, recientemente fueron afectados con la novena tormenta invernal, que provocó daños materiales importantes e incuantificables; incluso a la red de la CFE que otorga el suministro básico de energía eléctrica en varias entidades federativas.

Lo anterior es de preocupación, ya que la caída de agua nieve en varias regiones, oleaje alto, rachas de viento entre 50 y 120 kilómetros por hora, aunado a las temperaturas entre 0 y -15º centígrados, provocan efectos dañinos en la población que deben ser atendidos con urgencia.

Hoy, el Frente Frío Número 35 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país, y en interacción con un canal de baja presión ubicado en la Península de Yucatán, propiciará lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Chiapas, Tabasco y Veracruz, y fuertes (de 25 a 50 mm) en localidades de Campeche, Oaxaca, Puebla y Yucatán.

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos (de 5.1 a 25 mm) en Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sonora.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, fuertes vientos y caída de granizo.

La masa de aire asociada al frente originará ambiente frío, nieblas y lloviznas en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, además de evento de Norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de 1 a 3 metros (m) en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

También se estiman vientos con rachas de 50 a 60 km/h en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Yucatán, así como en el Golfo de California.

Al amanecer, se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en sierras de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados Celsius y heladas en montañas de Coahuila, Estado de México, Sonora y Zacatecas, y de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en regiones altas de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, el norte de Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.

En tanto, otro sistema frontal se aproximará al noroeste del país, y en combinación con la corriente en chorro polar, incrementará la probabilidad de lluvia en Baja California, Chihuahua y Sonora.1

Recordemos que los cambios bruscos de temperatura constituyen un factor de riesgo importante; por lo que, estar expuestos a las bajas temperaturas o aire frio hace menos eficiente el sistema inmunológico y predispone al desarrollo de una enfermedad de origen viral.

Entre las enfermedades más recurrentes tenemos:

• Influenza

• Amigdalitis

• Neumonía

• Amigdalitis

• Bronquitis

A esto se le debe sumar el virus SARS-CoV-2; por lo que extremar las precauciones y cuidados que mandata la Secretaría de Salud Federal, deben atenderse por todos los sectores de gobierno y de la población.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila y Sonora; intervalos de chubascos en Durango, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, y lluvias aisladas en Chiapas, Nuevo León y San Luis Potosí.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes vientos y posible caída de granizo.2

Los Gobiernos Estatales deberán atender por medio de protección civil a los ciudadanos que viven en extrema pobreza para llevar brigadas que suministren cobijas, suéter o ropa que brinde calor y en la medida de lo posible llevar alimento caliente; y a las secretarías de salud de dichas entidades federativas para que suministren medicamento suficiente a los hospitales y centros de salud para atender personas con enfermedades propias de la temporada invernal.

En la suma de esfuerzos se logrará proteger a la población y a la infraestructura pública en las entidades federativas que están expuestas a los frentes fríos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los gobiernos estatales del norte del país que limitan con Estados Unidos de Norteamérica para atender el impacto en la población del frente frío 35 y las tormentas invernales.

Notas

1 Tomado de https://www.gob.mx/smn/prensa/el-frente-frio-no-35-y-un-canal-de-baja
-presion-ocasionaran-lluvias-puntuales-muy-fuertes-en-chiapas-tabasco-y-veracruz-263636 el 15 de febrero del 2021.

2 Tomado de https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Norte-se-congela-por-ola-de-f rio-polar-20210215-0006.html el 15 de febrero del 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de febrero del 2021.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades e instituciones a investigar y sancionar a los responsables de los posibles actos de violencia, tortura, trato denigrante y abusos hacia menores albergados en el DIF de Temixco, Morelos, a cargo de diputadas de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PRD, Morena, PAN y PVEM

La suscritas, diputadas Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD; Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena; Laura Rojas Hernández, Verónica Sobrado Rodríguez, Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN y Nayeli Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1, fracción II, del artículo 79 y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 1 de septiembre (2020) ocurrieron posibles actos de violencia, tortura, tratos denigrantes y abusos de policías estatales hacia niños y adolescentes que se albergan en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA), dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF estatal Morelos, que se localiza en el municipio de Temixco.

Los primeros indicios señalan que en CASA (DIF) se registró un incidente donde se señaló que un grupo de jóvenes ocasionaron disturbios dentro de la institución misma que fue reportada a las autoridades y en consiguiente ingresaron elementos de la policía estatal a atender y controlar el asunto.

Sin embargo, consta en videos y en fotografías que se difundieron en diversos medios de comunicación, que la policía estatal no respetó los protocolos de actuación y violó de manera grave los derechos humanos de las personas que ahí se encontraban, debido a que los jóvenes posiblemente fueron víctimas de abuso, tortura y maltrato.

En este sentido, es necesario precisar que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes declara en su artículo primero lo siguiente:

“Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Por otra parte, los protocolos de toda actuación policial se basan en el pleno respeto a los derechos humanos, “los niños y/o adolescentes que están en cualquier DIF no son delincuentes, sino personas que requieren diversas atenciones y quienes por su condición física, mental o social enfrentan una situación de vulnerabilidad y la finalidad es lograr la incorporación de estas personas a una vida plena y productiva”.

Acorde a la evidencia que existe sobre el incidente, la institución emitió un comunicado en el que negó que los jóvenes hayan sido sometidos con violencia, pese a que causaron daño en bienes materiales. Además, se dijo que en todo momento se respetó el interés superior de la niñez.

Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) atrajo el caso y solicitó a la Fiscalía estatal pronunciarse al respecto sobre estos hechos, sin embargo, la respuesta fue similar a las que habían declarado en días anteriores. Sin ahondar, sin informar y deslindándose de toda responsabilidad, además de que estas respuestas han sido vía telefónica y/o verbal, más no por escrito de forma institucional.

Sumado a lo anterior, la CDHM realizó una inspección visual en el CASA (DIF, Temixco) donde se pudo verificar que las fotografías difundidas en los medios de comunicación habían sido tomadas dentro de las instalaciones de dicha institución por lo que solicitó a las autoridades poder identificar a las personas que han sido víctimas de posibles actos de tortura, sin embargo, la respuesta que se ofreció fue en sentido negativo.

De acuerdo a la Ley de Asistencia Social en su artículo 4 tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a) Desnutrición;

b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas;

c) Maltrato o abuso;

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos;

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;

f) Vivir en la calle;

g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual;

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;

i) Infractores y víctimas del delito;

j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza;

k) Ser migrantes y repatriados;

l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, y

m) Ser huérfanos.

En concordancia con lo anterior el sitio web del Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) de Morelos (https://dif.morelos.gob.mx/albergues/centro-de-asistencia-social-para- los-adolescentes-casa) dice que es un albergue que salvaguarda a menores de 14 a 17 años 11 meses relacionados en una carpeta investigación por ser víctimas de maltrato o algún delito cometido en su contra , en este sitio se les da alojamiento, atención psicológica, educación por medio de la escuela Nueva Visión, además de vestimenta y alimentación, creando un ambiente familiar para que el menor pueda desarrollarse armónicamente revalorando su autoestima.

Servicio que brinda:

Albergue temporal para menores de 14 a 17 años 11 meses, con atención alimentaria, médica, psicológica, pedagógica, jurídica, de trabajo social, actividades deportivas, culturales y recreativas.

Es inaceptable que en un espacio que fue diseñado para brindar albergue y protección a los adolescentes, se presenten hechos de violencia, la CDHM ha dado puntual seguimiento a este caso y ha detectado diversas irregularidades, la autoridad del CASA les ha negado de manera verbal y por escrito el acceso para entrevistarse con las y los menores, manteniéndolos en un estado de incomunicación, así como negando la aplicación de los protocolos y periciales solicitadas.

La Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, que es la autoridad competente para vigilar que este tipo de situaciones de violencia no ocurran al interior de los albergues y pese a la evidencia fotográfica publicada en medios informativos nacionales, señaló que derivado de los hechos suscitados el 1 de septiembre de 2020, se realizó acta circunstanciada número 007/2020 en la cual no se advirtió la existencia de vulneración a los derechos humanos de los adolescentes.

Por lo anterior consideramos que el propio Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Local de Protección del Estado de Morelos como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en el marco del artículo 125 de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que establece las atribuciones de dicho sistema para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes debe tomar las medidas necesarias para vigilar que se investigue, sancione y realice la restitución integral de los derechos restringidos o vulnerados de las personas menores de edad involucradas.

Sobre estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició la investigación de oficio CNDH/DEMPT/0974/2020 y el 14 de enero de 2021 le solicitó a la CDHM vía oficio de la directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Vilma Ramírez Santiago, datos de identificación del expediente iniciado por esta CDHM, señalando que tiene conocimiento del caso y que dará puntual seguimiento al desarrollo de esta investigación.

Acorde a un análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República señala que en el periodo 2000-2018, la CNDH registró un total de 130 mil 318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos y emitió mil 285 instrumentos recomendatorios a distintas autoridades. Asimismo, asegura que estas violaciones son una práctica recurrente, sistemática y generalizada, en la que participan servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

El 14 de enero de 2021 la CDHM solicitó la intervención del señor Nils Melzer, relator especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU para que, en el ejercicio de sus facultades, investigara los posibles actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en perjuicio de los niños y jóvenes que viven en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes.

La CDHM ha realizado las labores que le competen, no obstante, el caso sigue sin ser investigado los adolescentes involucrados siguen incomunicados, ante este panorama de falta de respuesta y omisión, es indispensable que la Fiscalía General de la República tome conocimiento del caso e intervenga en el incidente toda vez que refleja una situación de violación grave a los derechos humanos y un uso de la fuerza policial desmedida que solo vulnera y debilita a las instituciones del Estado.

El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece que

...

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos tendrá a su cargo las Fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas Fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Aunado a lo anterior el artículo 7 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial.

La misma ley en su artículo 22 señala que la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley estará a cargo de las autoridades federales, cuando:

IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.

Dada la relevancia de estos hechos consideramos que se actualiza la fracción IV. Del artículo 22 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Fiscalía General del Estado de Morelos1 ha realizado todas las diligencias necesarias para avanzar en la investigación del caso pero se ha topado con obstáculos de la autoridad del CASA lo que ha entorpecido las investigaciones; incluso es preciso mencionar que la Comisión Estatal de Seguridad Pública ha puesto denuncia ante la Fiscalía del Estado porque en el supuesto motín los niños fueron quienes agredieron al personal de dicha Comisión. Sin duda, es necesario que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, pues no existe certeza en que las autoridades de Morelos faciliten la investigación.

Es inadmisible que en México niñas, niños y adolescentes sigan siendo víctimas de violencia en centros de asistencia social, es urgente que se castigue a los responsables y que las autoridades dejen de ser cómplices de estas situaciones que sólo evidencian impunidad.

Es muy preocupante la situación de riesgo en la que viven las y los adolescentes adscritos al Centro de Asistencia Social para Adolescentes, debido a que las autoridades de dicha institución no permiten realizar la investigación de los hechos. Las y los adolescentes se encuentran expuestos a violaciones flagrantes a sus derechos, y lo más grave es que continúan bajo la custodia del perpetrador y supeditados a vivir bajo las reglas que sus victimarios dispongan.

Es necesario fortalecer nuestro estado de derecho y garantizar los mismos derechos a todas las personas en aras de reducir la desigualdad y optimizar el acceso a una justicia pronta y expedita.

Este tipo de situaciones no pueden seguir sucediendo en nuestro país y es necesario que la Junta de Gobierno del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se pronuncie al respecto y tome las medidas necesarias para que estos hechos se investiguen y sancionen.

Por lo anteriormente expuesto se someten a consideración los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un serio extrañamiento al Ejecutivo del estado de Morelos por la falta de respuesta ante los hechos sucedidos el pasado 1 de septiembre en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA), dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Estatal Morelos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, para que en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tome las medidas necesarias para atender e investigar los hechos sucedidos el pasado 1 de septiembre en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA), dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Estatal Morelos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al o la titular del Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y al o la titular Sistema Local de Protección del Estado de Morelos para que en el marco de sus facultades y atribuciones tomen las medidas necesarias a efecto investigar, sancionar y realizar la restitución integral de los derechos restringidos o vulnerados de las personas menores de edad involucradas en los hechos sucedidos el pasado 1 de septiembre en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA), dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Estatal Morelos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de República y a los órganos de procuración de justicia del estado de Morelos a investigar y sancionar a quienes resulten responsables de los posibles actos de violencia, tortura, trato denigrante y abusos hacia personas menores de edad albergadas en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA), dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Estatal Morelos.

Nota

1 Con fecha de 21 de enero de 2021, la CDHM solicitó a la Fiscalía General del Estado de Morelos, copias certificadas de todas las actuaciones que obran en la Carpeta de Investigación SC01/9662/2020, se requirió: I. Entrevista con los adolescentes para poder identificar a las personas menores de edad que fueron sometidos el día de los hechos y que se pueden apreciar en las fotografías de la nota periodística ya citada, así como de las vistas dadas a esa autoridad.

II. Se aplique el Protocolo de Estambul a los adolescentes involucrados, para tal efecto este Organismo estaría solicitando el apoyo de instancias federales para su aplicación.

Cabe precisar que la Comisión Estatal de Seguridad Pública también presentó denuncia por las agresiones de que fue objeto su personal en la actuación para controlar el supuesto motín del 1 de septiembre, no obstante, las autoridades del CASA se han negado a permitir el acceso para poder entrevistar a quienes vivenciaron la situación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputadas: Martha Tagle Martínez (rúbrica), Verónica Juárez Piña, Lorena Villavicencio Ayala, Laura Rojas Hernández, Verónica Sobrado Rodríguez, Nayeli Fernández Cruz, Pilar Ortega Martínez.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener, la CRE y la Profeco a tomar las medidas pertinentes para regular el costo del gas LP doméstico, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada de la LXIV Legislatura por el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gas licuado de petróleo, también conocido como gas LP, ha existido desde los inicios del siglo XX, fue descubierto como un subproducto del petróleo a principios de siglo y comenzó a ser utilizado como sustituto de leña para calefacción y cocción. Sin embargo, fue hasta la década de los 40 cuando comenzó a tener más uso, principalmente en el continente europeo.

Su desarrollo se vio frenado durante la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente y con el posicionamiento del petróleo como combustible dominante sobre el carbón, se empezó a desarrollar el uso de cilindros de gas para uso doméstico.1 El uso de motores a base de gas comenzó a desarrollarse a finales del siglo antepasado. Primeramente, fue utilizado en las industrias, pero luego, se empezó a implementar también en vehículos. La utilización generalizada en equipos de transporte fue consecuencia de la mayor disponibilidad de este combustible en los años 50.

En nuestro país, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), alrededor del 80 por ciento de los hogares lo usan como principal combustible para la cocción de alimentos, situación que lo hace un producto básico en el día a día de las y los mexicanos.

Como parte de la reforma energética, a partir del primero de enero de 2016, se permitió la importación de gas LP a cualquier agente económico. Situación que ha provocado un aumento significativo de las mismas, así como una participación más relevante de los particulares frente al ex monopolio estatal.

Posteriormente, en enero de 2017 se liberalizaron los precios de venta al público de gas LP, cambiando por completo su forma de venta, pues durante 11 años los precios estuvieron determinados por una segmentación geográfica del país en 145 regiones de precios máximos. En estos años, los precios estuvieron regulados, y el precio de venta al público se determinaba mediante decreto del presidente, y desde su liberación a la fecha, esto se hace bajo el nuevo esquema, donde los precios de venta final se fijan por los permisionarios de las actividades de comercialización, distribución, y expendio al público de acuerdo con las condiciones de mercado, permitiendo que estas empresas puedan competir en precios, calidad y otros factores que les permitan ganar consumidores.2

Con esta liberación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha asegurado que se tiene una estabilidad en los precios del gas LP y que se está cuidando con mucho detenimiento su variación, sobre todo en el norte del país, donde con la entrada de frentes fríos algunos proveedores tienden a subir el precio con el aumento de la demanda.

Es importante mencionar que el precio del gas doméstico LP aumentó 6.91 por ciento en junio de 2020 respecto al mismo mes de 2019, muy por encima del 3.33 por ciento, promedio nacional. Con este resultado, el precio del gas doméstico LP interrumpió a la baja consecutiva de 12 meses y se perfiló una clara tendencia al alza.

Por otro lado, el precio del gas natural registró una disminución de 1.97 por ciento interanual, pero se perfila hacia la zona de aumento de precio, con un incremento de entre 50 y 60 pesos en el inicio de este 2021 en comparación con los precios registrados en el mes de diciembre pasado, situación que representa el primer golpe a la economía familiar.

Por dar algunos ejemplos, el precio por kilo anunciado en el portal de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la región de Tulancingo es de 20.93 hasta 21.43 pesos, en cuanto a la venta por litro se refiere el costo puede variar desde los 9.50 y hasta los 13.60 pesos, esto dependiendo de la planta distribuidora. Para muestra, basta un botón, pues el incremento del gas LP era esperado como cada inicio de año, pero tomó por sorpresa a muchas familias, y más aún con la crisis económica derivada de la pandemia causada por el SARS-CoV2, que ha afectado de manera importante el bolsillo de las familias de México.

Vale la pena resaltar que, el precio registrado en diciembre para un cilindro de 20 kilogramos fue de 368 pesos en promedio y para este inicio de año el costo de un tanque de la misma capacidad oscila entre los 418 y 428 pesos. Razón por la cual, la mayoría de los habitantes han preferido realizar la recarga del contenedor de manera directa en las plantas distribuidoras ya que de esta forma solo pagan la cantidad con la que cuentan para gastar. Es decir, que, un tanque de 30 kilos puede llegar a costar entre los 625 y 642 pesos mientras que hace un par de semanas aún estaba en 560 pesos en promedio.

Por otra parte, la gasera Satélite Gas, en la alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, ofrece el precio más alto del gas LP estacionario, al alcanzar los 12.79 pesos por litro con un margen de 5.48 pesos, de acuerdo con la Profeco. Y el precio más bajo fue de 8.67 pesos por litro y un margen de 1.95, en Gas Modelo de Jilotepec, en Coroneo, Guanajuato.

A su vez, también según los datos que nos ofrece la Profeco, el precio más alto de gas LP en cilindro fue de 23.27 pesos por kilo y un margen de 9.18, por parte de la empresa Servigas del Valle, en Cuajimalpa, Ciudad de México, y el más bajo lo tuvo Gas del Valle Tollocan, de Ultra Gas, en Acapulco, Guerrero, con 17.50 pesos por kilo y margen de 3.40.

En ese sentido, y en aras de cuidar la economía de las familias de nuestro país, resultaría necesario que las autoridades competentes consideren vigilar el precio de la venta del gas LP, a fin de que este se venda a precios accesibles de acuerdo al costo de la canasta básica.

Es inadmisible que tan solo en un año, el precio al público del gas licuado de petróleo (LP), el combustible de mayor utilización en los hogares registré un incremento de 9.5 por ciento, de acuerdo con estadísticas preliminares de Petróleos Mexicanos (Pemex), más aún en un momento de crisis como el que estamos sufriendo en México y en el mundo, por la pandemia de Covid-19.

Podemos ahondar más en el tema del aumento de precios y mencionar que, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, las cifras oficiales más recientes, nos muestran que el gas LP subió de 18.26 pesos por litro a 20.01 pesos, en promedio. Y, en lo que va de 2021 los precios del gas LP, utilizado por 80 por ciento de los hogares en México, se ha mantenido estable con ligeras fluctuaciones dependiendo de la región y compañía distribuidora.

Según datos de la propia Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) precisan que en semanas pasadas el precio más alto se registró, fue en la alcaldía de Azcapotzalco, por la empresa CG Gas, la cuál ofrecía un precio de 24.72 pesos, en contraste con la empresa Servigas del Valle, en la misma demarcación, la cual ofreció el energético a un precio de 13.54 pesos por litro. Finalmente, en Calera, Zacatecas, se observó un precio al público a 18 pesos con 46 centavos por kilo.

En lo que va de 2021, el precio del gas LP al mayoreo y en su medición por kilo, que es como Petróleos Mexicanos (Pemex) vende a los distribuidores, se cotiza dependiendo la zona. Entre el primero y el 21 de enero de 2021, en el caso de la refinería de Tula su precio pasó de 9.63 pesos por kilogramo a 12.35 pesos, cifra que representa un aumento del 28 por ciento. Mientras que, en Cadereyta bajó de 12.76 a 10.89 pesos, y, en Topolobampo el aumento fue de 12.4 por ciento, al pasar de 16.11 pesos a principios de año a 18.12 pesos por kilo.

Según cifras de la Comisión Reguladora de Energía, hasta el 15 de diciembre, el kilo de gas tenía un costo promedio de $21.84 en la CDMX, el costo mínimo era de $19 por kilo y el máximo $23.55. Es decir que, si consideramos el precio promedio, un tanque de gas de 20 kilogramos tenía un costo de $436.80 aproximadamente. En caso de tomar el precio máximo, entonces el costo era de $471.

La Profeco detalló que en la semana del 28 de diciembre al 3 de enero el precio más alto de gas LP lo tenía la empresa Flama Gas, en Azcapotzalco. Donde el kilo tenía un costo de $24.17, mientras que para la semana del 11 al 17 de enero el costo máximo registrado fue de $25.10. Tomando en cuenta ese último costo, un tanque de 20 kilos actualmente tiene un costo aproximado de $502.

Una gráfica presentada por Profeco, en diciembre de 2020, mostraba que el kilo de gas costaba $19.71 en promedio a nivel nacional. Mientras que para el 1 de enero de 2021 el costo promedio ya era de $20.43; mientras que el 20 de enero el precio a nivel nacional era de $22.13 por kilo en promedio.

Cabe señalar, que debido a su considerable poder calorífico (2.5 veces mayor que el gas natural), alta portabilidad y relativa eficiencia ambiental (emisiones bajas comparadas con otros combustibles fósiles), muchos países del mundo, en especial las economías en desarrollo como México, la ciudadanía ha optado por el uso masivo de gas LP en lugar de otros combustibles.

En este sentido, y por la importancia del uso de este combustible en nuestro país, la Secretaría de Economía (SE) emitió un acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se detalla que el precio más alto del energético en el país será de 16.56 pesos por kilogramo en las zonas 9 y 145, que prevé incluye algunos municipios de Baja California Sur y Quintana Roo, respectivamente, en tanto, el menor costo del gas, de 14.34 pesos, se ubica en la región 44, que incluye algunas localidades de Tamaulipas.

La Secretaria de Energía (Sener), a fin para satisfacer una necesidad colectiva, tiene la facultad de moderar el efecto de la volatilidad del precio del referido producto en la economía de las familias mexicanas, razón por la cual, su intervención y vigilancia en el alza de los precios de este combustible, resulta fundamental para evitar abusos a la población que lo consume. Pues hoy en día el costo del gas se está viendo reflejado en la economía de los mexicanos y más con la contingencia del Covid-19, en donde hubo despidos, recorte de personal y la economía del país sufrió un quebranto financiero. Por ello, sería conveniente establecer precios máximos de venta del gas Licuado de Petróleo que resulten en un precio promedio simple nacional al público.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a que, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía, y dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, considere revisar los precios y tarifas que ofrecen las gaseras de gas LP, a fin de que estas no sigan incrementando el costo en perjuicio de las y los consumidores.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el ámbito de sus atribuciones, considere revisar los precios de venta de las gaseras de gas LP doméstico, a fin de evitar costos excesivos que vayan en contra de los derechos de los consumidores.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94616/gasLP.pdf

2 https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/06/Libro-GasLP_web.pdf

Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2021.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a implantar un protocolo de tratamiento para pacientes con Covid-19 en el territorio nacional, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Juan Martínez Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al secretario de Salud a implantar un protocolo de tratamiento para los pacientes con cuadro infeccioso de Covid-19 en el territorio nacional, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 31 de diciembre de 2019 se reportaron en Wuhan, China los primeros casos de neumonía de origen desconocido, más tarde identificado como nuevo coronavirus. La pandemia de Covid-19 se suscitó a fines de febrero de 2020 en el país. A partir de entonces, el Gobierno de México y en coordinación con la Secretaria de Salud, ha implementado una serie de medidas entre las cuales se incluyen la no asistencia a los planteles escolares, la Jornada Nacional de Sana Distancia y el Plan DN-III-E, cuyos objetivos son prevenir y controlar los contagios.

Con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, como una emergencia de salud pública de importancia internacional la aparición y propagación del SARS-Cov2 (Covid-19), ya considerado pandemia, por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus.

El efecto económico a escala mundial de este nuevo virus es enorme, y el país no queda exento; se han interrumpido las cadenas de producción, caídas en los mercados accionarios y del precio del petróleo, replanteamiento de la reasignación del gasto público y en el peor de los escenarios, el cierre de muchas empresas y la perdida de millones de empleos.

Consideraciones

Mantener la sana distancia de 1.5 metros, lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos, utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento varias veces al día y usar cubrebocas, son las principales recomendaciones para prevenir contagios de Covid-19 ante el retorno a las actividades.

Como es del conocimiento, hoy en día, la infección que causa el COVID-19 no tiene tratamiento específico, pero existe un protocolo que se realiza de manera adicional a los cuidados que se brindan en las áreas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos en las unidades médicas a nivel mundial, que consiste en utilizar el plasma de que una persona ya recuperada de Covid-19.

El plasma convaleciente es aquel que se obtiene de personas que tuvieron la enfermedad y que ya sanaron. En términos sencillos, es la parte líquida de la sangre que se recolecta de los pacientes que se han recuperado. Estas personas que tuvieron Covid-19 desarrollan en la sangre anticuerpos que combaten el virus. Los anticuerpos son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección; la cual es una alternativa de tratamiento para infectados de Covid-19 que están en condiciones graves y que buscan disminuir sus complicaciones o la mortalidad de éstos.

Por desgracia, esta práctica es poco realizada en los hospitales ya sean públicos o privados y aun cuando por el momento se considera imposible detener la propagación de este virus pandémico, es necesario minimizar las consecuencias; es primordial que las autoridades sanitarias lleven a cabo acciones permanentes que contribuyan a limitar los daños a la salud de la población y evitar que se supere la capacidad de respuesta.

Con el surgimiento de la pandemia por Covid-19 se han registrado propuestas farmacológicas que han generado evidencia sobre su uso, dentro de las que se encuentran corticoesteroides, antivirales y antirreumáticos; de igual manera el personal que labora en las unidades de cuidados intensivos de México debe estar familiarizado con los puntos clave del manejo médico, ventilatorio y farmacológico, tomando como base los lineamientos internacionales con suficiente evidencia para reproducirlo en la práctica diaria y tener impacto en la supervivencia de este tipo de pacientes.

Por otro lado, en muchos casos se están llevando procedimientos o tratamientos clínicamente no comprobados, tales como vacunas contra la neumonía, soluciones salinas para enjuague nasal, aplicación de antibióticos, el uso de la plata coloidal y el dióxido de cloro, entre otros “medicamentos” para combatir dicho virus.

Ante estas prácticas, la misma Organización Mundial de la Salud ha desmentido la utilidad de estos procedimientos.

A principios de febrero de 2021 y según los datos oficiales, nuestro país ha rebasado las 165 mil defunciones y casi 2 millones de casos confirmados y con un estimado de 20 mil camas ocupadas en promedio por día; es decir 20 mil pacientes que están siendo tratados bajo diferentes criterios, de ahí la importancia de homologar los tratamientos a través de protocolos emitidos por la Secretaria de Salud que permitan disminuir la cifra en los decesos y una mejor recuperación de la población hospitalizada.

Por lo descrito pongo a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud a implantar un protocolo de tratamiento para los pacientes con cuadro infeccioso de Covid-19 en el territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputado Juan Martínez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a presentar un paquete de beneficios y apoyos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como condonar servicios y apoyos económicos a las familias mexicanas durante 2021, a cargo de la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, Janet Melanie Murillo Chávez, diputada federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El golpe fuerte que México ha recibido como consecuencia de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 ha sido terrible para todas y todos los mexicanos no solo en la materia de salud sino también en la económica.

Durante el 2020 desaparecieron 646,890 empleos formales, además, de acuerdo con una encuesta realizada por el Financiero, el 38% de las personas reportaron una pérdida de empleo o, de su fuente de ingresos directamente o entre alguien familiar.

De la cifra antes mencionada, el 25% reportó la pérdida de empleo de algún familiar.1

Por su parte, la organización Internacional del Trabajo realizo fuertes estimaciones donde analizo que para el cierre del 2020 la tasa de desempleo podría llegar a ser del 11,7% de la población económicamente activa, además, de visualizar que en solo cinco meses se destruyeron más empleos formales que los que fueron creados en todo el 2019.

Tristemente, se visualizo que el impacto de desempleo fue desproporcionado afectando más a mujeres que a hombres, representando casi dos de cada tres empleos perdidos en el país.2

De acuerdo con el estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había en el 2019, sobrevivieron 3.85 millones, es decir, un millón 10 mil 857 establecimientos o 20.81 por ciento cerraron definitivamente, agravando la crisis económica que estamos enfrentando.3

Esta situación, además, trae consigo tristes consecuencias como fueron los suicidios reportados por la depresión que causo el desempleo.4

Todo este contexto está afectando severamente a las familias mexicanas e indudablemente necesitan del Estado protector para impulsar su economía y bienestar.

Millones de mexicanas y mexicanos necesitan de apoyos urgentes, si bien la vacuna es indudablemente una gran esperanza para todos de retomar una vida normal esta no ayudara en la recuperación de empleos y actividad económica por lo que resulta necesario actuar de manera inmediata ante las necesidades de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a generar un paquete de beneficios y apoyos fiscales a micro, pequeñas y medianas empresas.

Segundo . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a condonar el pago de agua, luz y gas a las familias mexicanas durante tres meses.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a otorgar un apoyo económico mensual a las familias mexicanas, con especial atención a las madres trabajadoras desempleadas.

Notas:

1 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/
4-de-cada-10-mexicanos-y-mexicanas-reportan-una-perdida-de-empleo-personal-o-en-su-familia

2 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/las-mujeres-en-mexico-son-las- mas-afectadas-por-desempleo-ante-pandemia-de-covid-19

3 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mas-de-un-millon-de-pymes-baja ron-las-cortinas-de-manera-definitiva-por-el-covid-inegi

4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-suicidan-16-personas-en-fin -de-ano-y-1-de-enero-reporta-fiscalia-capitalina

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de febrero del 2021.

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la Ssa a garantizar el abasto de medicamentos, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Ivonne Liliana Álvarez García , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En México, el derecho a la protección de la salud tiene rango constitucional desde 1983. En los debates para reconocerlo se mencionaron temas que siguen siendo de relevancia actual, como la responsabilidad del Estado en el tema de la salud, la prestación a través de servicios y atención igualitaria y la urgente necesidad de proporcionar a la población otro tipo de servicios relativos a los determinantes básicos de la salud o determinantes sociales.1

El artículo 4o. constitucional delimita el derecho a la protección de la salud como la obligación que contrae el Estado mexicano frente a la población, “la salud es responsabilidad del Estado” y los servicios a proporcionar en materia de salud deberán ser homogéneos e igualitarios.2

Este derecho es ejercido de manera individual cuando se trata de la atención, información y recepción de medicamentos; como garantía de igualdad de acuerdo al artículo 1o. constitucional al corresponder a toda persona gozar del mismo, y como derecho social dirigido a la colectividad en razón de las políticas de salud, asistencia social, e infraestructura, entre otros servicios que se desprenden de la Ley General de Salud.3

A pesar de que la salud es un derecho constitucional, en México el gasto en público en salud es de alrededor de 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), muy por debajo de las recomendaciones internacionales y de las estimaciones con bases epidemiológicas y demográficas.4

México es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con mayor “gasto de bolsillo”, es decir, los recursos que tiene que aportar el paciente para tratar su propia enfermedad.

Además, dicha organización señala que “los pagos directos excesivos restringen el acceso de las personas a los servicios y pueden generar dificultades financieras. El 5,5 por ciento de los hogares en México experimenta un gasto catastrófico en salud, y los hogares pobres se ven afectados de manera desproporcionada”.

Asimismo, una gran parte de la población no cuenta con la protección de la salud, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, actualmente hay casi 92.6 millones de afiliados y afiliadas a alguna institución de salud, de éstas, 51.0 por ciento están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 35.5 por ciento al Instituto de Salud para el Bienestar, 7.7 por ciento al Issste y el resto al Issste estatal, Pemex, Defensa o Marina, IMSS Bienestar, Instituciones privadas y otras instituciones;5 lo anterior significa que 32 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud.

A pesar de la situación que guarda el sector salud por la pandemia de Covd-19, se hicieron recortes presupuestales en 2020.6 Por ejemplo, el Programa de Vigilancia Epidemiológica tenía programado recibir 249.4 millones, pero se pagaron sólo 152.5 millones. Es decir, el recorte para el programa fue de 96.9 millones de pesos. La subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades también tuvo un recorte de 47 millones de pesos.7

Sin embargo, no solo el gasto ha sido insuficiente, sino que se gasta menos de lo que le aprueba la Cámara de Diputados. Tan solo en 2019 no se gastaron poco más de 16 mil millones de pesos, que equivalen al 3 por ciento del presupuesto total asignado a la función Salud para ese año.8

Hoy, ante la mayor crisis sanitaria del país, la capacidad de nuestro sistema de salud se encuentra saturado. En el reporte denominado “Mapeando el desabasto en México”, se observa que el número de reportes de no surtimiento de medicamentos se mantuvo al alza en el 2020, aun cuando las atenciones de salud para pacientes no Covid disminuyó de manera considerable.9

Es alarmante la tendencia al alza de los reportes de desabasto. La organización civil Cero de Desabasto informa que en los primeros ocho meses del 2020 hubo un incremento sostenido en el número de reportes emitidos por la falta de surtimiento de algún medicamento. Esto concuerda con los meses más álgidos de la pandemia y la restructura administrativa en los procesos de compra consolidada de medicamentos.

En el primer cuatrimestre de 2020 se observó un aumento notable en el número de reportes registrados en el IMSS, mientras que en el segundo cuatrimestre el aumento fue más marcado en el Issste e Insabi.10 las instituciones estatales de salud, los hospitales regionales de alta especialidad, los institutos nacionales de salud, entre otros servicios del Estado, reportan desabasto, resaltando los casos referentes a enfermedades oncológicas.

En las últimas semanas, se han denunciado a través de redes sociales la escasez de diversos medicamentos en las clínicas y hospitales del sector salud. Las enfermedades más afectadas a causa del desabasto de medicamentos son: cáncer, diabetes, hipertensión, VIH, epilepsia, insuficiencia renal, artritis reumatoide, Parkinson, lupus eritematoso sistémico, y esclerosis múltiple.11

La Organización Mundial de la Salud considera que el acceso equitativo a medicamentos seguros y asequibles es de gran trascendencia para alcanzar el goce del máximo grado de salud. En este contexto, nos preocupa la serie de manifestaciones encabezadas por padres de hijos con enfermedades terminales señalando la falta de medicamentos. No se puede vulnerar el principio constitucional del interés superior de niñas, niños y adolescentes, mucho menos el derecho constitucional de acceso a la salud.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar el abasto de medicamentos de calidad y suficientes en todas las en todas las clínicas y hospitales a cargo del gobierno federal de la red del Sistema Nacional de Salud.

Notas

1 [1]María Elena Lugo Garfias El derecho a la salud en México Problemas de su fundamentación.

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.p df

3 Ibidem

4 https://ciep.mx/la-contraccion-del-gasto-per-capita-en-salud-2010-2020/

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSoci odemo/ResultCenso2020_Nal.pdf

6 https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/temas-de-primera-plana-2207 20/

7 Ibidem

8 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/exposicion/E M_Documento_Completo.pdf

9 https://nosotrxs.org/wp-content/uploads/Informe-%E2%80%9CMapeando-el-de sabasto-en-Me%CC%81xico.-Reporte-de-la-plataforma-Cero-Desabasto-baja.p df

10 Ibidem

11 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero del 2021.

Diputada Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar y la SHCP a analizar la viabilidad de eliminar los criterios de elegibilidad como beneficiario del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente relativos a la edad, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones analicen la viabilidad de eliminar de los criterios de la elegibilidad para ser beneficiario del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente las restricciones correspondientes a la edad, bajo las siguientes:

Consideraciones

Desde el inicio de la actual administración, ha quedado de manifiesto que el sello distintivo de la Cuarta Transformación es el sentido social y el humanismo. Primero los pobres es el principio fundamental en el que se sustenta la política social de nuestro presidente y de la Coalición Juntos Haremos Historia.

Con las reformas publicadas el 8 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el acceso a una pensión universal, a los servicios de salud para todos, apoyos económicos para personas con discapacidad y las becas para estudiantes ya son derechos constitucionales.

Saldando una deuda histórica con los grupos vulnerables que durante décadas fueron abandonados y excluidos por los gobiernos neoliberales, actualmente se dan oportunidades a aquellos jóvenes que de manera discriminatoria se les denominaba ninis; se creó un ambicioso programa de becas para que los estudiantes terminen sus estudios y no sean reclutados por el crimen organizado; y se otorgan apoyos para adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad e indígenas.

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020, señalan que, en nuestro país, casi 5% de nuestra población presenta algún tipo de discapacidad, el 11.1% de la población tiene alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana, y el 1.3% tiene algún problema o condición mental. Asimismo, es importante resaltar que el 20.4% porcentaje de población con algún tipo de discapacidad tiene 60 años y más, siendo este el grupo con mayor porcentaje dentro de los distintos rangos de edad.

Lamentable, las personas con discapacidad se enfrentan diariamente a diversos estigmas que consideran que por su condición no pueden integrarse plenamente a la sociedad. En este sentido, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad busca fomentar “...la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad permanente. ”

El programa en comento otorga un apoyo de 2 mil 550 pesos a:

• Todas las personas con discapacidad que pertenezcan a grupos indígenas del país de 0 a 64 años de edad .

• Niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de 0 a 29 años que vivan en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación.

El apoyo es entregado de forma bimestral y de manera directa, sin intermediarios y mediante el uso de una tarjeta bancaria.

La importancia del presente Punto de Acuerdo radica en que tiene como objetivo que en el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se eliminen las restricciones correspondientes a la edad y de esta manera se pueda dar mayor cobertura a este sector de la población.

En primer lugar, porque como el propio nombre del programa lo indica este apoyo es para personas con una discapacidad permanente , por lo que poner una restricción con respecto a la edad resulta un despropósito; en segundo lugar, porque como lo señalan los datos más recientes del INEGI, el mayor porcentaje de la población con alguna discapacidad es mayor de 29 años y con las restricciones de la edad quedan fuera de este beneficio que les permite ejercer plenamente sus derechos.

Como lo señala el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2021: “... las dependencias son responsables de emitir las Reglas de Operación de los Programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.”

Los legisladores del Partido del Trabajo, reafirmamos nuestro compromiso con las personas con discapacidad para eliminar las barreras que obstruyan su pleno desarrollo personal y profesional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones analicen la viabilidad de eliminar de los criterios de la elegibilidad para ser beneficiario del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente las restricciones correspondientes a la edad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNH y Pemex a garantizar los derechos humanos al ambiente sano y al agua en la exploración y extracción de hidrocarburos y considerar no asignar proyectos para la extracción de hidrocarburos por fracking con base en el principio precautorio, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Ricardo de la Peña Marshall, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los hidrocarburos de lutitas o shale son petróleo y gas natural que se encuentran atrapados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas bituminosas situadas en el subsuelo. Suelen encontrase a profundidades de entre mil y cinco mil metros.1

Debido a la baja permeabilidad de las lutitas, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio.2

En países como Francia, Alemania, Bulgaria e Irlanda se ha prohibido esta técnica para extraer gas shale por sus implicaciones en la formación de sismos, la detección de cancerígenos en la mezcla que se aplica para quebrar las capas del suelo, y la contaminación del agua circundante.3

Entre los impactos ambientales de la fractura hidráulica se encuentran los siguientes:4

• Contaminación de agua: al fracturar el subsuelo, existe la posibilidad de que una de las fracturas inducidas alcance un acuífero, contaminando el agua con los fluidos de fracturación y con el propio gas de la formación.

• Riesgo químico de los aditivos: en cada perforación es necesario emplear unas 400 toneladas de productos químico, en la vida útil del pozo, la mayoría de ellos altamente contaminantes.

• Contaminación del aire: se utiliza una gran cantidad de aditivos, muchos de los cuales son volátiles y contaminan la atmósfera.

• Efecto invernadero: el gas no convencional, por las condiciones en las que se encuentra, suele estar formado casi en su totalidad por metano. Este es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el propio dióxido de carbono, en concreto, 23 veces más potente.

Es innegable que el proceso de fractura hidráulica genera empleos, gas natural, petróleo y ganancias, por lo cual es defendido por las empresas y apoyado por algunos gobiernos, pero los peligros ambientales, de salud y de seguridad están presentes.

Según información disponible a agosto de 2019, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) informó que de los 19 mil 563 pozos perforados en nuestro país con los que se cuenta información histórica, en 8 mil 457 se ha utilizado la técnica de fracturación hidráulica, lo que representa 43 por ciento del total de pozos terrestres. Sólo 27 de estos pozos han sido perforados con objetivos no convencionales. El 80 por ciento de los pozos perforados con esta técnica se concentran en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, siendo el primero el de mayor numero con 2 mil 734.5

En diciembre de 2020, la CNH aprobó de forma unánime cambios al plan de Pemex Exploración y Producción (PEP) para la asignación Tampico-Misantla, que considera que en caso de que se modifique la política energética actual se pueda utilizar la técnica de fracking.6

El gasto implementado por Petróleos Mexicanos (Pemex) para esta actividad se disparó 115 por ciento, durante los primeros dos años de su administración.

Según datos de la empresa, en 2019 y 2020, Pemex asignó 17 mil 400 millones de pesos a los dos proyectos más importantes que utilizan la técnica de fracking: Aceite Terciario del Golfo, y Aceite y Gas en Lutitas.

Los recursos son 115 por ciento superiores al gasto de 8 mil 100 millones de pesos que destinó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en sus dos últimos años de gestión, de acuerdo con datos de los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2017 y 2018.7

Es imprescindible que en el proceso de exploración y extracción de hidrocarburos el Estado garantice los derechos humanos al medio ambiente sano y al agua, tal como lo consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., párrafos quinto y sexto que disponen:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

En consecuencia, por los daños ambientales que produce se debe eliminar en el país, la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica con base en el principio precautorio, el cual hace referencia “al conjunto de medidas de protección que se adoptan ante una situación en la que existe un riesgo, científicamente posible pero incierto, de infligir un daño a la salud pública o al medio ambiente”.8

En la implementación de la política energética, el gobierno debe asegurar el respeto de los derechos humanos, por ello, el 1 de diciembre de 2018, durante su toma de protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “no se permitirá el fracking” y lo reiteró al publicar sus 100 compromisos, en el número 75 se estableció: “No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”.

Siendo congruentes con la protección del medio ambiente y el derecho humano al agua, es necesario que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Pemex consideren la importancia de no utilizar la técnica de la fractura hidráulica o fracking en el país.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos para que en el proceso de exploración y extracción de hidrocarburos se garanticen los derechos humanos al medio ambiente sano y al agua y consideren no asignar proyectos para la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica o “fracking” con base en el principio precautorio.

Notas

1 [En línea], disponible en página web: https://www.nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/

2 [En línea], disponible en página web: https://www.nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/

3 [En línea], disponible en página web:

https://ecoosfera.com/2015/06/cuantos-pozos-de-fracking- hay-en-mexico-y-en-donde-estan/

4 [En línea] disponible en página web: http://www.mdzol.com/nota/476216-que-es-el-fracking-y-cuales-son-los-im pactos-ambientales/

5 [En línea], disponible en página web:

https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/EN-MEXICO-SE-HAN-PERF ORADO-MAS-DE-8-MIL-POZOS-CON-/

6 https://www.animalpolitico.com/2020/12/pemex-fracking-exploracion-cambi os-cnh/

7 https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/28/gastan-115-mas-en-fr acking-219477.html

8 [En línea], disponible en página web:

https://www.lifeder.com/principio-precautorio/

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 16 de febrero de 2021.

Diputado Ricardo de la Peña Marshall (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y el Sipinna a implantar políticas públicas y reforzar las existentes destinadas a prevenir y sancionar el maltrato infantil, especialmente en el contexto de emergencia sanitaria, cuando se ha incrementado, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a implantar políticas públicas, y reforzar las existentes, que tengan como objetivo prevenir y sancionar el maltrato infantil, especialmente en este contexto de emergencia sanitaria en el que se ha incrementado su comisión.

Consideraciones

Desde hace ya casi un año en nuestro país se han tenido que implementar una serie de medidas para afrontar la pandemia por Covid-19, lo que ha cambiado la dinámica de vida de toda la sociedad. Esto ha tenido como resultado la solución, en cierto grado, de algunos problemas que nos aquejaban como comunidad, pero también ha agudizado otros. Lamentablemente, durante este periodo de confinamiento, uno de los grandes problemas que se han intensificado es el abuso infantil.

Mucho se ha hablado sobre las afectaciones que la pandemia ha provocado en la población económicamente activa, en los adultos mayores y en ciertos sectores de la sociedad, pero, casi nadie habla sobre los efectos que ha traído para nuestros niños, niñas y adolescentes. Las cifras señalan que existe un alarmante incremento en los casos de maltrato infantil desde que comenzó el confinamiento, expertos señalan que esto tiene relación con el hecho de que ahora las familias pasan más tiempo en sus hogares.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se refiere a “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.1

Lamentablemente, en el país contamos con un grave problema al respecto, ya que desde antes de la emergencia sanitaria por Covid-19, México ocupaba el primer lugar en abuso sexual infantil dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con la terrible cifra de 5.4 millones de casos cada año.2 A esta alarmante situación hay que añadirle que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que la violencia contra los infantes, las nuevas formas de explotación y el abuso sexual están aumentando durante el confinamiento.

Especialistas señalan el hecho de que las personas permanezcan más tiempo en sus casas ha incrementado las ya preocupantes cifras de maltrato infantil, esto debido a que la mayoría de casos son cometidos dentro del hogar y los victimarios son familiares cercanos. Aseguran: “Las posibilidades de ser maltratados, acosados y abusados también aumentan a medida que los padres y los cuidadores experimentan un mayor estrés económico y emocional por la pérdida de ingresos o trabajo, y muchos lo descargan con los niños”.3

Janet Cupidon Quallo, especialista en protección infantil de UNICEF Jamaica, coincide que en este contexto de pandemia los niños y niñas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, debido a que quienes sufren algún tipo de abuso, no pueden acceder tan fácilmente a solicitar la ayuda que, en circunstancias normales, los pudiera mantener a salvo. Diana Thorburn, directora de investigación del Instituto Caribeño de Investigación Política, asegura que pasar más tiempo en casa pone a los niños en mayor riesgo de ser abusados, y resalta que las escuelas son un espacio seguro para los niños vulnerables, además de que suelen ser estas instituciones una fuente de información sobre el cuidado personal.4

La directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud, Mary Lou Valdez, señaló que la situación que se vive derivada de la pandemia, intensifica el problema de abuso infantil debido a que aumenta los factores desencadenantes de la violencia doméstica. Además, advirtió que la violencia contra niños y niñas tiene consecuencias devastadoras y de por vida para ellos, por lo que es necesario que los países atiendan este grave problema que aqueja a los infantes, sobre todo en estos momentos de mayor tensión, por lo que resulta urgente implementar las estrategias pertinentes.5

El incremento de la violencia en los hogares mexicanos durante este periodo de confinamiento es muy preocupante, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, las llamadas a estos centros reportando violencia han registrado un incremento de 60 a 80 por ciento, y las solicitudes de asilo en ellos han incrementado en 30 por ciento.6

Christian Skoog, representante de UNICEF en nuestro país, afirma que “Las consecuencias del Covid-19 en la infancia y adolescencia en México no serán causadas mayormente por la enfermedad en sí; serán más bien secuelas de las medidas necesarias para prevenir el contagio, como la restricción de movimiento, el estrés, la situación económica de las familias, factores que amenazan la protección ante la violencia y el abuso contra la niñez y adolescencia”.7

Este lamentable fenómeno no es exclusivo de nuestro país y la ONU ya se ha pronunciado al respecto y ha propuesto medidas muy puntuales para frenar esta situación, entre ellas, destacan; garantizar el acceso a los servicios de atención y apoyo para la infancia y adolescencia afectada por la violencia, mediante el fortalecimiento de las capacidades de las y los operadores de las líneas de emergencia y ayuda, y; asegurar el funcionamiento de las Procuradurías de Protección de la Niñez para la salvaguarda inmediata de niñas, niños y adolescentes, incluyendo intervenciones remotas.8

Ante esta falta de servicios y recursos a los que los infantes puedan acceder en caso de ser víctimas de abuso, se han visto obligados a soportar el maltrato que se ejerce en su contra y se mantienen en un estado de indefensión. Por ello nos corresponde actuar con urgencia para frenar esta terrible situación que aqueja a los niños.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a implementar políticas públicas, y a reforzar las ya existentes, que tengan como objetivo prevenir y sancionar el abuso infantil, especialmente en este contexto de emergencia sanitaria en el que se ha incrementado su comisión.

Notas

1 OMS, Maltrato de menores, consultado el 20 de enero de 2021, disponible en https://www.who.int/topics/child_abuse/es/

2 Senado de la República, México, primer lugar en abuso sexual infantil, 24 de agosto de 2019, recuperado el 20 de enero de 2021, disponible en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/45796 -mexico-primer-lugar-en-abuso-sexual-infantil.html

3 IPS, Pandemia incrementa los riesgos de abusos para los niños de Jamaica, 18 de diciembre 2020, consultada el 20 de enero de 2021, disponible en http://www.ipsnoticias.net/2020/12/pandemia-incrementa-los-riesgos-abus os-los-ninos-jamaica/

4 IPS, Pandemia incrementa los riesgos de abusos para los niños de Jamaica, 18 de diciembre 2020, consultada el 20 de enero de 2021, disponible en http://www.ipsnoticias.net/2020/12/pandemia-incrementa-los-riesgos-abus os-los-ninos-jamaica/

5 ONU, Durante la pandemia aumenta violencia contra niña y niños, es urgente implementar más medidas para prevenirla y atenderla: OPS, 24 de noviembre de 2020, consultada el 20 de enero de 2021, disponible en https://coronavirus.onu.org.mx/durante-la-pandemia-aumenta-violencia-co ntra-nina-y-ninos-es-urgente-implementar-mas-medidas-para-prevenirla-y- atenderla-ops

6 UNICEF, UNICEF: Urge reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en México ante el incremento de la violencia contra la infancia, 18 de mayo de 2020, recuperado el 20 de enero de 2020, disponible en https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/unicef-urge-reforzar-l a-protecci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-en-m%C3%A9xic o-ante

7 ONU México, UNICEF urge reforzar la protección infantil en México ante el incremento de la violencia contra la infancia, 18 de mayo de 2020, recuperado el 20 de enero de 2021, disponible en https://www.onu.org.mx/unicef-urge-reforzar-la-proteccion-infantil-en-m exico-ante-el-incremento-de-la-violencia-contra-la-infancia/#:~:text=%E 2%80%9CLas%20consecuencias%20del%20COVID%2D19,familias%2C%20factores%20 que%20amenazan%20la

8 ONU, UNICEF urge reforzar la protección infantil en México ante el incremento de la violencia contra la infancia, 18 de mayo de 2020, recuperado el 20 de enero de 2021, disponible en https://www.onu.org.mx/unicef-urge-reforzar-la-proteccion-infantil-en-m exico-ante-el-incremento-de-la-violencia-contra-la-infancia/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir las obligaciones emanadas de la Convención de los Derechos de la Niñez, mantener respeto al Sipinna y garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia, a cargo de la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Janet Melanie Murillo Chávez, diputada federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes,

Consideraciones

Con la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) se formalizo por primera vez una articulación de las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes como garantes de derechos respondiendo, además, a compromisos internacionales que tiene el estado mexicano.

Las niñas, niños y adolescentes son un tercio de la población en México, por lo cual, el Sipinna ha logrado generar un gran e importante espacio de análisis, diálogo y generación de soluciones y coordinación para su protección y garantía de derechos.

Desafortunadamente y a pesar de los grandes avances y esfuerzos, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, a anunciado su dolosa intención de atentar contra este sistema suponiendo que sus funciones son semejantes al Desarrollo Integral de las Familias (DIF).

Al respecto, es importante resaltar que, si bien el DIF como el Sipinna buscan centrar esfuerzos en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, tanto el objetivo como sus atribuciones no son las mismas.

En virtud de lo anterior debe entenderse que el Sipinna responde a una obligación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes distribuyendo obligaciones en los tres órdenes de gobierno a través de generación de políticas públicas que soluciones los conflictos y vulneración a derechos de niños y jóvenes.

Por otra parte, el DIF es considerado dentro del grupo de asistencia social operativo para otorgar servicios y apoyos que si bien busca la garantía de sus derechos no contempla asuntos de vital importancia como lo es el abuso sexual infantil, trabajo infantil, acciones de primera infancia, justicia penal adolescente, entre otros.

Pretender eliminar este sistema nacional es ir en contra de nuestro mandato constitucional consideración que el artículo cuarto establece claramente la obligación del estado de tomar decisiones priorizando el interés superior de la niñez y de esta forma se esta buscando invisibilizar a la niñez y adolescencia en México.

La creación del Sipinna responde también a las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño en el cual, México forma parte y tan solo pretender eliminarlo resulta un terrible atentado contra el cumplimiento que debemos considerar como estado parte.

Por último, no existe un argumento claro para su eliminación ya que la misma Secretaría de Gobernación ha destacado en múltiples discursos que la deuda con más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes es histórica, por lo que resultan necesarias las acciones que realiza el Sipinna.

Es importante que como autoridades mantengamos el respeto a nuestras Instituciones y, sobre todo, de los mexicanos, priorizando en todo momento el bienestar de las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a cumplir con las obligaciones emanadas de la Convención de los Derechos de la Niñez, así como, mantener respeto al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de febrero del 2020.

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar y la SE a ejecutar un programa especial con estímulos económicos y de innovación para impulsar la reactivación de la industria del calzado, a efecto de lograr el bienestar de quienes dependen de esta actividad económica en San Mateo Atenco, México, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Economía, para que se puedan llevar a cabo la ejecución de un programa especial, que contemple estímulos económicos y de innovación, que busquen impulsar la reactivación de la industria del calzado, con la finalidad de lograr el bienestar de las personas y familias dependen de esta actividad económica en el municipio de San Mateo Atenco , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El municipio de San Mateo Atenco, conocido popularmente como La tierra del calzado, es considerado como uno de los principales lugares con mayor producción de calzado a nivel nacional esto debido a la transformación y evolución de su principal actividad económica en los últimos años.

A través del tiempo, se le ha atribuido al municipio la fama de un pueblo zapatero, su tradición data del año 1900 a partir de instrumentos hechos por las y los trabajadores para la elaboración del calzado.1 En 1913 se registraría la utilización de diversas herramientas para la elaboración del calzado, tal como la máquina de coser corte y la máquina de coser suela y en 19152 se consideraba la existencia de talleres manufactureros formales, los más grandes contaban con hasta 10 trabajadores y casi todos se integraban principalmente por familiares de la zona.

Fue hasta 1932 que se registró una mayor utilización de maquinaria que permitió la elaboración del calzado a mayor escala y en un menor tiempo, con este efecto los talleres del municipio lograron convertirse en fábricas de zapatos y los empleados manufactureros, en obreros calificados especialistas en la elaboración del calzado.3

La principal razón por la que el municipio de San Mateo Atenco se le conoce como La Tierra del Calzado es porque el 80 por ciento de su población se dedica a la fabricación y comercialización del calzado,4 siendo este el motor principal de la economía en el municipio y la fuente más importante de trabajo, que ha logrado generar cerca de 15 mil empleos directos y 10 mil empleos indirectos. 5

El trabajo de los artesanos que se funda en la familia, quienes han logrado evolucionar manteniendo la tradición generacional sin sacrificar la innovación del producto, utilizando materiales naturales, pieles y suelas de cuero, entre otros,6 diversificando su producto enfocándolo en diversos usos como el calzado tipo escolar, enfermería, industrial y ortopédico.7

En cuanto a la fabricación de calzado a nivel nacional, el Estado de México ocupa el sexto lugar8 y el municipio de San Mateo Atenco se encuentra como el segundo municipio con mayor producción de calzado, solo por debajo de Toluca, por lo cual a nivel nacional es considerado el octavo municipio con mayor producción de calzado.9

Como en muchos sectores y en todas las familias mexicanas la presente crisis sanitaria derivada del virus Covid-19 acrecentó y evidenció las carencias actuales en materia de salud, seguridad y economía, tal fue el caso de la producción de calzado, su venta y distribución. Tan solo el junio de 2020 se reportaba que la industria estimaba una caída del 87 por ciento a nivel nacional, con una pérdida de 12 mil empleos formales, en ese mes al menos 25 empresas anunciaron su cierre definitivo.

De acuerdo con datos de Prospecta Centro de Innovación y Competitividad de León, Guanajuato, se identificaron como los principales factores que son perjudiciales para el sector los siguientes:10

a. Falta de pedidos

b. Falta de liquidez

c. Incremento en los precios de los insumos y servicios

d. Falta de apoyos federales, estatales y municipales

e. Escasez de insumos

Estos factores han permeado en la industria pero también en las familias que viven de ella, mexicanas y mexicanos de trabajo que cada día enfrentan grandes retos para continuar con su labor, intentando sostener a sus familias y sostener su actividad económica.

En el mismo sentido, en el mes de junio del 2020 el presidente de los Productores de Calzado de San Mateo Atenco, AC (Procasma) estimaba que el 40 por ciento de los productores de calzado de la localidad dejarían esta industria por la falta de liquidez y su obligación en el pago recurre de servicios que estos deben absorber, cantidad que ascendía a $120 mil pesos mensuales tanto en la “Plaza Azul”, como en la “Plaza Naranja”, mismas que son reconocidas como las plazas más importantes para la actividad del calzado en el municipio.11

El 20 de julio de 2020 (a cuatro meses del primer cierre de actividades), el municipio de San Mateo Atenco, con un semáforo epidemiológico que lo permitía, autorizó la reapertura de los negocios de calzado, sin embargo a pesar de esto, en el mes de octubre de 2020 se registró que el 30 por ciento de los productores y distribuidores de calzado del municipio no continuaron con la apertura de sus negocios, debido a las pérdidas económicas que enfrentaron en la primera mitad del 2020.12

En este sentido, el presidente municipal de San Mateo Atenco, con intenciones de establecer una reactivación económica, informó que otorgará un apoyo económico de 1 millón 600 mil pesos a los distintos productores de zapato, ubicados en Plaza Azul, en la cual se fabrican 4 mil 500 pares de zapatos, y otro apoyo económico por la misma cantidad a los productores de calzado ubicados en Plaza Naranja, para la elaboración de 4 mil 500 zapatos destinados a jóvenes estudiantes de nivel secundaria.

Asimismo, se anunció la donación de zapatos a los distintos alumnos de los niveles preescolar y primaria, con la finalidad de generar un apoyo a la economía familiar de los habitantes de la localidad,13 Si bien estas acciones que se realizan desde las entidades federativas y de sus municipios benefician a las y los ciudadanos, se necesita con urgencia el impulso de un poder federal que debe reconocer que la actividad económica viene desde el municipio y es necesario fortalecerlo.

En esta LXIV Legislatura tenemos la oportunidad, una vez más de reivindicar las acciones a favor del pacto federal y de la economía de las y los mexicanos, no solo mediante becas o apoyos únicos, sino a través de opciones y apoyo que permitan reactivar a corto y largo plazo la economía a través de su trabajo y proyecto de vida.

En materia de atribuciones y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tanto a la Secretaría de Bienestar como a la Secretaría de Economía les corresponden los siguientes asuntos:

Secretaría de Bienestar

“Artículo 32. A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;”

Secretaría de Economía

“Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y la microindustria y actividad artesanal, así como regular la organización de productores industriales;”

Frente a este fundamento legal y en aras de complementar el trabajo realizado por el gobierno municipal de San Mateo Atenco, se exhorta a la Secretaría de Bienestar como la Secretaría de Economía a implementar estímulos y la ejecución de un programa especial que permitan el rescate y la reactivación de la industria del calzado ubicada en el municipio de San Mateo Atenco, la cual aporta la mayor cantidad de empleos y es la principal actividad económica de la localidad.

Los artesanos y productores de calzado del municipio de San Mateo Atenco son un orgullo para el estado de México y para todos los mexicanos; quienes a pesar de las diversas dificultades que se han hecho evidentes ante la presente crisis sanitaria aunado a las que ya enfrentaban las familias del municipio, han continuado con la lucha para seguir desarrollando su principal actividad económica sin rendirse, demostrando el verdadero significado de superación, coraje, valentía, honestidad, perseverancia y amor que caracteriza a cada uno de las y los productores de la industria que realizan esta importante labor, logrando con el paso de los años, diversificar un mercado del cual son expertos y alcanzando grandes logros como lo es la exportación al resto de las entidades en la república y al extranjero.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar para que, de conformidad con lo establecido por el artículo 32, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pueda llevar a cabo la ejecución de un programa especial, que busque impulsar la reactivación de la industria del calzado, con la finalidad de lograr el bienestar de las personas y familias dependen de esta actividad económica en el municipio de San Mateo Atenco.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que, de conformidad con lo establecido por el artículo 34, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pueda estimular la industria del calzado en el municipio de San Mateo Atenco, a través de un programa que logre establecer incentivos económicos y de innovación, para las y los productores, así como un programa que permita la reactivación de la industria y otorgue mecanismos de desarrollo para la venta a través de plataformas digitales así como su importación y exportación.

Notas

1 [1] Historia de San Mateo Atenco y su calzado, Disponible en: http://sanmateoatencoysucalzado.blogspot.com/

2 Idem

3 Idem

4 El Gráfico. Competencia pega a zapateros en San Mateo Atenco, Disponible en: https://www.elgrafico.mx/al-dia/27-12-2016/competencia-pega-zapateros-d e-san-mateo-atenco

5 El Pulso del Estado de México. Industria del calzado, motor de la economía de San Mateo Atenco: Julio César Serrano, Disponible en: https://elpulsoedomex.com.mx/industria-del-calzado-motor-de-la-economia -de-san-mateo-atenco-julio-cesar-serrano/

6 Idem

7 Alvarado, Rafael, Megalópolis Se reinventa la producción de calzado en San Mateo Atenco. Disponible en: https://megalopolismx.com/noticia/355/se-reinventa-la-produccion-de—cal zado-en-san-mateo-atenco

8 [1] Agencia Quadratín, Inauguran Feria del Calzado en San Mateo Atenco. Disponible en: https://edomex.quadratin.com.mx/inauguran-feria-del-calzado-en-san-mate o-atenco/

9 Alvarado, Rafael, Megalópolis. Se reinventa la producción de calzado en San Mateo Atenco. Disponible en: https://megalopolismx.com/noticia/355/se-reinventa-la-produccion-de—cal zado-en-san-mateo-atenco

10 “Caída del 87% en la producción de calzado en Guanajuato, México”. Disponible en: https://serma.net/noticias/informes/mexico/caida-del-87-en-la-produccio n-de-calzado-en-guanajuato-mexico , página consultada el 9 de febrero de 2021.

11 El sol de Toluca. Zapateros en crisis tras cierre de negocios por Covid-19, Disponible en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/zapateros-en-crisis-tras-cierre- de-negocios-por-covid-19-5375515.html

12 El sol de Toluca. Continúan sin abrir el 100% de los negocios zapateros de San Mateo Atenco, Disponible en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/continuan-sin-abrir-el-100-de-lo s-negocios-zapateros-de-san-mateo-atenco-5865351.html

13 [1] ContraRéplica. Fabricantes de zapatos escolares en San Mateo Atenco reinician labores, Disponible en: https://www.contrareplica.mx/nota-Fabricantes-de-zapatos-escolares-en-S an-Mateo-Atenco-reinician-labores202115118

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y locales a implantar apoyos y mecanismos para que las mujeres vulnerables encuentren opciones distintas del trabajo sexual ante la crisis generada por la pandemia de SARS-Cov2, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Cultura del Distrito Federal del 2004 que posteriormente se reformó por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 29 de diciembre de 2017 establecía en su artículo 24 fracción VII lo siguiente:

“Artículo 24. Son infracciones contra la tranquilidad de las personas:

I. a VI. (...)

VII. Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso solo procederá la presentación probable infractor cuando exista queja vecinal

(...)”1

Esta antigua disposición que actualmente se encuentra derogada por que se abrogó la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de 2017 por la actual Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México que entró en vigor el 07 de junio de 2019; fue motivo de controversia principalmente por las trabajadoras sexuales, ya que enfatizaron que atentaba contra sus derechos humanos.

Las trabajadoras sexuales pertenecientes a diversas organizaciones promovieron un Juicio de Amparo con número 112/2013 contra el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal y al Subdirector de Trabajo no asalariado de la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo. Principalmente por declarar inconstitucional la disposición referida con anterioridad, ya que consideraban que se les privaba el derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomoda, esto es, a ser trabajadoras sexuales; y además de que se les negó la emisión de la credencial como trabajadoras no asalariadas.2

El Juicio de Amparo promovido por las trabajadoras sexuales salió a su favor declarando inconstitucional el artículo 24 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y a su vez se les otorgó el reconocimiento como trabajadoras no asalariadas.3

Las trabajadoras sexuales o sexoservidoras se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad ya que cuando ingresaron a este oficio lo hicieron siendo menores de edad, con engaños, tráfico de personas, falta de oportunidades por un fracaso por parte del Estado al otorgar una educación de calidad entre otros.

Si bien las mujeres son consideradas un grupo vulnerable, al convertirse en trabajadoras sexuales se encuentran en una situación mucho más vulnerable al no recibir o reconocer plenamente sus derechos humanos, especialmente los de la salud sexual y reproductiva por el tipo de actividad que realizan.

La falta de conocimiento sobre sus derechos, de oportunidades y de otras alternativas para lograr mantenerse a sí mismas y a sus familias, hace que no puedan salir de esta actividad que incluso puede ser en contra de su voluntad.

La pandemia por Sars-Cov-2 trajo consigo la afectación en diversos sectores de la población como el económico, laboral, turístico, salud, entre otros; pero se ha olvidado de que existen otros más que deben ser atendidos como este trabajo reconocido como no asalariado.

Según la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” se duplicó durante la pandemia el número de trabajadoras sexuales, con anterioridad a la pandemia se tenía un registro de al menos unas 7,700 sexoservidoras y que aumentó a 15,200 aproximadamente. Debido a la crisis que está provocando la pandemia por el virus del Covid-19. Se enfatizó que el 40% de mujeres habían dejado este oficio pero que estuvieron en la necesidad de volver a laborar, el otro 40% son mujeres que iniciaron a raíz de la crisis; y el otro 20% busca clientes en cualquier vía pública.4

La Secretaría de Economía y la Secretaría del Bienestar han otorgado préstamos para solventar a las personas que perdieron sus trabajos y puedan emprender un negocio propio para solventar los gastos de ellos y sus familias. Pero estos préstamos son limitados por lo que se debe de apoyar a los grupos más vulnerables como a las mujeres evitando lo más posible a que se dediquen a este oficio, buscar alternativas para que puedan sostenerse y las personas que dependan de ellas económicamente.

A su vez las trabajadoras sexuales que ya se dedicaban a este oficio de igual manera ofrecerles un apoyo que además de ser monetario, que este dirigido principalmente a su salud sexual y reproductiva, ya que se ha demostrado que este virus se puede transmitir también por contacto sexual.

Es responsabilidad del Estado garantizar los derechos humanos de toda la población y más cuando se trate de grupos vulnerables que vean imposibilitados en ejercer plenamente sus propios derechos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos locales, a implementar apoyos y mecanismos para que las mujeres en estado de vulnerabilidad encuentren alternativas al oficio de trabajo sexual por la crisis generada por la pandemia del virus SARS-COV-2.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos locales, a incluirlas en la entrega de los programas sociales otorgándoles apoyos económicos y en especie, además de brindar alojamientos temporales para trabajadoras sexuales por la crisis generada por la pandemia del virus SARS-COV-2.

Notas

1 Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 2017.
http://aldf.gob.mx/archivo-134ac5313546f58401435e1870d7ada7.pdf

2 Sentencia Juicio de Amparo número 112/2013, Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

https://www.amij.org.mx/micrositios/reconocimientos2014/ sentencias/eg/Folio_6/112-2013.pdf

3 Ibídem.

4 Forbes México. Número de trabajadoras sexuales en CDMX se duplica por pandemia. 10/febrero/2021.

https://www.forbes.com.mx/noticias-numero-trabajadoras-s exuales-cdmx-se-duplica-tras-estragos-pandemia/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de Febrero de 2021.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP, la SSP y sus 32 homólogas locales a implantar un programa de vigilancia en las escuelas públicas para salvaguardar instalaciones, material y mobiliario, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.- La situación sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, que detonó en los primeros días de marzo de 2020, llevó a las autoridades mexicanas educativas, en una primera etapa, a suspender las clases a fin de proteger la salud de las y los estudiantes.

En México existen más de 220 mil escuelas de educación básica,1 mismas que al día de hoy se encuentran prácticamente en desuso. La Secretaría de Educación Pública en el uso de sus atribuciones constitucionales determinó la suspensión de las clases para 33 millones de estudiantes, decisión que al día de hoy se encuentra vigente.

Segunda.- Además de seguir todas las medidas de salud ante el incremento de casos producto de las reuniones de diciembre, la pandemia también ha traído diversas problemáticas en el ámbito de seguridad pública. Lo anterior, en razón de que grupos ajenos a los intereses educativos han aprovechado la ausencia de las y los alumnos en los planteles educativos para ingresar y robar el mobiliario y material escolar.

Tercera.- Durante la pandemia, los planteles educativos han sido blanco reiterado de los delincuentes, tan solo de marzo a septiembre de 2020, 24 estados de la república sumaban un total de dos mil 338 reportes de robo, cifra que con el paso del tiempo y debido a que el regreso a clases se ha pospuesto. Cifra que se puede quedar corta en razón de los casos que no han sido denunciados.2

Para ejemplo referimos algunos casos; en Ciudad de México robaron en 61 planteles educativos, en el periodo del 3 de abril al 31 de julio3 estos delitos se conocieron a través de la aplicación móvil Mi Policía en mi Escuela. En San Juan del Río,4 donde han robado tuberías, llaves de lavabo, cables y otros bienes de la escuela. En Quintana Roo ocurrieron 83 robos o vandalizaciones en las escuelas.5 Tamaulipas y Tampico no están exentos, en el municipio del sur de la entidad se han registrado cinco robos a escuelas6 ocasionando un daño al patrimonio de las niñas, niños y adolescentes de educación básica.

Esta circunstancia se ha generado debido que en la mayoría de los planteles directivos y docentes no han acudido a sus planteles.

Aunado a lo anterior, el vandalismo a las instalaciones también ha sido una circunstancia recurrente, y en estos casos no se presentan denuncias, los daños aún no están cuantificados pero representa una situación adversa con la cual debe lidiar la Secretaría de Educación Pública.

Cuarta.- La entidad con más robos en instalaciones escolares ha sido Jalisco, con 465 casos, seguido de Sonora con 446, Coahuila con 350, Chihuahua con 254 y Puebla con 112. En algunos casos un solo plantel ha sido robado en varias ocasiones, como en Gómez Palacio, Durango, donde la primaria Libertad Universal ha sido saqueada hasta en seis ocasiones, mientras que en un Jardín de Niños que lleva el nombre del estado, hasta la cisterna se llevaron.7

La problemática ha aumentado tanto que en algunas entidades como en Nayarit, se han organizado y los padres de familia aportan cierta cantidad para poder contratar vigilancia.

Quinta.- Otro ejemplo claro es el que sucede en Veracruz en donde se han dado más de 80 robos a escuelas en la capital.8

En Durango 50 escuelas han sido objeto de robo, y el promedio del daño es de entre 20 y 22 mil pesos por institución.

En Tlaxcala de marzo a octubre de 2020 sumaron 57 carpetas de investigación por robo a escuelas.

De igual manera durante la época de la pandemia diversos planteles educativos han sido vandalizados, tan solo en el estado de Querétaro se han registrado 39 reportes y denuncias por robo y vandalismo en instalaciones educativas.9

Otro ejemplo es el de Baja california, que debido a la pandemia y, a que las clases se realizan en la modalidad a distancia, cerca de 100 planteles educativos han sido vandalizados de distintas maneras, pintas entre otras conductas.

Sexta.- Entre lo robado se encuentra: material pedagógico, mobiliario escolar y de baño, archiveros, cableado y tubería de cobre, bocinas, proyectores, instrumentos musicales, cámaras fotográficas y de vigilancia, aires acondicionados, ventiladores, micrófonos, impresoras, televisiones y laptop, entre otros, en un caso hasta la cisterna se llevaron, entre otras cosas esenciales para el correcto funcionamiento de los planteles.

Séptima.- En ese contexto, resulta necesario que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con sus homólogas locales, y las autoridades de seguridad pública en las entidades federativas lleven a cabo e implementen un programa de vigilancia a fin de evitar que los planteles educativos sean robados y el mobiliario se vea afectado de manera considerable.

Por lo expuesto, quien suscribe somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a sus homólogas en los estados y a las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas para que en coordinación y en el ámbito de sus competencias implementen un programa de vigilancia en las escuelas públicas a fin de salvaguardar las instalaciones, material y mobiliario.

Notas

1 https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/P2M110.pdf

2 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/9/29/sufren-robo-338-escue las-en-el-pais-210360.html

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/aprovechan-covid-19-par a-robar-en-escuelas-5842991.html

4 https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/roban-escuelas-durante-la -pandemia-5620621.html

5 https://www.educacionfutura.org/que-sociedad-roba-a-sus-escuelas/

6 https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-robo-escuelas-van dalismo-aumento-pandemia

7 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/9/29/sufren-robo-338-escue las-en-el-pais-210360.html

8 https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/
no-paran-robos-a-escuelas-van-80-en-el-puerto-de-veracruz-inseguridad-escuelas-
delincuentes-secretaria-de-seguridad-publica-sev-6293769.html

9 https://www.codigoqro.mx/2020/12/01/contabilizan-39-denuncias-por-robo- y-vandalismo-en-escuelas-durante-pandemia/

Dado en el Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2021.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Consar y el IMSS a garantizar que las Afore faciliten la entrega a los trabajadores o beneficiarios de los recursos acumulados en la cuenta individual, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 65, numeral 4, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por los cuales la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y del Instituto Mexicano del Seguro Social a garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias que las administradoras de fondos para el retiro faciliten la entrega a los trabajadores o, en su caso, a los beneficiarios de los recursos acumulados en su cuenta individual de manera rápida y sencilla, con base en las siguientes

Consideraciones

El 1 de julio de 1997, México reformó profundamente su sistema público de pensiones, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, institución de seguridad social que contempla a los trabajadores que laboran formalmente del sector privado. Esa reforma abandonó el antiguo sistema de reparto, en el que las contribuciones de los asegurados activos financiaban el pago de los beneficios de los pensionados, sustituyéndolos por uno basado en cuentas individuales, las cuales están administrados por empresas privadas que se especializan en la gestión de fondos de retiro, mejor conocidas como “Afore”.

Por ello, al adoptar un nuevo modelo pensionario, se separó a los trabajadores en dos grandes grupos; los que se encontraban cotizando, que al final de su vida laboral podrían decidir si se pensionaban conforme a la ley derogada o la actual ley y los demás trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, los cuales entrarían en el nuevo esquema de las administradoras de fondo para el retiro.

Este nuevo modelo generó que los trabajadores obtuvieran una pensión con el dinero que tengan ahorrado en una cuenta individual a su nombre, gestionada por una administradora de fondos para el retiro. Esos recursos son obtenidos de las contribuciones tripartitas, el asegurado, el patrón y el Estado, como establece el artículo 159, fracción I, de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 (LSS de 97):

Artículo 159. Para efectos de esta Ley, se entenderá por

I. Cuenta individual, aquella que se abrirá para cada asegurado en las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrara? por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias.”1

Recursos que son propiedad del trabajador conforme a lo establecido en el artículo 169 de la Ley del Seguro Social:

Artículo 169. Los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste con las modalidades que se establecen en esta Ley y demás disposiciones aplicables.2

Lo anterior implica que los trabajadores pueden disponer de los montos acumulados en el caso de que cumplan los requisitos que señala el marco normativo.

En la actualidad, miles de mexicanos pasan por una situación complicada al intentar recuperar los recursos que han acumulado a lo largo de su vida laboral, al recibir evasivas, largas o la negativa por parte de las Administradoras de Fondos para el Retiro, y por consecuencia los beneficiarios que tienen el derecho a recibir los fondos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores que han fallecido, como establece el artículo 193 de la Ley del Seguro Social:

Artículo 193. Los beneficiarios del trabajador titular de una cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez serán los que establecen las fracciones III al IX del artículo 84, en relación con los artículos 129 al 137 de esta ley.

En caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, tendrán derecho a recibir los recursos de la cuenta individual que en términos de las disposiciones legales puedan entregarse en una sola exhibición por no tener otro fin específico, a los beneficiarios designados expresamente en los contratos de administración de fondos para el retiro que las administradoras de fondos para el retiro celebren con los trabajadores, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.3

Cuando la problemática anterior se suscita, los trabajadores o en su caso los beneficiarios tiene que realizar largos trámites administrativos ante la administradora de fondos para el retiro y el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder solicitar lo que por derecho les corresponde, incluso, en ocasiones, tienen que iniciar actos en contra de las administradoras, como la reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o iniciar con un procedimiento de demanda ante la autoridad judicial competente, implicándoles perdida de recursos y tiempo.

Por ello, con la presente proposición se pretende garantizar que los trabajadores y en su caso los beneficiarios puedan acceder de manera sencilla, sin largos trámites administrativos o sin que medie un juicio, a los recursos acumulados en su cuenta individual, los cuales han acumulado a lo largo de su vida laboral y que son propiedad de los trabajadores o de los beneficiarios.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con estricto respeto del principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para garanticen que las Administradoras de Fondos para el Retiro faciliten la entrega a los trabajadores o en su caso a los beneficiarios de los recursos acumulados en su cuenta individual, de manera rápida y sencilla.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que coadyuve en los trámites administrativos para la entrega de los recursos acumulados en la cuenta individual de los trabajadores o en su caso los beneficiarios que lo soliciten.

Notas

1 Recuperado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_161220.pd f Consultado el 10 de febrero de 2021.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a implantar programas de apoyo para titulación a egresados de escuelas públicas y privadas, a cargo de la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, Janet Melanie Murillo Chávez, diputada federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México hay 37.5 millones de jóvenes, 14 millones de jóvenes quienes con optimismo y energía buscan ser un motor para el desarrollo y bienestar en nuestro País.

Desafortunadamente las cifras se vuelven desalentadoras cuando hacemos referencia al ámbito profesional dado que, de cien, solo 21 jóvenes son los que logran concluir una carrera universitaria, agravando aún más la situación el hecho de que solo el 21% poseen un título universitario.1

Datos otorgados por la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior (ANUIES), destacó que durante el ciclo escolar 2017-2018 se registraron 40 mil 344 egresos de licenciatura, pero solo el 69% obtuvo su título.2

Esta problemática sin duda es necesaria que el estado mexicano voltee a mirarla ya que con este documento no solo podemos impulsar a los jóvenes a obtener mejores empleos, mejores ingresos o estatus profesional, sino que también, se contribuye a la mejoría de un nivel de desarrollo económico y cultural de nuestro país.

Aunque las cifras son alentadoras en cuanto al aumento de matricula universitaria de acuerdo con datos otorgados por la Secretaría de Educación Pública en el 2018, las cantidades de titulados, no lo es, reconociendo que los gastos de titulación son muy costosos, desde el cobro del pergamino hasta la cedula, aún más tratándose de universidades privadas.

“Relación egreso-titulación:

• 2013-2014: 631 mil egresados/ 457 mil titulados

• 2014-2015: 604 mil egresados/ 439 mil titulados

• 2015-2016: 570 mil egresados/ 413 mil titulados

• 2016-2017: 541 mil egresados/ 394 mil titulados”3

Es importante destacar que la gran mayoría de los jóvenes que han buscado concluir, con mucho esfuerzo, su licenciatura en alguna universidad privada, la han realizado con grandes sacrificios pues no por optar por esta opción quiere decir que el dinero les sea suficiente.

La gran ocupación escolar en las universidades país deja sin posibilidad a nuestros jóvenes, pero, a pesar del gran compromiso no les es suficiente para cubrir los altos costos que se originan para la obtención de su titulación y cedula profesional.

Sabemos que la actual administración ha reiterado en distintas ocasiones el compromiso con los jóvenes de nuestro país, por ello, es que ponemos a su consideración la creación de un programa de apoyo que no consta en otorgar apoyos económicos, sino, en generar un programa que permita otorgar las facilidades necesarias a aquellos jóvenes que concluyeron sus estudios satisfactoriamente, pero por cuestiones económicas no han podido acceder a su titulación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a generar un programa de apoyo de titulación para jóvenes egresados de universidades públicas y privadas, facilitando los costos para su obtención.

Notas:

1 https://www.publimetro.com.mx/mx/economia/2016/10/10/mexico-lugar-pobla cion-estudios-licenciatura.html

2 https://www.informador.mx/Sin-concluir-su-titulacion-tres-de-cada-10-eg resados-en-Jalisco-l201809180001.html

3 https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2019/08/19/matricula-universi taria-se-duplico-20-anos-se-titulan.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero del 2020.

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de la Ciudad de México a fiscalizar por la Auditoría Superior local los contratos signados en los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 sobre mantenimiento, modernización y ampliación de las líneas del Metro, ante lo suscitado en los últimos meses, que ha puesto en riesgo la seguridad de usuarios y trabajadores, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México presenta una de sus crisis más severas, producto de la falta de programas de mantenimiento en su infraestructura, particularmente rieles, trenes, estaciones y sistemas de comunicación. Dicha situación ha derivado en los últimos días, en el incremento de accidentes en los cuales, lamentablemente personas han perdido la vida.

Usuarios de la red del Metro han denunciado públicamente fallas estructurales en las líneas que ponen constantemente en riesgo su integridad y vida, así como falta de luminarias, pocas condiciones de higiene y escasos accesos para las personas con discapacidad que posicionan a las instalaciones como inseguras. Se lo atribuyen al poco interés de las autoridades por asegurar un servicio seguro y de calidad.

Para contar con un panorama general, basta señalar los accidentes que se han suscitado en lo que va del año, entre ellos se encuentran los siguientes:

1. El pasado 12 de enero se dio un conato de incendio en la Línea 7 con dirección a Barranca del Muerto. En particular en la estación Auditorio, elementos de la Policía Bancaria e Industrial identificaron llamas y humo en los últimos vagones del convoy, por lo que desalojaron a los usuarios y suspendieron el servicio.1

2. El mismo 12 de enero se descarriló un tren de la Línea A cuando realizaba maniobras en la estación La Paz, esto cuando trataba de estacionarse en el área de maniobras.2

Los sucesos son cada vez más seguidos, por el ello, el dirigente del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro ha informado a la titular de la Dirección General sobre la inestabilidad del suelo, la falta de mantenimiento a trenes y las malas condiciones en las vías, sin tener una respuesta satisfactoria.3

3. El 14 de enero, al menos tres vagones de la Línea 6 fueron objeto de grafitis. A decir de las propias autoridades, los acontecimientos se llevaron a cabo durante la madrugada cuando la unidad se encontraba detenida dentro de la estación Martín Carrera.

4. El 16 de enero se dio un cortocircuito dentro de la estación del Cerro de la Estrella correspondiente de la Línea 8 que recorre de Garibaldi a Constitución de 1917. Durante el incidente, los usuarios escucharon un estruendo, además de humo que se expandió por los demás vagones, causando pánico entre las personas que se encontraban dentro.4

5. El mismo 16 de enero, pero en la estación Tepalcates, policías y usuarios advirtieron humo debajo de uno de los trenes. En relación a los hechos las autoridades del Metro dieron a conocer de que se trató de una “zapata” que al quedarse pegada generó el fuego, sin embargo, para su valoración la unidad fue trasladada al área de talleres.

6. El 21 de enero, trabajadores del Metro dieron a conocer que la estación Balbuena de la Línea 1 se encontraba inundada, a pesar de que las autoridades conocían que a falta de energía eléctrica el sistema de cárcamos no funcionaría y, por lo tanto, no se enviarían las aguas negras al sistema de drenaje de la capital del país.5

7. El 2 de febrero, medios de comunicación informaron sobre la presencia de humo en uno de los trenes de la Línea 3, el incendio aconteció en la estación Miguel Ángel de Quevedo a causa de una “zapata” que se quedó pegada. El evento se dio solo un día después de que entrara nuevamente en funcionamiento tras el incendio del Puesto Central de Control el 9 de enero de 2021.

8. El 4 de febrero existieron fallas en diversos puntos de la Línea 1 y 3 por lo que fue necesario suspender el servicio, la avería más significativa se localizó en el trayecto de Pantitlán a Observatorio, situación que provocó conglomeraciones y retrasos en los trayectos.

9. El 10 de febrero, se produjo lo que denominan un arco eléctrico en la Línea 3, específicamente en la estación de Indios Verdes, afortunadamente, el fuego fue controlado por el personal de seguridad.

10. El mismo 10 de febrero hubo un corto circuito provocado por un objeto que fue lanzado a las vías en la intersección de las estaciones de Hidalgo y el metro Guerrero, en el incidente no se registraron lesionados, pero quedó clara la falta de actualización en los protocolos de actuación.

Ante este escenario poco alentador, es fundamental que a la brevedad se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad, integridad y la vida de millones de usuarios que todos los días hacen uso de este servicio, para ello se requiere partidas presupuestales específicas, transparencia en el uso de recursos públicos y la ejecución de planes de mantenimiento prácticamente a toda la infraestructura.

El Metro se encuentra en total abandono, como consecuencia de la falta de visión, experiencia y capacidad de las administraciones que han gobernado la capital del país, por si esto no fuera poco, por el incremento de accidentes y fallas se ha convertido en un foco de infección y contagio del virus SARS-CoV2, ya que son permanentes los retrasos y concentraciones masivas de individuos.

Reiteramos nuestra postura sobre la relevancia de que se emprenda un plan de inversión que tenga como objeto la dignificación del servicio y dotarlo de seguridad, por medio de diferentes acciones de mantenimiento, adquisición de trenes, sistemas de comunicación y ampliación de estaciones.

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro y de la Ciudad de México no pueden ser omisas ante el conjunto de denuncias públicas que manifiestan problemas en el Metro, su actuación debe darse en un marco de oportunidad, eficiencia y rapidez, para asegurar el servicio que merecemos, uno que se distinga por su seguridad y calidad.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos fundamental que se desarrolle una fiscalización integral, pronta y expedida con el objeto de conocer el monto total aprobado para acciones de mantenimiento, los contratos pactados, las empresas beneficiarias y los motivos por los cuales no se han llevado a cabo, asimismo, los servidores públicos sancionados por estas omisiones.

Debido a los diversos incidentes que se han presentado en lo que va del año, se hace ineludible actualizar los protocolos de actuación, hacer una revisión a las instalaciones y programas de seguridad en estaciones a efecto de salvaguardar a las personas.

La importancia de este punto de acuerdo radica en que con él se visibiliza la problemática del Metro y se impulsa su atención por las autoridades, por lo que se espera que en el corto tiempo se preste un servicio eficiente, seguro y accesible a la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Ciudad de México para que, a través de la Auditoría Superior de la entidad, fiscalice los contratos signados durante los ejercicios fiscales 2019-2020 relacionados con acciones de mantenimiento, modernización y ampliación de las líneas de servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro, esto ante los eventos suscitados en los últimos meses que han puesto en riesgo la seguridad de los usuarios y trabajadores.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo a reconducir la estrategia de manteamiento y modernización del Metro ante las diversas fallas que se han presentado en los últimos días y emprenda acciones urgentes para garantizar su calidad y seguridad en favor de los trabajadores y usuarios.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el gobierno de Ciudad de México, diseñen un plan de inversión con recursos suficientes para llevar a cabo un programa integral de mantenimiento y modernización.

Notas

1 [1]El Universal. (2021). Desalojan a usuarios por conato de incendio en tres de la Línea 7 del Metro. 15/02/2021. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-desalojan-usuarios-por-co nato-de-incendio-en-tren-de-la-linea-7-del-metro

2 Sistema de Transporte Colectivo Metro. (2021). Tarjeta Informativa: Incidente en vías de estación La Paz, Línea A. 14/02/2021, de Metro CDMX Sitio web: https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-inc idente-en-vias-de-estacion-la-paz-linea

3 Alejandro Cruz Flores. (2021). Descarrila convoy del Metro en la estación terminal La Paz. 15/02/2021, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/2021/01/13/capital/028n3cap

4 Sistema del Transporte Colectivo Metro. (2021). Tarjeta informativa Retiran objeto en vías de Línea 8. 15/02/2021, de Metro CDMX Sitio web: https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-ret iran-objeto-en-vias-de-linea-8

5 [1] Sistema del Transporte Colectivo Metro. (2021). Trabajadores del STC realizan labores de desazolve. 15/02/2021, de Metro CDMX Sitio web: https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/trabajadores-del-stc-re alizan-labores-de-desazolve

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero del 2021.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y la Ssa a aplicar la vacuna contra el virus SARS-Cov2 a los médicos que comprueben estar en activo en consultorios particulares, pues reciben de primera instancia a pacientes con posibles síntomas del virus, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la “Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México”, implementada por el gobierno federal se estableció una estrategia que abarca cinco etapas de vacunación para la población mexicana.

“Etapa 1: Personal de salud de primera línea de la Covid-19 (1.1 millones)

Etapa 2: Personal de salud restante y personas de 60 y más años (14.4 millones)

Etapa 3: Personas de 50 a 59 años (12.7 millones)

Etapa 4: Personas de 40 a 49 años (16.2 millones)

Etapa 5: Resto de población (49.2 millones)”.1

Como prioridad se vacunará a todo el personal médico que se encuentre combatiendo en primera línea de la Covid-19, es decir, todo el personal médico de las instituciones públicas.

La primera vacuna que se adquirió por parte de las negociaciones del gobierno federal con las farmacéuticas que alcanzaron a ser las primeras en promocionar una vacuna fue la de Pfizer-BioNTech, esta vacuna requiere de cuidados especiales, necesita de ultracongeladores a -70ºC, para ser descongelada antes de ser aplicada y que por sus condiciones debe aplicarse una segunda dosis en un periodo máximo de 27 días para elevar su eficacia contra el virus.2

Una segunda vacuna AstraZeneca que igual fue adquirida por nuestro país, esta basa en un vector viral no replicante que requiere condiciones de almacenamiento de entre 2ºC a 8ºC, facilitando su manejo y distribución.

Hasta la fecha solo se ha aplicado la vacuna Pfizer-BioNTech al personal médico del sector público y aunque esa estrategia excluyó en primera instancia al personal médico de hospitales privados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción que también se aplicara la vacuna a este sector.3

Si bien el gobierno federal a impulsado en todo momento la adquisición de vacunas que han sido aplicadas en varios países, la demanda sigue creciendo para que más países puedan adquirirla lo que provocó que los embarques ya acordados se atrasarían algunas semanas de lo previsto en la estrategia nacional de vacunación.

Existe una situación que es una realidad en todo el país es en cuanto a los consultorios médicos privados que no pertenecen a un hospital particular, sino simplemente cuentan con un consultorio para atender a gran parte de la población que no cuentan con un seguro médico. Se ha demostrado que los médicos que atienden estos consultorios son los que dan consulta de primera instancia a las personas que llegan con síntomas que se presumen son de Covid-19. Estos médicos que en promedio cobran una consulta alrededor de los $25 a $200 son también muy proclives a contagiarse ya que su labor es atender a cualquier persona que presente malestares de cualquier enfermedad.

Son los que diagnostican en primera instancia cuando un paciente no necesita de hospitalización o presente síntomas leves, lo que provoca que san sumamente proclives a contagiarse y transmitir esta enfermedad a otros pacientes que acudan por síntomas diversos al virus Sars-CoV-2.

Por lo que exhorto al gobierno federal y a la Secretaría de Salud a que considere vacunar también a este personal médico que también realizó el juramento hipocrático y cumple con su deber de proteger la vida y la salud de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita respetuosamente al gobierno federal y a la Secretaría de Salud, a aplicar la vacuna contra el virus del Sars-CoV-2 a las y los médicos que comprueben estar en activo en sus consultorios particulares, ya que reciben de primera instancia a pacientes con posibles síntomas del virus.

Notas

1 Gobierno Federal. Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, versión 4.0, 11/enero/2021.

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Po lVx_COVID_-11Ene2021.pdf

2 Cfr. Gobierno Federal. Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en

México, versión 4.0, 11/enero/2021, pp. 10-13.
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_11Ene2021.pdf 3 Ídem.

3 Animal Político. Censo de médicos particulares apenas terminó, empezarán a vacunarlos esta semana. 19/enero/2021. https://www.animalpolitico.com/2021/01/censo-medicos-particulares-inici ara-vacunacion-semana/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de Febrero de 2021.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a informar a la opinión pública sobre la presencia de nuevas variantes del SARS-Cov2 e implantar una estrategia urgente para detectar y contener la propagación, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A finales de año, cuando en el mundo se celebraba uno de los logros más grandes de la ciencia (la creación de una vacuna eficiente en tiempo récord), un golpe de realidad azotó a Reino Unido: una mutación del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad del Covid-19, obligó a los ingleses a recurrir a un nuevo confinamiento, aumentaron las hospitalizaciones, cambió la sintomatología, la gente se volvió a infectar y el grupo de edad infectado con gravedad, dejó de ser exclusivo para los adultos mayores.

Los virus en general son partículas infecciosas que pueden reproducirse “apoderándose” de las células huésped y utilizando sus mecanismos para producir más virus. Los virus se componen de genomas de ADN o ARN dentro de una capa de proteína llamada cápside; algunos virus tienen una envoltura exterior.1

En ese sentido, al cambiar una letra de su constitución, se considera que el virus ha mutado; sin embargo, cuando existen varias mutaciones que se acumulan dentro del virus, se afirma que existe una variante. A partir de esos cambios estructurales del virus, se inician a estudiar los comportamientos de los mismos, y de ser diferentes —reflejándose en la sintomatología de la enfermedad o niveles de contagio— se puede afirmar que existe una nueva cepa.2

Esto resulta preocupante, pues al haber vacunas desarrolladas, una nueva cepa puede significar un retroceso en el proceso de inmunización; y en caso de que una persona se haya recuperado de una enfermedad viral y pudiese haber desarrollado anticuerpos, con la nueva cepa se expone a volverse a contagiar con igual o mayor dificultad de recuperación.

La doctora Ana Paula Fernandes, investigadora del Centro de Tecnología en Vacunas y Diagnóstico de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), afirmó que el contagio masivo de esta enfermedad es un escenario propicio para que un virus mute de la manera como lo está haciendo en la actualidad.3 Al 11 de febrero de 2021, se conocen decenas de variantes en todo el mundo, dentro de las cuales destacan la británica, la sudafricana y la brasileña.

La primera mutación se descubrió el 14 de diciembre de 2020. Las autoridades británicas notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se había identificado una nueva cepa variante del SARS-CoV-2 mediante la secuenciación del genoma viral. Esta variable se denominó SARS-CoV-2 VUI 202012/01. El análisis preliminar muestra que esta variante se puede transmitir más fácilmente de persona a persona. Se están realizando investigaciones para determinar si esta variante está relacionada con la gravedad de los síntomas, la respuesta de anticuerpos o cualquier cambio en la eficacia de la vacuna.4

Esta variante se define por la presencia de un conjunto de 14 mutaciones que conducen a varios cambios de aminoácidos y tres supresiones. Algunas de estas mutaciones afectan la capacidad del virus para propagarse en humanos:5

• Una de las mutaciones identificadas (N501Y) está alterando un aminoácido en los seis residuos clave del dominio receptor-obligatorio (RBD). De acuerdo con la base de datos de la iniciativa mundial para intercambiar datos sobre la gripe aviar (GISAID), esa misma mutación del RBD (N501Y) se ha notificado de manera independiente en varios países, entre ellos Sudáfrica (n=45) y Australia (n=37). El análisis de las secuencias reveló que la mutación N501Y del virus notificada en el Reino Unido y la notificada en Sudáfrica se originaron por separado.

• Se ha encontrado otra mutación de importancia biológica en el RBD, la P681H.

• Por último, se ha descubierto que la supresión en la posición 69/70 afecta a la eficacia de algunas pruebas diagnósticas de PCR que utilizan un gen S como diana. La mayoría de las pruebas de PCR que se llevan a cabo en todo el mundo utilizan múltiples dianas y, por lo tanto, no se prevé que la variante tenga un gran impacto en el diagnóstico.6

Se calcula que esta nueva variante “crece entre un 50 y un 70 por ciento más rápido que las variantes principales anteriores”;7 así, la infección por semana aumentó en un 60%, en comparación con los momentos más álgidos de la primera ola de la pandemia. Lo anterior, provoca que el virus se haga más difícil de contener, haciendo que la inmunidad colectiva sea una meta cada vez más lejana.8

Tomas Pueyo, analista de Silicon Valley que sirve de referente en los pronósticos de la pandemia, afirma que esta cepa británica es más mortal que el virus original, debido a que:

Cuando un virus penetra mejor en las células (como esta variante), significa que probablemente infecta a muchas más células, se reproduce más rápido y se propaga por el cuerpo más rápido, lo que significa que es más difícil de detener, lo que significa que mata más. Entonces, las variantes más letales son las que ganan.9

Ante esta variante, el Reino Unido está llevando a cabo una investigación epidemiológica y virológica para evaluar más a fondo la transmisión, la gravedad de la infección, el riesgo de reinfección y los cambios en la respuesta de anticuerpos provocados por la nueva variante . Dado que una de las mutaciones (N501Y) está en el dominio de unión al receptor, las autoridades están investigando urgentemente la actividad neutralizante del suero del paciente recuperado y vacunado contra la variante para determinar si tiene un impacto en la eficacia de la vacuna del virus.10

En dichas evaluaciones, la OMS ha participado activamente a través de un grupo de trabajo especializado. Se pretenden formalizar más estudios epidemiológicos y de laboratorio, tan pronto como sea posible, para comprender las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de estos virus y el desarrollo de la vacuna del SARS-CoV-2 más efectiva.11

En ese tenor, esta organización hizo las siguientes recomendaciones:

Realizar nuevos estudios epidemiológicos y virológicos para comprender las mutaciones específicas descritas por el Reino Unido y otros países, a fin de investigar más a fondo cualquier cambio en la infecciosidad y patogenicidad del virus.

Aumentar en la medida de lo posible las actividades sistemáticas de secuenciación de los virus SARS-CoV-2 y que compartan los datos sobre las secuencias a nivel internacional, en particular, para informar si se observan las mismas mutaciones de interés.12

La OMS urgió sobre la pérdida de eficacia en la prueba de PCR para los diferentes genes de este virus. Con la finalidad de limitar el impacto en las capacidades de prueba nacionales, también se recomienda adoptar métodos de gestión basados ??en diferentes pruebas en pruebas de PCR en paralelo o multiplex para diferentes genes virales para detectar posibles mutaciones.13

Las distintas naciones alrededor del mundo deben evaluar sus niveles de transmisión local y llevar a cabo actividades de prevención y control adecuadas , incluido el ajuste de las medidas sociales y de salud pública de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud.14

B117 se está desarrollando continuamente en más de 80 países / regiones. Es difícil saber exactamente el porcentaje que hay en cada país, porque pocas naciones fuera del Reino Unido y Dinamarca tienen un sistema de clasificación adecuado. Lo que se sabe es que esta variante casi se duplica cada semana; finales de febrero, representará la mayoría de los casos en Suecia, Francia, Bélgica, Alemania, España, Países Bajos, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Suiza y Dinamarca. En estos países, la tasa de transmisión aumentará hasta en un 50 por ciento este mes. En Estados Unidos será a mediados de marzo.15

La anterior hipótesis se confirma cuando un informa de MedRxiv proporciona el primer lote de datos confiables para respaldar los pronósticos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El mes marzo, indica el informe, esta variante se convertirá en dominante en los Estados Unidos.16

Los investigadores examinaron análisis genómicos de muestras de virus de 10 estados, incluidas 212 infecciones que involucran la variante. El informe concluyó que la transmisibilidad de esta variante es entre un 35 y un 45 por ciento mayor que la de otras cepas de virus en Estados Unidos.17

Sin embargo, no es la única variable que preocupa en el mundo; poco después del descubrimiento de esta variante, la doctora responsable de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS, Maria Van Kerkhove confirmó que en Sudáfrica existía una similar, “pero diferente” del virus SARS-CoV-2, ella misma afirmó en diciembre que ya se estaba trabajando con el ministro de Salud de ese país para aplicar las recomendaciones hechas por la OMS, manteniendo activos los estudios y análisis de los diferentes brotes de contagio.18

Casi un mes después del descubrimiento de las dos cepas mencionadas, la OMS catalogó como “preocupante” una nueva variante detectada en Japón, la cual provenía de Brasil, y se presumía más contagiosa que las anteriores, pudiendo impactar la respuesta inmunitaria que se había logrado con las vacunas desarrolladas.19

Más preocupante es la evidencia preliminar del ensayo clínico realizado por Novavax en Sudáfrica. El ensayo mostró que las personas que habían sido previamente infectadas con el coronavirus y recibieron un placebo, están siendo re-infectadas por la nueva variante británica. No hay evidencia de que estas infecciones posteriores sean graves o fatales, pero las autoridades creen que esta variante en Sudáfrica y otra variante que apareció por primera vez en Brasil tienen un alto riesgo de reinfección.20

Fuentes recientes presumen que las variantes en México pudieron haber llegado, e incluso se cree que existen al menos dos variantes nuevas en nuestro país. De ser cierto lo anterior, se hace urgente tomar acciones para prevenir mayores muertes debido a la Covid-19, pues aunque se esté desarrollando un plan de vacunación masivo, se deben observar las recomendaciones hechas por la OMS respecto a este problema.

Con relación a las variantes que ya están confirmadas por la OMS —mencionadas anteriormente—, es casi un hecho que van a ingresar en determinado momento al país, no solo por su potencial contagio, sino porque somos de las pocas naciones que no ha tomado medidas restrictivas respecto a la movilidad internacional.

En ese sentido, el esfuerzo del Estado mexicano deberá enfocarse en dos grandes rubros: el primero de ellos es establecer actividades sistemáticas de secuenciación, a fin de monitorear e informar la presencia de las diferentes mutaciones ya registradas; en segundo lugar, se deben adoptar métodos de gestión basados ??en diferentes pruebas en pruebas de PCR en paralelo o multiplex para diferentes genes virales para detectar posibles mutaciones.

Hasta el momento, en nuestro país se han detectado mutaciones en los estados de Jalisco y San Luis Potosí. Respecto de la variante jalisciense, también llamada E484K, el doctor Ravi Gupta, profesor de Microbiología de la Universidad de Cambridge, afirmó que “a diferencia de las mutaciones del virus de covid-19 que han sido detectadas en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica, la variante de Jalisco puede volver menos eficaces las vacunas que hay actualmente”.21

Gupta explicó que las cepas de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil comparten una mutación llamada N501Y, que se encuentra en la proteína “spike” del coronavirus, lo que explica por qué ha aumentado su propagación. Dijo que incluso con el mismo covid-19, se propaga más rápido que el virus original. Pero la variante E484K está relacionada con la respuesta inmune, es decir, evita que las personas obtengan protección a través de vacunas o infecciones. En este caso, la infección se propagaría de manera más severa.22

Tanto la Secretaría de Salud del gobierno federal, como las secretarías de salud de las entidades federativas, deben adoptar las recomendaciones de la OMS. Por dicha razón, el objetivo de este punto de acuerdo es, exhortar a esas autoridades a que sumen esfuerzos para hacer los estudios necesarios que detecten estas mutaciones.

Lo anterior bajo los argumentos legales que establecen los artículos 17 bis, fracción XII, y 141 de la Ley General de Salud,

Artículo 17 Bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente ley...

I. a XI. [...]

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o establecimientos materia de su competencia.

Artículo 141.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades transmisibles.23

Finalmente, será importante que dichos avances se comuniquen a la OMS, pues con ello se obtendrá mayor cooperación internacional benéfica para el país y se avanzará con mayor rapidez en la investigación de estas mutaciones. Lo anterior, con fundamento a lo establecido en la meta 3.d, del objetivo 3 de la Agenda 2030 y el artículo 359 de la Ley General de Salud:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

...

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.24

Artículo 359.- La Secretaría de Salud notificará a la Organización Mundial de la Salud de todas medidas que haya adoptado, de modo temporal o permanente, en materia de sanidad internacional. Asimismo, informará a esta misma organización y con la oportunidad debida, sobre cualquier caso que sea de interés en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades que se citan en el Reglamento Sanitario Internacional, las que puedan originar epidemias o cualesquiera otras que considere de importancia notificar.25

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que, en el ámbito de sus facultades, informe a la opinión pública sobre la presencia de nuevas mutaciones y variantes del virus SARS-CoV-2, y evalúe sus niveles de transmisión para implementar actividades de prevención y control adecuados.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud del gobierno de México para que en el ámbito de sus atribuciones, diseñe una estrategia urgente para detectar y contener la propagación —en el territorio nacional—, de las mutaciones originadas en otros países y, en su caso, sobre las nuevas variantes originadas en México, a fin de conocer la gravedad de la infección, el riesgo de reinfección y los cambios en la respuesta de anticuerpos para cada variante.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud, para que notifique cotidianamente las labores de vigilancia y estudios epidemiológicos que se están realizando en el país con el objetivo comprender las mutaciones específicas del virus en nuestro territorio.

Notas

1 Khan Academy. “Introducción a los Virus”. Fecha de publicación: S/D. Disponible en:

https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-human-body-systems/
hs-the-immune-system/a/intro-to-viruses#:~:text=Un%20virus%20es%20un%20part%C3%ADcula,
una%20envoltura%20de%20membrana%20externa. [Fecha de consulta: 11 de febrero de 2020].

2 Mariza Azaret. “¿Diferencias entre variante, mutación y cepa de un virus? Un experto te lo explica”. CNN. Fecha de publicación: 9 de febrero de 2021. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/video/diferencias-variante-mutacion-cepa-pan demia-coronavirus-covid-19-dra-azaret-vls-cnne/ [Fecha de consulta: 11 de febrero de 2021].

3 Nathalia Passarinho. “Coronavirus: las 4 señales de alerta que indican el surgimiento de variantes peligrosas”. Fecha de publicación: 11 de febrero de 2021. Disponible en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56010414 [Fecha de consulta: 11 de febrero de 2021].

4 OMS. “Cepa variante del SARS-CoV-2 – Reino Unido”. Fecha de publicación: 21 de diciembre 2020. Disponible en:

https://www.who.int/csr/don/21-december-2020-sars-cov2-v ariant-united-kingdom/es/ [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Tomás Pueyo. “Variants v. Vaccines. The Race between the Tortoise and the Hare”. Fecha de publicación: 7 de febrero de 2021. Disponible en:

https://tomaspueyo.substack.com/p/variants-v-vaccines?r=9fl5a&utm_
campaign=post&utm_medium=email&utm_source=copy [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 OMS. “Cepa variante del SARS-CoV-2 – Reino Unido”. Fecha de publicación: 21 de diciembre 2020. Disponible en:

https://www.who.int/csr/don/21-december-2020-sars-cov2-v ariant-united-kingdom/es/ [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

11 Ibídem.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 Tomás Pueyo. “Variants v. Vaccines. The Race between the Tortoise and the Hare”. Fecha de publicación: 7 de febrero de 2021. Disponible en: https://tomaspueyo.substack.com/p/variants-v-vaccines?r=9fl5a&utm_campaign=
post&utm_medium=email&utm_source=copy [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

16 Joel Achenbach. “U.K. coronavirus variant spreading rapidly through United States, study finds”. The Washington Post. Fecha de publicación: 7 de febrero de 2021. Disponible en:

https://www.washingtonpost.com/health/ukvariant-coronavirus-us-spread/
2021/02/07/a197dbc2-680a-11eb-8468-21bc48f07fe5_story.html [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

17 Ibídem.

18 Animal Político. “OMS confirma segunda cepa de Covid, ahora en Sudáfrica”. Fecha de publicación: 21 de diciembre 2020. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/12/oms-confirma-segunda-cepa-de-cov id-ahora-en-sudafrica/ [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

19 Infobae. “La OMS describió a la nueva cepa del SARS-CoV-2 hallada en Brasil como una “variante preocupante”. Fecha de publicación: 18 de enero de 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/01/18/la-oms-de scribio-a-la-nueva-cepa-del-sars-cov-2-hallada-en-brasil-como-una-varia nte-preocupante/ [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

20 Joel Achenbach. “U.K. coronavirus variant spreading rapidly through United States, study finds”. The Washington Post. Fecha de publicación: 7 de febrero de 2021. Disponible en:

https://www.washingtonpost.com/health/ukvariant-coronavirus-us-spread/
2021/02/07/a197dbc2-680a-11eb-8468-21bc48f07fe5_story.html [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

21 Milenio. “Mutación mexicana del virus de covid-19, “la más preocupante”. Fecha de publicación: 8 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/mutacion-mexicana-del-virus-de-covid-1 9-preocupante [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

22 Ibídem.

23 Ley General de Salud. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_Gene ral_de_Salud.pdf [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

24 PNUD. “Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”. Fecha de publicación: 2015. Disponible en:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

25 Ley General de Salud. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_Gene ral_de_Salud.pdf [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021].

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 16 de febrero de 2021.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Colima a realizar las gestiones conducentes a atender la grave contaminación de la Playa de la Boquita, en Manzanillo, y garantizar así la salud de turistas y habitantes de las zonas aledañas, a cargo de la diputada Rosa María Bayardo Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena

Con fundamento en la facultad conferida en la fracción I del artículo 6 y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, Rosa María Bayardo Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, pone a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto formular un atento exhorto al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, a efecto de que en el ámbito de su respectiva competencia y, de manera coordinada con las autoridades municipales realice las gestiones para atender el grave problema de contaminación que afecta a la Playa de la Boquita, en Manzanillo, y con ello garantizar la salud de los turistas y habitantes de las zonas aledañas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Importancia turística

La Playa de la Boquita representa uno de los sitios que cuenta con afluencia turística en el conjunto de playas de Manzanillo, por lo cual es una de las principales fuentes de ingresos para los habitantes de la zona, así como de prestadores de bienes y servicios turísticos ubicados en esta playa.

2. Problemática

La contaminación de la Playa de la Boquita consiste en una gran cantidad de desechos sólidos que se encuentran ubicados en toda el área, desechos que también son vertidos al mar originando un grave problema de salud para los bañistas y una amenaza ambiental para las especies marinas.

En la misma playa se encuentran aguas anegadas que necesitan ser dragadas inmediatamente, toda vez que constituyen un terrible foco de contaminación y de infecciones para los habitantes y asistentes a la playa, sin contar la polución de insectos y moscos que transmiten enfermedades graves para la salud humana.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, para que de inmediato y en el ámbito de su respectiva competencia, establezca de manera coordinada con las autoridades municipales de Manzanillo las gestiones para atender el grave problema de contaminación que afecta a la Playa de la Boquita, y con ello garantizar la salud de los habitantes y visitantes a dicha playa, además de eliminar los residuos sólidos que se encuentran depositados en toda la playa y que contaminan las aguas de la misma. Así mismo desazolvar las aguas anegadas que se han esparcido por la playa en su conjunto y que son foco de insectos que pueden transmitir enfermedades e infecciones de alto riesgo a la salud humana.

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021.

Diputada Rosa María Bayardo Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a determinar mediante decreto el precio máximo de renta o venta de tanques de oxígeno medicinal en el país durante la declaratoria de emergencia, a cargo del diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Jorge Arturo Espadas Galván, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que mediante decreto, determine el precio máximo de renta y/o venta de tanques de oxígeno medicinal en todo el país durante el tiempo que tenga vigencia la Declaratoria de emergencia; y se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que en el ámbito de sus atribuciones vigile el cumplimiento del Decreto emitido por el Ejecutivo federal por parte de los particulares, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a la salud y que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Sin embargo, el sistema nacional de salud se encuentra en crisis y a la fecha no está operando el sistema de salud para el bienestar para garantizar el adecuado abasto de medicamentos e insumos para la salud, como tampoco existe una estrategia integral para enfrentar la pandemia del virus del SARS-CoV-2, lo que ha derivado en casi dos millones de contagios y más de 173 mil lamentables fallecimientos.

Existe saturación hospitalaria, y miles de familias han optado por atender a sus familiares con Covid-19 en casa con asistencia de tanques de oxígeno y concentradores de oxígeno, toda vez que son indispensables para apoyar el sistema respiratorio y disminuir la sobrecarga cardiaca, para evitar la depresión del sistema nervioso central, cianosis y acidosis metabólica.

En está búsqueda por conseguir tanques de oxígenos suplementarios, las familias han tenido que incurrir en gastos exagerados, debido a prácticas desleales, acaparamiento y sobreprecios.

El Ejecutivo federal tiene en sus atribuciones proteger la salud de la población en situaciones de emergencia nacional a través de acciones que establezca el Consejo de Salubridad General como de otras medidas que lleven a disminuir los efectos económicos y sociales que está provocando la pandemia.

Ante la situación que se vive en el país respecto al abastecimiento del oxígeno medicinal y la fluctuación de su precio apoyado por la gran cantidad de publicidad engañosa y métodos coercitivos y abusivos, se considera prioritario proteger al consumidor y a la población en general, mediante un Decreto que determine el precio máximo de este vital gas, apoyándose de las atribuciones que tiene la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Competencia Económica para garantizar condiciones de competencia efectiva.

La competencia efectiva es una circunstancia en la que ningún operador o grupo de éstos tiene un poder sustancial de mercado. Es decir, que ninguno puede fijar los precios o las condiciones de mercado unilateralmente, restringiendo el funcionamiento eficiente del mercado en perjuicio de los usuarios.

El exhorto se sustenta en lo establecido en el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica, el cual a la letra señala lo siguiente:

“Artículo 9. Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:

I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión Federal de Competencia Económica determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.

II. La Secretaría de Economía, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.

La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, mediante Decreto y en el ámbito de sus atribuciones, determine el precio máximo de renta y/o venta de tanques de oxígeno medicinal en todo el país durante el tiempo que tenga vigencia la Declaratoria de emergencia y se proteja al consumidor y a la población en general de los abusos y prácticas irregulares de sobreprecios por parte de particulares.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que, en el ámbito de sus atribuciones, vigile el cumplimiento del Decreto emitido por el Ejecutivo federal para prevenir las prácticas de sobreprecios en la renta y/o venta de tanques de oxígenos medicinal y en su caso, sancione conforme a la ley a los particulares que incurran en prácticas de sobreprecios y que contravengan dicho Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2020.

Diputado Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos locales a promover campañas de difusión y comunicación entre los ciudadanos sobre los factores de riesgo, el diagnóstico oportuno y la orientación para curar la hepatitis C, suscrita por las diputadas María Marivel Solís Barrera y Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena; y Geraldina Isabel Herrera Vega, de Movimiento Ciudadano

Las que suscriben, María Marivel Solís Barrera y Alejandra Pani Barragán, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, así como Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cuarto Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 considera fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Es por ello, que el objetivo “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades” planeta buscar que de aquí a 2030, poner fin a las epidemias del sida, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y entre otras enfermedades. Es de destacar, que se considera de tener una incidencia inmediata ante la hepatitis y lograr la eliminación en un 90%.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis C (VHC), que se transmite a través de la sangre y genera infección aguda y crónica. Dado que la enfermedad es asintomática, pocos son los casos diagnosticados en la fase aguda y a menudo, la infección crónica también queda sin diagnosticar porque se mantiene asintomática, décadas después, aparecen síntomas secundarios al daño hepático como cirrosis o cáncer.1

La cirrosis hepática es una enfermedad crónica que tiene un gran impacto en la carga económica de los servicios de salud, debido a costos médicos directos e indirectos relacionados con la reducción en la calidad de vida y pérdida de productividad laboral. Dichos costos se incrementan con la progresión de la enfermedad.2

En 2017, 71 millones de personas en el mundo vivían con hepatitis C, pero se estima que 80 por ciento de ellas no tienen acceso a las pruebas de detección ni al tratamiento. Además, cada año mueren 399 mil personas por Hepatitis C, principalmente por el desarrollo de cirrosis o carcinoma hepatocelular.3

Ante tal situación, la Estrategia Mundial del Sector Salud contra las Hepatitis Víricas 2016-2021, de la Organización Mundial de la Salud, establece que el diagnóstico de las infecciones de hepatitis es necesario para el tratamiento y atención eficaces, para lo cual se considera importante implementar campañas de concienciación, y dotar a las instituciones de salud de medios de diagnóstico fiables, además de vincular los resultados de los análisis con los servicios de tratamiento y atención.

Entre los grupos de población con alto riesgo de padecer la enfermedad se encuentran

• Consumidores de drogas inyectables e inhaladas;

• Personas que hayan recibido trasfusión sanguínea o trasplante de órganos;

• Personas en tratamiento de diálisis;

• Personas en tratamiento dental;

• Personas con tatuajes y perforaciones corporales;

• Personas que tienen relaciones sexuales con múltiples parejas y sin protección;

• Personas que hayan tenido contacto con la sangre de una persona infectada; y

• Madres con hepatitis C.

En julio del año pasado la Secretaria de Salud afirmó que 600 mil personas en México viven con infección por el virus de la hepatitis C, entre ellas, sólo 1 por ciento recibe tratamiento. Y, subrayando que menos del 25 por ciento conoce su diagnóstico.4

En tal sentido que, en México, debido a que la infección por el virus de hepatitis C, más del 70 por ciento de los casos puede desarrollo de cirrosis o carcinoma hepatocelular. Por consiguiente, la Secretaria de Salud reconoció el compromiso internacional fomentar el diagnóstico de las infecciones de hepatitis, siendo crucial promover el acceso a pruebas de detección y tratamientos.

México, Estado comprometido con los tratados internacionales, cuenta con un Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, para prevenir, detectar, diagnosticar y curar a la población que padece esta enfermedad y con ello disminuir la incidencia de cirrosis y cáncer hepático. Dicho programa tiene el ambicioso objetivo de reducir la incidencia de nuevos casos en 90 por ciento y la mortalidad en 65 para 2030.

Este programa aborda

• Concientización para población general y profesionales de la salud sobre las hepatitis virales, medidas de prevención y control.

• Acceso a pruebas de detección y diagnóstico confirmatorio, así como exámenes de laboratorio de las personas detectadas.

• Esquemas de tratamiento de vanguardia, con medicamentos de acción directa que ofrecen curación de la infección por VHC en más de 95 por ciento de los casos con tratamientos de entre 8 y 12 semanas, con un enfoque de atención primaria a la salud.

• Pruebas para corroborar la eliminación del VHC.

Finalmente, es de considerar que se requiere del apoyo de las Secretarías de Salud estatales para lograr dicho objetivo e implementar actividades de comunicación para difundir el diagnóstico, ya que, a partir de éste, se podrá determinar la existencia de hepatopatías y orientar las decisiones terapéuticas. Con ello, al mismo tiempo se estaría coadyuvando con el cumplimiento de los ODS, logrando la eliminación de una infección viral crónica para la que ya existe cura.

Por lo expuesto proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, promuevan campañas de difusión y comunicación entre la población sobre los factores de riesgo, diagnóstico oportuno, tratamiento y atención de la hepatitis C.

Notas

1 OMS (2020) Hepatitis C. Disponible en siguiente sitio web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/

2 Doctor David Kershenobich, director general del INCMNSZ, Conferencia de prensa “Petición de la inclusión del Programa Integral de Eliminación de la Hepatitis C crónica”, 7 de noviembre de 2018.

3 OMS (2017). Los datos más recientes ponen de relieve la necesidad de actuar urgentemente a nivel mundial contra las hepatitis. Disponible en el siguiente sitio web:

https://www.who.int/es/news/item/21-04-2017-new-hepatiti s-data-highlight-need-for-urgent-global-response

4 Ssa (2019) Informe Epidemiológico Anual de Vigilancia Epidemiológica de Hepatitis Virales, México 2019. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574743/Informe_epidemiol ogico_hepatitis_virales_2019.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputadas: María Marivel Solís Barrera, Alejandra Pani Barragán, Geraldina Isabel Herrera Vega. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al CSG a analizar y generar un acuerdo encaminado a ajustar la cantidad o el volumen mínimo de ácido sulfúrico aplicable a las disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos en lo relativo a su comercio, operación doméstica, importación y exportación, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, y 79 numeral 1 fracción 2, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General para que dentro del ámbito de sus atribuciones, analice y genere un Acuerdo para ajustar la cantidad o volumen mínimo de ácido sulfúrico aplicable a las disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, en lo relativo al comercio, operación doméstica, importación y exportación del mismo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El ácido sulfúrico (H2SO4) es un compuesto químico corrosivo, utilizado en la obtención de fertilizantes, sintetización de ácidos, sulfatos y en la industria petroquímica. Sin embargo, considerando las características propias de los ácidos, representa un compuesto potencialmente peligroso para la salud de las personas, ya que puede producir quemaduras en piel, ojos, irritación en la nariz, garganta y dificultad para respirar.

Sumado a lo anterior, este ácido es utilizado para la producción ilícita de narcóticos, por lo que forma parte de los productos químicos esenciales para evitar su desvío ilegal, enlistados en la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

Dado su uso para actividades fuera de la legalidad, es un compuesto de riesgo, por lo que es sujeto de una regulación especial en cantidades determinadas por el Consejo de Salubridad General, de conformidad con la Ley citada.

Debido a las condiciones de inseguridad en México, el asesinato de personas, la actividad del narcotráfico y la violencia de los grupos delictivos son un peligro inminente que se incrementa en algunas regiones del país. En los últimos años se ha hecho público a través de los medios de comunicación, la detención de cargamentos en transportes terrestres con grandes cantidades de ácido sulfúrico, presuntamente utilizado para disolver cuerpos sin vida de personas asesinadas por parte de grupos criminales, con la intención de eliminar cualquier rastro relacionado a los homicidios cometidos.

La facilidad para conseguir este compuesto es la principal causa para su utilización ilícita, sumado a la producción de narcóticos o drogas perjudiciales para la salud, por lo que se hace evidente la necesaria regulación y registro de las actividades relacionadas con la compra, venta, distribución y utilización de este ácido.

De la misma forma, en años recientes, se han reportado ataques con ácido, principalmente hacia mujeres, debido a la facilidad de conseguir este compuesto; en algunas Entidades del país, las legislaturas locales han logrado tipificar y agravar las penas aplicables a ataques perpetrados con sustancias corrosivas, conscientes del peligro para la salud e integridad de las personas víctimas de dichos ataques.

En México, la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas y Tabletas y/o Comprimidos, es la única legislación en la que se menciona el uso del ácido sulfúrico, y que reconoce a la sustancia con ciertas características sujeta a un tratamiento especial por su alto nivel de peligro. Dicho ordenamiento estipula que es el Consejo de Salubridad General cuenta con las facultades para emitir acuerdos que deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, con las cantidades o volúmenes de productos químicos esenciales a partir de los cuales serán aplicables las disposiciones de dicha Ley, entre las cuales se encuentran registros, bases de datos, reportes e informes, para mantener un control y seguimiento de la comercialización y uso de este compuesto.

Derivado de lo estipulado en la Ley, el Consejo de Salubridad General tuvo a bien emitir un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 27 de abril de 1998, en el que se determinan las cantidades o volúmenes de productos químicos esenciales, a partir de los cuales serán aplicables las disposiciones de la Ley mencionada.

En el acuerdo mencionado, se enlistan diversos Productos Químicos Esenciales, entre los cuales se encuentra el ácido sulfúrico, sin embargo, para el Comercio (operación doméstica) no se encuentra regulado, y solamente se establece la obligatoriedad de llevar un registro, para lo correspondiente a la importación y exportación del mismo, se establece la cantidad de 1500 kg.

Aunque este ácido es utilizado de manera doméstica y en algunas industrias, es necesario que el Consejo de Salubridad General ajuste las cantidades o volúmenes mínimos sujetos de la Ley mencionada en respuesta a las condiciones y fenómenos actuales, ya que esta sustancia representa un gran riesgo al estar exenta de cualquier regulación para el comercio; incluso menores de edad pueden comprar este ácido en tlapalerías, comercios locales o redes sociales sin ningún registro, requisito o regulación. Por lo que resulta imperativo que se legisle y se actualice el marco normativo para regular la comercialización de este producto.

Considerandos

1. Que de conformidad con el artículo 73, fracción XVI, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 15 y 16 de la Ley General de Salud, la organización y funcionamiento del Consejo de Salubridad General se regirá por su reglamento interior.

3. Que el artículo 17 de la Ley General de Salud, establece las competencias del Consejo de Salubridad General.

4. Que la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos tiene por objeto controlar la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transporte, almacenaje y distribución de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos, a fin de evitar su desvío para la producción ilícita de narcóticos. Además de establecer que las disposiciones de dicha Ley son de observancia general en todo el territorio nacional.

5. Que la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, define las Actividades reguladas como:

“La producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transporte, almacenaje y distribución de precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas .”

6. Que la aplicación de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos corresponde al Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de Salud, de conformidad con el artículo 3 de dicha Ley.

7. Que en el artículo 4 de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, se enlistan las sustancias controladas por esta normatividad, incluyendo en la fracción II los Productos Químicos Esenciales, cuyo inciso e) señala al ácido sulfúrico.

8. Que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, el Consejo de Salubridad General determinará mediante acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, la adición o supresión de precursores o productos químicos esenciales que se sujetarán o excluirán de la aplicación de la ley citada en este mismo considerando.

9. Que, de conformidad con el artículo 6 de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas y Tabletas y/o Comprimidos establece que:

“El Consejo, previa opinión favorable de las dependencias, determinará mediante acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, las cantidades o volúmenes de productos químicos esenciales a partir de los cuales serán aplicables las disposiciones de esta Ley a las personas que realicen las actividades reguladas, así como respecto de los terceros con quienes las realicen. Para lo anterior el Consejo tomará en cuenta:

I. Las características y propiedades de las substancias;

II. Los procesos industriales y comerciales en los que se apliquen, así como el cambio en el costo de los mismos, y

III. Las actividades y usos a que se destinen. No se podrá separar o reducir la cantidad o volumen de cada operación que se realice con productos químicos esenciales, con el propósito de eludir la aplicación de esta Ley. ”

10. Que la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, establece mecanismos de control sobre precursores químicos o productos químicos esenciales, como informes anuales, aviso de transporte, registros, autorizaciones sanitarias, reportes de desaparición inusual; sumado a lo anterior, se establece la integración de una base de datos sobre los sujetos, establecimientos y actividades reguladas, cuya operación corresponderá al Consejo de Salubridad General, todo esto fundamentado en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de dicho ordenamiento.

11. Que el Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General establece en el artículo 9, fracción III que el Consejo tiene la función de aprobar los acuerdos necesarios y demás disposiciones generales de observancia obligatoria en el país en materia de salubridad general.

12. Que el día 27 de abril de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se determinan las cantidades o volúmenes de productos químicos esenciales, a partir de los cuales serán aplicables las disposiciones de la ley.” de conformidad con lo establecido por la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

13. Que en el Acuerdo referido en el considerando anterior se establece la cantidad o volumen de productos químicos esenciales a partir de los cuales serán aplicables las disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, incluyendo al ácido Sulfúrico cuyo comercio se establece como “No Regulado. Obligatoriedad de llevar registro”. Su importación o exportación se encuentra sujeta a lo establecido por la Ley a partir de 1500 kg.

14. Que el ácido sulfúrico representa un riesgo para la salud, ya que es utilizado para la producción de drogas, además de que, al ser una sustancia corrosiva, es potencialmente peligrosa para las personas.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LXIV Legislatura, la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta al Consejo de Salubridad General para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, analice y genere un Acuerdo para ajustar la cantidad o volumen mínimo de ácido sulfúrico aplicable a las disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, en lo relativo al comercio, operación doméstica, importación y exportación del mismo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura a los 16 días del mes de febrero del 2021.

Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al CSG a aprobar y publicar en el DOF la declaratoria de uso obligatorio de cubrebocas en espacios y edificios públicos del territorio nacional como medida complementaria para evitar la propagación del Covid-19, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo Flores Suárez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente Proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El uso obligatorio de cubrebocas o tapabocas en nuestro país desafortunadamente forma parte de los encabezados noticiosos, debido a la negativa reiterada del presidente de la República para decretar su uso. Lo anterior, como respuesta a la solicitud de 400 especialistas de la comunidad médica, científica y académica en México.

2. El presidente aseguró en la conferencia mañanera del lunes 8 de febrero de 2021, que no va a usar tapabocas ni tampoco va a decretar su uso obligatorio en el país, en los términos siguientes:

“En México no hay autoritarismo. Está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido, con la pandemia, toque de queda como en otras partes ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona”,

3. Con independencia de la postura del presidente de la República sobre el uso de tapabocas en dependencias federales y estatales, la página del Consulado General de México en San Francisco da cuenta de la postura de la actual administración Federal respecto el uso de cubrebocas, en los términos siguientes:

“AVISO IMPORTANTE A LA COMUNIDAD SOBRE USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS.

A partir del 17 de abril de 2020 entró en vigor en la Ciudad y Condado de San Francisco la orden de portar cubrebocas al estar fuera de casa y estar cerca de otras personas en la calle, el transporte, negocios esenciales (como farmacias o consultorios) y edificios públicos (como los de servicios gubernamentales), a fin de evitar el contagio por COVID-19.

Dicha orden se hará cumplir por medio de agentes de ley a partir del 22 de abril. Quien no cumpla con dicha orden puede ser sujeto a multa, prisión o ambos.

La orden de usar cubrebocas no sustituye la orden vigente de permanecer en casa y solo salir por razones esenciales o de emergencia. También continua la orden de mantenerse a 6 pies de distancia (1.8 metros) de otras personas y de lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente.

Los cubrebocas NO necesitan ser de tipo médico o N95. Bastará con usar un pañuelo, mascada, bandana u otro cubrebocas de tela que pueda lavarse con agua y jabón.

Tienen la obligación de portar cubrebocas las personas mayores de 13 años de edad. Los niños entre 2 y 12 años, si usan cubrebocas, DEBEN ser supervisados por adultos. Los menores de 2 años, NO deben usar cubrebocas para evitar ahogamientos.

EL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO ES UN EDIFICIO PÚBLICO , POR LO QUE TODAS LAS PERSONAS MAYORES DE 13 AÑOS DEBERÁN PORTAR CUBREBOCAS PARA ENTRAR. A QUIEN NO CUMPLA CON ESTA ORDEN LE SERÁ NEGADA LA ENTRADA.

Agradecemos su comprensión y apoyo a esta medida en bien de toda la comunidad.

https://consulmex.sre.gob.mx/sanfrancisco/index.php/avi sos2016/238-aviso-sobre-obligacion-de-cubrebocas

Última actualización: 05 Enero (sic) 2021

4. Ante la inminente cifra de contagios por Covid-19 que asciende a 76,732 y 166,200 defunciones y, la ausencia de una política de coordinación estratégica de los tres órdenes de gobierno, en la que se garantice la atención multidisciplinaria de los pacientes sobrevivientes y a la población afectada por la crisis económica derivada de esta enfermedad mundial; es urgente intensificar las medidas de prevención dentro de las que se encuentra el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos.

5. El 5 de junio de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizó sus guías para recomendar que los gobiernos pidan que todos utilicen cubrebocas en áreas públicas donde hay riesgos de transmisión de Covid-19, y así ayudar a reducir la propagación de la pandemia . En sus nuevas orientaciones, impulsadas por la evidencia de estudios realizados en las últimas semanas, la OMS resaltó que los cubrebocas o mascarillas son sólo una de un rango de herramientas que pueden reducir el riesgo de transmisión viral.

“Estamos aconsejando a los gobiernos alentar que el público en general use una mascarilla . Y especificamos una mascarilla de tela, es decir, una mascarilla no médica ”, dijo en una entrevista con Reuters la experta técnica principal de la OMS sobre Covid-19, Maria Van Kerkhove.

“Tenemos nuevos hallazgos de investigación”, agregó. “Tenemos evidencia ahora de que, si esto se hace apropiadamente, puede proporcionar una barrera... para las gotitas potencialmente infecciosas ”. https://www.forbes.com.mx/noticias-oms-cubrebocas-sitios-publicos-covid -19/

6. La recomendación de la OMS sobre el uso de cubrebocas, caretas, mascarillas o goggles , se tradujo en que 44 países que implementaron de manera obligatoria el uso de cubrebocas en espacios públicos presentan menores índices de letalidad e incidencia del SARS-CoV2 comparado con países que no han implementado dicha medida, entre los que destaca México.

7. A nivel nacional, solamente 12 de las 32 entidades federativas han decretado el uso obligatorio del cubrebocas, dentro de las que se encuentra la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Oaxaca y Yucatán.

8. En este marco, resulta indispensable la intervención del Consejo de Salubridad General (CSG), -en su carácter de autoridad sanitaria nacional, con funciones consultivas y con atribuciones para la emisión de disposiciones generales y obligatorias en todo el país-, respecto del uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos, como parte de las medidas auxiliares para prevenir la propagación del Covid-19.

Por lo expuesto, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General, para que en el marco de sus atribuciones apruebe y publique en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de uso obligatorio del cubrebocas en espacios y edificios públicos del territorio nacional, como medida complementaria para evitar el contagio y la propagación del Covid-19.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 16 de febrero de 2021.

Diputado Ricardo Flores Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE y la STPS a coordinar los sectores gubernamental, empresarial, académico y de servicios y establecer durante la pandemia y tras ella el escalonamiento de horarios de entrada y salida de los trabajadores para favorecer la movilidad en las zonas urbanas, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para coordinar al sector Gubernamental, Empresarial, Académico y de Servicios y establecer durante la pandemia y posterior a esta, el Escalonamiento de Horarios de entrada y salida de los trabajadores, para favorecer la movilidad de las zonas urbanas, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La movilidad es un tema que se ha desarrollado jurídicamente en el seno de las legislaturas locales. Existen algunas iniciativas y esfuerzos para contar con una Ley General de Movilidad, que aplique a nivel nacional y funde las bases de los derechos y obligaciones de cada uno de los órdenes de gobierno y de los ciudadanos.

En tanto ello sucede, ya existen leyes estatales que regulan la movilidad sobre todo a las grandes urbes, ya que es precisamente ahí donde el ciudadano padece la falta de infraestructura para tener acceso a su ciudad.

Por ejemplo, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece como uno de sus objetivos que “...se garantizará el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.” Esta disposición se asemeja a los objetivos que tienen otros Estados de la República en sus respectivas leyes de movilidad.

En una entrevista a Onésimo Flores, Doctor en Planificación Urbana por el Massachusetts Institute of Technology, se menciona que las herramientas para lograr una mejor convivencia urbana en la capital del país son la tecnología, la innovación y el impulso a medios alternativos de transporte. Para el caso de la CDMX, que tiene una de las tarifas de transporte público más bajas del mundo, es de mencionarse que su uso eficiente y asequible solo funciona cuando se vive en una zona céntrica de la ciudad, y para las personas que se trasladan a sus lugares de trabajo, y viven en las periferias del Valle de México, en zonas populares con menores recursos económicos, para acercarse a las fuentes de trabajo tienen que tomar más de un medio de transporte y la mayoría de ellos comienzan tomando uno o dos camiones o “combis” o “peseras” locales de la colonia, que operan en condiciones tremendamente precarias, inseguras y sin controles de conducción; posteriormente un transporte masivo (tren suburbano, metro); para finalmente caminar por kilómetros o volver a subir a un transporte urbano como el trolebús eléctrico, metrobús o la red de RTP.

Lo anterior, se refleja en dinero y tiempo que debe invertir el ciudadano para sus actividades diarias, lo cual va en detrimento de su calidad de vida.

El Dr. Flores añade que “...donde más importa la inversión, la imaginación y la innovación es en el transporte público concesionado”. El Metro, Metrobus, RTP y Transportes Eléctricos combinados hacen aproximadamente 5 millones y medio de viajes al día en el Valle de México; mientras que el transporte colectivo sitiados en las periferias de la ciudad que no recibe subsidio y necesita una reinvención tecnológica, mueven 12 millones de viajes.

Tomando en cuenta esta ideología, la imaginación no debe de dejarse atrás. Un problema a resolver de todos los ciudadanos es el tiempo que vive dentro del transporte. El Universal, reveló un estudio donde se refleja el tiempo que los capitalinos pasan en un vehículo que a diario se estanca en el tráfico de la zona: en promedio un habitante de la CDMX pasa 45 días al año en el tránsito. “A la gente que hace tres horas de camino se le tiene que ayudar y más estando en una ciudad de 23 millones de habitantes que se ha convertido en una ciudad densa, que registrará menor tiempo y efectividad en el trabajo...” menciona Ricardo Marinni, director del despacho de urbanismo Gehl Arquitects, quien pone énfasis en la calidad de vida que llevan estas personas víctimas de la mala movilidad.

Según la ONU, México es el quinto país más habitado del mundo, y la Ciudad de México la urbe con más tráfico vehicular del planeta. Por ello es necesario que el país comience a mediar sus tiempos con el propósito de mejorar la eficiencia de la ciudadanía en sus trabajos. El dinero no compra la felicidad, pero es un medio importante para lograr mejores niveles de vida; México registra un aproximado de 1,200 a 2,000 pesos mensuales destinados a la movilidad, siendo el país que más gasta en transporte, reduciendo el rendimiento al trabajar hilando así la cadena que lleva a la baja calidad de vida al no poder recuperar esta inversión por el desgaste de vivir un mínimo aproximado de tres horas diarias dentro de un vehículo.

“Cada día se realizan 6,600 millones de viajes en automóvil en la zona metropolitana, que son más de 20millones de personas que van y vienen (para entender su dimensión: si la población entera de Chile pudiera movilizarse en una sola ciudad, todavía no llegaría a las cifras de la megalópolis mexicana).” Menciona The New York Times. Estos millones de habitantes pueden ser distribuidos en diferentes horarios con el fin de no saturar las vías de transporte y así ahorrar su tiempo para actividades productivas dentro y fuera del trabajo.

Existe un Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, que resume los problemas de movilidad no tan solo de esta ciudad, sino de cualquier urbe en México:

• No existe una visión integrada del problema de la movilidad en la Ciudad de México; más bien predomina un esquema fragmentado en que cada subsistema de transporte (Metro, Metrobú?s, Sistema Transportes Eléctricos, Red de Transporte de Pasajeros, transporte concesionado, bicicletas) se planea y gestiona de manera separada, lo que se traduce en altas ineficiencias operacionales y elevados costos en tiempo y dinero para las personas usuarias.

• Las políticas de movilidad de la ciudad están desvinculadas de las políticas y programas de ocupa- ción territorial y usos de suelo. Esto, sumado a la inexistencia de una visión metropolitana del tema de la movilidad y el desarrollo urbano, se traduce en mayores distancias de viaje, en la saturación de sistemas de transporte masivo, y en un aumento del uso de modos motorizados privados, con la consiguiente congestión de vialidades.

• No existe una gestión integral de tráfico orientada a dar fluidez al desplazamiento de los distintos modos, particularmente los servicios de transporte público de superficie en los cuales se realiza la mayor parte de los desplazamientos de la ciudad.

• Aunque se han producido avances en los últimos años, la infraestructura ciclista de la ciudad sigue siendo escasa, desconectada y concentrada en las zonas céntricas, lo que disminuye el potencial de uso de la bicicleta en distancias medias y cortas.

• La ciudad no cuenta con una política integral de transporte de carga , orientada a hacer más eficiente la logística urbana, a disminuir congestión causada por este sector, a reducir emisiones y a disminuir situaciones de conflicto con otros modos.

• Los anteriores problemas tienen efectos directos en la calidad y seguridad de los viajes de las personas, así como sobre el medio ambiente, la desigualdad económica y el desarrollo de la misma ciudad.

México carece de una planeación de tiempo y espacio dentro de su movilidad, la gente está acostumbrada a una ciudad llena de obstáculos y su capacidad de adaptación la ha llevado a la costumbre, peligrosa por la necesidad de subsistir y poner en riesgo otras medidas que poco a poco bajan la calidad de vida del ciudadano, obteniendo con ello un mexicano si ambición por los obstáculos que su mismo país le impone.

Actualmente, en época de pandemia por Covid-19 las autoridades capitalinas recomiendan a capitalinos evitar transportarse en las llamadas “horas pico” que son entre las 6 y 9 de la mañana y por la tarde entre las 18 horas y las 20 horas, a fin de evitar el contagio y propagación del virus.

Esta medida es imposible de realizar, ya que el sector empresarial no ha modificado sus horarios de salida o entrada para evitar esta aglomeración, si los ciudadanos requieren cumplir con un horario establecido no tienen más opción que la de arriesgarse al contagio por no poner en riesgo su trabajo.

Sería deseable que no tan solo en pandemia se logren implementar horarios escalonados de entradas y salidas laborales, sino que también se logre permanecer con esta tendencia, la cual únicamente requiere de coordinación y voluntad.

Sin sacrificar horas laborales, el hecho de contar con horarios escalonados, será sin duda de gran ayuda en tiempo y dinero para las personas con menores recursos y menor acceso a oportunidades de transporte eficiente y barato.

Ante esta situación, se espera que la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una sus esfuerzos para iniciar un trabajo consensado con las empresas, la academia y la sociedad organizada y se genere una política pública encaminada a escalonar los horarios de trabajo y con ello evitar mayores contagios por COVID 19, disminuir los tiempos de traslado de las personas desde sus hogares a sus lugares de trabajo, y elevar su calidad de vida.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta a estas dos secretarías para llevar a cabo este acuerdo, pues en sus artículos 34 y 40 se establece que a la Secretaría de Economía le corresponde: “... Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado...;” y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde”...Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento...;”.

El esfuerzo institucional es de bajo impacto y el beneficio puede ser de alto impacto, por lo que una vez expuesto el presente tema, someto a consideración de esta soberanía la proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para coordinar al sector Gubernamental, Empresarial, Académico y de Servicios y establecer durante la pandemia y posterior a esta, el Escalonamiento de Horarios de entrada y salida de los trabajadores, para favorecer la movilidad de las zonas urbanas

Dado en el salón de sesiones a 16 de febrero de 2021

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 15 de febrero, 96 aniversario de la presentación del Sonido 13, por Julián Carrillo, en el Teatro Principal, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

De origen humilde, el menor de 19 hermanos, oriundo de Ahualulco, San Luis Potosí, el director de orquesta, nacido el 28 de enero de 1875, dirigió en dos periodos el Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y también fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional, la cual logró posicionarse en un nivel superior al de grandes agrupaciones internacionales.

El joven potosino inicio en el coro la iglesia del pueblo, posteriormente tuvo como maestros al violinista Pedro Manzano, al compositor Melesio Morales, mientras que Francisco Ortega y Fonseca lo instruyó en física, acústica y matemáticas.

Julián Carrillo fue director de orquesta, violinista y científico inmerso en la corriente modernista internacional, considerado uno de los más importantes compositores de México, además fundó la Orquesta Sinfónica Beethoven y la Orquesta del Sonido 13, en Nueva York.

A finales de la década de los noventa del siglo XIX, el músico y compositor Julián Carrillo Trujillo se enfocó en el Sonido 13, incluso comprobó en forma científica y ante decenas de asistentes en el Teatro Principal su teoría del microtonalismo, con lo cual logró el reconocimiento a nivel internacional por su investigación y aportaciones a la música.

El creador de la teoría del Sonido 13 también diseñó y construyó pianos y arpas microtonales para interpretar sus composiciones. Cabe señalar que llamó Sonido 13 al intervalo de un dieciseisavo de tono, cuyo valor matemático es de 1.0072. Posteriormente utilizó el término para denominar así a su sistema microtonal en su totalidad, con ello obtuvo 4 mil 640 sonidos diferentes en la octava. Optó por los 16avos de tono aumentando a 96 sonidos por octava.

Hoy en día, su teoría suena todos los días en la radio, pues su trabajo e investigación se volvió fundamental para los aparatos electrónicos de música.

Violentos ataques de los músicos ya establecidos, impulsaron a José Gómez Ugarte, director de El Universal , a dirigir una carta abierta a Julián Carrillo, diciendo, justificadamente, que debían terminarse las discusiones y empezar las demostraciones prácticas, y que por lo mismo lo invitaba a presentar un concierto patrocinado por su periódico, en el cual se tocaran obras musicales con los sonidos conquistados en el experimento de 1895.

El 15 de febrero de 1925, se efectuó ese evento en el Teatro Principal, presentando por primera vez en el mundo una música a base de dieciseisavos de tono y sus compuestos. Ese concierto lo llevaría a una gira mundial por las más exclusivas salas.

Un potosino lleno de virtud, es preciso reconocerle.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 días de febrero de 2021.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con motivo del 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

El cáncer afecta a muchas niñas y niños, es mucho más común de lo que el grueso de la población podemos imaginar, la realidad es tan cruda que se ha convertido en la primera causa de muerte infantil por enfermedad hasta ahora conocida.1

Ya que el cáncer infantil no se puede prevenir, por ello es necesario hablar sobre esta enfermedad, crear conciencia, visibilizar el problema, sensibilizar a las personas y expresar nuestro apoyo a quienes padecen la enfermedad y a sus familiares; fue así que cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil.

Lamentablemente son miles de casos los que día a día son diagnosticados alrededor del mundo, siendo los más comunes la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms.2

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Cada año, más de 400 mil niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo; y por lo que hace a la región de las Américas, se estima que hubo 32 mil 65 nuevos casos de cáncer en 2020 en niños de 0 a 14 años; donde 20 mil 855 de estos casos se presentaron en países de América Latina y el Caribe.3

Esta enfermedad es tan agresiva que se estima que el cáncer fue la causa de muerte de 8 mil 544 niños menores de 15 años en 2020; de ellos, 7 mil 76 en América Latina y el Caribe.4

Cabe mencionar que la mayoría de los niños con cáncer viven en países de ingresos bajos y medianos donde la economía nacional se refleja en obstáculos e inequidades inaceptables en aspectos como la detección temprana, el diagnóstico y el acceso a tratamientos de calidad y cuidados paliativos.5

Todos los niños tienen derecho a la vida, de tal manera que es imperativo que los esfuerzos se centren en un diagnóstico oportuno que dé lugar a un tratamiento rápido que aumente las probabilidades de éxito y recuperación.6

Se considera que cuando el cáncer es detectado en una fase temprana, aumentan las probabilidades de que responda a un tratamiento eficaz y que éste sea más económico y menos intensivo, además de que el sufrimiento sea reducido.7

Desde 2018, en el mes de septiembre, la OMS lanzó la iniciativa mundial contra el cáncer infantil, a fin de trabajar en reducir las desigualdades y lograr para 2030 al menos 60 por ciento de supervivencia de los niños, los objetivos son reforzar la capacidad de los países de ofrecer mejores prácticas en atención médica para el cáncer infantil; dar prioridad al cáncer infantil e incrementar la financiación disponible en el plano nacional y mundial.8

Todas estas acciones se traducen en vidas, calculando que se salvarán alrededor de un millón de niños en los próximos diez años.9

Los niños con cáncer sí tienen esperanza, basta con que los países estén dispuestos a invertir en la lucha contra el cáncer infantil.

Notas

1 Véase, Día Internacional de; “Día Internacional del niño con cáncer”; Disponible en:

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacion al-cancer-nino

2 Véase, Organización Mundial de la Salud; “El cáncer infantil, Datos y Cifras”; Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children

3 Véase, Organización Mundial de la Salud; “Día internacional del Cáncer Infantil 2021”; Disponible en:

https://www.paho.org/es/campanas/dia-internacional-cance r-infantil-2021

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Véase, Salud Sinaloa, “Conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer infantil en el Hospital Pediátrico de Sinaloa”; Disponible en:

http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/2020/02/14/conmemor an-el-dia-internacional-de-la-lucha-contra-el-cancer-infantil-en-el-hps -14-de-febrero-del-2020/

7 Véase, Organización Mundial de la Salud; “El cáncer infantil, Datos y Cifras”; Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children

8 Ídem.

9 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con motivo del 21 de febrero, 111 aniversario de la fundación de la Cruz Roja, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

México se adhirió a la Convención de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, y este fue el paso decisivo para que la Cruz Roja Internacional pudiera crear la Delegación Mexicana.

En el año 1909 en los días 27 y 28 de agosto, la ciudad de Monterrey se ve envuelta en una tromba que afectó a más de 50 por ciento de la población, con un gran número de víctimas y damnificados.

La ayuda parte de la Ciudad de México, se envió el 3 de septiembre, al frente de la brigada y como responsable de los socorros se designó al doctor Fernando López y a su esposa, la señora Luz González. Los acompaña un grupo de damas altruistas. Constituyeron la primera brigada de auxilio que abanderó el emblema de la Cruz Roja en nuestro país.

Los esfuerzos de los primeros voluntarios, y particularmente el empeño de la señora Luz González Cosío de López, se vieron coronados cuando el general Porfirio Díaz expidió el decreto presidencial número 401, con fecha del 21 de febrero de 1910, en que se le da reconocimiento oficial a la Cruz Roja Mexicana, aunque en sus estatutos se le denominaba la Asociación Mexicana de la Cruz Roja; este decreto entró en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 12 de marzo del mismo año. El 26 de abril se nombra la primera mesa directiva oficial.

Por ello, en 1910 comienza a funcionar la Cruz Roja Mexicana en el local ubicado en Rosales número 20, de la Ciudad de México.

Desde entonces y hasta ahora, la Cruz Roja Mexicana es una institución no lucrativa, de interés social y voluntaria, que presta auxilio a la población que se encuentre en riesgo o en desastre. Es parte de la Organización Internacional Cruz Roja y Media Luna Roja, cuyo fin es aliviar el dolor humano mediante atenciones inmediatas en función de cada situación en particular.

Institución neutral, comprometida con el bienestar de los mexicanos, reconozcámosla en letras de oro. El socorro de los heridos y enfermos, la misión esencial de la Cruz Roja Mexicana. 1

Nota

1 Decreto 401, Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de marzo de 1910. Disponible para su consulta en la dirección electrónica: http://www.planetaj.cruzrojamexicana.org.mx/pagnacional/secciones/Juventud/Contenido/
PlanetaJ/dowloadfiles/Decreto_creacion_Cruz_Roja_Mexicana.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)