Proposiciones

• Con punto de acuerdo, a fin de acordar en la Jucopo la creación de un fondo de apoyo parlamentario para combatir el SARS-Cov2, a cargo del diputado Javier Manzano Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa y la Cofepris para que hagan del conocimiento público el motivo de desabasto de medicamentos en farmacias públicas y privadas, suscrita por el diputado Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a incluir a odontólogos, asistentes dentales y practicantes en la segunda etapa de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, suscrita por integrantes del PRI y de diversos grupos parlamentarios
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a formular una recomendación; y a la SFP, a investigar a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca por actos de corrupción y violación de los derechos humanos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el CSG a garantizar de forma prioritaria que se aplique la vacuna contra el virus SARS-Cov2 a médicos del sector privado, laboratoristas, trabajadores de empresas funerarias y cualquier persona que se encuentre en la primera línea de atención contra el Covid-19, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a garantizar de manera oportuna con la Ssa el diagnóstico y tratamiento de cáncer para evitar un exceso de mortalidad a causa de éste, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a vigilar los precios del oxígeno de uso médico, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE, la Sectur y la SHCP a instaurar un fondo de contingencia en apoyo de las Mipyme turísticas a causa del Covid-19, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la SCT y el gobierno michoacano a considerar la ampliación a seis carriles de la autopista Siglo XXI, que corre de Lázaro Cárdenas a Pátzcuaro y donde entronca con el macrolibramiento de Morelia, a cargo del diputado Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Semarnat a proceder de inmediato con la Profepa contra la tala inmoderada del bosque Pico Azul, en Morelia, Michoacán, suscrito por el diputado Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la Ssa y las dependencias respectivas a generar mecanismos incluyentes y de acceso universal que informen en tiempo real a las personas sobre la disponibilidad hospitalaria en ocupación de camas e insumos médicos para la atención de pacientes de Covid-19, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, la CNDH, y al gobierno, la FGJ y la SSP de Tamaulipas a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato de 19 migrantes en Camargo según los principios de celeridad, transparencia, eficiencia y debida diligencia, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco y la Cofepris a vigilar, regular y garantizar que el precio de los tanques de oxígeno y demás insumos para combatir el Covid-19 se mantenga estable, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Congresos de Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas a armonizar su legislación local para que en el trámite del divorcio se considere el trabajo en el hogar como parte de la compensación, pues la mayor parte de las labores domésticas y de cuidados es realizada por las mujeres, a cargo de la diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a Capufe a dejar sin efecto el incremento del peaje en las carreteras del país, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a implantar con la CFE un programa para diferir los pagos de electricidad de las Mipyme mientras se levanta la suspensión de actividades no esenciales derivada de la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a hacer públicos los mecanismos por implantar respecto a la entrega de las vacunas contra el SARS- CoV-2 a las entidades federativas, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a ratificar por la SRE, la Secretaría del Bienestar y la Colegisladora la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a cargo de la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a desclasificar por la Ssa y la SRE los contratos signados para adquirir vacunas contra el Covid-19, a efecto de conocer con certeza las dosis comprometidas, los cronogramas de llegada y las empresas beneficiadas, a cargo del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, la SSPC y los gobiernos locales a garantizar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad de estudiantes, pasantes y residentes de las profesiones de la salud, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, los gobiernos locales y los ayuntamientos a promover la instalación y el funcionamiento nacional, estatal y municipal de centros de rehabilitación para pacientes recuperados de Covid-19 que pudieran presentar secuelas físicas y psicológicas, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNDH a formular con la mayor brevedad recomendación para garantizar los derechos humanos de los migrantes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y la SE a implantar un programa de apoyos fiscales a las Mipyme para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y el Banobras a revisar de forma exhaustiva las autorizaciones de recursos y obras a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a autorizar al sector privado para comercializar vacunas contra el SARS-Cov2 durante la campaña de vacunación y permitir que la ciudadanía las adquiriera y tenga acceso libre a ellas, a cargo de la diputada Saraí Núñez y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a establecer acciones y mecanismos para detectar y evitar la deserción escolar, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a considerar la implantación de medidas extraordinarias de atención del embarazo, parto y puerperio, con la garantía de la salud de mujeres y neonatos ante la emergencia sanitaria por Covid-19, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC, la SCT, la GN y las 32 secretarías locales de seguridad a adoptar medidas en carreteras y rutas de abastecimiento de las centrales de abasto, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al sistema educativo nacional a coordinarse con el Sipinna y la CNDH para elaborar e implantar un programa nacional de prevención, atención y erradicación de la violencia en las escuelas de educación básica que respete los derechos humanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a revisar los requisitos de edad mínima y antigüedad del título profesional para la designación de autoridades electorales locales, respetando el principio de igualdad y derecho de libre acceso a cargos públicos de jóvenes, a cargo del diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa para que haga de conocimiento público si se resolvió la escasez de certificados de defunción por exceso de muertes de Covid-19, suscrita por los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a transparentar las acciones del Indep ante las presuntas denuncias por irregularidades financieras y administrativas, entre otros aspectos, que afectan el cumplimiento de su propósito fundamental vinculado a la política social del país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a inspeccionar empresas, sucursales y centros de distribución que ofrezcan servicios de renta, venta y recarga de oxígeno medicinal y tanques o cilindros de almacenamiento para evitar cobros excesivos, desmedidos o injustificados, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar la STPS a establecer con sus 32 homólogas locales y los ayuntamientos vínculos con empresas para fortalecer el empleo de menores de 29 años y de 40 años y más jefes de familia, y evitar en la administración pública federal, estatal y municipal recortes de personal, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la Ssa, la SHCP y los gobiernos locales a otorgar una beca emergente a estudiantes de medicina, enfermería, internos y pasantes de instituciones educativas públicas y privadas que prestan servicio social o prácticas profesionales en unidades hospitalarias en la ruta de atención de pacientes con SARS-Cov2, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y el Congreso del Estado de México, así como a autoridades de la APF, a analizar los posibles actos de corrupción en el otorgamiento, ejecución y modificaciones de la concesión de Circuito Exterior Mexiquense, suscrita por la diputada Juana Carrillo Luna e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar el registro nominal electrónico de vacunación contra el SARS-Cov2 durante la campaña de inmunización para transparentar el proceso, suscrita por los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a garantizar una investigación expedita para sancionar a todos los responsables de lo ocurrido el pasado viernes 5 de febrero contra ciclistas que intentaban subir al segundo piso del Periférico a efecto de manifestarse por la muerte de un compañero, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS a coordinarse con la autoridad competente en Jalisco para abastecer de manera urgente de medicamentos en general a la UMF número 48 y asegurar así su operatividad y no poner en riesgo la salud y la vida de los beneficiarios, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a evaluar por las autoridades competentes la posibilidad de reubicar la caseta de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro, a cargo de la diputada Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa y la Sedena para que hagan del conocimiento público a quiénes se ha aplicado la vacuna y en cuáles estados se da prioridad, así como que apliquen rigurosamente la política nacional de inmunización contra el SARS-Cov2, suscrita por los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SRE para que estimule en el Senado de EUA la Ley de Prohibición de Armas de Asalto, convenga con las autoridades de ese país la extradición de personas investigadas por traficar armas detenidas allá buscadas por México, y buscar un acuerdo con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua a efecto de tener un registro adecuado de las armas en la región, regular los flujos de municiones, realizar mayores esfuerzos dirigidos a reducir el número de armas ilegales en circulación y racionalizar en algunas naciones las armas pertenecientes al Ejército, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a facilitar un programa de apoyo a las familias mexicanas afectadas por la pandemia del SARS-Cov2, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SE y el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa a diseñar y ejecutar un plan integral de rescate de las Mipyme que permita mantener y generar empleos, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y la Segob a acelerar las investigaciones y, en su caso, castigar la actuación de los servidores públicos del INM que presuntamente retuvieron a migrantes y los liberaron luego antes de los trágicos hechos del 24 de enero de 2021, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SRE y la Segob para que faciliten el proceso de repatriación de restos mortales de los migrantes guatemaltecos y, en caso, identifiquen los de otras nacionalidades calcinados y hallados en Tamaulipas el 24 de enero de 2021, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a instruir a la SRE para que haga de conocimiento público la situación laboral de al menos 80 trabajadores a quienes a finales de diciembre se anunció el despido de los consulados donde prestaban servicios, con el argumento de que el Departamento de Estado no renovaría sus visas A2, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

Efemérides

• Con motivo del 10 de febrero, Día de la Fuerza Área Mexicana, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con motivo del 12 de febrero, 74 aniversario del reconocimiento del derecho de la mujer a votar y ser votada en el ámbito municipal, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, a fin de acordar en la Jucopo la creación de un fondo de apoyo parlamentario para combatir el SARS-Cov2, a cargo del diputado Javier Manzano Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena

Javier Manzano Salazar, diputado secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en los siguientes

Considerandos

1. A casi un año de conocerse el primer caso de la pandemia en nuestro país, en el contexto de su avance catastrófico en Europa y otras partes del globo mundial, ha llegado el momento de realizar una reflexión serena y objetiva desde la Cámara de Diputados.

2. Como representantes populares, cada uno de nosotros provenimos de distintas regiones de la República; algunos de regiones indígenas empobrecidas desde hace cientos de años; otros de zonas urbanas en que contrastan realidades sociales; pocos, muy pocos, de ciudades urbanas con alto desarrollo económico.

3. Es la Cámara de Diputados la representante de la Nación. Cada uno de nosotros tenemos la encomienda de luchar por nuestras poblaciones, nuestros pueblos y comunidades indígenas. Las poblaciones urbanas, así como los pueblos indígenas, conformamos ese México plural formado por los muchos Méxicos. De igual forma, aquí se encuentra la pluralidad de hoy. Nadie, ante esta pandemia, que golpea a ricos y pobres, puede ni debe adoptar actitudes egoístas ni tampoco insensibles ante el dolor que hoy se cierne sobre nuestro pueblo atribulado en sus pobrezas y desencantos.

4. Ante la encrucijada convoco a su patriotismo. Por un tiempo arriemos banderas ideológicas, mezquindades partidarias, actitudes revanchistas o cálculos electorales. Hoy les digo: el pueblo mexicano sufre, sobre todo esa masa de empobrecidos por el modelo neoliberal, que contagiados del virus se nos muere en sus casas ante la insuficiencia de apoyos y, habremos de reconocerlo, el ser rebasados, tanto sociedad y gobierno, en el combate a la pandemia. Qué el Estado y la sociedad coordine, junto con el Gobierno, la emergencia nacional de la pandemia.

5. Desde la Casa del Pueblo, recojamos los sentimientos de la Nación. Con el mismo patriotismo de Morelos cuando reclama moderar la opulencia y la indigencia. El sentimiento nacional hoy es la desesperanza de los 158,536 muertos y 1,864,260 infectados, sumados al desempleo y la crisis de las pequeñas empresas y aún de las grandes.

6. Los representantes populares de toda la Nación tenemos que dar un paso adelante. Ha llegado el momento de convertirnos en ese ejército de Morelos, que a su convocatoria, imprimieron un sello social al movimiento de independencia. Requerimos, también a un Morelos en la Jefatura Nacional, que convoque a los mejores, experimentados y sensibles que sientan el dolor de nuestro pueblo y el desgarre social de las familias, no solamente por la pandemia, también por sus efectos en su nivel de vida. Serenemos los ánimos: nuestra Nación y sus hijos sufren. Seamos solidarios con su dolor.

7. Las condiciones están dadas. Únicamente falta dar un paso y rectificar convocando a los mejores ante la emergencia. Tenemos un Presidente de la República, que seguramente recuerda el patriótico discurso de un hombre legendario Othón Salazar, en el municipio de Tlalixtlaquilla, Guerrero en el año de 1996 cuando recorre la Montaña Roja de Guerrero. Un hombre que en toda su vida luchó por un México mejor y con su ejemplo, maestro insurgente que muere en la pobreza extrema, rescatemos la emoción revolucionaria y luchemos por el pueblo empobrecido e invadido por la pandemia

Ante los efectos y consecuencias del coronavirus, esta honorable Cámara de Diputados se pronuncia, de urgente u obvia resolución, a favor del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, en términos del inciso b) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consensando el respectivo Acuerdo a su interior para crear el Fondo de Apoyo Parlamentario para combatir el Virus SARS-CoV-19. Dicho Fondo se integrará con el 50% de las diversas partidas entregadas a los integrantes de la LXIV Legislatura y será cubierto a partir del mes de febrero al mes de agosto que finaliza su responsabilidad constitucional y canalizada al Instituto de Salud para el Bienestar.

Segundo. Se Exhorta, en el marco de colaboración de poderes y en términos del párrafo cuarto del artículo 4 y fracción XVI del 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1, 3, 13, 15 y 17 de la Ley General de Salud, al ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a valorar y considerar el documento: “Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de Covid-19 y sugerencias para enfrentar los próximos retos”, elaborado por especialistas de la UNAM y de los prestigiosos Institutos Nacionales de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Zubirán, de Enfermedades Respiratorias, de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, mostrando voluntad política y alto sentido de patriotismo modificando la estrategia adoptada en beneficio de la Nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Javier Manzano Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa y la Cofepris para que hagan del conocimiento público el motivo de desabasto de medicamentos en farmacias públicas y privadas, suscrita por el diputado Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Adolfo Torres Ramírez y las y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Salud y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, hagan del conocimiento público el motivo de desabasto de medicamentos en farmacias del sector público, así como las farmacias privadas, asimismo se implementen las acciones necesarias para restablecer el abastecimiento de medicamentos en el sector, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“La importancia de garantizar el acceso a los medicamentos esenciales se ha reconocido en la meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto es, lograr la cobertura sanitaria universal y, en particular, el acceso a medicamentos esenciales seguros, eficaces, de calidad y asequibles para todos. El acceso a los medicamentos también se ha reconocido como un elemento crucial de la salud”.1

En esta tesitura, la Organización Mundial de la Salud “indica que los gobiernos nacionales deben asegurar que los pacientes reciban los medicamentos de acuerdo con necesidades clínicas, en las dosis y tiempo adecuados, y al menor costo posible”.2

Es por lo anterior que estamos en un momento de crisis en materia de salud ocasionada por el Covid-19 y la mala estrategia en materia de salud por parte del gobierno federal en México hasta el día de hoy se han confirmado un millón 688 mil 944 casos totales y 144 mil 371 defunciones totales por Covid-19.

Aunado a lo anterior, en días recientes ha salido a la luz pública que en los últimos meses ha habido escasez de medicamentos tanto en el sector público como en el sector privado en diversos estados de la República, como Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Monterrey y Ciudad de México son los que han sufrido el desabasto.

Ante esto, el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Juan de Villafranca , informó que el desabasto de medicamentos en farmacias privadas se debe a que el sector de salud público no ha abastecido las necesidades de la población y estos deben comprar los fármacos con dinero de su bolsillo.

En este orden de ideas el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula , se detalló que los fármacos que se encuentran agotados pese a que su demanda es alta son: Dextrevit , Spiriva, Seretide, Stelabid, Forxiga.

Dichos medicamentos sirven para atender enfermedades como la hipertensión, diabetes, dermatitis, epilepsia y vitaminas. Además, esto también se suma a la escasez de medicamentos para los pacientes Covid-19.

Debido a ello, las personas se han visto en la necesidad de peregrinar de farmacia en farmacia con receta en mano. Algunos, optan por utilizar un transporte privado para hacer el recorrido con el menos tiempo posible”.3

Los medicamentos agotados son los siguientes: Sitagliptina, Lingliptina, Decanoato de Haloperidol 50 miligramos (mg), Dextrevit 500, Spiriva respimat inhalador, Hierro intramuscular, Ergotamina y Cafeína, Seretide, Benzac, Stelabid, Philebodia 600 mg, Justfx, Forxiga, Micardis duo 80 mg/10mg, Caezilasa 25ml, RD Nuverasa, Nexium Mups, Trayenta, Clexane, Tafil, Rifampicina, Beriglobina, Hemobion 400, Azulfidina, Hidroxicloeoquina, Redoxon, Iliadin aqua, entre otras.

Cabe mencionar que no sólo estos medicamentos están agotados en farmacias privadas, sino también en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Es por lo antes mencionado que México no sufre sólo de Covid-19 y no es la única enfermedad que se debe de tratar, está la hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, desnutrición anemias, enfermedades renales, entre otras.

Es imperante el acceso a servicios de salud suficientes, oportunos y de buena calidad distribuidos con equidad y organizados con eficiencia, es un requisito indispensable para mantener condiciones de salud adecuadas. “El acceso a los medicamentos tiene también un alto impacto sobre los servicios, ya que son un insumo básico del proceso terapéutico.

Además, existen evidencias de que es factible manejar exitosamente el abasto de medicinas si se mejora su selección, compra y distribución. El uso racional de medicamentos requiere un abasto suficiente, oportuno y económicamente accesible de medicamentos para toda la población y es un objetivo fundamental de los sistemas nacionales de salud”.4

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Salud y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, haga del conocimiento público el motivo de desabasto de medicamentos en farmacias del sector público así como las farmacias privadas, asimismo se implementen las acciones necesarias para restablecer el abastecimiento de medicamentos en el sector.

Notas

1 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_20-sp.pdf

2 Organización Mundial de la Salud. Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de Medicamentos; 1985 nov; Nairobi, Kenia.

3 https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210120/
farmacias-sin-medicina-escasez-medicamentos-reportaje-radio-formula/
?fbclid=IwAR0XIPn7T64LXfSBvtd5evAAvTVgFWtPPpU0sjRBBK9u0KSpwFQAhuRWFn4

4 Salud Pública de México versión impresa ISSN 0036-3634 Salud pública Méx vol.53 supl.4 Cuernavaca ene. 2011 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36 342011001000008

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a incluir a odontólogos, asistentes dentales y practicantes en la segunda etapa de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, suscrita por integrantes del PRI y de diversos grupos parlamentarios

Quienes suscriben, integrantes de diversos grupos parlamentarios en la LXIV Legislatura, Abril Alcalá Padilla, Mónica Almeida López, Sergio Fernando Ascencio Barba, Jacobo Cheja Alfaro, Fernando Galindo Favela, Maiella Gómez Maldonado, Enrique Ochoa Reza, Antonio Ortega Martínez, Claudia Pastor Badilla, Soraya Pérez Munguía, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Éctor Jaime Ramírez Barba, Dulce Maria Sauri Riancho, Patricia Terrazas Vaca y Pedro Pablo Treviño Villarreal, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México enfrenta una crisis de salud pública sin precedente, causada por la pandemia del coronavirus Covid-19, que ha vulnerado el bienestar y calidad de vida de miles de familias a nivel nacional.

Al 6 de febrero 2021 se habían confirmado 1 millón 926 mil 80 contagios y 165 mil 786 defunciones por Covid-19. Las 10 primeras entidades federativas que acumulan el mayor número de casos de contagios son: Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Puebla, Coahuila, Tabasco y San Luis Potosí, que en conjunto conforman cerca de dos tercios (67 por ciento) de todos los casos acumulados registrados en el país. La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos y representa por si sola 26 por ciento del total.1

Ante el repunte crítico de la pandemia en la mayor parte del territorio nacional, el 8 de diciembre de 2020, la Secretaría de Salud presentó la “Política Nacional de Vacunación contra el SARS-Cov2 para la prevención de la Covid-19 en México”. Ésta contempla inmunizar de forma prioritaria al personal de salud que está en la primera línea de atención de la pandemia.

Se informó que la primera etapa de aplicación de las vacunas iniciaría en la tercera semana de diciembre y finalizará en febrero de 2021. En este periodo, se aplicarán 125 mil esquemas del laboratorio Pfizer/BioNTech en dos sitios iniciales, que son la Ciudad de México, con 107 mil vacunas, y el estado de Coahuila con 17 mil 500. Asimismo, se prevé cubrir las regiones centro, norte, oriente, suroriente y occidente del país.2

En general, la estrategia de vacunación estará conformada por cinco fases, que son las siguientes: en la primera que arrancó en la tercera semana de diciembre de 2020, se estableció inmunizar a 125 mil trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de atención a pacientes con Covid-19, quienes representan entre 12.5 y 12.8 por ciento del total, que es de casi un millón.3

En la segunda etapa, que comprende de febrero a abril, se vacunará al resto de los trabajadores de la salud y a personas de 60 años y más. En la tercera, programada de abril a mayo, a quienes tienen de 50 a 59 años de edad. En la cuarta etapa –de mayo a junio– a personas de 40 años a 49 años. Y en la quinta, que va de junio de 2021 a marzo de 2022, a las personas de entre 39 y 16 años.

A varias semanas de iniciada la vacunación, se han presentado diversas problemáticas e irregularidades que ponen en riesgo su efectividad y cumplimiento. Ha quedado documentado que los criterios de selección en su aplicación han sido transgredidos y que no se cuenta con mecanismos de sanción y seguridad.

Lo anterior obedece a las limitadas cantidades de vacunas con que se cuenta. Pero, sobre todo, a la falta de información con la que se ha manejado la compra, distribución y aplicación de las vacunas. Estos factores ponen en riesgo la salud de miles de familias en todo el país. Frente a este panorama, el presente Punto de Acuerdo exhorta a la Secretaría de Salud para que se incluyan a los odontólogos, asistentes dentales y practicantes en la Etapa 2 de la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19, dado que por la naturaleza de su actividad tienen un alto riesgo de ser contagiados. Asimismo, se le exhorta a implementar un programa adecuado de pruebas de detección del Covid-19, entre los dentistas, asistentes dentales y estudiantes de las facultades de odontología públicas y privadas. Finalmente, exhorta a la Secretaría de Economía a generar apoyos económicos para reducir el impacto que ha causado la pandemia Covid-19 a este gremio en sus clínicas y consultorios.

El personal médico ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, fue el primero en ser considerado en la fase 1 y 2 de la jornada de inoculación. No obstante, el gremio odontológico no ha sido incluido dentro de los grupos prioritarios de la política rectora de vacunación. Ello, a pesar de que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo lo calificó de riesgo muy alto dentro de la Clasificación del riesgo de los trabajadores por ocupación o condición de vulnerabilidad para contraer la enfermedad Covid-19 . Esto debido que su labor implica trabajar a centímetros de distancia de la boca generando aerosoles y gotas de saliva que es el principal medio de contagio del Covid-19. Luego del inicio de la etapa 1 de aplicación de las vacunas, el pasado 24 de diciembre de 2020, estos profesionales de la salud parecen haber quedado excluidos.

De acuerdo con especialistas, el gobierno federal tampoco ha mencionado a los odontólogos para recibir algún tipo de apoyo económico o incentivo fiscal ante la pandemia. Los integrantes de este gremio han tenido que invertir cantidades muy importantes en medidas de bioseguridad y equipo de protección personal, nóminas y gastos para sacar adelante sus clínicas. Algunos se han visto en la necesidad de cerrar sus consultorios por presiones económicas. A ésta situación, se sumaron padecimientos como estrés y depresión ya que, al igual que el personal de salud al frente del combate de la pandemia en los hospitales, los dentistas han padecido contagio y muerte por la enfermedad.4

Asimismo, si bien las escuelas de odontología, de universidades públicas y privadas, han propuesto algunos planes de bioseguridad, no cuentan con los recursos económicos para llevarlos a cabo. En consecuencia, no están en condiciones de retomar sus actividades prácticas. Es necesario destinar recursos económicos suficientes para garantizar la seguridad de profesores y alumnos. Con ello, se busca evitar que las prácticas clínicas se conviertan en un foco de infección. Se deben salvar a las generaciones de odontólogos con vacunas e instalaciones adecuadas.5

También debe valorarse, que estas instituciones de educación superior cumplen con la importante función social de dar atención dental a una gran parte de la población con escasos recursos. A más de un año de declarada la pandemia, esta población ha tenido que suspender la atención de sus problemas dentales.

La interacción entre odontólogo-paciente no solo representa un riesgo de contagio para ambas partes, también entre pacientes que visitan la clínica, personal de los consultorios y para sus familias. Ello, toda vez que la principal vía de contagio del Covid-9 es por la diseminación de aerosoles y gotas de saliva, generados de la boca del paciente durante la atención dental y que pueden permanecer suspendidos en el ambiente por largos períodos de tiempo. El peligro reside en que los pacientes pueden visitar al dentista siendo portadores de la enfermedad sin saberlo. Se estima que alrededor de 60 por ciento de los casos son asintomáticos.

A lo anterior, se suma a que el gremio odontológico no cuenta con recursos suficientes para realizarse pruebas PCR con frecuencia, para detectar de manera oportuna y confiable casos de Covid-19. En consecuencia, el dentista, asistentes dentales, el personal de su clínica, el pasante de servicio social, el personal administrativo, así como profesores y estudiantes de las escuelas de odontología no tienen la posibilidad de prevenir y romper las cadenas de contagio.

Hay que voltear la mirada a experiencias internacionales en la materia. En España, la Comisión de Salud Pública establece en la actualización 2 de la Estrategia de vacunación aprobada, que los siguientes en recibir las vacunas contra Covid-19 tras de los primera línea serán “los profesionales de atención primaria y personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende con mascarilla durante más de 15 minutos”.6

Por otro lado, el gobernador de California, Estados Unidos, ha declarado que los trabajadores de la salud, como los farmacólogos clínicos, los médicos e incluso los dentistas, comenzarán a administrar las vacunas contra el Covid-19.

Se trata de una medida para abordar la escasez de personal de atención médica, por lo que el Departamento de Asuntos del Consumidor de California aprobó una exención de emergencia de salud pública. Dicha medida permitirá a más de 36 mil dentistas en todo el Estado a administrar las vacunas contra el Covid-19, a personas mayores de 16 años.7 Señala que previo a ello, los dentistas deberán recibir una capacitación y vacunarse.

En México, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, A.C. solicitó al Gobierno Federal ser considerados para la aplicación de las vacunas en la primera línea de atención. Y, de esta manera, brindar a los pacientes mayor margen de seguridad en su atención.8

La Asociación Dental Mexicana también ha pedido la inclusión en las primeras filas y etapas del Plan de Vacunación contra Covid-19 a: el Gremio Odontológico; Profesionales Odontólogos del Sector Público y Privado, incluidas todas las áreas y especialidades; así como los Pasantes de Odontología del país.9

La International College of Dentists Sección México, solicitó que el gremio odontológico sea reconocido como una profesión de muy alto riesgo. Resaltó que este gremio, por el tipo de práctica médica, la existencia de bioaerosoles, sangre y fluidos orales, tiene contacto muy cercano con pacientes que podrían ser portadores asintomáticos. Por tanto, el riesgo de sufrir infección cruzada existe a pesar de las barreras de protección que se usa con todos los pacientes.

Señalan que 59 por ciento de casos de infección provienen por la transmisión asintomática, y que 1 de cada 3 casos procede de personas que infectan a otras antes de mostrar algún síntoma. En tal virtud, piden ser considerados en la primera línea de vacunación en los equipos del sector salud, después de concluir con quienes están en el frente de batalla contra el Covid-19.10

De acuerdo con la Secretaría de Salud, las instituciones públicas del sector salud cuentan con alrededor de 10 mil odontólogos en todo el país.11

Estos profesionales están cuidando diariamente la salud de la población, atienden y ayudan a prevenir las enfermedades bucodentales que padecen millones de personas, y comparten factores de riesgo con otras importantes enfermedades no transmisibles e incluso pueden causar la muerte.

En la conferencia de prensa matutina del miércoles 27 de enero de 2021, la Titular de la Secretaría de Gobernación señaló que los dentistas están en la primera línea de atención para recibir la vacuna contra Covid-19. Sin embargo, los especialistas han afirmado que no tienen una respuesta clara de parte del Gobierno Federal y que han sido relegados. Ello, toda vez que no aparecen dentro de la lista de personal de salud de la Política Nacional de Vacunación contemplado para recibirla dentro de la fase 2.12

Por lo anterior sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que se incluya a los odontólogos, asistentes dentales y practicantes en la “Etapa 2” prevista en la “Política Nacional de Vacunación contra el SARS-Cov2 para la prevención de la Covid-19 en México”. Toda vez que estos profesionales de la salud están en contacto directo con la cavidad bucal y la saliva de los pacientes generando aerosoles durante la consulta dental siendo ésta la principal vía de contagio de la enfermedad. Asimismo, está profesión es considerada como de muy alto riesgo dentro de la clasificación de trabajadores por ocupación y vulnerabilidad para contraer la enfermedad por parte de la Secretaría de salud y la Secretaría del Trabajo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a implementar un programa adecuado de pruebas de detección del Covid-19, entre los dentistas, asistentes dentales y estudiantes de las facultades de odontología públicas y privadas. Ello, con la finalidad de detectar la enfermedad de manera temprana y evitar la diseminación de la enfermedad entre el gremio odontológico.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a crear un programa de apoyo económico para el gremio odontológico, así como para facultades de odontología públicas y privadas que realicen prácticas clínicas en la materia. El objetivo del programa debe ser el de reducir el impacto económico causado por la pandemia Covid-19.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614447/Comunicado_Tecnic o_Diario_Covid-19_2021.02.06.pdf

2 https://www.gob.mx/salud/prensa/242-presenta-secretaria-de-salud-politi ca-nacional-de-vacunacion-contra-covid-19

3 https://www.gob.mx/salud/prensa/243-en-mexico-la-vacunacion-contra-covi d-19-sera-gratuita-y-universal

4 https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/covid-19-odontologia-are a-medica-olvidada-en-jornada-de-vacunacion

5 Ibídem.

6 https://www.rtve.es/noticias/20210122/
sanitarios-atencion-primaria-dentistas-proximos-grupos-vacunarse-contra-coronavirus/2068706.shtml

7 https://abc30.com/dentist-covid-vaccine-california-coronavirus-where-to -get/9365827/

8 https://www.facebook.com/cncdoficial/

9 https://www.facebook.com/ADMorgmx/

19 https://www.facebook.com/1022423494515004/posts/3582872595136735/

11 http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2020/EstSociodemo/EstadisticaSalud2019_08.pdf

12 https://www.facebook.com/mileniotelevision/videos/
cu%C3%A1ndo-le-tocar%C3%A1-la-vacuna-contra-covid-19-a-dentistas/251585419931491/
?__so__=permalink&__rv__=related_videos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Enrique Ochoa Reza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a formular una recomendación; y a la SFP, a investigar a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca por actos de corrupción y violación de los derechos humanos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación, así como a la Secretaría de la Función Pública a investigar la Vicefiscalía Regional de la Mixteca por actos de corrupción y de violación a los Derechos Humanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca conforme lo establece su Ley Orgánica en el segundo párrafo del artículo 1, establece que ejercerán sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común, y en donde se especifica que la actuación de los servidores públicos se regirá por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficiencia, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Esta institución reside en el Ministerio Público, está dotada de autonomía constitucional, administrativa, presupuestal, financiera y operativa con una personalidad jurídica y patrimonios propios, determina sus prioridades según su requerimientos y necesidades y responden a la satisfacción de interés público.

La Fiscalía debe velar por el respeto a los derechos humanos y sus garantías, fomentar la cultura del respeto, atención a quejas y en su caso conciliar y recomendar, así como proporcionar información a organismos protectores de Derechos Humanos, además de coordinarse con otras Instituciones de Seguridad ya sea Federal o Estatales, realizar operativos, formular políticas y programas de seguridad, fortalecer sistemas de seguridad y demás acciones necesarias para el desempeño y cumplimiento que requiere la Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

También en su Ley Orgánica establece las funciones del Ministerio Público, del Fiscal, de la organización y administración de los servidores públicos de la fiscalía, del servicio profesional de carrera, así como un régimen disciplinario con derechos, obligaciones y responsabilidades.

Como bien sabemos la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que toda persona posee, tal es caso que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 establece lo siguiente:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

La libertad de expresión se encuentra protegida, permite la disidencia haciendo promoción del derecho de libertad de opinión y de expresión teniendo cuidado que no se vuelva discurso de odio, la protección a periodistas es de gran relevancia para que no sea censurados ni criminalizados e incluso asesinados cuando sus búsquedas de información son interpretadas por parte de los gobiernos o empresas criminales como amenaza lo que impide que las per5sonas puedan formarse una opinión informada para toma una decisión.

En el caso de México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la institución encargada de cuidar que la libertad de expresión plena que se ejerza en condiciones de seguridad, desde 1991 como parte de los reclamos de varios sectores sociales por lo que se crea dentro de los Derechos Humanos un rubro que pusiera atención a un Programa Especial de Periodistas, en 1995 se ampliaron las funciones del programa y para 2005 se crea la Quinta Visitaduría General en donde se adscribió la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. También contamos con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, que tiene por objeto establecer cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar Medidas de Prevención y Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos debido al gran aumento de asesinatos de periodistas durante los últimos cuatro periodos presidenciales en México, a saber:

*Tabla Obtenida de la página: articulo19.org Libertad de expresión y derecho a la información.

Como podemos observar tanto la Fiscalía del Estado de Oaxaca como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene en sus objetivos el cuidado y preservación de los derechos de las personas, sin embargo, en la Vicefiscalía de la Mixteca ubicada en el Municipio de Huajuapan de León la corrupción ha penetrado en este órgano tan importante debido a que es una institución encargada de la impartición de justicia en el Estado, se han presentado varios incidentes en donde se encuentran involucrados agentes, policías y hasta el vicefiscal de este organismo Jorge Alberto Flores Sánchez y la Titular de la Unidad de Justicia Alternativa Alejandra Noemí Crespo Ruíz, lo cual resulta indignante no solo para la institución que representa sino para la población que acude pidiendo justicia.

El pasado 8 de enero del año en curso pobladores de la Colonia Volcanes en el Municipio de Huajuapan, aprendieron a agentes de investigación de esta institución quienes extorsionaban e intimidaban a los vecinos de esta comunidad haciendo disparos al aire, lo que pone en riesgo la integridad de los habitantes, por lo que los vecinos reaccionaron asegurando y desarmando al agente presentándolo en el Palacio Nacional en donde les dijeron que saldría en libertad, por lo que nos vecinos exigían fuera sancionado por abuso de autoridad, extorsión y hasta secuestros exprés.

Otro caso presentado en esta fiscalía es la del periodista de la agencia de noticias IGAVEC quien por medio de hostigamientos le están solicitando se siente a conciliar con un grupo de presuntos delincuentes sobre el caso asentado en la Carpeta de Investigación 3180 /MIX/ HUAJUAPAN/2020, en donde hasta la Fiscalía General de la República intervino y tiene en resguardo el tractocamión robado y recuperado, el actuar de la Vicefiscal va en contra de la integridad del periodista, ya que pone en riesgo su vida, su integridad y datos personales por lo tanto no se está respetando los objetivos que se mencionan en la ley que la rige.

Un incidente más se presentó el 23 de enero, en donde detuvieron a un delincuente que se escapó de los separos de la vicefiscalía y en donde hasta el momento no se tiene informes sobre su paradero ni se sabe si ha dado alguna sanción al encargado de su vigilancia.

Cabe mencionar que anteriormente ya se tenían antecedentes de agentes de esta fiscalía quienes incurrieron en actos de corrupción y quienes fueron procesados y cesados de sus labores, esto indica que no es nuevo que la corrupción penetro en esta vicefiscalía ya que existen diversos hechos que evidencian que el crimen organizado entro a esta institución encargada de la impartición de justicia.

Como legisladores de la 4T tenemos la tarea de supervisar que se acaben los actos de corrupción y hacer las denuncias correspondientes ante la autoridad conforme se platea en los principios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, además de que para lograrlo existen instituciones como la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción Nacional y Estatal para lograr erradicar esta mala práctica política que dejaron los gobiernos anteriores.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca por violación fragante y recurrente a los Derechos Humanos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de la Función Pública investigue el actuar de la Vicefiscalía así como de los agentes involucrados en actos de corrupción y en su caso procesarlos y sancionarlos por los delitos que se les acusa.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca para que por medio de sus facultades realice las investigaciones y en su caso sanciones correspondientes al vicefiscal Jorge Alberto Flores Sánchez y a la titular de la Unidad de Justicia Alternativa Alejandra Noemí Crespo Ruiz por actos de corrupción.

Bibliografía

- Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

- Página Oficial de la ONU https://news.un.org/es/story/2018/11/1447331

- Página Oficial de la CNDH https://www.cndh.org.mx/documento/para-que-la-libertad-de-expresion-sea -plena-y-libre-requiere-ejercerse-en-condiciones-de

- Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

- https://oaxaca.eluniversal.com.mx/metropoli/31-01-2021/fiscalia-de-oaxa ca-cita-declarar-periodista-por-nota-sobre-robo-de-trailer

- articulo19.org Libertad de expresión y derecho a la información https://articulo19.org/periodistasasesinados/

- Aguilar, Leslie. Detienen a un agente de la Fiscalía de Huajuapan (Quadratín Oaxaca, 8 de enero de 2021)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de febrero de 2021.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el CSG a garantizar de forma prioritaria que se aplique la vacuna contra el virus SARS-Cov2 a médicos del sector privado, laboratoristas, trabajadores de empresas funerarias y cualquier persona que se encuentre en la primera línea de atención contra el Covid-19, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada federal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado , integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este órgano legislativo la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General a garantizar de forma prioritaria, se les aplique la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a médicos del sector privado, laboratoristas, trabajadores de empresas funerarias y cualquier persona que se encuentre en la primer línea de atención contra la Covid-19 , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Fondo Monetario Internacional, en uno de sus más recientes informes, declaró que la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 es una crisis sin precedente a nivel mundial; y en nuestro país fue declarada por las autoridades sanitarias el 11 de marzo del 2020 como una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió a finales del 2019, muchos expertos y analistas del tema sentenciaron que los efectos de tal enfermedad dependerían de muchos factores, pero, sobre todo, de qué tan alertas estuvieron los gobiernos a los primeros signos de la tragedia y qué tan hábiles han sido para ejecutar acciones correctas.

Es decir, las consecuencias del impacto de la pandemia en nuestro país dependen en gran medida de las estrategias tomadas por los sistemas de salud y el liderazgo político para facilitar el desarrollo de medidas sanitarias oportunas. En ese sentido, México estableció como medio de control de la propagación del virus SARS-Cov-2 la Estrategia Nacional de Vacunación, que al principio de la administración que preside el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador estableció que el Grupo Asesor en Vacunación fuera el encargado de diseñar “la estrategia de inoculación” que a partir del brote se enfocó particularmente en ella.1

Según datos de la revista Canifarma , la meta de cobertura propuesta por la vacuna contra la Covid-19 es la de alcanzar al menos al 75 por ciento de la población de 16 años en adelante, este plan, arrancó con la vacuna desarrollada por Pfizer y Biontech, no obstante que se consideró que en la medida en la que otras vacunas reciban aprobación de las autoridades regulatorias, se podrá acceder a ellas y modificarse las fechas planteadas en primera instancia en el plan.2

De acuerdo a datos del Documento Rector del gobierno mexicano, titulado “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS- CoV-2” para la prevención de la Covid-19 en México”,3 el proceso de desarrollo de la vacuna contra Covid-19 es complejo y debe pasar por tres fases de ensayos clínicos y ser aprobada por instancias nacionales e internacionales para garantizar su eficacia, por lo que se ha decidido dividir las etapas para la aplicación de la vacuna de la siguiente forma

1. Etapa 1: diciembre 2020 – febrero 2021

2. Etapa 2: febrero 2021 – abril 2021

3. Etapas subsecuentes: a partir de abril de 2021

De acuerdo con los datos disponibles de la Organización Mundial de la Salud, se tiene documentado que existen más de 200 vacunas candidatas contra la Covid-19 en desarrollo en el mundo, siendo únicamente 13 las que han llegado a iniciar ensayos clínicos fase 3.4

México necesitó crear un plan específico que tuviera como prioridad a los principales grupos de riesgo de mortalidad a causa de la Covid-19, por tal razón el primer grupo de prelación a ser vacunado es el personal sanitario que se enfrenta día con día al Covid-19 (estimado en un millón de personas),5 dicho grupo de trabajadores de la salud, contempla 11 subgrupos que incluyen al personal que trabaja en el cuidado, al interior o afuera de las instituciones formales de salud con potencial exposición a personal, pacientes o material potencialmente contaminado con el virus SARS-CoV-2:

1. Enfermería
2. Inhaloterapia
3. Medicina
4. Laboratorio y química
5. Radiología
6. Camillería
7. Limpieza e higiene
8. Operación de ambulancias
9. Manejo de alimentos
10. Asistentes médicos
11. Trabajo social

En el plan anteriormente citado, no existe ninguna diferenciación entre el personal médico del sector público y del privado, pues ambos se encuentran en constante exposición al virus, sin embargo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell, informó que la Secretaría de Salud no tiene, por el momento, un registro para poder vacunar contra la Covid-19 a médicos privados, por no existir un censo como con los médicos adscritos a una Institución pública6 situación que pone en un plano de desigualdad y peligro total a quienes no forman parte de estas.

En una entrevista para el periódico Milenio , el presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios (Unifacc) denunció que, los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras del sector privado en el país que se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronavirus están en el “limbo” por no ser considerados para la vacuna contra la Covid-19,7 no obstante que debido a la saturación del sistema público de salud, el sector privado ha tenido que abrir sus puertas y comenzar a recibir pacientes contagiados y a pesar de ello el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, organismo que hoy se exhorta a través de este documento, no ha dado respuesta a los médicos del sector privado para proporcionar soluciones efectivas que les permitan acceder a la vacuna.

Asimismo, el presidente de la Unifacc, Zavala adujo haber tenido que recurrir a los hospitales de alta calidad que son de tipo público -privado, por considerarlo “la mejor alternativa”8 para acceder a una garantía de primera necesidad que el Estado debe proveerles.

Actualmente, el gobierno federal continua la línea de diálogos con los presidentes de la Asociación de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados para impulsar la integración de las listas con el registro de las y los médicos del sector no público para que sean validadas y evitar así el riesgo que día a día corren los más de 15 mil profesionales de la salud del sector privado, por ser México el país con más personal sanitario muerto tras contraer Covid-19, con al menos mil 320 fallecimientos confirmados.9

La protección de la salud y de la vida es un derecho fundamental de los mexicanos al que se debe tener acceso sin distinciones, más aún si se trata del personal médico que ha arriesgado su vida para tratar de contener los efectos de la pandemia en la población, por lo tanto no es suficiente desarrollar u obtener las vacunas para contrarrestar la propagación del virus, si su aplicación no será garantizada de manera equitativa.

Además, se debe garantizar a los sistemas de salud en todos sus tipos y niveles en el que deben ser considerados de manera obligatoria a los laboratoristas y químicos, que son los encargados de hacer las pruebas y detectar las personas que han sido contagiadas por el virus SARS-CoV-2.

Aunado a ellos, otro de los eslabones de vital importancia para atender las consecuencias que ha dejado la pandemia, son las funerarias, encargadas de trasladar a los que lamentablemente perdieron la lucha contra la Covid y que deben también ser considerados como prioridad en la estrategia de vacunación.

Es necesario hacer hincapié en el papel que desempeña estos sectores en la lucha contra la Covid-19, pues primero, son los laboratoristas quienes diagnostican a través de las pruebas a las personas contagiadas con esta enfermedad, desafortunadamente las personas que pertenecen a este gremio son llamadas “la profesión oculta que salva vidas” y es inadmisible que continúen desprotegidos de un derecho de primera generación: la salud.

Así también, los trabajadores de las funerarias, según lo mencionaron las mismas a Forbes México, han tenido que reajustar sus procedimientos con trajes protectores, guantes, cubrebocas y caretas10 que representan una gran inversión para ellos, no obstante que el peligro sigue siendo inminente para todos ellos, pues de acuerdo a Guía de Manejo de Cadáveres por Covid-19 SARS CoV-2, en México puede considerarse que los cadáveres de personas fallecidas por Covid-19 sí pueden representar un riesgo de infección para las personas que entran en contacto directo con ellos,11 es decir los trabajadores de las empresas funerarias.

Esta proposición con punto de acuerdo es con la única pretensión de tutelar de manera efectiva la garantía del derecho fundamental al acceso a la salud, circunstancia que funge como base para el desarrollo de una vida plena y digna de todo mexicano, aunado a que el Estado debe no solo proteger sino garantizar este derecho a todos los seres humanos por igual, por así estar consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Mexicana.

Dicho lo anterior, es imprescindible que el Estado haga válido a médicos por igual, del sector público y privado, a laboratoristas y químicos y a trabajadores de las empresas funerarias, la protección a la salud a través de proporcionarles la vacuna contra la enfermedad provocada por el virus SARS- CoV-2, la Covid-19.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable legislatura, la citada proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General a garantizar de forma prioritaria, se les aplique la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a médicos del sector privado, laboratoristas, trabajadores de empresas funerarias y cualquier persona que se encuentre en la primera línea de atención contra la Covid-19.

Notas

1 [1]Código F, “La revista del CANIFARMA” 8 de diciembre del 2020. Consultado el 14 de enero del 2020, en:
https://codigof.mx/estrategia-nacional-de-vacunacion-contra-el-sars-cov-2-se-preve-llegar
-al-75-de-los-mexicanos-para-marzo-del-2022/

2 Idem

3 Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS- CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Versión 4.0 de fecha 11 de enero de 2021. Consultado en:
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf

4 [1] Consultado el 15 de enero de 2021 en: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-can didate-vaccines

5 [1] https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11En e2021.pdf

6 [1] “No hay registros para poder vacunar contra COVID- 19 a médicos privados: López Gatell. Consultado el 12 de enero,

7 Personal de salud en clínicas privadas no son considerados para vacunas contra anticovid. Consultado el 15 de enero del 2021 en: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/edomex-consideran-vacunas-antic ovid-personal-salud-privado

8 Idem

9 https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-pais-con-mas-personal-medico- muerto-por-coronavirus/

10 Forbes México https://www.forbes.com.mx/noticias-fotogaleria-asi-enfrentan-las-funera rias-a-la-muerte-por-covid-19/

11 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_Manejo_Cadav eres_COVID-19.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero del 2021.

Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a garantizar de manera oportuna con la Ssa el diagnóstico y tratamiento de cáncer para evitar un exceso de mortalidad a causa de éste, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Irma María Terán Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer es un problema de salud pública, con un alto grado de morbimortalidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que el cáncer sigue aumentando el número de víctimas, ya que en 2020 alcanzó a 19.3 millones de personas y cobró diez millones de vidas en el mundo, convirtiéndose en la segunda causa de muerte, además de advertir que en las próximas décadas los nuevos casos aumentarían para llegar a ser casi 50 por ciento más altos en 2040.1

Por su parte la Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirma que “los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia en los hombres son: de próstata (21.7 por ciento), pulmón (9.5 por ciento), y colorrectal (8.0 por ciento). En las mujeres, los cánceres más frecuentes son: de mama (25.2 por ciento), pulmón (8.5 por ciento), y colorrectal (8.2 por ciento). En América Latina y el Caribe, el cáncer cervicouterino sigue siendo uno de los tipos más frecuentes en mujeres y se puede prevenir con la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), además del tamizaje y el tratamiento de las lesiones precancerosas.2

Ante los devastadores datos sobre el aumento de los casos y muertes a causa del cáncer, la OMS afirma que “muchos tipos de cáncer tienen grandes probabilidades de curarse si se diagnostican y tratan oportuna y adecuadamente”.3

Además de que un diagnóstico de adecuado de cáncer genera una mejor calidad de vida para las personas y reduce en gran medida el impacto económico para los sistemas de salud en los países.

Sin embargo la pandemia originada por el Covid-19, ha colapsado a los sistemas de salud en todo el mundo. Los padecimientos originados por el virus han acaparado todos reflectores de los gobiernos en cuanto a los gastos para la adquisición de insumos e infraestructura para enfrentar a la pandemia, dejando de lado padecimientos que desde antes de la crisis sanitaria ya representaban un problema de salud pública.

En una lucha para ganar la carrera en la adquisición y aplicación de las vacunas a la población, y así evitar los altos índices de mortalidad a causa de los contagios, ha generado en los especialistas una gran preocupación ante el retraso del diagnóstico de nuevos casos de cáncer, el cual se redujo en un 21 por ciento, debido al acaparamiento de la atención médica por el Covid-19 en nuestro país.4

En México se diagnostican alrededor de 195 mil casos de cáncer al año, lo cual representa un grave problema de salud pública.

De acuerdo con un estudio del Colegio de México “el cáncer en el país, genera gastos catastróficos directos e indirectos por hasta 30 mil millones de pesos anuales, lo cual representa una quinta parte del presupuesto total del Instituto de Salud para el Bienestar en 2020.”5

En la actualidad este padecimiento se ha convertido en la tercera causa de muerte en el país, después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Resulta alarmante su exponencial aumento en los últimos veinte años, al pasar de 41 mil muertes en 1990 a 89 mil en 2019, informa el mismo estudio del Colegio de México.

La Sociedad Mexicana de Oncología (SMeo) considera que además de las elevadas cifras de muertes por cáncer se deben a los diagnósticos tardíos. 60 por ciento de los casos de cáncer en México es detectado en etapas avanzadas.

Las autoridades de salud mexicanas han dado a conocer una importante disminución en los diagnósticos de cáncer y otras enfermedades durante el año 2020.

A través de los boletines epidemiológicos emitidos por la Secretaría de Salud federal en 2020, se reportó que los “Hospitales y clínicas del sistema de salud del país disminuyeron la detección y seguimiento a enfermedades distintas al Covid-19, entre 20 y hasta 50 por ciento durante el primer semestre del año 2020”6 de acuerdo con el monitoreo, esta situación se ha ido a gravando desde que se presentaron los primeros casos de Covid-19 en el país.

Diagnosticar el cáncer en etapas avanzadas requiere de tratamientos más intensivos ya que aumenta el riesgo de diseminarse hacia otros órganos, momento en que ya no puede curarse, de ahí que radica la importancia del diagnóstico oportuno.

Siguiendo con el tema, en los anexos del segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, se aseveran que el año 2020 cerraría con la cifra más baja de consultas médicas dadas por las unidades de salud del país en 16 años, desde luego, a partir de los datos anteriores se podría afirmar que la abrupta disminución en las consultas llevaría a una baja considerable de la presencia de enfermedades en la población mexicana, sin embargo esto no es así, dado que la baja en el índice de diagnósticos reportados, apunta a diversos efectos colaterales originados por la pandemia, entre los que se destacan: el temor al contagio por parte de la población, acaparamiento de insumos y personal así como la conversión de hospitales y clínicas para atender la pandemia.

Por poner un ejemplo, los diagnósticos de cáncer de útero en el primer semestre del año 2020 fueron 1 mil 184, 37 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019. Los de cáncer de mama, que hasta marzo de 2020 había 10 por ciento más que el año anterior, a junio ya eran 20 por ciento menos.7

Frente a los padecimientos por Covid-19, nuestro país se encuentra ante un enorme reto en materia de salud, por lo que resulta fundamental que las autoridades de la salud, consideren el seguimiento y monitoreo de pacientes sospechosos, además de generar conciencia en la población sobre importancia de la detección oportuna de cualquier enfermedad, a efecto de disminuir las cifras de mortalidad.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual menciona que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”; de lo anterior se desprende lo establecido en la fracción II del artículo 27 de la Ley General de Salud que establece que “la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles”, son consideradas como un derecho básico de salud.

Aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, plantea un considerable aumento en materia de salud con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para la atención de la pandemia por Covid-19, es también de gran importancia no olvidar la prevención de las enfermedades no Covid.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido una serie de recomendaciones para que todos los países puedan adoptar medidas para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer:

• Sensibilizar al público acerca de los síntomas del cáncer y alentarlo a recurrir a la asistencia médica cuando los detecte;

• Invertir en el fortalecimiento y el equipamiento de los servicios de salud y la formación del personal sanitario para que se realicen diagnósticos exactos y oportunos;

• Velar por que las personas con cáncer tengan acceso a un tratamiento seguro y eficaz, con inclusión del alivio del dolor, sin que ello les suponga un esfuerzo personal o financiero prohibitivo.

Es por ello que en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, resulta fundamental que las instituciones garanticen la continuidad de la asistencia, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades graves no Covid, así como a través de la generación de campañas para tratar de llegar a la población que se vea impedida de salir de casa para realizar chequeos médicos.

La importancia del diagnóstico resulta determinante, pues un tratamiento oportuno de cualquier enfermedad le devuelve la salud a una persona, y de lo contrario un diagnóstico tardío puede poner en riesgo la vida de una persona.

De no atender oportunamente una enfermedad como es el cáncer, las consecuencias se verán reflejadas en los próximos años.

Para Encuentro Social la protección de la salud de las y los mexicanos resulta fundamental, en el avance hacia un país con mejor calidad de vida, es por lo anterior que pongo a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara Diputados de honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que en coordinación con la Secretaría de Salud, se garantice de manera oportuna el diagnóstico y tratamiento de cáncer, para evitar un exceso de mortalidad a causa de esta enfermedad.

Segundo. La Cámara Diputados de honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, para que frente la crisis del virus SARS-CoV-2, se priorice la continuidad en la asistencia, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades graves no Covid-19.

Notas

1 https://news.un.org/es/story/2021/02/1487492

2 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=
15716:country-cancer-profiles2020&Itemid=72576&lang=es#:~:text=Febrero%202020&text=
Los%20tipos%20de%20c%C3%A1ncer%20diagnosticados,colorrectal%20(8%2C2%25)

3 op. cit.

4 https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/el-covid-19-deja-en-limb o-diagnostico-nuevos-casos-de-cancer

5 https://www.milenio.com/politica/seguro-popular-insabi-perjudico-pacien tes-cancer-academica

6 https://www.animalpolitico.com/2020/09/cae-deteccion-enfermedades-no-so n-covid-cancer-diabetes/

7 op. cit

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Irma María Terán Villalobos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a vigilar los precios del oxígeno de uso médico, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Antonio Ortega Martínez, diputado de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Actualmente existe una propagación a nivel global (pandemia) del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19. Es un virus que resulta ser sumamente contagio en humanos para la cual no tenemos respuesta inmune. Se cree que su origen son animales silvestres (posiblemente murciélagos) de la localidad de Wuhan en China, donde aparentemente se originó a finales del año 2019. Sin embargo no se ha identificado al paciente cero (aquel primer infectado) por lo cual su origen exacto, en el tiempo y en el espacio, permanece incierto. La enfermedad fue transportada rápidamente a escala global por individuos inicialmente sin síntomas viajando desde China a Europa y Estados Unidos principalmente. En México se detectó por primera vez en el mes de febrero de 2020 en un individuo que estuvo de viaje en Italia.1

Hasta el 1 de febrero de 2021, el número de personas infectadas (positivas) con el SARS-CoV-2 asciende a 103 millones en todo el mundo y se han registrado poco más de 2.24, millones de fallecimientos a nivel mundial. Los síntomas principales de la enfermedad son la tos seca, la fiebre, estornudos, dolores de cabeza, dolor de garganta y malestar físico principalmente. Se transmite principalmente en pequeñas partículas de fluidos contaminados, mediante el estornudo o el contacto de la piel en las manos y su posterior contaminación en la cara, ojos y nariz. Sus síntomas se manifiestan aproximadamente a la semana de la infección (puede variar entre dos días a dos semanas).

México registró el 1 de febrero de 2021, 564 muertes más por Covid-19, por lo que suma un total de 159 mil 100 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, informó Alethse de la Torre Rosas, directora de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida. Además, en el día 244 de la nueva normalidad, la Secretaría de Salud (SSa) informó a que ascienden a 2 millones 641 mil 109 casos estimados acumulados por Covid-19.

Los resultados de la estrategia del gobierno de federal en contra de la pandemia han sido materia de discusión a lo largo de todo el año pasado y se han profundizado en el último tramo del 2020 e inicios del presente año, el pasado mes de noviembre, sobrevino la primera llamada de atención a nivel internacional, cuando la situación revelada por los datos oficiales causó el llamado de atención por parte de organismos internacionales como lo sostuvo el director general de la OMS Tedros Adhanom quien en videoconferencia en el mes de noviembre señaló que, en el caso de los contagios, en la semana del 12 de octubre de 2020 en México se acumularon 30 mil casos positivos, mientras que en la del 23 de noviembre nuestro país superó más de 60 mil.

Por su parte, el director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, aseguró que el escenario sanitario de nuestro país «es preocupante» y que la transmisión comunitaria continúa extendiéndose.2

El pasado mes de noviembre México se consolidó como el peor país para estar durante la pandemia, según indicó el “Ranking de resiliencia Covid” de 53 naciones de diversas regiones del mundo elaborado por Bloomberg. Entre los puntos de alarma que señala Bloomberg está un índice de letalidad de 7,5 por ciento, el mayor de los 53 países estudiados. También resaltan las 1.156 muertes por cada millón de habitantes y un índice de positividad de 41,1 por ciento, lo que implica que las autoridades no detectan una cantidad significativa de contagios.3

Cabe señalar que en el ranking de resiliencia a Covid-19 se evaluaron 59 economías de más de 200 mil millones con 10 métricas consideradas «clave»: aumento de los casos de Covid-19, tasa de mortalidad, capacidad de pruebas diagnósticas y acuerdos para garantizar el stock de vacunas. La capacidad hospitalaria de cada país, el efecto de restricciones ligadas al impacto del virus, como confinamiento y cierres a la economía, y la libertad de los ciudadanos de cada Estado para desplazarse también se consideraron.

El discurso oficial desde palacio nacional revela que la estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se preocupó por no saturar los hospitales más que en procurar que la población no se infectara. Es decir, la función de la Secretaría de Salud (SSa) ante la nueva cepa de coronavirus radicó en administrar la capacidad hospitalaria, misma que se ha visto rebasada como lo indican los datos del El Inegi, De acuerdo con cifras sobre mortalidad recopiladas por el instituto, basadas en certificados de defunción emitidos por el Registro Civil, servicios forenses y agencias del MP, El instituto indicó que de enero a agosto pasados se esperaban 488 mil 343 decesos, pero ocurrieron 673 mil 260, por lo que el exceso de mortalidad por todas las causas alcanzó 38 por ciento. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que de enero a agosto del año pasado se registraron 108 mil 658 fallecimientos por covid-19, cantidad 68.7 por ciento superior a la registrada para ese mismo periodo por la Secretaría de Salud.

Lo anterior es un indicador de que existe una gran parte de las defunciones por Covid, que no son registradas y no forman parte de la estadística, en gran medida producto de la falta de atención.

Aunque todas las personas podemos contagiarnos, existen grupos sociales más vulnerables que otros, de acuerdo con diversas características y condiciones. Ejemplo de ello son la condición de edad avanzada o la preexistencia de enfermedades, las cuales ayudan en la evolución negativa de la enfermedad haciendo más propensa a la población con esas características a sufrir consecuencias negativas en diferentes aspectos de su vida a raíz de la epidemia. Las carencias en diferentes aspectos del desarrollo humano hacen vulnerable a la población que en términos socioeconómicos y/o psicosociales, tendrá mayor dificultad para sobrellevarlos aun sin estar contagiada. Por otro lado, la baja accesibilidad a la infraestructura de salud, particularmente la más especializada, así como su calidad, exacerba la vulnerabilidad debido a la imposibilidad de alcanzar atención médica; al tiempo que aspectos como la densidad poblacional de las ciudades aumentan considerablemente la vulnerabilidad en las mismas al facilitar una mayor tasa de contagio.

Pero la ausencia de una respuesta adecuada a la pandemia se encuentra ligada a varios aspectos, por un lado, a la centralización que se dio del sistema de salud con la desaparición del seguro popular y las consecuentes ausencia de leyes y reglamentos de operación derivados de la iniciativa de ley que dio origen al Insabi, que sumados a la crisis de infraestructura en salud tiene nos ha dado como resultado, que durante toda la pandemia pero con mayor intensidad en los últimos meses la población mexicana debido a la saturación del sistema hospitalario, se ha visto obligada a llevar a cabo su atención medica fuera de centros de salud y hospitales,; no teniendo otra opción más que ser atendidos por familiares en sus propias casas

En 2021 tenemos frente a nosotros, además del invierno, que ya ha comenzado, otros factores de riesgo, como la influenza, sindemia,4 informes preliminares del estudio Coverscan, en Reino Unido, afirman que pacientes con síntomas persistentes de Covid-19 muestran daños en múltiples órganos cuatro meses después de la infección inicial. También personas jóvenes y previamente sanas con síntomas continuos de Covid-19 mostraron estos daños. Según el periódico inglés The Guardian, los datos preliminares de los primeros 200 pacientes que se sometieron a exámenes de detección sugieren que casi 70 por ciento presenta deficiencias en uno o más órganos, entre los que figuran cerebro, corazón, pulmones, hígado y páncreas.5

En algunos casos, subraya el estudio, hubo una correlación de los síntomas de las personas y el momento en el que hubo falta de oxígeno. Por ejemplo, las deficiencias cardiacas o pulmonares se vincularon con la dificultad para respirar, mientras que las insuficiencias del hígado o del páncreas se asociaron con síntomas gastrointestinales. Hoy sabemos, que la causa principal de fallecimiento por Covid-19 es la falta de acceso a oxígeno suplementario de forma oportuna, esté el paciente en su casa o en un centro de salud. Lo que ocurre es que el virus desconecta los «sensores» de oxigenación de nuestro organismo y el paciente pasa días enteros sin recibir la cantidad de oxígeno adecuada.

La oximetría basal de una persona suele estar entre 92 y 98 por ciento. Si está en 90 por ciento o menos, esto representa un signo de alerta, Especialistas señalan que una de las mayores afectaciones que el Covid-19 puede provocar la inflamación de los pulmones, lo que podría generar una neumonía.

“Hay que aclarar que no es en todos los casos de Covid (se presenta la neumonía). Pero cuando se presenta no se da el intercambio de oxígeno de manera correcta, y no alcanza a llegar a la suficiente concentración de oxígeno a las moléculas del organismo”.

Los síntomas y complicaciones antes mencionadas han ocasionado una problemática de aumento de la demanda desmedida ante el alza de contagios la población está sumamente preocupada ante el desabasto y el alza de precios del oxígeno, viéndose obligada a comprar a sobreprecio

Conclusiones

Es de vital importancia para el tratamiento de SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19 el uso de oxigeno ya que es uno de los principales insumos médicos utilizados en pacientes con esta enfermedad, por lo que es importante el mantener regulado su precio y evitar que este se eleve a tal grado de que los familiares de pacientes con Covid-19 no puedan costearlo, no hay que olvidar que además de la crisis sanitaria por la que atraviesa nuestro país, también nos encontramos ante la crisis económica más severa de la que se tenga memoria, esto ha impactado severamente la economía de millones de mexicanas y mexicanos al grado de ser sumamente importante el vigilar y garantizar que los precios del oxígeno sean los justos y evitar que terceros quieran aprovechar la alta demanda de este insumo y lucrar con la necesidad de las personas, de esta forma estaremos evitando miles de pérdidas de seres humanos y garantizando el acceso a la salud de los mexicanos y mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de este honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Profeco para que en cumplimiento de sus facultades vigile los precios para la comercialización del oxígeno de uso médico.

Notas

1 Octavio Miramontes, Entendamos el Covid-19 en México, Instituto de Física Universidad Nacional Autónoma de México, 4 de septiembre de 2020

2 Naciones Unidas, Departamento de Información Pública, La OMS alerta de un problema serio en México por el aumento de casos y muertes de Covid-19, Salud 30 de noviembre 2020, https://news.un.org/es/story/2020/11/1484882

3 Véase https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilienceranking/#ranking

4 Término acuñado en la década de los noventa y que describe la interacción de dos o más enfermedades que causan un daño mayor que la suma de estas dos condiciones

5 Laurie Ann Ximénez-Fyvie, Un daño irreparable, La criminal gestión de la pandemia en México, Editorial Planeta Mexicana, México, 2021

Palacio Legislativo, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Antonio Ortega Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE, la Sectur y la SHCP a instaurar un fondo de contingencia en apoyo de las Mipyme turísticas a causa del Covid-19, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez , diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La situación en el mundo por Covid-19 ha implicado un choque económico varios especialistas han señalado que las economías en vías de desarrollo experimentaran de forma más intensa los efectos de la pandemia por contar con menores ingresos, con un sistema institucional y sanitario débil, así como por estar densamente poblados y contar con enfermedades crónicas previas y condiciones de nutrición que los hacen más vulnerables a los efectos del Covid-19. En nuestro país, por ejemplo, las enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad han hecho que la tasa de mortalidad sea mayor que la observada como promedio a nivel mundial.

Segunda. Estamos viviendo un ciclo de recesión global, derivado del paro de las cadenas productivas. Las economías, que son el motor de la actividad industrial y de servicios, están detenidas en su totalidad, iniciando por China y Asia, pasando por Europa y América con Estados Unidos a la cabeza.

La recesión económica se visibiliza con el debilitamiento de los principales indicadores macroeconómicos, como el empleo, el nivel de precios, el consumo interno, la capacidad de pago de los agentes económicos y el nivel de producción.1

Tercera. La economía mexicana sigue afectada por la incertidumbre en el mundo. Si bien hubo indicios de recuperación en el tercer trimestre de 2020, aún existe riesgo por la reanudación de actividades, ya que puede haber otro brote de Covid-19 (como en algunos países europeos) y se volverán a tomar medidas rigurosas de contención.

En este contexto, el Banco de México prevé que, en el peor escenario, el producto interno bruto (PIB) del país experimente una contracción de -9.3 por ciento en 20202 , lo que supone una mejora respecto al pronóstico anterior, cuando el mismo indicador se fijó en -12.8 por ciento.

Cuarta. México se consolidó en 2019 como uno de los 10 países más visitados del mundo al recibir más de 45 millones de turistas internacionales con una derrama económica de 24 mil 563 millones de dólares.

A consecuencia de la pandemia por Covid-19 y al menor ingreso de divisas la afectación en los servicios como hoteles, restaurantes, esparcimiento, etcétera, la aportación del sector turismo al PIB de México, disminuirá en medio punto porcentual, reduciendo su participación de 8.7 por ciento del PIB de México a 8.2 por ciento3 .

Quinta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)4 informó en septiembre pasado que México recibió en julio de 2020 a 1.39 millones de turistas internacionales. Esto corresponde a una caída de 66.6 por ciento a tasa interanual, ya que en julio del año pasado 4.16 millones de personas visitaron el país.

El principal descenso, con un 81.4 por ciento, se dio en los turistas que llegaron vía aérea. Mientras en 2019, 1.7 millones de personas llegaron en avión, este año sólo fueron 322 mil 720.

El turismo internacional dejó en julio pasado 490.4 millones de dólares, mientras que en el mismo mes del 2019 el total de ingresos fue de 2 mil 167 millones de dólares5 .

El gasto promedio de cada turista también bajó de 263.3 a 171.8 dólares en el mismo periodo, lo que representa 34.8 por ciento menos.

En este contexto, Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), dio a conocer que la recuperación del sector turístico a nivel nacional se dará en 2023, año para el cual se estima regresen los indicadores que se tenían a finales de 20196 .

Sexta. Por su parte, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) representan 99.8 por ciento del total de las empresas que hay en México7 de acuerdo a lo publicado por Inegi en los Censos Económicos de 2019, lo importante de ayudar a este sector productivo de la población radica en que gracias a ellos se produce cerca de 52 por ciento del producto interno bruto del país, y aproximadamente 72 por ciento de los empleos formales en México.

Visualizando dicho panorama, es importante enfocarse y dirigir todos los esfuerzos en los siguientes objetivos: a) Proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; b) Implementar un plan de acción inmediata que sienten las bases para una recuperación inmediata; y c) Evitar que la crisis de liquidez de familias y empresas se agudice y revertir a una situación de liquidez.

Séptima. El objetivo es ayudar a las Mipyme para que la falta de liquidez no las haga caer en la insolvencia, apoyándolas para poder prevenir su posible quiebra, y en su conjunto fomentar y aplicar programas para una óptima recuperación y fortalecimiento de éstas.

Por tanto, se propone tomar medidas que aminoren el impacto económico y la pérdida de empleos de este sector estratégico para nuestro país poniendo énfasis en las Mipymes.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economia federal para implementar un programa de apoyo a través de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) del sector turístico y vinculadas con el mismo, considerando por lo menos tres meses de gracia a la primera amortización.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a que en el ambito de sus atribuciones realice las acciones correspondientes junto con la Secretaría de Hacienda para implementar un programa emergente de empleo temporal, destinado a apoyar a las Mipyme vinculadas al sector turismo.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la secretaría de hacienda para que promueva facilidades fiscales a las mipymes del sector turismo, como la prórroga en el cobro de los impuestos federales, así como de las cuotas obrero-patronales y de servicios públicos.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-es-una-recesion-tecnica-20 190711-0065.html

2 https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/
%7BBA84D725-CC89-F4A2-0C1A-55574664349E%7D.pdf

3 http://www.cportuaria.com.mx/noticias/detalle/5e818fca04bb625e73952c99

4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/notasinformativas/2020 /ViajInternales/ViajInternales2020_09.pdf

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/notasinformativas/2020 /ViajInternales/ViajInternales2020_09.pdf

6 https://www.ejecentral.com.mx/recuperacion-del-turismo-se-dara-en-2023- sectur/

7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pro_ce2019.pd f

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la SCT y el gobierno michoacano a considerar la ampliación a seis carriles de la autopista Siglo XXI, que corre de Lázaro Cárdenas a Pátzcuaro y donde entronca con el macrolibramiento de Morelia, a cargo del diputado Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Agustín García Rubio, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SCT y al gobierno de Michoacán de Ocampo, para que sea considerada la ampliación a seis carriles en la autopista Siglo XXI, que corre de Lázaro Cárdenas a Pátzcuaro y entronca con el macrolibramiento de Morelia, Michoacán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La red carretera nacional, que se ha desarrollado de manera gradual a lo largo de varias décadas, comunica a casi todas las regiones y comunidades del país a través de más de 333 mil kilómetros de caminos de todos tipos. Por su importancia y características, la red carretera mexicana se clasifica en: red federal, redes estatales, caminos rurales y brechas mejoradas. La red federal de carreteras es atendida en su totalidad por el gobierno federal.

Registra la mayor parte de los desplazamientos de pasajeros y carga entre ciudades y canaliza los recorridos de largo itinerario, los relacionados con el comercio exterior y los producidos por los sectores más dinámicos de la economía nacional. Las redes estatales cumplen una función de gran relevancia para la comunicación regional, para enlazar las zonas de producción agrícola y ganadera y para asegurar la integración de extensas áreas en diversas regiones del país. Por su parte, los caminos rurales y las brechas mejoradas son vías modestas y en general no pavimentadas; su valor es más social que económico, pues proporcionan acceso a comunidades pequeñas que de otra manera estarían aisladas.

Como se ha demostrado en varios estudios, la infraestructura de transporte, y en especial las carreteras son de significativa importancia en el crecimiento y desarrollo de un país, la inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

Además de esto, contribuye a fortalecer a la industria nacional en sus procesos de producción, distribución y comercialización, haciéndola más productiva y competitiva, al crear carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones para el transporte de mercancías, personas e información; al cimentar las instalaciones que suministren energía eléctrica, petróleo y gas, para proveer los energéticos requeridos; al erigir instalaciones turísticas que permitan el acceso de recursos económicos adicionales al país, una de las principales fuentes de ingresos para México.

Actualmente, el desarrollo de una nación se mide por la calidad de sus vías de comunicación. Ninguna sociedad concibe su desarrollo al margen de un eficiente sistema de comunicación vial. Las carreteras son obras estratégicas para el desarrollo, una obra vial bien planificada se traduce en reducciones de los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente, y en consecuencia brindando más impulso económico de las zonas por donde atraviesan.

Los beneficios socioeconómicos proporcionados por los proyectos de caminos y carreteras, incluyen la confiabilidad bajo todas las condiciones climáticas, la reducción de los costos de transporte, el mayor acceso a los mercados para los cultivos y productos locales, el acceso a nuevos centros de empleo, la contratación de trabajadores locales en el proyecto en sí, el mayor acceso a la atención médica y otros servicios sociales, y el fortalecimiento de las economías locales.

Según información de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el sector genera, aproximadamente, 5.6 millones de empleos, lo que representa 13.2 por ciento del empleo total. Su efecto multiplicador, según la misma fuente, es que, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción. 43 pesos se emplean para la compra de servicios y materiales que se ofrecen en 63 ramas económicas que integran la cadena productiva de la construcción.

La importancia de las carreteras radica en que es la columna vertebral del transporte, su construcción y mantenimiento se vuelven estratégicas para el desarrollo y crecimiento de un país que desea quiere crecer en comercio interior y exterior.

Para 2004, la longitud de la red carretera de México alcanzaba una extensión de 352 mil kilómetros, de los cuales únicamente 34.46 por ciento correspondía a vías pavimentadas, 43.20 por ciento a vías revestidas, y el resto a caminos de terracería y brechas mejoradas. Asimismo, como medida de referencia, la densidad promedio de la red carretera era de 3.4 kilómetros por cada mil habitantes, cifra relativamente baja, sobre todo en comparación con los países desarrollados, e incluso con algunos países en desarrollo como Costa Rica y Perú. Los datos anteriores corroboran la capacidad de crecimiento que representa para México la inversión en construcción carretera. Una de las características más relevantes de la red carretera nacional es la centralización de su ubicación, pues una elevada proporción de sus carreteras en mejores condiciones y mayor capacidad de transporte confluyen hacia el centro del país, región que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesita de una mayor conexión para poder impulsar sus actividades, como lo son las zonas con potencial turístico. Del total de las carreteras pavimentadas, las entidades federativas ubicadas en el centro del territorio nacional1 concentran 25 mil 058 kilómetros de longitud, cifra correspondiente a casi 20.7 por ciento del total de la red.

Cabe señalar que toda la extensión carretera del Distrito Federal (149 kilómetros) se encuentra pavimentada, siendo la única entidad con tal característica. Si bien la longitud carretera en el norte del territorio es extensa –abarca cerca de 50 mil kilómetros de vías pavimentadas–, las dimensiones de la región y de las entidades que lo componen también es mayor, puesto que comprende, aproximadamente, 60 por ciento del territorio nacional. En este sentido predomina Sonora con la mayor red carretera pavimentada de la República, cuya distancia es de 10 mil 354 kilómetros, seguida por Chihuahua y Durango, con extensiones respectivas de 5 mil 568 kilómetros y 4 mil 343 kilómetros. Algunos estados situados en el sur y sureste mexicano cuentan con gran longitud de carreteras, sin embargo, la mayor proporción de ellas corresponde a caminos revestidos o de terracería. En particular, Chiapas cuenta con 21 mil 864 kilómetros de carretera, de los cuales 73 por ciento son revestidos, 4.8 por ciento son caminos de terracería, en tanto el resto se encuentra pavimentado. En las mismas condiciones se encuentran Oaxaca y Guerrero, pues únicamente 23 por ciento de su red corresponde a vías pavimentadas.

Entre los objetivos planteados por el gobierno federal respecto al sector comunicaciones se encuentra equilibrar el desarrollo de las regiones del país, a fin de lograr una mayor integración de los mexicanos y de las comunidades e impulsar el crecimiento del comercio interno y externo, además de permitir una mayor articulación de las cadenas productivas nacionales. Para ello, se requiere continuidad en las obras de construcción pendientes, priorizar a los enlaces transversales faltantes de la red troncal del país, así como modernizar y ampliar la red carretera en aquellas regiones con capacidad de conexión limitada. Así, para promover un mayor desarrollo del sistema carretero se busca dar continuidad a la participación del capital privado, estrategia aplicada desde la administración anterior. La idea es otorgar concesiones de proyectos carreteros a la iniciativa privada, además de los esquemas de proyectos de prestación de servicios.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estima que por cada peso invertido por el sector público en infraestructura carretera se perciben, en promedio, siete pesos de inversión privada, lo que significa que la inversión en construcción carretera podría ascender a 238 mil 813 millones de pesos, en cuyo caso la participación sobre la actividad económica, en términos nominales, correspondería a 12.43 por ciento del producto interno bruto, además de contribuir con seis décimas del crecimiento de la inversión total.

El libramiento que recorre Pátzcuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas, además de pasar por el destino turístico de Ixtapa, aumentaría de 5 mil vehículos en promedio diario a 5 mil 300 y de 10 mil, en el tramo de Uruapan a Lázaro Cárdenas, a 10 mil 600.

Se debe contempla tener un incremento del tráfico en alrededor de 6 por ciento, derivado de las expectativas de crecimiento en el movimiento de carga de la API de Lázaro Cárdenas, así como de un mayor aforo de vehículos de turismo carretero hacia Ixtapa, vía Morelia.

Por lo anterior, sirve de argumento para realizar inversiones en el estado de Michoacán de Ocampo, es por lo cual, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de Michoacán de Ocampo, para que sea considerada la ampliación a seis carriles en la autopista Siglo XXI , que corre de la ciudad de Lázaro Cárdenas, a Pátzcuaro y entronca con el macrolibramiento de Morelia, Michoacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Agustín García Rubio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Semarnat a proceder de inmediato con la Profepa contra la tala inmoderada del bosque Pico Azul, en Morelia, Michoacán, suscrito por el diputado Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Adolfo Torres Ramírez y las y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato en contra de la tala inmoderada del bosque Pico Azul, en el municipio de Morelia, Michoacán, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La zona de protección ambiental Pico Azul-La Escalera, es una de las 10 áreas naturales protegidas ubicadas en Morelia. Comparte su extensión de 23 mil 107 hectáreas con los municipios de Charo y Madero. Se encuentra dentro del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural de Michoacán, administradas por la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), bajo un esquema de protección, preservación, conservación y restauración. Actualmente el sistema cuenta con 52 áreas distribuidas en todo el estado.

La zona de protección ambiental Pico Azul-La Escalera tiene un régimen de propiedad ejidal, federal y privada, fue decretada como ANP el 13 de septiembre de 2011 . Además de opciones de esparcimiento y contacto con la naturaleza, este lugar resulta estratégico por su ubicación en la parte alta de la cuenca de Cuitzeo y del Balsas. Brinda por sus condiciones físicas y climáticas servicios ecosistémicos, como retención de agua e infiltración para recarga de acuíferos, control de erosión de la cuenca, al conservar los suelos de las zonas más críticas debido a la altura y pendiente y también funciona como un regulador climático.

Esta zona, es las segunda más grande en superficie dentro del Sistema de Áreas para la Conservación del Estado de Michoacán. La historia geológica que dio forma a las provincias y subprovincias fisiográficas donde se ubica la Zona de Protección Ambiental Pico Azul-La Escalera, es accidentada, lo que da lugar a un paisaje caracterizado por formaciones de elevaciones diversas.

Estas características combinadas, con factores climáticos y del suelo, son elementos que suman en favor de la diversidad biológica que en ella se encuentra, como bosque de encino y de pino, hay elementos de bosque de galería y de bosque mesófilo de montaña. Cuenta con especies como pino, capulín negro, aile y fresno. En especies animales se pueden encontrar desde coyotes, zorra gris, gato montés, musarañas, tuzas, murciélagos, trogón elegante, halcón cernícalo, carpintero bellotero, perlita azul-gris, cuclillo canela y una especie que es endémica y está sujeta a protección especial de esta región, conocida como ajolote michoacano.

Esta zona de protección ambiental cuenta con infraestructura para actividades de turismo de naturaleza y de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, destacando las cabañas, cascadas y su unidad de manejo y aprovechamiento de venado cola blanca en Ichaqueo; santuario de la orquídea en San Miguel del Monte, área de restaurantes en La Escalera y sitio de reunión para practicar el vuelo con parapente.

Es por lo antes mencionado que es imperante conservar esta área natural. La tala clandestina y cambio ilegal de uso de suelo son los principales problemas de comunidades de Zitácuaro.

Aunque autoridades locales han implementado la Mesa de Seguridad Ambiental instalada en el municipio de Zitácuaro, para revisión de los principales problemas de once comunidades ubicadas en la región oriente del estado y las propuestas de trabajo para revertir estas acciones que deterioran los recursos naturales de Michoacán.

Los principales problemas detectados en las comunidades son la tala clandestina, que en muchos casos deriva en un cambio ilegal de uso de suelo y en incendios forestales, lo anterior expuesto en el diagnóstico hecho por las instituciones participantes en la Mesa de Seguridad Ambiental de Zitácuaro.

Hay que recordar que hace 20 años, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha otorgado ningún permiso para cambio de uso de suelo en Michoacán, por ello, insisto en que esta acción es totalmente ilegal y hay que combatirla por medio de la denuncia correspondiente, por ello realizo este punto de acuerdo en donde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y los morelianos exigimos que se frene la tala ilegal de este bosque Pico Azul y se lleve a los responsables a prisión, con el fin de evitar este ecocidio.

Otros de los problemas encontrados, son las plagas y enfermedades de los árboles, la operación irregular de bancos de materiales pétreos, las descargas de aguas residuales directamente a ríos y vías públicas, así como el tema de recolección no adecuada de residuos sólidos urbanos y la falta de seguimiento a denuncias penales.

En esta tesitura pedimos al gobierno federal que, en coordinación con el estado de Michoacán, implementen programas que incentiven el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, el pago de servicios ambientales y el empleo temporal con acciones de cuidado de los bosques. Buscar también que haya un seguimiento a las investigaciones penales por delitos ambientales ya interpuestas, hasta obtener un resultado jurisdiccional.

Por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente, se realicen visitas de inspección a bancos de materiales pétreos para circunstancias si se cuenta con la documentación para operar y de lo contrario, se hagan las suspensiones temporales a los bancos que no la tengan, ya que la mayoría de los casos no las tienen y siguen trabajando en la irregularidad.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato en contra de la tala inmoderada del bosque Pico Azul, en el municipio de Morelia, Michoacán.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, den seguimiento a las investigaciones penales por delitos ambientales ya interpuestas, hasta obtener un resultado jurisdiccional.

Tercero. Se realicen visitas de inspección a bancos de materiales pétreos para circunstancias si se cuenta con la documentación para operar y de lo contrario, se hagan las suspensiones temporales a los bancos que no la tengan, ya que la mayoría de los casos no las tienen y siguen trabajando en la irregularidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la Ssa y las dependencias respectivas a generar mecanismos incluyentes y de acceso universal que informen en tiempo real a las personas sobre la disponibilidad hospitalaria en ocupación de camas e insumos médicos para la atención de pacientes de Covid-19, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Ximena Puente de la Mora, diputada a la LXIV Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos el 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Ejecutivo federal, la Secretaría de Salud y las dependencias correspondientes a generar mecanismos incluyentes y de acceso universal que informen a las personas en tiempo real sobre la disponibilidad hospitalaria en ocupación de camas e insumos médicos para la atención de pacientes contagiados por Covid-19.

I. Consideraciones

Nos hemos enfrentados a una crisis mundial sin precedentes. Miles de personas han perdido la vida como consecuencia del Covid-19 y un número aún mayor ha sido infectado. Millones de personas se encuentran confinadas en sus casas en el mundo entero. Los que no pueden trabajar desde casa – como es el caso de los médicos, enfermeros, personal de emergencia, aquellos encargados de asegurar servicios esenciales para la población tanto en supermercados como en farmacias, personal de limpieza, y responsables de la gestión del orden público entre otros.1

De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Salud con fecha de corte al 20 de enero de 2021, México reportó mil 539 nuevas muertes por el Covid-19 en el día, la segunda cifra más alta durante la pandemia, con lo que el número de víctimas mortales llegó a 144 mil 371; además, se contabilizaron 20 mil 548 nuevos contagios de Covid-19, el segundo más alto, tras los 21 mil 366 del viernes 15 de enero de 2021, para dar un total de 1 millón 688 mil 944 casos confirmados. Con estos datos, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y se mantiene como el cuarto país del orbe con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil e India, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

El país tiene ahora mismo de media 60 por ciento de las camas generales ocupadas y 53 por ciento de las que cuentan con ventilación. Hay 8 estados con más de 70 por ciento de ocupación hospitalaria, entre los que están Ciudad de México con 89 por ciento o Guanajuato ya también con 87; le siguen muy de cerca estado de México (85), Hidalgo (84) y Puebla (82). Otras 10 entidades se mantienen entre 69 y el 50 por ciento, y 14 por debajo de esta mitad de la ocupación. Anteriormente, el 20 de abril de 2020, el gobierno de la Ciudad de México había habilitado una aplicación y una página de internet donde se podría dar seguimiento en vivo de la disponibilidad de las camas en los hospitales encargados de atender el Covid-19; sin embargo, la aplicación y la página se encuentran deshabilitadas y es casi imposible conocer con certeza, la disponibilidad hospitalaria para atender a las personas contagiadas.

Las primeras vacunas Covid-19 ahora se han administrado en todo el mundo, lo que ofrece la esperanza de que el fin de la pandemia esté a la vista. Sin embargo, persisten los desafíos para garantizar una distribución inclusiva y eficaz de las vacunas. Incluso en países donde las vacunas están cada vez más disponibles para sectores más amplios de la población, un obstáculo será la resistencia del público a la vacunación,2 así como la difusión de la información necesario para la aplicación de la vacuna.

México al adquirir la vacuna contra el Covid-19, se encuentra en una campaña de vacunación a fin de alcanzar la inmunidad de rebaño, la cual permitiría controlar la propagación de virus en el país. Hasta el 11 de enero, México lleva 0.06 vacunados por cada 100 habitantes. El objetivo es 70 por cada 100 habitantes para alcanzar la inmunidad de rebaño. Durante, la conferencia del 13 de enero de 2021, el subsecretario de Salud informó que informó de que en México hasta el momento se han vacunado 94 mil 395 personas que forman parte del personal médico.

Sin embargo, México tiene 130 millones de habitantes. Por lo tanto, se requiere de 91 millones de mexicanos vacunados para llegar a ese 70 por ciento deseado. Por eso, desde el 12 de enero empezó la vacunación masiva de todo el personal médico en hospitales Covid. De acuerdo con la Secretaría de Salud, mil brigadas acudirán a mil 15 hospitales Covid para terminar de vacunar a los trabajadores en la primera línea de combate contra la pandemia y, para inicios de febrero iniciaría la vacunación masiva de adultos mayores. El presidente López Obrador en su conferencia mañanera del 12 de enero de 2021, indicó que todas las personas mayores de 60 años tendrán que estar vacunadas a más tardar en abril.

El 8 de diciembre de 2020, el gobierno federal presentó la política nacional de vacunación contra el virus SARS-Cov2, donde menciona las cinco etapas de vacunación:

• La primera etapa de vacunación inició a finales de diciembre de 2020 y concluirá en febrero de 2021. En el periodo será inmunizado todo el personal de la salud que atiende a pacientes diagnosticados con Covid-19.

• La segunda etapa abarca de febrero a abril de 2021. Aquí se vacunará al personal de la salud restante y se comenzará con los adultos mayores de 60 años en adelante.

• Durante la tercera etapa, entre abril y mayo de 2021, la vacunación será dirigida a las personas de 50 a 59 años.

• La cuarta etapa será de mayo a junio de 2021, para quienes tengan de 40 a 49 años.

• La última etapa está programada de junio de 2021 a marzo 2022 cuando se vacunará al resto de la población mexicana.

Sin embargo, la pandemia por Covid-19, no sólo ha afectado la capital del país, de acuerdo con datos del Sistema de Información de la Red IRAG,3 además de la Ciudad de México, otras 11 ciudades se encuentran por encima del 70 por ciento de ocupación hospitalaria por covid-19, porcentaje que ha sido señalado por la Secretaría de Salud como el límite de seguridad a no rebasarse, con el fin de evitar una saturación.

De estas ciudades al límite, siete tienen una ocupación por arriba del 80 por ciento de sus camas de hospitalización general. Se trata de la Ciudad de Oaxaca con 100 por ciento, Pachuca con 95.60 por ciento, Guanajuato, Guanajuato con 94.73 por ciento, la Ciudad de México con 90.32 por ciento, la Ciudad de Puebla 87.17 por ciento, Zacatecas, Zacatecas 85.71 por ciento y Toluca 80.18.

Las imágenes de hospitales saturados por covid-19 que se han visto las últimas semanas en la Ciudad de México, no son el peor escenario que se vive en el país. Oaxaca tiene una ocupación de 100 por ciento de las camas generales para atender casos de coronavirus.

Estas ciudades también enfrentan problemas de saturación de sus camas con ventilador. De ellas, 11 tienen una ocupación de entre 50 y 94 por ciento de las camas de terapia intensiva:

• Oaxaca, Oaxaca: 94.44 por ciento;

• Pachuca Hidalgo: 57.14 por ciento;

• Guanajuato, Guanajuato: 86.33 por ciento;

• Ciudad de México: 85.74 por ciento;

• Puebla, Puebla: 65.33 por ciento;

• Zacatecas, Zacatecas: 55.73 por ciento;

• Toluca, Edomex: 93.54 por ciento;

• Monterrey, Nuevo León: 70.12 por ciento;

• Tlaxcala, Tlaxcala: 62.96 por ciento;

• Chilpancingo, Guerrero: 50 por ciento; y

• Hermosillo, Sonora: 63.95 por ciento.

De esta forma podemos observar como la ocupación hospitalaria tiene una tendencia que ha ido incrementando día con día; en consecuencia, las personas no tienen la certeza de saber si al hospital al que asisten a recibir atención médica por Covid-19, cuenta con la disponibilidad de camas y oxígenos para poder recibirlos, provocando que peregrinen de un hospital a otro hasta encontrar un espacio donde puedan ser atendidos.

Este es el caso de muchos Estados como hemos mencionado; un ejemplo es el de la Ciudad de México, donde esperan hasta 5 horas para ser atendidos en un hospital. Debido al aumento de casos de Covid-19 en la Ciudad de México, cada vez se reportan menos camas de hospitalización disponibles. En consecuencia, los pacientes que acuden a solicitar ayuda deben esperar horas para ser atendidos tanto en hospitales públicos como privados.

De acuerdo con una investigación periodística realizada por Noticieros Televisa para el 21 de enero de 2021, en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, localizado en la alcaldía Benito Juárez, desde finales de diciembre no ha dejado de recibir pacientes infectados con el SARS-Cov2. Asimismo, de acuerdo con Milenio, durante todo enero, en el nosocomio se han vuelto comunes las filas de los automóviles estacionados en doble fila, de ambulancias esperando a que reciban a los enfermos que llevan dentro y de tumultos de personas esperando a recibir noticias de sus familiares. En la misma entrevista, señalan que una familiar que la situación es “terrorífica” puesto que sólo se desocupan camas cuando “alguien murió”.

Otro caso similar es el del Estado de Hidalgo, De acuerdo con el Secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, señaló en conferencia el 18 de enero de 2021, que el incremento de casos que se tiene de Covid-19 se mantendrá durante las próximas semanas teniendo sus puntos más altos entre los días 20 y 30 de enero, fechas en las cuales advirtió que los servicios de salud se podrían ver saturados e incluso rebasados en la capacidad hospitalaria. Así mismo mencionó que la ocupación hospitalaria en el estado se encuentra por arriba de 85 por ciento, por lo que en estos momentos el sector salud de Hidalgo cuenta con menos de 15 por ciento de disponibilidad en camas para la atención de los casos graves asociados al Covid-19.

Sin embargo, el escenario es similar al de la Ciudad, difícilmente las personas saben qué hospitales cuentan con disponibilidad para atender a personas contagiadas por el virus, haciendo que esperen horas en un hospital para ser atendidos y tengan que estar recorriendo la ciudad, de hospital en hospital, para encontrar uno con disponibilidad.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos estatales por incrementar la capacidad hospitalaria, no existen mecanismos eficientes que garanticen la información en tiempo real sobre los hospitales con camas y ventiladores de oxigeno disponibles para atender a pacientes enfermos por Covid-19, debido a esto, las personas deben trasladarse entre un hospital y otro hasta encontrar donde atiendan a su paciente, o en su defecto, debido a los costos de traslado de las ambulancias, muchas personas se esperan afuera de los hospitales esperando a poder ser atendidos. Por esta razón, se deben generar mecanismos incluyentes y de acceso universal para las personas, a fin de que puedan conocer la disponibilidad hospitalaria para poder atender personas contagiadas en tiempo real y evitar aglomeraciones afuera de hospitales esperando a ser atendidos, que deban trasladar a sus pacientes entre hospital y hospital, o en casos extremos, que debido a la falta e incremento de ocupación hospitalaria, las personas fallezcan en la calle.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada a la LXIV Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1 fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, la Secretaría de Salud y las dependencias correspondientes para generar mecanismos incluyentes y de acceso universal que informen a las personas en tiempo real sobre la disponibilidad hospitalaria en ocupación de camas e insumos médicos para la atención de pacientes contagiados por Covid-19.

Notas

1 Ottone, Ernesto, subdirector general de Cultura de la UNESCO, artículo “En tiempos de crisis las personas necesitan la cultura más que nunca”, disponible en https://es.unesco.org/news/tiempos-crisis-personas-necesitan-cultura última fecha de consulta 19 de junio de 2020.

2 World Economic Forum. Confidence in the Covid-19 vaccine grows in UK and US, but global concerns about side effects are on the rise, 29 de diciembre de 2020. Disponible en formato electrónico en https://www.weforum.org/agenda/2020/12/covid-19-vaccine-confidence-worl d-economic-forum-ipsos-survey/ última fecha de consulta 14 de enero de 2021.

3 Sistema de Información de la Red IRAG. Disponible en formato electrónico: https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome Última fecha de consulta 21 de enero de 2021.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 9 de febrero de 2021

Diputada Ximena Puente de la Mora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, la CNDH, y al gobierno, la FGJ y la SSP de Tamaulipas a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato de 19 migrantes en Camargo según los principios de celeridad, transparencia, eficiencia y debida diligencia, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, ambos preceptos del Reglamento de Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de una década, México volvió a despertar con una escalofriante noticia: 19 migrantes habían sido asesinados y calcinados, ahora en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas. El 22 de enero de 2021, tras un reporte ciudadano, fuerzas policiales localizaron en un camino rural, dos camionetas con rasgos de violencia en las que se encontraron los cuerpos de migrantes guatemaltecos que transitaban por México en su intento por llegar a los Estados Unidos de América, con el objetivo de huir de la pobreza y la violencia que se vive en su país.1

Los mexicanos aún no olvidamos aquel 22 de agosto de 2010, cuando 58 hombres y 14 mujeres de diferentes nacionalidades fueron asesinados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Este crimen de lesa humanidad, fue conocido a escala internacional como “la masacre de Tamaulipas” o “la masacre de los 72”; esta aberrante y cobarde acción no puede ser catalogada más que como una verdadera violación a los derechos humanos de los migrantes.2

Nuevamente las y los ciudadanos volvemos a sentir en carne propia la inseguridad, la desesperación y la rabia de la injusticia. No sólo por los altos índices delictivos, sino también porque quienes juraron protegernos nos han fallado. Elementos policiacos que, tal y como sucedió en San Fernando, y ahora en Camargo, formaron parte de esta cadena de impunidad que parece no tener fin. Policías adscritos a la seguridad en el estado de Tamaulipas, obstruyeron la justicia alterando la escena del crimen, encubriendo a los responsables, pero sobretodo actuando en contra de la dignidad humana.3

Ante los lamentables hechos, el Fiscal General de Justicia de la entidad, ha comunicado a través de diversas conferencias de prensa que se han girado varias órdenes de aprehensión en contra de 12 policías por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, abuso de funciones administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad; asimismo, expresó que se están realizado las diligencias correspondientes. Sin embargo, esto no ha permitido que los familiares de las víctimas, ni las y los mexicanos, tengamos la certeza sobre quiénes fueron los responsables de estos actos, lo que aumenta el grado de desconfianza de la población sobre el curso de la investigación.

En conferencia de prensa, el 1 de febrero de 2020, la Secretaria de Gobernación anunció una investigación estrecha hacia diversas autoridades del Instituto Nacional de Migración por el previo aseguramiento de una camioneta relacionada con los hechos, en la que se encontraron los restos de los migrantes guatemaltecos. Entre los aspectos a investigar se pretende saber con qué atribuciones o facultades tenían asegurada la camioneta, esto a fin de lograr aportar mayores datos a la investigación.4

A lo largo de la historia, los migrantes han sufrido innumerables problemas a causa de la discriminación, la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarios públicos, la violencia de grupos criminales, las detenciones arbitrarias, la falta de acceso a servicios básicos como la atención médica y el acceso a la justicia, así como remuneraciones distintas a las que reciben otras personas no migrantes por hacer el mismo trabajo.

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por México en 1948, y consolidada en 1990 con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece entre sus preceptos que:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, y que;

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; y tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

Por su parte, la Constitución Federal mexicana, acompaña estos principios estableciendo en su primer articulado que:

“Queda prohibida todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Así como la Ley de Migración, en su artículo 67, establece que:

“Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos”.

La situación en México demuestra que aún estamos lejos de ponderar la fraternidad entre los seres humanos y la cooperación entre los estados, para resolver la dramática situación que viven miles de migrantes en los países de origen, en los países de tránsito y en aquellos receptores.

De ahí que, el presente punto de acuerdo busque exhortar a las autoridades competentes a dar celeridad a las investigaciones sobre el crimen en el que perdieron la vida 19 migrantes en el municipio de Camargo, Tamaulipas, puesto que sólo de esta manera se podrá contribuir en la lucha por recobrar la confianza del pueblo en las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Gobernador del estado de Tamaulipas y a los titulares de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública de este estado, para que, con base en sus atribuciones, realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato de 19 migrantes en el municipio de Camargo, Tamaulipas, garantizando en todo momento su desarrollo bajo los principios de celeridad, transparencia, eficiencia y debida diligencia, a fin de identificar y sancionar a quien o quienes resulten responsables.

Notas

1 https://m.facebook.com/FGJTam/videos/243616477225094/?refsrc=http%3A%2F %2Ft.co%2F&_rdr=&s=08

2 https://www.cndh.org.mx/noticia/masacre-de-san-fernando-tamaulipas-masa cre-de-los-72-migrantes

3 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/03/politica/detienen-a-12-poli cias-por-la-matanza-de-19-en-camargo/

4 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/02/01/
agentes-de-migracion-son-investigados-por-los-19-calcinados-en-tamaulipas

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de febrero de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco y la Cofepris a vigilar, regular y garantizar que el precio de los tanques de oxígeno y demás insumos para combatir el Covid-19 se mantenga estable, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada federal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado , integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General del Consumidor y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a vigilar, regular y garantizar que el precio de los tanques de oxígeno y demás insumos para combatir la Covid-19 sea el adecuado , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La enfermedad Covid-19 producida por el virus SARS- CoV-2, según la Organización Mundial de la Salud: 1 de cada 6 que la padezcan, desarrollan una enfermedad grave, y uno de los síntomas más delicados de tratar y que da origen a este punto de acuerdo es el referente a la obstrucción de los pulmones que provocan dificultad para respirar, esto se debe a que el sistema inmunológico sobrerreacciona, atacando también a las células pulmonares, teniendo como consecuencia en muchas ocasiones una neumonía y en los casos más lamentables: la muerte.1

Las cifras de mortalidad que actualmente han sido arrojadas a causa de la Covid-19 son inconmensurables, la última de ellas, decretada por el director general de Epidemiología desde Palacio Nacional es de 146 mil 1742 personas, superando infortunadamente la capacidad de las instituciones públicas para atender este padecimiento en sus aulas, por lo tanto muchos mexicanos han optado por mantener a sus familiares contagiados en casa, y atenderlos desde ahí. En esa línea, la distribución y venta de tanques de oxígeno ha tenido un incremente excesivo en los últimos meses pues como se mención con antelación debido a que la enfermedad Covid-19 ataca los pulmones de las personas contagiadas es necesario suministrar de forma superficial el oxígeno que debido a la saturación insuficiente de este en la sangre a causa del virus, puede producir la muerte. Lo mencionado anteriormente ha provocado la búsqueda desesperada por de aparatos que suministren oxígeno a los pacientes Covid para mantenerlos con vida, sin embargo, es necesario resaltar que, debido a la escasez del mismo, se tiene como consecuencia equipos de mala calidad, a sobreprecios e incluso de uso cosmético, que más allá de salvar la vida de las personas contagiadas, la ponen en riesgo, produciendo complicaciones en la recuperación e incluso la muerte al no proporcionar al paciente la cantidad de oxígeno que requiere y con la calidad que lo necesita.

Es evidente que en el intento por obtener los medios que permitan mantener con vida a quienes han sido contagiados por esta enfermedad; sus familiares o amigos opten por estas opciones erróneas y nocivas para la salud; no obstante, para ello es necesario que las instituciones encargadas de vigilar, regular y garantizar la relación proveedor - consumidor, como lo es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y por tratarse de un tema de salud también confiere a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pues en su misión la primera de ellas establece específicamente que debe promover los derechos de los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios,3 y la segunda, de proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios e insumos para la salud4 en emergencias sanitarias como en la que nos encontramos, por consiguiente, además de regular los precios, vigilar y garantizar que los mismos sean respetados por quienes provean estos productos para tratar a pacientes Covid y no excedan los precios justos y previamente establecidos, es necesario que continúe en la línea de crear estrategias que de forma efectiva frenen los incrementos indebidos en los precios de: venta, renta y llenado de tanques de oxigeno medicinal, pues estos han llegado a elevarse de forma estratosférica, encontrándose en redes sociales hasta en 50 mil pesos, cuando el mismo representante de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco), Miguel Ángel Moreno Muñoz, indicó que el costo de los tanques de oxígeno varía, pero se encuentran en rangos que van de los 595 pesos hasta los 12 mil 500 pesos dependiendo de la capacidad y el lugar en donde se adquiera.5

En ese sentido, también es importante que las instituciones exhortadas: Profeco y Cofepris, esta última por su naturaleza, en colaboración con otras que tengan injerencia en el tema y puedan contribuir a frenar el abuso de los proveedores de tanques de oxígeno y sus insumos ante la situación sanitaria en la que nos encontramos trabajen en conjunto para lograrlo.

Además es menester mencionar que no sólo ha incrementado el precio de equipos proveedores de oxígeno, sino también todo lo relacionado a los insumos que les permiten funcionar, este es el caso del agua potable a través de pipas, que durante la pandemia registraron un incremento importante sobre todo en la Ciudad de México, donde el servicio pasó de 800 pesos hasta mil 600 pesos.6

Por tal motivo, y dada la delicadeza del tema en cuestión, es menester que las autoridades pongan especial atención en la comercialización y regulación de los precios de estos equipos, pues además de ser vendidos por personas que en su mayoría no están capacitadas para asesorar a los pacientes o sus familiares, tampoco cuentan con el expertise sobre las deficiencias o funciones específicas de los equipos que ofertan, trayendo consigo consecuencias fatales para quienes los obtienen.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable legislatura, la citada proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General del Consumidor y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a vigilar, regular y garantizar que el precio de los tanques de oxígeno y demás insumos para combatir la Covid-19 sea el adecuado.

Notas

1 Consultado en https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/asi-es-como-ataca-el-coronavi rus-al-cuerpo-humano

2 Consultado en INFOBAE, México : https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/22/coronavirus-en-mexico -nuevo-record-se-registraron-1803-muertes-en-un-dia/

3 Procuraduría Federal del Consumidor, consultado en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1037/2.6.8_PROFECO.pdf

4 Misión de la Comisión Federal la Protección de Riesgos Sanitarios https://www.gob.mx/cofepris/que-hacemos

5 Heraldo de Puebla digital, consultado en:
https://heraldodepuebla.com/wp-content/uploads/2021/01/Viernes-22-Enero-2021.pdf

6 https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/20/
profeco-conagua-firman-convenio-para-regular-precios-en-pipas-de-agua-que-se-han-disparado-durante-pandemia-247185.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero del 2021.

Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Congresos de Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas a armonizar su legislación local para que en el trámite del divorcio se considere el trabajo en el hogar como parte de la compensación, pues la mayor parte de las labores domésticas y de cuidados es realizada por las mujeres, a cargo de la diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La desigualdad de género en el hogar aún es parte del día a día y que si bien la responsabilidad está más compartida en las familias, esto no es lo que se presenta en la mayoría de los hogares.

El trabajo doméstico y las cargas propias de un hogar aún son desequilibradas y apartadas de aquella sociedad justa e igualitaria en oportunidades que se desea para todos los que la conforman.

Las mujeres siguen siendo las principales encargadas de las tareas de la casa, ni la acción masculina ni la compartida sobresalen frente a la femenina. Son las mujeres las que siguen teniendo la responsabilidad mayor en el hogar.

Si bien es cierto que hay cada vez más hombres encargándose de las tareas del hogar, en muchos casos los hombres se acercan para ayudar, pero eso no significa que haya corresponsabilidad.1

En México el trabajo en el hogar recae principalmente en las mujeres como por ejemplo, el lavado y planchado de la ropa de los miembros de una familia; la preparación de las comidas durante el día; el cuidado de algún familiar con salud delicada; la crianza de los hijos e hijas; la limpieza y mantenimiento de la vivienda; las compras y administración del hogar y; demás quehaceres domésticos.

En 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presentó los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, en el que indicaba que las mujeres mexicanas habíamos aportado 77.2 por ciento de nuestro tiempo a este tipo trabajo. Este estudio demostró el valor económico del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados alcanzando un nivel equivalente a los 4.4 billones de pesos, lo que representó 24.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.

Lo anterior demostró que el trabajo doméstico que las mujeres realizan tiene un valor anual equivalente a 49 mil 586 pesos, mientras que el de los hombres fue de 18 mil 109 pesos. Es importante tomar en cuenta el trabajo que desempeñan las niñas que a partir de los cinco años son educadas a participar en este trabajo quienes aportan 5 mil 646 pesos, mientras que los niños colaboraron con 5 mil 130 pesos.2

De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 20193 en el periodo de 2008 a 2019 el valor de las actividades no remuneradas domésticas y de cuidados pasaron de una participación equivalente a 19.3 por ciento del PIB nacional en el primer año a 22.8 por ciento al concluir el periodo. Además, registraron en el último año un incremento en términos reales de 1.9 por ciento respecto a 2018.

Así, en 2019 el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente a 5.6 billones de pesos, lo que representó 22.8 por ciento del PIB del país. Adicionalmente, el trabajo no remunerado encaminado a la producción de bienes de autoconsumo contribuyó con 1.3 por ciento del producto y las labores de los menores entre 5 y 11 años con el 0.2 por ciento.

La mayor parte de las labores domésticas y de cuidados fueron realizadas por las mujeres, con 74.8 por ciento del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades ; asimismo corresponde a 73.6 por ciento si se habla en términos del valor económico.

De acuerdo con ONU-Mujeres entre cocinar, limpiar, ir a buscar agua o leña o cuidar de las niñas, los niños y las personas mayores, las mujeres realizan al menos 2.5 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres. Por tanto, tienen menos tiempo para dedicar al trabajo remunerado o trabajan más horas, combinando trabajos remunerados con otros que no lo son. El trabajo no remunerado de las mujeres sufraga el costo en cuidados que sustenta a las familias, apoya a las economías y a menudo suple las carencias en materia de servicios sociales. Sin embargo, pocas veces se reconoce como trabajo.

A este respecto, resulta de importancia el reconocimiento del trabajo del hogar dentro del trámite del divorcio pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su estudio “Principales Retos Legislativos en Materia de Igualdad, No Discriminación y No Violencia contra las Mujeres en México, 2020”4 ha encontrado que no siempre en las entidades federativas se regula al respecto.

Según la CNDH 31 entidades federativas hacen alguna alusión al reconocimiento del trabajo del hogar dentro de sus códigos civiles, familiares o leyes de divorcio siendo Campeche la única que no lo prevé.

Sin embargo, en un análisis más detallado sobre cuáles de estas entidades lo reconocen de manera específica dentro del trámite del divorcio se encontró que sólo 25 entidades federativas lo consideran. Así, las entidades federativas que sí hacen alguna mención al trabajo en el hogar, pero que no regulan dentro del trámite de divorcio son: Chihuahua, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Respecto a las menciones del trabajo en el hogar, pero no como parte del trámite de divorcio, destaca que en el caso de Chihuahua e Hidalgo sólo hacen referencia al trabajo del hogar dentro de las obligaciones y derechos del matrimonio. En el caso de Tabasco, lo menciona dentro de las obligaciones y derechos del matrimonio y dentro de la sección de derecho del cónyuge a alimentos. En esta entidad se prevé, en la descripción para poder solicitar los alimentos que, podrá hacerlo “la mujer inocente que carezca de bienes”, lo cual expresa una visión estereotipada y discriminatoria contra las mujeres.

En lo relacionado con Tlaxcala, hace mención también dentro de la sección de los derechos y obligaciones del matrimonio y en el capítulo del divorcio incausado, pero dentro de éste, sólo lo menciona como derecho a alimentos hasta que la mujer contraiga nuevas nupcias. En el caso de Veracruz, también lo menciona dentro de las obligaciones y derechos del matrimonio y en la sección de la custodia compartida de los hijos. Finalmente, en lo correspondiente a Zacatecas, se menciona dentro de las obligaciones y derechos del matrimonio y dentro de la sección de alimentos.

Es importante destacar que al destinar las mujeres mexicanas 74.8 por ciento de su tiempo al trabajo en el hogar no remunerado implica que no se integran ni participan en el mercado laboral pues destinan la mayor parte de su tiempo a este tipo trabajo.

Al no ser remunerado el trabajo en el hogar, influye en la autonomía económica de las mujeres mexicanas que se ve reflejado en que no puedan escapar de relaciones violentas y se encuentran en una posición de desigualdad vulnerables a la pobreza pues hay una dependencia económica por parte del hombre proveedor del hogar.

El que se prevea en los trámites de divorcio el trabajo en el hogar es fundamental pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que las mujeres que trabajan y se dedican al hogar cumplen una doble jornada laboral que merece recibir una compensación en los procesos de divorcio.

La SCJN estableció que acceder a la compensación en los procesos de divorcio no es exclusivo para las mujeres dedicadas preponderantemente al hogar, pues dedicarse también a trabajar genera una desigualdad para el desarrollo profesional de la mujer.5

Al respecto, cita la siguiente tesis para ilustrar la importancia de la compensación en un trámite de divorcio:

Compensación. Su relación con el reconocimiento de la doble jornada laboral. 6

La figura de la compensación permite que un cónyuge pueda tener la posibilidad de demandar del otro hasta un porcentaje de los bienes que hubieren adquirido en aquellos matrimonios celebrados bajo el régimen de separación de bienes siempre y cuando, durante éste, hubiera reportado un costo de oportunidad por asumir determinadas cargas domésticas y familiares en mayor medida. Así, la finalidad de la institución es reivindicar el valor del trabajo doméstico y de cuidado, largamente invisibilizado en nuestra sociedad, asegurando la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos cónyuges. En ese sentido, el cónyuge que realizó doble jornada laboral, tiene derecho de acceder al mecanismo compensatorio. En otras palabras, el cónyuge que se dedicó a las tareas del hogar, pero que además salió al mundo laboral y realizó un trabajo remunerado no debe entenderse excluido de la posibilidad de acceder al derecho de compensación. Por el contrario, el tiempo y el grado de dedicación al trabajo del hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos, deben ser ponderados a efecto de determinar el monto o porcentaje de la eventual compensación.

Conforme a lo expuesto, resulta fundamental que las entidades federativas reconozcan el trabajo en el hogar en el trámite de divorcio por lo que propone exhortar:

- Al Congreso local del estado de Campeche para que, con pleno respeto a su soberanía y con base en sus facultades, armonice su legislación local, con los más altos estándares internacionales, para garantizar el reconocimiento del trabajo del hogar durante el matrimonio y para efectos del proceso de divorcio como un principio de igualdad de género debido a que la mayor parte de las labores domésticas y de cuidados son realizadas por las mujeres.

- A los Congresos locales de los estados de Chihuahua, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas para que, con pleno respeto a su soberanía y con base en sus facultades, armonicen su legislación local, con los más altos estándares internacionales, para dentro del trámite del divorcio se considere el trabajo en el hogar, como un principio de igualdad de género debido a que la mayor parte de las labores domésticas y de cuidados son realizadas por las mujeres.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso local del Estado de Campeche para que, con pleno respeto a su soberanía y con base en sus facultades, armonice su legislación local con los más altos estándares internacionales, para garantizar el reconocimiento del trabajo del hogar durante el matrimonio y para efectos del proceso de divorcio como parte de la compensación, como un principio de igualdad de género debido a que la mayor parte de las labores domésticas y de cuidados son realizadas por las mujeres.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los Congresos locales de los estados de Chihuahua, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas para que, con pleno respeto a su soberanía y con base en sus facultades, armonicen su legislación local con los más altos estándares internacionales, para dentro del trámite del divorcio se considere el trabajo en el hogar como parte de la compensación, como un principio de igualdad de género debido a que la mayor parte de las labores domésticas y de cuidados son realizadas por las mujeres.

Notas

1 https://www.infobae.com/tendencias/2017/10/06/
brecha-de-genero-en-el-hogar-las-mujeres-a-cargo-de-las-tareas-domesticas-no-remuneradas/

2 https://mujeresenmovimiento.mx/content/trabajo-no-remunerado-en-los-hog ares-de-mexico

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/StmaCnt aNal/CSTNRH2019.pdf

4 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/feb/CNDH_5-20210203.pdf

5 https://www.yucatan.com.mx/mexico/scjn-trabajo-la-mujer-hogar-compensad o-al-divorciarse

6 Registro digital: 2018581, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. CCXXVIII/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 277, Tipo: Aislada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Capufe a dejar sin efecto el incremento del peaje en las carreteras del país, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuevamente, el organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos (Capufe), ha dado a conocer un incremento en el costo del peaje de las carreteras del país, en esta ocasión de un tres por ciento.

Se trata, una vez más de un incremento injustificado, dadas las condiciones en que se encuentra la mayor parte de la red carretera del país, además de convertirse en un detonante para que aumenten los costos de los transportes de pasajeros y el de mercancías.

Ya nos habíamos referido con antelación al tema, en el mes de mayo del año 2019, mediante un Punto de Acuerdo, en el que se solicitaba a Capufe que diese a conocer un programa de trabajo donde se establecieran fechas probables de incrementos del peaje, así como el porcentaje estimado de los mismos.

Lamentablemente, nuestra propuesta no fue atendida. Por ello, ahora manifestamos nuestro rechazo a la medida a la que nos hemos referido, pues ocurre en un contexto económico que de ninguna manera es correcto para su aplicación.

Para nadie es un secreto la crisis generada por la emergencia sanitaria, alcanzando niveles preocupantes en su vertiente económica, debido a las cifras de desempleo que han afectado a millones de connacionales.

Lo más inaceptable de esta medida, es que bien sabemos que los excedentes no van a emplearse en la mejora de las vías terrestres, sino que van a emplearse de manera discrecional y serán destinados, con certeza, a otros fines.

Por ello, reiteramos nuestra oposición al incremento anunciado, y exigimos que el mismo se revierta, como una muestra de sensibilidad por parte del gobierno federal, pues, como lo hemos comentado, este es un momento sumamente inoportuno para la puesta en marcha de ese tipo de medidas, debido a las afectaciones económicas que ha experimentado la mayoría de la población.

Estamos ciertos que este incremento es un golpe más a la economía familiar de millones de mexicanas y mexicanos, y muestra la incongruencia del gobierno federal, quien en los hechos actúa de manera contraria al discurso que enarbola.

Para concluir, podemos decir que con medidas de este tipo, quedan claros los intereses que animan a lo que podríamos denominar una política económica global de la administración pública federal en este sexenio, caracterizada por la afectación de amplios sectores de la población, sin que existan medidas auxiliares para paliar las adversas condiciones a las que hemos hecho referencia.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a Capufe la no aplicación del incremento del costo del peaje en las carreteras del país, por considerarlo lesivo para la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a implantar con la CFE un programa para diferir los pagos de electricidad de las Mipyme mientras se levanta la suspensión de actividades no esenciales derivada de la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez , diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El viernes 28 de febrero del 2020 se confirmó el primer caso de una persona contagiada de coronavirus en México. En la mañanera, conferencia de prensa que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fueron quienes confirmaron esta noticia. López-Gatell mencionó en dicha conferencia de prensa que un hombre de 35 años había dado positivo a la prueba reactiva y que durante la madrugada de ese 28 de febrero se le realizó una prueba de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia1 .

Segunda. El martes 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, otro acuerdo por el que se establecen medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 emitido por el secretario de Salud, donde se anuncia la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión comunitaria del virus, además de contribuir a la disminución de la carga hospitalaria por sus complicaciones y eventuales defunciones a lo largo del territorio nacional.2

Tercera. Derivado de este acuerdo, el gobierno federal suspendió todas las actividades no esenciales, así como aquellas que no afectaran su funcionalidad, exhortando a la iniciativa privada para que suspendieran sus labores en el lapso referido, o bien, si la naturaleza de ellas lo permite, que sus trabajadores efectúen sus actividades desde casa. Sin omitir que las actividades escolares también corrieron esta misma suerte.

Cuarta. Como consecuencia de la suspensión de las actividades no esenciales, en el mundo estamos viviendo un ciclo de recesión, derivado del paro de las cadenas productivas. La recesión económica se visibiliza con el debilitamiento de los principales indicadores macroeconómicos, como el empleo, el nivel de precios, el consumo interno, la capacidad de pago de los agentes económicos y el nivel de producción.3

Quinta. La economía mexicana no ha sido la excepción, sigue afectada por la incertidumbre en el mundo. Si bien hubo indicios de recuperación en el tercer trimestre del 2020, aún existe riesgo por la reanudación de actividades. El Banco de México prevé que, en el peor escenario, el producto interno bruto del país experimente una contracción de -9.3 por ciento en 20204 , lo que supone una ligera mejora respecto al pronóstico anterior, cuando el mismo indicador se fijó en -12.8 por ciento.

Sexta. Desde una perspectiva económica, podemos advertir el fuerte impacto económico que nuestro país vive hoy día. La pandemia dejó un saldo de 647 mil 710 empleos perdidos en 20205 , de los cuales 560 mil 473 eran permanentes y 87 mil 237 eran eventuales, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social con motivo de la referida suspensión de actividades, cantidades que desafortunadamente podrían irse incrementando conforme pasen los días y las condiciones económicas del país sigan empeorando por la falta de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) y en general a los sectores productivos.

Séptima. Las entidades federativas donde se han perdido más empleos son Quintana Roo, Guerrero, Baja California Sur, Ciudad de México, Puebla Campeche, Yucatán e Hidalgo, todas estas entidades presentan una pérdida de 4 por ciento o más en el tema del empleo, de acuerdo a cifras del IMSS.

Octava. Esta situación es parte de un problema inminente en el que las personas ven disminuido su bienestar por la pérdida de sus medios de subsistencia a consecuencia del desempleo, y se vuelve precario en un período muy difícil en nuestro país. Con ello, las complicaciones que están teniendo los pequeños establecimientos para poder sostener sus actividades productivas, así como el empleo de sus trabajadores, donde al haberse frenado las diferentes cadenas productivas y reducirse drásticamente el consumo, no tienen ingresos o un flujo económico que les permita cumplir con los diferentes compromisos que se deben solventar periódicamente para el impulso de su oferta, poniendo en riesgo su subsistencia en el mercado.

Novena. El pago de los servicios, como lo es el consumo de energía eléctrica, es una situación que deben resolver todas las Mipyme ante la falta de ingresos que tienen desde antes de mediados de marzo hasta el día de hoy, lo que, sin lugar a duda, es un problema que primero podría ser de falta de liquidez y posteriormente, en forma desafortunada, podría ser de insolvencia de miles de pequeños establecimientos, los cuales están en riesgo de cerrar definitivamente sus actividades.

En México, las Mipyme representan 99.8 por ciento del total de las empresas que hay en el país6 de acuerdo a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los Censos Económicos de 2019, lo importante de ayudar a este sector productivo de la población radica en que gracias a ellos se produce cerca del 52 por ciento del producto interno bruto del país, y aproximadamente 72 por ciento de los empleos formales en México.

Décima. De acuerdo con el Estudio sobre la demografía de los negocios 20207 publicado por el Inegi, 1 millón 10 mil 857 establecimientos o 20.81 por ciento cerraron sus puertas definitivamente. Donde Quintana Roo, Baja California Sur, Campeche, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas mostraron la mayor tasa de mortalidad de negocios.

Undécima. Por lo anterior, es necesario que, ante la interrupción de actividades laborales en México, derivada de la pandemia del Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad, en una medida de apoyo a las Mipyme les sea diferido el pago de sus respectivas tarifas, hasta en tanto se levante la suspensión de actividades laborales no esenciales, lo que permitirá dotarlos de la capacidad económica para sostener sus actividades económicas y proteger los empleos. Lo anterior, solo es una medida temporal que beneficiará directamente a los pequeños establecimientos, Mipyme y sectores productivos, ya que los pagos que se dejen de dar durante la contingencia, se deberán de realizarían de manera fraccionada en el plazo de un año, lo que les dará la liquidez y las condiciones necesarias para enfrentar la difícil situación económica posterior a la suspensión de labores no esenciales debido a la pandemia por Covid-19 en nuestro país.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de la Cámara la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, para que en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad implementen un programa para diferir los pagos por consumo de energía eléctrica a las tarifas de las Mipyme en México mientras es levantada la suspensión de actividades no esenciales derivada por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19 para ser cubiertos en pagos fraccionados en el plazo de un año, como una forma de apoyarlas y dotarlas de liquidez para que puedan enfrentar la complicada situación economica que se vive hoy dia.

Notas

1 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/primer-caso-de-coronavirus-en-m exico-cuando-y-como-fue

2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/ 2020

3 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-es-una-recesion-tecnica-20 190711-0065.html

4 https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/
%7BBA84D725-CC89-F4A2-0C1A-55574664349E%7D.pdf

5 http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/PR%2020.pdf

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pro_ce2019.pd f

7 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Mas-de-un-millon-de-mipymes-cierran-definitivamente-por-la-pandemia-INEGI-20201202-0089.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a hacer públicos los mecanismos por implantar respecto a la entrega de las vacunas contra el SARS- CoV-2 a las entidades federativas, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Lidia García Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que haga públicos los mecanismos que serán implementados para la entrega de las vacunas para combatir el virus SARS-CoV2 (Covid-19) a las entidades federativas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 27 de marzo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”1 .

En dicho decreto el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Gobierno de México tiene la obligación de garantizar y realizar todas las acciones necesarias para ello.

De la misma forma, se establece que el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria; y que en la citada sesión, el Consejo de Salubridad General también mencionó que la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de virus SARS-CoV2 (Covid-19), mismas que definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y su término, así como su extensión territorial.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ante diversos medios de comunicación el inicio del plan de vacunación contra el Covid-19 a partir del 24 de diciembre de 2020, en la Ciudad de México y Saltillo, en primera instancia con la finalidad de inmunizar a todo el personal médico que está en el combate a la pandemia.

En esa misma fecha, también señaló la posibilidad de ampliar el programa de vacunación a los estados cercanos a estas entidades como en el caso de Hidalgo y Nuevo León, enfatizando que se empezará con los trabajadores de salud que se encuentran laborando en las instalaciones hospitalarias del país.

Por otra parte, el 28 de enero de 2021, la Secretaría de Gobernación estableció que “se están apoyando a todas las entidades federativas para llevar a cabo este proceso tan complicado que digamos ha sido una logística complicada para poder llevar a cabo esta vacunación. Las vacunas en el mundo, textual, son escasas”2 , señaló Sánchez Cordero.

Es por lo anterior, que el gobierno federal debe implementar un mecanismo con el cual pueda dotar a las entidades federativas de las vacunas, así como establecer tiempos de distribución y cantidades equitativas para todos los estados.

Por lo expuesto, someto a consideración se esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que haga públicos los mecanismos que serán implementados para la entrega de las vacunas para combatir el virus SARS-CoV2 (Covid-19) a las entidades federativas.

Notas

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2 020

2 https://www.am.com.mx/noticias/COVID.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de febrero de 2021.

Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a ratificar por la SRE, la Secretaría del Bienestar y la Colegisladora la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a cargo de la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del PAN

Isabel Margarita Guerra Villarreal, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Bienestar, así como a la honorable Cámara de Senadores, para que ratifiquen la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores al tenor de la siguiente

Consideraciones

I. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de la no discriminación por edad; asimismo, dice que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

El 8 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se incluye la atención para las personas adultas mayores al decir que:

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

Por otra parte, el 25 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores (artículo 1o.).

Los principios rectores de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se encuentra en el artículo cuarto y son:

I. Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario;

II. Participación. La inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su presencia e intervención;

III. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia;

IV. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y social, en especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta Ley, y V. Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.

II. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, 8 a 12 de abril de 2002, expresa que “El envejecimiento de la población va a pasar a ser una cuestión de primordial importancia en los países en desarrollo que, según se proyecta, envejecer rápidamente en la primera mitad del siglo XXI. Se espera que para 2050 el porcentaje de personas de edad aumentará de 8 a 19 por ciento, mientras que el de niños va a descender de 33 a 22 por ciento”.1

III. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Quinta Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento (Enasem 2018),2 muestra los siguientes resultados:

- La Enasem 2018 estimó una población de 28.2 millones de personas de 50 y más años de edad distribuidas de la siguiente manera: 46.4 por ciento tienen entre 50-59 años, 29.4 por ciento entre 60-69, 16 por ciento entre 70- 79, y 8.2 por ciento tienen 80 y más años de edad.1 En 2012 las proporciones fueron de 47.1 por ciento, 28.8 por ciento, 16.3 por ciento y 7.8 por ciento, respectivamente.

- En 2018, 45.9 por ciento de la población de 50 y más años de edad reportó que trabajaba, ya sea con pago o sin pago. Mientras que en 2012, 16.6 por ciento de los hombres y 13.8 por ciento de las mujeres no contaban con derechohabiencia a algún servicio de salud, para 2018 esta situación disminuyó a 14.8 por ciento de los hombres y 9.7 por ciento de las mujeres.

- Predomina en este grupo de población la percepción de un estado deficiente de salud: 62.4 por ciento de las personas de 50 y más años de edad percibían tener un estado de regular a mala (57.7 por ciento de los hombres y 65.9 por ciento de las mujeres). Estos niveles y diferencias por sexo resultaron similares a los de 2012.

- Tanto en 2012 como en 2018 las enfermedades que más afectan a esta población son: hipertensión arterial, diabetes y artritis que afectan en 2018 respectivamente a 39.9 por ciento, 22.8 por ciento y 11.2 por ciento de las personas de 50 años de edad y más.

- En 2018, 11.2 por ciento de la población de 50 y más años de edad afirmó tener al menos una limitación para realizar actividades de la vida diaria como caminar, bañarse, comer, acostarse y levantarse de la cama. Para el caso de los hombres la proporción fue de 9.5 por ciento y para las mujeres de 18.3 por ciento.

IV. De acuerdo a Karla Denisse González en su artículo Envejecimiento demográfico en México: análisis comparativo entre las entidades federativas , llega a las siguientes conclusiones, sobre el crecimiento de las personas adultas, mayores en nuestro país:

De esta manera, en el año 2015 las entidades con mayor proporción de adultos mayores se concentran en la región central del país, mismas que se encuentran en una etapa de transición dentro del proceso de envejecimiento con porcentajes de población en edad avanzada entre 10 y 13.4; en orden descendente son las siguientes: Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Yucatán, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo, Guerrero, Jalisco y Durango. No obstante, en los próximos años todas las entidades de la República Mexicana avanzarán en su proceso de envejecimiento demográfico, algunas a ritmos más acelerados que otras, como sucede en Quintana Roo, Baja California Sur, Baja California y estado de México, que duplicarán su población de adultos mayores en los próximos 15 años. En 2030, el Distrito Federal será la entidad más envejecida, con una proporción de adultos mayores equivalente a 20.5 por ciento, seguida por Veracruz (16.5), Sinaloa (15.9), Morelos (15.7) y Nuevo León (15.5).3

IV. Es importante destacar que el 25 de enero de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, cambios significativos la Ley de los Derechos de las Personas Mayores para incluir la importancia de los tratados internacionales para fortalecer el marco normativo de nuestro país en favor de las personas adultas mayores:

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar):

...

II. Promover en coadyuvancia con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la suscripción de convenios internacionales en materia de atención a las personas adultas mayores, y

De allí la importancia para que el Estado mexicano suscriba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

De acuerdo al artículo primero de dicho instrumento internacional tiene por objeto es la de “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

Sus principios generales de la Convención, son:

a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.

b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.

c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.

d) La igualdad y no discriminación.

e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

f) El bienestar y cuidado.

g) La seguridad física, económica y social.

h) La autorrealización.

i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.

j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.

k) El buen trato y la atención preferencial.

l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.

m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.

n) La protección judicial efectiva.

o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.

De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) los países que han firmado y ratificado dicha Convención son: Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador y Uruguay. En el caso de nuestro país no ha firmado ni ratificado dicha Convención en favor de las personas mayores de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Bienestar, impulsen la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos.

Segundo. La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Senadores para que apoye la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas en su Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, 8 a 12 de abril de 2002, en: https://undocs.org/es/A/CONF.197/9

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “El INEGI presenta resultados de la Quinta Edición de la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento”, Comunicado de prensa número 450/20 del 1 de octubre de 2020, en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ENASEM/Enasem_Nal20.pdf

3 Karla Denisse González, “Envejecimiento demográfico en México: análisis comparativo entre las entidades federativas”, en: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2702/06_envejecimi ento.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a desclasificar por la Ssa y la SRE los contratos signados para adquirir vacunas contra el Covid-19, a efecto de conocer con certeza las dosis comprometidas, los cronogramas de llegada y las empresas beneficiadas, a cargo del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Eduardo Zarzosa Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

México vive una emergencia sanitaria y una crisis económica sin precedentes en el último siglo; por ello, la estrategia debe darse con absoluta transparencia y en un marco de coordinación institucional. Ocultar información, más cuando se trata de los contratos para la compra de vacunas, deja de manifiesto actitudes contrarias a un régimen democrático y falta de claridad en cómo, dónde y en qué, se está utilizando el dinero de todas y todos los mexicanos.

A pesar de estas consideraciones, el Gobierno Federal reservó por cinco años los acuerdos y contratos pactados con diversos laboratorios y empresas. En particular, la Secretaría de Salud ocultó los convenios con los laboratorios Pfizer/BioNTech, AstraZeneca y CanSino Biologics, por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores el acuerdo firmado entre el Gobierno de México y Gavi Alliance.1

Resulta insuficiente la justificación para reservarlos, ya que tanto el titular de la Secretaría de Salud como el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideran que hacerlos transparentes afectaría las negociaciones, por el contrario, daría credibilidad a las políticas y sus resultados.

Hay contradicciones al respecto en el gabinete. El titular del Ejecutivo federal dijo el pasado 12 de enero: “No vamos a reservar nada, es transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el gobierno. Repito, no tenemos nada que ocultar. El caso de las vacunas es lo más transparente que hay porque se tiene contratos con las farmacéuticas”.

Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores informó que “existen restricciones obligadas por las farmacéuticas, porque es un momento muy especial, hay una emergencia en todo el mundo y entre sí las empresas cuidan mucho esa información”.2

Aunado a ello, sostuvo que “esos contratos también tienen una vigencia y conforme se vayan llevando a cabo y conforme a lo previsto también daremos copia de los contratos completos con todas sus características”, es decir, prevalecerá la opacidad en la información.

Los hechos descritos, son contrarios a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6o.,3 donde se indica que toda información en posesión de cualquier autoridad, incluido al gobierno federal, donde se ejerzan recursos públicos, será pública y sólo será reservada temporalmente cunado esté por medio el interés público y la seguridad nacional.

El mismo ordenamiento es claro, al contemplar que, en la interpretación para reservar información, prevalecerá el principio de máxima publicidad, sobre intereses personales o de grupo.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública precisa que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, para lo cual el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.4

Con relación a la vacuna, la Ley General de Salud establece que su proceso de adquisición es un asunto prioritario de conformidad con el artículo 158 Bis 11, que a la letra dice “todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres humanos, que se utilicen en el país deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir los requisitos sanitarios... los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán considerados como prioritarios”. En casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata.

Contar con los medios para el acceso efectivo a la información pública gubernamental dará certeza, ya que estarán disponible datos relevantes, tales como el presupuesto total para la adquisición de vacunas, número total de dosis, las empresas beneficiadas y el cronograma de entrega, aspectos relevantes para la recuperación económica y tranquilidad de la población.

Asimismo, legitimará las acciones llevadas a cabo para prevenir la propagación del virus SARS-CoV2, para ello es fundamental saber las licitaciones realizadas, los criterios utilizado para definir la población y lugares para la distribución de la vacuna, pero particularmente, las responsabilidades ante efectos secundarios que hasta ahora se han documentado y que han cobrado la vida de personas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que el derecho a la información y la transparencia, constituyen derechos humanos fundamentales, por lo cual debe ser protegidos, ya que son base para el ejercicio de otras garantías como la libertad de expresión, de ahí su relevancia para un régimen basado en instituciones como el nuestro.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a desclasificar los contratos signados para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, a fin de que se conozca con certeza las dosis comprometidas y los cronogramas de llegada.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a garantizar la transparencia de los acuerdos por celebrarse en los próximos meses con empresas internacionales o bajo el mecanismo de acceso a vacunas contra el Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, a fin de conocer el monto total de vacunas a aplicar en el territorio nacional y el presupuesto aprobado para tal fin, asimismo, se evite reservar dichos contratos en concordancia con el principio de máxima publicidad.

Notas

1 Rolando Herrera (2021). “Esconden por 5 años contratos de vacunas”, 11 de enero de 2021, de Reforma. Sitio web:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://
www.reforma.com/esconden-por-5-anos-contratos-de-vacunas/ar2101960?referer=—
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—

2 Presidencia de la República (2021). Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 12 de enero de 2021, 1 de febrero de 2021, de gobierno de México. Sitio web:
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente
-andres-manuel-lopez-obrador-del-12-de-enero-de-2021?idiom=es

3 Congreso de la Unión (última reforma DOF 24 de diciembre de 2020). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de febrero de 2021, de Diario Oficial de la Federación.
Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf

4 Congreso de la Unión (última reforma DOF 27 de enero de 2017). Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1 de febrero de 2021, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_27011 7.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, la SSPC y los gobiernos locales a garantizar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad de estudiantes, pasantes y residentes de las profesiones de la salud, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado , integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La inseguridad ha ido en aumento y específicamente el sector estudiantil es uno de los más afectados. Como ejemplo, podemos observar el caso de Puebla. Tan solo en los primeros tres meses del año pasado, con base en los datos del Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla. se reportaron cerca de cuatro mil delitos contra el sector referido anteriormente y el más frecuente fue el robo con violencia.1

II. Igualmente, el cinco de marzo del año pasado se observó en distintos municipios del estado de Puebla (principalmente la capital) una movilización sin precedentes con la “Mega Marcha Universitaria” que unió a los estudiantes universitarios para solicitar les resolvieran inquietudes, la más importante: seguridad.

III. Un caso que estremeció a todo México fue el de Mariana Sánchez, una practicante médica de 25 años, que tras ser agredida sexualmente decidió denunciar, como pocas mujeres logran hacerlo en estos caso y, a pesar de ello, fue ignorada por las autoridades del Centro de Salud de la Comunidad Nueva Palestina, en Ocosingo, Chiapas, al que había sido asignada para trabajar por un año, quienes, además, negaron su solicitud para ser trasladada a otro centro. Fue ahí, tras la agresión sexual y la omisión de quienes por obligación debieron protegerla, donde dio inicio el trágico desenlace que ya todos conocemos, pero sobre el cual, aún quedan muchas dudas por ser aclaradas.2

IV. El artículo segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.”3

V. El artículo 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, establece que: “Los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la profesión y de las necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley, como requisito previo para otorgarles el título, que presten servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos años. No se computará en el término anterior el tiempo que por enfermedad u otra causa grave, el estudiante permanezca fuera del lugar en que deba prestar el servicio social”.4

VI. La Ley General de Salud, en su artículo 84, establece que: “Todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas deberán prestar el servicio social en los términos de las disposiciones legales aplicables en materia educativa y de las de esta Ley.”.5

VII. La Ley General de Salud, en su artículo 86, establece que: “Para los efectos de la eficaz prestación del servicio social de pasantes de las profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de coordinación entre las autoridades de salud y las educativas, con la participación que corresponda a otras dependencias competentes.”6

En virtud de lo anterior, es claro que se debe establecer una coordinación más efectiva entre los responsables de la seguridad a nivel nacional, para que se garantice la seguridad de los estudiantes en general, pero también que exista una garantía mayor para aquellos estudiantes del sector salud que regularmente tienen que salir de sus lugares de origen para cumplir con su deber en centros de salud.

Se necesita que se les provea de los insumos necesarios para que no arriesguen su integridad mientras hacen el servicio social, no solo ante la pandemia actual del Covid-19, sino en general deben contar con las condiciones necesarias para que se encuentren seguras y seguros.

Aunado a que se deben crear protocolos especiales de atención y seguimiento en caso de que alguno de ellos sufra una agresión, como sucedió en el lamentable caso de Mariana, ya que, reitero, la mayoría de ellos sale de su municipio natal y por ende no tiene personas cercanas que le puedan ayudar en situaciones como la anterior.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable legislatura la citada proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a los gobiernos de los estados a que garanticen las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad de los estudiantes, pasantes y residentes de las profesiones de la salud.

Notas

1 Vid. Maricarmen Herández. (10 de marzo de 2020). Robo con violencia, el delito más frecuente contra estudiantes poblanos. El Sol de Puebla. Recuperado de:

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/robo-con-violenci a-el-delito-mas-frecuente-contra-estudiantes-poblanos-comite-estudianti l-interuniversitario-de-puebla-inseguridad-4951590.html

2 [1] https://elpais.com/mexico/2021-02-03/el-infierno-de-mariana-seis-meses- de-abuso-sexual-que-nadie-escucho.html

3 Cámara de Diputados “Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Recuperado de:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_27051 9.pdf

4 Cámara de Diputados “Ley Reglamentaria del Artículo quinto constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México”. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208_190118.pdf

5 Cámara de Diputados “Ley General de Salud”. Recuperado de:
http://www.salud.gob.mx/cnts/pdfs/LEY_GENERAL_DE_SALUD.pdf

6 Ibid

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2020.

Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, los gobiernos locales y los ayuntamientos a promover la instalación y el funcionamiento nacional, estatal y municipal de centros de rehabilitación para pacientes recuperados de Covid-19 que pudieran presentar secuelas físicas y psicológicas, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al 7 de febrero de 2021, de acuerdo con datos oficiales, en México se han registrado un millón 932 mil 145 casos de pacientes confirmados de Covid-19, 166 mil 200 defunciones y, un millón 490 mil 77 pacientes recuperados.1 Ante este escenario, nuestro país se ha posicionado en el lugar número 13 a nivel mundial, debido a la cantidad de casos de contagio.2

Afortunadamente, durante las primeras semanas del año las autoridades de salud, calcularon que la tendencia de casos estimados se redujo 17 por ciento y, en este mismo periodo, las recuperaciones de enfermos por Covid-19 aumentaron 26 por ciento.3

Sin embargo, sabemos que el escenario dista de ser esperanzador y no se vislumbra un pronto fin a la contingencia sanitaria, ya que se ha registrado durante estas últimas semanas, un alza en el registro de ocupación de camas para hospitalización general. Durante las primeras semanas de febrero, 9 entidades4 federativas registraron más de 70 por ciento de ocupación, 4 entidades5 con una ocupación hospitalaria entre 69 por ciento y 50 por ciento, y 19 entidades se encuentran con menos del 50 por ciento de su ocupación hospitalaria.6

El SARS-CoV-2 al ser un virus nuevo –del cual se sabía poco sobre las afectaciones, su propagación y su virulencia–, ocasionó que se considerara al Covid-19 como una enfermedad que afectaba principalmente a los pulmones, pero con el avance de la actual pandemia se ha logrado identificar que también puede dañar muchos otros órganos, y esto puede aumentar el riesgo de problemas de salud a largo plazo.7

Los principales órganos que pueden presentar severas afectaciones ante esta enfermedad son los siguientes:

• Corazón. Las pruebas de imagen tomadas meses después de la recuperación del Covid-19 han demostrado un daño duradero en el músculo cardíaco, incluso en personas que solo experimentaron síntomas leves del Covid-19. Esto puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca u otras complicaciones cardíacas en el futuro.

• Pulmones. El tipo de neumonía que a menudo se asocia con Covid-19 puede causar daños prolongados en los diminutos sacos de aire (alvéolos) de los pulmones. El tejido cicatricial resultante puede provocar problemas respiratorios a largo plazo.

• Cerebro. Incluso en los jóvenes, el Covid-19 puede causar accidentes cerebrovasculares, convulsiones y el síndrome de Guillain-Barré, una afección que causa parálisis temporal. Covid-19 también puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer.8

Como hemos visto, el daño orgánico que genera esta enfermedad resulta preocupante; sin embargo, también se han identificado múltiples daños asociados, a los cuales se les ha denominado “Síndrome Post Covid ”. En este sentido, el doctor Alejandro Macías, infectólogo de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, explicó que la repercusión orgánica por Covid-19, puede durar meses y afecta a entre 10 y 60 por ciento de los pacientes recuperados , ésta suele ser más grave en aquellos que tuvieron un alto grado de Covid-19, pero que también está presente en los que cursaron la enfermedad sin agravarse e incluso en los que no presentaron síntomas (casos asintomáticos).9

Es decir que, de acuerdo con las cifras más actualizadas en nuestro país, de un millón 932 mil 145 de casos confirmados, 77 por ciento son pacientes recuperados (un millón 490 mil 77) y de este porcentaje, entre 149 mil 007 y 894 mil 046 de los pacientes ya recuperados, podrían verse afectados por el síndrome, y por secuelas físicas y psicológicas a raíz del padecimiento.

También esta Comisión informa que algunas de las secuelas más comunes de este Síndrome son: fatiga, dolor “más que muscular en las articulaciones”, disnea o falta de aire, tos persistente y molesta “que no es grave pero que tampoco se alcanza a curar”, obnubilación o estado mental de distracción, depresión, pérdida del olfato, del gusto en mayor o menor grado o disgeusia un trastorno del gusto que provoca un cambio en el sabor; insomnio pero también somnolencia que se pueden englobar en “sueño no reparador”.10

En este sentido, el doctor Juan Luis Mosqueda, director general del Hospital de Alta Especialidad del Bajío, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante una entrevista declaró que esta enfermedad es altamente impredecible y que aún falta mucho camino para entenderla.11

En su declaración mostró que, de acuerdo con las estadísticas, de 291 mil casos confirmados y atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el corte del 28 de octubre pasado, 44 mil pacientes quedaron con alguna secuela. De estos, alrededor de 2 mil 200 personas tuvieron complicaciones severas y necesitaron terapias de rehabilitación.

En el entorno internacional, esto se ha convertido en un motivo de preocupación para centros de estudio y autoridades de salud, como es el caso de la Fundación Mayo para la Educación e Investigación Médicas (MFMER), que se dio a la tarea de estudiar los efectos a largo plazo del Covid-19 y consideran también que los síntomas de la enfermedad pueden persistir durante meses, ya que el virus llega a dañar los pulmones, el corazón y el cerebro, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud a largo plazo.12

De acuerdo con los estudios y el seguimiento realizado por Mayo Clinic , las personas mayores y las personas con muchas afecciones médicas graves son las más propensas a experimentar síntomas persistentes de Covid-19, pero incluso las personas jóvenes, por lo demás sanas, pueden sentirse mal durante semanas o meses después de la infección.13

A continuación, se enlistan los signos y síntomas más comunes que persisten en el tiempo, de acuerdo con la institución médica antes mencionada14 :

- Fatiga

- Dificultad para respirar

- Tos

- Dolor en las articulaciones

- Dolor en el pecho

- Dolor muscular o dolor de cabeza

- Latidos cardíacos rápidos o fuertes

- Pérdida del olfato o el gusto

- Problemas de memoria, concentración o sueño

- Erupción o caída del cabello15

Conforme avanza la pandemia en diversos países, ha surgido evidencia de que ciertos pacientes experimentan síntomas y complicaciones multiorgánicos a largo plazo después de una infección aguda y la etapa inicial de la enfermedad. Los síntomas nuevos y persistentes informados por los pacientes son extensos e incluyen tos crónica, dificultad para respirar, opresión en el pecho, deterioro cognitivo y fatiga extrema. Los efectos y consecuencias de esta manifestación clínica continua se denominan –como señalamos líneas arriba– (i) Síndrome Covid-19 prolongado y (ii) post-Covid-19, y sus consecuencias están empeorando.16

En Reino Unido se ha publicado una guía para clasificar y atender estas dos afectaciones provocadas por la enfermedad en cuestión:

En ella se dan dos definiciones de efectos posteriores a la enfermedad del Covid-19: (i) el Covid-19 prolongado persistente se aplica a personas que todavía tienen síntomas de 4 a 12 semanas después del inicio de los síntomas agudos. (ii) El síndrome post-Covid-19 es adecuado para pacientes que aún tienen síntomas durante más de 12 semanas después del inicio de los síntomas agudos. Las pautas también proporcionan recomendaciones para estudios clínicos en pacientes que desarrollan síntomas nuevos o persistentes 4 semanas o más después de la infección aguda. Las pruebas recomendadas incluyen hemograma completo, pruebas de función renal y hepática, prueba de proteína C reactiva y prueba de tolerancia al ejercicio (registrando disnea, frecuencia cardíaca y nivel de saturación de O2). También recomiendan que si persiste la infección respiratoria aguda, se deben realizar radiografías de tórax a todas las personas 12 semanas después de la infección aguda.17

Dado que Covid-19 (y el síndrome post-Covid-19) todavía es una enfermedad nueva, las pautas de la guía publicada en Reino Unido son adaptables y se actualizarán con nueva evidencia de investigación científica y clínica. Las áreas de investigación clave recomendadas para el síndrome post-Covid-19 incluyen factores de riesgo para el desarrollo del síndrome (incluida su prevalencia en diferentes poblaciones), intervenciones clínicamente efectivas, descubrimientos e historia natural de la enfermedad.18

El diario británico The Guardian documentó que hasta 100 niños en el Reino Unido han sido hospitalizados con enfermedades poco comunes post Covid-19, los cuales cayeron en cuidados intensivos por un “síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS)” que se da mayoritariamente en infantes en minorías étnicas de personas provenientes de Asia o África.19

Dicho síndrome involucra erupciones cutáneas, temperaturas de hasta 40 grados centígrados (° C), presión arterial peligrosamente baja y problemas abdominales y, en casos graves, sus síntomas son similares a los síntomas potencialmente mortales de shock tóxico o sepsis. Desde el comienzo de la pandemia, se cree que dos niños murieron de PIMS en ese país.20

Aunque los expertos creen que la incidencia de esta enfermedad no ha aumentado en relación con la comunidad en general, este número es más alto que el de la primera ola, y se cree que en comparación con la segunda ola, el hospital admite hasta 100 jóvenes cada semana; eran alrededor de 30 por semana hasta abril del año pasado.21

Otros datos proporcionados por los expertos en un conversatorio virtual que se celebró para abordar dicha problemática en Reino Unido, sugiere que una pequeña cantidad de niños con esta enfermedad encontraron que sus cerebros estaban afectados, se volvieron confusos, somnolientos, desorientados, comenzaron a comportarse de manera anormal y en raras ocasiones sufrieron un derrame cerebral. Además, en un estudio de 75 niños, 8 tenían enfermedades cardíacas, incluidas miocarditis y disfunción ventricular.22

Dicha situación no es exclusiva de los infantes, el mismo diario en mención abordó el problema de la fatiga crónica en adultos que habían estados contagiados de Covid-19; sin embargo, se tiene el precepto de que mediante financiamiento se establecerían 40 clínicas para atender a las personas con el síndrome de fatiga crónica, las cuales habían sido ignoradas antes de que ocurriera la pandemia del SARS-CoV-2.23

En nuestro país ante esta problemática, algunas entidades federativas y municipios, han llevado a cabo programas de rehabilitación para las personas que se encuentran en el proceso de recuperación de esta difícil enfermedad. Ejemplo de lo anterior, es el estado de Puebla, donde algunos hospitales generales y centros de salud de la entidad han puesto en marcha tratamientos de fisioterapia pulmonar y sistemas de seguimiento de pacientes recuperados de Covid-19 que han presentado secuelas.24

De igual manera, en el municipio de Puebla, la presidenta municipal a inicios del mes de febrero anunció la reactivación de espacios deportivos, los cuales serán utilizados como centros de rehabilitación pulmonar para las personas que se han recuperado del Covid-19 de forma ambulatoria, esto quiere decir que no han sido hospitalizados. Para llevar a cabo esta medida se contribuirá con entrenadores deportivos que puedan tomar los talleres con el ayuntamiento y brinden estos talleres en sus espacios. Este tipo de acciones permiten generar un mecanismo de acompañamiento para quienes se han visto afectados por esta difícil enfermedad.25

Otra institución que ha implementado este tipo de programas de rehabilitación pulmonar fue el Teletón, el programa se encuentra enfocado a todas aquellas personas que hayan superado la fase aguda de Covid-19, y el objetivo es mejorar el estado general del paciente, impulsando su pronta recuperación y fortaleciendo su salud, tanto física como mental; puesto que se ha recomendado llevar a cabo este tipo de terapias durante los primeros 30 días después de la enfermedad, ya que con ello se asegura un mayor impacto en la recuperación.26

De igual manera, desde del gobierno federal por medio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) desde noviembre de 2020, se empezó a ofrecer apoyo vía remota por parte de médicos especialistas, quienes diagnostican y atienden las secuelas funcionales de personas que padecieron el virus, para evitar complicaciones futuras en su salud.27

En ese mismo tenor, las agencias de salud están tratando de utilizar los recursos existentes para desarrollar estrategias de rehabilitación para las personas afectadas por Covid-19. Se ha dicho que el país carece de varios expertos, ya que durante muchos años no ha habido suficiente capacitación para brindar a las personas una atención regular, y mucho menos frente a una pandemia, que no sólo dejará considerables daños a los pulmones, sino que también dejará secuelas en muchos órganos (incluidos el corazón y el cerebro).28

Sin embargo, a pesar de la carencia de especialistas, en regiones específicas del país (el Bajío para este caso) se ha iniciado un proceso para atender esta problemática. Ejemplo de ello es el trabajo de “la Secretaría de Salud, en la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), quienes han estado trabajando para crear un programa de clínicas post-Covid, que den apoyo en rehabilitación no solo pulmonar, sino neurológica, cardiaca o lo que los pacientes vayan necesitando”.29

Se planea que estas clínicas estén ubicadas en otros hospitales de referencia altamente especializados, por lo que se podría atender a pacientes de otros hospitales o instituciones de salud diferentes. La idea es que no solo haya atención integral en el tercer nivel hospitalario, sino también dentro del alcance del segundo nivel.30

Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a todas las autoridades, de los distintos órdenes de gobierno, para que busquen brindar alternativas de seguimiento y apoyo médico, tanto físico como psicológico, para las personas que se encuentran viviendo alguna de las secuelas ocasionadas por el Covid-19. Como autoridades debemos ayudar a que las y los mexicanos no vivan de manera permanente con el difícil recuerdo y los padecimientos crónicos de lo que ha sido esta terrible enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, a promover la instalación y debido funcionamiento a nivel nacional, estatal y municipal de centros de rehabilitación, para los pacientes recuperados de la enfermedad Covid-19, que pudieran presentar secuelas físicas y psicológicas, con la finalidad de disminuir o eliminar posibles afectaciones permanentes en la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, a que en el ámbito de sus atribuciones, y con el objetivo de proteger la salud de las y los mexicanos, autorice, promueva y difunda, campañas de información sobre las potenciales secuelas físicas y psicológicas que pueden afectar a los pacientes recuperados de la enfermedad Covid-19.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos, a que en el ámbito de sus atribuciones, planee, desarrolle y organice la instalación y operación de centros de rehabilitación y unidades móviles de salud, para la atención y seguimiento de los pacientes recuperados de la enfermedad Covid-19, que se encuentran en zonas apartadas y de difícil acceso, y que pudieran presentar secuelas físicas y psicológicas, con la finalidad de disminuir o eliminar posibles afectaciones permanentes.

Notas

1 “Covid México”, Datos Abiertos Dirección General de Epidemiología, fecha: 07/02/2021, disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView [fecha de consulta: 07/02/2021]

2 “Coronavirus resource center”, John Hopkins University, fecha: 07/02/2021, disponible en:

https://coronavirus.jhu.edu/map.html [fecha de consulta: 07/02/2021]

3 “Conferencia de Prensa #COVID19”, Gobierno de México, fecha: 03/02/2021, disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=J90UY8ezzPw [fecha de consulta: 07/02/2021]

4 CDMX, Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León y Nayarit.

5 Querétaro, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

6 “Conferencia de Prensa #COVID19”, Gobierno de México, fecha: 03/02/2021, disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=J90UY8ezzPw [fecha de consulta: 07/02/2021]

7 “COVID-19 (coronavirus): Long-term effects”, Mayo Clinic, fecha: 17/11/2021, disponible en: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/cor onavirus-long-term-effects/art-20490351 [fecha de consulta: 07/02/2021]

8 Ibídem.

9 “Secuelas de la COVID-19, sufrimiento y calidad de vida afectada”, Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, fecha: 18/12/2020, fecha de consulta: 7/02/2021, disponible en:

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/?p=88891

10 Ibídem.

11 “‘Mi pesadilla no ha terminado; ahora lucho contra las secuelas’: la vida después de tener COVID”, Animal Político, fecha: 07/12/2021, disponible en:

https://www.animalpolitico.com/2020/12/secuelas-vida-des pues-covid-19/ [fecha de consulta: 7/02/2021]

12 Mayoclinic. “COVID-19 (coronavirus): Long-term effects”, Mayo Clinic, fecha: 17/11/2021, disponible en: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/cor onavirus-long-term-effects/art-20490351 [fecha de consulta: 07/02/2021]

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 Ibídem

16 Priya Venkatesan. “NICE guideline on long COVID”. The Lancet. Fechade publicación: 1 de febrero de 2021, disponible en: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)0003 1-X/fulltext [fecha de consulta: 08/02/2021].

17 Ibídem.

18 Ibídem.

19 Denis Campbell and Caroline Bannock. “Up to 100 UK children a week hospitalised with rare post-Covid disease”. The Guardian, fecha de publicación: 05/02/2021, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/05/up-to-100-uk-children-a-w eek-hospitalised-with-rare-post-covid-disease [fecha de consulta: 08/02/2021].

20 Ibídem

21 Ibídem.

22 Ibídem.

23 The Guardian. “ME sufferers know well the effects of long Covid”, fecha de publicación: 29/12/2020, disponible en:

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/29/me-suffere rs-know-well-the-effects-of-long-covid [Fecha de consulta: 08/02/2021]

24 Secretaría de Salud de Puebla. “Otorgará Salud terapia de rehabilitación para pacientes recuperados de COVID-19”, fecha de publicación: 13/08/2020, en disponible: http://ss.puebla.gob.mx/noticias/item/1066-otorgara-salud-terapia-de-re habilitacion-para-pacientes-recuperados-de-covid-19 [fecha de consulta: 07/02/2021].

25 “Espacios deportivos en Puebla abrirán como centros de rehabilitación pulmonar”, MILENIO, fecha: 03/02/2021, disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/puebla-espacios-deportivos-r ehabilitacion-pulmonar-requisitos [fecha de consulta: 08/02/2021].

26 Teletón. “rehabilitación respiratoria post COVID-19 en teletón”, TELETÓN, fecha: 17/11/2021, disponible en: https://teleton.org/rehabilitacion-respiratoria-post-covid-19/ [fecha de consulta: 07/02/2021].

27 “Ofrece DIF Nacional rehabilitación post COVID-19”, Sistema Nacional DIF, Fecha: 11 de noviembre de 2020, disponible en: https://www.gob.mx/difnacional/es/articulos/ofrece-dif-nacional-rehabil itacion-post-covid-19?idiom=es [fecha de consulta: 07/02/2021].

28 Andrea Vega y Manu Ureste. “Pacientes luchan solos contra las secuelas de COVID; el sistema de Salud no está listo para atenderlos”, Animal Político, fecha de publicación: 09/12/2020, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/12/pacientes-secuelas-covid-sistema -salud-no-esta-listo/ [Fecha de consulta: 08/02/2021].

29 Ibídem.

30 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNDH a formular con la mayor brevedad recomendación para garantizar los derechos humanos de los migrantes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 23 de enero, 19 cuerpos, presuntamente de personas en situación de migración, fueron encontrados calcinados en una camioneta, en la ciudad de Camargo, Tamaulipas. La brutalidad de los hechos llamó, nuevamente, la atención en relación con las reiteradas violaciones a los derechos humanos que estas personas sufren cuando atraviesan por territorio mexicano. Derivado de lo anterior, la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos equiparó esta masacre con la de 2010 en San Fernando, en donde 72 migrantes fueron encontrados asesinados a golpes por grupos de la delincuencia organizada y que, a la fecha, sigue en la impunidad.

Días después del hallazgo, las autoridades investigadoras dieron a conocer que las y los migrantes fueron secuestrados con la participación de, al menos, doce policías municipales y que la camioneta en la que se encontraron calcinados, habría sido confiscada días antes por el Instituto Nacional de Migración, lo cual presume la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno en la masacre.

Debemos señalar que, desde el 20 de noviembre de 2019, apenas unos días después de su cuestionado nombramiento, la hoy presidenta de la CNDH recibió un informe conteniendo diversos testimonios de personas en situación de migración en donde se hace patente el abuso que las autoridades federales, pertenecientes al gobierno de López Obrador, realizan en su contra. Entre estos testimonios, podemos encontrar que:

El 4 de febrero de 2020, Elizabeth Lara Rodríguez, la nueva directora general de la Quinta Visitaduría, recibió copia del oficio SE/DOI/0140/20, elaborado por la directora de Organismos Internacionales de la CNDH, Ángeles Corte. En el escrito, que este medio obtuvo por transparencia pública, se expone que Médicos Sin Fronteras informó del secuestro de 11 jóvenes hondureños que fueron agredidos “física y sexualmente” en Tabasco, advirtiendo, además, que “los métodos de tortura” y “la violencia” contra los migrantes en la zona “no son aislados”.

El 13 de mayo de 2020, la Dirección General de la Quinta Visitaduría también recibió por escrito una nota informativa de personal de la propia CNDH, donde se advierte que las agresiones y secuestros de migrantes en el país siguen sucediendo con los mismos niveles de violencia que hace una década, cuando la Comisión publicó en 2009 y 2011 sendos informes especiales sobre agresiones sistemáticas a migrantes en México.1

No obstante, la gravedad de la situación, la Comisión Nacional no ha emitido recomendación alguna y, al contrario, decidió reservar la información contenida en estos documentos alegando la protección de la vida de los migrantes, a pesar de que no se contiene ningún dato personal. Adicionalmente, a petición de un medio de comunicación, la CNDH envió la lista de las 44 acciones y recomendaciones que ha emitido en favor de los derechos de las y los migrantes, en donde no se encuentra ninguna emitida para las autoridades federales o para el gobierno de López Obrador, al que la presidenta de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, debe su nombramiento.

Debemos recordar que, en la arquitectura institucional que nos hemos dado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye el máximo órgano público, autónomo e independiente, encargado de la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, el lamentable desempeño de su actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra, al servicio de quienes, de manera presuntamente ilegal, la nombraron en un acto cuestionable por muchos motivos, ha dejado a los derechos humanos en nuestro país sin ninguna instancia nacional de defensa que no sean las jurisdiccionales. Adicionalmente, es menester recordar que la señora Piedra Ibarra ha desmantelado al organismo, dejándolo casi en la disfuncionalidad presupuestal, con tal de seguir los sórdidos lineamientos de austeridad propagados por el presidente López Obrador, sin tomar en consideración que los subejercicios en materia de derechos humanos no sólo resultan contrarios a los principios constitucionales pro persona y de progresividad, sino que cuestan vidas de personas cuyos derechos son violados con total impunidad en el territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para emitir, a la brevedad, recomendación al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de las dependencias correspondientes del gobierno federal, para realizar todas las acciones e implementar las políticas necesarias a fin de garantizar los derechos humanos de las personas en situación de migración, evitando que sean víctimas de la delincuencia organizada.

Nota

1 https://www.animalpolitico.com/2021/02/migrantes-cndh-informe-oculto-se cuestros-tortura-asesinato-violaciones/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y la SE a implantar un programa de apoyos fiscales a las Mipyme para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez , diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El viernes 28 de febrero de 2020 se confirmó el primer caso de una persona contagiada de coronavirus en México. En la mañanera, conferencia de prensa que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fueron quienes confirmaron esta noticia. López-Gatell mencionó en dicha conferencia de prensa que un hombre de 35 años había dado positivo a la prueba reactiva y que durante la madrugada de ese 28 de febrero se le realizó una prueba de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia1 .

Las cifras al cierre del lunes 25 de enero de 2021 son las siguientes: más de 1.7 millones de casos confirmados, más de 422 mil casos sospechosos, y más de 150 mil defunciones.2

Segunda. El martes 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo por el que se establecen medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 emitido por el Secretario de Salud, donde se anuncia la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión comunitaria del virus, además de contribuir a la disminución de la carga hospitalaria por sus complicaciones y eventuales defunciones a lo largo del territorio nacional.3

Tercera. Derivado de este acuerdo, el gobierno federal suspendió todas las actividades no esenciales, así como aquellas que no afectaran su funcionalidad, exhortando a la iniciativa privada para que suspendieran sus labores en el lapso referido, o bien, si la naturaleza de ellas lo permite, que sus trabajadores efectúen sus actividades desde casa. Sin omitir que las actividades escolares también corrieron esta misma suerte.

Cuarta. Tras el cese de actividades no esenciales, el mundo se encuentra en un ciclo de recesión derivado del paro de las cadenas productivas. La recesión económica se manifiesta a través del debilitamiento de los indicadores macroeconómicos más importantes como el empleo, el nivel de precios, el consumo interno, la solvencia de los actores económicos y el nivel de producción.4

Quinta. La economía mexicana no ha sido la excepción, sigue afectada por la incertidumbre en el mundo. Si bien hubo indicios de recuperación en el tercer trimestre del 2020, aún existe riesgo por la reanudación de actividades. El Banco de México prevé que, en el peor escenario, el producto interno bruto del país experimente una contracción de -9.3 por ciento en 20205 , lo que supone una ligera mejora respecto al pronóstico anterior, cuando el mismo indicador se fijó en -12.8 por ciento.

Sexta. Desde una perspectiva económica, podemos advertir el fuerte impacto económico que nuestro país vive hoy día. La pandemia dejó un saldo de 647 mil 710 empleos perdidos en 20206 , de los cuales 560 mil 473 eran permanentes y 87 mil 237 eran eventuales, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social con motivo de la referida suspensión de actividades, cantidades que desafortunadamente podrían irse incrementando conforme pasen los días y las condiciones económicas del país sigan empeorando por la falta de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) y en general a los sectores productivos.

Séptima. Las entidades federativas donde se han perdido más empleos son Quintana Roo, Guerrero, Baja California Sur, Ciudad de México, Puebla Campeche, Yucatán e Hidalgo, todas estas entidades presentan una pérdida de 4 por ciento o más en el tema del empleo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Octava. Esta situación es parte de un problema inminente en el que las personas ven disminuido su bienestar por la pérdida de sus medios de subsistencia a consecuencia del desempleo, y se vuelve precario en un período muy difícil en nuestro país. Con ello, las complicaciones que están teniendo los pequeños establecimientos para poder sostener sus actividades productivas, así como el empleo de sus trabajadores, donde al haberse frenado las diferentes cadenas productivas y reducirse drásticamente el consumo, no tienen ingresos o un flujo económico que les permita cumplir con los diferentes compromisos que se deben solventar periódicamente para el impulso de su oferta, poniendo en riesgo su subsistencia en el mercado.

Novena. En México, las Mipyme representan 99.8 por ciento del total de las empresas que hay en el país7 de acuerdo a lo publicado por Inegi en los Censos Económicos de 2019, lo importante de ayudar a este sector productivo de la población radica en que gracias a ellos se produce cerca de 52 por ciento del producto interno bruto del país, y aproximadamente el 72 por ciento de los empleos formales en México.

Décima. Sin embargo, un Estudio sobre la demografía de los negocios 20208 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 1 millón 10 mil 857 establecimientos o 20.81 por ciento cerraron sus puertas definitivamente. Donde Quintana Roo, Baja California Sur, Campeche, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas mostraron la mayor tasa de mortalidad de negocios.

Undécima. Por tanto, es importante que ante la inminente interrupción de actividades por la contingencia sanitaria en México, producto de la pandemia por Covid-19, los diversos sectores, micro, pequeñas y medianas empresas, o pequeños contribuyentes con actividades empresariales, sean apoyados por las instituciones gubernamentales competentes del gobierno federal, para llevar a cabo al menos la prórroga de los pagos de impuestos, las cuotas obrero-patronales y, que en trabajo conjunto, la banca de desarrollo otorgue créditos a tasas preferenciales, con la idea de que no sigan teniendo pérdidas y puedan recuperar la liquidez para impulsar y sostener sus actividades productivas y económicas.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de la Cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía del gobierno federal, para que, a la brevedad, se implemente un programa de apoyos fiscales para las micros, pequeñas y medianas empresas, enfocado a la preservación de los empleos, que contemple, al menos, la prórroga en el cobro de los impuestos federales, así como de las cuotas obrero-patronales y de servicios públicos.

Notas

1 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/primer-caso-de-coronavirus-en-m exico-cuando-y-como-fue

2 https://datos.covid-19.conacyt.mx/

3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/ 2020

4 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-es-una-recesion-tecnica-20 190711-0065.html

5 https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/
%7BBA84D725-CC89-F4A2-0C1A-55574664349E%7D.pdf

6 http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/PR%2020.pdf

7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pro_ce2019.pd f

8 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Mas-de-un-millon-de-mipymes-cierran-definitivamente-por-la-pandemia-INEGI-20201202-0089.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Carlos Alberto Morales García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y el Banobras a revisar de forma exhaustiva las autorizaciones de recursos y obras a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Ulises García Soto, integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua es un fideicomiso público considerado como entidad paraestatal. Las partes que integran a dicha entidad son 3, el estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Hacienda, quien representa al fideicomitente; el fiduciario, representado por Banobras, y los fideicomisarios, que se dividen en 3 partes: acreedores bancarios o tenedores bursátiles, el municipio de Juárez y por último el estado de Chihuahua.1

El decreto se publicó con fecha 29 de agosto de 2015 siendo materia de dicho decreto el autorizar al gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, (en lo sucesivo el “gobierno”), de solicitar al gobierno federal a través de la SCT, se le otorgue al gobierno la administración, explotación, conservación y mantenimiento de diversos puentes fronterizos denominados Lerdo-Stanton, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe Tornillo, (en lo sucesivo “los puentes”) situados en el municipio de Juárez, Chihuahua, (en lo sucesivo el “municipio”). La concesión que me ocupa se otorgó al gobierno con fecha 30 de diciembre de 2015.

- Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua identificado con el número 2243 , se otorgó con fecha 10 de diciembre de 2015.

El fideicomiso opera con un Comité de Inversión el cual se conforma por diversos representantes de la sociedad civil del municipio y funge como presidente precisamente el presidente del honorable ayuntamiento de Ciudad Juárez, que tiene voz y voto y, en caso de empate o no contar con el quórum requerido, para la toma de acuerdos, voto de calidad.

De la figura del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua identificado con el número 2243, (en adelante el “fideicomiso”) resulta de preocupación el manejo e irregularidades en cuanto a la administración, el marco legal que lo regula así como las posibles violaciones al mismo, las obras ya ejecutadas en beneficio del municipio de Juárez, las licitaciones de obras ya publicadas en beneficio del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, algunas de las cuales ya están en vía de ejecución.

En cumplimiento de la cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso que nos ocupa en adición al Comité de Inversión cuenta con un Comité Técnico que se integra de la siguiente forma:

Presidente, el titular del gobierno. Secretario técnico, designado por el titular del gobierno. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP). Un representante de la SCT. El Secretario de Hacienda del gobierno. Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno. Un representante de la Secretaría de Economía del gobierno. Dos representantes del gobierno del municipio. Dos representantes de la sociedad civil del municipio. cuatro representantes del congreso del gobierno los cuales tiene voz pero no derecho a voto. Los representantes de los acreedores, en su caso. Cuando se trate de asuntos que involucren la competencia de la SCT y de la SHCP o que se refieran a recursos derivados de financiamientos o la utilización de los bienes que se encuentren afectos al patrimonio del Fideicomiso, para que las decisiones sean válidas, invariablemente se requerirá del voto favorable de los miembros de la SHCP, de la SCT y de los posibles acreedores.

El contrato de fideicomiso en la cláusula primera nos aporta dos definiciones que son de vital importancia; i). Proyecto. Operación, explotación, conservación y mantenimiento de los puentes incluyendo la construcción de obras que determine la SCT y; ii). Proyecto de inversión. En términos generales todo lo relativo a la infraestructura del Municipio con la anuencia del Comité de Inversión y el Comité Técnico del fideicomiso en comento. En la cláusula cuarta apunta como primordial fin la operación, administración, mantenimiento así como la ejecución de las obras que establezca la SCT, en prelación.

La prelación se encuentra convenida en la Condición 25.3 del Título de Concesión otorgada al Gobierno y a la letra dice: 25.3. uso de recursos. El uso de los recursos del patrimonio del Fideicomiso de Administración, (a que alude el siguiente antecedente), se destinará a los pagos de los siguientes conceptos conforme a la prelación establecida en el propio Fideicomiso de Administración: a). La construcción de obras; b). La construcción y aprovechamientos aplicables, incluyendo el pago anual fijo; c). Los gastos de operación, mantenimiento y conservación, incluyendo los honorarios fiduciarios y los pagos al Ingeniero Independiente, al Supervisor Externo de Operación y al Dictaminador de Accidentes Graves; d). La constitución de fondos establecidos en este Título de Concesión; e). Los financiamientos: f). Los recursos remanentes, después de aplicarse los ingresos a los incisos a) al e) anteriores, serán devueltos a la Concesionaria, (Fideicomiso), por conducto del fideicomiso para que éste lleve a cabo los proyectos en beneficio del municipio, que determine su propio comité técnico.

Al estar licitando y ejecutando lo que se denomina proyecto de inversión sin antes cumplir con las obras denominadas proyecto, lo que implica un modelo financiero y el cumplimiento técnico de las obras señalado por las normas oficiales mexicanas, viola la condición 25.3 del título de concesión.

Con fecha 11 de marzo del 2019 se celebró la sexta sesión del comité de inversión del fideicomiso en la cual se encontraron presente únicamente tres integrantes, señores ciudadano Héctor Armando Cabada Alvídrez, licenciado Juan Carlos Talavera de Noriega e ingeniero Juan Carlos Sapien de Anda habiéndose dado el quórum legal por lo que se procedió a tomar, entre otros, los siguientes acuerdos:

Acuerdo 03.CI.11.03.2019.- Se aprueba por unanimidad de los miembros del Comité de Inversiones, recomendar al Comité Técnico, la ejecución del proyecto denominado “Drenaje Pluvial” por un monto de inversión con recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua hasta por la cantidad de 399 millones 600 mil pesos.

Acuerdo 04.CI.00.03.2019. Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes del Comité de Inversiones, recomendar al comité técnico, la ejecución del proyecto denominado “Vialidades de Flujo Continuo Las Torres” por un monto de inversión con recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua hasta por la cantidad de 310 millones de pesos.

Acuerdo 05.CI.11.03.2019.- Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes del Comité de Inversiones, recomendar al Comité Técnico, la ejecución del proyecto denominado “Consolidación del BRT I por un monto de inversión con recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua hasta por la cantidad de 249 millones 400 mil pesos. Cabe aclarar que este acuerdo no tiene relación alguna con el acuerdo 09.IIISE.06.2016 a que alude el inciso d.2 del capítulo oficio 3.4. de la presente ficha, sometemos a su consideración, en caso de ser necesario entregar copia simple del acta a que alude el presente numeral para los efectos legales a que haya lugar.

Con fecha 30 de mayo de 2019 se celebró la primera sesión ordinaria del comité técnico del fideicomiso, pese a lo manifestado por el licenciado Ernesto Román Martell Morales relativa a la aprobación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión recomendados por el Comité de Inversiones, solicitando el documento que acredite el orden de prelación, (modelo financiero), de conformidad con la condición veinticinco del título de concesión y que se acreditará la existencia de recursos, solicitando se dejara pendiente hasta en tanto se envíe a la SCT se tomó, entre otros, el siguiente:

Acuerdo 03.I.SO.30052019.- Se aprueba el destino de recursos para la ejecución de los proyectos recomendados por el Comité de Inversiones en su sexta sesión ordinaria de 11 de marzo de 2019, y se autoriza su registro en la cartera de proyectos como proyectos de inversión autorizados en beneficio de Ciudad Juárez, Chihuahua bajo los conceptos y por los montos siguientes:

1. Proyecto de inversión denominado “Drenaje Pluvial” por una cantidad de 399 mil 600 mil pesos.

2. Proyecto de Inversión denominado “Vialidades de flujo continuo Las Torres”, por una cantidad de 310 millones de pesos.

3. Proyecto de inversión denominado “Consolidación del BRT i”, por una cantidad de 249 millones 400 mil pesos.

Lo anterior, sujeto al cumplimiento y debida integración de la documentación a la que se refiere el numeral 4 de la Reglas de Operación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua y a la normatividad municipal, estatal y federal que resulte aplicable en cada caso. La sesión que nos ocupa obra en poder de la SCT.

Fue precisamente en la sesión a que alude el numeral inmediato anterior que se dio a conocer que los puentes, ya elevados, ya deprimidos no contemplaban la situación actual y las proyecciones futuras, por lo que el ciudadano Manuel Sotelo Suárez en su calidad de integrante del Comité Técnico del Fideicomiso se manifestó por primera vez en relación a dichas irregularidades, el no cumplir con la altura, gálibos, pendientes y normas por lo que representarían peligros, riesgos o impedimentos a la circulación y servicio.

Ante la cerrazón de las autoridades de proporcionar información respecto de los Proyectos Ejecutivos se desató una secuencia de publicaciones en los distintos medios de comunicación por lo que los Diputados Federales de Morena Chihuahua procedimos a tomar cartas en el asunto, nos documentamos y fue así que el 3 de diciembre solicitamos información al entonces Director de Desarrollo Carretero, información que nos fue proporcionada con fecha 4 de diciembre del 2019 a virtud del oficio 3.4.

- Oficio 3.4.-

Por lo que hace al oficio 3.4. firmado por el entonces director de Desarrollo Carretero, ingeniero Ricardo Erazo García Cano en respuesta al Oficio HCDLXIV/MEMC/219/2019, es importante resaltar lo siguiente:

a) El cuarto párrafo de la primera hoja del oficio en comento se establece que en la Sesión del 30 de mayo de 2019 del Comité Técnico del Fideicomiso el licenciado Ernesto Martell, en su carácter de representante de la SCT, solicitó la presentación del modelo financiero con el cual se podría comprobar que las obras en beneficio del Municipio se llevarían a cabo con recursos provenientes de remanentes por lo anterior tenemos que cuándo el director general y delegado fiduciario especial del fideicomiso dice que la SCT no tiene autoridad para sancionar el modelo financiero entonces no da cumplimiento a lo solicitado por Martell, quién no solicitó el modelo financiero por capricho, por el contrario, lo solicita en cumplimiento de la condición Decimonovena del título de concesión, por ende sin modelo financiero sancionado y autorizado por la SCT el fideicomiso no tiene forma de acreditar fehacientemente, de comprobar que las obras en beneficio del municipio serán realizadas con remanentes del fideicomiso.

b. El último párrafo de la primera hoja del oficio 3.4.- establece que a fin de que se proceda a la realización de las obras en beneficio del Municipio deberá cumplirse con la normatividad vigente y aplicable, dentro de la cual se contiene el título de concesión. Declara el director general y delegado fiduciario especial del fideicomiso que en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso se encuentra presente un representante de la SCT y que no se han inconformado.

c. En el párrafo tercero de la segunda hoja del oficio 3.4. se establece que el modelo financiero está en revisión por el área correspondiente de esta Unidad Administrativa. El modelo financiero debió ser entregado a la SCT a finales de 2016, principios de 2017, se entregó el 19 de noviembre de 2019 pese a que en la sesión del comité técnico del fideicomiso de fecha 30 de mayo de 2019 se comprometió el Secretario Técnico del Comité, licenciado Federico Basauri Ochoa a entregarlo el 30 de junio de 2019 y ahora el licenciado Sergio Madero Villanueva habla de burocracia en la SCT, que no lo han revisado en tiempo y forma, adicionalmente cuando lo entrego para revisión ya había licitado las 27 obras en beneficio del municipio a que alude el oficio HCDLX/MEMC/219/2019 en total violación de lo condicionado en el Título de Concesión y demás marco jurídico que lo regula.

d. En una de las últimas entrevistas vertidas por el licenciado Sergio Madero Villanueva habla de 27 obras que ya se realizaron, es correcto, respecto a lo cual nos permitimos manifestar:

d.1. En la tercera sesión extraordinaria del fideicomiso de fecha 9 de junio de 2016, la cual obra en su poder, se tomaron tres acuerdos, entre otros:

Acuerdo 08.IIISE.06.201 a virtud del cual se autorizó a destinar la cantidad de 80 millones de pesos para la construcción del Centro de Investigación e Integración de Tecnologías Avanzadas, (CIITA), obra que por cierto al día de hoy no se lleva a cabo. El convenio de participación con el Instituto Politécnico Nacional fue firmado en el mes de marzo del 2019 y pese a que el recurso ya ha sido etiquetado la obra simple y sencillamente ni siquiera ha iniciado, no sabemos si la citada cantidad sigue integrando el patrimonio fideicomitido y por ende administrada por el fideicomiso 80745 o ya ha sido depositada en alguna cuenta, es la opacidad en la administración de los recursos del Fideicomiso presente una vez más.

d.2. Acuerdo 09.IIISE.06.2016 a virtud del cual se autorizó destinar la cantidad de 250 millones 500 mil de pesos para destinarlos a lo que en su momento se denominó Movilidad Urbana (Brt “Vivebús”), obra que a la fecha tampoco se ha llevado a cabo y es causa de polémica en el municipio ya que el gobierno no socializa los proyectos ejecutivos, motivo por el cual con fecha 30 de enero de 2020 los suscritos le solicitamos los mismos al ciudadano Javier Corral Jurado, a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y a la Secretaría de Desarrollo Urbano, información que por cierto a la fecha no ha sido entregada.

d.3. Acuerdo 10.III.SE.06.2016 a virtud del cual se autorizó destinar la cantidad de 212 millones 702 mil de pesos a fin de destinarlos a movilidad urbana para el municipio, las obras consistieron en la pavimentación de 27 vialidades. Las obras autorizadas fueron llevadas a cabo y entregadas en su totalidad al Municipio en diferentes fechas.

d.4. Los acuerdos asentados en los incisos d.1), d.2) y d.3) fueron debidamente ratificados en la segunda sesión ordinaria del fideicomiso de fecha 12 de junio de 2017, (acta que al igual que la anterior obra en su poder), en el Acuerdo tomado en relación del punto 10.

d.5. Tenemos pues que las 27 obras consistentes en Movilidad Urbana ya fueron ejecutadas en su totalidad, autorizadas o no por la SCT?, la verdad lo desconocemos pero si consentidas en forma tácita. Cabe aclarar que se llevaron a cabo con remanentes ya que tenemos conocimiento que a la fecha no han dispuesto de las líneas de crédito salvo para cubrir pagos a la anterior concesionaria, (Promofront) así como pagos generados por la obtención misma de la concesión por un monto aproximado de cuatrocientos cincuenta millones de pesos tal y como ya quedó asentado en el presente.

e) El oficio 3.4. alude a las 27 obras licitadas entre los meses de septiembre y noviembre y establece que de las mismas no se ha informado a la SCT y que tampoco se autorizarán hasta en tanto no se acredite que dichas obras en beneficio de Juárez se llevarán a cabo con recursos remanentes de conformidad con lo establecido en el Título de Concesión y cómo será posible acreditar lo anterior?, pues únicamente con la autorización del modelo financiero por parte de la SCT. Cabe hacer notar que las obras que nos ocupan fueron licitadas antes de entregar el modelo financiero a la SCT, excepción de la licitada el 23 de noviembre del 2019.

- Las obras licitadas las sometemos a su consideración las cuales pueden ser constatadas en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua con los datos asentados, a saber:

- En Periódico Número 77 de fecha 25 de septiembre se publicó la licitación FPFCH/CO/010/2019 para la adjudicación del Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios y tiempo determinado relativo a trabajos de rehabilitación de vaso principal por medio de gaviones y estabilidad de taludes, descargas este y oeste, así como pozos de absorción en parque central zona 2 en Ciudad, Juárez, Chihuahua. Se publicó la licitación FPFCH/CO/011/2019 relativa a la construcción de vasos 2, 3 y 4 con mejoramiento de taludes y pozos de absorción en parque central zona 3.

- En Periódico Número 79 de fecha 2 de octubre de 2019 publicaron las licitaciones FPFCH/CO/012/2019 y FPFCH/CO/013//2019 para rehabilitar los vasos de captación en el Fccto. Pradera Dorada Norte y Sur.

- Con fecha 5 de octubre de 2019 en el Periódico Oficial Número 80 se publicaron las licitaciones FPFCH/CO//014, 015, 016, 017, 018, 019 y 020 relativas a rehabilitar diversas estaciones del EcoBus.

- Con fecha 9 de octubre de 2019 en el Periódico Oficial Número 81 se publicaron las licitaciones FPFCH/CO/021, 022 y 023 a fin de llevar a cabo la construcción de obras de captación de aguas pluviales mediante infraestructura verde en diversas zonas.

- Con fecha 12 de octubre de 2019 en el Periódico Oficial Número 82 se publicaron las licitaciones FPFCH/CO/024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 y 031 relativas a la construcción y rehabilitación de diversas estaciones del Eco Bus. Se publicaron de igual forma las licitaciones FPFCH/CO/032 y 033 para pavimentar a base de concreto hidráulico la Avenida Zaragoza. Las licitaciones 024, 027 y 030 fueron licitadas en segunda convocatoria con fecha 11 de diciembre del 2019.

- Con fecha 9 de noviembre de 2019 en el Periódico Oficial Número 90 se publicaron las licitaciones FPFCH/CO/034, 035, y 036 relativas a rehabilitación de vasos de captación en Pradera Dorada, Zona Norte y Sur y supervisión de éstas. Se publicó la licitación FPFCH/CO/037/2019 relativa a supervisión de trabajos en el Parque Central. Se publicó la licitación FPFCH/CO/038/2019 relativa a la supervisión de diversas obras de captación de aguas pluviales mediante infraestructura verde en ciudad Juárez, Chih.

- En Periódico Número 94 de fecha 23 de noviembre de 2019 se publicaron las licitaciones FPFCH/CO/039 y 040 relativas a trabajos de rehabilitación en la zona 2 y construcción en la zona 3 del parque central respectivamente.

- En el Periódico Número 9 de fecha miércoles 29 de enero de 2020 se publicaron las licitaciones FPFC/CO/039/2019 relativas a trabajos de rehabilitación de vaso principal por medio de gaviones y estabilidad de taludes, descargas este y oeste, así como pozos de absorción en Parque Central Zona 2, así como la licitación FPFC/CO/040/2019 relativa a trabajos de construcción de vasos 2, 3 y 4 con mejoramiento de taludes y pozos de absorción en Parque Central Zona 3.

- En el Periódico Número 10 de fecha sábado 1 de febrero pese a no tener autorizado el presupuesto por parte de la SCT para el ejercicio 2020 se publicó las licitaciones FPFC/CA/002/2020 para el servicio de vigilancia, la FPFC/003/2020 para la recolección, custodia, traslado, verificación y depósito de valores así como la FPFC/004/2020 para servicio de limpieza.

Concluyendo con el análisis del oficio 3.4, referido anteriormente, suscrito por el Director de Desarrollo Carretero, Ing. Ricardo Erazo García Cano en respuesta al Oficio HCDLXIV/MEMC/219/2019 . Se establece en el último párrafo que si la Concesionaria incumple con las condiciones del título de concesión, lo cual ha venido haciendo, se hará acreedora a las sanciones que correspondan y que de acuerdo a la normatividad aplicable la sanción mínima lo sería una sanción económica, entiéndase multa y la que no queremos ningún ciudadano es la perdida de la concesión a consecuencia de la violación a lo condicionado en el título, así como al marco jurídico que la regula.

Asimismo, resulta alarmante el desconocimiento de las 27 licitaciones publicadas por el Fideicomiso respecto de obras en beneficio de Juárez; desconocimiento señalado por el referido director de Desarrollo Carretero.

Los denominados Puentes Enanos, sean o no puentes como lo ha venido declarando el director general y delegado fiduciario especial tenemos que la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal en su Artículo 2, inciso c) establece que se consideran caminos o carreteras...”Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios...”, el fideicomiso explota una concesión federal y si se quiere manifestar que no es un puente que únicamente es una vialidad, un camino de paso para mejorar la circulación se llevarán a cabo con fondos provenientes de una concesión federal. Situación donde la SCT ha sido omisa en revisar de manera precisa en cuanto a la normatividad aplicable.

Tenemos que pese a lo autorizado en el Comité de Inversión y posteriormente en el Comité Técnico, ambos del fideicomiso, ahora con sorpresa encontramos con que la Secretaría de Obras Públicas del gobierno llevó a cabo las siguientes licitaciones:

En el Periódico Número 9 de fecha 7 de diciembre de 2019 se publicó la licitación SCOP-LPN-053-2019 tendiente a llevar a cabo la construcción del paso superior cuerpo poniente en avenida Villareal Torres y Avenida Zaragoza; la SCOP-LPN-054 para llevar a cabo la construcción del cuerpo oriente y la SCOP-LPN-055-2019 para llevar a cabo la construcción del cuerpo poniente en las vialidades denominadas Avenida Villareal Torres y Teófilo Borunda, con suma preocupación lo sometemos a su consideración, lo anterior demuestra una vez más la opacidad con que se administra el Fideicomiso. Finalmente, el licenciado Sergio Madero Villanueva, director general y delegado fiduciario especial sigue declarando que el resto de los puentes enanos se ejecutaran con recursos del fideicomiso con una altura o en su caso los deprimidos de 4:30 metros ya según la norma así lo permite.

Por lo expuesto, resulta lógico y viable señalar que se está violentando el título de concesión, particularmente en la condición 19.2, la 25.3 y el anexo 16.

La condición 16.5 establece que las obras se deben apegar a lo establecido en los proyectos ejecutivos, especificaciones técnicas, las NOM y las NMX y los puentes “enanos” no cumplen con dicha normatividad.

Por consiguiente el presente punto de acuerdo plantea la necesario de saber la situación jurídica actual de la administración del fideicomiso, y la autorizó por parte de la SCT el modelo financiero.

Por consiguiente el objetivo del presente punto de acuerdo es que la SCT y Banobras revisen en lo general las obras autorizadas y realizadas mediante el Fideicomiso y en lo particular, que sean revisados los modelos financieros y títulos de concesión hechos al gobierno del estado de Chihuahua.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, a realizar una revisión exhaustiva a las autorizaciones de recursos y de obras a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, así como los votos de los representantes de dichas autoridades en el mencionado fideicomiso.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, a realizar una revisión exhaustiva al modelo financiero y cumplimento a las condiciones establecidas en el título de concesión propios de los puentes fronterizos dados en concesión al gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

Nota

1 https://puentesfronterizos.gob.mx/quienes-somos-fideicomiso-de-puentes- fronterizos-chihuahua.php

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Ulises García Soto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a autorizar al sector privado para comercializar vacunas contra el SARS-Cov2 durante la campaña de vacunación y permitir que la ciudadanía las adquiriera y tenga acceso libre a ellas, a cargo de la diputada Saraí Núñez y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón y las y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que autorice la comercialización al sector privado para vender vacuna contra el virus SARS-CoV-2 durante la campaña de vacunación y permita que la ciudadanía que así lo desee pueda adquirirla y tener acceso libre a la vacuna, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió a finales de 2019 (SARS-CoV-2). La pandemia de Covid-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de 200 países, y con más de 60 millones de casos hasta la fecha (diciembre de 2020). El mundo –ha esperado– contar con una vacuna efectiva contra esta enfermedad, como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad.1

Es por lo anterior que el gobierno federal de nuestro país emitió el documento Política Nacional Rectora de Vacunación Contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la Covid-19, este documento define la política nacional de vacunación contra el virus que ocasiona la enfermedad infecciosa Covid-19 la última versión está contemplada el 12 de enero de 2021, publicado en la página web: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_Covid_-11En e2021.pdf.

Este documento toca los siguientes ejes de priorización de la vacunación en México:

La estrategia de contención de defunciones, propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por Covid-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.

Ninguna vacuna será aplicada a personas menores de 16 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y mujeres embarazadas. Con base en los resultados de este análisis, los grupos priorizados en orden de prelación son: 1. Personal sanitario que enfrenta Covid-19 (estimado en un millón de personas) 2. Personas adultas mayores: a. Mayores de 80 años (2 millones 35 mil 415 personas) b. Personas de 70 a 79 años (4 millones 225 mil 668 personas) c. Personas de 60 a 69 años (8 millones 199 mil 671 personas).

3. Personas con comorbilidad o comorbilidades a. Obesidad mórbida b. Diabetes mellitus c. Hipertensión arterial sistémica d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica e. Asma f. Enfermedades cerebrovasculares g. Infección por VIH h. Enfermedad renal crónica i. Estados patológicos que requieren de inmunosupresión j. Cáncer en tratamiento

4. Personal docente de las entidades federativas en semáforo epidemiológico verde.

5. Resto de la población (mayor a 16 años).

Esta estrategia, recomendada por el Grupo Técnico Asesor para la Vacuna (GTAV), es la que más rápidamente reduce el número de muertes secundarias al virus SARS-CoV-2.

En el primer grupo, trabajadores de la salud, se contemplan 11 subgrupos que incluyen al personal que trabaja en el cuidado, al interior o afuera de las instituciones formales de salud con potencial exposición a personal, pacientes o material potencialmente contaminado con el virus SARS-CoV-2:

1. Enfermería
2. Inhaloterapia
3. Medicina
4. Laboratorio y química
5. Radiología
6. Camillería
7. Limpieza e higiene
8. Operación de ambulancias
9. Manejo de alimentos
10. Asistentes médicos
11. Trabajo social

Es por lo antes mencionado, la importancia de ejecutar los pasos de vacunación bajo la Política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del Covid-19, el Presidente de la República, junto con su súper subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, tienen como rehén político y moneda de cambio las vacunas que las y los mexicanos pagaron para aplicar a las personas adultas mayores y la primera fila de combate en contra del Covid, en teoría y en su documento antes mencionado está expuesto, pero en la práctica es todo lo contrario, ya que los personajes antes mencionados lo utilizan para operar políticamente ante las elecciones de este año, está el claro ejemplo de los “Servidores de la Nación” o “Siervos de la Nación” ha causado polémica por no ser personal médico que está en la primera línea frente a la epidemia.

En este contexto, el gobierno federal a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell , dijo que el gobierno de México no permitirá que particulares puedan vender la vacuna contra Covid-19 , a diferencia de Estados Unidos de América (EUA), donde se anunció la posibilidad de masificar su alcance a la población mediante su venta en cadenas de supermercados.

Asimismo mencionó que “!No, no, no! La vacuna será sólo administrada por parte del gobierno”, dijo López-Gatell durante la conferencia de prensa de esta noche en Palacio Nacional para hablar sobre la evolución de la epidemia de Covid-19”.2

En este orden de ideas el pasado 19 de enero de 2021 informó el subsecretario que en “29 estados registran más de 95 por ciento de aplicación de las vacunas contra Covid-19 que recibieron el pasado 12 de enero cuando llegó un cargamento con 439 mil 725 dosis.

En total en México se han aplicado 498 mil 122 vacunas al personal que atiende pacientes Covid en las 32 entidades federativas conforme al plan nacional de vacunación. Este martes se aplicaron 4 mil 001 dosis.

La primera aplicación de la vacuna Pfizer brinda alrededor de 80 por ciento de protección, es decir, de reducción en el riesgo de infección o de enfermedad.

Con la segunda dosis se alcanza 94 por ciento.

Esta mañana, indicó, el gobierno de México recibió de parte de la farmacéutica Pfizer un embarque con 219 mil 375 dosis para la continuidad del plan de inmunización. De esa cantidad, 213 mil 525 llegaron a la Ciudad de México y cinco mil 850 a Nuevo León”.3

Es por lo anterior, la urgente necesidad que el gobierno federal replante su estrategia y autorice a los particulares proporcionar el servicio de venta de vacuna contra Covid-19 con su determinado reglamentación y establecimiento de precio al público para controlar su venta con esta estrategias podrá cubrir con mayor rapidez la aplicación de la vacuna y es decisión libre de quien la compra o decide esperar la aplicación gratuita por parte de la Secretaría de Salud.

EUA, donde se anunció la posibilidad de masificar su alcance a la población mediante su distribución en cadenas de supermercados, a pesar de que a lo largo del mundo ya son varios los laboratorios que tienen sus vacunas autorizadas por la FDA: Pfizer, Moderna, AstraZeneca; continúa la negativa por parte de las autoridades federales de su venta y aplicación en farmacias y hospitales privados.

El costo aproximado de la vacuna se estima entre 200 y 700 pesos, por lo cual con algo de esfuerzo estaría prácticamente al alcance de toda la población y si a ello le sumamos el alto costo que representa para una familia tener un enfermo por Covid, suena ilógica la decisión de no permitir la comercialización de la vacuna.

Creemos que además del plan de vacunación del gobierno y la intención de la vacuna gratuita, se debe autorizar la comercialización, para que de esta manera salgamos en el menor tiempo posible de esta pandemia que nos afecta a todos.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que autorice la comercialización al sector privado para vender vacuna contra el virus SARS-CoV-2 durante la campaña de vacunación y permita que la ciudadanía que así lo deseé pueda adquirirla y tener acceso libre a la vacuna.

Notas

1 Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Documento rector. Enero 12, 2021 VIGENCIA Hasta una nueva revisión https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11En e2021.pdf

2 https://cadenapolitica.com/2020/12/19/
gobierno-no-permitira-venta-de-vacuna-contra-covid-19-salud/#

3 https://www.gob.mx/salud/prensa/
29-estados-registran-mas-de-95-de-aplicacion-de-dosis-contra-covid-19-secretaria-de-salud

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a establecer acciones y mecanismos para detectar y evitar la deserción escolar, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer acciones y mecanismos para detectar y evitar la deserción escolar, en aras de garantizar el derecho humano a la educación, establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes

Consideraciones

La pandemia provocada por el virus SARS-Cov2 ha repercutido negativamente en las esferas de la vida pública y el área educativa no fue la excepción; el confinamiento domiciliario obligó a las instituciones educativas de todos los niveles.

a cerrar sus puertas y modificar los medios de aprendizaje, lo que originó una afectación en la continuidad educativa. Aunado a ello la crisis económica, pérdida de empleos, la falta de conectividad o de equipos de cómputo, celulares o cualquier medio de conexión afectó no solo el desarrollo de las y los alumnos, sino acrecentó la desigualdad.

La reforma educativa de 2019, construida por un grupo plural de legisladores de la LXIV Legislatura, donde participé directamente, concretó la garantía de derecho a la educación de excelencia desde el nivel inicial hasta el superior. Se estableció en el párrafo cuarto del artículo 3o.:

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.1

En el párrafo décimo se precisa:

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 2

Sin embargo, el confinamiento impuesto por la pandemia nos obligó a establecer el centro educativo en casa. Primero la salud y la vida, pero a casi un año es necesario cuestionar, evaluar y exigir respuesta sobre si el método educativo implementado por la Secretaría de Educación es el idóneo y contribuye con los fines y criterios de la educación, mismos que se señalan en la Constitución y que entre otros obliga a que la educación impartida por el Estado sea incluyente al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación”.3

A la fecha, la sociedad mexicana carece de información para conocer el nivel de acceso de la niñez y juventud mexicanas al derecho fundamental que es la educación. Desinformación que se profundiza, desde el momento en el que el Secretario de Educación no compareció ante este Poder Legislativo con motivo de la glosa del Informe Presidencial, que también carece de datos al respecto.

Hasta hoy, desconocemos las acciones y resultados derivados de la implementación de la reforma educativa de 2019, así como de las medidas derivadas de la emergencia sanitaria, por lo que en cumplimiento a mi obligación como representante popular de dar seguimiento al cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, presento este punto de resolución.

Los datos disponibles son del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual en 2019 reportaba una tasa de deserción de 5.3 por ciento en educación secundaria y 15.2 por ciento en educación media superior, lo que se tradujo en 152 mil alumnos en educación primaria, 355 mil alumnos en secundaria y 780 mil alumnos en educación media superior.4

Frente a lo anterior la tasa de eficiencia terminal mostraba en 2019 que en educación primaria a nivel nacional el valor se ubicaba en 97.7 por ciento en secundaria en 85.5 por ciento y en educación media superior en 64.4 por ciento,5 datos que nos permitían ver el reto educativo, medir la eficiencia y la garantía de cumplimiento del derecho a la educación. Mejor aún, permitía a la autoridad educativa identificar las condiciones de alerta para evitar la deserción.

La Comisión Nacional para la Mejora Continua (Mejoredu), dio a conocer el 17 de noviembre de 2020 los resultados de la “Encuesta sobre experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por Covid-19”.6 En materia de deserción, la Mejoredu “buscó conocer si los estudiantes planeaban regresar a clases, ya sea presenciales o a distancia, en el ciclo escolar 2020-2021. Un 86 por ciento expresó que planeaba regresar a clases, 11.5 que no sabía si lo haría y 2.5 señaló que no pretendía hacerlo. Por su parte, 79 por ciento de las madres y los padres de familia indicó que sus hijas e hijos regresarían a clases, 16.8 mencionó que no lo sabía y 4.2 dijo que no regresarían”.

Si bien esta encuesta resulta en una guía sobre las experiencia de la comunidad educativa, es necesario trabajar y conocer los planes para dar cumplimiento a los fines del Sistema Nacional de Mejora continua de la Educación, entre los que se encuentran “La búsqueda de la excelencia en la educación, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos (...) considerando las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje”.7 Lo anterior, a partir de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación que señala la atribución de: “realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional; Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación; Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación; proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, para la atención de las necesidades de las personas en la materia; así como Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos”.8

El Grupo del Banco Mundial señaló en mayo de 2020 que el efecto del Covid-19 en la educación, se reflejaría en la reducción del aprendizaje y aumentaría las deserciones escolares entre las personas integrantes de grupos vulnerables, incluso advirtió que habrá educandos que abandonarían la educación para siempre y la situación de bienestar de la población se verá afectada, en menores de edad se podría esperar el aumento de trabajo infantil y matrimonio infantil.9

En cuanto a la situación de los docentes, esta no es más favorable, el Grupo del Banco Mundial señala que “las presiones fiscales conllevarán a la caída en inversiones educativas, lo que reducirá los recursos fiscales para los docentes. Además la calidad educativa sufrirá (mientras se brinde educación en línea o cuando se reinicien las clases presenciales), ya que la crisis de salud afectará a algunos docentes de manera directa y otros sufrirán presiones económicas debido a recortes salariales o demoras en los pagos”,10 como ha sucedido en México.

Aunado a lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo en su publicación “Los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe”, señala que México se encuentra entre los países que registran mayores brechas de desigualdad lo que se refleja en que menos de 5 por ciento de la población de bajos recursos cuentan con internet en el hogar,11 por lo que resulta indispensable la necesidad de identificación temprana de riesgos de deserción atendibles, por ejemplo que el modelo en línea puede dificultarse para alumnos con necesidades especiales o bien que no se puede desarrollar la práctica educativa por falta de acceso a servicios de telecomunicación.12

“La falta de evaluaciones a los estudiantes durante los cierres implica que los docentes estarán a ciegas con respecto al aprendizaje, al mismo tiempo que tratan de apoyar a sus alumnos a distancia”.13 Estos efectos hoy se viven a corto plazo y sin una estrategia de atención ni de vacunación por parte del gobierno federal, resulta urgente establecer un plan de acción para enfrentar la emergencia educativa durante y poscovid.

En este contexto es fundamental que los integrantes de esta Honorable Cámara de Diputados, integrantes de la comunidad educativa (directivos, docentes, padres de familia y alumnos) y la población en general, conozcamos la situación de la deserción y continuidad escolar; información indispensable que permitirá establecer los mecanismos para controlarlo y generar leyes o políticas públicas que permitan la reactivación educativa y disminuyan el efecto de la pandemia en la educación.

La infancia, los jóvenes y toda persona que se encuentra en el Sistema Educativo Nacional necesitan tener las condiciones óptimas para adaptarse y continuar con su desarrollo y plan de vida.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Educación Pública, para que en el ámbito de sus funciones y a través de los medios y sistemas de información para tal efecto, difunda la información sobre los alumnos que se encuentran inscritos en el Sistema Educativo Nacional, así como la tasa de deserción y eficiencia terminal de las y los alumnos por grado y nivel educativo para los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación a que difunda los resultados de las medidas e investigaciones realizadas para la mejora continua de la educación a partir de la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19, a partir de las atribuciones señaladas en el Artículo 28 de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus atribuciones, establezca un Plan Integral de Gestión Educativa con el objetivo de generar la recuperación del aprendizaje de las y los alumnos en el Sistema Educativo Nacional, garantizar condiciones óptimas de trabajo a las y los docentes, así como para evitar la deserción escolar garantizando en ambos casos el derecho humano a la educación.

Notas

1 Artículo 3o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 3o., párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Artículo 3o., fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 INEE. “La educación obligatoria en México. Informe 2019”. Disponible en
https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_01/cap_0103.html#:~:text=
Al%20inicio%20del%20ciclo%20escolar,en%20EMS%20(tabla%201.6).&text=
En%20educaci%C3%B3n%20primaria%20a%20nivel,64.4%25%20(tabla%201.6) Página consultada el 3 de febrero de 2021.

5 Ibídem, 4.

6 Mejoredu. Encuesta sobre experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por Covid-19. Información disponible en https://www.gob.mx/mejoredu/es/articulos/mejoredu-publico-los-resultados-de-la-encuesta-sobre
-experiencias-educativas-durante-la-contingencia-por-covid-19?idiom=es#:~:text=
Un%2086%25%20expres%C3%B3%20que%20planeaba,4.2%25%20dijo%20que%20no%20regresar%C3%ADan Página consultada el 6 de febrero de 2021.

7 Artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación.

8 Artículo 28 de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación.

9 Banco Mundial, página, 6. Disponible en http://pubdocs.worldbank.org/en/143771590756983343/Covid-19-Education-S ummary-esp.pdf Página consultada el 4 de febrero de 2021.

10 Ibídem, página 7.

11 Banco Interamericano de Desarrollo. Los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe, página 12. Documento consultado el 5 de febrero de 2021. Disponible en
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/
Los-costos-educativos-de-la-crisis-sanitaria-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf

12 Banco Interamericano de Desarrollo. Los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe, página 16. Documento consultado el 5 de febrero de 2021. Disponible en
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/
Los-costos-educativos-de-la-crisis-sanitaria-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf

13 Banco Mundial, página, 10. Disponible en http://pubdocs.worldbank.org/en/143771590756983343/Covid-19-Education-S ummary-esp.pdf Página consultada el 4 de febrero de 2021.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a considerar la implantación de medidas extraordinarias de atención del embarazo, parto y puerperio, con la garantía de la salud de mujeres y neonatos ante la emergencia sanitaria por Covid-19, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1, fracción II, del artículo 79 y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La muerte materna en México. Un problema que se ha agravado con la pandemia de Covid-19

Antecedentes

La muerte materna es uno de los mayores problemas en materia de salud sexual y reproductiva en México, que se ha agravado durante la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta el 18 de noviembre de 2019 la razón de mortalidad materna calculada fue de 31.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo cual representó un incremento de 1.3 por ciento respecto de lo registrado a la misma fecha del año anterior. Las principales causas de defunción fueron: Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (20.4 por ciento), Hemorragia obstétrica (19.9 por ciento), y Aborto (8.7 por ciento). Las entidades con más defunciones maternas en ese lapso fueron estado de México (66), Chiapas (45), Veracruz (45), Jalisco (43) y Guerrero (40).

Frente a este panorama, la política de salud en México, en los últimos años, ha centrado la atención obstétrica en unidades hospitalarias exclusivamente, esto ha devenido en efectos contraproducentes para la atención en salud materna y neonatal: se ha incrementado el número de cesáreas, y las situaciones en las que las mujeres sufren maltrato y violencia obstétrica.

México tiene una tasa de cesáreas inaceptablemente alta, con 47 por ciento, cifra que supera la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es de máximo 15 por ciento de cesáreas. Con ese indicador, México se encuentra entre los primeros cinco países con el porcentaje de cesáreas más alto del mundo. Es una práctica que no es inocua e implica riesgos inherentes, quirúrgicos y anestésicos asociados con una mayor morbilidad y mortalidad materna. Estudios a nivel mundial revelan además que solo un porcentaje menor al 10 por ciento de las mujeres prefieren la cesárea respecto al parto, es decir, el incremento de las cesáreas no tiene relación con las decisiones de las mujeres.

Una óptima política de salud materna implicaría mejorar el trato adecuado a las pacientes que atiende el sistema de salud en el rubro materno.

Muerte materna en México en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19

De acuerdo con datos de la Semana Epidemiológica 53, presentados por la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, la razón de mortalidad materna calculada, hasta el primero de enero de 2021, fue de 46.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 37.8 por ciento en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior.

Las principales causas de defunción materna en México1 son:

-Por Covid-19 se registran 202 (21.6 por ciento), con virus SARS-Cov2 confirmado.

-Por Covid-19, sin virus identificado, se registran 46(4.9 por ciento).

-Por enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (15.1 por ciento).

-Por Hemorragia obstétrica (13.8 por ciento).

Las entidades con ma?s defunciones maternas son: estado de Me?xico (121), Chiapas (65), Puebla (51), Jalisco (49), Chihuahua y Ciudad de México (45), cada una. En conjunto, dichas entidades suman el 40.3 por ciento de las defunciones registradas.

Las muertes maternas, por razón de Covid-19, han superado desde 2020 a las que en 2019 eran las principales razones: Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio, Hemorragia obstétrica, y Aborto. Ya en el cierre de la Semana Epidemiológica 52, las muertes maternas por razón de Covid-19 representaba el 21.3 por ciento de ellas, mientras que la segunda razón de mortalidad materna la ocupaban las hemorragias obstétricas con el 17.9 por ciento.

Por otra parte, nos enfrentamos a que el mayor número de muertes maternas se producen en instituciones de salud pública, 434 se produjeron en instituciones de la Secretaría de Salud, mientras que 198 en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

La directora ejecutiva del Unicef, Henrietta Fore, sostiene que deberían disminuir los casos de mortinatos y “podría evitarse con un monitoreo de alta calidad, una atención prenatal adecuada y una partera capacitada”. Ya en otra ocasión nos hemos pronunciado al respecto, el 12 de diciembre de 2019, las diputadas Martha Tagle Martínez, Pilar Lozano Mac Donald, Carmen Julia Prudencio González, Lucero Saldaña Pérez, Dulce María Sauri Riancho, Maiella Gómez Maldonado, Ana Priscila González García, Adriana Medina, Fabiola Loya Hernández, María Libier González Anaya, María Guadalupe Almaguer Pardo, Frida Alejandra Esparza Márquez, Mónica Bautista Rodríguez, Lourdes Celenia Contreras González presentamos la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones V y VI al artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de atención al embarazo.

A nivel global, diversos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), Onusida, Confederación Internacional de Matronas, entre otras; han mostrado su preocupación por las implicaciones para la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal ante el Covid-19, particularmente en la disminución del acceso a servicios como anticoncepción, aborto, servicios de detección de cáncer cervicouterino, de mama, parto y emergencias obstétricas.2 En México el Comité Promotor por una Maternidad Segura (que congrega 64 organizaciones de sociedad civil), el Observatorio de Mortalidad Materna y la Asociación de Parteras profesionales han mostrado su preocupación sobre el tema.

La iniciativa de referencia, que aún sigue pendiente de dictamen en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, busca que el gobierno federal instrumente acciones para establecer unidades de partería como espacios físicos independientes o claramente separados de los servicios hospitalarios, que brinden servicios de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal a mujeres sin complicaciones médicas bajo el modelo de atención de partería, con parteras que poseen los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para la atención en un entorno colaborativo con la familia y otros profesionales, acogedor y respetuoso de las decisiones de las mujeres, asegurando un nivel de atención básico para el manejo de emergencias maternas y neonatales con capacidad de referencia a un nivel de mayor capacidad resolutiva, integrado al sistema de salud y a las necesidades de la comunidad.

El interés por fortalecer los servicios de partería surge del reconocimiento que, para alcanzar una reducción eficaz y sostenible de la mortalidad tanto de madres, como de recién nacidos, se requiere contar con personal de la salud calificado y dotado de las destrezas propias de la partería. Hay un constante interés internacional, como lo demuestra el Unicef, por el papel que juega la partera en las estrategias mundiales dirigidas a mejorar la salud de la mujer.

Además, en el periodo de emergencia sanitaria por Covid-19 en México, donde se requiere la colaboración de personal médico no necesariamente especializado en la materia, consideramos que el personal de partería, dentro de un sistema de salud basado en el apoyo, puede proporcionar asistencia especializada durante el embarazo y el parto, situación que podría contribuir a liberar los médicos, enfermeras y otros cuadros de salud de cargas de trabajo, para que se centren en otras necesidades de salud, lo que contribuye a alcanzar la cobertura universal de salud.

Por otra parte, el pasado 14 de abril de 2020, en conjunto con la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), presenté un exhorto al Ejecutivo federal para que a través del Consejo de Salubridad General (CSG) se contemplaran medidas extraordinarias de atención a mujeres embarazadas y partos ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

La situación del Covid-19 en los recién nacidos

El Unicef advertía que, ya antes de la pandemia, los recién nacidos tenían el mayor riesgo de muerte.3 De acuerdo con este organismo, las graves interrupciones de los servicios sanitarios producto de la emergencia sanitaria por Covid-19, podrían poner a los recién nacidos en un riesgo de muerte aún mayor. Una encuesta de la Unicef encuentra que los servicios sanitarios a nivel mundial de atención neonatal esencial, los controles prenatales, la atención obstétrica y la atención postnatal se vieron interrumpidos en aproximadamente un 75 por ciento.

Por su parte, la Universidad Johns Hopkins reveló, en mayo de 2020, que en ese año casi 6 mil niños más podrían morir cada día por las interrupciones debidas a la Covid-19.4

Estos informes destacan la necesidad de que el gobierno mexicano deba tomar medidas urgentes para mejorar los servicios de atención al parto y la atención prenatal y posnatal para las madres y los recién nacidos, contando con trabajadores sanitarios capacitados.

A la grave situación de las mujeres que fallecen por razones de muerte materna, se suma la de los recién nacidos diagnosticados con Covid-19. De acuerdo con cifras de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en México mil 636 recién nacidos fueron diagnosticados con coronavirus durante el 2020,5 así lo informó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, quien sostuvo que se clasificaron como sospechosos más de 14 mil recién nacidos, de los cuales sólo mil 636 han sido positivos.

Por su parte, la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la misma Secretaría de Salud, Karla Berdichevsky, afirmó que los recién nacidos que se contagiaron a través del ambiente, y que no se trata de una transmisión que se da de la madre al recién nacido,6 y reconoció que éstos también son susceptibles de contagio.

Desde la declaración de emergencia sanitaria en México, las unidades hospitalarias iniciaron un proceso llamado de reconversión, preparándose para atender un volumen alto de enfermos graves. Eso implica que incluso están transformando las unidades disminuyendo el número de camas en otros servicios. Por esta razón, el sistema de salud requirió y transformó camas convertidas en unidades de terapia intensiva o con respiradores.

Por esa razón, la atención en los hospitales se ha convertido en un espacio de mayor riesgo de contagio. Dada esa situación, las mujeres deberían contar con servicios de maternidad en sus propios hogares o en unidades intermedias no hospitalarias que perciban mayor seguridad. Toda vez que el restablecimiento a la normalidad de los servicios de salud sexual, reproductiva materna y neonatal (SSRMN) será aún a largo plazo derivado de la reconversión organizativa.

Por tanto, para la atención a mujeres embarazadas y partos lo más recomendable es encontrar edificios que se encuentran cerrados por la contingencia pero que con implementos mínimos pueden transformarse en casas de parto.

Por lo anteriormente expuesto, considerando los datos y las cifras antes citadas, así como recomendaciones de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia, ponemos a consideración de esta Asamblea, la proposición con los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud federal para que, en su carácter de autoridad rectora del Sistema Nacional de Salud, contemple la implementación de medidas extraordinarias de atención al embarazo, parto y puerperio garantizando la salud de mujeres y neonatos durante la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en los estados reforzar las medidas preventivas en las instituciones de salud pública, a fin de mantener la seguridad y salud de mujeres y recién nacidos y evitar contagios de Covid-19, considerando la recomendación de atender los partos en centros alternos no hospitalarios.

Notas

1 [1]Dirección General de Epidemiología (DGE). Informe Semanal de Notificacio?n Inmediata de Muerte Materna. Semana Epidemiológica 53 de 2020.

2 Sexual and Reproductive Health Matters. More tan Journal, en URL: http://www.srhm.org/news/covid-19-what-implications-for-sexual-and-repr oductive-health-and-rights/ Fecha de Consulta: 10 de abril de 2020.

3 La Covid-19 podría revertir décadas de avances en la eliminación de muertes infantiles evitables, Unicef, 20 de septiembre de 2020, disponible en:

https://www.unicef.es/noticia/la-covid-19-podria-reverti r-decadas-de-avances-en-la-eliminacion-de-muertes-infantiles Fecha de consulta: 04 de febrero de 2021.

4 Ibidem

5 Más de mil 600 recién nacidos se han contagiado de covid-19 en México, Milenio Diario, 28 de enero de 2021, disponible en:

https://www.milenio.com/politica/contagiado-covid-19-mil-600-recien-nac idos Fecha de consulta: 04 de febrero de 2021.

6 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC, la SCT, la GN y las 32 secretarías locales de seguridad a adoptar medidas en carreteras y rutas de abastecimiento de las centrales de abasto, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Carolina García Aguilar, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La expansión del coronavirus Covid-19 a nivel mundial ha generado mucha tensión en la economía global y en cada una de las naciones, sin embargo el impacto más sensible está en la población, las enfermedades ocasionan pérdidas humanas de manera directa y también, afectan de manera inicialmente indirecta, a las personas que viven al día, dos elementos infaltables son el agua y los alimentos prioritarios para el cuidado y protección de la salud, de toda la población y especialmente, de los más vulnerables.

Un punto importante es que en China, en Wuhan, capital de Hubei, origen de la epidemia, se vio afectada la industria alimentaria, dada la cuarentena y cierre a las ciudades el pasado 23 de enero se publicó que “La industria avícola sufrió grandes pérdidas, con ello, la pérdida de la industria avícola alcanzó los 15 mil 865 millones de yuanes (2.25 millones de dólares).”

A mediados de febrero del presente año, las estanterías de las principales ciudades de China cercanas a la provincia de Hubei se encontraban a 50 por ciento en verduras y otros alimentos. Esto con el fin de mantener el flujo de alimentos, disminuir el temor de escasez y el incremento de los productos básicos.

Actualmente en México entramos en un esquema de semaforización producto de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020 , mismo que se actualiza de manera quincenal, al 7 de febrero de 2021, casi a un año de la importación del Covid-19, tenemos registradas un millón 490 mil 77 personas recuperadas, lamentablemente 166 mil 200 defunciones, según datos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Las medidas del gobierno federal ante la pandemia han aumentado en su tono de exhortar a la población al confinamiento y a que siga permaneciendo en casa, e igualmente, no ha cesado de informar que debe mantenerse una constante higiene en las actividades diarias, y en los casos necesarios, de interacción con la población, como son los puntos de venta y servicios en general. Lo anterior es producto de la primera ola de casos y esta segunda ola, que ha afectado distintas zonas del país, la mayor, la zona metropolitana del centro del país.

Hasta ahora, hay un libre acceso en carreteras y un limitado acceso en las fronteras, los cuales siguen los protocolos de seguridad, pero ante un inminente incremento en el número de contagios, se tomarán medidas de restricción más determinantes.

Si bien el sector agrícola es muy importante para producir alimentos, las rutas para abastecer las centrales de abasto, los mercados y tianguis son de igual importancia. En el esquema de mercado está la producción y la comercialización, dado que, son insumos básicos para garantizar la alimentación de la población, y en periodos de contingencia, su necesidad es mayor.

Así entendido, es necesario tomar en cuenta la comercialización y distribución de los productos básicos, los cuales van de los puntos de producción a los puntos de venta. Una alimentación universal, acorde al cumplimiento de los derechos humanos, de calidad y segura para todos es posible si se mantienen las carreteras en buenas condiciones, con vigilancia que brinden seguridad y que permitan que los trayectos de los estados productivos a las centrales de abasto, sean eficientes y frecuentes.

En la conferencia matutina del 25 de marzo, el Presidente de la República abundó en diversos temas, y de manera especial, la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, mencionó que actualmente el país cuenta con una reserva de básicos para 100 días, los cuales se ministrarán en Diconsa y Liconsa, cabe señalar que hay 300 almacenes en el país con 26 mil tiendas. Pero no toda la comercialización de productos alimenticios del país está en Diconsa y Liconsa, mismo que a finales del mes de enero 2021, registró un desabasto que al tiempo fue atendido, pero la escasez significó complejidad y dificultades para las familias.

La Central de Abastos de la Ciudad de México es el mercado más grande del país, cuenta con una extensión de 639 mil 984 metros cuadrados, donde se distribuyen 1981 bodegas y mil 242 locales, los cuales se dividen por zonas; frutas y legumbres, flores y hortalizas, abarrotes. Diariamente se comercializan 40 mil toneladas diarias de producto y en él laboran cerca de 90 mil personas. Además funciona las 24 horas los 365 días del año.

Ante la pandemia del Covid-19 se mantiene un funcionamiento regular para garantizar el abasto. Adicionalmente las 65 centrales de abasto que hay en México permanecerán abiertas en igual o menor medida, durante la contingencia. Ellas representan cerca de 5 millones de empleos a nivel nacional.

Datos del gobierno de México informan que el abasto alimentario en México son 89 puntos de mayoreo, 25 puntos de venta al mayoreo y el resto centrales de abasto.

El funcionamiento de las centrales de abastos no puede detenerse porque representa 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México, si paran o se obstruye el funcionamiento de la central de abasto y la red de mercados nacionales, la producción se detendría, tomando en cuenta que en su mayoría se trata de productos perecederos, resultaría en un aumento del desperdicio de alimentos y un aumento en la pérdida económica de los productos básicos.

Por otra parte, también supone una pérdida para la población que requiere de alimentos frescos, de calidad y nutritivos.

Por ello se han tomado medidas sanitarias en la Central de Abastos de la Ciudad de México y la red de mercados, misma que se describen en la tabla siguiente:

Elaboración con datos de la Central de Abastos, Sedeco y la Red de Mercados de la Ciudad de México.

Este modelo se réplica en otras entidades, como es Puebla y estado de México. Si bien la Central de Abastos en la Ciudad de México y en algunas entidades de la República han reducido sus ventas, las autoridades aún tienen asegurado el inventario para los mismos.

El pasado 26 de marzo se anunció que los mercados y tianguis de la Ciudad de México no cerrarán ante la contingencia por Covid-19, esto contempla la Red de Mercados la cual cuenta con un aproximado de 72 mil locatarios, y generan empleo para 250 mil personas aproximadamente.

Por otro lado, la red de mercados de la Ciudad de México cuenta con un aproximado de 329 mercados públicos con 72 mil locatarios aproximadamente y mil 470 tianguis, estos puntos no dejaran de funcionar y ante una fase III de la epidemia, se implementará el servicio a domicilio, esto señalo Gabriel Leyva, director general de Abasto, Comercio y Distribución de la Ciudad de México.

En la Ciudad de México y en los estados la coordinación que se dé entre la Secretaría del Bienestar, Sedeco y sus homólogos en los estados, con las centrales de abasto correspondientes va a ser clave para afrontar la pandemia que se ha extendido en el mundo.

Las centrales de abasto del estado de México están en Ecatepec, Toluca, Chicoloapan, Atizapán de Zaragoza y Tultitlán, son parte de la red de las 65 del país y representan cerca de 25 mil fuentes de empleo directo en la entidad. Ecatepec, tiene alrededor de 700 locales, Chicoloapan en un espacio de casi 20 hectáreas es una de las más importantes en América Latina, Toluca, con más de 20 años de servicio, tiene alrededor de 2 mil bodegas. A ello, en el año en curso, inició la construcción de la Central de Abasto Tecámac, que contará con 400 bodegas y 200 locales. Así, no sólo se observa que tiene un impacto en la economía local, en las rutas y en los municipios, sino que también es centro de envío para otras entidades, y otros municipios colindantes.

Las extorsiones, robos y entorno libre de violencia en las cercanías de las centrales de abasto tampoco motiva a la población a realizar en volumen una mayor cantidad de compras, a ello, hay que añadir que los vendedores deben de implementar mecanismos para que las ventas no disminuyan. En 2018, se publicó el primer manual general de seguridad para la prevención de delitos se señalaba, “las centrales de abasto organizadas son fundamentales para el desarrollo y buen funcionamiento de nuestras comunidades en todas las regiones de nuestro país”.

En esta contingencia, resulta imperativo que se mantengan la comercialización, para que la población no tenga afectaciones a su salud, con padecimientos ocasionados por la mala alimentación o la falta misma.

Las compras de pánico, las medidas de sanidad y seguridad del traslado de los productos básicos a las centrales de abasto, de ahí a los mercados y tianguis, será la clave para mantener la satisfacción de necesidades de las familias.

Hay que tomar en cuenta que la población que cuenta con un ingreso menor al costo de una canasta alimentaria, siendo 34.3 por ciento en las zonas urbanas y 51.7 por ciento en zonas rurales, esto significa que el grueso de la población no cubre los alimentos básicos en un hogar y ante las compras de pánico, hay quienes se quedarían sin alimentos al día.

Elaboración propia a partir de datos de Coneval 2012 - 2019

Reconocer la importancia que tienen la seguridad de las carreteras para el traslado de los alimentos a las centrales de abasto, mercados y tianguis, como factor de seguridad alimentaria ante la epidemia que vivimos, sea segura para las familias mexicanas. Así, la coordinación entre las autoridades federales y locales deberá, y será necesaria, robustecer puesto que la finalidad mayor estriba en recuperar la confianza en las autoridades y seguir abastecimiento y distribuyendo los alimentos en la población, sobre todo en los más vulnerables. Así, tanto comerciantes y empresarios, agricultores y las familias del país, podrán mantenerse unidos y, así, puedan sobrepasar la adversidad que la realidad demanda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Guardia Nacional y a las secretarías de seguridad de las 32 entidades federativas para que de manera coordinada adopten las medidas necesarias en carreteras y rutas de abastecimiento a las centrales de abasto de toda la República Mexicana.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las 32 secretarías de seguridad pública, para que de manera coordinada refuercen la vigilancia perimetral en las centrales de abasto de la República Mexicana, con el fin de disminuir los índices delictivos y garantizar la venta segura y confiable.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad, a reforzar la vigilancia en las rutas carreteras de abastecimiento de las cinco centrales de abasto en la entidad, y se refuercen los patrullajes y seguridad en las inmediaciones de las mismas centrales de abasto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al sistema educativo nacional a coordinarse con el Sipinna y la CNDH para elaborar e implantar un programa nacional de prevención, atención y erradicación de la violencia en las escuelas de educación básica que respete los derechos humanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado tres de febrero del 2021, mediante comunicado de prensa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio a conocer la concesión de protección de la justicia federal, a dos padres de familia y a sus hijos, para que no puedan ser sujetos sin su consentimiento expreso, libre e informado, del denominado programa “Mochila Segura” o a cualquier operativo asociado o derivado del mismo, dada la ausencia de un marco legal que lo sustente.

En 2015, como parte de los recortes al ejercicio presupuestal, el gobierno federal eliminó el programa Escuela Segura, creado durante la administración del expresidente Felipe Calderón en 2007. Escuela Segura incluía, entre otros puntos, la revisión de las mochilas de los niños y adolescentes del sistema educativo nacional para buscar armas y drogas; en su lugar operaría el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el cual pretendía disminuir los niveles de acoso escolar en los planteles a través de la promoción de una cultura de la paz, valores y respeto en la comunidad académica. Uno de los puntos más polémicos fue que se eliminó la estrategia Mochila Segura.

Sin embargo, el 18 de enero de 2017, después de que un estudiante de 16 años haya disparado a su profesora y compañeros de salón para posteriormente dispararse a sí mismo, falleciendo horas después mientras era trasladado al hospital, hechos ocurridos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Al día siguiente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, nuevas medidas de seguridad en las escuelas en la capital del país, sin embargo, fue el 25 de enero siguiente, que el Secretario de Educación Pública del gobierno federal emitió el comunicado oficial impulsando el Programa Mochila Segura en todo el país, señalando que, si bien no constituye una solución, sí representa una medida disuasiva y que se acatarían, en todo momento, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Desde entonces, un total de 18 estados del país, implementaron el Operativo Mochila Segura en planteles de educación básica, de los cuales 12 ya lo implementaban, mientras 6 estados lo implementaron después de los hechos ocurridos en la ciudad de Monterrey. Cabe mencionar que 14 gobiernos estatales no aplican el programa y decidieron que no lo harían, puesto que consideran que son los padres de familia quienes tienen que revisar las mochilas de sus hijos desde casa.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de un comunicado pidió a la SEP y autoridades educativas de las entidades federativas que, con la implementación del operativo Mochila Segura no se violen los derechos de los menores, enfatizando que las medidas que se han tomado a partir de los hechos que ocurrieron en un colegio de Monterrey, Nuevo León, deben ser bajo el principio del interés superior de la infancia y la adolescencia.

No obstante lo anterior, el alto tribunal de la nación determinó, en su fallo que, la falta actual de regulación no debe obstaculizar el que los Congresos Federal y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollen legislación que, apegada al régimen constitucional, pueda dar sustento y contenido formal a programas como el reclamado, con pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que indicó que la resolución no impide las intervenciones o revisiones en las escuelas cuando se ha cometido un delito o está por cometerse, pues ello coloca a la comunidad escolar en un riesgo o peligro inminente; en cuyo caso, deberá darse a la brevedad intervención a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia competentes.

Siendo la primera vez en que la SCJN se pronuncia sobre este tema, la resolución únicamente beneficia a tres niños que viven en Ciudad de México para que, una vez que acudan presencialmente a sus escuelas, sus pertenencias no sean revisadas por las autoridades. Cabe señalar que el 4 de agosto de 2019, la CNDH dirigió la recomendación 48/2019 a la SEP por el Operativo Mochila Segura; en la que solicita determinar la procedencia de su continuidad y, en su caso, se aplique no como una medida de seguridad, sino de protección y de cuidado, con enfoque de derechos humanos y que privilegie el interés superior de la niñez, señalando que

...la aplicación de “El Operativo Mochila Segura” (“El Operativo”), durante la pasada administración, violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica en la Ciudad de México...

Asimismo, la CNDH recomienda

... al titular de la Secretario de Educación Pública atender las observaciones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para determinar si es procedente la continuación de “El Operativo” y, en su caso, se aplique como medida de protección y cuidado en favor de niñas, niños y adolescentes, pero bajo un enfoque de derechos humanos y que privilegie el interés superior de la niñez; conformar un grupo multidisciplinario que analice el esquema de operatividad, funcionamiento, supervisión y análisis de resultados de “El Operativo”, y diseñe, publique y difunda el protocolo general y homologado para su aplicación a nivel nacional.

También le solicita colaborar con el Sistema Educativo Nacional para contar con un análisis y diagnóstico sobre la violencia en planteles de educación básica públicos y privados, a fin de elaborar y emitir un Programa Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar; realizar medidas adicionales y la impartición del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que deberá contener las directrices tendentes a la prevención y eliminación de cualquier forma de violencia en los planteles escolares, así como elaborar, desarrollar y ejecutar un programa de actividades de educación, capacitación y difusión en materia de derechos humanos dirigido a todas las autoridades educativas y escolares, padres de familia o tutores, con el objetivo de que conozcan los derechos de los educandos, la forma en que niñas, niños y adolescentes pueden hacerlos efectivos y las obligaciones y responsabilidades de los participantes, como encargados de su custodia y protección contra toda forma de violencia.

Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, considera que el Sistema Educativo Nacional, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deben elaborar e implementar un Programa Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar, mismo que permita atender las acciones necesarias para evitar a toda costa que la población estudiantil, especialmente niñas, niños y adolescentes del país, sean objeto de abusos que atentan contra sus derechos humanos; por ello, reafirmamos nuestro compromiso por garantizar el interés superior de la niñez, a través del impulso de acciones que coadyuven a establecer un ambiente de convivencia que garantice la integridad de las y los alumnos y sobre todo que garanticen un mejor aprovechamiento escolar, principalmente cuando, aun estando vigentes las medidas implementadas por el Consejo de Salubridad General para el distanciamiento social, con el objeto de disminuir los efectos de la Covid-19, se está preparando el regreso a las clases presenciales, en estados como Campeche, razón que impele a que estos trabajos se agilicen.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único .- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones del Sistema Educativo Nacional, a coordinarse con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de diseñar e implementar un Programa Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar para las escuelas de educación básica, evitando que la población estudiantil sea objeto de medidas que puedan representar abusos y que atenten contra sus derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a revisar los requisitos de edad mínima y antigüedad del título profesional para la designación de autoridades electorales locales, respetando el principio de igualdad y derecho de libre acceso a cargos públicos de jóvenes, a cargo del diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Alejandro Viedma Velázquez, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Exposición de Motivos

1. Descripción de la desigualdad histórica contra las juventudes.

El concepto de juventud es un término que permite identificar el periodo de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez (Instituto de la Juventud, Injuve, 2017). No obstante, Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) una persona joven es aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.1

En la actualidad hay quienes aún se preguntan ¿cuál es el papel que juegan las personas jóvenes frente a la participación y representación política de un país? Cuestionamiento que, puede resolverse de una manera sencilla; pues, su intervención en la vida pública y política no solo ha simbolizado un episodio necesario, sino indispensable y por supuesto, relevante en el progreso y configuración de esta nación.

De acuerdo a los nuevos datos arrojados por el Inegi, a través del Censo de Población y Vivienda, el grupo de población más grande corresponde a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años, que suman 21 millones 750 mil 230, siguiéndole la población de 0 a nueve años (20 millones 811 mil 744) y la de 20 a 29 años (20 millones 415 mil 96).2 Ahora bien, si consideramos que la población mexicana esta conformada por 126 millones 14 mil 24 personas, 3 realizando la sumatoria del rango de edad entre 10 y 29 años, lograríamos rescatar que hay en México 42 millones 165 mil 312 personas jóvenes; lo cual, en otras palabras representa aproximadamente 33.4 por ciento de la población general. Es decir, en comparación a los datos emitidos por la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018, en donde se señalaban 30.7 millones de jóvenes (de 15 a 29 años) ósea el 24.6 por ciento de la población total, ahora ha ascendido a 33 por ciento.

Además, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los principales problemas que padecen las juventudes mexicanas son los actos de discriminación e intromisión a sus derechos; así como su situación en estado de pobreza. Y es que para 2014, 17.5 millones de personas jóvenes (47.1 por ciento del total) estaban en dicha situación, de las cuales 13.9 millones (36.6 por ciento) viven en pobreza moderada y 3.6 millones (9.7 por ciento) en pobreza extrema.

Es decir, las personas jóvenes requieren de las mismas oportunidades para solventar su vida económica, y con ello social. No obstante, como lo mencionamos anteriormente, estamos ante la presencia de un “mundo de adultos”, en donde las personas jóvenes relegadas de la arena pública y política, sobretodo en el proceso de la toma de decisiones, ya que no pueden ocupar puestos de mayor importancia debido a la “según falta de experiencia que representan”.

2. Tutela internacional (convencional) y nacional al respecto

Actualmente, las personas jóvenes mexicanas cuentan con una Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en donde se protegen y reconocen sus derechos, como titulares de los mismos; de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; establecidos en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, contamos con el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) como el organismo público desconcentrado de la Administración Pública encargado de hacer políticas públicas a favor de las y los jóvenes mexicanos, otorgándoles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y participación social. Además, dicha institución cuenta con su propio ordenamiento legal, en donde se enmarcan sus atribuciones, obligaciones y sus delimitaciones.

Por otro lado, las diversas entidades federativas del país cuentan con sus propios Institutos de la Juventud, quienes manejan la política pública y administración de sus estados, relativo al tema de la juventud. Consecuentemente, algunos municipios de la república cuentan con sus propios Institutos municipales de la juventud, haciendo al marco de protección de los derechos de las personas jóvenes aún más amplio.

Aunado a ello, recientemente el honorable Congreso de la Unión en cooperación de ambas Cámaras, lograron aprobar en consenso general la reforma a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer la obligación del Estado de promover el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país; facultando al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, estados, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el sentido de la materia.

En términos más amplios, la protección de derechos de las personas jóvenes cuenta con un documento sumamente importante, conocido como el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes: “la Convención Interamericana de Derechos de los Jóvenes”. Este documento se ha convertido en norma legal interna de obligatorio cumplimiento para los Estados que la han ratificado, como es el caso de México. Además, este documento orientador para el diseño y la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, cuenta con un amplio enfoque de derechos humanos.

3. Derecho político-electoral de integrar autoridades electorales

La juventud destaca en la organización de elecciones, pues 34 por ciento de las autoridades en 156 mil mesas de votación tenían de 18 a 29 años de edad en 2018. Al ser una selección al azar de quienes recibirán y contarán los votos, se reproduce la misma composición poblacional; la sobrerrepresentación entre jóvenes se explica porque aceptan la responsabilidad en mayor proporción. Entonces, es cierto que la juventud reconoce la importancia de participar en elecciones, asumiendo sus responsabilidades en la organización; sin embargo, está en suma limitada su posibilidad de ser votada y, por tanto, representada.4

México es aún un país de jóvenes, por lo que, su falta de presencia en los espacios públicos... aumenta el riesgo de no contar con una representación sensible a las difíciles condiciones actuales para pasar de la dependencia a la autonomía total (como define la ONU), con el desarrollo pleno de sus capacidades para procurar el bienestar de sus descendientes.5

Además, según la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, los estados deben implementar acciones afirmativas a través de “un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo a que están destinadas en uno o varios aspectos de su vida social para alcanzar la igualdad efectiva”.6 Dichas acciones buscan acelerar la igualdad y la reducción de las brechas de desigualdad de facto y sustantivas.

Por ejemplo, una forma de aplicar medidas de acción afirmativas, es mediante la introducción de cuotas de jóvenes en las leyes electorales nacionales, para la elección de representantes en los parlamentos y dentro de los partidos políticos. Las cuotas son medidas especiales de carácter temporal que se refieren a un porcentaje de postulación, presencia o participación, que debe asignarse a un grupo específico.

Como muestra de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo del Consejo General por el que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante acuerdo INE/CG572/2020 ; el cual fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 15 de enero de 2021, por votación unánime de los consejeros electorales.

En dicho acuerdo, se consideró que las personas jóvenes estarán representadas, tanto por el principio de paridad transversal como en las acciones afirmativas a implementar para personas indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, en las que se conmina a los partidos políticos a postular a población joven en observancia al principio de igualdad sustantiva, en el ámbito de los derechos políticos y electorales, en su calidad de entidades de interés público, y atendiendo la obligación que tienen de implementar las medidas necesarias que permitan que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos político-electorales.7

Al respecto, de acuerdo a la Unión Interparlamentaria (UIP) las cuotas electorales para jóvenes han ido en aumento alrededor del mundo, usualmente gracias al establecimiento de cuotas de paridad de género. De la misma forma, la UIP señala que en México se han implementado cuotas de este tipo a nivel de partidos con un porcentaje que varía entre el 40 y 25 por ciento.8

4. Panorama en México de las juventudes en los órganos electorales.

Al paso de los años las personas jóvenes han ido cobrado mayor presencia, en el campo político- electoral; pues, los órganos del Estado fueron sumado a la democracia mexicana mayor colaboración de grupos rezagados políticamente, como lo eran: grupos vulnerables, mujeres y personas jóvenes. En otras palabras, el Estado las invitó a protagonizar cada vez más el sistema político de nuestro país; sin embargo, la realidad dicta que la tarea no ha sido sencilla; ya que, la palabra “juventud” es aún para muchas personas símbolo de “inexperiencia” y “desconfianza”.

Otro dato importante destaca que uno de los grupos con más bajo nivel de participación son precisamente las personas que rondan entre los 19 a 34 años de edad, quienes en su conjunto representan 33 por ciento de la lista nominal, equivalente a 29.7 millones de electores.9 Es decir, las y los jóvenes abarcan un importante sector del electorado y a pesar de ello, muchos no forman parte activa de nuestra democracia.

Incluso, el propio Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llego a aseverar en el “Foro virtual sobre la incidencia, capacidad de agencia e involucramiento de las personas jóvenes en la agenda pública #JuventudesEnAcción”, que:10

“De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, las instituciones tienen la obligación de incorporar acciones que permitan a las juventudes una participación directa en la postulación a los cargos de elección popular, por lo que, aseguro, los órganos electorales sin duda harán todo lo necesario para garantizar este derecho”.

Declaración que permite comprobar la omisión que han cometido durante años las autoridades en la búsqueda por la ampliación de espacios de participación para las personas jóvenes.

5. Caso Colima

El siguiente caso a evaluar tiene por objetivo visibilizar cómo es que los jóvenes pueden ver vulnerados sus derechos políticos, económicos, civiles y hasta sociales frente a instancias de la democracia actual; en donde se transgrede el principio de igualdad, se presencian actos de discriminación y sus derechos electorales llegan a ser restringidos. Por lo que, este caso sirve de ejemplo para entender la importancia del presente punto de acuerdo, el cual atañe específicamente al expediente del C. Aldo Iván Alcántara Sánchez del año 2019.

En contexto, el ciudadano Aldo I. Alcántara, un joven de 27 años de edad, pretendía participar como consejero municipal del Instituto Electoral del estado de Colima (IEE) en los comicios 2019 de su municipio Tecomán, ciudad del occidente de México, situada en el estado de Colima, cabecera del municipio Homónimo. A quien le fue señalado su incapacidad de participar debido a que los requisitos relativos a los “Lineamientos del Consejo General del Instituto Electoral del estado de Colima para el procedimiento de elección y designación de consejeras y consejeros electorales propietarios y suplentes de los consejos municipales electorales del instituto”; enmarcaban como mínimo tener 30 años de edad cumplidos, y una antigüedad de 5 años del título profesional de licenciatura para poder desempeñar el cargo de consejero en el municipio de Tecomán.

Impuestos los requisitos, y no satisfecho con ello, la finalidad de Aldo se convirtió en encontrar la posibilidad de participar como Consejero Municipal para las elecciones de su entidad federativa; no obstante, tenía un problema y es que jurídicamente no cumplía con los requisitos estipulados; ya que no contaba con los 30 años cumplidos, y su título tenía 4 años y 8 meses, razón por la que consideró que dichos requisitos dados por la legislación de Colima para el caso de Consejeros Municipales eran inconstitucionales, pues perpetuaba la histórica condición de desigualdad padecida por las personas jóvenes.

Es en ese sentido que el día 21 de enero de 2019, Aldo recurre a presentar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los requisitos señalados, mediante una impugnación al acuerdo IEE/CGA014/2019 ante el Tribunal Electoral del estado de Colima. En virtud de señalar un aspecto de suma relevancia, pues el cargo de consejero municipal al que aspiraba tenía menos responsabilidades y funciones, en comparación al de un consejero estatal; motivo por el cual, el actor sostenía que tanto la edad y la antigüedad del título profesional debían ser menores. La siguiente tabla “Estudio comparativo de cargos electorales”, ejemplifica lo anterior:

Tabla 1. Estudio comparativo de cargos electorales

Estos agravios fueron analizados por el Tribunal Electoral de Colima, quien el 19 de febrero de 2019, resolvió el recurso de apelación interpuesto por Aldo, al considerar que los agravios hechos valer por el mismo eran infundados.

Las razones por las cuales el tribunal local declaró los agravios infundados, son las siguientes:

a) La convocatoria emitida por el OPLE de Colima está apegada a las normas Constitucionales, porque disponen los mismos requisitos que para integrar cualquier otra autoridad electoral, apegándose a los parámetros dados para la materia.11

b) Que el uso de la edad, que se considera una categoría sospechosa, puede ser empleada por la legislación, siempre y cuando encuentre una justificación razonable para su fin. Tal es el caso, porque se considera que el exigir una edad de 30 años permite no sólo tener certeza de una madurez, sino también da certeza de experiencia y capacidad, respecto de la persona que aspira a integrar una autoridad electoral.

c) Al respecto del requisito de antigüedad de 5 años del titular profesional, el Tribunal de Colima argumentó que tal requisito permite asegurar que las personas aspirantes cuenten, no solo con los conocimientos teóricos (que se presumen con la sola obtención del título), sino también con conocimientos prácticos necesarios para el correcto desempeño de la función electoral, abonando a la profesionalización de la misma y dadas las características técnicas que se requieren.

d) Considera al respecto el Tribunal Local que la exigencia de los mismos requisitos de un Consejo Municipal con otros encargos electorales (como el Consejo General del OPLE), es proporcional, porque la función electoral es altamente especializada y exige experiencia y condiciones particulares, que se presumen sólo a partir de lo señalado por la legislación.

Sin embargo, inconforme con la sentencia del tribunal local, el actor promovió un juicio ciudadano ante la Sala Regional de Toluca, en el que esencialmente expresó como agravios las siguientes premisas:12

1) Falta de exhaustividad. El tribunal local dejó de analizar la proporcionalidad de la medida al imponer los mismos requisitos de edad y antigüedad del título a cargos con responsabilidades y funciones distintas. Además, no se pronunció acerca del planteamiento de discriminación hacia los jóvenes.

2) Indebida fundamentación y motivación. El tribunal local realizó un indebido test de proporcionalidad y ponderación entre los principios de profesionalización y ciudadanización de las funciones electorales.

3) La sentencia se basa en prejuicios en contra de la capacidad y madurez de los jóvenes.

En virtud de ello, la Sala Regional Toluca resolvió el medio impugnativo identificado con el número de expediente ST-JDC-13/2019, en el cual consideró “fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada”.13

En consecuencia, la Sala Regional Toluca, en plenitud de jurisdicción, arribó a la conclusión de que la exigencia de edad mínima de 30 años y antigüedad de 5 años del título profesional a los aspirantes a consejeros municipales resultaba una medida inconstitucional por desproporcional, puesto que estos tienen funciones menos trascendentes territorial, funcional y orgánicamente que los consejeros estatales.14

Ahora bien, una consecuencia lógica de esto es que el grado de profesionalización exigible para unos y otros encargos no es equiparable, puesto que el ejercicio de las facultades de cada encargo electoral tiene características propias no compatibles, y de allí la aseveración de la no existencia de proporcionalidad entre las funciones de los Consejos Locales con los requisitos para integrarlos.

De esta forma, la Sala Regional Toluca concluyó que “debía establecerse 25 años como edad mínima y 3 años de antigüedad en el título o bien, de experiencia profesional para poder participar en el proceso de selección de consejeros municipales en Colima”, pues constituyen, en su concepto, una medida aceptable con los principios de profesionalismo e idoneidad del perfil, que restringe en menor grado los derechos de los ciudadanos, refuerza el principio de ciudadanización que rige la función electoral y permite competir a los jóvenes en las etapas subsecuentes del procedimiento de selección de consejeros municipales , mediante exámenes de conocimientos y entrevistas.15

En ese sentido y respecto a la condición de desigualdad estructural que viven las y los jóvenes, la multicitada Sala no realizó un análisis a profundidad, pero sí reconoció que medidas como la impugnada, perpetuaban en las instituciones estás condiciones de desigualdad.

También es cierto que ambos criterios, tanto el de edad como el de antigüedad profesional, deben de ser compatibles con el principio de proporcionalidad, en el sentido de que la medida que restringe el derecho de acceso a los cargos públicos por tales criterios, persiga un fin constitucionalmente legítimo, necesario, idóneo y proporcional en sentido estricto. Lo anterior, conforme al criterio emitido por la sala superior, en la resolución del recurso de reconsideración SUP-REC-450/2019; en el que sostuvo que:16

“La edad no representa una restricción indebida al principio de igualdad y se erige como un requisito legal valido para el acceso a la función pública, lo cierto es que dicho parámetro debe de tener un fin constitucionalmente válido, como lo es que el perfil de la persona garantice el adecuado desempeño del cargo”.

Por lo que, cabría preguntarse ¿La determinación de disminuir los requisitos de edad y antigüedad abonaría a la participación de los jóvenes en los temas electorales? La respuesta evidente es si, porque si se toma en cuenta que el consejo estatal se integra con 7 personas, en tanto que cada uno de los 10 consejos municipales que existen en la entidad federativa se integra con 5 personas propietarias y 2 suplentes, esto es, un total de 70 consejeros municipales, ello garantizaría la posibilidad de una mayor participación de los jóvenes, de entre 25 y 29 años.17

6. Análisis de los requisitos de Consejos Municipales y Consejos Distritales Locales, respecto de la edad que exigen para poderles integrar

Como vimos, Aldo logró hacer justicia en su caso; pero desafortunadamente, ello solamente tiene vinculatoriedad respecto de una entidad federativa, existiendo diversas diferencias en el resto del país, las cuales dejan a cientos de jóvenes sin la posibilidad de participar en los temas electorales que atañen a sus municipios; es así que a continuación daré cuenta las determinaciones de los Estados en cuanto a este tema:

En principio, es importante recordar que los órganos electorales en los que tenemos como derecho político-electoral integrar son: consejos generales, consejos locales, consejos distritales federales, consejos distritales locales y consejos municipales.

Al respecto, por cuanto hace a los requisitos en relación con la edad, para poder integrar un Consejo General de OPLE, se solicita a nivel federal tener más de 30 años; para Consejos Locales, a nivel federal la LGIPE no estipula una edad en su literalidad, pero solicita que las personas aspirantes estén inscritas en el RFE, y en particular en Aguascalientes, se pide una edad de más de 30 años para integrar estos consejos; y por lo que hace a los Consejos Distritales Locales, podemos identificar 5 diversas edades que se solicitan en el orden local para poder integrar dichos órganos Electorales, tal como se aprecia en los siguientes cuadros:

Es decir, según los cuadros anteriores, los candidatos a consejeros distritales en el estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Tabasco; deberán acreditar la edad mínima de 30 años, dejando a un lado a una gran masa poblacional juvenil dispuesta a competir por un puesto. De la misma manera, nuevamente el estado de México, Hidalgo, Querétaro y ahora Nuevo León, solicitan a los aspirantes a consejeros municipales tener una edad mínima de 30 años; poco menos equitativo. Sin embargo, aún hay estados como Michoacán que solicitan para el puesto de consejeros municipales candidatos mayores de 35 años de edad al día de la designación; lo cual genera completa apatía de las personas jóvenes al no ser acreedores de participar en las contiendas.

Pongamos sobre el debate otra característica desatinada del sistema, pues cuál sería la lógica para que algunas constituciones locales, permitan a una persona con tan solo la mayoría de edad (18 años), poder contender para encabezar un ayuntamiento (con todo lo que ello implica), es decir tener a su cargo la completa administración de un municipio, pero estar impedido como persona joven hasta cumplir los 30 o 35 años de edad para aspirar a ser una autoridad electoral local. Esta clase de irregularidades son las que hay que visibilizar y por supuesto, tratar de homogenizar en pro de las juventudes mexicanas.

7. Propuesta frente al panorama nacional

En efecto, existe un sistema estructural que limita la participación de los jóvenes en política: “al joven no le interesa la política porque desconfía del sistema y de las instituciones políticas, no confía en los políticos y no se siente representado porque ve pocos jóvenes en cargos directivos”.18 Por esa razón, a través de este punto de acuerdo, hago un llamado a devolver la esperanza a las personas jóvenes y abrir la mayor cantidad de espacios para que todas y todos puedan participar.

Ante esta situación es primordial proponer el fortalecimiento de los derechos político-electorales de las juventudes mediante acciones que garanticen la equidad en la representación y acceso al poder y reduzcan de manera sustantiva las condiciones de desigualdad. Pero, será de igual importancia fortalecer el rol de los órganos de justicia electoral y el acceso a la justicia electoral para que las y los jóvenes sean parte sustantiva de los regímenes democráticos. Al cabo, si sus derechos políticos y electorales son garantizados, la democracia gana, pues se hace efectiva la pluralidad de sus demandas, esenciales para todo régimen democrático.19

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos locales a revisar los requisitos de edad mínima y antigüedad del título profesional para la designación de autoridades electorales locales, respetando el principio de igualdad y derecho de libre acceso a cargos públicos para las personas jóvenes.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud (12 de agosto) Datos Nacionales”, Comunicado de Prensa del Núm. 393/20 10 de agosto de 2020, pág. 1-2. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2020/Juventud2020_Nal.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/

3 Ibíd. Sp.

4 Roberto Heycher Cardiel Soto, “Derechos político-electorales de la juventud mexicana en democracia”, en Boletín de Justicia Electoral “Derecho Político- Electorales de la Juventud en Democracia”, Número 16, 2020. Disponible en:

https://www.idea.int/sites/default/files/news/news-pdfs/ IDEA_BOLETIN_NUM16.pdf

5 Ibíd.

6 Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 53 período de sesiones Tema 5 del programa provisional, E/CN.4/Sub.2/2002/21 17 de junio de 2002.

7 Instituto Nacional Electoral, Acuerdo INE/CG18/2021, aprobado enero 15 de 2021.

8 Boletín de Justicia Electoral “Derecho Político- Electorales de la Juventud en Democracia”, Número 16, 2020. IDEA International y el TEPJF. P. 4-5. Disponible en:
https://www.idea.int/sites/default/files/news/news-pdfs/IDEA_BOLETIN_NUM16.pdf

9 Instituto Nacional Electoral. (2019). Estudio Muestral sobre la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2018. Disponible en https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2019/08/3-EMPC-2018_ REVISION_150819.pdf

10 Instituto Electoral de la Ciudad de México, de prensa UTCSD-143, 2019. Disponible en:
https://www.iecm.mx/noticias/participacion-de-las-juventudes-necesaria-para-la-construccion
-de-politicas-en-la-agenda-publica-presidente-del-iecm-mario-velazquez-miranda/

11 Requisitos previstos en el artículo 100, numeral 2, incisos c y d de la LGIPE, replicado en el artículo 121, último párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima, así como en la base segunda, fracción III, de la Convocatoria para el procedimiento de selección de designación de consejero/a electoral de los consejos municipales electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima.

12 Rafael Elizondo Gasperín, “Edad y antigüedad del título profesional como requisitos para el cargo de consejero electoral municipal: el caso Colima”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado el 15 de enero de 2021. Página 353. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/623 0/31a.pdf

13 Ibíd., 354.

14 Ibíd.

15 Ibíd., 355.

16 Sentencia emitida por la Sala Superior en el SUP-REC-450/2019, el 14 de agosto de 2019. Disponible en:

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_p ublica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0450-2019.pdf

17 Rafael Elizondo Gasperín, “Edad y antigüedad del título profesional como requisitos para el cargo de consejero electoral municipal: el caso Colima”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado el 15 de enero de 2021. P.356. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/623 0/31a.pdf

18 Daniela Yanes, Egresada de la Escuela de Formación para la Democracia en representación del NIMD Honduras, en el Conversatorio “Importancia de la participación política de los jóvenes en las elecciones 2021”, 13 de agosto de 2020. Consultado el 18 de enero de 2021. Disponible en:

https://centralamerica.nimd.org/martes-de-dialogo-importancia-de-la-participacion
-politica-de-los-jovenes-en-las-elecciones-2021/

19 Ibíd., páginas 1-2.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputado Alejandro Viedma Velázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa para que haga de conocimiento público si se resolvió la escasez de certificados de defunción por exceso de muertes de Covid-19, suscrita por los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Saraí Núñez Cerón, Adolfo Torres Ramírez y las y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal instruya a la Secretaría de Salud haga del conocimiento público si ya se resolvió la escasez de certificados de defunción por exceso de muertes de Covid-19 en el país, y se tomen las medidas pertinentes para evitar la escasez de certificados de defunción y vigilar su correcto uso con base en la normativa, con la finalidad de trasparentar el proceso de vacunación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Toda defunción y muerte fetal deberá ser objeto de certificación, para lo cual se utilizarán los formatos vigentes. Los certificados de defunción y muerte fetal deberán ser expedidos por profesionales de la medicina. En los lugares donde no haya médico, se emitirán por personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente.

El médico con título legalmente expedido que haya asistido al fallecimiento, atendido la última enfermedad, haya realizado el control prenatal o atendido el parto será quien extienda el certificado de defunción o muerte fetal, según sea el caso; a falta de este, será expedido por cualquier otro médico con título legalmente expedido que haya conocido el caso y siempre que no se sospeche que el deceso se encuentre vinculado a la comisión de hechos ilícitos, en cuyo caso deberá darse aviso al Ministerio Público.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el certificado de defunción será expedido después de revisar el cuerpo, comprobar el fallecimiento y determinar la probable causa de defunción. El certificado de muerte fetal deberá expedirse una vez comprobado el fallecimiento del producto, siempre y cuando éste haya ocurrido antes de la extracción o expulsión completa del cuerpo de la madre según lo dispuesto en las normas técnicas aplicables.

Los certificados de defunción y muerte fetal junto con sus respectivas copias se darán a los familiares del fallecido para que estos a su vez los entreguen a las Oficialías del Registro Civil y realicen los trámites que deriven del hecho. En caso de no ser reclamado el certificado por los familiares del fallecido, el certificante deberá enviar esta documentación a las Oficialías del Registro Civil. Las Secretarías de Salud Estatales y del Distrito Federal recabarán el original del certificado en las Oficialías del Registro Civil y lo mantendrán para su resguardo. Las Oficialías del Registro Civil pondrán a disposición del Instituto Nacional de Estadística, Geografía (Inegi) una copia del certificado y conservarán otra.

Las Secretarías de Salud Estatales y de la Ciudad de México serán responsables de integrar las bases de datos relacionadas con la emisión de los certificados de defunción y muerte fetal y deberán remitir la información resultante a la Secretaría de Salud de forma quincenal, en los términos que ésta señale y conforme a la normatividad aplicable.

Es por lo antes expuesto que sólo la autoridad federal, es decir la Secretaría de Salud federal, expide los folios de certificación de defunción, el Estado mexicano no estaba preparado para contender con la crisis sanitaria por el Covid-19, es lamentable que hasta el día de hoy en México “se han confirmado un millón 771 mil 740 casos; 150 mil 273 defunciones totales por Covid-19. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino de 63 por ciento en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años. El siguiente gráfico muestra la distribución de defunciones confirmadas y sospechosas por fecha de defunción.

Ordenadas de mayor a menor según la entidad federativa, la Ciudad de México, el estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Baja California, Nuevo León, Sonora y Coahuila se ubican como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (63.6 por ciento) de todas las del país. La Ciudad de México por sí sola, acumula 18 por ciento de todas defunciones a nivel nacional”.1

Es por lo antes mencionado que en algunos estados, en hospitales y funerarias del estado de México, no cuentan con el número suficiente de certificados de defunción para atender el alto número de fallecimientos por Covid-19.

Dicha situación perjudica principalmente a los familiares de aquellas personas que mueren en su casa por el virus, ya que sin un certificado las funerarias no pueden sacar el cuerpo del domicilio y éste tampoco es aceptado en algún hospital.

“Diversas funerarias protestaron por esta situación en la Jurisdicción Sanitaria de Cuautitlán, a insuficiencia de certificados por parte de la Jurisdicción de Cuautitlán es desde hace dos meses y que ante esto los cuerpos deben permanecer por varios días dentro del domicilio donde fallecen, la Secretaría de Salud federal es la responsable de emitir y distribuir esta documentación a los servicios estatales, a través de la Dirección General de Información en Salud y a su vez a las jurisdicciones sanitarias de la entidad.

Los certificados de defunción son entregados a hospitales del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), e Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).”2

En este mismo orden de ideas mencionó el subsecretario Hugo López Gatell, informó en una de las conferencias sobre Covid-19 “que el gobierno debió mandar a imprimir más certificados de defunción luego de que estos se agotaron en entidades como Baja California y el estado de México y “casi”, dijo, en la Ciudad de México, ante el exceso de muertes durante la epidemia de coronavirus en el país”.

Con esta declaración confirmó la escasez de los certificados de defunción otra mala planeación contra el Covid-19, ya que no contaron con la alta tasa de mortalidad y que se acabarían los certificados de defunción, es por lo anterior que es imperante la pronta respuesta del gobierno federal para que subsane esas fallas, ya que de por sí es una tragedia para las familias ahora con esto los familiares de las víctimas por Covid- 19 sufren otra traba para poder cremar a sus difuntos.

Otro dato importante es que están saturando el trabajo del Ministerio Público en los diferentes estados, ya que por falta de certificados de defunción por parte del sector salud tanto públicos como privados y las funerarias acuden al MP para que den levantamiento de los cuerpos por Covid-19 que mueren en sus hogares, y así poder seguir con el proceso de darle santa sepultura a sus familiares.

Por lo antes fundado y motivado, nos permitimos someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal instruya a la Secretaría de Salud, haga del conocimiento público si ya se resolvió la escasez de certificados de defunción por exceso de muertes de covid-19 en el país y se tomen las medidas pertinentes para evitar la escasez de certificados de defunción y vigilar su correcto uso con base en la normativa.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que la propia Secretaría de Salud expida rápidamente los certificados de defunción al sector de salud privado que atiende temas de Covid-19, para que estos liberen la carga de expedición de certificados del Sector Salud público y de los ministerios públicos de cada estado.

Notas

1 Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO, 25/01/2021 19:00 Hrs,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/608818/Co municado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.01.25.

2 Edomex se queda sin certificados de defunción por muertes COVID, funerarias protestan

https://www.animalpolitico.com/2020/09/edomex-se-queda-s in-certificados-defuncion-covid/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputados: Saraí Núñez Cerón, Adolfo Torres Ramírez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a transparentar las acciones del Indep ante las presuntas denuncias por irregularidades financieras y administrativas, entre otros aspectos, que afectan el cumplimiento de su propósito fundamental vinculado a la política social del país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La rendición de cuentas y la transparencia son componentes medulares, a través de los cuales, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas, a la vez que abre la información al escrutinio público para que todos los interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismos para sancionar.

El ejercicio responsable del gasto público incumbe a toda la sociedad, ya que se trata de recursos de todos. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Pese a las anteriores consideraciones, el presente gobierno ha dado muestras claras de la falta de transparencia y rendición de cuentas, así como opacidad en el manejo de los recursos públicos, transgrediendo sistemáticamente la legalidad. Para muestra un botón: el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

El 22 de enero de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se cambia el nombre al Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes), por el de Indep.

De acuerdo con la versión oficial, esta modificación está acorde con los principios de la actual administración de combatir a la corrupción, impulsar la transparencia e implementar una política social en beneficio de los más necesitados. La nueva política gubernamental del Instituto contribuirá a la misión permanente de ofrecer a la ciudadanía, a través de procesos comerciales, la posibilidad de adquirir bienes particulares (incluidos servidores públicos actuales y ex servidores públicos) que fueron obtenidos mediante actividades ilícitas. De esta manera, el Gobierno se allega de recursos que son destinados para el beneficio de la sociedad, a través de obras, becas y bienes específicos, especialmente para comunidades de muy alta y alta marginación.1

Para ello, se forma un gabinete social de la Presidencia de la República, integrado por las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Bienestar, Educación y Salud; así como por el Indep, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Este órgano propondrá y definirá el uso de los recursos y bienes a través de criterios de utilidad, seguridad y justicia social.

No obstante las buenas intenciones, de acuerdo con medios periodísticos, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no ha logrado consolidarse a un año de su creación, por el contrario, existen diversos señalamientos y denuncias en contra por irregularidades financieras y administrativas, anomalías en la incautación de bienes, falta de transparencia en las subastas e incluso la mutilación de joyas confiscadas.2

Asimismo, se señala que pese a ser un organismo de reciente creación, ha tenido tres directores lo que revela fragilidad, desorden administrativo e incapacidad institucional para cumplir los objetivos para los que fue creado.

En particular, Jaime Cárdenas, quien estuvo al frente del instituto del 2 de junio al 21 de septiembre de 2020, señaló en la carta de renuncia actos de corrupción, alertó de millonarios adeudos y ventiló distintas irregularidades y problemas operativos ahí.

Entre los principales puntos que refirió en su misiva se encuentran los siguientes:

• Contratos favorables a empresas : “Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas: procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (mayor beneficio para el estado) mutilación de joyas, contratos favorables a empresas y no al Indep y conductas de servidores públicos contrarios a las normas”.

• Falta de liquidez: “El pago de los servicios adquiridos se realiza en algún caso con parte de los recursos que se obtienen de las subastas pero como las subastas electrónicas fueron suspendidas durante buena parte de 2020 y disminuyeron las subastas presenciales, se ha carecido de liquidez para satisfacer los compromisos de pago”.

• Desconocimiento del origen de los recursos: “Existen ingentes recursos en la institución que, hoy por hoy, no son susceptibles de destino alguno porque se desconoce la causahabiencia de los bienes y procedimientos que los originaron. Iniciamos en los archivos informáticos y físicos de la institución y con el apoyo invaluable de la FGR la determinación de su origen”.

• Presentación de denuncias: “Por la manipulación de joyería, hemos presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República”.3

Asimismo, el exdirector ha mencionado que es una institución que no ha cuajado, que no se ha consolidado y enfrenta otro problema creado en este gobierno, relacionado con el peso específico del organismo en el denominado gabinete social, que se encarga de autorizar el destino de los bienes de origen penal, o sea, de los bienes asegurados, decomisados, extintos, abandonados.

En este contexto, si bien es considerada una institución emblemática de este gobierno, lo dado a conocer por los medios revela que ha sido golpeada por la corrupción, saqueos y subastas a modo. La Dirección Ejecutiva ha presentado desde el 23 de enero al 23 de septiembre de 2020, 47 querellas o denuncias ante la Fiscalía General de la República, por probables actos y omisiones que son sancionados por las leyes penales y que deberá calificar el Agente del Ministerio Público.4 Pero, no se sabe el estado que guardan las carpetas de investigación o si se ha decretado el no ejercicio de la acción penal, lo que solo abonaría a la impunidad.

Con estos datos a la mano, podemos afirmar que este Instituto que resulta clave para la política social del gobierno federal, no está cumpliendo con su propósito fundamental, en perjuicio de las comunidades más pobres y abandonadas del país.

Conforme a la página oficial del Indep, éste “es un organismo descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Hacienda, encargado de dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el Estado, con compromiso, eficiencia, transparencia y responsabilidad social, buscando contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, las finanzas públicas y el sistema financiero mexicano”.5

En tal virtud, resulta necesario y urgente que, a un año de su creación, se transparenten las acciones realizadas por el Indep, ante las presuntas denuncias por irregularidades financieras y administrativas, entre otros asuntos, que han salido a la luz pública y que afectan el cumplimiento de su objetivo central vinculado con la política social del país.

La rendición de cuentas y la transparencia son pilares fundamentales en los que se sustentan las sociedades democráticas, por lo que los mexicanos necesitamos saber cuestiones centrales como ¿dónde se han destinado los recursos obtenidos? ¿cuántas denuncias se han presentado por las irregularidades financieras y administrativas? y ¿cuántos funcionarios han sido sancionados?, entre otras.

Por lo fundado y motivado sometemos a consideración del pleno de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a transparentar las acciones llevadas a cabo por el Instituto para Devolver al Pueblo de Robado a un año de su creación, ante las presuntas denuncias por irregularidades financieras y administrativas, entre otras cuestiones, que afectan el cumplimiento de su propósito fundamental vinculado con la política social del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar todas las acciones realizadas por el Instituto para Devolver al Pueblo de Robado a parir de su creación.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/527048/Oficial_cambio_de _nombre_INDEP.pdf

2 https://sipse.com/mexico/indep-suma-diversas-denuncias-en-mexico-390767 .html

3 https://www.forbes.com.mx/politica-los-5-puntos-de-la-dura-carta-de-ren uncia-de-jaime-cardenas-al-indep/

4 https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/10/28/
devolver-al-pueblo-lo-robado-el-indep-presenta-47-denuncias-contra-su-personal

5 https://www.gob.mx/indep/que-hacemos#:~:text=
El%20Instituto%20para%20Devolver%20al,Empresas%20improductivas%20para%20el%20Estado%2C

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a inspeccionar empresas, sucursales y centros de distribución que ofrezcan servicios de renta, venta y recarga de oxígeno medicinal y tanques o cilindros de almacenamiento para evitar cobros excesivos, desmedidos o injustificados, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado federal Higinio del Toro Pérez , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que, en ejercicio de sus atribuciones, realice inspecciones a empresas, sucursales y centros de distribución que ofrezcan los servicios de renta, venta y recarga de oxígeno medicinal y tanques o cilindros de almacenamiento, a fin de evitar el cobro excesivo, desmedido o injustificado por dichos servicios , al tenor de los siguientes:

Considerandos

El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que apareció en China. Después se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente Europa y América son los más afectados. Este nuevo virus, provoca la enfermedad conocida con el nombre de Covid-19.

La enfermedad afecta a todas las personas, pero corren más riesgo las personas mayores, las personas embarazadas y las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o hipertensión.

La Secretaría de Salud presentó su reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país, en el que detalló la cifra de contagios nuevos de Covid-19 y el número de defunciones al 25 de enero de 2021:

-Número de casos positivos confirmados por día en México: 8 mil 521

-Número de defunciones confirmadas por día en México por Covid: 659

-Número total de casos positivos confirmados en México: 1 millón 771 mil 740

-Total de defunciones confirmadas en México por Covid: 150 mil 2731

En términos médicos, la hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo, con compromiso de la función de los mismos.

De acuerdo a información presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el documento titulado “Material de apoyo para equipos de respuesta Covid-19”,2 las y los pacientes con Covid-19 presentan algún grado de hipoxia, lo cual ocasiona que acudan a valoración a las diferentes unidades médicas, por ello, se considera como primera estrategia efectiva la administración de oxígeno a concentraciones mayores a las del aire ambiente (21 por ciento), para prevenir y tratar los síntomas, así como las complicaciones de la hipoxia, cualquiera que sea su etiología.

En general, se define a la oxigenoterapia como el uso del oxígeno con fines terapéuticos. El oxígeno para uso medicinal debe prescribirse con fundamento en una razón válida y administrarse de manera correcta y segura. La hipoxemia (hipoxiahipóxica) se define como la disminución de la presión arterial de oxígeno (PaO2 <60 mmHg) y de la saturación de la hemoglobina en sangre arterial (<93 por ciento). La hipoxia se define como la disminución de la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Puede existir hipoxia sin que necesariamente exista hipoxemia (nivel de O2 en sangre inferior al normal).

El nivel de oxígeno en la sangre normal es de 75 a 100 mmHg; valores inferiores a 60 mmHg indican la necesidad de oxígeno suplementario. El suministro de oxígeno suplementario tiene como objetivo prevenir hipoxemia de:

a) Prevenir el incremento del trabajo respiratorio.

b) Disminuir la sobrecarga cardiaca.

c) Evitar irritabilidad y depresión del SNC, así como la cianosis.

d) Evitar acidosis metabólica.

En pacientes con Covid-19 que acuden a valoración a la unidad hospitalaria y con sospecha de hipoxia, es necesario actuar de forma inmediata acorde con los síntomas que refiere y con base en la exploración física previa; en este sentido, no se justifica esperar la determinación de gases arteriales (gasometría arterial) para tomar la decisión de iniciar el suministro de oxígeno como primera estrategia de tratamiento.

En la actualidad, conseguir oxígeno es en una tarea de vida o muerte. El oxígeno se convirtió en el bien más preciado ante la Covid-19. Ante el alto número de contagios de Covid-19, conseguir cilindros o tanques de oxígeno se ha convertido en una tarea titánica para las personas enfermas y sus familias.

Ante el aumento de demanda de oxígeno por las complicaciones generadas por la Covid-19, “ha habido abusos descomunales”, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.3

Sin ningún tipo de regulación y con sobreprecios que superan 160 por ciento, particulares hacen negocio con la venta de tanques de oxígeno, aprovechando la necesidad de familiares de pacientes con Covid-19.4

Atacar medicamente una enfermedad siempre representa un costo económico y la Covid-19 no es la excepción. Uno de los gastos más representativos que las familias están teniendo se debe al oxígeno medicinal, un elemento que verdaderamente es indispensable para aguantar el ataque viral y sobrevivir al virus. Por si fuera poco, es una proeza para las familias conseguir en primer lugar un tanque de oxígeno y, después, recargarlo a tiempo en las largas filas que generan en los distintos lugares que distribuyen este vital elemento.

En la página oficinal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se presentan los “Derechos Básicos del Consumidor”5 en los que se señala lo siguiente:

1. Derecho a la información. Toda la información de los bienes y servicios que te ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y veraz.

2. Derecho a la educación. Es importante conocer tus derechos y la forma en que te protege la ley para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente.

3. Derecho a elegir. Al escoger un producto o servicio, nadie te puede presionar, condicionar la venta, exigir pagos o anticipos sin que hayas firmado un contrato.

4. Derecho a la seguridad y calidad. Los bienes y servicios deben de cumplir con las normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad.

5. Derecho a no ser discriminados. Nadie te puede negar un producto o servicio por tu sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, ni por tener alguna discapacidad.

6. Derecho a la compensación. Si te venden un producto de mala calidad, tienes derecho a que se te reponga o a que te devuelvan tu dinero y, en su caso, a una bonificación no menor a 20 por ciento del precio pagado.

7. Derecho a la protección. Cuando algún proveedor no respete tus derechos o cometa abusos en contra de los consumidores, Profeco salvaguarda tus derechos y te defiende.

De igual forma, es importante precisar que la misión de la Profeco es empoderar al consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado, fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población.6

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente proyecto de:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que, en ejercicio de sus atribuciones, realice inspecciones a empresas, sucursales y centros de distribución que ofrezcan los servicios de renta, venta y recarga de oxígeno medicinal y tanques o cilindros de almacenamiento, a fin de evitar el cobro excesivo, desmedido o injustificado por dichos servicios.

Notas

1 El Economista, Número de casos de Covid-19 en México al 25 de enero de 2021, disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-25-de-enero-de-2021-20210125-0100.html

2 IMSS, Material de apoyo para equipos de respuesta Covid-19, disponible en:

http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/system/files/Mate rial_de_apoyo_COVID-19.pdf

3 Milenio, Tanques de oxígeno, hasta 20 veces más caros: López-Gatell; pide un “quién es quién”, disponible en:

https://www.milenio.com/politica/covid-tanques-oxigeno-2 0-caros-lopez-gatell

4 Criterio, Venden tanques de oxígeno hasta 160% más caros, disponible en:

https://criteriohidalgo.com/multimedia/venden-tanques-de -oxigeno-hasta-160-mas-caros

5 [1]Profeco, Derechos Básicos del Consumidor, disponible en:

https://www.gob.mx/profeco/documentos/derechos-basicos-d el-consumidor?state=published

6 Profeco, ¿Qué hacemos?, disponible en:

https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero del 2021.

Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar la STPS a establecer con sus 32 homólogas locales y los ayuntamientos vínculos con empresas para fortalecer el empleo de menores de 29 años y de 40 años y más jefes de familia, y evitar en la administración pública federal, estatal y municipal recortes de personal, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En el marco de la primera oleada de contagios y del cierre de la economía debido a la estrategia nacional de sana distancia, a inicios de mayo, el experto del Banco Interamericano de Desarrollo, David Kaplan,1 mencionaba que el grupo poblacional que se preveía el más afectado, serían las y los jóvenes, además del incremento en el sector informal. Señalaba sin tener aún la prospectiva y un esquema de mayor aliento que se esperaba una peor crisis en el mercado laboral a la registrada en el año de 1995, cuando se perdieron 185 mil empleos.

Al respecto, los datos del empleo formal de abril reportados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dan cuenta de una disminución de 700 mil empleos. En ese momento sugirieron las interrogantes con respecto a la situación laboral de las y los trabajadores, hubo registros de disminución salarial, a través de acuerdos pactados, mediante el contrato directo, organizaciones y sindicatos.

Al respecto, a finales del mes de mayo, se registraron que casi la mitad de los empleos perdidos provenían de las y los jóvenes menores de 29 años, con 375 mil 714 casos, reportados en el IMSS. De ellos, 7 de cada 10 jóvenes eran hombres y 3 mujeres.2

Las entidades federativas donde se perdió el mayor número de empleos fueron Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, estado de México. Muchos de los jóvenes estaban contratados bajo outsourcing y carecían de condiciones laborales dignas.

Cuando se revisan las cifras por género, tenemos que, las mujeres han tenido una reducción del empleo mayor, en proporción que los hombres. Esto es relevante dado que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su comparativo de 2010 y 2015, la jefatura de familia ha aumentado de 24 a 29 por ciento y en 2020, se espera el dato sea mayor. Al respecto se presenta la gráfica3 :

El porcentaje de la población desocupada, subocupada o inactiva, tuvo en el mes de mayo un pico de 52 por ciento, mismo que se ha reducido ya que para diciembre de 2020, el porcentaje estuvo en el 29 por ciento.4

En lo referente a las secuelas ocasionadas por la enfermedad que provoca el Covid-19, están la agudización de las desigualdades regionales y por sectores, el balance de contrataciones y despidos, entre el diciembre de los años 2019 y el 2020, señala una reducción de 647 mil empleos formales perdidos;5 al respecto las autoridades del gobierno federal han mostrado cifras de recuperación que pueden revertir la crisis económica en la que nos encontramos, también es importante señalar que el sector manufacturero y la Zona Libre de la Frontera Norte se han registrado un aumento de 1.6 por ciento con respecto a la cifra del 2019.

México no es un caso único, en el mundo se viven realidades similares; Oxfam en un estudio a nivel mundial analizó el impacto que está ocasionando el Covid-19 y dentro de sus hallazgos se menciona que el virus exacerba las desigualdades y se alimenta de ellas.6 Ante ello, el gobierno, sociedad civil y sector privado deben unir esfuerzos en favor de la ciudadanía.

Segunda. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”, eso según nuestro máximo órgano constitucional que además es signatario de los tratados y convenios internacionales según lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Observación General número 18 señala que el derecho al trabajo es un “derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo.”

El trabajo no puede negársele a nadie, siempre y cuando el trabajo sea lícito, esto según lo dispuesto el artículo 5o. de nuestra Carta Magna. En el párrafo segundo y tercero, el citado artículo establece que la “La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo” según la reforma del 2016.

Y el tercer párrafo se establecen los derechos laborales que asisten a cada trabajadora o trabajador, así, a la letra se señala que “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial”. Al respecto también la Ley Federal del Trabajo establece que:

“Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad , discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.”

Es importante hacer notar que la Constitución, en su artículo primero, es categórica al señalar que está prohibida toda forma de discriminación por “origen étnico o nacional, el género, la edad , las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha mencionado y secundado el derecho a la estabilidad laboral,7 pues como derecho y deber social es vital cumplir con las necesidades que la población demanda.

Al respecto, en un caso de estudio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dividió por temas la resolución8 :

1. Discriminación por edad: naturaleza, alcances y modo en que se actualiza.

a) La vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares y el principio de autonomía de la voluntad.

b) La edad como factor de discriminación en el mercado de trabajo

La Sala indicó que nuestra Constitución, desde la reforma de 2001, introdujo en el último párrafo del artículo 1o. la cláusula de no discriminación, la cual desde sus orígenes prevé a la edad como un posible factor de discriminación. La edad es un fenómeno altamente individualizado que depende de la singularidad y peculiaridad de cada sujeto por lo que a priori no existe una unidad de categoría entre las personas que poseen una misma edad.

La discriminación se suele apoyar en estereotipos o estigmas asociados a la edad, para los jóvenes: inexperiencia o la poca destreza o falta de pericia; para los mayores: la menor productividad, la falta de adaptación a los cambios, la dificultad de ajustarse a decisiones flexibles o menor capacidad de reacción.

Así, los señores ministros expresaron que el prejuicio en torno a la edad del trabajador normalmente está relacionado con una concepción de rentabilidad económica, si el patrón presume que el trabajador maduro es menos apto que el trabajador joven para ciertos puestos de trabajo, piensa que su empresa, antes o después, sufrirá pérdidas económicas por su contratación. Y en similar sentido, si parte de la premisa de que las ausencias al trabajo de las personas maduras alcanzan un mayor índice por entender que éstas son quienes asumen las responsabilidades familiares, pensará que le generarán costos, que no existirían si contratara a trabajadores jóvenes.

Argumentaron que era posible tener un caso de discriminación positiva y negativa, cuando la segunda sólo implica la edad y la primera cuando hay por medio capacidades y competencias, además de la rentabilidad económica que eso significa.

Tercera. En Tampico, el censo del Inegi 2020, reportado a inicios del mes de febrero del presente año, informan de una reducción de 16 mil habitantes con respecto a la encuesta intercensal del 2015. Se tenían registrados 314 mil personas en 2015 y en el registro del año 2020 el número total asciende a 297 mil habitantes. Sirva el cuadro comparativo siguiente para expresar ese cambio demográficos:

Al respecto, una de las variables de interés está en que hay falta de oportunidades, poco crecimiento y falta de desarrollo profesional. Al respecto en Tamaulipas9 la desocupación entre personas de 29 años o menos representa 3 por ciento pero corresponde a 31 por ciento de los desempleados, a enero de 2021. Esto es preocupante luego que, cifras del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (Ciest) realizados a través de una encuesta, señalan que hay una pérdida de 35 mil empleos en la zona sur de Tamaulipas.

A finales del año 2020, 300 jóvenes de eventos y servicios, presentaron su solicitud ante el Instituto de Atención a la Juventud, la mitad son profesionistas.10 En voz de la Comisión de Jóvenes en el municipio señalan que hay 6 mil jóvenes que tienen dificultades para acceder al empleo.11 También, en el mismo sentido, se han registrado solicitudes de personas mayores de 40 años canalizadas a desarrollo económico del ayuntamiento.12

La bolsa de trabajo del Portal del Empleo del Gobierno de México, tiene por objetivo, la búsqueda de ofertas de empleo y candidatos por entidad, oficio y profesión, servicio telefónico las 24 horas los 365 días, asesoría vía chat y cursos de capacitación en línea.

A través de la comunicación horizontal con la ciudadanía he conocido diversos casos de despidos en la administración pública, son mujeres y hombres mayores de 40 y 50 años que se han quedado sin empleo, la causa señalada es el impacto del Covid-19, por ello, es que en atención a su solicitud presento el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo a fin de fortalecer el empleo de menores de 29 años y personas que son cabeza de familia y que necesitan ingresos para subsistir.

Es por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, para que en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y con los gobiernos municipales para que se establezcan vínculos con las empresas para fortalecer el empleo de personas menores de 29 años y de personas de 40 años y más que son jefas o jefes de familia y en la administración pública federal, estatal y municipal se evite el recorte de personal y, en su caso, se busquen alternativas para eficientar el gasto a efecto de proteger el empleo de las y los trabajadores.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que se coordine con las 32 entidades federativas y con sus municipios, para que a través de un programa de fortalecimiento al empleo, se creen puestos laborales para reactivar la economía regional y familiar.

Notas

1 https://www.milenio.com/negocios/covid-19-dejara-cicatriz-laboral-joven es-bid

2 https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/
mas-de-la-mitad-de-los-desempleados-por-covid-19-son-jovenes-menores-de-29-anos/

3 https://twitter.com/David_S_Kaplan/status/1352257687178895362/photo/1

4 https://twitter.com/David_S_Kaplan/status/1352257126018785280/photo/2

5 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/14/una-recuperacion-desig ual-244782.html

6 https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/el-virus-de-la-desigual dad.pdf

7 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla -DH-trabajo.pdf

8 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/doc umento/2017-01/res-AZLL-0992-14.pdf

9 https://www.elsoldetampico.com.mx/local/desempleo-aqueja-a-jovenes-6217 459.html

10 https://laexpresion.com.mx/2020/11/19/aqueja-desempleo-a-jovenes-profes ionistas-en-tampico/

11 https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-tamaulipas-busca n-6-mil-jovenes-zona-sur

12 https://www.elsoldetampico.com.mx/local/pandemia-deja-sin-empleo-a-jove nes-de-tampico-6039498.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la Ssa, la SHCP y los gobiernos locales a otorgar una beca emergente a estudiantes de medicina, enfermería, internos y pasantes de instituciones educativas públicas y privadas que prestan servicio social o prácticas profesionales en unidades hospitalarias en la ruta de atención de pacientes con SARS-Cov2, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia, otorguen una beca emergente para estudiantes de las licenciaturas de medicina, enfermería, internos y pasantes, de instituciones educativas públicas y privadas; que estén prestando su servicio social o prácticas profesionales, en las unidades hospitalarias dentro de la ruta de atención a pacientes con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), ante el peligro y la posibilidad inminente de contagio; al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes

Consideraciones

El derecho a la protección de la salud es una de las obligaciones del Estado, la cual no solo debe entenderse como la obligatoriedad de brindar servicios de asistencia médica, sino que, este tiene un campo de acción más amplio, de tal forma la protección a la salud se debe de ver desde distintos ángulos, el Estado tiene la obligación de procurar y proteger la salud e integridad de todos los habitantes en México.

Ante la calificación del brote de coronavirus Covid-19 como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de esta enfermedad declarada por el Consejo de Salubridad General de nuestro país, resulta indispensable salvaguardar la salud e integridad de todo el personal que se encuentra combatiendo en la primera línea esta pandemia, tanto de instituciones públicas como privadas, así como estudiantes y prestadores de servicio social y prácticas clínicas, por lo cual las acciones encaminadas para proteger a este sector de la población son urgentes y relevantes.

La pandemia que vivimos por brote infeccioso de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), se ha propagado de manera rápida y exponencial en nuestro país, que hoy día vive un gran número de personas contagiadas. Al respecto la Secretaría de Salud da a conocer un corte diario, el cual muestra una tendencia al alza en el número de contagios en nuestro país hasta el día 2 de febrero de 2021, menciona 159 mil 533 de mexicanos y mexicanas muertas, de un estimado de 2 millones 67 mil 855 de casos estimados positivos con Covid-19, en el país.

Ante el brote exponencial de la enfermedad y la posibilidad latente de una sobresaturación de los servicios de salud, el gobierno federal dispuso de todo el aparato de la Secretaria de Salud, es así que el IMSS, ISSSTE iniciaron la operación intensiva para atender a los afectados por esta enfermedad, de igual forma se puso en marcha el Plan Marina, a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) y el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para atender casos de Covid-19. El funcionamiento de dicho plan consiste por parte de la Sedena y la Semar, en poner a disposición 117 instalaciones sanitarias con las que cuentan las fuerzas armadas para convertirlas en hospitales especializados en la atención y tratamiento de Covid-19 en todo el territorio nacional, se dispone a su vez de cerca de 20 mil 444 de personal militar, así como camas y unidades hospitalarias para la atención de la población en general.

Ahora bien, quienes están más expuestos y por consiguiente susceptibles de ser contagiados al igual que los sectores poblacionales identificados con factores de riesgo, son el personal del sector salud, pero es preciso mencionar que no solo los médicos que atienden a las personas infectadas se ven expuestas, pues en la mayoría de los casos las personas que presentan síntomas de Covid-19, llegan a las unidades hospitalarias sin un diagnóstico, de tal forma que todo el personal desde el ingreso a los hospitales se ve expuesto a contagiarse; esto es, desde el personal que inicia la revisión que en muchos casos son estudiantes de medicina o enfermería los cuales son el primer filtro para un posible diagnóstico. En un segundo momento, una vez que se tiene la sospecha de Covid-19 entran en acción más personal médico, tales como especialistas, camilleros, personal de limpieza, guardias de seguridad, trabajadores sociales, personal administrativo y personal operativo, entre otros más; es decir la cadena de riesgo a la que se enfrenta el personal que está en la primera línea de batalla contra la enfermedad, es muy amplia.

En esta situación tan compleja para el sistema de salud de nuestro país, el personal médico que se encuentra al frente de la atención de los pacientes es vital, entre estos se encuentran los estudiantes de medicina y enfermería que prestan en las unidades hospitalarias su servicio social o sus prácticas clínicas, si bien es cierto este sector aún se encuentra en formación al no estar graduados, lo ciento también es, que ellos se ubican como una población de riesgo, ya que en muchos de los casos son ellos quienes brindan la primera atención a quienes padecen síntomas y son potenciales enfermos de Covid-19.

Este factor de riesgo se multiplica cuando estos estudiantes de las ciencias de la salud están en contacto con el virus fuera de las instituciones de salud, se han documentado casos en los parte de ellos han decidido aislarse voluntariamente de sus comunidades, con la finalidad de prevenir un posible factor de riesgo, lo que sin duda aumenta sus necesidades económicas. En este sentido el gobierno federal destina recursos económicos para el otorgamiento de becas las cuales son definidas por la zona económica de la unidad de salud en la que el estudiante prestará su servicio, de tal forma que no existe una uniformidad de criterio en cuanto a la percepción que reciben, asimismo la duración del servicio social en medicina por dar un ejemplo es de un año, el número de horas diarias dependerá del tipo de beca, las de tipo A cubren seis horas diarias, cinco días a la semana, las de tipo B, cubren de siete a ocho horas diarias seis días a la semana, las de tipo C, ocho horas diarias, seis días a la semana, al igual que los que tienen una beca CC.

Como es de apreciarse la estancia de los estudiantes de medicina en los centros hospitalarios es equiparable a una jornada laboral, sin embargo, al estar prestado su servicio social como un requisito indispensable para obtener su grado académico no perciben un salario, sino que se les otorgan apoyos económicos, mismos que para la situación extraordinaria por la que atraviesa nuestro país, resultan ser insuficientes.

Diversos medios de comunicación han documentado casos de estudiantes de medicina infectados de Covid-19, asimismo casos donde no se les han suministrado los materiales necesarios para su protección y ante esta falta lamentablemente también han devenido en muertes.1 Es indispensable que se proteja a estos jóvenes estudiantes, con materiales, equipo médico, aumentar sus recursos económicos y por supuesto deben ser los considerados dentro de la política nacional de vacunación como población prioritaria.

Ante esto, resulta evidente la necesidad de cubrir por parte del Estado, una beca adicional emergente, para estudiantes de las licenciaturas de medicina, enfermería, internos y pasantes, de instituciones educativas públicas y privadas; que estén prestando su servicio social o prácticas profesionales, en las unidades hospitalarias dentro de la ruta de atención a pacientes con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), lo anterior por el peligro y la posibilidad inminente de contagio.

No debe pasar desapercibido que este tipo de apoyos actualmente ya se otorgan en el sector salud, específicamente desde el pasado 14 de abril de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer que su Consejo Técnico, aprobó otorgar a los trabajadores que atienden la emergencia sanitaria una prestación adicional, la cual denomino “Bono Covid-19”, esto en reconocimiento al alto riesgo que el personal de salud tiene en la atención de pacientes con Covid-19. El bono será hasta por un 20 por ciento de su sueldo, dirigido para trabajadores del área médica y no médica de las 184 unidades hospitalarias en las que se brinda atención a pacientes con la enfermedad.

En este sentido, una beca adicional para los estudiantes de medicina y enfermería sin duda pretende reconocer su esfuerzo, sin embargo lo ideal es que este estimulo venga acompañado de todos los insumos para proteger al personal de las diferentes unidades médicas, por lo cual las diferentes autoridades sanitarias, deben de brindar los materiales, insumos y capacitación, para el debido manejo de la pandemia, pues lo ideal es que todo el personal de las diferentes unidades hospitalarias conserve un estado óptimo de salud.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y a los titulares de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que otorguen una beca emergente para estudiantes de las licenciaturas de medicina, enfermería, internos y pasantes, de instituciones educativas públicas y privadas; que estén prestando su servicio social o prácticas profesionales, en las unidades hospitalarias dentro de la ruta de atención a pacientes con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), lo anterior por el peligro y la posibilidad inminente de contagio.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia, otorguen una beca emergente para estudiantes de las licenciaturas de medicina, enfermería, internos y pasantes, de instituciones educativas públicas y privadas; que estén prestando su servicio social o prácticas profesionales, en las unidades hospitalarias dentro de la ruta de atención a pacientes con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), lo anterior por el peligro y la posibilidad inminente de contagio.

Nota

1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/
van-35-estudiantes-de-medicina-con-covid-19-en-hospital-donde-murio-alumno-de-la

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y el Congreso del Estado de México, así como a autoridades de la APF, a analizar los posibles actos de corrupción en el otorgamiento, ejecución y modificaciones de la concesión de Circuito Exterior Mexiquense, suscrita por la diputada Juana Carrillo Luna e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes subscribimos, Juana Carrillo Luna, Ángeles Huerta del Río, Edith Marisol Mercado Torres, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Susana Cano González, María Guadalupe Díaz Avilez, María Guadalupe Román Ávila, Alejandro Viedma Velásquez, César Agustín Hernández Pérez, Gustavo Contreras Montes, Socorro Bahena Jiménez, Marco Antonio Medina Pérez, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Graciela Sánchez Ortiz, Martha Robles Ortiz, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Juan Ángel Bautista Bravo, David Orihuela Nava diputadas y diputados federales por el estado de México, integrantes del grupo parlamentario de Morena en la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Hablar de OHL/Aleatica es hablar de corrupción, esta empresa lleva dentro de sí el germen de esta nefasta práctica que tanto mal le ha hecho a México. Para muestra basta con analizar la fórmula que generó el gran “éxito” empresarial de OHL hoy Aleatica, la cual podría expresarse con la frase acuñada por Lourdes Morales en su columna para el Universal, en la que dice «una peseta y muchas relaciones», ya que muestra de manera fehaciente cual es la ruta que siempre ha tomado esta empresa para la realización de sus actividades comerciales.

En el caso del Circuito Exterior Mexiquense, y en todas las obras realizadas por OHL hoy Aleatica, la fórmula ha sido esa ya que esta empresa ha tenido una baja inversión, que sumada a sus grandes conexiones con políticos corruptos ha dado como resultado la obtención de concesiones eternas y multimillonarias.

Se pensaba, hasta hace algunos meses, que los pagos de OHL, hoy Aleatica sólo habían servido para financiar la campaña Presidencial de Enrique Peña, pero las investigaciones de la Audiencia Nacional de España han mostrado que el dinero obtenido de la defraudación al patrimonio del Estado de México, con motivo de la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, sirvió para pagar sobornos en España a Ignacio González, exgobernador de la Comunidad de Madrid, por un monto de 2.5 millones de euros y para hacer aportaciones ilegales al Partido Popular de ese país.

Durante largo tiempo la empresa se ha excusado arguyendo que todas las concesiones obtenidas y las inversiones realizadas se hicieron con estricto apego a la ley. Pero no se puede pasar por alto que esto fue y es así gracias a los políticos como Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y el actual gobernador Alfredo del Mazo Maza quienes, junto a personajes como José Ramón Alcalá Angelino, extitular del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) así como Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Movilidad en el gobierno actual y Alberto Tomas Angulo Lara, titular del SAASCAEM en el presente gobierno. Personajes que, bajo argumentos y engañifas tratan de encubrir el desfalco a los recursos de los mexiquenses so pretexto de cumplir con lo establecido en ley, para así permitir que OHL/Aleatica se siga beneficiando indebidamente a costa del Estado y de todos los mexicanos, obligándola a pagar parte de esos beneficios mediante sobornos y/o aportaciones ilegales a campañas electorales y a un partido político (PRI). Pero en realidad ocultan que los aumentos de plazo y los aumentos extraordinarios a las tarifas tienen como única finalidad tirar dinero en el barril sin fondo que es el Circuito Exterior Mexiquense y explicamos porqué.

En 2003, una vez que Montiel asignó la obra a OHL, hoy Aleatica, esta se comprometió a invertir 5, 637 millones de pesos más 990 millones por concepto de liberación de derecho de vía, concepto por el cual también generaron actos de corrupción para no pagar los 50 millones de pesos a los propietarios de la Granja Mayte. En total, tomando en consideración el ahorro por concepto de corrupción ante los tribunales administrativos del Edomex, OHL -ahora Aleatica-, originalmente invirtió 6, 628 millones de pesos.2 De acuerdo a las Condiciones del Título de Concesión, en la sección de Generalidades, la Tercera establece que la Concesionaria OHL/Aleatica tiene derecho a recuperar su inversión más un 10% real anual (o sea, adicional al incremento de la inflación) mientras dure la concesión.3

La mencionada cláusula es el origen de la corrupción, pero la cosa no para ahí, ya que en junio de 2004 durante el gobierno de Arturo Montiel, en el que Peña Nieto fue Secretario de Finanzas, se realizó la primer modificación al Título de Concesión en que se protegió a OHL, hoy Aleatica, con la cual la concesionaria podría recuperar su inversión en caso de que la concesión fuese revocada o se pusiera fin a la misma.4

Entre la primera y segunda modificaciones, es importante mencionar que Peña Nieto ya tenía la aspiración de ser gobernador del estado de México, una vez que concluyera la administración de Montiel Rojas. Por ello el estado de México era el caldo de cultivo perfecto, ya que le brindaba a OHL –hoy Aleatica– las condiciones perfectas para desarrollar su fórmula “una peseta muchas relaciones”, máxime al encontrarse con un sujeto tan ambicioso como Enrique Peña.

En 2005, el 9 de septiembre, a tan sólo siete días de que Peña Nieto tomara posesión como Gobernador, se autorizó un incremento de 566 millones de pesos para la conclusión de la Primera Fase, a pesar de que esta se encontraba a unos días de ser entregada. Con ésta modificación la inversión de la constructora aumentó de 6,628 millones a 7,194 millones de pesos .

Durante el gobierno de Peña Nieto, los favores siguieron en favor de esta concesionaria, ya que el 15 del mes de junio del año 2007, tanto el gobernador como su secretario de comunicaciones y transportes, en contubernio con la concesionaria OHL/Aleatica decidieron ampliar el plazo de la concesión, al pasarlo de 30 años a 34, tal como lo muestra el inciso d) del término Sexto de la Tercera Modificación al Título de Concesión.5 Por si no fuera poco, en el mismo documento, se presenta una modificación a la Condición Vigésima Primera, con la cual se aumenta el monto de la obra Civil en 1,700 millones de pesos (sin considerar el IVA), en términos reales, esto significa que se dio un aumento al monto de inversión a recuperar por parte de la constructora,6 lo anterior muestra que gracias a los aumentos presentados en tan solo cuatros años de iniciada la obra, esta ya presentaba un incremento en los costos de inversión equivalente al 32% de lo inicialmente presupuestado.

Podría pensarse que el mencionado esquema “una peseta muchas relaciones”, sólo beneficiaría a OHL hoy Aleatica pero no, ya que los aumentos mencionados en el párrafo anterior, aunados a las obras adicionales en zonas que no tienen relación directa con el Circuito Exterior Mexiquense, como el entronque Periférico Oriente – Ferrocarril Cuautla México, generaron un aumento de 2,392 millones de pesos;7 lo cual implicó un aumento, considerable, en el monto de la deuda del Estado de México, es decir en esta modificación no sólo ganó la concesionaria, sino por también los políticos corruptos que decidieron ampliar el monto de inversión y el de la deuda pública, para enriquecerse a costa del bolsillo de los mexiquenses.

La cuarta modificación se da en octubre de 2007, a tan sólo cuatro meses de aprobada la tercera modificación. En esta no se aumentaron como tal los montos de inversión, ya que no se estableció una cantidad fija, sino que se le dio manga ancha para que Aleatica, entonces OHL, accediera a mas opciones de financiamiento, es decir, en términos reales aumentara el monto de inversión a recuperar, pero ahora sin un límite. Pero la corrupción en esta modificación no se detuvo ahí, ya que se le permitió a la concesionaria comprometer (Hipotecar) el cobro del peaje, como garantía para los inversionistas, y, con ello, aumentar el monto de las tarifas sin autorización previa del Gobierno Estatal; estos aumentos, de acuerdo a esta modificación, son válidos y continuarían vigentes, a pesar de que la concesión se diera por terminada de forma anticipada.8

Por si el atraco de los años anteriores no hubiese sido suficiente, en 2009, el Secretario de Comunicaciones y Transportes de la entidad y Manuel Ortiz García, extitular del SAASCAEM, firmaron el acuerdo 01/2009, en el que se obliga a la concesionaria para que adquiera maquinaria especializada que permita “gestionar” y “agilizar” el tránsito, dicha obligación ascendió a un monto de 500 millones de pesos. Dicha maquinaria fue adquirida a una empresa perteneciente a Roberto San Román Witderkehr, compadre del gobernador Peña Nieto. Aunado a ello, en la cláusula primera, se establece que la empresa deberá realizar obras adicionales, sin especificar cuales, por un monto de 350 millones de pesos; lo más sorprendente es que dichas obras incluyeron la construcción del Monumento Bicentenario.9

Es bien sabido que la administración, tanto local como federal, encabezadas por Peña Nieto siempre otorgaron beneficios con contratos a modo para OHL/Aleatica con la intención, posteriormente, obtener beneficios económicos para sus campañas, es así que en septiembre de 2012, ya con Eruviel Ávila como gobernador, OHL/Aleatica cobró los favores concedidos a Peña Nieto durante la campaña presidencial, ya que en ese mes, nuevamente se amplía el periodo de duración de la concesión, al otorgarle 14 años adicionales. No conformes con ello, decidieron nuevamente aumentar el monto del peaje, en un 6% por arriba de inflación cada año, durante 8 años.

En este punto es importante resaltar que, a nivel federal, donde se han establecido estándares de transparencia y rendición de cuentas mucho más altos y eficaces que los del Estado de México, la Autoridad no está obligada a conceder aumentos a las tarifas en autopistas o carreteras, simplemente se realizan actualizaciones de tarifas conforme al incremento inflacionario, por lo cual aumentos incrementos tarifarios del 6%, como los concedidos para OHL/Aleatica durante el gobierno de Eruviel, son completamente desproporcionados, injustificados e ilegales

Por si los comentarios anteriores no son prueba suficiente para visibilizar la voracidad de OHL/Aleatica, y del PRI emblemas de la corrupción y la impunidad en el Estado de México, baste con mencionar, por ejemplo, la incomprensible y mañosa ampliación de la concesión hasta 2051 o que de la inversión inicial de 6,628 millones de pesos, a los que ascendía la concesión en 2005, actualmente se encuentra en un monto de 87, 000 millones de pesos.10 Esto nos indica que, a casi 16 años de iniciada dicha inversión, ésta ha presentado un aumento de aproximadamente 81,000 millones de pesos lo cual es completamente absurdo y fuera de sentido común ya que el proyecto inicial constaba de una longitud de 155 kilómetros, de los cuales, a la fecha, sólo se han construido 110.

Pero dado que la corrupción, siempre presente en las administraciones del PRI, en julio de 2020 el Gobierno del Estado, a través de Luis Gilberto Limón Chávez, Secretario de Movilidad en el Estado de México y Alberto Tomás Angulo Lara, de forma inexplicable autorizaron nuevos incrementos extraordinarios de tarifa: (i) de 20% más inflación en el caso de autobuses y camiones de hasta 4 ejes, aplicable en 2021 (20% más inflación) y 2022 (otro 20% más inflación); (ii) de 20% más inflación en el caso de camiones de hasta 6 ejes, aplicable en 2021 (20% más inflación), 2022 (otro 20% más inflación) y 2003 (otro 20% más inflación) ; y (iii) 30% más inflación en el caso de camiones de 7 o más ejes en 2021 (30% más inflación), 2022 (otro 30% más inflación) y 2023 (otro 30% más inflación). Con los mencionados incrementos no solo se van a fondear las campañas de este 2021, sino que implicaran un golpe a la economía de todos los consumidores, ya que el Circuito Exterior Mexiquense es una autopista que permite librar la Ciudad de México, con lo cual los productos que cruzan por esta vitalidad no son únicamente de consumo local, sino que se distribuyen desde el norte hasta el centro y sur del país, con lo que la cadena de producción incrementara sus costos de logística y, como consecuencia de ello, se tendrá un efecto inflacionario. Si bien se ha llegado a mencionar que estos gastos pueden ser deducidos por los transportistas, el problema es que, de inicio esos gastos no son remunerados, sino que la remuneración es anual, mientras los transportistas deberán pagar el costo adicional del 30%, el cual, por el panorama actual, no será pagado por ellos, sino por el consumidor final, con la intención de no cargar con la ganancia.

Es falso que este incremento se hubiera autorizado para homologar las tarifas que se cobran en el CEM con las que se cobran en autopistas federales. El incremento tiene que ver única y exclusivamente con la recuperación de la inversión de Aleatica en el Circuito Exterior Mexiquense, que según el Gobierno del Estado de México asciende a $52,652 millones de pesos, lo que no parece tener justificación alguna.

Una de las “justificaciones” que ha pretendido esgrimir Limón Chávez, respecto a los aumentos carreteros, ha sido decir que la intención del aumento es homologar las tarifas del Circuito Exterior Mexiquense, con las autopistas de la zona. Pero hay dos problemáticas respecto a esta argumentación, si ese hubiera sido el motivo del incremento, se debió haber colocado dentro de las 163 páginas de la 7ª modificación al Título de Concesión, pero no fue así. No se colocó ahí porque no hay nada que homologar (salvo que fuera a la baja), pues tanto la cuota para automóviles ($4.50 por kilómetro)11 como la cuota para autobuses y camiones ($7.13 por kilómetro)12 en el Circuito Exterior Mexiquense son muy superiores al costo promedio por kilómetro en las autopistas federales. Las tarifas referidas en el CEM son las vigentes al día de hoy, lo que significa que no incorporan el efecto de los incrementos extraordinarios autorizados en julio de 2020.

En realidad, el incremento sólo se autorizó para darle a OHL/Aleatica la posibilidad de recuperar $19,000 millones de pesos adicionales con cargo a las cuotas de peaje y lograr que dejara de registrar en sus estados financieros una obligación a cargo del Gobierno del Estado de México por ese monto (“déficit a cargo del concedente”), que le estaba generando problemas serios con la Legislatura Estatal.

De modo que puede decirse que el valor para OHL/Aleatica de esta última modificación del Título de Concesión es de por lo menos $19,000 millones de pesos, es inaceptable permitir que el Gobernador Del Mazo y funcionarios como Limón Chávez le regalen una cantidad tan grande a una empresa tan corrupta. Quieren quedar bien con el sombrero del dinero del pueblo.

Una de las últimas mentiras de OHL/Aleatica ha sido decir que ella no es OHL, que ya es una empresa distinta, pero en realidad no es así, se trata de la misma empresa por dos razones. La primera de ellas porque, tal como consta en los registros de la Bolsa Mexicana de Valores, en los cuales se puede apreciar que se informa al público accionista el cambio de nombre, “de piel” por parte de OHL, para convertirse en Aleatica, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Tan es así que hasta a penas en julio del año pasado, Sergio Hidalgo, dejo de ser el CEO de Aleatica, cargo que también ocupó en OHL.

Después de ver los atracos al pueblo mexiquense por parte del PRI y su constructora consentida OHL/Aleatica, no se puede concluir otra cosa más que “el zorro cambia el pelo, nunca las mañas”.

Expuesto y fundado lo anterior, se somete a la consideración del pleno la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que investigue los movimientos financieros en las cuentas de los ex gobernadores Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y el actual gobernador Alfredo del Mazo Maza, así como las del C. José Ramón Alcalá Angelino, extitular del SAASCAEM y las del C. Luis Gilberto Limón Chávez, Secretario de Movilidad, quien, en conjunto con como a Alberto Tomas Angulo Lara, titular del SAASCAEM, autorizaron el actual aumento tarifario.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Estado de México, para que revise las leyes en materia de obra pública, con la intención de que realice las modificaciones pertinentes que permitan evitar los aumentos discrecionales a las tarifas de vías de comunicación concesionadas, con la intención de que sólo existan actualizaciones conforme a la inflación anual.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados del Estado de México, para que instruya al OSFEM a investigar el título de Concesión otorgado a OHL, hoy Aleatica, durante el sexenio de Arturo Montiel Rojas; así como cada una de las 7 modificaciones al mismo y realice las acciones jurídicas pertinentes conforme a sus atribuciones.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-canales/corrupci on-de-buena-fe

2 La referencia a los montos de inversión se puede consultar en lo comentado por el editorial de Aristegui noticias en el siguiente enlace: https://aristeguinoticias.com/undefined/mexico/circuito-mexiquense-y-vi aducto-bicentenario-con-permiso-para-aumentar-tarifas-y-ganancias/

3 En el Título de Concesión se puede consultar la mencionada cláusula Tercera:

http://www.transparencia-Aleatica.com.mx/Aleatica-docs/p ublicCEM/Titulo%20de%20Concesion%20Conmex.pdf

4 Esto de acuerdo con las modificaciones a la condición vigésima sexta, de la primer modificación al título de concesión, tal como se puede apreciar en la modificación primera, la cual se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.transparencia-Aleatica.com.mx/Aleatica-docs/publicCEM/1a.%20 Modificacion%20Titulo%20de%20Concesion%20Conmex.pdf

5 Dicha modificación se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.transparencia-Aleatica.com.mx/Aleatica-docs/publicCEM/3a.%20 Modificacion%20Titulo%20de%20Concesion%20Conmex.pdf

6 Ibídem.

7 Opus cit., Nota 2.

8 Ibídem.

9 http://www.finalabuso.net/pdf/ohl/(Anexo_4)_Acuerdo_01-2009.pdf

10 Esto de acuerdo con información pública de Aleatica, difundida por conducto de la Bolsa Mexicana de Valores, al 31 de diciembre de 2019, la cual se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.bmv.com.mx/docs-dig/fina/CONMEX/2019/1017910-CONMEX-Cuaderno_del_dictamen_del_2019.pdfn

11 Este costo por kilómetro es superior al de las autopistas México-Pachuca ($1.22 por kilómetro), México-Puebla ($1.60 por kilómetro), México-Querétaro ($1.54 por kilómetro), Ecatepec-Pirámides ($3.74 por kilómetro), Chamapa-Lechería ($2.05 por kilómetro) y México-La Marquesa ($4.00 por kilómetro).

12 Este costo por kilómetro es superior al de las autopistas México-Pachuca ($2.47 por kilómetro), México-Puebla ($3.31 por kilómetro), México-Querétaro ($3.38 por kilómetro) y Chamapa-Lechería ($3.51 por kilómetro). También es superior al costo por kilómetro para autobuses y camiones de hasta 2 ejes en la autopista Ecatepec-Pirámides ($7.12 por kilómetro).

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar el registro nominal electrónico de vacunación contra el SARS-Cov2 durante la campaña de inmunización para transparentar el proceso, suscrita por los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Saraí Núñez Cerón, Adolfo Torres Ramírez y las y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que implemente el Registro Nominal de Vacunación del virus SARS-CoV-2 de manera electrónica durante la campaña de vacunación, con la finalidad de transparentar el proceso de vacunación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió a finales de 2019 (SARS-CoV-2). La pandemia de Covid-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de 200 países, y con más de 60 millones de casos hasta la fecha (diciembre de 2020). El mundo ha esperado contar con una vacuna efectiva contra esta enfermedad, como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad.1

Es por lo anterior que el gobierno federal de nuestro país emitió el documento Política Nacional Rectora de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la Covid-19, este documento define la política nacional de vacunación contra el virus que ocasiona la enfermedad infecciosa Covid-19 la última versión está contemplada el 12 de enero de 2021, publicado en la página web: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_Covid_-11En e2021.pdf.

Este documento toca los siguientes ejes de priorización de la vacunación en México:

La estrategia de contención de defunciones, propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por Covid-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.

Ninguna vacuna será aplicada a personas menores de 16 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y mujeres embarazadas. Con base en los resultados de este análisis, los grupos priorizados en orden de prelación son: 1. Personal sanitario que enfrenta Covid-19 (estimado en un millón de personas) 2. Personas adultas mayores: a. Mayores de 80 años (2 millones 35 mil 415 personas) b. Personas de 70 a 79 años (4 millones 225 mil 668 personas) c. Personas de 60 a 69 años (8 millones 199 mil 671 personas).

3. Personas con comorbilidad o comorbilidades a. Obesidad mórbida b. Diabetes mellitus c. Hipertensión arterial sistémica d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica e. Asma f. Enfermedades cerebrovasculares g. Infección por VIH h. Enfermedad renal crónica i. Estados patológicos que requieren de inmunosupresión j. Cáncer en tratamiento.

4. Personal docente de las Entidades Federativas en semáforo epidemiológico verde.

5. Resto de la población (mayor a 16 años)

Esta estrategia, recomendada por el Grupo Técnico Asesor para la Vacuna (GTAV), es la que más rápidamente reduce el número de muertes secundarias al virus SARS-CoV-2.

En el primer grupo, trabajadores de la salud, se contemplan 11 subgrupos que incluyen al personal que trabaja en el cuidado, al interior o afuera de las instituciones formales de salud con potencial exposición a personal, pacientes o material potencialmente contaminado con el virus SARS CoV-2:

1. Enfermería
2. Inhaloterapia
3. Medicina
4. Laboratorio y química
5. Radiología
6. Camillería
7. Limpieza e higiene
8. Operación de ambulancias
9. Manejo de alimentos
10. Asistentes médicos
11. Trabajo social

Es lamentable el ritmo de adquisición y aplicación de vacunas contra el Covid-19 está el claro ejemplo de la siguiente tabla que elaborada por Our World in Data de dosis diarias de vacuna Covid-19 administradas por cada 100 personas el cual la última actualización es del 28 de enero de 2021.

2

Es por lo antes mencionado que surge la idea de realizar el Registro Nominal de Vacunación del virus SARS CoV-2 de manera electrónica durante la campaña de vacunación, con la finalidad de trasparentar el proceso de vacunación y no suceda el tráfico de influencias como lo que está sucediendo con altos directivos y funcionarios de primer nivel o los llamados siervos de la nación, que se están aplicando las vacunas violando la normatividad antes mencionada y a pesar de los resultados estadísticos.

En México es indispensable tener un sistema de información de salud, con la finalidad de proporcionar las bases para la toma de decisiones y tienen cuatro funciones clave: generación de datos y su compilación, análisis y síntesis, y comunicación y uso. Con un sistema de control recopilan los datos del sector salud y otros sectores relacionados, los analizan, aseguran su calidad, pertinencia y oportunidad, y los convierten en información para la toma de decisiones relacionada con la salud.

En 1973, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a los sistemas de información de salud como “la estructura para la recolección, el proceso, el análisis y la transmisión de la información necesaria para organizar y hacer funcionar los servicios sanitarios”.3

Es por lo anterior que es una necesidad que el titular del Poder Ejecutivo federal, para que implemente el Registro Nominal de Vacunación del virus SARS-CoV-2 de manera electrónica durante la campaña de vacunación, con la finalidad de trasparentar el proceso de vacunación. El objetivo fundamental del registro de vacunación es contribuir a la mejora de los resultados de salud al proporcionar de manera oportuna datos pertinentes y de buena calidad.

Genera información de los programas, del intersector, de los usuarios y de la población. Los beneficios principales incluyen:

- Contribuir a la disminución de errores en la entrada de datos y en el cálculo de los indicadores de salud.

- Mejorar la eficiencia de los procesos y flujos de trabajo e información.

- Ayudar a identificar problemas y oportunidades para mejorar el uso de recursos e insumos.

- Reducir la carga administrativa, facilitar el acceso a la información oportuna y automatizar la generación de informes clave.

- Facilitar la comunicación de resultados a la población, comunidad y beneficiarios.

- Permitir la agregación y desagregación de datos e indicadores por niveles geográficos en forma automática.

El sistema de información que se solicita que se aplique es clave para producir la información que guiará las decisiones estratégicas, gerenciales y operativas de la aplicación de las vacunas dentro del país.

El propósito final es contar con información que cumpla con las tres “C”: calidad, cobertura y credibilidad. Esto le permite tomar decisiones tendientes a reducir la morbimortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación.

Por lo antes fundado y motivado, nos permitimos someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que implemente el Registro Nominal de Vacunación del virus SARS-CoV-2 de manera electrónica durante la campaña de vacunación, con la finalidad de transparentar el proceso de vacunación.

Notas

1 Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México. Documento rector. Enero 12, 2021 VIGENCIA Hasta una nueva revisión
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_Covid_-11Ene2021.pdf

2 Dosis diarias de vacuna Covid-19 administradas por cada 100 personas, 28 de enero de 2021 extraído de la página Web
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations.

3 Los sistemas de información sanitaria, pilares de la salud pública,
https://www.who.int/bulletin/volumes/83/8/abouzahrabstract0805/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputados: Saraí Núñez Cerón, Adolfo Torres Ramírez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a garantizar una investigación expedita para sancionar a todos los responsables de lo ocurrido el pasado viernes 5 de febrero contra ciclistas que intentaban subir al segundo piso del Periférico a efecto de manifestarse por la muerte de un compañero, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de febrero, diversos medios de comunicación informaron sobre un enfrentamiento entre policías de tránsito de la Ciudad de México y ciclistas que se manifestaban pacíficamente por las muertes de sus compañeros en accidentes viales.

El grupo de ciclistas pretendía acceder al segundo piso del Periférico para continuar con su recorrido, sin embargo, los policías capitalinos no les permitieron el acceso, por la cual se inició un enfrentamiento, teniendo como consecuencia varias personas heridas.1

Ésta no es la primera ocasión en que suceden estos tipos de actos de represión contra ciudadanos. Por ejemplo, el pasado 5 de junio de 2020 un grupo de manifestantes que protestaba por la represión policial en México y en Estados Unidos también fueron agredidos por elementos de la policía.

Otro caso fue el que aconteció el pasado 29 de septiembre de 2020, en el que se llevaron a cabo marchas de protesta en la Ciudad de México por parte de grupos feministas que se manifestaban a favor del aborto legal y seguro, en esa ocasión la policía de la Ciudad de México también reprimió a las manifestantes.

Ese día, para reprimirlas, se utilizaron extintores para cerrarles el paso y encapsularlas, por lo que se reportaron al menos 13 personas heridas.2 Dichos sucesos atentan contra los derechos humanos, la integridad y vida de los manifestantes.

Ante los reiterados actos de represión, resulta necesario realizar una investigación integral, no sólo para garantizar la seguridad, la integridad y los derechos humanos de los manifestantes, sino también para realizar un trabajo responsable, objetivo y transparente por el gobierno de la Ciudad de México.

Es apremiante que se fortalezcan y actualicen los protocolos a fin de salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos y libertades que deben prevalecer en un régimen de derechos, de no ser así, los servidores públicos tienen que ser sancionados de manera ejemplar.

Los hechos descritos son una clara violación a la Constitución Política de la Ciudad de México,3 por lo que, no puede ser considerada como una ciudad incluyente, ya que a pesar de establecer que no habrá actos de criminalización y represión, la realidad evidencia lo contrario, peor aún, es fomentado y ejecutado por las propias autoridades.

En el artículo 7 se instituye el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social individual o colectiva, y se dispone que las autoridades adoptarán protocolos dirigidos a la protección de las personas, quedando expresamente prohibida su criminalización.

Transgrede también el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, debido a que, en su artículo 19 indica que los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con sus obligaciones, los agentes solo podrán amonestarlos verbalmente y orientarlos a conducirse bajo las disposiciones aplicables en materia de vialidad.4

En los mecanismos de coordinación entre las autoridades que intervienen en la atención de bloqueos de vialidades primarias como parte de la protesta social, se establece que, los servidores públicos están obligados a asegurar el ejercicio de los derechos humanos, observando la protección de la integridad física, emocional y patrimonial de las personas.5

El gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, han sido omisos con el marco jurídico vigente y han puesto es riesgo la integridad de la sociedad, por lo que los servidores públicos no solo deben ser separados en términos administrativos, sino que, además, sancionados penalmente.

La postura de los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI es que se respeten los derechos humanos y las libertades de todas las personas, en este caso, de los ciclistas, los cuales han presentado accidentes y arbitrariedades que han cobrado la vida de diversas personas.

En lugar de atentar contra los ciclistas, el Gobierno de la Ciudad de México puede realizar un mayor esfuerzo en ampliar la infraestructura para su eficiente desplazamiento, emprender campañas de concientización sobre sus derechos y garantizar su seguridad en vialidades, cruces peligrosos y ciclopistas.

Nos sumamos a la exigencia para que, dispongan de medios de acceso a la justicia, reparación del daño y estado de derecho, sobre todo, porque a pesar del elevado número de decesos, atropellamientos y abusos, aún se encuentran en indefensión.

Hacemos un llamado a las autoridades capitalinas para que se conduzcan en el marco de la ley, y su actuar esté homologado con prácticas internacionales de respeto a los derechos humanos, teniendo en cuenta que el servicio público debe estar enfocado en mejorar la calidad de vida y salvaguardar la integridad y patrimonio de las y los mexicanos.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a garantizar una investigación expedita a fin de sancionar a todos los responsables que, por acción u omisión, propiciaron los hechos ocurridos el pasado viernes 5 de febrero de 2020 en contra de ciclistas que intentaban subir al segundo piso del Periférico para manifestarse por la muerte de un compañero.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, transparente el número de servidores públicos sancionados, separados de sus funciones y denunciados penalmente por abusos o arbitrariedades en el ejercicio de sus atribuciones contra ciclistas y las medidas emprendidas para prevenir estas conductas dentro de las corporaciones de la administración pública capitalina.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, fortalezca las acciones encaminadas a garantizar el Estado de Derecho, el acceso a la justicia y la reparación integral del daño a los ciclistas, quienes durante la presente administración han sido objeto de abusos y arbitrariedades, vulnerando sus derechos humanos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, por medio de la Secretaría de Movilidad, mejore y amplíe la infraestructura, señalética e información vial para prevenir accidentes y asegurar el desplazamiento seguro de los ciclistas en la Ciudad de México.

Notas

1 El Universal (2021). Video “Así se vieron los golpes y patadas de policías a ciclistas”, 6 de febrero de 2021. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/video-asi-se-vieron-los-g olpes-y-patadas-de-los-policias

2 Rocío González Alvarado (2021). “Condena Sheinbaum violencia en marcha; 44 mujeres policías heridas”, 6 de febrero de 2021, La Jornada. Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/29/condena-sheinbaum -violencia-en-marcha-por-el-aborto-legal-3269.html

3 Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura (última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de agosto de 2020). Constitución Política de la Ciudad de México. 06/02/2021, de Diario Oficial de la Ciudad de México sitio web: https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/76f67cbc87855c534dc1cf 122b4f51377115be20.pdf

4 Gobierno de la Ciudad de México (2019). Nuevo Reglamento de Tránsito Ciudad de México. 06/02/2021, Sitio web:

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento %20de%20Transito/RT%202019%20CDMX.pdf

5 Gobierno de la Ciudad de México (2020). Acuerdo por el que se establecen mecanismos de coordinación entre las autoridades que intervienen en la atención de bloqueos de vialidades primarias como parte de la protesta social en la Ciudad de México. 06/02/2021, Sitio web: https://secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Acuerdo%20bloqueo%20en%20v ialidades%20primarias.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS a coordinarse con la autoridad competente en Jalisco para abastecer de manera urgente de medicamentos en general a la UMF número 48 y asegurar así su operatividad y no poner en riesgo la salud y la vida de los beneficiarios, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Carmen Julia Prudencio González , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a coordinarse a la brevedad con la autoridad competente en Jalisco, para abastecer de manera urgente de medicamentos en general a la Unidad Médico Familiar número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para asegurar su operatividad y no poner en riesgo la salud y la vida de los beneficiarios, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La salud, como un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo 4o., párrafo cuarto, debe ser garantizada a todas las personas, las circunstancias que vive nuestro país, más que nunca deben priorizar que este precepto se cumpla.

Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, es una obligación llamar la atención sobre un asunto de la mayor importancia, por las consecuencias negativas que derivan de este.

Nuestro país se encuentra en alerta en el Sistema Nacional de Salud, por falta de suministros de medicamentos.

Un medicamento es en ocasiones soporte de vida, por lo cual no puede suspenderse el suministro de ellos. La falta de medicamentos para una persona enferma “no es solo causarle una molestia”, sino que podría ser el inicio de complicaciones graves en su salud y que en algunos casos pueden derivar en la muerte.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada hora mueren en el mundo mil 200 personas por falta de acceso a medicamentos.

En este sentido, “durante la VIII Conferencia Mundial de Promoción de la Salud (2013), 120 países aprobaron la “Declaración de Helsinki sobre Salud en Todas las Políticas”, que hace un llamado a todos los sectores gubernamentales a reconocer que la salud es una obligación fundamental del gobierno de cada país frente a su ciudadanía y que su cumplimiento no es responsabilidad exclusiva del sector salud sino de todos los sectores, y recomienda a éstos promover políticas para el mejoramiento de la salud y abstenerse de políticas y prácticas que puedan afectarla negativamente”.1

Pero asegurar lo mandatado constitucionalmente, a través de los servicios de salud, implica el que los hospitales y clínicas del sector público cuenten con los medicamentos necesarios, a fin de no poner en riesgo la salud y la vida de los beneficiarios.

De acuerdo con la sexta edición de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) publicada en diciembre de 2018:

-“Se estiman 102.3 millones de personas afiliadas a servicios de salud, cifra que representa el 82.7 por ciento de la población total.

-De los 123.7 millones de personas en el país, 39.3 por ciento mencionó tener Seguro Popular y 36.3 por ciento estar afiliada al IMSS, es decir, casi ocho de cada de diez personas están afiliadas a estas dos instituciones.

-El 54.3 por ciento de la población total (67.2 millones) acudió a algún servicio médico en el último año”.2

Nuestra Carta Magna faculta al presidente de la república para designar y organizar la administración pública federal, por lo consiguiente él es responsable del Sistema Nacional de Salud, por lo tanto, no puede vulnerar con sus decisiones el derecho humano a la salud, es decir, no puede haber regresión en estos.

A su vez, el acceso a los servicios de salud se realiza a través de la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Salud, por lo que el desabasto de medicinas en hospitales y clínicas del sector público es un asunto que demanda coordinación entre las autoridades competentes.

Hoy, nuestro país supuestamente entra en una etapa de cambios, ampliando servicios para aquellos que menos tienen, pero como lograr esas coberturas si se encuentran deficiencias en los que ya cuentan con estos. El estado no puede descuidar lo que ya existe y más aun a costa de la salud o incluso la vida de las personas. Sin vida, no se puede ejercer ningún otro derecho.

En mi calidad de diputada federal por el distrito 9, correspondiente a Guadalajara, Jalisco, me han externado su preocupación cientos de vecinos de las colonias Oblatos poniente, Oblatos, Guadalajara Oriente, San Martín, Circunvalación Oblatos y Talpita; por el desabasto de medicamentos de todo tipo en la Unidad Medico Familiar número 48 del IMSS, con dirección en avenida Circunvalación Oblatos número 2208, colonia Felipe Ángeles; por lo cual las demandas realizadas por ellos las he hecho propias, al ser su representante ante el Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

Por lo consiguiente, el objetivo de la presente proposición con punto de acuerdo es demandar respetuosamente el abasto de medicamentos de todo tipo y con ello velar por la salud y la vida de los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud.

El problema que nos ocupa no es nuevo, pero no solo continua, sino que se ha agravado este año, con el paso de los meses, en perjuicio de personas enfermas.

De qué sirve que un médico prescriba un medicamento si la Unidad Medico Familiar u hospital no cuenta con este para surtirlo, por otro lado, las personas pueden no tener los medios económicos para comprarlos por cuenta propia, en resumen, solo se les da esperanzas de que el mes próximo lo puedan tener.

Los gobiernos tienen la obligación de resolver los problemas del presente y dejar de hablar de esperanzas, para eso fueron elegidos, para cambiar las cosas, a través de hechos concretos.

La lógica es simple: Una enfermedad crónico degenerativa, sin el medicamento apropiado y en el momento oportuno, podría costarle la vida a una persona.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a coordinarse a la brevedad con la autoridad competente en Jalisco, para abastecer de manera urgente de medicamentos en general a la Unidad Médico Familiar Número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para asegurar su operatividad y no poner en riesgo la salud y la vida de los beneficiarios.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud; The Helsinki Statement on Health in All Policies; 2013; Disponible en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prev Promocion/docs/DeclaracionHelsinki.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía; “Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS)”; Diciembre 2018; México; Disponible en línea:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENESS2018.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2020.

Diputada Carmen Julia Prudencio González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a evaluar por las autoridades competentes la posibilidad de reubicar la caseta de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro, a cargo de la diputada Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Juana Carrillo Luna, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Durante las primeras dos décadas de la segunda mitad del siglo pasado comenzaron los grandes mega proyectos para interconectar el país. De tal suerte, en 1949 comenzó la construcción de las autopista México-Cuernavaca y la Amacuzac-Iguala, consideradas las primeras súper carreteras del país. La autopista Amacuzac-Iguala comenzó sus operaciones el 5 de noviembre de 1952,1 fecha en la que fue inaugurada por el presidente Miguel Alemán, 13 días después se realizó un acto similar con la súper carretera México-Cuernavaca.2

La tercera súper carretera que se construyó comunicó al otrora Distrito Federal con la zona del Bajío, la cual fuer inaugurada por el Presidente Ruíz Cortines el 1º de octubre de 1958. El primer tramo iba del entonces Toreo de Cuatro Caminos hasta el municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México, de donde se extendía hasta la Ciudad de Querétaro, dicha carretera se planeó para comunicar el centro del país con la zona del Bajío. En este sentido, la primer caseta de cobro, partiendo del Distrito Federal, era la de Tepotzotlán.3

El motivo por el cual se instalaron las casetas de cobro en esas zonas no es claro, pero podemos concluir que esto se debió a la baja población que en cada una de las zonas existía. De acuerdo al censo de población de 1960, el Estado de México tenía una población de 1, 897, 8514 habitantes, dada la falta de especificidad en los datos encontrados podemos hacer un estimado de la población de los municipios del Estado de México cercanos a la caseta de Tepotzotlán. De tal suerte, la población actual del Estado de México es de 16, 187, 608 habitantes,5 en tanto que la población del Municipio de Tepotzotlán es de 94, 198 habitantes los cuales representan el 0.58% de la población del estado en su conjunto, por su parte los municipios de Colotepec, Huehuetoca y Teoloyucan representan el 0.25%, 0.79% y 0.48% respectivamente.6

Bajo estas consideraciones, se podría realizar un estimado de la población de estos municipios en 1960, al considerar que estos han mantenido un porcentaje poblacional constante a lo largo de la historia. Conforme a lo anterior, en 1960 el Estado de México tenía una población total de 1, 897, 851 habitantes los municipios en cuestión tendrían los siguientes índices poblacionales:

a) Tepotzotlán: 11, 007 habitantes

b) Colotepec: 4, 744 habitantes

c) Teoloyucan: 7, 781 habitantes

d) Huehuetoca: 14, 993 habitantes

Conforme a las estimaciones anteriores, los municipios de Tepotzotlán, Coyotepec y Teoloyucan, presentaron un incremento poblacional de aproximadamente un 88.5% desde 1960 al 2015. Tal como se puede apreciar en la siguiente tabla, el aumento poblacional en los últimos 55 años ha sido de casi el 100% de la población tomada como base, tal como se puede apreciar en la tabla.

Como consecuencia de la explosión demográfica en la zona, aunado a la falta de empleos dentro de la entidad, se ha presentado un incremento en la movilidad laboral entre el Estado de México, como entidad expulsora de fuerza de trabajo, y la Ciudad de México como entidad receptora. Este fenómeno se vio acrecentado por los siguientes factores socio-económicos:

I. El desarrollo, tanto económico como en infraestructura que suelen presentar centro urbanos como lo es la Ciudad de México.

II. El incremento poblacional, incentivado por el desarrollo económico de la entidad receptora, es así que las zonas limítrofes entre ésta y los estados vecinos también presentan un crecimiento considerable en su población.7

En tal sentido, durante las últimas décadas se ha podido observar el incremento de los factores mencionados, con lo cual la Ciudad de México, y parte de la zona conurbada, se han convertido en centro de recepción para la movilidad laboral. De tal suerte, de acuerdo con datos del INEGI, de los 19.38 millones de personas mayores de 6 años que habitan en la Zona Metropolitana del Valle de México, 15.63 millones de personas realizan, por lo menos un viaje a la semana, de esta cantidad encontramos que los puntos de origen son la Ciudad de México y los municipios conurbados a la misma, principalmente aquellos del Estado de México de los cuales, el 78% de su población se traslada a la mencionada ciudad para laborar o estudiar.8 En este mismo sentido, la Encuesta Origen - Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017, la ciudad de México presenta una movilidad de 6.93 millones de personas residentes en ella, en tanto que en el Estado de México y Tizayuca se trasladan, al interior y de este y hacía la Ciudad de México, una cantidad de 8.69 millones de personas con lo cual, de los 15.62 millones de personas que se trasladan en la Zona Metropolitana del Valle de México el 49.9% de las personas que se trasladan provienen del Estado de México.9

Gran parte de estos traslados, provenientes del Estado de México llegan a durar como mínimo una hora, esto hace que los trabajadores provenientes del Estado de México llegan a perder hasta cuatro horas o más por los trayectos entre su hogar y el centro en el que laboran.10

Una de las zonas más afectadas del Estado de México, no sólo por el fenómeno de movilidad laboral, sino por la falta de medios de transporte adecuados entre este y la Ciudad de México, es la compuesta por los tres municipios mencionados al inicio de esta exposición de motivos, ya que el proyecto de transporte que se había proyectado para comunicar la Ciudad de México con el mencionado estado, no llegó hasta Huehuetoca, lugar donde originalmente se había planeado terminara la primera línea del Tren Suburbano. Bajo esta promesa, se realizó la construcción y venta de complejos habitacionales entorno a las zonas que se verían beneficiadas con éste proyecto pero, con la terminación del tren suburbano sólo hasta Cuautitlán, las personas que adquirieron estas propiedades se enfrentan a las dificultades para el tránsito o traslado hacia sus centros de trabajo que, generalmente se encuentran en la Ciudad de México. En el peor de los casos, estas personas se han visto en la necesidad de abandonar las viviendas que con tanto esfuerzo adquirieron.

De tal suerte, dadas las afectaciones que han sufrido las personas que habitan en estos municipios, a causa de la falta de transporte público adecuado y, aunado a la explosión demográfica que ha presentado la Zona Metropolitana del Valle de México se hace necesario evaluar la pertinencia de recorrer el lugar de la caseta de peaje que actualmente se encuentra en el municipio de Tepotzotlán.

Por lo hasta aquí expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que evalúe la viabilidad de modificar el lugar de la caseta de peaje de Tepotzotlán y, de ser el caso, en un tiempo no mayor a dos años la recorra al municipio de Jilotepec.

Notas

1 http://www.amhe.mx/jornadas/ponencias2012/Mario_Contreras.pdf consultada el día 28 de febrero a las 12:00 horas.

2 Gómez Ruth y Villasana Carlos, “La primera súper carretera de México”, opinión, mochilazo en el tiempo, consultada el 28 de febrero en: http://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacio n/sociedad/la-primera-super-carretera-de-mexico a las 14:00 horas.

3 Op. Cit, nota 1.

4 Secretaria de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística, “Censo General de Población 1960”, p. 8, consultado en la página
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/censos/poblacion/1960/mex/VIIICGPEMEX60I.pdf el día 1 de marzo a las 17:00 horas.

5 consultado en la página del Inegi:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/ el día 3 de marzo a las 14.25 horas.

6 Con una población de 41, 810 habitantes en el municipio de Coyotepec, de 128, 486 en el municipio de Huehuetoca y de 66, 518 en Teoloyucan.

7 Cfr., Granados Alcántar José A. y Franco Sánchez Laura M., “Migración y movilidad laboral entre las zonas metropolitanas de la región centro de México”, consultado en

http://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v23n91/2448-7147-pp-23-9 1-00117.pdf el día 4 de marzo a las 10:00 horas.

8 Encuesta Origen - Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017, consultada en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/Est Sociodemo/OrgenDest2018_02.pdf el día 4 de marzo a las 15:00 horas.

9 Cfr., http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultad os_eod_2017.pdf consultada el 4 de marzo a las 19:30 horas.

10 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Juana Carrillo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa y la Sedena para que hagan del conocimiento público a quiénes se ha aplicado la vacuna y en cuáles estados se da prioridad, así como que apliquen rigurosamente la política nacional de inmunización contra el SARS-Cov2, suscrita por los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Saraí Núñez Cerón, Adolfo Torres Ramírez y las y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1 fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de la Defensa Nacional, hagan del conocimiento público a quiénes se les ha aplicado la vacuna y en cuáles estados se les está dando prioridad, así como aplicar rigurosamente la política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 y que se castigue el mal uso y manejo de la aplicación de priorización de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió a finales de 2019 (SARS-CoV-2). La pandemia de Covid-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de 200 países, y con más de 60 millones de casos hasta la fecha (diciembre de 2020). El mundo -ha esperado- contar... con una vacuna efectiva contra esta enfermedad, como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad.1

Es por lo anterior que el gobierno federal de nuestro país emitió el documento Política Nacional Rectora de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la Covid-19, este documento define la política nacional de vacunación contra el virus que ocasiona la enfermedad infecciosa Covid-19 la última versión está contemplada el día 12 de enero de 2021, publicado en la página web:

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/P olVx_COVID_-11Ene2021.pdf.

Este documento toca los siguientes ejes de priorización de la vacunación en México:

La estrategia de contención de defunciones, propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por Covid-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.

Ninguna vacuna será aplicada a personas menores de 16 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y mujeres embarazadas. Con base en los resultados de este análisis, los grupos priorizados en orden de prelación son: 1. Personal sanitario que enfrenta Covid-19 (estimado en un millón de personas) 2. Personas adultas mayores: a. Mayores de 80 años (2 millones 35 mil 415 personas) b. Personas de 70 a 79 años (4 millones 225 mil 668 personas) c. Personas de 60 a 69 años (8 millones 199 mil 671 personas).

3. Personas con comorbilidad o comorbilidades a. Obesidad mórbida b. Diabetes mellitus c. Hipertensión arterial sistémica d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica e. Asma f. Enfermedades cerebrovasculares g. Infección por VIH h. Enfermedad renal crónica i. Estados patológicos que requieren de inmunosupresión j. Cáncer en tratamiento 4. Personal docente de las Entidades Federativas en semáforo epidemiológico verde. 5. Resto de la población (mayor a 16 años)

Esta estrategia, recomendada por el Grupo Técnico Asesor para la Vacuna (GTAV), es la que más rápidamente reduce el número de muertes secundarias al virus SARS-CoV-2.

En el primer grupo, trabajadores de la salud, se contemplan 11 subgrupos que incluyen al personal que trabaja en el cuidado, al interior o afuera de las instituciones formales de salud con potencial exposición a personal, pacientes o material potencialmente contaminado con el virus SARSCoV-2:

1. Enfermería
2. Inhaloterapia
3. Medicina
4. Laboratorio y química
5. Radiología
6. Camillería
7. Limpieza e higiene
8. Operación de ambulancias
9. Manejo de alimentos
10. Asistentes médicos
11. Trabajo social

Es por lo antes mencionado, la importancia de ejecutar los pasos de vacunación bajo la política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del Covid-19, el presidente de la república, junto con su súper subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tienen como rehén político y moneda de cambio las vacunas que las y los mexicanos pagaron para aplicar a las personas adultas mayores y la primera fila de cómbate en contra de la Covid en teoría y en su documento antes mencionado está expuesto, pero en la práctica es todo lo contrario, ya que los personajes antes mencionados lo utilizan para operar políticamente ante las elecciones de este año, está el claro ejemplo de los servidores de la nación o siervos de la nación, ha causado polémica por no ser personal médico que está en la primera línea frente a la epidemia.

En redes sociales y medios de los estados, se reportó que servidores de la nación en municipios de Jalisco y Guanajuato habían recibido la vacuna de Covid-19, lo que causó indignación pues hay muchas quejas de médicos, camilleros y paramédicos que no han sido contemplados para ser inmunizados.

Los servidores de la nación, quienes son los encargados del levantamiento del censo de Bienestar del actual gobierno a través de los que se reparten los programas y ayudas sociales, ahora también coordinan las Brigadas Correcaminos de vacunación.

Este fin de semana, se dieron a conocer a través del periódico El Correo de Guanajuato , diversas imágenes que demuestran cómo en varios municipios de la entidad los servidores de la nación recibieron las vacunas.

No obstante la ya mencionada política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19, en la que señalaron claramente que primero se vacunarían los profesionales de la salud que están en hospitales Covid y posteriormente se comenzaría a vacunar por rangos de edad, comenzando con los adultos mayores. El pasado sábado 16 del presente mes, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en conferencia de prensa que los servidores de la nación estaban incluidos en el Plan de Vacunación.

En ese sentido, el propio Hugo López-Gatell señaló también que “los servidores de la nación forman parte de las Brigadas Correcaminos, son de hecho quienes coordinan las Brigadas Correcaminos y está indicado en el Plan de Vacunación que los miembros de la brigada también sean vacunados”.

Asimismo, indicó el subsecretario que “no es una anomalía, no es un abuso, es parte de lo que está planeado”. Funcionario quien en un principio llamó a denunciar formalmente estos hechos y no dejarlos en acusaciones para que pudieran ser investigados y minutos más tarde aclaró que también están incluidos en la vacunación.

En cambio el documento de la Política Nacional de Vacunación actualizado el 11 de enero, previo a la llegada del cargamento de más de 439 mil dosis, no lo detalla así. La única mención que se hace a ellos es sobre la conformación de las brigadas.

“Para esta segunda etapa se ha establecido por instrucción presidencial una estrategia federal denominada Operativo Correcaminos, cuyo objetivo es lograr la cobertura de toda la población mexicana (susceptible a recibir la vacuna) de manera eficaz y eficiente, en los tiempos establecidos”, dice el documento.

“En esta etapa se consideran más de 10 mil puntos de vacunación en las 32 entidades federativas del país. Se integrarán brigadas de 12 miembros, que contemplan a 30 mil servidores de la nación adscritos a la Secretaría del Bienestar, además del personal de las diversas instituciones del sector salud, Sedena, Marina y personal voluntario (en caso de requerirse)”.

Es por lo anterior que debemos tener cuidado de no romper esa delgada línea del populismo y clientelismo que maneja el presidente López Obrador al manipular el uso de las vacunas, ya que esto genera desigualdad entre la ciudadanía y sus servidores públicos y también un desanimo de la primera línea que lucha contra esta crisis sanitaria, asimismo, no es justo que por tener su cultivo de votos activo y vigente, para estas próximas elecciones sea su prioridad y no la salud de las y los mexicanos, es indigente las declaraciones y contradicciones de los propios funcionarios públicos federales que al ser descubiertos en la aplicación de la vacuna a familiares y funcionarios de alto rango y su núcleo operativo del presidente sean vacunados y no los que están luchando contra esta pandemia.

Por lo antes fundado y motivado, nos permitimos someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de la Defensa Nacional, hagan del conocimiento público, a quiénes se les ha aplicado la vacuna y en cuáles estados se les está dando prioridad, así como aplicar rigurosamente la política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la Covid-19 y que se castigue el mal uso y manejo de la aplicación de priorización de la vacuna contra el virus SARS-CoV2.

Nota

1 Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México. Documento rector. Enero 12, 2021 Vigencia Hasta una nueva revisión
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de febrero de 2021.

Diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SRE para que estimule en el Senado de EUA la Ley de Prohibición de Armas de Asalto, convenga con las autoridades de ese país la extradición de personas investigadas por traficar armas detenidas allá buscadas por México, y buscar un acuerdo con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua a efecto de tener un registro adecuado de las armas en la región, regular los flujos de municiones, realizar mayores esfuerzos dirigidos a reducir el número de armas ilegales en circulación y racionalizar en algunas naciones las armas pertenecientes al Ejército, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala en mi calidad de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. A fin de prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego, el Estado Mexicano a optado por establecer una muy severa legislación interna, así como adherirse a diversos instrumentos internacionales en la materia.

Por un lado, tenemos la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que en sus artículos 84 y 84 Bis establece:

“Artículo 84.- Se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa:

I. Al que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta Ley;

II. Al servidor público, que, estando obligado por sus funciones a impedir esta introducción, no lo haga. Además, se le impondrá la destitución del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, y

III. A quien adquiera los objetos a que se refiere la fracción I para fines mercantiles.

Artículo 84 Bis. Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de prisión .

Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de las referidas en el párrafo anterior, únicamente se le impondrá sanción administrativa de doscientos días multa y se le recogerá el arma previa expedición del recibo correspondiente. Cuando a la persona a quien se le haya recogido el arma salga del país, se le devolverá el arma previa entrega del recibo correspondiente.”

De la definición contenida en el numeral de referencia, se desprende que el tráfico de armas consiste en la introducción de éstas a territorio nacional en forma clandestina, incluyendo municiones, cartuchos o explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas . Asimismo, establece sancionar a todo aquel servidor público que por sus funciones esté obligado a impedir la introducción, pero no lo haga.

En el mismo orden de ideas, los diversos tratados internacionales en materia de control de armas de fuego en los que el Estado Mexicano es parte, como la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados de 1998, así como el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego sus Piezas y Componentes y Municiones de 2005, entre otros puntos, señalan:

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados .1

“Artículo I. Definiciones

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por:

1. “Fabricación ilícita”: la fabricación o el ensamblaje de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados:

a) a partir de componentes o partes ilícitamente traficados; o

b) sin licencia de una autoridad gubernamental competente del Estado Parte donde se fabriquen o ensamblen; o

c) cuando las armas de fuego que lo requieran no sean marcadas en el momento de fabricación. 2. “Tráfico ilícito”: la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquier Estado Parte concernido no lo autoriza.

3. “Armas de fuego”:

a) cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas; o

b) cualquier otra arma o dispositivo destructivo tal como bomba explosiva, incendiaria o de gas, granada, cohete, lanzacohetes, misil, sistema de misiles y minas.

4. “Municiones”: el cartucho completo o sus componentes, incluyendo cápsula, fulminante, carga propulsora, proyectil o bala que se utilizan en las armas de fuego.

5. “Explosivos”: toda aquella sustancia o artículo que se hace, se fabrica o se utiliza para producir una explosión, detonación, propulsión o efecto pirotécnico, excepto: a) sustancias y artículos que no son en sí mismos explosivos; o

b) sustancias y artículos mencionados en el anexo de la presente Convención.

6. “Otros materiales relacionados”: cualquier componente, parte o repuesto de un arma de

7. “Entrega vigilada”: técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la comisión de delitos mencionados en el Artículo IV de esta Convención.”

Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 2

Artículo 3 Definiciones Para los fines del presente Protocolo:

a) Por arma de fuego se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y sus réplicas se definirán de conformidad con el derecho interno.

En ningún caso, sin embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899;

b) Por piezas y componentes se entenderá todo elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego;

c) Por municiones se entenderá el cartucho completo o sus componentes, entre ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego, siempre que esos componentes estén de por sí sujetos a autorización en el respectivo Estado Parte;

d ) Por fabricación ilícita se entenderá la fabricación o el montaje de armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones:

i) A partir de piezas y componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito;

ii) Sin licencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte en que se realice la fabricación o el montaje; o

iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo; La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y componentes se hará de conformidad con el derecho interno;

e ) Por tráfico ilícito se entenderá la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquiera de los Estados Partes interesados no lo autoriza conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han sido marcadas conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Protocolo;

f) Por localización se entenderá el rastreo sistemático de las armas de fuego y, de ser posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante al comprador, con el fin de ayudar a las autoridades competentes de los Estados Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos.”

Por otra parte, en un documento intitulado de “Importación de Armas a México” ,3 elaborado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público señala que:

“La importación de armas, cartuchos y explosivos a México se encuentra regulada por el “Acuerdo que establece la clasificación y codificación de las mercancías cuya importación o exportación están sujetas a regulación por parte de la Secretaria de Defensa Nacional” y la autoridad encargada de su aplicación es la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.”

1....

2. Artículos que sí requieren permiso extraordinario de importación o exportación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Introducir a México armas, municiones, cartuchos, explosivos y sustancias químicas relacionadas con ellos es una actividad delictiva sancionada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se castiga:

Con cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa: al que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control.

Con tres a diez años de prisión: al que introduzca al territorio nacional, en forma clandestina, armas de fuego no reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.”

Segunda. En los Estados Unidos de América el derecho de poseer y portar armas esta establecido en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice:

“Una Milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho

del pueblo a poseer y portar armas no debe ser infringido.” 4

Así mismo, este derecho de poseer y portar armas esta consagrado en los Estados de la Unión5 como a continuación se describe:

1. Alabama: Que todo ciudadano tiene derecho a portar armas en defensa de sí mismo y del estado;

2. Alaska: Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas. El derecho individual a poseer y portar armas no será negado ni infringido por el Estado o una subdivisión política del Estado;

3. Arizona: El derecho del ciudadano individual a portar armas en defensa de sí mismo o del Estado no será menoscabado, pero nada en esta sección se interpretará en el sentido de que autoriza a individuos o corporaciones a organizar, mantener o emplear un cuerpo de hombres armados;

4. Arkansas: Los ciudadanos de este Estado tendrán derecho a poseer y portar armas para su defensa común;

5. California: sin provisión;

6. Colorado: Se cuestionará el derecho de ninguna persona a poseer y portar armas en defensa de su hogar, persona y propiedad, o en auxilio del poder civil cuando sea legalmente convocado; pero nada de lo aquí contenido se interpretará para justificar la práctica de portar armas ocultas;

7. Connecticut: Todo ciudadano tiene derecho a portar armas en defensa de sí mismo y del estado;

8. Delaware: Una persona tiene derecho a tener y portar armas para la defensa de sí mismo, su familia, su hogar y el estado, y para la caza y el uso recreativo;

9. Florida: (a) No se infringirá el derecho de las personas a poseer y portar armas en defensa de sí mismos y de la autoridad legal del estado, salvo que la forma de portar armas pueda estar regulada por la ley; (b) Habrá un período obligatorio de tres días, excluyendo fines de semana y feriados legales, entre la compra y la entrega al por menor de cualquier arma de fuego. (c) La legislatura promulgará legislación que implemente el inciso (b) de esta sección, vigente a más tardar el 31 de diciembre de 1991, que dispondrá que cualquier persona que viole las disposiciones del inciso (b) será culpable de un delito grave; (d) Esta restricción no se aplicará al intercambio de otra pistola;

10. Georgia: No se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas, pero la Asamblea General tendrá el poder de prescribir la forma en que se portarán las armas;

11. Hawái: Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas;

12. Idaho: La gente tiene derecho a poseer y portar armas, derecho que no se puede restringir; pero esta disposición no impedirá la aprobación de leyes que regulen el porte de armas ocultas en la persona ni impedirá la aprobación de leyes que establezcan sentencias mínimas para los delitos cometidos mientras se esté en posesión de un arma de fuego, ni impedirá la aprobación de leyes que establezcan sanciones por la posesión armas de fuego de un delincuente convicto, ni impedir la aprobación de ninguna legislación que castigue el uso de un arma de fuego. Ninguna ley impondrá licencias, registros o impuestos especiales sobre la propiedad o posesión de armas de fuego o municiones. Ninguna ley permitirá la confiscación de armas de fuego, excepto las que se utilicen efectivamente en la comisión de un delito grave;

13. Illinois: Sujeto únicamente al poder policial, no se infringirá el derecho de cada ciudadano a poseer y portar armas;

14. Indiana: El pueblo tendrá derecho a portar armas, para la defensa de sí mismo y del Estado;

15. Iowa: No hay provisión;

16. Kansas: Una persona tiene derecho a tener y portar armas para la defensa de sí mismo, su familia, su hogar y el estado, para la caza legal y el uso recreativo, y para cualquier otro propósito legal; pero los ejércitos permanentes, en tiempo de paz, son peligrosos para la libertad y no serán tolerados, y los militares estarán en estricta subordinación al poder civil. Declaración de Derechos;

17. Kentucky: Todos los hombres son, por naturaleza, libres e iguales, y tienen ciertos derechos inherentes e inalienables, entre los que pueden contarse: Séptimo: El derecho a portar armas en defensa de sí mismos y del Estado, sujeto al poder de la Asamblea General para promulgar leyes que impidan que las personas porten armas ocultas;

18. Luisiana: El derecho de cada ciudadano a poseer y portar armas es fundamental y no debe ser infringido. Cualquier restricción a este derecho estará sujeta a un estricto escrutinio;

19. Maine: Todo ciudadano tiene derecho a poseer y portar armas y este derecho nunca será cuestionado;

20. Maryland: sin provisión;

21. Massachusetts: El pueblo tiene derecho a poseer y portar armas para la defensa común. Y como, en tiempo de paz, los ejércitos son peligrosos para la libertad, no deberían mantenerse sin el consentimiento de la legislatura; y el poder militar estará siempre en exacta subordinación a la autoridad civil y se regirá por ella;

22. Michigan: Toda persona tiene derecho a poseer y portar armas para la defensa de sí mismo y del estado;

23. Minnesota: No hay provisión;

24. Mississippi: El derecho de todo ciudadano a poseer y portar armas en defensa de su hogar, persona o propiedad, o en ayuda del poder civil cuando se le convoque legalmente, no será cuestionado, pero la legislatura puede regular o prohibir el transporte armas ocultas;

25. Missouri: Que el derecho de todo ciudadano a poseer y portar armas, municiones y accesorios típicos del funcionamiento normal de dichas armas, en defensa de su hogar, persona, familia y propiedad, o cuando sea legalmente convocado en ayuda del poder civil, no será cuestionado. Los derechos garantizados por esta sección serán inalienables. Cualquier restricción a estos derechos estará sujeta a un escrutinio estricto y el estado de Missouri estará obligado a defender estos derechos y bajo ninguna circunstancia se negará a proteger contra su infracción. Nada en esta sección se interpretará en el sentido de evitar que la asamblea general promulgue leyes generales que limiten los derechos de los delincuentes violentos condenados o los que un tribunal considere que son un peligro para sí mismos o para otros como resultado de un trastorno mental o una enfermedad mental;

26. Montana: El derecho de cualquier persona a poseer o portar armas en defensa de su propio hogar, persona y propiedad, o en ayuda del poder civil cuando sea legalmente convocado, no será cuestionado, pero nada de lo aquí contenido será retenido. para permitir el porte de armas ocultas;

27. Nebraska: Todas las personas son por naturaleza libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes e inalienables; Entre estos se encuentran la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad y el derecho a poseer y portar armas para la seguridad o defensa propia, de la familia, del hogar y de otros, y para la defensa común legal, la caza, el uso recreativo y todos los demás fines legales. , y tales derechos no serán denegados o infringidos por el estado o cualquier subdivisión del mismo;

28. Nevada: Todo ciudadano tiene derecho a poseer y portar armas para su seguridad y defensa, para la caza legal y el uso recreativo y para otros fines legales;

29. New Hampshire: Todas las personas tienen derecho a poseer y portar armas en defensa de sí mismas, de sus familias, de sus propiedades y del estado;

30. Nueva Jersey: Sin provisión;

31. Nuevo México: Ninguna ley restringirá el derecho del ciudadano a poseer y portar armas por motivos de seguridad y defensa, para la caza lícita y el uso recreativo y para otros fines lícitos, pero nada en este documento se mantendrá que permita el porte de armas ocultas. Ningún municipio o comarca regulará, en modo alguno, un incidente del derecho a poseer y portar armas;

32. Nueva York: sin provisión;

33. Carolina del Norte: Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas; y, como los ejércitos permanentes en tiempo de paz son peligrosos para la libertad, no se mantendrán, y los militares se mantendrán bajo estricta subordinación y gobernados por el poder civil. Nada de lo aquí contenido justificará la práctica de portar armas ocultas, o impedirá que la Asamblea General promulgue leyes penales contra esa práctica;

34. Dakota del Norte: Todas las personas son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran los de disfrutar y defender la vida y la libertad; adquirir, poseer y proteger la propiedad y la reputación; perseguir y obtener seguridad y felicidad; y para mantener y portar armas para la defensa de su persona, familia, propiedad y el estado, y para la caza legal, recreativa y otros propósitos legales, que no serán infringidos;

35. Ohio: La gente tiene derecho a portar armas para su defensa y seguridad; pero los ejércitos permanentes, en tiempo de paz, son peligrosos para la libertad y no serán mantenidos; y los militares estarán en estricta subordinación al poder civil;

36. Oklahoma: El derecho de un ciudadano a poseer y portar armas en defensa de su hogar, persona o propiedad, o en ayuda del poder civil, cuando sea legalmente convocado, nunca será prohibido; pero nada de lo aquí contenido impedirá que la Legislatura regule el porte de armas;

37. Oregón: El pueblo tendrá derecho a portar armas para la defensa de sí mismo y del Estado, pero el Ejército se mantendrá en estricta subordinación al poder civil;

38. Pensilvania: No se cuestionará el derecho de los ciudadanos a portar armas en defensa de sí mismos y del Estado;

39. Rhode Island: No se infringirá el derecho de las personas a poseer y portar armas;

40. Carolina del Sur: Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Como, en tiempos de paz, los ejércitos son peligrosos para la libertad, no se mantendrán sin el consentimiento de la Asamblea General. El poder militar del Estado estará siempre subordinado a la autoridad civil y se regirá por ella;

41. Dakota del Sur: No se negará el derecho de los ciudadanos a portar armas en defensa de sí mismos y del estado;

42. Tennessee: Que los ciudadanos de este Estado tienen derecho a poseer y portar armas para su defensa común; pero el Poder Legislativo estará facultado, por ley, para regular el uso de armas con miras a prevenir el delito;

43. Texas: Todo ciudadano tendrá derecho a poseer y portar armas en la legítima defensa de sí mismo o del Estado; pero el Poder Legislativo estará facultado por ley para regular el uso de armas, con miras a prevenir el delito;

44. Utah: No se infringirá el derecho individual de las personas a poseer y portar armas para la seguridad y defensa propia, de la familia, de los demás, de la propiedad o del estado, así como para otros fines legales; pero nada en este documento impedirá que la legislatura defina el uso lícito de armas;

45. Vermont: Que el pueblo tiene derecho a portar armas para la defensa de sí mismo y del Estado, y dado que los ejércitos permanentes en tiempo de paz son peligrosos para la libertad, no deberían mantenerse en pie; y que los militares deben estar estrictamente subordinados y gobernados por el poder civil;

46. Virginia: Que una milicia bien regulada, compuesta por el cuerpo del pueblo, entrenado para las armas, es la defensa adecuada, natural y segura de un estado libre, por lo tanto, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas. ; que los ejércitos permanentes, en tiempo de paz, deben evitarse por ser peligrosos para la libertad; y que en todos los casos los militares deben estar estrictamente subordinados y gobernados por el poder civil;

47. Washington: El derecho del ciudadano individual a portar armas en defensa de sí mismo o del estado, no se verá afectado, pero nada en esta sección se interpretará en el sentido de que autoriza a individuos o corporaciones a organizar, mantener o emplear un cuerpo de hombres armados;

48. Virginia Occidental: una persona tiene derecho a tener y portar armas para la defensa de sí mismo, su familia, su hogar y el estado, y para la caza legal y el uso recreativo;

49. Wisconsin: Las personas tienen derecho a poseer y portar armas por motivos de seguridad, defensa, caza, recreación o cualquier otro propósito legal;

50. Wyoming: No se negará el derecho de los ciudadanos a portar armas en defensa de sí mismos y del estado.

Adicionalmente a esta permisividad Constitucional, Federal y Estatal, sobre la portación y posesión de armas, la Unión Americana sobre la, no han ratificado la “Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados de 1998”, a diferencia de la totalidad de los Estados Americanos, como se describe:

A-63: Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados. Adoptado en: Washington D.C; Fecha: 11/14/97

CONF/ASAM/REUNIÓN: Vigésimo Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Entrada en vigor: 07/01/98 de conformidad con el articulo XXV de la Convención. Depositario: Secretaria General OEA (Instrumento Original y Ratificaciones).

Es decir, los Estados Unidos de América no se han unido al esfuerzo hemisférico de 31 países a fin de controlar la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, lo que por su preponderancia a nivel mundial necesariamente impacta negativamente en los esfuerzos internacionales contra el tráfico de armas.

Aunado a lo anterior, la Ley Federal de “armas de asalto” (assault weapon), promulgada en 1994 y que expiró el 13 de septiembre de 2004, la cual prohibía modificar las armas con la instalación de dos o más accesorios, en cierto tipo de armas semi-automáticas, además de limitar nuevos compartimientos de munición a 10 rondas de capacidad, así como la importación de armas hechas en el exterior de los Estados Unidos Federales, definidas como “armas de asalto” por la regulación de 1989 sobre rifles y la de 1993 sobre pistolas y escopetas de cilindro girador que fueron restringidas bajo el Acta Nacional de Armas de fuego (National Firearms Act) en febrero de 1994.7

Es necesario resaltar que la concatenación de estos hechos, como son el marco Constitucional, Federal y de los Estados de la Unión, sobre la posesión y portación de armas, la negativa a ratificar la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados de 1998, así como que actualmente no existen limitaciones sobre la fabricación e importación de armas de asalto, plantean un escenario de accesibilidad para comprar armas en el vecino país del norte, lo que, aunado a la vecindad geográfica de Estados Unidos y México, con una frontera común de 3,145 mil kilómetros explica, en gran parte, el grave problema del tráfico ilegal de armas desde los Estados Unidos hacia México.

También es necesario mencionar que actualmente se discute en el Senado de los Estados Unidos, desde 2019) una nueva versión de la Ley Prohibición de Armas de Asalto (Assault Weapons Ban of 2019),8 este proyecto de Ley, entre otros puntos, tipifica como delito importar, vender, fabricar, transferir o poseer a sabiendas un arma de asalto semiautomática (SAW- Semiautomatic Assult Weapon) o un dispositivo de alimentación de municiones de gran capacidad (LCAFD - Large Capacity Ammunition Feeding Device).

Tercera. México enfrenta una severa crisis de crímenes violentos, la mayoría de los cuales han sido cometidos con armas de fuego. El país experimenta la tasa de homicidios más alta registrada en toda su historia, donde dos de cada tres homicidios son cometidos con armas de fuego.9 La mayoría de las armas recuperadas y rastreadas en las diversas escenas del crimen en México, el 70 por ciento, provienen de los Estados Unidos.10

La espiral de violencia en que nuestro país se ha visto inmerso en los últimos años, es explicable, en parte, por el ingreso ilícito de armas de todo tipo por los diferentes puntos de ingreso a nuestro país, pero dicha violencia tampoco puede entenderse completamente sin examinar las causas de la crisis de seguridad pública y de impunidad que han lesionado a nuestra sociedad hasta llevarla a las actuales expresiones de protesta generalizada y de rechazo y vilipendio hacia las instituciones y sus representantes.

El costo en vidas humanas y en daños a la salud derivados de los ilícitos cometidos con armas de fuego, debe ser un indicador que determine la naturaleza y la dirección de las políticas públicas a implementarse en materia de control de armamento. El hecho de que a nivel nacional en más del 50% de los ilícitos haya de por medio un arma, nos confirma la gravedad de una situación que paulatinamente va dejando ver toda su crudeza.

Según lo señala el documento de trabajo denominado “Tráfico de armas - Entorno, propuestas legislativas y opinión pública” 11 elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 2014, “la gravedad del comercio ilícito de armas hacia nuestro país y han establecido un nexo causa-efecto con el escenario de inseguridad y de violencia que prevalece en amplias zonas de la geografía nacional.” 12

Se ha estimado que las autoridades en nuestro país confiscan sólo el 14% de las 252 mil armas que cruzan de forma ilegal anualmente por la frontera norte y que alrededor del 46.7% de las 51 mil armerías estadounidenses depende en alguna medida de la demanda mexicana. Para contextualizar lo anterior, se ha señalado que el número de tiendas de armas crece constantemente en la franja fronteriza sur de los Estados Unidos, en donde cerca de 6 mil 700 armerías se concentran en las zonas limítrofes con nuestro país de California, Arizona, Nuevo México y Texas , con un promedio de dos establecimientos por kilómetro.

Lo anterior, ha contribuido a que en México circulen más de 15 millones de armas ilegales y que alrededor de un 80% de esa cantidad provengan de Estados Unidos, lo cual en parte explica que en nuestro país se hayan utilizado armas de fuego en la mitad de los 120 mil homicidios cometidos entre 2007 y 2012.13

Las anteriores y otras afirmaciones se desprenden del informe denominado “El camino de las armas: estimado del tráfico de armas de fuego a través de la frontera entre Estados Unidos y México” 14 elaborado por la Universidad de San Diego, California USA y el Instituto Igarapé, de Brasil, instituciones que destacan que entre 2010 y 2012 el tráfico de armas de Estados Unidos a México generó ganancias por 127 millones de dólares al año, cuatro veces más de lo que se recaudó en el periodo de 1997-1999 y más de seis veces de lo que estima el más reciente reporte de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico y el tráfico de armas, correspondiente a 2012.

Por otra parte, en enero de 2014 fue dada a conocer en México, una base de datos oficial generada por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de los Estados Unidos. Dicha base de datos denominada “Armas de fuego recuperadas y rastreadas, compradas entre el 1/12/06 y el 30/11/10 con una recuperación en México” 15 (Firearms recovered and traced–purchased between 12/1/06 and 11/30/10 with a Mexico recovery) consigna información detallada sobre 2,921 armas compradas en territorio estadounidense y que posteriormente fueron incautadas o capturadas en México entre 2006 y 2010.

En el informe en referencia destacan, entre otras cosas, que las 2,921 armas incluidas en la base de datos, fueron adquiridas legalmente en la zona fronteriza sur de EUA, con lo que se confirma el vínculo entre la venta legal de armas en aquel país y su uso para cometer delitos en México . Entre otras cosas, el informe permite identificar que, en términos porcentuales, se tiene que la mitad de las armas (50.33%) se compraron en el estado de Texas y que casi un tercio de ellas (29.17%) provinieron de Arizona. Igualmente, la información anotada consigna que, entre la compra en los Estados Unidos y la incautación de las armas en México, el tiempo transcurrido fue de poco más de un año, lo cual potencialmente implica un uso indebido de esa arma durante un periodo considerable, que va desde un mes hasta más de 24 meses, periodo en el que se infiere el empleo de dicha arma en diversos hechos delictivos.

Así mismo, de acuerdo con un reporte de la Oficina de Contabilidad Gubernamental de EU, entre 2009 y 2014 se registró que el 70% de las armas aseguradas por autoridades mexicanas tenían su origen en el país del norte, 13% más tenían origen indeterminado mientras que solo 17% no eran originarias de ese país.

Cuarta. Por otra parte, es necesario señalar que desafortunadamente, también la frontera sur de México, ha sido utilizada para el trasiego ilegal de armas.

Es público y notorio que durante las tres guerras civiles de los países centroamericanos, como son: Guatemala (1960-1996), El Salvador (1980-1992) y Nicaragua (1972- 1991) se importaron y diseminaron por Centroamérica grandes cantidades de armas de fuego. Muchas de estas armas fueron distribuidas tanto a los cuerpos policiacos y militares de las tres naciones como a los grupos rebeldes.

En este último caso, el contrabando también estableció rutas para transportar armas por toda la región.

Adicionalmente los programas de contrainsurgencia de estos países, especialmente en Guatemala, contemplaron armar a grupos de protección civil, en una especie de auto defensas, lo que a la postre devino en que estas armas fueron diseminadas a lo largo de una gran área, y de al final de los conflictos armados solo unas cuantas fueron recopiladas para su destrucción. A esto se sumo el hecho que los ejércitos de la región fueron drásticamente reducidos tras los acuerdos de paz, lo que sumado, provocó la existencia de un enorme excedente de armas en la región de Centroamérica, colindante con la frontera sur de México.

Se estima que, en El Salvador, alrededor de 360.000 armas de tipo militar no fueron entregadas al final de la guerra ,16 y se presume que los depósitos de armas fueron trasladados a países vecinos. De manera similar, en Guatemala sólo 1.824 armas de fuego fueron entregadas al final del conflicto. En Nicaragua, sólo 17.000 armas de fuego, a pesar del hecho de que fueron desmovilizados unos 91.000 supuestos combatientes. 17 Nicaragua destruyó eventualmente alrededor de 100.000 armas de fuego, pero muchas más permanecen en la región. Aunque, el número exacto de los rifles de asalto sin control sigue siendo desconocido, las estimaciones son de millones.

Luego entonces tenemos que el excedente en la disponibilidad promueve y facilita el tráfico de armas hacia México. 18 Si cada soldado y oficial de policía únicamente tuviera las armas necesarias para el uso inmediato, se solicitarían explicaciones cuando se perdiera un arma. Desafortunadamente, varios países en la región manejan grandes excedentes. Nicaragua, en particular, tiene un gran número de pistolas, desproporcionado en relación con su número de soldados, y el país continúa importando armas.

Existen algunas evidencias de que los grupos de delincuencia organizada mexicanos han adquirido granadas y minas terrestres de los países centroamericanos, en particular de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. De acuerdo con fuentes públicas, estas armas fueron robadas de los depósitos militares en Centroamérica para después ser vendidas en el mercado negro por los grupos de delincuencia organizada mexicanos.

Se estiman 2,2 millones de armas de fuego registradas en Centroamérica, de las cuales 870.000 están registradas por las fuerzas de seguridad y 1,4 millones están registradas por civiles. Además, se estiman 2,8 millones de armas de fuego no registradas.19 Si estas estimaciones son correctas, entonces teóricamente existen suficientes armas de fuego en manos de civiles para armar a uno de cada tres hombres en la región. En la práctica, muchas de estas armas probablemente vinculadas a depósitos o colecciones privadas. Además, pueden ser armas de tipo militar, y no las pistolas de 9mm que son las más solicitadas.

En apariencia, entonces, no existe una necesidad real de traficar armas en Centroamérica. Las armas ya están allí. Pero la ubicación de las armas y la ubicación de la demanda no es siempre la misma, por lo que existe un comercio considerable a través de las fronteras.

Realmente no es cuestión de que un país con un excedente alimente a otro con escasez, más bien, es cuestión de que las fronteras se convierten en irrelevantes cuando alguien quiere comprar un arma . Es cuestión de que las fronteras se convierten en irrelevantes cuando alguien quiere un arma. Esto se vuelve doblemente problemático porque la legislación acerca de las armas de fuego varía de un país a otro. Por ejemplo, las pistolas más populares en Guatemala y Honduras que son las de 9 milímetros, están prohibidas México y se consideran de Uso Exclusivo del Ejercito y fuerzas policiales. Es decir, las armas compradas legalmente en un país pueden ser transportadas ilegalmente a otro por una ganancia. Este tipo de desequilibrio regulatorio a través de las fronteras crea oportunidades para la delincuencia organizada.

Los arsenales militares y policiales en Honduras, El Salvador20 y Guatemala21 han sido identificados como las mayores fuentes de armas de fuego ilegales en la región.22 Particularmente hacia Colombia y México.

En concreto existen evidencias de tráfico de armas centroamericanas a México. Se ha alegado que la mitad del armamento de grado militar recuperado en México tiene su origen en Centroamérica.23 Muchas de las granadas de mano utilizadas por las organizaciones de tráfico de droga mexicanas provienen de los arsenales militares guatemaltecos. Armas pesadas recuperadas en México han sido rastreadas hasta las ventas estadounidenses al ejército hondureño.

Por ejemplo, en Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, se han recuperado miles de armas de fuego y municiones, así como granadas de mano. Estas últimas también han sido recuperadas en grandes cantidades en Guatemala y El Salvador. Se cree que la costa guatemalteca del Pacífico (particularmente, la provincia de San Marcos), es un punto importante de tráfico para las armas de fuego provenientes de Panamá con dirección a México.24

Por si fuera poco, se han encontrado evidencias claras de la implicación, tanto por parte de los oficiales de policías corruptos como de los grupos de delincuencia organizada territorial. Este papel clave de la policía y el ejército en el suministro de armas a los criminales no es inusual, en muchas regiones en vías de desarrollo, policías no pagados o mal pagados ofrecen vender o alquilar sus armas de fuego como un complemento a sus ingresos. El riesgo es especialmente elevado cuando hay grandes excedentes militares en relación con el número de militares en servicio activo.

En Honduras, todas las ventas de armas son controladas por el ejército. Esto no ha evitado que los delincuentes accedan a ellas. Las Fuerzas Armadas de Honduras han encontrado armas del mismo tipo y origen en posesión de traficantes vinculados a Los Zetas, y miembros de la mara. A pesar de que esto ha sido interpretado como evidencia de colaboración, puede que no sea nada más que una fuente común de armas.25

Quinta. En Estados Unidos es fácil comprarlas armas, pero justo es reconocer que en México es muy fácil introducirlas. La historia de la corrupción y del contrabando son paralelas a la creación de las aduanas. No reconocer que hay corrupción sería un absurdo.

El gobierno mexicano debe mejorar la capacitación de sus agentes aduanales y policías y reducir de manera sustantiva los niveles de corrupción a través del fortalecimiento de los mecanismos internos y externos de rendición de cuentas de la policía y otras agencias gubernamentales, para evitar que las armas entren de manera ilegal al país.

En este sentido, a inicios de 2019 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inicio el operativo denominado “Fuerza Anticorrupción” en las 49 aduanas del país, y de inmediato presento siete denuncias contra trabajadores relacionados con delitos de tráfico de armas, de cartuchos y de dinero; de estas siete denuncias, tres trabajadores ya están vinculados a proceso y fueron puestos a disposición de un juez federal y cuatro casos están con carpeta de investigación.26 Para ejemplificar basta ver que uno de los siete casos de corrupción detectados en las aduanas, es el de un trabajador de la aduana de Reynosa que cambió un pedimento aduanal y sustituyó material eléctrico y en realidad traía mil 400 cargadores de “cuerno de chivo” 27

Con estas acciones, la Administración General de Aduanas busca hacer una revisión mucho más exhaustiva de los perfiles su personal, además analizará la evolución patrimonial de los funcionarios que participen en aduanas porque podrían ocultar el verdadero patrimonio que ostentan.

En este sentido México debe adherirse al Convenio de Kyoto Revisado (CKR),28 y sumarse a la Lista de 124 Partes Contratantes que existían hasta el 19 de octubre de 202029 lo cual obligará a la transparencia y tecnificación de las operaciones de las aduanas del país.

El Centro de Procesamiento Electrónico de Datos, que se encuentra en Chichimequiquillas, Querétaro, en donde se monitorean las 49 aduanas del país, debe ponerse a operar a plena capacidad, lo que significa que pasen de tener de 300 a 600 trabajadores.

Para eliminar la corrupción, se debe eliminar la discrecionalidad del hombre en todos los procesos, porque hoy todavía gran parte de los procesos es susceptible de la decisión de una persona; esa decisión obviamente queda sujeta a la posibilidad de una dádiva, de un favor o de una presión. Un aliado importante para acabar la corrupción en las 49 aduanas del país es la tecnología.

En este sentido el convenio de Kyoto nos obliga a usar la tecnología, ser transparentes, agilizar y facilitar el comercio exterior y nos obliga a hablar el mismo idioma tecnológico que el resto del mundo. No estamos homologados con el comercio internacional en cuanto a los procesos que se deben seguir.

Así mismo la Administración General de Aduanas debe utilizar más tecnología no intrusiva, con lo cual se agilizaría la entrada de mercancías y se podría identificar fácilmente el cargamento que sea ilegal. En este sentido, con los rayos X se podría revisar una carga pesada en tan sólo 4 minutos, mientras que en carga ligera el tiempo sería de 2 minutos y en una maleta de tan sólo 4 segundos.

Sexta. Ante la complejidad del problema deben buscarse una serie de respuestas en, al menos, dos grandes ejes:

I) Dentro de México.

1. Combate frontal a la corrupción, tanto en las adunas, puertos y aeropuertos.

2. Control estricto del número de armas y municiones al interior de las fuerzas armadas y cuerpos policiacos, de los tres ordenes de gobierno, para disminuir al mínimo la perdida y el tráfico hormiga interno que se hace del armamento comprado por el Estado Mexicano y entregado a las fuerzas del orden.

3. El uso extensivo de la tecnología:

A) Con aparatos no intrusivos,

B) Cámaras con reconocimiento facial a lo largo de la frontera y

C) La utilización de los aparatos para detección de doble fondo.

II) La cooperación internacional, la que necesariamente deberá de ser realizada en tres frentes de manera simultanea y paralela: Primero) Con los Estados Unidos de América, Segundo) Con los países de Centroamericanos, y c) Tercero.

Primero. Con los Estados Unidos de América, al menos, debemos buscar acuerdos en las siguientes áreas:

1. Impulsar la aprobación de Ley Prohibición de Armas de Asalto (Assault Weapons Ban of 2019) que actualmente se discute en el Senado de los Estados Unidos de América.

2. Lograr la extradición de personas investigadas por traficar armas que son detenidas en Estados Unidos y buscadas por México.

3. Realizar operaciones espejo en ambos lados de la frontera y para plantear la cooperación en el registro de los números de serie de las armas para investigar de donde vienen.

Segundo. Con los países centroamericanos tenemos que:

1. Tener un registro adecuado de las armas en la región , tal y como lo estipula el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Los datos utilizados hasta ahora en son estimaciones, incluyendo aquellas sobre las armas que poseen oficialmente los Estados. En este momento, es imposible decir si un arma ilegal en particular fue una vez parte de las existencias de algún Estado, simplemente por que algunos países no registran los números de serie de las armas que poseen. Dado el estado de violencia relacionada con armas de fuego en la región, debe abordarse este desorden de información.

2. Regular los flujos de municiones , como se detalla en el Protocolo sobre armas de fuego. Incluso si es imposible controlar todas las armas que están actualmente en circulación, cada arma en activo requiere un continuo flujo de munición. Más que intentar limpiar el legado del pasado, sería más efectivo establecer procedimientos mediante los cuales se pueda registrar la munición, llevar la cuenta de las importaciones, y registrar las compras de manera centralizada.

3. Realizar mayores esfuerzos para reducir el número de armas ilegales en circulación . La policía de la región esta incautado actualmente 16,000 armas cada año. Incluso si no entraran más armas en el mercado, llevaría 188 años sacar todas las armas de las calles a este ritmo. En Honduras, por ejemplo, existen casi cuatro veces más homicidios por arma de fuego que armas incautadas. Se deben llevar a cabo más operaciones específicas con el objetivo de desarmar las áreas más violentas.

4. Es necesario racionalizar en algunos países las armas pertenecientes al ejército. En el Triángulo Norte y Nicaragua, no parece haber suficientes soldados para justificar la posesión de armas vigente. La comunidad internacional puede auxiliar en los esfuerzos de eliminación, como el empleo de la máquina de destrucción de armas móvil de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta máquina emplea trituradores mecánicos para destruir in situ el resultado de los esfuerzos de recopilación de armas locales.

Por las razones arriba expuestas, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, mediante la diplomacia y las labores de cabildeo necesarias, estimule en el Senado de los Estados Unidos de América, la Ley de Prohibición de Armas de Asalto (Assault Weapons Ban of 2019), y de convenir con las autoridades de aquella Nación la extradición de personas investigadas por traficar armas que son detenidas en Estados Unidos buscadas por México, realizando operaciones espejo en ambos lados de la frontera para obtener el registro de los números de serie de las armas para investigar de donde vienen.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al cabildeo necesario, a la búsqueda de un acuerdo con Guatemala, Honduras, el Salvador y Nicaragua a fin de tener un registro adecuado de las armas en la región, regular los flujos de municiones, realizar mayores esfuerzos para reducir el número de armas ilegales en circulación y racionalizar en algunos países las armas pertenecientes al ejército.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a la realización de acciones para adherirse al Convenio de Kyoto Revisado (CKR), para así, sumarse a la Lista de 124 Partes Contratantes que existían hasta el 19 de octubre de 2020.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Administración General de Aduanas para que intensifique el operativo “Fuerza Anticorrupción” en sus 49 aduanas del país, a fin de reducir de manera sustantiva los niveles de corrupción a través del fortalecimiento de los mecanismos internos y externos de rendición de cuentas de la policía y la utilización de tecnología no intrusiva para la detección de armas, drogas y dinero.

Notas

1 Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados. (A63)

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-63_
fabricacion_trafico_ilicito_armas_municiones_explosivos.asp

2 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/TRAFIC O_ARMASDELINC_ORG.pdf

3 Servicio de Administración Tributaria (SAT). Importación de Armas a México.

http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/g uia_importacion/Documents/Importacion_armas

4 Legal Infarmatio Institute. Second Amendment. The Second Amendment of the United States Constitution reads: “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”

https://www.law.cornell.edu/wex/second_amendment#:~:text=The%20Second%20Amendment
%20of%20the,regarding%20the%20Amendment’s%20intended%20scope.&text=307%20U.S.%20174.

5 State Constitutional Right to Keep and Bear Arms Provisions.
https://www2.law.ucla.edu/volokh/beararms/statecon.htm

6 Convencion Interamericana Contra la Fabricacion y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones,

Explosivos y otros Materiales Relacionados. Firmas y Ratificaciones. http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-63.html

7 Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994.https://www.ncjrs.gov/txtfiles/billfs.txt

8 Assault Weapons Ban of 2019.
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/66

9 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Informes “Incidencia Delictiva del Fuero Común” 2017, 2018, 2019 y 2020. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-fuerocomun.php

10 ATF. Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, México: 1 de enero de 2011–31 de diciembre de 2016 (Departamento de Justicia de Estados Unidos, 2017) https://www.atf.gov/resource-center/firearms-trace-data-2019

11 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP). Documento de Trabajo núm. 183, diciembre de 2014.
“Tráfico de armas - Entorno, propuestas legislativas y opinión pública”.

http://www.casede.org/BibliotecaCasede/Trafico-de-armas-docto183.pdf

12 Ídem.

13 Ibid.

14 Journal of Economic Geography. Volume 15, Issue 2, March 2015, Pages 297–327, “The Way of the Gun: Estimating Firearms Trafficking across the US–Mexico Border”.

https://academic.oup.com/joeg/articleabstract/15/2/297/9 29819

15 No+armas. Informe de la base de datos “Firearms recovered and traced–purchased between 12/1/06 and 11/30/10 with a Mexico recovery”.

https://nomasarmas.wordpress.com/reporte-de-base-de-dato s-sobre-trafico-de-armas-2006-2010/

16 Weapons Collection in Central America: El Salvador and Guatemala (SAND Program on Security and

Development, 2000). https://sites.miis.edu/sand/files/2011/02/bicc_elsgua.pdf

17 Fuente: MINUGUA, ONUSAL, ONUCA, BICC

18 Armas de Fuego en Centroamerica.
https://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/Spanish/TOCTA_CA_Caribb_armasFuego_CA_E

S.pdf

19 Latin America country data, Geneva: Small Arms Survey, 2012. Existe un amplio consenso en el número de armas ilegales en Centroamérica. La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en Costa Rica estima que hay cerca de 2.85 millones de armas de fuego ilegales en Centroamérica. Una reciente reunión de expertos convocada por UNODC en Ciudad de México situó el dato en 3 millones.

20 En abril de 2012, la Fiscalía General de la República de El Salvador ordenó el arresto de 8 oficiales militares por posesión illegal de armas de guerra, almacenaje y comercio de armas ilegales.

http://www.laprensagrafica.com/ el-salvador/lodeldia/256730-prision-preventiva-para-militares

21 En diciembre de 2011, la Corte Militar de Guatemala comenzó a investigar casos relacionados con la desaparición de rifles, pistolas, metralletas, lanzacohetes, granadas y munición militar de varios almacenes militares.

22 Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Armas de Fuego y Municiones en Guatemala, (Guatemala, 2009); Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), El Tráfico Ilícito de Armas en Guatemala (Guatemala, 2006).

23 Stohl, R. and D. Tuttle Small Arms Trade in Latin America. Washington D.C., North American Congress on Latin America, 2008.

24 Ibid.

25 “Central America: Mexican cartel “Los Zetas” use “Mara Salvatrucha” gangsters as soldiers in drug war”. The Americas Post. http://www.theamericaspostes.com/3172/central-america-mexicancartel-los -zetas-use-mara-salvatrucha-gangstersas-soldiers-in-drug-war/

26 El Economista. 1 mayo de 2019. Para eliminar la corrupción en aduanas, la vía es la tecnología: Ricardo Peralta Saucedo
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Para-eliminar-la-corrupcion-en-aduanas-la-via-es-la
-tecnologia-RicardoPeralta-Saucedo-20190501-0065.html

27 Idem.

28 Text of the Revised Kyoto Convention.

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument- andtools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx

29 Lista de las Partes Contratantes del Convenio de Kyoto Revisado.

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument- andtools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/instruments.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Silva Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a facilitar un programa de apoyo a las familias mexicanas afectadas por la pandemia del SARS-Cov2, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Cecilia Anunciación Patrón Laviada , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al titular del Ejecutivo federal, para que dentro del marco de sus competencias, faciliten un programa de apoyo a las familias mexicanas afectadas, como consecuencia de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 .

Antecedentes

- A finales del mes de febrero de 2020, en México se reportaron los primeros casos oficiales del virus SARS-CoV-2,1 mejor conocido como Covid-19, lo que traería con ello, de manera tardía, medias de prevención de contagios como el aislamiento y distanciamiento social.

-Los casos de contagios de Covid-192 fueron aumentado de manera exponencial, por lo que en el mes de marzo de 2020 se llamó a tomar medidas de aislamiento y distanciamiento social, a la par que se decretaba el inicio de la fase dos de la epidemia.

-Debido al cierre de negocios, restricciones de venta y suspensión de actividades no esenciales la economía mundial recibió un gran golpe y México no fue la excepción, pues tuvo una contracción mayor al 5 por cientoen el PIB año en el mismo 2020.

-El gobierno federal inició acciones de ayuda y reactivación económica como el aumento de créditos y préstamos de 6 mil a 20 mil pesos, entre otras acciones.

-De Igual manera, instituciones gubernamentales, como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde el 21 de abril de 2020 señaló la posibilidad de acceder a créditos a empresas formales por 25 mil pesos.

-Pero los esfuerzos han sido mínimos al no coadyuvar a la totalidad de sociedad, lo que se traduce en más de 647 mil empleos formales3 perdidos en 2020, y casos tan extensos como la pérdida del 25 por ciento4 de empleos en la Ciudad de México, es por lo que el Inegi registró una pérdida de empleos cercana a los 12 millones entre abril y diciembre del 2020.5

Ante la situación, diversos diputados se unieron a la propuesta de reforma de la diputada Laura Angélica Rojas para instaurar un ingreso básico universal, el cual no se ha dictaminado y se ha rechazado por el Ejecutivo federal a pesar de la difusión y golpe mediático, sin que se dé una respuesta oportuna a la situación de millones de mexicanos.

Consideraciones

En la actualidad, México atraviesa los efectos de una fuerte pandemia que sigue atentando a la salud y vida de miles de mexicanos y no se ve cerca el final de esta, lo que pone en incertidumbre a la población de toda la república

Como se ha señalado en los antecedentes, una de las medidas de prevención del contagio y, por lo tanto, el aumento de personas infectadas y muertes por Covid-19, es la de evitar concurrir a lugares públicos y mantenerse en casa. Sin embargo, estas medidas tienen como efecto secundario afectaciones reales a la economía nacional, ocasionando menoscabos en el patrimonio de las familias mexicanas.

En la actualidad los negocios y empresas enfrentan desplomes en sus ventas, por lo cual han ajustado gastos que no solo afectan a ellos y su familia, sino que a otros particulares, al crecer el grosor del desempleo, y la ausencia del pago de las rentas de los inmuebles por fuerza mayor.

Con la afectación a empresas, se ve traducida en los millones de empleos perdidos y una disminución de ingresos que han sufrido las familias mexicanas, aunado a que los apoyos gubernamentales han resultado inadecuados e insuficientes ante el grave reto económico que vivimos.

La propuesta que se presentó en la Cámara de Diputados en junio de 2020 obedece a la necesidad de los mexicanos, con experiencia de las decisiones tomadas por otros países como Argentina, Chile, Brasil, entre otros.

En la propuesta del ingreso mínimo vital en situaciones de emergencias se proponía dar un apoyo mensual de 3 mil 696 pesos, como forma subsidiaria ante una emergencia que implicará una afectación a la economía actual.

Este ingreso fue apoyado por diversos grupos parlamentarios, inclusive de Morena, pero a pesar de lo anterior el presidente de la república, así como su gabinete, desechó y descalificó la propuesta, ante la falta de dictaminación de la misma.

Ante la situación tan grave que vivimos es indispensable crear medidas de ayuda a la reactivación económica, por lo que en la presente proposición con punto de acuerdo se exhorta a las autoridades de la administración pública para que se proporcione a los mexicanos en situación de vulnerabilidad efecto de la pandemia por el virus SAR-CoV-2, un apoyo económico equivalente a 2 salarios mínimos diarios durante la duración de la epidemia en el país.

Proposición

Por lo anterior expuesto, es que se somete a su consideración:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Hacienda a poner en marcha, dentro del marco de sus competencias, un programa de entrega de apoyo de al menos 2 salarios mínimos mensuales, en efectivo y en una sola exhibición, a las familias mexicanas afectadas como consecuencia de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, cuya vigencia esté vinculada al tiempo que dure la declaratoria oficial de emergencia sanitaria.

Notas

1 [1]https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51677751 consultado el 1 de febrero de 2021

2 https://www.gob.mx/salud/prensa/095-inicia-fase-2-por-coronavirus-covid -19 consultado el 1 de febrero de 2021.

3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Covid-19-dejo-647000-bajas-en-el-empleo-formal-en-2020-2021010 consultado el 2 de febrero 2021

4 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/18/
desempleo-en-cdmx-el-25-de-los-capitalinos-se-quedo-sin-trabajo-en-los-ultimos-tres-meses/ consultado el 2 de febrero de 2021.

5 https://www.animalpolitico.com/2021/01/2-5-millones-de-personas-perdieron-trabajo
-por-pandemia-sin-empleo-inegi/ consultado el 2 de febrero de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SE y el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa a diseñar y ejecutar un plan integral de rescate de las Mipyme que permita mantener y generar empleos, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Cecilia Anunciación Patrón Laviada , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Economía y a los integrantes del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a diseñar y ejecutar un plan integral de rescate para las micros, pequeñas y medianas Empresas , que permita el mantenimiento y generación de empleos

Antecedentes

1. En diciembre de 2019 se identificó el virus Covid-19 en Wuhan, China, el cual posteriormente se convertiría en una pandemia y con ello afectaría a todo México. Tres meses después de que fue detectado el virus, en México se declaró el semáforo rojo y la política de “Quédate en casa”, con la cual se declaró el cierre de actividades no esenciales: únicamente podían seguir abiertos supermercados, farmacias, hospitales y comida a domicilio.

2. Este cierre de actividades, doloroso pero necesario, afectó la economía de México y sus habitantes. Se estima que el PIB del 2020 será de -9.8 por ciento y el valor del peso frente al dólar se depreció un 10 por ciento. Asimismo, se registró una caída del 14 por ciento del Índice de Precios y Cotizaciones.1

3. Al cerrar todas las actividades no esenciales, México entró en una pausa económica y, por ende, el desempleo llegó al 11.7 por ciento, lo que implica más de 6 millones de empleos que se han perdido debido a la pandemia. Además de los empleos perdidos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el 44 por ciento2 de los mismos trabajadores ha sufrido reducciones sustanciales en sus salarios.

4. Las Mipymes no quedaron exentas de esta crisis ocasionada por la Covid-19 y, todo lo contrario, han sido uno de los sectores más afectados en el país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que se cerraron más de 10 mil 857 Mipymes, lo que equivale al 20.81 por ciento3 de las mismas. Las Mipymes generan 7 de cada 10 empleos en México, lo que implica que 4 millones de los 6 millones de empleos perdidos han sido parte de esas micro, pequeñas y medianas empresas.

5. El problema con estas Mipymes y todo el empleo perdido que generaban estos entes, ronda en el poco apoyo que han recibido las Mipymes por parte del gobierno, ya que la encuesta sobre el impacto generada por la Covid-19 en las empresas (Ecovid-IE)4 arroja que únicamente el 5.9 por ciento de las Mipymes recibieron algún tipo de apoyo gubernamental. Esta misma encuesta arroja que lo que estas Mipymes más necesitan son apoyos económicos como transferencias de dinero, apoyo fiscal y aplazamiento de créditos

Por lo tanto, es importante e indispensable apoyar y ayudar a estas Mipymes, porque ellas son base de la fuerza laboral de la nación produciendo 7 de cada 10 empleos. La pandemia afectó económicamente a todos los sectores del Estado, sin embargo, las Mipymes son base de la economía mexicana y este gobierno se ha olvidado de apoyar a estos entes. Al ayudar a las Mipymes, se apoya directamente a la economía de las familias mexicanas, ya que contruibuirá a disminuir el problema con las reducciones salariales y el desempleo. Apoyar a las Mipymes es ayudar a México.

Las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como Mipymes, son empresas que se componen por un número pequeño de trabajadores y un volumen moderado de ventas y con ellos de facturación.

Las Mipymes son de gran relevancia en el país, pues estas permiten una mejor distribución de la riqueza, distribución de bienes y servicios, forman estructura productiva e impulsan el desarrollo económico.

Las Mipymes generan el 72 por ciento [1] de la fuerza laboral en el país y representan por su importancia el 52 por ciento [2] del producto interno bruto (PIB) del país.

Se ha señalado a las Mipymes como la columna vertebral del sector productivo, pues estas realizan productos individualizados y permiten el auxilio de grandes empresas para realizar servicios u operaciones y con ellos un funcionamiento productivo.

La Mipymes son las mayores generadoras de empleos en el país, pues con los datos señalados, estas han alcanzado a generar hasta el 81 por ciento [3] de empleos en el país, esta generación de empleos se da en todos los sectores desde la manufactura hasta los servicios.

A pesar de la importancia de las Mipymes, han sido de los sectores más castigados y que cuentan con menores facilidades de apoyo para su mantenimiento, pues entre sus desventajas podemos mencionar:

-Dificultad para encontrar financiamiento.

-Dificultad para encontrar mano de obra especializada.

-No se pueden dedicar fondos a la investigación, por su pequeño volumen de beneficios.

-Complicación para incursión en nuevos mercados.

-Limitaciones de innovación y tecnología.

Con la pandemia de Covid-19, como se señaló en los antecedentes, las Mipymes han sido uno de los sectores más afectados, lo que trae consigo la quiebra de estas empresas y una gran pérdida de trabajos.

Los gobiernos federal y el de las entidades federativas han iniciados planes y programas para la recuperación de las empresas, pero estos se encuentran lejos de beneficiar a todas las empresas, pues como sabemos solo el 5.9 por ciento han sido beneficiarias de estas.

Lo que se requiere es un programa integral de recuperación y estabilidad para las Mipymes que permitan la estabilidad de empleos y de productividad en el país.

La Secretaría de Economía debe promover y coordinar las acciones para el desarrollo de la competitividad de las Mipymes, conforme a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las Mipymes.

I. La Secretaría promoverá ante las instancias competentes que los programas y apoyos previstos en esta Ley a favor de las Mipymes, sean canalizados a las mismas, para lo cual tomará las medidas necesarias conforme al Reglamento;

II. Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las Mipymes (Artículo 12 LDCMipymes).

Proposición

Por lo anteriormente expuesto es que se somete a su consideración:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Economía y a los integrantes del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a diseñar y ejecutar un plan integral de rescate para las micros, pequeñas y medianas empresas, que permita el mantenimiento y generación de empleos, así como la competitividad y desarrollo económico en el país.

Notas

1 Cfr https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-economia-y-las-finanzas-en-M exico-durante-la-pandemia-20201106-0031.html (consultado el 3 de febrero de 2021).

2 https://www.forbes.com.mx/
economia-tasa-de-desempleo-mexico-llegar-11-7-fin-de-anio-oit/(consultado el 3 de febrero de 2021)

3 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mas-de-un-millon-de-pymes-baja ron-las-cortinas-de-manera-definitiva-por-el-covid-inegi (consultado el 3 de febrero de 2021)

4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Mas-de-un-millon-de-mipymes-cierran-definitivamente-por-la-pandemia-INEGI-20201202-0089.html y
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mas-de-un-millon-de-pymes-bajaron-las-cortinas-de
-manera-definitiva-por-el-covid-inegi (consultado el 3 de febrero de 2021)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y la Segob a acelerar las investigaciones y, en su caso, castigar la actuación de los servidores públicos del INM que presuntamente retuvieron a migrantes y los liberaron luego antes de los trágicos hechos del 24 de enero de 2021, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón , y las y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1 fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación a que se aceleren las investigaciones y en su caso se castigue la actuación de los funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración que presuntamente retuvieron a los migrantes y posteriormente los liberaron antes de los hechos trágicos del 24 de enero de 2021 , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 24 de enero, las autoridades de Tamaulipas reportaron el hallazgo de dos camionetas en el municipio de Camargo, una de ellas, tipo Pick-Up, con 19 cuerpos calcinados a bordo.

Mientras que la otra unidad era una Toyota, modelo Sequoia, 2008, con placas del estado de Nuevo León. Ambas camionetas estaban totalmente quemadas.

Días después, indígenas mam de Guatemala señalaron que varias de las víctimas podrían tratarse de familiares suyos que buscaban llegar a Estados Unidos.

El pasado sábado, la Fiscalía de Tamaulipas informó sobre la identificación de cuatro personas, dos eran guatemaltecas y dos mexicanas. En un comunicado, la dependencia detalló que 16 cadáveres corresponden a hombres, 1 es mujer y en 2, con un grado mayor de calcinación, no han podido determinar el sexo.

También se informó que la camioneta presentaba 113 impactos de bala y que en el mismo vehículo se encontraron tres armas largas, dos del calibre .223 mm, una del 7.62×39 mm, y 11 casquillos, de los cuales nueve son del calibre .223 mm y dos del 7.62×39 mm”.1

En este orden de ideas, según investigaciones de un artículo del portal Animal Político , menciona que “el gobierno federal investiga si personal del Instituto Nacional de Migración de Escobedo, Nuevo León, retuvo una de las camionetas involucradas en el hallazgo de 19 personas calcinadas, en Camargo, Tamaulipas.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que tienen conocimiento sobre la retención de la camioneta y que indagarán cómo y por qué se hizo”.2

Es por lo anterior, que es necesario tender los puentes de comunicación entre México y Guatemala para acelerar los trámites de repatriación de los cuerpos y darles apoyo legal y de proceso a los familiares que reclaman los cuerpos, ya que es suficiente el dolor por la pérdida de sus familiares y se tiene que aligerar la carga de la burocracia de repatriación.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación a que se aceleren las investigaciones y, en su caso, se castigue la actuación de los funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración que presuntamente retuvieron a los migrantes y posteriormente los liberaron antes de los hechos trágicos del 24 de enero de 2021.

Notas

1 Investigan relación de agentes de INM y el caso de 19 personas calcinadas en Tamaulipas

https://www.animalpolitico.com/2021/02/investigaran-inm- retencion-camioneta-19-cuerpos-calcinados/

2 Lob. cid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SRE y la Segob para que faciliten el proceso de repatriación de restos mortales de los migrantes guatemaltecos y, en caso, identifiquen los de otras nacionalidades calcinados y hallados en Tamaulipas el 24 de enero de 2021, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón , y las y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a que instruya a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación para que faciliten el proceso de repatriación de restos mortales de los migrantes guatemaltecos y, en caso de que se identifiquen, de migrantes de otras nacionalidades, que fueron calcinados y hallados en el estado de Tamaulipas el 24 de enero de 2021 , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 24 de enero, las autoridades de Tamaulipas reportaron el hallazgo de dos camionetas en el municipio de Camargo, una de ellas, tipo Pick-Up, con 19 cuerpos calcinados a bordo.

Mientras que la otra unidad era una Toyota, modelo Sequoia, 2008, con placas del estado de Nuevo León. Ambas camionetas estaban totalmente quemadas.

Días después, indígenas mam de Guatemala señalaron que varias de las víctimas podrían tratarse de familiares suyos que buscaban llegar a Estados Unidos.

El pasado sábado, la Fiscalía de Tamaulipas informó sobre la identificación de cuatro personas, dos eran guatemaltecas y dos mexicanas. En un comunicado, la dependencia detalló que 16 cadáveres corresponden a hombres, 1 es mujer y en 2, con un grado mayor de calcinación, no han podido determinar el sexo.

También se informó que la camioneta presentaba 113 impactos de bala y que en el mismo vehículo se encontraron tres armas largas, dos del calibre .223 mm, una del 7.62×39 mm, y 11 casquillos, de los cuales nueve son del calibre .223 mm y dos del 7.62×39 mm”.1

En este orden de ideas, según investigaciones de un artículo del portal Animal Político , se menciona que “el gobierno federal investiga si personal del Instituto Nacional de Migración de Escobedo, Nuevo León, retuvo una de las camionetas involucradas en el hallazgo de 19 personas calcinadas, en Camargo, Tamaulipas.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que tienen conocimiento sobre la retención de la camioneta y que indagarán cómo y por qué se hizo”.2

Es por lo anterior, que es necesario tender los puentes de comunicación entre México y Guatemala para acelerar los tramites de repatriación de los cuerpos y darles apoyo legal y de proceso a los familiares que reclaman los cuerpos ya que es suficiente el dolor por la perdida de sus familiares y se tiene que aligerar la carga de la burocracia de repatriación.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que instruya a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación para que faciliten el proceso de repatriación de restos mortales de los migrantes guatemaltecos y, en caso de que se identifiquen, de migrantes de otras nacionalidades, que fueron calcinados y hallados en el estado de Tamaulipas el 24 de enero de 2021.

Notas

1 Investigan relación de agentes de INM y el caso de 19 personas calcinadas en Tamaulipas

https://www.animalpolitico.com/2021/02/investigaran-inm- retencion-camioneta-19-cuerpos-calcinados/

2 Lob. cid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a instruir a la SRE para que haga de conocimiento público la situación laboral de al menos 80 trabajadores a quienes a finales de diciembre se anunció el despido de los consulados donde prestaban servicios, con el argumento de que el Departamento de Estado no renovaría sus visas A2, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, y las y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga del conocimiento público, la situación laboral que enfrentan al menos 80 trabajadores a quienes a finales de diciembre se les anunció su despido de los distintos consulados en los que prestaban sus servicios, bajo el argumento que el Departamento de Estado no renovaría sus visas A2 , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Comité de Empleados Consulares mexicanos en Estados Unidos envió una carta al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en la que le pide resolver la situación que enfrentan al menos 80 trabajadores a quienes a finales de diciembre se les anunció su despido de los distintos consulados en los que prestaban sus servicios, bajo al argumento que el Departamento de Estado no renovaría sus visas A2 en los meses próximos.

Nos extraña esta decisión en esta época tan difícil donde hay una crisis laboral, económica y de salud en el país y en donde los esfuerzos del gobierno federal deben ser humanitarios y solidarios, no lo contrarió con los trabajadores; el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia del pasado 8 de enero, se comprometió a no eliminar el derecho de trabajo de los empleados consulares, pero este solo es letra muerta, ya que fueron despedidos más de 80 trabajadores. Es un hecho sin precedentes que comenzó a ocurrir el 23 de diciembre pasado, justo al día siguiente en donde declaró en medios: “Nos encontramos en negociaciones para resolver su situación laboral que es incierta y no es justa”.1

Este acto unilateral e inesperado de los despidos dejó a docenas de empleados con más de 20 años de servicio y a sus familias en el limbo laboral, económico, sin un estatus migratorio en los Estados Unidos y sin tiempo ni recursos suficientes para realizar preparativos básicos para un regreso digno y ordenado a nuestro país, en contexto inusualmente complicado determinado por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Es por lo anterior que es imperante se le dé contestación a este punto de acuerdo y se le dé respuesta a los empleados locales consulares que solicitan la reinstalación inmediata de los trabajadores despedidos o, en su defecto, indemnización o compensación acorde sus años de servicio y que se resuelva su situación consular dando una moratoria en todos los despidos hasta que el Departamento de Estado emita una decisión sobre las visas A2. Así como el reconocimiento oficial de empleados como trabajadores de la Secretaría, con todos los derechos y obligaciones que la ley laboral indica.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga del conocimiento público, la situación laboral que enfrentan al menos 80 trabajadores a quienes a finales de diciembre se les anunció su despido de los distintos consulados en los que prestaban sus servicios, bajo el argumento que el Departamento de Estado no renovaría sus visas A2.

Nota

1 https://conexionmigrante.com/2021-/01-/14/
despiden-a-80-trabajadores-de-consulados-de-mexico-en-eeuu-exigen-reinstalacion-o-pago/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2021.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

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Con motivo del 10 de febrero, Día de la Fuerza Área Mexicana, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

El 5 de febrero de 1915, Venustiano Carranza emitió el decreto para la creación de la Armada de Aviación Mexicana; una vez concluida la Revolución Constitucionalista, esta arma inició su proceso de profesionalización, como parte del proyecto de defensa nacional.

El 10 de febrero de 1944, se emitió el decreto en el que se establecía que el Arma de Aviación Militar se elevaba al nivel de una Fuerza Armada. Finalmente, el 10 de febrero de 1992, por decreto presidencial, se estableció oficialmente ese día como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

La aviación militar tiene su origen en un decreto aprobado por el presidente Venustiano Carranza en 1915, de tal forma que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se logró construir el primer hangar de este cuerpo militar especializado. Entre sus funciones están las de velar por la paz y seguridad del país, además de tener un papel preponderante en misiones de rescate y lucha contra la delincuencia y peligros externos.

El antecedente más lejano acerca de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana se remonta a 1910 cuando llegó a nuestro país la compañía de aviación de Alfredo Moissant, la cual realizó una demostración de vuelo. Gracias a esto, se conformó un programa para construir las bases de lo que sería el citado brazo de la Fuerza Armada.

Con la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, el presidente en turno, Manuel Ávila Camacho dotó de carácter Constitucional de Fuerza Armada a la aviación militar el 10 de febrero de 1944.

Una institución que con gran orgullo, valor y decisión han servido a México en las ocasiones de desastres naturales, es preciso reconocerles.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a los 9 días de febrero de 2021.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con motivo del 12 de febrero, 74 aniversario del reconocimiento del derecho de la mujer a votar y ser votada en el ámbito municipal, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Durante la primera mitad del siglo XX, la participación de las mujeres en los procesos electorales fue prácticamente nula, no por el desinterés femenino, sino por el bloqueo y control masculino.

Los trabajos de las mujeres activistas no fueron en vano, el 24 de diciembre de 1946 que la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el Presidente Miguel Alemán para reformar el artículo 115 Constitucional, que logró que de manera legal se hiciera patente el derecho de la mujer como ciudadana. Otorgando derechos políticos a nivel local.

El 12 de febrero de 1947, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de adición al artículo 115 para permitir la participación de las mujeres como votantes y como candidatas, quedando establecido que: “En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.

Como fruto de la lucha emprendida por muchas mujeres por alcanzar la igualdad política, esta reforma significó un gran avance en la democratización del país. También significó un gran antecedente de la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que otorgaría los mismos derechos de votar y ser candidatas en las elecciones, pero a nivel federal.

Hoy en día, la mujer juega un papel de gran relevancia en la política mexicana, votar en cada uno de los comicios es su derecho como mujer, y su obligación como ciudadana.

Actualmente, en el país las presidentas municipales se cuentan por cientos, sin duda, esto refleja el camino ganado. No permitamos más un retroceso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a los 9 días de febrero de 2021.

Diputada María Sara Rocha Medina