Proposiciones
Excitativas
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a considerar reducir el porcentaje de apoyos ciudadanos establecido para los aspirantes a las candidaturas independientes a cargos de gobernador, diputados federales y locales, y miembros del ayuntamiento por la actual emergencia sanitaria, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Emanuel Reyes Carmona, integrante de la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de la reforma constitucional de 2012,1 en el que se consagró el derecho de los ciudadanos para ser candidatos por la vía independiente. En 2014, las candidaturas independientes fueron incorporadas legalmente al sistema electoral federal mexicano.2 En gran medida, su inclusión respondió a la crisis de confianza en los partidos políticos nacionales.3 En este escenario, los actores políticos no consideraron diversos factores en la regulación de las candidaturas independientes como prerrogativas y requisitos para la obtención de apoyo ciudadano,4 incluso, candados para evitar que estas figuras sean vías de postulación alternas para élites políticas que no consigan las candidaturas de sus respectivos partidos políticos.5

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 8, 9, 35, fracción II, 116 fracciones IV, incisos k) y p) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de acuerdo a los principios de certeza, imparcialidad y objetividad establecidos en el artículo 30, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El principio de objetividad robustece el régimen de excepción que permite equilibrar maximizar la participación de la ciudadanía para establecer mecanismos idóneos que conlleven al ejercicio de los principios que rigen la función electoral, enalteciendo éste último ya que las actividades electorales que se están realizando con motivo de este proceso electoral concurrente 2020-2021 deben tomar como base la realidad única , en este caso la contingencia sanitaria que impera en nuestro país desde el 26 de febrero de 2020 cuando se dio a conocer el primer caso de COVID19, sin importar cualquier punto de vista parcial que se tenga sobre ella, toda vez que son públicas y de interés social las medidas y acciones sanitarias a seguir por esta pandemia.

Con motivo del SARS-CoV2 (Covid) , ha denotado diversificaciones en cuanto a este proceso de selección, pues la gente se siente temerosa e insegura de poder ser contagiada por esta enfermedad por el simple hecho de relacionarse con otros ciudadanos que no se encuentran en su esfera más cercana de personas con las que conviven, más aún por las constantes medidas de prevención que se han publicado tanto a nivel federal como en diversas Entidades de la República mexicana.6

De lo anterior resulta atinente señalar que para el caso de las candidaturas independientes, como acertadamente lo establece el artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la candidatura de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

Para fórmulas de senadores de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente a la entidad federativa en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de los distritos electorales que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.

Para fórmula de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

En el caso específico de los Miembros de Ayuntamientos, el porcentaje de apoyo ciudadano se encuentra determinado conforme a la estatuido en las legislaciones electorales de cada Entidad Federativa, sin embargo, en el caso específico del Estado de Puebla, el artículo 201 Quarter alude para el caso de la elección de planillas de ayuntamientos de los municipios que cuenten con un listado nominal de hasta cinco mil ciudadanos inscritos, por lo menos con el 3% de ciudadanos, y en aquellos municipios en los que el listad nominal sea superior a cinco mil ciudadanos inscritos, se conformará por lo menos con el 3% de ciudadanos. En el caso del municipio de Puebla la relación se conformará por lo menos con el 3% de ciudadanos inscritos en el listado nominal de por lo menos las dos terceras partes de los distritos electorales uninominales con cabecera en dicha demarcación municipal.

Pero además se fija una condicionante en el sentido de que en ningún caso la relación de los ciudadanos por sección electoral y distritos según sea el caso podrá ser menor al 2% del listado que le corresponda.

Como puede observarse, para esta Entidad Federativa se solicita el 3% como apoyo ciudadano para que el aspirante obtenga su registro como candidato independiente en un proceso electoral, sin embargo, es dable advertir que no obstante este porcentaje es determinado por dicha Entidad Federativa, es evidente que este porcentaje no se encuentra uniformado al señalado a un tipo de elección federal pero además, el mismo es rebasado en términos de lo que se contempla en la normatividad internacional, por ejemplo el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” , ha determinado que el estado mexicano está obligado a:

• Respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Presente Pacto;

• Adoptar las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el este Pacto y que no estuviese a garantizados;

• Garantizar el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el pacto;

• Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas, de los derechos y oportunidades para participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

• Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley, y

• La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Es decir, si consideramos que uno de los derechos humanos lo es el ser votado a un cargo de elección popular, como atinadamente lo establece el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perder de vista el ámbito general del rubro “género”, mismo que debe hacerse valer en igualdad de circunstancias y bajo el principio de la paridad, a partir de este derecho, el ciudadano en su calidad de candidato o aspirante, puede tener el derecho de solicitar su registro, ante la autoridad electoral, siempre en mérito de los parámetros y requisitos que al respecto deba señalar el marco jurídico constitucional y electoral.

Caso contrario, la falta del estricto apego a esta máxima da cabida a la violación de los derechos humanos partiendo del rubro de “ciudadanía” , en el entendido de que este concepto engloba un conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos y los deberes que de ellos se derivan. Así, el derecho humano a ser votado, también admite excepciones, mismas que deben estar contenidas en ley y ser necesarias en un Estado democrático, al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que cuando una norma instrumente, regule o delimite, en alguna medida, el ejercicio de un derecho humano, para determinar su regularidad constitucional, necesariamente, se debe sujetar a un test de proporcionalidad, en el cual se verifique si atiende a un fin jurídicamente legítimo, así como a la idoneidad, necesidad y proporcionalidad para alcanzarlo.

• Idoneidad

En este punto se debe analizar si la medida legislativa persigue una finalidad constitucionalmente válida, debiendo lograr, en algún grado, la consecución de ese fin,7 privilegiando de esta forma el principio de certeza dentro de un proceso electoral así como el de administración eficiente de los recursos públicos, previstos en los artículos 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 41, párrafo segundo, base V; 116, fracción IV, incisos a) y b), y 134, primer párrafo, de la Constitución federal.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a contender en una elección sin necesidad de ser postulado por un partido político, a fin de conseguir elecciones auténticas, es necesario que, quien esté interesado, demuestre que cuenta con un respaldo mínimo suficiente para acreditar cierta competitividad frente a los demás actores políticos, de lo contrario, en una elección podrían tenerse tantos candidatos como voluntades individuales se presentaran, generando una dispersión del voto en detrimento de la organización, así como del conocimiento y certeza para la ciudadanía, impidiendo que ésta se encontrara en aptitud de llevar a cabo una elección cierta, auténtica, de sus representantes, de ahí el establecer, el 3% resulta rebasado, pues con el 1% de apoyo ciudadano el aspirante evidencia el respaldo mínimo para acreditar su participación en una contienda electoral, sin que este argumento sea nugatorio del principio de equidad que rige la función electoral.

En consecuencia, el requisito en cuestión, al garantizar que el ciudadano cuenta con un nivel de competitividad mínima, justifica que, en su oportunidad, se le otorguen los recursos públicos necesarios para el desarrollo de la campaña respectiva. Es decir, la medida persigue una finalidad constitucionalmente válida y logra, en determinado grado, la consecución de ese fin.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que las restricciones a los derechos político-electorales deben observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática.8

Esto es, la restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo, por lo que se debe escoger la medida que restrinja en menor medida el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.

En ese sentido, la Corte ha establecido9 que el primer paso para evaluar si una restricción a un derecho humano, es permitida a la luz de dicho tratado, consiste en examinar si se encuentra claramente establecida en una ley en sentido formal y material; es decir, que se haya emitido conforme al procedimiento constitucional previsto para ello, y que cumpla con los requisitos de generalidad, impersonalidad y abstracción.

En cuanto al segundo límite, se trata de un requisito que la Convención Americana establece de manera explícita en ciertos derechos (de reunión, artículo 15; de asociación, artículo 16; de circulación, artículo 22), pero que ha sido incorporado como pauta de interpretación y como requisito que califica a todas las restricciones a los derechos humanos, incluidos los derechos políticos.

Para ello, señala el Tribunal Interamericano que se debe valorar si la restricción: a) Satisface una necesidad social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un interés público imperativo; b) Es la que restringe en menor grado el derecho protegido, y c) Se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo.

Sin embargo, la Corte Interamericana ha establecido que, tratándose de los derechos de participación democrática, los Estados cuentan con un margen de apreciación para diseñar las modalidades para ejercerlos, siempre y cuando la legislación cumpla con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

• Necesidad

Una medida será necesaria si no existe otra menos lesiva, igualmente idónea, para lograr los fines que se persiguen, por tanto, lo primero que se debe analizar es si existen otras medidas igualmente idóneas (pudiéndose acotar esta búsqueda a los mecanismos que el legislador consideró adecuado para situaciones similares, o a través del derecho comparado) y, de ser así, determinar si estas alternativas restringen en menor medida el derecho humano afectado, y que igualmente permita lograr la consecución del fin constitucionalmente válido que fue procurado al establecerse la medida legislativa es decir, el derecho a ser votado.

• Proporcionalidad

Si bien se ha demostrado que la medida legislativa resulta innecesaria al existir alternativas menos restrictivas que permitirían igualmente lograr el cumplimiento del fin constitucionalmente válido, resulta atinente ponderar los principios que compiten en el caso. Esto es, comparar los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva del derecho humano afectado.

En el caso de la Entidad Federativa de Puebla, la medida legislativa exige una acreditación de representatividad muy elevada para poder participar en una contienda electoral, que no corresponde con la mínima suficiente, lo que ocasiona una inhibición y obstaculiza gravemente la materialización de una candidatura independiente.

De esta manera, para que exista un derecho efectivo a ser votado en el sistema de candidaturas independientes, es necesario que se asuma una actitud facilitadora y que no se impongan limitaciones no razonables que impidan el óptimo desarrollo de dicho sistema, afectando no sólo el derecho al sufragio pasivo, sino la posibilidad de que la ciudadanía tenga mayores opciones políticas viables en las contiendas electorales, lo que va en detrimento de los principios de un Estado democrático.

Lo anterior se traduce en la obligación de los órganos estatales de eliminar aquellas barreras innecesarias que podrían restar eficacia al derecho de ser votado por esta vía, evitando, con ello, que este requisito se convierta en un candado a la ciudadanía por parte de quienes de forma natural pueden tender a establecerlo así, al ser contendientes en los procesos electorales y ser quienes emiten las Leyes.

En tal sentido, puede claramente advertirse que el desequilibrio entre el ejercicio efectivo de un derecho humano –votar y ser votado- y el número de apoyos ciudadanos exigidos por la norma en cuestión, se traduce en una limitante que no cumple con los parámetros de necesidad y proporcionalidad constitucionalmente válidos.

Concatenando lo anteriormente argumentado es dable reiterar que el 3% no solamente rebasa el parámetro mínimo para contender en un cómico electoral a través de una candidatura independiente, sino además sobrepone el posicionamiento de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (denominada Comisión de Venecia ), organismo al que México se incorporó en dos mil diez, como miembro de pleno derecho.

Al respecto, el Tribunal Electoral ha considerado que los estándares y buenas prácticas reconocidas por organismos internacionales tienen un carácter orientador de fundamental importancia en la impartición de justicia.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a efectos de que considere reducir el porcentaje de apoyos ciudadanos al 1 por ciento para los aspirantes a las candidaturas independientes a cargos de gobernador, diputados federales y locales, y miembros del ayuntamiento en razón de la emergencia sanitaria que prevalece en estos momentos en al país conforme a los principios de objetividad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad; así como a los estándares establecidos en el Código de buenas prácticas en materia electoral de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, de la que México es Estado Parte.

Notas

1 Fecha de vigencia a partir del 9 de agosto de 2012.

2 A partir del 23 de mayo de 2014.

3 Brown, Javier, “El mito de las candidaturas independientes”, Revista Bien Común, Partido Acción Nacional, número 253, abril 2016, p. 36.

4 Santiago Castillo, Javier, “El financiamiento para candidaturas independientes, a debate”, La Crónica de Hoy, 14 de mayo de 2015.

5 González Padilla, Roy, “Candidaturas independientes: ¿Empoderamiento ciudadano o circulación de élites políticas por otros medios?”, Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Volumen IV, número I, enero-junio 2015, México, pp. 203-220.

6 El Consejo General de Salubridad Pública, durante el desarrollo de la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 19 de marzo de 2020, en la que se recomendó evitar realizar eventos que impliquen la concentración masiva de personas para evitar la propagación de contagios del virus SARS-CoV2 (Covid).

7 Resulta orientador lo dispuesto en las tesis 1a. CCLXV/2016 (10a.), de rubro Primera etapa del test de proporcionalidad. Identificación de una finalidad constitucionalmente válida, así como 1a. CCLXVIII/2016 (10a.), de rubro Segunda etapa del test de proporcionalidad. examen de la idoneidad de la medida legislativa.

8 Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. sentencia de veintitrés de junio de dos mil cinco, párrafo 206.

9 Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de seis de agosto de dos mil ocho, párrafos 166 y 176 a 186.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a reconsiderar la actúa estrategia de vacunación contra el SARS-Cov2, suscrita por la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del PAN de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de Secretaría de Salud, a efecto de que reconsidere la estrategia de vacunación contra SARS-COV2-Covid 19, que se practica actualmente en nuestro país.

Consideraciones

Como es sabido por todos nosotros, La Secretaría de Salud es la dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población. Así como Establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho de protección a la salud .

Por ello la Visión que debería tener el Sistema Nacional de Salud debe ser, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria; de la consolidación de la protección y promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad.

Tal es el caso, en el tema de salud, que vivimos en la actualidad reconocido social y medicamente por SARS-COV2- Covid 19, que los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades (desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves) y circulan entre humanos. El Covid-19, se extendió por el mundo ha sido declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud.

Como es sabido y manifestado por diversos medios, hay personas infectadas que no muestran o casi no presentan síntomas de la enfermedad, así mismo Covid-19 es más peligrosa para las personas mayores o quienes padecen otras infecciones o dolencias, como suele ser el caso de las enfermedades infecciosas, o en su defecto recae más fuerte en aquellos que tengan algún tipo de vulnerabilidad o complicación de salud crónica.

Ahora bien en México, según la propia página oficial de Instituto Nacional de Estadística y Geografíaegi, la captación de la población con discapacidad en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid, 2018), de los cerca de 125 millones de personas que habitan en el país, 6.3 por ciento (7.8 millones) tenemos algún tipo de discapacidad.

Por ello es necesario, el tomar en muy en cuenta el porcentaje antes mencionado de la población, al efecto, de que las personas con discapacidad, tengan prioridad en tema de la estrategia de Vacunación Covid-19, ya que hasta el momento no se ha considerado tal situación, lo cual es preocupante por la condiciones que propicia la consecuencia del Virus en mención.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de La Secretaría de Salud, a efecto de que se busque el mecanismo idóneo y de manera expedita para que se considere dentro del plan de vacunación contra SARS-COV2-Covid 19, que se implementa actualmente, el dar prioridad al porcentaje de la población que padece algún tipo de discapacidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2020.

Diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la Ssa gestiones para incluir en el programa de vacunación contra el Covid-19 a los profesionales en estomatología de los sectores público y privado, suscrita por la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Sara Rocha Medina, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”. La salud es un derecho humano fundamental que sigue sin ser reconocido en muchos países.1 La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad.

II. Al 17 de enero de 2021, la pandemia que provoca el SARS-Cov2 (Covi-19) ha contagiado a más de 95 millones de personas y ha causado la muerte a más dos millones personas, en más de 191 países.2

III. En tal sentido y toda vez que en nuestro país no ha sido posible mitigar el virus que nos ataca y por lo tanto generar condiciones de normalidad entre los ciudadanos el pasado viernes 8 de enero de 2021 se publicó en Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se modifica el artículo primero del Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal para mitigar la propagación del Covid-19.

Dicha modificación extiende del 11 de enero al 30 de abril de 2021, el periodo para que las unidades administrativas de los entes públicos, implemente esquemas de trabajo a distancia para las personas servidoras públicas, y para lo cual deberán contar con el visto bueno de la Oficialía Mayor, de la Unidad de Administración y Finanzas o los equivalentes que correspondan.

IV. La mayoría de las actividades laborales que nos hemos planteado pausar tienen un carácter administrativo, sin embargo, este punto de acuerdo, versa sobre una rama de la medicina cuyos profesionales deben trabajar exclusivamente en área de principal riesgo de transmisión de contaminación del Covid-19, la cavidad bucal.

V. De acuerdo con la Asociación Dental Mexicana Dental, la cantidad de profesionales de la salud en esta rama que están activos son cerca de 70 mil odontólogos registrados; y por su parte, de acuerdo con el Inegi, se alcanza la cifra de 115 mil.3

VI. Los estomatólogos también nombrados odontólogos se encuentran en grave riesgo al desarrollar su labor. No obstante, muchos de ellos continúan atendiendo en consulta práctica a sus pacientes. Razones para que tanto el paciente como el profesional se encuentren en un procedimiento de alto riesgo de contagio son varios, pero principalmente podemos señalar las emergencias médicas producidas por infección y fuertes dolores.

VII. Debido a que la principal vía de diseminación del SARS-Cov2 es gotas de saliva y fluidos nasales, el cirujano dentista está expuesto a este agente infeccioso de manera continua. La pandemia a la que nos enfrentamos globalmente ha impactado de manera importante a la práctica odontológica, ya que, debido al uso de aerosoles, es una profesión de alto riesgo de transmisión de Covid-19.4

VIII. De acuerdo con el plan de vacunación contra el Covid-19, presentado el 8 de enero de 2021, autoridades federales del mas alto nivel, anunciaron que se desarrollaría de la siguiente manera: 1. Trabajadores de la salud, 2. Personas de 80 y más años, 3. Personas de 70 a 79 años, 4. Personas de 60 a 69 años, 5. Personas de 50 a 59 años, 6. Personas de 40 a 49 años y 7. Población menor de 40 años.5

IX. En el caso de Apartado 1, se consideró únicamente a los profesionales de la salud que se encuentran en las áreas específicas de atención del Covid. De acuerdo con las declaraciones del subsecretario de Salud, “las vacunas no llegan de un solo golpe y si así fuera, tampoco se podrían poner las vacunas a todos al mismo tiempo. Por eso hay que priorizar. Los primeros que recibirán la vacuna son los trabajadores de la salud, que están trabajando en la primera línea contra el coronavirus”. 6

X. No obstante, las propias advertencias de funcionarios federales sobre sanciones efectivas a quién no respetara los lineamientos del plan, bastas han sido las anomalías al respecto.7 Dado que no son tema la presente, sólo me permito enunciarlas.

Por ello consideramos imperante que se considere a este grupo de profesionales sanitarios en el grupo de alto riesgo al desempeñar su función. Y enlistar de manera inteligente y esquematizada a estos profesionales antes que a los operadores de políticos de la administración publica general, ya que los odontólogos si brindan un servicio esencial de suma importancia para la sociedad.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Secretaría de Salud las gestiones necesarias para incluir en el programa de vacunación contra el Covid-19 las profesionales en estomatología, que se realicen encuentren laborando en el sector publico y privado del país.

Notas

1 Aunque desde 2016 se construye con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular para garantizar derechos a refugiados y migrantes, y hay un llamado explícito a proteger la seguridad, la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus, el documento no aborda directamente las cuestiones relacionadas con la salud de los migrantes, aunado al hecho de que el pacto mundial se desarrolla en seis líneas temáticas que tampoco incluyen la salud.

2 Covid-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering en la Johns Hopkins University, en http://cvoed.imss.gob.mx/mapa_coronavirus/

3 Datos consultados en https://www.odontologiaactual.com/odontologia-actual-183/

4 Gaitán Cepeda, L. A.; Leyva-Huerta, E. R.; Cruz-González, R.; Carmona, R.D.; Rodríguez, M. E.; Gómez, A. A. “Covid-19 y el cirujano dentista. Una revisión integral”, en Revista Odontológica Mexicana. Disponible para consulta en https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=93178

5 Anuncio del plan de vacunación contra el Covid-19, en la conferencia de prensa matutina. Disponible para consulta en https://www.goal.com/es-mx/noticias/mexico-cuando-donde-vacuna-coronavi rus/9u07xw8nsks183bmwxynxzta

6 Intervención del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la presentación del plan de vacunación contra el Covid-19. Disponible para consulta en
https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2020/12/08/5fcf7e55268e3e46338b45d0.html

7 Aquí enumeramos los casos conocidos a través de redes sociales sobre las anomalías documentadas en la implantación del Plan Nacional de Vacunación. Disponibles para consulta en
https://www.forbes.com.mx/regidora-baja-foto-donde-presumia-que-se-vacuno-contra-covid/,
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/17/siervos-de-la-nacion-suman-otra-polemica-por-recibir-vacuna-de-covid-19,
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=
https://www.reforma.com/renuncia-encargada-de-plan-de-vacunacion/ar2107522?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los dirigentes de los partidos políticos nacionales y locales, y a los Congresos de la Unión y estatales a designar a mujeres que encabecen las coordinaciones de los grupos parlamentarios existentes cuando, ante el proceso electoral 2020-2021, el titular solicite licencia, sin contravenir las disposiciones jurídicas aplicables, a cargo del diputado Jesús Gerardo Puentes Balderas, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jesús Gerardo Puentes Balderas, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes:

Antecedentes

La escritora y ferviente feminista Simone de Beauvoir expone en su máxima obra, El segundo sexo, los orígenes del patriarcado y enfatiza que la gran derrota histórica del sexo femenino es cuando aparece la propiedad privada surgiendo la apropiación de los esclavos y de la tierra, y asimismo el hombre se convierte en el propietario de la mujer.1

El hombre al autoproclamarse dueño de la mujer, se comenzaron estereotipos los y la idealización de los roles de género que han repercutido hasta nuestros tiempos, por lo que a través del tiempo esta ideología, ha modificado la manera de pensar sobre la desigualdad de género en el sector social, jurídico, político, laboral, etcétera.

El estereotipo cultural y estigmatizado que las mujeres deben atender los deberes del hogar y el cuidado de los hijos es tan ambiguo e injusto que se cree que no puede realizar otro tipo de actividades, lo que resulta un gran sofisma.

Las mujeres tienen las mismas capacidades de realizar cualquier actividad y la política no es una excepción. Anteriormente en nuestro país las mujeres no tenían derecho al voto y ser votadas, pero su empoderamiento y lucha social ha logrado que las normas jurídicas se reformen para garantizar así su integración en la vida pública y política.

La Constitución de 1917, si bien es una de las más progresistas de su tiempo en el orbe, ciertamente dejó asignaturas pendientes para la otra mitad de la población: las mujeres. Mucho tuvo que ocurrir para que nuestra LXIV Legislatura del Congreso de la Unión pase a ser recordada a través de los años como la primera de la paridad de género, lo que será el mejor legado que podemos dar a México como periodo de ejercicio trienal.

Recordemos que este 2021 se cumplen 67 años que Aurora Jiménez de Palacios, de Baja California, fue electa la primera Diputada Federal en México en 1954 y 68 que el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgara, el 17 de octubre de 1953, las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Estamos hablando de un transcurso de casi 40 años de inexplicable marginación desde la promulgación de nuestra Carta Magna.2

El movimiento por el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos y deberes, en todo caso, tenemos que reconocerlo como una de las páginas más luminosas de la sociedad civil organizada y movilizada, a la que le debemos ésta y otras conquistas invaluables.

Exposición de Motivos

Existe un consenso en la clase política en el sentido que la reforma Constitucional en materia electoral de 2014 (la más reciente que el Congreso de la Unión logró acordar y sigue aún vigente), que incluyó la paridad para la integración de candidaturas al Congreso de la Unión y a congresos locales de las entidades federativas, marcó un hito importante en la historia reciente de nuestro país.3

Así como en el Ejecutivo de la Unión las mujeres han encabezado entes públicos como nunca antes y, por primera vez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos ministras encabezarán sendas Salas durante todo el presente año, en la LXIV Legislatura hemos tenido a dos mujeres presidiendo la Mesa Directiva en San Lázaro y a una en el Senado de la República; asimismo, en ambas Cámaras han existido mujeres al frente de sus Grupos Parlamentarios. Destaca, en este orden de ideas, la exitosa gestión mostrada por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara Alta.

Nuestra norma suprema, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho humano de igualdad:

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley”.

Asimismo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en su artículo 5 fracción IV que:

“Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar”.4

A su vez el mismo ordenamiento en su artículo 5 fracción V que la igualdad sustantiva es:

“Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.5

Dando la interpretación que la igualdad sustantiva que mujeres y hombres tendrán las mismas oportunidades para el goce y ejercicio de sus derechos humanos establecidos en la Carta Magna.

Para lograr que esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión logrará denominarse “Legislatura de la paridad de género” fue gracias a la labor de las y los legisladores que lograron que el principio de paridad fuera implementado en la elección e instalación del Congreso con fundamento en el artículo 53 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones”.6

Y en el mismo precepto constitucional en su artículo 56 párrafo segundo:

“Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos”.7

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el apartado referente a la Cámara de Diputados establece que se considera como grupo parlamentario:

“Artículo 26.

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el Grupo Parlamentario es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara”.8

Considerando que un grupo parlamentario es el conjunto de legisladores que tienen corrientes ideológicas similares y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo, encabezados por un coordinador.

Habida cuenta que legisladoras y legisladores que encabezan sus Grupos Parlamentarios -figura que recibe diversos nombres en cada legislatura local-, a lo largo y ancho del país han solicitado licencia o están por hacerlo para optar por otros encargos públicos y, en el entendido que los mecanismos para la designación de los nuevos titulares son distintos según los documentos normativos y/o estatutarios de cada caso y partido político, es oportuno que esta Comisión Permanente haga un respetuoso llamado para que, desde el respeto institucional, sean preferidas mujeres para encabezar las bancadas en que así sea material y legalmente procedentes.

La lucha contra la violencia política de género; la lid en favor del adelanto de las mujeres, la equidad de género, la paridad y la igualdad, no deben tener ni un minuto de descanso y tampoco pueden detenerse; menos aún, dar marcha atrás. Si de cálculo del timing político se trata, éste es el mejor momento para que más mujeres coordinen sus grupos parlamentarios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita respetuosamente a los dirigentes de los partidos políticos nacionales y locales, al Congreso de la Unión y a los Congresos locales de las 32 entidades federativas del país, a optar por designar a mujeres que encabecen las coordinaciones de los grupos parlamentarios existentes en los casos que, ante el proceso electoral 2020-2021 el o la titular solicite licencia, sin contravenir las disposiciones jurídicas aplicables.

Notas

1 Cfr. De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. 10a, ed., México, Penguin Random House, 2019, p. 54.

2 Asimismo, entre la elección de Aurora Jiménez y la de Griselda Álvarez como primera gobernadora (de Colima, en 1979), transcurrió un cuarto de siglo, lo que no deja de resultar, por lo menos, sorprendente a cualquier persona estudiosa de los temas de género y participación política de las mujeres. Respecto a María Cristina Salmorán de Tamayo, primera Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1961, el lapso de tiempo respecto a la primera Diputada no es mejor: 17 años (Para ubicarnos: el próximo 11 de marzo se cumplirá el mismo periodo de tiempo del 11-M en Madrid).

3 ONU Mujeres, Breve descripción del Mecanismo para Acelerar la Participación Política de las Mujeres en América Latina y el Caribe (Atenea), en La democracia paritaria en México: Avances y desafíos. México, 2017. En

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/594 2/7.pdf. 4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020.

4 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 2018.

5 Ídem.

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020.

7 Ibídem.

8 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2014.

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de enero de 2021.

Diputado Jesús Gerardo Puentes Balderas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a realizar el cobro justo con base en el consumo residencial medido en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua en Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a realizar el cobro justo con base en el consumo residencial medido en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco, con base en las siguientes

Consideraciones

Los servicios públicos suministrados por empresas estatales tienen intrínsecamente un espíritu social, es decir que primero dan accesibilidad a su población al mismo servicio antes que comenzar a tener grandes ganancias.

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa estatal que si bien está catalogada jurídicamente como productiva es principalmente un monopolio que utiliza su poder de mercado para controlar el suministro eléctrico y forzar el consumo con tarifas elevadas o poco competitivas respecto a otras regiones del mundo donde existen diversos proveedores.

En este sentido, los consumidores, que somos todos las y los mexicanos, nos vemos obligados a proveernos de esta empresa estatal aun cuando los costos sean elevados o sus mecanismos de atención al cliente puedan ser deficientes.

Actualmente en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, los vecinos demandan una revisión de sus tarifas ya que han recibido cobros irregulares e injustos en forma de ultimátum para saldar deudas de consumos no realizados o medidos incorrectamente.1

Los habitantes de este conjunto habitacional señalan que la medición no es exacta, toda vez que no cuentan en la totalidad del fraccionamiento con medidores de consumo eléctrico. Sin embargo, el cobro fue errático y amenazante en el último bimestre donde se les pretende cobrar tarifas de entre 17 mil a 50 mil pesos, con límite de tiempo para no suspender el servicio.

Dicha situación claramente es irregular, porque los montos no corresponden a los niveles de consumo y tarifas aplicables para zona residencial media, lo que se explica seguramente por el hecho de que la CFE no está cobrando con base en mediciones sino en estimaciones o arbitrariamente ha decidió imponer cobros discrecionales para obtener mayores recursos a costa del detrimento de los hogares que conforman el fraccionamiento.

Es de carácter urgente que la CFE haga una revisión inmediata, garantice la continuidad del servicio, evitando el corte y ajuste el cobro de tarifas con base en mediciones reales y no estimadas para que sea lo justo respecto al consumo.

Es deber de todas las instituciones públicas, como la CFE ayudar a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y con mayor razón en el actual contexto, paliar los efectos negativos por la emergencia sanitaria garantizando el servicio y cobro justo con base en la medición, con un propósito fundamental; 1) Que los hogares mantengan las condiciones de vivienda digna y paguen sólo el consumo medido con exactitud.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar y recalcular los cargos aplicados en el último bimestre que no corresponden al consumo residencial del fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a mantener el suministro eléctrico en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en tanto no aclare los cobros desproporcionados al tipo de consumo residencial.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a mantener el suministro eléctrico en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en tanto no instale la totalidad de los medidores eléctricos.

Nota

1 CFE a punto de apagar la luz a vecinos de Villa Fontana Aqua https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-cfe-a-punto-de-apagar-la -luz-en-villa-fontana-aqua-6252391.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Jucopo de ambas Cámaras a diseñar la ruta para instalar mesas de trabajo con la Ssa, la Segob, el INE, instituciones académicas públicas y privadas y expertos en derecho electoral y constitucional, con objeto de evaluar la viabilidad de la jornada electoral durante una contingencia sanitaria, según las principales consideraciones sanitarias, políticas, jurídicas y sociales, suscrita por el diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a presentar la siguiente proposición con puntos de acuerdo como asunto de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 6 de junio de 2021 se llevará a cabo la elección más grande de la historia de México; por las características sui géneris de nuestro sistema electoral, podría representar una de las jornadas electorales más grandes en América Latina, por lo que será un suceso histórico que indudablemente definirá el futuro de nuestra nación.

Sin embargo, ante la situación de emergencia sanitaria que se vive en la actualidad, debido a la Pandemia de la Covid-19, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un reto mayúsculo, ya que no solo debe buscar garantizar la salud de la ciudadanía que acudirá a votar, sino que tiene que velar por el derecho al voto de todos y cada uno de las y los mexicanos.

Esta situación ya se vivió con anterioridad en dos entidades de la república: Hidalgo y Coahuila.

En dicho escenario, el INE pospuso las elecciones de las entidades en mención, haciendo efectiva la figura de facultad de atracción, la cual está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su inciso c) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución. Asimismo, la facultad de atracción está contemplada en el capítulo I, título quinto, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y que se entiende de la siguiente manera:

Se entiende por atracción la atribución del Instituto de atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los organismos públicos locales, cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación. 1

Así, mediante la resolución INE/CG83/2020, el Consejo General del INE aprobó ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la pandemia Covid-19, generada por el virus SARS-COV2.

La justificación por la que se tomó esta decisión no solamente fue producto de una facultad de atracción que tiene el INE, sino que se tomaron en cuenta medidas preventivas dictadas por diversas autoridades tanto externas como internas, las cuales se leen en los antecedentes de la mencionada resolución:

Medidas preventivas dictadas por el Secretario Ejecutivo. El 13 de marzo de 2020, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante comunicado oficial, dio a conocer la implementación de diversas medidas de prevención, información y orientación, a fin de mitigar el riesgo de contagio entre personal del Instituto, con motivo de la pandemia del Covid-19.

Medidas preventivas y de actuación dictadas por la Junta General Ejecutiva. El 17 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, las medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del Covid-19.

Medidas para la prevención y control dictadas por el Poder Ejecutivo de Coahuila. El 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo del estado, mediante publicación extraordinaria en el Periódico Oficial, emitió el Decreto por el cual se establecen medidas para la prevención y control de la propagación del Covid-19 en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Medidas sanitarias dictadas por el Poder Ejecutivo de Hidalgo. El 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo del estado publicó en el Periódico Oficial el acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus Covid-19.

Reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el SARS-CoV2 (Covid-19). El 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.

Medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud. El 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

En el artículo primero se establece que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (Covid19), entendiendo como tales aquellas intervenciones comunitarias definidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (Covid-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el riesgo de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves.

Asimismo, entre otros aspectos, indica que se deberá evitar la asistencia a centros de trabajo de personas en condiciones vulnerables y suspender temporalmente las actividades que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, a partir de la entrada en vigor de ese acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020; así como que deberán instrumentarse planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras.2

En ese contexto, los partidos políticos nacionales, a través de sus representaciones ejecutivas de las entidades de Hidalgo y Coahuila, solicitaron el aplazamiento de la jornada electoral de ambos Estados, a sus respectivos organismos públicos locales electorales (OPLE), a lo cual el Instituto Electoral de Hidalgo hizo llegar al Consejo General del INE una suspensión de solicitud del proceso electoral.3

El mismo día que se recibió dicha solicitud, el Poder Ejecutivo de la federación, declaró “como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid19) y establece que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atenderla”.4

Dichas acciones resultaron en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 31 de marzo de 2020, el cual derivó en el cierre casi total las actividades económicas y sociales, y las labores del gobierno federal, los gobiernos locales y los ayuntamientos.

En el caso del INE, se aprobó la antes mencionada facultad de atracción, para suspender sus actividades laborales no esenciales y fueron pospuestas las elecciones en Coahuila e Hidalgo bajo los siguientes motivos que sustentan la determinación:

Se destaca que la importancia de los procesos electorales radica en que constituyen parte esencial de un Estado democrático y constitucional de derecho, debido a que, a través de las elecciones se posibilita que la ciudadanía pueda ejercer el derecho fundamental de votar, el cual es fundamento del principio democrático que informa la Constitución federal.

Lo anterior, es relevante porque la normativa electoral no prevé de forma expresa una regulación específica de actuación para las autoridades administrativas electorales ante declaratorias de emergencia sanitaria de impacto a nivel nacional como la decretada el pasado 30 de marzo de 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, lo que exige que el Instituto Nacional Electoral adopte las medidas conducentes para ajustar a la emergencia sanitaria decretada, los actos vinculados con los Procesos Electorales Locales que actualmente se están desarrollando en los estados de Coahuila e Hidalgo.

A nivel local, el artículo 116, Base IV, incisos a) y j), de la CPEUM, establece que la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputaciones locales o ayuntamientos; que las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales, y que la jornada comicial respectiva tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda.

En relación con lo anterior, en el caso de Hidalgo y Coahuila, el registro de candidaturas está previsto del viernes 3 al miércoles 8, y del miércoles 15 al domingo 19 de abril, respectivamente.

Por su parte, el inicio y desarrollo de las campañas está previsto el 25 de abril, para concluir el 3 de junio, mientras que la jornada electoral se debiera celebrar el domingo 7 de junio del 2020.

Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria decretada, se deben posponer la realización de las elecciones, por las razones siguientes.

Al respecto, es importante tener en consideración la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), formulada por el Consejo de Salubridad General, así como las medidas adoptadas por las medidas determinadas por la Secretaría de Salud, que, entre otras, ordenan la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social; el resguardo domiciliario, estricto en caso de personas con condiciones de vulnerabilidad en cuanto a la enfermedad de mérito; posponer censos y encuestas que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las mismas, y en general evitar todas aquellas actividades que involucren contacto persona a persona, concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, previéndose la posterior reanudación paulatina, ordenada y regionalizada de actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México.

Sobre el particular, destaca las medidas que pretenden evitar la movilización de personas y su interacción física (cara a cara), como los censos y encuestas, pues la etapa de preparación de la elección, en particular el modelo de capacitación y asistencia electoral, prevé la visita domiciliaria, al igual que esos ejercicios, y el contacto persona a persona. Por ello, si bien el acuerdo referido en el párrafo precedente no menciona expresamente los procesos electorales en curso, en pleno respeto a las atribuciones constitucionales exclusivas de este instituto que señala el artículo 41, atendiendo a la pauta de las medidas sanitarias ordenadas y en pleno uso de nuestras atribuciones constitucionales este instituto considera necesario la adopción de medidas similares y que provocan la emisión de este acuerdo.

De igual forma, es relevante resaltar que las medidas adoptadas se están tomando con base en la información recabada hasta el momento a nivel global y nacional, así como con las proyecciones estadísticas que la propia Secretaría de Salud ha dado a conocer, que a la fecha estiman el máximo de contagios hacia el 26 de mayo del año en curso, lo que permite presumir que será hasta finales de junio que pueda empezar la normalización de las actividades cotidianas. Ello, acorde con el calendario de actividades pendientes hasta el momento en que se toma este acuerdo, a casi dos meses de distancia de la jornada electoral, permite concluir que la celebración de la Jornada Electoral se podría llevar a cabo preferentemente a finales del mes de julio o principios de agosto de este año, siempre y cuando así lo permitan las condiciones sanitarias y las medidas de emergencia dictadas por las autoridades competentes, a fin de privilegiar la debida y oportuna integración de los órganos estatales a renovarse.

Para lo cual, este Consejo General, en atención a las medidas de seguridad sanitaria que se emitan por las autoridades de salud, una vez reanudadas las actividades, establecerá con precisión esa fecha, procurando igualmente permitir realizar con oportunidad los cómputos correspondientes, así como el desahogo de los juicios y recursos que se presenten en torno a los resultados y su validez, con antelación a las fechas previstas legalmente para la instalación o toma de posesión de quieres resulten electos.

Como se puede ver, las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias del Gobierno de México comportan restricciones voluntarias de movilidad y de ejercicio de actividades. Estas medidas, necesarias para la protección de la salud pública no son proclives al complejo de actividades e interactuaciones sociales y de autoridades que se desenvuelven a través de cada una de las fases de los procesos electorales.

Así, por ejemplo, las limitaciones que conllevan la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, a fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad como el resguardo domiciliario corresponsable son condiciones que, del todo, resultan incompatibles con el desenvolvimiento regular del entramado de actos que integran la organización de elecciones y más específicamente para el desarrollo de actos propios de campañas electorales, en tanto que un proceso electivo bajo esos escenarios dificulta el debate público entre candidatos y vuelve complejo que la ciudadanía esté en posibilidad de conocer y discutir los diferentes programas y ofertas electorales que pretendan exponer partidos políticos y las candidaturas, con miras a obtener la preferencia en el voto.

En ese contexto, resulta evidente la imposibilidad de continuar con normalidad el desarrollo de las actividades de preparación de la elección, pudiéndose destacar las relativas a la capacitación electoral y selección de ciudadanas y ciudadanos que conformarán las mesas directivas de casilla, actividades que se llevan a cabo en campo, a través de la visita domiciliaria, por parte de los capacitadores y asistentes electorales; los trabajos encaminados a la conformación y distribución de los paquetes electorales, así como los actos de campaña, que comúnmente implican actos públicos en las localidades y que generan congregación de personas.

Lo anterior, evidentemente está afectando las actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales locales en curso, por lo que, de continuar sin un pronunciamiento de la autoridad electoral, se pone en riesgo la certeza en los actos que deben continuar desarrollándose y, sobre todo, se pone en riesgo a la ciudadanía involucrada en estos, que bajo la expectativa de seguir en curso la justa electoral, puedan poner en peligro su salud.

Ahora bien, es menester destacar que la causa que origina esta decisión, que es la pandemia del Coronavirus (Covid-19), tiene una naturaleza por demás extraordinaria, pues por la agresividad del virus y su capacidad de propagación, ha generado su esparcimiento en todo el mundo, con un número de infecciones y decesos muy elevado y sin precedente en el último siglo, lo que ha provocado que se estén tomado en todos los niveles de gobierno una serie de medidas que impiden que la vida de las personas que habitan en México se realice con normalidad.

...

...es evidente que se encuentra en peligro la salud de quienes están directamente involucrados en el desarrollo de los procesos electorales, máxime que se está llevando a cabo la elección y capacitación de quienes fungirán como integrantes de las mesas directivas de casilla, y la etapa próxima a desarrollarse es la relacionada con campañas electorales, las cuales, por su propia naturaleza requieren para su realización de eventos públicos y contacto cercano.

Si bien es cierto que tanto el OPL de Coahuila como el de Hidalgo, han tomado medidas para la atención de sus procesos, salvaguardando la integridad de sus servidores públicos, también lo es que dichas acciones resultan insuficientes para atender las medidas de salud emitidas por la autoridad para evitar la propagación del virus y el posible contagio.

Por su parte, los partidos políticos y quienes aspiran a una candidatura se han visto afectados en las actividades políticas vinculadas con el desarrollo del Proceso Electoral.

Estas circunstancias justifican plenamente la importancia y trascendencia del caso para ejercer la facultad de atracción, toda vez que los procesos electorales, bajo el sistema actual de su organización, son un conjunto de actividades concatenadas, algunas de ellas son competencia de los órganos públicos locales y otras del INE; de manera que, al ser actividades vinculadas que requieren de la coordinación y colaboración de ambos órganos, corresponde a este Instituto, como rector del sistema nacional electoral, la determinación de modificar o suspender dichos procesos. Además, por diseño constitucional y legal, la fecha de la Jornada Electoral en los comicios ordinarios debe ser la misma, pues en función de ella se articula el resto de los actos preparatorios, así como los subsecuentes encaminados a la definición de ganadoras y ganadores conforme el sistema electoral que resulte aplicable.

...

Así, vistas las circunstancias extraordinarias y de emergencia sanitaria en las que se encuentra inmerso el país, resulta evidente que, en apego al marco constitucional y legal que consolidó al sistema nacional electoral a partir de 2014, es el Instituto Nacional Electoral la única autoridad que cuenta con facultades plenas y suficientes para ordenar la suspensión integral de todas las actividades vinculadas con los procesos electorales, incluyendo aquellas relativas a la preparación y celebración de la Jornada Electoral, así como de las celebradas con posterioridad hasta la declaración de validez de los resultados por autoridad competente .

...

En ese contexto, y con base en la referida declaratoria, es que este Consejo General estima armonizar el ejercicio de los derechos humanos que se encuentran involucrados, particularmente el derecho a la salud y el derecho político electoral al sufragio, en doble vertiente, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas su protección más amplia, conforme con el artículo 1º constitucional, a fin de, en el caso que nos atañe, potenciar el ejercicio de ambos derechos, bajo los principios establecidos en la propia Carta Magna y los tratados internacionales de los que México es parte.

...

La medida que se adopta por parte de este Consejo General, en el sentido de suspender el desarrollo de los procesos electorales en curso y posponer la Jornada Electoral, así como las etapas asociadas a ella, lejos de restringir o suspender el ejercicio de los derechos político-electorales, permitirá su libre ejercicio en interdependencia con el resto de los derechos humanos protegidos por el régimen democrático constitucional mexicano, de manera tal que en el ejercicio de armonización que se realiza por parte de esta autoridad, en este momento se prioriza el ejercicio del derecho humano a la salud, posponiendo en el tiempo el relativo al derecho al sufragio.

...5

Si bien quedó claro en la resolución, que la decisión de posponer temporalmente los procesos electorales fueron de manera extraordinaria, y no necesariamente debía sembrar un precedente legal, se hace evidente que la realidad de la pandemia de la Covid-19 ha rebasado las predicciones que originalmente se tenían de un paulatino regreso a la normalidad.

Desde finales del año 2020 se ha tenido registro de un significativo incremento en los contagios de Covid-19, y hasta el 20 de enero de 2021, la saturación hospitalaria se encuentra en diversas entidades por arriba de 80 por ciento, representando Puebla el cuarto lugar a nivel nacional con 83 por ciento de ocupación hospitalaria, tal como se muestra en la imagen 1:

Imagen 1. Disponibilidad de camas para hospitalización general. 6

Imagen 2. Disponibilidad de camas con ventilador. 7

Fuente: Sistema de Información de la Red IRAG.

Aunado a ello, el contagio de la Covid-19 entre la población no muestra una tendencia a la baja, todo lo contrario, en diversos Estados de la República los casos repuntan de manera considerable, por lo que se hace inminente que se tomarán medidas de aislamiento y sana distancia nuevamente.

Imagen 3. Casos incidentes y activos estimados y personas recuperadas por semana epidemiológica. 8

Fuente: Secretaría de Salud. “Coronavirus Covid19 Comunicado Técnico Diario”.

Así, en la imagen anterior se observa que prevalecen más de cien mil casos estimados, disminuyendo la proporción de personas recuperadas.

Imagen 4. Positividad, casos notificados, negativos y confirmados. 9

Fuente: Secretaría de Salud. “Coronavirus Covid19 Comunicado Técnico Diario”.

Nuestro país mantiene un 45 por ciento de positividad, acumulando 1 millón 688 mil 944 confirmados.

Ahora bien, la esperanza que se tiene en este contexto es una vacunación eficaz por parte del gobierno federal; sin embargo, al corte del 20 de enero de 2021 solo se tienen poco más de 500 mil vacunas aplicadas.

Imagen 5. Estrategia Nacional de Vacunación, Avance diario. 10


Fuente: Secretaría de Salud. “Coronavirus Covid19 Comunicado Técnico Diario”.

Aunado a todo lo anterior, aún no se conoce con certeza el tiempo que dura la inmunidad de una persona que ya padeció la Covid-19, por lo cual el riesgo de volver a contagiarse es probable, dejando de lado la posibilidad de que esta pandemia pueda terminar en el corto plazo.

En ese escenario, la viabilidad de celebrar un proceso electoral constituye un dilema para todas las autoridades electorales y los propios gobiernos, ya que están en juegos dos elementos fundamentales de derecho: la salud y el voto; por lo anterior, es observable que la decisión de posponer una elección tan grande como la del 2021 podría traer consecuencias de índoles político y jurídico, así que será necesario evaluar diferentes mecanismos que permitan la celebración de elecciones, sin que esto represente un riesgo para la población.

Una investigación elaborada por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) publicó una serie de consideraciones para los encargados de la toma de decisiones en todos los países.

Dicha investigación señala en primer lugar que los principales dilemas a los que se enfrentan las autoridades en este tema son los siguientes:

• Mecanismos que aseguren niveles suficientes y fiables de participación electoral y que garanticen la representatividad y legitimidad de las instituciones democráticas resultantes.

• Mecanismos para proporcionar un entorno de votación seguro para quienes emiten sus sufragios y para el personal electoral, además de minimizar los riesgos sanitarios relativos a todas las operaciones electorales que exigen interacciones en persona (tales como la inscripción de votantes, las campañas electorales y los procesos de sufragio, escrutinio y observación electoral, entre otros).

• Mecanismos que, aun en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia, permitan la celebración de un proceso electoral transparente y con rendición de cuentas que goce de altos niveles de integridad.

• Mecanismos que aseguren que todas las etapas y operaciones que componen el proceso electoral tengan un carácter incluyente y sean seguras para los integrantes de grupos especialmente vulnerables a la enfermedad.12

Ante estos dilemas, las autoridades deben considerar una serie de factores de viabilidad electoral, lo cuales deben de considerar “el entorno específico del país, estado o territorio en el que se celebrarán los comicios”.13

Dichos factores son los siguientes:

Fuente: IDEA. “La gestión electoral durante la pandemia de Covid-19 Consideraciones para los encargados de la toma de decisiones”.

Aunado a lo anterior, a fin de llevar a cabo las elecciones con el mayor rigor de seguridad, se deben tomar en cuenta los “métodos especiales de votación como garantías de seguridad pública”, tomando en cuenta los “riesgos a la salud pública relativos al proceso de votación”.14

Dichos métodos propuestos son:

Fuente: IDEA. “La gestión electoral durante la pandemia de Covid-19 Consideraciones para los encargados de la toma de decisiones”.

Por supuesto, de los anteriores efectos mitigadores solo se podría llevar a cabo el del factor tiempo, ya que el factor de lugar no es aplicable a nuestra Constitución, ni a nuestras leyes electorales, pues las votaciones a distancia generarían enorme desconfianza en un sistema electoral que se cimentó con base en la misma.

En este sentido, es necesario que el INE, en coordinación con otras autoridades debe considerar otras alternativas o mecanismos que permitan asegurar la salud de las y los votantes y del personal que participa para la realización de las elecciones; también se deberían considerar los riesgos relativos a la aplicación de métodos especiales de votación, los cuales son los siguientes:

Fuente: IDEA. “La gestión electoral durante la pandemia de Covid-19 Consideraciones para los encargados de la toma de decisiones”.

Al ser este tema algo sin precedentes en el sistema electoral mexicano, es pertinente observar las acciones que han tomado diferentes países respecto a sus días de elección, en consecuencia de la pandemia que se vive a nivel mundial.

De acuerdo con un análisis de la IDEA, del 21 de febrero al 27 de diciembre de 2020 al menos “75 países y regiones de todo el mundo han decidido posponer las elecciones nacionales y locales debido al Covid-19, de los cuales al menos 40 países y regiones han decidido posponer las elecciones nacionales y los referendos”.15 (Véase gráfica 1 y 2, así como mapa 1).

Gráfica 1: porcentaje de elecciones nacionales y sub-nacionales aplazadas. 16

Fuente: IDEA. “Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones”.

Mapa 1: países donde las elecciones nacionales y sub-nacionales fueron aplazadas. 17

Fuente: IDEA. “Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones”.

Gráfica 2: porcentaje de países donde las elecciones nacionales y sub-nacionales fueron aplazadas 18:

Fuente: IDEA. “Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones”.

A pesar de las preocupaciones relacionadas con Covid-19, al menos 101 países y regiones han decidido celebrar elecciones nacionales o locales como se planeó originalmente, y al menos 79 países han celebrado elecciones nacionales o referendos. Aunado a lo anterior, “al menos 49 países y regiones han celebrado elecciones que inicialmente se pospusieron debido a preocupaciones relacionadas con Covid-19, y al menos 27 de ellos celebraron elecciones nacionales o referéndums”. 19 (Véase gráfica 3 y 4, así como mapa 2).

Gráfica 3: porcentaje de elecciones nacionales y sub-nacionales realizadas. 20

Fuente: IDEA. “Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones”.

Mapa 2: países donde se realizaron elecciones nacionales y subnacionales. 21

Fuente: IDEA. “Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones”.

Gráfica 4: porcentaje de países donde se realizaron elecciones nacionales y subnacionales. 22

Fuente: IDEA. “Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones”.

Con todo el panorama expuesto, y ante un escenario de pandemia donde la vacuna va requerir casi todo el año para ser distribuida, se hace necesario que el Poder Legislativo coopere en la conformación de mesas de trabajo en la que se incluyan expertos en la materia, para que se evalúe la factibilidad y los escenarios posibles de las elecciones más grandes de nuestro país.

Aunado a ello, se debe tomar en cuenta que en este proceso electoral se han estado movilizando a miles de trabajadores que servirán de Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, los cuales serán los encargados de capacitar y colaborar con aquellos ciudadanos y ciudadanas que sean elegidos para ser funcionarios de casilla el día de la Jornada Electoral. Por lo cual, este cuerpo de trabajadores, al igual que los funcionarios de casilla, se considera que deberían formar parte de los grupos prioritarios para acceder a la aplicación de la vacuna.

Y es por lo expuesto que someto a la consideración de las y los integrantes de esta Honorable asamblea con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que, de manera coordinada, diseñen la ruta para que en ejercicio de sus atribuciones, se instalen mesas de trabajo, con la participación de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal, el Instituto Nacional Electoral, instituciones académicas públicas y privadas, y expertos en derecho electoral y constitucional, con la finalidad de evaluar los factores determinantes de la viabilidad de la jornada electoral durante un periodo de contingencia sanitaria, tomando en cuenta las principales consideraciones sanitarias, políticas, jurídicas y sociales.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a que estas mesas de trabajo consideren, dentro de su programación temática, al menos, los siguientes puntos de debate y consenso:

Los riesgos sanitarios del normal desarrollo del proceso y la jornada electoral, considerando las proyecciones, en distintos escenarios, sobre el crecimiento o contención de la pandemia por Covid-19.

• La posibilidad de que, atentos a las disposiciones de las autoridades sanitarias federales, las y los ciudadanos insaculados y capacitados como funcionarios de casilla, supervisores electorales, capacitadores asistentes y observadores electorales, sean considerados como grupo prioritario para efectos de la vacunación contra el virus SARS-COV-2.

• Los mecanismos de protección sanitaria que hubieran diseñado las autoridades electorales federales y estatales, así como las medidas extraordinarias que se deberían establecer, para proteger la salud de la población y garantizar una copiosa y ordenada participación ciudadana.

• Los requisitos y condiciones constitucionales y legales, así como la viabilidad política y jurídica para, en su caso, modificar las fechas más relevantes dentro del proceso electoral, incluido el día de la jornada electoral.

Notas

1 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Fecha de publicación: 27 de enero de 2017. Disponible en: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/07/Despen-LEGIPE-NormaINE.pd f [Fecha de consulta: 21 de enero de 2021].

2 INE. “Resolución del Consejo General del INE que autoriza ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la pandemia Covid-19, generada por el virus SARS-COV2”. Fecha de publicación: 1 de abril de 2020. Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1 13880/CGex202004-01-rp-Unico.pdf (Fecha de consulta: 21 de enero de 2021).

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Sistema de Información de la Red IRAG. Fecha de actualización: 20 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHo me [Fecha de consulta: 21 de enero de 2021].

7 Fuente: Sistema de Información de la Red IRAG. Fecha de actualización: 20 de enero de 2021. Disponible en: https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome [Fecha de consulta: 21 de enero de 2021].

8 Secretaría de Salud. “Coronavirus Covid19 Comunicado Técnico Diario”. Fecha de publicación: 20 de enero de 2021. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tec nico-diario-238449 [Fecha de consulta: 21 de enero de 2021]

9 Ibidem.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 IDEA. “La gestión electoral durante la pandemia de Covid-19 Consideraciones para los encargados de la toma de decisiones”. Fecha de publicación: julio de 2020. Disponible en: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/gestion-electoral -durante-pandemia-covid-19.pdf [Fecha de consulta: 21 de enero de 2021].

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 IDEA. “Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones”. Fecha de publicación: 23 de marzo de 2020. Fecha de actualización: 30 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.idea.int/es/news-media/multimedia-reports/panorama-global-d el-impacto-del-covid-19-en-las-elecciones (Fecha de consulta: 21 de enero de 2021).

16 Ibídem.

17 Ibídem.

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Ibídem.

21 Ibídem.

22 Ibídem.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de enero de 2021.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Segob a elaborar y difundir material informativo sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil con las características necesarias para poder ser transmitidos por radio y televisión durante febrero en el marco del Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Alfredo Antonio Gordillo Moreno, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer infantil es una enfermedad que lamentablemente no se puede prevenir. Según las últimas estimaciones hechas por Globocan (Global Cancer Observatory) 2018, cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos nuevos en todo el mundo, de los cuales, más de 200 mil ocurren en niños y adolescentes.1

En México, los datos sobre este padecimiento son desoladores, se estima que cada año se diagnostican a más de 5 mil menores con algún tipo de cáncer y la incidencia muestra tendencia al incremento en la última década.2

A diferencia del cáncer en los adultos, la ciencia no ha logrado determinar factores de riesgos provenientes de hábitos o estilos de vida cuya modificación podrían disminuir la posibilidad de padecer cáncer infantil. Por lo que al no existir medidas preventivas que se puedan tomar, la estrategia más eficiente para garantizar la sobrevida de los menores con la enfermedad es la detección temprana seguida del tratamiento oportuno.

Lamentablemente, en México el 65 por ciento de los casos se diagnostica en etapas avanzadas. De acuerdo con datos aportados por el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, la sobrevida nacional de niñas, niños y adolescentes diagnosticados y tratados en el país es de 57 por ciento, en comparación con la de países con altos ingresos donde la probabilidad de que una niña, niño o adolescente con cáncer sobreviva es del 90 por ciento.3

Por lo anterior, el hecho de que la población en general conozca los síntomas de cáncer infantil se vuelve la mejor herramienta para hacer frente a este problema de salud pública.

Saber que el cáncer infantil es una enfermedad que no se puede prevenir y que no distingue a quien la padece, permite crear conciencia sobre la importancia de estar alerta para detectar los signos y síntomas de sospecha; asimismo crea la urgencia de promover el acceso efectivo a una red de servicios de salud donde el personal de primer contacto posea competencias necesarias para la detección y referencia oportuna de los menores con sospecha de cáncer a alguno de los centros especializados.

Existen señales de alarma que son fáciles de identificar por cualquier individuo, aun cuando no tenga una formación médica. Entre más amplia sea la red de personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes, que conozcan los principales síntomas y signos, mayores serán las posibilidades de que un posible caso de cáncer infantil sea detectado y atendido a tiempo.

Por ejemplo, entre las señales de alerta más comunes se encuentran:

1. Dolor continúo en huesos y estómago.

2. Fiebre sin explicación por más de una semana.

3. Moretones o sangrado de nariz o encías.

4. Crecimiento anormal de bolitas en cualquier parte del cuerpo.

5. Picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel.

6. Cansancio fácil, palidez y desnutrición.

7. Pérdida de peso.

8. Sudoración excesiva sin causa alguna.

9. Estomago que crece rápidamente.

10. Infección que no mejora.

11. Dolor de cabeza y vómitos por la mañana durante varios días.

12. Mancha blanca en el ojo cuando le da la luz.

13. Puntos rojos o morados en la piel (petequias)

14. Crecimiento anormal en cualquier parte del cuerpo.

15. Desviación de mirada o aumento de volumen en uno o ambos ojos.

16. Cambios de la conducta o alteraciones neurológicas (mareos, movimiento involuntario, convulsiones, hormigueo, pérdida del equilibrio, alteraciones al caminar y/o pérdida de sensibilidad).

A nivel internacional, el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, cuyo objetivo es precisamente el de concientizar sobre esta enfermedad y la necesidad de que todos los niños y adolescentes con cáncer tengan las mismas oportunidades para acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuado, mientras que en nuestro país se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2020 el decreto que declara al mes de febrero como “mes nacional para la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil.”4

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, consideramos que ahora más que nunca es necesario redoblar esfuerzos para proteger a nuestra infancia, tutelando el principal derecho humano que es el derecho a la salud y a una vida digna.

Entre las actividades principales para lograr los objetivos trazados, encontramos como una de las más importantes, la difusión de los síntomas y signos de cáncer infantil tomando como punto de partida las herramientas que la misma legislación nos pone a nuestro alcance, como lo son el uso de los tiempos oficiales de transmisión con los que cuenta el Estado mexicano.

De acuerdo con los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los tiempos oficiales son espacios de transmisión, para uso del Estado mexicano, en las estaciones de radio y canales de televisión abierta con el objetivo de difundir temas educativos, culturales y de interés social a través de mensajes de 30 segundos y programas de cinco y diez minutos.

La misma normatividad señala que tienen acceso a los tiempos oficiales los organismos federales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los entes autónomos tales como Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros.

Asimismo, de conformidad con el artículo 254, todas las estaciones de radio y canales de televisión del país están obligadas a transmitir gratuitamente y de manera preferencial:

- Boletines relacionados con la seguridad del territorio nacional, conservación del orden público, o con medidas para prever o remediar cualquier emergencia.

- Información relevante en materia de seguridad, salubridad o protección civil; y

- Mensajes o avisos relacionados con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio.

Por su parte, los artículos 217, fracción II y artículo 255 ordenan a las emisoras de radio y televisión a encadenarse cuando se trate de transmitir información de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.

En ese sentido, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía es la unidad administrativa encargada de ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría de Gobernación en materia de radio, televisión y cinematografía. Entre sus facultades, se encuentran las de supervisar los contenidos de radio, televisión y cinematografía, para su clasificación, transmisión, comercialización, distribución y exhibición, según sea el caso, así como la de coordinar y vigilar técnicamente la transmisión, enlace y distribución de los programas oficiales en medios electrónicos, de los encadenamientos de las estaciones de radio y televisión en el país.

Por su parte, de acuerdo con la Ley General de Salud, le corresponde a la Secretaría de Salud las siguientes atribuciones:

– Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y entidades del sector salud, con sujeción a las disposiciones generales aplicables; y

– Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

Por lo que, haciendo uso de estos espacios y atribuciones conferidas, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil y del Mes Nacional de Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil, desde nuestro grupo parlamentario consideramos conveniente que esta Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Salud pública para que durante el mes de febrero del año 2021, elabore y difunda material informativo de fácil comprensión sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil y para que, a su vez, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, por medio de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, se realicen cápsulas informativas y/o programas especializados donde se transmita la información generada usando los tiempos destinados para uso oficial del Estado.

Lo anterior con el propósito de que esta información llegue a toda la República Mexicana de manera efectiva y repetitiva a fin de lograr el impacto en la población buscado.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, en el uso de sus atribuciones y facultades, elabore material informativo de fácil comprensión sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil con las características necesarias para poder ser transmitidos por radio y televisión a través de cápsulas informativas.

Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Dirección General de Radio, Televisión Y Cinematografía y en coordinación con la Secretaría de Salud, realicen durante todo el mes de febrero del año 2021 una campaña de concientización sobre los signos y síntomas de cáncer infantil y difundan el material preparado con estos fines, en los espacios destinados para tiempo oficial de uso del Estado mexicano.

Notas

1 Véase: Cáncer Infantil en México. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 2019. Disponible en: https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-1 30956

2 Véase: Cáncer Infantil en México. Situación actual y retos. 2017. Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-infantil-en-MEXICO.pdf

3 Véase: Cáncer Infantil en México. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 2019. Disponible en: https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-1 30956

4 Véase: Decreto por el que se declara el mes de febrero de cada año, como el Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil. 2020 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607127&fecha=09/12/2020

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y los 125 ayuntamientos de Jalisco a ampliar plazos, descuentos y condonaciones en el pago de impuestos y derechos en favor de las familias para mitigar los estragos económicos derivados de la contingencia sanitaria por el Covid-19, suscrita por la diputada Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Abril Alcalá Padilla, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y a los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos que componen dicha entidad federativa, para ampliar plazos, descuentos y condonaciones en el pago de impuestos y derechos tanto estatales como municipales, en favor de las familias jaliscienses, a efectos de mitigar los estragos económicos derivados de la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presente pandemia que vivimos ha colapsado por completo el sistema de salud tanto público como privado. El control de la primera ola de contagios, la cual comenzó el pasado mes de abril de 2020 nunca llegó. Si la primera oleada puede considerarse desastrosa, la segunda ola debe definirse como catastrófica.

La situación presenta dos vertientes, el evidente problema de salud y la segunda de índole económico. En este ámbito, también el manejo por parte de las autoridades ha sido desilusionante, irresponsable y criminal.

Para contener el impacto económico, el gobierno federal destinó la cantidad de $ 92,000,000.00 mil millones de pesos, apenas 0.4 por ciento del producto interno bruto (PIB). Los paquetes de apoyo fiscal fueron repartidos en trasferencias a personas, con el pago por adelantado de dos meses de la pensión de alrededor de 8 millones de adultos mayores; con un pago en promedio de 5,240.00 pesos. En este rubro se destinó 42,000,000.00 mil millones de pesos, casi la mitad de los 92,000,000.00 mil millones de pesos.1 Dicha suma no puede considerarse como extraordinaria, en virtud de que ya se encontraba presupuestada su erogación en el Presupuesto de Egresos 2020, aprobado por la Cámara de Diputados durante el mes de noviembre de 2019.2

El resto se destinó como apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal abrió un programa emergente de otorgamiento de 1 millón de créditos por un monto máximo de 25 mil pesos, apoyo evidentemente insuficiente, lejano de las pérdidas y los gastos promedio de las empresas del país. En política monetaria, el Banco de México ha reducido constantemente las tasas de intereses y ha subastado dólares de las reservas, para mitigar los impactos en la económica.

En contraste, los Estados Unidos de América (EUA) destinaron hasta 12.6 por ciento de su PIB en apoyos económicos para sus empresas. México es de los países que menor apoyo económico ha dado a su población en el mundo. Según un estudio de la calificadora de riesgo crediticio Moody’s, Investors Service el apoyo brindado por el gobierno mexicano es comparable al nivel de los países con menores ingresos, como Afganistán, Camboya, Congo, El Salvador, Haití, Nicaragua, o El Salvador.3

El apoyo otorgado por el gobierno de México está muy por debajo de otros países de la región Latinoamérica. Los apoyos brindados por Argentina son del orden de 6.0 por ciento del PIB; en el caso de Colombia, representan 12.0 por ciento de su PIB; Brasil ha destinado 12 por ciento, Chile 17.7 por ciento, y Perú 19.9 por ciento de sus PIB.4

El promedio de apoyos que han destinado los países de primer mundo es de alrededor de 19.8 por ciento de su PIB. Un efecto claro e inmediato de dicha falta de apoyos, es el estancamiento de la economía mexicana. Mientras que otras economías de la región ya presentan un crecimiento económico, la economía mexicana sigue sin recuperarse del golpe provocado por la primera ola de contagios y el cierre de la economía en el mes de abril de 2020. Inclusive, Moody’s ubica a México como la economía con el menor crecimiento postcoronavirus.

En este orden de ideas, el impacto tanto para las economías de las empresas como de las familias mexicanas es brutal. Por tal motivo, ante la ausencia de un liderazgo consciente y responsable a nivel federal, toca a los demás órdenes de gobierno, (entidades federativas y municipios) asumir dicha posición. Es imperativo para el Estado mexicano rescatar, apoyar y salvaguardar la salud y la economía de las familias mexicanas.

Existen diversas maneras en las cuales un gobierno puede apoyar a las familias mexicanas. Está el apoyo directo mediante programas económicos emergentes, la supresión o el otorgamiento de descuentos en impuestos, multas o recargos, que si bien es cierto que son contribuciones necesarias para desempeño y el desarrollo de la actividad gubernamental, son desafortunadamente gastos para las familias, que en una situación de cero crecimiento económico, pérdida de recursos económicos o ya en el peor de los casos, pérdida completa de la fuente de empleo y del sustento, pueden ser un buen aliciente y un eficaz apoyo para dichas personas.

En el caso de Jalisco, la entidad federativa que represento, la Ley de Ingresos 2021 aprobada por el Congreso local, establece un pago por el derecho anual de refrendo para vehículos (autos, camionetas, tractocamiones, etcétera) de $ 688.00 pesos. En el caso de las motonetas, los propietarios deberán pagar $ 276.00 pesos por dicho concepto.5

Los contribuyentes pueden recibir hasta 10 por ciento de descuento por pronto pago durante el mes de enero y 5 por ciento si el pago se lleva a cabo durante el mes de febrero y marzo. A partir del mes de abril, según lo anunciado por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, el incumplimiento en el pago del refrendo vehicular generará recargos y posibles multas.

Dichos apoyos se dan ordinariamente año tras año. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que este inicio de año es atípico. En la mayoría de los casos, las familias no poseen en estos momentos los recursos que normalmente cuentan para sufragar el pago de dichos impuestos, por lo que el llamado a las autoridades estatales es a ampliar los plazos de descuento a todo el año 2021, a mantener el descuento de 10 por ciento en el mismo periodo y a condonar durante este tiempo, los recargos y las multas correspondientes.

Por otro lado, el Impuesto Predial es un cobro que varía según el municipio, la antigüedad y el tamaño de bien inmueble. Los ayuntamientos también otorgan de ordinario descuentos y plazos preferenciales para su pago. De igual forma, se solicita que los plazos y condonaciones que acuerden dichos cabildos puedan extender a todo el año 2021, tanto en el pago de dicho impuesto, como de los impuestos por actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios; impuestos sobre posesión y explotación de carros fúnebres e impuestos sobre transmisiones patrimoniales, por las consideraciones anteriormente descritas.

Si bien debe reconocerse la necesidad impetuosa que tienen dichos ayuntamientos de proveerse de recursos, que también necesitan en estos momentos, la base de una democracia, el sentido fundamental de un gobierno, y la razón de existir del mismo Estado, es su población. Si la población no está bien, el Estado no está bien. Debe ser prioridad absoluta para el Estado mexicano apoyar directa y decididamente a la población mexicana. Puede existir un pueblo sin estado, pero no un estado sin pueblo.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para ampliar y mantener el descuento de 10 por ciento en el pago del refrendo durante todo el año 2021, y a condonar durante este tiempo los recargos y las multas que se generen por la ausencia de dicho pago, así como el pago de derechos estatales e impuestos extraordinarios.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a las y los 125 presidentes municipales del Estado Libre y Soberano de Jalisco, para ampliar y mantener los descuentos y plazos durante todo el año 2021 para el pago del Impuesto Predial, impuestos por actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios; impuestos sobre posesión y explotación de carros fúnebres e impuestos sobre transmisiones patrimoniales, impuestos extraordinarios, así como el cobro de derechos y a condonar durante este tiempo los recargos y las multas que se generen por la ausencia de dicho pago, así como el pago de derechos estatales e impuestos extraordinarios.

Notas

1 https://mexicocomovamos.mx/new/md-multimedia/1587150238-980.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXIV/010_DOF _28dic18.pdf

3 https://www.ejecentral.com.mx/apoyo-de-mexico-por-covid-de-los-mas-bajo s-del-mundo/

4 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-y-Uganda-con-los-estimu los-fiscales-mas-modestos-ante-pandemia-20210115-0004.html

5 https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco. gob.mx/files/12-28-20-bis.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputada Abril Alcalá Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y la FGJ de Tamaulipas a dar celeridad y eficacia a las investigaciones para la pronta identificación de los cuerpos de 19 personas encontrados el 23 de enero en Santa Anita, Camargo, a cargo de la senadora María Celeste Sánchez Sugia, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas, senadoras María Celeste Sánchez Sugía y Katya Elizabeth Ávila Vázquez, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y del Partido Encuentro Social, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar al gobernador y al fiscal general del estado de Tamaulipas a dar celeridad y eficacia a las investigaciones para la pronta identificación de los cuerpos de 19 personas encontrados el 23 de enero en el poblado de Santa Anita, Camargo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde finales del siglo pasado Tamaulipas ha sido escenario de enfrentamientos entre organizaciones delictivas que se disputan el control en la zona, considerada la más importante para la recepción y distribución de drogas en Estados Unidos.1 Investigadores sobre el tema señalan que desde finales de 2009 los enfrentamientos en la entidad se agravaron por la división de los grupos delictivos hegemónicos, incrementando con ello los índices de violencia y criminalidad.

A partir de 2000 se volvieron frecuentes noticias de secuestros de personas migrantes; después de 2007 los asaltos, los robos, los secuestros y otros delitos en contra las personas migrantes empezaron a revelarse como parte de una acción sistemática de los grupos delictivos en conveniencia con empleados públicos.2

A esta conflictividad, se añade además la complejidad que deriva de la ubicación geográfica de la entidad, en ruta de importantes flujos migratorios hacia la frontera de Texas y la convergencia de otros fenómenos delictivos como han sido la diversificación de grupos que antes se dedicaron al narcotráfico y después incursionaron en delitos como el tráfico de personas, o bien, el surgimiento de grupos delictivos dedicados específicamente a esta actividad, dado el creciente atractivo lucrativo delincuencial que ha significado que cada vez haya más personas en búsqueda de llegar a Estados Unidos.

Se ha documentado que para muchas personas migrantes el mayor miedo en su tránsito hacia el país del norte es ser apresadas, secuestradas o asesinadas por los grupos delictivos, dado que esta es una situación que se repite con frecuencia y han atestiguado.3

De acuerdo con datos presentados el 28 de agosto pasado por el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, los delitos de alto impacto en el estado han disminuido, sin embargo, aún ocupa el lugar número 25 en la escala nacional de incidencia delictiva.

Recordamos los hechos ocurridos entre el 22 y 23 de agosto de 2010, en el ejido de El Huizachal, municipio de San Fernando, tristemente conocida como la masacre de los 72, del que conocimos por los reportes de la prensa el 24 de agosto, donde se narró el hallazgo de 72 cuerpos de personas que fueron asesinadas por la espalda, con el tiro de gracia. Todos, cuerpos de personas migrantes, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y 58 hombres, que habían llegado desde Centroamérica y Sudamérica (Brasil, Costa Rica,

Honduras, El Salvador y Guatemala) y un hombre procedente de India.4 Cuerpos de personas que fueron, de acuerdo con las primeras investigaciones, secuestradas, asesinadas, luego amontonadas y abandonadas a la intemperie.

Hace dos años, el 10 de enero de 2019, un nuevo hallazgo volvió a estremecer a la entidad: primero se habló de 20, luego 21 y llegaron a 24 el número de personas sin vida encontradas en el rancho Los Hinojosa, del municipio Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con información dada a conocer en su momento por el vocero de seguridad del gobierno del estado, se dio cuenta final de 24 cuerpos, siete vehículos incendiados y casquillos de diferentes calibres en la zona y, de acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos derivaron del enfrentamiento entre dos cárteles antagónicos en disputa por ampliar su presencia en la región de la “Frontera Chica”.

Este fin de semana, 23 de enero, tras un reporte ciudadano con el que se alertó a la Secretaría de Seguridad Pública, nuevamente se dio cuenta de otro hallazgo, esta vez de 19 cuerpos calcinados en tres camionetas incendiadas en la zona limítrofe entre Tamaulipas y Nuevo León, en el poblado de Santa Anita, en Camargo.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos aseguraron a la agencia EFE que las víctimas eran personas de procedencia guatemalteca.5

Asimismo, conforme ha dado a conocer el club de futbol de tercera división de la Liga Nacional de Guatemala, Juventud Comiteca, su jugador Marvin Alberto Tomás, a quien apodaban “El Zurdo”, estaría dentro de los 19 cuerpos encontrados.6

Se conoce que esa misma noche la Fiscalía General de Justicia estatal abrió una carpeta de investigación; por su parte, el vocero de seguridad del estado, Luis Alberto Rodríguez, aseguró a un diario de circulación nacional que las autoridades forenses realizan el proceso para identificar a los presuntos migrantes guatemaltecos, pero varios de los cuerpos fueron calcinados.

“En redes sociales, personas han expresado que tienen familiares que pueden ser víctimas, pero para poder establecer las identidades se requieren estudios de ADN, es muy aventurado en este momento señalar que se trata de tal o cual persona o de tal origen”, puntualizó.7

En cualquier caso, sea que se trate de personas migrantes o no, es preocupante el clima de violencia que se vive en la entidad y que ha dado como resultado la ocurrencia y repetición de escenas dantescas como las que se describen; nos alarma la posibilidad de que, de forma semejante a lo que ha sucedido en el pasado, estemos ante un nuevo caso de crímenes sin esclarecimiento, sin determinación de responsables y mucho menos castigo, o el relajamiento o abandono de la investigación bajo la presunción expiatoria de que fue producto de un enfrentamiento de grupos rivales.

Si se trata, como se ha presumido, de nacionales guatemaltecos o de cualquier otro país, igualmente las víctimas y sus familias tienen derecho a una investigación imparcial y eficaz que conduzca a esclarecimiento de las circunstancias de su muerte, con garantías de acceso a la justicia, a la verdad y a un proceso penal reparatorio y de conformidad con estándares internacionales de derechos humanos.

Asimismo, llamamos a las autoridades de esa entidad a reforzar las medidas para la seguridad y la prevención de todas las formas de violencia contra cualquier grupo de población.

Por los anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con respeto a la libertad y soberanía en todo lo concerniente a su régimen interior de las que gozan los estados y la Ciudad de México, hace un llamado al gobernador del estado de Tamaulipas y al Fiscal General de dicha entidad a dar celeridad y eficacia a las investigaciones para la pronta identificación de los cuerpos de 19 personas encontrados el 23 de enero en el poblado de Santa Anita, Camargo, y para el esclarecimiento de las circunstancias del múltiple homicidio, con garantías de acceso a la justicia, a la verdad y a un proceso penal reparatorio y de conformidad con estándares internacionales de derechos humanos.

Segundo. Se exhorta a las autoridades del estado a tomar las medidas que resulten necesarias para reforzar la seguridad y prevención de todas las formas de violencia contra cualquier grupo de población en Tamaulipas.

Notas

1 Ravelo Blancas, Patricia. La costumbre de matar: proliferación de la violencia en Ciudad Juárez, Nueva Antropología, 2005, p. 212.

2 Casillas, Rodolfo, Masacre de transmigrantes. Reflexiones e interrogantes sobre los significados del asesinato de 72 migrantes, Foreign Affairs Latinoamérica, 2010, 10, pp. 1-8.

Martínez, Óscar, Los migrantes que no importan: en el camino con los centroamericanos indocumentados en México, Colección Cuadernos de crónica, Edición Icaria, 2010, pp. 102-103.

3 Izcara-Palacios, Simón Pedro. Violencia contra inmigrantes en Tamaulipas. Revista europea de estudios latinoamericanos y caribeños, 2012, 93, 3-24, disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/307840378_Viole ncia_contra_inmigrantes_en_Tamaulipas

4 Varela Huerta, Amarela, “Las masacres de migrantes en San Fernando y Cadereyta: dos ejemplos de gubernamentalidad necropolítica”, Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 58, 2017, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, disponible en:

https://www.redalyc.org/jatsRepo/509/50950776006/5095077 6006.pdf 5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Masacre de San Fernando, Tamaulipas - Masacre de los 72 migrantes”, disponible en: https://www.cndh.org.mx/noticia/masacre-de-san-fernando-tamaulipas-masa cre-de-los-72-migrantes 6 Campos Garza, Luciano, “Suman 24 muertos tras enfrentamiento entre grupos armados en Tamaulipas”, Proceso, 10 de enero de 2019, disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2019/1/10/suman-24-muertos- trasenfrentamiento-entre-grupos-armados-en-tamaulipas-218385.html

5 BBC News Mundo, Redacción “Tamaulipas: hallan calcinados los cuerpos de 19 personas asesinadas en el noreste de México”, 24 de enero de 2021, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55791419

6 SinEmbargo, redacción “Un futbolista guatemalteco estaría entre los 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas”, 25 de enero de 2021, cit. En Julio Astillero, disponible en: https://julioastillero.com/un-futbolista-guatemalteco-estaria-entrelos- 19-cuerpos-calcinados-en-tamaulipas/

López, María; redacción, “FGR encuentra 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas”, Milenio, 25 de enero de 2021, disponible en: https://www.milenio.com/policia/fgr-encuentra-19-cuerpos-calcinados-en- tamaulipas

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021.

Senadoras: María Celeste Sánchez Sugía, Katya Elizabeth Ávila Vázquez. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a diseñar con la SCT y el IFT una estrategia que permita garantizar el derecho de acceso a las TIC, en específico el de banda ancha e internet en las zonas urbanas y las rurales de más alta marginación, suscrita por la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus SARS-CoV2 (Covid-19) es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.1

El 11 de marzo de 2020, la OMS determinó el virus SARS-CoV2 como una pandemia ante los alarmantes niveles de propagación y gravedad.

Con fecha 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo número 02/03/20 por medio del cual se suspenden las clases durante el periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

El Consejo de Salubridad General, publica el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Razón por la cual con fecha 1 de abril de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 06/03/20 por medio del cual se amplía el periodo suspensivo del 27 de marzo al 30 de abril del año en curso.

El 16 de abril de 2020, en la conferencia de prensa matutina de Presidencia de la República, se anunció la necesidad de mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, incluida la suspensión de las actividades no esenciales hasta el 17 y 30 de mayo de este año.

En este contexto, el secretario de Educación Pública emitió un comunicado a la ciudadanía informando que en tanto se mantenga el cierre de escuelas en el país, por la emergencia sanitaria provocada por el virus del SARS-CoV2 (Covid-19), el programa Aprende en Casa continúa a partir del próximo lunes 20 de abril y hasta que sea posible el regreso a clases presenciales para alcanzar el objetivo principal de cumplir con el aprendizaje de los estudiantes programado para el ciclo escolar 2019-2020.

El 3 de agosto de 2020, se emitió un boletín por parte de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual se anuncia el inicio del ciclo escolar 2020-2021 a partir del lunes 24 de agosto, a través del programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II, con el acompañamiento de televisoras privadas, de la red de radiodifusoras y televisoras educativas del país, así como de los sistemas públicos de comunicación del Estado mexicano.

El programa Aprende en Casa es una estrategia del gobierno de México para mantener la prestación de servicios educativos durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, se realiza con base en los contenidos y utilización en casa de los libros de texto gratuito, así como el trabajo y planeación que realizan maestras y maestros con sus alumnos durante el periodo del receso escolar. La estrategia del programa pretende llegar a todas las regiones del país a través de distintas plataformas digitales o televisivas.

Sin embargo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), vivimos en la región con mayor desigualdad en los ingresos de todo el mundo. En México encontramos muchas inequidades y mucho retraso en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, en específico el de banda ancha e internet en las zonas urbanas y rurales de más alta marginación.

Es evidente que las y los alumnos de las zonas urbanas y rurales de alta marginación, son los más desfavorecidos con la implementación de estas nuevas medidas de educación, ya que, a sus condiciones marginales, como la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud, falta de acceso a los servicios básicos, se le suma la falta de acceso a internet.

Por otro lado, en Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el tercer objetivo Economía, se establece como noveno eje la Cobertura de internet para todo el país: Mediante la instalación de internet inalámbrico en todo el país se ofrecerá a toda la población conexión en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios. Lo cual será fundamental para combatir la marginación y la pobreza y para la integración de las zonas deprimidas a las actividades productivas.

La emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) está impactando de manera significativa en la actividad escolar, México cuenta con 232 mil 876 escuelas, de las cuales 198 mil 348 son públicas y 34 mil 528 privadas y más de 25.4 millones de alumnado en educación básica; por lo tanto, el Estado debe garantizar el derecho humano a la educación y al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, ya que al no hacerlo se incrementa la brecha de desigualdad que ahora además de la económica, social y cultural, se le suma la desigualdad digital, que continúa expandiéndose a medida que los estudiantes en sectores urbanos y rurales de alta marginación siguen quedándose atrás en su aprendizaje.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para que a la brevedad posible se coordine con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de que se diseñe una estrategia que permita garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, en específico el de banda ancha e internet en las zonas urbanas y rurales de más alta marginación, con la finalidad de garantizar el derecho de los niños y niñas al programa internet para todos y su derecho humano a la educación durante el programa Aprende en Casa, implementado ante la emergencia sanitaria nacional generada por el virus SARS-CoV2.

Nota

1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/q-a-coronaviruses

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y el titular de la FGJ de Morelos a llevar una puntual supervisión del seguimiento de las denuncias presentadas por ciudadanos, productores, distribuidores, transportistas y expendedores víctimas del robo de aguacates y nopales, entre otras mercancías, suscrita por el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ángel García Yáñez, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo y el fiscal general de Justicia del Estado de Morelos a efectuar en el ámbito de sus atribuciones una puntual supervisión del seguimiento de las denuncias presentadas por los ciudadanos, productores, distribuidores, transportistas y expendedores, quienes son víctimas del injusto de robo de aguacates y nopales, entre otros, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece...

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial...

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución...

En el Código Penal de Morelos se establece lo siguiente:

Artículo 174. A quien se apodere de una cosa mueble ajena, con ánimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se le aplicarán:

I. De seis meses a un año de prisión, de quince a noventa días de trabajo en favor de la comunidad, así como de diez a cincuenta días-multa, cuando el valor de la cosa no exceda de veinte veces el salario mínimo, o no sea posible determinar su valor;

II. De dos a cuatro años de prisión y de cincuenta a ciento veinte días-multa cuando el valor de la cosa exceda de veinte pero no de doscientas cincuenta veces el salario mínimo;

III. De cuatro a diez años de prisión y de ciento veinte a cuatrocientos días-multa cuando el valor de la cosa exceda de doscientas cincuenta, pero no de seiscientas cincuenta veces el salario mínimo; y

IV. De diez a catorce años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días-multa cuando el valor de la cosa exceda de seiscientas cincuenta veces el salario mínimo...

Artículo 176. En los casos de robo se atenderá asimismo a lo previsto en las siguientes calificativas:

A) Se aumentarán hasta las dos terceras partes las sanciones previstas en los artículos anteriores cuando el robo se realice:

I. Con violencia contra las personas, para cometer el robo, facilitarse la fuga o conservar lo robado;

II. En lugar cerrado, habitado o destinado para habitación, o en sus dependencias;

III. Hallándose el ofendido en un vehículo, particular o de transporte público;

IV. Con aprovechamiento de la confusión resultante de una catástrofe o un desorden público;

V. Por una o varias personas armadas o portando instrumentos peligrosos;

VI. En contra de cualquier oficina o institución financiera en que se conservan caudales o valores, en contra de las personas que tienen aquéllos bajo su cuidado o los clientes que hayan acudido a retirarlos en las mismas o en cajeros automáticos; en las inmediaciones de éstos o inmediatamente después de su salida de los mismos;

VII. En local abierto al público;

VIII. Derogada

IX. Con quebranto de la confianza o seguridad derivadas de una relación de servicio, trabajo u hospitalidad;

X. Respecto de equipo, instrumentos, semillas y cualesquiera otros artículos destinados al aprovechamiento agrícola, forestal o pecuario;

XI. Respecto de documentos que se conserven en oficinas públicas, cuando la sustracción afecte el servicio público o cause daño a terceros. Si el delito lo comete un servidor público que labore en la dependencia donde se cometió el robo, se le aplicará, además, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión por uno a cinco años.

En estos casos no operará la fracción I del artículo 174. Cuando el valor de lo sustraído se halla en los términos de dicha fracción se estará a lo estipulado en la fracción II para determinar la pena que servirá de base para establecer el incremento que corresponde conforme a este precepto.

XII. Cuando se realice sobre embarcaciones o cosas que se encuentren en ellas; y

XIII. Cuando se realice sobre equipaje o valores de viajeros en cualquier lugar durante el viaje.

B) Cuando el robo sea cometido por dos o más sujetos, sin importar el monto de lo robado, a través de la violencia, la acechanza o cualquier otra circunstancia que impida la defensa de la víctima y el valor de lo sustraído se encuentre en los términos de la fracción IV del artículo 174, la sanción aplicable será de cinco a quince años de prisión y de cincuenta a mil días multa. También podrá aplicarse la prohibición de ir a lugar determinado o vigilancia de la autoridad, hasta por un término igual al de la sanción privativa de libertad impuesta.

Segundo. El robo es un delito recogido en la legislación penal y se trata del apoderamiento de una cosa propiedad de una tercera persona por la fuerza.

El robo se entiende como un delito patrimonial, esto significa que lo que se protege al castigar el robo es el patrimonio. Aquello que se quiere proteger en un delito, se conoce como el bien jurídico protegido, por tanto, en este caso el bien jurídico es el contenido del patrimonio.

Entendiendo que el patrimonio es lo que se ve alterado cuando se produce el robo, cuál es el bien jurídico protegido.

El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones que hacen referencia a cosas que tienen valor económico o que pudieran ser valorables económicamente. Es esencial el valor económico de lo robado, pero también la relación del propietario con esa cosa. Por lo tanto, podemos encontrar dos requisitos que definen patrimonio como objeto del delito de robo: valor económico de la cosa robada y el sujeto pasivo, es decir, quien sufre el delito de robo, debe estar relacionado con la cosa robada por una relación jurídica por el ordenamiento.

Tipo objetivo-tipo subjetivo

Los delitos se componen de un tipo objetivo, donde se encuentran: el objeto, la acción o el resultado y un tipo subjetivo, donde se integran el dolo o el ánimo de lucro.

Tipo objetivo

• Objeto: Se trata de una cosa mueble ajena valorable económicamente. Cuando decimos cosa, nos referimos a cualquier objeto que se pueda valorar económicamente y que es susceptible de apoderamiento y de desplazamiento.

• En el mundo del derecho las cosas se dividen en muebles o inmuebles. Y en este delito solo se refiere a las cosas muebles.

• Además, el objeto debe ser ajeno, no podría robarse cosas comunes como el aire, por ejemplo.

• Acción: Apoderarse de la cosa mueble ajena y esta acción debe realizarse con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas. Se debe realizar sin consentimiento del propietario de la cosa.

• Resultado: El resultado del robo es el apoderamiento efectivo de la cosa.

Tipo subjetivo

• Dolo: Saber que la cosa tiene propietario y que no hay consentimiento de éste para su apoderamiento.

• Ánimo de lucro: Es la intención de convertirse en dueño de la cosa sustraída para su beneficio.

Atento a ello, en el estado de Morelos, en últimas fechas se ha incrementado el robo de aguacate, nopales entre otros, donde la afectación es a familias enteras, ya que los robos se dan a huertas completas, a transportistas y comerciantes de dicho producto, dejando en total estado de indefensión a las víctimas y que ello implica no solo la afectación a un particular sino a todos los trabajadores que dependen de dicha actividad, como viene sucediendo en el Municipio de Tlalnepantla, no debe dejarse de lado en estos momentos en que la pandemia del Covid-19 está causando estragos en la economía de nuestro país, y el no atender de manera oportuna las denuncias presentadas, dar el puntual seguimiento y evitar la impunidad en la comisión de dicho ilícito no solo merma en la credibilidad de la ciudadanía más aún al grado de la desesperación que se han presentado problemáticas aún mayor como el posible linchamiento de quienes cometen ese ilícito y ello en el grado exacerbado que ya existe en la población al no sentir la adecuada atención a sus demandas de justicia, generando con ello un problema de tales dimensiones que desemboca en la total anarquía del querer tomar por sus propias manos la justicia.

Atento a ello mi mayúscula preocupación de que en mi estado no se estén llevando las medidas necesarias para procurar justicia a la población en este tipo de delitos y que ahora en su desesperación y sed de justicia, la pretendan tomar por sus manos, tratando de linchar presuntos delincuentes, sin dejar de lado su legítima exigencia, pero con ello generando un mensaje negativo de nuestro estado y de los valores con los que se conducen sus ciudadanos y la gobernabilidad que debemos tener.

Por lo expuesto, con el debido respeto, se hace un exhorto a las autoridades Estatales, para que, en el ámbito de sus atribuciones, se realice una supervisión del seguimiento que se han dado a las denuncias presentadas por el delito de robo en específico del aguacate, nopales, entre otros, a productores, agrícolas, comerciantes y demás víctimas afectadas por el injusto en mención.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo y el fiscal general de Justicia del Estado de Morelos a efectuar en el ámbito de sus atribuciones una puntual supervisión del seguimiento a las denuncias presentadas por los ciudadanos, productores, distribuidores, transportistas y expendedores, quienes son víctimas del injusto “robo” de aguacates y nopales, entre otros.

Dado en el Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a 27 de enero de 2021.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Mesa Directiva del Congreso de Puebla a instruir para que los legisladores consideren los criterios de la SCJN en los procesos de discusión y aprobación de dictámenes, a cargo de la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del PT

De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Puebla a girar instrucciones para que las y los legisladores tomen en consideración los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los procesos de discusión y aprobación de dictámenes en dicho Congreso, así como para que se abstenga de restarle importancia a las sentencias de dicha Corte que estiman inconstitucionales a las reformas aprobadas por el Congreso de Puebla, con base en las siguientes

Consideraciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una responsabilidad fundamental para el funcionamiento de la democracia en nuestro país, que consistente en defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar, de manera definitiva, otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad.

La labor de la Corte es de gran trascendencia para la preservación de la división de poderes, así como para la defensa y protección de los derechos humanos de las y los mexicanos. Si bien sus criterios siempre han sido relevantes para esclarecer cuestiones controversiales de nuestro ordenamiento jurídico, la Décima Época ha destacado como un periodo de emisión de tesis que apuesta por la priorización y salvaguarda de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, tal como se previó en la contradicción de tesis 293/2011.

Los pronunciamientos del Alto Tribunal deben ser estudiados y atendidos seriamente por las y los mexicanos, pero sobre todo por quienes ocupamos cargos públicos a través de los cuales creamos normas. Las y los legisladores somos, por excelencia, quienes ejercen dichos cargos y, por ello, es sumamente importante que atendamos la jurisprudencia constitucional al momento de legislar. De tal modo que, si hacemos caso omiso a los criterios de la Corte al reformar, expedir o abrogar normas, estamos poniéndonos una trampa para que el día de mañana esas normas sean consideradas inconstitucionales.

En el ejercicio de sus funciones, el Pleno de la Corte invalidó recientemente los artículos 128 Bis, en la porción normativa “desaparición forzada de personas, y de desaparición cometida por particulares”, 304 Bis, 304 Ter y 304 Ter 1, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, reformados y adicionados mediante el decreto publicado el 8 de noviembre de 2019. Ello, al determinar que el Congreso invadió la local competencia del Congreso de la Unión prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General, para legislar en materia de desaparición forzada.1

El pleno señaló que los artículos invalidados establecían cuestiones relacionadas directamente con el tipo penal y punibilidad del delito e desaparición forzada, tales como: a) la imprescriptibilidad del delito (artículos 128 Bis y 304 Ter 1); b) las circunstancias de hecho para tener por actualizado el tipo penal (artículo 304 Bis, fracciones I a IV); c) la punibilidad (artículo 304 Bis, últimos tres párrafos), y d) atenuantes o agravantes de la pena aplicable (artículo 304 Ter, fracciones I y II).2

Conforme a sus precedentes, el pleno recordó que en esta materia rige el mismo régimen competencial que en el caso de los delitos de secuestro y trata de personas, en los cuales la tipificación y sanción corresponde, en exclusiva, al Congreso de la Unión.3

Ante este fallo constitucional, la diputada Norma Merino Escamilla, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, declaró que dicho Poder Legislativo acataría las órdenes de la Corte. Sin embargo, es preocupante que la diputada Merino también expresó que el fallo referido no representa problema alguno, ni implica que el Congreso poblano “haya hecho algo malo o haya violado algún derecho”.4

Estas afirmaciones de la diputada Merino reflejan un franco desconocimiento de los principios rectores de nuestra democracia y del contenido de la ejecutoria citada del Tribunal Suprema. Por un lado, debe destacarse que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue quien promovió la acción de inconstitucionalidad en comento, arguyendo que el Decreto impugnado viola el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad ; razonamiento que la Corte compartió y que incluso ha reforzado a través de los precedentes que citó al resolver este asunto.

Precisamente, las disposiciones impugnadas regulan el tipo penal y las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, lo cual implica una doble regulación de dichos delitos, los cuales ya se encuentran regulados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. De tal manera que las y los mexicanos tendrían incertidumbre sobre qué conducta constituye el delito de trata de personas y dificultaría la exigibilidad de justicia para las víctimas de esta aberrante práctica . En consecuencia, es claro que el Congreso de Puebla sí violó derechos fundamentales a través del decreto mencionado.

Además, es imperante destacar que cualquier invasión de facultades entre órdenes y órganos debe estimarse grave, pues representa una amenaza a la estabilidad del gobierno y obstaculiza la efectividad de las políticas públicas acordadas en el seno de las instituciones públicas, bajo el marco constitucional.

Cabe señalar que entre el 2019 y 2020, se han promovido 10 acciones de inconstitucionalidad contra el Congreso de Puebla, de las cuales 5 han resultado en la invalidación de reformas aprobadas por aquel Poder Legislativo, mientras los 5 restantes siguen pendientes de resolver. Los derechos humanos que se han violado a través de las reformas inconstitucionales del Congreso poblano son el derecho de acceso a la información, los principios de igualdad y proporcionalidad de las contribuciones, así como el derecho a la seguridad jurídica.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos llama a respetarla y acatar sus mandatos con seriedad, pues representa los ideales democráticos, políticos y sociales a los que nuestra nación aspira. Representa el pacto social al que todas y todos estamos constreñidos.

Por lo tanto, es necesario que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla y el Congreso en sí, tomen en consideración la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los procesos de discusión y aprobación de las reformas que aprueben. Así como tampoco deben restarle importancia a la inconstitucionalidad de las normas a través de sus declaraciones. Si exigimos a las y los ciudadanos que acaten las disposiciones de la Constitución, las autoridades debemos liderar con el ejemplo y evitar minimizar cualquier desapego de la Carta Magna que surja de nuestra parte. La cuarta transformación en la que creemos nos obliga a este cometido y es importante que, a diferencia de los regímenes pasados, nosotros nos responsabilicemos por nuestros actos.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta respetuosamente a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Puebla a girar instrucciones para que las y los legisladores tomen en consideración los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los procesos de discusión y aprobación de dictámenes en dicho Congreso; así como para que se abstenga de restarle importancia a las sentencias de dicha Corte que estiman inconstitucionales a las reformas aprobadas por el Congreso de Puebla.

Notas

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comunicados de Prensa. Número 015/2021. Invalida SCJN artículos del Código Penal de Puebla por invadir la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de desaparición forzada de personas . Ciudad de México, a 18 de enero de 2021. https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6321

2 Ídem.

3 Ídem.

4 La Jornada de Oriente. Para la diputada Merino no es grave que la SCJN dictamine que haya reformas inconstitucionales . 20 de enero 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=sXIouk1b_xg&feature= emb_title

Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente del honorable Congreso del a Unión, en la Cámara de Diputados, a 27 de enero de 2021.

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales a brindar apoyo económico a los familiares del personal de salud fallecido por contagio del SARS-Cov2, a cargo del senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Noé Fernando Castañón Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones I y II del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas con la finalidad de brindar un apoyo económico a los familiares del personal de salud que ha fallecido por el contagio del virus SARS CoV 2.

Consideraciones

México atraviesa por una emergencia sanitaria derivado del alto contagio del virus Covid-19, mismo que ha dejado a más de un millón 771 mil 740 personas contagiadas y 150 273 muertos, donde aproximadamente 2 mil fueron personal de salud.1

De conformidad con la revista Forbes México , señala que el riesgo de muerte de un trabajador de salud en México es cuatro veces mayor que en Estados Unidos de América (EUA) y ocho veces más alto que en Brasil; considerando que México cuenta con una cifra por encima de los mil 77 trabajadores fallecidos de EUA o los 634 de Brasil, siendo los dos países más golpeados por la pandemia y ambos con una población total muy superior a la de México.2

Desde el inicio de la pandemia, los médicos, enfermeras y personal hospitalario se han visto afectados por la saturación en el sistema de salud, la falta de soporte por parte del gobierno, así como la falta de material y estructura adecuada para combatir la emergencia sanitaria por el virus Covid-19; sin embargo, a pesar de ello, día con día exponen sus vidas a diversos focos de contagio, todo con la finalidad de salvar y proteger la salud de cada una de las familias mexicanas.

Es estremecedor que siendo el personal de salud una de las principales líneas de combate contra el virus Covid-19, el gobierno de México ha dejado que este sector sea contagiado durante el cumplimiento de su deber por falta de equipo de protección personal o debido a condiciones de trabajo inseguras.

Las cifras de defunciones de personal de salud han ido al alza, con aproximadamente dos mil defunciones; muchos de los médicos, enfermeras y personal de hospitalario que han fallecido eran los principales portadores económicos en sus familias, por lo que al fallecer dejan a sus familias sin ningún soporte económico.

Como agradecimiento a la ardua labor y la entrega que ha realizado todo el personal de salud, es de suma urgencia que el gobierno de México vea por las familias de los médicos, enfermeras y personal hospitalario que dieron su vida para poder proteger la salud de las y los mexicanos; es necesario que posterior al fallecimiento del personal de salud por Covid-19, se les brinde a las familias de cada uno de ellos un apoyo económico.

Por lo expuesto y fundado solicito a esta soberanía que someta a consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas con la finalidad de brindar un apoyo económico a los familiares del personal de salud que ha fallecido por el contagio del virus SARS CoV 2.

Notas

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/26/mexico-supero-las-150 000-muertes-por-covid-19/

2 https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-pais-con-mas-personal-medico- muerto-por-coronavirus/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Senador Noé Fernando Castañón Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a fortalecer con sus 32 homólogas locales las medidas de protección de la salud en las unidades de transporte público a través de la entrega de gel antibacterial y cubrebocas a los conductores y establecer la capacidad máxima de las unidades para mantener la sana distancia, suscrita por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz , integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo como asunto de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Organización Mundial de la Salud declaró en febrero de 2020 el Covid-19 como una pandemia mundial, por ello, hizo un llamado a las naciones para que adopten medidas tendientes en evitar su rápida expansión. Las características del coronavirus lo hacen un virus de fácil propagación entre las personas, razón por la cual, se detectaron velozmente brotes importados y casos autóctonos en los países aledaños al origen de la pandemia y posteriormente en los países europeos y del continente americano.

México no fue la excepción, pues, el lunes 30 de marzo del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que declara, como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la pandemia de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19).1 Desde marzo y actualmente, enero del 2021, vivimos una contingencia extraordinaria que ha ameritado diversas acciones por parte de los gobiernos y de las autoridades sanitarias.

Segunda. En dicho acuerdo, el Consejo de Salubridad estableció que la Secretaría de Salud determinó acciones necesarias para atender la pandemia por el virus SARS-CoV-2, así, se establecieron medidas sanitarias como es la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social; reuniones no mayores a 50 personas; quedarse en casa con especial atención a las personas más vulnerables y con alguna comorbilidad, entre otras.2

Por otro lado, se difundió y estableció el uso del cubrebocas, el lavado correcto de manos, filtros de higiene y seguridad biosanitaria para entrar a un establecimiento y un semáforo que muestra a la población mexicana el riesgo epidemiológico que existe por cada entidad federativa para saber qué actividades se pueden hacer, qué acciones se deben tomar para disminuir la movilidad y con ello, evitar la propagación del virus.

Actualmente, el semáforo epidemiológico del 18 al 31 de enero de 2021 expone 10 estados en rojo, en donde hay actividades económicas esenciales, 19 en naranja, con actividades económicas esenciales y no esenciales con 30 por ciento del personal, 2 en amarillo con todas las actividades laborales, pero cuidando a las personas con mayor riesgo y finalmente 1 en verde que incluye todas las actividades.

Tercera. Tamaulipas se encuentra en color naranja, es decir en riesgo alto, teniendo un total de 45 mil 73 casos positivos y 3 mil 737 defunciones. Para el caso de Tampico, hay un registro de 7 mil 591 casos positivos y 570 defunciones.3

Aunado lo anterior, el viernes 15 de enero de 2021, se publicó en el periódico oficial del estado un acuerdo obligatorio y de aplicación en el que determinó que se encuentran en fase II los municipios de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, González, Güémez, Hidalgo, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Ocampo, Padilla, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl. Por otro lado, en fase III los municipios de Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula y Villagrán. En la publicación del estado determinó el cierre de los negocios no esenciales y recortó los horarios de comercios, restaurantes y del transporte público.

Las restricciones sanitarias establecidas buscan evitar la propagación del Covid-19, sin embargo, han sido intermitentes y han originado serios problemas económicos para quienes subsisten y dependen de las actividades restringidas.

En el caso particular del transporte público se redujo la capacidad del vehículo al 50%, los servicios de lunes a viernes hasta las 10:00 p.m. y los sábados y domingos hasta las 8:00 de la noche.4 El panorama para aquellos que dependen económicamente del transporte público es complicado porque su fuente de ingresos está viéndose impactada en relación con la proporción con el límite de horario de operación, reducción de personal de trabajo y de aforo. Ellos no cuentan con un salario fijo por lo que se convierten en un sector vulnerable en economía y salud.

En Tampico, 10 rutas de transporte público seguirán circulando en rutas alternas, ya que se limita la entrada del transporte público a ciertos puntos con la finalidad de reducir el flujo vial y la movilidad de personas.

Ante ello, propongo que a través de la Subsecretaría de Transporte Público pueda apoyar al transporte con insumos que contribuyan a la protección de la salud y en su caso, puedan emitir subsidios para aminorar las afectaciones en los transportistas.

Además, ante el alza de nuevos casos y recientemente la nueva cepa de Covid-19, se debe de determinar protocolos que reviertan la recisión económica a efecto de proteger la economía de las personas que dependan del transporte público, al mismo tiempo, se deben cumplir con los protocolos sanitarios para operadores y para usuarios.

Cuarta. Habiendo escrito lo anterior, con esta proposición con punto de acuerdo se estima que los órganos de gobierno local y federal puntualicen acciones tendientes a la incorporación de manera escalonada en el transporte público para que sea una herramienta con el objetivo de lograr salvaguardar la economía de las familias que dependan y laboren en ese grupo, así como poder evitar que las unidades de transporte público puedan ser espacios de contagio del virus SARS-CoV-2.

Bajo el mismo criterio, se busca que se establezcan protocolos para que los operadores y usuarios del transporte público cumplan con las medidas sanitarias con el fin de reducir la propagación del Covid-19.

Es por lo expuesto, es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a las soberanías, exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y con los gobiernos municipales puedan fortalecer las medidas de protección de la salud en las unidades de transporte público a través de la entrega de gel anti bacterial y cubrebocas a los conductores y establecer la capacidad máxima del transporte público para mantener la sana distancia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a las soberanías, exhorta respetuosamente, a la Subsecretaría de Transporte Público del estado de Tamaulipas, para que, en el uso de sus atribuciones establezca protocolos de operación para el transporte público como son horarios escalonados, capacidad máxima de transporte para guardar las medidas sanitarias y, en su caso, emitir subsidios para los conductores que han visto disminuido sus ingresos durante la contingencia sanitaria por Covid-19.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/ 2020

2 https://coronavirus.gob.mx/medidas-de-seguridad-sanitaria/

3 https://coronavirus.tamaulipas.gob.mx/situacion-geografica-del-coronavi rus/

4 https://po.tamaulipas.gob.mx/archivo/?mes=1&a%C3%B1o=2021

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente a 27 de enero de 2021.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal, estatales y municipales a fortalecer esfuerzos sobre visitas de inspección a centros de trabajo para asegurar que se cumplan los criterios que garantizan la salud de los colaboradores, y abrir una línea de denuncia a la ciudadanía a efecto de reportar a los empleadores que obligan a continuar laborando y asistir a las unidades económicas aun contagiados por Covid-19, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz y suscrita por Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz , del Grupo Parlamentario de Morena; Arturo Escobar y Vega , en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe , del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos meses, hacer frente a la Covid-19 se ha convertido en una prioridad en los más de 200 países y territorios afectados por la propagación de esta enfermedad, lo que ha representado una de las principales amenazas para la población mundial.

De igual manera, el mundo laboral se ha visto profundamente afectado por la pandemia, ya que además de ser una amenaza para la salud pública, las afectaciones a nivel económico y social han puesto en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas, es por ello, que gobiernos, trabajadores y empleadores han tenido un papel decisivo en la lucha contra el brote, pues han de velar por la seguridad de las personas, su salud y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo.

La Organización Mundial de la Salud ha emitido diez recomendaciones específicas para que los ciudadanos se protejan del coronavirus y al mismo tiempo se evite la propagación de la enfermedad.

“1. Lavarse las manos

Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Tocarse la cara después de tocar superficies contaminadas o a personas enfermas es una de las formas en que se puede transmitir el virus. Al limpiar las manos se puede reducir el riesgo.

2. Limpieza de superficies

Las prácticas de desinfección son importantes para reducir el potencial de contaminación por el virus Covid-19 en entornos no sanitarios, como en el hogar, la oficina, las escuelas, los gimnasios, los edificios de acceso público, los centros comunitarios basados en la fe, los mercados, el transporte y los entornos comerciales o restaurantes.

Las superficies de alto contacto en estos entornos no relacionados con el cuidado de la salud deben identificarse para la desinfección prioritaria, como manijas de puertas y ventanas, áreas de cocina y preparación de alimentos, encimeras, superficies de baños, inodoros y grifos, dispositivos personales con pantalla táctil, teclados de computadoras personales y trabajo. Más información

3. Informarse

Infórmese sobre la Covid-19 a través de fuentes confiables: su agencia de salud pública local o nacional, el sitio web de la OMS o su profesional sanitario local. Todos deben conocer los síntomas: para la mayoría de las personas, comienza con fiebre y tos seca, no con secreción nasal. La mayoría de las personas tendrá una enfermedad leve y mejorará sin necesidad de ningún cuidado especial.

4. Evitar los viajes

Evitar viajar si tiene fiebre o tos, y en caso de enfermarse durante un vuelo, informar a la tripulación de inmediato. Una vez que llegue a casa, póngase en contacto con un profesional de la salud y cuéntele dónde ha estado.

5. Cuidado al toser o estornudar

Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo de papel. Deseche el pañuelo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado y luego lávese las manos.

6. Si es mayor, evitar las áreas muy concurridas

Si tiene más de 60 años o si tiene una afección subyacente como una enfermedad cardiovascular, una afección respiratoria o diabetes, corre un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Podría tomar precauciones adicionales para evitar áreas abarrotadas o lugares donde pueda interactuar con personas enfermas.

7. Quedarse en casa si se está enfermo

Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico o profesional de salud local. Él o ella le hará algunas preguntas sobre sus síntomas, dónde ha estado y con quién ha tenido contacto. Esto ayudará a asegurarse de que reciba el asesoramiento correcto, se dirija al centro de salud adecuado y evitará que infecte a otros.

8. Cuidados en casa

Si está enfermo, quédese en casa y coma y duerma por separado de su familia, use diferentes utensilios y cubiertos para comer.

9. Consultar con el médico

Si tiene dificultad para respirar, llame a su médico y busque atención médica de inmediato.

10. Hablar con la comunidad y el trabajo

Es normal y comprensible sentirse ansioso, especialmente si vive en un país o comunidad que ha sido afectada. Descubra lo que puede hacer en su comunidad. Discuta cómo mantenerse seguro con su lugar de trabajo, escuela o lugar de culto.”1

De las anteriores, es necesario poner énfasis en el punto número 7 que se refiere a quedarse en casa si se está enfermo, medida que resulta fundamental, porque de lo contrario más personas serán puestas en riesgo, particularmente en los centros de trabajo, donde comúnmente hay concentración de gente y más aún en aquellos puestos de trabajo donde por la propia dinámica laboral se tiene contacto con más personas, ya sean clientes, proveedores o compañeros.

Asimismo, en México, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, publicaron el 20 de marzo del 2020 una “guía de acción para los centros de trabajo ante la Covid-19”, que incluye una serie de medidas para informar a los trabajadores y empleadores sobre las medidas que se deben tomar en relación a la pandemia de la Covid-19.

Particularmente, destacan las estrategias generales de control, recomendadas e indispensables para contener la diseminación de la Covid-19 en los centros de trabajo, que incluyen aquellas de promoción de la salud, mencionadas anteriormente y otras como:

“4.2 Sana distancia

Comprende la modificación de hábitos, entre los que están, la distancia entre las personas y la disminución de la frecuencia y el encuentro cara a cara entre los trabajadores, entre los empleados y sus clientes y el público en general, incluyendo la adecuación de los espacios y áreas de trabajo conforme a las disposiciones relativas a la densidad humana máxima en ambiente intramuros y extramuros durante la epidemia por el coronavirus Covid-19.

4.3 Filtro de ingreso

Instrumentación de un filtro de supervisión general de ingreso de los trabajadores y clientes que permita la identificación de personal con enfermedades respiratorias, con el fin de remitirlas a su domicilio en aislamiento voluntario, para disminuir el riesgo de contagio.

4.4 Resguardo

Enviar al personal a casa cuando presenten enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas mencionados en esta guía.

4.5 Aislamiento

Separación y restricción del movimiento de un trabajador con contagio confirmado de Covid-19, o la exposición al agente biológico infeccioso para evitar un ulterior contagio de la enfermedad en la comunidad.”2

Adicional a lo anterior, las autoridades para facilitar las labores de difusión en los centros de trabajo de la información previamente comentada, han puesto a disposición de las personas trabajadoras y empleadores infografías y material de comunicación elaborado por el gobierno federal a manera de anexos en el siguiente enlace: https://coronavirus.gob.mx/

Es claro, que en los centros de trabajo resulta indispensable contar con un filtro de ingreso, resguardar al personal que tenga síntomas de la enfermedad y aislar en casa a aquellos colaboradores que sean un riesgo de contagio para el resto de trabajadores y público en general.

A pesar de lo anterior, en el país, se han documentado hechos lamentables en los que los empleadores obligan a sus trabajadores a seguir acudiendo a las instalaciones de trabajo y seguir en contacto con compañeros e incluso clientes o proveedores. Como el caso desafortunado de Jalisco, donde se clausuró una tienda Bodega Aurrera,3 pues se pudo constatar después de que autoridades municipales realizaron una inspección del establecimiento y se validó la falta de medidas sanitarias de empleados de la tienda, así como que se les obligaba a trabajar aún contagiados de covid-19, sin seguir el protocolo de aislamiento ni comunicar a la Secretaría de Salud.

Es por ello, que a pesar del esfuerzo que han realizado las autoridades en todo nuestro país en relación a la pandemia provocada por la Covid-19, resulta indispensable redoblar acciones para disminuir el número de contagios y decesos, particularmente las visitas de inspección a centros de trabajo y poniendo a disposición de la ciudadanía una línea de denuncia a través de los medios que resulten convenientes, ya sea telefónica, correo electrónico, página de internet, para reportar a aquellos lugares que obligan a los empleados a trabajar aun contagiados por Covid-19 y pueden convertirse en fácil foco de infección que ponga en riesgo a sus compañeros de trabajo y a los clientes que acuden a los establecimientos.

Derivado de lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas, alcaldías de Ciudad de México y municipios de todo el país, a redoblar esfuerzos en relación a visitas de inspección a centros de trabajo para asegurar que se cumplan con los criterios que garantizan la salud de los colaboradores, así como abrir una línea de denuncia a la ciudadanía para reportar a aquellos empleadores que obligan a los trabajadores a continuar laborando y asistir a los centros de trabajo aun contagiados por Covid-19.

Notas

1 Véase, Diez consejos básicos para protegerse del coronavirus, Consultado 25 de enero 2021.

https://news.un.org/es/story/2020/02/1470361

2 Véase, “Guía de acción para los centros de trabajo ante el covid-19”, Consultado el 25 de enero 2021.
https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/03/GUI_A_DE_ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19.pdf

3 Véase, Clausuran Bodega Aurrera en Jalisco; empleados con covid-19 eran obligados a trabajar, consultado 25 enero 2021.
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/1/19/clausuran-bodega-aurrera-en-jalisco-
empleados-con-covid-19-eran-obligados-trabajar-256586.html?fbclid=IwAR0eMvqwvGRfRvMLKhClZw4qgn_
S553F5I7lZiOwSO20Dm0i-ofZ6j78RfU

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Jorge Francisco Corona Méndez (rúbrica), Zulma Espinoza Mata (rúbrica), José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Marco Antonio Gómez Alcantar (rúbrica), Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Roberto Antonio Rubio Montejo (rúbrica), Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica) y Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a finde exhortar a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Distrito Judicial, Jalacingo, Veracruz, a dar celeridad al proceso de la carpeta de investigación número UIPJ/DX/F2O/190/2016, sobre el fraude contra la caja solidaria Unión de Esfuerzos Capital para el Desarrollo, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emanuel Reyes Carmona, integrante de la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el periodo de enero y septiembre de 2016, 3 mil 812 instituciones financieras reportaron 5 millones 541 mil 101 reclamaciones y quejas de sus usuarios, según el Buró de Entidades Financieras (BEF), que integra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con el índice de desempeño de atención a usuarios (Idatu), los bancos, aunque tienen el mayor número de reclamos, ofrecen una mejor atención a las quejas que cualquier otro sector. Mientras en éstos la calificación es de 8.13 (en una escala del 0 al 10), en aseguradoras es de 7.36, mientras que el desempeño más bajo lo tienen el Infonacot y Financiera Nacional de Desarrollo.

Fue precisamente en 2016 en el que un grupo de alrededor doscientas personas fue víctima de fraude por la “Caja Solidaria Unión de Esfuerzos Capital para el Desarrollo” originarios de ltotonga, Martínez de la Torre, Atzalán, y Tlapacoyan, Veracruz.

Dichos hechos fueron denunciados ante la autoridad competente, Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Distrito Judicial, Jalacingo, Veracruz, el 7 de julio de 2016, sin embargo, hasta el momento no se ha podido fijar una resolución judicial ignorando de manera injustificada en todo momento el principio de celeridad en el debido proceso.

El principio de celeridad en el trámite del expediente debe de hacerse de forma expedita, simple y acertada, respetando el ordenamiento jurídico. Lo anterior para evitar retrasos injustificados y graves que puedan generar una afectación a situaciones jurídicas sustanciales. Pues basta leer el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, para encontrar que la impartición de justicia debe ser de manera pronta, completa e imparcial.

El principio de celeridad en el proceso penal es un tema de suma importancia puesto que de este se deriva la protección de otros derechos fundamentales, atender este principio permite visualizar lo significativo que es dentro de un proceso penal, por ello, se considera que en lo que respecta a las garantías procesales, la implementación de este principio permite llevar a cabo un proceso rápido y eficaz, su existencia dentro del ordenamiento jurídico, el cual, instituye un compromiso de los gobiernos, autoridades y de la sociedad en general, puesto que de la debida diligencia en las actuaciones procesales se logra llevar a cabo la administración de justicia .

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, a efectos de darle celeridad al proceso de la carpeta de investigación número UIPJ/ DX/F2o/190/2016, cuyo agravio constituye el fraude a la “Caja Solidaria Unión de Esfuerzos Capital para el Desarrollo”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa y la Cofepris para informar a esta soberanía respecto al motivo de desbasto de medicamentos en farmacias de los sectores público y privado, e implantar acciones conducentes a restablecer el abastecimiento de medicamentos en ellos, suscrita por el diputado Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputado Adolfo Torres Ramírez y las y los Diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Salud y al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, informen a esta soberanía el motivo de desbasto de medicamentos en farmacias del sector público, así como las farmacias privadas, asimismo se implemente las acciones necesarias para restablecer el abastecimiento de medicamentos en el secto r, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

“La importancia de garantizar el acceso a los medicamentos esenciales se ha reconocido en la meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto es, lograr la cobertura sanitaria universal y, en particular, el acceso a medicamentos esenciales seguros, eficaces, de calidad y asequibles para todos. El acceso a los medicamentos también se ha reconocido como un elemento crucial de la salud”.1

En esta tesitura, la Organización Mundial de la Salud “indica que los gobiernos nacionales deben asegurar que los pacientes reciban los medicamentos de acuerdo con necesidades clínicas, en las dosis y tiempo adecuados, y al menor costo posible”.2

Es por lo anterior que estamos en un momento de crisis en materia de salud ocasionada por la Covid-19 y la mala estrategia en materia de salud por parte del gobierno federal en México; hasta el día de hoy se han confirmado 1 millón 688 mil 944 casos totales y 144 mil 371 defunciones totales por Covid-19.

Aunado a lo anterior en días recientes ha salido a la luz pública que en los últimos meses ha habido escasez de medicamentos tanto en el sector público como en el sector privado en diversos estados de la república; Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Monterrey y Ciudad de México son los que han sufrido el desabasto.

Ante esto, el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Juan de Villafranca, informó que el desbasto de medicamentos en farmacias privadas se debe a que el sector de salud público no ha abastecido las necesidades de la población y estos deben comprar los fármacos con dinero de su bolsillo.

En este orden de ideas el noticiero de “Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, se detalló que los fármacos que se encuentran agotados pese a que su demanda es alta son: Dextrevit , Spiriva, Seretide, Stelabid, Forxiga.

Dichos medicamentos sirven para atender enfermedades como la hipertensión, diabetes, dermatitis, epilepsia y vitaminas. Además, esto también se suma a la escasez de medicamentos para los pacientes Covid-19.

Debido a ello, las personas se han visto en la necesidad de peregrinar de farmacia en farmacia con receta en mano. Algunos, optan por utilizar un transporte privado para hacer el recorrido con el menos tiempo posible”.3

Los medicamentos que estan agotados son los sigientes: Sitagliptina, Lingliptina, Decanoato de Haloperidol 50mg, Dextrevit 500, Spiriva respimat inhalador, Hierro intramuscular, Ergotamina y Cafeína, Seretide, Benzac, Stelabid, Philebodia 600 mg, Justfx, Forxiga, Micardis duo 80 mg/10mg, Caezilasa 25ml, RD Nuverasa, Nexium Mups, Trayenta, Clexane, Tafil, Rifampicina, Beriglobina, Hemobion 400, Azulfidina, Hidroxicloeoquina, Redoxon, Iliadin aqua, entre otros.

Cabe mencionar que no solo estos medicamentos están agotados en farmacias privadas, sino también en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Es por lo antes mencionado que México no sufre solo de Covid-19 y no es la única enfermedad que se debe tratar; están la hipertensión, diabetes, cancer, enfermedades cardio vasculares, desnutricion anemias, enfermedades renales, entre otras enfermedades.

Es imperante, el acceso a servicios de salud suficientes, oportunos y de buena calidad distribuidos con equidad y organizados con eficiencia– es un requisito indispensable para mantener condiciones de salud adecuadas. “El acceso a los medicamentos tiene también un alto impacto sobre los servicios, ya que son un insumo básico del proceso terapéutico.

Además, existen evidencias de que es factible manejar exitosamente el abasto de medicinas si se mejora su selección, compra y distribución. El uso racional de medicamentos requiere un abasto suficiente, oportuno y económicamente accesible de medicamentos para toda la población y es un objetivo fundamental de los sistemas nacionales de salud”.4

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Salud y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a que informen a esta soberanía el motivo de desbasto de medicamentos en farmacias del sector público, así como las farmacias privadas, asimismo se implementen las acciones necesarias para restablecer el abastecimiento de medicamentos en el sector.

Notas

1 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_20-sp.pdf

2 Organización Mundial de la Salud. Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de Medicamentos; 1985 nov; Nairobi, Kenia.

3 https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210120/farmacias-sin-medicina-escasez-
medicamentos-reportaje-radio-formula/?fbclid=IwAR0XIPn7T64LXfSBvtd5evAAvTVgFWtPPpU0sjRBBK9u0KSpwFQAhuRWFn4

4 Salud Pública de México versión impresa ISSN 0036-3634 Salud pública Méx vol.53 supl.4 Cuernavaca ene. 2011 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36 342011001000008

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.

Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a dar seguimiento a las acciones de los Servidores de la Nación en la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 y sancionar toda acción que constituya un delito electoral, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los servidores de la nación tienen su origen en el año 2018 como estrategia territorial de Morena, sus labores se relacionaron con la promoción de la plataforma electoral, la instalación de propaganda y el convencimiento de la ciudadanía para emitir su voto en favor de las y los candidatos de dicho partido político.

Con su triunfo, pasaron a formar parte de la Secretaría de Bienestar y ahora son los encargados de identificar a los posibles beneficiarios de los programas sociales. Su labor no está vinculada con asuntos de salud pública, por lo que, su incorporación y preponderancia en la Jornada Nacional de Vacunación contra la Covid-19 genera incertidumbre y puede derivar en descoordinación, aplicación a destiempo de la vacuna y particularmente, uso de esta medida con un enfoque electoral para favorecer a un partido político y a sus candidatos.

El gobierno federal cuenta con al menos 20 mil servidores bajo este esquema,1 los cuales están divididos en enlaces, directores regionales, superdelegados o delegados estatales y administrativos, con una presencia en la mayoría de los municipios del territorio nacional.

Su labor tiene claramente tintes electorales y existen antecedentes de su irregular proceder, solo basta recordar que, a finales del año 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una sentencia,2 por la que resolvió que estas personas realizaron la entrega de programas sociales y apoyos gubernamentales como propaganda.3

Pese a que son servidores públicos, se les ha visto realizar acciones de proselitismo, apoyan en organizar a los asistentes en actos del presidente en las plazas públicas y, además, dirigen porras, ovaciones al mandatario, lanzan consignas y ofensas a los gobernadores de oposición.

Siendo que fueron creados como maquinaria electoral, se considera imposible garantizar la imparcialidad de su estructura, por lo que diversos analistas y docentes de instituciones de educación superior, han advertido sobre el peligro de montar la política social a través del mismo, ya que es utilizado para promocionar la imagen del Ejecutivo federal.

En agosto de 2019, se interpuso una queja contra el presidente por hacerse promoción con los programas sociales al incluir su nombre en los chalecos de los servidores de la nación, por lo que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la Secretaría del Bienestar retirar el nombre de las prendas.

Hay que tomar en consideración que el próximo 6 de junio se celebrarán las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, se elegirán 21 mil 368 cargos públicos, 3 mil 528 representantes populares, se renovará la Cámara de Diputados federal, se votarán mil 63 diputados de 30 congresos locales y mil 926 alcaldes de 30 entidades.4

Ante este panorama, es necesario que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé seguimiento a sus acciones para evitar que sean un factor que incida en el proceso electoral, se debe garantizar que las elecciones se garanticen en condiciones de certeza, legalidad, transparencia y equidad. Los servidores de la nación son un grupo que carece de imparcialidad y han estado implicados en actos irregulares, en la promoción de la imagen del presidente y de los candidatos de Morena.

Como en su momento determinó el TEPJF, la promoción de la imagen del presidente se realizó a través de la indumentaria que portaban, así como en la mención de sus logros en diversas frases y discursos emitidos durante la entrega de apoyos sociales, ante ello, se debe cambiar su vestimenta a fin de no promocionar a un partido, a una alianza o a un candidato, y que se vulnere la equidad.

Por otro lado, se ha informado sobre la vacunación de estas personas que coordinarán y acompañarán al personal encargado de aplicar las vacunas contra Covid-19, esto a pesar de que no se ha terminado de vacunar a los médicos que se sitúan en la primera línea. La vacunación de este sector del gobierno no es prioritaria y va en contra del calendario de vacunación propuesto por el mismo gobierno federal.5

La vacunación de estos servidores públicos ha generado molestia, particularmente en médicos, especialistas y enfermeras, ya que el compromiso de la presente administración pública federal, fue dotarla primero al personal de salud que se encuentra en la primera de los hospitales.

Bajo estas consideraciones, resulta indispensable transparentar el número total de servidores de la nación vacunados, la región en la que se desempeñarán y las acciones previstas para que no incurran en actos ilegales que vulneren las elecciones.

El Instituto Nacional Electoral, como órgano garante, debe llevar a cabo acciones tendientes a identificar delitos que vulneren la democracia y que estos individuos, desarrollen bajo orden o presión en el territorio nacional en favor de un partido. Ante los primeros casos, deben investigarse y sancionarse conforme a derecho.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI nos manifestamos porque la jornada electoral se desarrolle en el marco de la legalidad y todo hecho que vulnere nuestro marco jurídico sea sancionado, más cuando esté relacionado el uso de servidores públicos y el ejercicio de recursos de todas y todos los mexicanos, los cuales deben ser ejecutados para impulsar mejores condiciones de vida.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, emprenda las acciones necesarias a fin de dar seguimiento a las acciones que realizan los “servidores de la nación” dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, y sancionar toda acción que constituya un delito electoral.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que presente un informe del presupuesto asignado para la operación de los denominados “servidores de la nación” dentro de la jornada de vacunación, las acciones específicas a realizar y los mecanismos instrumentados para prevenir su uso electoral para beneficiar a las y los candidatos del partido Morena.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Bienestar para que transparenten los procesos de selección y el listado total de beneficiarios de los “servidores de la nación” que fueron vacunados, las dosis utilizadas, los módulos de aplicación y la región en la que se entrarán laborando, así como el tiempo estimado de inmunización.

Notas

1 Presidencia de la República. (2021). Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 12 de enero de 2021. 25/01/2021, de Gobierno de México Sitio web:
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-
presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-12-de-enero-de-2021?idiom=es

2 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2019). Procedimiento especial sancionador. 25/01/2021, de TEPJF Sitio web: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE- PSC-0071-2019.pdf

3 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/12/27/siervos-nacion-realizar on-propaganda-favor-amlo

4 Instituto Nacional Electoral. (2021). Elecciones 2021. 25/01/2021, de INE Sitio web: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2021/

5 Presidencia de la República. (2020). Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 8 de diciembre de 2020. 25/01/2021, de Gobierno de México Sitio web:
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-
presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-diciembre-de-2020?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de México a replantear la estrategia nacional de vacunación contra Covid-19, y dar prioridad gradualmente después de los trabajadores de la salud y mayores de 60 años al personal con mayor riesgo de contagio en las actividades esenciales catalogadas en esta pandemia, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Médicos y enfermeras en el mundo han enfrentado ante la actual pandemia, un reto que pocos lograron imaginar desde su preparación como profesionistas, el convivir diariamente con el riesgo de muerte y que pueden llevarlo hasta sus hogares, el agotamiento y estrés en el uso diario de materiales preventivos, las dificultades que se presentan día a día ante la necesidad de atención médica urgente y el dar testimonio de numerosas vidas que se pierden, hacen de su labor, la prueba más alta de vocación, compromiso social y humanitario, dejando en desafortunadas ocasiones hasta su propia vida.

Nuestro país no es ajeno a esa realidad, muy por el contrario, cerró el año 2020 con aproximadamente 2 mil 470 defunciones de personal de la salud a nivel nacional a causa del SARS – CoV2,i situación que obliga a que la Política Nacional de Vacunación busque garantizar la seguridad del personal sanitario que se encuentra al frente de este mal, dándoles prioridad por sus características de servicio a toda persona que resulte enferma por contagio, sin distinción alguna, haciendo que estas acciones logren reciprocidad y permitan la prevalencia de los principios de beneficio social de manera muy atinada.

Sin embargo, la cadena de contagio involucra distintas actividades que irremediablemente no sólo son vinculatorias con el desempeño del personal sanitario en hospitales Covid, como ejemplo, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presento recientemente y de manera acertada, un exhorto ante la Comisión Permanenteii para considerar como grupo prioritario a las y los trabajadores de funerarias y crematorios, en razón de que por su labor, tienen contacto directo con cadáveres infectados por Covid-19 y deben ser vacunados.

De igual manera, actores de la vida social a nivel local y nacional. recientemente han hecho diversas propuestas para considerar a policías y bomberos,iii trabajadores de limpia,iv paramédicos de la Cruz Roja, y muy recientemente a quienes el titular del Ejecutivo Federal ha denominado “Siervas de la Nación”, todos ellos sin lugar a dudas personas con todo el derecho a ser inoculados con el biológico que prevendrá una infección respiratoria aguda producida por el contagio por el Covid-19, sin embargo aún es necesario hacer ajustes para que las llamadas actividades esenciales puedan ser protegidas en medio de esta pandemia y den el mejor rendimiento productivo para el país.

Si bien nuestro país ha adoptado un acertado criterio de vacunación1v sobre prioridades con base a edades de riesgo como una tendencia que se replica de manera estandarizada a nivel mundial, México presenta una dinámica social, económica y sanitaria que todavía muestra algunas variantes frente este razonamiento.

Como premisas, al día 22 de enero del presente, la Secretaría de Salud Federalvi informó que el semáforo en color rojo estará activo hasta el 31 de enero en los Estados donde existe un máximo de riesgo en contagios: la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; escenario que se ha ido prorrogando dada la situación de alerta sanitaria que se vive en sus correspondientes áreas urbanas.

Por otro lado, el domingo 24 de enero se cumplió un mes de que se puso en marcha la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2vii contando con solo 766 mil 350 vacunas para intentar cubrir a un total de 1.1 millones de profesionales de la salud que atienden en primera línea contra la pandemia, esto sin olvidar que la vacuna en uso, PfizerBioNTech, exige un segundo refuerzo para quedar inmunizados; actualmente se estima que el próximo envío para cumplir con esta primera fase se recibirá hasta después del 15 de febrero debido a que Pfizer cerrará temporalmente su planta, razón por la que la estrategia sufrirá ajustes al no poder alcanzar los objetivos planteados ante el incidente del laboratorio.

En cuanto al grupo social más afectado por decesos a nivel nacional, se encuentran los adultos mayores,viii según la Secretaría de Salud, en el mes de julio del 2020 se registró el primer pico de contagios por SARS-CoV-2, donde se identificaron 40 mil 112 abuelitos infectados, de los cuales 12 mil 927 fallecieron; al 16 de enero de este año, se reportaron 295 mil 249 personas mayores de 60 años como positivos, de los cuales 84 mil 636 fallecieron, y esto no es resultado de que los abuelitos sean más propensos a contagiarse per se, sino todo lo contrario, este grupo social llega a ser el más vulnerable a pesar de que se mantenga protegido permanentemente en casa, una de las causas puede ser el relajamiento de las medidas preventivas de sus familiares o de quienes los cuidan y que a su vez, son objeto de un contagio intradomiciliario.ix

Finalmente, la situación económica y sanitaria en el mundo no está mejorando y muy por el contrario, presenta un panorama demoledor y México no está fuera de esa contingencia, en este sentido, las medidas restrictivas en general sobre el paro de actividades no esenciales para reducir las cadenas de contagio, los cierres de negocios, así como el inminente riesgo de contagio para los trabajadores con mayor riesgo de contagio dentro de las actividades esenciales (personas dentro de actividades como las descritas en párrafos anteriores), proyectan que nuestra situación se ponga aún peor antes de que mejore, por tanto, nuestra recuperación depende directamente del enfoque y manejo de la pandemia, así como la velocidad y dirección que se le dé a la estrategia de vacunación.

Así las cosas, nuestro país requiere del interés y esfuerzo de todos, y la unidad nacional forjada en la fuerza laboral de nuestro país es la propuesta de solución a la emergencia sanitaria y al futuro de México, por ello, proponer que se reevalué la estrategia de vacunación con un enfoque dirigido prioritariamente a los profesionales de la salud de primera línea, pero a su vez, a la población económicamente activa, donde más allá de un criterio sobre la edad de riesgo, se enfoque a la inmunización escalonada y estratégica sobre las actividades económicas vinculadas, lograría un mayor impacto sobre la pandemia, representando una recuperación gradual y favorable.

Hoy por hoy, se tienen perfectamente ubicadas las zonas de máximo riesgo, las entidades donde más se concentra la población y en definitiva, donde más contagios hay; existe conciencia de que la distribución de las vacunas no será de manera masiva durante un buen tiempo y la pérdida de adultos mayores son y serán una constante mientras el contagio intradomiciliario se mantenga involuntariamente por quienes salen a trabajar, sin omitir que la economía nacional está en espera de una solución urgente, con el peligro latente de poner en riesgo la seguridad pública; estos y otros factores obligan a replantear la estrategia de inmunización, mirando hacia quienes no pueden quedarse en casa porque tienen que mantenerla.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al gobierno de México a replantear la estrategia nacional de vacunación contra Covid-19, priorizando gradualmente después de los trabajadores de la salud y personas mayores de 60 años, a los trabajadores con mayor riesgo de contagio dentro de las actividades esenciales catalogadas en esta pandemia.

Notas

i https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
una-tercera-parte-del-personal-de-salud-fallecido-por-covid-en-mexico-en-el-anonimato

ii http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/
50096-demandan-dar-prioridad-a-personal-de-funerariaspara-aplicar-vacuna-anti-covid-19.html

iii https://www.milenio.com/politica/propone-fayad-vacunar-primero-a-polici as-y-militares

iv https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/25/capital/
piden-diputados-capacitar-y-reconocer-la-labor-de-los-trabajadores-delimpia/

v https://www.milenio.com/politica/plan-nacional-vacunacion-covid-19-mexi co-presenta-gobierno

vi https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/22/
mapa-del-coronavirus-en-mexico-22-de-enero-ocho-estados-en-rojo-trasrecord-de-1803-muertes-en-24-horas/

vii https://www.eleconomista.com.mx/politica/
A-un-mes-de-iniciada-la-vacunacion-contra-Covid-19-en-Mexico-se-ve-lejos-la-primerameta-20210123-0003.html

viii https://www.milenio.com/politica/comunidad/adultos-mayores-los-mas-afec tados-en-segunda-ola-del-covid-19

ix https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_043.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de enero de 2021.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura de Puebla a establecer un programa de subsidios económicos para artistas, creadores culturales y músicos del estado, suscrita por el diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Édgar Guzmán Valdez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo como asunto de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los estragos económicos de la pandemia provocada por el Covid-19 se siguen sintiendo en todas las ramas e industrias. Dentro de las más afectadas se ubica el ramo de la música que fue de las primeras en sentir sus estragos, y será una de las últimas en salir de las crisis, debido a que no es considerada como sector esencial.

El cierre de las tiendas de discos, restaurantes con música en vivo, cancelación de fiestas patronales, eventos masivos, conciertos, giras y festivales, así como las medidas del confinamiento ha ocasionado pérdidas de miles de empleos a músicos, artistas y técnicos que trabajan con ellos.

Consecuencia de lo anterior, ha provocado que personas dedicadas a este sector abandonen su labor en busca de otras actividades a fin de subsistir y llevar a casa lo necesario a fin de cubrir sus necesidades.

Sin embargo, el propio sector de la música ha realizado esfuerzos necesarios para salir de la crisis económica, como es el caso de la Fundación Universidad de Guadalajara, AC, que inició una campaña para crear una bolsa de dinero independiente del gobierno, con el objeto de apoyar a los músicos del país.1

En el ámbito gubernamental a nivel federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha incentivado estímulos fiscales en apoyo al cine, a las artes, Ciencia y Tecnología, y al Deporte,2 en virtud de ser una facultad exclusiva de la federación disminuir el monto de pagos del impuesto sobre la renta.

No obstante, en el ámbito local, los músicos independientes y toda esa industria se encuentra en total abandono sin incentivos fiscales, ni medidas de protección social a los trabajadores de este sector, ni subsidios o subvenciones a personas dedicadas a este sector.

Por lo que la Secretaría de Cultura del estado de Puebla, con base en su presupuesto, para el ejercicio fiscal de 2021,3 el cual asciende a $67´122´554.00 millones de pesos, así como el programa de Artes y Fomento Cultural, el cual asciende a $103´507´533.00 millones de pesos; deberá tomar las medidas necesarias para apoyar a través de subsidios económicos a las personas físicas y morales que se dedican a este sector.

Es necesario indicar que, dentro de los fines del presupuesto aprobado a nivel estatal, se ubica la disminución de desigualdades, reducción de pobreza y acceso a la cultura. Objetivos que son acordes a las necesidades de este sector, y que necesitan un urgente subsidio para salir de la crisis.

Por lo que es necesario, que la Secretaría de Cultura del estado de Puebla apoye a los músicos independientes que han sufrido directamente los estragos de la pandemia, con subsidios económicos para sus familias, en virtud de ser una de las industrias que sintió los efectos negativos de la pandemia desde el principio, y será una de las últimas en salir de ella.

Ante estas actuaciones municipales, en nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social se somete a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Cultura del estado de Puebla a establecer un programa de subsidios económicos para las y los artistas, creadores culturales y músicos de los municipios del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Notas

1 La iniciativa Música México Covid-19 ha creado el Fondo MúsicaMéxico para músicos y personal técnico con el fin de garantizar que quienes están en el escenario y detrás de él reciban asistencia financiera de emergencia, disponible en https://musicamexicocovid19.com/donaciones/#pago (en línea), consultado el 23 de enero de 2021, 16:00 horas.

2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estímulos fiscales que se operan a través de un Comité Interinstitucional, https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/ (en línea), consultado el 23 de enero de 2021, 16:00 horas.

3 Ley de Egresos para el Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2021, pp. 251-253, disponible en http://lgcg.puebla.gob.mx/images/egresos/Tomo_I.pdf (en línea), consultado el 23 de enero de 2021, 16:00 horas.

Palacio Legislativo, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a informar periódicamente de los avances de la implantación de la política nacional de vacunación contra el Covid-19, suscrita por los diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz y Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Alfredo Antonio Gordillo Moreno, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial por Covid-19, esta ha sido la primera pandemia no debida a influenza y ha afectado a más de 200 países, acumulando hasta el mes de enero de 2021 un total de 98,288,147 casos confirmados.1

Ante las terribles pérdidas humanas y económicas que la pandemia ha dejado a su paso, el mundo puso sus esperanzas de retornar a la normalidad en un futuro cercano en la ciencia, por lo que los gobiernos de distintos países destinaron recursos al desarrollo de una vacuna efectiva contra la enfermedad como la principal medida para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Gracias a esto, se logró lo inédito, contar en el mundo con una vacuna para una enfermedad potencialmente mortal, desarrollada en tiempo record.

En ese tenor, desde finales del año pasado, México participa de manera activa en diversos mecanismos comerciales para tener acceso a la vacuna contra la Covid-19, estableciendo como prioridad que la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces y garantizando que la vacuna que se distribuya y aplique, cumpla con todas los pruebas y características necesarias, para proteger la vida y la seguridad de todas las personas.2

Bajo ese orden de ideas, el 11 de enero de 2021 en el sitio web oficial de información sobre el Covid, se publicó la Política Nacional de Vacunación, el documento rector: Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México del cual se desprende que la Política Nacional de Vacunación tiene como objetivo general Disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionada por la Covid-19,3 a través de lo siguiente:

• Inmunizar como mínimo al 70% de la población en México para lograr la inmunidad de rebaño contra el virus SARS-CoV-2, contemplando para ello vacunar al 100% del personal de salud que trabaja en la atención de la Covid-19 y al 95% de la población a partir de los 16 años cumplidos.

Para lograr lo anterior, de acuerdo con la información oficial disponible, el calendario de entrega indica que entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 se recibirán por negociación directa suficientes dosis para inmunizar 17.2 millones de personas con la vacuna de Pfizer/BioNTech, a 35 millones con la vacuna CanSinoBio y a 30.8 millones con la de AstraZeneca, con un total de 83 millones de mexicanas y mexicanos inmunizadas.

Además, se suman 25.8 millones de dosis mediante el mecanismo COVAX, para lograr la meta de vacunar al menos al 70% de la población en México en un período máximo de 18 meses.

Hasta el 12 de enero de 2021, se habían recibido en el país 546 mil 975 dosis de vacuna de la compañía Pfizer, cuya aplicación inició en el país el 24 de diciembre del 2020 en la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Querétaro y Nuevo León, y a partir del 12 de enero de 2021, en todo el territorio nacional

Las vacunas disponibles serán aplicadas a la población siguiendo un esquema que comprende distintas etapas, siendo estas las siguientes:

Etapa 1: diciembre 2020 - febrero 2021

La Ciudad de México y el estado de Coahuila se eligieron para poner en marcha esta primera etapa y que a su vez funcionaran para la calibración de la estrategia. Además, en esta fase inicial se decidió incluir al Estado de México, Querétaro y Nuevo León.

A partir del 12 de enero del 2021, con las siguientes entregas programadas, se amplía la estrategia al resto del país, inmunizando al personal de atención directa a pacientes con Covid-19 en las mil 14 unidades hospitalarias que constituyen la red de hospitales que atienden personas con infección respiratoria aguda grave (Red IRAG).

Etapa 2: febrero 2021 - abril 2021.

Esta etapa iniciará en febrero de 2021 al incluir al resto de personal de salud de todo el país, y al iniciar la vacunación de las personas mayores política rectora de vacunación contra Covid-19 de 80 años, posteriormente a las personas de 70 a 79 y para cerrar esta etapa de la estrategia con las personas de 60 a 69 años.

Se estima cerrar la etapa dos con un total aproximado de 15 millones de personas vacunadas.

En esta etapa se consideran más de 10 mil puntos de vacunación en las 32 entidades federativas del país. Se integrarán brigadas de 12 miembros, que contemplan a 30 mil servidores de la nación adscritos a la Secretaría del Bienestar, además del personal de las diversas instituciones del sector salud, Sedena, Marina y personal voluntario.

Etapas subsecuentes: a partir de abril 2021.

- Etapa 3, abril-mayo, dirigida a personas entre 59 y 50 años de edad.

- Etapa 4, mayo- junio, dirigida a personas entre 49 y 40 años de edad

- Etapa 5, junio 2021- marzo 2021, al resto de la población.

Las etapas 3, 4 y 5 de la estrategia de vacunación contarán con todas las demás vacunas de acuerdo con su disponibilidad y la solicitud de autorización para su uso en México que realicen las casas farmacéuticas a la Cofepris.

Ahora, ante la complejidad en el proceso de distribución y aplicación de la vacuna Covid-19, es indispensable comunicar correctamente a la población, en un lenguaje sencillo y transparente, la estrategia de vacunación para evitar desinformación y en lo posible falsas expectativas.

En consonancia con lo anterior, el Plan Nacional contempla el componente de comunicación de riesgos para la vacunación contra Covid-19, el cual se enfoca en proporcionar información sobre la vacuna, describiendo las acciones de comunicación que se realizarán desde su introducción hasta la aplicación de ésta en los grupos prioritarios y el reforzamiento después del periodo de vacunación. Mismo que se concentra en 7 puntos estratégicos:

1. Informar a la población mexicana sobre la disponibilidad de la vacuna contra Covid-19 en el país.

2. Generar confianza en la población sobre la seguridad de la vacuna, brindado información de fuentes confiables y basada en la mejor evidencia científica disponible.

3. Sensibilizar a los grupos prioritarios sobre la importancia de recibir la vacuna contra Covid-19.

4. Informar a la población que la vacuna es únicamente una de las medidas necesarias para prevenir la enfermedad y sus complicaciones.

5. Sensibilizar a la población de que la vacuna es uno de los medios para disminuir la velocidad de contagio.

6. Informar al personal de salud que serán el primer grupo de la población en recibir la vacuna (diciembre 2020 – febrero 2021).

7. Informar a la población sobre los grupos prioritarios que recibirán la vacuna y las razones de la priorización.

A pesar de las estrategias de comunicación señaladas, no pasa desapercibido que la incertidumbre sobre la efectividad de la implementación del Plan Nacional de Vacunación puede ocasionar que la población comience a tomar medidas desesperadas para obtener la vacuna antes de la etapa y en el momento que de acuerdo a su edad le corresponda.

En un afán de generar tranquilidad es pertinente que además de concientizar a la población sobre los puntos señalados con anterioridad, también se esté informando de manera continua y transparente sobre los avances en relación al número de vacunas adquiridas por el país y al número de vacunas que han sido aplicadas, detallando a quienes y como han sido distribuidas las dosis y bajo qué criterios de aplicación, de conformidad con el Plan Nacional de Vacunación. Siendo de gran relevancia para tales efectos la coordinación con las Secretarias de Salud de todas las entidades federativas.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, en el uso de sus atribuciones y facultades y en coordinación con las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas informen a la población periódicamente sobre la adquisición, distribución y aplicación de la vacuna contra el virus SARS-COV2 causante de la enfermedad Covid-19, detallando de forma clara, concisa y transparente los criterios de elegibilidad implementados para la asignación de las respectivas dosis.

Notas

1 Véase; Estadísticas del Coronavirus (Covid-19) al 23 de enero de 2021. Disponible en: https://www.bing.com/search?q=casos+Covid+19+mundial&cvid=6b5b85ee0 a52400aba019935efbbf9a9&FORM=ANNTA1&PC=U531

2 Véase: Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609647&fecha=08/01/2021

3 Véase: Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México. Documento rector. Disponible en:

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Po lVx_Covid_-11Ene2021.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de enero de 2021.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a realizar las investigaciones correspondientes o, de contar con ellas, brindar un informe detallado sobre su avance respecto a lo ocurrido el 31 de diciembre de 2020 en el puerto de San Felipe, Mexicali, BC, donde el navío extranjero Forley Mowat embistió una embarcación menor, a cargo de la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, senadora de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 82, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 108 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; con la petición de que por su naturaleza y oportunidad se tramite como un asunto urgente en términos de los previsto por el artículo 110 del propio Reglamento del Senado de la República, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

A finales del 2018 la Corte de Comercio Internacional ordenó al gobierno de Estados Unidos, particularmente a la oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), que impusiera restricciones a las importaciones de productos pesqueros provenientes de la región del Norte del Golfo de California, donde está inmersa la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo del Mar de Cortés y Delta Del Río Colorado, que incluye a las localidades de San Felipe en Baja California y Santa Clara en el estado de Sonora.

Lo anterior debido a que el Estado mexicano no ha podido detener la pesca ilegal de totoaba, ni establecer medidas para una necesaria reconversión productiva y de transformación de artes de pesca dirigida a pescadores legales, con alternativas ambientalmente sustentables que no pongan en riesgo las reducidas poblaciones de vaquita marina, especie mexicana única en el planeta.

Sin embargo, lo que se ha observado desde 2019 es un incremento exacerbado de la pesca ilegal en la región ante una evidente anarquía por parte de las autoridades responsables, misma que ha sido aprovechada por los grupos delictivos y los pescadores furtivos.

Por citar un ejemplo de la falta de una reconversión adecuada de artes de pesca, no obstante, existe un acuerdo secretarial (SEMARNAT-SADER 2017) que prohíbe el uso de redes agalleras, todo el producto extraído en las últimas temporadas ha sido con estas artes de pesca.

En este marco se han celebrado convenios de colaboración con organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras, a fin de establecer acciones coordinadas que permitan fortalecer la protección y conservación del ecosistema del Alto Golfo, particularmente de la Vaquita Marina, mamífero endémico de esta región y única región en el mundo en que habita.

El 30 abril del 2015 se firmó un primer convenio de concertación entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con la asociación ambiental estadounidense Sea Shepherd Conservation Society, a fin de coadyuvar en la protección de la Vaquita Marina, convenio que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador renovó por tercera ocasión.

El segundo convenio duró del 17 de mayo de 2017 al 30 de noviembre de 2018, en el cual se establecía las bases y mecanismos de colaboración entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “la Procuraduría” y “Sea Shepherd”, a efecto de “fomentar e implementar acciones para la protección y conservación de la vida silvestre, así como, la asistencia técnica para el rescate, recepción, liberación y en su caso destrucción de los cadáveres de especies silvestre, víctimas de actividades furtivas.”

En octubre del 2019 se firmó el tercer convenio entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “la Procuraduría” y “Sea Shepherd”, para la colaboración con la sociedad ambientalista para “realizar acciones conjuntas para fomentar la protección y vigilancia de áreas naturales protegidas y vida silvestre, en especial en el Alto Golfo de California, así como fomentar la educación ambiental y otorgar asistencia técnica para el rescate, recepción y liberación de ejemplares de la vida silvestre víctimas de tráfico (la totoaba en particular), o atrapadas en trampas o redes ilegales.”

En todo este tiempo, no obstante los trabajos de coordinación entre las autoridades y las organizaciones ambientalistas, no se han tenido los resultados esperados en la protección de la vida silvestre del Alto Golfo, pues la pesca furtiva e ilegal en zonas restringidas se ha intensificado, así como la pesca y tráfico de especies en veda; lo que ha generado que se amplíen las restricciones contra los pescadores legales y con permisos vigentes afectando gravemente su economía y forma de vida, no obstante la evidencia científica de que la problemática con respecto a la Vaquita Marina es multifactorial.

En este sentido el 11 de octubre del 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 93/2019 en la cual subrayó la importancia que otros temas tienen en la drástica reducción de la vida marina en la región, a fin de que se atiendan con el objeto de dar la protección, conservación y recuperación de la vaquita marina (phocoena sinus ), la totoaba (totoaba macdonaldi ) y demás especies endémicas que habitan en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Adicionalmente la CNDH recomienda a la Semarnat, Profepa y Conapesca, que una vez que se cuente con la definicio?n de las artes de pesca ma?s adecuadas en la regio?n de estudio, elabore un programa de transicio?n de las artes de pesca progresivo, que se adhiera a directrices claras para la captura sostenible, que incluya el componente de compensacio?n econo?mica para pescadores, como incentivo econo?mico para las comunidades riberen?as afectadas, con el objeto de reducir la pesca ilegal dentro del poli?gono del a?rea protegida y que permita fomentar pra?cticas sustentables para la actividad pesquera.

No obstante, los conflictos entre la comunidad de pescadores de la región y la asociación ambiental estadounidense Sea Shepherd Conservation Society se han ido intensificando, por los métodos pocos convencionales utilizados por esta última en su interés de fomentar la protección y vigilancia de áreas naturales protegidas y vida silvestre, provocando en consecuencia serios enfrentamientos entre las partes.

Desde 2015, se han denunciado múltiples agresiones de la organización Sea Shepherd, en marzo del 2019 se presentó un primer incidente grave cuando el pescador local Enrique García Sandez, de 37 años, fue herido de bala por elementos de la Marina Armada de México derivado del reporte de pesca ilegal efectuado por la agrupación ambientalista. En marzo del 2020, se reportó otro encuentro violento entre pescadores y los ambientalistas estadounidenses.

Previo a los eventos fatales del pasado 31 diciembre, se registró un enfrentamiento en el que se lanzaron chorros de agua desde el navío Farley Mowat hacia pescadores que protestaban por su presencia en zonas permitidas de pesca.

En este marco de enfrentamientos, el pasado 31 de diciembre del 2020 se presentó la mayor agresión a pescadores por parte de la embarcación Forley Mowat, propiedad de esta organización ambientalista, quién embistió y partió a la mitad una barcaza menor de pescadores locales que pescaban en la Zona Restringida identificada como “Zona de Tolerancia Cero”, resultando en ese momento dos personas heridas de gravedad, el ciudadano Mario García Toledo quien falleció posteriormente en el hospital y el ciudadano Sergio Martínez Valdez quien a la fecha se encuentra en terapia intensiva.

Derivado de lo anterior se vuelve urgente, la intervención de las autoridades federales correspondientes dada la competencia en la materia, a fin de que se inicien las investigaciones respectivas para aclarar los hechos y se deslinden responsabilidades o en caso de que las autoridades conducentes hayan iniciado los procedimientos judiciales correspondientes, se informe el avance de las mismas, ya que al momento no existe ni siquiera un señalamiento sobre presuntos responsables por los eventos ocurridos, existiendo un total hermetismo al respecto. De igual forma no ha habido pronunciamiento alguno para brindar los apoyos correspondientes a las familias afectadas.

Es importante destacar los trabajos y acciones realizadas por las organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, para el cuidado y conservación del medio ambiente en nuestro país, sin embargo es necesario puntualizar que bajo ninguna circunstancia o condición se pueden vulnerar los derechos humanos, así como la integridad física de los pescadores por autoridad alguna mucho menos por organizaciones ambientales nacionales o extranjeras de carácter privado, que realizan funciones y atribuciones que solo corresponden a autoridades que de acuerdo a sus atribuciones y facultades les son autorizadas.

“La lucha por evitar la extinción de la vaquita marina, de la totoaba o cualquier otra especie, no debe pasar por la propia extinción de la comunidad pesquera de todo el Alto Golfo de California.”

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Baja California, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes o de contar con ellas, brinde un informe detallado a esta soberanía sobre el avance de las mismas, referente los hechos ocurridos el pasado 31 de diciembre del año 2020 en el Alto Golfo del Mar de Cortéz en el Puerto de San Felipe del municipio de Mexicali Baja California, donde la embarcación extranjera Forley Mowat de la organización ambiental Sea Shepherd, embistió una barcaza menor provocando que el pescador Mario García Toledo de 56 años perdiera la vida y el pescador Sergio Martínez Valdez de 54 años se encuentre en estado grave de salud.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por tratarse de una organización ambientalista extranjera, para que en el ámbito de sus atribuciones y en el marco de la nueva Ley de Seguridad Nacional, se verifique si las actividades de inspección y vigilancia realizadas por Sea Shepherd se encuentran apegadas al Convenio de Concertación signado por esta organización ambientalista con las autoridades federales mexicanas, así mismo se revise si este Convenio se encuentra alineado a las nuevas atribuciones y facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contenidas en las reformas a la Ley de Seguridad Nacional publicadas el pasado 18 de diciembre del 2020.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de enero del 2021.

Senadora Nancy G. Sánchez Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la SRE, la SHCP, y los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a hacer pública la información relativa a los contratos vigentes y los que se suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México para adquirir vacunas contra el SARS-Cov2, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Éctor Jaime Ramírez Barba , y diputadas y diputados en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y Ciudad de México, a hacer pública la información relativa a los contratos vigentes y los que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México, para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 , conforme a las siguientes:

Consideraciones

La pandemia del SARS-CoV-2 ha provocado una tragedia que va en aumento y la única luz de esperanza es la vacunación como medida preventiva. La Covid-19, que tardó siete meses en quitar la vida a un millón de personas, le han bastado tres meses para sumar el segundo millón. En México, alcanzamos ya 141 mil 248 decesos confirmados por Covid-19 al 18 de enero de 2021, más del doble del escenario “catastrófico” pronosticado por el gobierno federal, y el número de personas contagiadas y casos activos por día -a pesar de las escasas pruebas aplicadas- también ha alcanzado números sin precedentes en los últimos días.1

La meta de reducir los casos diarios confirmados a cero se ve hoy más lejos que nunca. La pandemia nunca fue domada ni la curva ha sido aplanada. Los servicios de salud han sido absolutamente rebasados, encontrándose escasos de material de protección, medicamentos, insumos, respiradores, camas de terapia intensiva y recursos humanos especializados, esto a pesar del proceso de “reconversión hospitalaria”, haciendo que miles de mexicanas y mexicanos lleguen a fallecer en su casa, sin haber logrado ingresar a una unidad hospitalaria, con sufrimientos tales como ni siquiera tener una fuente oxígeno en una enfermedad que ahoga como la Covid-19. Una una verdadera tragedia social y que va en aumento como el humo en un incendio en esta época invernal.

La irritación y afectación social también ha ido creciendo conforme se van haciendo visibles estragos de pandemia a lo largo y ancho del país. En la cuadragésima novena encuesta nacional de consulta Mitovsky de enero de 2021,2 ante la pregunta ¿en estos momentos a qué le tiene más miedo? El 48 por ciento dijo que a contagiarse del coronavirus, el 28 por ciento a que su economía se vea afectada y el 24 por ciento a ser víctima de algún delito. También con evaluación global subjetiva, dicha encuesta revela una dimensión de la magnitud de la pandemia muy por arriba de las cifras oficiales reconocidas, dado que el 80 por ciento de los encuestados sabía de algún conocido suyo que murió por el coronavirus.

A 384 días del reconocimiento del primer caso de una enfermedad respiratoria grave provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 en Wuhan, China; y con el esfuerzo global de 4,483 ensayos clínicos registrados en la base de datos de los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos;3 la publicación 92,967 artículos médicos en revistas indizadas en la base de datos pubmed de la Librería Nacional de Medicina de la Unión Americana;4 el estudio y análisis de 649 productos terapéuticos diversos para tratar la Covid-19,5 aún no se visibiliza un armamentario terapéutico capaz de combatir en los diferentes estadios la enfermedad.

En un análisis serio, se puede decir sin ambajes que no hay novedades en la ciencia relativo a los cuatro factores que realmente inciden: el clima, el comportamiento social, el ser humano y el coronavirus. Ante este escenario de evidencias, siguen más validas que nunca las siguientes medidas: uso de cubrebocas, distanciamiento social, ventilación de los espacios, medidas higiénicas como el lavado de manos y sanitización de superficies; realización de pruebas diagnósticas, seguimiento de personas “contactos”, confinamiento de los sospechosos y aislamiento de los casos positivos. Esto, aunado con la ayuda económica necesaria para cubrir las necesidades vitales de todos los habitantes, son estrategias irrenunciables en los próximos meses y quizá años para ganar esta batalla.6

Esperanza

La esperanza de la humanidad surgió desde el día 11 de enero del 2020; al darse a conocer y compartir con la comunidad científica la secuencia genética del coronavirus SARS-CoV-2, que ha sido utilizada tanto para la generación de pruebas de diagnóstico, como para crear un armamentario de prevención en la lucha contra las enfermedades infecciosas a través de la vacunación, herramienta bicentenaria utilizada en nuestro país.

La primera campaña mundial organizada de inmunización se llevó a cabo en Estados Unidos y Filipinas por la “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna” (1803-1810).7 El trabajo del doctor Francisco Xavier Balmis como director de la Expedición, y el doctor Salvany, su subdirector, no solo incluyó vacunar a los niños sino también el desarrollo de un modelo organizado para su aplicación. El modelo se basó en una red de centros creados para proteger y transportar los fluidos vacunales -para luchar contra la viruela- en buen estado hasta que llegaran a sus sitios de vacunación y cómo realizar un censo de personas vacunadas. Con el fin de mejorar la aceptabilidad de la vacuna, se incorporaron trabajadores de salud locales y se utilizó la prensa para difundir noticias.

En México, las campañas del doctor Balmis aplicando la vacuna antivariólica por autoridades civiles y eclesiásticas, fueron luego instirucionalizadas por el Consejo de Salubridad en 1908 estando al frente el médico y diputado Eduardo Liceaga. Se expidió luego la Ley Constitutiva del Instituto Bacteriológico Nacional, creado para que se estudiaran las enfermedades infecciosas y se prepararan las vacunas, sueros y antitoxinas. El beneficio a la salud obtenido fue tan evidente que en 1926 por ratificación de un decreto presidencial, se hizo obligatoria la vacunación contra la viruela y se iniciaron las campañas masivas para su aplicación.

En los últimos 100 años,8 el esquema de vacunación fue aumentando para incorporar la prevención de un mayor número de enfermedades, siendo el programa universal más grande y prestigiado del continente americano, con gran aceptación de la sociedad en todos los estratos a través de la puesta en marcha de las semanas nacionales de vacunación ideadas por salubristas e infectólogos mexicanos reconocidos, desde el doctor Miguel E. Bustamante hasta el doctor Jesús Kumate y muchos más en cada entidad federativa.

La confianza ciudadana en el programa universal de vacunación por los éxitos obtenidos por ejemplo en la erradiación de enfermedades producidas por virus como la poliomielitis y el sarampión, ha hecho que los mexicanos veamos con avidez y esperanza las noticias acerca de los avances en el desarrollo, adquisición y planes de aplicación de las vacunas cantidatas desarrolladas en los últimos meses.

Vacunas vs Covid-19

La humanidad ante la pandemia del SARS-Cov-2 ha desplegado un esfuerzo sin precedentes para identificar y desarrollar vacunas seguras y eficaces: colocando a la humanidad en el centro de los organismos multinacionales; coordinando la colaboración de instituciones públicas, académicas, privadas, filantrópicas y sociales; compartiendo las plataformas de desarrollo e investigación en diferentes materias; asignando gran cantidad de recursos monetarios de diversas fuentes para el desarrollo e investigación; dando facilidades regulatorias para realizar los protocolos de investigación en sus diferentes fases y para la aprobación de su uso de emergencia; hechos que concurren con lo más importante: una millonaria cantidad de personas afectadas por el SARS-CoV-2 y miles de voluntarios sanos generosos dispuestos a participar en los cientos de investigaciones en proceso que reciben con base en el método científico vigente en esta etapa de la pandemia, la vacuna candidata o placebo, con el único fin de comprobar la seguridad y la eficacia de las mismas.

Esta puesta en escena común, global, rápida y coordinada, ha tenido un éxito sin precedentes en la historia de la humanidad, habiendo generado al día de hoy, 192 vacunas candidatas.9 De ellas han sido autorizadas para su uso de emergencia por el rango de seguridad y la eficacia superior al 90 por ciento cuatro vacunas: Covaxin de Bharat Biotech en la India; BNT-162b2 de Pfizer-Biontech en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y México; AZD-122 de Astrazeneca-Oxford en Inglaterra e India; y mRNA-1273 de Moderna Therapeutics en Estados Unidos e Israel.

También han sido aprobadas 3 en fases tempranas: en China la Ad5-nCoV se Cansino-Biologics utilizada en militares y la BBIBP-CorV de Sinopharm; Rusia la Sputnik V (Gam-COVID-Vac). Están corriendo ensayos clínicos 115 proyectos en fase preclínica; 2 en fase IV con vacunas ya conocidas (vacuna BCG de Merck y de Polio Oral de Bandim Health Project); 8 en Fase III, 2 en fase II/III, 18 en Fase I/II, 16 han sido descubiertas y solo dos proyectos han sido suspendidos definitivamente.

La eficacia de una vacuna contra la Covid-19 debe ser medida con un criterio principal: prevenir la enfermedad sintomática en personas recién infectadas con el SARS-CoV-2 causante del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2). Criterios adicionales pueden ser considerados y estudiados también dentro del primer año posterior a la aplicación de la vacuna como la incidencia que se tiene de una respuesta posterior al tratamiento -negativa al inicio del estudio a positiva en cualquier momento posterior al inicio- para los anticuerpos de la nucleocápsida del SARS-CoV-2; la incidencia de enfermedad sintomática grave o crítica positiva para el SRAS-CoV-2 RT-PCR, y la incidencia de visitas o atenciones de emergencia relacionadas con Covid-19 que ocurren después de la dosis vacunal. Luego se deben buscar evidencias para concluir que los beneficios potenciales justifican los riesgos en la población donde se aplicará.

Debo enfatizar que las autoridades sanitarias han aprobado vacunas para su uso de emergencia dado que no existen alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles. Sin embargo, es necesario seguir colectando información conforme se avance en la vacunación a fin de tener un expediente robusto que refleje de manera más precisa la eficacia de la vacuna y los potenciales efectos adversos. Una vez logrado esto, las agencias regulatorias del tipo la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios10 o la Food and Drug Administration 11 podrían aprobar su uso ordinario de comercialización al público.

Vacunas en México

El primer caso confirmado e importado de Covid-19 se presentó el 28 de febrero del 2020 y cuatro documentos clave del gobierno federal pueden ser identificados acerca de las vacunas y las políticas de vacunación en nuestro país:

1) El primero, documento de 21 páginas, expedido 284 días después -el 8 de diciembre de 2020- por la Secretaría de Salud Federal titulado “Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México. Documento rector”.12 En dicho documento se señala que se describen las recomendaciones del “Grupo Técnico Asesor de Vacunas Covid-19 -GTAV-Covid-19-”, los diferentes tipos de candidatos vacunales, la priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el plan de comunicación.

2) El segundo, del GTAV-Covid-19 enviado a publicación a la Revista Salud Pública de México el mismo día que en rueda de prensa se presentó el “Documento Rector” de la Secretaría de Salud, con información disponible hasta el 17 de noviembre del 2020, bajo el título “Priorización inicial y consecutiva para la vacunación contra SARS-CoV-2 en la población mexicana. Recomendaciones preliminares”, artículo que fue aceptado el 23 de diciembre y finalmente publicado con 22 páginas en línea el 28 de diciembre de diciembre de 2020.13 De este grupo, se conoce que se integró en México el 18 de agosto de 2020, dentro del marco del Grupo Técnico Asesor de Vacunas instalado a finales de octubre de 2019, con el fin de asesorar a la Secretaría de Salud Federal del país, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPSS) y del Centro de Nacional de Atención para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) sobre el uso en humanos en México de vacunas Covid-19 con registro sanitario en México. Se dice que entre el 18 de agosto y el 10 de noviembre de 2020, este grupo revisó y discutió información nacional e internacional sobre la epidemiología de la pandemia de Covid-19, impactos sociales y económicos, así como características de las vacunas en desarrollo, mecanismos de acceso a vacunas y documentos ya generados por diversos países y organizaciones internacionales sobre priorización de grupos poblacionales a vacunar; así como principios y valores éticos de equidad en la asignación de vacunas en condiciones de acceso limitado y progresivo de vacunas. Realizó ejercicios preliminares de priorización de grupos poblacionales a vacunar en diferentes escenarios; un primer documento de avances fue entregado a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud SPPS, el pasado 10 de septiembre; sus recomendaciones han sido actualizadas en dos ocasiones hasta noviembre de 2020, desconociéndose las acciones tomadas con estas recomendaciones.

3) El tercero, un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación -DOF- el 8 de enero de este año – un mes después de emitido el “documento rector” signado dos días antes por el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México, señalando el sitio web www.coronavirus.gob.mx con el propósito de enmendar el error de su difusión el 8 de diciembre del 2020, fundamentando la decisión de publicación en el DOF según el Secretario en los artículos 4o., párrafo cuarto y 73, fracción XVI, Base 3a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., fracciones I, II, III y XV, 4o., fracción III, 7o., fracciones I y XV, 13, apartado A, fracciones V, IX y X, 102, 133, fracción IV, 134, fracciones II y XIV, 135, 139, 141, 147, 157 Bis 6, 157 Bis 8, 157 Bis 11, 157 Bis 12 y 184 de la Ley General de Salud; 7, fracciones XII y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, así como Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19).14

4) El cuarto y último documento de 39 páginas publicado en el sitio de información oficial, es el “Documento Rector” en su versión 4.0 según su portada,15 pero que en su metadato sigue continúa con la fecha original “PolVx_COVID_ 08Dic2020_17h00”.

Las inconsistencias entre los cuatro documentos no son el motivo del presente texto, sin embargo, apuntan con claridad, dado el desprecio institucional observado en los cuatro documentos de dos instancias formales, el Consejo de Salubridad General y el Consejo Nacional de Vacunación, que el gobierno federal está dando un manejo político electoral de las vacunas contra el Covid-19 de cara a la elección del 6 de junio del 2021, en vez de tener al menos dos propósitos fundamentales: el primero disminuir la carga de la enfermedad en términos de morbi-mortalidad por el Covid-19, tanto la carga aguda (muertes) como las complicaciones crónicas residuales que habrá en los pacientes que sobrevivan a la infección por el SARS-CoV-2, que aún hoy están insuficientemente documentadas, pero que los primeros estudios publicados evidencian que tendrán un gran impacto significativo en términos de salud pública y de los servicios de salud que requerirán; y el segundo, aminorar o detonar la economia del país, al no proteger con las vacunas de manera prioritaria a los trabajadores de actividades esenciales señaladas por el Consejo de Salubridad General.

Señalamos algunos hechos que revelan el manejo político elecoral, la falta de planeación y los criterios de priorización entre los dos primeros documentos oficiales.

1. Adquisición de vacunas. (sin evidenciar contratos para verificar la cantidad, el costo y el calendario de entrega, reservada por el gobierno federal por 5 años).

a) Documento rector del 8 de diciembre (en millones de personas), donde se dice que “de acuerdo con la información disponible, compartido como “preliminar” (énfasis añadido) por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores (misma que dijo el 3 de diciembre que nho tenía informacion, luego dijo que era confidencial y reservó por cinco años), el calendario de entrega descrito (sin anexaer ninún calendario) se indica que de diciembre del 20 al diciembre del 2021 se recibirán dosis para vacunar un total máximo de 116.7 millones de personas vacunadas en México en un período máximo de 18 meses (calendario tampoco publicitado).16 La cantidad, que no calendario se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Vacuna por nombre de Laboratorio o Mecanismo, cantidad (en millones) de personas y dosis de diciembre de 2020 a diciembre de 2021

*No se sabe aún cuál(es) de la(s) vacuna(s) involucradas en el mecanismo COVAX será(n) entregadas a México, y si tales vacunas requerirán una o dos dosis, las señaladas en la tabla es considerando que serían dos dosis.

**Nótese el error en la suma del ejecutivo federal, dado que la suma resultante es de 7.9 millones de personas menos que serían vacunadas.

b) Documento del GATV-Covid-19 del 8 de diciembre (en millones de personas), donde si se establece un calendario de entregas de diversas vacunas Covid-19 que autoridades mexicanas han negociado de manera bilateral con productores, además de lasd que serán entregadas a través del mecanismo global de acceso COVAX. Puntualizando que “los contratos establecidos hasta hoy permitirían la inmunización de hasta 116.69 millones de personas al término del 2021”. Se muestra en la siguientes tablas:

Tabla 2. Calendario de entregas (millones de personas inmunizadas) totalizado por vacuna, nombre de Laboratorio o Mecanismo y millones de dosis.

Fuente: Elaboración propia con base en:

https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12399 /12046, página12.

*No se sabe aún cuál(es) de la(s) vacuna(s) involucradas en el mecanismo COVAX será(n) entregadas a México, y si tales vacunas requerirán una o dos dosis, las señaladas en la tabla es considerando que serían dos dosis.

**Nótese el error observado en la Tabla 1 quizá haya sido un eror de dedo en el doctumento rector.

Tabla 3. Calendario de entregas (millones de personas inmunizadas) totalizado por vacuna, nombre de Laboratorio o Mecanismo y mes.

Fuente:

https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12399 /12046, página12.

Apreciando la diferencia entre las dosis esperadas en las tablas y los avances informados (dosis distribuidas) en la conferencia mañanera del 19 de enero de 2021 por el Subsecretario Hugo López Gatell encontramos los siguientes hechos:

1. En primer contrato se firmó el 2 de diciembre de 2020. Demasiado tarde. Se esperaban 5 millones de dosis de Cansino-Biologics. No se ha autorizado su registro sanitario para uso de emergencia y no ha llegado ninguna dosis.

2. Se esperaban 2 millón 188 mil dosis de Pfizer-Biontech y se han distribuído 546 mil dosis, siendo apenas el 24.5 por ciento, no alcanzando siquiera a vacunar “per protocol” (dos dosis) a los 750 mil médicos y enfermeras y dejando quizá en “intention to treat” (una dosis) a quienes se les aplicó en diciembre en la ciudad de México y Coahuila, iniciando ya la justificaciones diciendo que la OPS/OMS recomendó que la aplicación de la segunda dosis puede ser hasta 45 días después de la primera, ignorando los criterios de registro de emergencia otorgado por la Cofepris en México.

3. Dicen que a finales de marzo, se contará con 6 millones de vacuna Cansino, pero no se dice el compromiso o compra total.

4. Para finales de marzo (lo que esto significa) arribarán dos millones de Astra-Zéneca y no se dice el calendario de compromisos de entrega ni el total comprado o adquirido.

5. Que al final del primer trimestre, después de conseguir quizá el registro sanitario de emergencia llegarán 20 millones de Sputnik-V, sin decir el compromiso o compra total y su calendario de entrega.

6. Hecho de especial referencia ha sido la “cortesía” gubernamental de que secretarios de Estado de la más alta jerarquía han acudido a los aeropuertos a recibir por ejemplo, las primeras 3 mil dosis (de 250 mil ofrecidas), escena que se ha repetido invariablemente, argumentando que somos el primer país latinoamericano en vacunar con Pfizer-Biotech, “casi al igual que los países del primer mundo”.

Estrategia. En cuanto a las cinco etapas de la estrategia de vacunación recomendadas por el GTAV-Covid-19, las retomatas de ellos y publicadas en el documento rector el 8 de diciembre, así como las “actualizadas” el 11 de enero del 2021, evidencian el manejo político electoral de la disposición de las primeras vacunas disponibles en lugar de las prioirdades que como país debiesen ponerse en términos de salud y economía antes citadas. A continuación enumero algunos hechos:

-Se ignoraron las recomendaciones para establecer la infraestructura requerida para manejar la vacuna de Pfizer-Biontech de ultracongelación. No se adquirieron los refrigeradores. Se ha estado improvisando y tomando decisiones arbitrarias de cuántas dosis y a quienes, por ejemplo: las primeras a la Ciudad de México (Morena-Insabi) y Coahuila (PRI-Insabi), luego ante la presion mediática, se “decidió (quién o quiénes y con qué criterio) incluir al Estado de México (PRI-Insabi, Querétaro (PAN-Insabi y Nuevo León (Independiente-No Insabi” para que funcionarán para la “calibración de la estrategia”, en vez de decir que fue un criterio político. Si se decidió ni siquiera pedir la opinión del Conava de ignorar la red existente del programa universal de vacunacion (PUV)y generar un sistema en paralelo, rechazaron públicamente recomendación de evaluar la capacidad de empresas privadas en logística que han probado su eficaqcia en los últimos 30 años. Sin duda, que hubiera sido más fácil definir que por las complejidades logísticas, se cubriría ciudad a ciudad en los municipios que tubvieran los citados congeladores hasta cubrir primero nuestra primera línea de defensa -médicos y enfermeras entre otros citados- conforme fueran llegando, en vez de hacer tanto espectáculo que solo ha incrementado los costos indirectos de la vacunación.

-Con franca vision política, vacunaron a los “siervos de la nación” justificando torpemente, ya que de haberlo planeado, lo hubieran expresado en la version. 4.0 del documento rector. Tan es una maniobra política, que en su caso, se hubiera vacunado también a los 12 integrantes del “Operativo Correcamino”.

-El cruce de la escueta estrategia del primer documento rector a la del segundo se traslapan de las mil “células de vacunación en instalaciones militares y civiles -sic-“ a las mil catorce unidades hospitalarias de la red que atiende a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave y hasta las “brigadas correcaminos” y no se explícita si serán solo vacunas Pfizer-Biontech o las que llegarán hipotéticamente a finales de marzo. Es claro que los criterios de priorización son utilizados con criterios tan amplios que es igual a no tenerlos. Por ejemplo, ¿se pondrán en los municipios -y comunidades más lejanas y rurales- primero a los integrantes del sistema local de salud, públicos y privados, y luego a los mayores de 60 años- con la vacuna Pfizer-Biontech y se regresará a ponerles luego al segunda dosis?. O serán las vacunas que por su logística solo se aplicará una dosis como Cansino-Biologics. Es de obvia resolución dadas las declaraciones del presidente López Obrador, que aplicarán la Cansino, pues con Pfizer-Biontech es imposible lo hagan antes que termine marzo como lo ofreció. Primero votantes cautivos vacunados que salvar profesionales de la salud y mexicanos con alto riesgo de morir salvados o trabajadores esenciales para sostener la economía del país.

-Por primera vez en la historia, y obviamente, haciéndolo con negligencia, el presidente López Obrador está a cargo del “operativo” correcaminos con la colaboración de los 32 subccordinadores estatales y 30 mil siervos de la nación, que no son los secretarios estatales de Salud y presidentes de los respectivos consejos estatales de Vacunación. El presidente en todo el año no ha tomado la responsabilidad de presidir el Consejo de Salubridad General, órgano constitucional, pero si quiere toma el mando operativo de una estrategia que está fallando y causará más tragedia en la familia de los mexicanos.

Falta de transparencia

La Secretaría de Relaciones Exteriores ocultará la información de los contratos para la compra de vacunas, al declararlos confidenciales. La pésima gestión de la federación los motiva a mantener en opacidad información de interés nacional ¿Qué quieren ocultar?

Ingresamos una solicitud de transparencia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer los detalles del contrato con la empresa farmacéutica Pfizer, sin embargo, el Comité de Transparencia de la Secretaría clasificó la información como confidencial. Por lo que nadie podrá conocer los detalles de cuantas dosis se adquirieron en realidad, las fechas de entrega o los montos erogados para traer las vacunas a México.

El argumento que da la Secretaría es que “el convenio celebrado entre el gobierno mexicano y la farmacéutica establece que las partes se encuentran obligadas a mantener en discreción toda la información que se genere al respecto”. Lo cual es un exceso, pues es dinero público el que se está usando y es información vital para la población; los convenios deben tener una versión pública en la que se transparenten los datos generales, reservando aquello que la ley permite, sin embargo, la federación quiere ocultarlo todo.

Es una situación muy delicada, tampoco quieren revelar los criterios que se usaron para decidir la distribución entre las entidades federativas, puesto que presenta tremenda inequidad, está claro que hay un cálculo político detrás de su estrategia.

Tenemos conocimiento de que, además, diversos periodistas y organizaciones privadas han intentado por la misma vía acceder a la información referente a las vacunas, pero a todos se les ha negado.

Durante 2020 ya se detectaron graves irregularidades en las compras para enfrentar la pandemia, hubo adquisiciones de ventiladores a sobreprecio, licitaciones amañadas para beneficiar a familiares de altos funcionarios y equipo contratado que nunca llegó. La situación de emergencia ha sido un pretexto para la corrupción y la negligencia en el gobierno federal.

Es increíble que ante la esperanza que representan las vacunas, el gobierno federal decida mantener oculta la información que desde un principio debió ser pública.

Ahora, el día 25 de enero de 2021 se publicó en Conamer el Acuerdo de la Secretaría de Salud, que tiene por objeto establecer como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México.

Para tal efecto, el acuerdo establece que, los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud deberán realizar ante la Secretaría de Salud Federal lo siguiente:

I. Presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México, para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2;

II. Informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas contra el virus SARS-CoV2 y las aplicadas a la población en general, con información desagregada conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México;

III. Respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas, establecidos en la citada Política Nacional de Vacunación, para evitar duplicidad;

IV. Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los criterios que emita la Secretaría de Salud federal, y

V. Garantizar, en el ámbito de su competencia, la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo, e informar a la Secretaría de Salud federal sobre su seguimiento, con la periodicidad que la propia dependencia establezca.

Por lo que contrario a la política de opacidad del gobierno federal, a los gobiernos estatales sí se les exigirá presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas e informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas contra el virus SARS-CoV2 y las aplicadas a la población en general. Dicha disposición debería ser de observancia general.

Nosotros creemos que una estrategia exitosa contra Covid-19 debe basarse en una comunicación efectiva con la población, los mexicanos y los trabajadores de la salud tienen dudas e inconformidades, ante las contradicciones y los errores de los funcionarios federales. La opacidad del presidente y su gabinete nos llevará al fracaso en la política de inmunización.

Por lo anteriormente señalado, demandamos una vez más, que los contratos de las vacunas sean públicos, sea federales o suscritos por los gobiernos de las entidades federativas.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y la Ciudad de México a hacer pública la información relativa a los contratos vigentes y los que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México, para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, detallando la siguiente información:

-Número de dosis comprometidas por acuerdo formal con cada empresa.

-Población que se espera inmunizar de acuerdo con las dosis adquiridas.

-Monto de los contratados pactados, especificando los importes ya pagados y los pendientes por realizar.

-Dosis recibidas al momento.

-Plazos y condiciones de entrega de las vacunas.

-Calendarios de aplicación de las vacunas.

-Criterios de selección de la población objetivo a inmunizar en las primeras etapas.

-Infraestructura y recursos humanos a utilizar para la implementación de la estrategia de vacunación.

-Compras de material, equipamiento e insumos que se hubieran efectuado o realizarán para la implementación de la estrategia de vacunación.

Notas

1 http://coronavirus.gob.mx

2 http://consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1425-covi d-50

3 https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=covid&term=&cntry=&state=&city=&dist=

4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid&sort=date

5 https://www.bioworld.com/COVID19products

6 https://www.paho.org/es/temas/coronavirus

7 J. Tuells and J. L. Duro Torrijos The five wills of Francisco Xavier Balmis. Gac Med Mex 2012 Vol. 148 Issue 4 Pages 411-8. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22976760

8 Historia de la vacunación en México. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400136/Hurtado_-_Histori a_de_la_vacunaci_n_en_M_xico.pdf

9 Vaccines. Disponible en: https://www.bioworld.com/COVID19products vaccines

10 https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/medicamentos

11 https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-dis ease-2019-covid-19/covid-19-vaccines

12 PolVx_COVID_ 08Dic2020_17h00.pdf.

http://coronavirus.gob.mx Acceso: 2020/12/09

13 Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19. Priorización inicial y consecutiva para la vacunación contra SARS-CoV-2 en la población mexicana. Recomendaciones preliminares. Salud Publica Mex [Internet]. 28 de diciembre de 2020 [citado 20 de enero de 2021];00. Disponible en:

https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12399 y https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12399/12046 Acceso: 2021/01/20

14 J. C. Alcocer-Varela. Diario Oficial de la Federación. 2021 Vol. 7 Pages 4-6. Disponible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609647&fe cha=08/01/2021 Acceso: 2021/01/20

15 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11En e2021.pdf Acceso: 2021/01/20

16 PolVx_COVID_ 08Dic2020_17h00.pdf, Página 8. http://coronavirus.gob.mx Acceso: 2020/12/09

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Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, diversas autoridades de Morelos y el director del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda a llevar a cabo una mesa de diálogo para solucionar la regularización de pagos pendientes a los empleados y jubilados de ese parque acuático y cumplir sus derechos laborales, suscrita por el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ángel García Yáñez, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, gobernador, Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo y director del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, en Morelos, a llevar a cabo en el ámbito de sus atribuciones una mesa de diálogo con el objetivo de solucionar la regularización de pagos pendientes a los empleados y jubilados del parque acuático referido y cumplir sus derechos laborales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece...

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...

Artículo 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial...

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley...

Artículo 127.- Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales...

La Ley Federal del Trabajo establece:

...

Artículo 2.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo...

Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes...

Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos...

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste...

Artículo 1002. Por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este título o en alguna otra disposición de esta Ley, se impondrá al infractor multa por el equivalente de 50 a 5 000 veces la unidad de medida y actualización...

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal precisa:

...

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

VI.- Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público...

Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos...

VII. Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento;

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos señala lo siguiente:

...

Artículo 65.- Los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, tendrán las atribuciones no delegables siguientes:

I. Establecer, con base en los programas sectoriales, las directrices generales y fijar las prioridades a que se deberá ajustar el organismo auxiliar, en todo lo relacionado a obras, producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico, servicios y administración general...

V. Establecer las bases esenciales de la estructura del organismo auxiliar y sus modificaciones; además, en el caso de los organismos descentralizados, aprobar su estatuto orgánico...

XIV. Proponer los precios y tarifas de bienes, trámites y servicios que produzca o preste el organismo auxiliar, distintos de contribuciones, excepto los de aquellos que sean determinados por acuerdo del gobernador del estado...

Artículo 84. La representación legal que ejercerán los titulares o directores generales, sin perjuicio de las facultades que les confieran otras leyes, estatutos y ordenamientos, expresamente les faculta para lo siguiente:

I. Realizar todos los actos y otorgar los documentos necesarios para el debido desempeño de su cargo...

V. Conducir la planeación, organización, control y evaluación de las actividades del organismo descentralizado...

XV. Las demás que les confieran esta ley, la ley o decreto de creación y el órgano de gobierno.

El acuerdo por el que se establece la Unidad de Transparencia y se integra el Comité de Transparencia Fideicomiso Balneario Agua Hedionda refiere lo siguiente:

Artículo 1. Se establece la Unidad de Transparencia del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, de la siguiente manera:

...

I. Las personas titulares de las Unidades Administrativas que integran el Fideicomiso, serán los Sujetos Obligados responsables de proporcionar materialmente la información que obre en sus archivos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y atribuciones, así mismo fungirán como auxiliares de la persona titular de la Unidad de Transparencia...

Segunda. Según la Organización Internacional del Trabajo, se conoce como trabajo el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos.

La relación de la sociedad en virtud al empleo, es uno de los factores primordiales para medir el desarrollo, por su parte la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento en el cual el empleo, ya se comprende como una actividad que realiza un individuo, mediante su libre elección.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisa que el derecho al trabajo es crucial para ejercer otros derechos humanos, asimismo, es parte de la dignidad humana, ya que todo individuo tiene la facultad de asegurar sus necesidades básicas.

En Cuautla, Morelos, los trabajadores sindicalizados del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y sus jubilados, el cual es un centro recreativo en la región, que cuentan con aguas sulfurosas-medicinales; en diversas ocasiones se han manifestado, ya que se les adeuda varios meses de salario y además prestaciones laborales que por derecho les corresponde, asimismo, expresaron que el Director General del Fideicomiso del Balneario, desde el mes pasado mando a descansar a los trabajadores sin ningún goce de sueldo, los empleados exigen a las autoridades del estado.

Aunado a esto, expreso mi preocupación ante este acontecimiento en mi estado, el cual considero que es de carácter imperativo el dar seguimiento a esta situación, y se dé una solución, ya que existen trabajadores que son padres de familias, mismas que dependen de ellos, los cuales deben de cubrir sus necesidades, lo cual se vio complicado con motivo de la pandemia del Covid-19, las que siguen enfrentando.

Por lo expuesto, con el debido respeto, se hace un exhorto a las autoridades Federales y Estatales, para que, en el ámbito de sus atribuciones, se realice una mesa de diálogo, para que de manera inmediata se lleve a cabo la regularización de los pagos y demás prestaciones y se dé cumplimiento en tiempo y forma a sus salarios.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, gobernador, Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo y director del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, en Morelos, para que en el ámbito de sus atribuciones se lleve a cabo una mesa de diálogo con el objetivo de solucionar la regularización de pagos pendientes a los empleados y jubilados del parque acuático referido y cumplir sus derechos laborales.

Dado en el Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a 27 de enero de 2021.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado a promover con sus homólogas del Congreso de EUA una reunión interparlamentaria entre México y ese país dirigida a desarrollar un plan donde se lleven a la mesa de discusión temas prioritarios para ambos países en materia de migración, tráfico de armas y coordinación en el combate de la pandemia por Covid-19, suscrita por Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y a cargo de Nancy de la Sierra Arámburo, senadoras del Grupo Parlamentario del PT

De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República para que promuevan, con sus homólogas del Congreso norteamericano, a una reunión interparlamentaria entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, con el objetivo de desarrollar un plan para llevar a la Mesa de Discusión temas prioritarios para ambos países en materia de migración, tráfico de armas y coordinación en el combate a la pandemia por Covid-19, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Introducción

El martes tres de noviembre de 2020, el pueblo estadounidense optó por otorgarle al Partido Demócrata, tanto la Presidencia de los Estados Unidos de América; sino también, la mayoría, tanto en la Casa de Representantes y en el Senado. De esta manera, se abre una oportunidad histórica para aprobar la reforma migratoria y las reformas necesarias para evitar el tráfico de armas hacia nuestro país. Desde 2011, los demócratas habían perdido el control del Senado, por lo que cualquier intento de reforma fue bloqueado.

Por ello, ante la toma de protesta de Joseph R. Biden como el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos de América el pasado 20 de enero, así como con la nueva composición de ambas Cámaras del Congreso del país vecino del norte resulta no solo oportuna, sino obligada la organización de una reunión interparlamentaria entre el honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de los Estados Unidos de América. Esto con el objetivo de discutir sobre migración y tráfico de armas hacia México procedentes de los EEUU, entre otros y generar acuerdos binacionales de modificaciones a la legislación interna, velando en todo momento por el interés nacional.

Reforma migratoria

El presidente Joe Biden comenzó su mandato con la firma de varias acciones ejecutivas sobre inmigración. Biden describió una ambiciosa agenda de inmigración durante la campaña electoral, la cual revertiría las acciones de su predecesor. La propuesta del nuevo gobierno incluye el proyecto de ley de inmigración del gobierno que proporciona un procedimiento para obtener la ciudadanía para inmigrantes indocumentados. Asimismo, se busca modernizar el sistema de inmigración estadounidense, invierte en tecnología fronteriza y brinda ayuda a Centroamérica, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca.

Para el gobierno de México es fundamental impulsar una reforma migratoria integral en beneficio de nuestros connacionales que han migrado a Estados Unidos de América. Asimismo, es prioritario que se aborde el tema de la migración desde Centroamérica y otras partes del mundo que cruza el territorio nacional con destino a Estados Unidos.

Uno de los factores que es necesario abordar es el sistema de ingreso hacia Estados Unidos y los efectos que tiene en nuestro país la permanencia de grandes volúmenes de migrantes en la frontera norte de México. También es importante que se dialogue sobre una estrategia de desarrollo para Centroamérica, que ayude a disminuir el flujo migratorio de estos países hacia Norteamérica y que permita disminuir la violencia en esta zona del continente.

Es importante dialogar con los tomadores de decisiones norteamericanos, acerca de la importancia de implementar mejores políticas públicas en materia migratoria, con estricto apego a los derechos humanos. Ello considerando que el flujo de migrantes de otros países que cruzan por nuestro territorio nacional hacia nuestro vecino del norte se ha incrementado en los últimos años, ya que la migración es un fenómeno que sólo puede administrarse con la cooperación de ambos países.

Reforma al tráfico de armas

El tráfico de armas desde Estados Unidos de América hacia nuestro país es un problema de seguridad nacional que nunca fue abordado de manera benéfica para México durante el periodo neoliberal. Por el contrario, los gobiernos de la tecnocracia neoliberal hicieron la vista a un lado hacia este problema y permitieron el tráfico ilegal de armas estadounidenses, a cambio de ayuda al combate al narcotráfico en el marco de la “Iniciativa Mérida”, por medio de la cual recibieron helicópteros artillados y equipos de detección de armas y drogas para los puestos fronterizos.

El caso más alarmante de tráfico de armas entre nuestras naciones, del cual se tenga registro se dio entre 2006 y 2011, con el fallido operativo “Rápido y Furioso”, implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos de América, agencia que introdujo más de 2,000 armas a México con un chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente irían a dar a manos de narcotraficantes.

Las armas que traficó ilegalmente la ATF llegaron a manos de grupos de narcotraficantes y criminales que las utilizaron para realizar diversos delitos, incluyendo el homicidio, en el territorio de México y en el de Estados Unidos. Este es un capítulo negro de la violencia y la guerra contra las drogas impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón como presidente de México.

Este caso es un importante recordatorio de la necesidad de diseñar e instrumentar mecanismos claros, efectivos y transparentes de cooperación para combatir el tráfico de armas desde los estados sureños de Estados Unidos de América, hacia nuestro país. Ya que el tráfico de armas no es un problema menor, sino que forma parte de los problemas estructurales en la relación México-Estados Unidos, y un factor determinante del narcotráfico, violencia e inseguridad en México.

En el año 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que cada año ingresan al país más de 200.000 armas de todo tipo, lo cual equivaldría a un promedio de 567 al día, unas 22 cada hora. Y que el 70 por ciento de estas armas provienen de armerías estadounidenses y entran al territorio mexicano por su frontera norte. El tráfico es parte de la ola de violencia en el país. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cerca del 70 por ciento de los asesinatos en México se cometen con armas de fuego. Y de éstas, la mayoría son estadounidenses.

Los efectos generados por el tráfico de armas son el empoderamiento de la ilegalidad y la violencia; la vinculación de jóvenes a grupos y/o prácticas delictivas; el uso de armas en grupos de jóvenes y adolescentes; las muertes violentas y/o accidentales provocadas por el uso de armas; así como la expansión de una cultura de la violencia a través de diversos medios

Para “México es fundamental que exista una mejor regulación sobre armas dentro de Estados Unidos de América, que permita un mayor control en dicho país para disuadir el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país; este tema una prioridad de seguridad nacional, equivalente a la de nuestro vecino del norte respecto del control de la producción e introducción de diferentes tipos de drogas, en particular el fentanilo. Por ello es prioritario que el gobierno de México impulse con su contraparte norteamericana un mayor control de armas dentro de las fronteras de dicho país y mayor coordinación e intercambio de información para el combate del crimen organizado estadounidense que trafica armas hacia nuestro país.

Estrategia combate al Covid-19

Una vez que ha tomado posesión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el 21 de enero la estrategia para enfrentar el Covid-19, misma que incluye nuevas acciones para tratar de frenar los contagios y muertes por Covid-19 en los Estados Unidos de América, entre ellos se cuentan la necesidad de que aquellos que lleguen al país presenten test negativos y hagan cuarentena; la orden de montar centros de vacunación a lo largo de todo el territorio -para acelerar la inoculación y llegar al objetivo de administrar 100 millones de dosis en sus primeros 100 días, acción que será reforzada con la exigencia de usar mascarillas en jurisdicciones federales. Asimismo, el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos regresa a la OMS y se compromete a respaldar su estrategia para hacer frente a la pandemia.

Es por ello que consideramos prioritario entablar un diálogo franco y abierto con el gobierno de Estados Unidos de América, a través de su Congreso para coordinar los esfuerzos en contra de la pandemia por Covid-19 para la región de América del Norte y para garantizar que en el caso de vacunas e insumos médicos para el combate a la pandemia, provenientes de empresas farmacéuticas de origen estadounidense, exista un flujo constante sin trabas u obstáculos, que ayude a derrotar a este virus y que impulse la recuperación económica de toda la región, así como otros temas de interés común para ambas partes.

Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República para que promuevan, con sus homólogas del Congreso norteamericano, a una reunión interparlamentaria entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, con el objetivo de desarrollar un plan para llevar a la Mesa de Discusión temas prioritarios para ambos gobiernos en materia de migración, tráfico de armas y coordinación en el combate a la pandemia por Covid-19.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que promueva, conjuntamente con la Cámara de Senadores a una reunión interparlamentaria entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América.

Dado en la sala de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Senadoras: Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de NL a otorgar los insumos básicos preventivos de protección personal, seguridad laboral y salarios dignos a los trabajadores del hospital de la sección 50 del SNTE, y vacunarlos contra el Covid-19, suscrita por la diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo como asunto de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de que la Secretaría de Salud de nuestro país decretara la contingencia extraordinaria por la enfermedad Covid-19, ha sido el personal de la salud quien se ha encontrado al frente de la línea de batalla, salvado la vida y la salud de la población contagiada por la enfermedad. A diez meses de una incansable batalla, médicas, médicos, enfermeras enfermeros, radiólogos y personal administrativo de la salud presentan graves signos de angustia, fatiga y desesperación ante un lejano descenso en las cifras de contagiados y de muertos.

Lo cierto es que la pandemia por Covid-19, ha evidenciado numerosas deficiencias en las unidades médicas del país, que sin el equipo de protección mínimo indispensable, se encuentran atendiendo a los enfermos.

Por su parte, el incremento de contagios en la población en semanas recientes ha tenido un repunte, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud al 23 de enero de 2021, “la Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Querétaro son las entidades con mayor número de casos activos (menos de 3 mil casos).”1

En el caso de Nuevo León, que como se ha mencionado se encuentra dentro de las entidades con un mayor número de contagios en la población, llevando a la saturación de clínicas y hospitales en la entidad, situación que ha provocado diversas protestas por parte de personal de la salud en el estado, pues el pasado miércoles 20 de enero de 2021, médicos y enfermeras, del hospital de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que laboran en el nosocomio, se manifestó ante las condiciones sobre las que se encuentran laborando, al encontrarse en un riesgo constante por la carencia de insumos básicos preventivos para su protección como son: cubre bocas, caretas, batas, guantes, antisépticos, también han manifestado la necesidad de ser incluidos en las listas del plan de vacunación contra el Covid-19.

El hospital de la sección 50 del SNTE de Nuevo León que desde el inicio de la pandemia no sólo ha atendido a maestros y personal de apoyo a la educación, sino que se ha convertido en receptor para atención de pacientes de coronavirus, y dada su importancia en la población es vital, que para su óptimo funcionamiento, sea dotado de los insumos necesarios, así como de certeza laboral hacia sus trabajadores para poder seguir brindando la atención medica requerida por la población, ya que a pesar de laborar en dicha institución, el personal médico carece de una basificación por parte del sindicato.

En estos momentos la importancia del hospital de la sección 50 del SNTE, de Nuevo León, radica en que, ante la saturación de los demás hospitales de la zona, se ha trasladado a pacientes de Covid-19 a la clínica magisterial, lo que duplicó la actividad del personal médico y de enfermería y por ende, el riesgo de contagios para el personal del propio hospital.

Es por lo anterior, que al no otorgar los insumos básicos de protección para el desempeño de sus funciones así como de un salario justo, al personal de la salud que se encuentra en la primera línea de contagio, se violenta sus derechos humanos y laborales de este sector frete a la crisis que estamos presenciando.

Y es que, a pesar de que nuestro país cuenta con un sistema de salud robusto,“México cerró el 2020 con 2 mil 470 defunciones de personal de salud reconocidas a causa del SARS-CoV2, lo que lo coloca como uno de los países con más muertes en esta área por Covid-192

A nivel de Nuevo León, la doctora Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano, mencionó en diciembre de 2020, la defunción de 65 profesionales de la salud que laboraban en diferentes clínicas y hospitales de la entidad.3

Una buena noticia que se recibió por parte del presidente de México a finales del mes de diciembre de 2020, fue el anuncio de la llegada de las primeras dosis contra el virus de Covid-19 que de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación inició con el personal médico por ser evidentemente un sector con un alto grado de vulnerabilidad, al estar en la primera línea de atención.

Para Nuevo León, fue el pasado 28 de diciembre cuando llegaron las primeras mil 950 dosis de la vacuna contra el Covid-19, la segunda remesa llegó el 6 de enero y estaba confirmada con 4 mil 875 dosis y el tercero de 9 mil 750, llegó el 12 de enero4 . Siendo un total de más de 16 mil 500 dosis aplicadas al personal de la salud en la entidad.

Sin embargo la aplicación de las dosis no es suficiente para los más de 60 mil trabajadores de la salud que hay en la entidad5 que requieren de la vacuna contra el Covid-19 y mientras se logra una cobertura total, aquellos que siguen dando su vida por nosotros, se encuentran sobrepasando esta situación en medio de la escasez de los insumos para el desempeño de su trabajo como es el caso del personal que labora en el hospital de la sección 50 del SNTE en Nuevo León aunado a la ausencia de un reconocimiento de su trabajo a través de un salario digno y una seguridad laboral.

El personal de salud quien enfrenta muchos retos, derivados del avance de la pandemia merece un amplio reconocimiento, así como una respuesta cabal por parte de las autoridades competentes para brindar condiciones laborales más apropiadas que ayuden a contener un problema de salud pública que ha puesto a prueba a los sistemas de salud de nuestro país y de Nuevo León.

Y es por anteriormente expuesto que someto a la consideración de las y los integrantes de esta honorable asamblea con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la persona titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León para que:

a) Informe la fecha exacta de inicio de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, a todo el personal del Hospital de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ante la situación de riesgo en la que se encuentran médicos, enfermeras y personal de salud que se encuentra en la primera línea de combate contra el Covid-19.

b) Ortogue los insumos necesarios para la protección personal de las y los trabajadores del Hospital de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para poder seguir brindando la atención medica requerida por la población.

c) Sea garantizada la seguridad laboral y salarios dignos a todo el personal del Hospital de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo anterior, ante la gran labor que se encuentra desempeñando frente a la crisis sanitaria por Covid-19.

Notas

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/23/mapa-del-coronavirus- en-mexico-23-de-enero-los-cinco-estados-en-alerta-por-mas-de-3000-casos -activos/

2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
una-tercera-parte-del-personal-de-salud-fallecido-por-covid-en-mexico-en-el-anonimato

3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/suma-nl-65-muertes-de-personal-me dico-por-covid-19/1422750

4 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/llegan-leon-mil-950-va cunas-covid-19

5 https://www.animalpolitico.com/2020/12/inicia-aplicacion-vacunas-nuevo- leon-personal-salud/

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la honorable Comisión Permanente, a 27 enero de 2021.

Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y locales a revisar y fortalecer las estrategias dirigidas a enfrentar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y, en su caso, incorporar o implantar con mayor énfasis las medidas que han demostrado eficacia para contener y reducir contagios y defunciones, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz y suscrita por Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, y Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia por Covid-19 ha significado un gran reto internacional, los países han tenido que enfrentar un importante número de problemas para garantizar la salud de sus ciudadanos y contener el avance de esta enfermedad y los efectos negativos que genera. El virus SARS-CoV2 ha demostrado que la capacidad para garantizar el derecho a la salud y atender los problemas en torno a su ejercicio en los países, puede ser rebasada si no se toman las medidas adecuadas para prevenir y contener el número de contagios, que se dan de forma diaria dentro de sus territorios.

El Covid-19 es una enfermedad respiratoria que por sus características puede ocasionar graves consecuencias a la salud de la persona que lo padece e incluso provocarle la muerte, y al no contar con un tratamiento médico específico para su atención, se dificulta aún más la labor del personal sanitario quienes diariamente luchan contra esta enfermedad para preservar la salud y la vida de las personas enfermas.

De acuerdo a lo que se señala dentro de fuentes oficiales de nuestro país, el Covid-19 es un virus que se manifiesta de diferente manera y afecta principalmente a personas con características específicas como se detalla a continuación:

El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que apareció en China. Después se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente Europa y América son los más afectados.

Este nuevo virus, provoca la enfermedad conocida con el nombre de Covid-19.

Las personas con Covid-19 tienen los siguientes signos y síntomas:

Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza.

Y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones (malestar general).

Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus pulmones.

Afecta a todas las personas, pero corren más riesgo:

Las personas mayores.

Las personas embarazadas.

Las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o hipertensión.1

La manera tan fácil y rápida en la que puede propagarse el Covid-19 en un territorio o espacio geográfico determinado, ha ocasionado que los países tengan dificultad en contener e impedir el número de contagios y muertes, por lo que han tenido que emprender acciones ordinarias y extraordinarias para garantizar la salud de sus habitantes.

Es derivado de lo anterior que los gobiernos del mundo han invertido una importante cantidad de recursos materiales y económicos en prevenir el número de contagios y de muertes que se dan en sus países, al establecer medidas sanitarias, de aislamiento y de distanciamiento social como mecanismo efectivo para contener y prevenir casos de Covid-19 en su población, y a pesar de que esta tarea ha sido complicada, se ha comprobado que la efectividad de estas medidas deben ser retomadas y aplicadas a nivel internacional.

De acuerdo a lo que señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), las acciones más recomendadas y efectivas para disminuir los contagios y el número de muertes en la población mundial, son las siguientes:

Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o propagar la Covid-19:

Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás.

Evite ir a lugares concurridos

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene respiratoria. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar.

Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor de cabeza y fiebre ligera hasta que se recupere. Pida a alguien que le traiga las provisiones. Si tiene que salir de casa, póngase una mascarilla para no infectar a otras personas.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en la medida de lo posible llame por teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad sanitaria local.

Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de fuentes fiables, como la OMS o las autoridades sanitarias locales y nacionales.

El uso de mascarillas médicas está recomendado principalmente en entornos sanitarios, pero puede considerarse en otras circunstancias (véase más adelante). Las mascarillas médicas deben combinarse con otras medidas clave de prevención y control de las infecciones, como la higiene de las manos y el distanciamiento físico.2

En este tenor es pertinente mencionar que, en una nota periodística del BBC de marzo de 2020 se señala que los países que mejor han logrado gestionar la emergencia sanitaria y contener el número de contagios y muertes en el mundo, son aquellos que han logrado implementar de forma efectiva en sus territorios las medidas sugeridas por la OMS y otras que se mencionan a continuación que van relacionadas directamente a la prevención y contención de contagios:

Europa se ha vuelto el nuevo epicentro de la enfermedad, mientras en América Latina y Estados Unidos de América (EUA) los nuevos contagios se multiplican cada día.

Sin embargo, pese a las malas noticias por casi todos lados, un grupo de naciones parece haber logrado contener la propagación abrupta del virus, que hasta este 16 de marzo ya dejaba unas 7.000 muertes y casi 180.000 contagios a nivel global.

Los resultados en estos países no sólo dependen de su situación geográfica o cantidad de población (aunque son factores que en algunos casos pueden incidir), sino que responden a políticas innovadoras, preparación y respuesta rápida.

¿Cuáles han sido más efectivas?

1. Pruebas, pruebas y más pruebas

La OMS y los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que la detección temprana de los casos es un factor fundamental para contener la extensión de la pandemia.

2. Aislar a los contagiados

La realización de pruebas permite no sólo aislar a los enfermos y evitar que se propague el virus entre un mayor número de personas, sino que también abre la posibilidad para detectar posibles contagios que todavía no han desarrollado síntomas.

3. Preparación y reacción rápida

Uno de los elementos básicos para la contención de un virus es reaccionar rápidamente antes que los contagios se diseminen por la población.

4. Distanciamiento social

Cuando se reportan los primeros contagios de un nuevo virus en una población, las medidas de contención dejan de tener sentido y otras, como el distanciamiento social, resultan ser más efectivas para evitar que los sectores más vulnerables se contagien.

5. Promover medidas de higiene

Desde que comenzaron a reportarse los primeros brotes de coronavirus fuera de China, la OMS ha insistido que además del distanciamiento social, el lavado regular de manos y la higiene al presentar cualquier síntoma son fundamentales para evitar la transmisión del virus.3

Es así que consideramos necesario seguir apostando en el fortalecimiento de acciones en materia sanitaria, aislamiento y distanciamiento social con el fin de evitar la persistencia y el incremento de los contagios y las muertes ocasionadas por el Covid-19 en el mundo y en el caso particular de México.

Nuestro país no ha sido ajeno a la lucha para prevenir y contener el número de contagios y muertes relacionadas al Covid-19, desde el inicio de la pandemia a nivel internacional se puso en marcha tanto a nivel federal y dentro de las entidades federativas medidas sanitarias de aislamiento y de sana distancia con el fin de hacer frente a la pandemia provocada por esta enfermedad. Sin embargo, a pesar que a lo largo y ancho de nuestro país se han implementado acciones para atender los efectos negativos provocados por esta enfermedad, no se ha logrado disminuir el número de contagios y muertes.

Es así que cifras oficiales actualizadas al 22 de enero de 2021 detallan que en nuestro país existen un total de 1,732,292 personas contagiadas y 147,614 fallecidas a consecuencia del Covid-19.

Covid-19 en México

Hoy 22 de enero de 2021.

Confirmados 1´732,292
Sospechosos 428,356
Negativos 2´192,426
Defunciones 147,614

Ayer *21 de enero de 2021.

Confirmados 1´711,283
Sospechosos 427,119
Negativos 2´160,822
Defunciones 146,1744

Si analizamos el comportamiento que tiene el número de contagios y de muertes desde el inicio de la pandemia,5 podemos percatarnos que se han incrementado de forma alarmante, por lo que es fundamental reforzar y fortalecer las medidas sanitarias de aislamiento y de sana distancia en las 32 entidades federativas.


Si bien es cierto que es necesario reconoce el gran esfuerzo que han realizado las autoridades federales y de las 32 entidades federativas en nuestro país para atender la pandemia provocada por el Covid-19, disminuir el número de contagios y muertes a consecuencia de la misma, es fundamental que se siga trabajando para garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos, y asimismo evitar la saturación de los servicios hospitalarios que atienden a personas contagiadas por este virus.

Derivado de lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a revisar y fortalecer las estrategias para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y, en su caso, incorporar o implementar con mayor énfasis las medidas que han demostrado ser eficaces alrededor del mundo para contener y reducir tanto el número de contagios como las defunciones.

Notas

1 Véase, Gobierno de México. (s.f.). Personas con discapacidad. Recuperado el 22 de enero de 2020, de

https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/

2 Véase OMS. (2021). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Recuperado el 22 de enero de 2021, de
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/
q-a-coronaviruses?gclid=Cj0KCQiAjKqABhDLARIsABbJrGnRmPrD25djAgrbeYrpzab9C8m-AheWWoLk_ou6rTdNfPWsSY-M6jEaAr1kEALw_wcB

3 BBC News Mundo. (17 de marzo de 2020). Coronavirus: 5 estrategias que están funcionando en los países que han logrado contener los contagios de covid-19. Recuperado el 22 de enero de 2021, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51919935

4 Véase, Gobierno de México. (22 de enero de 2021). Covid-19 México. Recuperado el 22 de enero de 2021, de https://datos.covid-19.conacyt.mx/

5 Véase, Gobierno de México. (22 de enero de 2021). Covid-19 México. Recuperado el 22 de enero de 2021, de https://datos.covid-19.conacyt.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a permitir el desbloqueo administrativo de 206 plazas de trabajadores transitorios con contrato vigente de la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, NL, suscrita por la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Sandra Paola González Castañeda, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al ingeniero Octavio Romero Oropeza, Director General de Petróleos Mexicanos, con el objeto de solicitar su inmediata intervención que permita el desbloqueo administrativo de doscientas seis plazas de trabajadores transitorios con contrato vigente de la refinería “Ingeniero Héctor R. Lara Sosa”, en la ciudad de Cadereyta, Nuevo León, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- En fechas recientes, se les ha comunicado a las trabajadoras y los trabajadores de la refinería “Ingeniero Héctor R. Lara Sosa”, de Cadereyta, Nuevo León, por parte de la dirección general de Petróleos Mexicanos, concretamente el área administrativa y de recursos humanos, la cancelación de doscientas seis plazas de trabajadores eventuales y transitorios, aludiendo la terminación contractual por obra determinada con fecha de 31 de diciembre del año 2020.

Segunda.- Cabe destacar que el propio órgano paraestatal liberó dentro de su estructura de contratación, la ocupación de más de cuatrocientas plazas para trabajadoras y trabajadores en la citada condición de eventual y transitorio, mismas que fueron ocupadas por las referidas doscientas seis personas. En esa línea argumentativa, no sólo no se ha respetado el acuerdo general por parte de la dirección central de Petróleos Mexicanos en aras de ampliar la base laboral hasta cumplimentar las más de cuatrocientas plazas señaladas, sino que, además, en un acto de total atropello y vulneración a los derechos humanos en lo general y a los derechos laborales en lo particular, se busca la supresión de las ya ocupados doscientos seis puestos de trabajo, mismos que se encuentran activos hasta el mes de diciembre y los cuales buscan su legítima continuidad en este año 2021 y subsecuentes.

Tercera.- Estamos conscientes y apoyamos las políticas de austeridad, transparencia y racionalización del gasto público por parte del gobierno federal en la actual crisis sanitaria y económica que atraviesa el país, no obstante, consideramos insuficiente el argumento que sostiene la Dirección General de Pemex referente al tema de la austeridad presupuestaria que por diversos motivos atraviesa el país, entre ellos la pandemia Covid-19, sea un motivo categórico que justifique la vulneración a los derechos inalienables de las trabajadoras y los trabajadores enmarcados en el contrato colectivo que rige las relaciones laborales entre éstos y la empresa nacional, así como la irresponsabilidad por parte de ésta en la diligente y eficaz operatividad de la refinería respecto de su quehacer prioritario, como el que destaca en la elaboración de petroquímicos, significándose así como una de las principales fuentes de hidrocarburos a nivel nacional.

Cuarta.- En suma, la defensa de las multicitadas doscientas seis plazas es un primer paso para el respeto y tutela de las trabajadoras y los trabajadores de la petroquímica de Cadereyta, sin renunciar a la gestión y concesión legítima del resto de los puestos de trabajo que permitan la total ocupación de más de cuatrocientas plazas de trabajadores eventuales y transitorios, a fin de hacer efectivas sus garantías al trabajo, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, para lo cual esta Cámara de Diputadas y Diputados deberá ser consecuente con la alta responsabilidad que la industria petrolera nacional sea un orgullo por la transparencia en sus procesos de contratación y ascenso de quienes de forma profesional se especializan en las necesidades y funciones que demanda en concreto la refinería de Cadereyta.

Quinta.- Consideramos que la tutela y defensa de los derechos humanos, a través de la construcción de modelos garantistas de políticas públicas enfocadas al mejoramiento del marco convencional internacional, bajo el precepto de la reingeniería de las instituciones del Estado mexicano conforme a su autonomía de gestión, con un enfoque ético y de establecimiento de las responsabilidades de quienes actúan conforme a los axiomas constitucionales; según lo establece el artículo 1o., párrafo segundo, el artículo 76o., artículo 123o. y 133o. de la carta fundamental, con relación a los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos y de la Organización Internacional del Trabajo de los que le Estado mexicano sea parte.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, con el objeto de solicitar su inmediata intervención que permita el desbloqueo administrativo de doscientas seis plazas de trabajadores transitorios con contrato vigente de la refinería “Ingeniero Héctor R. Lara Sosa”, en la ciudad de Cadereyta, Nuevo León.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.

Diputada Sandra Paola González Castañeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener y diversas autoridades de energía a investigar a fondo y aplicar las correspondientes sanciones a los responsables de proveer información falsa y documentos apócrifos sobre el apagón suscitado el 28 de diciembre de 2020 en diversos estados, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla , diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía, a Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad, y a Carlos Gonzalo Meléndez Román, titular del Centro Nacional de Control de Energía, para que investiguen a fondo y apliquen las correspondientes sanciones hacia los responsables de proveer información falsa y documentos apócrifos sobre el apagón suscitado el 28 de diciembre de 2020 en diversas entidades del país, al igual que presentar una disculpa pública por parte de estas instituciones, tanto para los organismos suplantados, gobiernos y población afectados, ya que ante el desconocimiento concreto de las causas reales del apagón, la reputación del gobierno de Tamaulipas y la Coordinación Estatal de Protección Civil , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La importancia de un suministro ininterrumpido del servicio de luz es una necesidad obvia a estas alturas de nuestra historia. Con su introducción en nuestro país a finales del siglo XIX,1 la relevancia de ésta ha marcado un antes y un después en el desarrollo de nuestras labores, sin importar industria o sector.

En este sentido, la interrupción del servicio eléctrico es algo que debe considerarse, pero no justificarse. Derivado de la creciente dependencia que hemos tenido respecto a ella, los problemas originados por la incapacidad de provisión van más allá de la iluminación de nuestros hogares o negocios, ya que afectan el funcionamiento de herramientas como computadores, respiradores y demás artefactos que empleamos en nuestras labores cotidianas. Con el inicio de la cuarta revolución industrial,2 esto ha quedado mucho más claro, donde encontrar nuevas formas de producir energía eléctrica se ha vuelto una tarea trascendental para ingenieros y ecologistas.

Por ende, sorprende que en el presente cualquier problema o dificultad para la provisión de dicho servicio evite ser comunicada o, peor aún, se tenga de información poco fiable acerca de potenciales dificultades para la producción de un bien tan básico e indispensable, especialmente en tiempos tan dificultosos por motivos de la pandemia.

Dicha observación deriva de la reciente interrupción del servicio en diversas entidades del país el pasado 28 de diciembre de 2020,3 el cual comprometió por un periodo de dos horas el servicio de luz en múltiples estados del país, derivado de una variación de 7500 megawatts, es decir, el 10 por ciento de la capacidad de producción nacional,4 lo que representa una cantidad cercana a los 10 millones de usuarios.5

En sus argumentos, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía han aludido a la presencia de una anomalía por cuestiones de fenómenos propios del control de la energía eléctrica y las consecuencias de un incendio fortuito entre Tamaulipas y Nuevo León,6 el cual provocó la salida de operación de dos líneas de transmisión y, en consecuencia, la entrada de un sistema de protección que evitara problemas mayores.

En contraste, la justificación ha sido puesta en duda por parte de los propios funcionarios de Coordinación Estatal de Protección Civil y el propio gobierno del Estado de Tamaulipas. Desde el 29 de diciembre de 2020, representantes de Protección Civil afirmaron que era falso el oficio presentado por la CFE – y atribuido al organismo estatal – sobre el supuesto incendio,7 lo que ha derivado en una denuncia interpuesta por la Secretaría de gobierno de Tamaulipas el día 3 de enero de 2021,8 donde se busca que los responsable de la falsificación enfrenten las consecuencias de este delito.

Sobre esto, señalar lo preocupante de la situación no es algo superfluo. Las dudas que generan prácticas como estas tiene consecuencias amplias, donde la credibilidad de las instituciones, el prestigio de organismos estatales y la continuación de las necesidades cotidianas en tiempos de crisis, son los principales problemas que derivan de prácticas carentes de integridad y transparencia, especialmente en la provisión de servicios tan vitales como lo puede ser la energía eléctrica.

Con la cantidad tan vasta de personas enfermas por Covid-19 u otras enfermedades que han tenido que atenderse en casa por medio de la ayuda de aparatos y la necesidad de un sector de la población por continuar sus labores o educación de forma remota, resulta insólito que algo tan trascendental carezca de la más mínima transparencia.

El problema aquí no pasa por la presencia de anomalías o accidentes – eventos usuales en cualquier labor y los cuales requieren de un juicio mesurado a partir de los hechos que se presenten –, sino por el acto deliberado de mentir respecto a problemas que podrían ser de mayor magnitud y preocupación para todos los sectores de la población.

En tiempos donde la ciudadanía ha puesto en entredicho las sugerencias del gobierno federal para afrontar la presente crisis, este tipo de prácticas únicamente minan la posibilidad de recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones y dejan un historial negativo sobre el trato y respeto que se tiene por la labor de los trabajadores del Estado de niveles distintos al federal.

Por ende, demandar que la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía, investiguen a fondo y apliquen las correspondientes sanciones hacia los responsables de proveer información falsa y documentos apócrifos sobre el apagón suscitado el 28 de diciembre de 2020 en diversas entidades del país, es algo indispensable.

Por otro lado, también es sumamente necesaria una disculpa pública por parte de estas instituciones, tanto para los organismos suplantados, gobiernos y población afectados, ya que ante el desconocimiento concreto de las causas reales del apagón, la reputación del gobierno de Tamaulipas y la Coordinación Estatal de Protección Civil quedan en entredicho al atribuírseles labores que nunca realizaron o de las cuales nunca se tuvo conocimiento alguno.

En tiempos tan difíciles como los actuales, donde la desinformación se ha vuelto una práctica potenciada por las tecnologías de la información, el piso mínimo para las labores gubernamentales es el de dar información real a la población, donde atribuir razones sin fundamento únicamente acarrea seguir abonando al desprestigio y a la desobediencia civil, la cual no es necesariamente por motivos legítimos, sino por una total desconfianza y escepticismo hacia nuestras instituciones, donde el resultado último es el de un escenario en el cual la falta de confianza entre todas las partes pueda significar la puesta en entredicho de nuestra estabilidad como nación, siendo la actual pandemia una pequeña “probada” de lo que tiempos más difíciles podrían hacerla a la sociedad mexicana.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Comisión Permanente exhorta a Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía, a Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad, y a Carlos Gonzalo Meléndez Román, titular del Centro Nacional de Control de Energía, para que investiguen a fondo y apliquen las correspondientes sanciones hacia los responsables de proveer información falsa y documentos apócrifos sobre el apagón suscitado el 28 de diciembre de 2020 en diversas entidades del país.

Segundo. La honorable Comisión Permanente exhorta a Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía, a Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad, y a Carlos Gonzalo Meléndez Román, titular del Centro Nacional de Control de Energía, para presentar una disculpa pública por parte de estas instituciones, tanto para los organismos suplantados, gobiernos y población afectados, ante el desconocimiento concreto de las causas reales del apagón, y la afectación a la reputación del gobierno de Tamaulipas y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Tercero. La honorable Comisión Permanente exhorta a Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, para que realice una investigación a fondo y apliquen las correspondientes sanciones hacia los funcionarios responsables.

Notas

1 http://www.luz2015.unam.mx/leer/120/la-historia-de-laelectricidad-en-me xico-una-asignatura-pendiente

2 https://es.weforum.org/agenda/2018/11/la-cuarta-revolucion-industrial-i mpulsa-la-globalizacion-4-0/

3 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-serio-2020-reportan-cortes- de-luz-en-diferentes-zonas-del-pais

4 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/apagones-fueron-por-desbalance -en-sistema-interconectado-nacional-cenace

5 https://twitter.com/SENER_mx/status/1344116227036258304

6 https://twitter.com/CFEmx/status/1344059273043726336

7 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/
proteccion-civil-de-tamaulipas-desmiente-oficio-de-cfe-sobre-incendio-previo-apagon

8 https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/3/
tamaulipas-presenta-denuncia-contra-cfe-por-falsificacion-de-documentos-para-justificar-apagon-255535.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México y el STC a presentar un informe de las acciones emprendidas para atender las inundaciones en las instalaciones del Metro a consecuencia de la interrupción de electricidad y la falta de operación de cárcamos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de Ciudad de México, a pesar de que constituye uno de los principales medios de movilidad, durante décadas ha carecido de programas de mantenimiento que garanticen un servicio seguro para los 4.6 millones de usuarios que lo utilizan diariamente.

Derivado de estas irregularidades, el pasado 9 de enero, se suscitó un incendio en las instalaciones del Centro de Control 1, ubicado entre las calles de Luis Mora y Delicias en la colonia Centro, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc. Dicho percance dejó al menos una persona fallecida, cinco más ingresadas al nosocomio por intoxicación y trabajadores preocupados por la situación, quienes comprobaron que laboran en condiciones inseguras para su integridad y vida.1

A causa de este siniestro, las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dejaron de operar, para subsanarlo se desarrolló una estrategia de transporte alternativo, el cual estuvo muy lejos de dar los resultados esperados, ya que se caracterizó por un parque vehicular insuficiente, desinformación en los trayectos, molestia en los usuarios y conglomeraciones, generando zonas de alto contagio o exposición al virus SARS-CoV-2.

Hasta este momento se desconoce con precisión el motivo del incendio, el monto total de los daños y el número de servidores públicos denunciados o sancionados, por acción u omisión, pese a estas condiciones deplorables no se han anunciado recursos adicionales o la instrumentación de un plan integral de mantenimiento a estaciones, centros de control, trenes y medios de comunicación entre los operarios y los centros de mando.

La reactivación de las líneas 4, 5 y 6 se realizaron en la incertidumbre, a través de teléfonos móviles en las cabinas, maquetas y fichas en un puesto de mando provisional, además para reducir las probabilidades de accidentes se disminuyó el número de trenes en circulación, lo que ha provocado retrasos, concentración de personas y el incremento en los tiempos de traslado.

Lo mismo sucedió con la línea 1, cuyo servicio se restableció apenas el pasado 25 de enero, con tan solo 10 trenes, panorama que provocó malestar, debido a que los viajes se realizaron por debajo de capacidad. El reducido parque vehicular estimuló mayor afluencia en estaciones como Pantitlán, Observatorio, Insurgentes, San Lázaro, Pino Suárez, Isabel la Católica, Salto del Agua y Tacubaya.2

No obstante, a que ya se encuentra en funcionamiento no se puede dejar pasar por alto las repercusiones en los que se tradujo la falta de energía eléctrica, ejemplo de ello, son las inundaciones registradas.

A decir de los mismos trabajadores, se observó lo siguiente:

1. En las estaciones Balbuena y Zaragoza se inundaron rieles, andenes, pasillos y escaleras, por un diámetro de 12 metros de largo y en algunos casos, casi hasta los tres metros de altura, hasta alcanzar los plafones de las escaleras haciendo intransitables las pasarelas de un andén a otro, por medio de los corredores subterráneos.3

2. En la estación de Pantitlán de la línea Rosa, se inundó la infraestructura de pistas de rodamiento de trenes.

3. En las estaciones de Zaragoza, Gómez Farías y Moctezuma, los ductos de aire y la cimentación se inundaron.

4. Entre las estaciones de San Lázaro y Candelaria, las vías se encontraban llenas de agua negras.

De manera oficial el 20 de enero, las autoridades del Metro comunicaron que, para el restablecimiento de las líneas parte de los trabajos se centraron en las labores de desazolve debido a que, los cárcamos de bombeo se encontraban inactivos.4

Por su parte, el subgerente de Instalaciones Mecánicas y Vías del Sistema de Transporte Colectivo Metro declaró que las inundaciones estaban previstas al asegurar que: “desde que se quedó sin energía eléctrica toda la línea el día 9 de enero, era ovio, nosotros lo sabíamos que el sistema de cárcamos no estaría funcionando, y toda el agua de servicios, no sería bombeada al sistema de drenaje municipal”.5

Bajo estas consideraciones, el Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro deben conducirse con transparencia y acceso a la información gubernamental para que, bajo el principio de máxima publicidad informe los motivos por los cuales, no se emprendieron acciones complementarias al sistema de cárcamos para identificar el incremento en los niveles de aguas negras y particularmente prevenir inundaciones, sabiendo que esto estaba sucediendo.

Se debe hacer de conocimiento público el número total de estaciones afectadas y los desperfectos ocasionadas, pero también, los recursos empleados para su reparación, ya que, hasta el momento, se tiene conocimiento solo de Buenavista y Zaragoza, pero no se dispone de un informe detallado del impacto en los otros espacios.

Al tratarse de aguas negras, ante la emergencia sanitaria y saturación hospitalaria que está viviendo la Ciudad de México, es imprescindible acciones contundentes de sanitización y limpieza para que, el ingreso al Metro no genere enfermedades y el incremento de casos de coronavirus, Covid-19.

Los trabajos de reparación en escaleras, rampas y barandales deben realizarse a la brevedad, ya que pasarlos por alto, puede resultar en accidentes, particularmente en sectores vulnerables como adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Impulsar que el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro se realice bajo estrictos estándares de seguridad debe ser una prioridad.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro para que presenten un informe de las acciones emprendidas para atender las inundaciones registradas en las instalaciones del Metro, a consecuencia de la interrupción de energía eléctrica y la falta de operación de cárcamos, que permiten el envío de aguas residuales al sistema de drenaje de la Ciudad de México.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro para que transparente los motivos por los cuales, a pesar de tener conocimiento que el sistema de cárcamos se encontraba inactivo y que derivaría en inundaciones, no se llevaron a cabo medidas complementarias para la extracción o envío de aguas residuales al drenaje de la Ciudad de México.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro para que emprenda un plan de acción integral de mantenimiento al sistema de cárcamos que bombean el agua residual al sistema de drenaje y en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México se disponga de un mecanismo alternativo para prevenir inundaciones en las líneas de servicio, ya que representan un riesgo para la integridad y vida de los usuarios.

Notas

1 El Universal . (2021). Sofocan incendio en Centro de Control del Metro; fiscalía inicia investigaciones. 25/01/2021. Sitio web:
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sofocan-incendio-en-centro-de-control-del-metro-fiscalia-inicia-investigaciones

2 Jonás López. (2021). Reinicia línea 1 del Metro con vagones y andenes llenos. 25/01/2021, de Excélsior Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/reinicia-linea-1-del-metro-con-v agones-y-andenes-llenos/1429007

3 El Universal. (2021). Estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro CDMX se inunda de aguas negras. 25/01/2021. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/video-estacion-zaragoza-de-la- linea-1-del-metro-cdmx-se-inunda-de-aguas-negras

4 Gobierno de la Ciudad de México. (2021). Trabajadores del STC realizan labores de desazolve. 25/01/2021.Sitio web: https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/trabajadores-del-stc-re alizan-labores-de-desazolve

5 En Punto. Noticiero. (2021). Programa del 22 de enero de 2021. 25/01/2021.Sitio web:
https://noticieros.televisa.com/videos/en-punto-con-denise-maerker-programa-completo-22-enero-2021/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a supervisar conforme al acuerdo publicado por la Ssa el 22 de enero de 2021 y su ley interna la compraventa de tanques de oxígeno medicinal, su rellenado y concentradores de oxígeno, con objeto de evitar sobreprecios, suscrita por la diputada Martha Huerta Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Martha Huerta Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El primer paciente con Covid-19 en el país fue detectado el 27 de febrero de 2020,1 lo que fue desencadenado que se tomaran varias medidas para combatir esta enfermedad.

Esta pandemia que ha lacerado al mundo entero, con pérdidas de familiares y amigos, y una desaceleración económica mundial no vista desde los tiempos de la Gran Depresión.

El Consejo de Salubridad General, órgano colegiado de mayor jerarquía en materia sanitaria y cuyas disposiciones son de carácter general y obligatorias en toda la República Mexicana, emitió el 23 de marzo del presente año en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.

Esta pandemia que lleva 10 meses en el país ha generado que los precios de instrumentos que ayudan a combatir los problemas respiratorios tales como tanques de oxígeno y concentradores de oxígeno se eleven el precio.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el precio de un tanque de oxígeno se ha disparado en tres veces su valor.2 Lo que ha generado que cientos de familias no puedan atender a sus familiares con este medicamento que ayuda a los pacientes con problemas de respiratorios.

Este tipo de acciones se dan a lo largo de diferentes estados de la Republica, el subsecretario Hugo López Gatell ha señalado que estos precios se han disparado descomunalmente.3

El viernes 22 de enero de 2021, la Secretaria de Salud emitió el Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general en todo el territorio nacional, que la producción y distribución de oxígeno medicinal para consumo humano es de carácter prioritario. 4

En el cual establece que la producción y distribución de oxígeno medicinal para consumo humano, sea considerado prioritario para las empresas que lo generan y distribuyen, con la finalidad de que se garantice su disponibilidad.

Este esfuerzo realizado por parte de la Administración Pública Federal, es respuesta a la demanda hecha por la población.

El presente punto de acuerdo tiene como finalidad, parar los sobreprecios que hay respecto a tanques de oxígeno, su rellenado y los concentradores de oxígeno.

Por tal razón se esta solicitando respetuosamente a que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),5 realice las inspecciones correspondientes a los distintos establecimientos, distribuya información respecto al costo justo de los productos y que en caso de encontrar evidencia de prácticas monopólicas que estén generando que los precios se eleven, iniciar con la demanda conducente en representación de los consumidores.

Estas acciones que se están solicitando, son facultades que le dan la Ley Federal de Protección al Consumidor que establece lo siguiente:

El artículo 8 menciona que la Procuraduría verificara que se respeten los precios máximos conforme a la ley u otras disposiciones que sean determinados por las autoridades competentes. Así mismo, que los proveedores están obligados a respetar el precio máximo.

Artículo 8. La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.

Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme al párrafo anterior.

El artículo 13 permite que la Procuraduría realice visitas a los establecimientos.

Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

El artículo 24 en su fracción XX Bis, menciona que en el caso de que identifique aumento de precios derivados de prácticas monopólicas, podrá presentar una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia en representación de los consumidores.

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda;6

Este artículo da sustento a lo que se solicita en este punto de acuerdo, de que la Procuraduría si identifica que el sobreprecio del oxígeno medicinal de consumo humano es por prácticas monopólicas, haga lo conducente, a fin de poner un alto a estos abusos que están lacerando a miles de familias con pacientes con Covid-19.

Ya que los sobreprecios están generando una sobrecarga económica muy fuerte a muchas familias con sus pacientes con Covid-19.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor a que conforme al acuerdo publicado por la Secretaria de Salud el 22 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación y a su ley interna, supervise la compra y venta de tanques de oxígeno medicinal, su rellenado y concentradores de oxígeno, con el objetivo de evitar sobreprecios.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor, en caso de identificar que el aumento de precios del oxígeno medicinal, tanques de oxígeno y concentradores de oxígeno sea derivado de posibles prácticas monopólicas, presente una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia.

Notas

1 NCBI (2019). Epidemiología de Covid-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/

2 El Universal. Por alta demanda, costo de tanques de oxígeno hasta se triplica. (25 de enero de 2021)

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/por-alta-demanda-c osto-de-tanques-de-oxigeno-hasta-se-triplica

3 Infobae. López-Gatell denunció “abusos descomunales” en los precios del oxígeno; sería 20 veces más caro de lo normal

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/06/
lopez-gatell-denuncio-abusos-descomunales-en-los-precios-del-oxigeno-seria-20-veces-mas-caro-de-lo-normal/

4 Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general en todo el territorio nacional, que la producción y distribución de oxígeno medicinal para consumo humano es de carácter prioritario

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610265&fecha=22/01/2021

5 Profeco en adelante será llamada Procuraduría para efectos prácticos.

6 Ley Federal de Protección al Consumidor

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_261219.p df

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.

Diputada Martha Huerta Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE, el INM y la Guardia Nacional a promover la aplicación de los protocolos de seguridad y protección de niños y adolescentes migrantes ante las caravanas centroamericanas en tránsito hacia México, a cargo de la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su capítulo décimo noveno Sobre las Niñas, Niños y Adolescente Migrantes, las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar a la población infantil y juvenil migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de la movilidad humana a través del territorio mexicano.

Al respecto cabe destacar que debido a la nueva administración de los Estados Unidos de América (EUA) encabezada por el presidente Joe Biden, se esperan nuevas caravanas de migrantes centroamericanos con destino a la frontera sur de nuestro país vecino.

Se estima que dichas caravanas habitualmente se componen de una población variante que va de los 4 mil 500 a los 9 mil integrantes con un importante número de niñas, niños y adolescentes considerados por obvias circunstancias como el componente humano más vulnerable.

Al inicio de este año, ya se encuentra en desarrollo una primera caravana, que sólo es el reflejo de lo que se avecina a lo largo de este 2021, toda vez que las esperanzas de un cambio de vida y de bienestar para ellos y de sus familias son más profundas y latentes entre la población centroamericana que, debido a los estragos ocasionados por la pandemia y sucesivos fenómenos climatológicos hoy más que nunca buscan nuevas alternativas para lograr ofrecer una mejor calidad de vida para sus familias.

Ante esta situación, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México, han establecido alrededor de 16 puestos de control con los que buscan ir reduciendo el tamaño de la caravana buscando persuadir a los integrantes de continuar con el trayecto que tienen proyectado hasta la frontera norte de México.

En dichos puestos de control se encuentran elementos de distintas instituciones de gobierno, propias de cada país en el que se encuentran, con especial atención en temas de seguridad, salud y migración.

Debe de reconocerse la intención de los gobiernos centroamericanos y sobre todo el mexicano, en ofrecer a la población migrante la atención humana correspondiente que proteja su integridad durante el trayecto planeado.

No obstante, diversos medios han reportado que, en más de una ocasión, elementos de las fuerzas armadas y corporaciones de policía han incurrido en actos de violencia con la intención de dividir la caravana y evitar mega movilizaciones de personas entre fronteras.

Ejemplo de lo anterior son los hechos ocurridos el pasado 17 de enero del año en curso, donde elementos de seguridad de Guatemala detuvieron con violencia una caravana proveniente de Honduras, con alrededor de mil personas utilizando entre otros artículos, toletes y bombas de gas lacrimógeno.

Posteriormente a estos hechos se suscitó un enfrentamiento entre 6 mil migrantes y las fuerzas de seguridad guatemaltecas, al tratar de evitar el bloqueo que les impedía avanzar hacia la frontera sur con México, sin embargo, no tuvieron éxito en romper el cerco que se mantenía a su alrededor, resultado en consecuencia, varios migrantes heridos durante estos eventos.

Cabe destacar, y como ya se ha señalado anteriormente, las caravanas mayoritariamente de origen hondureño, contabilizan poco más de 9 mil personas, por lo que, ante contingentes tan grandes, una de las acciones que debe imperar entre las autoridades involucradas que dan seguimiento a estas grandes movilizaciones, es garantizar el respeto de los derechos humanos de todos y cada uno de sus integrantes.

Particularmente se debe observar la atención y cuidado que se presta a las niñas, niños, y adolescentes que integran estas movilizaciones migrantes, toda vez que, al formar parte de una población vulnerable, son más susceptibles de sufrir atentados o violaciones a sus derechos que puedan afectar la integridad de este sector que se encuentra en movimiento a través de distintas naciones buscando un mejor futuro.

Según la organización Save the Children, que se encuentra asistiendo a las caravanas, existe un serio peligro para la niñez, sobre todo aquellos infantes que viajan sin la compañía de algún familiar, debido a la existencia detectada de redes de traficantes de tratas.

Más grave aún, si tomamos en cuenta que la población infantil se estima en alrededor de 25 por ciento del componente humano.

De igual manera no se puede ignorar el hecho de que cada una de estas caravanas, movilizaciones y enfrentamientos, implica también un riesgo de contagio y propagación de Covid-19 entre los migrantes en general, lo cual provocaría que entre la población materia de esta proposición se incrementase la posibilidad de contagio y de propagación del durante su trayecto.

Por todo lo anterior, y tal y como se ha señalado en el párrafo primero de esta proposición, el marco legal de nuestro país contempla los protocolos y acciones pertinentes para atender de forma adecuada a la población infantil y juvenil migrante sin que ello implique una violación a sus derechos los cuales se encuentran garantizados desde el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, conforme a los tratados y acuerdos internacionales en la materia.

Sobre esto último, la Declaración de los Derechos del Niño, suscrita por México ante la Organización de las Naciones Unidas, establece diez principios que tienen por objeto promover un clima seguro para el desarrollo de la población infantil y juvenil. Entre ellos encontramos los relativos al derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño y a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia.

Así, contando con esta declaración, en 2018, e Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), exhortó a todos los gobiernos hacer imperativo que los estados permitan la libre entrada y el registro de los niños y niñas como una condición previa para llevar a cabo procedimientos de evaluación pertinentes a fin de proveer protección y cuidado mediante una determinación de su interés superior por autoridades especializadas en niñez y adolescencia.

Una de las premisas promovidas por la UNICEF ha sido que ningún niño o niña debe ser devuelto a su país de origen si en el mismo existen amenazas a su vida o integridad personal.

Mayor relevancia cobra este tipo de señalamiento de UNICEF si tomamos en cuenta el lamentable antecedente histórico en el que 545 niños separados de sus familias en la frontera de EUA y México como parte de la política de “tolerancia cero” implementada por el gobierno de Donald Trump no han podido ser reintegrados a sus padres por no ser localizados a la fecha, tal como lo asegura la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Es por ello que el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, sensible y preocupado por los hechos ocurridos con las caravanas migrantes en las que diversos integrantes resultaron heridos por las acciones de las fuerzas de seguridad de los países centroamericanos, así como por el destino incierto que pudieran tener las niñas, niños y adolescentes integrantes de estos contingentes de migrantes, desea hacer un exhorto respetuoso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, como organismos responsables respecto a la migración tanto de nacionales como extranjeros en el territorio nacional.

Lo anterior a fin de que se promueva la aplicación de los protocolos correspondientes que garanticen que a las y los menores de edad que forman parte de las caravanas de migrantes centroamericanos les sean respetados sus derechos protegiendo su integridad en el momento mismo que ingresen a territorio nacional y en cualquier trayecto por nuestro país, lo anterior de conformidad con los lineamientos que establecen los acuerdos internacionales, las recomendaciones de organismos internacionales, y la misma legislación mexicana en la materia.

Esto con la intención de evitar que esta población vulnerable sufra hechos que en el corto y largo plazo resulten irreparables u ocasionen una seria complicación al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes migrantes que, por querer buscar un mejor futuro, resulten seriamente afectados.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan en los diferentes centros de apoyo a migrantes, los protocolos de seguridad y protección para la población infantil y juvenil tomando en cuenta los acuerdos internacionales y el marco legal nacional en la materia, de tal forma que garanticen el cuidado oportuno y la atención correspondiente para la salvaguarda de su integridad y bienestar, durante su estadía en territorio mexicano.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, a través de la Guardia Nacional y en el ámbito de su competencia, apliquen los protocolos correspondientes respecto a la atención y protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentren transitando en territorio nacional sin menoscabo de su situación migratoria, entendiendo que el Estado mexicano debe en todo momento procurar el interés superior de la niñez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conapred y el Inmujeres a remitir a esta soberanía un informe de las acciones implantadas y los programas por aplicar para combatir y erradicar la discriminación y las violencias contra niñas y mujeres, suscrita por Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y a cargo de Nancy de la Sierra Arámburo, senadoras del Grupo Parlamentario del PT

De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Nancy de la Sierra Arámburo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Instituto Nacional de las Mujeres a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado de las acciones que han implementado, así como de los programas que implementarán para combatir y erradicar la discriminación y las violencias contra niñas y mujeres, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La actual pandemia causada por el brote del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad Covid-19, constituye el mayor desafío que México y el mundo tienen en materia de salud pública y sanitaria desde hace más de un siglo. La situación que vivimos ha mostrado lo mejor de la sociedad: solidaridad, gratitud, altruismo y empatía; sin embargo, también ha agudizado diversas problemáticas sociales, una de ellas la discriminación.

Una persona es discriminada cuando se le niega o condiciona el acceso a derechos y oportunidades con base en prejuicios o estigmas que no tienen fundamento científico. Hay muchas ideas equivocadas, temores y rumores acerca del Covid-19 que han limitado los derechos de ciertas personas. En este caso, como prevé nuestro marco normativo, la discriminación basada en la condición de salud está prohibida. Una persona debe mantener sus derechos laborales, acceso a la salud y seguridad social, así como alternativas educativas y de acceso a la justicia mientras dura la emergencia sanitaria.

Las mujeres han experimentado una sobrecarga aún mayor del trabajo del hogar y de cuidados que realizan en relación con niñas y niños, personas mayores, con discapacidad o quienes han enfermado, que se suma a la -ya conocida- distribución inequitativa de género en estas tareas.

Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, advirtió sobre el aumento de la violencia doméstica y sobre la desigualdad que enfrentan las mujeres en esta contingencia. Asimismo, el Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas de la ONU declaró que mientras los gobiernos intentan abordar las crisis económicas y de salud pública sin precedentes causadas por la pandemia de Covid-19, se agrava la preocupación por que las mujeres y las niñas sufran violaciones aún más graves de sus derechos humanos.

Las emergencias sanitarias y humanitarias frecuentemente sitúan a las niñas y a las mujeres en una mayor situación de vulnerabilidad, tanto en el ámbito público, como el privado. De acuerdo con el Informe Covid-19 y su impacto contra las mujeres y niñas, elaborado por ONU Mujeres México, las medidas de distanciamiento y aislamiento sociales están teniendo un impacto negativo sobre la integridad física y mental de las mujeres.

La pandemía ha develado el grado de machismo y violencia contra la mujer que ya existía, la profundización de la epidemia de violencia sexual y doméstica, la continua feminización de la pobreza, la proliferación de barreras a la atención médica, especialmente aquella relacionada con la reproducción, fenómenos que ponen en grave peligro la seguridad y el bienestar de las mujeres, su seguridad económica y su participación en la vida política y pública, tanto durante como después de la pandemia.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por sus siglas Conapred, recibió el 19 de marzo de 2020 las primeras quejas por discriminación, un par de semanas después de que se registrara el primer caso de Covid-19 en México. A partir de ese momento las acusaciones continuaron. Durante el año pasado, medios de comunicación y en las redes sociales se dieron a conocer casos de doctoras y enfermeras que atienden el coronavirus y sufrieron ataques físicos o verbales en espacios públicos, negocios o en sus propias comunidades.

Otro ejemplo de las manifestaciones de violencia y discriminación que han sufrido las mujeres desde el inicio de la pandemia es aquella inflingida hacia las médicas, enfermeras y auxiliares que durante el año 2020 fueron objeto de agresiones por parte de personas que las consideraban como medios de transmisión para la enfermedad.

Estas valientes mujeres han brindado un gran servicio a nuestro país en extenuantes y heroicas jornadas en hospitales y otros centros de salud que, en muchos casos, no estaban preparados para la magnitud de la pandemia debido al abandono y la corrupción que sufrió el sistema nacional de salud durante el periodo neoliberal que abarcó más de 30 años. Ellas han arriesgado su vida por la del pueblo mexicano. No solo luchan contra el virus de la Covid-19, sino que también, tristemente han recibido hostigamiento, insultos, amenazas y agresiones en algunas comunidades, en el transporte o la vía pública, o incluso en sus propios hogares, lo cual dificulta que puedan cumplir con su trabajo de manera segura.

Cabe señalar que el Partido del Trabajo presentó el 30 de abril de 2020 en el Senado de la República, una iniciativa de ley que impone para proteger a médicos, enfermeras y personal de apoyo que sean victimas de violencia y discriminación en el ejercicio de sus funciones, como parte de la primera línea de batalla contra el Covid-19. Asimismo, se presentó la Ley General de Capacitación Obligatoria en materia de Género, Prevención y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres del Estado Mexicano con el objetivo de que todas las personas servidoras públicas cuenten con capacitación en materia de género.

Las personas con síntomas de la enfermedad o diagnosticadas con el virus, así como sus familias y quienes les cuidan han sido discriminadas, exhibidas, insultadas y agredidas en sus trabajos, comunidades o incluso en sus propios hogares.

Las denuncias de mujeres que recibió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fueron principalmente de trabajadoras adultas, trabajadoras del sector salud y madres de familia. Las causas hacen evidente cómo los habitantes de las diferentes entidades del país reaccionaron a un virus que en la actualidad suma más de 140 mil fallecimientos y 1 millón 649 mil casos acumulados.

Al cierre del año, de las 463 peticiones recibidas, del 19 de marzo al 31 de diciembre de 2020, 245 fueron hechas por mujeres (52.9 por ciento), 215 hombres (46.3 por ciento) y en 10 (2.15 por ciento) no se precisó. El Conapred detalló que en cada denuncia puede haber más de dos personas afectadas del mismo o diferente sexo, como la que presentaron en mayo pasado cuatro mujeres del estado de México, trabajadoras de una dependencia federal, que acusaron discriminación porque no les permitían hacer teletrabajo mientras que a otras personas sí.

La Ciudad de México lidera la lista de denuncias, con 167, seguido del estado de México, con 58, y Jalisco, con 18. Las entidades que reportaron menos casos fueron Tlaxcala, con uno, y Nayarit, Colima, Yucatán, Chiapas y Guerrero, con dos cada una.

Debemos entender que hay que tratar a cualquier ser humano con absoluto respeto. Las niñas, las mujeres y, bajo la coyuntura actual, las médicas y enfermeras, auxiliares de salud, así como pacientes y pacientes recuperados de este terrible virus, ya que son personas con los mismos derechos que las demás, cuentan con proyectos de vida, laborales y estructuras familiares que van a ser afectadas por la enfermedad.

Debemos evitar difundir rumores o información sin fundamento que pueda dificultar su trabajo. Médicas y enfermeras, así como todo el personal responsable de sanitización del sector salud son nuestro capital social más valioso y, el día de mañana, podrían estar salvando nuestra vida o la de alguien de nuestra familia. No debemos suponer que toda interacción con el personal de salud es riesgosa y, en consecuencia, señalarles, discriminarles o agredirles.

En tiempos de la Covid-19, es indispensable vigilar y garantizar que los derechos humanos de todas las personas sean respetados. Es momento de seguir fortaleciéndonos como una sociedad sin dogmas, uniendo nuestras voluntades y esfuerzos. Es la calidad humana de las y los mexicanos lo que nos permitirá recuperarnos de los estragos de la pandemia.

Por lo anteriormente expuesto presentamos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Instituto Nacional de las Mujeres a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado de las acciones que han implementado, así como de los programas que implementarán para combatir y errradicar la discriminación y las violencias conta niñas y mujeres.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a atender las denuncias presentadas por las mujeres y niñas discriminadas.

Tercero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres para que -en coordinación con las dependencias del gobierno de México- continúen impulsando políticas públicas que garanticen los derechos de las niñas y mujeres de nuestro país, así como se garantice la transversalidad del principio de igualdad de género en las políticas públicas del gobierno federal.

Cuarto.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que atienda, de manera oportuna, a las víctimas con el fin de combatir y erradicar las violencias contra las niñas y mujeres, así como implementar campañas de concientización ciudadana.

Quinto.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno para que generen medidas para mitigar la violencia contra las niñas y mujeres, así como que garanticen el acceso a los servicios públicos y privados y a la justicia.

Dado en la sala de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Senadoras: Geovanna Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Sonora y el Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno a acelerar las indagatorias sobre la desaparición de la ex funcionaria municipal en Nogales ingeniera Cecilia Yepiz Reyna, suscrita por diputadas de los Grupos Parlamentarios de Morena, PT y PES

Quienes suscriben, diputadas María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Laura Imelda Pérez Segura, Aleida Alavez Ruiz, Sandra Paola González Castañeda, Katia Alejandra Castillo Lozano, Rocío Barrera Badillo, Clementina Martha Dekker Gómez y Olga Patricia Sosa Ruíz, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Derivado del contexto de desaparición en México, el 17 de noviembre de 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley obedece a las exigencias de víctimas, organizaciones y colectivos de la sociedad civil, así como a recomendaciones de mecanismos internacionales de supervisión de los derechos humanos y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Radilla Pacheco contra México.

La ley mencionada con anterioridad establece, entre otras cuestiones, la descripción del delito de desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares. Se trata de un avance importante, ya que todos los documentos internacionales sobre la materia se limitaban a considerar como desaparición sólo aquella en la que existe intervención directa o indirecta de agentes del Estado.

Sin embargo, a pesar de los avances legislativos en materia de desaparición, en México las estadísticas sobre personas desaparecidas han aumentado considerablemente, a enero de 2019 el número de personas desaparecidas era de 40,180 conforme a lo señalado la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.1 Si añadimos la violencia contra las mujeres, la situación se vuelve de urgencia para la atención del Estado mexicano.

En Sonora se han reportado miles de personas desaparecidas; no hay una cifra exacta, pues la Fiscalía Estatal no tiene el reporte completo debido a que no todas han sido denunciadas formalmente. Por lo tanto, el pasado 10 de octubre, el Congreso local declaró al estado de Sonora en emergencia humanitaria por el incremento de víctimas de desaparición forzada, sobre todo de mujeres jóvenes.

No obstante, en los últimos 2 años, por el trabajo de colectivos de familiares desaparecidos, han encontrado cuando menos 240 fosas clandestinas.

Sobre la desaparición de mujeres en 2020, de acuerdo a los resultados y datos de Madres Buscadoras de Sonora y a la Red Feminista Sonorense, la mayoría de las víctimas se presentaron en Ciudad Obregón con 50 casos, 20 en Hermosillo y 12 en Guaymas, en el periodo de junio a septiembre de 2020.

Este es el contexto bajo el cual el pasado 5 de enero se tuvieron los últimos rastros de referencia de la ingeniera Cecilia Yépiz Reyna, quien hasta el año 2020 se había desempeñado como secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología y también como directora de Planeación en el Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

Sus familiares levantaron su reporte de desaparición el día 12 de enero, no obstante que desde el día 5 de enero ya no se tenía rastro de ella. Su automóvil fue encontrado en la zona de estacionamiento de un comercio de refacciones, sin que de parte de ninguna autoridad municipal o estatal se haya emitido algún pronunciamiento al respecto.

La Fiscalía General del Estado de Sonora, por su parte, emitió únicamente la ficha de búsqueda, pero de igual manera no se han dado declaraciones sobre la serie de investigaciones para esclarecer la situación. Por lo que es imperativo que se informe, como parte de la indagatoria, un análisis público que no vulnere la investigación, para determinar las circunstancias que generaron este hecho.

Por lo que exhortamos a la Fiscalía del Estado de Sonora a que apresure los mecanismos de búsqueda en la investigación, pues no podemos dejar de lado que, bajo el contexto de la entidad, donde las desapariciones de son cada vez más frecuentes, es imperativo la presentación con vida de la ciudadana Cecilia Yépiz Reyna.

Es así que las diputadas firmantes nos pronunciamos enérgicamente en contra de la desaparición de Cecilia Yépiz Reyna y de las de todas las mujeres que han sido víctimas a causa de la ineficiencia de gobiernos locales, en el ámbito municipal o estatal en Sonora, y que han fallado en garantizar vidas libres de violencia a las mujeres y han fallado en el planteamiento de políticas públicas y estrategias de prevención de las diversas violencias que vivimos las mujeres.

Se añade además que el día de ayer, la familia de Cecilia Yépiz Reyna emitió un comunicado haciendo un llamado urgente a las autoridades y solicitando el apoyo del pueblo de Nogales, a fin de dar con el paradero de su hermana e hija Cecilia Yépiz. Manifiestan, entre otros puntos: “Les pedimos especialmente a las autoridades del Ayuntamiento de Nogales su apoyo y colaboración en la búsqueda de nuestra hermana Cecilia, que fue exservidora pública que trabajó para la actual administración del municipio”.2

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente como de urgente u obvia resolución la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Sonora, así como al Poder Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno, para que a través de las instancias correspondientes aceleren las indagatorias que den con los responsables de la desaparición de la ingeniera Cecilia Yépiz Reyna, acontecido en días recientes en ese estado y haga la presentación con vida de la víctima.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de Nogales Sonora, Jesús Antonio Pujol Irastorza y a la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, a remitir a esta soberanía un informe detallado sobre las estrategias realizadas en sus ámbitos de competencia para disminuir los casos de desapariciones de mujeres en la entidad; así como a sumar todos los esfuerzos para encontrar urgentemente a Cecilia Yépiz Reyna.

Notas

1 https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-
cabrera-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacional-de-busqueda?tab=

2 https://www.eluniversal.com.mx/estados/familia-de-cecilia-yepiz-pide-apoyo-
del-gobierno-y-pueblo-de-nogales-para-localizarla/ publicado el 20 de enero de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Laura Imelda Pérez Segura, Aleida Alavez Ruiz, Sandra Paola González Castañeda, Katia Alejandra Castillo Lozano, Clementina Martha Dekker Gómez, Olga Patricia Sosa Ruiz, Julieta Kristal Vences Valencia, Rocío Barrera Badillo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y el STC a esclarecer el incendio en la subestación eléctrica en las oficinas centrales del Metro el 9 de enero de 2021, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla , diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de Ciudad De México, y a Florencia Serranía Soto, directora del Sistema de Trasporte Colectivo Metro de Ciudad de México, para que esclarezcan el incendio en la subestación eléctrica en las oficinas centrales del metro el pasado 9 de enero de 2021.

Consideraciones

El incendio en las instalaciones de la Dirección General del Transporte Colectivo Metro de Ciudad de México causó la muerte de una persona y la hospitalización de 29 personas más, así como la paralización de millones de usuarios que diariamente disponen de los servicios de este medio. Aunado, la situación actual de pandemia por SARS-CoV-2, potencia el riesgo de contagio en las estaciones que aún quedan disponibles.1

Después del incidente, cerraron 6 de las 12 estaciones del STC Metro y con un estimado de reapertura en la última semana de enero del 2021, por lo que la paralización de la ciudad de México, siendo este servicio el principal medio de transporte entre las y los capitalinos. Aunque no hay estimaciones de las pérdidas económicas que este incidente causaría, a dos días después de este, la movilización de los ciudadanos por medios de transporte alternativos vislumbra la alta demanda de los servicios de transporte para la movilización de la economía.

Es inadmisible que, conociendo el estado de Ciudad de México no se informe cuándo se podría reanudar el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4,5 y 6 del Metro. Lo que sin duda agrava la complicada situación por la paralización económica, producto de la pandemia, por lo que debe esclarecerse y solucionar en la inmediatez la movilidad de los ciudadanos en la ciudad de México, así como enunciar cuales fueron las causas que provocaron el incendio.

Algunos periódicos han apuntado a que esto se debe a la falta de mantenimiento de los trasformadores, los cuales, tienen más de un año sin recibir manutención técnica. Por otra parte, se enuncia que algunas piezas de los mecanismos tienen un largo tiempo de uso y no han sido remplazadas, por este motivo, el incidente podría tratarse de una negligencia por parte de las autoridades.

De acuerdo con algunos reportes preliminares, el incendio que afecta a al menos seis líneas del Metro se originó por el derrame de aceite. La fiscal de Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que peritos, policías de investigación y agentes del Ministerio Público trabajan en el lugar para investigar el origen del siniestro.2 Puesto que es necesario que de dicha investigación se lleve a cabo sobre las inconsistencias en el incidente y se pueda sancionar a los responsables.

Otras fuentes de información señalan que desde 2017 se necesitaba dar manutención a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión Buen Tono3 (lugar del siniestro), por lo que, hasta ahora, todo apunta a que la tragedia se debió a la irresponsabilidad de las autoridades por no llevar acabo el debido proceso. Se menciona también que muchas de las instalaciones del SCT Metro se encuentran en estado obsoleto, motivo por el cual se necesitan remplazar por infraestructura nueva, no obstante, dado los altos recortes al presupuesto, el dinero necesario para mantener la infraestructura actual no es suficiente.

La falla de las instalaciones de esta magnitud era previsible tomando en cuenta que algunas estaciones se reportaban alrededor de mil 837 fallas eléctricas por año producto de las instalaciones antiguas y, que además, no recibían el mantenimiento necesario. En el documento llamado “Fideicomiso Maestro para el Metro”, se señala que los trabajos de reparación estaban previstos para fines de 2017. Aunado, los cálculos obtenidos en 2018 del llamado “Plan Maestro del Metro”, apuntan a que los gastos de mantenimiento del metro (para ese año), rondaban en los 1 950 millones de pesos.4 La necesidad de esclarecer el siniestro, van más allá de acusaciones y debe responsabilizar inmediatamente a las o los culpables de esta tragedia.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México y a Florencia Serranía Soto, directora del Sistema de Trasporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, para que dicten las medidas necesarias con la finalidad de garantizar la movilidad de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro en condiciones de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad durante la reparación del Puesto Centro de Control I de dicho Sistema.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, para que se esclarezca el incendio en el Puesto Centro de Control I de dicho Sistema ocurrido el pasado 9 de enero de 2021 e informen a este órgano legislativo las causas, así como las medidas de prevención de futuros siniestros.

Notas

1 ¿Qué sabemos del incendio en el Metro de CdMx?, Jorge Becerril y Leonardo Lugo https://www.milenio.com/politica/comunidad/
que-paso-en-el-metro-hoy-cdmx-incendio milenio digital, Ciudad de México / 09.01.2021

2 Ibidem

3 Incendio colapsa seis líneas del Metro; afectados, al menos dos millones de usuarios, JONÁS LÓPEZ Y WENDY ROA https://www.excelsior.com.mx/comunidad/incendio-colapsa-seis-lineas-del -metro-afectados-al-menos-dos-millones-de-usuarios/1426258 excelsior digital Ciudad de México/10.01.2021

4 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a elaborar con las alcaldías un programa de salud pública de apoyo para préstamo de tanques y recarga de oxígeno urgentes y gratuitos a los habitantes con mayores necesidades, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel , integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que Ciudad de México garantiza el derecho a la salud y que las personas que residen en la ciudad tienen derecho al acceso a una mejor calidad de vida y su duración, así como a la reducción de los riesgos a la salud, todo ello sin discriminación alguna.

Que el gobierno de Ciudad de México y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias, formularán planes y programas de corto y de mediano plazo, para prestar a su población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte.

En las últimas semanas se ha registrado un incremento de pacientes que ingresan a hospitales con un cuadro grave de Covid-19, situación que a provocado una saturación del sistema hospitalario en Ciudad de México; así también, el número de contagios que ha ocasionado esta pandemia se ha multiplicado; derivado de lo anterior, muchos capitalinos se han visto obligados a conseguir tanques de oxigeno para enfrentar desde sus domicilios este mortal padecimiento que no solo los lastima anímicamente, sino también económicamente.

Que Ciudad de México inició un programa de recarga gratuita de cilindros de oxígeno portátiles para las personas que requieren de oxigenación artificial a consecuencia de la baja saturación ocasionada por padecer Covid-19, servicio que se ofrece solo en dos puntos que se localizan en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil en la alcaldía Gustavo A. Madero y en la plancha de la Plaza Cívica de la alcaldía Iztapalapa.

“El servicio gratuito de recarga de oxígeno que brinda el gobierno de Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, a la población tiene el propósito de apoyar a las personas que enfrentan problemas de escasez de este gas. Es así como se da un paso adicional para garantizar la salud como un derecho humano para todas y todos”.1

En estos días de pandemia, la venta de gas medicinal y la renta de tanques es uno de los negocios más lucrativos, ya que el precio de los tanques de oxígeno y las recargas se han elevado drásticamente en las últimas semanas, incluso se pueden encontrar en redes sociales con precios extremadamente altos y con alta probabilidad de ser estafados por páginas fraudulentas que ofertan a precios atractivos la venta de tanques de oxígeno, situación que lastima todavía más la economía de los familiares que tienen a su cuidado a un enfermo con este padecimiento.

Contrario al negocio, se encuentran las familias que tienen que peregrinar para conseguir los medios económicos y de transporte, para encontrar establecimientos de venta y llenado de gas medicinal, encontrando casos de establecimientos en donde no se dan abasto con la necesidad que se ha presentado, situación que inclusive puede llegar al desabasto de oxígeno, por ello Cofepris y la Profeco ha hecho un llamado a las personas que hayan rentado tanques de oxígeno para suministro a pacientes en casa, los devuelva a los distribuidores una vez que ya no los requieren, a fin de permitir que sean utilizados por otras personas; ya que se ha detectado que esta situación provoca escasez y eleva los precios en los tanques así como del gas medicinal.

“La pandemia de Covid-19 ha provocado un incremento exponencial en la demanda por tanques de oxígeno, al tiempo que se ha detectado que muchas personas están conservando los tanques aunque ya no los necesiten”.2

Derivado de la problemática que se ha presentado para conseguir tanques en Ciudad de México, el municipio de Ecatepec, que se mantiene en semáforo rojo, por ser un municipio con el mayor numero de contagios y defunciones en el estado de México, inició el programa “Un respiro para Ecatepec” que consiste en el préstamo y llenado de tanques de oxígeno de forma gratuita para apoyar a las familias del municipio que necesitan de manera urgente este servicio para las personas y familiares infectados por Covid-19”.3

De ahí la necesidad de que el gobierno de Ciudad de México se coordine con las alcaldías que aún no ofrecen el servicio de carga de oxígeno, así como el préstamo de tanques de manera gratuita, y asuman la capacidad de aproximar este servicio a los habitantes de la ciudad, evitando largas distancias y un peregrinar de los familiares para conseguir tanques y oxigeno medicinal, que en estos momentos el tiempo es vital para los enfermos con estos padecimientos respiratorios, provocados por el coronavirus en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de la honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las alcaldías, elabore un programa de salud pública de apoyo para préstamo de tanques y recarga de oxígeno de manera urgente y gratuita a los habitantes de Ciudad de México con mayores necesidades.

Notas

1 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/instala-el-gobierno-de-la -cdmx-dos-estaciones-de-recarga-gratuita-de-cilindros-de-oxigeno

2 https://www.forbes.com.mx/noticias-costo-oxigeno-regresar-tanques/

3 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/12/
ecatepec-ofrecera-servicio-gratuito-de-prestamo-y-llenado-de-tanques-de-oxigeno/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a generar en comunicación con las cámaras de comercio del país, y con estricto respeto de los derechos laborales, un esquema emergente de horarios escalonados en los centros de trabajo de las grandes urbes del país, suscrita por la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Beatriz Robles Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La crisis sanitaria internacional provocada por el virus SARS-CoV2, que genera la enfermedad de Covid-19, ha dejado innumerables pérdidas humanas a lo largo de todo el mundo. Al día 18 de enero, se sobrepasaban los 2.04 millones de lamentables muertes en todo el globo. Y, en México, se superan los 140 mil decesos y más de un millón y medio de contagios por el mismo virus.

2. Los esfuerzos de todos los gobiernos y de los organismos internacionales están puestos en la contención oportuna del virus; en el tratamiento adecuado para los contagiados de grupos vulnerables y en el desarrollo y aplicación de vacunas que den un respiro a la humanidad. De hecho, México se encuentra posicionado a nivel mundial como el país número 12 en aplicación de vacunas y como el lugar número 1 en América Latina en el mismo rubro. No obstante, se siguen haciendo oportunas negociaciones con las farmacéuticas productoras de la vacuna para que, a mitad de año, más del 75 por ciento de la población ya esté vacunada.

3. Asimismo, en las grandes urbes mexicanas se ha ampliado la capacidad hospitalaria de un modo sin precedente; para dar atención oportuna y adecuada a los casos más complicados de Covid o a aquellos que deciden atenderse oportunamente. Inclusive, en la capital del país, se han generado programas y esquemas de atención a distancia y con permanencia en casa para los casos menos graves. No obstante, los niveles de hospitalización no ceden y los grandes centros urbanos se encuentran entre el 75 y 90 por ciento de ocupación hospitalaria.

4. Las medidas implementadas en todos los países han incluido confinamientos prolongados, sana distancia, uso de cubrebocas y el funcionamiento de negocios y empresas estratégicas; de tal forma que, aquellos que necesitan salir a sus trabajos puedan desplazarse de modo más rápido, eficiente y seguro.

5. Un aspecto que no puede dejarse de ver, es que la configuración laboral en nuestro país es diversa; pues, aproximadamente, el 60 por ciento de la economía en México pertenece al sector informal. Aunado a ello, las condiciones de vida de ambos sectores (formal e informal), particularmente en las áreas productivas y de servicios, necesitan continuar con su producción y actividades esenciales, aún a pesar de las medidas de confinamiento y el avance de la pandemia. No sólo por el engranaje económico general, sino por el bienestar en particular de las familias mexicanas.

6. Por otro lado, la mayor parte de la población económicamente activa se desplaza por medio de transporte público a sus destinos de trabajo. Y, aunque en las grandes urbes existe la infraestructura para lograr el traslado de millones (o miles) de personas por día, dicha infraestructura no fue generada para el contexto de una pandemia y no respeta la sana distancia; lo que vulnera el derecho al cuidado de la salud y la prevención de contagios de los trabajadores.

7. Y, si bien es cierto que otras actividades, como las administrativas, las educativas y de gobierno se han trasladado a esquemas de “Trabajo en casa” o “Tele Trabajo”, una gran cantidad de trabajadores, de empresas e industrias productivas y del tercer sector, siguen empleando las redes de transporte público en sus ciudades. Lo que sigue generando aglomeraciones en horas pico -sin considerar las afectaciones medio ambientales que devienen de ello-.

8. En días pasados, el sistema de transporte colectivo Metro, en la Ciudad de México, se vio fuertemente afectado por el incendio en su planta central de control; y, aunque la administración de la doctora Scheinbaum ha impulsado medidas extraordinarias de transporte, por los medios de comunicación hemos sido testigos de las grandes concentraciones de trabajadores en horas pico. Lo que, repito, los expone innecesariamente a contraer la enfermedad de Covid 19 y sus complicaciones.

9. Otros estados, tienen problemas de congestionamiento vehicular y de transportes que no son suficientes para la población que debe trasladarse.

10. Finalmente, países europeos emplean esquemas de horarios escalonados para ingreso y salida de las áreas de trabajo; e incluso, de trabajo por acumulación de horas por semana (40 horas a la semana que los trabajadores distribuyen según sus propias necesidades). Dichos esquemas, generan menor tránsito en horas pico, ambientes de colaboración y eficiencia en los lugares de trabajo y una mejor calidad de vida en estas ciudades; aún, sin considerar el impacto positivo que tienen para el medio ambiente.

11. Adicionalmente, podrían emplearse, en las actividades que así se permitan, ingresos de entre las 8:00 a las 11:00 horas. Y salidas de las 17:00 a las 20:00 horas. Todo ello bajo control administrativo y dialogando con los trabajadores impactados ante tales decisiones.

Nos encontramos en un momento coyuntural para tomar decisiones; en un momento central para transformar los procesos y hábitos construidos y trabajar en esquemas de colaboración conjunta de la sociedad, que sean más eficientes, productivos y efectivos.

El tiempo nos ha alcanzado y, mientras un gran porcentaje de la sociedad no esté vacunada, se tendrán que adaptar las medidas y los esquemas establecidos, aprendidos y asumidos como únicos, para responder a las necesidades sociales.

Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente exhortación con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que se haga un estudio minucioso de las actividades que no se han suspendido por la pandemia y que, en la medida de lo posible, se proponga a aquellas que puedan escalonar sus horarios, a que lo hagan; pensando siempre en la integridad de los trabajadores que deben trasladarse.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que se dialogue con los representantes de las Cámaras de Comercio en el país para valorar las opciones. Velando plenamente por el bienestar de los trabajadores y sus familias.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que dicha medida sea considerada parte de la estrategia nacional de salud. Puesto que, escalonar ingresos y salidas, disminuiría las aglomeraciones de horas pico en las ciudades.

Dado en la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.

Diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a INAI y a la SFP, a colaborar en la implementación de medidas de seguridad de la información tanto administrativas como técnicas de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla , diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y a los responsables de la oficina de Tecnologías de la Información de la Secretaría de la Función Pública, para colaborar en la implementación de medidas de seguridad de la información tanto administrativas como técnicas de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ante el caso de robo de datos personales a funcionarios públicos , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre mayo y junio del 2020, la Secretaría de la Función Publica sufrió un incidente de seguridad de la información, en la que estuvieron expuestos por más de 30 días información privada y confidencial de al menos 830 mil funcionarios públicos federales.1 En este sentido, la Secretaría de la Función Pública tardó alrededor de veinte días en dar aviso a los afectados sobre la condición de sus datos personales, dentro de los cuales se encontraban, según el comunicado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), “el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el sexo”2 en conjunto con datos de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, que contenían información de tipo confidencial de acuerdo al articulo 113 del Capitulo Tercero de Información Confidencial de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.3

En incumplimiento con el articulo 66 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, la Secretaría de la Función Pública tardó 10 días en avisar del incidente, cuando dicho artículo estipula que “el responsable deberá notificar al titular y al Instituto las vulneraciones de seguridad que de forma significativa afecten los derechos patrimoniales o morales del titular dentro en un plazo máximo de setenta y dos horas, a partir de que confirme la ocurrencia de éstas y el responsable haya empezado a tomar las acciones encaminadas a detonar un proceso de mitigación de la afectación.”4

Las amonestaciones emitidas por parte del INAI a la Secretaría de la Función Publica van de acuerdo con el Capítulo Segundo de las Sanciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la que se violan las fracciones III, IV, VII y VIII del articulo 163 de dicha ley.5 Sin embargo, la fracción IX afirma que también será susceptible de sanción en caso de “presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de medidas de seguridad según los artículos 31, 32 y 33 de la presente Ley”,6 con lo que se hace caso omiso de conformidad con esta fracción, a los deberes principales que debe efectuar al responsable de los datos, en el que se le obliga a “mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permita protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad”.7

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33: “para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, el responsable deberá crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales... definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos personales... realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento... elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales; monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales...” entre otras.

En este sentido, la Secretaría de la Función Publica incumplió con el articulo 42 de dicha ley, en la que expresamente se especifica que “el responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el mismo.”8 Dicho lo anterior la oficina de Tecnologías de la información de dicha dependencia era la única con acceso a los datos vulnerados en el momento del incidente, cabe recalcar que dicha oficina cambió de dirección dos veces durante lo acontecido, y un tercer cambio a partir del 1 de agosto del año pasado. Además, funciona con una reducción del 41 por ciento del presupuesto previsto para su operación. “La Dirección TIC de la Función Pública está integrada por 56 personas y suma un costo operativo de nómina de 28.5 millones de pesos anuales”, aunque actualmente cuenta con un presupuesto de 27 millones.9

Es importe destacar las consecuencias que los implicados pueden sufrir debido al robo de sus datos personales y confidenciales y que va desde el robo de identidad, hasta la puesta en peligro de la seguridad e integridad física de los funcionarios, así como la de sus familiares. En este sentido, no solo se vulneran las leyes respecto a la protección de datos personales, si no también, los derechos y la vida de las personas afectadas. Durante estos meses, solo se han recibido tres denuncias respecto del caso, una de las cuales ya fue desechada.10

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, para colaborar en la implementación de medidas de seguridad de la información tanto administrativas como técnicas de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ante el caso de robo de datos personales a funcionarios públicos.

Segundo. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública, para darle pronta resolución y aplicación de medidas y sanciones pertinentes a los responsables por las posibles consecuencias de la vulneración de datos personales puedan tener sobre los implicados.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/24/
inai-investiga-filtracion-de-datos-personales-de-servidores-federales-7015.html

2 http://inicio.inai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-241-20.pdf

3 Artículo 113. (2017), pp. 52. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf

4 [1] http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-19-12-2017.10.pdf

5 https://www.eleconomista.com.mx/amp/politica/Inai-alerta-de-posible-robo-de-datos-
personales-tras-hackeo-a-Funcion-Publica-20201204-0048.html?__twitter_impression=true&s=08

6 Artículo 163.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

7 Artículo 31.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

9 https://www.eleconomista.com.mx/amp/politica/Inai-alerta-de-posible-rob o-de-datos-personales-tras-hackeo-a-Funcion-Publica-20201204-0048.html? __twitter_impression=true&s=08

10 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Inai-investiga-fuga-de-datos-p ersonales-confidenciales-en-Funcion-Publica-20200724-0055.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, la SSPC y la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca a iniciar las mesas de diálogo interinstitucionales para establecer acuerdos de paz entre la zona triqui del estado, suscrita por la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena

Beatriz Dominga Pérez López, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

La nación indígena Triqui, localizada en la región mixteca de Oaxaca, se ha caracterizado por ser un pueblo indígena combativo en defensa de sus derechos y su cultura milenaria, derivado de que en múltiples ocasiones han sido objeto de saqueos de sus recursos naturales y la violación de sus derechos humanos e indígenas.

A lo largo de los años se ha menoscabado los derechos de los hermanos Triquis, un ejemplo claro lo fue el Bombardeo de Copala en 1956,1 esto representó el primer bombardeo del Ejército Mexicano “moderno” contra una comunidad indígena y campesina.

Se ha buscado de muchas maneras acabar con la cultura Triqui, apostándole principalmente al divisionismo, tan es así que han desaparecido los municipios que aglutinaban a los pueblos de la misma cultura, repartiéndose todos los pueblos en tres municipios mestizos, Juxtlahuaca, Putla y Tlaxiaco.

En ese mismo sentido fue lo ocurrido con Heriberto Pasos, quien había logrado mantener cierta unión en la zona, y quien fuera cobardemente asesinado, provocando una división mayor entre los hermanos de la zona.

Este divisionismo sigue imperando en la zona; un ejemplo claro es lo ocurrido el día 10 de mayo de 2020, cuando, según versión de los algunos pobladores de la zona, un grupo de hombres armados con “cuernos de chivo” (AK-47) emboscaron una camioneta de pasajeros de Agua Fría Copala, en el hecho murió un joven y dos personas quedaron heridas, a más de un día de lo ocurrido el estado de zozobra reina en la zona, pues Agua fría se ha caracterizado por ser una comunidad tranquila.

A este conflicto hemos de sumarle que, desde hace aproximadamente 60 años, existe un conflicto agrario por la colindancia entre las comunidades de Agua Fría Copala, La Cumbre Yerba Santa, Santa Cruz Tilapa, Guadalupe Tilapa, La Unión de los Ángeles y Yutasani con la localidad de Chayuco.

Con todo esto el clima que zozobra, de miedo y el latente enfrentamiento que pudiese existir es un temor fundado, tal es así que en los últimos días el conflicto recrudeció a tal grado que existen personan que no pueden salir de sus comunidades.

En ese orden de ideas el presidente Andrés Manuel se ha pronunciado por un acuerdo de paz, esto al ser cuestionado en la conferencia matutina del día 20 de enero de 2021, mencionó, además que es un conflicto que data de años atrás, y que es importante buscar estos acuerdos de paz.

Esta declaración viene abonar a lo que el mismo ha pronunciado tiempo atrás, pues siempre se ha manifestado a favor de encontrar un acuerdo histórico de paz en la zona Triqui de Oaxaca, en ese sentido, en la conferencia aludida mencionó que la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez, iba a tomar nota.

De igual manera consideramos que el tema debe ser atendido por la Secretaría de Gobernación pues ella es la encargada de “contribuir a la gobernabilidad democrática, a la paz pública y al desarrollo político a través de una buena relación del gobierno federal con la ciudadanía, sus órganos de representación en los sectores social y privado, los Poderes de la Unión y los demás órdenes de gobierno, para garantizar la unidad y seguridad nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos en un Estado de derecho; y su visión es: Ser el motor principal para que México tenga una sociedad en paz, abierta, libre, plural, informada y crítica, con una sólida cultura democrática y una amplia participación ciudadana; promoviendo y reconociendo que el Estado de derecho es la única vía que permite a las mexicanas y a los mexicanos vivir en armonía”.2

Pero además su misma ley Orgánica establece en su artículo 27, fracción VII Bis establece que le corresponde: “Formular y coordinar la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación o vulnerabilidad de grupos sociales, así como diseñar e instrumentar programas para la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado”.

En ese mismo tenor la fracción II del artículo 34 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca nos dice que a la Secretaría General de Gobierno corresponde: “Cumplir con las directrices en materia de política interior del Gobernador y conducir la política interior en el Estado, así como facilitar la conciliación, acuerdos y resolución de conflictos políticos y/o sociales , proveyendo lo necesario para mantener relaciones armónicas entre sus habitantes”.

Como bien podemos observar las Secretarías de Gobierno, tanto federal como estatal tienen que velar por la tranquilidad de los ciudadanos, así como promover la paz y la conciliación de los mismos, en ese orden de ideas consideramos que es de suma importancia tratar de solucionar los conflictos agrarios, políticos y territoriales del estado de Oaxaca, por ello cobra relevancia este punto de acuerdo y se considera una urgente resolución.

En ese tenor, este “Acuerdo de Paz” es un tema trascendental, que nos ocupa como nación y que es parte de la agenda del presidente de la República.

Por ende, es de suma importancia realizar mesas con carácter interinstitucionales, para que de manera efectiva puedan solucionar los conflictos, es entonces necesario hacer el llamado para que instalen las mismas a la brevedad posible para tratar de evitar que eventos trágicos se sigan suscitando.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y la Secretaría General del gobierno del estado de Oaxaca; para que en el ámbito de sus respectivas competencias inicien las mesas de diálogo interinstitucionales para establecer Acuerdos de Paz entre la zona Triqui del estado de Oaxaca.

Notas

1 Pedro Lewin Fischer y Fausto Sandoval Cruz, Triquis, Pueblos Indígenas del México Contemporáneo.

2 Recuperado de https://www.gob.mx/segob/que-hacemos/ el 11 de mayo de 2020.

En la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, a 27 de enero de 2021.

Diputada Beatriz Dominga Pérez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT y la SHCP a reabrir las oficinas en Miguel Alemán, Tamaulipas, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria; y Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, a reabrir las oficinas en Miguel Alemán, Tamaulipas.

Consideraciones

Miguel Alemán es una ciudad fronteriza y capital del municipio con el mismo nombre, en Tamaulipas. De acuerdo con cifras del Inegi (2010), el municipio tiene 27 mil 15 habitantes; representa apenas 13.4 por ciento de la población de Tamaulipas (3 millones 622 mil 605) de acuerdo con la misma fuente. La ciudad capital es un punto importante para el municipio, puesto que alberga buena parte de los habitantes de este (19 mil 998), siendo un importante centro económico para el municipio y para el estado tamaulipeco.

Las cifras de casos activos de Covid-19 en el estado, de acuerdo con los datos oficiales, son de 43,231, motivo por el cual, se decidió retroceder el semáforo epidemiológico de color amarillo a color naranja, esto en sintonía con las medidas estipuladas por el gobierno federal. No obstante, hay medidas que resultan controversiales en el sentido que no existen el suficiente análisis de la pandemia a nivel local para establecer medidas.

El 23 de noviembre de 2020 se determinó que el estado de Tamaulipas podría continuar con el semáforo color amarillo, sin embargo, para el 4 de diciembre del mismo año, se determinó que la entidad debería retroceder un color en el semáforo por los altos índices de contagios. La concentración de contagios se encuentra principalmente en municipios con grandes ciudades, como es el caso de Victoria, Matamoros, Reynosa y Tampico.

El caso del municipio Miguel Alemán, es de los más alentadores en términos de contagios, donde se registraban al 14 de enero de 2021 385 casos activos. Los índices de contagio son más alentadores cuando se tiene en cuenta la cantidad total de población en su ciudad más poblada, por lo que, la medida unilateral de cambiar el semáforo epidemiológico excluye los esfuerzos de estas localidades para prevenir el virus.

La decisión tomada por el gobierno federal repercute en la organización del Servicio de Administración Tributaria para los horarios de apertura en las oficinas en la entidad. De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, es incongruente que una decisión federal tenga impacto en el nivel local sin tomar en cuenta el contexto de muchas localidades o municipios que han tenido resultados muy positivos y que, por ello, cuentan con las capacidades para incorporar las actividades administrativas.

La medida, por su parte, fomenta actividades que ponen en riesgo a la población, debido que tienen que trasladarse a otras ciudades y, en el caso de Miguel Alemán, ciudades en otros municipios. Esto resulta sumamente comprometedor para esta localidad debido a que la medida implementada, puede desembocar en el aumento de casos positivos durante los periodos de cierre.

Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria; y Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, a reabrir las oficinas del Servicio de Administración Tributaria en Miguel Alemán, Tamaulipas, no desaparecer esa oficina y reactivar su funcionamiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.

Diputada José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SAT a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio sobre las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos implantadas por el SAT o unidades de verificación acreditadas o proveedores de verificación autorizados, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, someto a consideración de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos implementadas por el SAT y/o unidades de verificación acreditadas y/o proveedores de verificación autorizados., al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Conforme al artículo 22, fracción II, de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), los Órganos Reguladores a través de su Órgano de Gobierno, tienen la atribución de expedir, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia.

En tal sentido, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético, el SAT se encuentra facultada para emitir y supervisar el cumplimiento de la regulación en materia de control volumétrico tal y como lo establecen de conformidad con el artículo 28, fracción I, apartado B, primero, segundo, tercero, cuarto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF) y el Capítulo 2.6. “ De los controles volumétricos, de los certificados y de los dictámenes de laboratorio aplicables a hidrocarburos y petrolíferos” de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de Hidrocarburos o Petrolíferos.

Los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de Hidrocarburos o Petrolíferos deben cumplir las siguientes funcionalidades:

I. Permitir la generación de los registros de volumen a través de sistemas de medición;

II. Permitir la recopilación y almacenamiento de la siguiente información, a través de un programa informático

a) Los registros del volumen a que se refiere la fracción anterior;

b) La información contenida en los dictámenes que determinen el tipo de Hidrocarburo o Petrolífero a que se refiere el Anexo 32;

c) La información de los CFDI asociados a la adquisición y enajenación de dichos bienes o, en su caso, a los servicios que tuvieron por objeto tales bienes.

III. Permitir que la información a que se refiere la fracción anterior sea procesada a fin generar reportes de información diarios y mensuales, de conformidad con el apartado 30.6. de este Anexo.

Los reportes mensuales a que se refiere la fracción III del presente apartado, deberán ser enviados por los contribuyentes indicados en la regla 2.6.1.2. al SAT, en la periodicidad establecida en la regla 2.8.1.7., fracción III.

En tal sentido, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético, El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encuentra facultada para emitir y supervisar el cumplimiento de la regulación en materia de Control Volumétrico de Hidrocarburos y Petrolíferos, tal y como lo establecen en el siguiente artículo de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos:

Artículo 63. La Secretaría podrá instruir al Servicio de Administración Tributaria la realización de las auditorías y visitas a que se refiere la fracción VII del apartado B del artículo 37 de esta Ley.

Transitorios

Octavo. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los informes trimestrales información sobre los costos recaudatorios de las medidas que representan un gasto fiscal, así como de los beneficiarios de dichos mecanismos, contenidos en los decretos que emita el Ejecutivo Federal en el ejercicio de las facultades conferidas en las fracciones II y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación durante el trimestre que se reporta.

Por su parte la, La Ley Federal sobre Metrología y Normalización considera dentro de sus atribuciones:

Artículo 1o. La presente Ley regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento.

Artículo 84. Las unidades de verificación podrán, a petición de parte interesada, verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, solamente en aquellos campos o actividades para las que hubieren sido aprobadas por las dependencias competentes.

Artículo 85. Los dictámenes de las unidades de verificación serán reconocidos por las dependencias competentes, así como por los organismos de certificación y en base a ellos podrán actuar en los términos de esta Ley y conforme a sus respectivas atribuciones.

Artículo 86. Las dependencias podrán solicitar el auxilio de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad con respecto de normas oficiales mexicanas, en cuyo caso se sujetarán a las formalidades y requisitos establecidos en esta Ley.

Para el caso de los artículos 84, 85 y 86 de esta Ley, es muy importante destacar que la unidad de verificación acreditada se acredita en el ámbito de su competencia técnica, por ejemplo, si la competencia es de flujo de hidrocarburos líquidos o gaseosos o ambos; si la competencia es para verificar la calidad de gas natural o petrolíferos o ambos.

Cabe destacar que actualmente se está discutiendo en el Congreso de la Unión , El proyecto de decreto que expide la “Ley de Infraestructura de la Calidad” con la intención de abrogar La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, no obstante dicho proyecto es complementario y armónico, puesto que considera dentro de sus atribuciones: “...fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, Evaluación de la Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento.

En el mismo sentido, en el artículo 62, manifiesta que “ Los Organismos de Evaluación de la Conformidad podrán evaluar la conformidad a petición de parte, para fines particulares, oficiales, de importación o de exportación. Los resultados de la Evaluación de la Conformidad se harán constar por escrito”. Lo que se complementa con el artículo 68 al establecer que “Las autoridades competentes deberán reconocer los resultados de la Evaluación de la Conformidad realizados por los Organismos de Evaluación de la Conformidad”.

Bajo dicha línea argumentativa vale la pena mencionar que se prevé que “Solo cuando no existan Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados y aprobados, sujeto a lo previsto en el Reglamento de esta Ley, las Autoridades Normalizadoras podrán llevar a cabo la evaluación de la conformidad de manera directa o recurrir al Centro Nacional de Metrología, los Institutos Designados de Metrología o instituciones de investigación y de enseñanza superior especializadas en la materia o sector objeto de las normas, así como a cualquier otra entidad reconocida para esos efectos por la Autoridad Normalizadora de que se trate” (art. 66).

Con base en lo mencionado, es muy importante enfatizar que el proyecto de decreto que expide la “Ley de Infraestructura de la Calidad” considera en el Artículo 54. Solo podrán operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad aquéllos que estén acreditados ante una Entidad de Acreditación.

Por otro lado, es importante mencionar que el Anexo 31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 “De los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos y de los certificados que se emitan”, establece que de conformidad con el artículo 28, fracción I, apartado B, primero, tercero y cuarto párrafos del CFF y el Capítulo 2.6. “De los controles volumétricos, de los certificados y de los dictámenes de laboratorio aplicables a hidrocarburos y petrolíferos” de la RMF, los proveedores autorizados de servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, deben cumplir lo dispuesto en dicho Anexo y que los contribuyentes indicados en la regla 2.6.1.2., deben obtener los certificados que acrediten la correcta operación y funcionamiento de sus equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, en la periodicidad y con las características establecidas en el Anexo 31. Esta actividad de gran especialidad técnica sería recomendada solo para unidades de verificación acreditadas en cumplimiento con la LFMN, donde su competencia técnica sería evaluada por una entidad acreditada y aprobada por el gobierno federal mexicano.

Respecto a las regulaciones de calidad del gas natural y petrolíferos las normas oficiales son las siguientes:

a) Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 Especificaciones del gas natural.

b) Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Las especificaciones de calidad deben ser evaluadas por la misma unidad de verificación que lleva a cabo la evaluación de la conformidad de los anexos de la miscelánea fiscal (cantidad y programas informáticos); evaluando tanto cantidad como calidad encontrando estandarizar con las verificaciones de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que con un solo documento, y de esta manera una sola unidad de verificación realiza la evaluación de la conformidad total. Así mismo la determinación del grado de cumplimiento de las especificaciones de anexo 30, 32 y 31 no tendría un sobre costo por varias unidades de verificación. Paralelamente en su defecto evaluar la conformidad de estas NOM de calidad por unidades de verificación acreditadas en este alcance a la par de las empresas especializadas aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía.

Las unidades de verificación que lleven a cabo la evaluación de la conformidad deben tener la competencia técnica demostrable, el personal técnico que lleva a cabo las verificaciones debería aprobar exámenes de auditoría y calidad de hidrocarburos en el Centro Nacional de Metrología porque se requieren competencias en materia de trazabilidad metrológica, metrología de densidad, metrología de flujo, metrología de volumen, metrología de presión, metrología de temperatura, cromatografía, métodos de muestreo, incertidumbre de la medición, termodinámica, ISO 19011, confirmación metrológica, Ley de hidrocarburos, ISO 17020, ISO 10012, estándares, normas y recomendaciones ISO, GPA, API, AGA, ASTM, etc.

En toda la cadena de valor del sector energético, la medición tanto del volumen como de la calidad de los hidrocarburos y petrolíferos, cobra una especial relevancia; no solamente como factor de confianza, certeza legal y transparencia en la aplicación del marco regulatorio; sino también como un mecanismo y oportunidad para ampliar los ingresos tributarios de las arcas nacionales; en momentos donde se enfrentan los mayores estragos del virus SARS-CoV2 (Covid-19), cuyos efectos para la economía global representan la peor caída del Producto Interno Bruto por habitante desde 1870, de acuerdo al Global Economic Prospects del Banco Mundial.

Ante este panorama, el Estado Mexicano con base en el mandato Constitucional que establece las áreas estratégicas que estarán a cargo del sector público, ha tomado la decisión de asumir y fortalecer su posición rectora en el sector eléctrico a través de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional; por lo tanto, el sector de los hidrocarburos, no puede ser la excepción, ni mucho menos quedar rezagado en el cumplimiento del marco regulatorio, sobre todo si afecta la capacidad recaudatoria de la Hacienda Pública.

Llevar a cabo la correcta cuantificación de la masa y volumen de los hidrocarburos en todo la cadena de valor, además de ser una obligación estipulada en el andamiaje jurídico del sector energético que se tiene que hacer valer y cumplir; es una forma de contribuir a la cruzada por el cambio de la cultura fiscal que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria, para que se tenga claro que las reglas del juego en materia tributaria es que todo deben cumplir con su obligación de pagar impuestos, sobre todo en esta emergencia sanitaria, donde se busca que aumente la recaudación primaria, sin necesidad de llegar al extremos de la fiscalización.

El objetivo central es hacer cumplir con carácter de urgente la normatividad en materia de medición para apoyar la políticas públicas del Estado Mexicano enfocadas a enfrentar los efectos económicos de la Pandemia; a través del incremento de la recaudación de impuestos y reduciendo las posibilidades de evasión fiscal; y de esta manera tenga mejores condiciones financieras para cumplir con sus funciones básicas de intervención en el proceso económico para reactivarlo a través de la inversión social y crecimiento del gasto público, elementos indispensables para la recuperación e impulso de la planta productiva del país.

Derivado de lo anterior, la regulación en materia de medición aplicada como parte de los mecanismos de supervisión del SAT previstos en el Anexo 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, contribuyen a controlar actividades ilícitas como el –huachicol–. Las regulaciones representan un bien del orden público e interés social, así como el blindaje de la seguridad nacional en materia de hidrocarburos y petrolíferos, cada órgano en el marco de sus competencias.

Como representantes de la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de conjuntar los esfuerzos para lograr los beneficios en el sector energético. Está comprobado que la correcta aplicación de la ley, normas, disposiciones y lineamientos correspondientes se puede lograr el correcto funcionamiento de la industria de hidrocarburos y agilización de la economía.

Por todo lo anterior, presento al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio a la totalidad de los contribuyentes respecto a los anexos 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal “Especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos”, así como a las Normas Oficiales Mexicanas, lineamientos y Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por ducto y almacenamiento de hidrocarburos y petrolíferos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria, a implementaren forma escalonada el cumplimiento regulatorio a los contribuyentes conforme se acrediten nuevas unidades de verificación.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria, a implementar que las unidades de verificación que lleven a cabo la evaluación de la conformidad cuenten con la competencia técnica demostrable, es decir, que personal que lleva a cabo las verificaciones deba aprobar exámenes de auditoría de gestión, cantidad y calidad de hidrocarburos en el Centro Nacional de Metrología.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a remitir a esta soberanía a través del “Informe tributario y de gestión” que emite trimestralmente el SAT, información sobre el avance de la aplicación del presente; verificaciones a sistemas de medición de hidrocarburos, petróleo y petrolíferos, sanciones y demás información relevante con el presente exhorto.

Palacio Legislativo, a 27 de enero de 2021.

Diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS y las autoridades locales de trabajo a ajustar las medidas de vinculación del programa Abriendo Espacios para incluir laboralmente a las personas con discapacidad y adultos mayores pertenecientes al sector laboral informal desempleados por la pandemia SARS-Cov2, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, y los 32 titulares por entidad federativa del Servicio Nacional de Empleo a ajustar las medidas necesarias de vinculación del programa Abriendo Espacios a fin de incluir laboralmente a las personas con discapacidad y adultos mayores pertenecientes al sector laboral informal desempleadas en el contexto de la pandemia del SARS-Cov2, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La promoción de condiciones de igualdad de personas con discapacidad significa el reconocimiento de sus derechos así como de su autonomía, ambas dimensiones atañen a su capacidad de decisión y participación política, acceder a una buena atención médica, así como el derecho a tener un trabajo digno que trate de disminuir las barreras presentes en el entorno social, que puedan impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.1 En las presentes circunstancias la brecha de desigualdad se exacerba, ya que debido a la pandemia miles de personas se han quedado sin empleo, las más afectadas son las que laboran en el sector informal, sector en el que las personas con discapacidad suelen trabajar.

Ello se traduce a dos cuestiones; las personas con discapacidad son más susceptibles a quedarse sin empleo, y aquellas que lo conservan, tienen más riesgo de contagio puesto que usualmente necesitan ayuda de sus compañeros de trabajo. Según el Inegi con datos de 2014, hay al menos 7.1 millones de personas con discapacidad, que no pueden o tienen mucha dificultad para hacer actividades tales como caminar, ver, escuchar, aprender o comunicarse,2 aunado al hecho de que la estructura poblacional de las personas con discapacidad está estrechamente relacionada con el proceso de envejecimiento demográfico, por lo que la mayoría de las personas que sufren alguna discapacidad a su vez también son adultos mayores.

Al inicio de la pandemia, los primeros trabajadores en ser descansados o despedidos fueron personas con discapacidad y adultos mayores,3 y los que permanecieron en sus empleos, dado que el 70 por ciento de ellos laboran en el sector informal no cuentan con servicio médico en caso de enfermar de Covid-19. En un contexto como el nuestro, en donde el trabajo a distancia se ha vuelto una realidad cotidiana, las personas con alguna discapacidad o que cuentan con alguna dificultad de moverse, el teletrabajo representa una oportunidad, por medio de tutorías virtuales, capacitación en línea y oficios y trabajo a distancia.4

Según el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral”.5 En cumplimiento de este mandato, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implantó en el pasado el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018, sin embargo como su nombre lo indica dicho programa es hoy inexistente. En sustitución está el programa Abriendo Espacios a cargo del Sistema Nacional de Empleo (SNE), una dependencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Sin embargo, el SNE no tiene a su disposición las herramientas con las que contaba el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad, en materia “de contar con mecanismos efectivos para el diagnóstico, seguimiento y evaluación de políticas, programas y normatividad... sobre las condiciones de las personas con discapacidad en el mercado laboral”.6 No obstante, con base en las estadísticas del programa Abriendo Espacios, en los últimos dos años ha colocado un total de 85 mil 924 personas con discapacidad y adultos mayores en algún puesto de trabajo. De ellas, 70 por ciento corresponde a adultos mayores y 30 a personas con alguna discapacidad.7 El programa ha demostrado ser eficiente, por lo cual puede ser un mecanismo útil para la vinculación de este sector de la población en la modalidad de trabajo a distancia.

Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, y a los 32 titulares por entidad federativa del Servicio Nacional del Empleo a ajustar las medidas necesarias de vinculación del programa Abriendo Espacios a fin de incluir laboralmente a las personas con discapacidad y adultos mayores pertenecientes al sector laboral informal desempleadas en el contexto de la pandemia del SARS-Cov2.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, y a los 32 titulares por entidad federativa del Servicio Nacional del Empleo a implantar a través del programa Abriendo Espacios tutorías virtuales, capacitación en línea y oficios y trabajo a distancia para adultos mayores y personas con discapacidad que compartan criterios, métodos y herramientas, de acorde a las características de cada región.

Notas

1 Artículo 2 (2018). Ley General para la Inclusion de las Personas con Discapacidad. En línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf

2 Inegi (2017). La discapacidad en México, datos a 2014. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México, página 22.

3 Juárez, Blanca (8 de julio de 2020). Trabajadores con discapacidad, doblemente vulnerables a la pandemia de Covid-19. Factor Capital Humano. El Economista. En línea: https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/trabajadores-con-disc apacidad-doblemente-vulnerables-a-la-pandemia-de-covid-19/2020/07/

4 Redacción (29 de noviembre de 2020). En primera persona: “las personas con discapacidad son el mayor recurso sin explotar del planeta”. Noticias ONU. En línea:

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484832

5 Artículo 11 (2018). Ley General para la Inclusion de las Personas con Discapacidad. En línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf

6 Inegi (2017). La discapacidad en México, datos a 2014. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México, página 60.

7 SNE (2019). Acciones de vinculación laboral. Estadísticas Laborales. Sistema Nacional de Empleo. México. En línea: https://www.empleo.gob.mx/sne/acciones-vinculacion-laboral

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la FGR a realizar en el rancho Buenavista investigaciones sobre la presunta caza ilegal de bisonte americano, e informar de sus hallazgos, suscrita por el diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Diputado Federal en la LXIV Legislatura de la Cámara del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través su órgano desconcentrado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, remita a esta soberanía un informe detallado sobre el procedimiento administrativo iniciado a la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre conocida como rancho Buena Vista, en el estado de Coahuila, por la presunta cacería de ejemplares de bisonte americano en sus instalaciones; así como a la Fiscalía General de la República para que, a través de su Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en leyes especiales, realice las investigaciones necesarias con el objeto de determinar responsabilidad penal a quien corresponda, en la presunta caza ilegal de bisonte americano en las instalaciones de la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre conocida como rancho Buena Vista, lo anterior con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 11 de enero se dieron a conocer en diversos medios de comunicación imágenes en las que dos sujetos aparecen con un bisonte cazado. Según diversas publicaciones, dicha imagen corresponde a un bisonte cazado en las instalaciones del denominado Rancho Buenavista, el cual, conforme a dichas publicaciones, ofrecía diversos servicios de caza, tal y como lo muestra la siguiente nota informativa:1


Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un comunicado de prensa el 12 de enero del presente año, en el que se informa que no se ha autorizado ningún permiso de aprovechamiento cinegético de bisonte americano al rancho Buena Vista, en Coahuila, además, se revisaron los expedientes y no existen informes sobre planes de manejo aprobados y aprovechamientos para la especie otorgados a algún rancho de Coahuila con el nombre de Buena Vista, ni con las características que muestran las fotos exhibidas, es necesario se realicen investigaciones a fin de identificar el lugar donde el evento ocurrió y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes, de tratarse de actos ilegales, así como se garantice la protección de los bisontes americanos que se encuentran en el territorio mexicano:

“En México existen ranchos que mantienen bisontes confinados para fines cinegéticos y/o recreativos, pero la manada Janos-Hidalgo es la única manada que habita de forma libre en nuestro país. Posteriormente, la manada reintroducida en Janos en 2009 se sumó a las manadas de conservación genéticamente puras del continente”.

Asimismo, la propia Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre “Rancho Buena Vista” manifestó que el material fotográfico difundido en redes y medios es de su propiedad, pero no corresponde al año en curso y no está vinculado con los ejemplares de bisonte introducidos en 2009, provenientes del Parque Nacional Wind Cave, Dakota del Sur, ni a la segunda manada introducida en Coahuila el 28 de noviembre de 2019.2

No obstante lo anterior, la protección del bisonte americano resulta necesaria, toda vez que, si bien conforme a la Ley General de Vida Silvestre en nuestro país se encuentra permitido el aprovechamiento sustentable, y la caza deportiva, la misma se encuentra sujeta a permisos, tal y como lo es la licencia de caza, licencia para portar armas, y en muchos casos a predios autorizados para el aprovechamiento sustentable, como es el caso de las Unidades de Manejo.

En este contexto, de lo descrito por la propia Semarnat, de ser real la fotografía, la conducta realizada correspondería a una infracción administrativa y/o delito ambiental, particularmente porque el bisonte americano corresponde a una especie protegida bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), del cual México es signatario, asimismo, se encuentra catalogado como especie en peligro de extinción en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.

Por los argumentos aquí expuestos, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a su órgano desconcentrado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ambas en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones respectivas, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre el procedimiento administrativo iniciado a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre “Rancho Buena Vista”, por la presunta cacería de ejemplares de bisonte americano en sus instalaciones en el estado de Coahuila y, en su caso, determine la responsabilidad administrativa correspondiente, realizando la denuncia penal a la que haya lugar, así como para que verifique su operación como Unidad de Manejo Ambiental y el aprovechamiento de especies que en ella se lleva a cabo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que a través de su Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, realice las investigaciones necesarias con el objeto de identificar a las personas responsables por la presunta cacería de ejemplares de bisonte americano en las instalaciones de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre “Rancho Buena Vista” en el estado de Coahuila.

Notas

1 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/
bisontes-muertos-caza-rancho-buena-vista-coahuila-animales-6239781.html

2 https://www.gob.mx/profepa/prensa/
informa-profepa-sobre-visita-de-inspeccion-al-rancho-buena-vista-en-coahuila?idiom=es

Dado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 27 días del mes de enero del 2021.

Diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a dar información clara, precisa y detallada de la llegada de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al subsecretario de Salud y estratega del gobierno federal contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, a dar información clara, precisa y detallada acerca de la llegada de la vacuna de Pfizer-BioNTech para el Covid-19.

Consideraciones

El 11 de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó la aplicación de la vacuna elaborada por Pfizer/BioNTech contra el Covid-19, con lo que el país se convirtió en el cuarto del mundo en dar el visto bueno.

De acuerdo con información publicada en el sitio web de la FDA, el uso en emergencia de la vacuna es una respuesta a una declaración de emergencia de salud pública para la que no existen alternativas adecuadas, aprobadas o disponibles y permite “el uso de productos médicos no aprobados para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades graves o potencialmente mortales causadas por agentes amenazantes”.

En la lucha contra el Covid-19, la vacuna es parte fundamental para abordar la crisis sanitaria mundial disminuyendo las tasas de infección enfermedad y muerte en todo el mundo. Dicha vacuna candidata Covid-19 basada en ARNm cumplió todos los criterios de valoración principales de eficacia del estudio, como sabemos el análisis de eficacia primario demostró que la vacuna tiene una eficacia de 95 por ciento contra Covid-19 a partir de 28 días después de la primera dosis.1

Sin embargo, ha habido poca claridad en los tiempos de llegada de la vacuna. el funcionario de salud apuntó que, si todo marchaba conforme a lo planeado y según las pláticas que ha habido con Pfizer, las dosis de vacunas llegarán “en los penúltimos o los últimos días de la tercera semana de diciembre y en cuanto llegue empezará a utilizarse”.2

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Pfizer debe cumplir con la entrega del primer lote de vacunas contra el covid-19 antes que finalice este año, pues se tiene un contrato firmado con la empresa estadounidense, no hay certeza ni una fecha en concreto para la llegada de la vacuna en el mundo.3

Asimismo, además de Pfizer, se adquirirán biológicos con la inglesa AstraZeneca –con envasado en México– y con la chino-canadiense CanSino Biologics, aunado a que México suscribió un acuerdo para tener acceso al portafolio de vacunas multilateral de Covax, auspiciado por Naciones Unidas, en ese sentido es necesaria la aclaración de la información clara, precisa y detallada.4

Como bien apunta, Rodríguez Álvarez, la vacuna va a estar hasta cierto punto limitada, tomando como ejemplo la vacunación contra influenza la vacuna será primero para grupos prioritarios como personal de salud cercano a pacientes, mayores de 70 años, personas con un riesgo particular (como diabetes, obesidad e hipertensión), y elementos de seguridad (integrantes del ejército, policías, expertos en seguridad civil en riesgos). Con base en esto, es necesario el esclarecimiento y la transparencia de la información solicitada mediante dicho exhorto que logre dejar claro las medidas.

Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al subsecretario de Salud y estratega del gobierno federal contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, a dar información clara, precisa y detallada acerca de la llegada de la vacuna de Pfizer-BioNTech para Covid-19.

Notas

1 https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vacuna

2 https://www.animalpolitico.com/2020/12/vacuna-pfizer-mexico-covid-una-s emana/

3 https://www.milenio.com/politica/amlo-pfizer-entregar-vacunas-termine-d iciembre

4 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/12/16/ebrard-habra-vac una-para-todos-biologico-de-pfizer-llega-a-fin-de-mes-8845.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades del gobierno del estado de México a cancelar las alzas del transporte de carga y pasajeros en el Circuito Exterior Mexiquense, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes subscribimos Juana Carrillo Luna, Ángeles Huerta del Río, Edith Marisol Mercado Torres, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Susana Cano González, María Guadalupe Díaz Avilez, María Guadalupe Román Ávila, Alejandro Viedma Velásquez, César Agustín Hernández Pérez, Gustavo Contreras Montes, Socorro Bahena Jiménez, Marco Antonio Medina Pérez, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Graciela Sánchez Ortiz, Martha Robles Ortiz, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Juan Ángel Bautista Bravo, David Orihuela Nava, diputadas y diputados federales por el estado de México, integrantes del grupo parlamentario de Morena en la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, sometemos a la consideración de la honorable Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La historia del Circuito Exterior Mexiquense se ha visto marcada por actos de corrupción desde el inicio de la obra, no sólo por el hecho de haber sido construida durante gobiernos priistas y por la constructora más corrupta que existe nuestro país, la entonces OHL, ahora Aleatica. Basta este simple hecho para levantar sospechas, pero la realidad es que esta alianza, que hasta la fecha perdura, generó y genera enormes costos que todos los mexiquenses hasta la fecha pagamos, no sólo por la enorme afectación a las finanzas públicas que esto causó, sino por los enormes costos que tiene esta vía, costos que no van acorde al pésimo servicio que brinda.

El acto que marca el enorme nivel de corrupción de esta obra, y las finalidades político-electorales que tendrá es la expropiación irregular que se hizo de un predio conocido como Granja Mayte, argumentaron causas de utilidad pública. El acto de corrupción se inicio con el decreto expropiatorio, publicado en gaceta el 24 de agosto de 20091 por el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Dentro de dicha publicación se establece que el pago por el predio Granja Mayte sería de 10.188 millones de pesos, cuando el costo se había estimado inicialmente en 50 millones. A todas luces, este acto no fue de expropiación, sino de despojo ya que en la mencionada granja se producía alfalfa y leche desde los años 70’s del siglo pasado.2

Pero la corrupción no paró ahí, este caso ejemplifica el nivel de podredumbre qué hay en las tres funciones del estado, ya que la corrupción inicio con el acto firmado por Enrique Peña y se continuó hasta los tribunales donde Pablo Wallentin, Director de Relaciones Públicas de OHL México y Gerardo Fernández, Director Jurídico de OHL México sobornaron a los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del Estado de México con, aproximadamente, 5 millones de pesos tal como consta en la grabación de una conversación telefónica entre ambos directivos de la mencionada empresa, en la que con un lenguaje muy coloquial expresan que a los magistrados hay que darles “una manita”.3 Ésta última jugada hizo que el amparo concedido a los propietarios de la granja, quedara sin efecto y pasaran de pagarles 50 millones como condenaba la sentencia, a 10,188 millones.

Pero los premios a la corrupción de los magistrados no pararon en “la manita” ya que al Magistrado Ponente, Óscar Germán Cendejas Gleason, quien ordenó la revocación del amparo concedido en favor de Schievenini Zanella, se le “premió” con un “ascenso” como magistrado de los nuevos tribunales colegiados en materia de telecomunicaciones, esto en septiembre de 2013, año anterior el que también revocó el amparo y ordenó la reposición del procedimiento.4

En una declaración dada al portal de noticias plana mayor, Giancarlo Schievenini, abogado y familiar de los afectados comentó que, paralelo al juicio entablado contra OHL se había buscado solucionar el conflicto por la vía política, a través de López Padilla (abogado del exgobernador Montiel) quien comentó: “OHL no les va a pagar los 50 millones de indemnización, todo el dinero va a estar en la campaña presidencial”.5 Ésta última afirmación permite ver cuál ha sido el medio de apalancamiento de ésta compañía para ganar las concesiones en materia carretera, ya que no es por la excelente calidad de sus obras o los precios brindados al público usuario, ni mucho menos la adecuada indemnización a los afectados. El sello distintivo del actuar de OHL ahora Aleatica, ha sido el pago de campañas para candidatos que, una vez tomen posesión, les entregaran contratos millonarios a costillas del erario público, tal como lo hicieron:

* El PRI al otorgarle la concesión para el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario, en un flagrante despojo a la Federación y la autopista Atizapan-Atlacomulco;

* El PAN quien entregó la concesión del aeropuerto de Toluca, la Amozoc-Perote y el viaducto de Puebla; y

* El PRD quien le concesionó la Aunorte y el tramo Los Poetas-Luis Cabrera.6

El nivel de corrupción y el desvío del dinero de obras públicas para las campañas políticas priistas desde el Edomex, no se queda en el “ahorro” que se hicieron OHL y su filial Conmex, sino que lleva consigo una enorme laceración a las finanzas públicas. En términos generales, al tomar en consideración las tres concesiones que los gobiernos priista han otorgado a OHL-Aleatica en el Edomex, representan un fraude a las finanzas públicas del Estado por un monto aproximado de 90,000 millones de pesos los que han servido para el pago de sobornos y la subvención de gastos de campaña como presidencial de Peña Nieto en 2012. De forma específica, el Circuito Bicentenario representa la mayor cantidad de esa defraudación, ya que el monto de la esta asciende a poco mas de 60,000 millones de pesos.

Para una mayor comprensión de la problemática que implica la corrupción entorno al Circuito Exterior Mexiquense, es importante tomar en consideración, en primer termino, el costo inicial de la obra, presupuestado en 5, 600 millones de pesos, el que termino con un costo de 63, 200 millones a cargo de los ciudadanos y ciudadanas del Edomex, en segundo lugar, dicha cifra casi es equivalente al doble de la deuda pública del Edomex que, en el cuarto trimestre de 2017,7 aproximadamente ascendía a los 38, 000 millones de pesos. Lo anterior implica que, de recobrarse la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, en favor del Estado de México, los ciudadanos y ciudadanas del Edomex, podríamos pagar la deuda pública en su totalidad y hasta nos sobraría dinero para la inversión en sectores como la educación, infraestructura o programas sociales que tanto hacen falta en la región.

Aunado a lo anterior, y por si no fuera poco el enriquecimiento desproporcionado que tanto la compañía OHL, hoy Aleatica, ha tenido con la corrupción rampante desde el otorgamiento de la concesión para el Circuito Exterior Mexiquense, en 2012 el gobierno de Enrique Peña Nieto, otorgo un incremento de las tarifas para OHL, bajo el concepto de “incrementos adicionales” por un 6% cada año desde 2013 a 2021, con excepción del 2017, año en el que se renovaría la gubernatura del Estado,8 lo anterior demuestra el uso electoral, tanto político como económico, de las tarifas y recursos destinados para la realización de obra pública.

La voracidad de empresarios corruptos como los dueños de OHL ahora Aleatica y la de funcionarios como Enrique Peña Nieto no paro en esas irregularidades, sino que ahora, el priismo y sus satélites PAN y PRD buscan abrir la caja chica para las elecciones de 2021, al otorgar nuevos incrementos a las tarifas de uso del mencionado Circuito, es así que Luis Gilberto Limón Chávez, en nombre del Estado de México, autorizó incrementos exacerbados a las tarifas de uso del Circuito Exterior Mexiquense, incrementos que evidentemente tiene un talante puramente electoral. Ésta afirmación es valida no sólo por los antecedentes ya mencionados, sino por el monto mismo de los incrementos ya que el convenio modificatorio al título de concesión establece los siguientes aumentos tarifarios:

Podría pensarse que los aumentos tarifarios no afectan al ciudadano de a pie, ya que el aumento mas alto es del 2% para los automovilistas, pero en realidad el aumento al transporte de pasajeros y de carga tiene un impacto completo en las finanzas no sólo de las familias mexiquenses, sino del centro del país ya que el Circuito Exterior Mexiquense es un libramiento que permite que las mercancías pasen del norte del país hacia el centro o de los puertos del Golfo y el Pacífico hacia el centro y el norte, dicho incremento podría tener un aumento desproporcionado en los niveles inflacionarios, ya que tales tarifas generarían un desajuste en los precios de logística y transporte tanto de mercancías como materias primas, con lo cual se tendría un incremento en los costos de producción.

Conforme a la modificación quinta y a la última presentada entorno al Título de Concesión, en términos reales, en 2021 los incrementos quedaran de la siguiente manera:

Ante la situación económica que enfrentan las familias mexicanas, asoladas por la pandemia, es inadmisible pero sobre todo de una enorme insensibilidad por parte de concesionarios y gobierno el autorizar incrementos como estos, por ello se hace sumamente necesario que el Gobernador Alfredo del Mazo revise los incrementos tarifarios aprobados por su Secretarios de Comunicaciones y Transportes, ya que la economía de los Mexiquenses no esta para resistir un golpe como este en momentos tan difíciles.

Expuesto y fundado lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza para que revise los Títulos de Concesión otorgados en sexenios anteriores a la concesionaria Aleatica, entonces OHL y, de encontrar irregularidades, realice las cancelaciones respectivas con apego a la normatividad aplicable.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para que cancele los aumentos tarifarios en el Circuito Exterior Mexiquense, que van desde un 26 a un 36% anual, aprobados por su secretario de comunicaciones y Transportes, con la finalidad de no perjudicar la economía de las familias mexicanas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Órgano Superior de Fiscalización, Coordinación de Control Interno y Auditoría del Congreso del Estado de México, para que revise el uso de los recursos públicos destinados para la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, dé a conocer los resultados de su investigación y aplique las sanciones correspondientes conforme lo establecen las leyes aplicables.

Notas

1 La cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files /files/pdf/gct/2009/ago245.PDF

2 Consultado en https://planamayor.com.mx/ohl-historia-de-despojo-y-corrupcion-en-circu ito-mexiquense-primera-parte/ el día 18 de diciembre a las 19:00 horas

3 Consultado en https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/27/1026150 el día 16 de diciembre a las 14:00 horas

4 Opus cit. Nota 2.

5 Ídem.

6 Tomado de https://regeneracion.mx/pri-pan-y-prd-otorgaron-concesiones-a-ohl/ consultada el 18 de diciembre a las 14:00 horas.

7 Esto de acuerdo con el informe trimestral presentado por la Secretaria de Finanzas del Estado, se puede consultar en el siguiente enlace:
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/
files/files/pdf/rendicion-cuentas/4o-trim-deuda-2017.pdf

8 Tal como consta en la quinta modificación al Convenio de Concesión, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.transparencia-aleatica.com.mx/aleatica-docs/publicCEM/5a.%20 Modificacion%20Titulo%20de%20Concesion%20Conmex.pdf Suscribe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y los 32 gobiernos locales a plantear una estrategia comunicacional y de seguridad conjunta para evitar la aplicación y el tráfico de vacunas falsas contra el Covid-19, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, a los 31 gobernadores de los estados de la federación y a la jefa del gobierno de la Ciudad de México a plantear una estrategia comunicacional y de seguridad conjunta con el objetivo de evitar la aplicación y el tráfico de vacunas falsas contra el Covid-19, en favor de garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos y evitar que personas o grupos delictivos abusen de la falta de información y desconfianza hacia el gobierno de cualquier nivel, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El avance de la pandemia ha generado nuevos obstáculos para los gobiernos de las diferentes regiones del mundo. Mediante la puesta en escena de una pandemia que ha originado crisis en diversas escalas y magnitudes, la especulación, contraposición e inoperancia del aparato gubernamental, tendrán altos costos en el presente y el futuro de nuestras comunidades, donde esto se verá reflejado no solamente en las cifras de decesos e infectados, sino en las consecuencias de esas pérdidas, tanto materiales como simbólicas.

Desafortunadamente, esto último no ha tenido la resonancia suficiente entre las autoridades de todos los niveles en el país y diversos sectores de la población. Para el 18 de enero de 2021 y de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, se han registrado 140 mil 704 defunciones y un total de 1 millón 641 mil 428 casos registrados –de los cuales se encuentran 93 mil 453 casos activos–,1 lo que si se mira en relación con su evolución, el crecimiento ha sido característico de casi todas las etapas de la pandemia en nuestro país, resultado derivado de la poca o nula capacidad de las autoridades por convencer a la mayoría de la población de mantenerse en sus hogares.

Igualmente, debido a que las cifras no son suficientemente abrumadoras para los ojos de los escépticos –derivado de la magnitud poblacional del país, que para 2018 contaba con alrededor de 125 millones de habitantes–,2 no es raro ver que aglomeraciones, eventos y fiestas, sigan llevándose a cabo a pesar de la incapacidad de los sistemas de salud para proveer sus correspondientes servicios, los constantes mensajes de aquellos que lo han vivido en carne propia y los inertes esfuerzos de las labores de comunicación gubernamental.

Dejar de observar el problema como una labor donde todos compartimos los mismos criterios y objetivos resulta indispensable, sin perder de vista las consecuencias de esas múltiples perspectivas. Debido a que los contagios no funcionan en la dimensión de las diferencias sociales entre las personas –lo que no significa que no sean condicionados por éstas–, debemos afrontar de manera inmediata a aquellos que pretendan usar un problema o solución real, con intereses que no estén orientados al bienestar de la salud de la población.

Sobre esto, actividades con objetivos y consecuencias nocivas para nuestros esfuerzos son cada vez más notorios. Prácticas corruptas o fraudulentas, han comenzado a ser realizadas de manera sistemática a partir del sufrimiento y desconocimiento de la población, lo que en últimas instancias es perjudicial para cualquier parte.

Dentro de tal lógica, el surgimiento de vacunas falsas se ha vuelto un obstáculo sumamente preocupante para nuestros objetivos. Sea a través de redes sociales, carteles o volantes, diferentes grupos han buscado obtener un beneficio económico mediante mentiras dirigidas a una población que busca soluciones y desconfía de las autoridades.

Ante el fracaso que ha sido ganar la confianza de la ciudadanía durante el año pasado – derivado de la falta de comprensión del porqué de ciertas medidas, como cierres de comercios, el uso obligatorio de cubrebocas y la limitación del tránsito –, el panorama es sumamente atractivo para esta clase de actividades fraudulentas, quienes buscan sacar el mayor beneficio posible sin a partir de la vulnerabilidad de unos cuantos.

Casos documentados en el país – como en la Ciudad de México, Quintana Roo o Baja California–3 y fuera de él –como en el caso de la Unión Europea–4 muestran que no podemos suponer los mismos criterios éticos entre toda la población respecto al respeto a la salud y bienestar del resto de la población, lo que tiene consecuencias directas en la urgencia por generar confianza en un proceso que de no ser llevado a cabo de forma rápida, seguirá representando costos tan graves como la pérdida de vidas, la destrucción de negocios y limitantes para la gobernabilidad.

Por ello la necesidad de mejorar las prácticas informativas de los gobiernos de todos los niveles será central para evitar el engaño y potencial riesgo a la vida que tiene la aplicación de vacunas falsas. Recordando que la desconfianza sigue siendo nuestro principal obstáculo, éstas deben de ir acompañadas de pruebas sólidas acerca de su validez y utilidad para la restructuración de la vida cotidiana en un periodo poscovid, el cual deberá estar marcado por mecanismos preventivos que eviten los errores que estamos cometiendo durante próximas pandemias.

Por tanto, es sumamente necesario exhortar a la Secretaría de Salud y a los Estados de la Federación, para plantear una estrategia comunicacional y de seguridad conjunta para evitar la aplicación y tráfico de vacunas falsas contra el Covid-19, en favor de garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos y evitar que personas o grupos delictivos abusen de la falta de información y desconfianza hacia el gobierno de cualquier nivel.

Con la existencia de diferentes niveles de gobierno, una de las consecuencias no buscadas de ello ha sido la discrecionalidad de los mensajes en materia de salud pública, la cual en momentos de coyuntura demanda una cierta unión en favor de evitar generar “ruido”, todo ello con el objetivo de construir un mensaje conjunto y claro acerca de los riesgos de estas prácticas.

Ésta es la manera más eficiente de dejar en claro medidas bien definidas y uniformes, donde el sentido de ello es poder reducir los contagios y regresarle un poco de tranquilidad a una población que ha sido fuertemente golpeada por un fenómeno inédito para muchos, donde el miedo siempre será un factor por considerar ante la existencia de actores y grupos que por unos cuantos pesos obstaculizan nuestras labores y las de los especialistas.

Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, a los 31 gobernadores de los estados de la federación y a la jefa del gobierno de la Ciudad de México a plantear una estrategia comunicacional conjunta con el objetivo de evitar la aplicación y tráfico de vacunas falsas contra el Covid-19, en favor de garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos y evitar que personas o grupos delictivos abusen de la falta de información y desconfianza hacia el gobierno de cualquier nivel.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, a los 31 gobernadores de los estados de la federación y a la jefa del gobierno de la Ciudad de México a plantear una estrategia de seguridad conjunta con el objetivo de evitar la aplicación y tráfico de vacunas falsas contra el Covid-19, en favor de garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos y evitar que personas o grupos delictivos abusen de la falta de información y desconfianza hacia el gobierno de cualquier nivel.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/606895/Comunicado_Tecnic o_Diario_COVID-19_2021.01.17.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Poblac ion2020_Nal.pdf

3 https://www.sinembargo.mx/14-01-2021/3924317

4 https://www.dw.com/en/officials-warn-of-fake-covid-19-vaccines/a-561238 30

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de BC a instruir a la Secretaría de Salud local para vacunar entre los grupos prioritarios contra el Covid-19 a policías y bomberos del estado, suscrita por la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Baja California a instruir el ámbito de sus competencias a la Secretaría de Salud de la entidad a efecto de que se vacunen contra Covid-19 en los grupos prioritarios a policías y bomberos de todo el estado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde marzo de 2019 que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el Covid-19, en Baja California se extremaron precauciones, así como en todo el país y el mundo.

Sin embargo, en algunos municipios de Baja California, policías y bomberos fueron capacitados para estar preparados en caso de ser necesario atender casos de Covid, además que han estado trabajando de forma permanente y normal sin que se les otorgue momentos de cuarentena, como sí ocurrió en otras áreas y dependencias de gobierno.

Precisamente, al ser actividades prioritarias el tipo de trabajo que realizan los policías y bomberos, ha sido personal que sigue laborando como de costumbre, y más aún con capacitación para atender, de ser necesario, casos de Covid.

Derivado de esto, los policías y bomberos de Baja California se encuentran expuestos de forma constante, ya que son personas que trabajan en un área considerada esencial, por lo que se arriesgan a contraer la enfermedad. Y desafortunadamente ya se han dado varios casos en la Entidad, de policías y bomberos que se han contagiado en el ejercicio de sus labores, incluso hay reportes de varios fallecidos.

Es indispensable poner a la par a policías y bomberos porque son personas que trabajan en servicios de emergencias de los gobiernos municipales de Baja California, y en muchos casos no están protegidos adecuadamente con prestaciones.

Por ende, se requiere que se les garantice la integridad humana como personas que son, que se les otorgue la vacuna contra Covid antes que a la población en general, y que sean tomados en cuenta para la inmunización dentro de los grupos prioritarios de las primeras etapas de vacunación. Ya que son los policías y bomberos quienes están trabajando por los ciudadanos, y en ocasiones sin la protección adecuada, porque a veces ni eso les proporcionan los gobiernos para los que trabajan.

Al día de hoy, el municipio de Tijuana, Baja California, ha sido el más afectado con contagios en las fuerzas policiales y en el área de bomberos, con alrededor de 500 contagios en ambas corporaciones, con 17 fallecidos.

Baja California sigue en semáforo rojo por la pandemia, y Mexicali y Tijuana están en el lugar 13 y 14 en la lista de mayores contagios en el país.

Por lo anterior es de carácter urgente que el gobernador y la Secretaría de Salud de la entidad, tomen las medidas necesarias para incluir en la vacunación lo más pronto posible a los elementos de policías y bomberos de Baja California.

En días recientes se inició el proceso de vacunación en el Estado de Baja California, en la que se aplicarán un total de 9,750 vacunas en esta primera etapa.

De este modo, se propone punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, a fin de que en el ámbito de sus competencias, gire instrucciones a la Secretaría de Salud de la Entidad, a efecto de que se vacunen contra Covid-19, dentro de los grupos prioritarios a policías y bomberos de todo el Estado de Baja California.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emite atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo de Baja California a fin de que en el ámbito de sus competencias, instruya a la Secretaría de Salud de la entidad a efecto de que se vacunen contra Covid-19 dentro de los grupos prioritarios a policías y bomberos de todo el estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.

Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a investigar mediante estudios técnicos independientes e informar a esta soberanía y a la opinión pública respecto a las causas reales del apagón que afectó a más de 10 millones de usuarios el 28 de diciembre de 2020, así como al diagnóstico del estado que guarda el sistema eléctrico nacional, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que ordene se investigue, mediante estudios técnicos independientes, e informe a esta soberanía y a la opinión pública, las causas reales del apagón que afectó a más de 10 millones de usuarios el pasado 28 de diciembre de 2020, así como el diagnóstico del estado que guarda el Sistema Eléctrico Nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de enero, en conferencia de prensa, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su equipo, señalaron como la razón del apagón que afectó a casi todo el país –10.3 millones de usuarios– por casi dos horas el pasado 28 de diciembre, a las centrales de energía fotovoltaica y eólica, dado que el incendio de pastizales en un predio de Tamaulipas, cuyo humo y cenizas ionizaron el aire y provocaron un desbalance entre generación y transmisión; lo que, expresó, sacó de operación a 18 centrales que dejaron de generar 9 mil 300 megavatio (MWh).

Es de señalarse que al día siguiente del apagón, después de haber realizado peritajes en la zona donde inició la falla, Noé Peña Silva, director de Transmisión de la CFE, explicó que la falla fue ocasionada por un incendio que se manifestó en el municipio de Padilla, Tamaulipas, el cual afectó las líneas de transmisión entre Linares y Ciudad Victoria, y que contaban con un oficio de Protección Civil del estado que confirma la ubicación del fuego.

Ahora bien, existe la disyuntiva de la existencia o no del incendio en el municipio de Padilla, el cual supuestamente afectó líneas de suministro, toda vez que el gobierno estatal, por conducto de Pedro Granados, coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, refiere que el documento con el que acreditó la CFE la existencia del incendio es apócrifo –que la rúbrica asentada no es de Emmanuel González Márquez, coordinador de Protección Civil en municipios, que carece de los sellos correspondientes y que el número de folio no es real–.

A este respecto, Manuel Bartlett aseguró que el incendio sí ocurrió y que se averiguará el tema para determinar responsabilidades respecto al oficio en cuestión, pero que ese tema es muy aparte.1 Es así que han surgido desacreditaciones entre ambas facciones, por lo cual queda en entredicho la capacidad de proveer electricidad en la CFE.

Con dicho apagón la CFE cerró el 2020 como año caracterizado por el asedio contra los generadores privados, quienes han acudido a los juzgados para frenar medidas administrativas que buscan sacarlos del mercado. Es de señalarse que en últimos días, un juez declaró inconstitucional el aumento de entre 407 y 775 por ciento a las tarifas de transmisión que CFE cobra a los privados con proyectos renovables de autoabasto.2

La CFE expresó que ordenará al operador del sistema eléctrico, el Centro Nacional de Control de Electricidad (Cenace) sacar de operación parte de la generación de las centrales verdes con el argumento de asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, pues en el momento del apagón, la generación con esas fuentes representaba 28.5 por ciento del total de la demanda, cifra históricamente alta.

Aseguró que la CFE no fue responsable de la falta de energía y que se trató de un caso fortuito, supuestamente comprobado con la participación de Protección Civil de Tamaulipas –lo que como ya hemos expuesto ha quedado en entredicho– lo que, asegura, lejos de que la CFE haya sido responsable, ha sido el sostén de esta situación. Los directivos aseguraron que la intermitencia de las energías renovables está causando mayores costos a la CFE, pues deben contar con un respaldo de energías tradicionales. Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de CFE, aseveró que la falla también está relacionada a los permisos otorgados en la reforma energética.3

Por su parte, el director del Cenace agregó que en los próximos cuatro años se espera una integración de 50 por ciento de las energías renovables en el SIN, lo que calificó como un riesgo.

Guillermo Arizmendi Gamboa, director corporativo de Planeación de la CFE subrayó que las energías renovables obligan a la CFE a dar respaldo al sistema con costo para la empresa estatal. Esto lo vamos a tener que replantear y tomar las acciones para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional”, afirmó, y adelantó que el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) ya está terminado y se encuentra en manos de la Secretaría de Energía para su revisión y posterior publicación.4

A pesar de estas declaraciones que, además de precipitadas denotan que si en tribunales no puede, la CFE intentará sacar de facto a los generadores de energías limpias que operan en el mercado mexicano, lo que reducirá considerablemente su producción anual; es necesario llevar a cabo los estudios técnicos de manera independiente que determinen y acrediten a través de un dictamen técnico y no de ruedas de prensa, las verdaderas casusas del apagón, a fin de evitar que CFE y Cenace se constituyan como juez y parte.

A este respecto, la senadora Xóchitl Gálvez ha expresado que un apagón como el del 28 de diciembre no ocurría desde 1981, lo que genera dudas respecto a lo dicho por Bartlett, quien insinuó que la culpa la tiene las empresas privadas, específicamente las que generan energía renovable.

Es innegable la gravedad de semejante falla eléctrica sobre todo en esta época, dado el impacto que seguramente tuvo en hospitales y en las casas con personas que están conectadas a un respirador a causa del Covid-19. Se estima evidente que la CFE y la Cenace mienten al afirmar que el mega apagón no generó daños porque los hospitales tienen planta de luz. Habría que comprobar si los hospitales contaban con suficiente combustible y debemos estar conscientes de que las clínicas rurales carecen de plantas de emergencia.5

Es destacarse que el ex director del Cenace, Alfonso Morcos, expresó que el apagón pudo evitarse con el correcto manejo del sistema, sin embargo, la dependencia no cuenta con el personal capacitado.6

Mientras tanto, la iniciativa privada y diversos especialistas consideran que es necesario invertir más en la infraestructura eléctrica en el país, principalmente en las actividades de transmisión (a cargo de la Comisión Federal de Electricidad), para fortalecer al Sistema Eléctrico Nacional.

“En los próximos años se requieren inversiones anuales en la infraestructura de transmisión y distribución por más de 21,000 millones de pesos y se requieren aproximadamente 43,000 millones de pesos para la instalación de 5,000 kilómetros (km) para fortalecer esta infraestructura. Esto para atender la demanda nacional de electricidad y así evitar la saturación”, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).7

Como hemos expresado ya en anteriores ocasiones, el sistema eléctrico se encuentra congestionado en sus líneas de transmisión, lo que, aunado a una mala administración y pésima política institucional de la CFE, así como a la falta de infraestructura, al aumento de la demanda y a la falta de disponibilidad de generación, ha generado costos excesivos, lo cual pone en duda la confiabilidad del sistema, muestra de ello es el apagón al que hemos hecho referencia.

Por ello, el gobierno federal debe, a través del diálogo, escuchar las propuestas y analizar la posibilidad de invertir y mejorar la penetración de energías renovables en México y adaptar el sistema eléctrico a fin de incrementar el uso de energías intermitentes.

De acuerdo con Gonzalo Monroy, analista en temas energéticos y director general de GMEC, se tiene que hacer una revisión exhaustiva del sistema de transmisión, porque no se sabe cuántos puntos más estén vulnerables. Se necesita más inversión en transmisión, para que las redes sean más sólidas y seguras. Pero se debe primero saber el diagnóstico del sistema de transmisión.

En este punto coincidió David Crisóstomo, director de la División de Gas Natural y Electricidad de IHS Markit: “Hay una realidad en México que se debe de reconocer y es que las inversiones en transmisión en el país se han ido rezagando. Hay una necesidad de crecer la capacidad de transmisión en muchas regiones del país”.8

Por su parte, Pablo Zárate, managing director de FTI Consulting, señaló que “México sigue teniendo un nivel de penetración de renovables baja”. Además de que la incorporación de renovables en los niveles que mencionó el Cenace (28.1 por ciento) no ha representado un reto significativo en otros países. “Pero de cualquier forma: la CFE debería estar buscando usar sus multimillonarias ganancias en transmisión y distribución para invertir en fortalecer el sistema y preparar a México para poder llegar en las próximas décadas a niveles altos de uso en energías renovables”.9

Para Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México (ICM) no es un tema nuevo que la política nacional en materia de electricidad es una política puramente ideológica y que trata una y otra vez de modificar la parte técnica y científica para lograr que no participen los privados. Afirmó que “lo primero que hizo la Secretaría de Energía (Sener) y CFE fue cancelar las subastas de largo plazo y las inversiones que estaban programadas en la extensión y fortalecimiento de la red eléctrica nacional. El propio gobierno es el que ha atentado contra la confiabilidad eléctrica nacional”.10

Para Acción Nacional es impostergable la necesidad de contar con un sistema eléctrico sólido, que cuente con gente capaz en los espacios técnicos. Y para ello, antes que nada, se requiere conocer las causas del apagón multirreferido, sus consecuencias, así como el diagnóstico técnico, no político, del estado que guarda el sistema eléctrico nacional.

Por ello, estimamos indispensable la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, para llevar a cabo la investigación correspondiente respecto a la veracidad o falsedad del oficio de protección civil respecto del incendio del 28 de diciembre de 2020, en relación con el apagón acontecido en la misma fecha, a fin de determinar las responsabilidades y sanciones a las que, conforme a derecho, hubiere lugar.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que ordene llevar a cabo las investigaciones y estudios técnicos independientes, e informar a esta soberanía y a la opinión pública, el dictamen diagnóstico que permita conocer la causa real del apagón del 28 de diciembre de 2020, así como el estado que guarda el sistema eléctrico nacional.

Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal por conducto de la secretaria de Energía, ingeniera Norma Rocío Nahle García, para que, en el marco de la revisión del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), analice y determine la conveniencia de impulsar las energías renovables, para fortalecer dicho sistema, en beneficio de todos los mexicanos.

Cuarto . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para propiciar el diálogo con la iniciativa privada, a efecto de analizar y determinar la eventual necesidad de inversión en la infraestructura eléctrica en el país, principalmente en las actividades de transmisión a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y, particularmente, en el fomento a las energías renovables, a fin de fortalecer al sistema eléctrico nacional, en beneficio de todos los mexicanos.

Notas

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/06/si-hubo-un-incendio-m anuel-bartlett-defiende-a-la-cfe-y-confronta-el-gobierno-de-tamaulipas/

2 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/da-golpe-la-cfe-a-energia-limpia/

3 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https:
//www.reforma.com/atribuye-cfe-a-incendio-en-pastizales-apagon-nacional/

4 https://www.energiaadebate.com/energia-limpia/a-revision-las-renovables -por-apagon-cfe/

5 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as px?urlredirect=https://www.reforma.com/piden-senadores-estudio-independ iente-sobre-apagon/

6 Ídem.

7 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Piden-mas-inversion-en-infraes tructura-electrica-20201231-0004.html

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el Insabi a realizar medidas conducentes a garantizar en los centros de salud del país el abasto de ácido micofenólico para pacientes con lupus eritematoso sistémico y personas con otras enfermedades, suscrita por la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Martha Estela Romo Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo que solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar a realizar las medidas necesarias para garantizar el abasto de ácido micofenólico que utilizan pacientes con lupus eritematoso sistémico y personas con otras enfermedades en todos los centros de salud del país.

Exposición de Motivos

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune. En esta enfermedad, el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano. Esta enfermedad puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. Las causas del LES no se conocen claramente, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América; sin embargo, puede estar asociada a factores genéticos, ambientales, hormonales o tras el consumo de ciertos medicamentos, según evidencia científica.

El LES es mucho más común en mujeres que en hombres por aproximadamente de 10 a 1. Esta enfermedad puede presentarse durante cualquier etapa de la vida. Sin embargo, aparece con mayor frecuencia en mujeres jóvenes entre los 15 y 44 años.

Los síntomas del LES pueden variar de una a otra persona. Sin embargo, todas las personas con LES padecen dolor articular e hinchazón en algún momento. Algunas desarrollan artritis. El LES generalmente afecta las articulaciones de los dedos de las manos, las manos, las muñecas y las rodillas.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos destaca también los siguientes síntomas comunes: Dolor torácico al respirar profundamente, fatiga, fiebre sin ninguna otra causa, malestar general, inquietud o sensación de indisposición, pérdida del cabello, pérdida de peso, úlceras bucales, sensibilidad a la luz solar, erupción cutánea e inflamación de los ganglios linfáticos.

Para hacer el diagnóstico de lupus, usted debe tener al menos 4 de 11 signos comunes de la enfermedad. Casi todas las personas que presentan lupus tienen una prueba positiva de anticuerpos antinucleares (AAN). Sin embargo, tener una prueba positiva de AAN por sí solo no significa que tenga lupus.

Al ser una enfermedad relativamente reciente en su descubrimiento y tratamiento, no existe una cura específica. El objetivo del tratamiento que actualmente se usa es controlar los síntomas. Los síntomas graves que involucran el corazón, los pulmones, los riñones y otros órganos, a menudo necesitan tratamiento de especialistas. El LES, en sus formas leves, se pueden tratar con antinflamatorios no esteroides, dosis bajas de corticosteroides, cremas que contienen corticosteroides para tratar las erupciones de piel, hidroxicloroquina, metotrexato, entre otros.

Asimismo, los tratamientos para el LES más grave pueden incluir dosis altas de corticosteroides, medicamentos que contengan micofenolato, azatioprina o ciclofosfamida, anticoagulantes, tales como la warfarina y, finalmente, medicamentos inmunosupresores, como el ácido micofenólico, medicamento por el cual se presenta el siguiente punto de acuerdo. Como se puede concluir, los pacientes con LES necesitan una variedad muy amplia de medicamentos, sin los cuales los síntomas se recrudecen.

En días recientes, diversas asociaciones que velan por el bienestar de las personas con lupus, han solicitado apoyo para que personas y organizaciones donen ácido micofenólico a pacientes que lo necesiten para continuar con su tratamiento; lo anterior, porque el gobierno federal no ha tenido la capacidad para conseguir y distribuir dicho medicamento. Finalmente, para considerar la gravedad del problema, se estima que en México hay 20 casos de LES por cada 100 mil habitantes, de los cuales, 90 por ciento son mujeres de 20 a 45 años de edad.

En virtud de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar a realizar las medidas necesarias para garantizar el abasto de ácido micofenólico que utilizan pacientes con lupus eritematoso sistémico y personas con otras enfermedades en todos los centros de salud del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputada Martha Estela Romo Cuéllar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz a incluir en el programa de obras de 2021 la reconstrucción del puente de Perera, pues en época de lluvias la corriente del río sobrepasa el puente e incomunica a Tampico Alto y Pánuco, suscrita por el diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo García Escalante, diputado a la LXIV Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El distrito I con cabecera en Pánuco, ubicado en la zona norte de Veracruz, el cual represento, se caracteriza por su cultura y tradiciones, con una belleza natural como ninguna otra parte del país, sin embargo, también se conoce por ser una de las zonas con extrema pobreza y alta marginación, comenzando por la escasa inversión en infraestructura, tanto por el gobierno federal, como del estatal.

Existen innumerables necesidades, pero una de las más demandadas es la rehabilitación de vías de comunicación de aquella zona, las cuales se encuentran destruidas por carecer desde hace varios años de mantenimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz.

Como todos sabemos, una comunidad que cuenta con vías de comunicación debidamente rehabilitadas le permiten tener un favorable desarrollo económico, en razón de que pueden transportar sus bienes y productos de manera rápida y segura, así como el traslado de estudiantes, docentes y pobladores en general, resulta ampliamente eficaz, ya que llegan en un tiempo mucho menor a sus destino, sin afectar sus vehículos, sin contratiempos y puntuales.

Es el caso que se requiere de manera urgente de la reconstrucción del puente de Perera, cuya ubicación es en el municipio de Tampico Alto, Veracruz, teniendo 75 metros lineales de largo, y en época de lluvias quedan incomunicados los pobladores de los municipios de Pánuco y Tampico Alto, ya que el cauce del río rebasa la altura del actual puente, no sin antes hacer significar que es el único camino que conecta a estos dos municipios, de ahí la enorme necesidad de rehabilitar o reconstruir dicho puente.

Asimismo, es de imperiosa necesidad la rehabilitación del camino de Tamante de Pánuco, Veracruz, a Perera de Tampico Alto, Veracruz, el cual es la continuación del puente Perera antes mencionado, pues se encuentra en completo olvido, lleno de baches, y en su mayor parte prácticamente terracería y, sólo cuando es época de zafra, el ingenio Pantaleón o las asociaciones cañeras, lo intentan rehabilitar para hacerlo un poco más transitable.

Como podemos observar, la zona norte del estado de Veracruz requiere de manera urgente inversión de infraestructura carretera, en razón que la mayoría de sus caminos están destruidos y en completo olvido, provocando un revés en la economía de sus pobladores y un retroceso en la educación de la niñez y juventud, ya que los estudiantes que tienen la necesidad de asistir a Pánuco a sus escuelas, en época de lluvia les es imposible.

También existen otros dos caminos más de mi distrito que requieren de rehabilitación urgente, siendo el camino de Topila, entre el kilómetro 22 al 26, el cual comunica a los municipios de Tampico Alto con Pueblo Viejo, Veracruz, y que su óptimo estado beneficiaría a más de 6 mil habitantes.

El mismo caso es el camino Paso de Piedras de Pánuco, Veracruz, paso de camiones, ya que es un libramiento de la ciudad de Pánuco, el cual se encuentra en completo olvido y su reconstrucción permitiría un mejor tránsito de camiones pesados que actualmente atraviesan la ciudad y que significan un riesgo para la población ante un eventual accidente.

Compañeros legisladores, solicito su apoyo a efecto de aprobar estos puntos de acuerdo, para que el gobierno del estado de Veracruz voltee hacia aquella zona que requiere de urgente inversión para contar con mejores vías de comunicación y, de esa manera, cuenten con una mejor calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, a que dentro de su programa de obras para el Ejercicio Fiscal de 2021, incluya la reconstrucción del puente de Perera, ya que en época de lluvias la corriente del río sobrepasa el puente e incomunica a los municipios de Tampico Alto y Pánuco, así como la rehabilitación del camino de Tamante, tramo Perera a Pánuco, que es la continuación del puente, obras que beneficiarán a más de 7 mil habitantes del norte de Veracruz.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz a que dentro de su programa de obras para el Ejercicio Fiscal de 2021, incluya la rehabilitación del camino de Topila, entre el kilómetro 22 al 26, del municipio de Tampico Alto Veracruz y el camino Paso de Piedras de Pánuco, Veracruz, ya que son indispensables para la intercomunicación de más de 10 mil habitantes del norte de Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputado Ricardo García Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SRE para informar a esta soberanía respecto a la situación de al menos 80 trabajadores a quienes a finales de diciembre se anunció el despido de los consulados donde prestaban servicios, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta soberanía la situación laboral que enfrentan al menos 80 trabajadores que a finales de diciembre se les anunció su despido de los distintos consulados en los que prestaban sus servicios, bajo al argumento que el departamento de estado no renovaría sus visas A2 y garantizar la calidad y la continuidad de las operaciones y servicios de las representaciones diplomáticas en Estados Unidos de América (EUA), asegurar el personal necesario para su pleno funcionamiento y garantizar los derechos laborales del personal local en sus consulados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Comité de Empleados Consulares Mexicanos en Estados Unidos envió una carta al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en la que le piden resolver la situación que enfrentan al menos 80 trabajadores que a finales de diciembre se les anunció su despido de los distintos consulados en los que prestaban sus servicios, bajo al argumento de que el Departamento de Estado no renovaría sus visas A2 en los meses próximos.

Nos extraña esta decisión en esta época tan difícil donde hay una crisis laboral, económica y de salud en el país y en donde los esfuerzos del gobierno federal deben de ser humanitarios y solidario no lo contrarió con los trabajadores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia del pasado 8 de enero, se comprometió a no eliminar el derecho de trabajo de los empleados consulares, pero éste solo es letra muerta, ya que fueron despedidos más de 80 trabajadores. Es un hecho sin precedentes que comenzó a ocurrir el 23 de diciembre pasado, justo al día siguiente en donde declaro en medios: “Nos encontramos en negociaciones para resolver su situación laboral que es incierta y no es justa”.1

Este acto unilateral e inesperado de los despidos dejó a docenas de empleados con más de 20 años de servicio y a nuestras familias en el limbo laboral, económico, sin un estatus migratorio en EUA y sin tiempo ni recursos suficientes para realizar preparativos básicos para un regreso digno y ordenado a nuestro país, en contexto inusualmente complicado determinado por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Es por lo anterior que es imperante se le dé contestación a este punto de acuerdo y se le dé respuesta a los empleados locales consulares que solicitan la reinstalación inmediata de los trabajadores despedidos o, en su defecto, indemnización o compensación acorde sus años de servicio y que se resuelva su situación consular dando una moratoria en todos los despidos hasta que el Departamento de Estado emita una decisión sobre las visas A2. Así como el reconocimiento oficial de empleados como trabajadores de la Secretaría, con todos los derechos y obligaciones que la ley laboral indica.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta soberanía la situación laboral que enfrentan al menos 80 trabajadores que a finales de diciembre se les anunció su despido de los distintos consulados en los que prestaban sus servicios, bajo al argumento que el Departamento de Estado no renovaría sus visas A2 y garantizar la calidad y la continuidad de las operaciones y servicios de las representaciones diplomáticas en Estados Unidos de América, asegurar el personal necesario para su pleno funcionamiento y garantizar los derechos laborales del personal local en sus consulados.

Nota

1 https://conexionmigrante.com/2021-/01-/14/
despiden-a-80-trabajadores-de-consulados-de-mexico-en-eeuu-exigen-reinstalacion-o-pago/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa y la Sedena a informar a esta soberanía a quiénes se ha aplicado la vacuna y en qué estados se les da prioridad, así como aplicar rigurosamente la política nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov2 para prevenir el Covid-19 y castigar el mal uso y manejo de su aplicación, suscrita por los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Saraí Núñez Cerón, Adolfo Torres Ramírez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de la Defensa Nacional para que informen a esta soberanía a quiénes se les ha aplicado la vacuna y en qué estados se les está dando prioridad así como aplicar rigurosamente la política nacional rectora de vacunación contra el virus Sars-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 y que se castigue el mal uso y manejo de la aplicación de priorización de la vacuna contra el virus Sars-CoV-2, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió a finales de 2019 (SARS-CoV-2). La pandemia de Covid-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de 200 países, y con más de 60 millones de casos hasta la fecha (diciembre de 2020). El mundo –ha esperado– contar... con una vacuna efectiva contra esta enfermedad, como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad.1

Es por lo anterior que el gobierno federal de nuestro país emitió el documento Política Nacional Rectora de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la Covid-19 , este documento define la política nacional de vacunación contra el virus que ocasiona la enfermedad infecciosa Covid-19 la última versión está contemplada el 12 de enero de 2021, publicado en la página web:

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/P olVx_Covid_-11Ene2021.pdf.

Este documento toca los siguientes ejes de priorización de la vacunación en México:

La estrategia de contención de defunciones, propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por Covid-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.

Ninguna vacuna será aplicada a personas menores de 16 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y mujeres embarazadas. Con base en los resultados de este análisis, los grupos priorizados en orden de prelación son: 1. Personal sanitario que enfrenta Covid-19 (estimado en un millón de personas) 2. Personas adultas mayores: a. Mayores de 80 años (2,035,415 personas) b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668 personas) c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671 personas).

3. Personas con comorbilidad o comorbilidades a. Obesidad mórbida b. Diabetes mellitus c. Hipertensión arterial sistémica d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica e. Asma f. Enfermedades cerebrovasculares g. Infección por VIH h. Enfermedad renal crónica i. Estados patológicos que requieren de inmunosupresión j. Cáncer en tratamiento 4. Personal docente de las entidades federativas en semáforo epidemiológico verde. 5. Resto de la población (mayor a 16 años).

Esta estrategia, recomendada por el Grupo Técnico Asesor para la Vacuna (GTAV), es la que más rápidamente reduce el número de muertes secundarias al virus SARS-CoV-2.

En el primer grupo, trabajadores de la salud, se contemplan 11 subgrupos que incluyen al personal que trabaja en el cuidado, al interior o afuera de las instituciones formales de salud con potencial exposición a personal, pacientes o material potencialmente contaminado con el virus SARS CoV-2:

1. Enfermería

2. Inhaloterapia

3. Medicina

4. Laboratorio y química

5. Radiología

6. Camillería

7. Limpieza e higiene

8. Operación de ambulancias

9. Manejo de alimentos

10. Asistentes médicos

11. Trabajo social

Es por lo antes mencionado, la importancia de ejecutar los pasos de vacunación bajo la Política Nacional Rectora de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la Covid-19 , el Presidente de la República, junto con su súper subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, tienen como rehén político y moneda de cambio las vacunas que las y los mexicanos pagaron para aplicar a las personas adultas mayores y la primera fila de combate en contra del Covid en teoría y en su documento antes mencionado está expuesto, pero en la práctica es todo lo contrario, ya que los personajes antes mencionados lo utilizan para operar políticamente ante las elecciones de este año, está el claro ejemplo de los “Servidores de la Nación” o “Siervos de la Nación” ha causado polémica por no ser personal médico que está en la primera línea frente a la epidemia.

En redes sociales y medios de los estados, se reportó que “Servidores de la Nación” en municipios de Jalisco y Guanajuato, habían recibido la vacuna de Covid-19, lo que causó indignación pues hay muchas quejas de médicos, camilleros y paramédicos que no han sido contemplados para ser inmunizados.

Los “Servidores de la Nación”, quienes son los encargados del levantamiento del Censo de Bienestar del actual gobierno, a través de los que se reparten los programas y ayudas sociales, ahora también coordinan las “Brigadas Correcaminos” de vacunación.

Este fin de semana se dieron a conocer a través del periódico El Correo , de Guanajuato, diversas imágenes que demuestran cómo en varios municipios de la entidad los “Servidores de la Nación” recibieron las vacunas.

No obstante la ya mencionada Política Nacional Rectora de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención del Covid-19, en la que señalaron claramente que primero se vacunarían los profesionales de la salud que están en hospitales Covid y posteriormente se comenzaría a vacunar por rangos de edad, comenzando con los adultos mayores. El pasado sábado 16 del presente mes, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en conferencia de prensa que los “Servidores de la Nación” estaban incluidos en el Plan de Vacunación.

En ese sentido, el propio Hugo López-Gatell, señaló también que “los ‘Servidores de la Nación’ forman parte de las Brigadas Correcaminos, son de hecho quienes coordinan las Brigadas Correcaminos y está indicado en el Plan de Vacunación que los miembros de la brigada también sean vacunados”.

Asimismo, indicó el subsecretario que “no es una anomalía, no es un abuso, es parte de lo que está planeado”. Funcionario quien en un principio llamó a denunciar formalmente estos hechos y no dejarlos en acusaciones para que pudieran ser investigados y minutos más tarde aclaró que también están incluidos en la vacunación.

En cambio el documento de la Política Nacional de Vacunación, actualizado el 11 de enero, previo a la llegada del cargamento de más de 439 mil dosis, no lo detalla así. La única mención que se hace a ellos es sobre la conformación de las brigadas.

“Para esta segunda etapa se ha establecido por instrucción presidencial una estrategia federal denominada “Operativo Correcaminos”, cuyo objetivo es lograr la cobertura de toda la población mexicana (susceptible a recibir la vacuna) de manera eficaz y eficiente, en los tiempos establecidos”, dice el documento.

“En esta etapa se consideran más de 10 mil puntos de vacunación en las 32 entidades federativas del país. Se integrarán brigadas de 12 miembros, que contemplan a 30 mil servidores de la nación adscritos a la Secretaría del Bienestar, además del personal de las diversas instituciones del Sector Salud, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y personal voluntario (en caso de requerirse)”.

Es por lo anterior que debemos tener cuidado de no romper esa delgada línea del populismo y clientelismo que maneja el Presidente López Obrador al manipular el uso de las vacunas ya que esto genera desigualdad entre la ciudadanía y sus servidores públicos y también un desanimo de la primera línea que lucha contra esta crisis sanitaria, asimismo, no es justo que por tener su cultivo de votos activo y vigente para estas próximas elecciones, sea su prioridad y no la salud de las y los mexicanos, es indigente las declaraciones y contradicciones de los propios funcionarios públicos federales que al ser descubiertos en la aplicación de la vacuna a familiares y funcionarios de alto rango y su núcleo operativo del presidente sean vacunados y no los que están luchando contra esta pandemia.

Por lo antes fundado y motivado, nos permitimos someter a la elevada consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de la Defensa Nacional para que informen a esta soberanía a quiénes se les ha aplicado la vacuna y en qué estados se les está dando prioridad así como aplicar rigurosamente la política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 y que se castigue el mal uso y manejo de la aplicación de priorización de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

Notas

1 Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México. Documento rector. Enero 12, 2021 vigencia hasta una nueva revisión https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11En e2021.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Diputados: Saraí Núñez Cerón, Adolfo Torres Ramírez (rúbricas).


Excitativas

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, a emitir el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, presentada el 29 de abril de 2019, a cargo de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gina Andrea Cruz Blackledge, senadora de la república en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67, párrafo 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General; 21, fracción XVI, y 85, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; 8, párrafo 1, fracción III, 214, párrafos 1 y 2, y 216 del Reglamento del Senado de la República; formulo a usted la presente solicitud de excitativa para que se requiera a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos que procedan a dictaminar mi iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, presentada el 29 de abril de 2019 y sobre la que ya se formuló excitativa a las dictaminadoras el 9 de octubre del mismo año.

La regulación de la facultad del presidente de la República para disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, ordenada por el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2019, ha sido objeto de recientes análisis constitucionales entre los que destaca la sentencia dictada con motivo del juicio de amparo indirecto 390/2020 otorgado por el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato.

Esta sentencia declaró inconstitucional el acuerdo del presidente de la República por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, entre otras razones por estimar que se violó el principio de reserva de ley.

Esto significa que la regulación de la participación de la Fuerza Armada permanente debe resolverse mediante una ley que emita el Congreso de la Unión, sin que al Poder Ejecutivo le alcance su facultad reglamentaria para resolver esta cuestión.

Debo enfatizar que el acuerdo presidencial ha sido declarado inconstitucional. Esto significa que la participación de la Fuerza Armada permanente no puede aplicarse, concretamente y por lo pronto, respecto de los quejosos que interpusieron el amparo. Sin embargo, esta es la antesala de que otras personas puedan promover amparos similares con lo que resultaría totalmente ineficaz el acuerdo presidencial y nuestra Fuerza Armada estaría de plano impedida para colaborar en tareas de seguridad pública.

Por ello presenté hace casi dos años la iniciativa de Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, instrumento que vendría a resolver el problema de constitucionalidad señalado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esta Comisión Permanente atentamente pido

Único. Formular excitativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos del Senado de la República para que procedan a dictaminar mi iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, presentada el 29 de abril de 2019.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PVEM

La reforma educativa del 2019 permitió que en nuestro país la educación este basada en el respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, a fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles.

Por tanto, los planes y programas de estudio deben incluir la educación ambiental para la sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del cambio climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la participación social en la protección ambiental.

La educación ambiental un proceso pedagógico dinámico y participativo, se busca despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel mundial como a nivel local.1

En la Declaración de Estocolmo en 1972, se debatió por primera vez la importancia de cuidar el medio ambiente, así como el uso de estrategias y técnicas pedagógicas que hablen sobre la conservación de los recursos naturales, estableciendo que el 26 de enero se conmemorará como el Día de la Educación Ambiental.

El objetivo de la educación ambiental es crear conciencia en las personas y los gobiernos, respecto de la necesidad de participación para conservar y proteger el medio ambiente. En cuanto los temas que promueve la educación ambiental son muy bastos y enriquecedores, ejemplo de ello son los temas orientados al cuidado del agua, la importancia de las áreas verdes urbanas, el valor de la biodiversidad, la modificación de nuestros hábitos de consumo, la separación de residuos, la calidad del aire.

Es importante señalar que la educación sobre el cuidado del medio ambiente no solo se promueve dentro de un aula de clases, si no también, a través de talleres, cursos, conferencias, eventos masivos, actividades de reforestación y limpieza de playas, entre otros factores por las que las personas pueden crearse una educación ambiental. Gracias a este tipo de actividades organizadas por instancias gubernamentales, organizaciones políticas, civiles o particulares, hemos incrementado en la población la conciencia ambiental en niños y adultos.

La forma de erradicar el daño al medio ambiente tiene que ser a través de la educación del cuidado ambiental, pues al generar una conciencia sobre este tema en los salones de clases; los alumnos tendrán conocimientos más precisos sobre los daños que se pueden causar al medio ambiente con las actividades de la vida cotidiana de los hombres.

Para el Partido Verde es de gran relevancia generar una cultura ambiental en los ciudadanos mexicanos, ya que de esta manera la preservación ambiental creará una sociedad más dinámica y limpia.

Por lo anterior, el Partido Verde en la discusión de la reforma educativa de 2019 instó a resaltar la importancia de la educación ambiental, en los planes y programas de estudio.

Nota

1 http://www.semarnatcam.campeche.gob.mx/26-de-enero-dia-de-la-educacion- ambiental/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (Rúbricas)