Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a impulsar por la Segob y la Sedatu una campaña nacional de regularización territorial para brindar certeza jurídica a los poseedores de inmuebles sin escritura pública, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 76, 78 de la Constitución Política, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Consideraciones

En México, se estima que 70 por ciento del crecimiento de la superficie urbana de las últimas cuatro décadas se ha constituido por asentamientos informales, concentrando 15.3 por ciento de la población urbana.1 También, se calcula que existen entre 7 y 7.5 millones de lotes que carecen de certeza jurídica2 producto de la ocupación irregular de suelo.

El fenómeno de la ocupación irregular es motivado por diversas causas: los elevados precios del suelo en zonas urbanas centrales, el desbordamiento de falsos liderazgos que prometen vivienda, la consolidación del mercado informal de suelo en la periferia y la falta de coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno responsables del ordenamiento territorial y la regulación del crecimiento urbano en suelo agrario.

En tales circunstancias, es primordial atender la problemática del suelo desde un enfoque orientado a la prevención de la irregularidad y redireccionar la acciones institucionales involucradas, hacia el fortalecimiento de su capacidad operativa y de gestión.

En este tipo de asentamientos se producen efectos que impactan negativamente en la calidad de vida de sus habitantes como son la falta de acceso a servicios, equipamientos urbanos y áreas verdes, así como una alta exposición a enfermedades, aunado a la violencia y segregación socioespacial.

Si bien no existen cifras precisas sobre el número y superficie de los asentamientos irregulares en el país; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que cerca de 6.3 millones de viviendas urbanas no cuentan con escrituras, lo que representa el 27 por ciento del total.3

Otro de los temas a destacar es la falta de certeza jurídica de los bienes de dominio público como son las calles, equipamientos e infraestructuras en los asentamientos irregulares, los cuales representan cerca del 40 por ciento de la superficie.4

En narradas condiciones, a pesar de que nuestra Constitución federal fue la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales, las posibilidades de su defensa judicial se encuentran aún en construcción. Lo anterior es asi, debido a que, en México, no existe información estadística que permita conocer a cabalidad el número de personas en asentamientos informales, dejándolos para efectos prácticos invisibles.

Esto trae como consecuencia que ni asociaciones civiles ni autoridades gubernamentales puedan adoptar medidas progresivas tendentes a mejorar su situación de vivienda.

De conformidad con el artículo 26, inciso B, de la Constitución contamos con un Sistema Nacional de Información Estadística y de Geografía, presidido por el Inegi, el cual es un organismo autónomo facultado, y con exclusividad, de recabar datos estadísticos en México. Además, conforme a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se puede identificar claramente que el Inegi tiene entre sus funciones producir información, relativa a la población y dinámica demográfica, distribución de ingreso y pobreza, vivienda, agua, suelo y la que resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional.

A partir de junio de 2020, el Inegi debe incluir en sus censos de población a los habitantes de los asentamientos humanos informales, los cuales no contabilizaban cuando carecen de una dirección o ubicación oficial.

Esto lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver un amparo promovido por la asociación civil. “Un techo para mi país México”; en el que consideró que si el Inegi no censa a los asentamientos informales y a la gente que habita en ellos, se invisibiliza su situación y el Estado no tendría la información necesaria para tomarlos en cuenta en sus políticas públicas.

La sentencia aprobada obliga a levantar este censo conforme a los parámetros internacionales: “se concede el amparo para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice los censos y acciones necesarias a fin de recabar información desagregada solicitada por la quejosa sobre dichos asentamientos informales o irregulares en situación de pobreza que define la Organización de Naciones Unidas.”

Fué la primera vez que la SCJN abordó la situación de la población que habita en asentamientos informales, reconociéndola entre los sectores más desprotegidos del país por la falta de acceso a una vivienda adecuada.5 Incluso hace especial énfasis en el hecho de que la información estadística de estos sectores se requiere para la declaración de zonas de atención prioritaria en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados.

Consideraciones

Primera. Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la propiedad de las tierras y agua comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, misma que podrá ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización, e imponer las modalidades que dicte el interés público.

Segunda . Uno de los grandes problemas para la toma de decisiones sobre la regularización territorial es la falta de coordinación, participación y colaboración interinstitucional e intergubernamental, para la gestión y regularización del suelo de las autoridades federales, estatales y locales para articular de forma coordinada la gestión de su territorio y en particular del suelo.

La insuficiencia de espacios para facilitar la mediación y el diseño participativo de soluciones contribuyen a generar en el territorio prácticas no deseables como son los procesos de especulación del suelo y el surgimiento de asentamientos desvinculados del área urbana consolidada, lo que abona al aumento de los costos públicos del modelo disperso de crecimiento urbano.

Tercera . La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) es la entidad del gobierno de México encargada de los temas de desarrollo agrario, desarrollo urbano y vivienda. Tiene como misión impulsar el desarrollo territorial sostenible e incluyente del país mediante el diseño, coordinación e implementación de políticas de ordenamiento territorial, desarrollo agrario y desarrollo urbano y de vivienda adecuada, con un enfoque transversal y articulado con el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de contribuir a la mejora del bienestar de la población que habita o transita en el territorio nacional.

Sin embargo, al interior de la Sedatu se reconoce que la falta de producción de información interna oportuna para adaptar las políticas públicas del sector ha condicionado la toma de decisiones y el impacto de los resultados esperados en el tema. Aunado a lo anterior, se suman la existencia de procesos dispares en los criterios de gestión de la información que dificultan la homologación de datos y la atención integral de las problemáticas.

Como ejemplo, es la falta de actualización de muchos de los registros públicos de la propiedad y los catastros en México y la desarticulación entre las políticas fiscales con las de planeación territorial se ejemplifica en el bajo reconocimiento del impacto económico de las decisiones de desarrollo urbano sobre la propiedad. Por ello es necesario la asesoría a entidades y municipios para promover la captación y aportación de capitales destinados a proyectos en beneficio de la ciudad, bajo esquemas de colaboración pública, privada y social que se posicione como una alternativa viable ante la compleja situación financiera de las administraciones locales.

Cuarta. La Secretaría de Gobernación atiende el desarrollo político del país y coadyuva en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con los otros Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos en un estado de derecho.

La misión de esta Secretaría es contribuir a la gobernabilidad democrática, a la paz pública y al desarrollo político a través de una buena relación del gobierno federal con la ciudadanía, sus órganos de representación en los sectores social y privado, los Poderes de la Unión y los demás órdenes de gobierno, para garantizar la unidad y seguridad nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos en un Estado de Derecho.

Quinta . Que la irregularidad en la tenencia de la tierra a lo largo de todo el país se origina, en gran medida, por contratos de compraventa celebrados sin cumplir con las formalidades de ley, así como por transmisiones hereditarias y legales verbales, lo cual ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan.

Además en México, existen asentamientos irregulares en suelo urbano, en predios cuya lotificación o fraccionamiento se han efectuado sin contar con las autorizaciones o permisos correspondientes y que han sido enajenados a terceros, en consecuencia, sus respectivos poseedores carecen de título válido, lo que también crea inseguridad juridica respecto a la tenencia de la tierra, circulación clandestina de la misma, así como el no pago de contribuciones, por no encontrarse debidamente registrados, por lo que se considera necesario establecer facilidades administrativas en favor de los poseedores y que participen en algun programa de regularización de la tenencia de la tierra a nivel nacional.

Sexta. Sin olvidar las áreas verdes inmersas en el territorio mexicano, que cumplen con muchas funciones en beneficio de sus habitantes. Estos aspectos funcionales de las áreas verdes están basados en los valores ecológicos y sociales de los espacios libres con una predominancia vegetal. Lo anterior incluye a todas las categorías siguientes: áreas naturales protegidas, reservas ecológicas comunitarias, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas de valor ambiental, barrancas, bosques urbanos y parques.

Es por ello que, en cualquier proyecto de regularización territorial, se debe tener presente garantizar el derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de los mexicanos en los términos que establecen las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial y de protección a los animales aplicables.

Séptima . Para alcanzar los objetivos de la regularización territorial, se debe atender ciertamente las caracteristicas de la irregularidad, las condiciones juridicas del inmueble, el uso a que estan destinados, la relación entre quien cede la propiedad y quien la adquiere, las caracteristicas de la documentación existente y su validez legal.

Lo que se pretende es que, la autoridad con facultades de coordinación entre los poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno abandere esta campaña nacional y que, señale un espacio para que se lleven acciones coordinadas a las que se les de seguimiento y se disminuyan tiempos, para agilizar los procesos de regularización de la tenencia de la tierra en colaboración con los actores involucrados.

Lo anterior, con la finalidad de coadyuvar a la consolidación del patrimonio familiar y a la tranquilidad social de la ciudadanía, lo que repercute directamente en su calidad de vida, ya que la regularización conlleva la dotación de infraestructura, de servicios urbanos, además de contribuir al mejoramiento del sistema de reordenamiento urbano del país, en términos de uso y destino del suelo asi como al establecimiento de nomenclatura de calles, colonias, pueblos y barrios.

La culminación del proceso de regularización de los asentamientos humanos en suelo habitacional es la obtención de una Escritura o una Sentencia, con lo que se consolida el Patrimonio Familiar de los mexicanos proporcionándoles certeza jurídica.

Octava. El gran reto es entonces asegurar el ejercicio del derecho a la propiedad, al ofrecer la certeza jurídica que ampara la posesión de tierra como patrimonio, mediante la regularización del suelo y, gestionar nuevos esquemas de regularización que se adapten al rezago generado por el patrón actual de ocupación territorial.

A partir de los planteamientos anteriores, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . Esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión se hace un respetuoso exhorto a los poderes de la unión, órdenes de gobierno, colegios de notarios, organizaciones civiles, academía, medios de comunicación y a los actores involucrados, según sus atribuciones; impulsar una campaña nacional de regularización territorial con la finalidad de generar una estrategia que permita brindar certeza jurídica a los posedores de inmuebles que por alguna causa no detenten su escritura pública, y de esta manera se mejore la calidad de vida de las y los mexicanos.

Proponiendose especialmente, lo siguiente:

• Que el titular del Ejecutivo federal, emita un acuerdo en virtud del cual, instruya a los servidores y servidoras publicas, titulares de las dependencias, organos desconcentrados y entidades de la administración pública federal, a realizar acciones de coordinación para agilizar los procesos de regularización de la tenencia de la tierra, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales, y para que traves de las Secretarías de Gobiernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se instale y coordine una Comisión Nacional Regularización Territorial, considerando el marco de atribuciones y competencias de las autoridades que la integren.

• Que el Congreso de la Unión ralice foros, mesas de trabajo y diversos instrumentos a efecto de analizar las disposiciones aplicables para la regularización territorial, y en su caso se realicen las adecuaciones pertinente a la legislación correspondiente.

• Que el Poder Judicial aporte los criterios necesarios para aplicarlos en las diversas vías de regularización territorial, con un enfoque de derechos humanos.

• Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en cumplimiento de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, realice los censos y acciones necesarias a fin de recabar información desagregada solicitada sobre los asentamientos informales o irregulares en situación de pobreza que define la Organización de Naciones Unidas.

• Que el notariado nacional, mediante una jornada nacional contibuya con su pericia, en temas de regularización territoral y ofrezcan descuentos en el pago de honorarios en la materia.

• Que los medios de comunicación y asociaciones civiles, participen activamente y en la difusión de las acciones que rodaen la politica de regularización territorial.

Notas

1 Alfonso, Iracheta. (2015). “Ciudad informal y precaria: La otra cara de la urbanización mexicana”. En Guillermo Olivera (coordinador), La urbanización social y privada del ejido. Ensayos sobre la dualidad del desarrollo urbano en México (páginas 19-78). Ciudad de México: UNAM-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

2 Sedatu (2018). Sistema Urbano Nacional 2018. Ciudad de México: Conapo-Sedatu. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400771/SUN_2018.pdf

3 Inegi (2018). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/

4 Edith, Jiménez y Guillermo, Padilla. (2018). “La regularización y titulación de los asentamientos humanos irregulares de propiedad privada en Jalisco”. En A. Iracheta, L. Jaloma y E. Soto (coords.), Suelo urbano en México. Retos y oportunidades para su administración y registro (páginas 51-80). Ciudad de México: UNAM. Disponible en http://www.7cnsu.unam.mx/pdf/sexto_congreso.pdf

5 Proyecto de sentencia del amparo en revisión 635/2019, página 20.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2021.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la Ssa y la Secretaría de Bienestar a abstenerse de utilizar con fines electorales en el marco de los comicios federales de 2021 el programa de vacunación emergente por Covid-19, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Ricardo Flores Suárez, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Hernán Salinas Wolberg, Janet Melanie Murillo Chávez, Mariana Dunyaska García Rojas, Fernando Torres Graciano, María de los Ángeles Ayala Díaz, Lizbeth Mata Lozano, Jaquelina Martínez Juárez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, María Liduvina Sandoval Mendoza, Raúl Gracia Guzmán, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Martha Elisa González Estrada, Silvia Guadalupe Garza Galván, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Karen Michel González Márquez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Miguel Alonso Riggs Baeza e Iván Arturo Rodríguez Rivera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante la llegada a México del quinto cargamento de Pfizer y BioNtech, con más de 439 mil dosis, comenzó la distribución nacional de la vacuna en más de 800 centros de salud ubicados en las 32 entidades federativas. Ante este enorme despliegue de funcionarios públicos y la necesidad de la población mexicana por ser vacunada, es evidente cómo la aplicación de la vacuna puede prestarse a un uso político y con fines electorales. La logística que plantea el Gobierno Federal donde se utiliza a los Centros Integradores del Bienestar y los Siervos de la Nación, como pieza fundamental en la aplicación de la vacuna, hace evidente el enorme riesgo que existe en que la aplicación de la vacuna tenga una finalidad electoral y sea un poderoso instrumento con el cual el gobierno coaccione y manipule el voto con miras a la elección federal del presente año.

A pesar de que la administración del fármaco debería ser un tema totalmente médico y de salud pública, el Gobierno Federal ha decidido formar las Brigadas de Vacunación Correcaminos con dos servidores de la nación, un promotor del bienestar y un promotor del programa Becas Benito Juárez, además del personal de salud y militar. La participación de servidores públicos encargados de gestionar y entregar apoyos sociales representa un riesgo inminente para transformar esta campaña de salud en una campaña de adoctrinamiento y manipulación política. No podemos permitir que un programa tan importante y esencial para millones de mexicanos sea convertido en un instrumento político. La vida de miles de mexicanos depende de la correcta y oportuna aplicación de este fármaco, por lo que es injusto y despiadado que se utilice esta vulnerabilidad y urgencia para conseguir un rédito político.

El próximo 6 de junio estarán llamados 92.4 millones de mexicanos a una jornada donde se elegirán más de 21 mil cargos públicos, entre ellos 300 diputados federales. El que la vacuna se convierta en una dádiva, representaría un ataque frontal a la democracia mexicana y pondría en riesgo la salud de millones de mexicanos. Por esta razón, es necesario que la Secretaría del Bienestar no se involucre en la campaña de vacunación y sea responsabilidad única e integral de la Secretaría de Salud. El programa de vacunación debe ser entendido y tratado como una campaña de salud pública y no a la dispensa de un programa social.

Debido a esta situación y con el inicio formal del programa de vacunación, hago un llamado urgente al presidente López Obrador y a los secretarios de Salud y Bienestar para que eviten usar la vacuna del Covid-19 con finalidades políticas o electorales y que garanticen la equidad y universalidad de su aplicación. Todo esto, a fin de proteger la integridad del proceso electoral de 2021.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela; y al secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, a evitar el uso del programa de vacunación emergente por Covid-19 con fines electorales o políticos y garantizar la equidad y universalidad de su aplicación.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela; y al secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, a asegurarse de que la Secretaría del Bienestar y los servidores de la nación no se involucren en la ejecución de la campaña nacional de vacunación por Covid-19 y sea responsabilidad única e integral de la Secretaría de Salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2021.

Diputados: Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica), Ricardo Flores Suárez, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Hernán Salinas Wolberg, Janet Melanie Murillo Chávez, Mariana Dunyaska García Rojas, Fernando Torres Graciano, María de los Ángeles Ayala Díaz, Lizbeth Mata Lozano, Jaquelina Martínez Juárez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, María Liduvina Sandoval Mendoza, Raúl Gracia Guzmán, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Martha Elisa González Estrada, Silvia Guadalupe Garza Galván, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Karen Michel González Márquez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Miguel Alonso Riggs Baeza.

Con punto de acuerdo, para solicitar a la SHCP que, en términos de los artículos 5 y 14 de la Ley de Planeación, presente una evaluación del cumplimiento de metas del PND 2019-2021 y, en su caso, propuestas de adecuaciones correspondientes a él, en virtud de los efectos de la pandemia del Covid-19, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Dulce María Sauri Riancho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Antecedentes

Nuestro país tiene una larga tradición, desde el siglo XX, de buscar orientar las acciones de gobierno y las responsabilidades del Estado, a través de planes y programas. Destacan las experiencias del Partido Nacional Revolucionario y del presidente Lázaro Cárdenas del Río del Plan Sexenal de 1933, después, el Plan de Acción Inmediata de 1962, con el presidente Adolfo López Mateos, y el Programa de Desarrollo Económico y Social de México para el periodo 1966-1970 del presidente Díaz Ordaz, por mencionar los más relevantes.

Aunque, fue hasta 1983 que se llevaron a cabo reformas a los artículos 25, 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle al Estado la rectoría del desarrollo nacional y otorgarle a la planeación, un rango constitucional, ese mismo año, se expidió, el 5 de enero, la Ley de Planeación (aún vigente), que creó el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que involucra a las dependencias federales, poderes de la Unión, a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad, a través de sus organizaciones, en dicha actividad.1

En estricto sentido el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, fue el primero en contar con un Plan Nacional de Desarrollo de 1983 a 1988, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1983.2

Sin embrago y ante una crisis mundial, originada por los precios internacionales del petróleo, que trastocó a casi todas las economías occidentales, en 1980, el Presidente José López Portillo, planteó con el consenso de otros sectores productivos del país, el Plan Global de Desarrollo,3 como medida emergente ante los problemas externos de la economía. Y aun, no teniendo los mejores resultados en dicha materia, su sexenio, a muchos se les olvida, tuvo un crecimiento promedio anual del producto interno bruto de 6.5 por ciento.4

Ese Plan, que salvó muchas de las cosas que la crisis del petróleo arrasó en otros países, fue calificado en su momento por el diputado Pablo Gómez, entonces miembro del bloque comunista, en la Cámara de Diputados, como un no plan, porque a su juicio no existían en nuestro país elementos de planeación, ya no digamos, sino no existían verdaderos instrumentos de planeación y el presidencialismo era uno de los diques que existían en este sentido.

Textualmente, el diputado Gómez, el 9 de septiembre de 1980, expresaba y se preguntaba en esta Tribuna:

“No es un plan, es un conjunto de elementos ideológicos, es un instrumento de propaganda ideológica, muy bien, tiene derecho el gobierno a hacer propaganda ideológica, que la siga haciendo, pero ¿Por qué hemos nosotros de caer en el garlito de que eso es un plan?”.5

Pues paradojas de la historia, casi cuarenta años después, el diputado Gómez y una mayoría poca proclive a converger e incorporar ideas de la oposición, y en cambio sí, a facilitar el retorno de un presidencialismo desmesurado, aprobaron un Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2019-2024, con los mayores tintes ideológicos y falta de rigor metodológico de los últimos seis sexenios.

De acuerdo con el Partido de la Revolución Democrática: “improvisación y desdén caracterizaron la actitud del presidente en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Andrés Manuel López Obrador asistió tan solo a un foro de consulta, realizado en sus oficinas de Palacio Nacional, sin que escuchara más que a sus propios secretarios del gabinete. Con tiempo de sobra, preparó de espaldas a la sociedad el que debiera ser su proyecto estratégico para México. Si se cuentan los cinco meses de la transición desde que resultó electo hasta su toma de posesión, y luego los otros cinco meses, desde diciembre de 2018 hasta el último día de abril de 2019, el titular del Ejecutivo dispuso de diez meses, casi un año, para elaborar el proyecto de PND 2019-2024. Diez meses desaprovechados para hacer a cabalidad una planeación democrática del desarrollo.”6

Para otros sectores como el empresarial o el académico, “el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue muy deficiente, al no contener acciones y metas concretas que promovieran y detonaran el desarrollo económico y social del país. De hecho, los empresarios pidieron rectificar el Plan y ampliar el plazo para su discusión y aprobación, criticaron y apuntaron que el Plan Nacional de Desarrollo no es un plan, “porque no señala acciones y metas concretas, es un listado de buenos deseos y México merece más que esto. Podría considerarse como un anteproyecto que es bastante mejorable con las propuestas de todos los sectores”.7

Para otros expertos, mas sobresalían en el texto: “una fijación enfermiza con el pasado; también, afirmaciones sin ningún tipo de evidencia, que llegan a ser obvias mentiras. Utiliza un lenguaje ampuloso, hueco y grandilocuente con pretensiones de gesta histórica. Revela una inquietante lejanía del rigor metodológico, la técnica, y la racionalidad, y desconoce reglas de articulación lógica entre medios y fines.”8

El Caos y la Oportunidad Perdida

Ante la primera ocasión en cuarenta años, en que el Poder Legislativo, estuvo facultado, para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, se desperdició la oportunidad, de hacer un trabajo conjunto, y el propio gobierno aseveró que cambió el Plan que le había presentado su primer secretario de hacienda (por el Ley el encargado de coordinarlo) y que lo sustituyó, en una semana, por un documento, el cual no tuvo foros, consultas, ni la participación social que la Ley de Planeación, obliga para arribar a un auténtico instrumento de Planeación Democrática.9

Para confirmar las fallas y deficiencias, el Ejecutivo federal hizo llegar a la Cámara de Diputados, dos documentos. El primero, titulado Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, consistente en 63 páginas, en el cual se señala que, con su envío, se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Planeación, acompañado de oficio dirigido al Presidente de la Mesa Directiva, signado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo, titulado Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, consistente en 225 páginas, en el cual se señala que, con su envío, se da cumplimiento a lo establecido en el inciso A. del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene Carta del Presidente, cuyo contenido fue incompleto y negado por el propio Presidente, pero que contenía indicadores metas y objetivos y que, finalmente se determinó como un Anexo.10

Finalmente, y con el apoyo de la Cámara de Diputados y pese a que el documento tenía fallas metodológicas y muchos aspectos que mejorar, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y fue remitido al Ejecutivo para su publicación, lo cual ocurrió en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de julio de 2019.

Luego e incumpliendo otra vez la Ley de Planeación, se tardaron más de seis meses, que era el plazo establecido para publicar los Programas Espaciales y Sectoriales, los cuales se en su mayoría, se publicaron hasta junio de 2020.

Objetivos y Metas Propuestas

Pese a la problemática documental y falta de rigor metodológico, se pueden destacar algunas de las metas y objetivos, que se planteó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2023,11 de forma sintética, como las siguientes:

-Un México con instituciones fuertes;

-Una sociedad participativa;

-Un crecimiento de producto interno bruto al final del sexenio del 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4 por ciento,

-Empleos suficientes para todos los que se agreguen anualmente al mercado laboral, con una tasa de desocupación mínima;

-Una mejor distribución de la riqueza;

-En 2021 deberá cumplirse la meta de alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol;

-En 2024 autosuficiencia en arroz, carne de res, cerdo, aves y huevos;

-En 2024 las importaciones de leche habrán disminuido considerablemente, la producción agropecuaria en general habrá alcanzado niveles históricos y la balanza comercial del sector dejará de ser deficitaria;

-Un México donde nadie padezca hambre;

-En 2024, la pobreza extrema estará erradicada;

-En 2024 no habrá carencias de servicios médicos o de salud;

-En 2024 los mexicanos no emigrarán por falta de oportunidades;

-En 2024 se reducirían los índices delictivos en 50 por ciento;

-La realidad nacional ya no sería referente en el mundo por casos de desaparecidos o violaciones a los derechos humanos y

-En 2024 desaparecería la corrupción política.

Los Indicadores y los Datos Base

Como lo describimos, en el documento que después, se consideró un anexo, se consignaron además los índices por cada rubro y la meta a la que se espera llegar en 2024. También se describen en forma resumida algunos de ellos.12

De acuerdo con el Plan, se espera que, para 2024, 20 millones de personas hayan salido de la situación de pobreza y 5 millones de la pobreza extrema. Aunque la meta es clara, el documento no dice qué indicador se utilizará para medir el avance y tampoco menciona la línea base, es decir, la cifra de la que se parte. Según el Coneval, en 2016 había más de 53.2 millones de personas en situación de pobreza (400 mil más que en 2010), de los cuales 20.7 millones eran menores de 18 años.

En el caso de la incidencia delictiva, los indicadores que se tomarán en cuenta son la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes y la percepción de inseguridad, ambas del Inegi. Para la reducción de la tasa, la meta para 2024 es de 33 mil 219 delitos, cuando —según los datos citados— la línea base de 2017 es de 39 mil 369, es decir, 6 mil 150 menos delitos. Esto significa una reducción de 18.5 por ciento, no de 50 por ciento, como se menciona en la carta de López Obrador.

Mientras tanto, en el caso de percepción de inseguridad, la meta en seis años es que sea de 39.4 por ciento, cuando la línea base en 2018 es de 79.4 por ciento, es decir, se busca llegar a 40 puntos porcentuales menos.

Respecto del fortalecimiento del estado de derecho, se tomó en cuenta el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, en el que se miden ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Para este caso, la meta es de 0.60 de puntaje en el índice, en el cual en 2017-2018 se obtuvo 0.45.

También se consideraron los subíndices de democracia y estado de la democracia del Índice de Transformación Bertelsmann. En el campo que evalúa la gobernanza, el desempeño de la administración pública y el liderazgo en el país, la línea base (2018) es de 5.2 y se espera llegar en 2024 a 8.2, mientras que en el que evalúa el desarrollo democrático de un país —teniendo como base aspectos como la participación política, el Estado de derecho, la estabilidad de las instituciones democráticas y la inclusión social—, el objetivo es llegar a 9.1 del 6.1 en el que se ubica México actualmente.

Para acabar con la corrupción e impunidad, uno de los objetivos principales del gobierno federal fue mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad. Para dar seguimiento a este rubro y medir el avance, se planeó tomar como indicador la tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados en la vida cotidiana, del Inegi. En este rubro, la meta es llegar a una tasa de 6 mil 878 víctimas para 2024, cuando la línea base de 2017 es de 14 mil 635, es decir 7 mil 757 personas menos. También, se planteó llegar a 22 por ciento en el porcentaje de personas que tienen la percepción de que hay prácticas de corrupción en el gobierno federal, cuando en 2018 el porcentaje fue 86.5, según el índice del Inegi.

La Imposición de la Realidad

Luego de dos años de una gestión gubernamental bastante deficiente y de la implosión mundial que ha causado la pandemia ocasionada por el coronavirus, se ha analizado que al menos el 42 por ciento de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2021 registra retrocesos.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Educativos y Sociales y reportado por varios medios de comunicación, ello coloca al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el de menor capacidad para cumplir con sus propias metas, en las últimas dos décadas y de hecho como el gobierno, con menor capacidad de cumplir sus propias metas durante el presente siglo, para el mismo periodo.13

Tomando en cuenta dicho estudio, en lo que va del presente siglo, en sus dos primeros años de gobierno, esta ha sido la evaluación de las metas e indicadores de los Planes Nacionales de Desarrollo, de Vicente Fox a Andrés Manuel López Obrador, los presidentes del siglo XXI mexicano:

*Significa que el indicador es menor a su línea base.

Fuente: Seguimiento de Metas del Gobierno Federal hacia 2021, Área de investigación de SPM, con base en el estudio del Centro de Estudios Educativos y Sociales.

En dicho informe de Seguimiento de metas del gobierno federal hacia 2021,14 se establece que, de un total de 43 indicadores planteados en el documento rector del Ejecutivo federal, sólo 6 por ciento presenta un avance completo, porque van en la línea correcta para alcanzar la meta proyectada el cierre del sexenio. Entre esos, se encuentran el porcentaje de confianza en el gobierno federal y la percepción de corrupción en la administración federal.

Con retrocesos están, entre otros, la eficiencia del sistema educativo, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, el porcentaje de personas incluidas en el sistema financiero y la participación de energías limpias en generación de electricidad, entre otros.

Si se analiza por cada uno de los ejes planteados en el Anexo (no oficial) del PND: El Eje 1: Justicia y Estado de Derecho, consiste en garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, y según el reporte mencionado, los indicadores con retrocesos en esa materia son los referentes al Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el Subíndice de Gobernanza del Índice de Transformación de Bertelsmann, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, la percepción de inseguridad y los proyectos de colaboración y de promoción en beneficio del desarrollo nacional impulsado mediante acuerdos políticos y la tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados.

Los que registran avances son: el porcentaje de confianza en el gobierno federal, en el número de recomendaciones y observaciones hechas por las investigaciones del Índice Universal de Derechos Humanos y la percepción de corrupción del gobierno federal.

De acuerdo a los datos más recientes y usando los indicadores del PND del eje 1, hay solamente un avance del 49 por ciento con respecto a los indicadores y sus objetivos, a lo que se debería de haber logrado para el 2020, dadas las metas planteadas en el PND.15

En el Eje 2: Bienestar, referente a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los objetivos que registran retrocesos son: los referentes al número de personas que salen de la línea de pobreza y de la línea de pobreza extrema, la eficiencia del sistema educativo, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad y el porcentaje de viviendas fuera del rezago habitacional y sin acceso a servicios básicos en la vivienda.

Los que muestran avances son: el porcentaje de mayores de 18 años y más activos físicamente en los ámbitos rural y urbano.

De acuerdo a los datos más recientes y usando los indicadores del PND, hay un retroceso del 35 por ciento con respecto los indicadores del Eje 2 y sus objetivos a lo que se debería de haber logrado para el 2020, dadas las metas planteadas en el Plan.

Destaca además el retroceso del 150 por ciento en el número de personas que salen de la situación de pobreza, que es, de 20 millones según la meta del 2024. Y el número de personas que salen de la situación de pobreza extrema tasado en 5 millones, según la meta para 2024, tiene hoy un retroceso del 450 por ciento.

Respecto del Eje 3: Economía, el reporte señala que los objetivos en los que no se ha avanzado, sino retrocedido, son: la productividad total de los factores, el porcentaje de personas incluidas en el sistema financiero, el índice de desarrollo del sistema financiero, la participación de energías limpias en la generación de energía eléctrica, el porcentaje de la producción de granos básicos y leche respecto al consumo nacional y el índice de divisas internacionales por concepto de turismo.

De acuerdo con el documento, los objetivos que muestran avances en este rubro son: la mediana del ingreso mensual real de los ocupados de 15 años y más, y el resultado de la innovación en el estudio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

Pandemia, Gestión y Perspectivas

Pero entre las enormes deficiencias de la agestión pública mostradas en el primer año del actual sexenio, que desincentivo la inversión pública y privada y la irrupción de la pandemia, la realidad que se ha impuesto, es por demás desalentadora y compleja.

De acuerdo con el Centro de Estudios del Empleo Formal, a lo largo de 2021 la pobreza laboral, crecerá 10 por ciento ante la precarización de los puestos de trabajo, se ve altamente complicado que en tres meses se puedan crear un millón de empleos, como lo prometió el Presidente López Obrador.16

De acuerdo con información del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza por Intervalo de Salarios, que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al tercer trimestre de 2020 la pobreza laboral alcanzó a 44.5 por ciento de la población. Lo anterior representa un incremento de casi 10 por ciento entre el primer trimestre y el tercer cuarto de 2020, principalmente a causa de la pandemia de Covid-19. La pobreza laboral es una situación en la que el ingreso de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. A lo que hay que añadir que, 47.6 por ciento de la población de 65 años o más, no cuenta con los suficientes recursos para satisfacer sus necesidades básicas, amén de que 38.3 por ciento de ellos sufre de pobreza por una o más carencias.17

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer que la tasa de condiciones críticas de ocupación se ubicó en 24.1 por ciento, lo que afecta a 12.3 millones de trabajadores en el país. En 2020, este indicador registró más 12.9 millones de empleados bajo esta circunstancia.18

Miguel Acosta, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, señaló que los empleos que se crean actualmente son de baja calidad y en términos sociales, las familias se quedan sin ingresos para consumir bienes y servicios, pues priorizan las necesidades básicas. Los que se dedicaban a un empleo formal van a ver cómo brincan a la informalidad para compensar la falta de ingresos en sus hogares.19

Bajo ese escenario, Carlos Vázquez Vidal, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC, ha hecho ver que, mientras un niño recién nacido en 2020 pagaría 138 mil 770 pesos en aportaciones netas, para recibir servicios de salud, educación y una pensión, uno nacido en este 2021, deberá abonar en impuestos unos 992 mil 066 pesos a lo largo de su vida para recibir lo mismo. En otras palabras, bajo las condiciones actuales, futuras generaciones pagarían 616 por ciento más para recibir iguales bienes y servicios público.20

Desafortunadamente de acuerdo a los analistas nacionales y extranjeros, la economía mexicana, durante el 2020, tuvo una contracción de 9 por ciento y es muy probable que, tendrá en 2021, un periodo muy malo y será una de las más afectadas en la región, de acuerdo con Alejandro Werner Wainfeld, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Esto aun, tomando en cuenta que México se está beneficiando ya de la recuperación del sector manufacturero en Estados Unidos, de la recuperación de las ventas de automóviles, y también de la recuperación de las remesas.21

Pero aun con estos factores que deberían ayudar a la economía mexicana y, que ayudaron al pronóstico de una contracción mayor a 10 por ciento a una contracción de 9. por ciento Sin embargo, una contracción de 9 por ciento en 2020 y una posible recuperación de 3.5 por ciento para el presente año, va hacer que el bienio 2020-2021, sea un periodo muy malo para la economía mexicana, señaló el mismo Werner Wainfeld, durante la conferencia de prensa del FMI sobre las últimas perspectivas económicas regionales para América Latina y el Caribe.

Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), ha advertido que nuestro país, podría alcanzar, una recuperación económica como la de los niveles previos a la crisis sanitaria por el Covid-19, hasta el 2025. Durante la presentación del Informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020. Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pos-pandemia de Covid-19, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de dicha Comisión, sostuvo que la caída del producto interno bruto (PIB) de México será de 9 por ciento en el 2020, similar a la estimación previa.22

Lo más preocupante añadió Bárcena, es que las secuelas y los efectos del Covid-19 a mediano plazo, van a ser mayores a lo que se pensaba; es decir:

a) Va a durar más de lo que se pensaba; y

b) Va haber efectos en el crecimiento, en el desempleo, en la desigualdad y en la pobreza, que van hacer más largos de lo esperado.

Estimó además que una recuperación total se alcanzará, hasta el 2025. Y advirtió que, no es momento de austeridad, por lo que resaltó que las inversiones son temas de importancia para nuestro país.23

Honorable Asamblea

Por todo lo lamentablemente descrito, consideramos que no deben existir más oportunidades perdidas y que deben realizarse los ajustes necesarios para llevar a cabo un auténtico y realista proceso de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional.

Es urgente y obligatorio redefinir las prioridades y los alcances de nuestros objetivos, como nación y aquilatar con realismo el impulso del sector público federal y su concurrencia con los gobiernos estatales, el sector social y privado, en el desarrollo nacional.

Tanto la pandemia mundial, como la falta de una buena gestión nacional de ella, han impactado en todos los pronósticos y metas a considerar para atender a la población y satisfacer sus necesidades.

Mal haríamos en no rectificar el camino ni replantearnos las prioridades nacionales.

Este Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, y el Ejecutivo federal, cuentan con facultades para corregir y redimensionar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-20124 y reorientar sus objetivos, ante un cúmulo de escenarios emergentes, adversos y complejos.

El artículo 5o. de la Ley de Planeación establece que:

“...el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan [Nacional de Desarrollo].”

Por su parte, el artículo 14, fracción VII, también de la Ley de Planeación determina que, es obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

VII. Verificar, periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades del Plan y los programas regionales y especiales a que se refiere esta Ley, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, el Plan y los programas respectivos...

Y a su vez, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal mandata a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a:

XXIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaria Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, para que, derivado de los impactos ocasionados por las crisis financiera y sanitaria, originadas por la pandemia provocada por el virus SARS COV 2:

1. Informe del avance en el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como de los presuntos retrocesos mayores al 40 por ciento de los indicadores, respecto de su línea base.

2. Informe las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y las necesarias propuestas para reformar, en su caso, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que deba de conocer y aprobar la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4805876&fecha= 31/05/1983&cod_diario=206852

2 https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4805876&fecha= 31/05/1983&cod_diario=206852

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4851638&fecha=17/04/1 980

4 Termómetro de la economía mexicana, indicadores históricos 1935-2020 en http://www.mexicomaxico.org/Voto/termo.htm y https://larouchepub.com/spanish/other_articles/2004/Memoria_JoLoPo/03Pl anIndustMexico.html

5 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos “LI” Legislatura registrado como artículo de 2a. clase en la administración local de correos, el 21 de septiembre de 1921 año II México, d. f., martes 9 de septiembre de 1980 tomo II.- núm., en 5http://cronica.diputados.gob.mx/

6 http://diputadosprd.org.mx/PDN%202019-2024.pdf

7 https://aristeguinoticias.com/1706/mexico/critican-empresarios-plan-nac ional-de-desarrollo-frente-a-diputados/

8 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Plan-Nacional-de-Desarrollo-perplejidad-y-preocupacion-1-20190510-0027.html

9 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/
version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-miercoles-22-de-abril-de-2020?idiom=es

10 http://gaceta.diputados.gob.mx/

11 Ibidem

12 Ibidem

13 Incumplen 42% de Plan de Desarrollo en https://www.reforma.com/incumplen-42-de-plan-de-desarrollo/ar2080351?re ferer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—

14 https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/sipormexico/pages/127/attachments/original/
1606834559/SPM_Indicadores_PND_30_Nov_2020.pdf?1606834559

15 https://www.reforma.com/incumplen-42-de-plan-de-desarrollo/
ar2080351?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—

16 https://www.razon.com.mx/negocios/preven-incremento-10-pobreza-laboral- mexico-419261

17 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza_Laboral_ETOE.aspx

18 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/iooe/io oe2020_04.pdf

19 https://www.razon.com.mx/negocios/preven-incremento-10-pobreza-laboral- mexico-419261

20 Futuras generaciones pagarán 616% más por mismos servicios públicos en
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/
futuras-generaciones-pagaran-616-servicios-publicos-419509

21 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/
este-es-el-mix-que-propone-el-fmi-para-que-mexico-tenga-mejores-politicas-sociales-y-finanzas

22 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/
recuperacion-de-la-economia-de-mexico-a-nivel-previo-a-pandemia-sera-hasta-2025-cepal

23 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los partidos políticos con registro nacional a coordinarse con sus dirigencias estatales para evitar promover en el proceso electoral de 2021 candidaturas de propietarios de empresas que hubiesen sido sancionadas por la SFP o tenido antecedentes de violencia familiar o contra las mujeres, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los partidos políticos con registro nacional a considerar acordar con sus dirigencias estatales coordinarse para evitar promover candidaturas de personas que sean propietarias de empresas que hubiesen sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública o que hubiesen tenido antecedentes de violencia familiar o contra las mujeres en el proceso electoral del presente año, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La participación en los asuntos públicos dentro de una democracia es una actividad que exige una serie de características en los perfiles de quienes se desempeñan como representantes populares entre las que debe contarse vocación de servicio, empatía, sentido de justicia y honestidad, entre otras virtudes y cualidades.

Desafortunadamente la mayoría de estas características y cualidades no son visibles a simple vista y la ciudadanía difícilmente puede evaluarlas objetivamente antes del día de la elección por lo que corresponde a las instituciones generar condiciones para apoyar a la ciudadanía en ese examen.

Consecuentemente, entre los parámetros básicos para ubicar la ausencia o presencia de esta clase de valores en un servidor público está el comportamiento público de las personas y la ausencia de comportamientos abusivos, violentos o poco éticos como lo son la violencia familiar, la violencia contra las mujeres o comportamientos rapaces ante el presupuesto.

Consecuentemente sería benéfico para la salud de nuestras instituciones democráticas que los partidos políticos pusieran como mínimo aceptable para promover candidaturas un comportamiento no violento, mismo que resulta inexistente en quien ha tenido antecedentes de violencia familiar.

Asimismo, sería deseable que quienes representen a la nación en cualquiera de sus ámbitos y ramas no muestre signos de intolerancia, mentalidad machista o ejercicio abusivo de la fuerza como sucede en quienes han tenido antecedentes de violencia contra las mujeres.

Adicionalmente, como ha afirmado el presidente de la República, “El servicio público no es para hacer dinero”,1 por ello cualquier persona que hubiese usado una situación de poder público para beneficiarse económicamente al margen de lo que marca la ley, debe ser considerada nociva para la cosa pública, y consecuentemente quienes tengan empresas que hubiesen sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública y hoy busquen candidaturas deberían ser excluidos en beneficio de la nación.

Lo anterior pareciera evidente y natural, e incluso en cuanto a la violencia contra las mujeres se refiere, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya se ha pronunciado para que los partidos políticos rechacen la violencia contra las mujeres a través iniciativas como el formato “3 de 3 contra la violencia” publicado en el acuerdo número INE/CG691/2020, del 21 de diciembre de 2020.2 Sin embargo, a pesar de ello ya existen al menos tres ejemplos de personas que no cubren esos mínimos requerimientos para ejercer en el servicio público. Entre estos casos, ventilados por la prensa nacional y local podemos encontrar a un aspirante a la Gobernatura del estado de Guerrero acusado de violación;3 un aspirante a la gobernatura de Michoacán a quien se le ha señalado de omisiones en acoso sexual,4 y el caso de un aspirante a presidencia municipal en Jalisco cuyas empresas fueron sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.5

Derivado de todo lo anterior, el presente punto de acuerdo plantea un exhorto a las fuerzas políticas que tienen registro como partidos a nivel nacional a que inviten y acuerden con las dirigencias locales de sus partidos a no promover candidaturas de personas con antecedentes de violencia contra las mujeres o cuyas empresas hubiesen sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.

Por lo expuesto y fundado me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los partidos políticos con registro nacional a acelerar y redoblar esfuerzos para revisar con sus dirigencias estatales los procesos destinados a acatar el acuerdo INE/CG691/2020 sobre los formatos “3 de 3 contra la violencia” a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y para fortalecer y transparentar los procesos conducentes a evitar la promoción de candidaturas de personas que sean propietarias de empresas que hubiesen sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública o que hubiesen tenido antecedentes de violencia contra las mujeres en el proceso electoral del presente año.

Notas

1 Redacción de Aristegui Noticias, 4 de diciembre de 2018. Véase https://aristeguinoticias.com/undefined/mexico/el-servicio-publico-no-e s-para-hacer-dinero-ganar-600-mil-pesos-al-mes-un-acto-de-deshonestidad -amlo/

2 Acuerdo disponible en

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/han dle/123456789/116222/CGex202012-21-ap-7.pdf

3 Ezequiel Flores Contreras, “Fiscalía de Guerrero confirma segunda denuncia por violación contra Salgado Macedonio”, en Proceso, 15 de enero de 2020. Disponible en

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/14/
fiscalia-de-guerrero-confirma-segunda-denuncia-por-violacion-contra-salgado-macedonio-256289.html

4 De acuerdo con fuentes periodísticas, el profesor Raúl Morón Orozco se negó a investigar casos de acoso sexual en el ayuntamiento de Morelia. Paola Mendoza, “Denuncian ex trabajadores municipales acoso laboral y sexual dentro del ayuntamiento moreliano”, en El Sol de Morelia, 18 de febrero de 2020. Disponible en
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/
denuncian-extrabajadores-municipales-acoso-laboral-y-sexual-dentro-del-ayuntamiento-moreliano-4852891.html

5 Forbes Staff, “SFP sanciona a empresa de Carlos Lomelí, ex superdelegado de Jalisco”, en Forbes, 27 de julio de 2020. Disponible en https://www.forbes.com.mx/politica-sfp-sancion-empresa-carlos-lomeli-ex -superdelegado-jalisco/

Dado en la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Cenace a hacer pública de manera detalla y asequible la información sobre el mantenimiento y la planeación del SEN, suscrita por el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Ricardo de la Peña Marshall , diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislaciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Diciembre de 2020 y enero de 2021 han estado marcados por accidentes, o situaciones de riesgo en donde la seguridad de la transmisión de la energía eléctrica ha puesto en riesgo la seguridad de la población.

Si bien estos accidentes no son comunes, sí se tiene el registro de un corte en el suministro eléctrico en septiembre del 2017 en la península de Yucatán.

Ante estos acontecimientos no solo es necesario dar una solución al momento, es importante atender las causas principales de los apagones e incendios en donde se ha visto implicada la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto con la intención de evitar riesgos o peligros futuros.

El pasado 28 de diciembre de 2020 se presentó una falla eléctrica que dejó a cerca de 10.5 millones de usuarios sin electricidad, derivado de ello, la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informaron que la falla se originó en una línea de transmisión que corre de Tamaulipas a Nuevo León, esto por un incendio en pastizales de Tamaulipas y una carga máxima histórica de energías renovables en las líneas de transmisión eléctricas del país, lo cual provocó un apagón de aproximadamente 90 minutos.

El incendio provocó que primero saliera afectada la línea del l noreste y posteriormente salió una segunda línea, que afectó el occidente y el centro del país, resultando en un total de 15 entidades federativas afectadas.

Porcentaje de Usuarios afectados por el apagón de diciembre 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevista de Forbes a titular de la empresa estatal Manuel Bartlett.

Esta falla en el sistema eléctrico afectó a aproximadamente al 23 por ciento de los usuarios, lo cual de acuerdo con las palabras del director del Cenace Carlos Meléndez a Forbes, “equivale al consumo diario del Valle de México”.1

Si bien el titular de la CFE, Manuel Bartlett, ha mencionado “que la carga de energía que se tenía no solo fue por parte de la estatal, ya que también se considera la producción de las privadas”,2 ante ello, es necesario reconocer e informar de manera transparente, que el proceso de generación de electricidad es diferente al proceso de transmisión y consumo de electricidad, si bien estas etapas están enlazadas, la responsabilidad de cada uno recae en direcciones diferentes.

Funcionamiento General de la Producción – Consumo de la Energía Eléctrica

Si bien un desbalance en la energía se puede presentar existiendo o no la energía renovable, para mantener este balance, se tienen filtros que regulan el flujo de la energía en las líneas de transmisión.

Dentro del Presupuesto al Ramo 53 correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad se desglosan los gastos de operación y mantenimiento a la infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica, mismos que del 2018 al 2020 sufrió una reducción en términos reales de aproximadamente el 33 por ciento del presupuesto, y para el 2021 se incrementó en un 15 por ciento en términos reales.

Es necesario atender el problema de raíz y bajo una línea de hacer y decir lo socialmente correcto con el fin de reducir los peligros futuros y contar con un informe integral sobre el mantenimiento y planeación en la Red Nacional de Transmisión (RNT). Cabe señalar que la CFE en especial CFE Transmisión es la única subsidiaria que registra utilidades constantemente.3

-2017 - $ 13.3 mmdp.

-2018 - $8.6 mmdp.

-2019 - $18.3 mmdp.

Por otro lado, el pasado sábado 9 de enero se desenergizaron las dos líneas de alta tensión que suministran de energía al edificio del Puesto de Control Central del Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo cual provocó que salieran de servicio las líneas de la 1 a la 6, esto derivado de un incendio.

Si bien, los transformadores afectados no son de CFE, sí se ha mantenido en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para que se restablezca la operación del Metro y se recurrió a instalar dos plantas de emergencia, para restablecer de manera provisional el suministro eléctrico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal, para que, a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y en el ejercicio de sus atribuciones legales, haga pública la información de manera detalla y accesible, sobre el mantenimiento y planeación del Sistema Eléctrico Nacional.

Notas

1 ¿Qué tan grande fue el apagón eléctrico que sufrió México?, 29 de diciembre 2020. https://www.forbes.com.mx/economia-grande-apagon-electrico-mexico/

2 Idem

3 [1]Datos de los reportes financieros de CFE transmisión 2017 – 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero 2021.

Diputado Ricardo de la Peña Marshall (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar acciones relacionadas con la investigación de la caza de bisontes americanos en Coahuila, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz y suscrita por Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados Francisco Elizondo Garrido y Nayeli Arlen Fernández Cruz , del Grupo Parlamentario de Morena; Arturo Escobar y Vega , en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alfredo Antonio Gordillo Moreno , Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe , del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En días pasados, diversos medios de comunicación difundieron la imagen de cazadores con un cadáver de bisonte americano en las inmediaciones del Rancho Buena Vista, en el municipio de Ocampo, Coahuila.

Las imágenes muestran a dos personas que exhiben la caza de dicho ejemplar aparentemente como una práctica cotidiana; de manera paralela, las autoridades ambientales de nuestro país, específicamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expresaron que ya se encontraban atendiendo el suceso.

Lo relevante de dicho acontecimiento se funda en la importancia de cuidar una de las especies más protegidas en el mundo, se trata del mamífero terrestre de mayor tamaño en el continente americano, cuya distribución abarcó alguna vez los territorios de Canadá, Estados Unidos y México.

Por lo que hace a nuestro país, el bisonte americano habitaba en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango; sin embargo, fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando se registraron las últimas presencias de ejemplares de dicha especie.

Entre los servicios ambientales que prestan los bisontes americanos se encuentra la dispersión de semillas, el favorecimiento del pastoreo selectivo y el mantenimiento de la estructura y funcionamiento de los pastizales, según lo señala la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Actualmente, el bisonte americano es una especie que se encuentra en peligro de extinción, por lo que la recuperación de sus poblaciones en el norte del país resulta clave para que, entre otras cosas, se logren restaurar los pastizales nativos de la región.

Atendiendo a lo anterior, el mes de marzo del año pasado la Conanp anunció la reintroducción exitosa del bisonte americano en el norte de nuestro país,1 con 19 ejemplares en la Reserva Natural El Carmen, en Coahuila, para establecer la segunda manada de conservación de esta especie en México.

La Conanp también señaló que El Carmen es un área privada transfronteriza de conservación, la cual contiene cinco diferentes ecosistemas que son hábitat de diversas plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios en sus más de 140 mil hectáreas. El Carmen es una de las cinco áreas silvestres más grandes del mundo y dentro de sus principales objetivos está la recuperación de la fauna nativa mediante el manejo y protección de las poblaciones y de su hábitat, así como la reintroducción de especies extintas de la región.

La reintroducción de los ejemplares de bisonte americano fue reconocida como un gran logro para la conservación de especies que se encuentran amenazadas, gracias a las importantes alianzas forjadas entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Asimismo, se señaló que con esta nueva manada se reforzaba el compromiso de México con la protección de una especie emblemática para Norteamérica.

Desafortunadamente, los acontecimientos que se hicieron públicos la semana pasada en los medios de comunicación nos muestran sólo una parte de la posible gravedad del problema, pues ello se suma a otras denuncias, las cuales muestran que podría no tratarse de un hecho aislado en la zona y que la caza de bisontes americanos podría ser una práctica común. El Sol de México , periódico de circulación nacional, publicó una nota el pasado 14 de enero2 donde expone las actividades realizadas en el Rancho Buena Vista, el cual ofrece de una a dos cacerías de bisontes al aire libre por año.

La página de internet del Rancho Buena Vista se refería a esta práctica de la siguiente manera: “La caza se realiza en los pastizales bajos donde habitualmente se encuentran los toros viejos pastando”.

Asimismo, como parte de la descripción del servicio ofertado, se explicaba que: “La temporada de reproducción es de agosto a septiembre, similar a la temporada de reproducción del alce. Sin embargo, es mejor cazarlos en invierno (diciembre a febrero)”.

Si bien el portal electrónico del Rancho Buena Vista fue eliminado tras las denuncias, El Sol de México tuvo acceso a algunas capturas de pantalla del mismo en donde se describen los costos e historia de los servicios ofertados: “Somos un auténtico rancho mexicano, de propiedad familiar y operado por más de 4 generaciones. El rancho cubre más de 100 mil acres en propiedad de caza. Puede optar por cazar con un rifle o un arco y le proporcionaremos su propio guía. Ofrecemos muchos paquetes de caza con todo incluido que le darán la experiencia de su vida”.

El propio medio refiere que esa era la descripción del lugar a la cual, hasta hace algunos días, se podía acceder sin problema y que su principal público era de procedencia estadounidense, toda vez que la información estaba disponible únicamente en idioma inglés.

Adicionalmente, se publicaba que los servicios incluían: “tres comidas por día, refrigerios y bebidas para el viaje de caza. Después del día de caza, regresará al albergue donde podrá sentarse junto a una cálida chimenea y compartir sus historias de caza con su familia, amigos o sus nuevos amigos en el rancho”.

Respecto al costo de la actividad, se habla de dos tipos de paquetes: caza mayor y caza de depredadores. En el primero se incluían venados de distintas especies, en el segundo se podía matar jabalíes, pumas, gatos monteses y coyotes.

La caza del bisonte americano era considerada el premio mayor y la máxima atracción del lugar, por ejecutar a uno se cobraban 7 mil dólares, que al tipo de cambio vigente serían más de 138 mil pesos. La vida de un puma se cotizaba en 4 mil 500 dólares; los más baratos eran los jabalíes y gatos monteses, pues el precio de éstos rondaba los 800 dólares, mientras que los coyotes eran gratis; lo anterior, sustentado en la siguiente imagen:

Indudablemente, esto da muestra de la gravedad del problema, evidenciando además que los esfuerzos encabezados por el gobierno en conjunto con la sociedad civil y el sector privad para la protección y preservación de diversas especies son opacados por prácticas como las realizadas en el Rancho Buena Vista.

Parte de la reacción gubernamental para la atención de estos hechos se centra en la investigación encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución que además recibió la denuncia oficial por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Coahuila, la cual señaló de manera directa al Rancho Buena Vista como presunto responsable de los hechos denunciados, argumentando que éste no cuenta con permiso alguno para el aprovechamiento del bisonte americano.

Dicho señalamiento fue confirmado por la Semarnat, que a través de un comunicado de fecha 12 de enero de 2021 informó que no ha autorizado permisos de aprovechamiento cinegético del bisonte americano; por lo que de manera coordinada con la Profepa y el gobierno de Coahuila investigan el origen de las fotografías circuladas en redes sociales.3

La Semarnat refirió de manera concluyente que, en caso de comprobarse que hubo un aprovechamiento ilegal de la especie, se sancionará a los responsables de dichos hechos.

Atendiendo a todo lo anterior y dada la importancia del tema, consideramos necesario realizar un puntual seguimiento de los hechos, incluso si, como se señaló, las autoridades ambientales ya se encuentran atendiendo las denuncias referidas. Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a esta soberanía sobre el avance de las investigaciones de la caza de bisontes americanos en el Rancho Buena Vista, en el estado de Coahuila.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el marco de sus atribuciones, redoble la vigilancia y cuidado de los ejemplares de bisonte americano, atendiendo a la categoría de protección que le corresponde, ante el incremento de hechos que ponen en peligro su subsistencia.

Notas

1 Véase, “Bisonte americano es reintroducido exitosamente en el norte de México”, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 03 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/conanp/prensa/bisonte-americano-es-reintroducido-exi tosamente-en-el-norte-de-mexico?idiom=es

2 Véase, Carlos Guevara, “Rancho de Coahuila cobraba 7 mil dólares por matar bisontes”, El Sol de México, 14 de enero de 2021. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/bisontes-muertos-ca za-rancho-buena-vista-coahuila-animales-6239781.html

3 Véase, “Semarnat no ha autorizado permisos de aprovechamiento cinegético del Bisonte Americano”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comunicado, 12 de enero de 2021. Disponible en:
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/semarnat-no-ha-autorizado-permisos-de-aprovechamiento-cinegetico-del-bisonte-americano?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Jorge Francisco Corona Méndez (rúbrica), Zulma Espinoza Mata (rúbrica), José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Marco Antonio Gómez Alcantar (rúbrica), Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Roberto Antonio Rubio Montejo (rúbrica), Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica) y Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a considerar al personal especializado de los laboratorios clínicos y el de limpieza de los hospitales Covid en el esquema de vacunación para el personal sanitario de primera línea, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Mónica Bautista Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para considerar al personal especializado de los laboratorios clínicos y al personal de limpieza de los hospitales Covid en el esquema de vacunación para el personal sanitario de primera línea, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde diciembre de 2020, el gobierno federal presentó su plan de vacunación contra el Covid-19, en el cual se explicó que, de manera inmediata, se administraría la vacuna al personal médico de los hospitales Covid, que se encuentra en la primera línea. A partir del 12 de enero pasado, el personal médico y de enfermería de los hospitales Covid situados en Coahuila y la Ciudad de México han recibido más de tres mil dosis de la vacuna. Sin duda, esto representa un gran avance en la protección del personal médico que labora sin descanso, principalmente cuando nos encontramos en un momento de máximo contagio.

Pese a que el presidente de la República anunció que los médicos y personal de enfermería de los hospitales Covid privados también iban a ser considerados en estos esquemas de vacunación, todavía no se han iniciado los procedimientos para proteger al personal de estos hospitales, lo cual constituye también un acto de discriminación que debe ser corregido con la mayor brevedad.

No obstante las diversas irregularidades y abusos que se han presentado, éste es un proceso que debe ser llevado a cabo con absoluta imparcialidad, sin favoritismos y generando la mayor certidumbre en las personas que reciben la vacuna. Sin embargo y a pesar de que compartimos la preocupación por brindar la mayor de las seguridades a todo el personal médico y de enfermería, existen servicios cuya importancia para el desarrollo de las labores médicas es imprescindible y que no están siendo contemplados dentro del personal que será vacunado en esta primera etapa.

Nos referimos particularmente al personal de los laboratorios clínicos que se encuentran en los hospitales Covid y que, a pesar de encontrarse en contacto constante con el patógeno debido a la manipulación de muestras médicas, no están siendo considerados dentro de este esquema de vacunación.

Otras de las personas que no se están contemplando para la vacunación son el personal de limpieza que, a menudo, son contratados por empresas de outsourcing, sin ninguna prestación, sin seguridad social, con sueldos reducidos y cuya labor las expone, momento a momento, a una convivencia con el virus de un riesgo mayor que la del personal médico, porque ellas y ellos no cuentan con las medidas y el equipo de protección personal necesario.

La labor de estas personas, profesionales de la salud, debe ser reconocida como de vital importancia para la lucha contra el Covid, brindándoles la oportunidad de desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y con la mayor seguridad posible, en las mismas circunstancias que el personal médico y de enfermería.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal para contemplar al personal especializado de los laboratorios clínicos y al personal de limpieza de los hospitales Covid, dentro del esquema de vacunación para el personal sanitario de primera línea.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EUA a la República de Cuba y la inclusión de ésta en la lista de países patrocinadores del terrorismo, a cargo de la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, senadora Antares Vázquez Alatorre, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado lunes 11 de enero del año en curso, Mike Pompeo, secretario de Estado del gobierno estadounidense, anunció que Cuba vuelve a estar entre la lista de países patrocinadores del terrorismo, lugar que había dejado de ocupar desde el 2015 cuando el expresidente Barack Obama instruyó que se retirara de la lista en la que había sido incluido desde 1982, en lo que supuso un importante avance que llevó a que un año después ambos países reanudaran sus relaciones diplomáticas.

Sin embargo, el 16 de junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el «Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba».1 Esta directiva estableció una nueva política que proclama, entre sus principales objetivos, recrudecer el bloqueo contra la isla.

Para este propósito, el presidente Trump anunció nuevas medidas coercitivas contra Cuba y dispuso la revocación de otras medidas adoptadas por su antecesor, como algunos aspectos del bloqueo en la esfera de los viajes y el comercio.

Asimismo, proclamó que los Estados Unidos se opondrán a los reclamos a favor del

levantamiento del bloqueo en la Organización de las Naciones Unidas y en otros foros internacionales, —incluyendo los posicionamientos que esta Soberanía y el Senado de la República han aprobado de manera reiterada— en franco desafío de la posición mayoritaria de la comunidad internacional, del sentir de la mayoría de la opinión pública y de amplios sectores de la sociedad estadounidense que se manifiestan en contra de mantener el bloqueo.

A pesar de ello, el bloqueo contra Cuba continúa vigente y se aplica con todo rigor, habiendo producido daños prácticamente irreparables a dicho país y sobre todo a su población.

De manera histórica, los daños acumulados por el bloqueo que ha durado casi seis décadas alcanzan la cifra de 822 mil 280 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.

A precios corrientes, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 130 mil 178,6 millones de dólares. De abril de 2016 a junio de 2017, el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de 4 mil 305,4 millones de dólares. Para poner en perspectivas esta cifra, según estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, el país requiere entre 2 mil y 2 mil quinientos millones de dólares de inversión extranjera directa anual para alcanzar su desarrollo económico.2

Por si estas cifras no fueran suficientemente preocupantes, el 4 de marzo de 2020, El Departamento de Estado de EE.UU. anunció3 la decisión de permitir que, a partir del 19 de marzo de dicho año, y al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, se presenten demandas judiciales en tribunales de los Estados Unidos únicamente contra empresas cubanas incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas elaborada por ese gobierno en noviembre de 2017 y actualizada un año después, siendo ésta una medida encaminada a recrudecer el bloqueo y extender sus efectos extraterritoriales, prohibiendo a las ciudadanas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras directas con las entidades señaladas.

Por sus pretensiones ilegítimas y contrarias el Derecho Internacional, la Ley Helms- Burton y el bloqueo concitan el rechazo universal, reiterado durante casi tres décadas, en los más importantes organismos regionales e internacionales. Tan solo el 1 de noviembre de 2018, y tras 10 votaciones consecutivas de rechazo, la política de bloqueo mantuvo completamente aislado a Estados Unidos durante la discusión del tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El bloqueo sigue siendo una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos, siendo un obstáculo para el pleno desarrollo de Cuba, por ello, el incremento de medidas que conlleve a su profundización debe ser rechazado por la misma comunidad internacional que aceptó las 25 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se pide poner fin a esta política inhumana, ilegal e ilegítima.

A esta grave situación se debe agregar el anunció realizado por Pompeo el pasado lunes, que bajo el señalamiento de que Cuba se reincorpora a la lista de países terroristas dado que se niega a extraditar a miembros del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, tras un atentado llevado a cabo en Bogotá, en enero de 2019, que resultara en la muerte de 22 personas.

En este sentido, Cuba ha declinado dicha petición en el marco de su papel como mediador entre el Ejército y el gobierno de Colombia, y en pleno respeto a los tratados internacionales ha decidido mantener su postura en busca de renovar los diálogos de paz entre las partes involucradas en el conflicto.

La reincorporación en esta lista es, a todas luces, una carga adicional para un país que ya sufre de restricciones como ningún otro en el mundo, generando circunstancias extraordinarias que Cuba ha sabido resistir, sin embargo, las nuevas limitaciones que se les imponen, entre las que están el poder acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional, representan un agravante a las sanciones impuestas de manera extensa por el embargo económico vigente desde 1960.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente resolución:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su profundo rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero en contra de la República de Cuba, así como a su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y exhortan al Senado de los Estados Unidos de América a tomar las medidas necesarias para cesar dicho bloqueo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad con el pueblo cubano y se pronuncia a favor del fortalecimiento de las relaciones entre la República Cubana y los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 https://www.whitehouse.gov/articles/fact-sheet-cuba-policy/

2 Op. Cit.

3 https://cnnespanol.cnn.com/video/helms-burton-act-cuba-propiedades-miam i-reacciones-pkg-ana-maria-mejia/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de enero de 2021.

Senadora Antares Vázquez Alatorre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se envía una felicitación al señor Joseph Robinette Biden, en ocasión de su próxima ceremonia de investidura como cuadragésimo sexto presidente de EUA y se exhorta al Ejecutivo federal a trabajar con el Poder Legislativo en el diseño de una agenda que permita fortalecer la relación bilateral, a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora de la república integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 76 y 78 de la Constitución Política, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General, 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 110 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, y 57 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, donde la Comisión Permanente resuelve enviar una felicitación al señor Joseph Robinette Biden en ocasión de su próxima ceremonia de investidura como 46 presidente de Estados Unidos de América y exhorta al Ejecutivo federal a trabajar junto con el Poder Legislativo en el diseño de una agenda que permita fortalecer la relación bilateral, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una vez confirmado por parte del Colegio electoral de ese país, el triunfo de Joseph Robinette Biden Júnior, mejor conocido como Joe Biden, y de la señora Kamala Harris, como próximo presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos respectivamente, el miércoles 20 de enero de 2021 se llevará a cabo frente al capitolio, en Washington, DC, la ceremonia correspondiente de investidura. Esta ceremonia pública marcará el fin de la transición presidencial, el inicio de la nueva administración Biden-Harris y, de manera coincidente, el arranque formal de los trabajos conjuntos entre la nueva integración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, si bien estos últimos tomaron ya posesión de sus cargos el 3 de enero pasado como nuevos Representantes y, en su caso, nuevos Senadores integrantes del 117 Congreso federal de Estados Unidos de América.

Luego del cobarde y repudiable asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, el Poder Legislativo mexicano hace votos porque esta ceremonia, apropiadamente intitulada con el lema “Una Democracia con determinación: forjando una unión más perfecta”, se desarrolle en paz y con el alto sentido cívico y democrático que merece.

Desde la perspectiva mexicana, tanto la llegada de un nuevo gobierno como de nuevos legisladores al Congreso Federal de los Estados Unidos representa una oportunidad para hacer un replanteamiento de las relaciones bilaterales que resulte provechoso para la defensa y promoción del interés nacional en múltiples rubros.

La relación de México con Estados Unidos es probablemente la más importante que mantenemos con cualquier país del mundo por su relación directa con la seguridad, la prosperidad y el bienestar de millones de mexicanos dentro y fuera del país. La alta interdependencia alcanzada con ese país, especialmente pero no de manera exclusiva, en el ámbito comercial ha tenido en los últimos años un correspondiente alto nivel en materia de institucionalización en otros muchos frentes de cooperación. Sin embargo, es justo reconocer que la administración Trump supuso cambios abruptos a ese entendimiento.

Por ello resulta de la mayor importancia que tanto el Ejecutivo como el Legislativo en México, nos demos a la tarea de diseñar una nueva hoja de ruta, una agenda y un planteamiento estratégico que permita reencauzar la relación bilateral en beneficio de la integración norteamericana, de la prosperidad y el desarrollo de la región y sus habitantes, tanto mexicanos como estadounidenses y de la identificación de convergencias y oportunidades de cooperación con las nuevas autoridades y representantes en un sinnúmero de materias que van desde el control de armas hasta la situación de millones de mexicanos indocumentados en ese país.

La ocasión es especialmente propicia si consideramos que México y Estados Unidos mantenemos, además una larga relación de diálogo y cooperación parlamentaria que en los últimos años se vio accidentada e interrumpida por múltiples fenómenos y que en el contexto de las actividades de diplomacia parlamentaria que ha emprendido el Congreso de la Unión en las últimas décadas necesita ser recuperada a cabalidad.

Por lo expuesto, con carácter de urgente resolución someto a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión resuelve enviar mediante los canales diplomáticos correspondientes una felicitación al señor Joseph Robinette Biden y a la señora Kamala Devi Harris, en ocasión de su próxima ceremonia de investidura como 46 presidente y 49 vicepresidenta de Estados Unidos de América, respectivamente, hace votos porque la misma se desarrolle en un entorno pacífico, cívico y democrático y exhorta al Ejecutivo Federal a trabajar junto con el Poder Legislativo en el diseño de una agenda que permita fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión resuelve enviar, mediante los canales diplomáticos correspondientes, una felicitación a los integrantes de ambas Cámaras del 117 Congreso de los Estados Unidos de América, quienes este pasado 3 de enero tomaron posesión de sus cargos, comunicarles la disposición de ambas Cámaras del Congreso mexicano de iniciar una nueva etapa en materia de diálogo y cooperación en el ámbito de la diplomacia parlamentaria, así como manifestarles el mayor interés del Poder Legislativo mexicano de llevar a cabo lo antes posible, incluso de manera virtual, una Reunión Interparlamentaria que ponga las bases de esta nueva etapa de entendimiento, intercambio y contribución sustantiva a las relaciones entre ambos países para abordar desafíos comunes en materia comercial, migratoria, de seguridad y convergencia de políticas para hacer frente a la pandemia y sus efectos tanto sanitarios como económicos, entre otros temas urgentes de la agenda global y hemisférica.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Elena Federica Bárcena Coqui y, por su conducto, a los funcionarios que para tal efecto decidan incorporar, a sostener a la brevedad posible una reunión con los integrantes de los órganos de gobierno y las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras a fin de coordinar tanto lo relativo a los resolutivos primero y segundo como a formular en conjunto una estrategia y una agenda de fortalecimiento de la relación bilateral considerando la oportunidad que brinda tanto el cambio de gobierno como el de representantes legislativos en los Estados Unidos de América.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a explicar tanto a esta soberanía como al Senado de la República la pertinencia de, frente a la presente coyuntura, dejar sin titular la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a informar tanto a esta soberanía como al Senado de la República sobre el proceso de obtención del beneplácito correspondiente en beneficio del nombrado como próximo embajador de México en Estados Unidos y a remitir, sin mayores dilaciones, el nombramiento correspondiente al Senado de la República para su ratificación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, a 20 de enero de 2021.

Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al uso indebido del programa de vacunación contra el Covid-19 por los Servidores de la Nación, suscrita por Verónica Martínez García y a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Jorge Carlos Ramírez Marín, senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Verónica Martínez García, Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Jorge Carlos Ramírez Marín, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 8 de diciembre de 2020, el gobierno federal presentó el documento rector versión 3.0 Política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, el cual establece como el Gobierno mexicano priorizará a la población que deberá ser vacunada. En él señalan: “El grupo analizó los beneficios potenciales acumulados en términos de tres indicadores: casos nuevos evitables, muertes y hospitalizaciones evitables, llegando a la conclusión preliminar de establecer una estrategia enfocada en reducir las muertes asociadas con Covid-19, diseñada con base en la mortalidad observada en México” y con base en los resultados de ese análisis, se definieron los grupos que serán priorizados en el siguiente orden de prelación:

1. Trabajadores de salud.

2. Personas mayores de 80 años.

3. Personas de 70 a 79 años.

4. Personas de 60 a 69 años.

5. Personas de 50 a 59 años.

6. Personas de 40 a 49 años.

7. Población menor de 40 años.

Ninguna vacuna podrá aplicarse a personas menores de 18 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y mujeres embarazadas.

El pasado 5 de enero se dio a conocer durante la conferencia de prensa conocida como “mañanera” que los “servidores de la Nación” formarían parte de las brigadas de vacunación contra el Covid-19, mismas que se integrarían por 12 personas de la siguiente manera: 4 promotores sociales que laboran en programas sociales, 2 del sector salud, que serían médicos o enfermeros, 4 elementos de las Fuerzas Armadas y 2 voluntarios.

Lo anterior, ha causado enorme controversia debido a que esta estructura orgánica está conformada básicamente por integrantes que en la campaña presidencial promocionaron el voto a favor del entonces candidato y ahora jefe del Ejecutivo federal. Actualmente, está formado por casi 23 mil personas adscritas a la Secretaría de Bienestar y tienen como función recorrer el país para promocionar los programas sociales del gobierno federal.

El asunto no es menor, ya que existen denuncias realizadas ante Instituto Nacional Electoral por parte de diferentes partidos políticos donde se ha señalado que el grupo de “servidores de la Nación” funciona como una estructura vertical y paralela al gobierno federal que opera en coordinación con los gobiernos estatales y municipales para formar clientelas electorales utilizando los programas sociales en beneficio de las comunidades, pueblos, municipios y entidades federativas.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado en sus resoluciones que en la entrega de programas sociales por parte de los “servidores de la nación” se ha utilizado propaganda a favor del presidente de la República lo cual es violatorio del artículo 134 constitucional que establece en sus párrafos séptimo, octavo y noveno lo siguiente:

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública mantiene abiertas algunas investigaciones en contra de diversos funcionarios públicos derivadas de las denuncias realizadas por el uso político partidista de los programas sociales, empezando por el titular de la Coordinación General para Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República, pasando por algunos de los delegados estatales y regionales del gobierno federal.

Lo cierto es que el grupo de brigadistas Servidores de la Nación depende directamente de la Coordinación General para Programas de Desarrollo, una oficina del gobierno federal para la administración de programas sociales que depende directamente de la Presidencia de la República y que se encarga de coordinar a los delegados estatales y regionales del gobierno federal para la ejecución de los programas de desarrollo económico-social en beneficio de las comunidades, pueblos, municipios y los estados.

Cabe señalar, además, que el titular de dicha Coordinación desde la Secretaría de Organización del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue el responsable de conformar y operar la estructura electoral que promovió el voto y la imagen del entonces candidato de Morena durante la pasada campaña electoral a la presidencia de la República.

Nos preocupa, por tanto, que en el programa de vacunación contra el virus SARS-Cov2 (Covid-19) para atender la grave crisis sanitaria en nuestro país, se involucre a una estructura de brigadistas que ha colaborado en el pasado con el equipo del presidente en otros ejercicios tales como: las consultas ciudadanas, los censos del bienestar y la promoción del voto durante la campaña presidencial de 2018.

En este sentido, consideramos innecesaria y sin sustento jurídico la participación de los “servidores de la Nación” en el programa de vacunación que se ha puesto en marcha contra el Covid-19 a nivel nacional, ya que se trata de una política pública de alto impacto y de la más alta prioridad que debe ser manejada de manera transparente y alejada de cualquier intención política electoral.

Por tanto, nos manifestamos en contra del control político de las vacunas contra el SARS-Cov2 (Covid-19), y a favor de un ejercicio técnico debidamente organizado planificado por el Consejo de Salubridad General con la supervisión de la Secretaría de Salud en coordinación con las dependencias de salud en las entidades federativas y los municipios, con la imperiosa coadyuvancia de las secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que no es conveniente poner en riesgo la operatividad y transparencia del programa de vacunación por el que se busca inocular a un número importante de la población nacional para acabar con la crisis sanitaria por la que atravesamos y, que, hasta el momento, se ha venido realizando con éxito a partir de la coordinación de las autoridades sanitarias de los tres órdenes de gobierno y el valioso apoyo de las Fuerzas Armadas del país.

El sesgo político electoral que pudiera dársele al proceso de vacunación a partir de la indebida intervención de los “servidores de la nación” resulta francamente inconveniente y hasta ilegal de acuerdo con el artículo 134 constitucional.

Nos preocupa que, de seguir con la idea de mantener un control político sobre el proceso de vacunación, el gobierno federal pueda entorpecer los esfuerzos que se han venido desplegando hasta el momento para mantener los protocolos que requieren de una logística muy estricta avalada a nivel internacional para cuidar de la cadena de frio, el descongelamiento, la refrigeración, la reconstrucción del biológico y el almacenamiento de la vacuna, hasta la puesta a disposición en los módulos de vacunación para su aplicación a la población abierta por parte del personal médico capacitado.

Resulta confusa la naturaleza jurídica del documento rector Política nacional de vacunación contra el Sars-Cov2, para prevenir el covid-19 en México, versión 3.0, dado a conocer el pasado el pasado 8 de diciembre de 2020,1 ya que, además de no haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de manera formal debido a que el artículo segundo transitorio del acuerdo publicado el pasado 8 de enero2 establece que la Secretaría de Salud dará a conocer la política nacional de vacunación a través del sitio web www.coronavirus.gob.mx, lo cual implica que puede ser modificada en cualquier momento, tampoco existe evidencia de haber sido avalado por el Consejo de Salubridad General.

Recordemos que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación y los órganos constitucionales autónomos, en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados conforme a derecho.

Por tanto, son materia de publicación: las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal; los Tratados celebrados por el Estado mexicano; los acuerdos de interés general emitidos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los actos y resoluciones que determine el presidente de la República; y, los actos que determine la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el DOF.

En este sentido, el Poder Ejecutivo Federal ha incumplido hasta el momento de manera flagrante la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales en los términos planteados en sus artículos 3 y 4 que establecen la obligación por parte del Ejecutivo Federal de publicar los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes emitidos por él, así como de sus dependencias, además de asegurar su adecuada divulgación, en condiciones de accesibilidad, inclusión, asequibilidad, adaptabilidad, universalidad, interoperabilidad y simplificación en su consulta.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un mecanismo para hacer frente a las emergencias sanitarias. En este sentido, la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus tres primeras bases lo siguiente:

Primera. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

Segunda. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.

Tercera. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.”

Por tanto, y con relación a la pandemia del coronavirus (Covid-19), consideramos indispensable que el Consejo de Salubridad General debe ser el organismo rector que determine la política nacional de vacunación a partir de decisiones científicas y técnicas alejadas de cualquier cálculo político electoral, al tiempo de fungir como una instancia de asesoría a favor del titular del Ejecutivo Federal ante un escenario crítico por el que atraviesa el mundo entero en materia de salud y, en particular, el país.

Lo anterior se refuerza en el entendido de que, a lo largo de la crisis sanitaria, hemos sido testigos de planteamientos y ocurrencias por parte de algunos funcionarios de la Secretaría de Salud que van a contracorriente de las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, lo que ha ocasionado incertidumbre, desconfianza y confusión entre la población mexicana, ha provocado que México sea uno de los países con peor manejo de la pandemia, y uno de los que registra mayor letalidad a nivel mundial.

Por si fuera poco, en el documento Política nacional de vacunación contra el Sars-Cov2, para prevenir el covid-19 en México, versión 3.0, que aparece en el sitio web institucional coronavirus.gob.mx , tampoco existe ninguna mención sobre la participación de los “servidores de la nación” dentro del programa de vacunación y el papel que jugarán durante su ejecución.

De ahí que nos parezca inoportuna e inadecuada la decisión por parte del Ejecutivo federal de incorporar en esta política de salud pública a una estructura manejada desde una oficina de la Presidencia que, en el pasado, ha sido evidenciada por parte de las autoridades electorales como una red de funcionarios que no se han caracterizado precisamente por aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, comportamiento que ha buscado influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos a partir del uso de los programas sociales del gobierno federal, al convertirlos en un instrumento gubernamental para fomentar el clientelismo político y el uso discrecional de recursos públicos.

Otro dato preocupante que respalda nuestra inquietud respecto a la implantación del plan de vacunación contra el Covid-19 es la renuncia de la doctora Miriam Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, dada a conocer a la opinión pública hace apenas unos días por tener desacuerdos con la implantación con el programa. Lo que llama la atención es que la doctora Veras Godoy, además de haber participado en el diseño de este, estaba a cargo de la coordinación del operativo de vacunación.

En este sentido, y por ser el programa de vacunación una tarea que le compete a las autoridades sanitarias tanto a nivel federal como local, consideramos importante que el titular de la Secretaría de Bienestar y el titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República envíen a esta Soberanía los lineamientos, criterios y demás normativa aplicable que permita justificar la participación de los “servidores de la Nación” en el programa de vacunación contra el SARS-Cov2 (Covid-19), así como las medidas que se tomarán en cuenta para evitar un posible manejo político electoral que pudiera derivar en el aprovechamiento indebido o ajeno a los objetivos institucionales, y el entorpecimiento de los esfuerzos que han venido desplegando, hasta ahora, las autoridades de salud a nivel federal y local con el apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina.

En el mismo tenor, consideramos fundamental que el titular de la Secretaría de Salud informe a esta Soberanía sobre la naturaleza jurídica que tiene el documento conocido como “Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov-2, para la Prevención de la covid-19 en México, versión 3.0”, así como una explicación puntual de por qué no ha sido publicado de manera formal en el DOF con el aval del Consejo de Salubridad General, en los términos de la fracción XVI, base primera, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de conocer de manera integral las reglas del programa de vacunación y las consecuencias jurídicas para los actores involucrados que actúen de forma discrecional y arbitraria.

Asimismo, creemos que la Secretaría de la Función Pública debe vigilar de forma estricta, y en todo momento, la actuación de los funcionarios públicos que participarán en el programa de vacunación contra el virus SARS-Cov2 (Covid-19), con la finalidad de evitar cualquier anomalía o actuación indebida que, fuera de la norma, pudiera derivar en el aprovechamiento indebido o ajeno a los objetivos institucionales.

Finalmente, es deseable que Instituto Nacional Electoral adopte las medidas cautelares necesarias, con objeto de evitar que los “servidores de la nación” realicen propaganda gubernamental durante la entrega de los programas sociales, e impedir que, en sus uniformes, porten el logotipo utilizado como la representación de la administración del “gobierno de México” o de la “cuarta transformación” y el nombre del presidente de la República, que pudieran resultar en una sobreexposición indebida del titular del Ejecutivo Federal y la configuración de actos anticipados de campaña que pongan en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales.

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud a que implante las medidas y acciones necesarias a fin de que en la distribución y aplicación de la vacuna Covid-19 tanto en hospitales a nivel federal como local o municipal de manera imparcial y técnica, se priorice su aplicación a los trabajadores de la salud que se encuentran en primera línea contra el Covid-19.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, informe a esta Soberanía sobre la naturaleza jurídica que tiene el documento Política nacional de vacunación contra el Sars-Cov2, para la prevenir el covid-19 en México, versión 3.0, así como una explicación puntual de por qué no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación con el aval del Consejo de Salubridad General, en los términos de la fracción XVI, base primera, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de conocer de manera integral las reglas del programa de vacunación y las consecuencias jurídicas para los actores involucrados que actúen de forma discrecional y arbitraria.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Bienestar y de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República a que den cumplimiento al programa de vacunación de Covid-19 y no permitan que los “servidores de la nación” sean vacunados durante la etapa 1 de la estrategia de vacunación que es únicamente para los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea contra el Covid-19.

Asimismo, se les solicita envíen a esta Soberanía los lineamientos, criterios y demás normativa aplicable que permita justificar la participación de los “Servidores de la Nación” en el programa de vacunación contra el virus SARS-Cov2 (Covid-19), así como las medidas que se tomarán en cuenta para evitar un posible manejo político electoral que pudiera derivar en el aprovechamiento indebido o ajeno a los objetivos institucionales, y el entorpecimiento de los esfuerzos que han venido desplegando, hasta ahora, las autoridades de salud a nivel federal y local con el apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de la Función Pública, a investigar cualquier anomalía generada por la actuación indebida de los funcionarios públicos que participarán en el programa de vacunación contra el virus SARS-Cov2 (Covid-19) que busca atender la crisis sanitaria en el país.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional Electoral adopte las medidas cautelares necesarias, con el objeto de evitar que los “servidores de la nación” realicen propaganda gubernamental durante la entrega de los programas sociales, e impedir que, en sus uniformes, porten el logotipo utilizado como la representación de la administración del “gobierno de México” o de la “cuarta transformación” y el nombre del presidente de la República, que pudieran resultar en una sobreexposición indebida del titular del Ejecutivo federal y la configuración de actos anticipados de campaña que pongan en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales.

Notas

1 Consúltese en Salud_PN_Vacunaci_n_Covid-19_documento_rector__08dic20.pdf (www.gob.mx)

2 Consúltese en Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Senadores: Verónica Martínez García, Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Jorge Carlos Ramírez Marín (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y la SRE a dar a conocer a detalle los procesos de adquisición y aplicación de la vacuna contra el SARS-Cov2; y al INE, a prevenir que la campaña sea utilizada con fines político-electorales, suscrita por la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a detalle los procesos de adquisición y aplicación de la vacuna en contra del virus Sars-Cov-2, así como al Instituto Nacional Electoral a prevenir que dicha campaña sea utilizada con fines político-electorales.

Exposición de motivos

I. Recientemente la Secretaría de Salud dio a conocer el plan de vacunación, así como los tiempos en que se planea aplicar la vacuna para combatir la enfermedad de Covid-19, la cual ha comenzado a aplicarse a trabajadores de salud al ser considerados como un grupo prioritario y esencial.1

La política rectora de vacunación contra Covid-19 “prevé contar con una estrategia en cinco etapas de vacunación en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, así como las diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19.”2

Se tiene contemplado que la vacuna sea aplicada en razón al riesgo que conlleva contagiarse de Covid-19, por lo que personas adultas mayores de 80 años y más serán el siguiente grupo y así sucesivamente de forma descendente hasta llegar a la población menor de 40 años.

Inicialmente, para la etapa 1 que corresponde de diciembre 2020 a febrero 2021 se espera la aplicación de 250 mil dosis las cuales serán aplicadas en la Ciudad de México y en Coahuila, bajo un operativo especializado de logística que incluye desde el registro, aplicación y observación.3

Si bien la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México ha establecido las principales bases, todavía no se ha dado a conocer mayores avances respecto a la adquisición, distribución, y aplicación de las vacunas en México fuera de la etapa 1, por lo que prevalece una incertidumbre en el alcance y en la efectividad de su implementación.

Adicionalmente, “los acuerdos firmados entre el gobierno de México y tres de las farmacéuticas que proveerán al país de vacunas contra la Covid-19 (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y CanSino) están clasificados como información confidencial y no se puede hacer público ningún dato sobre los mismos, incluyendo lo relativo a las negociaciones previas a que se firmaran los convenios.”4

A raíz de la existencia de cláusulas de confidencialidad en los acuerdos mencionados para la adquisición de las vacunas, se ha generado un reclamo en contra de la opacidad y una exigencia para que prevalezca la transparencia, lo cual se vuelve esencial por el simple hecho del uso efectivo y racional de los recursos públicos.5

Razones por las cuales la presente proposición con punto de acuerdo tiene por objetivo hacer dos llamados, uno a la Secretaría de Salud para que se den a conocer a detalle el operativo que se implementará, así como la logística que se realizará para garantizar la aplicación de la vacuna para prevenir la enfermedad de Covid-19 en todo el país y a toda la población que la requiera en las diferentes etapas establecidas en la política rectora de vacunación.

Segundo, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a transparentar el proceso y la adquisición de las vacunas para combatir el virus SARS-CoV-2 en México, esto con fundamento en lo establecido por el párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual señala que “los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”

Y tercero, a raíz de que el periodo contemplado para llevar a cabo las acciones de vacunación para prevenir la enfermedad de Covid-19 estará a la par del proceso electoral del presente año, se hace un llamado Instituto Nacional Electoral a establecer los procedimientos, protocolos y mecanismos correspondientes para vigilar y prevenir que dicha campaña de vacunación no sea aprovechada con fines político-electorales durante el actual proceso electoral.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría de Salud para que se den a conocer a detalle el operativo que se implementará, así como la logística que se realizará para garantizar la aplicación de la vacuna para prevenir la enfermedad de Covid-19 en todo el país y a toda la población que la requiera en las diferentes etapas establecidas en la política rectora de vacunación.

Segundo. Con fundamento en lo establecido en el párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a transparentar el proceso y la adquisición de las vacunas para combatir el virus SARS-CoV-2 en México.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más respetuosa al Instituto Nacional Electoral a establecer los procedimientos, protocolos y mecanismos correspondientes para vigilar y prevenir que la campaña de vacunación en contra del virus SARS-CoV-2 no sea aprovechada con fines político-electorales por candidatas y candidatos durante el actual proceso electoral.

Notas

1 Médicos y personas mayores: así será el plan de vacunación contra la Covid en México, Animal Político, https://www.animalpolitico.com/2020/12/medicos-y-personas-mayores-asi-s era-el-plan-de-vacunacion-contra-la-covid-en-mexico/

2 Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México. Documento rector, gobierno de México, https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/PolVx_COVID.pdf

3 Ibidem.

4 Farmacéuticas exigen confidencialidad y gobierno clasifica los convenios de compra de vacunas contra Covid, Animal Político, https://www.animalpolitico.com/2021/01/compra-secreta-vacunas-farmaceut icas-confidencialidad-gobierno/

5 Ibídem.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Senadora Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y Capufe a solicitar a Autopistas del Sureste, SA de CV, que revise y reconsidere los aumentos de tarifas de peaje en las carreteras de Chiapas, dados los recientes incrementos desmedidos, que repercuten en la economía de los ciudadanos, particularmente en el tramo Tuxtla-San Cristóbal de las Casas, suscrita por la senadora Sasil Dora Luz de León Villard, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, senadora Sasil de León Villard, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social y de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1, fracción II y en el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que en el ámbito de su competencia soliciten a la empresa Concesionaria de Autopistas del Sureste, S.A. de C.V., revisar y reconsiderar los aumentos de tarifas de peaje en las carreteras del estado de Chiapas, derivado de los recientes incrementos desmedidos que repercuten en la economía de los chiapanecos, particularmente el tramo de cuota Tuxtla-San Cristóbal de las Casas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El 18 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dónde se estipuló que: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

II. Los líderes mundiales reunidos en septiembre de 2015 adoptaron en el seno de las Naciones Unidas un plan de acción para proteger a las personas y al planeta asegurando la prosperidad: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Estos Objetivos representan el compromiso de todos para abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo, como la amenaza del cambio climático, la igualdad de género, la mejora de la salud, la erradicación la pobreza y el fomento de la paz y las sociedades inclusivas. Para alcanzar algunas de las metas de los ODS, la movilidad representa un objetivo transversal imprescindible.

III. En la ruta de acción de los ODS, se alienta a los Estados miembros a realizar esfuerzos para garantizar la seguridad y protección de todos los usuarios de las carreteras ofreciendo una infraestructura vial más segura, tomando en cuenta las necesidades del autotransporte y del transporte no motorizado, y otros usuarios vulnerables de las carreteras, especialmente en los tramos con altas tasas de accidentalidad, mediante una adecuada planeación, con el diseño la construcción, el mantenimiento de la infraestructura carretera y una evaluación sobre la seguridad sistemas de señalamiento y otra infraestructura necesaria considerando en todo momento las características geográficas del país.

IV. En México, Venustiano Carranza fue el presidente que expidió la primera Ley para Comunicaciones y Obras Públicas en 1917; ésta obligaba a la construcción de caminos carreteros y la inspección de aquellos en manos de privados. Por su parte, en 1924, el presidente Plutarco Elías Calles, estableció por primera vez de los impuestos a la gasolina fijando un cobro de 3 centavos por litro de gasolina para construir más caminos. La red carretera de México nació oficialmente en 1925, cuando la Comisión Nacional de Caminos inició la construcción de carreteras. En un primer momento se crearon ejes troncales que enlazaron a las principales ciudades del país (centro con la frontera norte).

V. En el año de 1949 se construye la primera autopista y se crea la Compañía Constructora del Sur, SA de CV, subsidiada por Nacional Financiera, como una empresa subsidiaria de Nacional Financiera (Nafinsa). El objetivo de esta nueva entidad era construir carreteras de altas especificaciones.

VI. Para 1952 se inauguraron las primeras autopistas de cuota en el país, la México-Cuernavaca y la Amacuzac-Iguala, cuya administración quedó a cargo de la empresa constructora, Compañía Constructora del Sur, S.A. de C.V., esta tenía apenas un costo de 4 pesos.

El 31 de julio de 1958, por decreto presidencial, se creó el organismo público federal descentralizado del gobierno federal conocido como Caminos Federales de Ingresos, el cual estaba adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y cuya administración comprendía las autopistas México-Cuernavaca, Cuernavaca-Amacuzac, Amacuzac-Iguala y las obras en proyecto de la autopista México-Querétaro y del puente sobre el Río Sinaloa.

En 1959, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se transformó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la mano a dicho cambio se creó la Secretaría de Obras Públicas, y Caminos Federales de Ingresos modificó su denominación a Caminos y Puentes Federales de Ingresos.

Con el inicio del servicio de transbordadores entre Zacatal y Ciudad Carmen, el gobierno federal se vio en la necesidad de establecer un organismo conexo para alquilar la maquinaria pesada necesaria para construcción, por lo que el 29 de junio de 1963, se ampliaron las funciones de Caminos y Puentes Federales de Ingresos para dotarlo de la capacidad de administrar servicios conexos como transbordadores para el servicio marítimo y fluvial, así como el establecimiento y administración de plantas para la elaboración de productos para la pavimentación.

A inicios de los años 1980 la red carretera se consolidó, por ella se movía el 79 por ciento de la carga terrestre y el 96 por ciento de los pasajeros. Debido al terremoto de septiembre de 1985, Caminos y Puentes Federales traslada sus oficinas centrales del entonces Distrito Federal a Cuernavaca, Morelos, en octubre del mismo año. En otro ajuste, Capufe reestructuró su organización y funcionamiento por un nuevo decreto presidencial, con el cual asimilaba nuevas responsabilidades encomendadas con la puesta en marcha del Programa Nacional de Autopistas Concesionadas, mismo que fue derogado por un nuevo decreto en 1993 y a su vez reformado en 1995 para ajustarse al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Para 1997, se da inicio a la modernización de los sistemas de cobro en las autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales, la cual incluyó el desarrollo de un sistema de peaje propio y la modernización de las plazas de cobro con el objetivo de brindar nuevas opciones de pago a los usuarios.

VII. A partir de 2013, Capufe ha buscado consolidar su posición en el país como el principal operador de autopistas y puentes de cuota, enfocando sus esfuerzos en mejorar la atención que se brinda a los usuarios mediante el uso de tecnología de punta, fortalecer los esquemas de obra pública y seguridad vial, e incrementar su productividad y autosuficiencia financiera. Capufe, una trayectoria de casi 60 años, que ha contribuido a forjar la historia de los caminos en México, cuya prioridad es continuar brindando servicios de calidad y ofrecer las mejores condiciones de seguridad a los millones de usuarios que transitan por sus autopistas diariamente.

VIII. En la actualidad, la infraestructura carretera transporta el 85 por ciento de las mercancías nacionales y ésta, representa la principal vía de movilidad para millones de ciudadanos.

La infraestructura carretera con altos estándares de calidad en un país es sinónimo de competitividad, México ocupa el lugar número 52 de acuerdo al Fondo Monetario Internacional en este rubro, y de acuerdo al Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, nuestro país ha retrocedido en los últimos 10 años casi 10 posiciones. Según el Inegi, hasta 2019 la Red Nacional de Caminos contabilizaba 172,809 carreteras pavimentadas y tenía una longitud de 750,691 km.

IX. En 2004 el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Cámara de Diputados,1 hizo público un informe comparativo de carácter internacional, en el que se señala que con un costo promedio de 1.12 pesos por kilómetro, México supera a Argentina, Brasil, Chile, España, Portugal, Francia y Rusia, respecto de las tarifas de las carreteras de cuota, lo que las hace las más caras en América Latina y Europa. El cobro casi es equiparable al costo de las vías carreteras de primer mundo, como en Francia dónde se cobra 1.01 pesos por kilómetro recorrido.

X. En México la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con apoyo de Caminos y Puentes Federales, determina la tarifa promedio máxima que puede aplicarse en la vía, por tipo de vehículo o grupo vehicular, considerando las características de cada ruta.

La tarifa promedio máxima se formula en pesos por vehículo y se obtiene mediante un procedimiento de cálculo que incorpora el aforo total previsto para la vía y su composición vehicular, así como análisis de rentabilidad y de recuperación de las inversiones realizadas. El concesionario no puede exceder la tarifa promedio máxima, pero puede aplicar tarifas por tipo de vehículo que resulten más convenientes para el mercado de su autopista. Si en algún período se excede la tarifa máxima establecida, la Secretaría aplicará un ajuste para el siguiente período, cuando se lleve a cabo el ajuste anual de acuerdo con el comportamiento de la inflación.2

XI. Según datos del Inegi, en el caso del estado de Chiapas, la red carretera de la entidad tiene una longitud de 23 mil 451 kilómetros, de los cuales, 20 mil 796 kilómetros de la red de caminos están a cargo del gobierno del estado, mientras 2,665 kilómetros conforman el sistema de vías de comunicación que la autoridad federal administra en la entidad. Según estimaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas (Cicch) el 40 por ciento de las vías de ambas jurisdicciones, está en malas condiciones.

XII. En ese tenor, la empresa denominada Concesionaria de Autopistas del Sureste, S.A. de C.V., desde el año 2007, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le otorgo la concesión para construir, modernizar, operar, explotar, conservar y mantener la Autopista “Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas” tipo A2 de 46.5 km de longitud, con origen en el km 0+000 (entronque Chiapa de Corzo) y termino en el km 46+500 (entronque San Cristóbal) en el estado de Chiapas.3

Por lo que, desde ese año, la empresa denominada Concesionaria de Autopistas del Sureste, S.A. de C.V., es la encargada de operar y administrar la plaza de cobro Chiapa de Corzo, así como también de realizar los incrementos por concepto de cobro de peaje, tal y como aconteció en el año dos mil diecinueve, siendo este último de $51.00 pesos y pasando a $53.00 pesos.

XIII. Sin embargo, diversos usuarios de redes sociales denunciaron que en los primeros quince días del mes de enero del presente, la empresa Concesionaria de Autopistas del Sureste, S.A. de C.V., sin motivo ni justificación alguna realizó un incremento aproximado del 20% en el cobro de peaje, pasando de $53.00 a $63.00 pesos, lo cual denota un total abuso por parte de la empresa concesionaria.

XIV. Esta situación, sin lugar a dudas generará una afectación a los automovilistas que transitan diariamente por la autopista, así como también a los pobladores de la región, ocasionando un detrimento en su economía, no debiendo perderse de vista, que ante la situación que se vive actualmente con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), los Chiapanecos y en general todo el país, se encuentra inmerso en una gran disminución de sus ingresos, con motivo del cierre de micro y pequeñas empresas entre otros.

XV. A continuación se presentan las tarifas actuales con los incrementos finales:

Es de destacar que empresarios del ramo turístico señalaron que el aumento representa un duro golpe principalmente a las transportadoras que realizan servicios al Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, por lo que Sismondi Espaza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el gobierno del estado, expuso que tanto la toma de las casetas como el costo de peaje en la entidad se han vuelto un tema completamente de anarquía.

XVI. Chiapas tiene meses consecutivos con graves afectaciones económicas. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas ocupa el primer lugar en pobreza laboral, ya que 69.28 por ciento de su población no tiene el ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria. Mientras que la entidad destacó dentro de las de las 15 entidades que cerraron 2020 con una inflación superior a la media nacional.

XVII. El Índice Nacional de Precios al Consumidor en Chiapas terminó el año pasado con un alza anual de 5.03 por ciento, la mayor tasa entre todas las entidades y dos puntos porcentuales arriba de 3.15 por ciento del promedio nacional. Entre los grupos de bienes y servicios que reportaron la mayor inflación en ese estado destacan muebles, aparatos y accesorios domésticos, con un incremento anual de 9 por ciento al cierre de 2020; alimentos, bebidas y tabaco, 6.33 por ciento; salud y cuidado personal, 5.40 por ciento, entre otros.

XVIII. Es urgente y necesario actuar conforme a derecho para garantizar que el derecho a la movilidad no se restringa como consecuencia del indebido y cuestionado incremento de las tarifas de peaje en la entidad. Debe revisarse cualquier medida que en estos momentos de grave crisis económica y sanitaria merme genere un daño directo o indirecto a la economía familiar, sobre todo en un momento complicado, en el que la contingencia por la pandemia del COVID-19, ha tenido efectos colaterales, como lo son la pérdida de empleo, la quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas y parálisis en la economía.

XIX. Debe además de ser auditada la concesionaria de estas autopistas, pues se han registrado incrementos en sus cuotas, que en lugar de atender el índice de inflación, y representar dos o tres pesos máximo, equivalen a 10 pesos, mientras que no se han ofrecido elementos objetivos que justifiquen los incrementos.

XX. Además, es pertinente considerar, que se están viviendo tiempos difíciles en el ámbito económico y social, debido a la pandemia sanitaria a consecuencia del COVID-19, por lo que se han reducido los ingresos familiares, las empresas han registrado grandes pérdidas y muchas han tenido que cerrar las fuentes de empleo, por lo que este tipo de aumentos excesivos no demuestran la solidaridad que se requiere como sociedad.

Por lo que resulta necesario, si queremos que la economía se reactive, se debe actuar con responsabilidad por parte de todos los sectores, incluyendo el que las concesionarias de autopistas de todo el país reduzcan o en su caso se abstengan de realizar incrementos al cobro de peaje, todo ello para que la población no se vea afectada aún más en su propia economía.

Lo anterior, también originaría que el traslado de productos e insumos se vea reflejado en mayor beneficio de la población y de las actividades productivas, ya que, con cualquier incremento en el costo del peaje, es indiscutible que también repercute en un aumento de los productos o servicios.

Ante ello, y en un caso específico como lo es al aumento llevado a cabo en el peaje de la plaza de cobro Chiapa de Corzo, este incuestionablemente implica una afectación a la economía de los Chiapanecos, por lo que el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hace un exhorto respetuoso para que las autoridades competentes intervengan y no permitan este incremento en las autopistas y carreteras de cuota en el Estado de Chiapas.

Seguiremos legislando para mejorar las condiciones sociales de todas las personas, velando por sus intereses y solidarizándonos con los más desfavorecidos para que sean respetados todos sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que cada uno en el ámbito de sus competencias soliciten a la empresa Concesionaria de Autopistas del Sureste, S.A. de C.V., revisar y reconsiderar los aumentos de tarifas de peaje en las carreteras del estado de Chiapas , en particular el en tramo carretero Tuxtla-San Cristóbal.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que mediante sus atribuciones soliciten a la empresa Concesionaria de Autopistas del Sureste, S.A. de C. V., a hacer público un informe que justifique el aumento a las tarifas de peaje en las carreteras del estado de Chiapas , particularmente en el tramo Tuxtla-San Cristóbal.

Notas

1 CESOP (2004), de acuerdo con el estudio “Análisis comparativo de tarifas en autopistas concesionadas: los casos de Argentina, Brasil, España y México”.

2 SCT (2009) “111 Preguntas sobre Concesiones de Autopistas en México”, disponible en: http://dictyg.fi-c.unam.mx/~disyp/lecturas/111preguntas.pdf, consultado el 17 de enero de 2021.

3 https://casmexico.com/quienes_somos.php?id=historia

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Senadora Sasil de León Villard (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales a establecer sanciones por obstruir el acceso a las electrolineras públicas, a cargo del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, senador Raúl Bolaños-Cacho Cué , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a establecer multas y sanciones por obstruir el acceso a las electrolineras públicas , con base en las siguientes:

Consideraciones

Las emisiones globales de gases de efecto invernadero suman anualmente 49.4 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e). El sector transporte es reponsable del 15.9 por ciento de esas emisiones, que se desglosan en los siguientes rubros: 11.9 por ciento del transporte terrestre, 1.9 por ciento aéreo, 1.7 por ciento marítimo y 0.4 por ciento ferroviario.1

En México, las emisiones de gases de efecto invernadero suman anualmente 0.7 gigatoneladas de CO2e y la subcategoría Transporte genera el 24.5 por ciento de las emisiones nacionales netas, de las cuales, el 22.9 por ciento corresponden al autotransporte, 0.35 por ciento al transporte ferroviario, 0.38 por ciento marítimo y fluvial, 0.90 por ciento al transporte aéreo.2

Estas cifras indican que el autotransporte es una de las mayores fuentes generadoras de gases de efecto invernadero, de modo que los esfuerzos de mitigación de emisiones deben enfocarse en este rubro, para combatir el cambio climático de manera efectiva.

A nivel nacional, una de las medidas más relevantes para la mitigación de emisiones del autotransporte es la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, “Emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3 mil 857 kilogramos”, la cual busca favorecer el desarrollo de vehículos más eficientes y con bajas emisiones contaminantes.3

Otra estrategia importante consiste en impulsar la producción y comercialización de vehi?culos con tecnologi?as limpias y eficientes como los autos hi?bridos y ele?ctricos, que representan una solución factible para impulsar una movilidad más sostenible y reducir las emisiones contaminantes del sector transporte.

Aunque en los u?ltimos an?os han aumentado las cifras de comercialización de autos híbridos y eléctricos, su participacio?n respecto al total de ventas de vehi?culos ligeros au?n es pequeña. Además, la pandemia de Covid-19 ha provocado una reducción notable en las ventas de todo tipo de vehículos.

De acuerdo con las cifras más recientes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AC (AMIA), durante junio de 2020 la venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de mil 686 unidades, 32.3 por ciento menor que lo registrado en el mismo mes de 2019 (2,491 unidades). En el periodo enero-junio de 2020, los vehículos con este tipo de tecnologías representaron el 2.4 por ciento de las ventas totales de vehículos ligeros en el país.4

Ante este panorama, se espera que los vehículos híbridos y eléctricos sigan ganando terreno de forma paulatina. La AMIA afirmó que México ya puede comenzar a producir autos eléctricos en masa, ya que actualmente, en territorio nacional existen 23 plantas manufactureras, pertenecientes a 12 compañías armadoras. Sin embargo hace falta infraestructura para garantizar la movilidad de esos vehículos, como la instalación de electrolineras en las ciudades y caminos del país.5

Por ello, la disponibilidad de estaciones de recarga para los autos eléctricos e híbridos-enchufables, también llamadas electrolineras, constituye un factor decisivo para los potenciales propietarios de este tipo de autos.

Las electrolineras tienen instalaciones compactas, que pueden adaptarse a una gran variedad de espacios privados y públicos. Se alimentan de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que son seguras y representan una solución de vanguardia para modernizar el autotransporte, generando ventajas económicas y ambientales para los hogares, empresas y gobiernos.

Actualmente en México existe un total de 2 mil 55 electrolineras pu?blicas, instaladas en 946 puntos de recarga, en las 32 entidades federativas:6

En la tabla anterior se observa que la disponibilidad de electrolineras está creciendo rápidamente en las entidades con grandes áreas urbanas como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, gracias al esfuerzo conjunto entre CFE y las entidades federativas.

Con el fin de aprovechar estas instalaciones, y detonar el uso masivo de vehículos de bajas emisiones, se requiere garantizar el acceso generalizado para los usuarios de autos híbridos y eléctricos.

Sin embargo, 310 de los 946 puntos de recarga no se ubican en espacios públicos, sino en agencias automotrices, de manera que el acceso está sujeto a los horarios de operación de la agencia respectiva. Asimismo, es común encontrar que el acceso a las electrolineras en espacios públicos se encuentre obstruido con vallas y otros materiales, o que algunos conductores inconscientes estacionen sus vehículos con motor de combustión frente a las electrolineras.

Este tipo de situaciones deben prevenirse, por medio de multas y sanciones establecidas en los Reglamentos de Tránsito de cada localidad.

Actualmente el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece las características que deben cumplir las señales y marcas en el pavimento para las Estaciones de Recarga de Vehículos Eléctricos;7 sin embargo, no se prevén medidas especiales por la obstrucción o restricción del acceso a estas áreas.

Por otra parte, en el estado de Jalisco, el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte no prevé ninguna medida relacionada con las electrolineras,8 de manera que cada municipio define las medidas correspondientes, en sus respectivos Reglamentos de Tránsito. De igual manera, en el Estado de Nuevo León, cada municipio cuenta con su propio reglamento de tránsito y en general no se prevén medidas relativas a las electrolineras.

Por estas razones, consideramos necesario exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a establecer multas y sanciones por obstruir el acceso a electrolineras públicas para garantizar el acceso generalizado para los usuarios de autos híbridos y eléctricos, a fin de contribuir a impulsar el uso de estas tecnologías de bajas emisiones.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a establecer multas y sanciones por obstruir el acceso a electrolineras públicas.

Notas

1 Mengpin Ge and Johannes Friedrich. February 6, 2020. 4 Charts Explain Greenhouse Gas Emissions by Countries and Sectors. World Resources Institute. Recuperado de

https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emission s-by-country-sector

2 SEMARNAT/INECC. 2018. México. Sexta Comunicacio?n Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualizacio?n ante la Convencio?n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clima?tico. Recuperado de

http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/publicaciones/117/
832_6a_Comunicacion_Nacional.pdf?sequence=6&isAllowed=y

3 DOF: 21/06/2013. NORMA Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3 857 kilogramos. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5303391&fecha=21/06/2013

4 AMIA. 4 de septiembre de 2020. Reporte de venta de vehículos híbridos y eléctricos. Junio de 2020. Recuperado de https://twitter.com/AmiaMexico/status/1301898790950047745/photo/1

5 Redacción. 8 de diciembre de 2020. México ya puede comenzar a producir autos eléctricos en masa, asegura José Zozaya. Fortuna y Poder. Marco Mares. Recuperado de https://marcomares.com.mx/corporativos/mexico-ya-puede-comenzar-a-produ cir-autos-electricos-en-masa-asegura-jose-zozaya/

6 Registro Nacional de Electrolineras (RENAEL). Sin fecha. Documento obtenido en marzo de 2020 por medio de la Plataforma Nacional de Transpatencia:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EGrhSSUKCRzWT2eryqJGKZKP48GUS50j0J4scfEaTBo/edit? ups=sharing”

7 Gobierno de la Ciudad de México. Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (Incluye las reformas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de diciembre de 2018, el 19 de marzo de 2019, el 16 de abril de 2019 y el 23 de abril de 2019). Recuperado de: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/RT%202019%20CDMX.pdf

8 Gobierno del Estado de Jalisco. Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 31 de octubre de 2017. Recuperado de: http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-jal/JAL-R-LeyMovilidadTranspor te2017_10.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de salud a fortalecer sus mecanismos de control, vigilancia y resguardo de la vacuna contra el SARS-Cov2 y sus componentes, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades en materia de salud a fortalecer sus mecanismos de control, vigilancia y resguardo de la vacuna para el SARS-cov-2 y sus componentes, lo anterior de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Primera. La pandemia por el virus SARS-cov-2, es el desastre más fuerte que ha enfrentado la humanidad en lo que va de este siglo y una de las más grandes de toda la historia. El pasado 15 de junio, el Secretario General de las Naciones Unidas dio a conocer que se ha superado la terrible cantidad de dos millones de personas fallecidas a nivel mundial como resultado de la pandemia. La intensidad de esta enfermedad transmisible en cuanto a su capacidad de contagio y el índice de letalidad, así como la muestra que ha dado de secuelas que deja en las personas, llevó a un esfuerzo conjunto a nivel internacional del sector público, privado y académico para desarrollar una vacuna.

En noviembre de 2020, fueron anunciadas tres vacunas efectivas para la inmunización en contra del SARS-cov-2.

La vacuna ha sido llamada “oro líquido” debido al altísimo valor que tiene como un insumo esencial para el regreso a la normalidad y para la protección a la salud de las personas. Cómo resultado, se han dado numerosas conductas que buscan aprovecharse de manera indebida de su valor y de las necesidades de las personas. En días pasados se han alertado de diversos riesgos que amenazan el proceso de vacunación a nivel global y a nivel nacional. Entre estos, se consideran sumamente alarmantes aquellos que amenazan su cadena de suministro.

Segunda. Entre las amenazas destacan el anuncio llevado a cabo por la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, sus siglas en inglés, que alertó sobre una violación a la seguridad de la información referente a la vacuna de Pfizer-Biontech; en este sentido, la Agencia afirmó que no solamente esta, sino la información sobre los pre­ exámenes de la vacuna de moderna también había sido accedida de manera ilegal. Así mismo, Juergen Stock, jefe de la Interpol ha advertido sobre un posible aumento dramático en los robos y otros crímenes relacionados con la vacuna.

Tercera. En el caso de México, el 16 de octubre, la Cofepris fue notificada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del robo de la vacuna Vaxigrip para la inmunización contra la influenza tipo A y B llamada, de uso exclusivo del sector salud. Un mes después, el 15 de noviembre, la Comisión alertó sobre su venta de manera ilegal en sitios en línea. La alerta cobra especial relevancia en tanto, para el año 2018, México tenía el sexto mercado ilícito de medicinas más grande del mundo, que es responsable de una pérdida estimada de 150 millones de dólares, anualmente.

El pasado 14 de enero de este año, se informó la desaparición de 4 dosis de la vacuna contra el Covid-19, las cuales desaparecieron en el Hospital General Doctor Carlos Calero Elorduy del ISSSTE. Misma que, de acuerdo con la autoridad, está siendo investigadas por las autoridades competentes.

Cuarta. Las autoridades de salud pública son hasta este momento, las únicas autorizadas y encargadas del resguardo y aplicación de las vacunas, por tanto es necesario que en el ámbito de sus competencias, tomen un especial cuidado en el control, la vigilancia y el resguardo de la misma con el fin de que no sean objeto de robo o sustracción y se desvíen de su objeto legalmente establecido.

En aras de prevenir el daño que causan estas conductas y el apuntalamiento de un mercado negro de vacunas contra el Covid-19, se considera necesario exhortar a las autoridades de salud a que lleven a cabo estas actividades de reforzamiento, así como a las instituciones de procuración de justicia de toda la República Mexicana, a que establezcan mecanismos para la investigación de conductas que puedan constituir delitos de robo o sustracción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud a llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer las medidas de control, vigilancia y resguardo de las vacunas para la inmunización al virus SARS-CoV-2, con el fin de prevenir su robo o sustracción.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de procuración de justicia para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan mecanismos para seguimiento expedito de las denuncias que se lleven a cabo, referentes a las conductas señaladas en el punto primero de esta proposición.

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a realizar las acciones correspondientes para la publicación del Programa Nacional de la Juventud 2019-2024, suscrita por el diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Alejandro Viedma Velázquez, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

• Son ya varios sexenios en que se ha implementado el Programa Nacional de la Juventud conforme a las reglas establecidas, en donde su objetivo principal ha sido servir como instrumento de planeación estratégica en materia de juventud con base en los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente con base al cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (Cepal); la cual busca:1

a) Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento,

b) Alfabetizar a todas las y los jóvenes, brindando nociones elementales de aritmética,

c) Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor,

d) Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación,

e) Desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes, aplicando el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo; y

f) Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

• Es de suma importancia trabajar en favor de las personas jóvenes, ya que en México hay 37.5 millones de personas jóvenes entre los 12 y los 29 años (31.4 por ciento de la población nacional). 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años, 10.8 millones entre 15 y 19, 10.7 millones entre 20 y 24 y 9.3 millones entre 25 y 29.2 Es decir, la población joven no solo ha tomado un papel protagónico de manera demográfica; sino incluso, de una forma más participativa e inclusiva en los asuntos del Estado. No obstante, este sector poblacional también es de las y los más afectados, pues padecen social, política y económicamente actos de discriminación, desigualdad y por supuesto, de pobreza todos los días.

• Es así que, dicho programa busca consolidar un marco de derechos humanos para las y los jóvenes de nuestro país, dando respuesta a sus principales exigencias a través de políticas públicas encaminadas a reconocer la importancia de estos sujetos y de la nueva manera de trabajar desde una perspectiva de juventudes.

• Cabe mencionar que para la construcción del Projuventud 2019-2024 se realizó la Consulta Nacional de Juventud (CNJ), la cual tuvo como resultado la participación de 78 mil 115 personas de 12 a 29 años en el país, siendo Querétaro la entidad de la República con mayor número de participación con el 7.4 por ciento.3

• Además, en dicha consulta, más de la tercera parte de la población joven consideró que apoyar proyectos de jóvenes emprendedores es una acción que resolverá la problemática de desempleo juvenil que hay en el país.4

• A partir de esa convocatoria se celebraron 11 foros “República Joven” en distintos puntos del país, para recabar la opinión de las personas jóvenes sobre las principales problemáticas que les afligen.

• Durante el lunes 9 de diciembre de 2019, se presentó el Programa Nacional de Juventud 2019-2024 (Projuventud), encabezado por Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco; ahí se afirmó lo siguiente:

“El fin último del Projuventud es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas jóvenes y la erradicación de las desigualdades que, históricamente, han enfrentado, para así alcanzar su bienestar integral, facilitar sus transiciones en el curso de vida y promover su participación efectiva en todos los espacios”.5

• Sin embargo, a pesar de haber sido aprobado el Projuventud desde diciembre de 2019 por el mismo Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), como ente especializado en el tema y entre otras instancias gubernamentales; es importante hacer notar que hasta el momento no se le ha dado declaración de publicidad y, por ende, el proyecto no ha logrado llevarse a cabo.

• Es en este sentido que, resulta transcendental encaminar el trabajo previamente elaborado; y con esto, darles acceso a las personas jóvenes a lo que son realmente acreedores: protección social, salud, educación, trabajo digno; etc. Esta situación cobra mayor relevancia dada la reforma constitucional aprobadas por el Poder Constituyente Permanente a los a los artículos 4° y 73 constitucional, que facultan al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de juventudes y que le atribuye al Estado mexicano la responsabilidad de promover el desarrollo integral de este sector de la población.

• A estas alturas, es posible aseverar que se volverá un pilar fundamental hacia la construcción de una Ley General de las Personas Jóvenes, la publicación y con ello, la implementación del Programa Nacional de Juventud 2019-2024.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar del gobierno de México a realizar las acciones correspondientes, por sí y en coordinación con otras dependencias y entidades competentes, para la pronta publicación del Programa Nacional de la Juventud 2019-2024.

Notas

1 Cepal, Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, mayo de 2016.

2 Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), (2015). Las y los jóvenes en México. Resultados de la Encuesta Intercensal 2015 (documento preliminar).

3 Querétaro 24/7, Presentan Programa Nacional De Juventud 2019-2024, 10 de diciembre de 2019. Consultado el 14 de diciembre de 2020, en: https://queretaro24-7.com/

4 Ibíd.

5 Imjuve, Página oficial del Gobierno de México. Consultado el 14 de diciembre de 2020, en: https://www.gob.mx/imjuve/articulos/el-imjuve-presenta-el-programa-naci onal-de-juventud-2019-2024?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2021.

Diputado Alejandro Viedma Velázquez (rubrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Sedena a informar a esta soberanía cuáles criterios se utilizan para determinar el número de vacunas contra el Covid-19 distribuidas a cada entidad federativa; y a la primera de esas dependencias, a dar de prioridad a la vacunación en los estados con mayor número de casos y fallecimientos, suscrita por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Justino Eugenio Arriaga Rojas, Sergio Fernando Ascencio Barba, María de los Ángeles Ayala Díaz, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Jorge Arturo Espadas Galván, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Karen Michel González Márquez, Janet Melanie Murillo Chávez, Saraí Núñez Cerón, María del Pilar Ortega Martínez, Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano y Ricardo Villarreal García, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, por los que se exhorta respetuosamente a la Secretarías de Salud, y de la Defensa Nacional a informar a esta soberanía cuáles son los criterios que utilizan para determinar el número de vacunas contra el Covid-19 que distribuyen a cada entidad federativa, así como para que la Secretaría de Salud considere priorizar la vacunación en las entidades federativas que están enfrentando mayor número de casos y de fallecimientos, incluido Guanajuato, pues de no hacerlo se corre el riesgo de que los sistemas hospitalarios en esas entidades se saturen y, con ello, se incrementen los lamentables fallecimientos a causa de esta enfermedad; conforme a los siguientes

Antecedentes

Las vacunas y el avance en la vacunación

A finales de diciembre del año 2019 se informó oficialmente que una nueva enfermedad estaba extendiéndose rápidamente en la provincia de Wuhan, China: la covid-19, ocasionada por el virus SARS-Cov2. En pocos días, como es de conocimiento público, los contagios alcanzaron a Europa, África y a América, convirtiéndose en una pandemia.

Durante casi un año, los científicos y diversas farmacéuticas hicieron esfuerzos sobrehumanos para investigar lo suficiente sobre la enfermedad y para desarrollar vacunas que fueran inocuas para el ser humano y que permitieran enfrentar este terrible flagelo que ha cobrado una enorme cantidad de vidas en todo el globo.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y con la Organización Mundial de la Salud, “a diciembre de 2020, hay más de 200 vacunas candidatas que se están desarrollando. Algunas están más avanzadas que otras. Más de 50 vacunas candidatas ya se están probando en humanos”.1

Pero las vacunas más avanzadas hasta el momento, son, al menos, Pfizer-BioNTech; AstraZeneca; Moderna; la china CanSino, la rusa Sputnik V y la alemana CureVac. De éstas, en México ya se ha recibido varios miles de dosis para vacunación de la producida por Pfizer-BioNTech, lo que ha despertado la esperanza de toda la población.

Con estas vacunas ya disponibles, al menos 51 países han iniciado campañas de vacunación, las que han avanzado de manera disímbola, tal y como se muestra a continuación:

Como se aprecia, México se encuentra en los primeros 51 países que ya cuentan con acciones de vacunación y, por el número total de vacunas aplicadas, hasta el día 17 de enero de 2021, se ubicaba en el lugar 14, con un total de 329,983 vacunas inoculadas.

Pero cuando se analiza el avance del proceso de vacunación a partir del número de vacunas aplicadas por cada 100 personas, el desempeño de nuestro país empeora considerablemente, pues apenas se ha inoculado 0.26 vacunas por cada 100 personas, lo que muestra que aún falta mucho por hacer. En este contexto, preocupa el lento avance en la vacunación en México, pero preocupa más la poca claridad del plan de vacunación publicado por la Secretaría de Salud.

El plan de vacunación y las vacunas para Guanajuato

El 8 de diciembre de 2020 se publicó el documento rector de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 para prevenir el Covid-19 en México.3 Este documento establece los objetivos, fases y mecanismos que se implantarán en México para lograr la vacunación de la población en contra del virus que causa el Covid-19. De acuerdo con este plan, la vacunación se dará en cinco etapas, que son las siguientes:

• Etapa 1: diciembre de 2020 a febrero de 2021, en la que se vacunará al personal de salud de primera línea de control del Covid-19.

• Etapa 2: febrero a abril de 2021, en la que se vacunará al personal de salud restante y a personas de más de 60 años.

• Etapa 3: abril a mayo de 2021, en la que se vacunará a personas de 50 a 59 años.

• Etapa 4: mayo a junio de 2021, en la que se vacunará a personas de 40 a 49 años.

• Etapa 5: junio de 2021 a marzo de 2022, en la que se vacunará al resto de la población.

Este plan puede apreciarse gráficamente a continuación:

4

Una vez que se recibieron más vacunas, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó su plan de distribución de las vacunas, por lo que, al 13 de enero de 2021, la distribución del embarque de 439 mil 725 vacunas, fue el siguiente:

5

Pero de este plan de distribución del embarque se aprecia que el número de vacunas que se está remitiendo a cada entidad federativa es variable, sin que se desprenda una lógica aparente o una metodología clara, que justifique el por qué algunas entidades reciben un mayor número de vacunas y otras reciben menos.

En el caso de Guanajuato, de acuerdo con el informe técnico diario que integra la Secretaría de Salud, al 16 de enero de 2021, la entidad se encontraba en el tercer lugar en número de casos y en número de casos activos, pero recibió menos vacunas que las que se dispusieron para la Ciudad de México o para el Estado de México y las mismas que recibieron Tamaulipas o Oaxaca, que no están entre los estados con mayor incidencia de la enfermedad.

6

Si bien existe escasez de vacunas y todas las entidades federativas requieren avanzar en el proceso de vacunación, también debe considerarse que los estados con mayor número de casos son los que tienen mayor número de fallecimientos, tal y como se observa a continuación:

7

Por ello, ante la difícil situación que se vive en las entidades con mayor número de casos de la enfermedad, entre ellas Guanajuato, que son las que corren más riesgo de sufrir una saturación hospitalaria y al no contar con información clara sobre los criterios que se han utilizado para distribuir las vacunas, es necesario exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de la Defensa Nacional, responsables de la estrategia nacional de vacunación y de la distribución de las vacunas, para que informen a esta soberanía cuáles son los criterios que se utilizan para determinar el número de vacunas que se envían a cada entidad federativa.

Asimismo, es fundamental para la población de Guanajuato, que la Secretaría de Salud, dependencia responsable de este fundamental proceso de vacunación, considere priorizar la vacunación en la entidad, toda vez que se encuentra en los primeros lugares de casos globales, de casos activos y de defunciones a causa del Covid-19.

Por tal motivo, esta proposición con punto de acuerdo plantea emitir estos respetuosos exhortos para que, sin descuidar la vacunación en todo el territorio nacional, se priorice la atención en las entidades federativas que están enfrentando un mayor número de casos y de fallecimientos, incluido Guanajuato, pues de no hacerlo, se corre el riesgo de que los sistemas hospitalarios en esas entidades se saturen y, con ello, se dé un incremento en los lamentables fallecimientos a causa de esta enfermedad.

Por lo expuesto sometemos el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de la Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que informen a esta Soberanía cuáles son los criterios que utilizan para determinar el número de vacunas contra la covid-19 que distribuyen a cada entidad federativa.

Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud considere priorizar la vacunación en las entidades federativas que están enfrentando un mayor número de casos y de fallecimientos, incluido Guanajuato, pues de no hacerlo, se corre el riesgo de que los sistemas hospitalarios en esas entidades se saturen y, con ello, se dé un incremento en los lamentables fallecimientos a causa de esta enfermedad.

Notas

1 Vacunas contra el Covid-19. Organización Panamericana de la Salud. Recuperado el 8 de enero de 2021, de https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19

2 Elaboración propia con información de Covid-19 vaccine tracker. Bloomberg.com. Recuperado el 17 de enero de 2021, de https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distrib ution/

3 Documento rector de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México. Secretaría de Salud. Recuperado el 8 de enero de 2021 de

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Po lVx_COVID_-11Ene2021.pdf

4 Ídem.

5 015. Vacunación contra Covid-19 entra en etapa expansiva en todo el territorio nacional. Secretaría de Salud. Recuperado el 15 de enero de 2021 de https://www.gob.mx/salud/prensa/015-vacunacion-contra-covid-19-entra-en -etapa-expansiva-en-todo-el-territorio-nacional?idiom=es

6 Informe técnico diario Covid-19 México. Secretaría de Salud. Recuperado el 17 de enero de 2021 de https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tec nico-diario-238449

7 Ídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Diputados: Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks, Sergio Fernando Ascencio Barba, Janet Melanie Murillo Chávez, María de los Ángeles Ayala Díaz, Saraí Núñez Cerón, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, María del Pilar Ortega Martínez, Jorge Arturo Espadas Galván, Éctor Jaime Ramírez Barba, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Fernando Torres Graciano, Karen Michel González Márquez, Ricardo Villarreal García.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la CNBV a acordar con las instituciones bancarias y de crédito al consumo de todo el país la suspensión de la aplicación de toda tasa de interés moratorio en el primer semestre de 2021 a quienes acrediten ser adultos mayores, madres jefas de familia sin ingresos fijos, personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes y desempleados por la contingencia sanitaria, suscrita por la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Hortensia María Luisa Noroña Quezada , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ésta honorable Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que, en función de sus facultades conferidas respecto a la Rectoría del Estado sobre el Sistema Bancario Mexicano, la regulación de los servicios de la banca, su obligación de proteger los intereses de los usuarios de las instituciones de banca múltiple y crédito y ante los efectos negativos que la pandemia por la Covid-19 ha causado en la economía familiar, acuerden con las instituciones bancarias y de crédito al consumo de todo nuestro país, la suspensión de la aplicación de toda tasa de interés moratorio, durante el primer semestre de este año 2021 a sus clientes que acrediten ser adultos mayores, madres jefas de familia sin ingresos fijos, personas físicas cuya percepción diaria no rebase los tres salarios mínimos generales vigentes y quienes se encuentren en situación de desempleo derivado de la contingencia sanitaria , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En todo nuestro país, las afectaciones por el SARS-CoV-2, o Covid-19, han sido sumamente devastadoras, no solo en la salud de la población, o respecto a saturación de servicios médicos o lamentablemente, en cuanto a pérdida de vidas; también lo han sido, en materia de economía, tanto nacional como desafortunadamente, familiar.

El golpe a nuestra población por la pandemia ha sido muy duro, tanto en contagios como también por las muertes que ha dejado, por un lado derivado de la elevada capacidad de contagio de este nuevo virus, la ausencia de una tratamiento, cura y vacuna; pero también, por la incompetencia de los gobiernos de todos los niveles para tomar medidas determinantes tendientes a evitar el contagio; compaginadas a la vez, con apoyos reales tanto a personas como a empresas, para hacerle frente a las consecuencias de las medidas sanitarias y de contingencia requeridas.

Basta señalar que, de acuerdo a cifras oficiales, al 11 de enero de este año 2021, se tiene el registro de 1 millón 541 mil 633 personas contagiadas y tristemente 134 mil 368 fallecimientos.1

Un número de muertes, creciente y muy alejado de la supuesta cifra catastrófica proyectada por el gobierno federal, de 60 mil muertes.

La realidad y las cifras anteriores nos ubican como el cuarto país a nivel mundial con más fallecimientos por Covid-19, tan solo por debajo de Estados Unidos, Brasil y la India.2

Como se puede apreciar, en materia de salud pública, nos ha salido muy cara la irresponsabilidad de los gobiernos sobre el tema, la mala proyección, el desentendimiento de las autoridades encomendadas a la contención de la pandemia, la desatinada conducción de las medidas destinadas al control y combate de contagios; y, el sometimiento de los criterios científicos, médicos y hasta hospitalarios, por los criterios político-electorales, que desde el Ejecutivo federal se ha hecho.

Por si lo anterior no fuera suficiente para configurar una histórica pesadilla, en lo que respecta a temas económicos, las severas y graves afectaciones también perjudicaron devastadoramente a nuestra economía nacional.

Economía nacional que es necesario remarcar, ya venía maltrecha por las desatinadas, equivocadas, imprecisas, improvisadas y quizás hasta caprichosas, decisiones que la autoridad a nivel federal, aplicó y llevó a cabo desde el inicio del presente sexenio.

Basta recordar, que desde el año 2019, por responsabilidad directa del actual gobierno, la economía nacional se encontraba en recesión técnica, motivando que para el primer trimestre del año 2020 es decir los meses de enero, febrero y marzo, el PIB registrara una caída confirmada del -1.4 por ciento.3

Por ello el Coneval, afirmaba que en nuestro país y nuevamente -gracias a este gobierno federal-, la pobreza alimentaria registrada aumentó drásticamente, ya que paso de cubrir a un 35.7 por ciento de toda la población, a cubrir un 54.9 por ciento de la población total.4

Es decir, tuvimos un 2019 y un 2020 en donde, casi 6 de cada 10 familias en nuestro territorio, no tuvieron los mil 165 o mil 633 pesos, que costaban los productos básicos de alimentación.5

Como resumen en cuanto a materia económica podemos decir, que llegamos a enfrentamos a la pandemia por el Covid-19, enfermos de gravedad.

El gobierno federal ha asumido la peor pandemia de nuestra historia reciente, con disimulo, minimizándola, sin atención preferente, sin destino y disposición de recursos económicos extraordinarios y urgentes para hacerle frente, para comprar medicamentos, adecuar hospitales, actualizar instalaciones o mínimamente, dotar del equipo exiguo e indispensable de trabajo y protección para nuestro personal médico.

Tristemente por eso, a pesar de las sistemáticas mentiras del Ejecutivo federal, de su maratónica costumbre de justificar y culpar de todos sus errores al pasado y su infructuosa intención de proclamar falsamente cada día a la pandemia como domada; se ha declarado a nuestro país, como el primer lugar en muertes de personal médico por causa directa de la Covid-19.6

A la vez, se recetó la misma indolencia a la desproporcionada caída de ingresos por la parálisis económica que estamos atravesando en ramas tanto económicas, como también comerciales e industriales; o bien, en materia de desempleo.

Se ha dejado en el desamparo total, a pesar de las graves consecuencia en el corto, mediano y largo plazo, a las creadoras de al menos el 80 por ciento de todo el empleo en este país, las poco más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas directamente por la pandemia y las medidas sanitarias asumidas.7

Lo mismo ha pasado con el sector inmobiliario, de autotransporte, automotriz, turístico, restaurantero o comercial, por mencionar algunos.

De ahí que para el cierre del tormentoso año 2020, se contabilizan al menos 15 millones de empleos perdidos.8

15 millones de personas sin trabajo y, por ende, familias sin sustento; de las cuales poco más de nueve millones, son mujeres jefas de familia.9

Por eso, y gracias al desentendimiento del gobierno federal, somos uno de los países a nivel mundial con la peor caída registrada de su economía como consecuencia de la Covid-19.

Basta señalar que se estima una caída del PIB para el año 2020 del -9.8 por ciento, un decrecimiento histórico, así como también una depreciación de nuestra moneda de al menos el 10 por ciento respecto al dólar.

En materia de empleo, somos nuevamente ejemplo mundial de lo peor, ya que conforme a lo reportado por el Inegi en su encuesta telefónica sobre Covid-19 y el Mercado Laboral (Ecovid-ML) realizada a 68.2 millones de personas, se reporta que también se perdieron temporalmente 5 millones de trabajos que no han podido ser reactivados.10

Que el 81 por ciento de los trabajadores independientes fueron gravemente afectados por la contingencia, el 30.4 por ciento perdieron definitivamente sus ingresos no fijos y al menos el 65.1 por ciento vieron disminuidos considerablemente sus ingresos.11

A la vez, se reportó que el 82 por ciento de la población no económicamente activa, se encontraba sin posibilidad de buscar trabajo.12

En lo que respecta a la población económicamente activa, se reporta que el 82 por ciento estaba en suspensión laboral con afectación a su ingreso, al 39.8 por ciento se le disminuyo su jornada laboral y en muchos casos por ende su ingreso, y solo el 45 por ciento mantuvieron su acceso a los servicios de salud correspondientes.13

Finalmente, para este año 2021 las noticias no son nada alentadoras ya que se pronostica en el mejor de los casos pero irremediablemente y profundamente insuficiente, un crecimiento del 3.4 por ciento;14 es decir, se queda mucho a deber todavía a la economía nacional.

Pero más allá de estas catastróficas y abultadas cifras de malos resultados, peores decisiones y equivocadas estrategias, lo que tenemos en realidad son personas, familias, sueños, futuros inciertos de hijas e hijos, de cada integrante de una sociedad que tienen, nombre y apellido.

No son cifras solamente, no se trata únicamente de estadísticas o números, se trata de personas, de vidas humanas ante las cuales, quienes conformamos esta soberanía, tenemos la obligación en corresponsabilidad con las demás autoridades de todos los niveles; de cuidar, velar por su presente y su futuro y proveerles de mejores condiciones de desarrollo, vida y crecimiento.

Estamos hablando de muchas familias que la están pasando mal y la ven peor en el mañana, por haber perdido su trabajo, carecer de su sustento y ver amenazado su patrimonio familiar.

Pero, de todo este enorme universo de familias y futuros amenazados, hay un sector de nuestra población que no es menor, ni tampoco invisible, aunque parece que ha sido olvidado; me refiero a todas nuestras mexicanas y mexicanos que han recurrido al crédito para comprar su casa, adquirir un préstamo o comprar un bien, un electrodoméstico, un automóvil, una pantalla, un teléfono o bien, medicamentos, un tanque de oxígeno, un oximetro, un termómetro o pagar la cuenta estratosférica de algún hospital.

Son millones de mexicanas y mexicanos que han recurrido a los bancos, a las tiendas departamentales que ante la expectativa de estabilidad y trabajo fijo que tenían antes de la pandemia, adquirieron sus bienes y productos mediante el crédito, mediante pagos a plazos, a través de préstamos, pero a fin de cuentas, todos sujetos a tasas de interés tanto de costo como también, moratorio.

Es decir, el interés a pagar por el dinero prestado, o bien, el dinero a pagar por la moratoria en el pago correspondiente.

El asunto no es menor, y estamos refiriéndonos a millones de familias que necesitan de nuestra ayuda, que requieren ser sacados del abandono en el que, el gobierno federal los tiene y mantiene, a pesar de verse amenazado su futuro y también su patrimonio.

Familias que la pandemia les redujo su ingreso, les quitó su trabajo y las mantiene en el desempleo; pero que tienen que seguir pagando sus créditos, hacer sus pagos semanales o mensuales por sus bienes o productos previamente adquiridos y que sin deberla, sin tener la culpa por el mal manejo gubernamental de la pandemia; hoy se ven imposibilitados para hacerle frente a esos compromisos; pero eso sí, solo ellos y sus familias enfrenten las consecuencias financieras y hasta legales, por la imposibilidad del pago.

No es que se nieguen a pagar, lo que sucede, es que no pueden hacerlo.

Y si lo anterior no fuera suficiente para el menoscabado ingreso y economía familiar, nos enfrentamos a millones de casos en los cuales, las familias llegan a esas tiendas tan recurridas por la población para adquirir electrodomésticos o productos, a pagos chiquitos y largos plazos, de ofertas irrepetibles o relámpago a pagos semanales, que únicamente te solicitan tu numero de celular y credencial de elector vigente para acceder según ellos a innumerables beneficios, descuentos y productos con plazos y montos de nuestra elección; familias que acuden a realizar su pago después de la fecha indicada, pero que son sujetos a cobros autoritarios, verdaderos robos por intereses moratorios arbitrarios, que cambian de la noche a la mañana y al antojo del prestamista, sin más opción que el pago irrenunciable o en consecuencia, el incremento desproporcionado e impagable de la deuda por parte de las familias.

Además de la amenaza de mandarles a los del departamento de cobranza, al jurídico de la empresa y también enviarlos al buró de crédito, con la consigna de que no saldrán jamás de ahí.

Desafortunadamente, estas familias son las de los más bajos ingresos, las que con inimaginables esfuerzos se tratan de hacer de sus cosas, de mejorar, de progresar, de brindar a sus hijas e hijos lo que ellos no tuvieron, de hacer su vida mas llevadera, mas cómoda quizás.

Son familias mexicanas que, de entrada, se enfrentan a tasas de interés por el préstamo o el crédito, desproporcionadamente elevadas, injustificadas y abusivas, y posteriormente si las cosas cambian para mal, se enfrentan a tasas de interés moratorias arbitrarias, infundadas, desmedidas y muy seguramente hasta ilegales; pero tristemente aplicables y siempre procedentes en contra de la economía familiar.

Nos referimos a una lucha que vamos siempre a perder, contra empresas abusivas y arbitrarias, que han amasado fortunas inmensas valiéndose del esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores mexicanos, de sus deseos de mejorar y adquirir productos nuevos, pero tramposamente por parte de las tiendas, de años posteriores con tecnología antigua pero a precios carísimos; empresas y dueños ante las cuales, las familias no tienen protección efectiva.

Como dije anteriormente, el asunto no es menor; de acuerdo a cifras oficiales el crédito al menudeo se disparó en nuestro paiacute;s por la pandemia.15

Pero, es preciso señalar que, de acuerdo a reportes oficiales, el crédito al menudeo en nuestro país ya traía significativas tasas de crecimiento con promedios anuales de entre 10 y 15 por ciento desde antes de la pandemia.16

Es decir, son cada vez más las familias de todos los estratos sociales y capacidad adquisitiva que recurren a esta forma de compra, pero son las familias de menos recursos, las que más batallan en la vida, quienes más recurrieron a esta modalidad y por ende, quienes más difícil la están pasando hoy en día.

Ante lo grande del problema, las instituciones bancarias han reaccionado tímidamente pero suficiente para darnos una idea de la magnitud real de lo que debe de ser el problema.

Han actuado no por consideración a las personas, ni por preocupación ante el patrimonio o porvenir familiar; sino por interés propio, su viabilidad financiera y el rescate de su cartera vencida.

Basta mencionar que para noviembre del año 2020, de acuerdo a la Asociación de Bancos de México, se había restructurado cerca de 110 mil millones de pesos correspondientes a créditos, bajo un esquema nuevo de pago de deuda por los problemas y afectaciones derivadas de la Covid-19, es decir, 728 mil clientes de bancos en nuestro país, reestructuraron sus créditos.17

Se sabe además, que durante la pandemia, al menos, al 80 por ciento de las personas en nuestro país, no les alcanzaron a completar sus ingresos habituales y por consecuencia, recurrieron al crédito al consumo al menudeo, esto de acuerdo a información proporcionada por la Asociación Nacional de Pequeños Comercios.18

Como se puede apreciar, hay un enorme sector de nuestra población, la más desfavorecida, que necesita de nuestra ayuda, que la hemos dejado sola y que requiere nuestro apoyo para hacer frente a sus compromisos crediticios, que se vieron afectados por malas decisiones no de ellos, sino de las autoridades federales, por equivocaciones, berrinches u ocurrencias del Ejecutivo federal, que han empañado y empeñado su futuro, su economía familiar y con ello su estabilidad en todos los aspectos.

Un sector de nuestra población vulnerable que requiere que actuemos, que necesita también de la recuperación económica, de la reactivación del crédito, de la luz al final del túnel; pero a la vez, de ayuda urgente en el hoy y ahora sobre los intereses moratorios que nos los dejan salir adelante, que los revictimizan y que les siguen robando el dinero de sus bolsillos.

Es urgentemente, altamente necesario y sumamente imprescindible que esta soberanía haga algo al respecto.

Todos anhelamos la recuperación económica nacional ante esta pandemia por la Covid-19, pero tenemos un gobierno federal que nada hace por proteger verdaderamente a nuestras empresas y peor aún, a nuestras familias mexicanas, a quienes menos tienen.

Ello exige, a quienes integramos esta soberanía, a proteger, cuidar y hacer valer el ingreso familiar y su poder adquisitivo.

Por eso, en este punto de acuerdo se propone y solicita una tregua, dar un respiro a quienes menos tienen, pero que más se ven afectados por los intereses moratorios de sus créditos o préstamos, para que al menos durante los primeros seis meses de este año 2021, no los paguen, no se apliquen y puedan estas familias recuperarse.

Además, sentamos el antecedente sobre un pendiente que es necesario atender y una práctica nociva que se requiere erradicar y castigar en materia de crédito en México.

Nuestra población no puede seguir siendo presa y rehén de prácticas abusivas, injustas, crueles, arbitrarias y desmedidas en materia de intereses moratorios, por parte de supuestas empresas populares y familiares.

No podemos dejar que se siga robando descaradamente a nuestras familias mexicanas bajo éste, ni bajo ningún otro concepto. Debemos tarde o temprano, parar, erradicar y castigar ese hurto al ingreso familiar, que se hace a través de las tasas de interés, en cualquiera de su modalidad, en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Articulo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que, en función de sus facultades conferidas respecto a la Rectoría del Estado sobre el Sistema Bancario Mexicano, la regulación de los servicios de la banca, su obligación de proteger los intereses de los usuarios de las instituciones de banca múltiple y crédito y ante los efectos negativos que la pandemia por la Covid-19 ha causado en la economía familiar, acuerden con las instituciones bancarias y de crédito al consumo de todo nuestro país, la suspensión de la aplicación de toda tasa de interés moratorio, durante el primer semestre de este año 2021 a sus clientes que acrediten ser adultos mayores, madres jefas de familia sin ingresos fijos, personas físicas cuya percepción diaria no rebase los tres salarios mínimos generales vigentes y quienes se encuentren en situación de desempleo derivado de la contingencia sanitaria.

Notas

1 Reporte Secretaría de Salud. 11 de enero del 2021.

2 Universidad Johns Hopkins. Reporte 12 de enero 2021.

3 Inegi. Reporte primer semestre del año 2020.

4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneva. Reporte 2020.

5 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Reporte 2020.

6 Amnistía Internacional. Reporte 2020.

7 Banco de México. Actividad empresarial.

8 Inegi. 2020

9 Inegi. 2020

10 Inegi. Ecovid-ML 2020.

11 Inegi. Ecovid-ML 2020.

12 Inegi. Ecovid-ML 2020.

13 Inegi. Ecovid-ML 2020.

14 SHCP.

15 Banco de México. Reporte 2020.

16 Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

17 Asociación de Bancos de México.

18 Asociación Nacional de Pequeños Comercios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el Cenatra a redoblar los esfuerzos encaminados a acercarse a las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y los expertos en trasplantes de los centros hospitalarios públicos y privados para reactivar el ritmo de atención de éstos vigente en el país antes de la pandemia y, de ser posible, seguir aumentando el número de ellos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Trasplantes a redoblar los esfuerzos encaminados a acercarse a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones académicas del país y a los expertos en trasplantes de los centros hospitalarios públicos y privados para acelerar las acciones encaminadas a reactivar el ritmo de atención a trasplantes que tenía el país antes de la pandemia y, de ser posible, seguir aumentando el número de trasplantes anuales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La histórica pandemia que agobia a todo el sistema de salud del país ha trastocado las actividades que realiza tanto el sector privado como el médico en una gran cantidad de áreas de atención médica. Ejemplo de ello ha sido la realización de trasplantes en nuestro país, cuyos programas tanto en instituciones públicas como privadas se han visto afectados por las necesidades impuestas por la emergencia del Covid-19, disminuyendo o deteniendo la programación de trasplantes prácticamente en todo el país.

Solo algunas entidades federativas como el estado de Jalisco empezaron a reactivar la programación de trasplantes en octubre;1 sin embargo, los esfuerzos a nivel nacional están por debajo de las capacidades de nuestro país y muy distantes de la necesidad que plantea año con año nuestra población.

Sin lugar a dudas las condiciones de la emergencia sanitaria potencializan muchos riesgos y por eso es perfectamente justificable la suspensión o disminución de actividades en los primeros meses de la pandemia, pues tan solo hasta septiembre de los 175 trasplantes realizados en todo el país 44 habían muerto como consecuencia de contagios de Covid-19.2

No obstante, lo anterior, considerando tanto los protocolos que se han implantado en Jalisco,3 como las necesidades resaltadas por organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Civil Ale, plantean la posibilidad y la necesidad apremiante de retomar el ritmo de trasplantes que nuestro país tenía antes de la pandemia.4

La problemática puede clarificar la perspectiva manifiesta por Asociación Civil Ale si consideramos que en 2020 murieron más de 90 mil personas por diabetes, ante la falta de insulina, en muchos casos derivada de la desaparición de los fondos que en algunos casos amortiguaban este tipo de casos. Algunos de esos decesos pudieron haberse evitado con trasplantes, sin embargo, así como se dejó de amortiguar el costo de la insulina, el Insabi tampoco está amortiguando la economía de las familias mexicanas que necesitan un trasplante o que tienen un miembro trasplantado pues tampoco hay disponibilidad de los insumos médicos para los trasplantes.5

Aunado a esa falta de insumos y medicamentos, otro problema que nuestro país enfrenta para poder atender la demanda de trasplantes que tiene la nación está en el cierre de actividades en hospitales públicos y privados para actividades que no sean la atención de la pandemia y más recientemente la suspensión ante el alza de diciembre que nos mantiene en una nueva pausa de trasplantes durante diciembre y enero. Estas circunstancias han propiciado que mientras entre enero y junio de 2019 se realizaron 44 trasplantes de riñón, pulmón o corazón, en todo 2020 se llevaron a cabo sólo 32 trasplantes.6 Ello propiciando la muerte de pacientes que se quedaron en espera de ser trasplantados; empeorando las condiciones de salud y calidad de muchos pacientes que eran candidatos a trasplante, pero cuyas nuevas realidades tras un año sin trasplante o medicamentos posiblemente han perdido o empeorado sus posibilidades de tener un trasplante exitoso, y generando que algunos especialistas en trasplantes emigren a otros países ante la imposibilidad de llevar a cabo trasplantes en México, actividad para la que se prepararon durante décadas y que posiblemente representa su principal ingreso por lo que podemos afirmar que las suspensiones también han traído fuga de cerebros.

Hoy se sabe que, con ciertos protocolos de sanidad, se pueden realizar trasplantes disminuyendo considerablemente los riesgos de los pacientes y atendiendo esa urgencia que tienen 23 mil 84 mexicanas y mexicanos7 para poder salvar la vida ante la necesidad de un trasplante de órganos.8

Derivado de todo lo anterior, el presente punto de acuerdo plantea un exhorto a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Trasplantes para que redoblen los esfuerzos encaminados a acercarse a la sociedad civil, a las expertas y expertos en trasplantes de los centros hospitalarios y a la academia para encontrar la mejor estrategia orientada a reestablecer el ritmo de los trasplantes realizados en el país.

Por lo expuesto y fundado me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Trasplantes a redoblar los esfuerzos encaminados a acercarse a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones académicas del país y a los expertos en trasplantes de los centros hospitalarios públicos y privados para acelerar las acciones encaminadas a reactivar el ritmo de atención a trasplantes que tenía el país antes de la pandemia, y de ser posible, seguir aumentando el número de trasplantes anuales.

Notas

1 Comunicación Social. “Jalisco reactiva paulatinamente los trasplantes de órganos”, Secretaría de Salud de Jalisco, 25 de septiembre de 2020. Disponible en https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/9354

2 “En lo que va de 2020 son 175 pacientes trasplantados (en diferentes fechas) en el país que han sido positivos a Covid-19, del total han muerto 44 pacientes, en Jalisco se han registrado 10 pacientes trasplantados afectados por la enfermedad (no se han registrado muertes)”. Comunicación Social, “Jalisco reactiva paulatinamente los trasplantes de órganos”, Secretaría de Salud de Jalisco, 25 de septiembre de 2020. Disponible en https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/9354

3 Entre los pacientes trasplantados en Jalisco sólo 10 pacientes trasplantados se han contagiado y ninguno perdió la vida. Véase https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/9354

4 “Muchos de estos pacientes mueren porque sus enfermedades los alcanzaron o incluso hasta por la desesperanza al estar a punto de ser operados, pero por la suspensión de estas cirugías perdieran la oportunidad y cayeran en depresión”. Carlos Castro Sánchez, presidente de la Asociación Civil Ale, en Rocío López, “Desde marzo están suspendidos los trasplantes en el país por Covid-19”, UDGTV, 13 de diciembre de 2020. Disponible en

https://udgtv.com/noticias/desde-marzo-estan-suspendidos -trasplantes-pais-covid-19/

5 Jaime Navarro, “Sistema de Salud Pública”, en El Imparcial, 17 de enero de 2021. Disponible en https://www.elimparcial.com/tijuana/columnas/Sistema-de-salud-publica-2 0210117-0002.html

6 Monserrat Cordero Parra, “Pandemia deja como saldo menos trasplantes y donantes de órganos”, en semanario Universidad, 14 de octubre de 2020. Disponible en

https://semanariouniversidad.com/pais/pandemia-deja-como -saldo-menos-trasplantes-y-donantes-de-organos/

7 El Cenatra reconoce que 23 mil 84 personas requieren un trasplante. Entre éstas, 17 mil 15 son de riñón, 5 mil 692 de córnea, 313 de hígado, 50 de corazón, 6 de páncreas, 3 de hígado-riñón, 2 de riñón-páncreas, 2 de pulmón y 1 de corazón- pulmón. Véase http://cenatra.salud.gob.mx/transparencia/trasplante_estadisticas.html

8 “Sí se puede operar a pesar del Covid-19 con las medidas de sanidad, y uno de los elementos más importantes que se ha hecho en otros países es la aplicación de pruebas al donador y al receptor, pruebas que tienen que ser rápidas por la esencia misma de los tiempos, pero no han querido determinar algún hospital abierto para hacer trasplantes”, Carlos Castro Sánchez, presidente de Asociación Civil Ale, en Gonzalo Flores, “Por el riesgo de contagio, sector salud del Estado paraliza los procedimientos en hospitales reconvertidos para atender pacientes de coronavirus”, AM es Querétaro, 7 de enero de 2021. Disponible en

https://amqueretaro.com/exclusiva/2021/01/07/suspenden-t ransplantes-de-organos-por-covid-19/

Dado en la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y sus 32 homólogas locales a implantar una campaña nacional para prevenir el suicidio, dirigida especialmente a los jóvenes, pues representa la tercera causa de muerte en el grupo de edad de 14 a 29 años, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina , diputada integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Anualmente, cerca de 800 mil personas se quitan la vida, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2016 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.1

En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60 por ciento a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; y estas cifras no incluyen los tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado.2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido al suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida; este hecho es considerado grave y perjudicial tanto para el individuo que lo comete, como su contexto, debido a la intención destructiva que hay en él.

El suicidio es considerado un acto prevenible, y en la actualidad la tasa de suicidios es un indicador de evaluación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En México, las estadísticas de mortalidad de 2017 reportan que, del total de fallecimientos, 6 mil 494 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que constituye 0.9 por ciento del total de muertes. Con ello, la tasa de suicidios del 2017 fue de 5.2 fallecimientos por cada 100 mil habitantes. En ese mismo año el suicidio ocupó el lugar número 22 de las principales causas de muerte para la población total, pero en la población de 15 a 29 años, es la segunda causa de muerte.3

En nuestro país, el suicidio en adolescentes y jóvenes es una realidad que va en aumento, en 1990, en hombres, representó una tasa de 4 por cada 100 mil adolescentes; y en mujeres, de 1.4, en tanto que para 2011 fue de 10.8 y 4.7 por 100 mil adolescentes, respectivamente.4

Aunque tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los varones de edad avanzada, las tasas entre los jóvenes han ido en aumento hasta el punto de que ahora estos son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en vías de desarrollo.

No obstante, se puede prevenir el suicidio adoptando medidas eficaces como la restricción del acceso a los medios de suicidio y la formación del personal sanitario.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral.

Los servicios de salud tienen que incorporar la prevención del suicidio como un componente central. La identificación temprana y el manejo eficaz son fundamentales para conseguir que las personas reciban la atención que necesiten.

El suicidio es el resultado de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales. El mejoramiento de la detección por parte de la comunidad, la remisión y el control del comportamiento suicida son pasos importantes para su prevención.5

La orientación es apropiada para todos los niños y adolescentes con comportamientos suicidas y debe centrarse en el tratamiento cognitivo-conductual con énfasis en la capacidad para enfrentar problemas. Las metas de orientación eficaz pueden ser mejor autocomprensión, identificación de sentimientos conflictivos, aumento de la autoestima, cambio de comportamientos de inadaptación, adquisición de capacidades eficaces de resolución de conflictos e interacción efectiva con los compañeros.6

Debido a que es un problema grave de salud pública, el suicidio requiere nuestra atención, pero desgraciadamente su prevención y control no son tarea fácil. La investigación más reciente señala que la prevención del suicidio si bien es posible, comprende una serie de actividades que van desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de los jóvenes y los niños, el tratamiento eficaz de los trastornos mentales, hasta el control medioambiental de los factores de riesgo. La difusión apropiada de la información y una campaña de sensibilización del problema son elementos esenciales para el éxito de los programas de prevención.7

El suicidio es un problema que afecta gravemente a nuestros niños, niñas y adolescentes y es una de las principales causas de muerte entre la población joven y que, de hecho, en el año de 2019, se ubicó como la tercera causa de mortalidad en el grupo de población de 14 a 29 años de edad, sólo detrás de los homicidios y los accidentes de transito.

Ante la gravedad de suicidios cometidos por nuestra población joven, urge que la Secretaría de Salud adopte medidas de prevención, entre las que se pueden incluir la información y una campaña de sensibilización del problema.

Al respecto, el Programa Sectorial de Salud 2019-20248 en su objetivo prioritario 5.4 relativo a la Atención Integral en Salud Mental y Adicciones, establece que se debe:

Garantizar el acceso a los servicios de salud mental, apoyo psicológico y de atención integral para los trastornos mentales y problemas relacionados con el uso de sustancias especialmente a población afectada en situaciones de desastres naturales, emergencia humanitaria, violencias o migración.

Para tal efecto, establece en el objetivo 5.4.6 que se deben implementar campañas y programas nacionales para la prevención del suicidio y autolesiones, consumo de sustancias y conductas susceptibles a generar adicciones, para promover condiciones saludables de vida y trabajo, especialmente para población vulnerable e individuos con perfiles de riesgo.

Conforme a lo anterior, resulta procedente exhortar a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas implementen una campaña nacional para la prevención del suicidio dirigida en especial a los jóvenes por ser la tercera causa de muerte en el grupo de edad de los 14 a los 29 años.

Se estima que con esta proposición se debe atender al interés superior de la niñez pues desde 2016, el suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 14 a 29 años en nuestro país y en 2019 fue la tercera causa de muerte, por lo que urge adoptar acciones que permitan prevenirlo, tal como lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud.

Por otro lado, de acuerdo con los datos del Inegi, entre los años de 2010 al 2019 en México se tiene un registro de 61 mil 910 casos de suicidio, siendo el último en el que se registra la cifra más alta, con 7 mil 233 personas que se quitaron la vida, cifra 44.31 por ciento superior a la registrada 10 años atrás, precisamente en el año 2010, cuando el registro fue de 5 mil 12 casos.

Entre las entidades con un mayor número absoluto de casos de suicidio se ubican el Estado de México, Jalisco y Guanajuato, ocupando el estado de México el primer lugar a nivel nacional.

Así, mientras que en el estado de México el número de suicidios acumulados entre 2010 y 2019 asciende a 6 mil 140 personas; en Jalisco el registro es de 5 mil 363; y en Guanajuato es de 4 mil 168.9

Por lo expuesto, se propone exhortar respetuosamente al gobernador del estado de México, para que a través de la Secretaría de Salud, diseñe una estrategia de prevención del suicidio, por ser el Estado con el mayor número de suicidios acumulados entre 2010 y 2019.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes y al sistema federal, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, implemente una campaña nacional para la prevención del suicidio, dirigida especialmente a las y los jóvenes por ser la tercera causa de muerte en el grupo de edad de los 14 a los 29 años.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que, a través de la Secretaría de Salud, diseñe una estrategia de prevención del suicidio, por ser la entidad con el mayor número de suicidios acumulados entre 2010 y 2019.

Notas

1 [1] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

2 https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/suicid ios2019_Nal.pdf

4 http://www.indicecorporativo.com/salud/1615-estadisticas-sobre-el-suici dio-en-mexico

5 [1] https://www.who.int/mental_health/media/counsellors_spanish.pdf

6 https://www.who.int/mental_health/media/counsellors_spanish.pdf

7 https://www.who.int/mental_health/media/en/63.pdf

8 https://amepresmexico.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/191001-PROSESA- 2019-2024.pdf

9 https://www.excelsior.com.mx/nacional/
suicidios-aceleran-tendencia-al-alza-en-2019-crecieron-44-respecto-de-2010/1426555

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Mesas Directivas de ambas Cámaras a instruir para que durante febrero los recintos sean iluminados con el color dorado, representativo de la lucha contra el cáncer infantil, suscrita por los diputados Leticia Mariana Gómez Ordaz y Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados Leticia Mariana Gómez Ordaz , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Arturo Escobar y Vega , en representación de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Elizondo Garrido , Nayeli Arlen Fernández Cruz , Alfredo Antonio Gordillo Moreno , Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe , del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en el mundo pues cada año se diagnostican aproximadamente 300 mil niños de entre 0 y 18 años alrededor del mundo, por lo que debe ser considerado una enfermedad prioritaria en salud pública.1

La inmensa mayoría de los cánceres en niños no tiene una causa conocida, a diferencia de los adultos esta enfermedad no está relacionada a factores ambientales o al estilo de vida de los menores.

En el plano nacional, afirman que en México es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad. En virtud de que el cáncer en los niños no se puede prevenir, la estrategia más eficaz para reducir su carga consiste en centrarse en el diagnóstico precoz y correcto, seguido de una terapia eficaz.2

Entre el primero y el cuarto año de vida predominan los tumores del sistema nervioso simpático, retinoblastoma, tumores renales y tumores hepáticos. A partir de los 10 y hasta los 19 años (adolescencia) los tipos de cáncer que ocurren con mayor frecuencia son similares a los que se presentan en la edad adulta y debido a que el cáncer en adolescentes suele ser más agresivo, el tratamiento condiciona un mayor riesgo de inmunosupresión y de infección que puede desencadenar la muerte.3

La gravedad del problema del cáncer en la infancia y adolescencia llevó a que desde el 5 de enero de 2004 se creara el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (Conacia) como un órgano consultivo e instancia permanente de coordinación y concertación de las acciones de los sectores público, social y privado en materia de investigación, prevención, diagnóstico, y tratamiento integral del cáncer detectado entre la población menor de dieciocho años en la República Mexicana.4

Afirman que de 80 a 95 por ciento de los casos de cáncer infantil se pueden curar con medicamentos y con tratamientos como la cirugía, la radioterapia, la terapia inmunológica y terapia celular como el trasplante de médula ósea; siempre y cuando sean detectados a tiempo, los promoventes también destacan la gran problemática que se vive en el país donde, el 75 por ciento de los casos de cáncer en menores de 18 años, se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa considerablemente el tiempo y costo del tratamiento, con lo que se disminuye de manera importante la posibilidad de curarse.5

La sobrevida Nacional en niños y adolescentes registrados en el RCNA es de 57 por ciento, en comparación con la de países con altos ingresos donde la probabilidad de que una niña, niño o adolescente con cáncer sobreviva es del 90 por ciento.6

Las entidades federativas con mayor tasa de mortalidad en niños (0 a 9 años) son: Campeche (6.3), Chiapas (6.2), Aguascalientes (6.0), Colima y Tabasco (5.6). En adolescentes (10 a 19 años) la mayor tasa de mortalidad corresponde a: Campeche (8.6), Tabasco (7.6), Chiapas (7.0), Oaxaca (6.5) e Hidalgo (6.4) (5).7

Ante las cifras tan alarmantes del cáncer infantil, es necesario que como legisladores hagamos esfuerzos en pro de la salud de la niñez mexicana, buscando concientizar a la población en general sobre este problema de salud, y que los adultos que se encuentran a cargo de niños puedan detectar las señales de alerta y los síntomas que permitan tener un diagnóstico oportuno el cual determinará las posibilidades de supervivencia.

Cabe señalar que entre 8 y 9 de cada 10 pacientes con cáncer de cero a 18 años pueden curarse con detección temprana y tratamiento exitoso, lo cual puede lograrse sumando esfuerzos entre sociedad, maestros e instituciones de salud; “en el Issste apostamos por la prevención, al promover y difundir la detección temprana”.8

Es por ello que la difusión de los síntomas, y la visibilización del problema hará la diferencia para salvar la vida de los menores.

Por lo que en el marco del 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer; el 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil; y que en México, febrero es el “Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer infantil”, el cual fue Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de diciembre de 2020 sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que, en el ámbito de sus facultades y en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil, se ilumine durante febrero de color dorado el Palacio Legislativo de San Lázaro, con el propósito de generar consciencia y sensibilizar a la población respecto esta terrible enfermedad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para que, que, en el ámbito de sus facultades y en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer infantil, se ilumine durante febrero de color dorado el Senado de la República, con el propósito de generar consciencia y sensibilizar a la población respecto esta terrible enfermedad.

Notas

1 véase, “Organización Mundial de la Salud”; disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children

2 Véase, “Dirección General de Epidemiología”. Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED).

3 Cuevas-Urióstegui, M. L., Villasís-Keever, M. A., & Fajardo-Gutiérrez, A. (2003). The epidemiology of cancer in adolescents. salud pública de méxico, 45(S1), 115-123

4 Véase, Secretaria de Salud; Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/d050105.html

5 Véase, ISSSTE; Disponible en:https://www.gob.mx/issste/prensa/curables-entre-80-y-90-por-ciento-d e-los-casos-de-cancer-infantil

6 https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/
cancer-infantil-en-mexico-130956#:~:text=Las%20entidades%20federativas%20con%20mayor,(6.4)%20(5).

7 https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/
cancer-infantil-en-mexico-130956#:~:text=Las%20entidades%20federativas%20con%20mayor,(6.4)%20(5).

8 Véase, ISSSTE; Disponible en: https://www.gob.mx/issste/prensa/curables-entre-80-y-90-por-ciento-de-l os-casos-de-cancer-infantil

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Jorge Francisco Corona Méndez (rúbrica), Zulma Espinoza Mata (rúbrica), José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Marco Antonio Gómez Alcantar (rúbrica), Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Roberto Antonio Rubio Montejo (rúbrica), Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica) y Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de México a fortalecer la supervisión de los restaurantes cuya operación se autorizó desde el 18 de enero únicamente en espacios abiertos y con un horario limitado para garantizar la salud de los mexiquenses, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Mónica Bautista Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México a redoblar la supervisión de los restaurantes cuya operación se autorizó desde el 18 de enero, únicamente en espacios abiertos y con un horario limitado para garantizar la salud de las y los mexiquenses, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 15 de enero, la jefa del gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del estado de México anunciaron diversas medidas encaminadas a dar salida a las urgentes peticiones de los restauranteros que exigieron la apertura de sus establecimientos, de frente a un cierre masivo que les conduciría a la extinción. Muchos de ellos se manifestaron en la vía pública y otros simplemente retaron a la autoridad y abrieron sus puertas para brindar un servicio controlado.

Entre las medidas anunciadas para el Estado de México, se encuentran la apertura de los restaurantes que cuenten con espacios con servicio al aire libre para el consumo de alimentos. Sin anunciar medidas adicionales, el gobernador informó que se incrementará el número de pruebas aplicadas y se seguirá con el esquema de vacunación para el personal de salud de primera línea.

No obstante, siendo conscientes del gran riesgo que implica la apertura de los restaurantes como sitios de contagio, debido a la cercanía de las y los comensales, el intercambio con las y los meseros así como la preparación de los alimentos, es que hacemos un llamado responsable para que las autoridades redoblen los operativos de supervisión para que estos establecimientos cumplan rigurosamente con las medidas que han sido autorizadas y, de esta forma, garantizar la salud de las y los mexiquenses que asisten a estos establecimientos.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México para redoblar la supervisión de los restaurantes cuya operación se autorizó desde el 18 de enero, únicamente en espacios abiertos y con un horario limitado para garantizar la salud de las y los mexiquenses.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a considerar incluir Sonora entre los estados beneficiarios del programa Sembrando Vida, suscrita por el senador Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Arturo Bours Griffith, senador de la República de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las características de nuestra nación es la riqueza y abundancia de sus recursos naturales y biodiversidad, la cual, en su mayoría se ubica en zonas consideradas como rurales, es en estas zonas donde residen la mayoría de los pueblos originarios que aún sobreviven, los cuales es necesario preservar e impulsar para aprovechar su riqueza de conocimientos, uno de éstos pueblos son los yaquis de mi estado de Sonora.

Desafortunadamente, el libre mercado sin control, impulsado en décadas anteriores han ocasionado que muchas de éstas zonas rurales hayan quedado atrasadas y sin la posibilidad de incorporarse al mercado lo que ocasionó mayor pobreza y marginalidad en estas regiones de nuestro país.

Otros daños colaterales generados por el libre mercado y por la falta de compromiso con el medio ambiente y de visión de los “hacedores de política pública” de administraciones anteriores han sido la sequía y la desertificación, los cuales representan sendos temas que es necesario combatir.

La desertificación es un proceso paulatino que implica la degradación continua de la tierra en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas, a causa de variaciones climáticas y actividades humanas en los ecosistemas como la tala indiscriminada de árboles, minería o sobreexplotación de las tierras.1

La sequía, resultado, entre otros factores, del proceso paulatino de desertificación, es una situación temporal en la que la disposición del agua es insuficiente para satisfacer las necesidades de los seres vivos.

La degradación ambiental debe ser considerada y dimensionada por los efectos generados, sobre los ecosistemas ya que condicionan la posibilidad de desarrollo a las poblaciones de animales, plantas y seres humanos.

Estos fenómenos ocasionan escasez en las fuentes de alimentación y sobre todo en los niveles de agua disponibles en nuestros ríos y mantos freáticos.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que a partir de 1970 la biodiversidad de nuestro planeta ha disminuido en 30% y con una tendencia a incrementarse en los próximos años.2

Ante este escenario, el Presidente de la República, desde el primer año de su administración lanzó el Programa Sembrando Vida es uno de los principales programas sociales de la actual administración.

Sembrando vida es un programa dirigido a las y los sujetos agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral.

Cubre los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.3

Incentiva a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país.

Otorga apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad, que habiten en localidades rurales y que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar rural y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos agroforestales. Los beneficiarios reciben un apoyo mensual de 5 mil pesos, así como apoyos en especie para la producción agroforestal (plantas, insumos, herramientas) y acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales. Los técnicos del programa compartirán conocimientos y experiencias con los campesinos y aprenderán de la sabiduría de las personas que han convivido con la naturaleza y con el territorio.4

El estado de Sonora es uno de los pocos estados que cuenta con una diversidad de flora, la cual, lamentablemente se encuentra en riesgo y dañada en gran parte, debido a las malas circunstancias causadas por la sequía que ‘castiga’ a esta región del país desde hace tiempo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que, en la entidad, predominan los matorrales en la planicie costera, al noroeste y región central. Hay selvas en la parte sureste del estado, seguidas por el matorral sub-tropical; los pastizales se ubican al norte y en los límites con Chihuahua se localizan los bosques templados y todos son víctimas de esta situación.

De acuerdo con el reporte del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la falta de lluvias en la entidad en los últimos meses coloca a Sonora entre los tres estados con mayor sequía a nivel nacional, junto a Sinaloa y Chihuahua.

Detalla que en Sonora prácticamente todo el territorio presenta afectaciones, incluso con algunas zonas en sequía extrema, situación que se agudizó por la falta de lluvias de verano. El municipio de Cajeme se encuentra en la categoría de anormalmente seca, junto con otros 31 municipios, así mismo ocupa el lugar 26 en la categoría de sequía moderada, y el lugar 13 con sequía severa y Agua Prieta con sequía extrema.

Otro de los problemas de la sequía, también es la deforestación y de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), informa que México está en el top 5 de las naciones que padecen esta problemática, y datos de la plataforma Global Forest Watch, revelan que se perdieron casi cuatro millones de hectáreas de bosques de 2001 a 2019. Resalta que, dentro de ese periodo, de 2010 a 2015, Sonora ocupó el primer lugar dentro de los 32 estados del país, de mayor superficie deforestada por año.

Cada año se pierden 24 mil 980.48 hectáreas de los distintos ecosistemas naturales del estado. La Conafor detalla que los municipios más afectados por esta problemática son Pitiquito, Hermosillo, Álamos, Benjamín Hill, Santa Ana y Yécora. Lo que representa un descenso del 7.5% de cobertura arbórea en el país y traducido en 976 toneladas de emisiones de dióxido de carbono por la pérdida forestal.5

Ante este escenario, el suscrito Senador de la República, haciendo eco de las voces de miles de familias sonorenses solicito la atenta intervención del titular de la Secretaría del Bienestar para que en este año 2021 el estado de Sonora sea considerado entre las entidades beneficiarias por este importante programa de Sembrando Vida.

Es necesario mencionar que durante la pasada Conferencia de Prensa del Jueves 7 de Enero del actual, ante la pregunta expresa de un periodista, el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a buscar y analizar la viabilidad de que éste Programa incluya el estado de Sonora.

Ante este escenario en mi carácter de Senador de la República presento ante esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al titular de la Secretaría del Bienestar el que en las Reglas de Operación para el 2021 del Programa Sembrando Vida sea incluido el estado de Sonora.

Notas

1 https://www.greenfacts.org/es/desertificacion/l-2/1-definicion-desertificacion-desertizacion.htm
#:~:text=La%20desertificaci%C3%B3n%20consiste%20en%20una,y%20la%20actividad%20del%20hombre.&text=
Por%20su%20parte%2C%20la%20degradaci%C3%B3n,o%20econ% C3%B3mica%20de%20las%20tierras.

2 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter12.htm

3 Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida 2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5590695

4 Acuerdo por el que se emiten los lineamientos del programa Sembrando Vida https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548785&fecha=24/01/2019

5 https://www.inforural.com.mx/sequia-y-deforestacion-ponen-en-riesgo-el- sector-primario-de-sonora/

Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Senador Arturo Bours Griffith (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a investigar la probable violación de la normativa por la delegación estatal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México; y a esa delegación, a atender las medidas dictadas por los gobiernos federal y local a efecto de prevenir los contagios de Covid-19, suscrita por el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que dentro de sus atribuciones investigue la probable violación de la normatividad aplicable, por la delegación estatal de programas para el desarrollo en la Ciudad de México y a dicha delegación a atender las medidas dictadas por el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, para prevenir los contagios de Covid-19, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia, tras esta declaración, diversos países pusieron en marcha medidas y acciones para prevenir la propagación descontrolada del virus y evitar la saturación de los servicios de salud públicos, en atención a la potencial mortalidad provocada por este virus.

Con la inminente llegada del Covid-19 a México, los gobiernos federal, estatales y municipales activaron protocolos de acuerdo con lo dictado por autoridades federales y organismos internacionales, con el objetivo de prevenir el contagio y mitigar el impacto sanitario y económico de este virus, en la medida de lo posible.

Hasta hoy, las cifras oficiales reportan más de 120 mil muertes, México es el país con la mayor alta tasa de mortalidad en el personal de salud responsable la primera línea de atención a los pacientes de Covid-19, la estrategia de semáforos ha sido cuestionada, y las acciones y decisiones de gobierno, en muchas ocasiones distan de las dictadas por las propias autoridades de Salud, como el caso de la sana distancia, uso del cubreboca en espacios cerrados y permanecer en casa, saliendo únicamente para lo esencial.

Gracias a la inversión y desarrollo tecnológico, así como la investigación avanzada, se obtuvo una vacuna para hacer frente a esta pandemia, por lo que después de su autorización de emergencia para su uso, las autoridades Federales anunciaron planes de vacunación, haciendo énfasis en el personal médico y población de mayor riesgo. Sin embargo, se trata de un proceso que tomará meses.

Desde la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del PAN se ha pronunciado en favor de la no politización de la pandemia, ni de las acciones que busquen lucrar políticamente con la población, en relación con el manejo de la pandemia o las acciones para mitigar sus efectos ya sea de salud o económicos, ya que miles de personas ha perdido su trabajo o han sufrido una reducción a sus ingresos.

Para el caso de la Ciudad de México, desde la Jefatura de Gobierno, se han dictado medidas y acciones para prevenir contagios, desde la declaratoria de emergencia en “semáforo rojo”, así como semáforo naranja y naranja con alerta, hasta la más reciente declaración del regreso al semáforo rojo.

El 18 de diciembre de 2020, la doctora Claudia Sheinbaum que la situación de la pandemia había empeorado, debido a la alta ocupación hospitalaria, por lo que del 19 de diciembre del 2020 al 10 de enero de 2021, se declaró que las actividades no esenciales, fueran suspendidas; lo anterior derivado de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 18 de diciembre de 2020, del “trigésimo sexto aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen diversas medidas apremiantes de protección a la salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que la ciudad está en alerta de emergencia por Covid-19”.

en dicho aviso se señala que “el comité de monitoreo de la Ciudad de México (creado mediante el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México y se crea el comité de monitoreo), con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitaria de los ámbitos federal y local, por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de Covid-19 en la Ciudad de México, así como los altos niveles de contagios, ha determinado que el color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México se encuentra en rojo”.

En el documento mencionado se enumeran las actividades consideradas como esenciales, para información de los capitalinos, y se declara el cierre de los establecimientos que no se encuentren dentro de la lista, del 19 de diciembre del 2020 al 10 de enero del 2021. Dentro del listado de actividades esenciales, se encuentran los programas, trámites y servicios públicos necesarios para la operación de la Ciudad de México, adicionalmente en el apartado tercero, de dicho documento se establece que las personas responsables de las actividades señaladas como esenciales, deberán cumplir de manera estricta las medidas de protección a la salud. De la misma forma, en el apartado sexto, se reitera que quedan prohibidas las actividades que impliquen la concentración de personas.

El 21 de diciembre de 2020 se publicó el “trigésimo séptimo aviso por el que el comité de monitoreo establece medidas extraordinarias de protección a la salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que la ciudad se encuentra en semáforo rojo de máxima alerta por la emergencia de Covid-19”. En dicho documento se menciona que las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad de México, deberán observar las siguientes medidas sanitarias: Evitar salir de casa, salvo que sea estrictamente indispensable, mantener la distancia de 1.5 metros entre personas, evitar reuniones, fiestas, posadas y celebraciones.

En fechas recientes, se ha recibido por medio de contacto telefónico y electrónico, diversas quejas de vecinos de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, relativas a la entrega de un oficio, con fecha de 25 de diciembre, dirigido a “Administrador, portero, vigilante de edificio o a quien corresponda, con domicilio ubicado en la demarcación territorial de Benito Juárez. En dicho documento se solicita permitir el ingreso a los domicilios, con la finalidad de compartir información para conocer los beneficios de los programas integrales para el desarrollo, señalando que el ingreso al domicilio permitirá valorar y conocer la “existencia de potenciales beneficiarios” para dichos programas.

Adicionalmente, en el documento señalado (adjunto en el anexo 1 de la presente proposición), se presenta a un servidor público como enlace en nombre del gobierno de la república y la delegación estatal de programas para el desarrollo en la Ciudad de México, mencionando su nombre completo, y encargado de dicha valoración de “potenciales beneficiarios”.

El documento mencionado se encuentra firmado por la maestra María Cristina Cruz Cruz, delegada estatal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México.

Dentro de los testimonios recibidos por parte de los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez, se menciona reiteradamente que las personas brindan la información en reuniones con vecinos, supuestamente solicitadas con fundamento en el oficio mencionado, además de tocar la puerta para dar información sobre estos programas de manera presencial, sin cuidar las medidas sanitarias ni la recomendación de permanecer en casa, salvo para actividades esenciales.

La difusión de esta información, la evaluación parcial y sin criterios establecidos, así como la promoción de nombres específicos en periodo de precampañas constituye una probable falta a lo establecidos en la Constitución y la normatividad electoral, adicional a que el proceso electoral de 2021 ha iniciado. Sumado a que la visita realizada por personal de dicha Delegación, difusión de documentos de manera física y organización de reuniones, incumple las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud locales y federales.

De conformidad con lo expuesto se presentan los siguientes

Considerandos

Primero. Que, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Segundo. Que el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece: “Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos electorales.

Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.

La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o de la Ciudad de México, a fin de inducir o coaccionar a las ciudadanas y ciudadanos para votar a favor o contra cualquier partido político o persona candidata.”

Tercero. Que la Ley General de Comunicación Social define las campañas de comunicación social como “las que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público”.

Cuarto. Que el artículo 9 de la Ley General de Comunicación Social establece: “No se podrán difundir Campañas de Comunicación Social, cuyos contenidos: (...) Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público.

Quinto. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el artículo 17 Ter:

El Poder Ejecutivo Federal contará en las entidades federativas con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

Para la coordinación de las delegaciones de programas para el desarrollo en la implantación de las funciones descritas en este artículo, el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del presidente de la República.

Las delegaciones de programas para el desarrollo estarán adscritas, jerárquica y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar y sus titulares serán designados por el titular de la secretaría a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

Sexto. Que, para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, determinó que el citado artículo 134 regula y tiene como finalidad:

- La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;

- La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.

- Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión.

- Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos.

- Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional “bajo cualquier modalidad de comunicación social”, la prohibición se materializa a través de todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, propaganda proveniente de funcionarios públicos, tales como: televisión, radio, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, volantes, entre otros.

Séptimo. Que, cuando se trata de materiales pagados por un órgano de gobierno cuyo contenido es definido por él mismo, se debe aplicar irrestrictamente la limitación impuesta en la Constitución Federal y analizar detenidamente la época en que se realiza la difusión, el contenido de la propaganda, la vinculación con algún partido político, así como la posible existencia de acciones sistemáticas y reiteradas que tiendan a evadir la restricción constitucional.

Además, es importante recalcar el deber de cuidado de los servidores públicos respecto a la información que generen, la Sala Superior ha sido enfática en sostener que éstos gozan de libertad de expresión para dar a conocer sus actos, en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, pero que dicha libertad está sujeta a los límites y restricciones constitucionales, aunado a que los servidores públicos deben observar, en todo momento, un deber de cuidado en relación con los actos e información que generen.

Con lo expuesto, con carácter de urgente y obvia resolución someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral, dentro del ámbito de sus atribuciones, a investigar la probable violación a la normatividad aplicable, por parte de la delegación estatal de programas para el desarrollo en la Ciudad de México, relativa a la promoción de nombres de servidores públicos y uso indebido de programas públicos.

Segundo. Se exhorta a la delegación estatal de programas para el desarrollo en la Ciudad de México a atender las medidas dictadas por el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México para prevenir los contagios de Covid-19, relativas a las actividades esenciales y las medidas sanitarias para el desarrollo de las mismas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, a 20 de enero de 2021.

Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica)

Anexo 1

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a considerar a los empleados de primera línea de los organismos operadores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para tener acceso prioritario a la aplicación de la vacuna, a cargo de la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Nuvia Mayorga Delgado, senadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a considerar a los empleados de primera línea de los organismos operadores de proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los mexicanos para acceder a la aplicación de la vacuna de forma prioritaria, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19 en México, las entidades de agua y saneamiento de México han logrado mantener la operación habitual en los sistemas de agua potable y saneamiento del país, más de 118 mil personas han trabajado 24 horas los 7 días de la semana para dar el servicio continuo de agua cumpliendo con las normas establecidas por la OMS para la prevención y combate del SARS Covid-19.

En este sentido, para cumplir con las medidas de higiene ante la crisis sanitaria, gran parte del personal hace posible llevar a las casas el agua potable que demandan y, en el cumplimiento de sus funciones tienen gran susceptibilidad de contraer Covid- 19.

Es importante recordar los siguientes datos:

• En el país hay 3 mil 501 prestadores de servicios de agua y saneamiento.

• Trabajan en ellos 118 mil 445 personas (Inegi, 2018).

• Los servicios de agua y saneamiento han sido reconocidos a nivel mundial como prioritarios para la prevención de contagio por Covid-19.

• A pesar de las condiciones económicas tan adversas por las que atraviesan los prestadores del país, éstos continuaron brindando los servicios a la población.

• La prestación del servicio asume riesgos para sus trabajadores, ya que no pudieron dejar de laborar y quedarse en casa como recomendaban las medidas gubernamentales.

• Como consecuencia de lo anterior se sugirieron medidas de prevención de parte de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, AC, como

• Monitoreo constante de la operación para evitar cortes o Suministro de agua en pipas

• Priorizar canales digitales de comunicación

• Evitar cortes de servicio a pesar de adeudos

• Resguardo de personal en condición de riesgo

• Rotación de personal, con el objetivo de evitar contagios múltiples que pusieran en riesgo la operación

• Adicional a lo anterior se hicieron esfuerzos por detectar el SARS-Cov2 en plantas de tratamiento, con el objetivo de evaluar riesgos y detectar carga biológica.

• A pesar de lo anterior, un porcentaje importante de trabajadores del subsector agua y saneamiento resultaron infectados, en el caso de Nuevo León, 12 por ciento ha sido infectado, se proyecta que a nivel nacional hasta 10 por ciento del total de trabajadores adquirieron el virus. A esto habrá que sumar el fallecimiento, aún sin cuantificar, de trabajadores.

• Como consecuencia de lo anterior, la plantilla laboral disponible se redujo considerablemente, al sumarse los trabajadores en condición de riesgo, lo que trajo como consecuencia un aumento de la jornada de trabajo de los trabajadores.

• Se espera que aún en 2021 la pandemia siga activa, por lo que el riesgo sigue latente de contagio y en riesgo también la operación de los servicios de agua y saneamiento con lo que se brinda agua a hogares y hospitales, por tanto solicitamos que los trabajadores indispensables y especializados, así como los que están en primera línea de operación (se estiman 82 mil 911 trabajadores) se puedan ser considerados en una fase temprana de vacunación, con lo que estaremos garantizando el seguir brindando los servicios.

Ello es vital para garantizar el servicio de agua potable y saneamiento para todos los mexicanos.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a considerar a los empleados de primera línea de los organismos operadores de proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los mexicanos, para acceder a la aplicación de la vacuna de forma prioritaria.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Senadora Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a vigilar el incremento de los precios de la canasta básica, suscrita por la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar el incremento en los precios de la canasta básica.

Exposición de motivos

I. Con la entrada del año 2021 se espera un incremento en el precio de diversos productos debido a los ajustes inflacionarios, siendo los más mencionados la gasolina, bebidas azucaradas y el tabaco.1

Dicho incremento ha generado interpretaciones y estimaciones sobre el aumento en los productos de la canasta básica para este año “el aumento que se dio a nivel nacional en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 3.33 por ciento en el costo de la gasolina podría disparar el precio de varios productos de la canasta básica que podrían alcanzar un incremento de más del 30 por ciento.”2

Ante este escenario, y como ha sucedido en años anteriores,3 uno de los impactos directos que tiene este tipo de incrementos es en el costo de los productos que conforman la canasta básica, por lo que se vuelve fundamental que las autoridades competentes emprendan acciones extraordinarias para vigilar que el aumento en dichos productos se encuentre plenamente justificado, evitando en todo momento precios injustificados que solo dañan el bolsillo de las familias mexicanas.

Cabe recordar que adicionalmente la actual pandemia, además de poner a prueba la capacidad de infraestructura y atención médica en todos los países que están siendo gravemente afectados, está poniendo a prueba su capacidad para absorber una serie de daños que vendrán acompañados de un impacto económico de gran escala.

Actualmente dicha pandemia ha puesto a “la economía global en un sorprendente estado de suspenso, los países más vulnerables del mundo sufren daños cada vez más intensos”4 siendo la despedida de empleados, y la reducción en el gasto e ingreso familiar algunos ejemplos de impacto más inmediatos y tangibles.

Para México dicha situación no ha sido ajena, teniendo como antecedentes el nulo crecimiento del producto interno bruto, el aumento del dólar frente al peso mexicano y la caída en precio del petróleo,5 lo que ha generado mayor preocupación a nivel nacional.

De forma similar es relevante recordar que a partir de la declaratoria formal de contingencia sanitaria, se comenzó a percibir un aumento de preciosos en distintos productos de consumo básico, como es el caso de tortilla, frijol y huevo,6 mismos que fueron justificados por los alcances económicos de la pandemia de coronavirus y de algunas especulaciones sobre su disponibilidad.

La Procuraduría Federal del Consumidor llegó a suspender cerca de 68 establecimientos de venta de tortillas por haber incrementado el precio de sus productos en comparación con el precio nacional de dicho producto.7

Tomando en consideración el inicio de año, la actual pandemia, y los aumentos anunciados en diferentes productos y servicios, la presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto hacer un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar las medidas y acciones de vigilancia, para evitar el aumento en el precio a productos de la canasta básica de forma desmedida a raíz de los incrementos anunciados para el año 2021.

Adicionalmente, se hace un llamado de igual forma a la Procuraduría Federal del Consumidor, a proceder administrativamente en contra de los establecimientos comerciales en donde se detecte el incremento injustificado de precios en los productos de la canasta básica.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar las medidas y acciones de vigilancia para evitar el aumento injustificado en el precio a productos de la canasta básica a raíz de los incrementos contemplados para el año 2021.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor, a proceder administrativamente en contra de los establecimientos comerciales en donde se detecte el incremento injustificado de precios en los productos de la canasta básica.

Notas

1 ¡Gasolina sí sube en 2021! Estos son los productos que aumentarán su precio. El Sol de México. https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/gasolina-si-sube-en-2021-esto s-son-los-productos-que-aumentaran-su-precio-6192708.html

2 Por aumento en gasolina, canasta básica podría subir hasta un 35%. El Sol de Hermosillo. https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/sonora-impuestos-precio-cost o-de-gasolina-incrementos-canasta-basica-productos-comida-canacope-mart in-zalazar-servicios-cuesta-de-enero-6204019.html

3 ‘Gasolinazo’ impacta a canasta básica. Expansión. https://expansion.mx/economia/2010/01/04/gasolinazo-impacta-a-canasta-b asica

4 El preocupante efecto del coronavirus en las economías más vulnerables del mundo, The New York Times, 26 de marzo 2020. https://www.nytimes.com/es/2020/03/26/espanol/negocios/economia-coronav irus.html

5 La economía mexicana llega tambaleante a la crisis del coronavirus, El País, 15 de marzo 2020, https://elpais.com/economia/2020-03-15/la-economia-mexicana-llega-tamba leante-a-la-crisis-del-coronavirus.html

6 Sube precio de huevo y tortilla en plena contingencia por Covid-19, El Universal, 24 de marzo de 2020, https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-en-medio-de-covid-19 -precios-de-huevo-y-tortilla-al-alza

7 ¡Por abusivos! Profeco suspende venta en 68 tortillerías del país, Radio Fórmula, 3 de abril 2020, https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200403/por-abusivos-profeco- suspende-venta-en-68-tortillerias-del-pais/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Senadora Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Puebla a cumplir sus obligaciones constitucionales y legales en materia de competencia territorial en la inspectoría de Santa Cruz Xonacatepec, suscrita por el diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Édgar Guzmán Valdez , integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las controversias territoriales de los municipios del estado de Puebla a partir de las facultades legales deben resolverse por el congreso local, cuando no se haya llegado a un acuerdo entre dos o más municipios.

Por lo que las discrepancias territoriales de los municipios del estado de Puebla deberán resolverse a través de convenios entre los municipios, y en caso de no lograrse, deberá intervenir el Congreso del estado de Puebla para dirimir controversias.

Resultado de una histórica controversia territorial entre los municipios de Amozoc y Puebla, respecto a una sección electoral que pertenecía a la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, del municipio de Puebla, decidió resolverse entre los gobiernos municipales de Amozoc y Puebla.

Derivado de lo anterior, el honorable Congreso de Puebla aprobó el Convenio presentado por los municipios de Puebla y Amozoc, el cual se publicó el 9 de diciembre de 2015, resolviendo así la discrepancia de límites territoriales bajo el procedimiento de autocomposición,1 modificando con ello los límites territoriales de ambos municipios, y asentando que la sección discrepante pertenecería al municipio de Puebla, a fin de que éste le proveyera de todos los servicios públicos municipales.

Posteriormente, el honorable ayuntamiento de Puebla reconoció dicho Acuerdo, donde ratificó que la inspectoría de Sección de Santa Cruz Xonacatepec, se encuentra dentro de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, en el municipio de Puebla.

También reconoció que dicha zona se encuentra con una insuficiente administración de servicios públicos, por lo que, en sesión de cabildo del 7 de junio de 2019, éste instruyó a todas las áreas de la administración pública municipal a realizar los esfuerzos necesarios para atender a la población de dicha sección.

Sin embargo, desde el Acuerdo firmado por los municipios de Puebla y Amozoc, en 2015, y posteriormente su ratificación por cabildo en 2019, no ha existido una implementación de servicios públicos.

A más de cinco años de distancia de acuerdo que resolvió la discrepancia territorial entre ambos municipios, la sección de la inspectoría de Santa Cruz Xonacatepec carece de servicios públicos municipales, tales como falta de vialidades primarias, alumbrado público, desarrollo social, desarrollo urbano, recolección de basura y seguridad pública.

Por lo que, pareciera que dicho acuerdo carece de validez y el municipio de Puebla no atiende sus obligaciones constitucionales de provisión de servicios públicos a sus habitantes, provocando con ello violaciones a acuerdos legales previamente instituidos.

Ante estas actuaciones municipales, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social se somete a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a su autonomía, exhorta al honorable ayuntamiento de Puebla a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, y proveer de servicios públicos municipales a la Sección de Santa Cruz Xonacatepec, derivado del acuerdo que aprobó el honorable Congreso de Puebla y resolvió las discrepancias territoriales entre Amozoc y Puebla en 2015.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado libre y soberano de Puebla a vigilar el cumplimiento del acuerdo que resolvió la discrepancia de límites territoriales, bajo el procedimiento de autocomposición, modificando los límites territoriales entre los municipios de Puebla y Amozoc, ambos del estado de Puebla.

Nota

1 Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Estado de Puebla, 09 de diciembre de 2015, disponible en http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_3_09122015 _C.pdf [en línea], consultado el 12 de enero de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Universidad de Oriente Yucatán y el Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Valladolid, a restituir a los docentes despedidos injustificadamente, a cargo de la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, senadora Verónica Noemí Camino Farjat , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a los titulares de la Universidad de Oriente y del Instituto Tecnológico Nacional de México campus Valladolid, ambos ubicados en el municipio de Valladolid, para que de conformidad con el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, restituyan en su centro laboral a las y los docentes despedidos injustificadamente; y, a los titulares del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán y de la Secretaría de Innovación Tecnología y Educación Superior, a verificar el cumplimiento de estas acciones , con base en las siguientes:

Consideraciones

En Yucatán, a lo largo del 2020 y ahora a principios de 2021, cada vez más se han ido incrementando los ya existentes problemas en la administración y manera de actuar por parte de las autoridades educativas en todos los niveles básicos. No obstante, a partir de diciembre del año pasado y enero del presente año, a nivel superior estos problemas se han presentado de forma grave, impactando de manera directa y negativa en los trabajadores de las instituciones de nivel superior en el estado.

Esta introducción atiende a los problemas en concreto que se plantean a continuación:

El 30 de diciembre de 2020, las ciudadanas Abril Cristina Salas Góngora y Argelina Ontiveros Sánchez fueron despedidas injustificadamente de la Universidad de Oriente, institución educativa a cargo del gobierno del estado.

El 18 de enero de 2021, las arbitrariedades presentadas en la terminación de la relación laboral derivaron en que los docentes Érick Cupul Burgos, Marena López García y Pedro Castillo Castillo, del Instituto Tecnológico Nacional de México campus Valladolid, fueran despedidos sin razón, motivo o fundamento legal alguno, con ello, violando sus derechos laborales protegidos por la Ley Federal del Trabajo.

Una de las principales situaciones es el despido injustificado de la maestra Marena, a la que ejerciendo violencia política y de género, le notificaron que estaban siendo despedida sin motivo a pesar de haber participado en procesos de concurso y haber ganado de forma transparente las horas en las que se desempeña.

Estos despidos forman parte de represalias en contra de quienes se manifestaron por la mala administración y el descuido que ha dado al plantel. Además, estas represalias se dirigen particularmente contra la maestra Marena López García y constituyen una expresión de violencia política de género derivada del ejercicio de sus derechos civiles y políticos, pues son contrarios a los intereses políticos-personales del actual representante de dicho instituto educativo y, al tratarse de un despido sin fundamento, motivo, sustento o razón legal, se asume el despido como una represalia por militar en un partido político de oposición, lo que atentaría en mayor grado en la violación de los derechos civiles y políticos de las personas, facultades que forman parte de los derechos humanos y de las y los docentes que así los ejercieran.

En este mismo sentido, sin motivación, razón o fundamento legal alguno, en varias ocasiones se ha venido amenazando al maestro Vladimir Cámara Carrillo de quitarle su base como docente del Instituto Tecnológico Nacional de México campus Valladolid, por lo que es de vital importancia resolver el problema, con el objetivo de no seguir afectando a las maestras y maestros que día a día hacen sacrificios por cumplir su labor.

No obstante, el Instituto Tecnológico Nacional de México campus Valladolid ha intentado ocultar sus acciones desmintiendo a través de las cuentas en sus redes sociales oficiales sus acciones para evitar que los alumnos se manifiesten en oposición a estas decisiones, si no, por el contrario, tendiendo a una ejecución en perjuicio de las y los docentes afectados.

Situados en la misma problemática se encuentran las mencionadas ciudadanas ahora ex trabajadoras de la Universidad de Oriente, quienes se encuentran afectadas directamente en sus derechos laborales y en su patrimonio, ya que, sin razón, motivación, fundamento o sustento legal, fueron despedidas; misma situación que es motivo de este punto de acuerdo y que sucede de manera reiterada en el sistema educativo estatal de todos los niveles.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Universidad de Oriente y del Instituto Tecnológico Nacional de México campus Valladolid, ambos ubicados en el municipio de Valladolid, para que, de conformidad con el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, restituyan en su centro laboral a las y los docentes despedidos injustificadamente; y, a los titulares del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán y de la Secretaría de Innovación Tecnología y Educación Superior, a verificar el cumplimiento de estas acciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 20 de enero de 2021.

Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar los derechos de los migrantes, en particular de las niñas y los niños de la caravana proveniente de Centroamérica, reprimida de modo brutal en Guatemala, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a garantizar los derechos de las personas en situación de migración, particularmente de las niñas y niños, que integran la caravana proveniente de Centroamérica y que fue brutalmente reprimida en territorio guatemalteco, con base en las siguientes

Consideraciones

El jueves 14 de enero, una caravana de más de 4,500 personas abandonó sus lugares de residencia en Honduras, compelidos por la crisis económica provocada por la pandemia y la endémica violencia de los grupos delincuenciales. Estas personas buscan llegar a los Estados Unidos en donde, con la esperanza de acceder a mejores condiciones de vida, de frente al cambio de gobierno, pretenden llegar caminando.

El viernes 15, mientras se encontraban en territorio guatemalteco, la caravana recibió a 4 mil 500 personas más, algunas hondureñas y otras del propio Guatemala, juntándose más de nueve mil personas cuyo fin último es arribar a Estados Unidos. Muchas de estas personas en situación de migración, trasladan personas enfermas, bebés y niñas y niños, algunos adolescentes no tienen personas adultas que los acompañen y, según informaron las autoridades guatemaltecas, 21 de ellos han dado positivo al Covid-19, después de realizarse una prueba por presentar síntomas.

Según ha informado el Gobierno Federal, ante la posibilidad de la llegada de la caravana, han sido enviados 500 agentes del Instituto Nacional de Migración y otros tantos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina con el objeto de detener a estas personas para evitar que ingresen a territorio nacional.

El domingo 17, no obstante los llamados de los organismos internacionales de derechos humanos para que se respeten los derechos de las personas en situación de migración, el gobierno guatemalteco implantó un operativo para detenerlos, que incluyó el uso de la violencia ante personas desarmadas y de gas lacrimógeno. El operativo dejó como saldo cientos de heridos y detenidos así como decenas de agentes de seguridad con heridas menores.

En los próximos días, se prevé que esta caravana ingrese a territorio mexicano. Es por ello y de frente a las previsiones que están siendo tomadas por el gobierno federal para detener con el uso de la violencia a esta caravana debido al ominoso acuerdo que se tomó con los Estados Unidos para que México no dejara pasar a estas personas en su camino para territorio norteamericano que le recordamos a las autoridades migratorias que la Ley de Migración establece, como principios, los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.

Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades.

Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

Asimismo, que la propia Ley de Migración establece en los artículos 66 y 67:

Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente ley.

El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria.

Artículo 67. Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.

Por todo lo anterior, el gobierno federal se encuentra obligado tanto ética como legalmente a garantizar la integridad y los derechos humanos de las personas que integran la caravana, particularmente de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para garantizar los derechos de las personas en situación de migración, particularmente de las niñas y niños, que integran la caravana proveniente de Centroamérica y que fue brutalmente reprimida en territorio guatemalteco.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Chiapas a emitir un decreto para condonar el pago de predial de 2021, y de suministro de agua y electricidad a los pobladores y comerciantes de la entidad afectados por las inundaciones de 2020, suscrita por la diputada Leticia Arlett Aguilar Molina, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las inundaciones en el sureste de México suscitadas en 2020, fueron una serie de eventos hidroclimáticos que iniciaron en el mes de octubre de 2020 y que afectaron especialmente a las entidades federativas de Chiapas, Tabasco, Veracruz en mayor proporción y a otros estados en una proporción menor. Al menos, a partir del 14 de noviembre. De acuerdo a un recuento oficial, en Chiapas hubieron 22 fallecidos y 54,976 damnificados.

De acuerdo a su orografía, Chiapas es propenso a sufrir grandes inundaciones, ya que cuenta con infinidad de ríos, arroyos, arrolluelos de temporada, etcétera, siendo con ello vulnerable al desbordamiento de los ríos cercanos.

Previamente, en julio de 2020, la tormenta tropical Cristóbal, también ocasionó en Chiapas inundaciones, las cuales se han agudizado con el factor de la pandemia de Covid 19, las inundaciones más severas se presentaron durante noviembre, la interacción de la Tormenta Tropical Eta y los frentes fríos provocaron lluvias torrenciales y éstas a su vez el desbordamiento de diez ríos entre ellos los ríos Grijalva y Usumacinta.

No obstante que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha activado el Plan DN-III, en beneficio de la población damnificada, no ha sido suficiente para apoyar a la ciudadanía en la recuperación de sus bienes, así como de la reactivación de su economía, viéndose afectados los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Copainalá, Tecpatán, Ocotepec, Coapilla, Mezcalapa, Francisco León, San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Mitontic, Aldama, Chanal, Larráinzar, Santiago El Pinar, Oxchuc, Pantelhó, La Concordia, Pantepec, Pueblo Nuevo, Rayón, San Andrés Duraznal, Jitotol, El Bosque, Tapilula, Rincón Chamula San Pedro, Huitiupán, Bochil, Ixhuatán, Ostuacán, Ixtapangajoya, Juárez, Chapultenango, Pichucalco, Sunuapa, Solosuchiapa, Amatán, Ixtacomitán, Arriaga, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, El Porvenir, Siltepec, La Grandeza, Ocosingo, Catazajá, Palenque, Sabanilla, Tila, Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón y Chilón, entre otros.

En este tenor, la Carta Magna, ordena al Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero; planificar, conducir, coordinar y orientar la economía; regular y fomentar las actividades económicas y “organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. Para este propósito, faculta establecer los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

El paradigma que este sexenio ha construido, se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza. Tenemos la certeza de que los principios éticos y civilizatorios de nuestro pueblo son las claves del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del neoliberalismo, los cuales, son los puntos centrales del nuevo consenso nacional, el cual tiene como centro la convicción de que el quehacer nacional en su conjunto el económico, el político, el social, el cultural no debe ser orientado a alcanzar a otros países, a multiplicar de manera irracional y acrítica la producción, la distribución y el consumo, a embellecer los indicadores y mucho menos a concentrar la riqueza en unas cuantas manos, sino al bienestar de la población.

Las instituciones forjadas con el modelo de democracia representativa deben ser ampliadas y complementadas con mecanismos de democracia participativa que permitan hacer efectivos los principios contenidos en el artículo 39 constitucional: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” y “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.” El gobierno federal debe recuperar su función de árbitro auspicioso y constructivo de los conflictos, empezar a cumplir sus mandatos constitucionales como guardián de los derechos individuales y colectivos y asumir plenamente sus facultades como impulsor y conductor de la economía.

Así, las medidas solicitadas en el presente acuerdo, son acordes con la obligación de garantizar el derecho fundamental mencionado y pueden vincular a éstos a participar con el Estado en su cumplimiento, sobre todo en la actual emergencia de los desastres naturales suscitados en Chiapas y que han afectado la economía tanto de los ciudadanos como del sector empresarial, aunado a la contingencia de salud por el Covid 19, mientras esto no llegue al grado de transmitir o transferir las obligaciones propias de éste a los particulares y siempre que las medidas de colaboración solidaria sean objetivas, razonables y no resulten ruinosas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acudrdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al honorable Congreso de Chiapas, para que dentro del ámbito de sus atribuciones y facultades, emita decreto de autorización, referente a la condonacion del pago del impuesto predial de 2021, la condonacion del pago del suministro de agua y energia electrica, a favor de los habitantes y comerciantes de Chiapas, que resultaron afectados por las inundaciones de 2020 .

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de enero de 2021.

Dutyada Leticia Arlett Aguilar Molina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, donde se exhorta al gobierno federal a abstenerse de usar con fines político-electorales el programa de vacunación contra el Covid-19, y se cita a los titulares de la Ssa y la SRE a comparecer para detallar de la política nacional de inmunización, suscrita por la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Adriana Dávila Fernández, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió a finales de 2019 (SARS-Cov2). La pandemia de Covid-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de 200 países, y con más de 60 millones de casos hasta la fecha (diciembre de 2020). El mundo espera contar en el corto plazo con una vacuna efectiva contra esta enfermedad, como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su efecto en la salud, la economía y la sociedad.1

Mientras se avanza en el desarrollo y la producción de vacunas contra el Covid-19, los países deben avanzar en la planificación para la introducción de esta nueva vacuna e identificar los componentes claves que deben fortalecerse con vistas a la vacunación. Las experiencias adquiridas en la Región de las Américas durante la vacunación contra la influenza pandémica H1N1 en 2009, la vacunación anual contra la influenza estacional, las campañas de vacunación contra el sarampión y la rubéola, la polio y la fiebre amarilla, entre otras, deben ser aprovechadas para elaborar los planes nacionales de vacunación contra el Covid-19. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra el Covid-19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. Sin embargo, con la información actualmente disponible y con el supuesto de que se dispondrá de vacunas en los países de la Región a partir del año 2021, es importante empezar a preparar la infraestructura y los componentes claves para la introducción de la vacuna en todos los países, priorizando aquellos componentes en los que se puede ir avanzando.

Mientras se avanza en el desarrollo y la producción de vacunas contra el Covid-19, los países deben avanzar en la planificación para la introducción de esta nueva vacuna e identificar los componentes clave que deben fortalecerse con vistas a la vacunación. Las experiencias adquiridas en la Región de las Américas durante la vacunación contra la influenza pandémica H1N1 en el 2009, la vacunación anual contra la influenza estacional, las campañas de vacunación contra el sarampión y la rubéola, la polio y la fiebre amarilla, entre otras, deben ser aprovechadas para elaborar los planes nacionales de vacunación contra la Covid-19.

Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra el Covid-19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. Sin embargo, con la información actualmente disponible y con el supuesto de que se dispondrá de vacunas en los países de la Región a partir del año 2021, es importante empezar a preparar la infraestructura y los componentes claves para la introducción de la vacuna en todos los países, priorizando aquellos componentes en los que se puede ir avanzando.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud y establece que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables.2

Ley General de Salud señala que la Secretaría de Salud podrá autorizar con fines preventivos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación, el empleo en seres humanos de medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos y, asimismo, establece que las medidas que se requieran para la prevención y el control de las enfermedades que enumera el artículo 134 de dicha ley, deberán ser observadas por los particulares, entre las que se encuentra la aplicación de vacunas y otros recursos preventivos y terapéuticos

La Ley General de Salud establece también, que todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres humanos que se utilicen en el país, deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en dicho ordenamiento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas, y que los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional, y que en casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata.

El Estado mexicano debe procurar el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación, y que en el caso de las acciones relativas a la mitigación y control de la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19), ha resuelto que su aplicación sea universal.

En México, la campaña de vacunación de Covid-19 genera riesgos y es usada como botín político del gobierno y de su partido ante el proceso electoral 2021, no solo porque la aplicación del la vacuna y el manejo de la pandemia han sido el instrumento político para dividir y polarizar a la sociedad, sino también por el uso de recursos públicos en la utilización de los centros integradores del bienestar y los “siervos de la nación”, encargados de entregar los apoyos del gobierno federal.

De acuerdo con la estrategia federal, primero se vacunarían al personal del sector salud que estuviera en la primera fila de exposición al coronavirus. Esto quiere decir que no sólo iban a ser las y los médicos, sino que también se agregarían a las y los camilleros, las y los enfermeros, personal administrativo y de limpieza; sin embargo, la inclusión de los más de 18,000 “siervos de la nación”, es inexplicable.

En la segunda semana del año, los “siervos de la nación” comenzaron a ser vacunados en Jalisco, Guanajuato y Guerrero, según reportes de prensa; a pesar de que la Secretaría de Salud informó que el personal médico que combate directamente al Covid-19 sería el primero en ser inmunizado, de diciembre de 2020 a febrero de 2021.

Hasta el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, y su primer círculo de contacto, entre los que se incluyen subsecretarios, asesores y hasta choferes ingresaron oficialmente a la lista de “siervos” para entrar a la fila de vacunación, de acuerdo con sus propios registros para poder ser considerados en el segmento prioritario de vacunación.

En Guanajuato, la prensa reportó inmunización de Siervos de la Nación en los municipios de León, Irapuato, Jaral del Progreso y Valle de Santiago. También fue reportada la inoculación del antídoto a dichos operadores políticos en municipios de la región de la Montaña, en Guerrero, como Tlapa y demarcaciones circundantes. En tanto, medios capitalinos reportaron la vacunación de Siervos en municipios de Jalisco.

El presidente explicó que se crearán 10 mil brigadas para vacunar en 10 mil centros integradores del bienestar y que cada una estará integrada por 12 miembros, entre los que se encuentran dos vacunadores, cuatro elementos de fuerzas armadas, cuatro promotores de la Secretaría del Bienestar, “los que van y trabajan en esas comunidades porque es donde se les entregan las pensiones a los adultos mayores”, es decir, los “siervos de la nación”, y dos voluntarios.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que estos funcionarios que impulsarán y coordinarán la estrategia federal en los estados de la república están considerados para la vacunación en estas primeras etapas, donde se están vacunando a los trabajadores sanitarios en primera línea en el combate contra el coronavirus.

Por ello, el hecho de que los “Siervos de la Nación” participen en el proceso puede ser un uso electoral de la vacuna, puesto que el personal está ligado a un programa de gobierno con la ideología de un partido político y hace ese trabajo para beneficiar a un partido por ello quienes hagan este trabajo con este esquema de promoción política, y quienes estén involucrados, están cometiendo tanto un delito como una falta administrativa.

Además de la estructura burocrática de los “Siervos de la Nación”, también se ha detectado que fueron vacunados representantes populares afines al partido en el poder, una influencer de redes sociales quien hace propaganda de la política oficial de salud, y hasta personajes afines al presidente y su partido, como Fernando Allende.

Por su parte, el presidente por su parte anunció la reducción temporal de envíos de la vacuna de Pfizer y BioNTech al país. La medida permitirá que la iniciativa Covax de la Organización de las Naciones Unidas tenga acceso a más dosis y pueda distribuirlas a las naciones más pobres.

México acordó a inicios de diciembre con Pfizer la compra de 34.4 millones de dosis, útiles para proteger a 17,2 millones de personas. El primer cargamento, de solo 2,925 dosis arribó el 23 de diciembre pasado, pero en los cuatro posteriores se fueron incrementando hasta sumar 546 mil 975 hasta el 12 de enero.

Del presidente se mostró a favor de la reducción argumentando que “no haya acaparamiento” y que la ONU “ponga esas vacunas a disposición de países más pobres (...) De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas, no sólo Pfizer (...) De modo que ya vamos a tener vacunas suficientes”.3

México tiene también acuerdos de compra con el proyecto chino-canadiense CanSinoBio, por 35 millones de dosis, y con el británico AstraZeneca, por 77,4 millones, además de ser parte del mecanismo internacional Covax, que le permite comprar 51.6 millones de vacunas adicionales. El 12 de enero pasado, el presidente anunció también un plan para adquirir 24 millones de unidades de la vacuna rusa Sputnik V, una vez que el regulador sanitario local autorice su uso de emergencia, sin que se sepan los acuerdos comerciales al respecto.

Por lo expuesto y fundado, con carácter de urgente u obvia resolución someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que se abstenga de usar el plan nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 para prevenir el Covid-19 en México como una estrategia electoral en los comicios que se celebrarán en junio de 2021.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones preventivas en materia de blindaje electoral a fin de evitar que se utilice el programa de vacunación contra el virus SARS-Cov2, Covid-19, para fines político-electorales.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el pleno de esta soberanía a los secretarios de Salud, y de Relaciones Exteriores para que expliquen los detalles de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 para prevenir el Covid-19 en México, así como el proceso de negociación, compra y traslado de las vacunas.

Cuarto. Se exhorta a las secretarias de Salud y del Bienestar para que expliquen los criterios y la metodología para priorizar la vacunación contra el SARS-Cov2 al personal que no forma parte del Sistema Nacional de Salud, tal como a los encargados de realizar los censos del Bienestar, cuya finalidad es establecer el padrón de los derechohabientes a los programas sociales del gobierno federal.

Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que se hagan públicos los contratos firmados con empresas privadas para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-Cov2, Covid-19, asimismo detalle los criterios de participación de México en iniciativa Covax de la Organización de las Naciones Unidas para la reducción del acceso a las dosis de las vacunas.

Notas

1 https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52533/OPSFPLIMCOVID-1920 0014_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 para prevenir el covid-19 en México. DOF: 8 de enero de 2021.

3 https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-acepta-ceder-vacunas-contra-covid-19- a-pa%C3%ADses-m%C3%A1s-pobres/a-56258412

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Diputada Adriana Dávila Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo General del INE y los consejos generales de los organismos públicos electorales que tendrán comicios en 2021 a implantar lineamientos para que los candidatos se ciñan a una conducta que no permita la propagación del Covid-19 y las campañas no pongan en riesgo a los ciudadanos, suscrita por la diputada Norma Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Adela Guel Saldívar , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 58, 59, 60 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 72, fracción IX, del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes tanto del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como a los integrantes de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales Electorales, a que en el ámbito de sus facultades y competencia, dicten lineamientos de actuación a todos los partidos políticos y candidatos que habrán de participar en las elecciones a realizar este año en nuestro país, para que durante la campaña se establezcan protocolos de actuación que eviten aumentar los contagios por el virus Covid-19 , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. La presente proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad la protección de la salud y seguridad de todos los ciudadanos que habrán de recibir las propuestas de campaña de todos aquellos candidatos que participarán en los procesos de elección de este año en todo el territorio nacional.

Segunda. Nuestro país, durante este año, tendrá elecciones en todos y cada uno de los estados que conforman el territorio nacional. En las elecciones federales se elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 diputaciones por representación proporcional.

Mientras que en las elecciones locales se elegirán 21 mil 383 cargos, de las cuales 15 son gubernaturas. Así como la renovación de 30 congresos locales, es decir, mil 63 diputados estatales; además de mil 926 ayuntamientos y juntas municipales, igual en 30 entidades; para lo cual deberán contratarse más de 50 mil supervisores y capacitadores estatales.

Aunado a lo anterior, el Instituto Nacionl Electoral prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanos inscritos en el padrón electoral y con ello será necesaria la instalación de 161 mil casillas de votación.

Esto se divide por estado de la siguiente manera:

Aguascalientes: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 32

Baja California: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 31

Baja California Sur: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 27

Campeche: Gubernaturas, diputaciones, ayuntamientos y cargos auxiliares. Total de cargos: 71

Chiapas: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 163

Chihuahua: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 101

Ciudad de México: Diputaciones y alcaldías. Total de cargos: 82

Coahuila: Ayuntamientos. Total de cargos: 38

Colima: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 36

Durango: Diputaciones. Total de cargos: 25

Estado de México: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 82

Guanajuato: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 127

Guerrero: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 30

Hidalgo: Diputaciones. Total de cargos: 163

Jalisco: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 200

Michoacán: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 153

Morelos: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 56

Nayarit: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 51

Nuevo León: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 94

Oaxaca: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 195

Puebla: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 258

Querétaro: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 44

Quintana Roo: Ayuntamientos. Total de cargos: 11

San Luis Potosí: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 86

Sinaloa: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 59

Sonora: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 106

Tabasco: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 52

Tamaulipas: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 79

Tlaxcala: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 86

Veracruz: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 262

Yucatán: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 131

Zacatecas: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 89

Tercera. En los últimos días se registran alrededor de 20 mil 523 casos positivos y mil 219 defunciones adicionales cada 24 horas.1 Diez entidades estarán en semáforo rojo por las próximas dos semanas, incluidos los estados con las más grandes urbes, que son Ciudad de México, estado de México, Jalisco y Nuevo León.

En cifras generales, la República Mexicana supera el millón y medio de positivos a Covid-19, virus que ya cobró la vida de más de 140 mil personas, según las cifras más recientemente presentadas por la misma Secretaría de Salud del Gobierno de México, correspondientes al corte del sábado 16 de enero de 2021.

La tasa de letalidad es del 8.6 por ciento, muy por encima de la media mundial reportada por la Organización Mundial de la Salud, correspondiente al 2.2 por ciento.

En casos acumulados confirmados, la República Mexicana registra 1 millón 630 mil 258 positivos, 20,523 más que lo anunciado ayer. De dichos casos, 111 mil 884 son considerados como activos estimados, es decir, representan a la población actualmente enferma por Covid-19, que es de mayor peligro de contagio para terceros.

Todos estos datos, sin duda, se verán incrementados en próximas fechas al arrancar las campañas políticas electorales en todo el territoiro nacional. Por ellos es de suma importancia que las autoridades elecotrales definan protocolos y mecanismos de actuación, tanto de candidatos y personal que se suma a las tareas de la preparación y ejecución de las proximas elecciones.

Ingenuo es pensar que las cosas volverán a ser iguales que unos años atrás, la autoridad leectoral debe velar también por la salud de todos los mexicanos y es su deber generar claros y especificos protocolos de actuación que impidan la propagacióon del contagio de esta enfermedad.

Las condiciones de salud actuales obligan a actuar con responsabilidad en este rubro, por lo que estas medidas deben ser tomadas y publicadas lo antes posibles, pues a la fecha ya estamos en etapad de precampañas. Una de las medidas a adoptar, sin duda, debe ser el exigir a todo candidato se realice de manera periódica (semanalmente) pruebas de Covid-19 y hacer público su resultado a efecto de que las autoridades y la ciudadanía en general tengan la certeza de quienes recibiran con su propuesta de campaña estan libre de dicha enfermedad y así evitar más contagios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los integrantes tanto del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como a los integrantes de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales Electorales, a que en el ámbito de sus facultades y competencia, dicten protocolos actuación durante campaña y jornada electoral, a todos los partidos políticos y candidatos que habrán de participar en las elecciones a realizar este año en nuestro país, en los que se prevea el evitarlos aumentos de contagios por el virus Covid-19 y en los que se incluya, que todo candidato a cargo de elección popular se realice de manera semanal la prueba de Covid-19 y haga públicos sus resultados.

Nota

1 Cifra tomada de la página web coronaviros.gob.mx al día 17 de enero de 2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputada Norma Adela Guel Saldívar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a fortalecer la cooperación bilateral con EUA en materia de contención y disminución del fenómeno delictivo transnacional en general y del fortalecimiento del control de armas para mejorar el aprovechamiento de las oportunidades de transferencia de tecnología, capacitación e intercambio de información orientada a contener el tráfico de armas, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno de la república a redoblar los esfuerzos de cooperación bilateral con el gobierno de Estados Unidos de América en materia de contención y disminución del fenómeno delictivo transnacional, en general, y del fortalecimiento del control de armas, en particular, a fin de mejorar el aprovechamiento de las oportunidades de transferencia de tecnología, capacitación e intercambio de información orientada a contener y, en su caso, disminuir el tráfico de armas entre ambos países, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Históricamente, el país ha visto afectada la estabilidad de la paz social a partir del tráfico de armas que fluye desde los Estados Unidos de América hacia México. Ello, si bien en algunas épocas hizo viables los grandes cambios políticos que hemos experimentado, la realidad es que durante la mayor parte del siglo XX y lo que va del XXI ha constituido una variable determinante para el aumento de la violencia y el poder de fuego de organizaciones delictivas en la disputa por el control territorial en algunos puntos de nuestro país.

Ese flujo de armas que hace cien años alimentó a los ejércitos revolucionarios levantados en el norte del país para construir el cambio de régimen y la imposición de la primera constitución social del siglo XX que tuvo el mundo, hoy ha funcionado para que las organizaciones delictivas enfrenten cada vez con mayor fuerza a nuestras autoridades.

Consecuentemente a partir de 2005, tras la veda de venta de armas de asalto en los Estados Unidos de América impuesta en 1994 durante diez años1 a través de iniciativas de la administración Clinton, la violencia desplegada por las organizaciones delictivas entró en ascenso. Asimismo, las variables de violencia delictiva en nuestro país medibles por homicidios dolosos se detonaron a partir de la conjunción de las acciones del gobierno de la República durante la administración de Felipe Calderón y el operativo que unilateralmente emprendió el gobierno estadounidense denominado “Gun runner”, popularmente conocido por sus efectos como “Fasta and furious”.

La violencia delictiva reflejada en homicidios ha continuado escalando a pesar de que el gobierno de la república ha cambiado algunos aspectos del abordaje del problema, optando por dejar de apoyar públicamente las acciones de nuestras fuerzas armadas, y distribuyendo grandes cantidades de dinero a través de programas orientados a intentar disminuir el reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada.

Así, a dos años de gobierno y de esos pequeños cambios en la estrategia de seguridad la escalada de homicidios no ha disminuido y entre noviembre y enero de 2020 ya se acumulaban más de 32 mil 759 víctimas,2 superando el promedio de homicidios registrado en los últimos dos sexenios.3 Por ello hoy es un hecho que independientemente de las políticas sociales que acompañen o no a las políticas de seguridad pública, la cooperación bilateral en materia de control de tráfico de armas es esencial para bajar la violencia, y en la medida en que esa parte de la relación bilateral sea desatendida nuestro país seguirá viendo despliegues publicitarios de organizaciones delictivas, mostrando su capacidad de fuego; batallas entre estas organizaciones por disputa territorial como sucede en el Bajío; la neutralización de las autoridades por parte de estas organizaciones como sucedió en el llamado “Culiacanazo”, y el aumento en homicidios dolosos.

El embajador de Estados Unidos de América en el país, Christopher Landau, mencionó a medios de comunicación que el gobierno de la República ha neutralizado o suspendido muchos mecanismos de cooperación bilateral, e incluso que su gobierno ofreció al gobierno mexicano “donar al gobierno de México, equipos no intrusivos, para controlar el tráfico de armas en las fronteras, y no se ha aceptado”. Esta situación evidentemente plantea que nuestro país está desperdiciando oportunidades de transferencia de tecnología y capacitación útiles para contener o disminuir el tráfico de armas, a partir de concepciones erradas sobre la cooperación internacional y consecuentemente se ha generado una gran área de oportunidad para mejorar las condiciones de seguridad para las mexicanas y mexicanos.

Derivado de todo lo anterior, el presente punto de acuerdo plantea un exhorto al Ejecutivo federal en general para aprovechar las oportunidades de transferencia de tecnología y capacitación en materia de control de armas, ofrecidas en la cooperación bilateral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores en particular para redoblar sus esfuerzos en instar al gobierno estadounidense a fortalecer los mecanismos legales e institucionales en materia de control de armas en su territorio.

Por lo expuesto y fundado me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno de la república a reconsiderar el sentido de distanciamiento que ha dado en los dos últimos años a la relación bilateral México y Estados Unidos de América con la finalidad de relanzar la cooperación entre los dos países redoblar los esfuerzos de cooperación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos de América en materia de contención y disminución del fenómeno delictivo transnacional, en general, y del fortalecimiento del control de armas, en particular, con la finalidad de mejorar el aprovechamiento de las oportunidades de transferencia de tecnología, capacitación e intercambio de información orientada a contener, y en su caso disminuir el tráfico de armas entre ambos países.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores a redoblar los esfuerzos para instar al gobierno de los Estados Unidos de América a fortalecer los controles legales e institucionales en su territorio en materia de contención y disminución del fenómeno delictivo transnacional, en general, y del fortalecimiento del control de armas, en particular, con la finalidad de contener, y en su caso disminuir el tráfico de armas entre ambos países.

Notas

1 Este fenómeno fue posible gracias a la Federal Assault Weapons Ban, título XI, Firearms, subtítulo A, Assault Weapons, sección 110102, Restriction on manufacture, transfer, and possession of certain semiautomatic assault weapons. Es en realidad una sección de la Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, promovida por el gobierno de William Clinton. Véase a Carlos Flores Rico, ¿Es posible detener el tráfico de armas?, Cámara de Diputados-CEDIP, mayo de 2011, disponible en http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lxi/espos_detraf_arm .pdf

2 Véase a Arturo Ángel, “En 2020, la violencia en México se mantuvo en niveles récord; en 11 estados aumentaron asesinatos”, en Animal Político, 29 de diciembre de 2020. Disponible en https://www.animalpolitico.com/2020/12/violencia-2020-mexico-record-11- estados-aumento-asesinatos/

3 “En los primeros 18 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron asesinadas 53 mil 628 personas en México; entre ellas, más de 5 mil 800 mujeres y mil 800 niños y adolescentes. En promedio, son casi 100 personas asesinadas todos los días en el actual sexenio”, ello duplicó la cifra registrada en los primeros dos años de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto. Véase a Arturo Ángel, “18 meses con AMLO: han asesinado a más de 5 800 mujeres y 1 800 menores”, en Animal Político, 22 de junio de 2020. Disponible en

https://www.animalpolitico.com/2020/06/18-meses-amlo-mue rtos-asesinados-mujeres-menores/

Dado en la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Ssa y sus 32 homólogas locales a vigilar que servidores públicos de su adscripción se abstengan de condicionar o utilizar para fines electorales la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, suscrita por el diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Héctor René Cruz Aparicio , integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Como se sabe, México está atravesando un escenario adverso debido a la pandemia originada por la Covid-19, así declarada por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2020.1

.A 11 meses de declarada la pandemia, México ascendió, en el corte de este 13 de enero, a 136 mil 917 muertes por Covid-19, con un millón 571 mil casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.2

Es importante mencionar que los contagios han ido en aumento aceleradamente, por lo que el gobierno federal ha implementado medidas para contrarrestar los contagios, una de las medidas más importantes es la campaña de vacunación contra la Covid-19.

De acuerdo con datos emitidos por la Secretaría de Salud, al 12 de enero se han aplicado 87 mil 60 fármacos. Sin embargo, el presidente refirió que en los próximos cuatro días el propósito será aplicar las 439 mil 725 vacunas de Pfizer-BioNtech.

Cabe señalar que, de acuerdo con la Secretaría de Salud3 a partir del pasado miércoles 13 de enero de 2021, dio inicio en todo el país el plan de vacunación contra la Covid-19. Antes de la medianoche del martes arribaron a Nayarit las primeras 4 mil 875 dosis de vacunas, mientras que en el estado de México serán aplicadas 127 mil 927; Culiacán recibió su primer lote de vacunas para los 28 hospitales que atienden esta enfermedad en Sinaloa.

Por su parte, en Yucatán se inició la primera etapa de vacunación, la cual comprende poco más de nueve mil 700 dosis; en Oaxaca el proceso de vacunación comenzó en los 26 hospitales que fueron reconvertidos a Covid 19; a Monterrey la federación ha enviado la entidad 16 mil 575 dosis de vacunas; para Jalisco fueron enviadas 24 mil 375 vacunas; en Veracruz se han realizado vuelos para distribuir seis mil 575 dosis; en Chiapas se envió el primer lote de nueve mil 750 dosis de vacunas y para Guanajuato se enviaron 19 mil 500 dosis.

En Morelos llegaron nueve mil 765 dosis de vacuna para los trabajadores de la salud; en Michoacán dan inicio a la primera etapa con 14 mil 652 dosis; en Campeche comenzaron a aplicarse las cuatro mil 875 dosis, mientras que Chihuahua recibió 14 mil 625 dosis; en Baja California recibieron nueve mil 750 vacunas; por su parte en San Luis Potosí se están realizando el proceso de vacunación a todo el personal médico de todo el estado.

En términos generales se trata de vacunar a todos los mexicanos y también a residentes de países extranjeros en México. Se trata de un plan de vacunación universal y gratuito.

Por otra parte, es importante mencionar que en nuestro país se está llevando a cabo el proceso electoral 2020-2021, por lo que, en medio de la pandemia no debemos omitir que los funcionarios gubernamentales, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público, quieran aprovecharse de la necesidad de las personas por aplicarse la vacuna contra la Covid-19, para obtener beneficios con fines electorales.

En este contexto es importante resaltar que la igualdad jurídica que se debe procurar en las campañas electorales, es garantizar el derecho sin distinción a todos los actores políticos, es decir, los funcionarios gubernamentales, deben apegarse al principio de imparcialidad dentro de los procesos electorales.

Por su parte, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto establece, en el artículo 41, apartado B, lo siguiente:

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público.”

Por su parte la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en el artículo 11, fracción II, menciona que está cometiendo un delito electoral quien:

“Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición”.

Cabe mencionar que el presidente de la república precisó que la lucha contra la Covid-19 no se ganará con individualismo, ni con intereses políticos y fines electorales, además añadió que la vacunación será universal para todos los mexicanos, es decir, que sin importar su condición social, económica, cultural o racial.4

Es de gran relevancia mencionar que ante la masiva distribución de la vacuna, existen funcionarios públicos que están condicionando la aplicación de la vacuna a los ciudadanos, tal es el caso de Baja California, donde el delegado federal único, durante la segunda etapa de la aplicación la cual corresponde a la población abierta, solicitara la credencial para votar emitida por el Instituto Estatal Electoral, a todo ciudadano que quiera recibir el medicamento.

Ante esta situación , considero que no es apropiado condicionar con ese requisito y ni con ningún otro, ya que los ciudadanos simplemente quieren hacer valer sus derechos tal y como se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1o. y 4o.:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”

“Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”

Es por ello que considero importante vigilar la situación de cada entidad federativa, ya que es injusto condicionar la vacuna de Covid-19, y más si se trata de la credencial para votar, ya que se puede interpretar que es para fines electorales; además de que están atentando contra los derechos humanos de los ciudadanos.

Además, esta situación causa preocupación a las personas que no cuentan con la credencial para votar, que como sabemos, debido al proceso electoral 2020-2021, en estos momentos resulta casi imposible tramitar dicha credencial.

Es por eso que como diputado federal, integrante del Grupo parlamentario de Encuentro Social, considero de gran importancia que los funcionarios gubernamentales, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de Ciudad de México y cualquier otro ente público; respeten el proceso de vacunación contra la Covid-19 y se abstengan de usarlo con fines electorales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes y sistema federal, exhorta al secretario de Salud federal y a sus homólogos en las entidades federativas, para que, dentro de sus atribuciones y en apego a las políticas del gobierno federal, vigilen que funcionarios de esas dependencias se abstengan de condicionar o utilizar para fines electorales, la aplicación de la vacuna contra la Covid-19.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes y sistema federal, exhorta a los funcionarios tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de Ciudad de México, y cualquier otro ente público, a que se abstengan de condicionar o utilizar para fines electorales, la aplicación de la vacuna contra la Covid-19.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, 2020.

2 El Universal , 2021.

3 La Jornada , 2021.

4 El Economista , 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a gestionar con sus homólogas locales la entrega de oxígeno medicinal gratuito y suficiente para los pacientes de Covid-19, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías de salud de las entidades federativas, a gestionar la entrega de oxígeno medicinal gratuito y suficiente para los pacientes de Covid-19 a nivel nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud local, estableció a partir de diciembre un programa de recarga gratuita de cilindros de oxígeno portátiles para las personas que requieren de oxigenación artificial a consecuencia de la baja saturación ocasionada por padecer Covid-19.

Cientos de personas han muerto en sus casas porque son rechazadas por los hospitales –saturados ante los miles de contagios diarios–, carecen de recursos para comprar medicamentos o un tanque de oxígeno y recargarlo. Algunos, incluso, han fallecido mientras esperan en una fila para recargar su cilindro.

Y todo esto ha sucedido ante la indiferencia de las autoridades y su incapacidad para regular estos abusos que se han convertido en un jugoso negocio de unos cuantos en detrimento de la salud y la economía de las y los pacientes y sus familiares.

De acuerdo con datos comerciales, en condiciones normales el costo de un tanque de oxígeno va de 2 mil 515 a 3 mil 190 pesos, según la marca, la calidad del producto y los accesorios que vienen incluidos.

En tanto que la duración de un tanque de oxígeno dependerá del nivel de gravedad del paciente; en los casos más críticos podría consumir un tanque de 2 mil 500 litros en cuestión de unas cinco horas en promedio, mientras que otros, en estado grave, el mismo tanque les podría durar unos dos días.

La cuestión es que, desde que inició la pandemia, conseguir un tanque de oxígeno y recargarlo, se ha convertido en un calvario. No sólo ha tenido lugar un encarecimiento inaceptable, sino que no hay suficiente oxígeno para recargar los tanques.

Ha surgido incluso un mercado negro de abasto de oxígeno en donde pacientes y familiares, en su desesperación, pagan y no reciben el producto.

Hay gran desesperación porque, sin recursos y sin opciones de abasto suficiente de oxígeno y medicamentos, las y los pacientes y familiares, han tenido que desprenderse de sus bienes para poder salir adelante. Muchas personas incluso, además de enfrentar la enfermedad, se han quedado sin empleo. El gobierno federal, prácticamente los ha dejado solos.

Mientras que por las deficiencias en la organización y la centralización en la aplicación decidida por el presidente de la República, el avance de la campaña de vacunación es muy lenta.

En Estados Unidos, el nuevo gobierno planea aplicar 100 millones de vacunas en los primeros cien días. Aquí, la cobertura total se ve muy lejana. Según especialistas, por cada día de retardo en la aplicación de la vacuna, cerca de mil personas pierden la batalla ante el coronavirus.

En este tipo de temas deberían estar centrados López Obrador y las autoridades de salud, no andar politizando la crisis sanitaria y la aplicación de las vacunas.

Por lo expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías de Salud de las entidades federativas, a gestionar la entrega de oxígeno medicinal gratuito y suficiente para los pacientes de Covid-19 a nivel nacional.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a fortalecer acciones e incentivar programas que contribuyan a la inserción femenina en el campo laboral para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia de Covid-19, a cargo del senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Senador, José Ramón Enríquez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, somete a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer acciones e incentivar programas que contribuyan a la inserción de las mujeres en el campo laboral, a fin de contrarrestar los impactos negativos generados por la pandemia de la Covid-19, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Como consecuencia de la pandemia de Covid-19, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que en 2020 la contracción económica de América Latina y el Caribe fue de (-)8.1%, en tanto que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó una caída de (-)7.7%. Además, se observó que en menos de un año, la pandemia había provocado retrocesos inéditos en los mercados laborales de la región,1 situación que resulta preocupante toda vez que el aumento del desempleo y la persistencia de las desigualdades existentes en la región provocan mayores dificultades para que las personas accedan a mejores condiciones de vida mediante la retribución económica generada a partir de su trabajo.

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Panorama Laboral 2020. América Latina y el Caribe”, la pandemia dejó sin oportunidades laborales a 23 millones de mujeres y hombres en todo el mundo. Registrándose que en 2020 la tasa de desocupación aumentó hasta 2.5 puntos porcentuales respecto a 2019, en tanto que la tasa de participación en la fuerza laboral tuvo una caída de 5.4 puntos porcentuales pasando de 62.6% a 57.2% en comparación con los datos de los tres primeros trimestres de 2020 con el mismo periodo de 2019.

Adicional a estos datos, el Informe precisa que el empleo asalariado total y el empleo por cuenta propia cayeron (-)6.8% y (-)8.9% respectivamente, mientras el sector de empleadores cayó (-)9.8% y el servicio doméstico (-)19.4%. Respecto a los sectores de servicios, la contracción se dio en (-)17.6 en hoteles, (-)12.2 en comercio, (-)13.6 en la construcción y (-)8.9% en la industria.

Ante estas cifras, el Informe hace énfasis en la compleja situación a la que se enfrentan las mujeres, pues la carga de trabajo no remunerado en los hogares y la discriminación, han reducido su incorporación al mercado laboral.

Las cifras indican que del total de nuevos inactivos, 12.2 millones fueron mujeres, que la contracción de las tasas de participación de las mujeres en la fuerza laboral fue de (-)10.4%, mientras que en los hombres fue de (-)7.4%. El impacto en la tasa de ocupación también fue mayor para las mujeres [(-)12.3] que para los hombres [(-)9.3], debido a que se perdieron puestos de trabajo en los sectores de servicios con un alto componente de feminización. Según la OIT, el “retroceso de la participación femenina es significativo considerando los avances que se observaron en la participación de las mujeres en los mercados laborales de la región en las últimas décadas.”

Sumado a lo anterior, datos aportados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelan que cerca del 60% de las mujeres de todo el mundo trabajan en la economía informal y que las afectaciones derivadas por Covid-19 han provocado la desaparición de millones de puestos de trabajo de mujeres. En contraste con esta pérdida de trabajo productivo, el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de forma exponencial,2 incrementando la necesidad de las mujeres de contar con un empleo que les permita conciliar su vida familiar y laboral, lo que termina situándolas en una posición de desventaja al momento de intentar conseguir un empleo.

En México, las cifras muestran una tendencia similar a la que se presenta en la región. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEN)3 indican una disminución de (-)3.6 millones en la Población Económicamente Activa (PEA), pasando de 57.3 millones (primer trimestre 2020) a 53.8 millones (tercer trimestre 2020). Donde la tasa de participación de personas de 15 y más años económicamente activas pasó de 59.9% del primer trimestre a 55.5% para el tercer trimestre. En los hombres la tasa de participación se redujo de 76.4% a 72.6% entre ambos trimestres, mientras para las mujeres representó una disminución de 44.9% a 39.9%.

La población ocupada fue de 51 millones de personas, disminuyendo (-)4.2 millones entre el primer y el tercer trimestre de 2020. Las personas ocupadas en actividades terciarias descendieron (-)3 millones, siendo mayor en los restaurantes, servicios de alojamiento y comercio, donde en cada uno la reducción fue de (-)1.1 millones. Las personas trabajadoras subordinadas y remuneradas disminuyeron (-)2.4 millones, las ocupadas en jornadas de más de 48 horas en (-)3 millones, las ocupadas en micronegocios en (-)2.2 millones y la ocupación informal en (-)3.5 millones.

En la tasa de desocupación abierta4 se observó un incremento entre ambos trimestres, en el primero fue de 3.4% pasando a 5.1% para el tercero. En los hombres el incremento pasó de 3.5% a 5.1% y en las mujeres de 3.4% a 4.9%. Por su parte, la subocupación5 también mostró un incremento que pasó de 4.7% a 8.7% millones de personas, del primer al tercer trimestre de 2020, donde en los hombres se presentó un aumento del 8.8% al 17% entre el primer y el tercer trimestre, mientras que en esta misma periodicidad para las mujeres el incremento fue del 8% al 17%. Por su parte, la tasa de subutilización aumentó 15 puntos porcentuales, elevándose de 19.5% a 34.5% desde tercer trimestre de 2019 y hasta el tercer trimestre de 2020.

En consonancia con los resultados regionales, la encuesta indica que los cambios en la ocupación y el empleo han afectado a hombres y mujeres, sin embargo, son las mujeres quienes se han visto mayormente vulneradas por la contingencia sanitaria, ya que sus condiciones laborales son menos favorables y son quienes han tenido una mayor pérdida de empleo.

La realidad internacional apunta a que diariamente aumenta el número de sectores productivos detenidos y de empresas declaradas en quiebra, lo que conlleva a una pérdida de empleos que a su vez provoca la caída de los ingresos de las personas, haciendo más notoria la alta tasa de informalidad que prevalece región y acentuando las brechas existentes entre los diferentes grupos de la sociedad, intensificándose las diferencias existentes de acuerdo con aspectos como la edad, el tipo de trabajo y particularmente el sexo de quien lo desempeña. Esta persistencia de la desigualdad entre dichos grupos ha convertido a la emergencia de Covid-19 en tres crisis simultáneas: una sanitaria, otra económica y otra social,6 que han de ser atendidas de manera integral.

Uno de los mayores desafíos de la región –y por supuesto de México–, consiste llevar a cabo la recuperación económica, pero al hacerlo se deberán superar todas las desigualdades que históricamente han estado presentes en la sociedad, tal es el caso de factores que han marcado la diferencia entre la incorporación laboral de las mujeres y los hombres. Entre algunos aspectos que ilustran las significativas diferencias persistentes entre ambos sexos, se puede mencionar que la mayoría de las familias monoparentales son encabezadas por mujeres, que son las mujeres quienes suelen ganar los salarios más bajos y suelen tener menos ahorros, tienen menos acceso a la protección social, aumentado la probabilidad de que sean las mujeres quienes se ocupen del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, abandonando el mercado laboral o insertándose en economías informales.7

En tanto que las cifras y los estudios apuntan al intrincado panorama al que se enfrentan las mujeres en términos laborales, resulta urgente y necesario subsanar aquellos aspectos que han agudizado la brecha laboral existente entre hombres y mujeres, de tal manera que desde ahora se debe comenzar la planeación del ingreso o retorno de las mujeres a la fuerza laboral, a través de estrategias que supriman las condicionantes que han venido limitando el completo desarrollo de las mujeres, visibilizando y eliminando aquellas cuestiones que han perjudicado su trayectoria laboral o que representan obstáculos para su desarrollo profesional.

Con lo anterior se pretendería enmendar parte de la problemática que ha afectado a las mujeres, en tanto que se ha obstruido su derecho al trabajo, limitando sus posibilidades para acceder de manera autónoma a una vida digna a través de la obtención de su salario.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer acciones e incentivar programas que contribuyan a la inserción de las mujeres en el campo laboral, a fin de contrarrestar los impactos negativos generados por la pandemia de la Covid-19.

Notas

1 OIT, Panorama Laboral 2020, Lima: OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2020, [en línea], Disponible en:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-americas/—-ro -lima/documents/publication/wcms_764630.pdf

2 Guterres, António, Las mujeres en el centro de las iniciativas de recuperación del COVID-19, ONU, [en línea] Disponible en: https://www.un.org/es/coronavirus/articles/mujeres-centro-recuperacion- contra-covid19

3 Inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEN), Resultados del tercer trimestre de 2020, Noviembre de 2020, [en línea]. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15yma s/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim3.pdf.

4 La desocupación abierta es la población que se encuentra sin trabajar, está buscando trabajo y disponible para trabajar.

5 La subocupación son personas ocupadas que tienen necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda.

6 Oxfam, Vivir al día: Medidas para combatir la epidemia de desigualdad en México, [en línea]. Disponible en:

https://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29063559023/html/in dex.html.

7 ONU Mujeres, La pandemia de la Covid-19 y sus efectos económicos en las mujeres: la historia detrás de los números, miércoles, 16 de septiembre de 2020, [en línea]. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/feature- covid-19-economic-impacts-on-women?gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB3Y2EU MkDVW3eKdcX4bMCMVFKc6wVaHOiE0h2KPKJVCun-DG7OnLqhoCS-gQAvD_BwE

Dado en el recinto de la Comisión Permanente a los veinte días del mes de enero de dos mil veintiuno.

Senador José Ramón Enríquez Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a blindar el Programa de Adquisición de Leche Nacional de Liconsa. SA de CV, para el ejercicio fiscal de 2021 y no seguir retrasando los pagos a los pequeños y medianos productores, suscrita por el diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a blindar el Programa de Adquisición de Leche Nacional de Liconsa, SA de CV, para el ejercicio fiscal de 2021, así como para que no se sigan retrasando los pagos a los pequeños y medianos productores, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Primera. Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, creada el 16 de octubre de 1945 en Quebec, Canadá, la seguridad alimentaria es la situación donde las personas tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias, a fin de llevar una vida activa y sana.

Y es precisamente en esta premisa de sana alimentación, que el organismo de referencia brinda información adicional acerca de que la leche nos aporta calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina b12 y vitamina b5 y que un vaso de 250 ml de leche entera de vaca, puede proporcionar a un niño de entre 5 y 6 años de edad, hasta 48 por ciento de las necesidades que tiene de proteína, así como 9 por ciento de calorías y de micronutrientes clave.

Por otro lado, señala que los principales países productores de leche en el mundo son India, Estados Unidos de América, China, Pakistán, la Federación Rusa, Alemania, Brasil, Francia, Nueva Zelanda y Turquía y que en esta gama de naciones, las vacas aportan 83 por ciento de la producción mundial de la leche, las búfalas 14 por ciento, las cabras 2 por ciento, las ovejas el 1 por ciento y las camellas 0.3.1

Paralelamente a la información anterior, sobresale que nuestro país se ha incorporado a diversos acuerdos internacionales en materia alimentaria; como lo es el nuevo marco de desarrollo para el Sistema de las Naciones Unidas, que nos proporciona una muy buena oportunidad de focalizar nuestra cooperación y programación en la materia, fortaleciendo las acciones para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que consideran entre otros, el de poner fin al hambre, el de lograr una mayor seguridad alimentaria y por supuesto el de mejorar la nutrición de todos los habitantes del planeta.

Segunda. Que uno de los principales objetivos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar eficientemente las ventajas comparativas del sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como detonar las metas y objetivos propuestos para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, considera la prioridad de abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y asequibles, provenientes preferentemente de nuestros campos y mares y con esta misma intencionalidad, ha manifestado que se están llevado a cabo previsiones para que México pueda llegar a finales de 2020 con un crecimiento en la producción de leche de 2.4 por ciento; esto significa que se pueden llegar a alcanzar hasta los 12 mil 600 millones de litros de leche producidos, cantidad por demás superior a los 12 mil 275 millones reportados el año pasado.

Así, la proyección que se está estimando, tiene que ver con la dinámica percibida en los primeros meses del año en el espectro del sector productivo lechero, donde la producción ha sido del orden de los ocho mil 250 millones de litros, cifra que refleja un incremento de 2.23 por ciento más de lo registrado en el mismo periodo en el año anterior. En este sentido, resaltan las acciones que ha emprendido la propia Secretaría para el desarrollo de los productores de leche de pequeña escala en el país, a través de diferentes instrumentos de apoyo e incentivos que necesariamente debieran incidir en una mayor productividad.

Tercera. Que todas las acciones anteriores, están enmarcadas en la necesidad de cumplimentar el derecho de acceso a la alimentación que señala el artículo 4o. de la Carta Magna, estrechamente vinculado a lo mencionado en el artículo 26, donde el propio ordenamiento establece que el estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad en el crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural del país.

Aunado a las disposiciones anteriores, tenemos lo referido en el artículo 27 constitucional, que señala con toda oportunidad que el estado debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación en el desarrollo nacional, así como refiere la obligación de fomentar la actividad agropecuaria para el óptimo uso de la tierra con insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Cuarta. Que una de las leyes secundarias que dan vida a los preceptos Constitucionales de referencia, es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que tiene que ver con la obligación de impulsar políticas públicas, acciones y programas en el medio rural, considerados como prioritarios para el desarrollo del país y que deberán guardar una adecuada orientación a corregir las disparidades del desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago.

En esta tónica, lo anterior puede lograrse mediante una acción integral que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, impulsada por supuesto con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable; además de contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, mediante el impulso de la producción agropecuaria del país.

Quinta. Que seguirá siendo prioritario para México, el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos sociales para toda la población y que para darle debido cumplimiento, el sector público debe asegurarse de que se generen las condiciones de bienestar a través de una alimentación y nutrición adecuada para los mexicanos; aunado a una adecuada salud, educación y vivienda digna, y de forma particularmente direccionada hacia todos aquellos conciudadanos que se encuentren en desafortunada condición de pobreza extrema o de carencia alimentaria severa, de acuerdo con la línea de pobreza aprobada para la medición de estos factores.

Sexta. Por lo que hace al sector de producción de la leche y para dar cumplimiento a todo lo anterior, se definió que sería la empresa social de participación estatal mayoritaria del gobierno de la República, Liconsa, SA de CV –cuyo antecedente fundacional de 1949, en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho–, que como parte de los programas de abasto social, con distintas siglas y características y mediante la organización de la secretaría de despacho correspondiente, debiera direccionar su función al acopio, industrialización y comercialización de leche de buena calidad a precios accesibles; todo esto para contribuir a la alimentación, nutrición, desarrollo físico y mejoramiento de calidad de vida de las clases más necesitadas, ubicadas por supuesto por debajo de la línea de bienestar.

En concordancia con lo anterior, los documentos normativos del organismo de referencia, señalan con toda precisión, que en el periodo 1984-1991, a través de su Programa de Fomento a la Producción de Leche, se garantizaba a productores y agrupaciones, o empresas de ganaderos, un sitio seguro para la colocación de su producción y/o de sus excedentes durante todo el año al precio oficial vigente en esa época, ya que contaba con una fuerte infraestructura para el acopio e industrialización de leche nacional, toda vez que llegaba a captar un promedio anual de 80 millones de litros del producto que nos ocupa.

Los antecedentes nos refieren también que en 1991, los objetivos se modificaron, procediendo a concentrar recursos y esfuerzos en el Programa de Abasto Social de Leche y a desincorporar el resto de sus programas y activos, entre los que destacaban plantas industriales y centros de acopio de leche nacional. Desde esa fecha y hasta 2001, quedó registrado que hubo que recurrir casi exclusivamente a la compra de leche en polvo en el mercado internacional, dada su disponibilidad y bajo precio para cumplir con el objetivo de distribuir leche de calidad, entre la población de escasos recursos.

Ya para 2001, Liconsa, SA de CV, adquirió nuevamente leche nacional, principalmente en la época de mayor producción a productores, organizaciones y sociedades que enfrentaban problemas de comercialización; aunque pagando el mismo precio de compra de la leche de importación, el cual era inferior al establecido en el mercado nacional.

Posteriormente, en los años 2005, 2006 y 2007, se pretendió dar debido cumplimiento a las disposiciones normativas señaladas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que le correspondiera. De esta suerte, se ratificó la legalidad de la actividad de Adquisición de Leche Nacional de Liconsa, donde al igual que en los años anteriores, se realizaron transferencias fiscales, con el objetivo de apoyar la operación de dicho sector.

En esta tónica, se cuenta con los registros necesarios para afirmar que fue a partir de 2008, cuando la empresa paraestatal Liconsa, SA de CV, nuevamente adquiere leche de la producida en el país, aunque esta vez a precios de mercado, todo esto en función de su disponibilidad presupuestal, autorizada por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal correspondiente.

Las funciones de Liconsa, SA de CV, se llevan a cabo siguiendo las directrices que le marca Segalmex, en el marco de lo que le instruye la Sader, su cabeza de sector. Dichas funciones tienen que ver fundamentalmente con coordinar las acciones a escala nacional, para el acopio de leche fresca a productores sociales; de industrialización de leche pasteurizada y ultra pasteurizada y de la comercialización y distribución de leche y sus derivados; todo esto para atender a la población beneficiaria del Programa denominado de Abasto Social y que para tal efecto, debe cumplir y hacer cumplir las disposiciones del decreto de creación de Segalmex, los estatutos sociales de Liconsa, sus reglas de operación, las disposiciones de las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás leyes que resulten aplicables.

Séptima. Que paralelamente, la entidad de referencia deberá coordinar todas sus acciones operativas, a fin de lograr el óptimo funcionamiento de sus instalaciones, esto con el propósito de mantenerlas en permanente y creciente producción, acopio y transporte, observando siempre que las actividades se lleven a cabo a través de una eficiente coordinación, sobre todo por lo que hace a todo lo relacionado con el sistema de centros de acopio, a fin de que las operaciones se realicen de manera articulada y congruente.

Octava. Que en este contexto, las organizaciones productoras del sector de la leche en México, manifiestan la realidad que cotidianamente han observado en el campo de operación –más allá de los instrumentos normativos que dan vigencia al sector– y siguen procurando llamar la atención de los diseñadores de las políticas públicas y de los representantes populares, sobre la necesidad de contar con una adecuada implantación de acciones, que brinden soluciones adecuadas en el momento oportuno, en cuanto a los aspectos de producción, comercialización, industrialización y sobre todo en la necesidad apremiante de que ante los escenarios que se visualizan con mayor inestabilidad económica para el cierre de este año, se blinde el Programa de Adquisición de Leche Nacional de Liconsa, SA de CV, para el ejercicio fiscal de 2021. Todo esto con la intención de que se pueda ejercer su presupuesto sin recortes ni demoras, permitiéndoles cumplir los compromisos adquiridos para sacar adelante su producción en tiempo y forma.

Con esta intención, se han acercado en diversas ocasiones ante esta representatividad solicitando atentamente que se verifique que se estén llevando a cabo con toda eficiencia las funciones y responsabilidades de las distintas áreas administrativas y productivas y de los distintos niveles de gobierno, tanto de Segalmex como de Liconsa, SA de CV, y paralelamente hacen hincapié en la necesidad de analizar el establecimiento de mecanismos eficientes de control y vigilancia del presupuesto asignado a los distintos programas, toda vez que sigue siendo imperante para el bienestar de la población, el que llegue leche fresca y de calidad a los hogares mexicanos más desprotegidos.

Por otro lado, señalan con toda razón la necesidad de revisar que las operaciones de pago se realicen de forma puntual y oportuna, toda vez que a lo largo de este año, en distintos estados de la República Mexicana, han sufrido de importantes retrasos en los pagos del producto, destacando para este efecto la falta de pago padecida por los pequeños y medianos productores del Estado de Chihuahua, destacando de forma adicional que al no existir los canales de comunicación adecuados se han manifestado de la forma que han podido, porque como afirman reiteradamente están realmente desesperados y viven al día, administrando con sumo cuidado el pago semanal de su producción y que en este mismo grupo, en ocasiones llegan a estar incluidos también algunos productores más grandes, que llegan a contar hasta seis semanas sin que se les haya realizado su pago y que esta situación les extraña, porque eso nunca había pasado antes con Liconsa.

En este mismo orden de ideas, han referido que su desesperación tiene que ver con que a raíz de que no reciben el pago, no pueden conseguir los insumos básicos para su operación, ni el diésel para sus tractores o para pagar los servicios como la energía eléctrica, inclusive refieren que algunas veces ya no les alcanza ni para comer o para pagar lo necesario para sustentar sus ranchos y que la situación ha llegado a tal grado que algunos empiezan a vender las pocas vacas con las que cuentan y que están constantemente endeudándose porque la realidad es que no cuentan con los remanentes suficientes para sortear los retrasos en los pagos.2

Novena. Que para el caso específico de Delicias, Chihuahua, la empresa paraestatal se vio inmersa en el escenario de retrasar el pago a la mayoría de los 803 pequeños productores de leche de la región, señalando que cada semana les hacen la misma promesa de pago, que será para inicios de la semana siguiente cuando recibirán lo que corresponda a la leche entregada; pero que para cuando llega el día fijado, se les vuelve a dar otra fecha de pago, de tal manera que los adeudos siguen acumulándose y por ende los problemas para subsistir también.

Por otro lado se refiere a través de este atento exhorto, la necesidad de que se analicen y se den de alta los folios o códigos de los productores a quienes se haya dado de baja por motivo de las protestas o similares, ya que han sido evidentes las problemáticas que por este tema se han padecido en la región centro sur del estado de Chihuahua, por lo que resulta altamente prioritario que se revise a fondo el suministro de los recursos públicos y que se dé prioridad a la producción de leche en el sector social.3

Décima . Por otro lado, vale la pena destacar la necesidad de que se evalúe la eficiencia de los procesos y procedimientos que se están llevando a cabo para el pago del producto, toda vez que en una buena administración, lo importante es garantizar que la operación eficaz continúe, atendiendo los requerimientos de transparencia y acceso a la información que marca la legislación vigente.

Por las razones y los argumentos expuestos se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en coordinación con el organismo público descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana y a través de la Compañía Paraestatal Liconsa, SA de CV, en el ámbito de sus respectivas facultades, obligaciones y responsabilidades, tenga a bien emprender las acciones siguientes:

a) Se blinde el Programa de Adquisición de Leche Nacional de Liconsa, SA de CV, para que en el ejercicio fiscal de 2021 se pueda ejercer el presupuesto sin recortes ni demoras y de esta forma se puedan cumplir los compromisos adquiridos con los pequeños y medianos productores y las asociaciones del mercado de la leche en México, verificando paralelamente que las funciones y responsabilidades de las distintas áreas administrativas y productivas del sector, se lleven a cabo con eficiencia, estableciéndose para esto los mecanismos de control y vigilancia acordes con el presupuesto asignado;

b) Que las operaciones de pago correspondiente se realicen de forma puntual y oportuna, determinando un adecuado seguimiento de la liberación de recursos, alentando la autosuficiencia de producción y alimentaria del país, reduciendo de esta manera la necesidad de realizar importaciones del producto; y

c) Que se evite tomar represalias contra las personas que se han manifestado por la falta de pago y que se analicen y se den de alta los folios o códigos de los productores a quienes se haya dado de baja por motivo de las protestas o similares, sino que por el contrario se incentive la comunicación a través de mesas de diálogo que permitan hacer eficientes los procesos, para que no sea necesario recurrir a actos de resistencia civil.

Notas

1 Cónfer http://www.fao.org/dairy-production-products/production/es/ Sitio consultado el 10 de diciembre de 2020.

2 Para mayor información, revísese https://www.jornada.com.mx/2020/08/28/sociedad/034n1soc Fuente consultada el 8 de diciembre de 2020.

3 Cónfer El Heraldo de Juárez, en https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/delicias/retrasan-nuevamente -pago-a-lecheros-leche-vacas-chihuahua-delicias-noticias-liconsa-apoyo- economico-lacteos-6104901.html Consultado el 7 de Diciembre de 2020.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Segalmex a presentar una propuesta alterna en el “acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, sectorizada en la Sader, para el ejercicio fiscal de 2021”, donde se establezca y garantice el precio de garantía o ingreso objetivo a los medianos productores de maíz, a cargo del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana a presentar una propuesta alterna en el “acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal de 2021”, donde se establezca y garantice el precio de garantía o ingreso objetivo para los medianos productores de maíz, que sea equivalente o mejore al correspondiente en el ejercicio fiscal de 2020, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México esta? consolidado como el principal consumidor de maíz en el mundo, no así? en términos de producción y comercialización aun cuando el maíz es uno de los principales cultivos en México; participa con 18 por ciento del valor de producción del sector agrícola y concentra 33 por ciento de la superficie sembrada en el territorio nacional, es decir 7.5 millones de hectáreas.

En los últimos, el país años se ha centrado en fortalecer a la agricultura de subsistencia y no a la comercial, esta última es la que garantiza que la mayoría de los mexicanos tengan este producto en sus mesas. Lamentablemente este sector de productores mexicanos se ha visto castigado en cuanto a recursos para promover su desarrollo, ante la falta de estos apoyos, los productores y comercializadores mexicanos han quedado en desventaja tanto en el mercado nacional como ante grandes consorcios fijadores de precios al interior y no se diga frente a agentes económicos dominantes en la producción y distribución mundial del grano de otros países como Estados Unidos y China.

Por ello es de suma importancia que el gobierno federal sea sensible ante esta situación y no siga cerrando los apoyos al sector a fin de garantizar mediante los medianos y grandes productores es para que se tenga una soberanía alimentaria y no comprar al extranjero lo que se produce aquí.

El programa Precios de Garantía que arrancó en este sexenio y que ya se había usado en el pasado y que fracaso por la dinámica del mercado, este programa se basa en una política económica que fue subsumida por el mercado y que ahora retoma valor en esta administración como política de igualdad más que de competitividad; por lo que su implantación ha tenido muchas fallas con los medianos y grandes productores de maíz en Sinaloa, provocando que se vean en serias desventajas con respecto a sus competidores. Sin embargo, es el único apoyo que se tiene, por lo que es importante se implemente bien a fin de no verse como un programa que no funcionó.

Este programa inició como una promesa de campaña el 19 de abril de 2018 en el municipio de Guasave, Sinaloa; en donde el hoy presidente de la República prometió a los productores sinaloenses el establecimiento de este programa como una medida de contención a los problemas de acaparadores y de desvío de recursos y que le llegara al productor final.

Para el 16 de septiembre de 2018, en su primer día de gira de agradecimiento, en Mazatlán, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los sinaloenses estableciendo el precio de garantía para el maíz; sin embargo, esta medida aplicaría sólo a los pequeños productores y no se planteó programa para los medianos y grandes productores que garantizan la soberanía alimentaria de este producto.

A lo largo de esta nueva visión de política pública para los productores de maíz, productores sinaloenses dieron la batalla a finales de octubre, noviembre y diciembre de 2018, previo a la aprobación del PEF de 2019, el cual estaba generando inconformidad por la serie de recortes presupuestales por la nueva administración y baja de recursos de programas como el de apoyo a la comercialización que era manejado por la Sagarpa (161 millones 402 mil 142 pesos, cantidad menor a la propuesta en 2018, de 197 millones 460 mil 966 pesos) y su desaparición para el PEF de 2020. Ante la imposibilidad de cumplir con esta promesa de brindar apoyos de un precio mínimo que les garantizará recuperar la inversión hecha en sus cosechas a los medianos y grandes productores por el recorte presupuestal generado en el PEF de 2019; en abril iniciaron las negociaciones con los productores sinaloenses, para lograr al menos el precio de garantía de 4 mil 500 pesos por tonelada de maíz.

El 24 de febrero se publicó el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2020. En este acuerdo no se habla de la agricultura comercial para productores de hasta 50 hectáreas; en él no se incluyen a los medianos y grandes productores de maíz.

Para el 25 de marzo de ese año, el presidente de la República anunció: “La segunda buena noticia es que decidimos aumentar el precio de compra del maíz a productores de Sinaloa. El director de Segalmex, Ignacio Ovalle, declaró lo siguiente: “El presidente de la República ha autorizado que se les garantice un precio de 4 mil 150 pesos por tonelada, estamos hablando de 20 mil productores medianos, es decir de 50 hectáreas y comprándole hasta un límite de 600 toneladas a cada uno de ellos”.

El 24 de febrero se publicó el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal de 2020. En este acuerdo no se habla de la agricultura comercial para productores de hasta 50 hectáreas; en él no se incluyen a los medianos y grandes productores de maíz.

a productos alimentarios básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal de 2020.

Modificaciones:

...

Artículo 4. Los precios de garantía a productos alimentarios básicos:

I. [...] cada productor, son los siguientes:

[...]

II. Se otorgará apoyo económico a los pequeños productores de maíz [...].

III. [...]

IV. Para los medianos productores de maíz de riego y los de temporal de más de cinco hectáreas, que comercialicen su producción, con hasta 50 hectáreas sembradas, únicamente se pagará la diferencia entre el precio de garantía y un precio de mercado de referencia que establecerá Segalmex.

...(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591 535&fecha=13/04/2020)

Sin embargo, estos acuerdos fueron modificados mediante el comunicado 4, emitido por Segalmex, estableciendo que el precio de futuro, precio de referencia y el incentivo que otorgaría el gobierno federal para alcanzar la base de los 4 mil 150 pesos. En este escenario de incentivo de 289.6 pesos por tonelada, el mercado cerró en esas fechas a 3 mil 752, esto más el incentivo del gobierno federal, daría un monto de 4 mil 41.6 pesos por tonelada; representando una pérdida de 108.4 pesos por tonelada, respecto de los 4 mil 150 pesos por tonelada prometidos.

Para el 28 de mayo de 2020, Segalmex publicó el comunicado 7, en el cual estableció fijar un estímulo de 359.69 pesos por tonelada de maíz con un precio de referencia de 3 mil 790.31 pesos, a fin de alcanzar los 4 mil 150 pesos comprometidos como garantía en el esquema de comercialización. En un comunicado emitido por Segalmex, se deja en claro que ese estímulo es definitivo pese a la volatilidad del mercado y la constancia variación del tipo de cambio peso-dólar; también contempló para fijar la referencia un precio de mercado 126.18 dólares, una base de 32 dólares y un tipo de cambio de 23.96 pesos por dólar.

Este escenario genera un ingreso a los precios de mercado de este día de 3 mil 598 pesos por tonelada, sumado al apoyo establecido en el comunicado 7 de 359.69 pesos; el ingreso del productor sería de 3 mil 958.6 pesos por tonelada de maíz, representando una pérdida de 191.4 pesos por tonelada por debajo de los 4 mil 150 pesos por tonelada prometidos por el presidente de la República. Esto traducido a un volumen amplio de toneladas representa una gran pérdida para el productor.

El 8 de junio del año pasado, Segalmex, por conducto del doctor Sergio Roberto Márquez Berber, gerente de Estudios y Proyectos Estratégicos de la institución, reconoce la problemática que representa el estímulo de 359.69 pesos por tonelada para la producción comercializada del maíz, sin embargo reconoce que es el mayor estímulo que se ha otorgado por dicha institución para este producto por lo que se ponen a disposición a fin de buscar la mejor solución sin menoscabo en las finanzas del Estado mexicano.

Pese a todas esas trabas, 2020 fue un año muy difícil para todos en el país, pero para estos productores también; lamentablemente la falta de apoyos certeros y que contribuyeran a la mejora de sus condiciones no llegaron como se habían establecido, por lo que era importante que para 2021 se les diera una mejor atención.

Sin embargo, para el 28 de diciembre del 2020, se publicó en el DOF, las reglas de operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Segalmex, lamentablemente el panorama que brindan para los medianos y grandes productores no es nada alentador, pues ahora se elimina el ingreso objetivo del maíz de 4 mil 150 pesos por tonelada y sólo se menciona un apoyo, sin especificar el monto, para la adquisición de coberturas de precios; sin duda, una mala señal por la incertidumbre que brinda a los productores.

Si bien hoy el mercado internacional, considerando los futuros de maíz a julio de 2021 y una base de 41 dólares (como es la propuesta de Segalmex, pero que aún no es oficial), el precio al productor supera 4 mil 500 pesos por tonelada, aún falta 4 meses para las primeras trillas de maíz, y de aquí a esas fechas podrían derrumbarse los precios o fortalecerse el tipo de cambio. Por eso es importante que los productores tengan certidumbre de un ingreso mínimo por tonelada, al que puedan aspirar, para poder cubrir sus costos de producción.

La lucha de los productores campesinos para ser apoyados por su gobierno y estar en capacidad de competir contra la producción de otro país es una acción noble que busca que nuestro campo siga por los caminos superavitarios y permita garantizar la alimentación de cada familia mexicana.

Considero que esta lucha no debería de desestimarse, por lo que estamos seguros que la sensibilidad debe privar en este caso y se debe apoyar a quienes con su esfuerzo siembran y cosechan el maíz que tanto necesitamos para la dieta del mexicano.

Este sector no aguanta más los embates de la crisis sanitaria que vivimos y menos del abandono que se ha visto en los últimos años, considero que el único apoyo que les puede llegar en estos momentos no debería ser regateado y se debería entregar a la brevedad; las acciones recientes no son congruentes con lo que el presidente ha dicho sobre el campo, pues lejos de apoyarlos, ha dejado a cientos de miles de productores en el desamparo.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana, a presentar una propuesta alterna en el “acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal de 2021”, donde se establezca y garantice el precio de garantía o ingreso objetivo para los medianos productores de maíz, que sea equivalente o mejore al correspondiente en el ejercicio fiscal 2020.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana para que remita un informe detallado sobre los alcances e impacto de lo establecido por el artículo 4, referente a los medianos productores de maíz del “acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal de 2021”.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana a que concluya el proceso el pago del precio de garantía a todos los productores de maíz correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Senador Mario Zamora Gastélum (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a investigar a Diconsa, SA de CV, por posibles delitos de corrupción, suscrita por la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Fiscalía General de la República a investigar a la empresa estatal Diconsa, SA de CV, por posibles delitos, por hechos de corrupción

Exposición de motivos

I. Recientemente se hizo de conocimiento público que la empresa estatal que tiene por objeto el abasto a las comunidades rurales de productos de la canasta básica otorgó un contrato por la cantidad de 22 mil millones de pesos a una empresa de gelatinas de la entidad federativa de Veracruz.1

Dicho contrato ha sido señalado por contener distintas irregularidades, ya que inicialmente para esa adquisición sólo se tenía contemplado por un valor de 60 mil pesos, posteriormente el responsable de la compra realizó modificaciones al anuncio del contrato.2

Cabe recordar que este tipo de irregularidades ya habían sido observadas anteriormente, ya que “Diconsa fue investigada por la Auditoría Superior de la Federación en el análisis de la Cuenta Pública 2018. El documento reveló que la paraestatal mexicana incurrió en un posible daño a la hacienda pública por un monto de 834 millones 890 mil pesos.”3

De forma similar, Liconsa ha sido señalada por otorgar dos contratos con una vigencia de hasta cinco años para procesar y vender leche a una empresa que no cuenta con la experiencia para realizar dicha actividad y que recibió cerca de 4 mil millones de pesos, bajo el mismo proceso se encuentran señaladas otras adjudicaciones directas con posibles irregularidades.4

Las irregularidades señaladas en el contrato de adjudicación directa para la adquisición de las gelatinas, se dio a conocer a la par del anuncio que hizo el presidente de la República durante su rueda de prensa matutina en la daba a conocer la compra de medicamento oncológico y otras claves más de patentes de medicamentos.5

La compra que se realizó bajo el programa de abasto rural supuestamente benefició a una empresa de origen veracruzano que se había mantenido cerrada por lo menos tres años atrás.6

A raíz de los hechos anteriormente dados a conocer, la presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto hacer un llamado a las autoridades competentes para que se investiguen posibles delitos por hechos de corrupción en los procesos de compra y adquisición de bienes y servicios de estas dos entidades estatales.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más respetuosa a la Fiscalía General de la República a investigar los posibles delitos por hechos de corrupción dentro de los procesos de compra y adquisición de bienes y servicios de la empresa de participación estatal Diconsa, SA de CV, con particular atención en el contrato 2384985 bajo el expediente número 2169674.

Notas

1 Diconsa realizó un contrato de 22 mil millones de pesos para comprar gelatinas. Infobae.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/31/
diconsa-realizo-un-contrato-de-22-mil-millones-de-pesos-para-comprar-gelatinas/

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Gasta gobierno de AMLO más dinero en gelatinas que en medicamentos. El Demócrata.
https://democratacoahuila.com/2020/12/31/gasta-gobierno-de-amlo-mas-dinero-en-gelatinas-que-en-medicamentos/

6 Ibídem.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Senadora Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a incluir en la etapa inicial de inmunización contra el Covid-19 al personal del SNPC de primera línea de los tres niveles de gobierno, cuerpos de emergencia, bomberos e integrantes de las unidades y coordinaciones de protección civil, suscrita por la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández , integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

EL 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. El Acuerdo determina lo siguiente:

“Primera. El Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.

Segunda. El Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid-19, diseñadas, coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado.

Tercera. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid-19, en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial.

Cuarta. El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid-19, que necesiten hospitalización.

Quinta. El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta que se disponga lo contrario.”

Asimismo, el 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), el cual determina lo siguiente:

“Artículo Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo.

Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (Covid-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves.

Artículo Segundo. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes:

a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico;

b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública;

c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.

Las dependencias y entidades de la administración pública federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios.

En el sector público, los titulares de la áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior.

En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.

Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado;

d) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas;

e) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (Covid-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y

f) Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.”

El 8 de diciembre de 2020 se presentó ante la opinión pública la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid en México, la estrategia tiene como finalidad la de contener las defunciones, por lo que propone una “priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por Covid-19.

Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas”.1

En razón de lo anterior los grupos priorizados son los siguientes:

1. Trabajadores de salud

2. Personas mayores de 80 años

3. Personas de 70 a 79 años

4. Personas de 60 a 69 años

5. Personas de 50 a 59 años

6. Personas de 40 a 49 años

7. Población menor de 40 años

La aplicación de la vacuna se hará bajo el siguiente calendario:

En razón de garantizar la salud del personal que atiende la emergencia sanitaria la Secretaría de Salud ha determinado que la vacunación a este sector corresponderá de diciembre de 2020 a febrero de 2021, este planteamiento sin lugar a dudas resulta adecuado en virtud de que resulta prioritario garantizar que el personal médico que atiende a las personas con Covid estén protegidos de contagiarse de esta enfermedad.

Asimismo, resulta prioritario que los integrantes del sistema nacional de protección civil de primera línea de los tres niveles de gobierno (cuerpos de emergencia, bomberos, e integrantes de las unidades y coordinaciones de protección civil), de igual forma sean vacunados en la primera etapa en virtud de que este personal está atendiendo las emergencias que se han presentado en los últimos meses, ejemplo de ello lo tenemos en las inundaciones de Tabasco durante noviembre de 2020 o el incendió que se suscito en las instalaciones del Centro de Comando en la Ciudad de México el pasado 9 de enero. Ambos acontecimientos personal de emergencia y cuerpos de bomberos atendieron a personas arriesgando su vida por la situación de emergencia sin saber si alguno de ellos estuviera contagiado, lo que pone en riesgo que pueda existir un brote de Covid en los cuerpos de emergencia.

En razón de lo anterior la suscrita propone la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud del gobierno de México a incluir en la estrategia de vacunación al personal del Sistema Nacional de Protección Civil de primera línea de los tres niveles de gobierno, cuerpos de emergencia, bomberos, e integrantes de las unidades y coordinaciones de Protección Civil, para que sean vacunados en la primer etapa prevista en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México.

Nota

1 Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, Secretaría de Salud, p. 10

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 enero de 2021.

Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de citar a comparecer al titular de la Ssa para que dé a conocer el programa nacional de vacunación contra el Covid-19, suscrita por el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario de Salud del gobierno federal a fin de dar a conocer el programa nacional de vacunación contra el Covid, con base en las siguientes

Consideraciones

La pandemia originada por el Covid que azota al mundo, ha tenido una afectación enorme en nuestro país. De acuerdo con los datos más recientes, el número de fallecimientos asciende a 141 mil 248 y el número de personas infectadas se ubica en un 1 millón 649 mil 502

Desafortunadamente, resulta claro que la estrategia seguida por el gobierno federal para combatir este enorme problema ha sido errónea, y hemos observado el empecinamiento por seguir una ruta que ha dado claras muestras de ineficacia.

Pese a que los contagios se incrementan considerablemente día con día, las autoridades respectivas no han dado una respuesta que permita suponer que los contagios y el número de fallecimientos irán a la baja.

Ello ha generado un amplio debate, el cual ha sido desestimado por el gobierno federal, señalando que solo busca fines electorales, sin embargo, en esta amplia discusión se han incorporado diversos temas que requieren ser analizados.

Nos referimos a las inconsistencias que ha tenido la campaña de vacunación, emprendida desde hace varias semanas, la cual se dijo, iniciaría con la inoculación del personal médico que se encuentra en la primera línea del combate del Covid.

No obstante, nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, de numerosos casos en que se ha aplicado la vacuna a diversas personas que no se encuentran en esa clasificación, siendo un gran número de casos los denunciados.

Ello refuerza las dudas surgidas con respecto a la estrategia diseñada para el proceso de vacunación de la población, pues en días recientes se ha agregado al debate una decisión que consideramos equivocada, consistente en aplicar dicha vacuna a los denominados “siervos de la nación”, que se ha dicho, son integrantes de las brigadas creadas para aplicar las vacunas.

Al respecto, consideramos que no hay mexicanos y mexicanas de primera o de segunda, y sabemos del trabajo de corte político-electoral que desempeñan los “siervos de la nación”, con la complacencia y directrices del gobierno federal, por lo tanto, consideramos que de ninguna manera se trata de una buena decisión el otorgarles un trato privilegiado.

Es fundamental recordar la relevancia que tiene la división de poderes, diseñada como un instrumento de contrapesos que evite la concentración en la toma de decisiones por uno solo de estos poderes.

Así, resulta imprescindible conocer a detalle la estrategia de vacunación nacional a la que hemos aludido, a fin de conocer las etapas que comprenderá, así como la población objetivo y las fechas que seguirá su puesta en marcha.

De esa manera se contará con elementos que permitan formular las adecuaciones necesarias para su mejora.

Por lo tanto, consideramos de la mayor relevancia el conocer la información referida, mediante la comparecencia del titular de la Secretará de Salud del gobierno federal, para llevar a cabo un diálogo que permita conocer a detalle, como lo hemos señalado, en qué consiste la estrategia nacional de vacunación para enfrentar la amenaza del Covid.

Tenemos la certeza de que un ejercicio de esa índole fortalecerá las distintas medidas que se formulen al respecto, contando con la aportación que le otorguen visiones complementarias que permitan realizar las adecuaciones necesarias para la optimización de sus resultados.

Con base en lo planteado someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita al secretario de Salud a comparecer ante esta soberanía para que dé a conocer el programa nacional de vacunación contra el Covid, a fin de contar con elementos de información que permitan reforzar dicha estrategia.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al CGS a autorizar con la SHCP una partida presupuestal extraordinaria de 2021 para los centros del DIF en Suchiate y Tapachula, Chiapas, en atención de niños y adolescentes no acompañados y separados; y considerar con la Segob, la SRE, el INM y el DIF una estrategia de retorno inmediato a los países de origen a quienes lo ameriten conforme a su estatus migratorio y atender prioritariamente a los connacionales de esos municipios susceptibles de afectaciones por el SARS-Cov2 derivadas de la caravana migrante proveniente de Honduras, suscrita por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Rau?l Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unio?n y con fundamento en lo dispuesto en los arti?culos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideracio?n del pleno de la Comisio?n Permanente del Congreso de la Unio?n, la presente proposicio?n con punto de acuerdo de urgente u obvia resolucio?n, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

El término “caravanas migrantes” surgió para describir a los grandes grupos de personas que se mueven por tierra a través de las fronteras internacionales. Las caravanas de migrantes del norte de Centroamérica han aumentado en número y frecuencia desde 2018. La primera de las grandes caravanas de migrantes de los últimos años partió de Honduras en octubre de 2018. Durante el viaje hacia la frontera entre Estados Unidos de América y México, miles de personas migrantes sobre todo de El Salvador y Guatemala se unieron al grupo. Los miembros de la caravana estaban motivados por una variedad de factores, incluyendo la violencia y la pobreza en sus países de origen, y buscar mejores oportunidades.

El desempleo y la violencia siguen siendo las principales causas que las y los migrantes, en su mayoría jóvenes, aducen para irse de Honduras, donde no hay oportunidades para todas las personas y los Gobiernos que asumen cada cuatro años no han sido capaces de reducir la gran deuda social que el país tiene con su gente. Muchos de los hondureños pobres y desempleados nunca han recibido un beneficio social directo de la deuda interna y externa que tiene Honduras, que supera los 12.000 millones de dólares1 .

Asi también, las Naciones Unidas revelaron que una de cada cinco familias que migran desde Centroamérica lo hace debido a contextos de violencia y pobreza. Cerca de 20 por ciento, de los más de 3 mil 100 entrevistados que se desplazaron en unidades familiares, identificaron ambas cuestiones como la razón principal de su huida, según encuesta de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)2 .

En un comunicado, el Gobierno de Guatemala, indicó que al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, promueve la migración, siempre y cuando sea segura, ordenada y regular, “y seguirá expresándose en contra de cualquier acción que incite a realizar migraciones irregulares, las cuales son promovidas por personas inescrupulosas que actúan al margen de la ley”3 .

Desde diciembre del año 2020, se abrieron diversas convocatorias a través de redes sociales para unirse a la “Caravana 15 de enero 2021”, que partiría de San Pedro Sula, en el norte de Honduras4 .

El pasado lunes, 11 de enero, las autoridades de México, Guatemala y Honduras anunciaron que se encontrarían preparados para atender una nueva caravana migratoria con rumbo hacia Estados Unidos de América. Diversas delegaciones de los tres países realizaron un recorrido por el punto fronterizo de Corinto, a unos 200 kilómetros al norte de Tegucigalpa, con el objetivo de determinar acciones que permitieran atender de manera integral la caravana.

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México hicieron el lunes 11 de enero, un “fuerte llamado” a los migrantes de sus países que pretenden viajar en caravanas hacia Estados Unidos, evitar exponer a niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, por el peligro al que los exponen5 . Llevar menores en las caravanas implica exponerlos “a los peligros que conlleva el trayecto migratorio irregular, previendo que sean posibles víctimas de delitos asociados a la migración irregular.”6

Las autoridades advirtieron a las y los migrantes que deben cumplir con los requisitos de ingreso al territorio guatemalteco, como prueba del Covid-19, pasaporte y documentos de identificación de los menores de edad7 .

El director general de Migración en Guatemala convocó a una reunión a los gobernadores departamentales de Petén, Izabal, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, San Marcos y autoridades de la Policía Nacional Civil, con el objetivo de establecer los protocolos de atención para los cientos de migrantes8 .

El 14 de enero, el Gobierno de Guatemala decretó estado de prevención en los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa debido al riesgo de contagios por la enfermedad del Covid-19 ante la caravana migrante que se moviliza desde Honduras con el objetivo final de llegar a Estados Unidos. Un grupo de aproximadamente 250 personas partió ese mismo 14 de enero desde San Pedro Sula, Honduras, según dijo el Comisionado Jair Meza, portavoz de la Secretaría de Seguridad9 .

En misma fecha, el Gobierno de Guatemala estableció un total de 16 puestos de control desde las fronteras con Salvador y Honduras, hasta los límites con México, para contener el paso de la caravana de migrantes que salió la noche del miércoles desde San Pedro Sula, en su intento por alcanzar la frontera con Estados Unidos.

El Instituto Guatemalteco de Migración dio a conocer en un comunicado, que los 16 puntos de control y Centro de Atención Integral al Migrante, se “ubican en puntos estratégicos” sobre las carreteras que corren por la costa y la selva, que podrían ser usadas por los hondureños para tratar de llegar a México.10

El 15 de enero, a las cinco horas, salieron seis mil personas, aproximadamente, integrado por jóvenes viajando solos para evitar ser reclutados por el crimen organizado, personas con discapacidad y adultos mayores que viven en pobreza extrema, además de muchas familias enteras que resultaron damnificadas tras el paso del Huracán Eta e Iota11 .

En misma fecha, personal del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, crearon un cerco humano en la frontera sur del país mexicano, donde el comisionado Francisco Garduño Yáñez encabezó el recorrido de control y de verificación migratoria para restringir la entrada masiva de las personas centroamericanas.

En diversas redes sociales, el Instituo Nacional de Migración difundió imágenes del operativo que se realiza “para mantener vigilancia en la zona y hacer cumplir la Ley de Migración”12 .

También, como parte del operativo fronterizo anunciado por el Instituto Nacional de Migración, el mismo 15 de enero, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército montaron guardia en el paso fronterizo El Ceibo, en Tabasco. El organismo dio a conocer que se reforzaría la vigilancia a lo largo de la ribera del río Suchiate y las acciones se extienden hasta ese punto en el territorio tabasqueño13 .

El 16 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Mexicano, emitio un comunicado para hacer un “exhorto respetuoso” a las autoridades de Honduras para que se atienda “oportunamente” el flujo irregular de las personas migrantes “de tal manera que prevengan nuevos desplazamientos”14 .

En misma fecha, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que el gobierno federal prepara un operativo por la llegada de la caravana migrante, en la cual se contabilizan más de 5 mil hondureños, y se espera que lleguen el 18 de enero: “Ante la llegada de los migrantes hondureños se decidió integrar un operativo de respuesta para poder asegurarnos de que las personas que ingresen a México tengan la protección social así como de salud”15 .

¿Qué sucedió el 17 de enero en la frontera con Guatemala?, las fuerzas de seguridad de Guatemala crearon un cerco humano para detener el paso a la caravana que intentó cruzar por la fuerza. Lamentablemente, uno de los videos que se publicó en redes sociales, muestra el uso de palos y bombas lacrimógenas cuando intentó avanzar la caravana en una carretera del oeste del país, donde se encuentran varados de la noche del 16 de enero16 .

El procurador de derechos humanos en Guatemala, Jordán Rodas Andrade, condenó el enfrentamiento entre militares y la caravana migrante proveniente de Honduras. Por medio de su cuenta de twitter, Rodas emitió un comunicado donde señaló de “deplorable el brutal uso de la fuerza por parte del ejército guatemalteco”.

El director de Migración en Guatemala, Guillermo Díaz, pidió este sábado al contingente que retrocedieran, ya que sería imposible que pasaran17 .

Por otro lado, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), ha informado de 815 adultos y 94 menores acompañados devueltos a Honduras y 376 adultos y 98 menores acompañados remitidos a Migración, que hacen un total de 1.383 migrantes detenidos de la actual caravana.18

En México, un grupo de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN), resguardan el puente fronterizo Rodolfo Robles y siete pasos informales del río Suchiate, que divide a México con Guatemala; para impedir el ingreso de la caravana migrante que transita por el vecino país y que pretende llegar a territorio nacional en los próximos días, para luego seguir a Estados Unidos. 19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde el 18 de diciembre de 2020, señaló que México no es títere de ningún gobierno. Aseveró que el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos, en junio de 2019, fue decisión del pais mexicano. En cuanto a la estrategia de seguridad, subrayó que ésta continuará y advirtió que no se permitirá la toma de casetas porque es un robo al erario. Así también, sobre el Protocolo de Protección a Migrantes conocido como “Quédate en México”, dijo que se evaluará al inicio de la administracion de Joe Biden, aunque en principio, el resultado ha sido muy bueno20 .

Recomendaciones internacionales

La jefa de la Misión de la Organización Internacional para Migraciones en México, Dana Graber Ladek, señaló que se deben promover esquemas en favor de la no detención de migrantes y darles prioridad en la fase de vacunación contra el Covid-19 en 2021 21. Reconoció que México ha avanzado mucho en el tema de la protección de los derechos humanos. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, dijo que es fundamental promover que no se detenga a los migrantes:

“Como Organización Internacional para Migraciones, estamos promoviendo la no detención pero hay estaciones migratorias que se están usando para ello. Es indispensable mejorar estas condiciones”.

Toda legislación, política o práctica, formal o informal, dirigida a prevenir la detención innecesaria de personas por razones relacionadas con su estatus migratorio, puede considerarse una alternativa a la detención de migrantes, de acuerdo con dicha Organización.

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular señala en su objetivo número 13 “utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas”, lo que va de la mano con lo estipulado por el derecho internacional sobre derechos humanos.

Para evitar caer en detenciones innecesarias de personas migrantes durante la pandemia, la Red de las Naciones Unidas sobre Migración hizo un llamado a los Estados solicitando:

• No realizar nuevas detenciones de personas migrantes por motivos migratorios, o por razones de salud e introducir una moratoria sobre el uso de la detención de inmigrantes.

• Ampliar e implementar urgentemente alternativas comunitarias no privativas de libertad a la detención migratoria de conformidad con el derecho internacional.

• Poner en libertad a todos los migrantes detenidos en la comunidad sin custodia alternativas, siguiendo las salvaguardas adecuadas.

• Mejorar las condiciones en los lugares de detención migratoria mientras las alternativas son ampliadas e implementadas.

Para lograrlo la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, sugiere:

1. Suspender la emisión de órdenes de detención para personas migrantes recién llegadas y para migrantes indocumentados en la comunidad sobre la base del estatus migratorio: Esto incluye la suspensión de órdenes de detención previas a la deportación, y las redadas de inmigración.

2. Priorizar la liberación inmediata de todos los niños, niñas y adolescentes de centro de detención de migrantes: Ya sean que se encuentren no acompañados, separados o en familias, los menores nunca deben ser detenidos por razones relacionadas con su estatus migratorio o con el de sus padres y madres. La detención migratoria nunca es lo mejor para un niño o niña.

3. Garantizar la disponibilidad de lugares para colocar a las personas migrantes en la comunidad, en lugar de en centros de detención: Los espacios deben permitir una calidad de vida digna y cumplir con todas las recomendaciones para evitar la propagación del virus, tales como el distanciamiento físico, la posibilidad de realizar cuarentena y autoaislamiento, y necesidad limitada o nula de utilizar el transporte público.

4. No suspender ni acelerar los procedimientos migratorios sin el debido proceso: Al contrario, es necesario adaptar la gestión de los casos a la realidad durante la Covid-19, incluyendo opciones de comunicación remota, y brindando equipo de protección personal para las personas migrantes y quienes les asesoran, de manera que se pueda dar continuidad a sus casos.

5. Asegurar la no deportación post-pandemia: Es necesario generar confianza entre las personas migrantes y poder asegurarles que cualquier levantamiento a las restricciones o cambios en la política debido un regreso gradual de la situación tras la crisis de Covid-19, no se considerará motivo para la detención y posterior deportación. Esto es importante para esta población se pueda acercar sin temor a los centros de salud y otros servicios durante la pandemia22 .

Por otro lado, es importante recordar el Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, el cual aborda el fenómeno de la migración con un enfoque diferente cuyos pilares son el desarrollo sostenible y la cooperación regional.

La iniciativa surgió en el año 2018, tras la oleada de flujos migratorios masivos de los países del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos de América. Ese gran desplazamiento masivo hizo evidente un profundo problema de fondo: la desesperación causada por la falta de oportunidades para tener una vida digna.

El objetivo principal del Plan es que la migración nunca sea forzada , sino opcional, que la gente no deba abandonar su país ni su modo de vida debido a la pobreza y falta de opciones.

En una conferencia de prensa, el canciller mexicano indicó que hay dos inversiones importantes. La primera es en el sur de México y rondaría los 5.000 millones de dólares: “En materia de cooperación alcanzamos 100 millones de dólares este año y pensamos llegar al doble en 2020 en los proyectos del Plan, que por ahora son 60 y abarcan todos los pilares”.

Asimismo, recordó que Estados Unidos se comprometió a otorgar 5,800 millones de dólares para reformas institucionales y desarrollo económico en el Triángulo Norte de Centroamérica por medio de fuentes privadas y públicas23 .

Es por lo mencionado, que se pone a consideración de la asamblea la siguiente proposicion con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Consejo General de Salubridad en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar una partida extraordinaria presupuestal del ejercicio fiscal 2021, para los Centros de Desarrollo Integral de la Familia en los municipios de Suchiate y Tapachula, en el estado de Chiapas, en atención a las niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Consejo General de Salubridad en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a considerar una estrategia de retorno inmediato a los países de origen a quienes lo ameriten conforme a su estatus migratorio, ante el actual flujo migratorio en el sur del país mexicano. Así como, atender prioritariamente a los connacionales de los municipios de Suchiate y Tapachula de Chiapas que se encuentran susceptibles de probables afectaciones por el virus SARS-COV2, Covid-19 derivadas de la caravana migrante proveniente de Honduras.

Tercero . Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a diseñar en coordinación con el gobierno de Chiapas una estrategia para la reactivación económica de la Región del Soconusco, municipios de Suchiate y Tapachula, que ha sido afectada por el cierre de la frontera con el país de Guatemala.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a destinar recursos de las inversiones previstas en el Plan de Desarrollo Integral para los países de El Salvador, Guatemala y Honduras, para atender a las actuales caravanas migrantes en la frontera sur del país mexicano, priorizando las medidas sanitarias que prevengan posibles propagaciones y atiendan contagios detectados del virus SARS-COV2, Covid-19.

Notas

1 https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria—an%C3%A1lisis-_caravana- de-miles-de-migrantes-hondure%C3%B1os-refleja-crisis-de-su-pa%C3%ADs/46 294348

2 https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-181220/

3 https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/
caravana-migrante-migracion-frontera-sur-lamenta-republica-de-guatemala-transito-irregular-de-migrantes-6252814.html

4 https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/
Centroamerica-y-Mexico-se-preparan-ante-otra-caravana-de-migrantes-20210111-0079.html

5 https://www.sinembargo.mx/11-01-2021/3922763

6 https://www.sinembargo.mx/11-01-2021/3922763

7 https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/
Centroamerica-y-Mexico-se-preparan-ante-otra-caravana-de-migrantes-20210111-0079.html

8 https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/
guatemala-pone-freno-sanitario-a-la-caravana-migrante-6225509.html

9 https://cnnespanol.cnn.com/2021/01/14/
gobierno-de-guatemala-decreta-estado-de-prevencion-ante-caravana-migrante-proveniente-de-honduras/

10 https://www.eluniversal.com.mx/estados/
autoridades-de-guatemala-y-mexico-cierran-el-paso-caravana-de-migrantes-hondurenos

11 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/15/
exodo-migrante-2021-salen-miles-en-la-primera-caravana-del-ano-desde-honduras-245281.html

12 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/15/
refuerzan-operativo-en-la-frontera-sur-para-contener-caravana-migrante-245420.html

13 https://elfinanciero.com.mx/estados/guardia-nacional-y-ejercito-refuerz an-vigilancia-en-tabasco-por-caravana-migrante

14 https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-pide-a-honduras-contener-las-caravana s-migrantes/a-56252173

15 https://www.milenio.com/politica/ssa-realizara-vigilancia-epidemiologic a-caravana-migrante

16 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/autoridades-de-guatemala-detienen- con-violencia-caravana-migrante-hondurena

17 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
ni-coronavirus-detiene-el-sueno-americano-de-caravanas-migrantes-6251721.html

18 https://www.infobae.com/america/agencias/2021/01/17/centroamerica-la-po licia-de-guatemala-logra-frenar-la-caravana-de-migrantes-procedente-de- honduras/

19 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pide-mexico-honduras-atender-caus as-de-caravanas-migrantes

20 https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-181220/

21 https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-181220/

22 https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/
un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf

23 https://news.un.org/es/story/2019/09/1463052

Dado en el Palacio de San Lázaro, a 20 de enero de 2021.

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Semarnat para que proceda de inmediato con la Profepa contra la tala inmoderada del bosque Pico Azul, de Morelia, Michoacán, suscrita por el diputado Adolfo Torres Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputado Adolfo Torres Ramírez y las y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato en contra de la tala inmoderada del bosque Pico Azul, en el municipio de Morelia, Michoacán, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Zona de Protección Ambiental Pico Azul-La Escalera es una de las 10 Áreas Naturales Protegidas ubicadas en Morelia. Comparte su extensión de 23 mil 107 hectáreas con los municipios de Charo y Madero. Se encuentra dentro del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural de Michoacán, administradas por la Semaccdet, bajo un esquema de protección, preservación, conservación y restauración. Actualmente el sistema cuenta con 52 áreas distribuidas en todo el estado.

La Zona de Protección Ambiental Pico Azul-La Escalera tiene un régimen de propiedad ejidal, federal y privada, fue decretada como ANP el 13 de septiembre de 2011. Además de opciones de esparcimiento y contacto con la naturaleza, este lugar resulta estratégico por su ubicación en la parte alta de la Cuenca de Cuitzeo y del Balsas. Brinda por sus condiciones físicas y climáticas servicios ecosistémicos, como retención de agua e infiltración para recarga de acuíferos, control de erosión de la cuenca, al conservar los suelos de las zonas más críticas debido a la altura y pendiente y también funciona como un regulador climático.

Esta zona es las segunda más grande en superficie dentro del Sistema de Áreas para la Conservación del estado de Michoacán. La historia geológica que dio forma a las provincias y subprovincias fisiográficas donde se ubica la Zona de Protección Ambiental Pico Azul-La Escalera es accidentada, lo que da lugar a un paisaje caracterizado por formaciones de elevaciones diversas.

Estas características combinadas, con factores climáticos y del suelo, son elementos que suman en favor de la diversidad biológica que en ella se encuentra, como bosque de encino y de pino, hay elementos de bosque de galería y de bosque mesófilo de montaña. Cuenta con especies como pino, capulín negro, aile y fresno. En especies animales se pueden encontrar desde coyotes, zorra gris, gato montés, musarañas, tuzas, murciélagos, trogón elegante, halcón cernícalo, carpintero bellotero, perlita azul-gris, cuclillo canela y una especie que es endémica y está sujeta a protección especial de esta región, conocida como ajolote michoacano.

Esta Zona de Protección Ambiental cuenta con infraestructura para actividades de turismo de naturaleza y de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, destacando las cabañas, cascadas y su Unidad de Manejo y Aprovechamiento de venado cola blanca en Ichaqueo; santuario de la orquídea en San Miguel del Monte, área de restaurantes en La Escalera y sitio de reunión para practicar el vuelo con parapente.

Es por lo antes mencionado que es imperante conservar esta área natural; la tala clandestina y cambio ilegal de uso de suelo, son los principales problemas de comunidades de Zitácuaro

Aunque autoridades locales han implementado la Mesa de Seguridad Ambiental instalada en el municipio de Zitácuaro, para revisión de los principales problemas de 11 comunidades ubicadas en la región oriente del estado y las propuestas de trabajo para revertir estas acciones que deterioran los recursos naturales de Michoacán.

Los principales problemas detectados en las comunidades son la tala clandestina, que en muchos casos deriva en un cambio ilegal de uso de suelo y en incendios forestales, lo anterior expuesto en el diagnóstico hecho por las instituciones participantes en la Mesa de Seguridad Ambiental de Zitácuaro.

Hay que recordar que, hace 20 años, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, no ha otorgado ningún permiso para cambio de uso de suelo en Michoacán, por ello, insisto en que esta acción es totalmente ilegal y hay que combatirla por medio de la denuncia correspondiente, por ello realizo este punto de acuerdo, en donde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y los morelianos exigimos que se frene la tala ilegal de este bosque Pico Azul y se lleve a los responsables a prisión, con el fin de evitar este cosido.

Otros de los problemas encontrados son las plagas y enfermedades de los árboles, la operación irregular de bancos de materiales pétreos, las descargas de aguas residuales directamente a ríos y vías públicas, así como el tema de recolección no adecuada de residuos sólidos urbanos y la falta de seguimiento a denuncias penales.

En esta tesitura pedimos al gobierno federal que, en coordinación con el estado de Michoacán, implemente programas que incentiven el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, el pago de servicios ambientales y el empleo temporal con acciones de cuidado de los bosques. Buscar también que haya un seguimiento a las investigaciones penales por delitos ambientales ya interpuestas, hasta obtener un resultado jurisdiccional.

Por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente, se realicen visitas de inspección a bancos de materiales pétreos para circunstancias si se cuenta con la documentación para operar y de lo contrario, se hagan las suspensiones temporales a los bancos que no la tengan, ya que la mayoría de los casos no las tienen y siguen trabajando en la irregularidad.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato en contra de la tala inmoderada del bosque Pico Azul, en el municipio de Morelia Michoacán.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dé seguimiento a las investigaciones penales por delitos ambientales ya interpuestas, hasta obtener un resultado jurisdiccional.

Tercero. Se realicen visitas de inspección a bancos de materiales pétreos para circunstancias si se cuenta con la documentación para operar y de lo contrario, se hagan las suspensiones temporales a los bancos que no la tengan, ya que la mayoría de los casos no las tienen y siguen trabajando en la irregularidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, la SHCP y Segalmex a concluir los pagos del apoyo de 359.69 pesos por tonelada de maíz en beneficio de los productores sinaloenses del ciclo otoño-invierno 2019-2020 y restituir el Programa de Precio de Garantía en Medianos Productores de Maíz de 4 mil 150 pesos por tonelada para el actual ciclo O-I 2020-2021, suscrita por la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy, el mundo enfrenta la peor emergencia de salud del siglo XXI a causa de la pandemia del Covid-19, que ha contagiado a 90.5 millones de personas y ha ocasionado la muerte de 1.9 millones de habitantes.1 Paralelamente, la pandemia se ha convertido rápidamente en la peor crisis económica de los últimos 90 años, expresado así por el secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal.2

En México, según las cifras de la Secretaría de Salud Federal, al 11 de enero se han contagiado 1 millón 541 mil 633 personas y 134 mil 368 han fallecido por Covid-19. Las entidades federativas con el mayor número de casos son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Coahuila, Puebla, Tabasco y Veracruz, que en conjunto representan 66 por ciento de todos los casos en el país.3

Las medidas de contención de la pandemia, como el confinamiento en los hogares y la parálisis parcial de algunos sectores económicos provocaron la pérdida de millones de empleos, el aumento de la informalidad y en general, un deterioro de la calidad de vida de los mexicanos.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima que la pandemia del Covid-19 dejará a su paso 10.7 millones de nuevos pobres. 4

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 señala entre sus objetivos el rescate al campo y alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Para este año, la meta del Gobierno Federal es alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol y para el 2024 ser autosuficientes en arroz, carne de res, cerdo, aves y huevo.

Sin embargo, en los hechos, el gobierno federal está desmantelando el campo , sus instituciones, programas, fideicomisos y apoyos. En sólo 2 años redujo 40 por ciento de los recursos de la Sader y han eliminado programas como

• Concurrencia con entidades federativas.

• Comercialización de granos básicos.

• Agromercados sociales y sustentables.

• Crédito ganadero a la palabra.

• Desarrollo rural.

• Productividad y competitividad agroalimentaria.

• Fomento a la agricultura.

• Fomento ganadero.

• Fomento a la productividad pesquera y acuícola.

• Financiamiento y aseguramiento en el medio rural.

Actualmente, la Sader ya no cuenta con 2 de sus subsecretarías, la de Agricultura y la de Desarrollo Rural, y están inoperantes las 32 delegaciones en los estados. Eliminaron el fideicomiso de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y dejaron sin recursos, como un cascarón vacío a Agroasemex. Todo esto en perjuicio de los 35 millones de habitantes que viven y trabajan en el medio rural.

Particularmente en Sinaloa, el sector agrícola representa nuestra vocación, orgullo e identidad productiva.5 La agricultura genera anualmente 57 mil 437 millones de pesos, destacando las 6 millones de toneladas de maíz que aportan 40 por ciento del valor de todo el sector. Esto significa que aportamos 1 de cada 4 toneladas de maíz que se produce en todo el territorio nacional, además, nuestro sector primario aporta 11 por ciento del producto interno bruto estatal y en el medio rural habita 27 por ciento de los sinaloenses.

Esta estructura económica y social implica que, si al campo le va bien, a la ciudad le va mejor, pero si al campo le va mal, esto impacta negativamente el resto de las actividades productivas, es decir, el campo tiene un efecto multiplicador en todos los sectores económicos.

Por esas razones, el 9 de abril de 2019 se reunieron los productores y líderes del Congreso Agrario Permanente, la Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, entre otras 14 organizaciones del sector social, con el titular de la Sader, ingeniero Víctor Villalobos, para gestionar la actualización del ingreso objetivo del maíz de 3 mil 960 a 4 mil 150 pesos por tonelada, a efecto de compensar el ajuste inflacionario y el incremento de los precios de los insumos básicos, como la semilla, fertilizantes, seguro y maquila. De esta manera, después de varias horas de exponer sus posturas, el titular de la Sader firmó, junto con los líderes agrícolas, diputados federales y senadores, el acuerdo donde se reconocía el nuevo ingreso objetivo del maíz de 4 mil 150 pesos por tonelada.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2020 , el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en gira por Sinaloa, les confirmó a los productores, este Precio de Garantía de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz, considerando un límite de 50 hectáreas de riego y máximo 600 toneladas.6

La actualización del ingreso objetivo del maíz “nunca fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)” y a la fecha, según las cifras del portal de Segalmex sólo se ha pagado poco más de la mitad de las 5.8 millones de toneladas de maíz que entraron al Programa de Precios de Garantía de Medianos Productores del ciclo O-I 2019-2020, en beneficio de 19 mil productores con un monto de mil 44 millones de pesos.7

No obstante, que el director general de Segalmex, Ignacio Ovalle, se comprometió ante el gobernador de Sinaloa y los productores del sector social y privado, a concluir el pago de los apoyos a más tardar el 31 de octubre de 2020. 8

Se tiene conocimiento que se registraron pagos el 31 de diciembre del 2020 y el lunes 4 de enero del 2021, pero no hay información oficial y los productores afirman que los pagos llegaron incompletos.

También destaca que el 28 de diciembre de 2020, el gobierno federal publicó en el DOF las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, donde eliminaron el Programa de Precios de Garantía de Medianos Productores de Maíz de 4 mil 150 pesos por tonelada, y sólo se hace mención de un apoyo, sin mencionar de cuánto, para la adquisición de coberturas de precios.9

La eliminación de este programa deja vulnerables y en la incertidumbre a todos los productores de maíz del país y particularmente a los 26 mil productores sinaloenses que participaron en este programa el pasado ciclo otoño-invierno 2019-2020.

Además, al no haber un ingreso mínimo garantizado y considerando los altos costos de producción del maíz, se podría reducir la superficie de siembra y la producción para el siguiente ciclo agrícola, lo que derivaría en un encarecimiento del precio de la tortilla de hasta 30 pesos por kilogramo, que es el principal producto consumido de la canasta básica del medio rural y urbano. Asimismo, se incrementarían las importaciones de maíz y aumentaría nuestra dependencia alimentaria, sin considerar que el maíz importado es amarillo, de menor calidad y podría ser genéticamente modificado.

Hay que recordar que el Programa de Ingreso Objetivo surgió en 2003, como complemento de la Agricultura por Contrato, con el objetivo de ordenar el mercado de los granos y garantizarle a los productores un ingreso mínimo por tonelada, pero también, para darle certidumbre a toda la cadena productiva y para compensar las asimetrías con los productores estadounidenses y canadienses, con quienes los productores nacionales están obligados a competir, primero por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y ahora por el tratado entre México-Estados Unidos y Canadá. Dicho apoyo se implantaba cuando el precio de mercado era menor al ingreso objetivo o precio de garantía.10

Lo anterior evidencia que el campo no es una prioridad para el gobierno federal y que la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y los 7 millones de productores primarios y sus familias, no forman parte de la agenda política del presidente de la República.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Hacienda y Crédito Público, así como a Seguridad Alimentaria Mexicana, a concluir los pagos del apoyo de 359.69 pesos por tonelada para las 5.8 millones de toneladas de maíz de los productores sinaloenses del ciclo otoño-invierno 2019-2020 y, de ser necesario, se gestione un segundo apoyo para alcanzar el precio de garantía de 4 mil 150 pesos por tonelada.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Hacienda y Crédito Público, así como a Seguridad Alimentaria Mexicana, a restituir el Programa de Precio de Garantía en Medianos Productores de Maíz de 4 mil 150 ésos por tonelada para el actual ciclo, otoño-invierno 2020-2021.

Notas

1 https://www.rtve.es/noticias/20210111/mapa-mundial-del-coronavirus/1998 143.shtml

2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/29/en-2021-mexico-v ivira-la-crisis-mas-fuerte-desde-1932-arturo-herrera-1376.html

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/605346/Comunicado_Tecnic o_Diario_COVID-19_2021.01.11.pdf

4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Hasta-10-millones-mas-en-pobre za-extrema-por-Covid-20200512-0017.html

5 https://sinaloa.gob.mx/p/secretaria-de-agricultura-y-ganaderia

6 http://www.aarsp.com/cms/jl25/final/boletines-mainmenu/2621-compromete- amlo-precio-a-ma%C3%ADz- sinaloense-garantizado-$4,150-por-tonelada.html

7 https://www.gob.mx/segalmex/documentos/programas-precios-de-garantia-en -maiz-de-medianos-productores

8 https://sinaloa.gob.mx/noticias/
garantiza-segalmex-para-el-mes-octubre-pago-a-productores-sinaloenses#sthash.JxVxDR3f.dpbs

9 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609037&fecha=28/12/ 2020

10 Ingreso Objetivo y ordenamiento del mercado, en https://info.aserca.gob.mx/claridades/revistas/200/ca200

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México a llevar a cabo investigaciones paralelas a las ministeriales para establecer las responsabilidades en todos los niveles sobre las acciones u omisiones que hubiesen contextualizado y facilitado el incendio de la madrugada del 9 de enero en el puesto central de control de trenes del STC y el desempeño de la reacción inmediata de las autoridades de éste, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de México para que, a través de su Secretaría de la Contraloría, redoble los esfuerzos orientados a llevar a cabo las investigaciones paralelas a las investigaciones ministeriales, y necesarias para establecer las responsabilidades a todos los niveles sobre las acciones u omisiones que hubiesen contextualizado y facilitado el incendio de la madrugada del 9 de enero en el puesto de Central de Control de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el desempeño de la reacción inmediata de las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Asimismo, al Congreso de la Ciudad de México para que considere la posibilidad de iniciar investigaciones legislativas y llame a comparecer a servidoras públicas o servidores públicos sobre los hechos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la madrugada del 9 de enero de 2021 se registró un incendio en el puesto de Central de Control de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro,1 propiciando la muerte de una mujer policía, diversos daños en la infraestructura y la suspensión de 50 por ciento de las líneas de todo el sistema. Esto último afectando potencialmente 2 millones 256 mil 815 de usuarios;2 sobresaturando la capacidad del sistema de autobuses RTP; exponiendo a contagios de Covid-19 por hacinamientos en los autobuses a millones de personas, y entorpeciendo los flujos humanos entre dos entidades federativas y la zona metropolitana más poblada del país.

Ante los sucesos descritos, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa estaba realizando las indagatorias y durante la rueda de prensa en que se informaba sobre la información preliminar de las circunstancias del evento y las primeras responsabilidades que se podían establecer. En este contexto, a pregunta expresa de medios de comunicación, la directora general del Metro, se deslindó de responsabilidades sobre los hechos alegando que “sólo era la directora general” y que la responsabilidad recaía en una de las gerencias del sistema.

Sin embargo, los artículos 10, 11, 19, 20 y 21 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, disponen obligaciones en el Consejo de Administración y la Dirección General que a primera vista podrían representar responsabilidades administrativas por acciones u omisiones sobre los hechos registrados.

En este sentido, el estatuto indica que el Consejo de Administración, del cual forma parte la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al menos quince servidoras o servidores públicos nombrados por ella, aprobar el financiamiento para el mantenimiento del sistema o aprobar los presupuestos. Asimismo, en el caso de la Dirección General, el artículo 21 del estatuto citado menciona las siguientes obligaciones:

II. Formular los programas institucionales, el programa operativo anual y los presupuestos de ingresos y egresos del organismo y las modificaciones que se hagan a los mismos y presentarlos ante el Consejo de Administración dentro de los plazos correspondientes, así como todos aquellos asuntos que sean de la competencia del mismo;

III. Formular los programas de organización, reorganización, o modernización de la entidad;

IV. Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones se realicen de manera articulada, congruente y eficaz;

V. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;

VI. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la prestación de los servicios de la entidad.3

Derivado de todo lo anterior, se puede presumir que tanto la muerte de la mujer policía que de acuerdo con fuentes periodísticas pudo haberse registrado a partir del pánico la ausencia de procedimientos claros ante ese tipo de siniestros,4 o la interrupción del servicio en 50 por ciento de las líneas derivado de un incendio que pudo ser contextualizado en subejercicios presupuestales en materia de mantenimiento de acuerdo con la prensa, indican que paralelamente a la acción de la Procuraduría General de Justicia, deben darse celeridad al acopio y análisis de información por parte de la Secretaría de la Contraloría y el Congreso de la Ciudad de México para poder determinar si omisiones en el gasto o en el establecimiento de controles y procedimientos pudieron haber abonado a la problemática desatada por el incendio.5

Consecuentemente, la presente propuesta plantea un exhorto al gobierno de la Ciudad de México para que a través de su Secretaría de la Contraloría, redoble los esfuerzos orientados a llevar a cabo las investigaciones paralelas a las investigaciones ministeriales, y necesarias para establecer las responsabilidades a todos los niveles sobre las acciones u omisiones que hubiesen contextualizado y facilitado el incendio de la madrugada del 9 de enero en el puesto de Central de Control de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el desempeño de la reacción inmediata de las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Asimismo, al Congreso de la Ciudad de México para que considere la posibilidad de iniciar investigaciones legislativas y llame a comparecer a servidoras públicas o servidores públicos sobre los hechos.

Por lo expuesto y fundado me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México a que redoble esfuerzos orientados a que de manera paralela a las indagatorias ministeriales que realice la Procuraduría General de Justicia sobre el incendio que provocó la suspensión en el 50% de las líneas del servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, lleve a cabo las investigaciones necesarias para establecer las responsabilidades a todos los niveles sobre las acciones u omisiones que hubiesen contextualizado y facilitado el incendio de la madrugada del 9 de enero en el puesto de Central de Control de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el desempeño de la reacción inmediata de las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Congreso de la Ciudad de México a que considere la posibilidad de llevar a cabo investigaciones a través de sus órganos legislativos para dar seguimiento a las indagatorias ministeriales que realice la Procuraduría General de Justicia sobre el incendio que provocó la suspensión en el 50% de las líneas del servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro; a las medidas de solución, establecimiento de responsabilidades y sanciones administrativas que lleve a cabo el Gobierno de la Ciudad de México, y a llamar a comparecer a las funcionarias o funcionarios públicos que sea necesario con la finalidad de fortalecer el establecimiento sobre las acciones u omisiones que hubiesen contextualizado y facilitado el incendio de la madrugada del 9 de enero en el puesto de Central de Control de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el desempeño de la reacción inmediata de las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Notas

1 Ivonne Barrios. “Incendio en Metro de Cdmx deja varados a capitalinos; habilitan RTP en líneas cerradas”, en Milenio, 9 de enero de 2021. Disponible en https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-usuarios-sufren-a fectaciones-suspension-servicio

2 De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en 2018 se atendió durante todo el año a mil 647 millones 475 mil 13 usuarios; es decir, a casi 4 millones y medio de usuarios diariamente. Ello significa que potencialmente la suspensión de 50 por ciento de las líneas puede representar la suspensión del servicio para más de 2 millones de personas. Véase la ficha informativa disponible en https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion

3 Véase el Estatuto del Sistema de Transporte Colectivo en http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r165901.htm

4 Silvia Arellano. “Ella es la mujer policía que murió tras incendio en oficinas del Metro de Cdmx”, en Milenio, 9 de enero de 2021. Disponible en https://www.milenio.com/politica/comunidad/incendio-metro-maria-guadalu pe-cornejo-policia-murio

5 Israel Navarro y Lorena López. “Recortes reiterados al Metro no reducirían su operación, aseguraban autoridades”, en Milenio, 10 de enero de 2021. Disponible en https://www.milenio.com/politica/recortes-presupuesto-metro-cdmx-reduci ria-operacion Manuel Cosme. “Sin ejercer, 63 por ciento del gasto gubernamental”, en El Sol de México, 6 de noviembre de 2019, página 25. Disponible en https://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/stc/2019/novie mbre/6nov19_stc.pdf y en

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/
sin-ejercer-63-del-gasto-gubernamental-en-cdmx-coparmex-4417295.html

Dado en la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la STPS, la SEP y los gobiernos locales a fomentar acciones y campañas de promoción de la salud mental por la situación derivada del Covid-19, suscrita por el diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las grandes consecuencias que traerá consigo la pandemia de la Covid-19 es la prevalencia de trastornos de salud mental, como consecuencia de las pérdidas de seres queridos, miedo al contagio, la incertidumbre, las condiciones económicas, el encierro y demás fenómenos que se han venido suscitando a lo largo de estos meses.

Desde marzo de 2020, mes en que era inevitable una expansión a escala global de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) elaboraron de manera conjunta una serie de consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de Covid-19, pues ya se proyectaba que esta situación traería este tipo de consecuencias a nivel psicológico.

Las instituciones antes mencionadas hicieron las siguientes recomendaciones a la población en general:

“La enfermedad por el coronavirus 2019 (Covid-19) ya ha afectado, y es probable que siga afectando, a la población de muchos países, en numerosos lugares del mundo. Este virus no debe asociarse con ningún grupo étnico ni nacionalidad. Demuestre empatía hacia todas las personas afectadas, dentro de un país dado o procedentes de cualquier país. Recuerde que las personas que están afectadas por Covid-19 no han hecho nada malo, no tienen culpa y merecen nuestro apoyo, compasión y amabilidad. Cada persona puede contribuir a reducir los riesgos a nivel individual, familiar, comunitario y social.

No se refiera a las personas que tienen la enfermedad como “casos de Covid-19”, las “víctimas”, las “familias de Covid-19” o los “enfermos”. Se trata de “personas que tienen Covid-19”, “personas que están en tratamiento para Covid-19”, “personas que se están recuperando de Covid-19” y que, una vez superada la enfermedad, seguirán adelante con su vida, su trabajo, su familia y sus seres queridos. Es importante separar a la persona de tener una identidad definida por Covid-19, para reducir el estigma.

Minimice el tiempo que dedica a mirar, leer o escuchar noticias que le causen ansiedad o angustia. Busque información únicamente de fuentes confiables y principalmente sobre medidas prácticas que le ayuden a hacer planes de protección para usted y sus seres queridos. Busque actualizaciones de la información una o dos veces al día, a horas específicas. El flujo repentino y casi constante de noticias acerca de un brote epidémico puede hacer que cualquiera se sienta preocupado. Infórmese sobre lo que en realidad está sucediendo, no escuche los rumores y la información errónea. Recopile información a intervalos regulares, del sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de las plataformas de las autoridades nacionales y locales de salud, a fin de ayudarle a distinguir los hechos de los rumores. Conocer las informaciones fiables pueden ayudar a minimizar el miedo.

Protéjase a usted mismo y brinde apoyo a otras personas. Ayudar a otros que lo necesitan puede ser beneficioso, no solo para la persona que lo recibe sino también para quien lo ofrece. Por ejemplo, llame por teléfono a sus vecinos o a las personas en su comunidad que puedan necesitar asistencia adicional. Trabajar juntos como una sola comunidad puede ayudar a crear solidaridad al abordar juntos Covid-19.

Busque oportunidades de amplificar las historias e imágenes positivas y alentadoras de personas de su localidad que tuvieron Covid-19, por ejemplo, historias sobre las personas que se recuperaron o que cuidaron a un ser querido durante la recuperación y que estén dispuestas a hablar sobre esta experiencia.

Reconozca la importancia de las personas que cuidan a otros y de los trabajadores de salud que se están ocupando de las personas con Covid-19 en su comunidad. Reconozca asimismo el papel que desempeñan para salvar vidas y mantener seguros a sus seres queridos”.1

Dichas consideraciones sólo son la base generalizada del actuar de todo individuo en la pandemia; sin embargo, se abordaron de manera específica consideraciones para otros sectores como: trabajadores de la salud, líderes de equipo o gerentes de establecimientos de salud, para quienes tienen niños bajo su cuidado, para adultos mayores, cuidadores, y personas con trastornos de salud subyacentes, así como para personas que se encontraban en aislamiento y cuarentena.2

Así, a lo largo del inicio del confinamiento, se hizo evidente que los problemas de salud mental debían ser abordados en la sociedad internacional debido a que la humanidad habría entrado a un periodo de incertidumbre sin precedentes, y debido a la interconectividad que existe a lo largo del mundo, la gente podría ver en tiempo real lo ocurrido en todos los rincones del planeta.

De acuerdo con estudios realizados en abril de 2020, los primeros lugares donde hubo brotes de la Covid-19 presentaron diversos trastornos mentales como consecuencia del entorno. Dentro de los principales trastornos se evidenció la presencia de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), depresión y ansiedad; los cuales pueden provocar insomnio, estrés, rabia, sentimiento de soledad, ataques de pánico e incluso el suicidio.3

En ese contexto, el gobierno de México publicó los “Lineamientos de Respuesta y de Acción en Salud Mental y Adicciones para el Apoyo Psicosocial durante la Pandemia por Covid-19 en México” , los cuales establecen la población objetivo y el tipo de intervención que se debe dar a las personas que sufren las diferentes reacciones psicológicas y psicosociales en una crisis como la que se está viviendo,4 dichas reacciones son:

• Según las tres “F” (en inglés) de Walter Cannon: huida (Flight), lucha (Fight), y parálisis (Freeze). Huir de la amenaza, es buscar salir corriendo de la situación, pero, si huir no es una opción o está agotada como estrategia, se activa la respuesta de lucha o confrontación de la amenaza y en un tercer plano, se activa la reacción de parálisis, en donde las personas pueden sentir que la situación las tiene atrapadas y no pueden hacer nada.

• El procesamiento de información en contextos de alto estrés se torna muy simple y básico, el sistema de memoria falla y la capacidad de razonamiento se ve ligada a la sobrevivencia, por esto las personas tienden a perder parte de los mensajes, no pueden procesar toda la información que requieren atender.

• Es normal experimentar ansiedad, tensión, inseguridad y vigilancia obsesiva de los síntomas de la enfermedad.

• El enojo, la irritabilidad y la indignación; son emociones que derivan de una percepción disímil del riesgo: algunas personas actuarán desmedidamente y pedirán que las autoridades y el personal de salud actúen de acuerdo con dichas emociones y, otras personas que negarán o minimizarán el riesgo.

• Miedos, sentimientos de abandono y vulnerabilidad.

• Necesidad de supervivencia.

• Liderazgos espontáneos (positivos o negativos).

• Aparición de conductas que pueden oscilar entre: heroicas o mezquinas; violentas o pasivas; solidarias o egoístas.

• Ansiedad, depresión, duelos, estrés agudo, crisis emocionales y de pánico, reacciones colectivas de agitación, descompensación de trastornos psíquicos preexistentes, trastornos somáticos de origen psíquico.

• Miedo a nuevas epidemias.

• Conductas agresivas y de protesta contra autoridades e instituciones con actos de rebeldía y/o delincuenciales.

• Incremento en el consumo y/o abuso de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas.

• Incremento en los casos, la frecuencia y la gravedad de la violencia intrafamiliar hacia grupos vulnerables, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad y/o individuos con alguna discapacidad.5

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió también recomendaciones para que los países aborden eficazmente los problemas de salud mental que podían derivar de la pandemia. Según la organización, el impacto de la pandemia ha sido profundo en la salud mental mundial, y dichos problemas continuarán en el futuro. Por ello, los tomadores de decisiones de medidas nacionales deberán seguir las siguientes recomendaciones que ayudarán minimizar y afrontar estas consecuencias 6:

• Aplicar un enfoque que abarque a toda la sociedad para promover, proteger y cuidar la salud mental;

• Garantizar la disponibilidad amplia de apoyo psicosocial y en materia de salud mental de emergencia;

• Apoyar la respuesta a la covid-19 creando servicios de salud mental para el futuro. 7

No obstante lo anterior, para finales de septiembre era evidente que tanto en México como en el resto de los países no se habían aplicado de manera efectiva las recomendaciones de la ONU y la Secretaría de Salud, pues según un estudio publicado por la OMS, se detectó que la pandemia del Covid-19 habría perturbado el sector salud en 93 por ciento de todos los países del mundo, y la principal consecuencia de ello, es que se destinó la mayor parte de los recursos a reconstruir hospitales y a la investigación de desarrollo para la vacuna en contra del SARS-COV-2 .8

Empero, esta situación tiene como consecuencia la poca atención que se ha tenido a la salud mental a lo largo de la historia, donde en promedio se dedica menos de 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a este rubro, desembocando en la perturbación de la salud mental mundial, como se exhibe en los siguientes datos9 :

• Más de 60 por ciento de los países señaló perturbaciones de los servicios de salud mental destinados a las ?personas vulnerables, incluidos los niños y los adolescentes (72 por ciento), las personas mayores (70 por ciento) y las mujeres que requieren servicios prenatales o postnatales (61 por ciento).

• 67 por ciento observaba perturbaciones en los servicios de orientación psicológica y de psicoterapia; 65 por ciento en los servicios esenciales de reducción de riesgos; y 45 por ciento en los tratamientos de mantenimiento ?con agonistas de opiáceos para los adictos a los opiáceos.

• Más de un tercio (35 por ciento) señaló perturbaciones en las intervenciones de emergencia, incluidas las ?destinadas a personas afectadas por convulsiones prolongadas, síndromes de abstinencia severos ?relacionados con el consumo de drogas y estados delirantes, que con frecuencia son la señal de graves trastornos médicos subyacentes.

• 30 por ciento señaló perturbaciones en el acceso a los medicamentos destinados a tratar trastornos mentales, neurológicos y derivados del consumo de drogas.

• En torno a tres cuartas partes señalaron perturbaciones al menos parciales en los servicios de salud mental de las escuelas y los lugares de trabajo (78 por ciento y 75 por ciento respectivamente).10

En ese escenario, la sociedad civil organizada y el sector académico han recurrido a estrategias que permiten atender el problema de salud mental en la sociedad; hoy más que nunca existen opciones de tratar trastornos de este tipo y se evoluciona hacia una cultura psicológica fuera de los prejuicios que se tenían con anterioridad. Así, a pesar de la situación trágica que representa la pandemia, existe un área de oportunidad y mejora, pues se podrá innovar con tecnologías de la información para atender a la población que requiera orientación psicológica o psiquiátrica.

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en una plataforma digital llamada DueloCovid, la cual tiene como objetivo “identificar y resolver los conflictos que impiden que el proceso de duelo se desarrolle con normalidad y se finalice con él”; asimismo, “trata de ayudar a cada persona que entra en la plataforma a aceptar la realidad de la pérdida, que es la base del duelo, y ayudar a elaborar esas emociones que surgen y el dolor que implica”.11

La mencionada plataforma fue creada por investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Internacional de Valencia y la Universidad de Buenos Aires. Se calcula que actualmente hay 2 mil 200 usuarios inscritos, de los cuales 70 por ciento es de México.12

Por todo lo anterior, es importante que nuestro país implemente y refuerce las acciones de difusión de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno para la atención de este tipo de enfermedades, que han tenido un significativo incremento en la población durante estos últimos meses.

Asimismo, es necesario que tanto los gobiernos de las entidades federativas, como la Secretaría de Salud a nivel federal realicen campañas para la promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como campañas de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno para su debida atención. Estas mismas instancias deberán también detectar grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, ya que estos sufren grandes problemas de ansiedad, nerviosismo, agitación, irritabilidad y falta de concentración en el contexto de la pandemia; esto último se puede visualizar con un estudio realizado por la ONU, donde documentaron estos trastornos en la infancia en España e Italia:

Gráfica 1. Problemas experimentados por los niños durante el confinamiento debido a la Covid-19, según los padres (España e Italia).

Figura rescatada de: ONU. “Informe de políticas: La Covid-19 y la necesidad de actuar en relación con la salud mental”. Fecha de publicación: 13 de mayo 2020. Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_covid_and_ment al_health_spanish.pdf [Fecha de consulta: 15 de enero de 2021].

Por otro lado, será crucial que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Salud, fomenten la implementación de acciones y campañas de promoción de la salud mental ante la situación que vive la población frente al Covid-19.

Todo lo anterior con fundamento en lo establecido en al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65 y 73 de la Ley General de Salud, que a la letra establecen lo siguiente:

“Artículo 65. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

I. Los programas para padres destinados a promover la atención materno-infantil;

II. Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus integrantes;

III. La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la salud física y mental de los menores y de las mujeres embarazadas, y

IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, acceso al agua potable y medios sanitarios de eliminación de excreta.

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia , fomentarán y apoyarán:

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos;

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población”. 13

No es omiso mencionar que el presente exhorto también promueve lo establecido en el Objetivo 3 de la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el cual se considera que se debe garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; específicamente la meta 3.4 que tiene como fin “para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar”.14

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen o, en su caso, refuercen las siguientes acciones que les son indicadas por la Ley General de Salud, ante la situación que vive la población frente al Covid-19:

• La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento.

• Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención.

• La promoción de programas de atención para las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

• La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Educación Pública, y los gobiernos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, fomenten acciones y campañas de promoción de la salud mental ante la situación que vive la población frente al Covid-19.

Notas

1 OMS y OPS. “Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19”. Fecha de publicación: 29 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.paho.org/sites/default/files/2020-03/smaps-coronavirus-es-f inal-17-mar-20.pdf [Fecha de consulta: 15 de enero de 2021].

2 Ibídem.

3 Ramírez-Ortiz, J., Castro-Quintero, D., Lerma-Córdoba, C., Yela-Ceballos, F., & Escobar Córdoba, F. “Consecuencias de la pandemia COVID-19 en la Salud Mental asociadas al aislamiento social”. SciELO Preprints. Fecha de publicación: junio de 2020. Disponible en: https://doi.org/10.1590/SCIELOPREPRINTS.303 [Fecha de consulta: 15 de enero de 2021].

4 Secretaría de Salud. “Lineamientos de Respuesta y de Acción en Salud Mental y Adicciones para el Apoyo Psicosocial Durante la Pandemia por COVID-19 en México”. Fecha de publicación: mayo de 2020. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamientos_Salu d_Mental_COVID-19.pdf [Fecha de consulta: 15 de enero de 2021].

5 Ibídem.

6 ONU. “Informe de políticas: La COVID-19 y la necesidad de actuar en relación con la salud mental”. Fecha de publicación: 13 de mayo 2020. Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_covid_and_ment al_health_spanish.pdf [Fecha de consulta: 15 de enero de 2021].

7 Ibídem.

8 OMS. “Los servicios de salud mental se están viendo perturbados por la COVID-19 en la ?mayoría de los países, según un estudio de la OMS”. Fecha de publicación: 5 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental- health-services-in-most-countries-who-survey [Fecha de consulta: 15 de enero de 2021].

9 Ibídem.

10 Ibídem.

11 Marco Antonio López. “Crean plataforma digital para acompañar duelo de pérdidas por COVID-19”. Fecha de publicación: 15 de enero de 2021. Disponible en: https://yociudadano.com.mx/noticias/crean-plataforma-digital-para-acomp anar-duelo-de-perdidas-por-covid-19/ [Fecha de consulta: 18 de enero de 2021].

12 Ibídem.

13 Ley General de Salud. Fecha de publicación: 7 de febrero de 1984. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pd f [Fecha de consulta: 15 de enero de 2021].

14 PNUD. “Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”. Fecha de publicación: 2015. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ [Fecha de consulta: 15 de enero de 2021].

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la publicación de las reformas del Código Penal para Querétaro, la denominada “Ley Garrote”, que atenta contra los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos, suscrita por la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Beatriz Robles Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, color, religión, o cualquier otra condición. Además, se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; al no estar sometido a la esclavitud, a las torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.1

Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las diversas leyes.2

Por lo tanto, el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos, principalmente de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, las cuales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo.

Entre los derechos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destacan: la libertad fundamental de expresión de las ideas, la libertad de reunión y de asociación, en los artículos 6o. y 9o., en los siguientes términos:

Artículo 6o. “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 3

La libertad de expresión está incorporada en varios tratados internacionales de derechos humanos que son vigentes en México, debe de entender que la obligación de respetarla se extiende a todos los poderes federales, estatales y municipales.

La libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y de posibilidad de un régimen democrático, en otras palabras, es condición necesaria para que se pueda considerar que un determinado país hay democracia.4

Por otra parte, el artículo 9o. de nuestra Constitución contempla dos derechos fundamentales el reunirse y de asociarse, en los siguientes términos:

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 5

La libertad de reunión implica de todos los habitantes de la república para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, siempre que dicha reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito.

La libertad de reunión con lleva la obligación para las autoridades públicas de no entorpecer la realización de cualquier congregación , siempre que reúna los requisitos que se encuentran en el texto del artículo 9o. constitucional; esto quiere decir que ninguna autoridad puede disolver una manifestación o asamblea, tal como lo precisa, justamente el segundo párrafo del mismo artículo 9o..6

Por su parte, el derecho de asociación consiste en la libertad de todos los habitantes para conformar, por sí mismos o con otras personas, entidades que tengan una personalidad jurídica distinta a sus integrantes; es decir, se trata de poder constituir lo que Kelsen llamaría un centro de imputación de derechos y obligaciones con el objeto y finalidad que sus integrantes libremente determinen, siempre que sea licito.7

Segunda. Actualmente el mundo y el país enfrentan la enfermedad Covid-19, la cual se extendió y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020. Ante ello, el gobierno federal, gobiernos estatales y autoridades sanitarias del país, han actuado con determinación en la estrategia de prevención y mitigación del coronavirus .

Por lo que tomando como pretexto los efectos de la emergencia sanitaria, el miedo y la incertidumbre económica de los ciudadanos por el coronavirus, debido a que se dieron hechos de violencia, saqueos, extorsiones, y otras conductas delictivas, por parte de grupos que aprovecharon la pandemia en varias partes del país y ante la supuesta intención de frenar, las agresiones al personal de salud, el jueves 30 de abril de 2020, el congreso local de Querétaro, aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones para el Código Penal del Estado, entre los delitos establecidos se destacaban las modificaciones a los artículos 287, 288 y 289, que sancionaban a quienes impidieran la ejecución de una obra o trabajos públicos, mientras que en el 288 se penalizaba a quien, por medio de amenazas o violencia, se oponga a que la autoridad ejerza sus funciones.

Con estas reformas se establecían sanciones administrativas y penales, no sólo en temas relacionados con el sector salud, sino a los derechos humanos de los queretanos, como son el derecho a la información, a las libertades de expresión de ideas, libre manifestación, de asociación y de reunión, medidas contrarias al fortalecimiento de las libertades, de la democracia y al ejercicio de los derechos humanos en el Estado, consagrados en nuestra constitución federal y en tratados internacionales de los que México es parte.

Dicha legislación, conocida como “Ley del Garrote” generó diversas reacciones y opiniones encontradas entre los actores políticos, organizaciones civiles y activistas en el Estado, que levantaron la voz, al considerar que no sólo buscaba sancionar temas relacionados con el sector salud, sino que se pretendió el control y el poder de sometimiento por parte de la administración pública estatal, al castigar y sancionar mediante la creación de nuevos delitos y el endurecimiento de los ya existentes, a quienes realicen manifestaciones que se opongan o no estén de acuerdo, con una obra o trabajo público del gobierno estatal.

Cabe mencionar, que en los últimos años, el gobierno de Querétaro se ha caracterizado por enfrentar manifestaciones de activistas, sectores sociales y organizaciones civiles locales, por los distintos proyectos y obras públicas desarrolladas por la autoridad estatal en conjunto con desarrolladoras en varios municipios conurbados de la capital, que han provocado el ecocidio y un riesgo al equilibrio ecológico de la zona, con la contaminación del agua, la deforestación, el riesgo a la flora y fauna endémica del lugar.

En 2017, en el municipio conurbado del Marqués, activistas buscaron impedir la tala desmedida de árboles endémicos en la carretera 200, en esta ocasión a pesar de que no se detuvo la obra, se logró rescatar gran parte de la flora que estaba destinada a ser eliminada.

En 2019, en San Juan del Río y Querétaro capital, se presentaron casos de detenciones y amenazas gubernamentales contra activistas en las obras del Puente de la Historia y Eje Estructurante Menchaca, respectivamente.

Asimismo, con la modificación por parte de autoridades municipales del plan parcial de desarrollo de la zona Norte en el municipio de Corregidora, que no dejará una sola área de reserva ecológica y agrícola, en miles de hectáreas que están programadas para desarrollo urbano, debido a la autorización del cambio de uso de suelo de campestre a habitacional, comercial y de servicios, en predios ubicados en el área natural protegida conocida como el “El Batán”, lo cual, provocará la contaminación del agua, la deforestación, el riesgo y la extinción de la flora y fauna endémica del lugar.

Tercera. El 6 de mayo de 2020, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, hizo un llamado a los congresos federal y locales, así como a los poderes Ejecutivo y Judicial, a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria, como lo establece la Guía en Derechos Humanos para las Medidas Covid-19 publicada por la misma dependencia.

El subsecretario realizó tal declaración después de conocer las reformas a diversos artículos del Código Penal para el estado de Querétaro, que aprobará el congreso local, el 30 de abril de 2020, con el establecimiento de nuevos delitos que endurecen a los ya existentes y justificándolos por razones de salud, principalmente por cuestiones derivadas de la pandemia Covid-19, atentando contra de los derechos humanos y a las libertades fundamentales, principalmente a los expresión de las ideas, la libertad de reunión y de asociación.

Agregó que los delitos aprobados, también violan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, pues no son proporcionales, cuando se utilizan sanciones privativas de la libertad para conseguir objetivos que podrían obtenerse con sanciones menos restrictivas.8

Cabe mencionar, que la Guía en Derechos Humanos para las Medidas Covid-19, establece que todas las acciones implementadas en torno a la emergencia sanitaria “deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas”. Por ello, las medidas que adopten las autoridades de los tres ámbitos del gobierno, deberán ser objetivas, temporales y proporcionales al riesgo. Su aplicación no puede ser discriminatoria ni discrecional.

Menciona que las autoridades deben asegurar un enfoque de derechos humanos en las medidas que apliquen, considerando:

• Garantizar la salud pública y disminuir los efectos adversos sobre los derechos sociales, y

• Las autoridades deberán garantizar el acceso universal a la atención médica a todas las personas sin importar si tienen seguro médico o recursos económicos; su nacionalidad o situación legal en el país; su orientación sexual, si tienen una discapacidad, su edad o su pertenencia étnica.

Además, la Guía señala que nuestra Constitución permite a las autoridades de los tres órdenes de gobierno adoptar medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia sanitaria; medida que incluso pueden restringir ciertos derechos. Sin embargo, estas deben tener límites claros. Es decir, una medida es proporcional y debe respetar los derechos humanos, sólo si cumple con los siguientes criterios:

• La medida debe tener un fin legítimo y constitucionalmente válido, como la salud pública;

• Debe ser idónea para alcanzar el fin perseguido;

• La medida deber ser necesaria. No debe haber otra medida menos lesiva que logre el mismo fin;

• Se debe ponderar si el beneficio obtenido por la medida es mayor a la afectación ocasionada;

• La medida debe tener una temporalidad limitada y estar sujeta a vigilancia, y

• Las autoridades únicamente podrán implementar medidas que sean de su competencia.9

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró que la reforma del Código Penal para el estado de Querétaro, aprobada el 30 abril de 2020, vulneraba los derechos humanos de sus ciudadanos e hizo un llamado al Poder Ejecutivo local, a no hacer frente a la contingencia por Covid-19 con sanciones penales

Por anterior y ante la presión de sectores sociales, organizaciones civiles y activistas del estado de Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez Servín, vetó la reforma y turnó el 2 de julio de 2020, con observaciones parciales de cuatro artículos del Código Penal (221 BIS-1, 287, 288 y 289), que podrían tener penas demasiado altas y podrían implicar posibles vulneraciones a algunos derechos fundamentales, siendo un avance, pero que aún no suficiente, por tratarse de una Ley que atentaba contra las libertades y derechos humanos de los queretanos, por lo que debería de haberse vetado en su totalidad.

Sin embargo, el pasado 31 de octubre de 2020, el Congreso del estado de Querétaro, por segunda ocasión, aprobó nuevas reformas al Código Penal local, entre las que se destaca, el establecimiento de prisión de dos a cinco años a quienes se opongan a la construcción de obra pública; aumentó las sanciones de delitos de riesgo por contagio premeditado, omisión de auxilio, apología del delito, agresión al personal de salud y la desobediencia al aislamiento obligatorio con motivo de la pandemia de Covid-19.

No obstante, en algunos de los artículos reformados como son: el 287, 288 y 289 que no tienen relación con sanciones por violar las medidas sanitarias frente a la pandemia, aumentaron las penas por desobediencia, negación a declarar, resistencia a la autoridad e impedimento a la ejecución de una obra o trabajo público que en el código aún vigente, lo sanciona con tres meses a un año de prisión, pero fue elevado en promedio de entre dos a seis años de cárcel.10

- Respecto del artículo 221 Bis-b1, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, observó que la sanción de cuatro a seis años de prisión para quien no respete el periodo de aislamiento por padecer una enfermedad transmisible grave, es válida en el contexto de la enfermedad Covid-19, pero una vez concluida podría resultar excesiva frente al contexto en el que se pretende tipificar dicha conducta.

En atención a dicha observación, el artículo 221 Bis-b1 fue eliminado y disminuyeron las penas contempladas en los artículos 287, 288 y 289 en un año menos a lo originalmente planteado. Por ejemplo, el artículo 289 que la ley en vigor sanciona con prisión que va de tres meses a un año y hasta 20 unidades de medida y actualización (UMA) –unos mil 737 pesos– de multa por impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, pasó de tres a cinco años de prisión y hasta 200 UMA (17 mil 376 pesos) de multa.

Sin embargo, con la observación referida quedó de uno a dos años de prisión y misma cantidad de multa o trabajo comunitario por hasta cuatro meses, y cuando el delito sea cometido de común acuerdo la prisión será de dos a cuatro años de prisión y de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA.11

Ante las reformas aprobadas, diversos sectores sociales, organizaciones civiles y activistas del estado, consideraron como una acción definitiva para la implementación de la “Ley garrote” en el estado de Querétaro, al criminalizar la protesta y por ende, la amenaza que representan a los derechos humanos de los ciudadanos queretanos, como son el derecho a la información, a las libertades de expresión de ideas, libre manifestación, de asociación y de reunión.

Cuarta. El pasado 15 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado de prensa, en el que da a conocer las acciones emprendidas por este organismo autónomo, en torno a las reformas aprobadas por el Congreso Local al Código Penal para el estado de Querétaro, conocida como la “Ley Garrote”.

El 11 de mayo de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizó un análisis de las reformas en materia penal que aprobó el Congreso local y constató que dichas medidas legislativas, podrían resultar contrarias a varios derechos y libertades de las personas, particularmente los de seguridad jurídica, libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de tránsito; así como, los principios de legalidad, taxatividad y de mínima intervención del derecho penal.

El 18 de diciembre de 2020, fueron publicadas en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” por el Ejecutivo del estado de Querétaro, las reformas al código penal, por lo que el 13 de enero de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de sus facultades constitucionales, presentó ante las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el escrito de demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del contenido de las citadas reformas, que violan los derechos fundamentales de los queretanos; asimismo, solicito a la SCJN que invalide las disposiciones que trasgreden dichos derechos.

En el escrito de demanda, la CNDH argumento “que las reformas al Código Penal para el estado de Querétaro, fueron implementadas fundamentalmente para combatir la propagación del virus SARS-CoV2 (Covid 19), se prevén delitos y sanciones que, en esencia, carecen de la precisión necesaria o resultan en una afectación excesiva y desproporcionada de la libertad y del patrimonio de las personas, por lo que se estima que violan los principios de legalidad, taxatividad, seguridad jurídica y de uso mínimo de las medidas punitivas del Estado.”12

Asimismo, “estimo que aumentar las penas privativas de la libertad no constituye la política criminal más adecuada, pues ello no garantiza una disminución de los delitos, por el contrario, afecta el tejido social y satura el sistema penitenciario. El uso de sanciones penales, como las impugnadas, para hacer frente a la contingencia, criminalizan una enfermedad y tienen efectos desproporcionales sobre grupos excluidos y vulnerables.”13

Es de señalar, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitero que no debe utilizarse el derecho penal como parte de las políticas públicas de salud, sino que debe privilegiarse el uso de otras medidas más efectivas y menos represoras.

“De forma adicional, se impugnaron las normas que sancionan las conductas que procuren impedir la ejecución de una obra o trabajo públicos, así como aquellas que consisten en la difusión de saqueos, daños o robos a establecimientos mercantiles, al ser susceptibles de transgredir los derechos de libertad de expresión y manifestación, ya que al criminalizar estas conductas generan que las personas prefieran no ejercer de manera legítima estas libertades.

Por último, es relevante hacer mención que este organismo nacional promovió esta acción de inconstitucionalidad en contra de la “Ley Garrote” del estado de Querétaro derivado de un estudio meticuloso e impulsado por las demandas, las quejas y los razonamientos conocidos mediante la recepción de peticiones de diversos grupos sociales solicitando su impugnación y como medio para dar voz a todas las personas y atender sus legítimas peticiones, siempre en salvaguarda de sus derechos.”14

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, rechaza enérgicamente cualquier acción o intento de los congresos locales, en específico lo realizado por el Congreso del estado de Querétaro, de socavar la libertad de expresión y de manifestación de los ciudadanos de la república, mediante la aprobación de reformas legislativas al código penal estatal, como pretexto para enfrentar la crisis sanitaria del virus Covid 19, con el establecimiento de sanciones administrativas y penales que atentan contra los derechos humanos y las libertades consagrados en la Constitución federal y en los tratados internacionales.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Querétaro, actuar en apego y respeto a los derechos consagrados en la Constitución y demás ordenamientos federales, privilegiando el diálogo y el llamado solidario, sin socavar las libertades y los derechos humanos de los ciudadanos queretanos, para que acaten las medidas prevención y contención de la enfermedad Covid-19.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ámbito de sus atribuciones establecidas en el artículo 105 constitucional, resuelva con celeridad la procedencia del objeto de la impugnación promovida en la acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por las violaciones a los derechos y libertades de las personas, particularmente, los de seguridad jurídica, libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de tránsito; así como, los principios de legalidad, taxatividad y de mínima intervención del derecho penal, como consecuencia de las reformas aprobadas al Código Penal para el estado de Querétaro, el 31 de octubre de 2020 y publicadas, en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, el 18 de diciembre de 2020.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, declare la invalidez de las disposiciones que transgreden los derechos y libertades de los ciudadanas y ciudadanos queretanos, aprobadas en las reformas legislativas al Código Penal para el estado de Querétaro, el 31 de octubre de 2020 y publicadas en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, el 18 de diciembre de 2020, las cuales fueron materia de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Notas

1 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html

2 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

4 http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/200 4.2/pr/pr3.pdf

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

6 https://www.corteidh.or.cr/tablas/R08047-8.pdf

7 Ibídem.

8 https://plazadearmas.com.mx/reprueba-segob-la-ley-garrote/

9 Ibídem.

10 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/10/31/
en-queretaro-avalan-carcel-hasta-5-anos-para-opositores-a-obra-publica-224.html

11 https://noticiasdequeretaro.com.mx/2020/10/31/aprueban-18-legisladores- ley-garrote/

12 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-01/COM_2021 _014.pdf

13 Ibídem.

14 Ibídem.

Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el miércoles 20 de enero de 2021.

Diputada Beatriz Robles Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos de Oaxaca a otorgar a los policías un sueldo digno y justo por sus actividades cotidianas durante la pandemia del Covid-19, suscrita por la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

Dulce Alejandra García Morlan , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Oaxaca y a los presidentes municipales del estado de Oaxaca para que otorguen a sus elementos de policías un sueldo digno y justo por las actividades que desempeñan cotidianamente durante la pandemia de la Covid-19 , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Ser un oficial de policía es un trabajo en el cual no se descansa, ya que de ellos depende la seguridad pública de nuestros habitantes en todos los rincones de la República Mexicana. Es un trabajo necesario y de alto riesgo, ya que en épocas donde nos piden a la mayoría de la población quedarse en casa, todas las y los policías siguen cuidando de nosotros.

De acuerdo con el Diagnóstico de Seguridad de las Entidades Federativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, mientras que a nivel nacional el salario promedio mensual de un policía estatal es de 13 mil 188 pesos, en Oaxaca un elemento apenas gana, en promedio, ocho mil 597 pesos.

Con esto, la entidad ocupa el penúltimo lugar en salarios para los elementos de la Policía Estatal, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), sólo por detrás de Tabasco, en donde los policías tienen un sueldo mensual de seis mil 330 pesos.

El Informe revela que, en Oaxaca, el 68 por ciento de la población confía en la Policía Estatal, lo que lo convierte en la quinta fuerza a nivel nacional con mayor confianza, y muy por arriba del promedio nacional, en donde el 57.9 por ciento de la población confía en las policías estatales.

Por otra parte, en Oaxaca sólo el 44.1 por ciento de la ciudanía confía en los policías municipales, señala el reporte que toma datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a octubre del 2019.

De igual manera la Coordinación de la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública, AC, comentó que, en Oaxaca, los salarios a policías municipales y estatales son los peores pagados, y esto constituye una causa para que los elementos de la tropa se involucren en actos de corrupción o en las esferas del narcotráfico.

Por esto es necesario que nuestras fuerzas policíacas tengan un salario digno y justo para que puedan cumplir con su labor de la mejor manera, y así evitar que puedan caer en malas prácticas, pero, sobre todo que tengan la certeza que el esfuerzo que hacen de salir de sus casas para cumplir sus deberes será bien remunerado en su sueldo y así puedan estar motivados de continuar defendiendo a la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Oaxaca y a los presidentes municipales del estado de Oaxaca para que otorguen a sus elementos de policías un sueldo digno y justo por las actividades que desempeñan cotidianamente durante la pandemia del covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2021.

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar la creación de una comisión especial encargada de los festejos conmemorativos al bicentenario de la consumación de la independencia mexicana, suscrita por el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ángel García Yáñez, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los cuales se solicita la creación de una comisión especial encargada de los festejos conmemorativos al bicentenario de la consumación de la independencia mexicana, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Antecedentes

Con la muerte del cura José María Morelos y Pavón en 1815, la lucha por la independencia pareció decaer ya que sólo quedaban movimientos aislados, como fueron los dirigidos por los generales Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.

Por su parte, en España el rey Fernando VII sostenía una lucha contra los liberales que habían apoyado la Constitución de Cádiz, por lo que en 1820 éstos se levantaron en armas y lucharon para que se reconociera dicha Carta Magna; ante esta situación el rey español tuvo que aceptar el establecimiento de la Constitución y de las Cortes, con voz y voto, haciendo que en los territorios de la Nueva España los criollos retomaran la lucha por la independencia de México.

El coronel Agustín de Iturbide trato de derrotar a Vicente Guerrero sin éxito, por lo cual le propuso una alianza para lograr la Independencia, el insurgente Guerrero aceptó para obtener la autonomía absoluta de España.

En febrero de 1821, se reunieron en Acatempan, Guerrero, donde acordaron las bases del Plan de Iguala, en el que se estableció la declaración de Independencia, bajo la tutela de la Corona española, así como el respeto de la religión católica; para el cumplimiento de estos acuerdos se formó el Ejército Trigarante, sumándose nuevos caudillos al plan y obteniéndose nuevas victorias sobre las tropas del gobierno Virreinal, que fortalecieron la independencia.

Finalmente, en agosto de 1821, se firmaron los Tratados de Córdoba, en los que se estableció la independencia de la nación mexicana, denominándose imperio mexicano, con un gobierno monárquico constitucional.

España no aceptó los Tratados de Córdoba ni la capitulación que había firmado Juan O‘Donojú; ante esta nueva negativa el Ejército Trigarante entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, dando así por consumada la lucha de independencia, firmando al día siguiente el Acta de Independencia.

Tras una pelea intensa contra las tropas españolas, un 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante, bajo el mando de Iturbide entró a la Ciudad de México, en lo que se considera como la consumación de la Independencia.

El 14 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, Guerrero, el general José María Morelos y Pavón presentó los Sentimientos de la Nación, estableciendo las bases para la concreción de la independencia nacional. Dos meses después, el 6 de noviembre de 1813, también en Chilpancingo, Guerrero, el Congreso de Anáhuac publicó el Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional.

Tras pactar con Vicente Guerrero Saldaña, heredero del ideario independentista, el fin de la lucha armada, Agustín de Iturbide y Arámburu promulgaron, el 24 de febrero de 1821, el llamado Plan de Iguala. Tras once años de lucha insurgente, iniciada el 16 de septiembre de 1810, en Dolores, Guanajuato, el 28 de septiembre de 1821, en la Ciudad de México, fue publicada el Acta de Independencia del Imperio Mexicano.

Naturaleza

La Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México tiene como objetivo, desde el Senado de la República, contribuir a la reflexión nacional del ideal de país que buscó construir la lucha insurgente y que plasmó, con elocuencia en los Sentimientos de la Nación, el generalísimo José María Morelos y Pavón.

En tal sentido, la comisión especial impulsará acciones como la realización de foros, seminarios, encuentros, congresos y publicaciones, con la participación los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de las diversas instituciones académicas mexicanas, para que reflexionemos críticamente sobre la historia nacional a 200 años de los hechos que sentaron las bases de la nación que hoy constituimos.

Duración

La comisión especial tendrá vigencia del 1 de febrero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y deberá integrarse con representantes de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Senado de la República.

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República acuerda crear la comisión especial encargada de los festejos conmemorativos al bicentenario de la consumación de la independencia mexicana, que cuente para su desempeño con los recursos materiales, humanos y financieros para su adecuado desempeño.

Segundo. La comisión especial deberá crear un logotipo en referencia al bicentenario de la consumación de la independencia mexicana, como medio de expresión sobre dichos eventos festivos que se realicen dentro o fuera del Senado de la República.

Tercero. Esta comisión especial impulsará acciones como la realización de foros, seminarios, encuentros, congresos y publicaciones, con la participación los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de las diversas instituciones académicas mexicanas; esto, a fin de crear una conciencia sobre la importancia de este suceso y que marco la historia de la nación.

Cuarto. La comisión especial estará formada por los miembros que considere la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en lo establecido en su artículo 34, inciso c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, manteniendo los criterios de pluralidad, proporcionalidad y equidad de género.

Quinto. De igual forma, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para crear y diseñe contenido informativo, ilustrativo sobre los acontecimientos más significantes y trascendentes del Bicentenario de la Consumación de Independencia en sus programas educativos a distancia a través de la radio, televisión e internet.

Sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a reevaluar la categoría de riesgo para la mariposa monarca; y a la Profepa, a combatir la tala ilegal en la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, suscrita por la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reevaluar la categoría de riesgo para la mariposa Monarca, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a combatir la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera Mariposa.

Exposición de motivos

I. Cada año las mariposas Monarca viajan cerca de 4 mil kilómetros desde Estados Unidos y Canadá para llegar a México como parte de su proceso de migración, lamentablemente la actividad humana está teniendo un gran impacto en ellas, ya que la agricultura y la tala está reduciendo su hábitat y los efectos del cambio climático están poniendo en peligro su propia sobrevivencia.1

En México se ha reconocido que la mariposa Monarca se encuentra amenazada por diferentes factores, siendo necesario encaminar acciones que permitan su conservación, así como su recuperación, como lo llegó a establecer la NOM-059-SEMARNAT-2010 referente a la protección ambiental para especies y sus categorías de riesgo.2

“Cada año, millones de mariposas Monarca hibernan en los bosques templados ubicados entre el estado de México y Michoacán. Éstos conforman la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca que fue creada para proteger los fenómenos de migración e hibernación y tiene una superficie total de 56 mil 259 hectáreas”3

Desafortunadamente las acciones necesarias para proteger, conservar y recuperar la población de la mariposa monarca no han sido suficientes, ya que durante los últimos años se ha documentado una reducción significativa en el número de mariposas.4

“Un estudio publicado el año pasado por la Sociedad Xerces para la Conservación de Invertebrados arrojó que la población de Monarcas de la región occidental corre un riesgo de 63 por ciento de extinguirse en las próximas dos décadas si se mantiene la actual tendencia.”5

A raíz del peligro latente en que se encuentra la mariposa Monarca, la presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto hacer un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que lleve a cabo una reevaluación de la categoría de riesgo en que se encuentra dicha especie, con la finalidad de que ésta pueda sea reconocida bajo una categoría con mayor protección.

Adicionalmente, se hace un llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que refuerce las medidas y acciones en contra de la actividad humana que está poniendo en peligro la protección y conservación de la mariposa Monarca, en particular la reducción de hábitat a causa de la tala ilegal.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reevaluar la categoría de riesgo para la especie conocida como mariposa Monarca, y en su caso que cuente con una categoría de riesgo con mayor protección.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar la situación en que se encuentra la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, así como a reforzar las medidas y acciones de combate en contra de la tala ilegal en dicha zona.

Notas

1 La migración de las mariposas Monarca está en riesgo, pero hay un plan para salvarla, El Financiero, https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/la-migracion-de-las-mariposas-mon arca-esta-en-riesgo-pero- hay-un-plan-para-salvarla

2 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010 .pdf

3 Mariposas Monarca, WWF. https://www.wwf.org.mx/que_hacemos/ecosistemas_terrestres/mariposa_mona rca/

4 Alertan sobre mariposa Monarca: cada vez llegan menos al país. Proceso.
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2015/2/17/alertan-sobre-mariposa-monarca-cada-vez-llegan-menos-al-pais-143497.html

5 Pese a riesgo de extinción, persiste tala en Reserva de Mariposa Monarca. Forbes. https://www.forbes.com.mx/pese-a-riesgo-de-extincion-persiste-tala-en-r eserva-de-mariposa-monarca/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Senadora Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Profepa a rendir un informe sobre las acciones de supervisión contra la explotación submarina ilegal en mares y costas mexicanos, suscrita por la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada integrante de la LXIV Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La minería submarina viene en camino, y tiene la mira puesta en los mares mexicanos, en Baja California Sur ya comenzó la batalla, cuando la sociedad civil de este estado levantó la voz contra el proyecto Don Diego, que pretende extraer fosfatos del fondo del Golfo de Ulloa, zona de una riqueza biológica extraordinaria, en ese tenor la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó por segunda vez los permisos necesarios para que este proyecto comience, pero sólo quedó en eso, en palabras y no en hechos palpables que sin lugar a dudas las mineras siempre están al acecho.

Por otro lado, esta sombra de la minería submarina también llega a Chiapas, donde a través del portal del Sistema de Administración Minera muestra enormes polígonos en los mares chiapanecos, cerca de la frontera con Guatemala, los cuales fueron concesionados a un particular de nombre Jorge Jiménez Arana, a quien diversos reportes periodísticos identifican como representante legal de la compañía Blackfire Exploration México. Esta compañía no ha hecho públicos sus planes de exploración, pero la concesión ahí está y sus dueños no están cruzados de brazos.

Es espeluznante ver fotos donde se observan taladros gigantescos del tamaño de una pequeña casa con la misión de perforar y destruir la roca más sólida donde apenas se alcanzan a ver dos personas, del lado izquierdo de la imagen, parados junto a una de ellas; son diminutos comparados con estas máquinas de Mordor.

Estos artefactos mostrados con orgullo en el portal web de la compañía canadiense Nautilus Minerales están diseñados para bajar al lecho marino y pulverizar lo que se les ponga enfrente. Igual roca que coral, que monte marino, que cualquier forma de vida marina. Todo para extraer materiales que empiezan a escasear en tierra, como fosfatos, níquel, cobalto y manganeso.

Las concesiones existentes en Chiapas y Baja California Sur son sólo la punta del iceberg , el desarrollo de tecnología para la minería submarina avanza a pasos agigantados y existen planes ya para comenzar operaciones en las aguas de Papúa Nueva Guinea, Egipto, Japón y Nueva Zelanda.

Los impactos ambientales potenciales se conocen poco, pero pueden ser devastadores e irreversibles. En el fondo marino, sobre todo en las zonas más profundas, están algunos de los ecosistemas menos estudiados del planeta. Sabemos más sobre la superficie de la luna que sobre el lecho marino, sin embargo, entre más lo exploramos, más nos asombra su diversidad y riqueza biológica.

Esto es un claro ejemplo de lo poco que sabemos sobre el fondo del mar y lo que está en riesgo si no lo cuidamos, y por si fuera poco sólo el año pasado, científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del gobierno de Estados Unidos de América (NOAA) descubrieron un increíble arrecife de corales profundos de más de 800 metros de profundidad y que mide más de 136 kilómetros de largo. Los corales de profundidad son tan importantes y albergan tanta biodiversidad como sus parientes más coloridos de aguas someras.

En ese sentido se encuentra en las mismas condiciones, otro ecosistema que está en riesgo por la minería submarina de las ventilas hidrotermales, las cuales se tratan de enormes fisuras en el fondo marino que expulsan agua a altísimas temperaturas, en todo el mundo y principalmente en estos sitios se han encontrado, entre otras cosas, comunidades enteras de vida que no dependen de la luz del sol y que han modificado todo lo que pensábamos que sabíamos sobre cómo y dónde comenzó la vida en el planeta.

Al día de hoy no es muy clara todavía la posición de esta administración frente a la minería submarina en aguas mexicanas, por lo que como diputada federal tengo a bien realizar un exhorto a las autoridades competentes a tomar las debidas medidas de supervisión de tal manera que investiguen e informen detalladamente sobre la explotación de la minería submarina.

Aunque sabemos de su existencia hace mucho, apenas en marzo de 2018 el mundo pudo observar por primera vez donde a través de un video se muestra la unión de una pareja de peces pescadores de profundidad (Caulophryne Jordani). Donde la hembra de esta especie es grande y majestuosa, y es la única que puede cazar y el macho, desde que nace, busca una hembra, y cuando la encuentra, muerde su costado y ahí se queda pegado por el resto de su vida, alimentándose de los nutrientes que encuentra su pareja.

Es increíble que cada vez que un equipo de científicos o exploradores echan un vistazo al fondo del mar, descubren algo que no sabíamos. Cada uno de estos descubrimientos abre una ventana de conocimiento sobre nuestros orígenes, sobre los procesos geológicos que le dan forma a nuestro planeta o sobre la dinámica poblacional de las especies que comemos. Sin embargo, aun así, sabiendo lo poco que sabemos, tal parece que hay empresas que están al acecho para explotar la minería submarina a través de taladros apocalípticos para perforar el fondo marino dañando a la fecha nuestro ecosistema marino que es lo único que nos queda para que sobreviva el ser humano y los seres vivos.

Como legisladores de los mexicanos, debemos ser responsables y asumir como equipo la postura de conciencia y no permitir esta actividad en nuestros mares, por ello como Diputada federal estaré pendiente de que empresas privadas, no se les otorgue ningún tipo de permisos para dañar nuestros mares que se encuentran dentro de nuestro territorio nacional .

Debemos y tenemos la obligación y responsabilidad de centrarnos en la conservación de los océanos, la protección, restauración de los mares del mundo y en promover cambios de política pública para aumentar la biodiversidad y la abundancia de la vida marina.

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de sus competencias, rindan un informe sobre las acciones de supervisión contra la explotación submarina ilegal en mares y costas mexicanas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Marina para que, en el ámbito de sus competencias, rindan un informe sobre los casos de explotación de la minería submarina ilegal en los mares del territorio nacional y asimismo, den un informe claro y preciso sobre posibles concesiones otorgadas a empresas dedicadas a la explotación submarina en mares y costas mexicanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)