Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía de Jalisco a continuar realizando las investigaciones conducentes a esclarecer el homicidio del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, garantizando en todo momento su desarrollo según los principios de celeridad, transparencia, eficiencia y debida diligencia, a fin de identificar y sancionar a quien o quienes resulten responsables, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para solicitar una reunión ante el pleno de la Comisión Permanente de los doctores Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; y Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a efecto de que expliquen detalladamente las inconsistencias en la estrategia de atención del Covid-19, a cargo de la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP a investigar de manera expedita si hay servidores públicos responsables del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre, el cual afectó diversas entidades federativas; y a la FGR, a sancionar las acciones u omisiones de los servidores públicos y la presunta falsificación de documentos utilizados por dicho organismo para ocultar las causas del evento, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, la Segob y la SRE a restringir el tránsito terrestre de estadounidenses en la frontera con México por actividades no esenciales, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, en coordinación con la Sader, a través de Segalmex, a realizar en tiempo y forma en el Programa de Abasto Social de Leche Segalmex-Liconsa la recepción y el pago respectivo del alimento a los productores del país, suscrita por el diputado Eduardo Ron Ramos e integrantes de la Comisión de Ganadería
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a fortalecer los mecanismos y las estrategias para dar seguimiento a la regulación, vigilancia y verificación permanente de empresas, distribuidoras y establecimientos que comercialicen, vendan, renten y llenen tanques de oxígeno medicinal con objeto de evitar precios indebidos que afecten la economía de familiares de contagiados por Covid-19, suscrita por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a las 32 administraciones locales a realizar ejercicios de gobierno abierto con la implantación de mesas de trabajo integradas por representantes de todos los sectores de comercio, desde empresas hasta comercio informal, ambulantes y emprendedores, a fin de establecer las medidas y los lineamientos integrales de las reaperturas económicas de 2021, derivadas de la contingencia sanitaria por SARS-Cov2, a cargo de la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, a fin de citar a los titulares de la Sener, la CFE, la CRE y el Cenace a comparecer ante esta soberanía para explicar las causas del megaapagón que afectó a más de 10.3 millones de usuarios en el país, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a homologar por la Ssa, el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica y el CSG los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento del infarto agudo al miocardio en las instituciones de salud, a cargo de la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través la Ssa, en coordinación con los gobiernos locales, a promover, reforzar y dar máxima difusión a una estrategia urgente de prevención y cuidado de la salud física y mental en tanto se mantenga el semáforo epidemiológico establecido en México frente a la pandemia por el SARS-Cov2, a cargo de la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el ISSSTE y el IMSS a seguir impulsando entre los servidores públicos adscritos a ellos ser responsables y mediante sus acciones concientizar a la población sobre el respeto de las medidas sanitarias, como uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y confinamiento voluntario, pues contribuyen a disminuir el contagio de Covid-19, suscrita por las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chiapas a solucionar los problemas generados con motivo de la disolución del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, SA de CV, a cargo del senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco y la Cofepris a trabajar permanentemente en fortalecer la estrategia de prevención y, en su caso, sancionar a empresas, distribuidoras y establecimientos que comercialicen y vendan oxígeno industrial para uso medicinal durante la pandemia de Covid-19 en México; y a la Cofece, a investigar las prácticas monopólicas en la producción, distribución, comercialización y venta de oxígeno medicinal, a efecto de prevenir el comercio desleal entre empresas, distribuidoras y establecimientos mientras persista esa contingencia, suscrita por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales a llevar a cabo operativos de vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias contra el Covid-19 en el comercio ambulante y puestos semifijos, a cargo del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, a fin de citar a comparecer ante esta soberanía al titular de la Ssa y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud para explicar por qué en plena crisis de salud por la pandemia del Covid-19, que ha causado casi 130 mil decesos en el país, la dependencia presentaba un subejercicio de 12 mil millones de pesos respecto a lo aprobado de enero a noviembre de 2020, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a garantizar la objetividad, certeza e imparcialidad en el proceso electoral concurrente 2020-2021 de los aspirantes a candidatos independientes, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS, la CNDH y la CEAV a esclarecer el fallecimiento de la señora Montenegro, quien ingresó en el hospital del primero en Salamanca, Guanajuato, por un padecimiento de rodilla y falleció en circunstancias no aclaradas; y brindar la atención necesaria a las víctimas indirectas, suscrita por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a fortalecer las acciones de la estrategia de vacunación y hacer así más eficientes la compra, la logística de distribución y los controles para prevenir irregularidades en la inmunización contra el Covid-19, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT y las aerolíneas del país a mejorar los filtros primarios de inspección de pasajeros y equipajes, con una sana distancia entre los contenedores, y rociar desinfectantes sobre ellos en las bandas de transición para prevenir y disminuir el Covid-19, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semar a no disminuir sus esfuerzos en defensa de la paz social, el patrimonio marítimo y los litorales; y a la GN, la FGR y los gobiernos de BC y Sinaloa a redoblar esfuerzos para detener a los responsables de destruir embarcaciones de la Semar en el primer estado y sistemas de videovigilancia en el segundo, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar por la Conagua estudios de disponibilidad e impacto ambiental de los mantos acuíferos en la Cuenca de la Independencia, o cuenca alta del río La Laja, en Guanajuato, pues se detectaron elevadas concentraciones de arsénico y fluoruro en agua subterránea debido a la sobreexplotación, suscrita por la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR a atraer las investigaciones de la denuncia presentada por el gobierno tamaulipeco respecto a la elaboración y difusión de un documento apócrifo utilizado por la CFE para justificar el apagón del pasado 28 de diciembre, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a homologar por la Ssa, el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica y el CSG los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en las instituciones de salud, a cargo de la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Profepa a tomar medidas encaminadas a preservar diversas especies de caracol marino, especialmente el rosado, a cargo del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas a devolver las placas de los concesionarios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, SA de CV, y pagar el adeudo por el servicio prestado por la empresa entre enero y octubre de 2020, a cargo del senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a informar de forma clara y precisa a esta soberanía respecto a la sobreexplotación de los mantos freáticos en Tlaxcala por FEMSA, pues se trata de un asunto de seguridad nacional, suscrita por la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a utilizar una estrategia de comunicación clara y objetiva que permitan a las personas identificar su nivel de riesgo ante el Covid-19, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar a las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de dictaminar las iniciativas sobre legalización del aborto a someter a discusión y aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones los dictámenes respectivos para cumplir el anhelado derecho femenino a la interrupción del embarazo y dar un paso hacia la garantía del derecho a la salud y al reconocimiento de la igualdad de las mujeres, con respeto de su autodeterminación reproductiva, en condiciones de legalidad, confidencialidad y seguridad, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a establecer por la AFAC un protocolo de actuación de los concesionarios del servicio de transporte aéreo de pasajeros para desalojar a los se nieguen a utilizar el cubrebocas como parte de las medidas sanitarias de prevención de contagios por SARS-Cov2, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a realizar un peritaje independiente sobre las causas del apagón del 28 de diciembre; solicitar reunión con el director general de la CFE y un informe pormenorizado de éstas; y solicitar a la Jucopo del Senado la formación de un grupo de investigación y seguimiento de lo ocurrido, a cargo del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales a asegurarse de que sus ordenamientos garanticen a los discapacitados el derecho a contraer matrimonio y capacidad plena para ejercer sus derechos, suscrita por el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a establecer con su homóloga de Tamaulipas reuniones encaminadas a adoptar medidas respecto a la entrega de becas y estímulos escolares a niños y adolescentes de la entidad pertenecientes a familias pobres de localidades prioritarias y de marginación para que puedan continuar sus estudios, evitar la deserción y garantizar el derecho constitucional a la educación, suscrita por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Campeche a llevar a cabo las acciones conducentes a fin de dar solución a los jóvenes defraudados por Soluciones Lingüísticas Globales Alfa Hilt Systems, suscrita por la senadora Rocío Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a informar sobre las políticas públicas implantadas contra el abuso infantil, a cargo de la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos municipales de Tamaulipas a valorar la creación de microcréditos destinados a locatarios de mercados y comercios familiares en situación de riesgo para evitar la quiebra de negocios y contribuir a la reactivación económica local, suscrita por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR a colaborar en las investigaciones solicitadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a la FGJ de Morelos por tortura y tratos denigrantes contra un grupo de adolescentes resguardados por las autoridades del Centro de Asistencia Social para Adolescentes de Temixco, del DIF, presuntamente cometidos por policías del estado el 1 de septiembre de 2020, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a cumplir el pago constitucional del aguinaldo a los trabajadores del SNTE, Sección 50, suscrita por la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin exhortar al INE a incorporar en la información de la credencial para votar con fotografía, adicional al español, la lengua indígena predominante en los documentos por expedir en los 28 distritos catalogados con presencia indígena por ese órgano autónomo, en coordinación el Inali, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a cumplir a cabalidad con las demás autoridades encargadas de suministrar y aplicar la vacuna contra el Covid-19 las cinco etapas de inmunización establecidas en la política nacional, suscrita por la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la OPS, la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos, la SRE y la Ssa que proporcionen información relativa a los avances en la implantación de los acuerdos de colaboración interinstitucional para la compra consolidada de medicamentos celebrados en diciembre de 2019 y julio de 2020, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para crear la comisión especial de seguimiento de la adquisición, distribución, entrega y aplicación de la vacuna contra el SARS-Cov2, suscrita por la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades mexiquenses a no autorizar en 2021 incrementos de las tarifas del transporte público concesionado, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a emitir los lineamientos relativos a los comicios de 2021 conforme a las disposiciones del CSG en la materia y las recomendaciones internacionales para evitar la propagación del SARS-Cov2, suscrita por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno mexiquense a reforzar las medidas de supervisión para que los concesionarios del transporte público respeten las tarifas autorizadas, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para respaldar la decisión del presidente de la República de ofrecer asilo político al ciudadano australiano-ecuatoriano Julian Assange, a cargo de la senadora María Celeste Sánchez Sugía, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta Directiva de la Lotenal a realizar los sorteos correspondientes a 2021 en alguna entidad con semáforo epidemiológico verde, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se reconoce la política nacional de inmunización contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19, implantada por el gobierno de México y se exhorta a los partidos políticos a donar 50 por ciento de su financiamiento público a la vacunación y el combate de la pandemia, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos federal, del estado de México, de la Ciudad de México y de los municipios conurbados del valle de México a establecer políticas integrales de transporte y desarrollo económico que disminuyan los tiempos de traslado de los habitantes y generen las oportunidades laborales y de estudio requeridas, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a reforzar por la Cofepris la vigilancia y el control de la venta del equipo médico usado por la población para atender y prevenir el SARS-Cov2; y a la Profeco, a intensificar la difusión de las características y los precios de aquél, a cargo del senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, las homólogas locales de ésta, el IMSS y el ISSSTE a promover y difundir información sobre las medidas sanitarias relacionadas con el SARS-Cov2 y la enfermedad Covid-19 en forma clara y oportuna y en formatos asequibles, en favor de las personas con discapacidad visual y auditiva, a cargo de la diputada María Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para solicitar a las Jucopo de ambas Cámaras a crear un grupo plural de trabajo de seguimiento a la participación política femenina en el proceso electoral de 2021, a cargo de Katia Alejandra Castillo Lozano y suscrita por María Wendy Briceño Zuloaga y Rocío del Pilar Villarauz Martínez, diputadas del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al INE y los organismos públicos locales electorales a actuar con imparcialidad durante los comicios 2020-2021, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGJ mexiquense a reforzar su protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas en materia de una oportuna actuación ante la desaparición de mujeres y niñas, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef a esclarecer y dar seguimiento a las crecientes denuncias de cuentahabientes sobre fraudes a través de la banca electrónica Santander, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo para integrar al Covid-19 como una enfermedad laboral, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a vigilar y sancionar el alza de la comercialización de tanques de oxígeno denunciada en todo el país, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar con la SCT una estrategia de transición del pago en efectivo a tarjeta en transporte público para disminuir contagios por Covid-19, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a destinar mayores recursos a incentivar la participación ciudadana de los aspirantes a candidatos independientes para el proceso electoral concurrente 2020-2021, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a promover la educación menstrual, incluyendo de índole sexual y socioemocional en el plan de estudios del ciclo básico para combatir la discriminación social por distinción de género, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Durango a reparar el daño moral causado al gremio médico en la persona de Azucena Calvillo Carrillo, víctima de abuso de autoridad y violación de derechos humanos y al debido proceso por la Fiscalía local, así como a garantizar la seguridad jurídica e integridad de ella y todos los médicos del estado, suscrita por la diputada Martha Olivia García Vidaña, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y la Sener a realizar acciones encaminadas a que Punta Xen, en Champotón, Campeche, cuente con electricidad, suscrita por el diputado Carlos Enrique Martínez Aké, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y la Sener a garantizar a los habitantes de la península de Atasta un servicio público de energía eléctrica de calidad y determinar la procedencia de la reparación del daño por el detrimento del patrimonio material de los afectados a causa de las fallas en el suministro, suscrita por el diputado Carlos Enrique Martínez Aké, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Universidad del Golfo de México Norte a impartir a todos sus académicos un curso urgente sobre la erradicación de la discriminación contra las mujeres, suscrita por la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de QR sobre la oportuna y eficiente resolución de las necesidades en materia legislativa expresadas por la red feminista de la entidad, suscrita por la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INM y la SHCP a crear un programa prioritario y urgente para atender a los migrantes mexicanos deportados al país, con objeto de que se le expidan de forma rápida y gratuita documentación de identidad que les permita integrarse correctamente a la sociedad, suscrita por la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, en el contexto del esquema de vacunación contra el Covid-19, a considerar sector prioritario de ésta a docentes y personal administrativo de las escuelas, suscrita por la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Semar a asumir de inmediato sus responsabilidades de preservación y protección ecológica, sustentable, sostenible y de seguridad del Golfo de California y los mares mexicanos, e intervenir para que sea retirada sin contratiempos la organización ambientalista Sea Shepherd Conservation Society, suscrita por el diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Chihuahua a intensificar los esfuerzos para generar fuentes de ingresos, implantar una política de austeridad, mejorar el combate de la corrupción y evitar mayor endeudamiento en la entidad, suscrita por el diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades en materia de salud, a generar mecanismos para prevenir la venta y aplicación de vacunas falsificadas o adulteradas para tratar el SARS-COV-2, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD

Excitativas

• A las Comisiones de Desarrollo Social, y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, a emitir dictámenes sobre las minutas con proyectos de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II, y se recorre el orden de las subsecuentes, al artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social; y por el que se declara el 21 de agosto como Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, a cargo del senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena

Efemérides

• Con motivo del 7 de enero, inicio de la huelga de Río Blanco en 1907, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía de Jalisco a continuar realizando las investigaciones conducentes a esclarecer el homicidio del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, garantizando en todo momento su desarrollo según los principios de celeridad, transparencia, eficiencia y debida diligencia, a fin de identificar y sancionar a quien o quienes resulten responsables, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Laura Imelda Pérez Segura, diputada integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 18 de diciembre de 2020, México despertó con una noticia estremecedora. El ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, fue víctima de un atentado armado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en el cual perdió la vida. De acuerdo con las primeras indagaciones dadas a conocer por el fiscal de la entidad, Gerardo Octavio Solís Gómez, el ex mandatario se encontraba cenando junto con tres personas en el restaurante-bar “Distrito 5” situado en la concurrida avenida Francisco Medina, en la colonia Zona Hotelera Norte. En un momento de la madrugada, Sandoval Díaz se levantó de la mesa para ir al baño, siendo ahí donde un sujeto armado le disparó por la espalda, a pesar de ser escoltado por dos guardaespaldas.

Herido el ex gobernador, sus guardaespaldas intentaron sacarlo del lugar para llevarlo al hospital, sin embargo, en el exterior del restaurante recibieron una ráfaga de disparos que les impidió salir. Minutos después, Aristóteles Sandoval pudo ser retirado del lugar. Desgraciadamente las heridas causadas por las balas hicieron que falleciera antes de llegar al nosocomio.

Días más tarde, tras varios cateos y registros realizados en diversos domicilios, las autoridades del estado lograron ubicar los videos grabados por las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede observar que la escena del crimen fue manipulada y alterada por el personal del restaurante. En estas grabaciones se aprecia cómo los trabajadores del recinto limpian de inmediato la escena del crimen e incluso cómo retiran la alfombra sobre la cual se suscitó el atentado. Este ilegal actuar por parte de los particulares ha desembocado en el entorpecimiento de las investigaciones.

Ante tales circunstancias, el fiscal de la entidad ha comunicado a través de diversas conferencias de prensa que se han girado varias órdenes de aprehensión y que se están realizado las diligencias correspondientes, no obstante, esto no ha permitido que los familiares de la víctima, ni a la población en general, tengan certeza sobre quiénes fueron los responsables del homicidio, situación que aumenta el grado de desconfianza de la población jalisciense sobre el actuar de las autoridades locales.

El tiempo transcurre y aún quedan dudas por resolver. Las acciones realizadas por las autoridades locales han sido insuficientes y sólo exponen el ambiente hostil en el que se encuentra inmersa la entidad federativa, que perjudica su desarrollo y atemoriza a su población.

El hecho de que se haya manipulado la escena del crimen nos permite inferir la existencia de vínculos entre el crimen organizado con el sector privado, e incluso con las autoridades locales, lo cual sería inaceptable.

Tales situaciones son efecto de la corrupción, la impunidad y la negligencia con la que se ha conducido la administración pública estatal actual, al igual que sus antecesoras, en cuyos periodos el crimen y la violencia creció sin control, dejando al pueblo jalisciense en el desamparo, presa del miedo y la incertidumbre.

No está de más señalar que:

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2019, Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, superaron la media nacional de 67.8 por ciento en percepción de inseguridad1 .

• Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad revelan que el nivel de violencia en Jalisco durante 2019 superó al documentado en 2018, es decir, hubo más homicidios durante el primer año de administración del actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, que en el sexenio de Aristóteles Sandoval2 . Asimismo, de acuerdo con la misma autoridad, por día, en promedio 7.9 personas son asesinadas en dicha entidad3 .

• De acuerdo con el documento “La guerra en números” de TResearch, de enero a diciembre de 2020 en Jalisco hubo 2 mil 469 homicidios dolosos.

Por todo lo anterior es que existe la urgente necesidad de sumar acciones que contribuyan a erradicar por completo la opacidad y corrupción que ha permeado durante décadas la actuación de las autoridades jaliscienses y que ha impedido garantizar a la sociedad gozar de la certeza y tranquilidad que merece.

De ahí que, el punto de acuerdo que suscribimos las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, busca exhortar a la Fiscalía del Estado de Jalisco a dar celeridad a las investigaciones sobre el crimen del exgobernador del estado, pues sólo de esta manera se podrá contribuir en la lucha por recobrar la confianza del pueblo en las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en Jalisco.

Es necesario que se responda a la sociedad nacional y Jalisciense. Las acciones emprendidas hasta hoy han sido insuficientes para esclarecer el crimen del ex mandatario: ¿quién lo mato? y ¿quién o quiénes fueron los autores materiales?

Con firmeza, desde la bancada de Morena, les decimos a las autoridades de dicha entidad: ¡Basta!

Por lo expuesto, es que sometemos a consideración de la honorable Comisión Permanente, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco para que, con base en sus atribuciones, continúe realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer a la brevedad el homicidio del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, bajo los principios de celeridad, transparencia, eficiencia y debida diligencia, a fin de identificar y sancionar con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/

2 https://www.informador.mx/jalisco/Jalisco-rompe-su-tasa-historica-de-ho micidios-20200122-0029.html

3 https://www.milenio.com/policia/jalisco-rebasa-el-millon-y-medio-de-ase sinatos-en-lo-que-va-del-2020

Dado en pleno de la Comisión Permanente, el 7 de enero de 2021.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar una reunión ante el pleno de la Comisión Permanente de los doctores Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; y Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a efecto de que expliquen detalladamente las inconsistencias en la estrategia de atención del Covid-19, a cargo de la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Karen Michel González Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante el pleno de la Comisión Permanente, al doctor Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, al doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud y al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a efecto de que expliquen detalladamente las inconsistencias en la estrategia de atención del Covid 19, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Primera. En marzo del año pasado escuchamos al presidente declarar “Hay quien dice que por lo de coronavirus no hay que abrazarse. Pero hay que abrazarse, no pasa nada”, “Yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal, y el presidente les va a decir cuando hay que guardaos”.

Segunda. Dada la falta de estrategia para atender la pandemia, el personal médico y de enfermería ha enfrentado este virus sin el material necesario para garantizar su protección. Este desabasto se exacerbó por las políticas de austeridad que esta administración ha aplicado en rubros prioritarios como la salud. Esta mala planeación derivó en compras de emergencia en pleno ascenso de los infectados del Covid.

Tercera. La nula estrategia de atención al Covid 19 ha tenido resultados funestos. El 4 de junio de 2020 el doctor Hugo López-Gatell señaló que un escenario catastrófico para el país ascendería a 60 mil mexicanos fallecidos. Una vez que dicha cifra fue superada el referido funcionario señaló que esta situación se había presentado derivado de los padecimientos de los mexicanos como el tabaquismo, diabetes, hipertensión y obesidad, al sistema alimentario, la desigualdad social, el déficit de los médicos, a los medios de comunicación, a la corrupción y al discurso de encono de las farmacéuticas.

Cuarta. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha señalado que México ha precomprado 163 millones de vacunas a AstraZeneca y Pfizer. Por su parte, el subsecretario López-Gatell ha señalado que si la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios aprueba la vacuna en diciembre se estaría iniciando el proceso de vacunación.

Quinta. Al 28 de noviembre de 2020 existían 1 millón 100 mil 683 casos de Covid y 105 mil 459 mexicanos fallecidos. Estas cifras solo son muestra de la pésima gestión de la pandemia por parte de la actual administración. Por ello resulta indispensable que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Salud, así como el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud comparezcan para explicar las inconsistencias en la estrategia de atención del Covid 19.

En virtud de lo expuesto, solicito se someta al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, cita a comparecer, ante el pleno de esta soberanía, al doctor Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, al doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud y al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a efecto de que expliquen detalladamente las inconsistencias en la estrategia de atención del Covid 19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2021.

Diputada Karen Michel González Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP a investigar de manera expedita si hay servidores públicos responsables del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre, el cual afectó diversas entidades federativas; y a la FGR, a sancionar las acciones u omisiones de los servidores públicos y la presunta falsificación de documentos utilizados por dicho organismo para ocultar las causas del evento, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector eléctrico es estratégico para el desarrollo económico y social del país. Para poner en su justa dimensión el tema, basta señalar que el Sistema Eléctrico Nacional es uno de los mayores y más complejos a escala mundial, en virtud de que proporciona servicio a alrededor de 128 millones de personas en todo el territorio nacional y ha alcanzado el 98.7 por ciento de cobertura. La capacidad instalada en operación es de 80,000 MW, de acuerdo con la Secretaría de Energía actualizada a mayo de 2020.1

Pese a ello, el pasado lunes 28 de diciembre, México vivió un apagón en distintos puntos del territorio nacional, en perjuicio de millones de usuarios, quienes a través de las redes sociales reportaron inmediatamente que se habían quedado sin luz. El servicio de energía eléctrica se interrumpió en diversos estados del país y la Ciudad de México, debido a un “desbalance” entre la carga y la generación de energía, según explicaron el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).2

El operador independiente del Sistema Eléctrico Nacional y administrador del Mercado Eléctrico Mayorista informó que se presentó un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía ocasionando la pérdida de aproximadamente 7,500MW.3 Esta cifra representa casi el 10 por ciento de la capacidad de México.

Por su parte, la CFE mencionó que el corte de energía afectó a 10.3 millones de usuarios en todo el país y que no se debió ni a la distribución ni a la transmisión de energía; afectó no únicamente a diversas alcaldías de la Ciudad de México, también ocasionó cortes en el estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz. Fueron perjudicadas ciudades turísticas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, entre varias más.

El titular de la CFE dio una explicación de lo sucedido, al apuntar que un incendio causó la falla en las líneas de transmisión y el desbalance en el Sistema Eléctrico Nacional. Mediante un comunicado detalla que por los efectos del frente frío 23, dos líneas de transmisión en 400 kV salieron de operación y provocaron un incendio de 300 hectáreas pastizales. Las líneas se ubican en Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo León, donde se encuentran las subestaciones Lajas y Güémez.

Conforme a otros funcionarios de la CFE, debido al número excesivo de permisos otorgados de generación renovable intermitente, una falla que pudo ser aislada por la red área de transmisión, generó una condición de inestabilidad, a causa de alta penetración del 28.13 por ciento de generación renovable intermitente, en demanda mínima por el invierno.4

Si bien, al momento de la falla fueron activados los sistemas de protección del sistema eléctrico que interrumpieron el suministro en la zona de Nuevo León y los sistemas de protección general de la CFE operaron con precisión para evitar que más usuarios perdieran el suministro del servicio, lo cierto es que al variar la frecuencia en rangos peligrosos por la oscilación del sistema y con un alto porcentaje de energías intermitentes en la red, se perdió la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional, según el Cenace.

Respecto al desbalance en las afectaciones para la CFE fueron de 1,218 megawatts, de los que 1,084 pertenecían a centrales que se aislaron del Sistema Interconectado Nacional en el área noreste. Las centrales que dejaron de operar fueron Empalmes, Agua Prieta, Hermosillo y otros ciclos combinados de productores externos de energía. Además, otras 11 centrales de Ciclo Combinado de dicho organismo, dos geotermoeléctricas, cuatro hidroeléctricas y una termoeléctrica también se detuvieron.

A la vez, se perdió al suministro en algunas centrales, las hidoeléctricas de La Yesca, Caracol, Angostura, Malpaso, Chicoasén, Aguamilpa, Novillo, Huites y Mazatepec, algunas de manera inmediata, pero otras lo hicieron progresivamente.

Sobre este tipo de problemáticas, cabe recordar que durante este gobierno se ha afirmado que está garantizado el abasto de energía eléctrica en el país sin aumento en los precios, y que para ello se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad. A la vez, ha reiterado que “No habrá problemas de falta de energía eléctrica, hay abasto suficiente y no va a haber apagones, todo esto lo digo para que no se manipule”.5

¿Dónde quedaron estos compromisos? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones del apagón ocurrido en semanas pasadas y que afectaron a millones de familias en todo el país? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué acciones se están tomando al respecto? La sociedad mexicana demanda respuestas inmediatas a estas interrogantes.

Ahora bien, según diversos medios periodísticos, la CFE utilizó un documento apócrifo con el propósito de justificar un incendio en Tamaulipas como la causa del apagón. En tal virtud, es imperativo investigar y fincar responsabilidades en este sentido. Resulta grave que se esté ocultando información a la opinión pública sobre la verdaderas las causas del apagón, así como sobre las fallas y deficiencias en de conducción de operaciones y mantenimiento de capacidades de la CFE. No solo miles tuvieron que parar, sino también se puso en riesgo la vida de cientos de mexicanos que se encuentran hospitalizados, sobre todo, ante la pandemia de Covid-19.

La Coordinación de Protección Civil en Tamaulipas ha señalado que el oficio presentado por la CFE en rueda de prensa, con el que informa que un incendio de 30 hectáreas de pastizal en el municipio de Padilla, fue la causa del apagón, es falso.

Aclaró que, en ningún momento, ni elementos de la Coordinación estatal, ni del municipio de Padilla, participaron en el mencionado incendio. Hay muchas otras características del comunicado como horarios, unidades que supuestamente participaron, las acciones que presuntamente se hicieron, el número de oficio, los logotipos, desconociendo quién lo pudo haber hecho.6

No se puede seguir poniendo en riesgo la actividad económica, las telecomunicaciones, los servicios bancarios y financieros, el funcionamiento de los hospitales y centros de salud en todo el país en el contexto actual de la pandemia del coronavirus Covid-19 y, en general, la vida cotidiana de millones de personas, por la ineficacia e irresponsabilidad de algunos servidores públicos. La sociedad merece una explicación sobre los verdaderos motivos que provocaron la falta de suministro de energía.

En esta tesitura, resulta fundamental que se investigue con objetividad las causas reales del apagón, se identifique a los responsables y se apliquen las sanciones que correspondan; asimismo, se garantice el suministro de energía eléctrica a toda la población.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que se investigue, de manera pronta y expedita, si hay servidores públicos responsables del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre, el cual afectó a diversas entidades federativas y se proceda conforme a derecho.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República con objeto de que sancionen las acciones u omisiones de los servidores públicos y la presunta falsificación de documentos utilizados por dicho organismo para ocultar las causas del apagón.

Tercero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y al Centro Nacional de Control de Energía para que se exploren todas las medidas necesaria, a fin de garantizar la seguridad y sustentabilidad en la operación y control del Sistema Eléctrico Nacional.

Notas

1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/apagones-fueron-por-desbalance -en-sistema-interconectado-nacional-cenace

2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cfe-reportan-apagones-en-disti ntos-puntos-de-cdmx-y-edomex

3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/28/la-verdad-detras-del- apagon-masivo-en-mexico-cfe-y-cenace-explicaron-por-que-ocurrio/

4 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/30/estos-son-los-detalle s-detras-de-la-verdadera-falla-en-el-apagon-de-la-cfe/?outputType=amp-t ype

5 https://impacto.mx/presidencia/no-tendremos-problemas-en-energia-electr ica-no-habra-apagones-amlo/

6 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cfe-presento-un-documento-fals o-sobre-incendio-que-causo-apagon-proteccion-civil-de-tamaulipas

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

(Rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, la Segob y la SRE a restringir el tránsito terrestre de estadounidenses en la frontera con México por actividades no esenciales, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Claudia Angélica Domínguez Vázquez , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, en su fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La pandemia por Covid-19 ha infectado a más de 81 millones de personas de casi todos los países del mundo, encabezando la lista los Estados Unidos de América con 19 millones 345 mil 92 de contagios registrados después le sigue India con 10 millones 207 mil 871; Brasil con 7 millones 484 mil 285; Rusia con 3 millones 19 mil 972; Francia con 2 millones 556 mil 621; Reino Unido 2 millones 288 mil 345.1

Estados Unidos es el primer país a nivel mundial con más casos registrados desde que comenzó la pandemia y que aún no logra disminuir los contagios en su territorio. Con este país compartimos la frontera norte conocida como la zona libre entre los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La garita de San Ysidro es la más transitada del mundo antes de que comenzará la crisis epidemiológica, donde cruzaban más de 20 mil personas día con día, considerando un motor potencial para ambos países.2

Destacando que en la zona fronteriza está permitido por parte del gobierno mexicano la entrada de ciudadanos norteamericanos al territorio nacional sin necesidad de visa turística o permiso temporal cuando sea por un tiempo máximo de 72 horas dentro de esta zona.

El gobierno de los Estado Unidos de América emitió un comunicado sobre limitar de manera temporal los cruces fronterizos por tierra con Canadá y México, solo permitiendo viajes esenciales. La restricción entró en vigor el 21 de marzo de 2019 hasta el 21 de enero del 2021.3

Destacando que se considera como viajero esencial a:

-“Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que regresen a Estados Unidos.

-Individuos que viajen por motivos médicos (por ejemplo, para recibir tratamiento médico en Estados Unidos).

-Individuos que viajen para asistir a instituciones educativas.

-Individuos que viajen para trabajar en Estados Unidos (por ejemplo los que trabajan en la industria de agricultura y que tienen que viajar entre Estados Unidos, Canadá y México por tal motivo).

-Individuos que viajan para dar respuesta a emergencias y propósitos de salud pública (por ejemplo, funcionarios de gobierno o personal de emergencia que entre a Estados Unidos en apoyo de esfuerzos de gobierno federal, estatal, local, tribal o territorial en respuesta a Covid-19 u otras emergencias).

-Individuos involucrados en comercio transfronterizo legítimo (por ejemplo, conductores de camión que mueven la carga entre Estados Unidos, Canadá y México)

-Individuos en viajes oficiales de gobierno o diplomáticos.

-Militares de viaje o que lleven a cabo operaciones”.4

Estas restricciones no son recíprocas para los ciudadanos norteamericanos que ingresan a territorio mexicano, provocando una desigualdad de condiciones durante esta crisis sanitaria, aunado a que los Estados Unidos son el primer país en el mundo con más contagios por Covid-19, lo que provocaría que existan más contagios en nuestra nación por el libre tránsito terrestre que existe en la actualidad.

Por lo que las autoridades mexicanas deben restringir el paso terrestre de ciudadanos norteamericanos a territorio nacional en la Zona Libre de México- Estados Unidos, cuando se trate de actividades no esenciales como turismo, recreación o eventos culturales.

Asimismo, las autoridades mexicanas deben aplicar medidas sanitarias extremas en los pasos fronterizos, cuando ciudadanos norteamericanos transiten a territorio nacional por la Zona Libre de manera terrestre cuando se trate de actividades esenciales, para así salvaguardar la salud del pueblo mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

De Urgente y Obvia Resolución

Primero. Por el que se solicita respetuosamente al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores restringir el tránsito terrestre de ciudadanos norteamericanos en la frontera de México-Estados Unidos por actividades no esenciales.

Segundo. Por el que se solicita respetuosamente al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las medidas sanitarias en los cruces fronterizos de México-Estados Unidos para disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2.

Notas

1 Google Noticias. Mapa mundial coronavirus (Covid-19). 28/12/2020. https://news.google.com/covid19/map?hl=es- 419&gl=MX&ceid=MX%3Aes-419

2 El Sol de Tijuana. Garita de San Ysidro, la más transitada del mundo. 22/junio/2019. https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/garita-de-san-ysidro-la-mas-tra nsitada-del-mundo-tijuana-mexico-estados-unidos- frontera-3801453.html

3 Embajada y consulados de Estados Unidos en México. Hoja Informativa: Restricciones de Viaje. 21/marzo/2019. https://mx.usembassy.gov/es/hoja-informativas-restricciones-de-viaje/4 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, en coordinación con la Sader, a través de Segalmex, a realizar en tiempo y forma en el Programa de Abasto Social de Leche Segalmex-Liconsa la recepción y el pago respectivo del alimento a los productores del país, suscrita por el diputado Eduardo Ron Ramos e integrantes de la Comisión de Ganadería

Los que suscriben, diputado Eduardo Ron Ramos, presidente de la Comisión de Ganadería; y diputados Olga Juliana Elizondo Guerra, Mirna Maldonado Tapia, Guadalupe Romo Romo, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Francisco Espinoza Eguia, Jesús Guzmán Avilés, Miguel Alonso Riggs Baeza, María del Carmen Cabrera Lagunas, Eduardo Zarzosa Sánchez, Martha Estela Romo Cuéllar, Francisco Javier Borrego Adame y Fortunato Rivera Castillo integrantes de la Comisión de Ganadería en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público para que en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de Segalmex, realice en tiempo y forma en el Programa de Abasto Social de Leche Segalmex-Liconsa la recepción y el pago respectivo de la leche a los productores del país, al tenor de los siguientes

Considerandos

En noviembre de 2019, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de 2020, donde se recortaron los recursos para programas importantes para la ganadería mexicana. Pese al descontento y posicionamientos en contra por parte de los integrantes de la Comisión de Ganadería, el PEF 2020 fue uno de los presupuestos que más ha afectado a la actividad ganadera debido no sólo a la disminución de recursos para Crédito Ganadero a la Palabra, sino porque el Programa de Fomento Ganadero se unió a un programa integral que impulsa diferentes actividades primarias.

Por ello se consideran fundamentales los programas ejercidos por Segalmex a través de Liconsa, ya que ejercicio de los recursos que se asignan al programa de abasto social de leche es parte de fundamental del desarrollo del sector lácteo de México, todo ello a fin de apoyar la actividad ganadera, la cual representa aproximadamente 30 por ciento del PIB agropecuario.

De acuerdo con información oficial, Liconsa cumple un doble objetivo social ya que por una parte apoya a la nutrición infantil a través de la distribución de leche de calidad a menores de 12 años como también apoya a los productores nacionales al comprar su producción lechera:

Liconsa, empresa de participación estatal mayoritaria, industrializa leche de elevada calidad y la distribuye a precio subsidiado en apoyo a la nutrición de millones de mexicanos, especialmente de niños de hasta 12 años, de familias en condiciones de pobreza, contribuyendo así a su adecuada incorporación al desarrollo del país.

En forma complementaria adquiere leche nacional en apoyo de la comercialización de lácteo producido por ganaderos nacionales (sitio oficial de Liconsa, SA de CV, https://www.gob.mx/liconsa/que-hacemos Consultado en 2020).

La relevancia de Liconsa en las cuencas lecheras y donde se han establecido los centros de acopio ha provocado un efecto positivo a través de los años, ya que los precios que establece esta empresa productiva, son referencia para la comercialización entre particulares de los productos lácteos en las regiones del país.

Con fecha 2 de diciembre del año en curso, el diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena y secretario de la junta directiva de esta comisión e integrante de la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, corrió copia de un oficio que presentó a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural a efectos de que esta entidad del gobierno federal realice auditorías a través de sus órganos internos de control a la empresa pública Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) derivado de lo que se consideras una mala administración y ejecución del presupuesto durante el presente ejercicio fiscal.

Atendiendo a la relevancia de esta situación y derivado de que la mayoría de la representación popular que integra esta Comisión de Ganadería, proviene en su mayoría de algunas cuencas lecheras del país, hemos recibido innumerables quejas por parte de los productores de innumerables atraso en los pagos por Segalmex, aunado a lo anterior resulta aún más grave el saber que alguno de estos centros de acopio de Liconsa, habían prácticamente bajado la cortina derivado de que no tenían recursos materiales e insumos para recibir y almacenar la leche de las y los pequeños productores del país, situación que ha causado incertidumbre en las zonas lecheras pero sobre todo especulación en los precios del producto por parte de acopiadores privados y queseros que aprovechando esta lamentable coyuntura han bajado el precio de compra.

Por lo expuesto consideramos someter a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgar en tiempo y forma a Segalmex los recursos de diciembre de 2020 y enero de 2021 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 y 2021 al Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar en tiempo y forma a través de Segalmex la recepción, el almacenamiento y los pagos correspondientes a diciembre de 2020 y enero de 2021 a los productores de leche del país que entregan su producto en los centros de acopio de Liconsa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2021.

Diputados: Eduardo Ron Ramos (rúbrica), Olga Juliana Elizondo Guerra, Mirna Maldonado Tapia, Guadalupe Romo Romo, Carmen Mora García, Jorge Eugenio Russo Salido, Roque Luis Rabelo Velasco, Juan Francisco Espinoza Eguia, Jesús Guzmán Avilés, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Miguel Alonso Riggs Baeza, María del Carmen Cabrera Lagunas, Eduardo Zarzosa Sánchez, Martha Estela Romo Cuéllar, Francisco Javier Borrego Adame, Fortunato Rivera Castillo, Juan José Canul Pérez, Mario Mata Carrasco.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a fortalecer los mecanismos y las estrategias para dar seguimiento a la regulación, vigilancia y verificación permanente de empresas, distribuidoras y establecimientos que comercialicen, vendan, renten y llenen tanques de oxígeno medicinal con objeto de evitar precios indebidos que afecten la economía de familiares de contagiados por Covid-19, suscrita por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor que fortalezca los mecanismos y las estrategias para dar seguimiento a la regulación, vigilancia y verificación permanente de las empresas, las distribuidoras y los establecimientos que comercialicen, vendan, renten y realicen llenado de tanques de oxígeno medicinal a fin de evitar precios indebidos que afecten la economía de las personas que tengan algún familiar o familiares contagiados por Covid-19, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Declaración Universal de Derechos Humanos, refiere en el artículo 25, numeral 1, que, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar; en este sentido, la Organización Mundial de la Salud define que la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Segunda. La Organización Panamericana de la Salud refiere que la salud pública es la intervención colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, orientada a proteger y mejorar la salud de las personas.

También indica que la concepción de la salud pública debe ir más allá de los servicios de salud no personales o de las intervenciones de carácter comunitario dirigidas a la población, ya que debe incluir la responsabilidad de asegurar el acceso a los servicios y la calidad de la atención de la salud a las personas.

En un marco amplio la salud pública debe abarcar las acciones de fomento de la salud y de desarrollo del personal que trabaja en este sector.

Entonces, la salud pública debe verse no sólo como una disciplina académica, sino como una práctica social interdisciplinaria, dentro de esto se incorporan bienes semiprivados o privados cuyas dimensiones hacen que su repercusión sobre la salud colectiva sea un factor importante.

Tercera. Por ello, el sector privado a través de sus empresas, distribuidoras y establecimientos donde se comercie medicamento o algún material médico deben ser ético y responsable con la calidad de los productos y de los precios, cuidando que no tengan un incremento en los costos a causa de algún brote de una epidemia y pandemia.

Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene como misión el empoderamiento del consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable.

Al respecto, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece en el artículo 1o., párrafo segundo:

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

En cuanto a los principios básicos que se establecen en la ley y el artículo mencionado, se dispone en la fracción III: “La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen”; y en la fracción VII establece: “La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios”.

Conforme al artículo 8o. de la misma ley, la “procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes”. Asimismo, el artículo 10 Bis señala que “los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias”.

Cuarta. En este momento, México vive el efecto de la pandemia de Covid-19, con más de 1 millón 500 mil casos confirmados, más de 400 mil casos sospechosos y casi 130 mil muertes a causa de la enfermedad, por lo que la demanda de medicamentos o algún material médico para atender los padecimientos por Covid-19 ha subido exponencialmente, lo cual debe tener un seguimiento permanente para que se acaté la ley y se eviten precios indebidos que afecten la economía de las personas que tengan algún familiar o familiares contagiados por Covid-19.

En este sentido, la venta, la renta y el llenado de tanques de oxígeno medicinal ha tenido gran demanda en los últimos 10 meses, cabe señalar que el oxígeno medicinal es un medicamento para la atención de padecimientos respiratorios, para el tratamiento o prevención de la deficiencia de oxígeno en la sangre, en servicios a domicilio de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, en intervenciones quirúrgicas, además de emplearse en estudios para diagnosticar trastornos de sueño (https://www.cofece.mx/investiga-cofece-posibles-practicas-monopolicas- relativas-en-mercado-de-oxigeno-medicinal/).

La última semana de diciembre 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó en diferentes entidades federativas alrededor de 31 visitas de verificación a establecimientos que vende oxígeno medicinal que derivó en 16 incumplimientos de establecimientos, 10 resultaron con infracción y el cierre de 6 comercializadoras por no acreditar la variación que han tenido los costos de la recarga de oxígeno medicinal y venta de tanques.

Quinta. Por tales motivos, es necesario que durante 2021 y mientras persista la pandemia de Covid-19 se dé seguimiento a la regulación, vigilancia y verificación de manera permanente a las empresas, distribuidoras y establecimientos que comercialicen, vendan, renten y realicen llenado a tanques de oxígeno medicinal con la finalidad de evitar que persistan los precios indebidos que afecten la economía de las personas que tengan algún familiar o familiares contagiados por Covid-19.

Sexta . Para el Grupo Parlamentario del PES es un compromiso social cuidar la salud y la economía de las familias de México, por lo que solicitaremos e impulsaremos toda medida permanente y estratégica para apoyar a las personas que tienen algún familiar padeciendo de Covid-19, de esta forma se contribuye a contrarrestar las malas prácticas e injusticias que puedan existir en la mala calidad y en el aumento de precios indebidos en el oxígeno medicinal.

Por lo expuesto, fundado y motivado se propone ante la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor fortalezca los mecanismos y estrategias para dar seguimiento a la regulación, vigilancia y verificación permanente de las empresas, distribuidoras y establecimientos que comercialicen, vendan, renten y realicen llenado de tanques de oxígeno medicinal con la finalidad de evitar precios indebidos que afecten la economía de las personas que tengan algún familiar o familiares contagiados por Covid-19.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las 32 administraciones locales a realizar ejercicios de gobierno abierto con la implantación de mesas de trabajo integradas por representantes de todos los sectores de comercio, desde empresas hasta comercio informal, ambulantes y emprendedores, a fin de establecer las medidas y los lineamientos integrales de las reaperturas económicas de 2021, derivadas de la contingencia sanitaria por SARS-Cov2, a cargo de la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a los titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas a realizar ejercicios de gobierno abierto implementando mesas de trabajo que se integren por representantes de todos los sectores de comercio, desde empresas hasta comercio informal, ambulantes y emprendedores, para establecer las medidas y lineamientos integrales de las reaperturas económicas 2021 derivadas de la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2, con base en las siguientes

Consideraciones

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró pandemia por el brote de coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.1 A su vez, en nuestro país, el 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”.

A partir de entonces y hasta la fecha, los gobiernos nacionales y locales de todo el mundo han realizado enormes esfuerzos para prevenir y controlar los brotes de Covid-19. Las acciones han ido desde reforzar las medidas básicas de higiene de manos y promover el distanciamiento social, hasta acciones drásticas como el cierre completo de fronteras, toques de queda y restricción de toda actividad no esencial en algunas ciudades y estados.

En Yucatán, como parte de las llamadas “medidas de prevención” que se han llevado a cabo se encuentra el Plan de Mejora a la Movilidad en el Centro de Mérida.

Uno de los sectores más afectados a nivel nacional por el confinamiento provocado por la pandemia del virus SARS-CoV-2 Covid-19 es el de comercio en todas sus variantes: desde las grandes empresas, negocios familiares que han existido de generación tras generación hasta el comercio informal y los pequeños emprendedores.

No obstante, en Yucatán, se presentan los siguientes problemas2, 3, 4 :

Esto, derivado de las decisiones ejecutadas por el gobernador, como se puede apreciar en los siguientes apoyos visuales:

De lo anterior se evidencia claramente que las medidas implementadas por el gobierno del estado de Yucatán, no se adecúan a la realidad de la población del estado, específicamente la que se encuentra en el centro de la ciudad capital, Mérida, quienes tienen sus negocios y comercios, quienes bajo con la restricción de la movilidad por horario y, las macetas de concreto pegadas al pavimento de las calles del centro histórico de la ciudad de Mérida, tienen problemas para surtir sus negocios con mercancía al momento de maniobrar en espacios mínimos por la obstrucción de las referidas macetas en las horas con tráfico vehicular en las que no hay restricción de movilidad y, cuando no hay tráfico vehicular es porque ya se encuentra activada la restricción de movilidad que vigilan los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, sin aumentar el espacio de maniobra por no poder mover o modificar el espacio de las calles derivado de la presencia de las macetas en comento. Es necesario resaltar que los establecimientos de comercio han cumplido cabalmente con las medidas sanitarias impuestas por el gobierno local para seguir operando pero no se pueden surtir de insumos o producto para la venta, provocando pérdidas a los comerciantes.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas a realizar ejercicios de gobierno abierto implementando mesas de trabajo que se integren por representantes de todos los sectores de comercio, desde empresas hasta comercio informal, ambulantes y emprendedores, para establecer las medidas y lineamientos integrales de las reaperturas económicas 2021 derivadas de la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2.

Notas

1 OMS. 11 de marzo de 2020. Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la Covid-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-openin g-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—-11-march-2020

2 https://www.facebook.com/100055840097126/posts/146611883876814/?d=n

3 https://www.facebook.com/877055116/posts/10164493774425117/?d=n

4 https://sipse.com/novedades-yucatan/cierre-micronegocios-centro-merida- crisis-economica-provocada-coronavirus-covid-19-386975.html?fbclid=IwAR 3uu_9m5CYKVnPZ7Te_giLSV4B2m_HwJ24sEpiMWopAPPJDbj6jF4OHHns

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de citar a los titulares de la Sener, la CFE, la CRE y el Cenace a comparecer ante esta soberanía para explicar las causas del megaapagón que afectó a más de 10.3 millones de usuarios en el país, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El lunes 28 de diciembre se registró a las 14:28 horas una falla en las redes de transmisión de la CFE, que interrumpió la operación en 16 centrales eléctricas que generan 7 mil 500 megawatts, equiparable a lo que consume el Valle de México.

2. La falla, se extendió durante casi dos horas y afectó a más de 10.3 millones de usuarios, en amplias porciones de la Ciudad de México y el Estado de México, así como las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Saltillo, Culiacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Pachuca, Mérida y Oaxaca, entre otras.

3. Lo anterior, provocó que más de 10.3 millones de personas dejarán de trabajar en casa, atender a enfermos, que familiares de enfermos de Covid-19 que convalecen en sus casas y dependen de oxígeno, pasaron momentos angustiantes y puso en riesgo la vida de miles de personas en hospitales públicos y privados e, igualmente, provocó pérdidas millonarias en distintos sectores productivos.

4. Miles de afectados por la suspensión del servicio en las líneas A y 1 del Metro en la Ciudad de México, así como miles de fábricas y empresas con procesos paralizados en las poblaciones enumeradas.

5. El director de la CFE, Manuel Bartlett, convocó a conferencia virtual para explicar las causas del mega apagón, pero los responsables de transmisión y de distribución, señalaron que la interrupción del suministro de energía eléctrica fue provocada por un Desbalance en sistema eléctrico y pidieron tiempo para informar los detalles.

a. Cabe advertir que un desbalance en las redes de energía eléctrica , consiste en un desequilibrio entre la generación (oferta) y carga (demanda) –capacidad de las redes de transmisión de la energía eléctrica, para alojarla y transportarla-. Es decir que, la oferta –en este caso- podría haber sido superior a la capacidad instalada requerida en las líneas o redes de trasmisión , toda vez que, la energía eléctrica no se almacena, por lo que al tiempo que se genera se distribuye.

b. Por ello, resulta imprescindible, planificar el arranque de operaciones y su capacidad de generación de energía eléctrica, tanto de la CFE, como de los privados, y, de cierta forma sincronizar la ampliación y modernización de la Red de Transmisión, con el objeto de que la Red cuente con la capacidad e infraestructura suficiente y necesaria para alojar y transportar y distribuir la energía eléctrica a los consumidores mayoristas y de nivel básico.

c. Que valga destacar, por su importancia, que: “... La ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución es competencia de la Secretaría (de Energía), (...) escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE (...) ; dispone el artículo 14 de la Ley de la Industria Eléctrica.

6. Un día después, el martes 29 de diciembre, CFE emitió un comunicado donde atribuía las causas de la interrupción del suministro del fluido eléctrico a un incendio de pastizales debajo de las líneas de transmisión.

7. Tras el comunicado, los organismos de protección civil de la Entidad Federativa en donde supuestamente, fue señalada tuvo lugar el incendio, fueron desmentidos .

8. Por su parte, el Titular de Ejecutivo, -en su conferencia mañanera- declaró: que “se cuenta con un buen servicio de la CFE ”; y, que, “esta falla no se volverá a repetir” . Ello, sin la menor explicación técnica de la interrupción del flujo eléctrico, por parte de los responsables de actividades eminentemente técnicas .

9. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a esta Comisión, (...) como Empresa Productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, (...):

a) “...garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución , la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia” (...);

b) así como, “... prestar, (...) el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano (...); en todo el territorio nacional. (artículo 5).

10. A su vez, el artículo 2 de la Ley de la Industria Eléctrica , establece que: “La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, son áreas estratégica s”. Donde, (...) el Estado mantendrá su titularidad (...).

11. Y, el artículo 15 de esta Ley, dispone que (...); que, “El Estado ejercerá, el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional a través del Cenace (...), quien determinará los elementos de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución (...).

12. E, igualmente, a la Secretaría de Energía (en artículo 14), le prescribe que: “La ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución se realizarán conforme a los programas que al efecto autorice la Secretaría (de Energía), escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE ”.

13. Como puede advertirse, tanto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad como en la Ley de la Industria Eléctrica, no existen visos de que, en ningún momento se ceda la rectoría del Estado mexicano sobre el Sistema Eléctrico Nacional, a través de prerrogativas y menos aún la propiedad de la Nación, a ningún particular, o empresas privadas , en momento alguno .

Por el contrario, son contundente y reiteradas, las disposiciones contenidas en las leyes referidas: que es una actividad estratégica bajo la tutela directa del Estado mexicano quien mantiene en todo momento la titularidad, a través de la CFE, el Cenace, o la Secretaría de Energía. Lo cual, vale recalcar, desmiente las declaraciones vertidas por el Presidente, sobre infundios privatizadores.

14. Pero más allá de la retórica y sofismas ideológicos, lo verdaderamente relevante es la cuestión de resolver el tema como parte de las responsabilidades del Estado mexicano y evitar la ocurrencia de este tipo de eventos, que ocasionaron la suspensión del flujo de energía eléctrico a tantas familias mexicanas usuarias del servicio eléctrico en todo el territorio nacional: a 10.3 millones consumidores, en doce Entidades federativas, pero sobre todo de prevenirlas.

15. Cabe destacar que el Centro de investigación Económica y Presupuestaria, AC (CIEP) apunta, que un factor extra que abonó a la falla eléctrica, es la falta de inversión en el sistema de transmisión , lo que ha “congestionado” la red; la vuelve más costosa y le resta confiabilidad.

Otros analistas, señalan, que la administración actual ha fijado como objetivo principal aumentar la participación de la CFE en la generación de energía, pero ha descuidado la inversión en infraestructura de transmisión . Y, que si bien, La reforma energética abrió el mercado de generación eléctrica a los participantes privados, no así las actividades de distribución y transmisión , las cuales, quedaron exclusivamente en manos de la empresa eléctrica estatal.

Indagando en las cifras oficiales disponibles y no otros datos, encontramos que, desde en 2019 los montos de inversión de CFE Transmisión –la filial de la compañía encargada de esta actividad–, han disminuido de manera constante y significativa: En 2019, se redujo la inversión más de 24 por ciento en términos reales, respecto a 2018.

Y para 2020 se presupuestaron 3,826 millones de pesos , una caída superior al 50% en términos reales, pues, el año previo, sumó: 7 mil 222 millones de pesos. (Véase el siguiente cuadro).

Como ya señalábamos, la Ley de la Industria Eléctrica (artículo 14), estipula que será la Secretaría de Energía, como habrá de encargarse de: “La ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución se realizarán conforme a los programas que al efecto autorice la Secretaría (de Energía), escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE” (Comisión Reguladora de Energía) . Que valga decir, este Órgano autónomo, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, no obstante, eso no lo exime de cumplir sus responsabilidades legales, y funciones técnicas y competencias institucionales . Fundados en esta disposición, se solicita la comparecencia de su titular.

Ahonda el artículo l4, que los programas de modernización y ampliación de la Red Eléctrica..., a cargo de Sener; entre otros, principios, (...) “procurarán la operación del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad ”.

Frente a la magnitud del perjuicio a tantas y tantos millones de usuarios que fueron privados del servicio eléctrico: 10.3 millones de usuarios de mexicanas y mexicanos a lo largo del territorio nacional, las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, desde la Cámara de Diputados, en su carácter, de parte integrante del Estado mexicano, -consagrado en la Carta Magna, en el marco de un régimen democrático, propondremos, que comparezcan ante la Comisión Permanente, los titulares de Secretaria de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad, el Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía y el del Centro Nacional de Control de Energía, con la finalidad de que expliquen las causas reales que ocasionaron el mega apagón o, mejor dicho el desabasto de energía a la población.

Asimismo, por la trascendencia al tratarse de un área estratégica definida en la Constitución, también exhortaremos a las autoridades correspondientes a que realicen una investigación independiente para determinar las causas de la suspensión inesperada de electricidad mencionado, a efecto de determinar las responsabilidades técnicas, administrativas e institucionales .

Pues resulta profundamente alarmante, qué hasta el momento no se esclarezca ni se tenga una versión completa e integral y fidedigna, máxime, cuanto que se trata de un área estratégica en donde el Estado mexicano, es el responsable en primera y última instancia, de acuerdo con el marco legal y Constitucional vigente.

Por lo expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía, a comparecer ante esta soberanía a efectos de explicar las cusas reales que originaron la suspensión del suministro de energía eléctrica el 28 de diciembre de 2021, y que afectó a más de 10.3 millones de usuarios del servicio eléctrico en diversas entidades federativas del territorio nacional y conocer la situación que guarda la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Eléctrico Nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a conformar un grupo plural de trabajo que investigue las causas que ocasionaron la interrupción del suministro de energía eléctrica a que se refiere el resolutivo anterior.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Jorge Casarrubias Vázquez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Antonio Ortega Martínez, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a homologar por la Ssa, el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica y el CSG los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento del infarto agudo al miocardio en las instituciones de salud, a cargo de la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Infarto agudo al miocardio

A escala mundial los síndromes coronarios agudos son una causa importante de morbilidad y mortalidad. De acuerdo a datos recientes, en un año más de 6 millones de personas tienen un infarto agudo del miocardio y su prevalencia aumentará 33 por ciento.

Incluso, se ha considerado que la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares ocupa el primer sitio en el mundo desde 2005. La Organización Mundial de la Salud reportó 17.3 millones de defunciones en 2013 (31.5 por ciento) y en ese mismo año predijo un incremento de 36 por ciento a 2030.

En 2016, la American Heart Association reportó en su actualización sobre estadísticas en enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, que alrededor de 15.5 millones de personas con edad igual o mayor de 20 años padecen enfermedad arterial coronaria, con un incremento para ambos sexos en la prevalencia. Se ha estimado que aproximadamente cada 42 segundos un paciente sufre un infarto agudo al miocardio en los Estados Unidos.

A pesar de que el número absoluto de casos de enfermedad cardiovascular ha incrementado significativamente, la mortalidad ha disminuido en 22 por ciento en el mismo periodo. Datos sobre 44 años de seguimiento a la cohorte del estudio Framingham y 20 años de vigilancia a su descendencia han permitido realizar algunas aseveraciones con respecto a la incidencia de IAM, angina estable e inestable y muerte por padecimientos coronarios.

Para pacientes de 40 años de edad hay un riesgo acumulado de 49 por ciento de desarrollar enfermedad coronaria para hombres y 32 para mujeres. Para quienes alcancen 70 años de edad, el riesgo es de 35 para hombres y 24 para mujeres.

La incidencia de eventos coronarios incrementa de manera estrecha con relación a la edad, teniendo las mujeres un rezago aproximado de 10 años con respecto a los hombres, sin embargo, esta brecha en la incidencia de acorta progresivamente con la edad. La incidencia para los grupos de edad entre 65 y 94 años, comparado con 35 a 64 años, se duplica en los hombres y se triplica en las mujeres respectivamente.

Las manifestaciones serias de la enfermedad arterial corona (IAM, muerte súbita) son infrecuentes en mujeres premenopausias. Antes de los 65 años de edad, la incidencia anual de todos los eventos coronarios en hombres es de 12 por cada mil habitantes, mientras que en mujeres la incidencia es de 5 por cada mil habitantes.

Los eventos coronarios comprenden de 33 a 65 por ciento de los eventos ateroescleróticos cardiovasculares en hombres y de 28 a 58 en mujeres. En mujeres con edad menor de 75 años, la angina de pecho fue más frecuente que el infarto al miocardio como manifestación inicial de la enfermedad arterial coronaria.

En hombres la angina ocurre más frecuentemente posterior a un infarto al miocardio (66 por ciento), La enfermedad arterial coronaria es la principal causa de muerte en adultos en Estados Unidos, representando una tercera parte del total de muertes.

En México, el primer registro nacional de síndromes coronarios (Renasica I) identificó las características epidemiológicas, terapéuticas y realizo una estratificación de riesgo. El segundo registro nacional (Renasica II), Renasca y ACCES confirmó observaciones previas. El tercer registro nacional Renasica III, realizado en el 2014, nos brindó información complementaria de gran relevancia para conocer el escenario nacional.

En el país, dichos registros han permitido concluir que las enfermedades cardiovasculares también representan la primera causa de muerte en mayores de 60 años, y la segunda causa en la población en general, contribuyendo aproximadamente a 10 por ciento de todas las causas de mortalidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó 116 mil 2 defunciones en 2015, 70 por ciento por infarto agudo de miocardio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos colocó desde 2013 a México como el país con la mayor mortalidad en mayores de 45 años por infarto agudo de miocardio, a los 30 días o menos del evento, con 27.2 por ciento, comparado con el 7.9 de la media del resto de países miembros, incluso debajo de países de la región, como Chile.

La población mexicana enfrenta un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, debido a una gran prevalencia de factores de riesgo, como obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial sistémica, diabetes, dislipidemia y tabaquismo, así como estilos de vida poco saludables, con pobre práctica de ejercicio, consumo de alimentos con alto contenido de grasas animales, carbohidratos y bebidas azucaradas.

Se ha documentado que hasta 68 por ciento de pacientes mexicanos jóvenes tienen más de tres factores de riesgo7 y en el primer estudio de vida real en el IMSS en pacientes con síndrome coronario agudo (Renasca, IMSS) hasta 65 por ciento de los pacientes eran de alto riesgo.

El síntoma cardinal que inicia la sospecha diagnóstica de un síndrome coronario agudo en el paciente es el dolor precordial.

Con base en el electrocardiograma (ECG), se diferencian dos grandes grupos:

a) Los pacientes con dolor precordial agudo y elevación persistente del segmento ST (>20 min). Suele reflejar una oclusión total aguda de alguna arteria coronaria. La mayoría de los pacientes desarrollaran un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST.

b) Los pacientes con dolor precordial agudo sin elevación persistente del segmento ST.

Los cambios en el ECG pueden incluir elevaciones transitorias del segmento ST, depresión permanente o transitoria del ST, inversión e las ondas T, ondas T aplanadas, seudonormalización de las ondas T, o incluso un ECG normal.

El espectro clínico del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST puede incluir desde pacientes asintomáticos, hasta pacientes con isquemia, inestabilidad hemodinámica y/o eléctrica, o paro cardiaco.

Cuando existe necrosis a nivel del cardiomiocito el evento en cuestión se trata de un infarto agudo sin elevación del ST; si por otra parte existe isquemia miocárdica sin pérdida celular, el evento se clasifica como angina inestable (AI).

El infarto agudo al miocardio (IAM) se define como la necrosis del cardiomiocito, en un cuadro clínico consistente con isquemia miocárdica.

Para cumplir los criterios diagnósticos de IAM se requiere de una detección sérica de enzimas cardiacas, preferiblemente troponina (Tn) ultrasensible, con al menos un valor arriba del percentil 99 (p99) del límite de referencia superior (LRS) y al menos uno de los hallazgos:

1. Síntomas de isquemia.

2. Cambios nuevos (o presumiblemente nuevos) en el segmento ST, onda T o un nuevo bloqueo de rama izquierda en un ECG de 12 derivaciones.

3. Desarrollo de ondas Q patológicas en el ECG.

4. Evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o alguna anormalidad segmentaria en la movilidad. 5) Un trombo intracoronario detectado por angiografía o autopsia.

Asimismo, los tipos de infarto pueden subclasificarse de acuerdo con su etiología de acuerdo con la Tercera Definición Universal de IAM:

– Tipo 1. Se caracteriza por la ruptura, ulceración, fisura, erosión o disección de una placa ateroesclerótica, resultando en la formación de un trombo intraluminal en una o más arterias coronarias, conduciendo a una disminución del flujo miocárdico y/o a la embolización distal y subsecuente necrosis miocárdica.

– Tipo 2. Se genera por un desbalance entre el aporte miocárdico de oxígeno y la demanda. Los mecanismos incluyen el espasmo coronario, disfunción endotelial, taquiarritmias, bradiarritmias, anemia falla respiratoria, hipotensión e hipertensión severa. Ocasionalmente, en pacientes graves o los sometidos a cirugías mayores no cardiacas, los efectos de agentes farmacológicos o toxinas pueden ser los causantes del desbalance.

– Tipo 3. IAM que resulta en la muerte del paciente cuando no se pueden solicitar biomarcadores. ? Tipo 4.- IAM relacionado a intervención coronaria percutánea (ICP).

– Tipo 4. La presencia de niveles plasmáticos de Tn > 5 veces mayores al p99 del LRS, en pacientes con valores basales normales, o en caso de que estos estén elevados, un incremento superior a 20 por ciento. A esto debe sumarse al menos una de las siguientes condiciones:

• Alteraciones nuevas en el ECG.

• Oclusión de una arteria coronaria mayor o un ramo colateral, o flujo lento persistente, o embolización.

• Imágenes que evidencien una pérdida nueva de miocardio viable o nuevas alteraciones segmentarias en la contractilidad. o Tipo 4b. Infarto al miocardio provocado por trombosis del stent, detectado por angiografía o autopsia, en el escenario de isquemia miocárdica y ascenso o descenso de los niveles plasmáticos de biomarcadores, con al menos un valor por encima del p99 del LRS.

– Tipo 5. IAM relacionado con cirugía de revascularización miocárdica (CABG) el cual se define de forma arbitraria por una elevación de biomarcadores cardiacos

>10 mayores al de la p99 del LRS. A esto debe sumarse por lo menos una de las siguientes condiciones:

• Nuevas ondas Q patológicas o bloqueo de rama izquierda.

• Nueva oclusión de puente o arteria coronaria nativa, documentada por angiografía.

• Imágenes que evidencien una pérdida nueva de miocardio viable o nuevas alteraciones segmentarias en la contractilidad.

El dolor precordial típico se caracteriza por una sensación de presión o “pesantez” retroesternal, con irradiación al brazo izquierdo (menos frecuentemente ambos brazos o al brazo derecho), cuello o mandíbula, el cual puede ser intermitente (usualmente durante varios minutos), o persistente. Puede ser acompañado de síntomas adicionales como diaforesis, nausea, dolor abdominal, disnea o síncope. Las presentaciones atípicas incluyen dolor epigástrico, síntomas de indigestión o disnea aislada. Los síntomas atípicos se observan más frecuentemente en ancianos, mujeres, y en pacientes con comorbilidades como diabetes, enfermedad renal crónica o demencia. La exacerbación de los síntomas con el esfuerzo físico, así como su atenuación con el reposo, incrementan la posibilidad de que la etiología del dolor sea isquemia miocárdica.

El dolor anginoso en el escenario de un SICA sin elevación suele tener la siguiente presentación.

• Dolor anginoso prolongado (>20 min) en reposo.

• Angina de novo (al menos clase II-III de la Clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense (CCS).

• Cambios recientes en la semiología de la angina previamente caracterizada como estable (al menos CCS clase III) (angina en crescendo).

• Angina post-IAM. El dolor prolongado se observa en alrededor de 80 por ciento de los pacientes, mientras que el dolor de novo/crescendo se observa en 20.

II. Protocolos de atención

En el ejercicio de la medicina, es común que los profesionales de la salud tengan que tomar múltiples decisiones en poco tiempo y bajo presión. Si a ello se le añade que existen temas en los que los médicos pueden tener diferentes opiniones sobre el valor relativo de las diversas opciones de tratamiento o las estrategias diagnósticas de un proceso, se entiende que sea fácil que ante un mismo problema varios profesionales opten por actitudes muy diferentes, lo que explica en parte la variabilidad que se observa en la práctica clínica.

Las diferencias en la toma de decisiones sobre pacientes individuales pueden deberse a

• Incertidumbre: no hay evidencia científica de calidad sobre el valor de los posibles tratamientos o de los métodos diagnósticos.

• Ignorancia: existe evidencia científica, pero el médico la desconoce o no la tiene actualizada.

• Presiones externas: el profesional conoce el valor de las pruebas o tratamientos, pero emplea otras pautas.

• Recursos y oferta de servicios: Al no disponer de la técnica diagnóstica o del tratamiento recomendado se utiliza una alternativa. También ocurre lo contrario, una disponibilidad elevada puede inducir a un uso excesivo.

• Preferencias del paciente: en la mayoría de los casos la decisión última la tiene el paciente o su familia y sus valores y preferencias también cuentan de forma que pueden hacer que las acciones varíen significativamente de un paciente a otro.

Para paliar estos aspectos los diferentes servicios de salud como las sociedades científicas y los responsables de la política sanitaria se preocupen por generar y publicar recomendaciones o estándares sobre cómo actuar en estas circunstancias.

Históricamente, la práctica médica ha conllevado un fuerte componente de experiencia y juicio personal, sin embargo, en las últimas décadas esto ha cambiado mediante la incorporación paulatina del conocimiento científico a la práctica clínica, transparencia y capacidad evaluadora. El enorme crecimiento de la ciencia y de la innovación biomédica, el desarrollo de aplicaciones que permiten el uso de gran cantidad de información en la toma de decisiones clínicas y los grandes avances en las comunicaciones y en la tecnología de la información, han modificado y seguirán modificando la forma en la que los profesionales de la salud se enfrentan a los múltiples problemas del ejercicio de su profesión.

La medicina está cambiando en cuanto a cómo se gestiona el conocimiento y cómo se comparte con los pacientes. Las guías forman parte de este cambio. En el mundo de hoy la evidencia es global pero las decisiones son locales y se toman en circunstancias concretas sobre pacientes concretos. Para que los profesionales tomen las decisiones correctas han de disponer de información de calidad que se pueda interpretar y aplicar en aquel sitio donde se precisa. De tal cúmulo de necesidades y avances ha surgido la medicina basada en la evidencia y los nuevos enfoques en gestión de la información científica.

Derivado de este enfoque, en el país se modificó durante 2019 el término de guías de práctica clínica a guías de evidencias y recomendaciones .

Las Guías de Práctica Clínica, actualmente Guías de Evidencias y Recomendaciones, son el conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria de los pacientes”. No obstante, un protocolo de atención resulta más integral y puede tener mayores efectos vinculatorios, aunado a que en el ámbito internacional la tendencia más actual es precisamente la de migrar hacia la emisión de protocolos.

Entre los diferentes aspectos que pueden motivar la necesidad de elaborar una guía de recomendaciones, o un protocolo de atención, y por lo tanto de donde surgen también los temas para su desarrollo (Calderón E, 2000; Bonfill X, 2003), están los siguientes:

• Cuando existe una amplia variabilidad en la manera de abordar determinadas áreas de práctica clínica.

• Ante determinados problemas de salud con gran impacto social y económico en los que no existe consenso a la hora de abordarlos y afectan a varios niveles asistenciales.

• Cuando una práctica clínica adecuada puede ser decisiva para reducir la morbimortalidad de determinadas enfermedades.

• En circunstancias donde las pruebas diagnósticas o los tratamientos produzcan efectos adversos o costes innecesarios.

El ejercicio de la medicina incluye tomar las decisiones correctas en todos los pacientes, protocolizar la asistencia, y de la amplia variabilidad clínica observada, surgió la necesidad de disponer de herramientas capaces de ofrecer la mejor información de forma simple, rápida y transparente.

La Secretaría de Salud cuenta con atribuciones para promover y coordinar la participación en el Sistema Nacional de Salud, de los prestadores de servicios de salud, de los sectores público, privado y social, así como de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos.

Asimismo, su reglamento interior prevé facultades para difundir sistemática y objetivamente información –entre otros rubros–, sobre guías de práctica clínica a fin de promover su uso apropiado, seguro y eficiente como instrumento para la toma de decisiones en beneficio de la población y la excelencia en la práctica clínica, así como la coordinación permanente con los organismos nacionales e internacionales, en la materia, para el intercambio de información y participación continua.

Con base en las facultades mencionadas y a efecto de dar cumplimiento al artículo 4o. Constitucional, a través de la prestación de servicios de salud en establecimientos de atención médica con niveles de calidad homogénea para toda la población en general, la Secretaría de Salud, emitió un Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de 13 de junio de 2008.

Su motivación radicó en la conveniencia del establecimiento de marcos de referencia que fomentaran las prácticas clínicas adecuadas, con recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible, promoviendo la atención más efectiva, el uso eficiente de los recursos, la satisfacción de los usuarios y la calidad técnica de la prestación que se brinda.

Asimismo, se buscó replicar los ejercicios que en la materia se realizaron por organizaciones especializadas como son la Red Internacional de Guías de Práctica Clínica y la Red Iberoamericana de Guías de Práctica Clínica, de las que México forma parte, a través del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, que apoya la colaboración, el intercambio y la transferencia de conocimientos.

El Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, creado como un órgano asesor de la Secretaría de Salud, tiene por objeto unificar los criterios de priorización, elaboración, actualización, integración, difusión y utilización de guías de práctica clínica y protocolos de atención médica en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para proponer los criterios necesarios para evaluar su aplicación.

El Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica cuenta con facultades para

I. Proponer las políticas y criterios específicos para la elaboración, adopción, adaptación y difusión de las guías de práctica clínica en las instituciones del Sistema Nacional de Salud;

II. Coadyuvar en la propuesta para priorizar los temas en el desarrollo de guías de práctica clínica;

III. Coadyuvar en el desarrollo y actualización de la Metodología para la elaboración, adopción y adaptación de guías de práctica clínica;

IV. Coadyuvar en la definición de las estrategias, políticas y criterios para la implantación y evaluación del impacto de las guías de práctica clínica en las unidades médicas del Sistema Nacional de Salud;

V. Promover la colaboración de las instituciones del Sistema Nacional de Salud para el desarrollo de guías de práctica clínica;

VI. Proponer un plan de trabajo anual, que sirva de directriz general para la conformación de políticas, criterios y estrategias para el desarrollo, difusión, utilización y evaluación de las guías de práctica clínica;

VII. Coadyuvar en la difusión de las disposiciones aplicables y de los resultados del comité; y

VIII. Las demás que le asigne el Secretario de Salud, para el adecuado desempeño de sus funciones.

El referido comité se integra por

I. El subsecretario de Innovación y Calidad (Preside);

II. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud;

III. El titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad;

IV. El comisionado nacional de Protección Social en Salud;

V. El comisionado nacional de Arbitraje Médico;

VI. El director general de Calidad y Educación en Salud;

VII. El director general de Evaluación del Desempeño;

VIII. El director general de Información en Salud;

IX. El titular del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud;

X. El secretario técnico del Consejo Nacional de Salud;

XI. Un representante del Consejo de Salubridad General;

XII. El director general de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional;

XIII. El director general Adjunto de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina, Armada de México;

XIV. El director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social;

XV. El subdirector General Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

EXVI. El subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos;

XVII. El director general de Rehabilitación y Asistencia Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

XVIII. Tres secretarios estatales de salud o su equivalente en las entidades federativas;

XIX. El presidente de la Academia Nacional de Medicina, AC; y

XX. El presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, AC.

Por otra parte, cuenta con un grupo de asesores permanentes que se integra por los presidentes de las siguientes asociaciones civiles, previa aceptación que realicen por escrito del cargo, dirigida al presidente del comité:

I. Fundación Mexicana para la Salud, AC;

II. Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicina, AC;

III. Asociación Mexicana de Hospitales, AC;

IV. Asociación Nacional de Hospitales Privados AC; y

V. Sociedad Mexicana de Calidad de Atención a la Salud, AC.

Además, es de mencionar que las instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, de carácter asistencial, académico o científico, de reconocido prestigio y con amplios conocimientos en la materia objeto del Comité y las organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio que realicen actividades relacionadas con las funciones del Comité, y que estén legalmente constituidas, pueden ser invitadas a las sesiones del mismo.

Independientemente de las atribuciones con las que cuenta el referido Comité, el artículo 32 de la Ley General de Salud, establece que los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse en las Guías de Práctica Clínica y los medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

III. Guías existentes para la atención de infarto agudo al miocardio

• Protocolo para atención de infarto agudo de miocardio en urgencias: Código infarto.

• Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad por Infarto Agudo al Miocardio.

• Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica en niños.

• Prevención, diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica en adultos en los tres niveles de atención.

• Detección y estratificación de factores de riesgo cardio.

• Diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento.

• Guías clínicas para el manejo del infarto agudo al miocardio.

En adición, aunque no se trata de guías directamente relacionadas con el infarto agudo al miocardio, pero repercuten en su tratamiento o se trata de comorbilidades:

• Guía de práctica clínica. Diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular.

• Guías clínicas para la detección, prevención, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial sistémica.

De lo expuesto se advierte que actualmente existe una dispersión y falta de uniformidad respecto a los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento del infarto agudo al miocardio, lo cual, considerando que dicha enfermedad tiene grandes impactos en la calidad de vida e independencia del paciente, incluso llegando a la discapacidad total y la muerte, así como costos vinculados a la misma, muchos de los cuales recaen precisamente en el sector salud, se estima que se requiere contar con protocolos únicos de atención para el caso de infarto agudo al miocardio.

Luego entonces, en función de los datos arrojados por las diversas fuentes citadas, es que esta legisladora considera necesario que se homologuen los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento del Infarto Agudo al Miocardio en las diversas instituciones de salud, es decir, Ssa, IMSS, ISSSTE e Insabi, idealmente en instrumentos que cuenten con efectos vinculatorios y que permitan un abordaje integral del padecimiento, como pueden ser los protocolos de atención.

Ello, considerando que este derecho se encuentra consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Adicionalmente a lo ya sustentado, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece que “El gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos”.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, bajo el rubro Salud para toda la población, también menciona que el derecho a la salud le es denegado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la población mexicana, lo cual cobra mayor importancia, justamente en los casos de enfermedades respiratorias.

Por otra parte, a través del Plan Nacional de Salud 2019-2024, (dado a conocer a través del denominado proyecto) se plantea el objetivo de incrementar el acceso a la salud de forma paulatina para todos los mexicanos, independientemente de su condición laboral o socioeconómica.

Debemos pues considerar que el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica cuenta con atribuciones suficientes para proponer las políticas y criterios específicos para la elaboración, adopción, adaptación y difusión de las guías de práctica clínica en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como coadyuvar en la propuesta para priorizar los temas en el desarrollo de guías de práctica clínica, y promover la colaboración de las instituciones del Sistema Nacional de Salud para el desarrollo de guías de práctica clínica.

Asimismo, la Secretaría de Salud, a través de uno de sus órganos desconcentrados se encuentra facultada para difundir sistemática y objetivamente información -entre otros rubros-, sobre guías de práctica clínica a fin de promover su uso apropiado, seguro y eficiente como instrumento para la toma de decisiones en beneficio de la población y la excelencia en la práctica clínica, así como la coordinación permanente con los organismos nacionales e internacionales, en la materia, para el intercambio de información y participación continua.

El Consejo de Salubridad General cuenta con atribuciones para participar, en el ámbito de su competencia, en la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, así como para proponer políticas y estrategias y definir acciones para la integración de un modelo articulado que permita el cumplimiento del programa sectorial de salud, especialmente por lo que hace a los destinados a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios, brindar protección financiera en salud a toda la población e incrementar la cobertura de los servicios.

Luego entonces, resulta necesario que dichas instancias realicen las acciones procedentes, necesarias y suficientes para homologar los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento del Infarto Agudo al Miocardio en las diversas instituciones de salud, idealmente en protocolos de atención que otorguen un abordaje integral de la enfermedad y cuente con efectos vinculatorios.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, y en lo conducente el Consejo de Salubridad General, se homologuen los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento del infarto agudo al miocardio en las diversas instituciones de salud, es decir, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e Instituto de Salud para el Bienestar.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Senadora Nestora Salgado García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través la Ssa, en coordinación con los gobiernos locales, a promover, reforzar y dar máxima difusión a una estrategia urgente de prevención y cuidado de la salud física y mental en tanto se mantenga el semáforo epidemiológico establecido en México frente a la pandemia por el SARS-Cov2, a cargo de la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables; somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas promuevan, refuercen y den máxima difusión de una estrategia emergente de prevención y cuidado de la salud física y mental, en tanto se mantenga vigente el semáforo epidemiológico establecido en México frente a la pandemia por el virus SARS-CoV-2, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se ha cumplido ya un año de que las autoridades sanitarias de Wuhan, provincia de Hubei, en China, notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una serie de brotes de una enfermedad por neumonía causada por coronavirus, que posteriormente se denominó Covid-19.

Desde el mes de marzo del año 2020, luego de realizar el análisis correspondiente y de detectar los alarmantes niveles de propagación de este nuevo virus y su posible gravedad, la OMS determinó en su evaluación que la Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia.

Fue entonces que las alarmas internacionales de los sistemas de salud se encendieron, obligando a los gobiernos de distintas regiones del mundo a adoptar medidas emergentes ante la inminente propagación del virus.

A través de los medios de comunicación se hacía cada vez más del conocimiento de la población mundial la sintomatología, características propias de la enfermedad que se fueron identificando, así como medidas para prevenir y el modo para detectar el virus en el cuerpo humano. La OMS brindó a su vez otras recomendaciones en torno a pruebas de laboratorio y medidas para gestionar los posibles casos positivos.

Una de las principales medidas conocidas desde entonces, para prevenir el contagio por la Covid- 19, es el distanciamiento físico. La OMS recomendó desde entonces mantener una distancia de al menos un metro con los demás, indicando que es una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a la Covid-19.1

Aunado al distanciamiento físico la OMS ha recomendado a su vez el uso de mascarillas médicas que deben combinarse con otras medidas clave de prevención y control de las infecciones, como la higiene de las manos.

Para los gobiernos que adoptaron estas medidas recomendadas por la autoridad en materia de sanidad internacional, ha representado un reto hacer llegar las recomendaciones a la población en general y hacerla participe de estrategias de prevención y actuación frente a la presencia del virus. El fomento de una cultura para la prevención del contagio y medidas de control adecuadas no es tarea sencilla.

Difusión de la información para la prevención y control en los medios de comunicación masiva, internet, radio, televisión, periódicos, editoriales, entre otros, es una de las herramientas principales de los gobiernos para hacer llegar las recomendaciones a la población de manera general; para el caso de los gobiernos locales hacer llegar esta información ha representado el diseño emergente de un sinfín de acciones y medidas para concientizar a la ciudadanía.

En el caso de nuestro país, el gobierno de la República diseñó ante la emergencia sanitaria la denominada “Jornada Nacional de Sana Distancia” y a partir del 1 de junio de 2020 se estableció un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico que incluye una serie de medidas de salud pública y del trabajo y bajo la denominación de “Nueva Normalidad” se han elaborado lineamientos técnicos de seguridad sanitaria.

Desde entonces el semáforo de riesgo epidemiológico, como sistema de monitoreo del riesgo de contagio se definió que fuera por color estatal, correspondiendo a los colores, rojo, naranja, amarillo y verde para identificar el grado de riesgo de cada entidad federativa.

Si bien y ante la emergencia sanitaria, por el gobierno federal se definieron estrategias emergentes de información ante la presencia del virus, dichas políticas resultaron desde un principio poco claras, con declaraciones incongruentes o contradictorias de servidores públicos, que sin duda han afectado en la percepción de la enfermedad y el actuar en la población nacional.

Con esta proposición se busca que, bajo acciones coordinadas por el Poder Ejecutivo federal, con los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como con los municipios del país y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se promueva y fortalezca una estrategia nacional de información permanente sobre las acciones de prevención, detección y tratamiento de la enfermedad por Covid-19.

Se busca que sea una estrategia coordinada con la federación, estados, municipios y demarcaciones, pues en la actualidad parte de la diversidad de administraciones municipales y estatales han optado por acciones como el voceo y perifoneo de la información, la impresión de carteles, la difusión de videos y capsulas informativas, el establecimiento de cercos sanitarios entre otras medidas que deben generalizarse para poder concientizar y atender a la población durante la emergencia sanitaria de una forma efectiva.

Sumado a este llamado de coordinación intergubernamental para el cuidado de la salud publica frente a la propagación del Covid-19, se debe reforzar una estrategia emergente de cuidado y atención de la salud mental para atender los efectos que la pandemia ha ocasionado en la población nacional.

La propia Organización Mundial de la Salud ha definido una serie de consejos y recomendaciones para que los ciudadanos cuiden su salud mental bajo el argumento de que las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas requieren tiempo para acostumbrarse.

Indica la organización que estos cambios en los hábitos de vida y el enfrentarse al temor de contraer Covid-19 y a la preocupación por las personas próximas más vulnerables es difícil, y puede resultar especialmente duro para las personas con trastornos de salud mental.2

La OMS también ha informado que la pandemia está provocando un incremento de la demanda de servicios de salud mental. El duelo, el ?aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo están generando o agravando trastornos de salud mental. ?Muchas personas han aumentado su consumo de alcohol o drogas y sufren crecientes problemas de insomnio ?y ansiedad. Por otro lado, la misma Covid-19 puede traer consigo complicaciones neurológicas y mentales, ?como estados delirantes, agitación o accidentes cerebrovasculares. Las personas que padecen trastornos ?mentales, neurológicos o derivados del consumo de drogas también son más vulnerables a la infección del ?SARS-CoV-2 y podrían estar expuestos a un mayor riesgo de enfermedad grave e incluso de muerte.3 ?

Una medida por el Ejecutivo federal para atender este problema en nuestro país fue la disposición de una línea telefónica denominada “Línea de la Vida” no obstante su poca difusión para la atención de la ciudadanía ante una situación de emergencia en materia salud mental ha llevado a un desconocimiento de esta política.

Es urgente que exista una estrategia intergubernamental coordinada, exclusivamente para la atención de la salud mental frente a la pandemia, que cuente con máxima difusión en los medios de comunicación y con la capacidad para atender a la población que lo requiera.

La estrategia telefónica que se ha implementado deberá contar con mayor difusión para el pleno conocimiento de la ciudadanía que necesita orientación psicológica y atención frente a una emergencia por algún problema derivado de la salud mental.

En días recientes se ha informado la alarmante cifra de más de 127 mil muertes por Covid-19 pero es muy pronto para estimar las cifras de muertes, que, por los efectos y daños a la salud mental, se han dado en México y el mundo, derivadas de la pandemia.

Si bien, transitar a la definición de acciones frente a una situación de salud pública, con efectos en el entorno económico y social tendrá que ser parte de la actualización de la normatividad aplicable y la definición de políticas necesarias, las acciones emergentes podrán representar un avance ante la emergencia sanitaria por la que nuestro país y el mundo están atravesando.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como con los municipios del país y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el marco de sus atribuciones, promuevan, fortalezcan y den máxima difusión de una estrategia nacional coordinada, de información permanente sobre las acciones de prevención, detección y tratamiento de la enfermedad por Covid-19, en tanto se mantenga vigente el semáforo epidemiológico establecido frente a la pandemia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, en el marco de sus atribuciones, promuevan, refuercen y den máxima difusión de una estrategia emergente de atención psicológica vía telefónica, para atender los efectos a la salud mental que la pandemia por el virus SARS-CoV-2 ha ocasionado en la población nacional.

Notas

1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/q-a-coronaviruses/ Consultado el 2 de enero de 2021.

2 https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronav irus/healthyathome/healthyathome—-mental-health/ Consultado el 2 de enero de 2021.

3 https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental- health-services-in-most-countries-who-survey/ Consultado el 2 de enero de 2021.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el ISSSTE y el IMSS a seguir impulsando entre los servidores públicos adscritos a ellos ser responsables y mediante sus acciones concientizar a la población sobre el respeto de las medidas sanitarias, como uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y confinamiento voluntario, pues contribuyen a disminuir el contagio de Covid-19, suscrita por las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del PT

Las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Nancy de la Sierra Arámburo , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social para, en el ámbito de sus atribuciones, a seguir impulsando entre los servidores públicos adscritos a cada una de estas instituciones a ser responsables y mediante sus acciones concienticen a la población en el respeto de las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, lavado de manos, la práctica de la sana distancia y el confinamiento voluntario, tomando en cuenta que todas ellas contribuyen a disminuir el contagio de la Covid-19 , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A un año de la detección de la primera persona contagiada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, las cifras de contagios diarios continúan rompiendo récords mundiales. Conforme el año 2020 se acercaba a su fin, la segunda ola de contagios por coronavirus repuntó enormemente en casi todo el orbe.

Al comenzar el otoño y con ello la temporada de influenza estacional, el número de casos nuevos diarios a nivel global se disparó. En diciembre de 2020 el aumento de casos de Covid-19 en Estados Unidos y Canadá fue especialmente preocupante ante la cercanía del invierno boreal, ello de acuerdo a las declaraciones realizadas por la directora para América de la Organización Mundial de la Salud.

En Europa, el aumento de casos ha llevado a la aplicación de medidas más restrictivas. En España, las autonomías endurecen sus restricciones ante el aumento de la incidencia en la que ya es la tercera ola del virus a la que se enfrenta el país. En otros lugares como Reino Unido, Alemania, Francia o Italia, donde la segunda ola del virus sigue marcando máximos, las autoridades ya se plantean ampliar restricciones aún sin conocer el impacto de los movimientos durante la temporada decembrina.

El 4 de diciembre del año anterior, el mundo sobrepasó las 1.5 millones de muertes como consecuencia de la pandemia. Actualmente, el planeta Tierra está, lamentablemente, cerca de superar los dos millones de personas fallecidas. En materia de contagios Estados Unidos continúa batiendo sus propias cifras. Por ejemplo, en la fecha anteriormente citada, tan sólo 250 mil personas estadounidenses contrajeron la enfermedad.

En nuestro país, la temporada invernal también ha sido acompañada con un incremento en el número de contagios por Covid-19. Ejemplo de ello es que para el día 2 de enero de 2021, el reporte diario realizado por el gobierno de la Ciudad de México informó, que en los hospitales de la capital del país había 6 mil 225 personas internadas, una disponibilidad de camas de hospitalización general de 21.3 por ciento y de 19.9 por ciento en las reservadas para quienes están críticamente enfermos y requieren intubación.

De acuerdo con este reporte, hubo un importante incremento en las hospitalizaciones en la ciudad, ya que al 1 de diciembre, se registraron 3 mil 839 personas hospitalizadas y para el 1 de enero había 6 mil 155 pacientes, lo que indica que el número de ingresados en las instituciones de salud de la capital creció 62 por ciento.

Del 4 al 17 de enero cinco estados de la República Mexicana permanecerán en el color rojo del semáforo epidemiológico, 22 en naranja, 3 en amarillo y 2 en color verde, debido al alza de contagios por coronavirus y el aumento de ocupación hospitalaria, informó la Secretaría de Salud por medio de su página oficial.

Las entidades federativas que estarán en color rojo del semáforo epidemiológico son: Ciudad de México, estado de México, Baja California, Guanajuato y Morelos. Mientras tanto, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, permanecerán en color amarillo (riesgo medio) y Campeche y Chiapas en color verde (riesgo bajo).

El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido con la atención sanitaria para toda la población. Por ello, durante todo el año 2020 la Secretaría de Salud federal, en coordinación con los titulares del poder ejecutivo y de la rama de salud en las 32 entidades federativas de nuestro país, han hecho un enérgico llamado a la población para evitar el aumento en el número de contagios, a través de la contención y mitigación de la propagación del letal virus.

Hasta el 4 de enero de 2021 en México existían 1 millón 448 mil 755 casos confirmados de la enfermedad Covid-19, provocada por el virus SARS-CoV-2. Se han recuperado 1 millón 98 mil 431 personas de la enfermedad y debemos lamentar 127 mil 213 defunciones confirmadas por Covid-19.

Paralelamente a la batalla que se libra en miles de hospitales alrededor del mundo, la civilización humana unió esfuerzos y, en un hecho sin precedentes, las farmacéuticas más importantes del mundo desarrollaron la vacuna contra el virus SARS-Cov-2, en menos de un año.

Las principales vacunas que ya han comenzado sus procesos de producción, distribución y autorización sanitaria o que están cerca de ello son:

Fuente: Coronavirus Vaccine Tracker. The New York Times.

Ante el desarrollo de la vacuna, México ha sido uno de los países pioneros en asegurarla para su población y estar en capacidad de aplicarla de manera oportuna, universal y gratuitamente. Por ello, el Gobierno de México ha firmado contratos que le garantizan al Estado mexicano la obtención gradual de 179 millones de dosis,1 en aras de garantizar el derecho humano a la salud. En una conferencia, el canciller Marcelo Ebrard señaló que la cuarta transformación tiene por objeto inocular al 90 por ciento de la población para finales del presente año,2 un hecho sin precedentes.

Conforme a lo que informó en su primer mensaje a la nación para el año 2021 el presidente Andrés Manuel López obrador, señalo que lleva un avance de casi 40 mil personas vacunadas, lo que representaría poco más del 70 por ciento del primer lote de vacunas que se recibió en nuestro país.

No obstante lo anterior, este es solo el inicio del proceso, falta un largo camino para lograr la vacunación de la mayor parte de la población mexicana y por ello hoy más que nunca es importante fortalecer los mensajes de información y concientización a la población sobre la importancia de continuar acatando las medidas de distanciamiento social, prevención, sana distancia y confinamiento voluntario, con el objetivo de reducir la velocidad y el número de contagios durante esta temporada invernal que continúa al inicio del año y hasta el mes de marzo de 2021.

Por lo anteriormente expuesto presentamos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el ámbito de sus atribuciones, sigan impulsando entre los servidores públicos adscritos a ellas a ser responsables y mediante sus acciones concienticen a la población en el respeto de las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, lavado de manos, la práctica de la sana distancia y el confinamiento voluntario, tomando en cuenta que todas ellas contribuyen a disminuir el contagio de la Covid-19.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias de las 32 entidades federativas a seguir impulsando entre los servidores públicos adscritos a instituciones locales de salud a ser responsables y mediante sus acciones concienticen a la población en el respeto de las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, lavado de manos y la práctica de la sana distancia, tomando en cuenta que todas ellas contribuyen a disminuir el contagio de la Covid-19.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno de México para que, de manera proactiva, brinde informes semanales, obedeciendo al principio de máxima publicidad, sobre el avance del proceso para la vacunación contra la Covid-19, del personal médico, administrativo y de apoyo en las instituciones de salud de nuestro país, a través de las conferencias de prensa que realizan las autoridades sanitarias.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno de México para que, de manera proactiva, establezca una sección en el sitio oficial www.coronavirus.gob.mx la cual contenga datos abiertos y pormenorizados sobre el avance del proceso para la vacunación contra la Covid-19, del personal médico, administrativo y de apoyo en las instituciones de salud de nuestro país; así como de las irregularidades detectadas en la aplicación de la vacuna. Todo ello con apego a la legislación vigente en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias del gobierno de México y de las 32 entidades federativas para que fortalezcan las campañas de información y concientización sobre los beneficios de las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, lavado de manos, la práctica de la sana distancia y el confinamiento voluntario, para reducir el contagio del Covid-19.

Notas

1 https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/12/03/942303736/how-rich -countries-are-hoarding-the-worlds-vaccines-in-charts

2 https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-mexico-vaccine/mex ico-aims-to-vaccinate-vast-bulk-of-population-for-covid-19-by-end-2021- idINKBN26Y1R9

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Senadoras: Geovanna Bañuelos de la Torre y Nancy de la Sierra Arámburo (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chiapas a solucionar los problemas generados con motivo de la disolución del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, SA de CV, a cargo del senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Noé Fernando Castañón Ramírez, senador de la repu?blica en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unio?n e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los arti?culos 8, numeral 1, fracciones II y XIV, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la Repu?blica, somete a consideracio?n de esta asamblea la presente proposicio?n con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Chiapas a dar una solución a los problemas generados con motivo de la disolución del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, SA de CV, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 1 de noviembre de 2020, la sociedad mercantil Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla Gutiérrez, SA (Situtsa), dejó de prestar el servicio de transporte público en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dando inicio al proceso de liquidación de los trabajadores y la disolución de la empresa.1

Dicha sociedad se forma por el Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público, manejado por el gobierno de Chiapas, que tiene 51 por ciento de la participación de la empresa; el 49 restante queda a cargo de 105 socios transportistas, concesionarios de las rutas 1 y 2 de la capital de Chiapas.2

Es el caso que las socias y socios de la empresa materia del presente punto de acuerdo, se han manifestado en diversas ocasiones para solicitar el pago por el gobierno y la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas, esto, por el servicio otorgado al público en general en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año en curso, así como la entrega de las placas que forman parte de sus concesiones, sin que a la fecha se les haya dado respuesta alguna por parte de las autoridades estatales.3

No es menos importante destacar que, ante la ausencia en el servicio de los concesionarios legítimos de las rutas 1 y 2 de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, derivado de la falta de entrega de sus placas por parte de la Secretaría en comento, diversos autotransportistas se encuentran brindando el servicio en las rutas antes referidas, esto, con fundamento en la implantación de un programa emergente para la prestación provisional del servicio público de transporte en los Corredores Troncales A y B de la ciudad publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el pasado día 04 de noviembre del 2020, sin que para el efecto, se haya tomado en cuenta a los concesionarios de Situtsa, lo que ha causado actos de molestia, pues a la fecha, no pueden trabajar en las rutas que en su momento les fueron asignadas, causando una grave afectación a su patrimonio.4

Por lo expuesto y fundado solicito a esta asamblea que someta a consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador de Chiapas a dar una solución a los problemas generados con motivo de la disolución del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, SA de CV.

Notas

1 https://alertachiapas.com/2020/11/01/dan-el-ultimo-adios-al-conejobus-y -sus-trabajadores/

2 https://smyt.chiapas.gob.mx/boletines/B031120

3 https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/10/no-estamos-pid iendo-limosna-socios-y-socias-del-conejobus/

4 https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/a-falta-de-conejobus-invade n-rutas-transportistas-colectivos-transportes-combis-inconformidades-61 45503.html

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Senador Noé Fernando Castañón Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco y la Cofepris a trabajar permanentemente en fortalecer la estrategia de prevención y, en su caso, sancionar a empresas, distribuidoras y establecimientos que comercialicen y vendan oxígeno industrial para uso medicinal durante la pandemia de Covid-19 en México; y a la Cofece, a investigar las prácticas monopólicas en la producción, distribución, comercialización y venta de oxígeno medicinal, a efecto de prevenir el comercio desleal entre empresas, distribuidoras y establecimientos mientras persista esa contingencia, suscrita por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que trabajen de manera permanente en fortalecer la estrategia de prevención y, en su caso, sancionen a las empresas, las distribuidoras y los establecimientos que comercialicen y vendan oxígeno industrial para uso medicinal durante el tiempo que persista la pandemia de Covid-19 en México; asimismo, para que la Comisión Federal de Competencia Económica investigue permanentemente las prácticas monopólicas en la producción, distribución, comercialización y venta de oxígeno medicinal para prevenir el comercio desleal entre empresas, distribuidoras y establecimientos durante el tiempo que persista la pandemia de Covid-19 en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La Organización Panamericana de la Salud, refiere que la salud pública no sólo debe verse como una disciplina académica, sino como una práctica social interdisciplinaria, donde se incorporan bienes semiprivados o privados cuyas dimensiones hacen que su aportación y servicios sobre la salud colectiva sea un factor importante.

Segunda. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene la responsabilidad de empoderar al consumidor a través de la defensa y protección de sus derechos, para que realice un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, es decir, debe promover y proteger los derechos y cultura del consumidor procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Por ello tiene que dotar al consumidor de información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios con las especificaciones correctas de cantidad, características, composiciones y calidades.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene como misión proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios.

También establece e implementa políticas, programas y proyectos al nivel de la mejor práctica internacional, en coordinación efectiva con los diferentes actores del ámbito público, privado y social, para prevenir y atender los riesgos sanitarios, contribuyendo así a la salud de la población.

Tercera. La Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios han trabajado conjuntamente en diversas ocasiones para garantizar la calidad de medicamentos y material médico a fin de proteger a la población contra agentes que pongan en riesgo la salud.

Cuarta. Derivado de la pandemia de Covid-19, el oxígeno medicinal se ha vuelto esencial para los que padecen esta enfermedad en una etapa avanzada, es entonces que el oxígeno medicinal es un “medicamento para la atención de padecimientos respiratorios, para el tratamiento o prevención de la deficiencia de oxígeno en la sangre, en servicios a domicilio de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, en intervenciones quirúrgicas, además de emplearse en estudios para diagnosticar trastornos de sueño” (https://www.cofece.mx/investiga-cofece-posibles-practicas-monopolicas- relativas-en-mercado-de-oxigeno-medicinal/).

El oxígeno medicinal puede ser utilizado para la exploración pulmonar y del sistema sanguíneo, y es coadyuvante de la anestesia. Asimismo, se aplican para establecer diagnósticos, en cirugía, en esterilización y en el laboratorio clínico para el calibrado de algunos equipos y aparatos, este tipo de oxígeno debe tener alrededor de 93 por ciento de saturación de oxígeno, el cual no está comprimido en alto grado.

Quinta. Mientras el oxígeno puro o industrial puede ser orgánico e inorgánico y se obtiene del aire, el cual sigue un proceso de separación o es producido por síntesis química. Este tipo de oxígeno es utilizado en la creación de cristales y vidrios, para que sean más transparentes, siendo el porcentaje de oxígeno mayor de 99.5 por ciento; por esta razón puede dañar la salud de las personas, ya que respirar el oxígeno puro o industrial a altas presiones puede causar náusea, mareo, espasmos musculares, pérdida de la visión, convulsiones y pérdida de conocimiento, ahora si sumamos los padecimientos en estado grave de un enfermo por Covid-19 su uso puede ser fatal.

Sexta. En este sentido, en semanas recientes la Procuraduría Federal del Consumidor clausuró 2 empresas que vendían oxígeno industrial para uso medicinal , trabajo que fue realizado en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Por tal motivo, es necesario que de manera permanente las dos dependencias mencionadas continúen y sigan fortaleciendo el trabajo coordinado para prevenir y en su caso sancionar a las empresas, distribuidoras y establecimientos que comercialicen y vendan oxígeno industrial para uso medicinal durante el tiempo que persista la pandemia de Covid-19 en México, ya que de continuar esta práctica pone en grave riesgo la salud de la población que padece de la enfermedad respiratoria.

Séptima. La Comisión Federal de Competencia Económica tiene entre su responsabilidad la realización de trabajos de investigación para detentar probables prácticas monopólicas consistentes en establecer condiciones de exclusividad en la venta o compra en el mercado de producción, distribución y comercialización de oxígeno medicinal y servicios relacionados en el territorio nacional.

La Comisión Federal de Competencia Económica es un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, que tiene su mandato establecido en el artículo 28 constitucional. Por lo que, debe vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en el país, para que los mercados funcionen eficientemente, en favor de los consumidores.

Debe garantizar condiciones para que las empresas, comercios, negocios y profesionistas que venden bienes y servicios puedan competir entre ellos para ganarse el favor de los clientes, esto beneficiará la calidad de los productos y servicios, reducir costos para poder otorgar un precio más bajo, y brindar un servicio de mayor calidad, para que tú, como consumidor, puedas elegir entre las opciones que mejor se adapten a tus necesidades.

Octava. Como el oxígeno medicinal es un medicamento primordial y de gran demanda en la actualidad para los mexicanos, resulta necesario que haya una competencia leal entre las empresas, distribuidoras y establecimientos, lo cual beneficiará al consumidor porque evitará la monopolización del medicamento y habrá varias opciones con una competencia de precios que beneficie a las familias, además, se evitará la escases o desabasto del oxígeno.

Novena. Por tanto, es necesario que la Comisión Federal de Competencia Económica para que investigue permanentemente las prácticas monopólicas en la producción, distribución, comercialización y venta de oxígeno medicinal para prevenir el comercio desleal entre empresas, distribuidoras y establecimientos durante el tiempo que persista la pandemia de Covid-19 en México.

Décima. El Grupo Parlamentario del PES asume su compromiso social cuidar la salud de las familias de México, además se pronuncia en contra de las prácticas que promueven la venta del oxígeno industrial como medicinal, lo cual atenta contra la salud de quienes padecen Covid-19 en una etapa avanzada. Además, nos pronunciamos en contra que las prácticas monopólicas que contribuyen a una competencia desleal y en el acaparamiento del oxígeno medicinal el cual es de primera necesidad en estos momentos de pandemia.

Por lo expuesto, fundado y motivado se proponen ante la Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que trabajen permanentemente en fortalecer la estrategia de prevención y, en su caso, sanción a las empresas, las distribuidoras y los establecimientos que comercialicen y vendan oxígeno industrial para uso medicinal durante el tiempo que persista la pandemia de Covid-19 en México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica que investigue permanentemente las prácticas monopólicas en la producción, distribución, comercialización y venta de oxígeno medicinal para prevenir el comercio desleal entre empresas, distribuidoras y establecimientos durante el tiempo que persista la pandemia de Covid-19 en México.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales a llevar a cabo operativos de vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias contra el Covid-19 en el comercio ambulante y puestos semifijos, a cargo del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a llevar a cabo operativos de vigilancia para el cumplimiento de las medidas sanitarias contra Covid-19 en el comercio ambulante y puestos semifijos, con base en las siguientes

Consideraciones

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia por el brote de coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.1 A su vez, en nuestro país, el 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”.

A partir de entonces y hasta la fecha, los gobiernos nacionales y locales de todo el mundo han realizado enormes esfuerzos para prevenir y controlar los brotes de Covid-19. Las acciones han ido desde reforzar las medidas básicas de higiene de manos y promover el distanciamiento social, hasta acciones drásticas como el cierre completo de fronteras, toques de queda y restricción de toda actividad no esencial en algunas ciudades y países.

Debemos reconocer que se han logrado avances importantes en el manejo de la pandemia, como el desarrollo y aplicación de las primeras vacunas, y la contención de contagios en algunas regiones del mundo. Sin embargo, actualmente muchos países están atravesando por una fase de rebrotes, debido en parte a la temporada invernal en el hemisferio norte y, por otra parte debido a la relajación de las medidas sanitarias en algunas regiones.

A pesar de los diversos esfuerzos contra la pandemia, hasta el 5 de enero de 2021, a nivel global se reportan 84 millones 233 mil 579 casos confirmados y 1 millón 843 mil 293 defunciones.2 Mientras tanto, a nivel nacional se reportan 1 millón 455 mil 219 casos totales y 127 mil 757 defunciones.3

Es importante destacar que en las últimas semanas los niveles de hospitalización por Covid-19 han sido muy elevados a nivel nacional. Hasta el 4 de enero se mantiene una disponibilidad de 51 por ciento de camas generales y 45 por ciento de camas con ventilador.

Sin embargo, cinco entidades federativas superan 70 por ciento de ocupación de camas generales: Ciudad de México (85 por ciento), estado de México (81 por ciento), Hidalgo (77 por ciento), Guanajuato (77 por ciento) y Nuevo León (73 por ciento). Asimismo, dos entidades superan 70 por ciento de ocupación de camas con ventilador: Ciudad de México (85 por ciento) y estado de México (79 por ciento).4

Hasta ahora, el 28 de diciembre de 2020 ha sido el día más crítico, en el que la Ciudad de México llegó a una disponibilidad de apenas 11 por ciento de camas generales y 15 por ciento de camas con ventilador.5

Estas cifras indican una saturación casi completa en todos los hospitales de la Ciudad de México, lo que dio como resultado el regreso al color rojo en el semáforo de riesgo epidémico, ya que la tasa de hospitalización es uno de los principales indicadores para determinar el color del semáforo, de acuerdo con los lineamientos respectivos.6

Cabe recordar que durante la vigencia del “semáforo rojo” se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día.

En consecuencia, hasta que no disminuyan de manera significativa las tasas de contagio y los niveles de saturación hospitalaria, el semáforo de riesgo epidémico se mantendrá en niveles altos.

Debemos estar preparados para enfrentar una pandemia larga, por lo que se debe dar continuidad y fortalecimiento a diversas acciones como la difusión de información accesible para la población, el reforzamiento de medidas de aislamiento social y, sobre todo, la vigilancia de las medidas sanitarias en los establecimientos comerciales.

En este último punto es necesario resaltar que los establecimientos de comercio formal están sujetos al cumplimiento de medidas sanitarias estrictas. En los hoteles sólo se permite 25 por ciento de ocupación y se restringe el uso de áreas comunes; en sus restaurantes y cafeterías se restringe el aforo y solamente se pueden ofrecer alimentos con servicio a la habitación; en los mercados y supermercados sólo se permite 50 por ciento de aforo, así como la entrada de una persona por familia. Por su parte, los gimnasios, centros deportivos, cines, teatros, museos y bares, entre otros, se encuentran en suspensión total de actividades.

Sin embargo, estas estrictas medidas no se aplican por igual al comercio ambulante. En las últimas semanas se ha observado que en la Ciudad de México y otras ciudades del país, los puestos semifijos y ambulantes, tanto de alimentos como de otros giros, operan sin las medidas sanitarias básicas.

En la mayoría de estos establecimientos no se cuenta con un aforo máximo, no se respeta la sana distancia entre los clientes y los empleados, no se promueve el uso de cubrebocas, no se realiza la toma de temperatura ni la aplicación de alcohol en gel para manos, y en general, no se cumplen las medidas básicas indicadas por las autoridades de salud.

Todas estas omisiones e incumplimiento de las medidas sanitarias, facilita sin duda la dispersión del Covid-19 y de otras enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley General de Salud, los gobiernos de las entidades federativas también son autoridades sanitarias, por lo que resulta urgente hacer un llamado a los gobiernos estatales de todo el país, para llevar a cabo operativos de vigilancia para el cumplimiento de las medidas sanitarias contra Covid-19 en el comercio ambulante y puestos semifijos.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, en colaboración con las autoridades municipales y alcaldías de la Ciudad de México, en su respectivo ámbito de competencias, a llevar a cabo operativos de vigilancia para el cumplimiento de las medidas sanitarias contra Covid-19 en el comercio ambulante y puestos semifijos.

Notas

1 OMS. 11 de marzo de 2020. Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la Covid-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-openin g-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—-11-march-2020

2 WHO. WHO Coronavirus Disease (Covid-19) Dashboard. Data last updated: 2021/1/5, 9:54am CET. Recuperado de https://covid19.who.int

3 Secretaría de Salud. Informe Técnico Diario Covid-19 México. 04/01/2021 19:00 horas. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604251/Comunicado_Tecnic o_Diario_COVID-19_2021.01.04.pdf

4 Cifras reportadas el 4 de enero de 2021 en la conferencia vespertina sobre Covid-19.

5 Cifras reportadas el 29 de diciembre de 2020 en la conferencia vespertina sobre Covid-19.

6 Secretaría de Salud. Lineamiento para la metodología de cálculo del semáforo de riesgo epidémico Covid-19. Versión 5.1. Fecha: 14.08.2020. Recuperado de https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/SemaforoCOVID_Met odo.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de citar a comparecer ante esta soberanía al titular de la Ssa y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud para explicar por qué en plena crisis de salud por la pandemia del Covid-19, que ha causado casi 130 mil decesos en el país, la dependencia presentaba un subejercicio de 12 mil millones de pesos respecto a lo aprobado de enero a noviembre de 2020, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Llevamos casi 10 meses combatiendo la pandemia del Covid-19, desde que empezó a dejar sus trágicas secuelas a su paso por el territorio nacional dejando un velo de desolación y luto en las familias mexicanas: alrededor de 130 mil defunciones –oficiales- de mexicanas y mexicanos.

2. Recientemente, la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, ubicó a México, en la cima del índice de letalidad, entre 20 de los países más afectados por el Coronavirus, con 8.8 por ciento.

Esta Institución, cabe señalar, define el índice, como el número de muertes por cada cien –contagiados- confirmados. Su más cercano seguidor en este ranking deshonroso, es Irán, –país que promedia 4.5 por ciento, es decir, casi la mitad.

3. Como es ampliamente conocido, las repercusiones del flagelo del SARS-CoV-2, han sido devastadoras tanto para los médicos como para los pacientes. En el primer caso, han muerto casi 3 mil trabajadores de la salud, (doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, camilleros, personal de limpieza y personal administrativo), debido a la carencia de equipos apropiados en el desempeño y atención de pacientes infectados. E, igualmente, en este renglón, México se sitúa entre los primeros lugares, por muertes en este sector, según documenta Amnistía Internacional y otros organismos; incluso, por encima de EUA, Reino Unido o Brasil.

4. A estas alturas de 2021, y ya iniciado el proceso de vacunación, no hay la certeza de que hayamos frenado los contagios. Ni siquiera con la aplicación del semáforo rojo en diversos estados se logró detener el nivel de contagios. Con todo y que bajó la movilidad, fue insuficiente, a decir, de los resultados. Y no se consiguió el distanciamiento social que frenara la epidemia.

5. Los modelos que anticipaban una reducción espontánea de la enfermedad por la combinación de la menor movilidad y la inmunización evidencian, que no están resultando correctos.

6. En los hechos, panorama bosquejado por las cifras son catastróficas, de dolor, de desolación y trágicas para las familias mexicanas, y denotan fehacientemente el fracaso de la estrategia de salud adoptada por las autoridades federales en la política pública de salud.

7. Por si eso no fuera suficiente, en los primeros 11 meses de 2020, de acuerdo con cifras oficiales disponibles, el Ramo de Salud, presenta un subejercicio de 12 mil millones de pesos respecto a lo programado. Toda vez que, ejercieron 108 mil millones de pesos cuando, lo programado eran 120 mil millones de pesos. Es decir, que se dejó de gastar en salud el equivalente a más de 13%, en términos reales.

8. Lo anterior, es inexplicable, para millones de mexicanos y mexicanas en todo el país, pues, no se entiende, por ejemplo, el vehemente y recurrente argumento, esgrimido por la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado: de la ingente cantidad de recursos que requería el sector salud para enfrentar la crisis de salud.

Afortunado y exitoso argumento, pues convalidó y avaló el deseo del residente de Palacio Nacional, de desaparecer los Fideicomisos y la sustracción de 38 mil millones de los recursos del Fondo de Gastos Catastróficos para traspasarlas a la bolsa presupuestal del Ejecutivo Federal, para enfrentar la crisis sanitaria, expusieron.

9. Y ahora, resulta que las autoridades de Salud a nivel Federal, teniendo presupuesto aprobado, no lo ejercen, en tanto miles de mexicanas y mexicanos siguen padeciendo los contagios de la pandemia, secuelas y muriendo. Además de colapsar el Sistema de Salud.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, manifestamos patente extrañamiento y desacuerdo con estas acciones, por sus trágicas y dolorosas consecuencias para las familias mexicanas.

Asimismo, hacemos un llamado a que se corrija la estrategia, que se ejerza el presupuesto programado y aprobado; y con ello, se proporcione los equipos apropiados para el desempeño de sus labores que combate el Coronavirus y auxilia a los pacientes; con el propósito de disminuir la pérdida de vidas del personal de salud.

Asimismo, somos conscientes, de que la efectividad de la estrategia de salud hacia adelante, dependerá mitigar la severidad y de la urgencia de la crisis sanitaria, así como la complejidad de los problemas económicos derivados del distanciamiento social y el temor a los contagios. Por ello, no cesaremos de insistir en exhorta al Gobierno Federal a sensibilizarse frente al dolor y sufrimiento de miles y miles de mexicanas y mexicanos.

Por lo expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita al secretario de Salud y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ante esta soberanía, con la finalidad de explicar las razones por las que en plena crisis de salud por la pandemia del Covid-19, –y que ha cobrado más de 130 vidas en las familias mexicanas–, la Secretaria de Salud, presenta –de enero a noviembre de 2020– un subejercicio de 12 mil millones de pesos en su ejercicio y gestión del gasto presupuestal, respecto a lo programado; lo cual representa una contracción superior al 13 por ciento en términos reales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Jorge Casarrubias Vázquez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Antonio Ortega Martínez, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a garantizar la objetividad, certeza e imparcialidad en el proceso electoral concurrente 2020-2021 de los aspirantes a candidatos independientes, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emanuel Reyes Carmona, integrante de la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A partir de la reforma constitucional de 20121 , se consagró el derecho de los ciudadanos para ser candidatos por la vía independiente. En 2014, las candidaturas independientes fueron incorporadas legalmente al sistema electoral federal mexicano2 . En gran medida, su inclusión respondió a la crisis de confianza en los partidos políticos nacionales3 . En este escenario, los actores políticos no consideraron diversos factores en la regulación de las candidaturas independientes como prerrogativas y requisitos para la obtención de apoyo ciudadano4 , incluso, candados para evitar que estas figuras sean vías de postulación alternas para élites políticas que no consigan las candidaturas de sus respectivos partidos políticos5 .

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 8, 9, 35, fracción II, 116, fracciones IV, incisos k) y p) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de acuerdo a los principios de certeza, imparcialidad y objetividad establecidos en el artículo 30, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, robustece el régimen de excepción que permite equilibrar maximizar la participación de la ciudadanía para establecer mecanismos idóneos que conlleven al ejercicio de los principios que rigen la función electoral, enalteciendo éste último ya que las actividades electorales que se están realizando con motivo de este proceso electoral concurrente 2020-2021 deben tomar como base la realidad única , sin importar cualquier punto de vista parcial que se tenga sobre ella, toda vez que son públicas y de interés social las medidas sanitarias a seguir por esta pandemia.

Con motivo del SARS-CoV2 (Covid) , ha denotado diversificaciones en cuanto a este proceso de selección, pues la gente se siente temerosa e insegura de poder ser contagiada por esta enfermedad por el simple hecho de relacionarse con otros ciudadanos que no se encuentran en su esfera más cercana de personas con las que conviven, más aún por las constantes medidas de prevención que se han publicado tanto a nivel federal como en diversas entidades de la República mexicana6 .

Con base en lo anterior, señalo que los ciudadanos voluntarios que ha decidido colaborar para recabar el apoyo ciudadano, dándose de alta como gestores/auxiliares, conforme a lo establecido en el INE/CG551/2020: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la convocatoria y se aprueban los lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores que se requiere para el registro de candidaturas independientes para diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral federal 2020-2021, se han encontrado con algunos inconvenientes que impiden obtener el apoyo ciudadano en tiempo y forma, a saber:

• Los ciudadanos se niegan a plasmar su firma en los dispositivos móviles, consideran que es antigénico porque ha sido usado por diversas personas que no saben sí firmaron con las manos limpias. No obstante que el dispositivo móvil es limpiado constantemente, esta negativa es rotunda y deciden no darnos el apoyo.

• Consideran arriesgado quitarse el cubre bocas para que se les tome la fotografía, emitiendo cuestionamientos como: No sé con cuantas personas hayas interactuado hoy, por mi seguridad no me quito el cubrebocas.

• Expresan que es violatorio de sus derechos a la personalidad que les tomen una fotografía, argumentando que ya es suficiente con la fotografía que aparece en la credencial de elector.

• En el escenario más negativo, a puerta cerrada y por la ventana, deciden de escucharnos para no contagiarse.

Al respecto, este órgano electoral administrativo tendrá que determinar la viabilidad de aplicar este régimen de excepción para que se permita a los aspirantes a candidatos independiente en cuanto al uso de las cédulas físicas como un mecanismo para la obtención del apoyo ciudadano , pues al día de hoy las autoridades Nacionales ya que ha declarado la emergencia sanitaria que detona las mayores precauciones y limitaciones de las actividades diarias en aras de ennoblecer el interés social del derecho a la salud.

Por lo expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al doctor Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a efectos de garantizar los principios de objetividad, certeza e imparcialidad respecto al proceso electoral concurrente 2020-2021 de los aspirantes a candidatos independientes.

Notas

1 Fecha de vigencia a partir del 9 de agosto de 2012.

2 A partir del 23 de mayo de 2014.

3 Brown, Javier, “El mito de las candidaturas independientes”, Revista Bien Común , Partido Acción Nacional, número 253, abril 2016, página 36.

4 Santiago Castillo, Javier, “El financiamiento para candidaturas independientes, a debate”, La Crónica de Hoy, 14 de mayo de 2015.

5 González Padilla, Roy, “Candidaturas independientes: ¿Empoderamiento ciudadano o circulación de élites políticas por otros medios?”, Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Volumen IV, número I, enero-junio 2015, México, páginas 203-220.

6 El Consejo General de Salubridad Pública, durante el desarrollo de la primera sesión extraordinaria, celebrada el 19 de marzo de 2020 , en la que se recomendó evitar realizar eventos que impliquen la concentración masiva de personas para evitar la propagación de contagios del virus SARS-CoV2 (Covid).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 7 de enero de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS, la CNDH y la CEAV a esclarecer el fallecimiento de la señora Montenegro, quien ingresó en el hospital del primero en Salamanca, Guanajuato, por un padecimiento de rodilla y falleció en circunstancias no aclaradas; y brindar la atención necesaria a las víctimas indirectas, suscrita por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de esclarecer el sensible fallecimiento de la señora Montenegro, quien ingresó al hospital de dicho Instituto en Salamanca, Guanajuato por un padecimiento de rodilla y falleció en circunstancias no aclaradas, así como para brindar la atención necesaria a las víctimas indirectas, conforme a los siguientes

Antecedentes

Un padecimiento de rodilla termina con un lamentable fallecimiento

El 9 de diciembre de 2020 se publicó, en varios medios de comunicación, notas periodísticas que daban cuenta del fallecimiento de una persona, del sexo femenino, de 61 años de edad, hospitalizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Salamanca, Guanajuato, quien ingresó al nosocomio por un padecimiento de rodilla, pero repentinamente murió.1

Los hijos de la víctima, los hermanos Flores Montenegro, relataron a los medios de comunicación que su madre llegó al hospital porque le detectaron un tumor en su rodilla derecha y que, incluso, ella tenía exámenes clínicos ya avanzados. Relatan también que ella duró hospitalizada casi un mes.

Los familiares acusan que en el hospital del IMSS no le hicieron nada relacionado con su rodilla y que, incluso, estuvo en un área donde había más personas, pero que, repentinamente, fue trasladada a otra área, en la que falleció.2

De acuerdo con el relato, el IMSS les ha indicado que su madre falleció por causa de Covid-19, pero los familiares dudan de esta versión, pues ella no presentaba síntomas de la enfermedad y tampoco les han autorizado una necropsia, por lo que sospechan que podría tratarse de un caso de negligencia médica.

Los familiares también señalan que ante la sospecha de que podría ser un caso de negligencia médica, han acudido al ministerio público para que se investigue si se configura algún delito y para agilizar la necropsia, pero para ello requieren un resumen clínico que el IMSS en Salamanca no les había entregado.

En palabras de los familiares, al referirse al resumen clínico de referencia, señalan que su urgencia se debe a que “dentro de las primeras 48 horas se tiene que realizar, después de esas 48 horas ya no es válido y no me lo quieren dar aquí, me están poniendo muchas trabas”.3

Los derechos de las víctimas ante las posibles negligencias médicas

Una larga lucha de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos vio una pequeña victoria en el año 2011, cuando el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ordenó la creación de la entonces Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Provictima).

Posteriormente, en enero de 2013, se publicó la Ley General de Víctimas, que dio forma a los derechos de las víctimas, tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos. Esta ley consagró derechos y mecanismos de atención a nivel federal, pero también puso el piso mínimo que debían garantizar las entidades federativas.

Con la nueva ley se creó también el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Este fue el esquema orgánico que la ley contempló para hacer realidad los derechos de las víctimas, en la Federación.

Por su parte, en las entidades federativas debe existir un sistema estatal y una comisión local, que deben construirse para garantizar el cumplimiento de los derechos contenidos en las leyes locales en materia de víctimas y en la ley general.

Todo este andamiaje normativo y orgánico se basa en la idea de que cada víctima de violaciones a derechos humanos o de delito, debe ser atendida de manera integral, respetando los principios que la misma ley consagra y debe garantizársele el acceso a las medidas de ayuda y atención inmediata, a la reparación integral, pero también a la verdad y a la memoria, que son dos elementos indispensables de este núcleo de derechos.

En los casos de negligencia médica atribuible a personal de salud adscrito a los servicios de salud públicos, se configuran los dos supuestos normativos: se comete un delito y se comete también una violación a los derechos humanos.

Esto es así porque cuando se genera una lesión, una incapacidad o un fallecimiento derivado de una mala praxis o alguna negligencia por parte de los médicos tratantes, se lesiona un bien jurídico tutelado (la vida, la salud, la integridad física, etcétera), actualizándose los elementos del tipo penal y, además, esa lesión se comete por un servidor público, configurándose una violación a los derechos humanos de la víctima.

Por ello, en estos casos es fundamental que todo el aparato institucional de protección a la víctima, actúe de inmediato, y con ello se logre asegurar los derechos de las víctimas.

Los derechos de las víctimas ante las posibles negligencias médicas y las autoridades que deben garantizarlos

Así las cosas, en el caso que se presenta se debe contemplar que, si los familiares consideran que existen situaciones o condiciones no aclaradas respecto del tratamiento médico y del fallecimiento de la señora Montenegro, entonces les asiste el derecho de que las autoridades competentes les garanticen el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la sanción de las responsabilidades que de ellos se pudieran derivar.

Así, el primer responsable en este caso es el IMSS, pues es la institución que atendió a la paciente que, lamentablemente, falleció. Es responsabilidad del IMSS asegurar que los familiares cuenten con toda la información relacionada con el fallecimiento, así como facilitar los trámites y llevar a cabo las investigaciones internas que sean necesarias para determinar si, en el caso, existió o no alguna negligencia médica. En caso afirmativo, debe emitir el reconocimiento de la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos, a fin de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pueda brindar atención a los familiares.

Por tal motivo, esta proposición plantea exhortar al IMSS para que de inmediato se aseguren estos derechos a los familiares de la persona fallecida.

En segundo término, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe iniciar una queja de oficio, toda vez que el reclamo de los familiares conduce a una posible negligencia médica que, como se ha mencionado, podría constituir una violación a derechos humanos. Por ello, se propone exhortar a la CNDH para que lleve a cabo esta investigación.

Finalmente, la CEAV es la entidad competente de atender a los familiares, en calidad de víctimas indirectas, con la finalidad de que les garantice contar con asesoría jurídica adecuada, atención psicológica y médica, en caso de requerirlo, y medidas de ayuda y atención que sean necesarias, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, por lo que se propone exhortar a ese organismo descentralizado para que les brinde dicha atención.

Por tal motivo, esta proposición con punto de acuerdo plantea emitir estos respetuosos exhortos para que se apoye a esta familia que busca esclarecer las condiciones en las que su familiar falleció en el IMSS de Salamanca. Es un derecho que tienen garantizado por nuestro orden jurídico y es nuestra responsabilidad acompañarlos y apoyarlos durante esta búsqueda, pues bien sabemos que las víctimas se enfrentan solas a las enormes estructuras burocráticas, lo que les hace nugatorio su derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia.

Por lo expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de esta soberanía, con los siguientes resolutivos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que, de forma urgente, asegure a los familiares de la señora Montenegro, fallecida en Salamanca, Guanajuato, cuenten con toda la información relacionada con el deceso, así como les facilite los trámites que sean necesarios y lleve a cabo las investigaciones internas que sean necesarias para determinar si, en el caso, existió o no alguna negligencia médica. En caso afirmativo, se le exhorta para que emita, a la brevedad posible, el reconocimiento de la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos, a fin de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pueda brindar atención a los familiares.

Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie una queja de oficio sobre este caso, toda vez que el reclamo de los familiares conduce a una posible negligencia médica que podría constituir una violación a derechos humanos.

Tercero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que garantice a las víctimas indirectas contar con asesoría jurídica adecuada, atención psicológica y médica, en caso de requerirlo, y medidas de ayuda y atención que sean necesarias, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.

Notas

1 #DENUNCIACIUDADANA “Mi familiar ingresa al IMSS por tumor en la rodilla y muere por Covid-19” El Salmantino. Recuperado el 10 de diciembre de 2020, en https://salmantino.mx/2020-denunciaciudadana-familiar-ngresa-al-imss-po r-tumor-en-la-rodilla-y-muere-por-covid-19/

2 Muere sexagenaria tras cirugía: familiares sospechan negligencia, IMSS Salamanca culpa al Covid-19. Debate. Recuperado el 10 de diciembre de 2020, en

https://www.debate.com.mx/estados/Muere-sexagenaria-tras -cirugia-familiares-sospechan-negligencia-IMSS-Salamanca-culpa-al-Covid -19-20201209-0146.html

3 #DENUNCIACIUDADANA “Mi familiar ingresa al IMSS por tumor en la rodilla y muere por Covid-19” obra citada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2021.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a fortalecer las acciones de la estrategia de vacunación y hacer así más eficientes la compra, la logística de distribución y los controles para prevenir irregularidades en la inmunización contra el Covid-19, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los estragos generados por el coronavirus Covid-19, no solo se circunscriben a la pérdida de empleos, el cierre de comercios y afectaciones a las actividades económicas, lamentablemente ha cobrado la vida de miles de mexicanos y vulnerado la salud de las familias, de ahí la relevancia del acceso a la vacuna, a fin de reducir la tasa de mortandad y aminorar los contagios en el territorio nacional.

El pasado 8 de diciembre, se dieron a conocer diversos aspectos sobre la política nacional de vacunación contra el Covid-19, entre ellos que estará conformada por cinco fases, la primera dedicada a la primera línea de control, la segunda a personal de salud restante y personas de 60 años y más; la tercera de 50 a 59 años; la cuarta de 40 años a 49 y finalmente el resto de la población, a concluirse el primer trimestre de 2022.1

A decir de las propias autoridades federales se espera una meta de cobertura de al menos 75 por ciento de la población de 16 años y más. En particular para la logística de recepción, entrega y colocación de la vacuna se realizaron simulacros y revisiones que supuestamente aseguraban su seguridad y aplicación a la población objetivo.

Por su parte el subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud aseguró que a finales de 2020 y principios de 2021 se aplicarían 125 mil esquemas y que las vacunas comprometidas solo con la empresa Pfizer ascienden a más de 34 millones 400 mil, a aplicarse en dos dosis, lo cual implica contar con un esquema que haga posible que en 21 días esté nuevamente disponible en el centro de aplicación.

El documento rector de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México establece de manera general el esquema que deberá observarse en los módulos de vacunación el cual contempla el ingreso y confirmación de turno, filtro sanitario y triage respiratorio; mesa de registro; mesa de vacunación y observación por 30 minutos.2

Pese a esta importancia, se han denunciado diversas irregularidades que dejan de manifiesto la necesidad de fortalecer las estrategias hasta ahora emprendidas por el gobierno federal con la finalidad de hacer de la vacunación un proceso eficiente, que dé certidumbre en los recursos empleados y cumpla su comedido en la protección de la salud.

Ha quedado documentado que los criterios de selección en la aplicación de la primera jornada han sido transgredidos y que no se cuenta con mecanismos de sanción y seguridad, particularmente porque han sido vacunados personas que no laboran en hospitales Covid-19, familiares de altos servidores públicos y personas quienes han manifestado abiertamente influyentismo para recibir dosis, pese a que aún no les corresponde.

Personal de salud sostiene que a pesar de que tienen cita para recibir el antígeno no han sido vacunados, esto se debe a las limitadas cantidades con las que se cuentan, a la preferencia que tienen los directivos y principalmente a la opacidad con la que se ha manejado la distribución y aplicación, que ha dado lugar a que se lucre con tan importante producto.

Existen presiones hacia el personal de salud para desempeñarse en el área Covid-19 y amenazas de abandono de desempleo a quienes se resistan, sin embargo, no han mejorado las condiciones de trabajo, cuidados y protección para el personal, por tal hecho, México sigue siendo uno de los países con mayor contagios y decesos.3

La simulación en lo que va de la aplicación es permanente, por tal motivo personal de salud se manifestó hace unos días en las inmediaciones del hospital de especialidades “La Raza”. Dicho panorama es insostenible, ante la falta de insumos como medicamentos, equipos y material de protección básico entre ellos guantes y cubrebocas, entre otros.4

EL gobierno federal, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social han incumplido con los compromisos pactados con los trabajadores del sector, prueba de ello es la falta de pago del denominado bono económico por concepto de “infectocontagiosidad”, es decir por desempeñarse en situaciones de riesgo.5

Este contexto se agrava debido a la incapacidad para hacer frente a la pandemia, particularmente en la ampliación de la capacidad hospitalaria, la adquisición de medicamentos y dotar de condiciones seguras a médicos, especialistas, enfermeras y demás personal, quienes con vocación y entrega han permitido la recuperación de enfermos.

Ante estas anomalías, en las próximas fases del plan de vacunación será determinante proponer alternativas y planes complementarios que la hagan más efectiva y de mayor acceso a las y los mexicanos sin distinción económica, social, geográfica o de cual otro tipo que impida el disfrute de uno de los derechos más trascendentales como es el de la salud.

Por si esto no fuera poco, no se ha dado a conocer la metodología, los tiempos y recursos económicos que se requerirán para recibir la segunda dosis, así como los requerimientos a cumplir para asegurar su disposición en los módulos de vacunación. Se debe poner especial énfasis en los polígonos de difícil acceso, en la conservación de la vacuna y facilitar su disposición en todo el territorio nacional.

Dotar de certeza este proceso evitará desvíos de recursos públicos y el tráfico de influencias, en una administración federal que se ha caracterizado por la falta de empatía con las necesidades de sectores vulnerables como mujeres y niñas, niños y adolescentes.

Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI la salud de los mexicanos es una prioridad, por lo cual la vacunación debe llevarse a cabo bajo los principios de oportunidad, eficacia, transparencia y universalidad.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores, fortalezca las acciones contenidas en el plan de vacunación para hacer más eficiente su adquisición, la logística de distribución y el desarrollo de controles para prevenir irregularidades en la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, Covid-19.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que transparente los planes y acciones previstas con los gobiernos estatales y municipales para facilitar la logística y aplicación de la vacuna contra el coronavirus, Covid-19, particularmente en las regiones y zonas de difícil acceso.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que emprenda campañas de información y concientización sobre la vacunación, los tiempos en los que estará disponible y los sectores poblacionales a recibirla, a fin de evitar confusiones, desconocimiento y actos que permiten lucrar con este producto desde la administración pública federal.

Notas

1 Presidencia de México. (2020). Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 8 de diciembre de 2020. Enero 5 de 2021. Sitio web: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-confe rencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-di ciembre-de-2020?idiom=es

2 Gobierno de México. (2020). Documento rector de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México. Enero 5 de 2021. Sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/597831/Salud_PN_Vacunaci _n_COVID-19_documento_rector__08dic20.pdf

3 El Economista. (2021). Médicos y enfermeras demandan vacuna contra Covid-19; doctora renuncia al IMSS por “influyentismo”. Enero 5 de 2021, de Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Medicos-y-enfermeras-demandan- vacuna-contra-Covid-19-doctora-renuncia-al-IMSS-por-influyentismo-20210 102-0001.html

4 Jorge Becerril. (2021). En CdMx, médicos y enfermeras bloquean calzada Vallejo; exigen insumos por Covid-19. Enero 5 de 2021, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-avenida-vallejo-protest a-personal-medico-exigen-insumos

5 El Universal. (2020). Médicos y enfermeras protestan por falta de insumos y protocolos para atender Covid-19. Enero 5 de 2021. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-medicos-y-enfermeras- protestan-por-falta-de-insumos-y-protocolos

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

(Rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT y las aerolíneas del país a mejorar los filtros primarios de inspección de pasajeros y equipajes, con una sana distancia entre los contenedores, y rociar desinfectantes sobre ellos en las bandas de transición para prevenir y disminuir el Covid-19, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Claudia Angélica Domínguez Vázquez , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Datos de la Secretaría de Salud informa que a la fecha de 27 de diciembre del presente año se han registrado 1 millón 383 mil 434 de casos confirmados por el virus de Covid-19 de los cuales se han recuperado 1 millón 38 mil 766 personas y 1 millón 740 mil 187 de casos negativos.1

El gobierno federal ha impuesto las medidas sanitarias necesarias para disminuir en lo más posible los contagios entre la población, conocido como contario o transmisión comunitaria. Además de que cada entidad federativa cuenta con un semáforo epidemiológico para demostrar el riesgo de contagio por Covid-19.

Semáforo epidemiológico es estatal y se compone por cuatro colores:

“

Rojo: Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día.Naranja: Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido.

Amarillo: Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19.

Verde: Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares”.2

Siendo de las entidades federativas más afectadas con casos registrados la Ciudad de México con 314 mil 260; Estado de México con 141 mil 115; Guanajuato con 80 mil 583; Nuevo León con 80 mil 783; y Jalisco con 50 mil 529.3

La Ciudad de México es la entidad con más casos registrados del país, esto se debe a diferentes causas como la enorme población que habita en la capital, el tránsito de personas en los diferentes medios de transporte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las medidas de prevención entre la población.

Las autoridades del estado de México y la Ciudad de México el 18 de diciembre del presente año, dispusieron que entrarían de nuevo en semáforo rojo por las altas cifras de contagios y hospitalizaciones por la pandemia del Covid-19; de esta manera exhortan a la población a no salir de casa sino es necesario, evitar asistir a reuniones y el cierre de actividades no esenciales.4

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su informe estadístico anual denominado “Aviación Mexicana en cifras”, el sistema aeroportuario consta de 77 aeropuertos de los cuales 64 son internacionales, teniendo un flujo de 97.3 millones de pasajeros en el 2018.5

Al momento de ingresar a una aerolínea se tiene que pasar por un filtro de seguridad para hacer una revisión al pasajero y su equipaje. En diversas aerolíneas se tiene permitido llevar un “equipaje de mano” de máximo 10kg. El primer filtro cuando trata de acceder un pasajero a alguna aerolínea se despoja momentáneamente de sus pertenencias y todo lo que se considere como “equipaje de mano” para su revisión por las políticas de seguridad sobre los artículos que están restringidos en el equipaje y durante este momento de inspección se juntan con el equipaje de los otros pasajeros, aunado a que se debe de colocar en una bandeja la billetera, celular y otros artículos para pasarlos por rayos X, lo que provoca que el virus Covid-19 se propague aun cuando se guarda una sana distancia y el uso de cubrebocas entre los pasajeros y el personal de los aeropuertos.

Sin una política sobre los filtros del equipaje de mano en los aeropuertos la propagación del virus será permanente, ya que se ha demostrado que este virus no desparece durante varios días sino se realiza un proceso de limpieza o sanitización.

Para ello las autoridades correspondientes deben de crear o fomentar políticas sobre los filtros del equipaje, guardando una sana distancia entre los contenedores y rociar desinfectantes sobre ellos, así como la inspección del pasajero para evitar y disminuir la propagación del virus; salvaguardando la salud y la vida de los viajeros y el personal de los aeropuertos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las aerolíneas de los 77 aeropuertos del sistema aeroportuario del país, a mejorar los filtros primarios de inspección de los pasajeros y sus equipajes, guardando una sana distancia entre los contenedores y rociar desinfectantes sobre ellos, depositados en las bandas de transición de los aeropuertos para la prevención y disminución del virus SARS-Cov-2.

Notas

1 Secretaría de Salud. Covid-19 ;éxico. 27 diciembre de 2020. https://datos.covid-19.conacyt.mx/

2 Secretaría de Salud. Semáforo Covid-19. Agosto/2020. https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

3 Ídem.

4 El Economista. CDMX y Estado de México vuelven al rojo: ¿Cuáles actividades estarán permitidas? 18/diciembre/2020. https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-y-Estado-de-Mexico-vuelve n-al-rojo-confinamiento-estricto-tras-repunte- de-casos-y-hospitalizaciones-Covid-19-20201218-0050.html

5 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aviación Mexicana en cifras. 2018. http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo5/ presentacion-amc-2018.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semar a no disminuir sus esfuerzos en defensa de la paz social, el patrimonio marítimo y los litorales; y a la GN, la FGR y los gobiernos de BC y Sinaloa a redoblar esfuerzos para detener a los responsables de destruir embarcaciones de la Semar en el primer estado y sistemas de videovigilancia en el segundo, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Marina a no disminuir sus esfuerzos en defensa de la paz social, el patrimonio marítimo y los litorales pese a las agresiones de que ha sido objeto; a la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el gobierno de Baja California y el gobierno de Sinaloa, a coordinarse para que de acuerdo con sus jurisdicciones redoblen los esfuerzos para detener a los responsables por la destrucción de embarcaciones de la Secretaría de Marina en Baja California y sistemas de videovigilancia en Sinaloa; y a las autoridades estatales y municipales de Sinaloa, para que sin entorpecer las indagatorias correspondientes rehabiliten tan pronto como sea posible los sistemas de videovigilancia que hubiesen sido dañados durante las fiestas decembrinas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la víspera del año nuevo y en las primeras horas de 2021 se reportaron en redes sociales diversos actos de violencia en los que civiles atacaron a servidores públicos o destruyeron embarcaciones e infraestructura esencial para las labores de seguridad pública. Estos hechos, abonan al aumento de la tolerancia a la violencia que vive nuestra sociedad y consecuentemente erosionan u obstaculizan las capacidades del Estado para ejercer su jurisdicción.

La destrucción de infraestructura, se registró en los municipios de Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, cuando más de 150 cámaras de seguridad fueron vandalizadas por parte de individuos que aparentemente portaban armas de alto poder.1 Asimismo, en San Felipe, Mexicali, Baja California, se registró la destrucción e incendio de una lancha y una embarcación interceptora tipo Polaris II de la Secretaría de Marina, y personal de la armada fue agredido cuando intervino para detener una trifulca entre activistas protectores del ambiente y pescadores.2

En cuanto al despliegue de civiles desarrollando actividades ilegales en contra de la seguridad pública en Sinaloa, al amparo del uso ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en Sinaloa, implica reafirmar el aumento de la tolerancia a la violencia y la ilegalidad en una zona del país que ha sido especialmente lastimada por la delincuencia durante décadas.

Si bien en esa región del país llevan años permitiendo ilegalmente la práctica de festejar la llegada del año nuevo detonando armas de fuego al aire, la destrucción de infraestructura esencial para las labores de seguridad pública no puede sumarse a las prácticas de tolerancia a la delincuencia y representa un riesgo que requiere ser atendido por el Estado mexicano.

Lo anterior resalta cuando se observan las imágenes transmitidas mediante redes sociales y medios de comunicación sobre los sucesos en Sinaloa, en las que se muestran detonaciones y portación de armas que presumiblemente entran en la línea de la prohibición para uso de civiles de acuerdo con los parámetros establecidos en artículos 7, 8, 9, 10, 10 Bis, 11, 12, 13 y 14 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y consecuentemente entrarían en las hipótesis de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa de acuerdo con las más recientes reformas a nuestra Constitución y el Código Penal Federal.

Adicionalmente, en la misa zona noroeste del país, donde nuestra Marina Armada trabaja diariamente para proteger nuestros litorales ante la pesca furtiva y el tráfico de drogas ilícitas o especies endémicas, y donde ha mostrado con creces su compromiso con la seguridad pública del país, personal y embarcaciones de la Secretaría de Marina fueron atacados impunemente por civiles. Ello sin que hasta el momento se haya tenido noticias sobre la detención de los responsables quienes aparentemente participaban en una trifulca contra ambientalistas cuando intervino el personal de la Secretaría de Marina para detener las agresiones, convirtiéndose en blanco de nuevas hostilidades.

Estas situaciones de inseguridad y violencia que irremediablemente sitúan en plena vulnerabilidad a la población civil que no se dedica a la delincuencia no deben ser toleradas y la reacción coordinada del Estado mexicano debe mostrarse, dando validez a las reformas que se han realizado en esta legislatura y a los cambios administrativos que presume el Gobierno Federal. Ello nos permite exigir, a dos años de inaugurada la nueva administración federal, que se realicen las investigaciones correspondientes, con el rigor científico de la labor pericial, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la implacable aplicación de la ley contra quienes resulten responsables.

Por lo expuesto y fundado me sirvo someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Marina a no disminuir los esfuerzos que ha mostrado para proteger la paz social, el patrimonio marítimo en particular y nuestros los litorales en general, a pesar de las agresiones que ha recibido el personal y los daños a las embarcaciones propiciados por civiles en Baja California.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el gobierno de Baja California y el gobierno de Sinaloa, para que de manera coordinada y conforme a lo que permitan sus respectivas jurisdicciones, redoblen esfuerzos para identificar, detener y procesar a quienes resulten responsables por agresiones a personal de la Secretaría de Marina y por el daño a sus embarcaciones, perpetrado por civiles en Baja California. Asimismo, a quienes resulten responsables por los daños a los sistemas de videovigilancia de Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, destruidos aparentemente con armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Asimismo, a redoblar los esfuerzos orientados a disminuir la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea por parte de la población civil.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las autoridades municipales y estatales de Sinaloa a verificar el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia que emplean para la seguridad de las y los sinaloenses, y en el caso de aquellos que hubiesen sido dañados presumiblemente de manera intencional durante las fiestas decembrinas, los reporten a la fiscalía que corresponda, y tan pronto como las investigaciones de las fiscalías lo permitan, los reparen y pongan nuevamente en funcionamiento.

Notas

1 De acuerdo con información preliminar de medios de comunicación, los sucesos pudieron dejar inservibles entre 150 y 120 cámaras de seguridad. Tan sólo en Mazatlán, el 2 de enero ya se tenía la confirmación de la destrucción por arma de fuego de 24 equipos de videovigilancia. Véase a Javier Cabrera Martínez. “Captan a sujetos armados que destruyeron cerca de 150 cámaras de vigilancia en Sinaloa”, en El Universal, 2 de enero de 2021, disponible en https://www.eluniversal.com.mx/estados/captan-sujetos-armados-que-destr uyeron-cerca-de-150-camaras-de-vigilancia-en-sinaloa Redacción, “Video: sujetos disparan contra cámaras de videovigilancia instaladas en Mazatlán, Sinaloa”, en Sinembargo, disponible en https://www.sinembargo.mx/02-01-2021/3918332 Redacción, “150 cámaras de seguridad fueron destruidas por hombres armados en Sinaloa”, en ADN40, 2 de enero de 2021, disponible en https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2021-01-02-16-50/150-camaras-de- seguridad-fueron-destruidas-por-hombres-armados-en-sinaloa Y Redacción, “Inicia 2021 con disparos de armas de fuego y cohetes en Culiacán y Mazatlán”, en Noroeste, 1 de enero de 2021, disponible en https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/inicia-el-2021-con-dispa ros-de-armas-de-fuego-y-cohetes-en-culiacan-y-mazatlan-1219061

2 Antonio Heras, “Enfrentamiento de pescadores y ambientalistas prende alarmas en San Felipe”, en La Jornada, 2 de enero de 2021, disponible en https://jornadabc.mx/tijuana/02-01-2021/enfrentamiento-de-pescadores-y- ambientalistas-prende-alarmas-en-san-felipe Y Jorge Alejandro Medellín, “Pescadores ilegales atacaron a la Marina de México y quemaron sus interceptoras”, Defensa, 4 de enero de 2021, disponible en https://www.defensa.com/mexico/pescadores-ilegales-atacaron-marina-mexi co-quemaron

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar por la Conagua estudios de disponibilidad e impacto ambiental de los mantos acuíferos en la Cuenca de la Independencia, o cuenca alta del río La Laja, en Guanajuato, pues se detectaron elevadas concentraciones de arsénico y fluoruro en agua subterránea debido a la sobreexplotación, suscrita por la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

I. Planteamiento del problema

La sobreexplotación de los mantos acuíferos en la Cuenca de la Independencia (o Cuenca Alta del río La Laja), en Guanajuato, ha generado efectos “nocivos a la salud para cerca de 500 mil habitantes, pues se ha detectado cantidades por arriba de la norma de arsénico y fluoruro, lo que generó daños renales y deterioro grave de la salud bucal”,

Cabe señalar que en el seminario virtual “Sociedad y sistemas gravitacionales de flujo de agua subterránea”, el cual fue convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como parte del ciclo Pronaces de Agua y Cuencas, y donde se destacó que en 90 por ciento de los cerca de 3 mil pozos de agua de esa cuenca “se está extrayendo agua de la era del hielo, es decir, de hace 10 mil a 35 mil años, porque el agua joven ya nos la acabamos, lo que tiene graves efectos en la salud”.

Esta simplicidad conceptual del ciclo del agua, existen retos científicos para su adecuada cuantificación, particularmente del agua subterránea, que representa 97 por ciento del líquido disponible en México, por lo que destacó el papel prioritario de las comunidades y de establecer un trabajo científico y de investigación vinculado con sus problemas.

En el Acuífero de la Independencia, como fue denominado por las comunidades, se inició un proyecto de investigación en 1998 que permitió conocer su grado de explotación y deterioro, pues presenta un incremento exponencial de áreas de riego para producto agrícolas de exportación principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

La explotación de sus recursos hídricos alcanzo la extracción de mil millones de metros cúbicos cada año, lo que está minando el acuífero, pues entre los efectos del exceso de extracción se detectó concentraciones elevadas de arsénico en agua subterránea, por arriba de los 0.025 miligramos que estable la norma oficial mexicana, las cuales, “no son aplicadas, por lo que prácticamente son letra muerta. También se detectaron concentraciones elevadas de fluoruro de hasta 1.5 miligramos por litro”.

Es decir, las zonas de mayor concentración de esta sustancia se hallan en Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, donde 7 de cada 10 niños que acuden a consulta dental, dijo, presentan fluorosis dental, producida por el consumo excesivo de fluoruro que provoca anomalías en el desarrollo del esmalte dental.

Se hace un llamado a la Semarnat a tomar medidas y utilizar todos los medios para tener un control sobre la extracción en los mantos acuíferos.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar por la Comisión Nacional del Agua estudios de disponibilidad e impacto ambiental de los mantos acuíferos en la Cuenca de la Independencia o Cuenca Alta del río La Laja, en Guanajuato, pues como efecto de la sobreexplotación se detectaron concentraciones elevadas de arsénico en agua subterránea, por arriba de los 0.025 miligramos que estable la NOM-127-SSA1-1994 y concentraciones elevadas de fluoruro de hasta 1.5 miligramos por litro.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR a atraer las investigaciones de la denuncia presentada por el gobierno tamaulipeco respecto a la elaboración y difusión de un documento apócrifo utilizado por la CFE para justificar el apagón del pasado 28 de diciembre, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República para que atraiga las investigaciones relativas a la denuncia presentada por el gobierno del estado de Tamaulipas ante la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad debido a la elaboración y difusión de un documento apócrifo utilizado por la Compañía Federal de Electricidad para justificar el apagón del pasado 28 de diciembre, con base en las siguientes

Consideraciones

El lunes 28 de diciembre se registró a las 14:28 horas una falla en las redes de transmisión de la CFE, que interrumpió la operación en 16 centrales eléctricas durante casi dos horas y afectó a más de 10.3 millones de usuarios, en amplias porciones de la Ciudad de México y el estado de México, así como las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Saltillo, Culiacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Pachuca, Mérida y Oaxaca, entre otras.

El director de la CFE, Manuel Bartlett, convocó a conferencia virtual para explicar las causas del mega apagón, pero los responsables de transmisión y de distribución, señalaron que la interrupción del suministro de energía eléctrica fue provocada por un desbalance en el sistema eléctrico. Un día después, el martes 29 de diciembre, la CFE emitió un comunicado donde atribuía las causas de la interrupción del suministro del fluido eléctrico a un incendio de pastizales debajo de las líneas de transmisión, con base en un documento supuestamente emitido por las autoridades de Protección Civil del estado de Tamaulipas. El Director de CFE Transmisión señaló que, a causa de los fuertes vientos provocados por el frente frío 23, se inició un incendio en 30 hectáreas de pastizales en el municipio de Padilla, ubicado a 20 kilómetros de Ciudad Victoria.

No obstante, el director de Protección Civil de Tamaulipas desmintió esta información y señaló que en ningún momento, ni elementos de la Coordinación estatal, ni del municipio de Padilla, participaron en el mencionado incendio, de hecho, a las horas y formas en que se indica en ese documento, nosotros desconocemos eso... Hay muchas otras características de ese comunicado como horarios, unidades que supuestamente participaron, las acciones que supuestamente se hicieron, el número de oficio, los logotipos, nada qué ver, no es un documento nuestro, desconozco quién lo pudo haber hecho.

Adicionalmente, indicó que incluso la firma de quien suscribe el mencionado oficio no corresponde con la del titular del Área.

Por lo anterior, el 4 de enero pasado, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas presentó, ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia en contra de quien resulte responsable por presentar documentación falsa para justificar el apagón masivo que dejó sin servicio eléctrico a más de 10.3 millones de usuarios. No obstante, el día 6 de enero, durante la conferencia matutina, el Presidente López Obrador, a pregunta expresa, declaró que

Es bueno reconocer que se cometió un error o que se haya inventado un incidente...

Por lo anterior, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD consideramos que, siendo la Compañía Federal de Electricidad una empresa del Estado que opera en todo el territorio nacional, que la falla en el suministro eléctrico generó afectaciones en doce entidades federativas y que la responsabilidad penal por la elaboración y presentación de documentos apócrifos para justificar sus causas excede el ámbito de competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, es que consideramos indispensable que las investigaciones de estos delitos sean realizadas por la Fiscalía General de la República, con el objeto de garantizar una investigación exhaustiva, que genere certeza y que sancione a los responsables.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que atraiga las investigaciones relativas a la denuncia presentada por el gobierno del estado de Tamaulipas ante la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad debido a la elaboración y difusión de un documento apócrifo utilizado por la Compañía Federal de Electricidad para justificar el apagón del pasado 28 de diciembre.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Jorge Casarrubias Vázquez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Antonio Ortega Martínez, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a homologar por la Ssa, el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica y el CSG los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en las instituciones de salud, a cargo de la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Enfermedad Vascular Cerebral

La enfermedad vascular cerebral es un grupo heterogéneo de trastornos en la irrigación cerebral caracterizado por un rápido desarrollo de síntomas y signos neurológicos que traducen una disfunción cerebral, espinal o retiniana focal, debidos a una oclusión arterial (isquemia), venosa (trombosis venosa) o ruptura arterial (hemorragia), y evidencia por imagen o neuropatológica de daño vascular.

Dicha enfermedad se caracteriza por aparición brusca y sin aviso, causando secuelas y muerte.

De acuerdo con la organización mundial de la salud, la Enfermedad Vascular Cerebral constituye la segunda causa global de muerte (9.7%), de las cuales 4.95 millones ocurren en países con ingresos medios y bajos, y si bien las tasas de mortalidad por EVC son elevadas en todas las regiones del mundo; en muchos casos sobrepasan la mortalidad derivada de enfermedades isquémicas del corazón. La situación es heterogénea entre países, regiones y poblaciones.

Los resultados de un estudio que utilizó datos de la OMS y del Banco Mundial, mostraron diferencias de más de 10 veces entre los países con tasas ajustadas por género y edad más altas, comparadas con las más bajas (rango de 25 a 250 por 100 000).

Las regiones con mayor mortalidad por EVC son Europa del Este, África Central y el Norte de Asia, mientras que las de menor mortalidad son Europa Occidental y Norteamérica. En situación intermedia se encuentran países de América Latina, Norte de África, Oriente Medio y Sureste Asiático.

De lo anterior se advierte, que existe un mayor riesgo de mortalidad por EVC, cuando se presenta en países de ingresos bajos y medios, que en países con mayor índice de ingresos per cápita.

La tasa de recurrencia del EVC a 2 años va del 10 al 22%, pero puede reducirse hasta en 80% con la modificación de factores de riesgo. De no existir intervenciones de prevención adecuadas, se calcula que para el año 2030, su incidencia se incrementará hasta 44%. Datos de la Secretaría de Salud de México muestran que en nuestro país la tasa de mortalidad por enfermedad vascular cerebral se ha incrementado a partir del año 2000, particularmente en menores de 65 años. Durante el 2007 del total de egresos en hospitales públicos el 1% fue atribuido a enfermedad vascular cerebral, mientras que, en el 2008, la tasa de mortalidad fue de 28.3/100,000 habitantes.

En el caso de pacientes ? 65 años se ha encontrado que 6 meses después de presentar el evento, el 26% son dependientes en actividades de la vida diaria y el 46% presentan déficits cognitivos.

Según los resultados del estudio Basid, en México se aprecia que la tasa anual se incrementa en forma significativa con la edad en todos los tipos. El infarto cerebral es el tipo de enfermedad vascular cerebral más frecuente. Actualmente las Enfermedades Cerebrovasculares en México deben considerarse como un problema de salud de orden prioritario.

La Tendencia registrada durante los últimos años muestra un incremento continuo en los niveles de mortalidad por este padecimiento, el cual ocupó en 2010 el sexto lugar dentro de las principales causas de defunción (32,306 defunciones con una tasa de 28.8 por cada 100 mil habitantes). (SINAVE/DGE/SALUD/Perfil Epidemiológico de las Enfermedades Cerebrovasculares en México).

La enfermedad vascular cerebral también se refiere al término genérico por el que se nombran los eventos vascular cerebrales, infartos y las hemorragias cerebrales. Los tres tipos principales de evento vascular cerebral son: trombótico, embólico y hemorrágico.

El evento vascular cerebral Trombótico se presenta cuando el flujo de sangre de una arteria cerebral se bloquea debido a un coágulo que se forma dentro de la arteria. La ateroesclerosis, que es la acumulación de depósitos grasos en las paredes de las arterias, causa un estrechamiento de los vasos sanguíneos y con frecuencia es responsable de la formación de dichos coágulos.

El evento vascular cerebral Embólico tiene lugar cuando el coágulo se origina en alguna parte alejada del cerebro, por ejemplo, en el corazón, pero una porción del coágulo (un émbolo) se desprende y es arrastrado por la corriente sanguínea al cerebro y dicho coágulo llega a un punto que es lo suficientemente estrecho como para no poder continuar, provocando una obstrucción en el vaso sanguíneo, cortando drásticamente el abastecimiento sangre. Este bloque súbito se llama embolia.

El evento vascular cerebral Hemorrágico -conocido también como derrame cerebral, es causado por la ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro.

En México se estima que aproximadamente el 60% de los casos de evento vascular cerebral son de isquemia cerebral, de los cuales el 20% son de origen cardioembólico, el cual se debe a la migración de un émbolo proveniente de las cavidades cardíacas o del segmento proximal de la aorta torácica, mientras que el resto se produce como consecuencia de patologías de pequeños o grandes vasos de la circulación cerebral.

Es necesario considerar que la enfermedad vascular cerebral es una emergencia médica, y cada minuto cuenta cuando un paciente lo está padeciendo, ya que cuanto más tiempo dure la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, mayor es el daño. La atención inmediata puede salvar la vida de la persona y aumentar sus posibilidades de una recuperación exitosa.

En la gráfica previa, se advierte que los días de hospitalización promedio aumentan en relación directa con la escala de Ranking modificado (ERM, por sus siglas en inglés, modified ranking scale). Dicha escala, evalúa el grado de discapacidad que presenta el paciente, posterior a un evento vascular cerebral, considerando entre otros aspectos, si existe afectación para leer, escribir, de estabilidad, coordinación, movilidad, si requiere asistencia para actividades básicas de la vida diaria, o si el grado de discapacidad incluso influye en que requiera cuidados constantes y no puede comer, asearse, caminar o usar el baño sin ayuda; donde ERM 0 implica que no existen síntomas o limitaciones y ERM 5 es una discapacidad severa.

Cuando la discapacidad y secuelas post evento vascular cerebral aumenta, también los días de hospitalización requeridos para tratamiento se acrecientan y, consecuentemente, los costos de terapias y hospitalización también aumentan.

II. Protocolos de atención

En el ejercicio de la medicina, es común que los profesionales de la salud tengan que tomar múltiples decisiones en poco tiempo y bajo presión. Si a ello se le añade que existen temas en los que los médicos pueden tener diferentes opiniones sobre el valor relativo de las diversas opciones de tratamiento o las estrategias diagnósticas de un proceso, se entiende que sea fácil que ante un mismo problema varios profesionales opten por actitudes muy diferentes, lo que explica en parte la variabilidad que se observa en la práctica clínica.

El origen de las diferencias en la toma de decisiones sobre pacientes individuales puede deberse a:

• Incertidumbre: no existe evidencia científica de calidad sobre el valor de los posibles tratamientos o de los métodos diagnósticos.

• Ignorancia: existe evidencia científica, pero el médico la desconoce o no la tiene actualizada.

• Presiones externas: el profesional conoce el valor de las pruebas o tratamientos, pero emplea otras pautas.

• Recursos y oferta de servicios: Al no disponer de la técnica diagnóstica o del tratamiento recomendado se utiliza una alternativa. También ocurre lo contrario, una disponibilidad elevada puede inducir a un uso excesivo.

• Preferencias del paciente: en la mayoría de los casos la decisión última la tiene el paciente o su familia y sus valores y preferencias también cuentan de forma que pueden hacer que las acciones varíen significativamente de un paciente a otro.

Para paliar estos aspectos los diferentes servicios de salud como las sociedades científicas y los responsables de la política sanitaria se preocupen por generar y publicar recomendaciones o estándares sobre cómo actuar en estas circunstancias.

Históricamente la práctica médica, ha conllevado un fuerte componente de experiencia y juicio personal, sin embargo en las últimas décadas esto ha cambiado mediante la incorporación paulatina del conocimiento científico a la práctica clínica, transparencia y capacidad evaluadora. El enorme crecimiento de la ciencia y de la innovación biomédica, el desarrollo de aplicaciones que permiten el uso de gran cantidad de información en la toma de decisiones clínicas y los grandes avances en las comunicaciones y en la tecnología de la información, han modificado y seguirán modificando la forma en la que los profesionales de la salud se enfrentan a los múltiples problemas del ejercicio de su profesión.

La medicina está cambiando en cuanto a cómo se gestiona el conocimiento y cómo se comparte con los pacientes. Las guías forman parte de este cambio. En el mundo de hoy la evidencia es global pero las decisiones son locales y se toman en circunstancias concretas sobre pacientes concretos. Para que los profesionales tomen las decisiones correctas han de disponer de información de calidad que se pueda interpretar y aplicar en aquel sitio donde se precisa. De tal cúmulo de necesidades y avances ha surgido la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) y los nuevos enfoques en gestión de la información científica.

Es derivado de este enfoque, que en nuestro país se modifica durante 2019 el término de Guías de Práctica Clínica a Guías de Evidencias y Recomendaciones.

Las Guías de Práctica Clínica (GPC), actualmente Guías de Evidencias y Recomendaciones, son el conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria de los pacientes”. No obstante un protocolo de atención resulta más integral y puede tener mayores efectos vinculatorios, aunado a que en el ámbito internacional la tendencia más actual es precisamente la de migrar hacia la emisión de protocolos.

Entre los diferentes aspectos que pueden motivar la necesidad de elaborar una guía de recomendaciones, o un protocolo de atención, y por lo tanto de donde surgen también los temas para su desarrollo (Calderón E, 2000; Bonfill X, 2003), están los siguientes:

• Cuando existe una amplia variabilidad en la manera de abordar determinadas áreas de práctica clínica.

• Ante determinados problemas de salud con gran impacto social y económico en los que no existe consenso a la hora de abordarlos y afectan a varios niveles asistenciales.

• Cuando una práctica clínica adecuada puede ser decisiva para reducir la morbimortalidad de determinadas enfermedades.

• En circunstancias donde las pruebas diagnósticas o los tratamientos produzcan efectos adversos o costes innecesarios.

Es evidente que el ejercicio de la medicina incluye tomar las decisiones correctas en todos los pacientes, protocolizar la asistencia, y de la amplia variabilidad clínica observada, surgió la necesidad de disponer de herramientas capaces de ofrecer la mejor información de forma simple, rápida y transparente.

La Secretaría de Salud, cuenta con atribuciones para promover y coordinar la participación en el Sistema Nacional de Salud, de los prestadores de servicios de salud, de los sectores público, privado y social, así como de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos.

Asimismo, su Reglamento Interior prevé facultades para difundir sistemática y objetivamente información - entre otros rubros-, sobre guías de práctica clínica a fin de promover su uso apropiado, seguro y eficiente como instrumento para la toma de decisiones en beneficio de la población y la excelencia en la práctica clínica, así como la coordinación permanente con los organismos nacionales e internacionales, en la materia, para el intercambio de información y participación continua.

Con base en las facultades mencionadas y a efecto de dar cumplimiento al artículo 4o. Constitucional, a través de la prestación de servicios de salud en establecimientos de atención médica con niveles de calidad homogénea para toda la población en general, la Secretaría de Salud, emitió un Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de 13 de junio de 2008.

Su motivación, radicó en la conveniencia del establecimiento de marcos de referencia que fomentaran las prácticas clínicas adecuadas, con recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible, promoviendo la atención más efectiva, el uso eficiente de los recursos, la satisfacción de los usuarios y la calidad técnica de la prestación que se brinda.

Asimismo, se buscó replicar los ejercicios que en la materia se realizaron por organizaciones especializadas como son la Red Internacional de Guías de Práctica Clínica y la Red Iberoamericana de Guías de Práctica Clínica, de las que México forma parte, a través del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, que apoya la colaboración, el intercambio y la transferencia de conocimientos.

En ese orden de ideas, el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, creado como un órgano asesor de la Secretaría de Salud, tiene por objeto unificar los criterios de priorización, elaboración, actualización, integración, difusión y utilización de guías de práctica clínica y protocolos de atención médica en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para proponer los criterios necesarios para evaluar su aplicación. (Énfasis añadido)

El Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, cuenta con facultades para:

I. Proponer las políticas y criterios específicos para la elaboración, adopción, adaptación y difusión de las guías de práctica clínica en las instituciones del Sistema Nacional de Salud;

II. Coadyuvar en la propuesta para priorizar los temas en el desarrollo de guías de práctica clínica;

III. Coadyuvar en el desarrollo y actualización de la Metodología para la elaboración, adopción y adaptación de guías de práctica clínica;

IV. Coadyuvar en la definición de las estrategias, políticas y criterios para la implantación y evaluación del impacto de las guías de práctica clínica en las unidades médicas del Sistema Nacional de Salud;

V. Promover la colaboración de las instituciones del Sistema Nacional de Salud para el desarrollo de guías de práctica clínica;

VI. Proponer un plan de trabajo anual, que sirva de directriz general para la conformación de políticas, criterios y estrategias para el desarrollo, difusión, utilización y evaluación de las guías de práctica clínica;

VII. Coadyuvar en la difusión de las disposiciones aplicables y de los resultados del Comité y

VIII. Las demás que le asigne el Secretario de Salud, para el adecuado desempeño de sus funciones.

El referido Comité se integra por:

I. El Subsecretario de Innovación y Calidad (Preside);

II. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud;

III. El Titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad;

IV. El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud;

V. El Comisionado Nacional de Arbitraje Médico;

VI. El Director General de Calidad y Educación en Salud;

VII. El Director General de Evaluación del Desempeño;

VIII. El Director General de Información en Salud;

IX. El Titular del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud;

X. El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud;

XI. Un representante del Consejo de Salubridad General;

XII. El Director General de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional;

XIII. El Director General Adjunto de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina, Armada de México;

XIV. El Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social;

XV. El Subdirector General Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

XVI. El Subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos;

XVII. El Director General de Rehabilitación y Asistencia Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

XVIII. Tres secretarios estatales de salud o su equivalente en las entidades federativas;

XIX. El Presidente de la Academia Nacional de Medicina, AC y

XX. El Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, AC

Por otra parte, cuenta con un grupo de asesores permanentes que se integra por los presidentes de las siguientes asociaciones civiles, previa aceptación que realicen por escrito del cargo, dirigida al Presidente del Comité:

I. Fundación Mexicana para la Salud, AC;

II. Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicina, AC;

III. Asociación Mexicana de Hospitales, AC;

IV. Asociación Nacional de Hospitales Privados. AC. y

V. Sociedad Mexicana de Calidad de Atención a la Salud, AC

Además, es de mencionar que las instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, de carácter asistencial, académico o científico, de reconocido prestigio y con amplios conocimientos en la materia objeto del Comité y las organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio que realicen actividades relacionadas con las funciones del Comité, y que estén legalmente constituidas, pueden ser invitadas a las sesiones del mismo.

Independientemente de las atribuciones con las que cuenta el referido Comité, el artículo 32 de la Ley General de Salud, establece que los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse en las Guías de Práctica Clínica y los medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

III. Guías existentes para la atención de EVC

• Guía de referencia rápida. Vigilancia del Paciente con secuelas de enfermedad vascular cerebral en el primer nivel de atención.

• Vigilancia y prevención secundaria de la enfermedad vascular cerebral en el primer nivel de atención.

• Diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad vascular cerebral isquémica en el segundo y tercer nivel de atención.

• Manejo Prehospitalario de un evento vascular cerebral isquémico.

• Guía para un plan de egreso en personas con secuelas por enfermedad vascular cerebral.

• Guía de práctica clínica del evento vascular cerebral isquémico agudo en urgencias del (Hospital General Regional 17 Quintana Roo).

• En adición, aunque no se trata de guías directamente relacionadas con la EVC, pero impactan en su tratamiento y/o se trata de comorbilidades:

• Guía de práctica clínica. Diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular.

• Guías clínicas para la detección, prevención, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial sistémica.

De lo antes expuesto, se advierte que actualmente existe una dispersión y falta de uniformidad respecto a los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento del EVC, lo cual, considerando que dicha enfermedad tiene grandes impactos en la calidad de vida e independencia del paciente, incluso llegando a la discapacidad total y la muerte, así como costos vinculados a la misma, muchos de los cuales recaen precisamente en el sector salud, se estima que se requiere contar con protocolos únicos de atención para el caso de EVC.

Luego entonces, en función de los datos arrojados por las diversas fuentes citadas, es que esta legisladora considera necesario que se homologuen los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento de la Enfermedad Vascular Cerebral en las diversas instituciones de salud, es decir, SSa, IMSS, ISSSTE e INSABI, idealmente en instrumentos que cuenten con efectos vinculatorios y que permitan un abordaje integral del padecimiento, como pueden ser los protocolos de atención. Ello considerando que este derecho se encuentra consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Adicionalmente a lo ya sustentado, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece que “El gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos.”

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, bajo el rubro Salud para toda la población, también menciona que el derecho a la salud le es denegado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la población mexicana, lo cual cobra mayor importancia, justamente en los casos de enfermedades respiratorias.

Por otra parte, a través del Plan Nacional de Salud 2019-2024, (dado a conocer a través del denominado proyecto) se plantea el objetivo de incrementar el acceso a la salud de forma paulatina para todos los mexicanos, independientemente de su condición laboral o socioeconómica.

Debemos pues considerar que el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica cuenta con atribuciones suficientes para proponer las políticas y criterios específicos para la elaboración, adopción, adaptación y difusión de las guías de práctica clínica en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como coadyuvar en la propuesta para priorizar los temas en el desarrollo de guías de práctica clínica, y promover la colaboración de las instituciones del Sistema Nacional de Salud para el desarrollo de guías de práctica clínica.

Asimismo, la Secretaría de Salud, a través de uno de sus órganos desconcentrados se encuentra facultada para difundir sistemática y objetivamente información - entre otros rubros-, sobre guías de práctica clínica a fin de promover su uso apropiado, seguro y eficiente como instrumento para la toma de decisiones en beneficio de la población y la excelencia en la práctica clínica, así como la coordinación permanente con los organismos nacionales e internacionales, en la materia, para el intercambio de información y participación continua.

Es necesario mencionar, que el Consejo de Salubridad General, cuenta con atribuciones para participar, en el ámbito de su competencia, en la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, así como para proponer políticas y estrategias y definir acciones para la integración de un modelo articulado que permita el cumplimiento del programa sectorial de salud, especialmente por lo que hace a los destinados a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios, brindar protección financiera en salud a toda la población e incrementar la cobertura de los servicios.

Luego entonces, resulta necesario que dichas instancias realicen las acciones procedentes, necesarias y suficientes para homologar los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento de la Enfermedad Vascular Cerebral en las diversas instituciones de salud, idealmente en protocolos de atención que otorguen un abordaje integral de la enfermedad y cuente con efectos vinculatorios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, y en lo conducente el Consejo de Salubridad General, se homologuen los criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en las diversas instituciones de salud, es decir, Secretaria de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto de Salud para el Bienestar.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de enero de 2021.

Senadora Nestora Salgado García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Profepa a tomar medidas encaminadas a preservar diversas especies de caracol marino, especialmente el rosado, a cargo del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Poli?tica de los Estados Unidos Mexicanos; 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los restos de diversa fauna marina son preciados para el comercio. Corales, estrellas de mar, conchas, caracoles, erizos de mar, e inclusive piedras, son extraídos de manera irresponsable de su medio natural para el uso humano, ya sea a modo de decoración o inclusive joyería. Sin embargo, su extracción desmedida llega a niveles de saqueo que afectan la salud de las playas como ecosistema.

El calcio del que están compuestas las conchas, caracoles y estrellas de mar y corales, entre otros, son parte integral de la formación de bancos de arena y contribuye a la regeneración de las playas.

De acuerdo con investigaciones en geología, el cambio en la morfología y sedimentos en 23 playas del Golfo Mexicano y el Caribe muestran una afectación en la concentración de fragmentos calcáreos (pellets). En todos los casos se compararon muestreos antiguos con un reciente y se encontró que los sedimentos carbonatados están empobrecidos. La diversidad con la que se compone el sustrato bajó para todos los casos. Esta menor concentración de pellets se asocia a una menor cantidad de organismos en el litoral y de aves, vinculada al impacto de las acciones humanas.1

Al mismo tiempo, el conteo de fauna en los litorales se ha disminuido, como muestra el caso de los caracoles Strombus costatus en el Caribe mexicano.2 Hay que considerar que, dicho en general para la Península de Yucatán, la pesca y recolección de caracoles es de diversas especies. En Campeche y Yucatán, se capturan caracol blanco (Strombus costatus Gmelin, 1791), el caracol peleador (Strombus pugilis Linnaeus, 1758), Busycon sp. y Xancus angulata. En Quintana Roo, las capturas se enfocan principalmente al caracol rosa (Strombus gigas Linnaeus, 1758) y las otras especies se capturan en menor escala.3 La explotación de estas especies para su venta se suma a los efectos de los huracanes y la urbanización desordenada en la costa que hacen estragos en las costas del país.

La calidad de las costas yucatecas fue calificada por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, en general, como “regular”. Sin embargo, se calificó como mala, la calidad en los casos de Progreso, Chicxulub y Telchac; regulares, para Celestún y Sisal; mientras que solo Dzilam de Bravo, San Felipe y Río Lagartos fueron calificadas como buenas.4

Diversas especies de caracoles tienen veda en Yucatán, pero se consideran aprovechables para elaboración de artesanías, así como para consumo humano.5 Si bien se reporta que no hay investigación suficiente sobre estas mismas especies, el caracol rosado (Strombus gigas) se encuentra entre las especies amenazadas de la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), a través del Apéndice II, emitido con fecha 11 de junio de 1992.6 Este caracol se alimenta de alga y detritus en su edad adulta, y en etapa de juventud se alimenta de pasto marino y microalgas. En ambas etapas contribuye a la salud del ecosistema, influyendo en la productividad béntica y regulando el pasto marino.7

De acuerdo con la Agenda 2030, la atención a los ecosistemas marinos debe estar contemplada como parte de las estrategias para lograr un desarrollo sostenible. Esto puede apreciarse en el objetivo número 14, está dedicado a “conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible” (ODS 14). De manera específica, la meta 14.2 especifica lo siguiente:

“14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos.”

Por lo anteriormente expuesto y en aras de proteger el patrimonio natural de las costas mexicanas, y de acuerdo con la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, a la Agenda 2030, particularmente con la meta 15.5 “se solicita adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación del hábitat natural”, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar las acciones tomadas para la preservación de diversas especies de caracol marino, especialmente del Strombus Gigas o Caracol Rosado, que se encuentra amenazado según la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que refuercen las medidas para vigilar la comercialización de restos de fauna marina y piedras de los litorales costeros, en especial del Strombus Gigas o Caracol Rosado.

Notas

1 Carranza-Edwards, Arturo, Márquez-García, Antonio Zoilo, Tapia-González, Citlalli Itzel, Rosales-Hoz, Leticia, & Alatorre-Mendieta, Miguel Ángel. (2015). Cambios morfológicos y sedimentológicos en playas del sur del Golfo de México y del Caribe noroeste. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana , 67 (1), 21-43. Recuperado de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-33222015000100003&lng=es&tlng=es.

2 Balán-Dzul, Virginia, & de Jesús-Navarrete, Alberto. (2011). Densidad, abundancia y estructura poblacional del caracol blanco Strombus costatus en el Caribe Mexicano. Revista de biología marina y oceanografía , 46 (1), 1-8. Recuperado de https://dx.doi.org/10.4067/S0718-19572011000100001

3 Ibídem.

4 Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. (2017). Tarjeta de reporte para la costa yucateca.

http://www.lanresc.mx/intranet/noticias/RC_cuadernillo_1 7-1-2018alta%20resolucio%CC%81n.pdf

5 Valenzuela Jiménez, Manuel Ángel, Durryty Lagunes, Claudia Verónica, Badillo Alemán, Maribel, Gallardo Torres, Alfredo, Chiappa Carrara, Xavier. (s.f.) Guía rápida de identificación. Invertebrados de importancia comercial en Yucatán . Recuperado de http://www.lanresc.mx/intranet/noticias/Original_Triptico%20de%20Invert ebrados1.pdf

6 Strombus gigas. Appendix II, CITES (11/06/1992). Recuperado de

https://www.cites.org/eng/gallery/species/invertibrate/q ueen_conch.html

7 Non-detrimal findings

https://www.cites.org/sites/default/files/ndf_material/W G9-CS3.pdf

Ciudad de México, a siete de enero de dos mil veintiuno.

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas a devolver las placas de los concesionarios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, SA de CV, y pagar el adeudo por el servicio prestado por la empresa entre enero y octubre de 2020, a cargo del senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Noé Fernando Castañón Ramírez, senador de la república en la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracciones II y XIV y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas a devolver las placas de los concesionario del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, SA de CV, y pagar lo adeudado por el servicio prestado por la empresa entre enero y octubre de 2020, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 1 de noviembre de 2020, la sociedad mercantil Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla Gutiérrez, SA (Situtsa), dejó de prestar el servicio de transporte público en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dando inicio al proceso de liquidación de los trabajadores y la disolución de la empresa.1

Dicha sociedad se forma por el Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público, manejado por el gobierno de Chiapas, que tiene 51 por ciento de la participación de la empresa: el 49 restante queda a cargo de 105 socios transportistas, concesionarios de las rutas 1 y 2 de la capital de Chiapas.2

Las socias y los socios de la empresa materia del presente punto de acuerdo, se han manifestado en diversas ocasiones para solicitar el pago por parte del Gobierno del Estado de Chiapas y de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, esto, por el servicio otorgado al público en general en el periodo enero-octubre de 2020, así como la entrega de las placas que forman parte de sus concesiones, sin que a la fecha se les haya dado respuesta alguna por las autoridades estatales.3

No es menos importante el destacar que, ante la ausencia en el servicio de los concesionarios legítimos de las rutas 1 y 2 de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, derivado de la falta de entrega de sus placas por parte de la Secretaría en comento, diversos autotransportistas se encuentran brindando el servicio en las rutas antes referidas, esto, con fundamento en la implementación de un programa emergente para la prestación provisional del servicio público de transporte en los Corredores Troncales A y B de la ciudad publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el 4 de noviembre de 2020, sin que para el efecto, se haya tomado en cuenta a los concesionarios de Situtsa, lo que ha causado actos de molestia pues a la fecha, no pueden trabajar en las rutas que en su momento les fueron asignadas, causando una grave afectación a su patrimonio.4

Por lo expuesto y fundado solicito a esta asamblea que someta a consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta al secretario de Movilidad y Transporte de Chiapas a devolver las placas de los concesionarios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, SA de CV, y pagar lo adeudado por el servicio brindado por la empresa entre enero y octubre de 20202.

Notas

1 https://alertachiapas.com/2020/11/01/dan-el-ultimo-adios-al-conejobus-y -sus-trabajadores/

2 https://smyt.chiapas.gob.mx/boletines/B031120

3 https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/10/no-estamos-pid iendo-limosna-socios-y-socias-del-conejobus/

4 https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/a-falta-de-conejobus-invade n-rutas-transportistas-colectivos-transportes-combis-inconformidades-61 45503.html

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Senador Noé Fernando Castañón Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a informar de forma clara y precisa a esta soberanía respecto a la sobreexplotación de los mantos freáticos en Tlaxcala por FEMSA, pues se trata de un asunto de seguridad nacional, suscrita por la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada a la LXIV Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Planteamiento del problema

La extracción de millones de litros de agua que ha venido realizando la empresa multinacional FEMSA en los mantos acuíferos de Apizaco, Tlaxcala, los cuales están a punto de secar, esto de acuerdo con estudios realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Todas las tierras verdes que permanencias así todo el año se han quedado atrás y hoy lucen como zonas desérticas convertidas en arenas de sequedad, todo es derivado de la extracción sin control del agua para beneficio de esta empresa refresquera, es inconcebible que esta empresa se haya adueñado de los terrenos de una manera voraz sin importar el daño al medio ambiente.

Con base a los resultados de la investigación realizada se desprende que ha habido una sobreexplotación de los mantos acuíferos de alrededor de casi 7 millones de metros cúbicos cifra alarmante. Por otra parte, se destaca que la filtración pluvial hacia los mantos freáticos es de 41. 33 millones de metros cúbicos, lo cual provoca una sobreexplotación de casi 7.6 millones de metros cúbicos.

Es decir, de los manantiales se extraen alrededor de 134 millones de metros cúbicos anuales y mientras que de los pozos sólo se alcanza a extraer 23.49 millones del vital líquido y eso sin contar las fugas de las redes naturales.

La mancha urbana ha crecido de manera preocupante y desordenada a través de unidades habitaciones, negocios, fábricas entre otros, así como mencionar la creación de parques industriales los cuales consumen de manera exorbitante el vital líquido que con el tiempo si no ponemos orden traerá consecuencias irremediables.

De tal manera, hago un llamado a la Conagua, la Semarnat y la Profepa a tomar las medidas urgentes en el paulatino abatimiento de los mantos freáticos de la zona toda vez que de seguir así este panorama tendremos una zona desértica y esto debido al mal uso y excesivo consumo de este tipo de empresas que sólo buscan su beneficio particular.

Es por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por conducto de la Comisión Nacional del Agua

a) Informe a esta soberanía respecto a la sobreexplotación de los mantos freáticos en Tlaxcala que lleva a cabo la empresa FEMSA, debido a que la gestión de los recursos hídricos es un asunto de seguridad nacional.

b) Realice estudios de disponibilidad e impacto ambiental de los mantos acuíferos en Apizaco, Tlaxcala, a efecto de revalorar el otorgamiento de la concesión para la explotación de agua por la empresa FEMSA.

c) Elabore un plan estratégico para la conservación del agua en Tlaxcala.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a utilizar una estrategia de comunicación clara y objetiva que permitan a las personas identificar su nivel de riesgo ante el Covid-19, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 19 de marzo pasado, la Ciudad de México abrió su sitio informativo relativo a la Covid 19, en donde se establecieron las reglas y lineamientos que regirían durante la pandemia y se generó un semáforo epidemiológico cuya claridad respecto a la forma en cómo cambiaría de un color a otro, sin ningún tipo de sesgo político. Entre los indicadores que se contemplaron en ese momento, se situó la tendencia de síndrome Covid, tendencia de hospitalizados, positividad e incremento de sospechosos y la ocupación hospitalaria. En el mes de agosto, estos indicadores se incrementaron a diez.

El 31 de mayo, la jefa de gobierno de esta Ciudad anunció la transición del semáforo hacia el color naranja, después de una fuerte etapa de confinamiento. Durante los últimos días, desgraciadamente, el nivel de contagios ha ido en aumento y la disponibilidad de camas generales y con ventilador general, ha disminuido considerablemente. Esta situación ha resultado preocupante para la sociedad en general, sin embargo, los llamados de la autoridad han resultado poco claros y menos definitivos.

Más allá de realizar contundente convocatoria y señalar los riesgos que significa la concentración de personas y el no portar el cubrebocas, la jefa de gobierno ha caído en una serie de evasivas que no permiten a las personas generar una conciencia de la gravedad de la situación. Todo lo anterior se suma a la poca seriedad con que el presidente de la República ha tomado el problema de los contagios desde un primer momento y ha emitido mensajes que resultan contradictorios, reusándose a la utilización de cubrebocas como ejemplo de responsabilidad y respeto para la población.

Al día de hoy, la capacidad hospitalaria se encuentra en 66% en camas generales y en 71% en camas con ventilador, no obstante las declaraciones de la propia funcionaria local en el sentido de que “si la ocupación crece hasta llegar a 5,127 camas, la Ciudad de México podría volver al semáforo rojo”, cifra que superamos desde el 12 de noviembre.

Es importante señalar que, gracias a la buena e intensa comunicación de la Arquidiócesis de México, la suspensión de las celebraciones relativas a la aparición de la Virgen de Guadalupe, previstas para el 11 y 12 de diciembre, constituyó un éxito debido a que, a pesar de que se esperaban más de 7 millones de personas, únicamente llegaron mil durante tres días. Este éxito salpicó a las autoridades locales y hasta a las federales, sin embargo, no pueden adjudicárselo debido a lo poco claro que resulta su discurso informativo.

Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD exhorta a las autoridades capitalinas para que implementen estrategias claras y objetivas de comunicación que les permitan a las personas identificar el nivel de riesgo en el que se encuentran.

Por todo lo anterior, plenamente convencida de que, en una sociedad democrática la protección de la vida y la integridad de las personas constituye un valor fundamental, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para utilizar una estrategia de comunicación clara y objetiva que permita a las personas identificar el nivel de riesgo en el que se encuentran.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 7 días del mes de enero de 2021.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de dictaminar las iniciativas sobre legalización del aborto a someter a discusión y aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones los dictámenes respectivos para cumplir el anhelado derecho femenino a la interrupción del embarazo y dar un paso hacia la garantía del derecho a la salud y al reconocimiento de la igualdad de las mujeres, con respeto de su autodeterminación reproductiva, en condiciones de legalidad, confidencialidad y seguridad, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, en su calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideracio?n del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolucio?n, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Senado de Argentina aprobó la madrugada del 30 de diciembre de 2020, el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación.

La votación obtenida fue 38 senadores a favor, 29 en contra, 1 se abstuvo y 4 no asistieron. Dicho proyecto ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 11 de diciembre. Este proyecto de ley aprobado en las cámaras legislativas de Argentina fue enviado al presidente Alberto Fernández para su promulgación.

La propuesta fue presentada inicialmente por el gobierno de Cristina Fernández y que fue una de sus promesas de campaña del actual gobierno, por lo que se espera que el presidente argentino promulgue la ley.

La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó año tras año el proyecto, pero en esta oportunidad es también el Poder Ejecutivo el que envío la propuesta de interrupción legal del embarazo, ya que fue una promesa de campaña y por ello el resultado obtenido fue a favor.

Las circunstancias son muy diferentes a las de la primera ocasión, en 2018, cuando el entonces gobierno del presidente Mauricio Macri autorizó el debate, pero con ánimo contrario a la sanción de esa ley, mientras que el actual gobierno, encabezado por Alberto Fernández, logró el apoyo necesario para su aprobación.

Es por ello, que ante el logro de las legisladoras y los legisladores argentinos es el deber del Congreso mexicano asumir la estafeta del movimiento feminista argentino que logró con su voz potente, derribar las resistencias y legalizar el aborto para salvar la vida de las mujeres. Reconocer el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad reproductiva implica un cambio radical.

Todas y todos los mexicanos hemos sido testigos y escuchas del clamor de miles de mujeres en la demanda por el reconocimiento de su derecho a elegir de manera libre su maternidad como lo garantiza la constitución.

Una de las principales barreras para las mujeres en México son los graves obstáculos para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, una condición que impone graves desigualdades entre los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.

Una de las muestras más notorias de dicha desigualdad, tanto en nuestro país como en el mundo, está en la restricción que tienen las mujeres para acceder a la interrupción del embarazo de forma segura. De ahí que esta iniciativa sea crucial para que el Estado mexicano avance en garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres en nuestro país.

El acceso a los derechos sexuales, parte incuestionable de los derechos humanos de todo hombre y mujer, se sustenta en una amplia gama de decisiones del individuo para garantizar su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo con sus creencias externas e internas. De ahí que los derechos sexuales y reproductivos no se limiten a la interrupción legal del embarazo, sino que se extienden a las múltiples posibilidades que tienen los mexicanos para decidir su vida sexual, reproductiva y sobre la libre determinación del número y espaciamiento de hijos que consideren oportuno.

Por ello, el logro de las mujeres argentinas representa un cambio de paradigma, donde las mujeres asumimos el gobierno de nuestras vidas, no necesitamos embajadores, ni que nadie se arrogue el derecho a decidir por nosotras. Ni cárcel, ni muerte merece una mujer para decidir sobre su propia vida.

La maternidad obligada la sostienen quienes creen que las mujeres solo somos seres reproductivos y que ahí reside nuestra aportación a la humanidad. Ser madre o no serlo es nuestra decisión única e intransferible.

No ser madre también es una decisión respetable, personal y responsable. Criminalizar esta decisión es perpetuar la pobreza o desigualdad, ya que son las mujeres sin recursos, las únicas que no pueden hacerlo, sin arriesgar su vida o su libertad.

Legalizar el aborto es garantizar el acceso a la salud, respetando la autonomía y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a decidir y transitar a una vida libre de violencia institucional y social, abonando para alcanzar la igualdad sustantiva.

Por ello, es necesario que el Congreso de la Unión y, particularmente la Cámara de Diputados, impulsemos un periodo extraordinario o, en su caso, las iniciativas que existen en las comisiones legislativas sean dictaminadas, discutidas y aprobadas en el próximo periodo ordinario de sesiones, para cumplir con nuestro compromiso con las mujeres y con el movimiento feminista. La izquierda no puede acompañar posiciones conservadoras que cercenen nuestra libertad. Es un acto de justicia para las mujeres vulnerables.

Las legisladoras de la Cuarta Transformación y de esta legislatura de la paridad de género mantenemos un compromiso sólido con la progresividad de los derechos de las mujeres. Como representantes electas por las mujeres que enfrentan la difícil decisión de interrumpir su embarazo, apoyamos que sean las propias mujeres las que puedan decidir libremente.

Contamos con los avances para poder legislarla despenalización del aborto, en respeto a la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Estamos listas y preparadas para el debate y aprobación de este derecho de las mujeres. Sera ley la interrupción legal del embarazo ¡lo lograremos!

La democracia y la participación es la bandera de Morena y en este tema no será la excepción ¡Con las mujeres todo, sin las mujeres nada!

En atención a lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados que tienen bajo su responsabilidad dictaminar las iniciativas en materia de legalización del aborto, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se sometan a discusión y aprobación los dictámenes respectivos para cumplir con el anhelado derecho de las mujeres a acceder a la interrupción del embarazo y dar un paso hacia la garantía del derecho a la salud y al reconocimiento de la igualdad de las mujeres respetando su autodeterminación reproductiva, en condiciones de legalidad, confidencialidad y seguridad.

Palacio Legislativo a jueves, a 7 de enero de 2021.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a establecer por la AFAC un protocolo de actuación de los concesionarios del servicio de transporte aéreo de pasajeros para desalojar a los se nieguen a utilizar el cubrebocas como parte de las medidas sanitarias de prevención de contagios por SARS-Cov2, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN

Quién suscribe, diputado Carlos Alberto Valenzuela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaría de comunicaciones y transportes para que a través de la agencia de aviación civil se establezca un protocolo de actuación para los concesionarios del servicio de transporte aéreo de pasajeros para realizar el descenso de las aeronaves a personas que se nieguen a utilizar el cubrebocas como parte de las medidas sanitarias de prevención de contagios por SARS-COV2. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A más de un año de haberse presentado el primer caso de SARS-COV2 (Covid-19) en el mundo y su propagación de manera inmediata desde Asia a el resto del mundo; las cifras de contagios y muertes son alarmantes.

A la fecha, en México según cifras oficiales al 08 de diciembre de 2020 se registra un estimado de 1 millón 193 mil 255 casos positivos; 110 mil 874 defunciones, y con 54,131 casos activos.1 Ante tal escenario, se requiere reforzar las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias en diversas actividades económicas y sociales.

Si bien el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia; y el 31 de marzo la Secretaría de Salud publicó para su atención el acuerdo de las acciones extraordinarias para dicha emergencia, en las que se señala lo siguiente:

III. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas:

a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas;

b) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente;

c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo);

d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y

e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal; 2

Énfasis propio.

Si bien este acuerdo no establece sanciones por incumplimiento, si refiere el cumplimiento obligatorio de las medidas emitidas por la Secretaría de Salud.

Considerando que el Covid-19 se transmite de una persona infectada a otras a través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser y estornudar ; al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz u ojos.

Hay que destacar que existe cierta discrepancia entre las recomendaciones que realiza la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud del gobierno federal en cuanto al uso del cubrebocas o mascarilla. Toda vez que, en la página gubernamental https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/# se informa a la población lo siguiente:

“¿Los cubrebocas me protegen del contagio?

No. Solamente nos protegen de las pequeñas gotas de saliva que las demás personas expulsan al hablar, pero como no cubren los ojos, el virus puede entrar por ahí también. Si compramos demasiados cubrebocas podemos provocar que después no haya para las doctoras y doctores y personal de enfermería que sí los necesitan porque están en contacto directo con personas enfermas.”

Énfasis propio

Mientras que la Organización Internacional de la Salud, realiza las siguientes recomendaciones:

¿Por qué debemos usar mascarillas?

Las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión y salvar vidas. Reducen el posible riesgo de exposición a los virus de una persona infectada, sea o no asintomática. Las personas que están protegidas contra la infección. Además, si las utilizan personas infectadas, las mascarillas impiden que el virus siga transmitiéndose.

Las mascarillas deben utilizarse como parte de un enfoque integral que incluya la adopción de todas las medidas posibles (¡Háganlo todo! ): mantener el distanciamiento físico, evitar entornos cerrados y concurridos en los que haya contacto estrecho entre personas, mejorar la ventilación, lavarse las manos, cubrirse al estornudar y toser, y muchas otras.3

Énfasis propio.

Las buenas prácticas internacionales se orientan a promover el uso de mascarilla/cubrebocas para reducir el riesgo de contagios; estas prácticas se replican en el ámbito aeronáutico como lo establece en la “IATA Health Safety Standards Checklist for Airline Operators” d e agosto de 2020 establece:

HLT 1.2.1 The Operator shall have procedures to ensure passengers are notified of relevant travel information before arriving at the airport. Such information shall include but not be limited to:

(i) Provision of a recommended arrival time before flight departure that accounts for possible delays associated with Covid-19 preventive measures in place;

(ii) As applicable for local authorities, advisory that passengers should have a sufficient number of face masks for the entire duration of the journey;

(iii) Notification that:

(a) Symptomatic passengers are not to come to the airport;

(b) Only confirmed passengers are permitted access to the terminal except for persons that accompany passengers that require special assistance.

(c) Passengers identified as symptomatic will be refused access to or taken off the aircraft and removed from the airport premises by competent public authorities;

(d) Passengers that do not adhere to preventative measures will be treated as unruly passengers and denied access to or will be removed from the aircraft;

(iv) Advisory that face masks or equivalent as applicable for local authorities, are to be:

(a) Worn while in airport terminals and during flight; (b) Changed or replaced regularly. (GM) 4, 5

Énfasis propio.

Asimismo, de acuerdo con la Ley de Aviación Civil, en su artículo 47 Bis 4 señala las siguientes obligaciones a los pasajeros:

Artículo 47 Bis 4. Los pasajeros deberán:

I. Brindar al permisionario o concesionario información y datos personales veraces, al momento de la compra del boleto;

II. Presentar documentos oficiales de identificación, a solicitud del permisionario o concesionario o del personal autorizado del aeropuerto;

III. Acatar las normas de seguridad y operación aeroportuarias vigentes;

IV. Ocupar el asiento asignado, a menos que la tripulación por un requerimiento justificado le solicite o le autorice ocupar uno distinto, y

V. Las demás que establezcan la ley y demás ordenamientos.

Énfasis propio.

Entre estos otros ordenamientos está la Circular Obligatoria de la Agencia Federal de Aviación Civil y la Dirección General de Medicina del Transporte CO SA-09.1/13 R46 del 27 de noviembre de 2020 obliga a los concesionarios de transporte aéreo en su Apéndice H, numeral I, punto 5, 6.a, y numeral II, punto 8.b a que los pasajeros utilicen mascarillas en todo momento y si el pasajero no se ajusta a las medidas señaladas se consideren pasajeros perturbadores/insurbobibnados y se aplique el COSA 17/.11/167

La presente proposición se da derivado de la experiencia ocurrida el día 8 de diciembre de 2020 en la aerolínea Aeroméxico en su vuelo 854, en la que una persona se negó a utilizar el cubrebocas en el interior de la aeronave.

Puede seguirse los datos referidos en la denuncia pública realizada por un servidor vía redes sociales:

https://www.facebook.com/carlosvalenzuelag1/videos/301296654533601

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de la Agencia de Aviación Civil se establezca un protocolo de actuación para los concesionarios de transporte aéreo de pasajeros para realizar el descenso de personas que se nieguen a utilizar el cubrebocas y realice las acciones necesarias contra las personas que incumplan con las disposiciones sanitarias establecidas para el transporte aéreo de pasajeros para la prevención de contagios por SARS-COV2.

Notas

1 Conacyt. https://datos.covid-19.conacyt.mx. Consultado el 9 de diciembre de 2020.

2 DOF. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/ 2020.

3 OMS. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ques tion-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks. Actualizado al 01 de diciembre de 2020.

4 IATA.

https://www.iata.org/contentassets/5c8786230ff34e2da406c 72a52030e95/health-standard-checklist-for-airline-operators.pdf.

5 HLT 1.2.1 El operador deberá contar con procedimientos para garantizar que los pasajeros sean notificados de la información de viaje relevante antes de llegar al aeropuerto. Dicha información incluirá, pero no se limitará a: (i) Provisión de una hora de llegada recomendada antes de la salida del vuelo que tenga en cuenta los posibles retrasos asociados con las medidas preventivas del Covid-19 implementadas; (ii) Según corresponda a las autoridades locales, aviso de que los pasajeros deben tener un número suficiente de máscaras faciales durante todo el viaje; (iii) Notificación de que: (a) Los pasajeros sintomáticos no deben venir al aeropuerto; (b) Solo los pasajeros confirmados tienen permitido el acceso a la terminal, excepto las personas que acompañan a los pasajeros que requieren asistencia especial. c) A los pasajeros identificados como sintomáticos se les negará el acceso a la aeronave o se les sacará de ella y las autoridades públicas competentes los sacarán de las instalaciones del aeropuerto; (d) Los pasajeros que no se adhieran a las medidas preventivas serán tratados como pasajeros rebeldes y se les negará el acceso o serán retirados de la aeronave; (iv) Aviso de que las mascarillas faciales o equivalentes, según corresponda para las autoridades locales, deben ser: a) Usado en las terminales del aeropuerto y durante el vuelo; (b) Cambiado o reemplazado regularmente . (GM)

6 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ co-sa-09-1-13-r4-041220.pdf

7 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ co-sa-17-11-16.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a realizar un peritaje independiente sobre las causas del apagón del 28 de diciembre; solicitar reunión con el director general de la CFE y un informe pormenorizado de éstas; y solicitar a la Jucopo del Senado la formación de un grupo de investigación y seguimiento de lo ocurrido, a cargo del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, de manera urgente y prioritaria, realice un peritaje independiente sobre las causas que originaron el apagón del 28 de diciembre; asimismo, solicita una reunión con el director general de la CFE y un informe pormenorizado de las causas por las cuales se generó la falla al sistema eléctrico nacional; y solicita a la Jucopo del Senado de la República la conformación de un grupo de investigación y seguimiento de los hechos ocurridos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 28 de diciembre, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que a las 14:28 horas (hora centro) se presentó un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía ocasionando una pérdida de aproximadamente 7,500 MW por lo que se activaron los esquemas de protección automática con el objetivo de minimizar el riesgo de una falla mayor.

El 29 de diciembre, el Cenace informó que el motivo del “apagón” fue el cese de dos líneas de transmisión de 400,000 volts dado que se presentaron oscilaciones en el Sistema Interconectado Nacional que hacen que la frecuencia del sistema se incremente a 61.8 Hertz y salieran de operación 16 centrales eléctricas, 11 ciclos de combinados de gas y vapor, dos geotérmicas y cuatro hidroeléctricas, generando el desabastecimiento de energía.

Además, puntualizaron que al afectarse el balance-carga-generación, el sistema de protección se activó y evitó un apagón generalizado, donde solo se disminuyó la frecuencia baja a 58.9 Hertz, con una afectación de 8,696 megawatts de carga en todo el país o 26 por ciento de la energía que se consumía en ese momento.

Por su parte, el director corporativo de Transmisión de la CFE señaló que cesaron de operar dos líneas de transmisión entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo León, también se presentó la salida de operación de una línea entre Mazatlán, Sinaloa y Tepic, Nayarit, y otra entre Durango y Fresnillo, Zacatecas, por inestabilidad.

El 5 de enero del presente, el director general de la CFE admitió que el documento de Protección Civil de Tamaulipas sobre un supuesto incendio de pastizales que en principio se atribuyó como causal del apagón de la semana pasada era falso, aunque señaló que dicho incendio que supuestamente puso en riesgo dos líneas de transmisión de energía efectivamente ocurrió. Finalmente, argumentó que las fallas del sistema fueron por exceso de centrales de generación de fuentes renovables en el país y que el gobierno actual las continuará limitando en el marco de sus atribuciones.

La falla de las líneas de transmisión señaladas provocaron que más de 10.3 millones de usuarios de más de 15 entidades federativas resultaran afectados (esto es cerca del 25 por ciento de los usuarios totales de la Comisión Federal de Electricidad), según el Cenace, las regiones más afectadas por el apagón que se registró fueron la región central, la occidental y la noreste en donde se tiene mayor concentración de carga eléctrica.

Tan sólo en mi entidad, Sinaloa, la población se vio afectada debido a que algunos no podían desalojar centros comerciales debido a que requerían hacer el pago del estacionamiento, fallaron los semáforos, familias de pacientes que requieren de la energía electica para el funcionamiento de aparatos médicos o conservar en refrigeración los medicamentos, también sufrieron afectaciones.

Es importante señalar que el restablecimiento del suministro eléctrico en estos casos está sujeto a las instrucciones del Cenace, quien debe garantizar la seguridad del Sistema Interconectado Nacional.

Es por ello, que suscribo el presente punto de acuerdo, toda vez que la explicación de los representantes del gobierno federal sobre las causas que originaron el apagón del 28 de diciembre, que afectó a más de 10 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a nivel nacional, ha dejado más dudas de las que ha resuelto y el atribuir la falla a la generación de electricidad de fuentes renovables no es consistente con ninguna experiencia internacional por lo que es preciso determinar las causales de la falla de referencia en forma objetiva y basada en evidencia técnica.

Debemos ser conscientes de que se trata de un tema de seguridad nacional, de que el Sistema Eléctrico Nacional reflejó su vulnerabilidad y fragilidad, dado que con la desconexión de dos líneas de transmisión y sus efectos en otras líneas se dejaran de transmitir el equivalente a 12 por ciento de la capacidad eléctrica de generación en el país, dejando sin fluido eléctrico a 10.3 millones de personas en más de 15 estados, una cuarta parte de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad.

Considero que es fundamental asignar mayor presupuesto de inversión en fortalecer la red de transmisión dentro de la infraestructura total de CFE, pues tan solo en el año 2019 CFE Transmisión tuvo utilidades por más de 18 mil millones de pesos y CFE Distribución tuvo utilidades por más de 14 mil millones de pesos, que no han sido asignadas para esta finalidad de inversión.1

Se trata de un apagón sin precedentes pues existe aún mucha información incompleta e incógnitas por resolver, sobre todo considerando que se señala a centrales de generación de fuentes renovables como causantes de dicha falla en contrasentido de su expansión en todos los países del globo con mayor consumo de energía. Considero que el tamaño del apagón y su extensión, independientemente de todas las explicaciones que se provean, es una señal de lo vulnerable y la fragilidad en la que se encuentra el sistema eléctrico nacional. Por ello, considero que se tiene que hacer una revisión exhaustiva del sistema de transmisión, en virtud de que se desconoce cuántos puntos o líneas de transmisión se encuentren al menos, en el mismo nivel de riesgo que las asociadas a la falla de referencia, antes que proceder a cesar a plantas generadoras de fuentes renovables.

Consideramos necesario hacer una revisión exhaustiva sobre el apagón suscitado el 28 de diciembre a través de un peritaje independiente que detalle cuales fueron las causas reales que ha puesto en riesgo incluso la seguridad nacional.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, de manera urgente y prioritaria, realice una evaluación y valoración a través de un organismo o perito independiente, sobre las causas que originaron el apagón del 28 de diciembre, que afectó a más de 10 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a nivel nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita una reunión de trabajo con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barttlet Díaz, para que explique a detalle las causas que provocaron el apagón suscitado el 28 de diciembre, la participación de la Comisión en los hechos y la vulnerabilidad en la que se encuentra el sistema eléctrico nacional.

Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal de Electricidad un informe pormenorizado y detallado, previo a la reunión con el titular, sobre los hechos que pusieron en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional por el apagón ocurrido el 28 de diciembre de 2020, la participación de la Comisión Federal de Electricidad y la del Centro Nacional de Control de Energía.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República la conformación de un grupo de trabajo de investigación y de seguimiento, conformada por senadores de todos los grupos parlamentarios, al apagón ocurrido el 28 de diciembre de 2020 en 15 entidades del país.

Nota

1 Cifras del comunicado del CCE el 30 de diciembre de 2020, https://www.cce.org.mx/ip-ofrece-trabajar-en-conjunto-para-fortalecer-e l-sistema-electrico-nacional/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Senador Mario Zamora Gastélum (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales a asegurarse de que sus ordenamientos garanticen a los discapacitados el derecho a contraer matrimonio y capacidad plena para ejercer sus derechos, suscrita por el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de dicho Congreso, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a las legislaturas de las 32 entidades federativas a asegurarse de que sus ordenamientos garanticen el derecho de los discapacitados a contraer matrimonio y tener plena capacidad para ejercer sus derechos, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

México se caracteriza por ser un país muy poco amigable para los discapacitados. A pesar de que la Constitución garantiza su derecho a no ser discriminados por su discapacidad, y a pesar de que somos parte de tratados internacionales tales como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establecen que todas las personas somos iguales en nuestras libertades y en nuestros derechos, todavía hace falta armonizar leyes para ser realmente capaces de proteger sus derechos humanos.

En México, los legisladores tenemos la obligación de trabajar continuamente y sin descanso para que se reconozca a las personas con discapacidad como agentes de cambio y desarrollo y que, en igualdad de condiciones con el resto de la población, se les garanticen sus derechos humanos.

No podemos voltear al otro lado, simplemente debemos abrir nuestros ojos y nuestros oídos para reconocer que la lucha contra la discriminación aún está viva en nuestro país y debemos reconocer que nuestras leyes en su redacción y en su aplicación siguen discriminando, y es nuestro deber en esta LXIV legislatura seguir armonizando todo el marco jurídico nacional con las disposiciones de la constitución y de los tratados internacionales en la materia.

Por lo anterior es necesario emprender esfuerzos para identificar aquellos puntos de la ley mexicana donde a los discapacitados se les niegan derechos básicos, así como leyes que omiten tomar en cuenta a los discapacitados a la hora de establecer disposiciones de observancia pública y obligatoria, no sólo con el fin de garantizar el derecho humano a la no discriminación, sino también para armonizar todas las leyes secundarias con la ley suprema nacional que forman en su conjunto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país. Hablamos de reformas profundas y estructurales que se enfrenten a actitudes discriminatorias en la vida privada, que varias veces incluso están incrustadas en nuestro subconsciente, nuestra cultura y la psicología primitiva humana.

Actualmente, uno de dichos actos de discriminación hacia quienes tienen algún tipo de discapacidad intelectual o mental, los encontramos en las leyes que regulan el matrimonio y la capacidad para ejercer los derechos propios: actualmente, los discapacitados intelectuales o mentales no pueden contraer matrimonio, y tampoco reciben la capacidad de ejercicio de sus derechos al llegar a la mayoría de edad. Un discapacitado intelectual o mental, por lo tanto, queda condenado de por vida a no llegar más allá de la unión libre como estado civil, y tiene que solicitar la firma (y con ello implícitamente el permiso) de su padre o tutor para actos cotidianos tales como trabajar, realizar trámites, realizar operaciones bancarias, o comprar y vender bienes a su nombre y disponer libremente de su patrimonio.

Lo más probable es que el motivo de fondo de dichas disposiciones, y la intención del legislador, sea de protección al discapacitado intelectual o mental, a través de salvaguardar a la persona y sus bienes, e impedirle hacer acciones que lo lleven a situaciones causadas por una toma de decisiones sub-óptima que pudieran resultar en problemas graves o incluso en abuso por parte de gente con malas intenciones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las discapacidades intelectuales o mentales son mucho más que tan sólo retraso mental cognitivo; hay discapacitados mentales capaces de pensar de forma consistentemente lúcida y de tomar decisiones inteligentes y bien informadas, y su discapacidad mental está más bien en dimensiones tales como su aprendizaje académico, su capacidad para convivir en sociedad, comunicarse, reaccionar a estímulos externos o controlar sus emociones. No tiene sentido por tanto intentar proteger de sí misma a una persona que en realidad sí es capaz de cuidar de sí misma y tomar decisiones, y cuya menor capacidad para funcionar en la sociedad está en dimensiones no relacionadas a las dos habilidades anteriormente mencionadas, por lo que impedir el pleno ejercicio de sus derechos se trata de una vulneración grave a su dignidad, dejando de lado las disposiciones de derechos humanos sobre la discapacidad.

Por tanto, un paso concreto por el cual podemos continuar la lucha incansable por los derechos de los discapacitados es precisamente el permitir que los discapacitados intelectuales o mentales puedan contraer matrimonio, y permitir que éstos también tengan plena capacidad para ejercer sus derechos sin la necesidad de un tutor; esto, en el marco de dar respeto, vigencia y eficacia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales.

Un antecedente muy reciente en nuestro país en la lucha por los derechos de los discapacitados, es la acción de inconstitucionalidad 90/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)1 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde demandan la invalidez del artículos 153, fracción IX y 503, fracción II, del Código Civil para el Estado de Guanajuato, reformados mediante el Decreto Número 324, publicado el de 24 de septiembre de 2018, en el Periódico Oficial del Gobierno de Guanajuato. Mismos que a continuación se transcriben:

“Artículo 153 . Son impedimentos para contraer matrimonio:

I. a VIII. (...)

IX . La discapacidad intelectual (...)”

“Artículo 503. Tienen incapacidad natural y legal:

I. (...)

II. Los mayores de edad con discapacidad intelectual, aun cuando tengan intervalos lúcidos;(...)”

En dicha demanda de acción de inconstitucionalidad, la CNDH considera que se está violando el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho al reconocimiento de la personalidad de las personas con discapacidad, el derecho a la protección de la familia, el derecho al libre desarrollo, el derecho a vivir de forma independiente y de ser incluido en la sociedad, vulnerando seriamente la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y algunas convenciones internacionales de las que México forma parte y está obligado, en las siguientes disposiciones que se transcriben a continuación de manera enunciativa mas no limitativa:

• Artículo 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Artículos1, 3, 17.2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Artículos 1, 4, 5, 12, 19 y 23 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Artículos II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

La CNDH expone en la demanda de acción de inconstitucionalidad, entre otras cosas, lo siguiente:

“Dichas distinciones normativas constituyen diferencias incompatibles con el bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, pues de forma genérica y sin distinción a los diferentes tipos y grados de discapacidad intelectual disponen, por un lado, que los mayores de edad con discapacidad intelectual no podrán disponer libremente de su persona y de sus bienes y, por otro lado, que por la sola condición de discapacidad no pueden contraer matrimonio”.2

“[La CNDH] estima que los artículos 153, fracción IX5, y 503, fracción II6 –reformadas mediante el decreto número 324–, resultan contrarios al modelo social de discapacidad y al modelo de apoyo en la toma de decisiones basada en un enfoque de derechos humanos, al considerar que las personas con discapacidad intelectual carecen de capacidad “jurídica y natural” y al establecer como impedimento para contraer matrimonio el vivir con dicha discapacidad”.2

“A juicio de esta CNDH, los referidos artículos restringen de forma injustificada el derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento de su personalidad jurídica previsto en el artículo 12 de la CDPD”.3

Esta acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue resuelta por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el día 30 de enero de 2020,3 asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH ha publicado a través de sus medios electrónicos y de información lo relativo al estado procesar a dicha acción de inconstitucionalidad catalogándola como “resuelta”, en los siguientes términos:

Primero. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.4

Segundo. Se declara la invalidez de los artículos 153, fracción IX, y 503, fracción II, del Código Civil para el Estado de Guanajuato, reformados mediante Decreto Número 324, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, de conformidad con lo establecido en el considerando quinto de esta decisión, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Guanajuato, en atención a lo establecido en el considerando sexto de esta determinación.5

Tercero. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.4

Hemos identificado que la mayoría de las legislaciones de las entidades federativas de la República, tienen disposiciones semejantes en sus ordenamientos aplicables, por poner solo un ejemplo tenemos las disposiciones de Sinaloa, en el cual su Código Familiar del Estado de Sinaloa dispone lo siguiente:

Artículo 57. Son impedimentos para celebrar el matrimonio

[...]

VII. Tener alguno de los padecimientos señalados en la fracción II del artículo 395 de este código.

[...]

Artículo 395. Tienen incapacidad natural y legal

I. Los menores de edad; y

II. Los que siendo mayores de edad, sufren enfermedad reversible o irreversible, o presentan estado de discapacidad, sea físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas y que consecuencia de ello, no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por otro medio que la supla.

Dichas disposiciones, son semejantes de las que la CNDH, demanda su invalidez ante la SCJN del Código Civil del Estado de Guanajuato.

¿Por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no demando la invalidas todas las normas que están en el mismo sentido en las demás legislaciones estatales?, no lo hizo porque la demanda de acción de inconstitucionalidad era específica sobre una reforma reciente al Código Civil del Estado de Guanajuato, lo que le daba facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, para ejercer dicha acción ante la SCJN, y ahora la tarea para adecuar la norma está en manos de los Estados de la Republica ya que nada puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los tratados internacionales firmados y ratificados por México.

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos especifica que “todos los tratados celebrados por el presidente de la República, con aprobación del Senado, pasarán a formar parte de la ley suprema de toda la Unión”. Al mismo tiempo, en su artículo 1, párrafo segundo, se especifica que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia”.5

Adicionalmente, la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve la contradicción de tesis 293/2011 establece criterios sobre cómo interpretar la Constitución junto con los tratados internacionales como fuentes de ley suprema. En dicha sentencia, se establece que ambas fuentes de derecho están en el mismo nivel de jerarquía, pero que, a la hora de resolver un caso, se debe tomar de entre ambas fuentes de ley suprema la norma que resulte más protectora.

El 13 de diciembre de 2006, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, presentada ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Dicha convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 27 de septiembre de 2007, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008 para entrar en vigor el día siguiente.6

El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad especifica lo siguiente:

Artículo 1 Propósito

El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad especifica lo siguiente:

Artículo 4 Obligaciones generales

1. Los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados parte se comprometen a

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella; e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

4. Nada de lo dispuesto en la presente convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados parte en la presente convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.

5. Las disposiciones de la presente convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.

El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad especifica lo siguiente:

Artículo 5 (Igualdad y no discriminación)

1. Los Estados parte reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

2. Los Estados parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados parte adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad especifica lo siguiente:

Artículo 12 (Igual reconocimiento como persona ante la ley)

1.Los Estados parte reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

5.Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad especifica lo siguiente:

Artículo 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

Los Estados parte en la presente convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

El artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad especifica lo siguiente:

Artículo 23 Respeto del hogar y de la familia

1. Los Estados parte tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que

a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;

c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.

2. Los Estados parte garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los Estados parte prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos.

3. Los Estados parte asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados parte velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.

4. Los Estados parte asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.

5. Los Estados parte harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

El 3 de febrero de 1981, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo, ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentada ante la Organización de los Estados Americanos. Dicha Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 18 de diciembre de 1980, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981 para entrar en vigor al día siguiente.7

El artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos especifica lo siguiente:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano.

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

El artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos especifica lo siguiente:

Artículo 17. Protección a la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención.

[...]

El artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos especifica lo siguiente:

Artículo 24. Igualdad ante la ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

El 6 de diciembre de 2000, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, presentada ante la Organización de los Estados Americanos. Dicha Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 26 de abril de 2000, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001 para entrar en vigor el día siguiente.8

El artículo II de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación especifica lo siguiente:

Artículo II

Los objetivos de la presente convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.

El artículo III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación especifica lo siguiente:

Artículo III Para lograr los objetivos de esta convención, los Estados parte se comprometen a

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración;

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:

a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;

b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.

Por último, en lo referente a derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Dado que en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declara que las disposiciones anteriormente mencionadas del Código Civil del Estado de Guanajuato son contrarias a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, y dado que dicha lesión a la dignidad y el valor inherente de las personas con discapacidad está también presente en los ordenamientos legales del resto de las entidades federativas, es necesario que las legislaturas estatales se aseguren de que sus propios ordenamientos estén en armonía con la ley suprema nacional; y de no estarlo, deberán reformar sus Códigos Civiles para remediar dicha situación.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las 32 entidades federativas a asegurarse de que sus ordenamientos garanticen el derecho de los discapacitados a contraer matrimonio y tener plena capacidad para ejercer sus derechos.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (30 de enero de 2020). Acción de inconstitucionalidad 90/2018, 30 de abril de 2020. Sitio web: https://www.cndh.org.mx/documento/accion-de-inconstitucionalidad-90-201 8

2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (30 de enero de 2020). Acción de inconstitucionalidad 90/2018, página 15, 30 de abril de 2020. Sitio web: https://www.cndh.org.mx/documento/accion-de-inconstitucionalidad-90-201 8

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación (30 de enero de 2020). Sentencias y datos de expedientes. Expediente 90/2018, 30 de abril de 2020, de Poder Judicial de la Federación. Sitio web: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asu ntoID=245809

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación (30 de enero de 2020). Actas de sesión pública del pleno, sesión pública número 11 ordinaria, página 28, 30 de abril de 2020, de Poder Judicial de la Federación. Sitio web: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/actas-sesiones-publicas/doc umento/2020-02-10/11.pdf

5 Congreso de la Unión (1917). Artículo 1. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Diario Oficial de la Federación.

6 Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos (2008). Decreto promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Diario Oficial de la Federación.

7 Secretaría de Gobernación (7 de mayo de 1981). Decreto de promulgación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 29 de abril de 2020, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web: http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4645612&fecha=0 7/05/1981&cod_diario=199960

8 Secretaría de Gobernación. ((fecha del decreto)). (título del decreto). (fecha del trabajo), de Diario Oficial de la Federación Sitio web: (página)

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 7 de enero de 2021

Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a establecer con su homóloga de Tamaulipas reuniones encaminadas a adoptar medidas respecto a la entrega de becas y estímulos escolares a niños y adolescentes de la entidad pertenecientes a familias pobres de localidades prioritarias y de marginación para que puedan continuar sus estudios, evitar la deserción y garantizar el derecho constitucional a la educación, suscrita por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás legislaciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica, ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo.”

En la fracción X se lee que “la obligatoriedad de la educación corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad”. Por lo cual tenemos que la educación es obligatoria en todos los niveles y la superior, las autoridades federal y estatales fomentarán políticas públicas que combatan la deserción escolar y la conclusión de la educación.

Es un derecho que el Estado priorice el “interés de niñas, niños, adolescentes y jóvenes” y para ello, la educación pública que se imparta será laica, gratuita, pública, inclusiva y universal; orientada a las ciencias y las humanidades y estará basada en el progreso científico.

En el artículo 3, II, e, se favorecerá el derecho a la educación, se combatirán “desigualdades socioeconómicas, regionales y de género”, con el objetivo de facilitar los servicios educativos.

La educación no es lejana a las circunstancias de marginación, vulneración social, pobreza, contextos y dimensiones locales. La educación, en sus incisos II h y j, establece que será integral para alcanzar el bienestar y promoverá el pensamiento crítico y de fortalecimiento entre la escuela y la comunidad.

La Ley General de Educación, reformada en 2019, establece en su artículo 9, I, que para lograr la equidad y excelencia de la educación, corresponde a las autoridades educativas (federación, estados y Ciudad de México, municipios y demarcaciones territoriales) establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para otorgar becas y otros apoyos económicos.

Los educandos, en términos del artículo 77, VIII, podrán recibir becas y otros apoyos económicos para garantizar el derecho constitucional a la educación, en su otorgamiento se priorizarán las condiciones económicas y sociales que pueden limitar el ejercicio pleno de sus derechos.

Segunda. En el artículo 4o. de la Constitución se establece que las niñas, niños tienen derecho a la salud, la alimentación, el sano esparcimiento y a la educación.

En la reforma al cuarto constitucional de mayo de 2020 se elevó la política pública de programas de becas a rango de derecho constitución, al respecto señala la reforma que “El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación”.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,1 en el rubro 2. Política Social, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez:

“...está dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela pública, desde Educación Inicial y Básica, Educación Media Superior y Educación Superior. Está limitado a una beca por familia y el apoyo es de 800 pesos mensuales que serán entregados de manera bimestral al beneficiario, ya sea mediante depósito en tarjeta bancaria, con una orden de pago en sucursales o, cuando no haya otra forma, en efectivo en mesas de pago. En el caso de los niños, el apoyo se entregará a sus padres o tutores. La duración será la misma que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios deberán reincorporarse anualmente al programa.”

A través de un decreto se creó la Coordinación Nacional de Becas que en su artículo tercero quedó establecido el objeto que dicha coordinación tendría, a saber, “formular, articular, coordinar, dar seguimiento, supervisar, ejecutar y evaluar los programas de becas en materia educativa a su cargo...la coordinación propondrá estrategias y acciones para mejorar el acceso a los derechos sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley General de Educación en materia educativa.”

Las reglas de operación publicadas el 29 de diciembre de 20192 establecen que es un objetivo que las niñas, niños y adolescentes en familias pobres o en localidades prioritarias recibirán el apoyo para garantizar la permanencia y continuidad en el desarrollo de sus estudios.

En el objetivo primario de las becas se establece que el objetivo es disminuir la deserción escolar y actualmente existen tres modalidades: Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica, Beca Benito Juárez para jóvenes de Educación Media Superior y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior.3 Con respeto a las primeras, se entregan a menores de 15 años.

Tercera. Que a causa de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se establecieron acciones extraordinarias4 y desde el 16 de marzo del presente se suspendieron las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal hasta nuevo aviso.5

Que se decidió que las clases para el ciclo escolar 2020-2021 serían bajo la modalidad a distancia e iniciarían el 24 de agosto.6 La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el programa Aprende en Casa II los contenidos a través de convenios con la televisión.

Para que las niñas y niños puedan continuar con sus estudios se entregaron becas mediante los depósitos en las tarjetas de bancarias, sin intermediarios y disponibles en todo el territorio nacional.

Que datos de la SEP establecen que a raíz de las brechas de desigualdad y brecha digital en nuestro país, ocasionó que a finales del mes de septiembre se hayan registrado una deserción de 3 millones de educandos de educación básica, De 30 millones, la limitante de la televisión, computadora, internet y básicos como la luz y la vivienda han impedido a educandos de niveles básicos, medio superior y superior que vean truncados sus estudios.7

Cuarta . Que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el uso de sus facultades legales, inició clases a distancia, la matrícula de educandos a nivel básico es de 671 mil alumnas y alumnos y 32 mil docentes; de educación media superior 144 mil educandos y 8 mil docentes; por último, en educación superior se encuentran 133 mil educandos y 10 mil docentes.

Que la persona titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas reconoció que hay un adeudo de cinco meses en el pago de becas para niñas, niños y adolescentes de educación básica en el año, según la información que difundió hay una deuda de 160 millones de pesos que afectan a 144 mil estudiantes de todos los municipios de la entidad de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria que no han recibido sus becas o estímulos educativos.8

En una entrevista comentó que la falta de pago proviene de la disminución de las participaciones federales.9 El año 2019 erogaron 320 millones de pesos por concepto de becas. Para este año, señaló que deben erogarse 365 millones de pesos.

Las becas son vitales dada su naturaleza y objetivos generales y específicos, los hogares han padecido de desempleo, falta de estabilidad e incertidumbre presupuestaria, estas acciones vulneran el derecho constitucional y los criterios de la Ley General de Educación, por lo cual, podrían generar deserción escolar y afectar el interés superior de la niñez y las garantías constitucionales que asistentes a los educandos.

En el ciclo escolar 2017-2018, la deserción escolar de Tamaulipas en educación secundaria fue de 5.4 por ciento y el promedio nacional fue de 4 por ciento, es mayor a la media nacional.10

En los reportes mensuales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el rubro de Participaciones pagadas a entidades federativas de enero a octubre y publicadas el 13 de noviembre11 tenemos que a Tamaulipas del total pagado ha recibido 22 mil 296 millones de pesos, lo que significa conforme al calendario de ministración.

El 28 de agosto, en la visita del Ejecutivo federal al municipio de Reynosa, el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas confirmó que el pago del gasto federalizado ha llegado a tiempo y no ha tenido ningún inconveniente.

Al 4 de enero del presente año 202112 la Secretaría de Educación en Tamaulipas señaló que pagará en retroactivo la beca a 144 mil estudiantes que se les adeuda la cantidad de 160 millones de pesos. Señaló que “Las partidas federales sí han llegado, pero han llegado recortadas, eso ha obligado al gobierno del estado a redireccionar los recursos de salud, y dejando de lado programas como el de becas, pero esperamos que más adelante se reactiven y mandar los cheques”, expuso el funcionario. Esto sin causar ninguna objeción a la salud, es impostergable y debe hacerse a la brevedad.

Dado que, la educación de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad para el desarrollo social y económico del estado de Tamaulipas y puesto que no hay una disminución en el pago de las aportaciones federales y tampoco de las participaciones es que someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a las soberanías, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que establezca reuniones con la Secretaría de Educación de Tamaulipas con la finalidad de que se adopten todas las medidas necesarias para la entrega de becas y estímulos escolares a las niñas, niños y adolescentes de todos los municipios de Tamaulipas pertenecientes a familias pobres, ubicadas en localidades en situación de marginación para que puedan continuar con sus estudios, se evite la deserción escolar y se garantice el derecho constitucional a la educación.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y a las soberanías, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación de Tamaulipas para que, de manera inmediata realice el pago de los adeudos a 144 mil niñas, niños y adolescentes de Educación Básica de los 43 municipios de Tamaulipas a efecto de garantizar el cumplimiento del derecho social dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3o. y las políticas de inclusión, transversalidad y perspectiva de género de la Ley General de Educación.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/ 2019

2 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583051&fecha=29/12/2019

3 https://becas-mexico.mx/2020/becas-para-el-bienestar-benito-juarez/
#:~:text=Las%20Becas%20para%20el%20Bienestar,en%20una%20situaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad.

4 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020

5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/ 2020

6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598272&fecha=13/08/2020#:~:text=
%2D%20Para%20la%20aplicaci%C3%B3n%20de%20los,dem%C3%A1s%20para%20la%20formaci%C3%B3n%20de

7 https://www.excelsior.com.mx/nacional/desercion-escolar-otra-pandemia-t res-millones-de-estudiantes-ya-no-continuaron-su-educacion

8 https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-2021-pagaran-becas-regreso-clases-duda ,
https://elmercurio.com.mx/la-region/pandemia-les-roba-a-144-mil-estudiantes-las-becas

9 https://www.notigape.com/el-pago-de-becas-escolares-en-tamaulipas-tiene -un-atraso-de-cinco-meses/223094

10 https://www.milenio.com/politica/comunidad/desercion-escolar-rebasa-med ia-nacional-tamaulipas

11 https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/
docs/congreso/participaciones/2020/p_202010.pdf

12 https://www.elcinco.mx/estado/pagara-set-becas-retroactivo

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada federal Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 7 de diciembre de 2020, fuimos conocedores de la noticia, en la que se señaló el abandono y calcinamiento de dos cuerpos humanos junto a una camioneta de la organización Cauce Ciudadano, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México. De acuerdo con el vocero de la organización, alrededor de las 5:30 horas del domingo 6 de diciembre, un grupo de personas no identificadas arribaron al lugar, colocaron los cuerpos frente a una camioneta de la organización y les prendieron fuego quedando calcinados, por lo que, mediante un comunicado, denunciaron ese tipo de acciones violentas que buscan detener y comprometer sus actividades; a través de la generación del miedo.

Por lo anterior, es importante señalar que Cauce Ciudadano es una organización de la sociedad civil que lleva 20 años trabajando en la formación integral y la construcción de alternativas pacíficas para el desarrollo de personas resilientes, mediante intervenciones que entrelazan y fortalecen la recuperación del tejido social en el ámbito comunitario y educativo a través de la o la formación de jóvenes como agentes de cambio social a través de procesos de formación, servicios de capacitación y generación de oportunidades económicas, implementadas por una comunidad de facilitadores juveniles con un alto sentido de ética y compromiso social.

Es importante mencionar que, de acuerdo con el informe de la Red Nacional de Organismos civiles de Derechos Humanos, durante el sexenio anterior se contabilizaron los asesinatos de, al menos, 161 personas defensoras de derechos humanos, lo cual caracterizó a México como uno de los países más peligrosos para la defensa de derechos humanos, especialmente quienes defienden el medio ambiente y el territorio. Así mismo, este informe señala que, desde la entrada del nuevo gobierno, el 1 de diciembre de 2018, y a julio de 2020, los altos niveles de violencia contra personas defensoras se intensificaron ya que, en el año 2019, al menos 21 personas defensoras fueron asesinados y en lo transcurrido de 2020, incluyendo el periodo que ha durado la emergencia sanitaria, la violencia se ha incrementado, y se tiene registro de al menos 12 personas defensoras de derechos humanos asesinadas.1

Recordemos que en meses pasados, se discutió y aprobó en el Congreso de la Unión, modificar 18 leyes y abrogar dos, con la finalidad de eliminar 109 fideicomisos, dentro de los cuales se encontraba el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismo que se publicó el 25 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación estableciendo en él, la obligación del Estado Mexicano para garantizar la vida y la integridad física de quienes, desde la sociedad civil o los medios de comunicación, son amenazados por la realización de actividades que tocan fuertes intereses creados, por la delincuencia organizada o por la intransigencia actores de las instituciones de gobierno.

Por ello es importante mencionar que las y los defensores de derechos humanos realizan una labor fundamental en la consolidación del Estado de Derecho y de una sociedad democrática, ya que coadyuvan con el deber del Estado de promover y proteger los derechos más esenciales de las personas, a través de las acciones que realizan en favor de la promoción y defensa de los mismos. Sin embargo, las violaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad personal, debido proceso y garantías judiciales, libertad de expresión e información, así como los derechos de reunión, asociación, honra, privacidad, libre tránsito, propiedad y posesión, en perjuicio de defensores de derechos humanos, son cada vez más comunes y constantes.

Por ello es indispensable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno sumen esfuerzos para brindar una efectiva protección y reconocimiento de los derechos humanos de estos profesionistas con la finalidad de erradicar los constantes ataques y actos de violencia contra las y los defensores y, de esta forma. garantizar a las víctimas el acceso pleno a una adecuada protección judicial, que reciban la reparación que corresponda conforme a derecho y, sobre todo, que se sancione a los responsables.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil.

Nota

1 https://redtdt.org.mx/desde-la-memoria-la-esperanza/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 7 días del mes de enero de 2021.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Campeche a llevar a cabo las acciones conducentes a fin de dar solución a los jóvenes defraudados por Soluciones Lingüísticas Globales Alfa Hilt Systems, suscrita por la senadora Rocío Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, numeral 1 y 60, en su primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 6 de octubre de 2017, el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (Injucam) llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con Empresa Soluciones Lingüísticas Globales Alfa Hilt Systems (AHS), para iniciar el programa “Inglés Para Todos Campeche”.

Quien fungía como Director General del Injucam en ese entonces, Emilio Lara Calderón, aseveró que la finalidad de los cursos eran ofrecer a todos los jóvenes del Estado facilidades para obtener un nivel de inglés acorde a los estándares de calidad mundial.

Asimismo, Lara Calderón señaló que el costo real de un curso de este tipo tenía un costo de unos 9 mil 100 pesos, sin embargo, con la firma de dicho convenio de colaboración, aunado a las becas del 90 por ciento ofrecidas por Instituto de la Juventud, los jóvenes de entre 12 y 29 años interesados en tomarlo. Los requisitos eran mínimos, entre ellos se encontraba el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, el Código Joven proporcionado por el Injucam y el comprobante de pago de la beca por la cantidad de 910 pesos.

Durante la presentación y difusión del programa se detalló que este contaría con seis niveles, donde al finalizar las personas que hayan asistido serían acreditadas a través de TOEFL o de la Universidad de Cambridge, lo cual les daría una gran oportunidad para abrirse más oportunidades de estudios y trabajos en el extranjero.

Además, se hizo hincapié en que los exámenes para la certificación por el TOEFL o por la Universidad de Cambridge ya estaban incluidos en el costo de la beca. Tal como se puede mostrar en la siguiente propaganda difundida por el Injucam

Fue así que en total cerca de mil jóvenes de los municipios de Campeche, Carmen, Escárcega, Calkiní, Champotón y Hopelchén atendieron la convocatoria y se inscribieron a fin de llevar cabo el curso, por lo que se abrieron 13 grupos con un promedio de 60 alumnos por aula, dando inicio las clases el 6 de noviembre de 2017.

No obstante, desde el inicio de los cursos se presentaron diversas dificultades, la más significativa fue que varios alumnos decidieron abandonar las clases, lo que incidió en la disminución de la matrícula. Lo anterior, toda vez que gran parte de los jóvenes beneficiados con el programa argumentaron que algunos maestros no se presentaban y las enseñanzas eran de nivel primaria.

Ante la reducción de los grupos, se abandonaron las inmediaciones de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en donde se impartían las clases y se trasladaron a la Casa del Emprendedor ubicada en el barrio de Guadalupe, no obstante, en marzo de este año y sin motivo aparente, las clases fueron suspendidas.

Ante esta situación, decenas de jóvenes denunciaron en redes sociales la falta de cumplimiento de Emilio Lara Calderón, quien en su momento solo se limitó a prometer una denuncia penal contra la empresa Soluciones Lingüísticas Globales Alfa Hilt Systems (AHS), por incumplimiento de contrato y el presunto fraude de 910 mil pesos a jóvenes campechanos.

Días después, Lara Calderón renunció al Injucam para buscar la precandidatura por el distrito 18 del municipio de Hopelchén, y seis meses después se convirtió en diputado, olvidándose totalmente de aquel compromiso que realizó a los cerca de mil jóvenes de Campeche que creyeron en su palabra e invirtieron en el proyecto, sin imaginar que serían estafados.

Desde entonces el Injucam ha hecho todo lo posible para que la información no se haga pública y que todo se maneje en secreto, ya que algunos alumnos aseguraron que esta instancia dejó de pagar a los profesores debido a que usó el dinero en las campañas políticas.

Quien asumió el cargo del Instituto de la Juventud estatal, a la renuncia de Lara Calderón, Ariel Javier Ruiz Carrillo, desde un principio intentó desligarse del incumplimiento del programa “inglés Para Todos”, que el organismo a su cargo promovió con tanto ímpetu.

A pesar de que Ruiz Carrillo aseguró que las clases de inglés se retomarían, el Injucam se lavó las manos en todo momento y aseguró que ellos no eran responsables del fraude, en los que permanecen embaucados jóvenes campechanos. Lo anterior, a pesar de que este instituto fue el principal promotor de la presunta estafa e incluso en sus oficinas se realizaba el trámite para la inscripción.

Quienes resultaron afectados señalan que a pesar de que el Injucam en su momento se comprometió a apoyarlos, no ven ninguna solución al conflicto.

Cabe mencionar que en los últimos meses las denuncias se han multiplicado a lo largo del país, alumnos y profesores han denunciado que todo fue un fraude. Tal como ocurrió en Campeche, de manera sorpresiva las clases se suspendieron, en algunos casos, los alumnos nunca obtuvieron la certificación prometida y los profesores de la lengua extranjera que trabajaron para la empresa Alfa Hilt Systems, se quedaron sin su pago.

Actualmente la empresa de origen regiomontano enfrenta denuncias por incumplimiento en varias partes del país, como Jalisco, Morelos, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz, Monterrey y Baja California.

En este sentido, es de vital importancia atender esta situación que aqueja a cientos de jóvenes en Campeche quienes fueron víctimas de fraude por parte de la empresa Soluciones Lingüísticas Globales Alfa Hilt Systems (AHS) que en su momento fue avalada por el Instituto de la Juventud de la entidad.

Es necesario acompañar a estos jóvenes y brindarles la certeza y seguridad jurídica, salvaguardando así sus derechos fundamentales. Por ello, el presente exhorto pretende solicitar, en un primer momento, respetuosamente al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones conducentes a fin de dar solución y apoyar a quienes fueron defraudados por la empresa en comento.

Asimismo, para que el gobierno del estado, a través de la fiscalía general de la entidad, inicie la investigación pertinente acerca del fraude, a fin de determinar responsabilidades y sancionar a quienes resulten culpables.

En virtud de lo anteriormente mencionado, solicito que esta soberanía se someta a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones conducentes a fin de dar solución y apoyar a jóvenes que fueron defraudados por la empresa Soluciones Lingüísticas Globales Alfa Hilt Systems, que en su momento fue avalada por el Instituto de la Juventud de la entidad.

Segundo. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de la Fiscalía General de la entidad se inicie la investigación pertinente acerca del fraude que sufrieron jóvenes por parte de la empresa Soluciones Lingüísticas Globales Alfa Hilt Systems, que en su momento fue avalada por el Instituto de la Juventud de la entidad, a fin de determinar responsabilidades y sancionar a quienes resulten culpables.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de enero de 2021.

Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a informar sobre las políticas públicas implantadas contra el abuso infantil, a cargo de la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora Nuvia Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables; somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias y órganos que conforman la administración pública federal y en particular a la Fiscalía General de la República, se informe a esta soberanía los avances en el diseño e implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el abuso sexual infantil, por el enorme incremento que ha habido en los últimos años en perjuicio de los derechos humanos de los menores de edad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año, informó la asociación Aldeas Infantiles SOS.

Durante el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19, se registró un incremento de casos de violencia contra menores de edad y mujeres. Desde marzo se recibieron más de 115 mil llamadas de emergencia por incidentes contra mujeres, niñas y niños, como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.

Según Aldeas Infantiles SOS, en la primera infancia (hasta los 5 años) los agresores suelen ser: el padrastro, en el 30 por ciento de los casos; abuelos, en otro 30 por ciento, y tíos, primos, hermanos o cuidadores en el 40 por ciento restante.

El análisis presentado por la asociación estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad. Además, en cuatro de cada 10 delitos sexuales las víctimas son en personas menores de edad.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, celebrado el pasado 19 de noviembre, se destacó que por cada mil casos de abuso a menores, únicamente se denuncian 100 y sólo 10 van a juicio. De esa decena, sólo un caso llega a condena.

La institución explicó que esto es una estimación, pues la cifra negra es de alrededor de 98 por ciento en esta clase de delitos.1

Es lamentable, que existan este tipo de estadísticas, cuando un menor de edad es un ser vulnerable, pero mas triste es que estos casos de abuso se den por familiares, el seno familiar cuyo propósito es proteger, arropar y dar seguridad a sus integrantes.

No existe justificación, ni el encierro, ni la pandemia, ni el terrible confinamiento por cuestiones de salud, puede permitir una atrocidad de esta índole, en verdad es una cuestión lamentable y desgarradora, el solo hecho de pensarlo causa indignación.

Pero más indignación causa que a nivel mundial, nuestro país sea el número uno en abuso infantil, que le esta pasando a nuestra sociedad, que pasa en las familias y en la mente de los pilares de las mismas para cometer estos delitos.

Con una terrible nostalgia lo digo y basado en estas estadísticas, los hogares se han convertido en el lugar de mayor peligro, para nuestros menores de edad, donde se supone que nuestros menores deben estar mas protegidos y seguros.

De acuerdo con el Inegi, en 2019 se detectaron 827 mil 898 usuarios de pornografía infantil; 60 por ciento de ésta se genera en México con fines de trata de menores.

Sin embargo, en México, solo 3 mil 320 casos han sido clasificados por las autoridades judiciales como trata de personas, y se calcula que a diario 12 niñas son vendidas o usadas con fines de explotación sexual por tratantes en Coahuila, Chiapas, Chihuahua y Baja California.

Es fundamental, el actuar del gobierno para revertir estas lamentables estadísticas y no son solo cifras, son nuestros pequeños, nuestros menores de edad los que sufren este repugnante mal, por eso, es indispensable que el gobierno destine más recursos a la atención de los menores víctimas de abuso sexual y se prepare de mejor manera a los ministerios públicos y fiscalías para evitar la revictimización de los infantes que denuncian.2

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias y órganos que conforman la administración pública federal y en particular a la Fiscalía General de la República, se informe a esta soberanía los avances en el diseño e implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el abuso sexual infantil, por el enorme incremento que ha habido en los últimos años en perjuicio de los derechos humanos de los menores de edad.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-el-primer-lugar-mundial-en -abuso-sexual-infantil. Consultado el 4 de enero de 2021.

2 https://www.milenio.com/policia/mexico-a-la-cabeza-en-abuso-sexual-infa ntil. Consultado el 4 de enero de 2021.

Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Senadora Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos municipales de Tamaulipas a valorar la creación de microcréditos destinados a locatarios de mercados y comercios familiares en situación de riesgo para evitar la quiebra de negocios y contribuir a la reactivación económica local, suscrita por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás legislaciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. En la publicación Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020. La política fiscal ante la crisis derivada de la pandemia de la enfermedad por coronavirus Covid-19 , publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) examina los instrumentos fiscales para amortiguar los efectos de la pandemia por el virus SARS-CoV2 en la región, al respecto las herramientas pueden dividirse en tres rubros, reasignación presupuestaria del gasto público, el alivio tributario y la provisión de liquidez.1

El esfuerzo de cada uno de los países ha sido distintos, pero tienen algunas coincidencias, el fortalecimiento al sistema sanitario, el aumento al gasto a los servicios de salud, la implementación de líneas de crédito para micro, pequeñas y medianas empresas, apoyo a la actividad económica y protección del ingreso de bienestar de las familias.

Estas coincidencias en la región quedan mejor ejemplificadas en el cuadro siguiente:

Dentro del cuadro México aparece entre los países que han fortalecido al sistema sanitario, por parte del gobierno federal se han entregado líneas de crédito y se han establecido garantías estatales, igualmente como medidas para la actividad económica se ha impulsado la inversión en infraestructura y apoyo a la vivienda, adicionalmente se ha apoyado al empleo, el pago de pensiones y la protección del ingreso para los grupos vulnerables.

Segunda. En México, mediante el Plan Estratégico para la Atención de la Contingencia Covid-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)2 en el mes de marzo se identificaron 70 hospitales para la atención de enfermos y 20 de reconversión, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2021 fue 9.2 por ciento mayor en términos reales al presupuesto del año 2020 en el ramo administrativo 12, “salud”.

El país enfrentó la contingencia con 307 hospitales abandonados y con déficit de personal médico, en la comparecencia del secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer, aseguró que se ha hecho un esfuerzo entre sector salud y las Secretarías de Marina y Defensa Nacional (Sedena) para reconvertir casi mil hospitales, se han instalado 32 mil camas, más de 10 mil ventiladores y se contrataron a 47 mil médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, así como se han celebrado 78 convenios con instituciones públicas y del sector privado.3

En líneas de crédito, desde finales de abril del presente año, el gobierno federal se puso en marcha el Programa de Apoyos Financieros a Microempresas4 con metas cumplibles. El Programa es un financiamiento de 25 mil pesos por negocio o persona a pagar en 3 años, con un periodo de gracia de tres meses, esto es, se pagarán 33 abonos de 824 pesos.

Los dos programas operativos Crédito a la Palabra y Apoyos Solidario a la Palabra a Empresa tienen las siguientes características. Crédito a la Palabra es un programa que como requisito incluía estar registrado en el Censo del Bienestar, ser mayor de edad, tener operación de al menos seis meses, brindar servicios excepto el sector agropecuario. Las características de Apoyos Solidario a la Palabra a Empresa son tener inscritos al personal en el IMSS, pagar las contribuciones sociales y no haber despedido a personal durante la contingencia sanitaria.

Por otra parte, a finales del mes de septiembre, el Programa de Microcréditos para el Bienestar o más comúnmente conocido como “Tandas del Bienestar” que es un programa prioritario del gobierno federal que busca fortalecer el desarrollo económico en las regiones que han sido excluidas de los servicios financieros tradicionales, casi ha alcanzado la dispersión de 999 mil 443 créditos, con lo cual se han dispersado 24 mil 986 millones de pesos, de la meta de los 25 mil millones de pesos.5 El autoempleo, la inclusión económica y social son dos de sus principales objetivos. Recordemos que las Tandas, el primer monto es de 6 mil pesos de préstamo, al cubrir el apoyo, el segundo es de 10 mil pesos, el tercero de 15 mil pesos y el último de 20 mil pesos.

Con respecto a Crédito a la Palabra, la persona titular de la Secretaría de Economía anunció el 24 de septiembre se superó la meta de entrega a 1 millón 113 apoyos y se estima que al final del 2020 se hayan otorgado 1 millón 451 mil créditos de 25 mil pesos.6

La Secretaría de Economía diseñó el portal Mipymes es una plataforma para informar las medidas económicas tomadas para mitigar las secuelas del Covid-19 en México que adicional de las reseñadas, están también, Infonavit, Fovisste y capacitar, vender, emprender, crecer y exportar mejor.

Adicionalmente la composición de los establecimientos en México son micro, pequeño y mediana empresa, según el Censo Económico 2020 en sus resultados definitivos7 en los 6.3 millones de establecimientos en el país, 94.9 por ciento son establecimientos micro, 4.9 por ciento son pymes y 0.25 por ciento grande.

El secretario de Hacienda y Crédito Público declaró el pasado 12 de noviembre que en el país se han recuperado 7.5 millones de empleos, 7 del sector informal y medio millón formal, el país perdió 12 millones de empleos informales y 1 millón 157 mil formales, pero está en un proceso de recuperación.8

A la primera semana del mes de enero de 2021 se tiene por registrado la siguiente composición del semáforo epidemiológico:

Tercera. Las medidas económicas estatales y municipales varían dependiendo de cada entidad, en el caso de Tamaulipas9 se estableció el programa Directo a domicilio10 es una plataforma de restaurantes para potencializar el consumo, disponible por municipio.

Se han implementado dos programas, Programa Pyme Tam y Créditos a Mipymes, el primero es un crédito de 25 mil y de 50 mil pesos a pagar en tres años y cuatro meses de gracia, y está destinado al sector comercial, industrial y de servicios. En cambio, los Créditos son créditos a personas físicas y morales, con operaciones de 12 meses en Tamaulipas, es una bolsa de 500 millones de pesos en conjunto con Nafin, a pagar en 5 años con 6 meses de gracia y son créditos de 50 mil a 2 millones de pesos.

Otros municipios han entregado apoyo a los micronegocios, por ejemplo, San Pedro Garza anunció el apoyo a negocios con menos de 5 trabajadores con 27 mil pesos y 200 apoyos de 10 mil pesos.11 En Puebla se informó la entrega de 10 mil pesos a mil 23 micronegocios, la bolsa contemplada ascendió a 10 millones de pesos.12 Zapopan destinó 10 millones de pesos para créditos de 10 a 40 mil pesos.13 Aguascalientes capital apartó una bolsa de 12 millones de pesos, dividido en 6 millones para nóminas y 6 millones más para emprendedores y micronegocios.14 En Los Cabos destinaron 4.5 millones de pesos para mismos fines.15

Que el Periódico Oficial de Tamaulipas con fecha al 26 de diciembre del 201916 publicó el Presupuesto de Egresos de Tampico, por un total de 1,394, 833,121 pesos, el gasto no etiquetado es de 977 millones de pesos. Por lo cual se estima que está en posibilidades de emitir un gasto de apoyo a través de créditos para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

Lo anterior está sustentado en el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tanto por su participación como por los esquemas de apoyo, a través de la concurrencia de competencias.

A petición de las cámaras empresariales y de comercio de Tampico y como parte de una zona de desarrollo económico de la entidad es que someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a las soberanías, exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales del estado de Tamaulipas para que valoren la creación de microcréditos a locatarios de mercados y comercios familiares en situación de riesgo con la finalidad de evitar la quiebra de negocios y contribuir a la reactivación económica local.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a las soberanías, exhorta respetuosamente a los 32 gobiernos de las entidades federativas para que fortalezcan la colaboración entre comercios y el sector salud a fin de que, se fomente la sana distancia, el uso de cubrebocas y entrega de gel antibacterial para romper la cadena de contagios del virus SARS-CoV-2.

Notas

1 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45730/3/S2000154_e s.pdf p,24.

2 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/144

3 http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/64/3er/1Ord/oct/01L64A3P120.ht ml

4 http://cronica.diputados.gob.mx/Ve28oct2020-Economia.html

5 https://www.milenio.com/negocios/secretaria-economia-alcanzar-meta-cred itos-palabra

6 https://www.milenio.com/negocios/secretaria-economia-supera-meta-credit os-palabra

7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pprd_ce19.pdf

8 https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-recupera-casi-7-5-millones-de -empleos-perdidos-por-covid-19-afirma-shcp/

9 https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/articulos/tamaulipas-245202

10 https://www.tamaulipas.gob.mx/directoadomicilio/

11 https://www.eleconomista.com.mx/estados/El-municipio-de-San-Pedro-Garza -Garcia-dara-apoyos-a-micronegocios-por-Covid-19-20200607-0014.html

12 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Daran-apoyos-a-microempresarios -de-Puebla-con-plan-de-reactivacion—-20200824-0037.html

13 https://www.informador.mx/economia/Zapopan-dara-apoyos-por-hasta-40-mil -pesos-a-micro-y-pequenos-empresarios-20200330-0073.html

14 https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/destinar%C3%A1-municipio-de-a guascalientes-12-mdp-para-apoyos-a-empresarios-y-comercios/ar-BB11tRKB

15 https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/apoyo-de-8.5-mdp- a-emprendedores-5358714.html

16 https://tampico.gob.mx/transparencia/2020/INFORMACIONADICIONALALPRESUPU ESTODEEGRESOS2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR a colaborar en las investigaciones solicitadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a la FGJ de Morelos por tortura y tratos denigrantes contra un grupo de adolescentes resguardados por las autoridades del Centro de Asistencia Social para Adolescentes de Temixco, del DIF, presuntamente cometidos por policías del estado el 1 de septiembre de 2020, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República para que coadyuve en las investigaciones solicitadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, por actos de tortura y tratos denigrantes en contra de un grupo de adolescentes que se encontraban bajo el resguardo de las autoridades del Centro de Asistencia Social para Adolescentes de Temixco, dependiente del DIF-Morelos, presuntamente cometidos por agentes de la policía del estado, el pasado 1 de septiembre de 2020, con base en las siguientes

Consideraciones

El 22 de diciembre pasado, el periódico Reforma dio cuenta con un reportaje en el que se denunció cómo presuntamente, integrantes de la Policía del Estado de Morelos golpearon, desnudaron y obligaron a hincarse con las manos atadas en la espalda a un grupo de adolescentes que se encontraban en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes en Temixco, dependiente del DIF-Morelos.

Según las primeras informaciones proporcionadas por el propio Sistema DIF, el martes 1 de septiembre por la tarde,

Un grupo de jóvenes del Centro de Asistencia Social del organismo ubicado en el municipio de Temixco, realizó destrozos en algunos bienes materiales. Dicho grupo entró en desacuerdo al haberles llamado la atención ya que no siguieron el reglamento que marca la institución, de ahí que iniciaron los disturbios.

Fue en ese momento que autoridades del Centro activaron los protocolos de seguridad, por lo que elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública iniciaron el resguardo de la periferia, y de esta manera se pudo evitar un problema mayor.

Cabe señalar que siempre se actuó con orden y respeto hacia los adolescentes, con el único objetivo de restablecer el orden y resguardar la integridad de los albergados y de los ciudadanos.1

No obstante, la nueva evidencia generada por el periódico proporcionó indicios de abuso de la fuerza por parte de los integrantes de la Policía estatal, por lo cual, derivado de esta denuncia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el estado abrió una queja y dio conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de Justicia del estado, con el objeto de proceder a las investigaciones correspondientes.

Señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos que

Se giraron los oficios respectivos al Gobernador del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno de Morelos, a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, a Ulises Bravo Molina, a la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, a la Subdirectora del Centro de Asistencia Social para Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y al Comisionado Estatal de Seguridad Pública.

Cumpliendo con dichos informes todos los servidores públicos, salvo el Secretario de Gobierno (Pablo Ojeda), quien a la fecha ha sido omiso en rendir su ampliación, situación que pone en evidencia una omisión o falta de interés en el presente caso.2

Llama la atención que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos haya señalado que

Respecto a la presencia de Ulises Bravo, actual presidente del PES en Morelos, la CEDHM reprochó que el personaje sea un “desvío de poder” al asistir a reuniones oficiales que no le competen.

Es en este sentido que, siendo el interés superior de la niñez un principio que debe guiar todos los actos de la autoridad y que nuestro marco constitucional y convencional garantiza los derechos de las y los adolescentes de manera prioritaria como personas en desarrollo, que no podemos dejar de señalar que, en ocasiones anteriores, se han cometido actos de tráfico de influencias y corrupción, relacionados con familiares del gobernador Cuauhtémoc Blanco, que han menoscabado los derechos de las y los ciudadanos en la entidad. Es por ello que resulta indispensable que la Fiscalía General de la República acompañe las indagatorias que sean realizadas por la Fiscalía del estado, con el único objeto de garantizar el derecho de acceso a la justicia de quienes sufrieron estos actos de tortura y tratos denigrantes y sancionar a quienes los cometieron, para evitar la impunidad.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Fiscalía General de la República para que coadyuve en las investigaciones solicitadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos, por actos de tortura y tratos denigrantes en contra de un grupo de adolescentes que se encontraban bajo el resguardo de las autoridades del Centro de Asistencia Social para Adolescentes de Temixco, dependiente del DIF-Morelos, presuntamente cometidos por agentes de la Policía del estado, el pasado 1 de septiembre de 2020.

Notas

1 https://www.zonacentronoticias.com/2020/09/jovenes-atendidos-en-el-cedi f-de-temixco-causan-destrozos-y-llega-policia-a-calmarlos/

2 https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/urgen-in dagar-abusos-a-menores-en-dif-de-morelos/ar2098883?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@reforman acional

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los 7 días del mes de enero de 2021.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a cumplir el pago constitucional del aguinaldo a los trabajadores del SNTE, Sección 50, suscrita por la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Sandra Paola González Castañeda, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León, ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a efectos de dar cumplimiento al pago constitucional de la prestación de aguinaldo en favor de las trabajadoras y los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 50, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En fechas recientes, el titular del Ejecutivo estatal, en contubernio con el líder del SNTE Sección 50, José Luis López Rosas, el cual representa los intereses gremiales, de las maestras, los maestros y el personal de administración y servicios en materia educativa en Nuevo León; acordando de forma ilegítima, ilegal e inconstitucional de establecer el pago de la prestación laboral denominada aguinaldo, la cual integra el salario y demás prestaciones, tal como lo establece el artículo 123, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en clara vulneración a las facultades y atribuciones que las bases sindicales le han conferido a su líder, quien en nombre de sus representados establece acuerdos que por normativa son contrarios a la legalidad vigente y sin tomar en consideración la postura de su gremio, actuando, por tanto, de manera unilateral.

Segunda. Dicho acuerdo convulsiona los principios de tutela efectiva de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores al servicio de la educación en nuestro Estado, toda vez que los actores firmantes de esta figura antijurídica, la cual han denominado “pago de aguinaldo en diferido”, constituye una medida falaz y violatoria a las bases fundamentales del debido proceso, la certeza jurídica y la seguridad social enmarcados en el citado numeral 123, el cual de forma expresa garantiza directamente el derecho a la precepción de un salario digno, equitativo y sujeto a los marcos convencionales de los convenios del funcionariado público al servicio del Estado. Por ende, la ratio legis que ampara el bien jurídico protegido pondera, además, el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad en las legítimas percepciones salariales a cambio de su fuerza de trabajo.

Tercera. Destacamos la doctrina enmarcada en los razonamientos que establecen en materia laboral el máximo tribunal constitucional de la nación, al fundamentar categóricamente que la transgresión a los derechos fundamentales de irreductibilidad salarial y remuneración en términos de lo principios establecidos en el artículo 127 constitucional. Aduce que de un análisis sistemático de las disposiciones constitucionales que reconocen el derecho humano de las y los servidores públicos a percibir una remuneración adecuada derivada de su trabajo, a saber, los artículos 5, 75, 123, Apartado B, fracción IV, y 127 de la Norma Fundamental, se desprende que los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a una retribución congruente y proporcional.

Lo anterior es así, en virtud de que la Constitución federal establece, por una parte, que las remuneraciones de los servidores públicos no podrán ser disminuidas durante la vigencia de los presupuestos en los que se hayan fijado y, por otra, que en caso de que por cualquier circunstancia se omita calcular dicha remuneración, se entenderá por señalada la que se hubiere indicado en el presupuesto anterior.

Así, la protección del servicio público y de sus trabajadores debe realizarse de tal forma que el Estado se cerciore que las remuneraciones de estos últimos, sea proporcional al desempeño de los servidores públicos a fin de contar con ciudadanos preparados, capaces y honestos, que puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas, al mismo tiempo que puedan también obtener un salario con la protección que la Constitución federal otorga al mismo. Aclara que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está consciente de que el desvío de recursos debe ser sancionado en atención al mandato del multicitado artículo 127 de la Constitución federal, sin embargo, las medidas que al efecto se tomen no deben afectar los derechos de los trabajadores públicos y que en contraste, la ley federal reclamada, en los términos en los que está planteada, genera un espectro de discrecionalidad de forma que se ven conculcados los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.

Se incurre en el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano previstas en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución, de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En concordancia con el artículo 1o. de la Constitución federal se establecen diversas garantías y mecanismos para hacer efectivo su contenido, destacando, entre otros, los artículos 94, 102, 103, 105 y 107. Es decir, los artículos mencionados contienen las garantías constitucionales consistentes en los sistemas de protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos que, fundamentalmente se encuentran a cargo del Poder Judicial de la federación y de los organismos públicos autónomos de protección de los derechos humanos respectivamente.

Cuarta. En esta misma línea discursiva, argumentamos que el criterio conceptual por el que la prestación del aguinaldo constituye una integración homologable al salario, así como a sus demás prestaciones (prima vacacional, ahorro, bono...) son el resultado de la interpretación hermenéutica que establecen los Tribuales Colegiados de Circuito en materia laboral, la Sala de lo laboral y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al coincidir y armonizar que dichos emolumentos y prestaciones representan la integridad del multicitado salario, el cual, tanto la doctrina como las normas generales y secundarias, comenzando por la Ley Federal del Trabajo, y que expresa claramente la constitución al ilustrar que uno de los elementos del citado precepto (salario) es que tiene la categoría de irrenunciable, y el cual no podrá ser susceptible de embargo, enajenación o aplazamiento si no es mediante sentencia de autoridad jurisdiccional, previendo un proceso condenatorio, a lo cual el gobernador del estado de Nuevo León excede claramente sus competencias, facultades y/o atribuciones.

Para argumentar el citado criterio, invocamos la jurisprudencia emanada por nuestro tribunal constitucional, el cual se erige como garante de los derechos fundamentales e inalienables de las personas en lo general y de los trabajadores al servicio del Estado en lo particular, la cual establece y destaca a la letra la siguiente jurisprudencia al rubro:

Registro digital: 186854
Instancia: Segunda Sala
Novena Época
Materia (s): Laboral
Tesis: 2a./J. 33/2002
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XV, Mayo de 2002, página 269
Tipo: Jurisprudencia

Salario. El aguinaldo. Es parte integrante del mismo.

De lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo de manera ordinaria y permanente, es decir, todo aquello que habitualmente se sume a la cuota diaria estipulada como consecuencia inmediata del servicio prestado, ya sea que derive del contrato individual de trabajo, del contrato colectivo o de cualquier otra convención e, incluso, de la costumbre. Ahora bien, si se toma en consideración que, por un lado, ante la necesidad de los trabajadores de hacer frente a los gastos de fin de año, en el artículo 87 de la ley citada se consagró el derecho de los trabajadores a percibir el aguinaldo anual o su parte proporcional, y se fijaron las condiciones mínimas para su otorgamiento, esto es, que se pague antes del veinte de diciembre de cada año una cantidad equivalente cuando menos a quince días de salario, la cual puede ser mayor si así lo acuerdan las partes y, por otro, que al ser una prestación creada por la ley y susceptible de ser aumentada en los contratos, su pago es un derecho de los trabajadores que, como tal, es irrenunciable, en términos de los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el pago de esta percepción forma parte de las gratificaciones a que se refiere el artículo primeramente invocado y, por tanto, es computable para la integración del salario para efectos indemnizatorios provenientes de un reajuste de personal cuando existe convenio entre las partes. En consecuencia, las cláusulas de los convenios individuales o colectivos de trabajo que no respeten este derecho o cualquier otro beneficio que como mínimo establezca la Ley Federal del Trabajo en favor de los trabajadores, se entenderán sustituidas por lo previsto en este ordenamiento legal, por así disponerlo el primer párrafo de su artículo tercero transitorio, y sólo quedarán vigentes las cláusulas que superen esos mínimos, en términos del segundo párrafo de ese numeral.

Contradicción de tesis 94/2001-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Segundo del Octavo Circuito, Segundo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito. 19 de abril de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 33/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil dos.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a efectos de dar cumplimiento al pago constitucional de la prestación de aguinaldo en favor de las trabajadoras y los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 50.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 7 de enero de 2021.

Diputada Sandra Paola González Castañeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin exhortar al INE a incorporar en la información de la credencial para votar con fotografía, adicional al español, la lengua indígena predominante en los documentos por expedir en los 28 distritos catalogados con presencia indígena por ese órgano autónomo, en coordinación el Inali, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN

Quién suscribe, diputado Carlos Alberto Valenzuela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que incorpore en la información de la credencial para votar con fotografía, adicional al español, la lengua indígena predominante en las credenciales que se expidan en cualquiera de los 28 distritos catalogados con presencia indígena por dicho órgano autónomo, en coordinación con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México es un país y una nación con una diversidad cultural y pluriétnica reconocida en su Constitución y es patrimonio cultural. Actualmente, existen más de 60 lenguas originarias, algunas con riesgo a desaparecer.

La Constitución Política vigente reconoce a los pueblos originarios como parte esencial del país y les reconoce derechos que les permita salir del rezago, respetar sus usos, costumbres y tradiciones en un marco de derechos humanos; así como la preservación de su lengua nativa.

El artículo 2o., Apartado A, fracción IV, se señala al texto lo siguiente:

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

...

...

...

...

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Bajo este criterio constitucional, surgen leyes que exigen a las diversas autoridades propiciar la preservación y enriquecimiento de las lenguas nacionales de origen prehispánico, es así como surge en 2003 la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, marco normativo cuyo fin es “regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos”1 .

Asimismo, se obliga en dicha Ley en sus artículos 5 y 7 a los órdenes de gobierno, a que en sus respectivas competencias, reconozcan, protejan y promuevan la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales; y les da validez en para la realización de cualquier acto jurídico, asunto o trámite público.

Esta ley crea al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (Inali) con el fin de ser el organismo de la administración pública federal sea el encargado de promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia y cuyas atribuciones relevantes podemos destacar las siguientes:

Artículo 14. ...

a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas.

b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas nacionales.

c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento; estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los medios de comunicación, de acuerdo con la normatividad en la materia.

d) ...

e)...

f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas nacionales.

g) ...

h) ...

i) Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y de los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia.

j) ...

k) ...

l) Celebrar convenios, con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con personas físicas o morales y con organismos públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros, con apego a las actividades propias del Instituto y a la normatividad aplicable.

Sin embargo, esta ley no refiere como sujetos obligados a órganos autónomos.

Es de señalar, que la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia electoral otorga al Instituto Nacional Electoral (INE) la administración y manejo entre otras cosas, del padrón y lista de electores; así como las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales2 . Es decir, esto incluye la expedición de la credencial de elector.

La credencial para votar con fotografía es el documento oficial que expide el INE, mediante el cual se reconoce que una persona cumple con los requisitos legales que le permiten ejercer su derecho al voto en su calidad de ciudadano mexicano. Sin embargo, la naturaleza del documento y su alto grado de seguridad, así como su grado de cobertura en la obtención de éste, se ha considerado como el principal documento de identidad aceptado para trámites públicos como privados.

Además, en 2018 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la catalogó como patrimonio moderno de México.3

Es de considerar que en el pasado proceso electoral federal 2017-2018, el INE tuvo los siguientes datos:

• 89 millones 123 mil 355 ciudadanos electores inscritos en el listado nominal. Es decir, personas con credencial para votar con fotografía vigente.

• 93 millones 900 mil 945 boletas electorales para elección de presidente de la República.

• 281 millones de boletas para la elección de presidencia, senadurías y diputaciones federales.

• 156 mil 808 casillas instaladas.

• 1 millón 398 mil 525 de funcionarios de casillas.

• 45 mil 44 supervisores y capacitadores electorales.4

El INE en abril de 2016, y de acuerdo al Protocolo para la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas en materia de Distritación Electoral aprobado por el Consejo General mediante acuerdo INE/CG93/2016 el pasado, recibieron los Acuerdos sobre la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales y la designación de las respectivas cabeceras distritales a nivel federal y local, que fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dando como resultado la conformación de 28 distritos electorales para el caso federal y 56 distritos electorales en las entidades federativas.5

El INE, como medida de inclusión y acción afirmativa determino mediante acuerdo del Consejo General, del 8 de noviembre de 2017, INE/CG508/2017, se incorporo? una acción afirmativa a favor de los pueblos y comunidades indígenas, consistente en que en doce de los veintiocho Distritos electorales denominados indígenas, los partidos políticos debían de postular a personas que se auto-adscribieran indígenas, debiendo garantizar la paridad de género, en razón de que más de 40 por ciento de su población es indígena.

Con el fin de fortalecer los principios democráticos y de manera integral impulsar la mayor participación de los pueblos indígenas del país en el próximo y siguientes procesos electorales; y transversalmente contribuir a la preservación de las lenguas indígenas de México, es necesario que la autoridad electoral considere acciones orientadas a que la credencial de elector como la papelería electoral se encuentre impresa tanto en el idioma español como en lengua indígena en aquellos distritos catalogados por esta autoridad con presencia indígena.

Asimismo, el pasado 18 de noviembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó reforma constitucional al artículo 2, en la que se reconocen como lenguas nacionales las de los pueblos originarios. Si bien, aún está pendiente su proceso de aprobación en el Senado y posteriormente en los Estados; resulta necesario que la autoridad electoral encuentre como acción afirmativa esta propuesta sin necesidad de que exista la obligatoriedad constitucional para realizarla.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional Electoral para que incorpore en la información de la credencial para votar con fotografía, adicional al español, la lengua indígena predominante en las credenciales que se expidan en cualquiera de los 28 distritos catalogados con presencia indígena por dicho órgano autónomo, en coordinación con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional Electoral para que en la documentación y papelería electoral así como la capacitación para el proceso 2020-2021, que corresponda a los municipios y distritos catalogados por dicho instituto como de población y electorado indígena, ésta se encuentre impresa tanto en español como en la lengua indígena predominante.

Notas

1 Artículo 1 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

2 Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 INE. Memoria Gráfica. Proceso Electoral 2017-2018. https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/MemoriaGraficaPE2017-2018 .pdf

4 Ibíd.

5 INE. https://centralelectoral.ine.mx/2017/11/28/entregan-pueblos-indigenas-l os-acuerdos-sobre-distritacion-electoral/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 7 de enero de 2021.

Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a cumplir a cabalidad con las demás autoridades encargadas de suministrar y aplicar la vacuna contra el Covid-19 las cinco etapas de inmunización establecidas en la política nacional, suscrita por la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia de Covid-19 ha significado la crisis de salud más grande que se ha vivido el mundo entero, en México esta crisis de salud se veía venir desde primeros meses de 2020.

Nuestro país, que por miles de kilómetros de distancia se encuentra separado del epicentro en China y con un océano de por medio, está siendo gravemente golpeado por enfermedad al padecer las dramáticas cifras de contagiados y fallecidos que se están registrando en nuestro país.

Tan sólo a mitad de año se reportaba a 15 países del mundo con mayor número de casos confirmados, habiendo cuatro latinoamericanos y de entre ellos, nuestro país: Brasil, Perú, Chile y México, de acuerdo con cifras de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos de América (EUA) actualizadas al 17 de junio de 2020.1

A casi un año de este golpe que atenta contra la salud de la humanidad, todos los países coinciden en la gran importancia que tiene la vacunación contra el Covid-19 para evitar más muertes y la devastación de las economías.

En un momento histórico y ante la incansable lucha de la ciencia por encontrar una vacuna para combatir la pandemia, el pasado 2 de diciembre la farmacéutica Pfizer anunció la autorización para suministrar y distribuir de manera segura la vacuna de alta calidad, contra el Covid-19 en todo el mundo.2

México ha sido un país que ha participado de manera activa en diversas iniciativas para tener acceso a la vacuna, estableciendo como prioridad que la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces.

Siendo parte del gobierno de la Cuarta Transformación, nuestro país se congratula de contar ya con las primeras dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Uno de los aliados indispensables han sido los recursos enfocados a la salud.

El presupuesto que se aprobó para el ejercicio fiscal 2021 es muy diferente que los anteriores al ser responsable y consciente de las necesidades y retos del país frente a la pandemia que aqueja a México, al ampliar y fortalecer las capacidades del acceso al sistema de salud, así como a la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 de manera gratuita para todos los mexicanos.

Hoy la plicación de la vacuna es una relidad. Fue el pasado 22 de diciembre cuando en la conferecia matutina, el canciller Marcelo Ebrard aununció que las primeras vacunas de la farmacéutica Pfizer, con 1.4 millones de dosis, embarcarían en Bélgica y llegarán a partir del 23 de diciembre.

En dicha conferencia de prensa el Presidente de México abonaría que la vacuna sería universal, gratuita y de fácil acceso para la población. “Se habló de aplicarla primero en la Ciudad de México y en Coahuila, pero podría ampliarse a dos o tres (estados más) para que lleguen ahí”.3

Unas horas más tarde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que con el visto bueno de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la vacunación arrancaría el jueves 24 de diciembre de 2020 en la Ciudad de México con los primeros fármacos con la ayuda del Ejército mexicano.

“Según las previsiones de las autoridades. México se convierte así en el primer país de Latinoamérica en aprobar la vacuna de la farmacéutica estadounidense y será también el que inicie la inmunización masiva en la región”.4

De acuerdo con la política establecida por el gobierno mexicano la cual propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, la cual está enfocada en priorizar a los grupos con características asociadas al riesgo de contagio, además considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.

En donde los grupos en orden son:

1. Trabajadores de salud

2. Personas mayores de 80 años

3. Personas de 70 a 79 años

4. Personas de 60 a 69 años

5. Personas de 50 a 59 años

6. Personas de 40 a 49 años

En aras de terminar con esta situación de emergencia por la que atraviesa México, resulta imperante avanzar en la política de vacunación establecida por las autoridades federales, de tal manera que ninguna mexicana o mexicano contemplado en recibir la vacuna se quede fuera ya sea por vivir en lugares alejados del país o por algún favoritismo de parte de las autoridades sanitarias.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, la salud de las y los mexicanos debe ser protegida por las autoridades competentes y es por lo anteriormente expuesto que se somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto al principio de división de poderes, al titular del Ejecutivo federal para que la Secretaría de Salud, en coordinación con las demás autoridades encargadas del suministro y aplicación de la vacuna contra el Covid-19, se cumplan a cabalidad las cinco etapas de vacunación establecidas en la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, contemplada por grupos poblacionales priorizados: diciembre de 2020-junio 2022.

Segundo. La Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto al principio de división de poderes, al titular del Ejecutivo federal para que la Secretaría de Salud, en coordinación con las demás autoridades encargadas del suministro y aplicación de la vacuna contra el Covid-19, en México se cumplan criterios de promoción del bienestar humano, respeto igualitario de tal manera que la vacuna sea aplicada a los grupos prioritarios incluso de las comunidades más alejadas del país, lo más pronto posible atendiendo a las etapas establecidas para tal efecto.

Tercero. La Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud federal y demás autoridades del sector salud encargadas del suministro y aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en México y a fin de proteger la salud de las y los mexicanos, se transparente cualquier reacción adversa que se pudiera presentar en las personas que reciban la vacuna contra el Covid-19.

Cuarto. La Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud federal y demás autoridades encargadas del suministro y aplicación de la vacuna contra el Covid-19, a denunciar ante la autoridad competente cualquier acción injustificada que se encuentre fuera de las etapas establecidas en la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del Covid -19 en México, con el propósito de que se impongan todas las sanciones penales o administrativas que correspondan.

Quinto. La Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del estado de México para que se coordine con las autoridades federales y se pueda distribuir y vacunar al personal médico de primera línea en el combate contra el Covid-19, con especial énfasis en el municipio de Tecámac.

Notas

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53074005

2 https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-a nd-biontech-achieve-first-authorization-world

3 https://elpais.com/mexico/2020-12-12/mexico-se-convierte-en-el-primer-p ais-de-latinoamerica-en-aprobar-la-vacuna-pfizer.html

4 Op cit

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la OPS, la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos, la SRE y la Ssa que proporcionen información relativa a los avances en la implantación de los acuerdos de colaboración interinstitucional para la compra consolidada de medicamentos celebrados en diciembre de 2019 y julio de 2020, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Organización Panamericana de la Salud, a la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Salud, información relativa a los avances en la implementación de los acuerdos de colaboración interinstitucional para la compra consolidada de medicamentos, suscritos en los meses de diciembre de 2019 y julio de 2020, con base en las siguientes

Consideraciones

El 31 de julio de 2020, el gobierno mexicano firmó con la oficina de las Naciones Unidas para proyectos un acuerdo de colaboración interinstitucional cuyo objeto sería, según la información proporcionada en la conferencia matutina por el presidente López Obrador, la conformación de

...Un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos de UNOPS que permitirá comparar los precios de medicamentos en mercados internacionales para asegurar el mejor precio y propiciar ahorros.

Una gestión pública justa y equitativa: permite acceder a medicamentos con estándares internacionales y un mejor uso del gasto público.

Asegurar el abastecimiento con control de calidad nacional e internacional, con máxima transparencia y competencia abierta.

En un comunicado conjunto, la Organización de las Naciones Unidas informó que

En diciembre de 2019, México firmó con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un acuerdo de colaboración interinstitucional para su participación en los Fondos Rotatorio de Vacunas y Estratégico de Medicamentos e Insumos de Salud Pública de OPS, que consolidan las necesidades de los países de la región de las Américas para la compra de vacunas, jeringas e insumos, por un lado, y de medicamentos esenciales y suministros de salud pública, por el otro.

Estos fondos son instrumentos basados en los principios de solidaridad y panamericanismo que permitirán a México beneficiarse de los precios que se obtienen de una negociación ampliada y multianual, asegurando la transparencia en los procesos de compras con los más altos estándares internacionales, así como la seguridad, efectividad, bioequivalencia y biodisponibilidad de estos productos, gracias al sistema de precalificación de la OMS.

...

Ambos organismos internacionales, UNOPS y OPS/OMS, trabajarán junto con el Gobierno de México en su esfuerzo para garantizar el derecho a la salud para la población mexicana, mediante compras conjuntas y esquemas de licitación internacional abierta, transparente y competitiva de medicamentos y vacunas, que aseguren las mejores condiciones de precio y calidad.

Por último, en la misma conferencia, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que

El convenio con Naciones Unidas permitirá al país adquirir 3 mil 643 claves de medicamentos que se distribuirán en 2021, una compra que asciende a los 6 mil 800 millones de dólares que el Estado Mexicano erogará a fin de garantizar el abasto de medicamentos y su distribución eficiente.

No obstante, muchas organizaciones de la sociedad civil han documentado y denunciado la falta de insumos médicos y medicamentos, principalmente aquellos destinados a la atención de enfermedades como el cáncer y el VIH, debido a los graves recortes presupuestales que han sufrido los fondos y fideicomisos que se encontraban destinados para adquirir estos medicamentos, así como el cambio en la gestión presupuestal que, a partir de la compra consolidada de medicamentos, ha generado un desabasto generalizado que no ha podido ser resuelto por las autoridades hacendarias y sanitarias.

Lo anterior se vuelve alarmante cuando se observa que, desde hace dos años, los medicamentos pediátrico-oncológicos han reportado una escasez sistemática, comprometiendo con ello la vida de más de 20 mil niñas y niños que sufren de cáncer y cobrando la vida de, por lo menos, 1,600 de ellos. En el caso de las más de 97 mil personas con VIH, la afectación por la falta de medicamentos ha conducido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pronunciarse señalando que el desabasto constituye una violación al derecho a la salud de las y los ciudadanos ya que las omisiones del Estado han provocado un aumento de 4.2 puntos porcentuales en la tasa de defunciones de personas que vivían con VIH.

Es en este sentido que resulta imprescindible no sólo garantizar el abasto de estos medicamentos, sino agilizar su compra y distribución en una situación de emergencia sanitaria que, de frente a la magnitud del fenómeno que ha representado la Covid-19, invisibiliza la crisis humanitaria que viven las personas con otros padecimientos.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita a la Organización Panamericana de la Salud, a la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos y a la Secretaría de Relaciones Exteriores información relativa a los avances en la implementación de los acuerdos de colaboración interinstitucional para la compra consolidada de medicamentos, suscritos en los meses de diciembre de 2019 y julio de 2020, con el Gobierno de México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud, informe relativo a la adquisición y abasto de medicamentos oncológicos, pediátrico-oncológicos y antirretrovirales en los hospitales del sector salud.

Nota

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/567266/CPM_SRE_Colaborac io_n_UNOPS_OMS-OPS__31jul20.pdf

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los 7 días del mes de enero de 2021.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para crear la comisión especial de seguimiento de la adquisición, distribución, entrega y aplicación de la vacuna contra el SARS-Cov2, suscrita por la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe senadora Lucía Virginia Meza Guzmán del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el décimo primer Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se Establecen las Reglas Básicas para el Funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, República Popular China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus Covid-19 que se ha expandido a lo largo y ancho del mundo, afectando a toda la población mundial, incluido México;

Se trata de una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la población en general, derivado de su fácil propagación por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca;

Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, como de inacción, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el coronavirus Covid-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia, y el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) como una enfermedad grave de atención prioritaria en México;

El 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición vespertina del DOF el acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria; asimismo, se establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.

El 24 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el acuerdo por el que se establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (Covid- 19). Ante este escenario la mesa Directiva del Senado de la República emitió Acuerdo en relación con la suspensión de plazos y procedimientos relativos a obligaciones pendientes de cumplir.

En el artículo primero de ese acuerdo, se estableció que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), entendiendo como tales aquellas intervenciones comunitarias definidas en la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del referido coronavirus, disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves.

El 30 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), el cual señala que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia sanitaria.

El 31 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el acuerdo por el que la Secretaría de Salud estableció, como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, que los sectores públicos, social y privado deberán implementar y ordenar, entre otras, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, por el periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020.

El 21 de abril de 2020, se publicó en el DOF el acuerdo por el que la Secretaría de Salud modificó el similar por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado el 31 de marzo de 2020, en el que se ajustó, entre otras consideraciones, el plazo de suspensión de las actividades no esenciales hasta el 30 de mayo de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus aludido en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid- 19 en la población residente en el territorio nacional.

El 15 de mayo de 2020, la Secretaria de Salud publicó en el DOF el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020.

En el contexto internacional, la Alianza internacional por las Vacunas (GAVI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la CEPI encabezan el Acelerador Global de Herramientas contra Covid-19 y el Covax, una iniciativa global para adquirir y distribuir al menos 2 mil millones de vacunas para finales de 2021. México aceptó la invitación de Noruega para integrarse a la Coalición para la Innovación en la Preparación para Epidemias (CEPI) que coordina el desarrollo de la vacuna contra Covid-19 con acceso justo y equitativo, siendo el primer país latinoamericano en integrarse a CEPI.

En el mismo orden de ideas, México ha formalizado su participación en Covax: en donde el Gobierno de México tiene en la agenda adquirir 51.6 millones de dosis, suficientes para cubrir al 20% de la población del país.

Ahora bien, compañeras y compañeros legisladores el pasado 11 de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorizó el uso en emergencias de la vacuna de Pfizer BioNTech contra el virus SARS-CoV-2 que previene la Covid-19.

Cabe recordar que la autoridad regulatoria de Reino Unido autorizó el uso de emergencia para el primer lote de la vacuna en ese país; se trata de la primera vacuna autorizada en el mundo después de concluir exitosamente la fase III de estudios clínicos.

Al respecto, México firmó un convenio para adquirir 34.4 millones de vacunas de este laboratorio. A la par, desde el ejecutivo se ha encaminado un grupo de trabajo con dependencias relevantes del Gobierno de México para coordinar y acelerar los esfuerzos para la importación de las vacunas. Asimismo, próximamente la farmacéutica AstraZeneca comenzará a producir 77.4 millones de vacunas anticovid para nuestro país, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó la utilización de este insumo médico.

El Gobierno de México recibió el pasado miércoles 23 de diciembre el primer embarque de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer- BioNTech, que se aplicarán a profesionales de la salud de todo el país que participarán en la estrategia de vacunación en las próximas semanas, así como a quienes trabajan en ambulancias, en entrada de urgencias, toma de muestras, profesionales de la medicina y la enfermería que atienden casos, entre otros.

La vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, y las otras adquiridas por el gobierno mexicano, se aplicarán de manera universal y gratuita a todas las personas en forma progresiva, dependiendo de la producción y entrega por parte de las farmacéuticas, de acuerdo con la siguiente gráfica:

El primero de varios cargamentos de vacunas se recibe en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”. Será resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desde su llegada y hasta su aplicación. Por el momento, el suministro de vacunas contra Covid-19 es limitado, pero irá aumentando en las próximas semanas y meses. El objetivo es que todas las personas puedan acceder a la vacuna en cuanto haya dosis disponibles.

El día 5 de enero del presente año se recibió un nuevo lote de vacunas para atender la Covid-19, a la Ciudad de México llegaron 44 mil 850 dosis y en Monterrey se recibieron 8 mil 755. Cabe resaltar que, de conformidad con datos del secretario, hasta dicha fecha se habían aplicado 43 mil 960 vacunas de Pfizer-BioNTech a personal médico, lo que representa un avance del 82 por ciento en la colocación de las dosis que ya se tenían disponibles.1

Conforme a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el 119 del Reglamento del Senado de la República, que permiten al Senado de la República la creación de Comisiones Especiales con carácter transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas, o desempeñar un encargo especifico, se estima pertinente proceder a la creación de la Comisión Especial de Seguimiento para la adquisición, distribución, entrega y aplicación de la vacuna contra el virus SARS- CoV-2. El Poder Legislativo no puede quedar impasible ante las obligaciones contraídas por el Estado mexicano para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2; dado que se han utilizado recursos públicos.

Con el ánimo de seguir fomentando las buenas prácticas que busquen borrar la opacidad con la que se ejercen los recursos públicos en nuestro país, es que desde esta Cámara Alta hago un pronunciamiento para transparentar las cuentas públicas en un marco de responsabilidad que se desprende a la vez de un entorno legal y democrático explícito y abierto, que identifica con claridad las obligaciones que cada servidor público debe cumplir. Es por ello por lo que se propone la creación de la citada Comisión Especial de Seguimiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de Seguimiento para la adquisición, distribución, entrega y aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial es allegarse de información, dar seguimiento y acompañar integralmente los procesos para la adquisición, distribución, entrega y aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

Para el cumplimiento de su objeto la Comisión Especial se ceñirá a las reglas de funcionamiento de las Comisiones ordinarias y tendrá las atribuciones conferidas a dichas Comisiones para solicitar información, celebrar reuniones de trabajo de carácter interno con servidores públicos.

Tercero. La conformación de la Comisión Especial será plural y se integrará conforme a la proporcionalidad de cada grupo parlamentario con representación en el Senado de la República, cada uno de los cuales contará con un suplente.

Cuarto. La Comisión deberá presentar informes de sus trabajos ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República cada que le sean requeridos por ese órgano de gobierno, además de aquellos que deberá rendir por disposición del Reglamento del Senado de la República.

La Junta de Coordinación Política podrá revisar las actividades y los avances en el cumplimiento de la encomienda de dicha comisión.

Quinto. La Comisión Especial estará vigente hasta la conclusión de su objetivo, cuando sea extinguida por acuerdo de la Junta de Coordinación Política o al término de la Legislatura.

Nota

1 Ortiz, Alexis, Llega a México un nuevo cargamento de vacunas anticovid-19, diario El Universal. Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/llega-mexico-un-nuevo-cargamento- de-vacunas-contra-covid-19

Dado en el salón de la Comisión Permanente, enero 7 de 2021.

Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades mexiquenses a no autorizar en 2021 incrementos de las tarifas del transporte público concesionado, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Mónica Bautista Rodríguez, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del estado de México para no autorizar incrementos a las tarifas del transporte público concesionado para el año fiscal 2021, con base en las siguientes

Consideraciones

La pandemia que sufre el mundo ha causado grandes estragos que no únicamente se circunscriben a la salud de la población. Una de las principales consecuencias es, sin duda, la afectación a la economía mundial que ha entrado en una recesión sin precedentes por lo que los gobiernos del mundo entero han tomado medidas emergentes para contribuir a paliar sus efectos directos en la vida de las personas. En México, el gobierno federal no ha atinado a implementar una estrategia efectiva que contribuya a disminuir los efectos causados por la disminución de la actividad económica derivada de la desmovilización impuesta por el confinamiento, por lo que la pérdida de fuentes de ingresos ha incrementado alarmantemente el número de personas que viven en situación de pobreza laboral y pobreza extrema. Esta crisis, sin embargo, no inició con la pandemia, sino que vino a agravar una situación que ya había puesto a la economía mexicana en graves problemas.

Es por ello que, después de meses de confinamiento, las personas han tenido que salir a trabajar, a pesar de saber que, al hacerlo, arriesgan su salud y, en muchos casos, incluso su vida. Estas personas son las que viven día a día, sin posibilidades de realizar su trabajo desde casa y que, en su mayor parte, utilizan el transporte público para desplazarse a sus centros de trabajo. Estas personas son las que mantienen a sus familias, principalmente se trata de hombres y mujeres jefas de familia, así como personas adultas mayores cuyos ingresos dependen de la actividad económica diaria y que no pueden permitirse dejar de laborar.

De frente a la posibilidad de que el Gobierno del Estado de México, como hace cada año, autorice incrementos a las tarifas de transporte público, cuyos concesionarios y operadores se han visto afectados, como muchos otros sectores, en sus ingresos, debido a la disminución de la movilidad humana, a la inflación y a múltiples factores que impactan en el rendimiento económico de esta actividad, es necesario llamar a la solidaridad con la población en general y recordar que apenas en este año el costo del pasaje se incrementó desde el 1 de enero de 2020 en 20%, pasando de 10 a 12 pesos, resarciendo algunas de las afectaciones que pudieran haberse sufrido debido a la falta de actualización previa de estas tarifas.

En tiempos de crisis como el que vivimos, en la administración pública debemos realizar una ponderación estricta de los derechos que podemos afectar al tomar nuestras determinaciones. En tiempos de pandemia, el incrementar el costo de los servicios públicos constituye una política pública equivocada que afecta a quienes menos tienen por lo que resulta mucho más importante garantizar la sobrevivencia de las personas.

Es por ello que hacemos un llamado solidario pero contundente para que las autoridades del Gobierno del Estado de México no autoricen incrementos a las tarifas del transporte público concesionado durante el año fiscal 2021, con el objeto de no lesionar más la economía de las familias mexiquenses y que puedan acceder a niveles de vida digna.

Por lo anteriormente expuesto, plenamente comprometida con la garantía de una vida digna para las y los mexiquenses, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a las autoridades del Estado de México para no autorizar incrementos a las tarifas del transporte público concesionado durante el año fiscal 2021.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 07 días del mes de enero de 2021.

Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a emitir los lineamientos relativos a los comicios de 2021 conforme a las disposiciones del CSG en la materia y las recomendaciones internacionales para evitar la propagación del SARS-Cov2, suscrita por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los arti?culos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideracio?n de la Comisio?n Permanente, proposición, de urgente u obvia resolución, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a emitir los lineamientos, de conformidad con las disposiciones que el Consejo de Salubridad General en la materia, y de acuerdo a las recomendaciones internacionales contra la propagación del Covid-19, para la celebración del proceso electoral de 2021, conforme a las siguientes

Consideraciones

Han sido tiempos de angustia y de incertidumbre. Como ustedes lo saben.

Hoy nos encontramos en medio de una pandemia cuyos efectos son devastadores e impactan a las distintas sociedades que habitamos el planeta de manera impresionante la convivencia en todos los órdenes.

El impacto que ha causado en las instituciones que hemos construido a través de siglos nos obliga a re pensar los diversos escenarios en los que se desenvuelve la vida de los órganos del Estado.

Recuerdo que, en marzo de 2020 se presentó un impresionante devenir donde los países en los que apareció primariamente el virus SARS-CoV-2 que desencadena el Covid-19, nos avisaban de una enfermedad que al principio no era considerada por sus grandes alcances que abarcó a toda la humanidad.

Ninguna Nación quedó excenta de los efectos de la epidemia. Las estrategias se implantaron en virtud de los esenarios que mostraban las formas en que se desenvolvía el virus. En todos los países subían los indicadores de casos tanto de enfermos como de muertes. En Europa, fue particularmente ilustrativo el modo en que los gobiernos implementaban esfuerzos para hecerle frente al coronavirus; España, Italia, Inglaterra, todo el continente era invadido por este mal.

Al otro lado del océano Atlántico, en Estados Unidos de América, se expresaba el mismo fenónemo en sus aspectos más impresionantes. México no fue la excepción. Y fue entonces que, se siguió un patrón de respuesta que se fue convirtiendo en la generalidad de las estrategias en el mundo:

El uso de cubrebocas para no contagiar al otro, el uso de distancias entre una y otra persona con el mismo fin, la adaptación e incluso la construcción de espacios para la atención de quienes cayeran en la enfermedad. Estas medidas fueron y siguen siendo la pauta primordial para mitigar los efectos de la enfermedad. Los espacios de atención junto con la capacitación del personal médico, paramédico y de apoyo a estos espacios, se convirtió en una política prioritaria.

La economía mundial colapsó y se vieron impactados principios y creencias en los que se desenvuelven la estructura y funcionamientos de los procesos económicos mundiales y los de cada Estado-nación. El confinamiento de las personas en sus domicilios contrajo y puso en recesión a la economía mundial, dificiles momentos que todos hemos vivido. Despues de nueve meses de estar coexistiendo en distintas vivencias se ha llegado al descubrimiento de la vacuna que genera nuevas esperanzas.

Ahora, hay expectativas de que la humanidad pueda entrar en escenarios de paz y estabilidad sin la angustia de adquirir el pernicioso virus del SARS-CoV-2. No obtante, también implica que, las personas: las mujeres, los hombres, los niños y las niñas, habremos de re pensar en el modo de vida y de todas las actividades.

La vida ya no será igual. Se concibe así con frecuencia la perspectiva del futuro de la humanidad. De igual manera, las instituciones del Estado y de la sociedad civil habrán de re pensar y concebir su actividad en virtud del hoy y del mañana, el gobierno en México ha sido cuidadoso al adaptarse a las nuevas circunstancias.

Así también, se observa claramente la actuación de las instituciones estatales con prudencia, honestidad y sensatez, que son, sombólicamente, virtudes necesarias para la época.

Se requiere re pensar el funcionamiento del marco institucional y el principal objetivo de mantener la relación entre el Estado y la sociedad en el acompañamiento de esta nueva realidad que se va a construir y que ya se está diseñando. Un imperativo es atender los principios que han dado vida a los Estados como ahora los vivimos y los conocemos. Uno de ellos, sin duda, es el de la representatividad.

Es decir, ¿cómo se integrará la representatividad en estas nuevas condiciones?. Ya iniciamos, en México, el proceso electoral desde el pasado mes de septiembre y ya nos ubicamos en la fase de selección de candidaturas. Entraremos en las siguientes facetas donde se ha de convencer a la ciudadanía sobre candidatos y programas políticos. Esto es, el trabajo estrecho entre las autoridades electorales y el equipo a cargo de la estrategia nacional de respuesta a la Covid-19 es primordial.

En otras palabras, se tiene que construir el andamiaje que nos llevará a la elección del mes de junio y así renovar los poderes públicos en el nivel federal y en los órganos locales del espectro político mexicano y hay acciones que le corresponden a los partidos y a los candidatos.

En el Proceso Electoral 2020-2021, 92.4 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto para elegir a las personas que habrán de ocupar más de 21 mil cargos de elección popular que se renovarán en todo el país. En todo el territorio nacional, se instalarán 163 mil 244 casillas que requerirán la participación de más de 1.4 millones de ciudadanos y la contratación de casi 7 mil supervisores electorales y 41 mil capacitadores electorales1 . Es el proceso histórico más grande y nace en la coyuntura de la enfermedad del Covid-19.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, declaró que “cuanto más interacción haya entre las personas y más tiempo interactúen, mayor es el riesgo de propagación del Covid-19”. Las elecciones con un sistema de votación únicamente presencial en un solo día suponen un mayor riesgo de propagación de Covid-19 ya que habrá una mayor concurrencia y los tiempos de espera serán más prolongados.

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral recomienda que pueden introducirse varias medidas de seguridad dirigidas a la reduccio?n del riesgo de contagio en los centros de votacio?n, tales como la utilizacio?n de equipos de proteccio?n personal para resguardarse del contagio (como mascarillas, guantes, gafas, caretas y delantales), elementos de seguridad (compartimientos de plexigla?s, acordonamientos y carteles que aseguren un distanciamiento social seguro en cada una de las etapas del proceso de votacio?n), asi? como otras medidas conductuales y de seguridad e higiene (desde el uso de desinfectantes, la toma de temperatura y el distanciamiento social hasta la desinfeccio?n de las manos y la limitacio?n del uso de objetos tocados por otras personas)2 .

Entonces, este es el momento para analizar la posibilidad de modernizar nuestros sistemas electorales:

¿se tendrían que precisar las formas en que se desplegará la propaganda?, ¿será con de material promocional mano a mano?, ¿será sólo a través de los medios de comunicación y en bajo qué modalidades?: debate, espot, y/o difusión de plataformas partidistas?.

A esta última pregunta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, en su artículo Pandemia, propaganda y basura electoral de Luis Jaime González Alcaraz, menciona que en el campo político-electoral y, más concretamente, en el campo de las campañas electorales, el escenario generado por la pandemia en relación con el acceso y uso de medios electrónicos de información y comunicación arroja diversas interrogantes respecto a un elemento clave de estas: la propaganda electoral impresa. La actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 211, define a la propaganda como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”. Asimismo, el artículo 209 señala que cuando se trate de materiales de promoción impresos deben cumplir con los siguientes requisitos: ser reciclables y fabricados con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente3 .

Continuando con la formulación de preguntas, el día de la jornada electoral, ¿se permitirá el acceso a las casilla en grupo, individualmente y de que manera?, ¿Con cierto grado de protección?.

El manejo dentro de la casilla, ¿cómo será?, ¿se permitirá el acarreo de personas de acuerdo a las distintas modalidades que adoptan los partidos para invitar a sus supuestos simpatizantes potenciales votantes a su favor?, ¿cómo se evitará que en las actuales condiciones no se lleven a cabo actividades de fraude electoral?

Por eso, la urgencia de que el Instituo Nacional Electoral defina con precisión modos, formas, procedimientos y acciones de protección en los que Se realizarán las próximas elecciones cuyo proceso está ya en marcha.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades señala que los entornos en centros electorales con menor riesgo incluyen a aquellos con:

• una amplia variedad de opciones para votar

• periodos de votación más prolongados (más días y/o más horas)

• cualquier otra opción factible para reducir la cantidad de votantes que se congregan a la vez dentro de los centros electorales4

Así también, en su Protocolo, establece que en el manejo de multitudes y filas o colas:

• Considere aumentar la cantidad de centros electorales, alentar a la población a votar con anticipación y extender los horarios disponibles para la votación.

• Mantenga o incremente la cantidad total de centros electorales abiertos al público el día de las elecciones para mejorar la capacidad para respetar el distanciamiento social.

• A menos que no quede otra opción, no incremente la cantidad de votantes registrados asignada a cada centro electoral.

• Evite todo lo posible que se formen filas, especialmente cuando hacen colas en espacios reducidos e interiores. Use marcas en el piso o calcomanías y señalizaciones para alentar el distanciamiento social mientras forman filas.

• Limite la cantidad de votantes en el establecimiento organizando las filas al aire libre, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, o a través de un sistema de boletos de entrada para ingresar al establecimiento5 .

Pero eso, no es todo. También existen posibilidades como la Guía de proveedores y fabricantes sobre la limpieza de máquinas de votación y otras tecnologías utilizadas en el proceso electoralícono de sitio externo 6 , así como las guías de salud y seguridad del centro electoral y en general, todos los protocolos indispensable para evitar la propagación de la enfermedad Covid-19.

México no se encuentra solo en esta batalla y podemos aprender de los comicios que ya se han celebrado en otros países, fue así en el caso de la exitosa elección parlamentaria de abril en Corea del Sur, donde tras una campaña inédita, marcada por discursos virtuales, candidatos con mascarillas y ni rastro de manifestación política en las calles, los surcoreanos votaron para elegir a los 300 parlamentarios de la Asamblea Nacional7 .

Los pai?ses y territorios que han tenido elecciones sin afectar mayormente la participacio?n, evitando el contagio, han hecho cambios en la forma de organizar las elecciones. Un camino seguido ha sido potenciar el uso de mecanismos de votacio?n alternativos al presencial, que ya habi?an sido probados, como los que permiten el voto por correo y el voto anticipado (Australia, Repu?blica de Corea, Rusia, Wisconsin)8 .

En Latinoame?rica y el Caribe estaban programadas 16 elecciones para el año 2020. De ellas, tres tuvieron lugar de acuerdo a su calendario original (Guyana, Saint Kitts y Nevis y Surinam), seis fueron pospuestas con indicacio?n de una nueva fecha (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Repu?blica Dominicana y Uruguay).

También hay errores de los que debemos aprender: en Polonia, la aprobación atropellada y controversial de reformas para llevar a cabo la elección presidencial en mayo mediante voto postal generó un forcejeo político que llevó a la posposición de los comicios, finalmente celebrados en junio, mediante votación presencial y postal9 .

En la República Dominicana el abstencionismo en la reciente elección presidencial aumentó 14 puntos con respecto a la anterior, de los siete millones 529 mil 932 electores, casi medio millón de ellos en el extranjero, votaron cuatro millones 163 mil 275, es decir, el 55.29 por ciento del padrón, por lo que la abstención fue de 44.7110 . De la misma forma, las elecciones celebradas en medio de brotes crecientes de Irán en febrero o las elecciones municipales de Francia en marzo, experimentaron caídas en la afluencia de las y los votantes.

Dentro del territorio mexicano, tenemos la experiencia de dos estados que celebraron sus comicios en el mes de octubre del año 2020: Coahuila e Hidalgo, donde se eligieron representantes para los ayuntamientos y diputaciones locales. Las autoridades electorales sanitizaron las casillas y vigilaron la sana distancia entre los votantes. Sin embargo, a casi dos meses y medio de concluidos los comicios, aún no existe una valoración analítica de las experiencias aprendidas durante ambas jornadas electorales.

Regresando al entorno internacional, el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (Deco), de la OEA, ha elaborado una Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia 11 . Dicha guía establece que sin perjuicio de las recomendaciones te?cnicas especi?ficas que se pueden emitir para un contexto de elecciones en pandemia, (en nuestro caso el Consejo General de Salubridad), es primordial dar cumplimiento a las medidas de salud que contribuyan a mitigar el riesgo y el impacto de la pandemia en todas las actividades del proceso electoral.

Por ejemplo, tomar en consideracio?n las medidas no farmace?uticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para la prevencio?n y ralentizacio?n de la transmisio?n, procurar el lavado frecuente con agua y jabo?n o soluciones alcoho?licas, remarcar la importancia de no tocarse la cara sino hasta despue?s de limpiarse las manos. e recomienda que quienes cumplen funciones electorales (miembros de mesa, personal de logi?stica, personal de apoyo, delegados de partidos, observadores electorales, entre otros), quienes también, se se recomienda que utilicen ma?scara quiru?rgica. La ma?scara quiru?rgica tambie?n se recomienda para votantes mayores de 65 o quienes tengan afecciones subyacentes. Para el caso del resto de electores es suficiente la ma?scara no me?dica12 .

La desinfeccio?n se debe realizar utilizando productos a base de alcohol o cloro. En los procesos electorales existen muchas instancias de traspaso de objetos y materiales que deben ser considerados como parte de protocolos de limpieza. Lo mismo respecto a superficies, particularmente el di?a de la eleccio?n, como la mesa de votacio?n, las mamparas o cabinas, entre otros.

Se recomienda que en las diferentes etapas del proceso electoral, como en las operaciones logi?sticas, se procure espacios con buena ventilacio?n. De igual manera para la jornada electoral, evitando la ubicacio?n de mesas de votacio?n en salas pequen?as y sin ventanas.

La inclusio?n de kit sanitarios con los insumos apropiados para los miembros de mesa, el disen?o y produccio?n de mobiliario que permita el distanciamiento fi?sico y facilite la desinfeccio?n, el uso de la tinta indeleble, el material educativo en materia sanitaria que se debe desarrollar, son algunos aspectos que la autoridad electoral debera? incluir o evaluar para llevar a cabo una eleccio?n en el contexto de la pandemia.

En fin, estimadas diputadas y apreciables diputados. Existe una diversidad de asuntos y aspectos que se deben precisar para impulsar el proceso electoral en su conjunto. Para ello se requiere que a la ciudadanía, a los partidos políticos, a los precandidatos y a los candidatos, les quede muy claro lo que ya no se podrá hacer y lo que de acuerdo con la nueva realidad de convivencia, sí se podrá hacer.

Hoy ma?s que nunca es importante que el o?rgano electoral informe adecuadamente, especialmente sobre las medidas que se adoptan para proteger la salud y permitir el desarrollo del proceso electoral, asi? como sobre los cambios en los procedimientos y en las reglas que regira?n la contienda.

Un mejor México será el resultado de un arduo trabajo, devoción y unidad para perseguir los resultados que harán un faro13 . La resiliencia de la democracia implica un proceso continuo de ana?lisis y aprendizaje dirigido a fortalecer y alistar a las instituciones para los retos que depara el futuro14 .

Por lo expuesto y fundado someto respetuosamente a consideración de esta Asamblea, pidiendo la solidaridad de ustedes y lograr que se realice un proceso electoral en el año 2021 de acuerdo a la nueva normalidad, causada por el virus SARS-CoV-2, Covid-19, en total transparencia y con el adecuado control que garantice la protección de la ciudadanía, de los votantes, de los electores y de todas y todos.

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Comisión Permanente exhorta al Instituto Nacional Electoral a emitir los lineamientos para la celebración del proceso electoral en este año 2021, el más grande de la historia, de conformidad con las disposiciones que el Consejo de Salubridad General emita en la materia y de acuerdo a las recomendaciones internacionales para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 que desencadena el Covid-19.

Notas

1 https://centralelectoral.ine.mx/2021/01/03/prepara-ine-las-elecciones-m as-grandes-de-la-historia-el-proximo-6-de-junio/

2 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/gestion-electoral -durante-pandemia-covid-19.pdf

3 https://www.te.gob.mx/blogEje/front/Home/id/41#

4 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-pollin g-locations.html

5 Ídem

6 https://www.eac.gov/election-officials/vendor-and-manufacturer-guidance -cleaning-voting-machines-and-other-election

7 https://www.france24.com/es/20200415-corea-sur-elecciones-moon-jaein-co ronavirus

8 https://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/presscenter/articles/Noti cias/pnud-entrega-aprendizajes-desde-la-experiencia-internacional-par.h tml

9 https://www.nytimes.com/es/2020/09/02/espanol/opinion/elecciones-corona virus.html

10 https://www.elpais.cr/2020/07/08/alta-abstencion-en-comicios-de-la-repu blica-dominicana/

11 http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-eleccion es-en-tiempos-de-pandemia.pdf

12 http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-eleccion es-en-tiempos-de-pandemia.pdf

13 México 2042. “Futuro para Todos”. 2012.

14 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/gestion-electoral -durante-pandemia-covid-19.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a siete de enero de 2021.

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno mexiquense a reforzar las medidas de supervisión para que los concesionarios del transporte público respeten las tarifas autorizadas, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Mónica Bautista Rodríguez, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México para reforzar las medidas de supervisión con el objeto de que los concesionarios del transporte público en la entidad respeten las tarifas autorizadas, con base en las siguientes

Consideraciones

Muchas son las quejas de los usuarios del transporte público en el Estado de México por el abuso que los concesionarios realizan al no respetar las tarifas vigentes. Las y los usuarios señalan que los choferes no portan las tarifas a la vista, las unidades se encuentran en mal estado e, inclusive, se presentan casos de connivencia con la delincuencia para quitar a las y los ciudadanos que, desgraciadamente, no pueden quedarse en casa y deben salir a trabajar, sus pertenencias.

Esta situación se ha repetido en múltiples ocasiones y ha ocasionado que, en algunos casos, las y los usuarios hayan tomado la justicia en propia mano, ocasionando la muerte de quienes pretenden asaltarlos. La situación de inseguridad en la entidad se ha visto agravada debido a que, con las medidas sanitarias, como el confinamiento, en contra de la Covid, han tenido que ser dictadas para garantizar la salud de la población.

Debemos señalar que, en mi carácter de diputada federal, he recibido múltiples denuncias en este sentido, principalmente de ciudadanos de los municipios de Tizayuca, Acolman, Chalco, Cuautitlán y, particularmente, San Vicente Chicoloapan.

Es por ello que, junto con la implementación de medidas que atiendan integralmente la situación de seguridad en el transporte público, es indispensable que el Gobierno del Estado de México incremente la supervisión y, en su caso, sanción de aquellos concesionarios que, de forma abusiva, incrementan unilateral e ilegalmente, las tarifas lesionando con ello la economía de las familias mexiquenses que deben buscar, día a día, ganarse la vida, a riesgo de su propia salud.

No resulta aceptable que, en una situación de emergencia sanitaria como la que vivimos, las personas que gozan de una concesión de transporte público atropellen la economía de miles de familias por lo que los llamados que ha realizado la Secretaría de Movilidad para que la ciudadanía denuncie resultan insuficientes. Es importante que sea la propia autoridad la que refuerce la supervisión para generar confianza en las y los ciudadanos. Éstos son tiempos de solidaridad en donde todas y todos los ciudadanos deben mostrar lo mejor de sí mismos y crear lazos de fraternidad que favorezcan la convivencia pacífica.

Por lo anteriormente expuesto, plenamente comprometida con la economía de las familias mexiquenses, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al gobierno del estado de México para reforzar las medidas de supervisión con el objeto de que los concesionarios del transporte público en la entidad respeten las tarifas autorizadas.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de enero de 2021.

Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para respaldar la decisión del presidente de la República de ofrecer asilo político al ciudadano australiano-ecuatoriano Julian Assange, a cargo de la senadora María Celeste Sánchez Sugía, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, senadora María Celeste Sánchez Sugía, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo para respaldar la decisión del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos de ofrecer asilo político al ciudadano australiano-ecuatoriano Julian Assange, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Julian Paul Assange es un programador, periodista y activista de Internet conocido por ser el creador del sitio web WikiLeaks, que ha servido como una plataforma de difusión de información de interés público en diferentes países; labor volcada a la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información que, sin embargo, ha tenido como contraparte una intensa persecución política.

Como es conocido, Assange fue detenido en 2010 en el Reino Unido a petición de Suecia, acusado de presuntos delitos sexuales, mismos que luego fueron retirados. Desde ese año vivió en arresto domiciliario.

El 19 de junio de 2012 ingresó a la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, y solicitó la protección diplomática del Estado Ecuatoriano, acogiéndose a las normas sobre asilo diplomático vigentes en los tratados internacionales.

El 25 de junio de 2012, hizo entrega formal de diversos antecedentes para acreditar detalladamente la persecución política en su contra en el ejercicio de su profesión para completar su solicitud de asilo.

El 16 de agosto de 2012, la República de Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa, tras un exhaustivo análisis de los argumentos presentados, acogió la solicitud de protección internacional y concedió asilo diplomático al periodista Assange a través del documento oficial número 6019/GM/SANE/2012 dirigido al Secretario de Estado para Relaciones Exteriores del gobierno británico y pidió a las autoridades de ese país un salvoconducto, que fue rechazado, para que Assange pudiera viajar a Quito.

El 16 de septiembre de 2017, el periodista solicitó al Estado Ecuatoriano su carta de naturalización como ciudadano de dicho país, misma que le fue otorgada el 12 de diciembre del mismo año. Por lo tanto, a partir de esa fecha, la protección diplomática otorgada a Assange por parte de ese gobierno implicaba el resguardo a un connacional.

Para el caso específico se tomó en cuenta que el derecho aplicable de asilo está integrado por el conjunto de principios, normas, mecanismos y procedimientos previstos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, jurídicamente vinculantes, que establecen la obligatoriedad de brindar protección, y establecer una institucionalidad jurídica de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales del asilado. Todo lo cual está estipulado en instrumentos internacionales tales como: la Carta de las Naciones Unidas; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Convenio de Ginebra; la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados; entre otros.

En el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en opinión consultiva número OC-25-18: caso Julian Assange, determinó que el asilo político es un derecho humano y que el ejercicio de este derecho conlleva la obligación para el Estado otorgante de no devolución y la garantía del otorgamiento de salvoconducto para que el o la asilado político pueda arribar a territorio del país asilante.

En contradicción con tal concepto y los antecedentes previamente presentados, el 24 de agosto de 2018, la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, representando los intereses del Estado de Ecuador, entregó un protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica, dirigido al periodista, a través del cual se buscó someterlo a una serie de restricciones de sus libertades fundamentales individuales, en lesión de su derecho a la comunicación: el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión.

De esta manera, Assange permaneció en la embajada de Ecuador en Londres durante casi siete años, obteniendo la nacionalidad ecuatoriana, de la que luego fue privado.

El 2 de abril de 2019, el gobierno de ese país rompió con la postura del predecesor y retiró el asilo político al ciudadano Julian Assange, a pesar de ser ciudadano ecuatoriano; el gobierno de dicho país afirmó que el periodista violó el acuerdo sobre sus condiciones de asilo, tras lo cual se realizó una operación con gran despliegue de la policía británica para entrar a la legación diplomática y detenerlo invocando el “acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Reino Unido, debido a su implicación en una acusación federal por conspiración para infiltrarse en ordenadores al acordar sortear la clave de un ordenador del Gobierno con información clasificada”.1

El gobierno de Estados Unidos persiste en lograr la extradición del australiano para juzgarlo por diversos cargos que incluyen pirateo informático, además de 17 adicionales en virtud de la ley antiespionaje.

Assange se ha negado a “someterse a una extradición por un trabajo periodístico que recabó numerosos premios y protegió a mucha gente”.

Debe subrayarse además que, las acciones que se invocan como litis en los asuntos en los que se ha visto involucrado, fueron realizados como periodista y como tales deben gozar de un estatuto especial de protección del derecho a la libre expresión.

Este lunes, la jueza Vanessa Baraitser de la corte penal de Londres desestimó el pedido de extradición del ciudadano Julian Assange a territorio estadounidense.

En México, luego de conocerse esta negativa, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, honrando la amplia tradición de respeto a los derechos humanos y a la institución jurídica internacional del asilo político, comunicó que dará instrucciones al canciller Marcelo Ebrard Casaubón para ofrecer asilo político a Julian Assange en nuestro país.

Este anuncio se ampara en la disposición contenida en el artículo 1º de nuestra Constitución a partir del cual, las normas relacionadas con la vigencia de los derechos humanos deben interpretarse en el sentido más favorable y amplio para la protección de las personas.

Por los antecedentes expuestos y al existir un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso, que reconoce al asilo político como un derecho humano, en aplicación del principio de convencionalidad, al reconocerse este derecho como parte de nuestro ordenamiento jurídico con el mismo rango que otra norma constitucional, resulta necesario establecer un pronunciamiento desde el Poder Legislativo representado en esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para reafirmar el compromiso de nuestro país de adscripción a los derechos humanos y de honra a nuestra amplia tradición de respeto al derecho de asilo político.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos hace un llamado a la comunidad internacional a permanecer vigilante de la situación jurídica y de garantía de respeto a los derechos humanos del ciudadano Julian Assange, en el marco que establece el derecho internacional.

Segundo. La Comisión Permanente respalda la decisión del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para ofrecer asilo político al ciudadano australiano-ecuatoriano Julian Assange en territorio mexicano con el objeto de precatuelar sus derechos humanos.

Tercero. Ratificamos el respeto y adscripción de los Estados Unidos Mexicanos hacia la institución del asilo político como un mecanismo de protección y de tutela de los derechos humanos de aquellas personas que así lo soliciten, sin distinción, restricción o discriminación alguna.

Nota

1 Redacción Uno TV, “Por esta razón Ecuador retiró el asilo político a Julian Assange”, 4 de enero de 2021

https://www.unotv.com/internacional/julian-assange-por-q ue-ecuador-le-retiro-el-asilo-politico/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Senadora María Celeste Sánchez Sugía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta Directiva de la Lotenal a realizar los sorteos correspondientes a 2021 en alguna entidad con semáforo epidemiológico verde, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Mónica Bautista Rodríguez, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta Directiva de la Lotería Nacional para realizar los sorteos correspondientes al año 2021, en alguna entidad que se encuentre en semáforo epidemiológico verde, con base en las siguientes

Consideraciones

En la octava sesión de la Junta Directiva de la Lotería Nacional, con base en el trigésimo sexto aviso por el que se da a conocer el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 18 de diciembre de 2020, se tomó la decisión de suspender el Sorteo 219 Gordo de Navidad que se celebraría el 24 de diciembre y el Magno Sorteo 377 programado para el 31 de diciembre, hasta nuevo aviso. Estos sorteos se llevaron a cabo los días 30 y 31 de diciembre pasados, en la Ciudad de México y, a pesar de que se tomaron algunas medidas sanitarias, no podemos obviar que su realización pone en riesgo a quienes participan en la ceremonia.

La página web de la Lotería Nacional informa que, hasta diciembre de 2018, existían 83 expendios foráneos autorizados en el territorio nacional y 53 en la Ciudad de México y el área metropolitana. Sin embargo, los puntos de venta se multiplican cuando se integran negocios cuya actividad primordial no se encuentra directamente relacionada con la venta de cachitos o se trata de vendedores ambulantes que ofrecen los billetes en la calle. Esto significa que, ante el anuncio de la suspensión de ambos sorteos. muchas familias verán disminuidos sus ingresos por esta causa. Entre empleados formales y vendedores por comisión, la Lotería emplea a 40,000 personas, que salen todos los días a vender los cachitos o las series enteras.

Sin embargo, y pese a la grave situación predominante en la Ciudad de México y el Estado de México, hay estados que se encuentran en semáforo verde, como Campeche y Chiapas, o en semáforo amarillo, como Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, en los cuales podrían llevarse a cabo estos sorteos, sin poner en riesgo a ninguno de los participantes y, principalmente, sin afectar la economía de las familias que viven de esta actividad.

Por lo anteriormente expuesto, plenamente comprometida con la economía de las familias mexicanas, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Junta Directiva de la Lotería Nacional para realizar los sorteos correspondientes al año 2021 en alguna entidad que se encuentre en semáforo epidemiológico verde.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de enero de 2021.

Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se reconoce la política nacional de inmunización contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19, implantada por el gobierno de México y se exhorta a los partidos políticos a donar 50 por ciento de su financiamiento público a la vacunación y el combate de la pandemia, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Arturo Roberto Hernández Tapia, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera

El SARS-CoV-2 es un virus de la extensa familia de los coronavirus, y es la causante de la enfermedad Covid-19; misma que puede provocar padecimientos de leves a graves en las personas contagiadas. Por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de Covid-19 el pasado 11 de marzo de 2020.

El virus SARS-CoV-2 es considerado responsable de la mayor pandemia de los últimos siglos, originando el colapso de los sistemas de salud de varios países. De tal suerte que la enfermedad Covid-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha resultado ser letal en países como Italia, Francia, España y Estados Unidos, en donde se ha presentado el mayor número de defunciones.

Derivado de lo anterior, el gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, ha tomado las medidas más adecuadas para la contención y mitigación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Bajo este tenor, la Jornada Nacional de Sana Distancia ha sido una de las principales estrategias, en la que se han suspendido actividades consideradas no esenciales, así como laborales, escolares y sociales para reducir contagios. No obstante, no sólo en México, sino que en todo el mundo, se encuentran en espera de disponer con una vacuna efectiva contra la enfermedad Covid-19 que funja como una de las medidas más efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad.

En ese sentido, la velocidad a la que se desarrollaron las primeras vacunas para combatir la enfermedad Covid-19 fue extraordinaria. En menos de un año ya se han anunciado varias vacunas exitosas y se han aprobado para su uso en algunos países.

Por tal motivo, es importante destacar que México es el primer país de América Latina con acceso a la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, ya que tiene un convenio con Pfizer para adquirir, gradualmente, hasta 34 millones 400 mil vacunas, de las cuales, al 4 de enero de 2021 se administraron las primeras 43 mil 960 dosis a trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Se tienen estimaciones que, para finales de enero de 2021, se tendrá un millón 400 mil dosis acumuladas que permitirán vacunar a todo el personal de salud que está en las unidades clínicas, Covid y No-Covid.

Adicionalmente, el plan nacional describe que México se adhirió al mecanismo internacional de adquisición de vacunas COVAX, que contempla la compra centralizada de biológicos a diversas compañías para intentar asegurar una distribución global de las vacunas de al menos 20 por ciento de la población en cada país, para privilegiar la equidad en su aplicación sobre todo en los países con economías menos privilegiadas.

Se tiene contemplado que las farmacéuticas Pfizer, CanSino y AstraZeneca, además del mecanismo COVAX, sean la forma de garantizar la estrategia de vacunación universal prevista, misma que puede cambiar de acuerdo con los resultados finales de los ensayos clínicos que determinarán el esquema final, así como el perfil de eficacia y seguridad de las vacunas a ser comercializadas a escala global.

De acuerdo con la información preliminar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el calendario de entrega se indica que, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, se recibirán por negociación directa suficientes dosis para inmunizar a 17.2 millones de personas con la vacuna de Pfizer/BioNTech; a 35 millones de personas con la vacuna CanSinoBio y 30.8 millones con la de AstraZeneca, llegando a un total de 90.9 millones de mexicanas y mexicanos inmunizadas. Además, se suman 25.8 millones de dosis mediante el mecanismo COVAX, sumando un total de 116.7 millones de personas vacunadas en México en un período máximo de 18 meses.1

Con base en el Our World in Data Coronavirus Vaccinations, de la Universidad de Oxford Inglaterra, México se sitúa en el decimotercer lugar a escala mundial en términos del número de vacunas y es el primero en América Latina.2

Por ello, es necesario destacar las acciones del gobierno federal que a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con diversas Secretarías de Estado, así como distintas instituciones federales, han emprendido para la adquisición y administración de las vacunas con la finalidad de contrarrestar la propagación del virus SARS-CoV-2 en territorio nacional.

Segunda

El 8 de diciembre de 2020, la Secretaría de Salud publicó el documento guía de la “Política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México”.3 El objeto del documento es definir la política nacional de vacunación contra el virus que ocasiona la enfermedad infecciosa Covid-19.

En el documento se describen las recomendaciones del grupo técnico asesor de vacunas, los diferentes tipos de candidatos vacunales, la priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el plan de comunicación.

La Secretaría de Salud subraya en el documento que el proceso de desarrollo de la vacuna contra Covid-19 es complejo, debe pasar por tres fases de ensayos clínicos, y ser aprobada por instancias nacionales e internacionales para garantizar que tenga un perfil correcto de eficacia y seguridad. Este perfil se actualiza con la farmacovigilancia y los estudios post-mercadeo de la vacuna. Si bien, hay varias vacunas que se encuentran en la etapa final de ensayos clínicos, aún se evalúan posibles riesgos. La prioridad de toda nueva vacuna es garantizar su seguridad de uso y su eficacia y efectividad.

La estrategia de vacunación contra la Covid-19 implica otros grandes retos, entre los que destacan: los diferentes requerimientos de manejo y administración de los prospectos de vacunas, la poca disponibilidad mundial de vacunas en el corto y mediano plazo, y la necesidad de no afectación a la operación del programa de vacunación existente en el país.

A través de los procesos de autorización sanitaria, el gobierno de México garantiza que la vacuna que se distribuya y aplique, cumpla con todas las pruebas y características necesarias, para proteger la vida y la seguridad de todas las personas.

De esta manera, el grupo asesor externo a la Secretaría de Salud recomendó que la vacunación no se tome como la única estrategia de mitigación y prevención de la enfermedad, sobre todo en las etapas iniciales, por lo que siempre se deberán mantener todas las demás medidas de contención de la epidemia de probada eficacia, accesibles y factibles para cada grupo específico, que pueden ayudar a dirigir mejor la asignación de recursos.

Como se mencionó con anterioridad, a través de las diferentes vacunas se inmunizarán a un total de 116.7 millones de personas en un máximo de 18 meses en nuestro país.

En este contexto de una vacunación progresiva y limitada, se reconoce el estándar ético y científico que consideró el grupo técnico externo de la Secretaría de Salud, tras analizar los beneficios potenciales acumulados en términos de tres indicadores: casos nuevos evitables, muertes y hospitalizaciones evitables. Llegando a la conclusión de establecer una estrategia enfocada en reducir las muertes asociadas con Covid-19, diseñada con base en la mortalidad observada en México.

Los beneficios se midieron asumiendo una disponibilidad de 25 millones de personas vacunadas, un escenario alterno con 50 millones y un tercer escenario considerando una cobertura universal que lograría la inmunidad de rebaño esperada, con un programa de vacunación universal para prevenir la Covid-19, cubriendo al menos a 75 por ciento de la población mexicana.

Para definir la priorización, se analizó la información de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población para obtener el tamaño de la población por grupo de edad. Para el nivel de riesgo se consideraron tres enfermedades asociadas a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa de Covid-19.

La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por Covid-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.

Con base en los resultados de este análisis, los grupos priorizados en orden de prelación son:

1. Trabajadores de salud

2. Personas mayores de 80 años

3. Personas de 70 a 79 años

4. Personas de 60 a 69 años

5. Personas de 50 a 59 años

6. Personas de 40 a 49 años

7. Población menor de 40 años

Asimismo, el plan nacional de vacunación señala que ninguna vacuna podrá aplicarse a personas menores de 18 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad ni a mujeres embarazadas.

Se prevé contar con una estrategia en cinco etapas de vacunación en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, así como las diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19:

• Etapa 1, diciembre 2020 – febrero 2021: personal de salud de primera línea.

• Etapa 2, febrero – abril 2021: personal de salud restante y personas de 60 años y más.

• Etapa 3, abril – mayo 2021: personas de 50 a 59 años.

• Etapa 4, mayo – junio 2021: personas de 40 a 49 años.

• Etapa 5, junio 2021 – marzo 2022: resto de la población.

El plan nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 conlleva un esfuerzo interinstitucional de proporciones enormes, por lo que los criterios éticos y científicos en su implementación son de gran importancia para el acceso gratuito y universal de la vacuna. En el plan propuesto por la Secretaría de Salud se analizaron los principales factores para la priorización de una vacunación progresiva en las etapas de recepción de las vacunas.

La vacunación contra esta dramática pandemia no debe ser un negocio de unos cuantos o el privilegio de unos pocos. A la hora de tener acceso a las vacunas, el plan nacional de vacunación pone el interés social por arriba del individual. Recordemos que al vacunarnos estamos cuidando a los demás y viceversa.

Como lo ha planteado la Secretaría de Salud, ante la complejidad en el proceso de distribución y aplicación de la vacuna Covid-19, es indispensable comunicar correctamente a la población, en un lenguaje sencillo y transparente, la estrategia de vacunación para evitar desinformación y en lo posible falsas expectativas.

Por ello, es necesaria la mayor difusión posible del plan nacional de vacunación. La estrategia de vacunación debe ser comunicada con claridad, transparentando los criterios de priorización adoptados y las finalidades perseguidas en cada fase, que se basan en los criterios de riesgos a la salud y en el respeto de los principios de equidad, universalidad y bien común.

Tercera

Durante el año 2020, el gobierno federal enfocó gran cantidad de recursos para la atención de la pandemia por Covid-19. Dicha acción emergente no se encontraba etiquetada en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, debido a que no contábamos con la llegada de una pandemia global.

Por eso es que diversos sectores, tanto públicos como privados, realizaron generosas donaciones para la compra de equipo e insumos médicos a fin de contrarrestar la pandemia, así como equipos de protección para el personal médico que atiende a pacientes con Covid-19.

En ese tenor, el partido político Morena, mostrando empatía y solidaridad con la salud del pueblo de México, donó 785.6 millones de pesos, equivalentes a 50 por ciento de su financiamiento público para 2020, entregándolo a la Tesorería de la Federación para destinarlo a la atención de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2.

Sin embargo, la única manera de detener la propagación del virus y prevenir más muertes es la inmunización. Empero, tal como se ha demostrado, la inmunidad de rebaño será difícil de alcanzar, por lo que la única opción factible es la vacunación.

Tal como se mencionó anteriormente, el gobierno federal ha asegurado vacunas para inmunizar a más de 100 millones de mexicanas y mexicanos, por lo que será necesario adquirir vacunas adicionales para la población restante.

En consecuencia, Morena ha informado que de nueva cuenta donará la mitad de su financiamiento de 2021 para la compra de vacunas.

Está claro que la salud es primordial y debe estar siempre delante de los intereses políticos, por lo tanto, es necesario hacer un llamado a los partidos políticos para que, en un acto de congruencia y solidaridad, se sumen a la donación de recursos para la compra de vacunas contra Covid-19 y en caso de suficiencia se destinen para la atención médica contra dicha enfermedad.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, el que suscribe, somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión extiende el más amplio reconocimiento a la capacidad interinstitucional del gobierno federal, que fue clave para la temprana adquisición de las vacunas para prevenir la enfermedad Covid-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce la labor del gobierno federal para la implementación de la “Política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19”, emitida por la Secretaría de Salud, que establece el calendario con las etapas y logística de la estrategia de priorización de los grupos de población que se vacunarán. Asimismo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, así como a las dependencias de salud de las 32 entidades federativas para que con base en sus atribuciones y de conformidad con su plan de comunicación, generen una mayor difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus que ocasiona la enfermedad infecciosa Covid-19, con la finalidad de fomentar la divulgación del plan de vacunación para toda la población.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los partidos políticos de México a donar el 50 por ciento de su financiamiento público para el año 2021, a fin de destinarlo a la atención médica y la adquisición de vacunas contra la enfermedad Covid-19.

Notas

1 Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/PolVx_Covid.pdf

2 Disponible en: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

3 “Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México. Documento rector”. Secretaría de Salud. Primera edición: diciembre 2020.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos federal, del estado de México, de la Ciudad de México y de los municipios conurbados del valle de México a establecer políticas integrales de transporte y desarrollo económico que disminuyan los tiempos de traslado de los habitantes y generen las oportunidades laborales y de estudio requeridas, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Mónica Bautista Rodríguez, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, del estado de México y la Ciudad de México, así como de los municipios conurbados del Valle de México, para establecer políticas integrales de transporte y desarrollo económico que permitan la disminución de los tiempos de traslado de las personas que habitan en estos municipios y generen las oportunidades laborales y de estudio que se requieren, con base en las siguientes

Consideraciones

Uno de los principales problemas administrativos ha sido, históricamente, la centralización de las funciones gubernamental que se ha producido en la Ciudad de México. Ello ha tenido como consecuencia que la oferta de servicios se concentre en la zona metropolitana del Valle de México, principalmente en la Ciudad, en cuyos alrededores se pueden adquirir o rentar viviendas a bajo costo para quienes, aún a costa de largos tiempos de traslado, laboran o estudian en la Ciudad. Esta centralización de la oferta laboral y educativa tiene un alto costo para las personas que no sólo invierten gran parte de su sueldo en su traslado, sino que pierden mucho tiempo en él, generando pérdidas económicas, pero también de horas de convivencia familiar y esparcimiento.

Debemos señalar que, en los últimos años, las políticas de transporte tanto del Gobierno Federal como de los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México se ha concentrado en la creación de infraestructura que sirva para unir, de manera más rápida, a las zonas conurbadas del Estado de México con la Ciudad de México. Es por ello que hemos visto grandes inversiones en proyectos como el Mexibús, el Tren México-Toluca o las extensiones de las líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Sin embargo, este fenómeno denominado por especialistas como de “pendularidad” o de deportación diaria de la población, ha tenido como consecuencia que las comunidades se conviertan en ciudades dormitorios, desvinculando a la población del lugar en el que habitan y generando la devaluación de la mano de obra ya que estos proyectos de transporte hacen viable que un mayor número de personas se trasladen hacia las fuentes de empleo, en lugar de crearlas cerca de donde habitan.

A esta situación se suma el fenómeno de la inseguridad que, en el transporte público concesionado, toma grandes dimensiones. Es por ello que, de frente a la inacción de las autoridades gubernamentales, en muchas ocasiones hemos visto cómo los propios ciudadanos toman la justicia en mano propia, linchando a los delincuentes, tal y como ha sido denunciado por algunas organizaciones de la sociedad civil.

En 2011 se estimaba que cerca de 5.8 millones de mexiquenses se trasladaban todos los días a la capital del país para llegar a sus trabajos, lo que de día convertía a muchas localidades en ciudades fantasma, en donde los gobiernos no se encargaban de generar los servicios, ni las oportunidades económicas ni educativas que se requieren para que la población tenga niveles de vida dignos. En el caso del Estado de México, los municipios que tienen una mayor incidencia de este fenómeno son Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Los Reyes la Paz, Naucalpan, Netzahualcóyotl, Tecámac, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco, en donde habitan más de 3.5 millones de personas económicamente activas, según datos del INEGI y en donde, desgraciadamente, la generación de fuentes de trabajo se encuentra muy por debajo de este número. En este sentido, no sólo existe un desfase entre la oferta de vivienda y la de empleo, sino que también se generan problemas medioambientales ya que, al incrementarse los tiempos de traslado, se aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, a los gobiernos federal, del estado de México, de la Ciudad de México, así como de los municipios conurbados del Valle de México, para establecer políticas integrales de transporte y desarrollo económico que permitan la disminución de los tiempos de traslado de las personas que habitan en estos municipios y generen las oportunidades laborales y de estudio que se requieren.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de enero de 2021.

Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a reforzar por la Cofepris la vigilancia y el control de la venta del equipo médico usado por la población para atender y prevenir el SARS-Cov2; y a la Profeco, a intensificar la difusión de las características y los precios de aquél, a cargo del senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito senador José Ramón Enríquez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios refuerce la vigilancia y control de la venta del equipo médico usado por la población para la atención y prevención del virus SARS-COV-2, a la Procuraduría Federal del Consumidor para que refuerce la difusión respecto a las características y precios del equipo médico usado por la población para la atención del virus SARS-COV- 2, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde los primeros casos de personas positivas a Covid-19 en México, el cubrebocas y gel antibacterial se convirtieron en productos sumamente demandados en el mercado, provocando que, en los primeros meses del año, comercios ubicados en estados como Baja California y Tamaulipas reportaran su venta en cuestión de horas, mientras que, en otras entidades federativas, estos productos estaban casi agotados en esas fechas.

Para proteger la economía de la población nacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) elaboró un estudio1 sobre el precio de estos productos, donde se encontró que el promedio de un paquete de cubrebocas con 10 piezas tenía un costo de $23.99 en promedio, aunque en algunos comercios el precio variaba entre los $12, $29, $45 y $50. No obstante, la sobredemanda de estos productos propició que entre marzo y abril el costo del cubrebocas se elevara hasta cuatro veces su costo.2 Por otra parte, el gel antibacterial de 60 mililitros tenía un precio promedio de $13.84, encontrándose que la botella más cara costaba $24.

A finales de agosto, la Profeco informó que retiraría del mercado productos como cubrebocas y alcohol, debido a que no contaban con los requisitos mínimos para su comercialización (información comercial en español; Norma Oficial Mexicana con la que está cumpliendo el producto; nombre; denominación o razón social de la empresa que lo manufacturó; domicilio fiscal del fabricante o del importador). Hasta esa fecha, Profeco había realizado 238 verificaciones a establecimientos expendedores de cubrebocas y gel antibacterial; en respuestas a las quejas realizadas por consumidores. En 22 casos hubo medidas precautorias de suspensión y en 85 hubo que realizar procedimientos por infracciones.3

Sumado a estos productos, la pandemia ha orillado a que las personas adquieran instrumental más especializado para el monitoreo de la sintomatología que se presenta con la enfermedad o para su recuperación. De manera que la demanda de termómetros, oxímetros, baumanómetros y tanques de oxígeno se incrementó considerablemente (6 veces más que en 2019),4 al punto que, tras la caída del mercado farmacéutico en los meses de abril y mayo, la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas esperaba una recuperación en junio, únicamente por la venta de estos productos junto con la de suplementos vitamínicos y paracetamol:

Cabe señalar que durante varios meses la industria farmacéutica experimentó el desabasto de ciertos productos como consecuencia de la interrupción de la cadena de proveeduría. Como resultado de este desabasto se observaron incrementos en los precios de varios productos, un ejemplo de ellos es el de los oxímetros que aumentaron su precio hasta en un 230%, según datos de la Unión Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios. Aunque este aumento también se pudo observar en los termómetros cuyo costo en algunos casos era de $20, elevándose hasta los $100.5

El incremento en los costos de estos equipos e insumos, aunado a la alta demanda de estos, produjo que imitaciones y/o productos sin certificación se introdujeran en los mercados poniendo en riesgo la vida de mexicanas y mexicanos. Ya que, por su naturaleza, sus estándares de calidad son mínimos e incluso nulos para una óptima protección, más aún, su uso puede derivar en algún problema mayor para la salud. Tal es el caso de cierto gel antibacterial cuyos componentes (metanol y otros) eran dañinos al grado de que su aplicación podía producir intoxicaciones. En el caso de aparatos como oxímetros, termómetros y otros, la variación en las mediciones puede llevar a que las y los pacientes presenten alteraciones irreversibles en su salud.

La situación que ocurría en el mercado fue denunciada por algunos elementos del personal médico que, en los primeros meses de la pandemia, optaron por comprar el equipo de protección que necesitarían para reforzar la seguridad en la realización de sus labores en sus centros de trabajo.6 A lo largo de los meses, se han documentado casos donde, tras adquirir copias de mala calidad de equipo médico, las lecturas han sido erróneas, al grado de poner en riesgo la salud de las y los pacientes, pues si un termómetro no registra el aumento de temperatura en infantes y esto no se atiende, se pueden llegar a presentar una crisis convulsiva. Asimismo, cuando los oxímetros están descalibrados o no funcionan, el o la paciente puede presentar hipoxia y esta pasar desapercibida hasta que el caso se agrave; con los baumanómetros pasa algo parecido, pues cuando dicho instrumento no arroja la lectura correcta puede ocasionar una urgencia hipertensiva con daños irreversibles.

La introducción de insumos médicos de dudosa calidad y procedencia se ha presentado desde hace varios años, pero derivado de acciones realizadas en las aduanas, se han realizado cuantiosos aseguramientos donde destacan oxímetros, termómetros y baumanómetros digitales, cajas de bisturís y lancetas, catéteres, mallas quirúrgicas, medidores de tiempo de coagulación, aparatos de electrocirugía, tornillos y clavos para cirugía; reactivos de laboratorio, jeringas, equipos de compresión secuencial y otoscopios, entre otros.7

Sin embargo, cuando estos productos logran ingresar al país, su comercialización suele realizarse en mercados sobre ruedas, sitios de internet dedicados a las ventas o incluso a través de grupos de redes sociales, donde se ofertan por un precio relativamente accesible, situación que resulta atractiva para la familias mexicanas, que ante el desconocimiento de las implicaciones que tiene la adquisición y uso de productos de esta calidad, opta por comprarlos por su bajo costo respecto a la oferta de un mercado que se sujeta a estrictas normas y controles de calidad.

La pandemia trajo consigo numerosos cambios en la forma de vida de las y los mexicanos, resultando cada vez más familiar el uso de equipo o lenguaje técnico que se relaciona con la salud. No obstante, y a pesar de todo este tiempo de contacto con este equipo e insumos, aún prevalecen ciertos mitos y desconocimiento sobre el uso adecuado de los aparatos, así como de las características que como consumidores se deben tomar en cuenta al momento de realizar la compra.

La incorporación de estos productos como objetos necesarios para la protección de la salud de las familias mexicanas, ha dependido en gran parte del presupuesto con el que cuentan, así como de las ofertas existentes en el mercado. Recursos económicos limitados y un mercado con una oferta de productos con precios privativos se conjugan para que las y los consumidores prefieran comprar productos más baratos, sin embargo, esto puede ser contraproducente si derivado del precio, estos productos no cumplen con la calidad mínima que se requiere.

Es una realidad que en México se han tomado diversas acciones para mitigar la propagación del SARS-COV-2, pero la llegada de la influenza estacionaria aunada a otros padecimientos de la población mexicana ha contribuido a que el virus continué afectando a la población. De manera que los esfuerzos coordinados por parte de todos los órdenes de gobierno se han percibido y fortalecido, sobre todo en lo referente a dar continuidad a la práctica las medidas de cuidado como el lavado frecuente de manos, el no salir de casa, entre otras. Para contribuir con la educación que se requiere para enfrentar esta pandemia, se requiere también de la difusión sobre el uso adecuado de los aparatos y equipo médico como el que se ha venido describiendo, además de información (normas oficiales, características, etc.) con la que la población pueda contar para realizar la compra de éstos.

Como consecuencia de la pandemia de Covid-19, ha aumentado la demanda de algunos insumos médicos por parte de la ciudadanía. Ya que no son productos familiares al consumo cotidiano y dada la necesidad actual por usarlos, se requiere, conocer a mayor detalle las especificaciones de éstos y la certeza de que al adquirirlos, éstos serán seguros y efectivos.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que, en el marco de sus atribuciones, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios refuerce la vigilancia y control de la venta del equipo médico usado por la población para la atención y prevención del virus SARS-COV-2, a fin de disminuir los riesgos en la salud derivados de la compra de productos apócrifos.

Segundo. La honorable Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, refuerce la difusión respecto a las características y precios del equipo médico usado por la población para la atención y prevención del virus SARS-COV-2, a fin de que las y los compradores cuenten con la información necesaria para adquirir un producto de calidad a un precio justo.

1 Infobae, Gel antibacterial y cubrebocas: estos son los precios más baratos en México, 18 de marzo de 2020, [en línea]. Disponible en https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/18/gel-antibacterial-y- cubrebocas-estos-son-los-precios-mas-baratos-en-mexico/

2 Carmona, Nohemí, Se estabiliza el mercado local de cubrebocas, Pulso Diario de San Luis, 27 de noviembre de 2020, [en línea]. Disponible en https://pulsoslp.com.mx/slp/se-estabiliza-mercado-local-de- cubrebocas/1220166

3 Saldaña, Ivette, “Profeco retira del mercado cubrebocas y gel antibacterial que incumple etiquetado y norma”, El Universal, 30 de agosto de 2020, [en línea]. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/profeco-retira-del-mercado-cubre bocas-y-gel-antibacterial-que- incumple-norma

4 Rodríguez, “Alejandra, Termómetros, oxímetros y Redoxon, lo que más buscan los mexicanos en las farmacias en tiempos de pandemia”, El Financiero, 10/07/2020, [en línea]. Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/termometros-oxi metros-y-redoxon-lo-que-mas-buscan-los- mexicanos-en-las-farmacias-en-tiempos-de-pandemia

5 García, Zuleyma, “Aumentan más de 200 % el costo de medicamentos e insumos”, Milenio, 21-06-2020, [en línea]. Disponible en: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-edomex-aumenta-200- costo- medicinas

6 Agencia Basta, Venden equipo pirata a médicos por Covid-19, 10 mayo, 2020, [en línea]. Disponible en:

https://diariobasta.com/2020/05/10/venden-equipo-pirata- a-medicos-por-covid-19/

7 Estrada, Andrés M., Detectan invasión de oxímetros, baumanómetros y termómetros piratas, Eme Equis, 28 de agosto de 2020, [en línea], consultado en https://www.m-x.com.mx/investigaciones/detectan- invasion-de-oximetros-baumanometros-y-termometros-pirata

Dado en el pleno de la Comisión Permanente, a los siete días del mes de enero de dos mil veintiuno.

Senador José Ramón Enríquez Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, las homólogas locales de ésta, el IMSS y el ISSSTE a promover y difundir información sobre las medidas sanitarias relacionadas con el SARS-Cov2 y la enfermedad Covid-19 en forma clara y oportuna y en formatos asequibles, en favor de las personas con discapacidad visual y auditiva, a cargo de la diputada María Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, María Guillermina Alvarado Moreno, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal, a sus homólogas de las entidades federativas, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que promuevan y difundan, información sobre las medidas sanitarias relacionadas con el virus SARS-CoV2 y la enfermedad Covid-19, en forma clara, oportuna y en formatos accesibles, en favor de las personas con discapacidad visual y auditiva, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es del conocimiento general, el virus llamado SARS-CoV2 provoca una enfermedad sumamente contagiosa denominada Covid-19. Esta enfermedad surgió a finales de 2019, y apenas estamos aprendiendo la forma en que se propaga, la gravedad que tiene y la manera de prevenirla y curarla.

El riesgo de infección con Covid-19 es mayor para personas que están en contacto cercano con un caso confirmado de Covid-19, para trabajadores de atención médica, proveedores directos de apoyo y miembros del hogar.

Otras personas con un mayor riesgo de infección son aquellas que viven o han estado recientemente en áreas con propagación del Covid-19.

Aunado a lo anterior, tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente de Covid-19, las personas con afecciones crónicas subyacentes graves, como enfermedades pulmonares crónicas, afecciones cardíacas graves o un sistema inmunitario debilitado. Así, los adultos con enfermedades previas son tres veces más propensos que los adultos sin padecimientos de salud, a sufrir graves consecuencias de salud a raíz del Covid-19, e incluso, es mayor el riesgo de mortalidad.1

Además de que estamos ante una enfermedad grave que ha alcanzado el grado de pandemia, resulta claro que el solo hecho de padecer una enfermedad preexistente o alguna discapacidad, podría provocar un mayor riesgo de contraer el Covid-19 o enfermarse gravemente.

Por otro lado, es de señalarse que la mayoría de las personas con discapacidades no tiene inherentemente un riesgo mayor de contraer el virus o de enfermarse gravemente con el Covid-19. No obstante, las personas con discapacidades podrían tener un mayor riesgo de contagio o a enfermarse gravemente, como consecuencia de las propias limitaciones y la probable desinformación que la misma discapacidad les impone.

Los riesgos se potencializan si una persona presenta discapacidad visual y/o auditiva, y no ha recibido información idónea y oportuna sobre las medidas de precaución y de los cuidados médicos que debe seguir, si es que llegara a contagiarse.

Asimismo, las personas con discapacidad visual y/o auditiva podrían tener mayor riesgo de contagio, debido a que están expuestas a un gran número de barreras físicas para poder aplicar las medidas básicas de higiene; situación que los obliga a tener que tocar objetos, superficies y dispositivos para reconocer el entorno, orientarse o desplazarse. Además, su misma discapacidad, les impide poder guardar la sana distancia cuando requieren que otras personas les apoyen para realizar sus actividades cotidianas.2

En México, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) elaborada por el Inegi, arroja que en 2018, de las personas de 5 años o más que habitan en el país, 7.7 millones tienen alguna discapacidad.3

Por lo que toca a la debilidad visual, la Sociedad Mexicana de Oftalmología estima que hay 2 millones 237 mil personas con deficiencia visual y 415 mil 800 con ceguera.4

Mientras que 2.3 millones de personas presentan alguna debilidad, de las cuales 34.4 por ciento tienen entre los 30 y 59 años, y 47.4 por ciento son mayores a los 60 años, según el Observatorio Tecnológico.5

Al respecto, es de señalar que algunas medidas especiales de cuidado que deben observar las personas con discapacidad visual son:6

1) Realizar la limpieza del bastón de orientación con desinfectante al llegar y al salir de la casa;

2) Lavar y desinfectar con más frecuencia las manos, sobre todo cuando se utilicen para la acción de ubicación y orientación;

3) Si fuera el caso, guiar a la persona ciega bajo el protocolo de sana distancia, orientándose con voz para evitar el contacto físico;

4) Limpiar con frecuencia el celular, teclado y pantalla de la computadora; y

5) En caso de que se cuente con perro guía: lavarse las manos con agua y jabón con más frecuencia; desinfectar el arnés y correa al salir y llegar a la casa y reforzar el aseo del perro guía después de cada salida (en especial patas y cara).

Una de las acciones a seguir respecto de las personas con discapacidad visual, será la impresión y distribución de material informativo en lenguaje Braille, o en su caso, cápsulas de audio, susceptibles de reproducirse en los teléfonos móviles y computadoras.

En el mismo sentido, las personas con discapacidad auditiva podrían tener mayor riesgo de contagio por la necesidad de tener que tocar su rostro y objetos para comunicarse con el lenguaje de señas y por no poder guardar la sana distancia cuando requieren que otras personas les apoyen para realizar sus actividades cotidianas.7

Algunos de las precauciones especiales para personas con discapacidad auditiva consisten en:8

1) Tratar de no tocarse el rostro al momento de realizar señas;

2) Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular su aparato auditivo en caso de contar con uno;

3) Al momento de comunicarse, respetar la sana distancia;

4) Si acude a una consulta médica y la información no es clara, tiene el derecho a solicitar que lo asista un intérprete o pedir que se haga uso de alguna tecnología o medio de comunicación; y

5) Evitar el uso de tapabocas al comunicarse con una persona sorda ya que no podrán ver los gestos ni leer los labios.

En este supuesto, es necesario asegurarse que en los programas y noticieros en los que se difunda cualquier información relacionada con la enfermedad Covid-19, participe un intérprete del lenguaje de señas mexicano, a fin de que las personas con discapacidad auditiva se mantengan informadas.

A tal efecto, el gobierno Federal y algunos gobiernos de las entidades federativas, como es el caso de la Ciudad de México,9 han publicado diversos documentos con información preventiva en favor de las personas con discapacidad, pero es necesario intensificar este esfuerzo y asegurarse que la información llegue a todas las personas en esta situación, pues sus dificultades para tener acceso a la misma son mayores a las que tiene una persona sin alguna discapacidad.

Para ambos supuestos de discapacidad, resulta aplicable el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,10 que determina que los Estados Parte adoptarán todas las medidas para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas las de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Asimismo, en el artículo 25 establece que este sector de la población tiene el derecho a gozar del más alto nivel de salud, sin discriminación alguna.

Por su parte, el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe cualquier forma de discriminación hacia las personas con discapacidad y el párrafo cuarto del artículo 4o. del mismo ordenamiento, establece el derecho humano a la salud; por lo que es indispensable brindar a las personas con discapacidad visual o auditiva, información clara, oportuna y en formatos accesibles para que puedan conocer las medidas preventivas para no contagiarse, así como los cuidados médicos que requieren si se contagian de Covid-19.11

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, así como a las dependencias homologas de las 32 entidades federativas, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que, en el ámbito de sus atribuciones, adopten todas las acciones necesarias, para brindar información clara, oportuna y en formatos accesibles a las personas con discapacidad visual o auditiva, a fin de que puedan conocer las medidas preventivas para evitar el contagio, así como los cuidados médicos que requieren, en caso de enfermarse de Covid-19.

Notas

1 Véase: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/direct-service-providers. html

2 Véase: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/
Guia_para_personas_con_Discapacidad_Visual-Yo_Tambien.pdf

3 Véase: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discap acidad2019_Nal.pdf

4 Véase: https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/10/10/en-mexico-hay-2- millones-237-mil-personas-con-deficiencia-visual-1593.html

5 Véase: https://cdn.website-editor.net/d17433e160d54210b0055728647f9f28/files/uploaded/
Boleti%25CC%2581n%2520No.%25204%2520-%2520Los%2520Oi%25CC%2581dos.pdf

6 Véase: https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e9/7c5/d e9/5e97c5de97e37003433815.pdf , página 11.

7 Véase: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/Guia_para_persona s_con_Discapacidad_Auditiva-Yo_Tambien.pdf

8 Véase: https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e9/7c5/d e9/5e97c5de97e37003433815.pdf , página 11.

9 Véase: https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e9/7c5/d e9/5e97c5de97e37003433815.pdf

10 Véase: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/
Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf

11 Véase: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_181220.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputada María Guillermina Alvarado Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las Jucopo de ambas Cámaras a crear un grupo plural de trabajo de seguimiento a la participación política femenina en el proceso electoral de 2021, a cargo de Katia Alejandra Castillo Lozano y suscrita por María Wendy Briceño Zuloaga y Rocío del Pilar Villarauz Martínez, diputadas del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Katia Alejandra Castillo Lozano, María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez y Silvia Lorena Villavicencio Ayala Diputadas Federales integrantes del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y, a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la creación de un grupo de trabajo plural para dar seguimiento a la participación política de las mujeres en el Proceso Electoral 2021, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La violencia política contra las mujeres en razón de género es un fenómeno que obstaculiza y desincentiva la participación de las mujeres en el ámbito político-electoral. Esta violencia se manifiesta a través de diversos actos que tienen como finalidad limitar, anular o menoscabar el ejercicio de sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad.

Históricamente, las mujeres han estado subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones y, uno de los factores es la violencia política que enfrentan aquellas que deciden ejercer su derecho a participar en la vida política del país. Esta violencia no surge debido a sus ideas o propuestas, o por pertenecer a algún partido político o a una corriente ideológica determinada, sino que está relacionada directamente con su género.

Que las mujeres tengan la libertad y seguridad de emitir su voto, presentar su candidatura o ejercer el cargo para el que fueron electas, representa la existencia de una democracia inclusiva; lamentablemente, el aumento de su participación y representación política también ha significado un incremento en la violencia en su contra.

Acciones y actitudes como las amenazas e intimidación, las burlas, agresiones, descalificaciones, falta de apoyos y simulación en el cumplimiento del principio de paridad, tienen como trasfondo la descalificación, misma que genera desconfianza sistemática con respecto a sus capacidades y posibilidades de desempeñar un buen trabajo o ganar una elección; todo ello con base en estereotipos de género. La violencia política contra las mujeres en razón de género se manifiesta en renuncias manipuladas o forzadas de mujeres que aspiran a una candidatura, o bien, que siendo electas no se les permite o se entorpece el ejercicio de su cargo, vulnerando así sus derechos político-electorales.

La violencia contra las mujeres en razón de género vulnera el derecho humano de la mitad de la población a participar en asuntos públicos, lo que además no sólo limita, sino que también imposibilita la materialización de una verdadera democracia. Asimismo, es una desproporción de fuerzas como resultado del sistema patriarcal, por lo que sus dinámicas de funcionamiento, códigos, lenguaje y normas son pensadas por y para los hombres, de manera que la sola presencia de las mujeres transgrede este orden.

Al respecto, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE), ha investigado actos que son constitutivos de delitos y connotación de discriminación en contra de las mujeres, señalando que, entre 2013 y 2016 se registraron 416 expedientes por violencia política de género.

Ante tal panorama, en México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación coordinó en marzo de 2016, la elaboración de un Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, en donde se definió la violencia política contra las mujeres como todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una mujer por ser mujer y que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente, con el objeto de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Esta modalidad de la violencia puede incluir: violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica o feminicida, entre otras.

Por otra parte, el Mecanismo de seguimiento de la Convención Belem do Pará, suscrita por el Estado mexicano, aprobó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres que la definió como: cualquier acto u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar, o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos de igualdad con los hombres.

Finalmente, en el país tras un arduo trabajo de mujeres defensoras de los derechos políticos y electorales de las mujeres, en abril de 2020 se incorporó en el Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la modalidad de violencia política contra las mujeres en razón de género definiéndola como:

ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

Lo anterior, aunado a la incorporación del principio de paridad de género en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2014 y 2019 y diversas reformas a distintos ordenamientos, contribuyen al reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; muestra de ello es el aumento de la participación de las mujeres durante el proceso electoral 2017-2018.

En el proceso electoral 2017 - 2018, las mujeres hicimos historia en México; fuimos electas a 241 curules de los 500 correspondientes a la Cámara de Diputados; es decir, ocupamos 48.2% y a 63 de un total de 128 curules en el Senado de la República, lo que equivale a 49%. Con lo que conseguimos por primera vez una retribución igualitaria del poder entre mujeres y hombres y se nos nombró como la LXIV Legislatura de la paridad de género.

Sin duda, aunque para todas las integrantes de esta Legislatura es un honor formar parte de ella, constituye también una responsabilidad con todas las mujeres mexicanas, puesto que este incremento de mujeres en los cargos de elección sólo fue posible gracias al arduo trabajo de las mujeres que nos antecedieron y que trabajaron para que fuera posible acceder a los derechos políticos y sociales en igualdad de condiciones con los hombres.

Esta conquista fue posible gracias a que se impulsaron cambios legislativos, así como la interposición de diversos recursos jurídicos para hacer efectiva la participación de las mujeres, tales como la reforma constitucional de 2014, la cual elevó a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las listas de candidaturas al Poder Legislativo Federal y local.

De esta manera, mediante la reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció en el segundo párrafo de la fracción I:

“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal , libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales”.

Además, previó que la fórmula de las candidaturas debía ser siempre del mismo sexo sin importar que fuera por mayoría o por representación proporcional, así como un incremento dentro de 2 y 3% de los recursos que los partidos políticos deberán asignar para la capacitación y promoción del desarrollo del liderazgo político de las mujeres, entre otros.

Sin embargo, había un gran pendiente respecto a los demás puestos decisorios, donde la participación de las mujeres es fundamental para lograr acceder a una verdadera democracia; por ello, las senadoras y las diputadas de todos los partidos políticos trabajamos unidas en una reforma constitucional que permitiera garantizar el principio de paridad de forma vertical y horizontal, de manera que el principio se cumpla en los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y en los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal) y en los órganos autónomos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019.

De acuerdo con Naciones Unidas, los avances normativos tendientes a promover la inclusión de las mujeres, no implican necesariamente transformaciones culturales significativas en las prácticas asociadas a la participación política femenina, de manera que, a pesar de que las mujeres continuamos conquistando espacios públicos que antes nos eran negados, la violencia contra nosotras continúa estando presente e incluso es posible que se agudicen a través de la visibilización de las prácticas que antes estaban ocultas, y que se expresan como comportamientos y hechos de violencia por el simple hecho de ser mujeres.

Es decir, la violencia política contra las mujeres funciona como una reacción adversa a su empoderamiento político.

Por ello, las diputadas y senadoras de la LXIV Legislatura tipificamos la violencia política contra las mujeres en razón de género en la ley General en Materia de Delitos Electorales; la incorporamos como una nueva modalidad de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; facultamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Nacional Electoral, a los Organismos Públicos Locales Electorales y a los órganos jurisdiccionales electorales locales para solicitar el otorgamiento de órdenes de protección; integramos al Instituto Nacional Electoral como parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; establecimos que el Consejo General, dicte reparaciones transformativas para evitar casos de violencia política, así como atender las causas estructurales de la misma, entre muchas otras, a través del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado el 13 de abril del año pasado en el Diario Oficial de la Federación.

Nuestro trabajo por el adelanto en los derechos político-electorales y a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha sido constante y férreo, sin embargo, es fundamental que, como un acto de congruencia con nuestros avances, vigilemos que las reformas sean efectivas y se traduzcan en resultados reales, los cuales van mucho más allá de la letra de la Ley; por ello, se propone la creación de dos grupos de trabajo plurales para dar seguimiento a la participación política de las mujeres en el Proceso Electoral 2021; uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado de la República.

Los cuales den seguimiento a la implementación efectiva de las reformas y acciones pertinentes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género en el marco de las elecciones 2021, de manera que se contribuya a garantizar un México democrático, igualitario, inclusivo, diverso y garante de los derechos humanos de toda la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la creación de un grupo de trabajo plural en cada Cámara, con el objeto de dar seguimiento a la participación política de las mujeres en el Proceso Electoral 2021.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el día 7 de enero de 2021.

Diputadas: Katia Alejandra Castillo Lozano, María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE y los organismos públicos locales electorales a actuar con imparcialidad durante los comicios 2020-2021, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a este pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales a apegarse al principio de imparcialidad durante el Proceso Electoral 2020-2021, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para los académicos, analistas, investigadores y actores políticos, así como para el órgano electoral, el proceso electoral 2020-2021, será el más complejo y grande en la historia del país. En este sentido, la legislación entiende por proceso electoral “el conjunto de actos realizados en fases y que la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandatan a las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos para renovar periódicamente a los integrantes de los Poderes Legislativos y Ejecutivo federal y de las entidades federativas, de los ayuntamientos en los estados de la República y de las alcaldías en la Ciudad de México”.1

El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos postula que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.2

Mientras su artículo 413 establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”, señalando una serie de bases que deberán observar los partidos políticos que compitan en las elecciones, como son las prerrogativas, financiamiento, propaganda política, tiempos de radio y televisión del estado, así como la duración de las campañas.

Asimismo, dispone que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales, teniendo entre otras funciones: derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y conteos rápidos; entre otros.

Resulta importante recordar que en febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral,4 en la cual quedó establecido, entre otras cosas, el cambio de denominación de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones.

En tanto, en mayo de 2014, se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.5

Conforme a estas reformas, en el artículo 41 constitucional se estableció en el párrafo segundo, Base V, apartado A que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.6

Mientras el artículo 4, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, precisa que las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas por la Constitución y la ley de referencia. En el mismo ordenamiento, en su artículo 25, señala que las elecciones locales ordinarias en las que se elijan gobernadores, miembros de las legislaturas locales, integrantes de los ayuntamientos en los estados de la república, así como jefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda.7

Por su parte, el artículo 35 de la ley establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. Y el artículo 82, párrafo 2, expresa que, en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.8

En la jornada electoral del próximo año, se estará renovando la totalidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 15 gubernaturas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, los Congresos locales de todo el país, excepto en Coahuila y Quintana Roo, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades, menos en Durango e Hidalgo, en cuatro entidades se elegirán de manera separada diversos cargos locales como: Juntas Municipales en Campeche, Sindicaturas en Chihuahua, Regidurías en Nayarit y Presidencias de Comunidad en Tlaxcala.9

Fuente: Instituto Nacional Electoral, Calendario Electoral 2021, disponible en

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/08/002-mapa-E lectoral-2021-1.pdf

Ante la magnitud del proceso electoral que se celebrará en el 2021, resulta trascendental que el actuar de la autoridad electoral en todo momento este apegado al principio de imparcialidad con la finalidad de que los procesos que se lleven a cabo en la jornada electoral a celebrarse el primer domingo del mes de junio de 2021, se realicen conforme a las reglas electorales establecidas.

Es del todo conocido que en el pasado la mayoría de las elecciones han resultado extremadamente desaseadas y sometidas a vicios electorales, a las peores prácticas de sospecha y de fraude electoral.10 Cuando la voluntad del pueblo se vulnera a través de manipulaciones, de inducciones perniciosas, de beneficios condicionados, del uso abusivo del poder y de los recursos públicos, es evidente que se atenta contra el régimen democrático y contra el estado de derecho.

Por tal motivo, la observancia y transparencia electoral en la cuarta transformación es esencial, por ello convocamos a todos los ciudadanos a hacer de las elecciones locales y federales de 2021, sean las más observadas y vigiladas, con la finalidad de evitar que se repitan las prácticas del pasado, eliminando cualquier cacicazgo regional o local, así como erradicar los actos de simulación y corrupción por parte de autoridades y/o servidores públicos en apoyo a los partidos y candidatos, sin apego a la premisa de que “ningún servidor público debe participar, en cualquiera de sus formas, en política electoral; una vez que como autoridades se tiene la obligación de respetar el proceso electoral, a fin de garantizar la transparencia y limpieza absoluta”.

En esta nueva etapa de la historia de nuestro país, se crearán nuevos precedentes enfocados a contar con elecciones limpias, transparentes y democráticas, haciendo realidad una lucha y demanda del pueblo de México, en el proceso electoral 2020-2021, con la participación activa de los ciudadanos observaremos comicios electorales parejos, equilibrados y equitativos, incrementando la confianza en las instituciones y bajando el excesivo costo de las mismas.

La participación en la vida política es necesaria para la creación de una ciudadanía informada, comprometida y en desarrollo,11 está comprobado que cuando los ciudadanos se comprometen a la resolución de los problemas que le afectan o afectan a la colectividad se desatan energías que aumentan las posibilidades de crear soluciones imaginativas y estrategias exitosas.12

En este orden de ideas es necesario remarcar que el 6 de junio de 2021, todos los actores políticos-sociales, así como las autoridades de todos los niveles de gobierno, debemos garantizar a los ciudadanos que podrán ejercer su derecho al voto con estricto apego a las leyes, evitando en todo momento se afecten los principios constitucionales de elecciones libres, auténticas y periódicas, asimismo, los órganos electorales deberán conducirse con imparcialidad, conforme a derecho y con la premisa de que el voto ciudadano tiene que ser respetado.

En vista de la enorme relevancia del proceso electoral 2020-2021, para la legitimidad de la misma elección y de sus resultados, es imprescindible que las elecciones se lleven a cabo dentro del marco legal, denunciando todo acto que tenga como finalidad trasgredir el estado de derecho democrático.

Es imperativo promover la realización de elecciones transparentes, reivindicando los principios que rigen el actuar y desempeño de los órganos públicos en materia electoral a fin de salvaguardar la legalidad de los comicios, con ello, nuestros esfuerzos legislativos darán fruto en contar con elecciones propias de un país democrático, soberano y libre, en donde la estabilidad política y la paz social garantizan que el proceso electoral se celebre bajo reglas definidas e igualitarias, y con autoridades electorales imparciales.

Es fundamental contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la vida democrática y la participación ciudadana, así como garantizar la celebración de comicios electorales de manera pacífica y bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y sobre todo de transparencia. Es menester vigilar que, la libertad, la equidad, la transparencia y la imparcialidad no sean lastimados, por acciones de dudosa legalidad enturbiando el proceso.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a los principios de división de poderes, de autonomía y de soberanía, respetuosamente exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas donde se celebrarán elecciones en el Proceso Electoral 2020-2021, a apegar sus actuaciones al principio de imparcialidad, así como garantizar el derecho al voto de los ciudadanos en pleno respeto al marco constitucional y legal.

Notas

1 Artículo 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Cámara de Diputados, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf

2 Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

3 Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

4 Secretaría de Gobernación, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, 10 de febrero de 2014, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2 014

5 Secretaría de Gobernación, decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 23 de mayo de 2014, disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345954&fecha=23/05/ 2014

6 Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

7 Cámara de Diputados, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420 .pdf

8 Cámara de Diputados, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420 .pdf

9 Instituto Nacional Electoral, Calendario Electoral 2021, disponible en https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/08/002-mapa-Electoral-2021-1 .pdf

10 M., Alcántara Sáez, Gobernabilidad, crisis y cambio. Elementos para el estudio de la gobernabilidad de los sistemas políticos en épocas de crisis y cambio, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.

11 H. Concha, América Latina: Entre el impulso democratizante y la creación de un estado de derecho, Isonomía, número 14, 2000, páginas 65-78.

12 J.S. Mill, Del gobierno representativo , Tecnos, Madrid, 1985.

Ciudad de México, a 7 de enero de 2021.

Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGJ mexiquense a reforzar su protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas en materia de una oportuna actuación ante la desaparición de mujeres y niñas, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Miles de mujeres mueren cada año en el mundo por el simple hecho de ser mujeres. En 2017, las víctimas llegaron a 90 mil. Es una plaga que afecta sin distinción a países ricos y pobres, a los que están en guerra o en paz.1

Varios países adoptaron desde hace algún tiempo legislaciones eficaces contra este flagelo, como es el caso de España y varios países de América Latina, cuna de las primeras leyes sobre feminicidios. Otros, como Francia, están tomando conciencia ahora.

A penas 25 países acumulan la mitad de todos los crímenes de mujeres en el planeta. América Latina es la región de mayor violencia en contra de las mujeres y México se encuentra entre los primeros diez países con el mayor crecimiento en las tasas de homicidios de niñas y mujeres, situación que se agrava porque va en aumento y no parece detenerse.

En América Latina las naciones son testigos de una alta actividad del narcotráfico además padecen un crecimiento en su tasa de feminicidios que, incluso, han llevado a considerar en materia de los derechos humanos que la guerra contra las drogas es el origen de la nueva guerra contra las mujeres. En el periodo de 2007 a 2012 se han cometido en México mil 909 feminicidios en el país, cantidad que significa una tasa de 3.2 por ciento crímenes por cada 100 mil mujeres.

Organizaciones no gubernamentales han señalado y denunciado que cada 3 horas una mujer es asesinada, el fenómeno vergonzosamente se ha naturalizado en nuestro país mientras que las autoridades han mantenido opacidad ante los hechos y se han convertido en parte del problema y no la solución.

En un estudio realizado recientemente nos señalan que 46 por ciento de los feminicidios se perpetra por apuñalamiento, quemadura, estrangulamiento o golpes; 16 por ciento de las mujeres mueren a causa de un balazo y el 38 por ciento restante las autoridades no informan la causa del feminicidio.2

Otro dato relevante es que entre 2011 y 2014 México pasó al 5o. lugar en su tasa de feminicidios al pasar de 2.4 por ciento a 3.2 por ciento solo detrás de Honduras, El Salvador, Bahamas y Surinam.3

Los feminicidios en el país siguen imparables y en el estado de México los asesinatos de mujeres aumentaron 58.3 por ciento en el primer trimestre de 2020, respecto al mismo periodo del año pasado, informó el Observatorio Nacional Ciudadano. El 20.6 por ciento de las víctimas son menores de edad.

De acuerdo con el reporte del primer trimestre de 2020 de incidencia delictiva del Laboratorio de Seguridad Ciudadana (LSC) del organismo, los feminicidios reportados aumentaron en 5 de los 18 distritos judiciales respecto al primer trimestre de 2019. El distrito que tuvo el mayor incremento fue Ecatepec de Morelos, con 295.3 por ciento, seguido de Nezahualcóyotl con (245.8 por ciento) y Otumba (196 por ciento).

En tanto que el municipio de Cocotitlán presentó la mayor tasa de feminicidios en el primer trimestre de 2020, con 7.33 carpetas de investigación (CI) por cada 100 mil habitantes, seguido por Coyotepec con 4.54 carpetas por cada 100 mil habitantes y Amatepec con 3.49.4

Es de sorprenderse la manera de cómo se abordan los feminicidios en Europa y México, ya que mientras en España el año pasado dos mujeres fueron asesinadas y el tema se volvió un escándalo internacional y el detenido fue encontrado en Rumania y fue buscado y perseguido en varios países europeos, panorama distinto al que se vive en distintas entidades del país.

Cabe señalar que en este contexto de los feminicidios las mujeres son consideradas mercancías desechables e incluso mercancías sexuales todos los días, siendo Ciudad Juárez y el estado de México las dos entidades donde el patrón y el número de mujeres asesinadas crece de manera alarmante y corre el riesgo de hacerse extensivo.

De esta manera México se convierte en el país más letal para las mujeres, la condición de nacer mujer en nuestro país se vuelve un tema vulnerable al tener un panorama sombrío, que nos demuestra opacidad e incapacidad de las autoridades para detener este problema que nos aqueja como sociedad.

Por otra parte, el diario estadunidense The New York Times apunta que en el sexenio pasado más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México y casi la mitad de ellas con armas de fuego. Esto ubica a nuestro país entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo.

Desde hace siete años, diversas organizaciones sociales encabezadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han denunciado que existe “una violencia estructural y sistemática contra las mujeres”, que se expresa en cientos de asesinatos y desapariciones de niñas y jóvenes con fines de trata.

Si bien, la Alerta de Violencia de Género fue declarada en algunos municipios del país, en lo que va del 2016, los feminicidios siguen siendo una constante en todo México.

Por su parte, la fundadora de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, comentó que en los últimos 20 años México se ha visibilizado por la trata, el asesinato y la desaparición de mujeres, y por los altos índices de violencia que ha crecido en todo el país, la mayor parte ligada al narcotráfico. También señaló que las formas de desaparición de mujeres han cambiado, pues se ha logrado detectar vínculos con la trata de personas:

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, México tiene la tasa más alta de feminicidio al nivel mundial con 34.73 por ciento de asesinatos por cada 100 mil mujeres.

El aumento de desaparición de mujeres en el estado de México tiene una relación con el aumento de grupos delictivos en la zona, informó Sarah Carolina León Parra durante la tercera conferencia de los Foros Nacionales rumbo a la realización del informe alterno CEDAW 2020, llevado a cabo por la organización Nosotras Tenemos Otros Datos.5

Durante la conferencia, la moderadora Lidia Guzmán Hernández, perteneciente a la organización Las Constituyentes CDMX, dijo que de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se reportaron 549 presuntos casos de feminicidio de enero a julio del presente año.

En este exhorto de encuentra plasmada la preocupación de reforzar los protocolos y estrategias de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, que si bien es cierto que toda desaparición es preocupante, esta petición está fundada en la estadística y los datos duros respecto a que las mujeres y niñas en conjuntos tienen un número mucho más elevado que el de hombres bajo el mismo ilícito.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de México a reforzar su protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas en materia de una oportuna actuación ante la desaparición de mujeres y niñas, derivado de que la estadía en las desapariciones crecen día con día.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a implementar planes de acción y búsqueda rápida ante la ola de reportes de mujeres y niñas desaparecidas en gran número de municipios por todo el estado.

Notas

1 Chicago Tribune. “El feminicidio, una plaga mundial y persistente” Disponible en: https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-feminicidio-plaga-mundial-per sistente-20191119-oaaswcwjzfbohf2llvza4dinle-story.html

2 Obtenido de http://www.sinembargo.mx/13-10-2015/1517190

3 Obtenido de http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-en-el-top-10-de-paises-con -mas-feminicidios-por-armas-de-fuego-del-mundo/

4 Infobae. “Los feminicidios incrementaron en el estado de México, la entidad más peligrosa para las mujeres”. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/07/los-feminicidios-incr ementaron-en-el-estado-de-mexico-la-entidad-mas-peligrosa-para-las-muje res/

5 La Silla Rota. “Edomex, la entidad con más mujeres desaparecidas”. Disponible en: https://lasillarota.com/lacaderadeeva/estado-de-mexico-la-entidad-con-m as-mujeres-desaparecidas/429729

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef a esclarecer y dar seguimiento a las crecientes denuncias de cuentahabientes sobre fraudes a través de la banca electrónica Santander, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El fraude bancario es una de las principales actividades delictivas en el mundo. Este delito junto al blanqueo de capitales es una de las principales preocupaciones de las autoridades en todo el mundo. Miles de personas se ven afectadas por este tipo de actividades y millones de euros son registrados como pérdidas producto de estos crímenes. Afortunadamente gracias al crecimiento y evolución de la tecnología han nacido herramientas para combatir con eficiencia el fraude bancario.

El fraude bancario es un delito, estafa que se realiza mediante prácticas ilegales por parte de funcionarios internos de bancos o grupos externos para obtener información y datos privados de terceros, posibilidad de usurpar identidades o directamente robar dinero de usuarios de una entidad bancaria1 .

Este tipo de prácticas se remontan a tiempos antiguos con el inicio de la banca y han evolucionado rápidamente aprovechando las tecnologías disponibles obligando a los bancos y otras instituciones responsables en la materia a crear instancias y estructuras tecnológicas más robustas y adaptables.

Los tipos más comunes de fraude bancario que podemos encontrar en la actualidad son violaciones a la seguridad, privacidad y obtención de datos bancarios de terceros por medio de software malicioso o estrategias complejas de defraudación. Existen diversos tipos de fraudes electrónicos en el sector bancario que debemos conocer para ser perjudicados.

Entre ellas podemos encontrar el Phishing . Este es un tipo de fraude que ocurre a través de plataformas en línea en las que un tercero viola nuestros patrones de seguridad para obtener información valiosa como claves de usuarios bancarios, cuentas bancarias, número de tarjetas de crédito y códigos de autorización para utilizar nuestras herramientas financieras para su beneficio.

Exposición del problema

En sólo unos días, las personas que demandarán de manera colectiva a Santander por haber sido defraudadas a través de la banca electrónica pasaron de 60 a 550 en un grupo de Facebook.

Ante los señalamientos de cuentahabientes de Santander México de haber sido defraudados en la banca electrónica, el banco manifestó que colaborará ante las autoridades que lo soliciten y negó que su sistema haya sido “hackeado”.

A través de una comunicación escrita, Santander informó que “actúa con seriedad y responsabilidad en cada caso relacionado con nuestros clientes, y dispone de la evidencia documentada de las operaciones y las credenciales con las que se realizaron, misma que presentará las veces que sea necesario y ante la autoridad que así lo solicite”.

En un desplegado que apareció en las redes sociales el martes 13 de octubre, varios clientes que sufrieron sustracción de dinero de sus cuentas a través de la banca electrónica en los últimos meses, quienes señalaron que sus reclamos fueron declarados “improcedentes” por Santander.

Algunos de los afectados dijeron que los supuestos fraudes en Santander estaban “desatados” y manifestaron estar seguros de no haber compartido su información, por lo que dedujeron que personal del banco podría estar involucrado.

A esto, el banco también respondió: “No existe ningún elemento que sustente la participación de personal del banco en estos eventos como se señala sin prueba alguna”.2

En octubre de este año, Emeequis publicó testimonios3 de miembros de ese colectivo: “Defraudados por Santander México”. Tras el eco de sus historias, muchos comenzaron a buscarlos para formar parte de la acción legal que se está organizando contra el banco.

Los clientes demandan que el banco se haga responsable de la vulnerabilidad de su seguridad y de la fuga de información. La semana pasada Santander les respondió que sus reclamaciones son improcedentes, porque los movimientos se hicieron con sus accesos y credenciales y no hay evidencia que sustente la participación de su personal.

Pero esto no dejó conformes a las víctimas, que incluso ya se han denominado como “Movimiento de Resistencia contra Santander”. Reiteran que el garante del dinero es el banco.

El problema es general, hay gente defraudada en: estado de México, Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo. Con cantidades que van desde los 15 mil al millón y medio de pesos, es lo que han podido observar en la lista que están integrando.

Al no ser clara la respuesta de Santander, se debería estar promoviendo una audiencia de conciliación muy detallada. Es vital que haya una reunión entre afectados y bancos, Eso es la primera aproximación. Pero la segunda se tiene que analizar mucho los perfiles de consumo, incluso después de esto se puede solicitar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) un dictamen.

El banco debe saber, en todo caso, cómo salió el dinero, a dónde se envió el dinero, a qué cuenta, de qué bancos. En la queja formal la Condusef puede pedir esta información a Santander y demás bancos que cuenten con denunciar formales para iniciar dichos trámites.

En un llamado a hacer justicia para quienes representamos y defendiendo su patrimonio así como los ahorros que tanto trabajo les ha costado a muchas personas que se vieron víctimas de fraudes realizados por personas sin escrúpulos, este exhorto busca brindarles una respuesta y, en su caso, darles una solución a este problema que tiene a los afectados en una incertidumbre por la que hoy en día estamos atravesando a nivel nacional, hasta mundial.

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover una audiencia de conciliación para esclarecer y dar seguimiento a las crecientes denuncias realizadas por cuentahabientes que acusan haber sido defraudados a través de la banca electrónica de Santander.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República a que, trabajando de la mano con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros refuerce los métodos de investigación con el fin de dar con los responsables de realizar dichos actos fraudulentos, toda vez que se procede legalmente contra quien resulte responsable.

Notas

1 Graph Everywhere. “Que es el fraude bancario y como evitarlo”. Disponible en: https://www.grapheverywhere.com/que-es-el-fraude-bancario-y-como-evitar lo/

2 Liberal Metropolitano. “Vacían cuentas de Santander a cuentahabientes, siendo millones de pesos”. Disponible en: https://liberalmetropolitanomx.com/2020/10/15/vacian-cuentas-de-santand er-a-cuentahabientes-siendo-millones-de-pesos/

3 Emeequis . “Ya Van Más De 500 Personas Que Quieren Demandar A Santander” Disponible en: https://www.m-x.com.mx/al-dia/ya-van-mas-de-500-personas-que-quieren-de mandar-a-santander

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo para integrar al Covid-19 como una enfermedad laboral, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que viven tanto en animales como en humanos y que pueden causar diversas infecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, tales como el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV y SARS-CoV-2 o Covid-12) o el “nuevo” 2019-nCoV o Covid-19.1

La Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la Covid-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.2

Esta enfermedad, que se propaga principalmente por contacto directo, presenta diversos síntomas como: fiebre, rinorrea, cansancio, dolor de cabeza y síntomas respiratorios (tos y disnea). Algunas personas que contraen la Covid-19 acaban presentando un cuadro grave y experimentan dificultades para respirar, neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. De momento, las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer parecen tener un mayor riesgo de presentar una forma grave de la enfermedad. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la Covid-19 y caer gravemente enferma.

Ahora bien, las personas que se recuperan de esta enfermedad, pueden presentar algunas secuelas que pueden ser tanto físicas como psicológicas, las cuales dependen de la gravedad de la enfermedad y de la atención médica que reciba, es decir, un paciente que no necesitó internamiento probablemente presente secuelas moderadas, mientras que un paciente que estuvo en terapia intensiva puede presentar secuelas graves.

Una de las funciones más afectadas después de una recuperación de Covid-19 es la pulmonar, el tejido se daña y se producen cicatrices haciendo que se vuelva grueso y duro, dificultando la llegada del oxígeno a los vasos sanguíneos afectando tu respiración. El daño causado por la fibrosis pulmonar es evolutivo y no puede revertirse. Si se detecta a tiempo puede retrasarse y a veces incluso detenerse.3

Es importante destacar que este nuevo coronavirus se propaga principalmente por contacto directo (1 metro o 3 pies) con una persona infectada cuando habla tose o estornuda, o por contacto con sus gotículas respiratorias desprendidas por nariz y boca.

Así, la cepa SARS-CoV-2, al día de hoy, ha cobrado la vida de más de 1.5 millones de personas en el mundo, y en razón de personas contagiadas, la cifra supera la barrera de los 69 millones. A nivel nacional, los números son igual de alarmantes, 112 mil defunciones y más de un millón de contagios.4

Es por esto y debido a la dificultad para frenar la expansión de la epidemia que los gobiernos del mundo han emprendido múltiples acciones para proteger a su población, entre ellas, implementar acciones en el sector salud, al mismo tiempo de orientar a la población a recluirse en sus casas, cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad general.

De ahí que, en nuestro país, el pasado lunes 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General decretó Emergencia Nacional Sanitaria por el nuevo coronavirus, por lo que el 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo “Acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, con las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.5

A partir de esta fecha se llevó a cabo la Jornada Nacional de Sana de Distancia de la Secretaría de Salud, basada en una serie de medidas no farmacéuticas destinadas a la contención de la pandemia y la suspensión inmediata de las actividades no esenciales. Además, el acuerdo establece que las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con el antebrazo); no saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia); no se podrán realizar reuniones de más de 50 personas, y todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud federal.

Asimismo, en este convenio se dio a conocer que el resguardo es obligatorio para toda persona mayor de 60 años de edad o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiacas o pulmonares, inmunosupresión (adquirida o provocada), en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial.6

Sin embargo, estos esfuerzos se han visto disminuidos, en gran medida por la otra pandemia que se vive en el país; las enfermedades crónicas no transmisibles, uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de salud, debido al gran número de casos afectados; su creciente contribución a la mortalidad general, la aparición en edades cada vez más tempranas, el hecho de que son la causa más frecuente de incapacidad prematura, así como la complejidad y costo elevado de su tratamiento. Tanto es así que, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) resalta que las muertes en nuestro país son causa principalmente por enfermedades crónicas no transmisibles.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Simultáneamente, el sector salud no sólo está haciendo frente a la pandemia y a las enfermedades crónicas no transmisibles, sino que, igualmente, tiene que hacer frente a las consecuencias de un ritmo laboral exhaustivo y de condiciones de trabajo desfavorables, las cuales, suelen ser dos de las principales causas de las enfermedades laborales más comunes en México, y de donde se derivan otros padecimientos y una merma en la calidad de vida de los trabajadores. Algunas de ellas son7 :

• Hipoacusia. Se presenta en 32.2 por ciento de la población trabajadora por exposición a ruidos en el trabajo, reduciendo la audición del trabajador.

• Neumocomiosis. Se trata de un conjunto de enfermedades pulmonares producidas por la inhalación de polvos en el trabajo.

• Afecciones respiratorias. Implica desde resfriados, bronquitis, enfisema, asma, pulmonía, neumonía, debido a cambios de temperaturas, trabajar bajo temperaturas extremas.

• Dermatitis de contacto. Debido al contacto con sustancias tóxicas en el trabajo, químicos, polvos y otros materiales tóxicos.

• Musculoesqueléticas. La sobrecarga de trabajo, malas posturas al realizarlo, así como el dolor, tensión y estrés, generan padecimientos muscoloesqueléticos, tales como el síndrome del túnel carpiano.

• Sinovitis. Padecimientos que implican lesiones a cartílagos, tendones, ligamentos y músculos, cuya principal característica es la inflamación.

• Enfermedades gastrointestinales. Las más frecuentes son la colitis, gastritis, gastroenteritis y salmonelosis por una mala higiene en el consumo de alimentos, así como por el estrés y la inactividad física.

• Estrés. Cerca de 60 por ciento de la población trabajadora de México padece estrés laboral, por lo que es el segundo país con mayor nivel del mismo, que además se asocia con ansiedad y depresión.

• Mobbing. Es una agresión hecha por una persona, de manera deliberada y concertada; sistemática, recurrente y prolongada en el tiempo, para anular, aislar o expulsar a un compañero de trabajo.

• Violencia. Implica la violencia física, acoso físico o psicológico por parte de un agresor o agresores que afectan a una o más personas implicadas en el ámbito laboral, incluyendo los eventos delictivos.

Ante un escenario como este, debe existir coordinación entre empresas y trabajadores para preservar el trabajo y la salud de todos . Ya que una de las mayores inquietudes de la población es el futuro de sus empleos ante los cierres parciales y definitivos que ha ocasionado esta enfermedad. De manera que se busque que, entre ambas partes de la relación laboral, se respeten los mínimos de ley y se garanticen los derechos laborales.

En ese sentido, es fundamental que el sector empresarial genere una proyección de los escenarios laborales que determina la ley laboral mexicana, la cual dicta que el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes y si no especificar las razones para hacer una suspensión temporal de trabajo.

Esto se establece en el artículo 42, fracción I de la Ley Federal del Trabajo; “son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, entre otras; la enfermedad contagiosa del trabajador”.

Como consecuencia, algunos centros de trabajo están efectuando políticas laborales temporales, para asegurar la continuidad de trabajo , que implican el uso de la tecnología para minimizar el contacto entre las personas, conocido como trabajo a distancia o “home office”, así como la flexibilidad en horarios de actividad, escalonamiento de jornadas y reorganización de turnos.8

Incluso, la Secretaría del Trabajo hizo una recomendación para evitar recortes, huelgas y demandas. Es decir, sugirió a las empresas y sindicatos firmar convenios para reducir las jornadas laborales o adelantar vacaciones, en lugar de recortar la plantilla de personal. Esto evitaría conflictos laborales individuales y colectivos y le daría mayor certeza jurídica y patrimonial a empleadores y trabajadores.9

Pero, en caso de que la situación empeore, las previsiones contempladas en la Ley Federal del Trabajo serán más drásticas, dando paso al decreto de una medida formal y solemne denominada “Declaratoria de Contingencia Sanitaria”, que tuvo su origen en la reforma laboral de 2012 surgida con motivo de la crisis sanitaria de 2009 del H1N1.

Esta declaratoria sólo puede ser realizada por el Consejo de Salubridad General, órgano colegiado conformado por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, encabezadas por el Presidente de la República y siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación. Lo cual, al hacerlo, estarían suspendiendo de manera general las labores, y generando los siguientes efectos en las relaciones de trabajo10 :

• El patrón tendrá la obligación de cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente.

• El patrón podrá suspender la relación de trabajo para la cual no requerirá aprobación o autorización del Tribunal Laboral.

• El patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.

• En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de dieciocho años.

De acuerdo con el escenario anteriormente planteado, una vez que la contingencia concluya, las empresas deberán reanudar actividades con la obligación de reincorporar a sus trabajadores en todos y cada uno de sus puestos laborales, restituyéndoles las condiciones de trabajo que mantenían antes del estado de emergencia.11

En conclusión, en este contexto desfavorable para nuestro país, es de suma importancia que, por su característica de rápido contagio, la falta de vacuna o medicación contra la enfermedad y sobretodo las secuelas que puedan desarrollarse, además de las medidas ya tomadas, el Covid-19 forme parte de la lista de enfermedades laborales, elaborada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y transcrita en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo en nuestro país.

En dicho artículo se enumera la tabla completa de “enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo” en las que las empresas podrán otorgar la incapacidad de sus trabajadores, asimismo se estipula que la Secretaría del Trabajo será la encargada de actualizar la tabla de enfermedades, previa aprobación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano tripartito en el que concurren gobierno, representantes de trabajadores y del sector empresarial.

Artículo 513. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional, para este efecto dicha dependencia escuchará la opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de especialistas en la materia.

Además, en el artículo 515, de la misma ley, se establece que corresponde al Presidente de la República iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas de enfermedades.

Artículo 515. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las investigaciones y estudios necesarios, a fin de que el Presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 al progreso de la medicina del trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, para integrar a la Covid-19 como una enfermedad laboral.

Notas

1 Expansión , “Qué es un coronavirus, de donde viene, como se contagia y cómo se puede evitar”, [En Línea][Fecha de consulta 4 de diciembre de 2020], Disponible en :

https://www.expansion.com/sociedad/2020/02/27/5e579e13e5 fdea7c638b4619.html

2 OMS, “Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”, [En Línea][Fecha de consulta 4 de diciembre de 2020], Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/q-a-coronaviruses

3 Centro Médico ABC, “Secuelas Covid-19”, [En Línea][Fecha de consulta 17 de diciembre de 2020], Disponible en: https://centromedicoabc.com/coronavirus/secuelas-covid-19

4 Google, “Resumen de casos”, [En Línea][Fecha de consulta 10 de diciembre de 2020], Disponible en: https://www.google.com/search?q=Covid+19&rlz=1C1CHBD_esMX834MX834&oq=Covid+19&aqs=chrome..69i57j35i39l2j0i433j69i60l4.1928j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

5 El País “Acuerdos para la pandemia en México”, [En línea][ Fecha de consulta 10 de diciembre de 2020] Disponible en: https://elpais.com/elpais/2020/04/01/opinion/1585771477_294664.html

6 Expansión , “¿Qué implica la emergencia sanitaria por Covid-19?”, [En Línea] [Fecha de consulta 09 de diciembre de 2020] Disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/31/que-implica-la-emergenc ia-sanitaria-por-covid-19-estos-son-los-detalles

7 Plano Informativo “10 enfermedades laborales más comunes en México”, [En Línea] [Fecha de consulta 07 de diciembre de 2020] Disponible en: https://planoinformativo.com/456752/10-enfermedades-laborales-mas-comun es-en-mexico-salud

8 El Imparcial “¿Qué pasaría con tu empleo ante una declaratoria de contingencia sanitaria en México por coronavirus? [En Línea] [Fecha de Consulta 07 de diciembre de 2020], Disponible en: https://www.elimparcial.com/dinero/Que-pasaria-con-tu-empleo-ante-una-d eclaratoria-de-contingencia-sanitaria-en-Mexico-por-coronavirus-2020032 4-0049.html

9 Criterio “Plantean jornadas laborales más cortas o adelantar vacaciones por coronavirus”. [En Línea] [Fecha de Consulta 08 de diciembre de 2020], Disponible en:

https://criteriohidalgo.com/destacado/plantean-jornadas- laborales-mas-cortas-o-adelantar-vacaciones-por-coronavirus

10 El Imparcial “¿Qué pasaría con tu empleo ante una declaratoria de contingencia sanitaria en México por coronavirus? [En Línea] [Fecha de Consulta 07 de diciembre de 2020], Disponible en: https://www.elimparcial.com/dinero/Que-pasaria-con-tu-empleo-ante-una-d eclaratoria-de-contingencia-sanitaria-en-Mexico-por-coronavirus-2020032 4-0049.html

11 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a vigilar y sancionar el alza de la comercialización de tanques de oxígeno denunciada en todo el país, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

La oxigenoterapia es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se encuentran en aire del ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. El oxígeno utilizado en esta terapia es considerado un fármaco en forma gaseosa, administrado por vías aéreas.

La oxigenoterapia debe ser aplicada cuando existe disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre, ya sea por insuficiencia respiratoria, insuficiencia circulatoria, anemia, atmósfera enrarecida con humos o gases, etcétera, pudiendo llevar a varias situaciones de hipoxia.

La reciente pandemia ha llevado a gran número de personas no sólo a necesitar el oxígeno medicinal para ayudar a que su salud no siga viéndose comprometida, sino que se han vuelto totalmente dependientes de éste para lograr sobrevivir ante este virus que mundialmente ha afectado a millones de personas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la encargada de vigilar y sancionar a empresas y negocios que manipulen indebidamente los precios de sus productos, además se encarga de que se cumplan con los estándares de calidad requeridos.

De acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México la ocupación hospitalaria está a 75 por ciento de su capacidad, lo que causó el cambio de semáforo epidemiológico en el Valle de México a color rojo.1

Por medio de las redes sociales, diversos ciudadanos han documentado las dificultades a las que se han enfrentado para adquirir un tanque de oxígeno para sus pacientes enfermos de Covid-19. Al no estar tan graves y no requerir una hospitalización, los servicios médicos les recomiendan seguir sus tratamientos desde casa.

Aunado a la preocupación por la pandemia de Covid-19, cientos de familias afectadas por la enfermedad sufren también por la escasez de tanques de oxígeno y el sobreprecio del mismo. La adquisición de los tanques se ha vuelto difícil ante la alta demanda que hay entre la población, en consecuencia hay un abastecimiento deficiente.

Debido al alza en los precios que esta sobredemanda ha provocado, la Profeco ha recibido en lo que va del año 12 denuncias vinculadas a la comercialización de tanques de oxígeno: nueve contra Infra y tres contra Praxair. De ellas se registró una denuncia en Baja California, una en Jalisco, cuatro en Chiapas, dos en el estado de México, una en San Luis Potosí, una en Ciudad de México y dos en Tabasco.2

Recientemente en esta Cámara de Diputados se aprobó sancionar con hasta 15 años de cárcel a quienes durante desastres naturales o situaciones de riesgo sanitario suban los precios de productos de primera necesidad sin justificación alguna.

Con el objetivo de aumentar las sanciones a quienes oculten o acaparen artículos de primera necesidad, en el contexto de la amenaza, inminencia u ocurrencia de una situación de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere de forma grave el orden público.

Es imperativo que este tipo de reformas caminen de la mano con instituciones como la Profeco, esto reforzaría las normas que regulan el mercado para que éste no se vuelva distorsionado incurriendo en prácticas monopólicas, erradicando estas prácticas que hoy son normales de hacer negocio con el dolor de otros seres humanos.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que de la mano de la Secretaría de Salud den seguimiento a las denuncias en todo el país respecto al tema del alza en los precios de la comercialización de tanques de oxígeno.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a endurecer las sanciones hacia todo establecimiento que acapare y/o encarezca la distribución de oxigeno medicinal para cualquier paciente que lo necesite.

Notas

1 Infobae. “Claudia Sheinbaum y Profeco pondrán orden en los precios de tanques de oxígeno” Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/19/claudia-sheinbaum-y-p rofeco-pondran-orden-en-los-precios-de-tanques-de-oxigeno/

2 Milenio.com. “Se duplica costo de oxígeno por compras de pánico debido a coronavirus”. Disponible en:

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-impulsa-com pras-panico-oxigeno-precio-eleva

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar con la SCT una estrategia de transición del pago en efectivo a tarjeta en transporte público para disminuir contagios por Covid-19, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

La transición de monedas a tarjetas de peaje como método de pago en el transporte público debe concretarse como una medida post Covid-19 para reducir riesgos de contagio, afirman especialistas.+ 1

La pandemia por Covid-19 detuvo la transición de monedas a tarjetas como método de pago en el transporte público de la ciudad; especialistas aseguran que debe continuar como una medida auxiliar para la nueva normalidad.

Fuentes médicas consultadas aseguran que esta acción podría ayudar a combatir la pandemia de Covid-19, pues disminuye el contacto entre personas y el intercambio de monedas que pasan de una mano a otra, lo que contribuye a la propagación de microorganismos como bacterias y virus.2

A la fecha, la detención parcial de actividades de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y las prioridades médicas por la pandemia han frenado este proceso, principalmente en el transporte concesionado como los microbuses, aseguran expertos.

En octubre de 2019, como parte de la modernización del transporte público, se anunció la nueva tarjeta del Sistema de Movilidad Integrada (SMI) para el Metro, Metrobús, Sistema de Transportes Eléctricos (STE), la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y, en cuanto esté concluido, el Cablebús.

En ese entonces se informó que las 193 unidades nuevas de Trolebús del STE adquiridas ya contaban con lector de tarjeta, al igual que las 111 de RTP. Además, se dio a conocer la compra de mil 200 validadores para el plástico con la tecnología Calypso y 250 máquinas de recarga.

Se esperaba que para junio de este 2020 comenzará a aplicarse este método de pago en el transporte público concesionado como los autobuses de los corredores y los microbuses.

El académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Alberto Pantoja Meléndez, asegura que acelerar la transición de modo de pago ayudaría a controlar los contagios en el transporte público, considerado por las autoridades como un espacio de riesgo alto por la aglomeración de usuarios.3

Aunque diversas fuentes, como la Secretaría de Salud federal y la UNAM, señalan que tanto en el plástico como en el acero la permanencia del Covid-19 es de hasta 72 horas, la tarjeta disminuye el contacto entre una persona y otra, y también contribuye a mantener una distancia que evite contagios.

Por ejemplo, en el Metro se puede recargar la tarjeta con saldo en máquinas o con la taquillera y realizar varios viajes sin volver a intercambiar dinero.

En cambio, cada vez que alguien aborda un microbús tiene que entregar dinero al operador y, si es necesario, recibir el cambio del pasaje, de implementarse dicha medida en el transporte concesionado sería un auxiliar importante para enfrentar la pandemia.

Diversas organizaciones enfocadas en el tema de salud por todo el mundo aseguran que el SARS-CoV2, causante de Covid-19, se transmite a través de las gotículas que expulsa una persona enferma al toser, hablar o estornudar, por ello la importancia de mantenernos a cierta distancia de otras personas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, también se puede contraer coronavirus si tocamos superficies en las que hayan caído estas gotículas y luego nos agarramos la cara, la nariz o los ojos. Por lo que se hace especial énfasis en el lavado constante de manos.

La nueva normalidad ya nos alcanzó y poco a poco, tendremos que salir nuevamente. En esta nueva etapa, en la que el aislamiento quedará atrás y tendremos que tomar las medidas de salud que así lo requieran en materia de evitar el contagio.

En esta nueva administración, el gobierno de la Ciudad de México siempre se ha comprometido con la población, ha buscado por más de un canal de investigación, las mejores estrategias en materia de salubridad, aun mas, en estos momentos de crecimiento exponencial por contagio de Covid-19.

En este sentido y como refuerzo a las políticas ya implementadas, el presente punto de acuerdo propone que en un trabajo en conjunto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la mano con el gobierno de la Ciudad de México se implemente un proceso de transición de efectivo por el de tarjetas para ser utilizadas en el transporte público.

Con el objetivo de velar por quienes más lo necesitan, aplanar y erradicar los contagios de Covid-19 en la lucha contra esta pandemia mundial, esta estrategia atacará un flanco que definitivamente debe atenderse.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, a que de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implementen una estrategia de transición del pago en el transporte público, de dinero en efectivo por el de tarjetas de transporte para disminuir contagios por Covid-19.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar un estudio para determinar la efectividad derivada de implementar dicha medida y cómo esta contribuiría en la lucha contra la alza en los contagios.

Notas

1 Reporte Índigo . “Transición de monedas a tarjetas“. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/transicion-a-tarjetas-de-transpor te-necesaria-semovi-contagios-modernizacion/?fbclid=IwAR2oIhZWWQfGbj6e8 dene9k_pp0UEtrofIPwycOTnik9IwKgs-7vG1h1Gno

2 Gestión Mundo . “Dinero en efectivo puede propagar el coronavirus”. Disponible en: https://gestion.pe/mundo/dinero-en-efectivo-puede-propagar-el-coronavir us-nnda-nnlt-noticia/

3 Chilango.mx . “#NuevaNormalidad: ¿cómo proteger a los que siguen en casa?”. Disponible en: https://www.chilango.com/noticias/grupos-de-riesgo-ante-covid-19/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a destinar mayores recursos a incentivar la participación ciudadana de los aspirantes a candidatos independientes para el proceso electoral concurrente 2020-2021, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Incentivar la cultura por la participación ciudadana es un ejercicio que permite consolidar la democracia.

Alan Touraine1 ha definido al régimen democrático como la forma de vida política que da la mayor libertad al mayor número de ciudadanos, que protege y reconoce la mayor diversidad posible; concluye afirmando que es el conjunto de las garantías institucionales que permiten combinar la unidad de la razón instrumental con la diversidad de las memorias, el intercambio con la libertad. La democracia es una estructura social conformada por ciudadanos, quienes tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, las personas son iguales ante la ley, pueden elegir a sus gobernantes de manera libre y los gobernantes únicamente son instrumentos de los ciudadanos.

La democracia es un sistema social que está sostenido sobre una columna vertebral que es la política, conformada por la igualdad de derechos y por elecciones libres, secretas y periódicas que permiten que exista un intercambio económico libre y una participación de los ciudadanos, el Estado debe ser el garante de su cumplimiento.

En este sentido se generó una reforma a la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la cual se incluyó como un derecho de los ciudadanos el poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho a solicitar el registro de candidatos ante las autoridades electorales, tanto a partidos políticos, como a la ciudadanía que lo solicite de manera independiente y cumplan con los requisitos. Siendo este un momento histórico, dado que estaban de regreso las candidaturas independientes en nuestro país.2

Este fue un avance de relevancia para vida democrática de nuestro país al reconocer “un derecho fundamental a las candidaturas no partidistas, exigible, justiciable, que constituya un parámetro de validez para evaluar toda actuación estatal”.3

En el caso del Estado mexicano cuenta con un órgano autónomo, Instituto Nacional Electoral, encargado de garantizar la democracia a través de los procesos electorales que definen la vida política de un país, y cuyas actividades de dicho órgano se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, misma que se realizarán con perspectiva de género.

Por ello resaltamos la importancia de aplicar con mayor fuerza el principio de máxima publicidad, el cual es elemental para incentivar la participación ciudadana y socializar la figura de las candidaturas independientes como lo refiere Beatriz Vázquez, siendo el instrumento para ejercer el derecho a ser votado:

“Un candidato independiente es aquel postulante a algún cargo de elección popular y que no pertenece a un partido político. A través de esta figura los ciudadanos pueden ejercer el derecho a ser votado que es un derecho humano considerado inherente, universal e inalienable al ser humano.”4

Estos mecanismos deben prever la misma igualdad de circunstancias para que los ciudadanos que opten por buscar un cargo público a través de una candidatura independiente a efectos de que compitan en condiciones equitativas de facto con los candidatos impulsados por los partidos políticos, lo cual implica:

• Perfeccionar la distribución de los recursos a efecto de que su aplicación permita un aprovechamiento efectivo para todo aquel que desee ejercer su derecho a ser votado y pueda enfrentar a las organizaciones políticas en igualdad de circunstancias, ya que, como se puede evidenciar, en los años de 2015, 2016 y 2018 la distribución del financiamiento público para los candidatos independientes fue menor a 1 por ciento. Para ser más precisos:

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se Aprueba el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, Consejo General del Instituto Nacional Electoral; recuperado el 04 de enero del 2021, disponible en web:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/114440

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se Aprueba el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, que Refleja la Reducción Realizada por la Cámara de Diputados, Consejo General del Instituto Nacional Electoral; recuperado el 04 de enero del 2021, disponible en web: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113237 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se Aprueba el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, que Refleja la Reducción Realizada por la Cámara de Diputados, Consejo General del Instituto Nacional Electoral; recuperado el 04 de enero del 2021, disponible en web:

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101618/
CG2ex201901-23-ap-1.pdf

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se Aprueba el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, que Refleja la Reducción Realizada por la Cámara de Diputados, Consejo General del Instituto Nacional Electoral; recuperado el 04 de enero del 2021, disponible en web: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/94209 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se Aprueba el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, que Refleja la Reducción Realizada por la Cámara de Diputados, Consejo General del Instituto Nacional Electoral; recuperado el 04 de enero del 2021, disponible en web:

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DEA/
DEA-PresupuestoIFE/PresupuestoIFEdocs/2017/ine-cg845-2016-ppt-2017.pdf

Bases Generales del Presupuesto Aprobado 2016 del Instituto Nacional Electoral, Consejo General del Instituto Nacional Electoral; recuperado el 04 de enero del 2021, disponible en web:
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFEv2/DEA/DEA-PresupuestoInformes/
DEA-PresupuestoIFE/PresupuestoIFE-docs/2016/Bases_Generales_PPT_2016.pdf

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal del año 2015 y por el que se establecen las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, las cuales se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, Consejo General del Instituto Nacional Electoral; recuperado el 04 de enero del 2021, disponible en web:
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEA/DEA-PresupuestoInformes/DEA-

PresupuestoIFE/PresupuestoIFE-docs/2015/INE-CG341-2014_ PPT-2015.pdf

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2014 y por el que se establecen las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, las cuales se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, Consejo General del Instituto Nacional Electoral; recuperado el 04 de enero del 2021, disponible en web: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v 2/DEA/DEA-PresupuestoInformes/DEAPresupuestoIFE/PresupuestoIFE-docs/201 4/CG397-2013_medidas-ppt-2014.pdf

Acuerdo del Consejo General por el que se Aprueba el Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal del año 2013, Consejo General del Instituto Nacional Electoral; recuperado el 04 de enero del 2021, disponible en web: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v 2/DEA/DEA-PresupuestoInformes/DEAPresupuestoIFE/PresupuestoIFE-docs/201 3/CG12_2013_ppt_2013.pdf

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2012 y por el que se establecen las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, recuperado el 4 de enero del 2021, disponible en web: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFEv2 /DEA/DEA-PresupuestoInformes/DEA-PresupuestoIFE/PresupuestoIFE-docs/201 2/CG472-2011_ppt_2012.pdf

En las elecciones del 2015 del total del Financiamiento Público para Partidos Políticos, le correspondió a Candidatos Independientes menos del 1 por ciento, es decir, de $5,355,522,828.00 solamente $23,457,275.00, el cual se repartió siguiendo los criterios normativos correspondientes, entre 22 candidatos.

En las elecciones del 2016 del total del Financiamiento Público para Partidos Políticos, le correspondió a Candidatos Independientes, menos del 1 por ciento, es decir, de $4,031,121,885.00 solamente $14,983,151.90.00, el cual se repartió siguiendo los criterios normativos correspondientes, entre 21 candidatos.

En las elecciones del 2018 del total del Financiamiento Público para Partidos Políticos, le correspondió a Candidatos Independientes, menos del 1 por ciento, es decir, de $6,788,900,016.00 solamente $42,963,328.00; y

Financiamiento Público para Candidatos Independientes 2015, 2016 y 2018; Instituto Nacional Electoral; recuperado el 04 de enero del 2021, disponible en web: https://www.ine.mx/actores-politicos/candidatos-independientes/financia miento-publico/

• Aumentar el Presupuesto dirigido al proyecto estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión , ya que, de los diversos proyectos desarrollados por el Instituto Nacional Electoral, como se expone en la siguiente gráfica, es de los menos beneficiados y de los más necesarios para poder generar una cultura de participación ciudadana real y democrática.

En consecuencia de los datos estadísticos, es importante que un órgano garante de la democracia sea capaz de generar una cultura de la participación ciudadana y de la figura las candidaturas independientes e incluyendo el proceso de las mismas, lo cual, abona a la vida democrática de nuestra nación, y para ello se requiere que se destine mayor presupuesto a la participación ciudadana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al doctor Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a efectos de que destine mayores recursos para incentivar la participación ciudadana para los comicios electorales al proceso electoral concurrente 2020-2021 de los aspirantes a candidatos independientes.

Notas

1 Touraine, Alan. ¿Qué es la democracia? Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1994. p. 23.

2 Corona Nakamura, Luis Antonio; Hernández Velazco, Genaro. Las candidaturas independientes en México. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 2, n. 2, p. 117-135, maio/ago. 2015.

DOI: http://dx.doi.org/10.5380/rinc.v2i2.44513.

3 Rodríguez Manzo, Graciela; Cano López, Luis Miguel. El derecho a las candidaturas independientes. Ciudad de México: Porrúa, 2006. p. XVI-XVII.

4 Vázquez Gaspar, Beatriz. Panorama general de las candidaturas independientes. Contorno Centro de Prospectiva y Debate, 2 jul. 2009. Disponible en:

<http://www.contorno.org.mx/pdfs_reporte/julio09/BVG_ Candidaturas_Independientes_Junio_09.pdf>.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a promover la educación menstrual, incluyendo de índole sexual y socioemocional en el plan de estudios del ciclo básico para combatir la discriminación social por distinción de género, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La menstruación es un proceso biológico natural por el que pasan la mayoría de las mujeres que llegan a la pubertad y adultez, esto quiere decir que, aproximadamente, la mitad del mundo experimenta, durante una gran parte de sus vidas, este fenómeno. En México, según el informe de Situación de la Salud Sexual y Reproductiva, publicado por la Conapo en 2016, el 51.2% de la población mexicana son mujeres, del cual el 53.9% está en edad reproductiva.

Indudablemente, el ciclo ovulatorio y el ciclo menstrual forman parte de la cotidianidad de las mujeres. Éstos son importantes indicadores de la salud general de una mujer y también pueden servir como pauta para encontrar patrones emocionales.

Es necesario enfatizar que el ciclo menstrual no es un fenómeno reservado a las ciencias biomédicas, sino que también tiene fuerte presencia en el ámbito emocional y cultural. Es decir, al tener alteraciones hormonales, como el aumento de los niveles de estrógeno y progesterona se genera un impacto en los estados anímicos de las mujeres y niñas. Estos cambios hormonales no se limitan al estado físico y anímico, sino que llega al campo cognitivo, afectando la atención y creatividad dependiendo de la fase del ciclo en que una se encuentre.

Fuente: https://www.macafem.com/es/salud-menstrual/

No obstante, en el mundo, la menstruación es un tema tabú, ya que existe una falta de información integral sobre los días de sangrado del ciclo menstrual, además de que se encuentra envuelta en falsedades, creencias erróneas y estigmas. En diversas regiones las mujeres en su periodo son consideradas impuras, sucias y enfermas, nadie las puede tocar, no se les permite, por ejemplo, ir a la cocina, ingresar a lugares religiosos, y son excluidas a menudo de eventos sociales. Pongamos por caso que, aproximadamente, el 75% de las mujeres que viven en ciudades, compran productos de higiene menstrual envuelto en bolsas obscuras, para que no se les asocie con la menstruación.1

Es por esto que, en México, demasiadas niñas saben poco o nada acerca de la menstruación, y eso tiene graves repercusiones en sus vidas. Como consecuencia, la menstruación se vuelve parte de un fenómeno de reducción de oportunidades, lo que reduce perspectivas de salud, bienestar y educación para millones de niñas y mujeres adolescentes en todo el mundo.

Esto genera que mujeres y niñas empleen productos insalubres (como trapos viejos, hojas secas, hierba, cenizas, arena o periódicos) que pueden causar infecciones del tracto urinario, problemas de salud reproductiva y hasta infertilidad. La mala higiene menstrual es una de las principales razones de morbilidad femenina por la alta prevalencia de infecciones del tracto reproductivo.

Y es que a pesar de que las niñas tienen derecho al ejercicio completo y al disfrute igual del derecho a la educación, hay dos veces más niñas que niños que probablemente nunca asistan a la escuela. Hay muchos factores que mantienen a las niñas fuera de la escuela, como la pobreza, los entornos escolares desfavorables, la discriminación y los factores culturales, el matrimonio precoz y la violencia relacionada con la escuela.2

Uno de los principales factores es la menstruación ya que impide que una de cada diez niñas y adolescentes asista regularmente a la escuela, debido al dolor físico o la incomodidad, la falta de productos menstruales, agua, saneamiento e higiene, con lo cual se amplía permanentemente la brecha educativa de género, lo que posteriormente se traduce inevitablemente en menores ingresos para las mujeres. Baste como muestra que, en el país, las mujeres de menores ingresos ganan hasta 30 por ciento menos que los hombres por realizar las mismas tareas.3

Es necesario señalar que la educación es clave para el desarrollo y bienestar de todas las personas, por lo que tener esta información será de gran ayuda para las niñas mexicanas. Una educación menstrual integral y comprensiva fomenta el empoderamiento de los adolescentes. Siendo las mujeres una población históricamente oprimida y negada de privilegios, el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres mexicanas resulta fundamental para encaminar a la población de nuestro país hacia la equidad.

Hay diversas razones por las cuales resulta importante y urgente incluir información amplia sobre este tema en el plan educativo de nivel básico para la población mexicana.

En primer lugar, la educación de los estudiantes, tanto varones como mujeres, acerca de la menstruación, es fundamental para dotar a las niñas y mujeres de los medios necesarios para superar la pubertad conservando la salud y la confianza. Asimismo, para ayudarles a gestionar, a las mujeres, el período de forma higiénica, con confianza y dignidad. Para tomar decisiones fundadas sobre cómo gestionar su menstruación, las niñas deben al menos comprender básicamente los procesos físicos que acompañan a la regla, así como conocer los pros y los contras de los distintos productos de higiene menstrual que le ofrece el mercado.4

Luego, asegurar que las niñas reciban la educación que merecen abre las puertas a multitud de beneficios sociales y económicos para toda la vida, que no sólo las favorecen a ellas sino también a las sociedades y a los países en general. Tendrán mejores sueldos, contraerán matrimonio más tarde y tendrán menos hijos, que gozarán de una mejor salud y recibirán una mejor educación.5

Sobre esa idea, para el Banco Mundial, dar a las niñas acceso a la educación es una parte central de la erradicación de la pobreza. Las mujeres mejor educadas tienden a ser más saludables, participar más en el mercado laboral formal, obtener mayores ingresos, tener menos hijos, casarse a una edad posterior y permitir una mejor atención médica y educación para sus hijos, si eligen convertirse en madres. Todos estos factores combinados pueden ayudar a sacar a los hogares, las comunidades y las naciones de la pobreza. Por otra parte, la falta de educación pone a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de trata, explotación, matrimonio infantil y otras prácticas nocivas.6

Además, para el Banco Mundial, los rendimientos de garantizar el acceso a la educación de las niñas, en países de desarrollo medio como México, son crecientes. Por cada año extra de educación primaria que recibe una niña por encima del promedio nacional, su ingreso futuro se incrementa hasta en 20 por ciento. Es como si los más de 27 millones de mujeres que actualmente viven por debajo de la línea de la pobreza en México tuvieran una oportunidad de mejorar su calidad de vida y la de sus hogares.7

Simultáneamente, el beneficio de la educación no sólo es para las estudiantes, sino para la sociedad en su conjunto. Incrementar en 1% el número de mujeres que completan la secundaria puede significar un aumento de hasta 0.3% en el ingreso per cápita del país. Es decir, la educación secundaria de un pequeño grupo incrementa la riqueza nacional.8

Es importante destacar que la educación menstrual brinda una oportunidad para educar a las adolescentes sobre los cambios que ocurren en su cuerpo, el sistema reproductivo, la fertilidad, la anticoncepción, el consentimiento y el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y VIH/Sida.9

Por lo tanto, es indispensable, para esta población, tener información clara y accesible sobre la menstruación desde edades tempranas. Sin embargo, esta educación debe de ser complementada con educación socioemocional y sexual.

Por un lado, la educación socioemocional tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás; que comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales, que logren que su vida emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación y aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y constructivistas de ahí la necesidad de enfatizar su reciente incorporación y enseñanza en la currícula de la educación básica.

Del mismo modo, es cada vez más necesario que nuestros profesionales tengan mayores conocimientos socioemocionales. Para empezar, deben familiarizarse con el desarrollo psicosocial propio del periodo adolescente. Es realmente importante entregar especialmente a las personas jóvenes conocimientos y habilidades que les permitan decidir y elegir elecciones responsables en sus vidas.

Para que los estudiantes puedan tener un momento de preguntarse cómo se encuentran mentalmente, abarcar las preguntas de ¿quién soy?, ¿dónde me encuentro?, ¿qué siento?, ¿qué sucesos considero importantes que han ocurrido en mi vida?, ¿qué me hicieron sentir?, ¿las actitudes de los demás influyen en cómo me siento?, etc.

Por otro lado, cuando hablamos de educación sexual nos referimos al conjunto de saberes y prácticas en relación con la enseñanza, la divulgación y difusión en torno a la sexualidad humana en cada una de sus etapas de desarrollo, la planificación familiar, el aparato reproductor masculino y femenino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la reproducción, uso de anticonceptivos, etc. para así lograr la salud sexual y reproductiva.

Mas no se trata tan sólo de lo ya mencionado, la educación sexual implica ir más allá de un abordaje de información, tiene que asumirse desde la perspectiva de la atención a la diversidad, del conocer, respetar y valorar las diferencias individuales y culturales de los alumnos y evitar cualquier tipo de discriminación. Así como el análisis del contenido de la educación en derechos sexuales y reproductivos.

Igualmente, la creación de un entorno seguro y propicio supone abordar las actitudes y actividades tanto del entorno inmediato de los adolescentes y niños y niñas, incluyendo familia, servicios y escuela, como del entorno más amplio formado por, entre otros elementos, la comunidad, los dirigentes religiosos, los medios de comunicación y las políticas y leyes nacionales y/o locales.

Asimismo, la educación integral en sexualidad empodera a los jóvenes al mejorar sus capacidades de análisis, de comunicación y otras capacidades útiles para la vida con miras a garantizar la salud y el bienestar en términos de sexualidad, derechos humanos, valores, relaciones sanas y respetuosas, normas culturales y sociales, igualdad de sexos, no discriminación, conducta sexual, violencia y violencia de género, consentimiento, abuso sexual y prácticas negativas.

Por lo que una educación en sexualidad afectiva debe incluir oportunidades que les permitan explorar sus valores y actitudes poniendo en práctica competencias esenciales para la toma de decisiones para elegir con fundamento la forma que desea conducir su vida sexual.

Por estas razones, es fundamental coadyuvar a que maestras y maestros, padres de familia, personal de salud y otras personas responsables de proporcionar información relacionada con la sexualidad a niñas, niños y adolescentes, cuenten con todos los conocimientos sobre educación socioemocional, educación sexual y sobre educación menstrual incluyendo la higiene menstrual y los elementos necesarios de infraestructura y servicios.

Dicho esto, para garantizar que todas las niñas y mujeres puedan reclamar su derecho a la educación, el proceso de la enseñanza y aprendizaje debe de ser integral basado en planes de estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad con el propósito dotar a los niños y jóvenes con conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos.

En conclusión, la educación universal, gratuita y de calidad es un derecho “clave” para ayudar a alcanzar y conocer otros derechos, y es uno de los principales medios para empoderar a las niñas y niños. La permanencia de las niñas en la escuela se asocia con factores como: reducción de la mortalidad materna, reducción de tasas de embarazo adolescente y aumento de las tasas de vacunación, una disminución de las tasas de infección por VIH y en general mejores índices de desarrollo. Es decir, la educación es el camino para incrementar el ingreso de los hogares, la productividad de las personas y la calidad de vida de las familias cuando las niñas y niños en edad escolar se conviertan en adultos.

Los beneficios de la educación sexual, socioemocional y sobretodo menstrual son diversos: menos ausentismo por parte de las niñas, mayores y mejores habilidades para detectar y detener temas como discriminación o abuso, aumento de participación y mejor aprovechamiento de sus clases. Al saber cómo funcionan sus cuerpos y cómo cuidarse, tienen menos riesgo de sufrir infecciones prevenibles causadas por una pobre higiene menstrual. Además, con educación menstrual, los niños, adolescentes y hombres en general, pueden ayudar al objetivo principal, tener conocimientos científicos y claros, ayuda a generar empatía por estos cambios y a eliminar prejuicios dañinos, vergüenza o las burlas que suceden en torno a la menstruación, favoreciendo a que existan relaciones más efectivas entre hombres y mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a promover la educación menstrual, incluyendo educación sexual y socioemocional en su plan de estudios del ciclo básico con el objetivo de combatir la discriminación social por distinción de género.

Notas

1. Inmujeres: “Presentación de los manuales sobre salud e higiene menstrual, elaborados por UNICEF” [En Línea] [Fecha de Consulta 10 de diciembre de 2020] Disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/presentacion-de-los-manuales-sob re-salud-e-higiene-menstrual-elaborados-por-unicef?idiom=es

2. “¿Cuánto puede afectar la menstruación a la educación de las niñas?” [En Línea] [Fecha de Consulta 09 de diciembre de 2020] Disponible en: https://apolitical.co/es/solution_article/cuanto-puede-afectar-la-menst ruacion-a-la-educacion-de-las-ninas

3. El Universal “Pobreza menstrual: brechas más amplias y menor desarrollo” [En Línea] [Fecha de Consulta 10 de diciembre de 2020] Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sofia-ramirez/pobreza-menstrual- brechas-mas-amplias-y-menor-desarrollo

4. El País “¡La educación es la regla!” [En Línea] [Fecha de Consulta 11 de diciembre de 2020] Disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/05/25/planeta_futuro/1495728195_300168.h tml

5. Ibídem

6. “¿Cuánto puede afectar la menstruación a la educación de las niñas?” [En Línea] [Fecha de Consulta 09 de diciembre de 2020] Disponible en: https://apolitical.co/es/solution_article/cuanto-puede-afectar-la-menst ruacion-a-la-educacion-de-las-ninas

7. El Universal “Pobreza menstrual: brechas más amplias y menor desarrollo” [En Línea] [Fecha de Consulta 10 de diciembre de 2020] Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sofia-ramirez/pobreza-menstrual- brechas-mas-amplias-y-menor-desarrollo

8. Ibídem

9. “¿Cuánto puede afectar la menstruación a la educación de las niñas?” [En Línea] [Fecha de Consulta 09 de diciembre de 2020] Disponible en: https://apolitical.co/es/solution_article/cuanto-puede-afectar-la-menst ruacion-a-la-educacion-de-las-ninas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2021.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Durango a reparar el daño moral causado al gremio médico en la persona de Azucena Calvillo Carrillo, víctima de abuso de autoridad y violación de derechos humanos y al debido proceso por la Fiscalía local, así como a garantizar la seguridad jurídica e integridad de ella y todos los médicos del estado, suscrita por la diputada Martha Olivia García Vidaña, del Grupo Parlamentario de Morena

Motivación

Martha Olivia García Vidaña, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 del Reglamento interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ; someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al ejecutivo del estado de Durango para que garantice la seguridad jurídica e integridad de la doctora Azucena Calvillo Carrillo, así como, de todos los médicos del estado, que se salvaguarden los Derechos Humanos y laborales de todos los trabajadores del sector salud y, se promuevan acciones de concientización a la población con el objetivo de evitar la discriminación, el maltrato y la violencia hacia el personal médico, al tenor de las siguientes consideraciones.

Consideraciones

Durante la pandemia, varios médicos y enfermeras del estado de Durango han sufrido violencia por parte de personas que con ignorancia e ingratitud les culpan de manera irresponsable de propagar el Covid 19, sin entender la ardua labor que los trabajadores del sector salud han realizado durante meses, para salvaguardar a todos los duranguenses, arriesgando su vida y las de sus familiares, convirtiéndose en verdaderos héroes que deberían de tener el reconocimiento y las garantías necesarias para el cumplimento de sus actividades dentro y fuera de los hospitales e instalaciones médicas.

El más reciente caso de violencia en contra de personal de salud en el estado de Durango, no fue provocado por la sociedad civil, ni por la ignorancia, muy lamentablemente fue una institución del Estado; la encargada de procurar justicia y garantizar procesos con apego a la Constitución fue la responsable, contrario a la lógica jurídica, la Fiscalía del Estado violento derechos humanos y vulnero el debido proceso en la detención de la doctora Azucena Calvillo Carillo, con este acto, agravió a todos los habitantes de Durango, que estamos agradecidos y reconocemos que los médicos y enfermeras son actores determinantes para salir de esta difícil situación mundial que nos aqueja.

En días pasados, la doctora Azucena Calvillo Carillo al terminar su larga jornada laboral salió de su centro de trabajo y fue aprehendida por agentes de la Fiscalía General del Estado, los cuales la privaron de su libertad, fue acusada de tentativa de homicidio calificado, sin pruebas que demostraran su probable responsabilidad, la médico fue aprehendida hasta el día siguiente, incomunicada, sin defensoría legal, ni familiares que le asistiera, violando sus Derechos Humanos consagrados en nuestra Carta Magna.

La opinión pública sin ser especialista del derecho encontró contradicciones y fabricación de pruebas, así como, una serie de violación a los Derechos Humanos en contra de la doctora Calvillo, era muy notorio como la Fiscalía del estado dejo de lado la presunción de inocencia y violentó el debido proceso, el descontento social se trasladó a las calles, con manifestaciones legítimas, a pesar del riesgo de contagio la causa era justa, estaba en juego la dignidad y el respeto a los derechos de los trabajadores del sector salud, así como el estado de derecho en nuestra entidad.

Gracias a la movilización social la doctora Calvillo fue liberada el martes 8 de diciembre, el viernes 11 del mismo mes, el gobernador constitucional del estado, el doctor José Rosas Aispuro Torres, solicitó a la Fiscalía del Estado que valorará el retiro de la formulación imputada contra la doctora Calvillo y, de esta manera se cerrara el expediente, los duranguenses no olvidáramos los agravios y el daño moral contra todo el gremio médico. Muy a pesar de que se retiren los cargos, el daño y la violencia marcarán la historia como uno de los más grandes daños morales contra los mayores héroes que tenemos en esta pandemia.

Es por eso, que hoy desde la máxima tribuna donde emanan las leyes del país, es necesario levantar la voz para exigir el esclarecimiento y castigo a los responsables, así como la reparación del daño moral causado a los médicos de todo país; por justicia y apego al derecho es necesario una respuesta inmediata del ejecutivo del estado de Durango, así como acciones legales contra quienes resulten responsables.

Es necesario que el Gobierno del estado de Durango implemente acciones de concientización a la población con el firme compromiso de evitar la violencia al personal médico y de la salud, así como garantizar sus Derechos Humanos y laborales, salvaguardar sus actividades cotidianas y profesionales, que no vuelva a suceder un caso como el de la doctora Calvillo, no basta con cerrar expedientes, no basta con pedir disculpas, no basta con reconocimientos mediáticos, ni con monumentos, se requiere de decisiones, acciones, trasparencia y justicia.

Como legisladores estamos comprometidos con la legalidad y la trasparencia, reconocemos al gremio médico y a todo el personal de salud, por lo cual, el mejor homenaje que podemos hacer es garantizar sus derechos y luchar con ellos ante cualquier injusticia, desde la Cámara de Diputados promoveremos el respeto a los derechos del personal de salud de todo el país, todos debemos ser conscientes de la importante lucha y solidaridad con que nos han ayudado a enfrentar el infortunio provocado por el Covid 19, son tiempos de unidad, de construir una sociedad más justa, para enfrentar el porvenir.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del ejecutivo del estado de Durango para que garantice la reparación del daño moral causado al gremio médico en la persona de la doctora Azucena Calvillo Carrillo, víctima de abuso de autoridad, así como violación a sus derechos humanos y al debido proceso por parte de la Fiscalía del Estado; que se garantice la seguridad jurídica e integridad de la doctora Calvillo y de todos los médicos del estado, que se salvaguarden los derechos humanos y laborales de todos los trabajadores del sector salud para que no vuelva a suceder un caso como el que vivió la doctora Calvillo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del ejecutivo del estado de Durango para que promueva entre la población y sus Secretarias de Gobierno, acciones de concientización para evitar la discriminación, el maltrato y la violencia hacia el personal médico; héroes que han expuesto su vida y la de sus familias en la lucha invaluable contra el covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2021.

Diputada Martha Olivia García Vidaña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y la Sener a realizar acciones encaminadas a que Punta Xen, en Champotón, Campeche, cuente con electricidad, suscrita por el diputado Carlos Enrique Martínez Aké, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Enrique Martínez Aké, en mi carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía a realizar las acciones necesarias para que la comunidad de Punta Xen, en el municipio de Champotón en el Estado Libre y Soberano de Campeche, cuente de manera inmediata, con acceso a energía eléctrica, con base en las siguientes

Consideraciones

La comunidad de Punta Xen, localizada en el municipio de Champotón en el Estado de Campeche, ha vivido desde hace 30 años sin cableado eléctrico que les permita tener servicios de energía eléctrica estable, siendo que, en la actualidad, han tenido que “ingeniárselas” a través de una planta de diésel provisional que sólo opera unas cuantas horas al día, con las cuál tienen que realizar sus actividades diarias de forma muy limitada.

La energía eléctrica actualmente es indispensable para tener una buena calidad de vida, considerando que, a través de ella, se genera la energía térmica y mecánica, presente en innumerables actividades económicas que le permiten al individuo desarrollarse en sociedad, su falta, es simplemente inconcebible ya que en los tiempos actuales limita el estilo de vida y conduce a una problemática en dimensiones tan importantes como la salud y la alimentación.1

Es por ello que resulta difícil de concebir que, en mi Estado, Campeche, considerando que es un Estado qué en promedio, recibe a 1.3 millones de turistas al año, que el “cableado eléctrico” no sea un hecho generalizado para toda la población, teniendo en cuenta que es catalogado como un servicio público básico, del cuál el Estado está obligado a brindarlo a sus pobladores, generando proyectos de infraestructura y políticas públicas que permitan llevar luz eléctrica a todos los rincones del país.

Es preciso mencionar que nuestra legislación actual no es precisa en cuanto al reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica, este derecho no es mencionado como tal en la Constitución ni en las leyes secundarias, no obstante, El Poder Judicial Federal, a través de los Tribunales Colegiados de Circuito, ya se ha pronunciado respecto al reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica, prueba de ello, se encuentra en la Tesis Constitucional Aislada I.3o.C.100 K (10a.) de rubro:

“Acceso a la energía eléctrica. debe reconocerse como derecho humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, sociales y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los servicios de protección de la salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digna y decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización de las telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.” 2

Con la nula respuesta de las autoridades locales y el constante hartazgo de la población, quienes a través de medios pacíficos solicitaron al entonces Gobernador del Estado Libre y Soberano de Campeche, el C. Alejandro Moreno Cárdenas, ahora dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, que se generaran las condiciones de infraestructura para atender las demandas de energía eléctrica como servicio público básico en la región, y quien hizo caso omiso a la petición, que a la fecha, con el actual Gobernador, el C. Carlos Miguel Aysa González, sigue estando pendiente de resolución.

El 1ro de febrero de 2020, la C. Katea Meave Ferniza, delegada de programas federales en Campeche, se reunió con los afectados,3 quienes realizaban una manifestación pacífica a efecto de generar focos que les permitieran ser vistos y escuchados por las autoridades. La delegada, comentó que:

“El compromiso es que este año se pudiera atender la solicitud que ustedes presentaron y en eso estamos, por eso me acerco porqué a final de cuentas nosotros teníamos registrado el tema de ustedes, como que había el compromiso de que este año se va a atender esta demanda del año pasado...”

Al no haber recibido seguimiento por parte de las autoridades, los habitantes afectados de Punta Xen, en el municipio de Champotón en Campeche, el 11 de marzo de 2020, en señal de protesta, por la nula actuación de las autoridades y sus representantes, bloquearon la carretera federal 180,4 esperando que a través de ello las autoridades locales y federales, por fin hicieran caso, y atendieran sus necesidades, totalmente fundadas en derecho.

De conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, establece el “objeto” de la CFE:

“Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano.”

En este orden de ideas, la CFE, actúa por “cuenta y orden del Estado Mexicano”, y su denominación jurídica es el de una “empresa productiva del Estado Mexicano”, por ello, la Comisión Federal de Electricidad, quien es la encargada de brindar el servicio de energía eléctrica a todos los mexicanos, en concordancia con la Secretaría de Energía, quien de conformidad en lo establecido por las fracciones XII y XIII del artículo 11 de la Ley de la Industria Eléctrica, tiene facultades para atender la problemática:

“Artículo 11.- La Secretaría está facultada para:

I. a XI. ...

XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente artículo;

XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir con la política energética nacional;

XIV. a XLIII. ...”

Son esos entes de la administración pública, quienes tienen la competencia para resolver sobre la gran problemática de falta de energía eléctrica en la comunidad de Punta Xen, del municipio de Champotón en el estado de Campeche que, a pesar de haber recibido innumerables oficios y peticiones que los habitantes le han hecho llegar a la “CFE” para que generen proyectos de “tendido eléctrico” en la región, para garantizar el derecho humano a la energía eléctrica de estos habitantes, no han hecho ningún pronunciamiento al respecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a la Comisión Federal de Electricidad a realizar los estudios técnicos y operativos en la región de Punta Xen, en el Municipio de Champotón en el Estado de Campeche, a efecto de generar acciones inmediatas que permitan a esa comunidad contar con la infraestructura necesaria para que tengan energía eléctrica suficiente, y en caso de haber comenzado con algún proyecto similar en la región, se entere a esta soberanía de ello.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a la Secretaría de Energía para que, en su competencia, genere en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad acciones que permitan a la comunidad de Punta Xen, en el municipio de Champotón en el estado de Campeche, contar con energía eléctrica suficiente, generando los estudios e infraestructura necesarios para garantizar el acceso a energía eléctrica de manera inmediata, y en caso de haber comenzado con algún proyecto similar en la región, se entere a esta soberanía de ello.

Notas

1 Milenio. El uso de la energía eléctrica es un derecho humano. Publicado el 26 de julio de 2016. Recuperado el 11 de diciembre de 2020 de: https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/expresiones-udlap/el-uso -de-la-energia-electrica-es-un-derecho-humano

2 Semanario Judicial de la Federación. Tesis Aislada Constitucional I.3o.C.100 K (10a.). Acceso a la energía eléctrica. debe reconocerse como derecho humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales. Consultada de: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018528

3 Contacto Campeche. Punta Xen sin energía eléctrica. Vídeo publicado el 1 de febrero de 2020 y recuperado el 11 de diciembre de 2020 de: https://www.facebook.com/watch/?v=634053060677120

4 La Jornada Maya. Vecinos de Punta Xen bloquean carretera 180; exigen energía eléctrica. Publicado el 11 de marzo de 2020, y recuperado de: https://www.lajornadamaya.mx/campeche/7169/Vecinos-de-Punta-Xen-bloquea n-carretera-180—exigen-energia-electrica

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2021.

Diputado Carlos Enrique Martínez Aké (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y la Sener a garantizar a los habitantes de la península de Atasta un servicio público de energía eléctrica de calidad y determinar la procedencia de la reparación del daño por el detrimento del patrimonio material de los afectados a causa de las fallas en el suministro, suscrita por el diputado Carlos Enrique Martínez Aké, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Enrique Martínez Aké, en mi carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía para que se realicen las acciones de mantenimiento, o renovación de las estaciones eléctricas, cableado y demás infraestructura indispensable para garantizar que los habitantes de la Península de Atasta, Campechito, Nuevo Progreso, Emiliano Zapata, San Antonio Cárdenas, Puerto Rico, Punta Xicalango y Punta Zacatal en el estado libre y soberano de Campeche, cuenten con un servicio público de energía eléctrica de calidad y determinen la procedencia de la reparación del daño por el detrimento del patrimonio material de los habitantes de esas comunidades a causa de las fallas en el servicio de suministro de energía eléctrica., con base en las siguientes

Consideraciones

La Península de Atasta pertenece al municipio del Carmen en Campeche, colinda con la Isla del Carmen, y es recorrida de oeste a este por la carretera federal 180, la cual recorre los poblados de Campechito, Nuevo Progreso, Emiliano Zapata, San Antonio Cárdenas, Puerto Rico, Punta Xicalango y Punta Zacatal, todas estas comunidades hoy en día comparten algo más que sólo pertenecer a la demarcación territorial del Estado Libre y Soberano de Campeche, todas estas comunidades tienen constantes fallos en el servicio de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, situación que no es nueva, pues llevan décadas sufriendo el mismo problema.

Desde hace ya unos años, los habitantes de esas comunidades comunicaron a sus presidentes municipales y a los delegados en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, que la infraestructura rustica mediante la cual la CFE brinda el servicio de energía eléctrica, tiene constantes fallos, que derivan en apagones repentinos y por ende, los aparatos electrodomésticos y demás que requieren el uso de energía eléctrica, se han deteriorado, y en muchos casos, según denuncian pobladores, se han estropeado por completo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo quinto del artículo 25, establece que el control exclusivo del sistema eléctrico nacional estará a cargo del Estado, el cual a la letra cito:

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

...

...

...

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.”

En este sentido, pensemos que cuando un prestador de servicios, no cumple brindando calidad en el mismo, se encuentra obligado a vigilar que su infraestructura no afecte el patrimonio material de sus prestatarios, siendo que en caso de que su servicio lesione (y esto sea comprobable e imputable al prestador de servicios) debería de acuerdo a la ley aplicable, resarcir los daños ocasionados, no obstante, para los habitantes de la Península de Atasta, la CFE es la responsable de que sus aparatos electrodomésticos hayan perecido a causa de los fallos eléctricos ocasionados por el descuido en la infraestructura y en las estaciones eléctricas que brindan el suministro de energía de forma “irregular”.

¿Quién pagará los daños patrimoniales que los pobladores han sufrido a causa de un mal servicio de energía eléctrica, con infraestructura de hace más de un decalustro? Es la pregunta que día con día se hacen los pobladores, quienes, en señal de hartazgo, por la omisión de las autoridades locales y los delegados de la Comisión Federal de Electricidad, han acudido en diversas ocasiones a solicitar de manera pacífica que “la empresa productiva del Estado” a cargo de brindar servicios de energía eléctrica, realice su trabajo, y genere las condiciones idóneas para brindar un servicio de calidad, ya que no es un servicio gratuito ni mucho menos.

Los habitantes de la península de Atasta, acudieron el 5 de noviembre de 2020 a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad del Carmen, para que nuevamente, su petición de instalación de una “sub estación eléctrica”1 que permita generar mejores condiciones en el servicio por parte de la CFE, fuera una realidad.

El 24 de noviembre de 2020, representantes de las seis comunidades de la península de Atasta le plantearon al superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad del Carmen, Erick Martínez Güemes que:

“.. les condonen el adeudo por la pérdida de diversos artículos electrodomésticos que les ha ocasionado bajones de energía desde hace varios años, además la construcción de una subestación, el cambio de transformadores y mantenimiento a la red eléctrica...”

Días después, el 27 de noviembre de 2020, marcharon diversos representantes de las comunidades afectadas, desde el parque “Ultimo Paseo” hacía la oficina de la CFE para exponer sus inconformidades, toda vez, que no habían recibido una respuesta que solucionara la problemática en la que se hallaban inmersos.2

El suministro y servicio de energía eléctrica en el Estado de Campeche, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ha tenido muchos problemas, no sólo en la península de Atasta, recordemos también que en el poblado de Punta Xen, en el Municipio de Champotón, donde ni siquiera se cuenta en pleno 2020, con la infraestructura necesaria para dotar de energía eléctrica a esa población, siendo que ven mermados sus derecho de acceso a energía eléctrica por parte del Estado, por ello, es menester citar la Tesis Constitucional Aislada I.3o.C.100 K (10a.) emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes al Poder Judicial Federal, en la cual mencionan el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, la cual cito a continuación:

“Acceso a la energía eléctrica. Debe reconocerse como derecho humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, sociales y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los servicios de protección de la salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digna y decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización de las telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.” 3

En lo concerniente a las leyes que regulan el servicio de suministro de energía eléctrica hacía los mexicanos, tenemos que la Ley de la Comisión Federal de Electricidad es clara, respecto al alcance del objetivo y fines que persigue, siendo que es la única que brinda el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por cuenta y orden del Estado Mexicano, no obstante no actúa por sí misma, sino que se encuentra en coordinación con otros entes de la Administración Pública, tal como lo es, la Secretaría de Energía.

La Secretaría de Energía, está facultada, según lo establecido por la Ley de la Industria Eléctrica, donde se menciona por las fracciones XII y XIII del artículo 11, que la Secretaría de Energía, cuenta, claramente con las facultades para instalar una estación, o subestación eléctrica, de acuerdo a las necesidades de la población, de igual forma, está facultada para preparar y ejecutar proyectos de infraestructura en materia energética, tratándose de que se deba renovar la infraestructura que atraviesa las comunidades de la Península Atasta:

“Artículo 11.- La Secretaría está facultada para:

I. a XI. ...

XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente artículo;

XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir con la política energética nacional;

XIV. a XLIII. ...” 4

En aras de arreglar el problema que ha ocasionado el mal servicio brindado por la Comisión Federal de Electricidad en la Península de Atasta, por ello la CFE debe dar mantenimiento y en su caso renovar o implementar una nueva Red Eléctrica que garantice el suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad a los pobladores, entendiendo, de acuerdo a lo establecido por la fracción XXXIII del artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica:

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XXXII. ...

XXXIII. Red Eléctrica: Sistema integrado por líneas, subestaciones y equipos de transformación, compensación, protección, conmutación, medición, monitoreo, comunicación y operación, entre otros, que permiten la transmisión y distribución de energía eléctrica;”

Es inconcebible que un servicio público básico como lo es el suministro de electricidad, tenga problemas y fallos tan graves, siendo que la tendencia del mundo tras la globalización, y la entrada en vigor de las nuevas tecnologías exige más que nunca, que los individuos contemos con acceso a energía eléctrica a fin de disfrutar de aparatos y medios que mejoran notablemente el estilo de vida de las personas, siendo no un lujo, sino una necesidad básica, tal como lo es utilizar una licuadora, una lavadora, e incluso poder contar con un suministro estable de energía eléctrica para poder cargar la batería de nuestros celulares inteligentes o “smartphones”, tan importantes hacía una era donde todos estamos conectados y donde la energía eléctrica que pueden convertirse en energía térmica o mecánica, sea tan importante como el agua misma.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a la Comisión Federal de Electricidad a realizar las acciones de mantenimiento, o renovación de las estaciones eléctricas, cableado y demás infraestructura indispensable para garantizar que los habitantes de la Península de Atasta, Campechito, Nuevo Progreso, Emiliano Zapata, San Antonio Cárdenas, Puerto Rico, Punta Xicalango y Punta Zacatal, del Estado Libre y Soberano de Campeche, cuenten con un servicio público de energía eléctrica de calidad y determinen la procedencia de la reparación del daño por el detrimento del patrimonio material de los habitantes de esas comunidades a causa de las fallas en el servicio de suministro de energía eléctrica.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a la Secretaría de Energía, para que en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, generen acciones que den mantenimiento, o renovación de las estaciones eléctricas, cableado y demás infraestructura indispensable para garantizar que los habitantes de la Península de Atasta, Campechito, Nuevo Progreso, Emiliano Zapata, San Antonio Cárdenas, Puerto Rico, Punta Xicalango y Punta Zacatal, del Estado Libre y Soberano de Campeche cuenten con un servicio público de energía eléctrica de calidad y se determine la procedencia de la reparación del daño por el detrimento en el patrimonio material de los habitantes de esas comunidades a causa de las fallas en el servicio de suministro de energía eléctrica.

Notas

1 Por Esto! Habitantes de la península de Atasta exigen a la CFE instalar una subestación. Publicado el 5 de noviembre de 2020. Recuperado el 11 de diciembre de 2020 de: https://www.poresto.net/campeche/2020/11/5/habitantes-de-la-peninsula-d e-atasta-exigen-la-cfe-instalar-unasubestacion-220500.html

2 PorEsto! Marchan Atastecos hacia oficinas de la CFE en Ciudad del Carmen. Publicado el 27 de noviembre de 2020. Recuperado el 11 de diciembre de 2020 de: https://www.poresto.net/campeche/2020/11/27/marchan-atastecos-hacia-ofi cinas-de-la-cfe-en-ciudad-del-carmen-224912.html

3 Semanario Judicial de la Federación. Tesis Aislada Constitucional I.3o.C.100 K (10a.). Acceso a la energía eléctrica. debe reconocerse como derecho humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales. Consultada de: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018528

4 Leyes Federales. Ley de la Industria Eléctrica, última reforma publicada en el D.O.F. el 06 de noviembre de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2021.

Diputado Carlos Enrique Martínez Aké (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Universidad del Golfo de México Norte a impartir a todos sus académicos un curso urgente sobre la erradicación de la discriminación contra las mujeres, suscrita por la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la rectora de la Universidad del Golfo de México Norte, a impartir un curso de manera urgente a todas las y los docentes de su universidad sobre el tema de la erradicación de la discriminación hacia las mujeres; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como en la mayoría de los países, en México existe la discriminación. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México1 establece que nueve de cada diez mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas, opinan que padecen discriminación por su condición.

La discriminación se define como la situación en la que una o varias personas son agredidas por una razón específica. Hay así, varios tipos de discriminación: por edad, orientación sexual, apariencia física, género, etcétera.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1, párrafo 5, lo siguiente:

“Artículo 1...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

La fracción III del artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a la ley establece:

“Artículo 1...

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;”

Como podemos apreciar, la Carta Magna y las leyes secundarias de nuestro país manifiestan claramente la prohibición de la discriminación hacia cualquier mexicana o mexicano. Quien lo haga, está violando flagrantemente la ley.

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente.

Todas las personas pueden ser objeto de discriminación; sin embargo, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia social o personal, son quienes la padecen en mayor medida.

La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, a través de la formación de estereotipos y prejuicios. Un estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada, con base en la que se atribuyen características determinadas a cierto grupo o tipo de personas, que lleva a considerar a todos sus integrantes o a todas ellas como portadoras del mismo tipo de características, sin que dicha atribución obedezca a un análisis objetivo y concreto de las características específicas de la persona de que se trate.

En términos generales, un estereotipo se forma al atribuir características generales a todos los integrantes de un grupo, con lo que no se concibe a las personas en función de sus propias características, sino de ideas generales, a veces exageradas y frecuentemente falsas, que giran en torno a la creencia de que todos los miembros del grupo son de una forma determinada.

Un prejuicio se forma al juzgar a una persona con antelación, es decir, prejuzgarla, emitir una opinión o juicio (generalmente desfavorable) sobre una persona a la que no se conoce, a partir de cualquier característica o motivo superficial.

Los prejuicios son una forma de juzgar lo distinto a nosotros sin conocerlo, considerando lo diferente como malo, erróneo, inaceptable o inadecuado. En muchas ocasiones la discriminación obedece a patrones socioculturales tradicionalmente aprendidos y repetidos, en cuya transmisión y perpetuación el medio familiar y el entorno social desempeñan un papel muy importante, ya que a partir de dichas interacciones las personas comienzan a establecer criterios de selección en distintos ámbitos.

Es común que en la niñez y la juventud se aprenda y repita las prácticas igualitarias o discriminatorias que observa en su entorno familiar. A partir de los estereotipos y los prejuicios, resultado de la incomprensión, el temor, el rechazo y la falta de respeto a las diferencias, se genera la intolerancia.

Se suele rechazar, juzgar, evitar, excluir, negar, desconocer o, incluso, eliminar y suprimir con base en estos motivos. La intolerancia imposibilita la convivencia en armonía entre los distintos grupos y personas, y lo que debemos buscar en función de la igualdad y la paz social es precisamente la convivencia armónica de todas las diferencias; es decir, la tolerancia.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) refiere que “la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido”. La discriminación es asociada a situaciones de marginación, apartamiento, diferencia, exclusión, distinción, preferencia y segregación.

Es importante reflexionar y actuar sobre los efectos de la discriminación en la vida de las personas, pues éstos son altamente negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo que influye a que las personas vivan en aislamiento, violencia, y en casos extremos, pierdan la vida.

Desde el punto de vista jurídico, la discriminación ocurre cuando se exhibe distinción como respuesta a alguna característica de la persona discriminada, generando como consecuencia la anulación o impedimento en el ejercicio de algún derecho.

En el ámbito de la psicología social, estigmatizar significa atribuir a alguien una característica que le devalúa o le degrada. Le subyace un proceso cognitivo aprendido, a partir de la propia experiencia y la información que transmite el contexto, mediante el que se construyen juicios elementales (o prejuicios) acerca de los otros. En tanto que discriminar denota la dimensión conductual de la estigmatización, y supone dar un trato diferencial a alguien por el hecho de asumir que posee (atribuirle al otro) alguna característica que le ubica en una cierta “categoría de persona”.

En la taxonomía de estigmas destacan dos tipos: los referentes a deficiencias o discapacidades físicas y los relativos a defectos de carácter; sin embargo, en función de la causalidad atribuida, no activan la misma respuesta social.

Los estigmas de origen físico generan mayor empatía, tolerancia o piedad, una vez que se les percibe como fuera del control de la persona; pero a los segundos se les atribuye un origen psicológico y, por ende, bajo factible control de la persona, por lo que suele generar una respuesta social más negativa.

Es por ello muy importante que, en las escuelas de todos los niveles, se aborde el tema de la discriminación, de otro modo se reproduce la confrontación, que divide y es proclive a la violencia.

Conapred refiere que las personas más discriminadas son quienes padecen una enfermedad crónica o terminal, discapacidad, los indígenas, los de bajos recursos económicos, los obesos, los de lento aprendizaje, los de coeficiente intelectual alto.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México,2 revela que, en las escuelas secundarias, dos de cada 10 estudiantes son rechazados por sus compañeros y cinco de cada 10 aceptan que les es difícil hacer amigos. Existen hostigamiento y apodos ofensivos, exclusión, amenazas, rechazo y desprestigio, que forman parte de una violencia psicológica. Lo lamentable es que el profesorado o algunos otros agentes educativos participan a veces de este tipo de discriminación.

Obviamente, esta discriminación se aplica en cualquier nivel académico, desde la primaria, hasta la misma universidad. El tema se complica aún más cuando el mismo responsable de impartir la educación es una persona que es discriminadora, cosa que no ésta muy lejos de la realidad.

Lamentablemente yo he sufrido discriminación públicamente a través de las redes sociales el pasado el pasado sábado 26 de diciembre por parte del catedrático licenciado Marco Antonio Ricaño Martínez, profesor de la Universidad del Golfo de México Norte, mismo que plasmó comentarios ofensivos hacia mi persona en mi página de Facebook. “Nuestra segunda diputada federal Lizeth Guerra (elegida por representación proporcional de este distrito) esa sí no ha hecho nada por si distrito y ni por ella misma, Raquel Bonilla mínimo se arregló los dientes, le propongo diputada que baje de peso, entiendo que un plan alimenticio es costoso, así que aproveche ahorita que sigue cobrando estando en el poder, es más hasta públicamente hasta le recomiendo un buen asesor nutricional”.

Como se puede observar, el comentario del licenciado Ricaño es doloso, misógino y discriminatorio. Con asombro y decepción, amigas y amigos del licenciado Ricaño se sumaron a la discriminación, replicando los comentarios y justificando la acción del profesor.

El trabajo por el que fui electa es meramente legislativo, nada tiene que ver con mi condición física. Acepto críticas o comentarios respecto a mi trabajo legislativo, pero no ofensas y discriminación por mi condición física, su comentario fue totalmente misógino, despectivo y discriminatorio.

Recientemente rendí mi segundo informe de actividades legislativas, en cual se resume en que he presentado 55 iniciativas de reforma a las leyes federales, así como a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 10 son propias, las demás las he presentado en conjunto con mi Grupo Parlamentario, y otras donde me he sumado a algún diputados o diputadas. Respecto a las proposiciones con punto de acuerdo he presentado 38, 28 son propias, las demás las he presentado con mi Grupo Parlamentario; además he realizado un sin número de gestiones y donaciones a la ciudadanía de mi distrito, así como foros sobre diversos temas.

Mi trabajo legislativo está disponible al escrutinio de la ciudadanía, pero mi condición física no tiene nada que ver con la razón por la que soy representante del pueblo.

Es por ello, mi gran preocupación, porque si un docente de una universidad tan prestigiada como lo es la Universidad del Golfo de México Norte, actúa de una manera misógina y discriminatoria hacia una representante popular, que se esperan sus alumnas o alumnos respecto al trato que reciben, no obstante, su mal ejemplo, y la enseñanza errónea que puede dar sobre este tema.

La misma Universidad del Golfo de México Norte tiene como valores el amor, respeto, pertenencia, equidad y orden.

Por ser un espacio de formación, la universidad ocupa hoy día, en lugar estratégico en favor de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, sin odios, sin discriminaciones.

El primer paso, es que toda universidad pública o privada, trabajen bajo un modelo de educación inclusiva. Es decir, que se garantice la incorporación de quienes, a través de la historia, y en nuestro presente, son discriminadas.

Esto implica realizar acciones afirmativas, para que las instituciones de educación superior, sean espacios por excelencia, libres de discriminación y de violencia, caracterizados por la inclusión, la tolerancia, el dialogo y el respeto mutuo.

De esta manera no solo deben formarse personas profesionales, con buenas competencias, también deben egresar personas que sean incluyentes y no discriminadores, las competencias sin perspectiva de no discriminación, es una formación incompleta.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), identificó cuatro áreas de oportunidad que permitirían a las universidades convertirse en modelos de buenas prácticas y así garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación.

En primer lugar, se encuentra la generación de procesos académicos inclusivos que también tengan impacto en los planes y programas de estudio.

En segundo, promover que el personal docente y administrativo tenga un papel activo en materia de no discriminación.

Tercero, la promoción de actividades de investigación y difusión para que adopten un enfoque de educación inclusiva.

Por último, generar estructuras internas que permitan a las universidades materializar una educación inclusiva y con perspectiva antidiscriminatoria.

Por eso la urgente necesidad de transmitir esos valores y educar a los docentes de la Universidad del Golfo de México Norte, mediante cursos para erradicar la violencia y discriminación hacia cualquier persona, especialmente hacia las mujeres.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la rectora de la Universidad del Golfo de México Norte, a impartir un curso de manera urgente a todas las y los docentes de su universidad sobre el tema de la erradicación de la discriminación hacia las mujeres.

Notas

1 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=604

2 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2021.

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de QR sobre la oportuna y eficiente resolución de las necesidades en materia legislativa expresadas por la red feminista de la entidad, suscrita por la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Mildred Concepción Ávila Vera , integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al honorable Congreso del estado de Quintana Roo a la oportuna y eficiente resolución de las necesidades en materia legislativa expresadas por la Red Feminista de Quintana Roo, no solo por ser una urgencia de salud pública, sino porque los derechos humanos de las mujeres también debe ser prioridad en la agenda legislativa del estado , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En Quintana Roo continúa la persecución penal de las mujeres por ejercer su derecho constitucional a decidir sobre si tener o no hijos, lo que las esta empujando a la práctica de abortos en la clandestinidad, validando el supuesto de que la penalización del aborto, no solo es ineficaz para contener esta práctica, sino que fomenta la estigmatización hacia las mujeres que lo realizan.

El sistema sigue siendo desigual para las mujeres y se normaliza en las prácticas legislativas omisas y en la persecución punitiva establecida en la Constitución de Quintana Roo, los códigos Penal y Civil del estado y en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reforzando los estereotipos que recaen exclusivamente en las mujeres, sobre la crianza y el cuidado de los niños y las niñas; negar a las mujeres la decisión sobre si tener o no hijos y el control sobre cuándo ser madre, reproduce la desigualdad que impacta en la esfera educativa, cultural, económica y política de las mujeres.

En Quintana Roo, nos hemos encargado no solo de entorpecer un derecho, sino de invadir un terreno que solo compete a la autonomía de las mujeres y a la salud pública. La penalización y persecución institucional y legislativa que empuja a las mujeres a abortos clandestinos nos obliga a colocar en evidencia el papel de responsabilidad que tienen instituciones, legisladores y legisladoras en la mortalidad de mujeres por abortos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al honorable Congreso del estado de Quintana Roo a la oportuna y eficiente resolución de las necesidades en materia legislativa expresadas por la Red Feminista de Quintana Roo, no solo por ser una urgencia de salud pública, sino porque los derechos humanos de las mujeres también debe ser prioridad en la agenda legislativa del estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputada Mildred Concepción Ávila Vera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INM y la SHCP a crear un programa prioritario y urgente para atender a los migrantes mexicanos deportados al país, con objeto de que se le expidan de forma rápida y gratuita documentación de identidad que les permita integrarse correctamente a la sociedad, suscrita por la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Carmen Patricia Palma Olvera , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes;

Exposición de Motivos

La migración es un acto natural de ser humano. Desde su existencia, el hombre ha buscado mejores condiciones para vivir, desarrollarse, de exploración y de esparcimiento. La historia de la humanidad es, en gran medida, la historia de millones de personas caminando a lo largo del mundo, en busca de un lugar diferente.

Todos los países tienen, en algún sentido, un origen migratorio, por eso la migración en el mundo se considera un derecho humano. Cada estado, cada país ha ido perfeccionado su legislación en materia migratoria.

En la actualidad, las causas de la migración son diversas, entre las que se encuentran: causas ecológicas vinculadas a catástrofes naturales, que obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia; causas económicas, vinculadas a la falta de desarrollo o crisis económicas de su país de origen, ya que los migrantes salen de sus países buscando mejores oportunidades económicas; por causas políticas o por causa de guerras, y por diversas causas de esparcimiento.

Durante 2017, se estima que 11 millones 848 mil 537 personas mexicanas viven fuera de México, de los cuales el 97.23 por ciento radica en Estados Unidos de América.1

En el último registro de 2019, contabiliza a 11 millones 796 mil 178 de emigrantes; México es el segundo país con más emigrantes desplazados a otros países, que suponen el 9.46 por ciento de su población total. La emigración masculina es superior a la femenina, con 6 millones 277 mil 644 hombres, lo que supone el 53.21 por ciento del total, frente a los 5 millones 518 mil 534 de emigrantes mujeres, que representan el 46.78 por ciento.2

Los emigrantes mexicanos viajan principalmente a Estados Unidos, donde van el 97.40 por ciento, seguido de lejos por Canadá, el 0.73 por ciento y España, el 0.45 por ciento. En los últimos años, el número de emigrantes mexicanos ha disminuido en 1 millón 168 mil 704 personas, un 9.01 por ciento.3

Cabe recordar que Estados Unidos, los países petroleros de la península arábiga y las principales economías de Europa Occidental son los mayores emisores de remesas en el mundo, mientras que India, China, Filipinas, México, Francia y Nigeria son los principales receptores. Así lo refleja el Anuario de Migración y Remesas 2018, elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo)

México es el cuarto país que recibe más remesas en el mundo, con 28 mil 800 millones de dólares en 2017; cerca de 1.6 millones de hogares dependen de este recurso, que proviene de Estados Unidos en un 95 por ciento. De acuerdo con el Banco Mundial (BM), el corredor Estados Unidos, México es el primero en remesas en el mundo, con cerca de 28 mil millones de dólares en 2016. Le siguen, en orden de importancia, el corredor Estados Unidos, China (15 mil 400 millones de dólares), la administración de Hong Kong, China continental (14 mil 900) y Emiratos Árabes Unidos – India (12 mil 600).4

México es el cuarto país que recibe más remesas, con 5.1 por ciento del total mundial, superado solo por India (65 mil millones de dólares), China (63 mil millones) y Filipinas (33 mil millones). Otros países importantes en cuanto a recepción de remesas son: Francia, Nigeria, Pakistán, Egipto, Alemania y Vietnam. Estas 10 naciones concentran más de la mitad de las remesas mundiales. En el caso mexicano, en 2017 ingresaron al país 28 mil 771 millones de dólares, rompiendo por segundo año consecutivo su máximo histórico, con un monto promedio por envío de 307.8 dólares y más de 93 millones de transacciones. Con respecto a 2016 las remesas en 2017 crecieron 6.6 por ciento, y entre 2013 y 2017 se elevaron casi 30 por ciento, promediando una tasa anual de crecimiento de 6.6 por ciento.5

En el año de 2017, siete estados concentraron la mitad de las remesas enviadas a México siendo estos Michoacán (2 mil 915 millones de dólares), Jalisco (2 mil 797), Guanajuato (2,559), estado de México (mil 680), Puebla (mil 558), Oaxaca (mil 464) y Guerrero (mil 421).

Varios de los principales municipios receptores de remesas son capitales estatales, donde probablemente llegan por la facilidad para cobrarlas por los beneficiarios y posteriormente se distribuyen a otros municipios. En 2017, Puebla fue el municipio que recibió más remesas, con 411.9 millones de dólares, seguido en importancia por Tijuana (401.5), Guadalajara (374.8), Morelia (349.7) y Oaxaca (291.0).6

Se estima que en 2016 y 2017 la dependencia de México de las remesas fue de 2.7 por ciento de su producto interno bruto (PIB), situándolo en su mayor nivel de dependencia, similar a lo observado en 2006. Los estados con mayor dependencia de remesas respecto al PIB son: Michoacán (10.9 por ciento de su PIB), Oaxaca (9.6 por ciento), Zacatecas (9.4 por ciento) y Guerrero (9.2 por ciento).

En 2016, de los 32.9 millones de hogares a nivel nacional, 4.8 por ciento, es decir, 1.6 millones, recibieron remesas. El estado con el mayor porcentaje de hogares con remesas fue Zacatecas (16.7 por ciento), seguida por Michoacán (15.8 por ciento) y Nayarit (13.2 por ciento). En términos absolutos, el estado con el mayor número de hogares con recepción del ingreso fue Michoacán (199 mil 481), seguido de Jalisco (155 mil 451). A nivel nacional, en 2016, las remesas representaron 20.4 por ciento de los ingresos corrientes de los hogares que las recibieron.

De acuerdo con la entidad, los hogares para los que fueron más importantes se encuentran en el Estado de México (34.6 por ciento), Quintana Roo (33.3 por ciento) e Hidalgo (32.0 por ciento). Entre los hogares que significan un menor porcentaje se encuentran Morelos (13.3 por ciento), Tabasco (13.2 por ciento) y Ciudad de México (13.1 por ciento).7

Resulta de suma importacia hacer énfasis en la representación de los mexicanos en el extranjero pero sobre todo, lo que significa para nuestro país en cuestión económica ya que la gran cantidad de remesas que provienen del exterior repercuten fuertemente en el PIB nacional.

En lo que fue el primer trimestre de 2020, se estimaron los siguientes datos de remesas provenientes de Estados Unidos:

Por otra parte, en la actualidad el mundo está viviendo una de las peores crisis sanitarias y económicas de las que se tenga memoria en los últimos 100 años. El virus conocido como SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid-19, con alto nivel de propagación, inició a finales de diciembre de 2019, en Hubei provincia de la ciudad Wuhan en China.

El virus se propagó de manera exponencial, afectando seriamente a países europeos, asiáticos y hoy continúa en América Latina y África.

A la fecha (5 de enero del 2021), esta enfermedad de Covid-19 ha causado la infección en México de un millón 455 mil 219 infectados y 127 mil 757 decesos.8

La pandemia de Covid-19 ha tenido como consecuencia una recesión económica sin precedentes para los latinos en Estados Unidos. Según cifras del Buró de Estadísticas de Empleo de Estados Unidos, una de cada cinco personas que sufrió pérdida de empleo en el mes de abril del 2020, proviene de dicho grupo demográfico. Esta cifra es preocupante para México, considerando la importancia que tienen las remesas para la economía de nuestro país, las cuales representaron una entrada de 8 mil 869.12 millones de dólares en tan solo el primer trimestre del 2020. Es importante señalar que el voto del 76 por ciento de las familias que reciben remesas en México, es influenciado por el migrante mexicano en Estados Unidos, quienes ya representan cerca del 13 por ciento del electorado en dicho país.

Lo anterior, refleja la importancia que representan nuestros connacionales en la economía nacional y los riesgos a los que se ven expuestos ellos y nuestra economía si alguno deja de coordinarse, de tal modo que lo más sensato es salvaguardar sus intereses para proteger a nuestro país.

En 2018 se estimaron 272 millones de migrantes de acuerdo a la Organización Internacional de Migración de la ONU. El país que más migrantes registra es Estados Unidos de América (EUA), con 50 millones de personas (mp), Alemania 13.1, Arabia Saudita 13.1, Federación Rusa 11.6, Reino Unido 9.6, Francia 8.3, Australia 7.5, Italia 6.3, España 6.1 e India 5.2 mp, entre otros. China y Japón que pudieran ser países con alta migración, realmente son de las más bajas, lo mismo que nuestro país México con 1.1 mp.

Los más de 30 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos generan poco más de 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) de EUA. Este PIB supera los 18 billones de dólares. Lo que quiere decir, que nuestros paisanos en el vecino país del norte generan más de 1 billón 400 mil millones de dólares, más que el PIB de nuestro país que alcanza los 1.3 billones de dólares.

También, las remesas que ingresan a nuestro país por nuestros connacionales son fundamentales para la estabilidad económica y macroeconómica de la Nación, como se puede observar en los siguientes cuadros:

Como se observa en los cuadros anteriores, las remesas que nuestros paisanos envían a México, en el periodo 2017-2019 crecieron en 19.0 por ciento, al pasar de 30 mil 291 millones de dólares (md) a 36 mil 045, un incremento de mas de 5 mil 750.

La importancia de Estados Unidos para México es indudable, existe una comunidad de 35 millones de personas de origen mexicano que residen en nuestro país vecino. Ellos aportan al desarrollo social y económico de ese país a través de su trabajo diario. Esta comunidad contribuye con 8 por ciento del PIB estadounidense y con 570 mil empresas en ese país, esto significa que más de 1 de cada 25, son propiedad de migrantes mexicanos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial: en 2015 enviamos 80 por ciento de nuestras exportaciones totales hacia allá. El año pasado comerciamos 525 mil millones de dólares en bienes. Somos el primer, segundo o tercer socio principal de 30 de 50 de sus estados y más de 5 millones de trabajos en nuestro país vecino dependen de la relación bilateral con México. No solamente eso, también, las remesas que ingresan a nuestro país por nuestros connacionales son fundamentales para la estabilidad económica y macroeconómica.

Para México el envío de remesas de nuestros connacionales son fundamentales para la estabilidad financiera de la República. Podemos decir que la migración representa una de las más importantes entradas de divisas al país. En 2018 ingresaron a México por concepto de remesas 33.7 miles de millones de dólares

Contra todos los pronóstico, en el primer semestre de 2020, pese a la crisis sanitaria y económica que en los EUA ha sido particularmente inédita por su efecto devastador, nuestros paisanos han enviado a México remesas de orden de 19 mil MD, un incremento de 10.5 por ciento.

Solo para tenerlo en perspectiva, el envío de remesas de nuestros paisanos a México que significa apoyar la economía de más de 6 millones de familias, es más que las divisas que ingresan al país por el turismo internacional y toda la inversión extranjera directa.

Esta cantidad representa casi 2 veces los ingresos de todas las exportaciones agropecuarias y agroindustriales y 2 veces las exportaciones petroleras ocurridas en el 2018 (Banxico). Sin estos dos ingresos de divisas, la estabilidad financiera del país enfrentaría serios problemas.

Si bien es cierto, más del 97 por ciento de nuestros migrantes tienen como destino los EUA, mexicanos hay en todo el mundo. Actualmente México cuenta con 80 embajadas, 67 consulados y 7 misiones permanentes.

De los 67 consulados, 50 corresponden a EUA, 4 en Canadá, 2 en China, 2 en Guatemala, 2 en Brasil, uno en Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Alemania, Italia, Turquía y España.

Como se observa, el panorama es muy amplio. Esto refleja que no solo los movimientos migratorios juegan un papel relevante, bien sea como visitantes temporales (turistas), estudiantes, personal diplomático o simplemente mexicanos que decidieron vivir en otro país.

Cuando en algún país hay un desastre natural, una guerra, accidente aéreo, actos terroristas, etc, siempre, invariablemente se pregunta de afectación a mexicanos.

Recientemente, con esta pandemia de Covid-19, empezó a surgir la inquietud de cuantos mexicanos en el exterior podían tener esta enfermedad y cuantos fallecidos por esta causa y poder repatriar sus restos.

A julio del 2020, mil 909 mexicanos habían muerto en EUA por Covid-19, la mayoría de ellos migrantes de Puebla, Guerrero y Oaxaca. Muchos de estos cuerpos se han podido repatriar. Pero también es un indicador de la situación grave que viven los migrantes mexicanos en el vecino país. A la fecha no se sabe cuantos mexicanas y mexicanos migrantes se contagiaron de esta enfermedad.

Esto es, solo un problema reciente que enfrentan nuestros hermanos migrantes; Pero no olvidemos que es frecuente la discriminación y agresión en contra de mexicanos que viven de manera legal o ilegal sobre todo en EUA. Los problemas en los últimos años han sido con la actual administración de ese país, que ve en los migrantes compatriotas, enemigos de EUA, que sigue alentando una actitud hostil, en contra de México

Otra agresión es la amenaza de deportación de migrantes (legales o ilegales), incluido el Programa de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia, conocido como DACA (por sus siglas en inglés).

A mediados de junio de este año la Corte Suprema bloqueó al gobierno de Donald Trump de seguir adelante con ese Plan anunciado en 2017, y poner fin al programa que protege de la deportación a unos 700 mil jóvenes inmigrantes DACA, conocidos como dreamers (soñadores), de los cuales se estima que 600 mil son mexicanos.

Otro problema que es necesario estar alertas y no perder de vista, está relacionado con las remesas. Cabe mencionar al respecto, el congresista republicano Mike Rogers anunció hace poco menos de tres años la presentación de una iniciativa para gravar con el 2 por ciento las remesas que envían nuestros connacionales. De revivir esta iniciativa, significa un gravísimo atentado a patrimonio que es y solo es de mexicanos.

Hoy en día con el nuevo cambio de gobierno en Estados Unidos y la llegada del ahora de Joe Biden a la presidencia, el panorama puede resultar muy incierto para los migrantes mexicanos.

De acuerdo al último registro sobre remesas recibidas este año, de enero a octubre de este año México ha recibido 33 mil 564 mdd por remesas, monto superior a los 30 mil 394 mdd que llegaron en el mismo lapso de 2019, informó Banco de México.9

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó también la importancia de las remesas para salir de la crisis. Informó que al cierre de septiembre los envíos de los connacionales seguían en un nivel 10 por ciento superior al año pasado, por lo que al cierre de 2020 alcanzarán los 40 mil millones de dólares. Con ello, explicó, se mantienen como la principal fuente de ingresos del país, por encima de los apoyos sociales de su gobierno.

“Las remesas nos ganan incluso a nosotros. Nunca se había destinado tanto dinero para atender a los pobres, y de todas maneras es el monto de las remesas (mayor) respecto de lo que nosotros destinamos”, dijo.

Pero es importante resaltar que el verdadero propósito de las remesas no es ayudar como tal al país, sino ayudar a las múltiples familias que mayormente se encuentran en necesidad y tienen bajos recursos económicos, por el cuál se vieron en la necesidad de emigrar a otro país en busca de ayudar a su familia.

Es claro que los migrantes mexicanos contribuyen de forma por demás trascendental en la economía de nuestro país a pesar de las adversidades, maltratos olvido, estado de indefención y violacionesa sus derechos de los que son sujetos por parte de las autoridades de los paises de los que raidcan y desafortunadamente también por autoridades de México, dejándolos en el olvido y desprovistos de toda asitenica cuando son deportados, por lo que a manera de restitución por todas las contribuciones hechas a México, resulta mas que nunca prioritario asitirlos en los trámites que necesiten y expedirles la documentación necesaria para que puedan identificarse y reaizar las diligiencias necesarias, para que puedan retomar sus vidas dentro de nuestro país según lo decidan.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Migración y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, desde un ámbito de coadyuvancia, se cree un programa prioritario y urgente y le sean asignados recursos suficientes, para atender a los migrantes mexicanos que son deportados a nuestro país, para que las autoridades competentes expidan documentación de identidad de forma expedita y gratuita, y puedan integrarse a la socidad correctamente.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Migración para que sea instalada una ventanilla única en las garitas donde son deportados nuestros connacionales para que sean atendidos y les sean expedidos documentos como lo son actas de nacimiento, CURP, pasaportes, RFC y credenciales de identificación oficial nacional.

Notas

1 http://ime.gob.mx/estadisticas/mundo/estadistica_poblacion_pruebas.html

2 https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/mexico

3 Idem

4 https://www.bbva.com/es/consolida-importancia-remesas-mexico/

5 Idem

6 Idem

7 Idem

8 https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Ae s-419&mid=%2Fm%2F0b90_r

9 https://expansion.mx/economia/2020/12/01/remesas-que-llegan-mexico-aume ntan-octubre

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero del 2021.

Diputada Carmen Patricia Palma Olvera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, en el contexto del esquema de vacunación contra el Covid-19, a considerar sector prioritario de ésta a docentes y personal administrativo de las escuelas, suscrita por la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Carmen Patricia Palma Olvera , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes;

Exposición de Motivos

En la actualidad el mundo está viviendo una de las peores crisis sanitarias y económicas de las que se tenga memoria en los últimos 100 años. El virus conocido como SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de Covid-19, con alto nivel de propagación, inició a finales de diciembre de 2019, en Hubei provincia de la ciudad Wuhan, en China.

El virus se propagó de manera exponencial, afectando seriamente a países europeos, asiáticos y hoy continúa en América Latina y África.

A la fecha (5 de enero del 2021), esta enfermedad de Covid-19 ha causado la infección en México de un millón 455 mil 219 infectados y 127 mil 757 decesos.1

Hoy día, México atraviesa por una emergencia sanitaria causada por la aparición del coronavirus Covid-19, con efectos que ya son visibles en la salud de la población y que ha resultado en fuertes repercusiones económicas.

La actividad económica en México colapsó en el segundo trimestre del año, a medida que se resintió el efecto de las acciones para contener el avance de la pandemia de Covid-19. La caída anual de 18.9 por ciento en el producto interno bruto (PIB), reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), superó todo dato de crisis precedente en el país. Con ese resultado, el tamaño de la economía regresó al punto que tuvo hace 10 años.2

Con base en los datos expuestos por el organismo, analistas financieros estiman que si bien la actividad económica tocó fondo en abril, y sobre todo en mayo, con visos de recuperación en junio, un regreso del PIB a niveles anteriores a la crisis sanitaria se estima hasta dentro de tres o cuatro años.

Al ser la mayor contracción desde que hay registro, el Inegiexpuso que las caídas de 8.6 y 7.4 en los segundos trimestres de 1995 y 2009, respectivamente (ambas en el contexto de las crisis más recientes del país), se quedaron cortas frente al cierre impuesto por la Covid-19. Todas las actividades decrecieron entre abril y junio. Las industrias se desplomaron 26 por ciento a tasa anual y el comercio y servicios 15.6 por ciento. Ambas son las caídas más profundas de las que hay registro en el país. Mientras el sector agrícola cayó 0.3 por ciento también en cifras desestacionalizadas.3

La actividad económica no resintió sólo el impacto de las medidas de distanciamiento social para aminorar el brote de Covid-19; comenzó a desacelerarse desde el último trimestre de 2018 y en el segundo de 2019 inició con tasas negativas; hasta hoy son cinco trimestres consecutivos de contracción. Este hecho, sumado a la falta de apoyos para estimular la producción por el corto espacio fiscal y a que el país tiene una alta exposición a sectores que han sido de los más afectados por la pandemia, como el turismo y el comercio internacional, contribuye a que la caída del PIB mexicano sea de las más hondas en medio de una contracción económica mundial.4

Respecto de los primeros tres meses de 2020 (cuando sin un brote agudo de Covid-19 en el país la actividad económica ya había decrecido 2.2 por ciento), el Inegi reportó que el PIB cayó 17.3 por ciento entre abril y junio. En la agricultura la merma fue de 2.5 por ciento, en las industrias de 23.6 y en el comercio y los servicios de 14.5 por ciento. En lo que va de 2020, la caída promedio de la actividad económica es de 10.5 por ciento con desplomes de 14.7 en las industrias y de 8.4 por ciento en los servicios y comercio. La excepción es la agricultura que en el primer semestre creció 0.3 por ciento, respecto al año pasado. Todo en cifras desestacionalizadas.5

La crisis mundial del coronavirus se enfila a ser la más severa desde la Gran Depresión, hace 90 años. En ese marco, el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB de México caiga 10.5 por ciento en 2020; el Banco Mundial, 7.5 por ciento; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al menos 8.6; y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 9 por ciento, que además llevará el número de personas en pobreza de 53.6 a 63.3 millones y en pobreza extrema de 14 a 22 millones.6

Esto crisis económica se ha visto reflejado también en uno de los casos más recientes por problemas económicos, como ha sido el caso de BestBuy. La cadena de tiendas especializadas en tecnología tomó la decisión de dejar sus operaciones en México para, lo que llamó, mejorar su estructura organizacional y su enfoque estratégico.

Best Buy informó a sus inversionistas que su salida del país se debe a los efectos de la pandemia por Covid-19, que han generado una caída en el consumo, el empleo y el crecimiento económico.7

A pesar de su trabajo los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México, explicó Fernando Silva, presidente de Best Buy México, al referirse a los esfuerzos de los empleados durante esta temporada. “Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”.8

La firma detalló que de sus 49 sucursales en el país, ocho ya han sido cerradas durante este año y el resto bajarán la cortina ordenadamente sus operaciones a clientes a partir del 31 de diciembre del 2020. “Esta decisión no refleja de ninguna manera los esfuerzos que ha hecho nuestro equipo de colaboradores”, dijo la compañía.9

Mientras que el sitio web bestbuy.com.mx seguirá operando hasta agotar su inventario y garantiza a los clientes que tanto las órdenes en proceso, como las compras que hagan durante las próximas semanas serán entregadas en tiempo y forma. En un comunicado, la empresa asegura que dará la ayuda necesaria a sus colaboradores en el proceso para que la conclusión de la relación con la empresa sea favorable.10

Por si fuera poco, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó este jueves una nota técnica en la que alertaba que la tasa de desempleo en México al final del 2020 podría llegar a ser del 11.7 por ciento de la población económicamente activa (PEA).

Como consecuencia de la pandemia de Covid-19 “millones de personas trabajadoras se tuvieron que quedar en sus casas, en teletrabajo o bien tuvieron que afrontar consecuencias de la crisis como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo”, remarcó la OIT como base de su razonamiento.11

Además de una tasa estimada del 11.7 por ciento de desempleo de la PEA para el final del 2020, lo que equivaldría a aproximadamente 6 millones de personas, la organización advirtió que “el 44 por ciento de la población ocupada en México se enfrenta al riesgo de sufrir afectaciones como reducción de horas o salarios”.12

El informe destaca que la pandemia provocó una bajada “histórica” de la informalidad hasta el 47.7 por ciento, un dato que empezó a repuntar en agosto y que al cierre del año podría superar los niveles previos al estallido del Covid-19 “a causa de un traslado de personas trabajadoras hacia la informalidad”.13

Según el último reporte del Inegi, emitido a finales de septiembre con cifras de agosto, la tasa mexicana de desempleo bajó en agosto a 5.2 por ciento al reincorporar 608 mil personas a la PEA, con lo que hay 2.8 millones de desocupados.14

La economía se ha visto severamente afectada y preocupa mucho extender este periodo negativo, por ello con el recientemente, anuncio sobre los avances en la vacuna y su respectivo crecimiento de efectividad, se pretende que se ayude a los sectores de la población que más lo necesitan.

El pasado 13 de Octubre del año en curso, el Gobierno de México cerró acuerdos con las empresas AstraZeneca, Pfizer y CanSino Biologics para la entrega de hasta 146.8 millones de vacunas contra Covid-19.

En el caso de AstraZeneca, el acuerdo es por 77.4 millones de dosis de la inyección en la que trabajan en colaboración con la Universidad de Oxford. La entrega se haría entre marzo y agosto de 2021.15

Por otra parte, se negoció un pacto con Pfizer por el cual el país recibirá entre 15.5 millones y hasta 34.4 millones de inyecciones contra el nuevo coronavirus. La distribución se organizaría entre diciembre de este año y diciembre de 2021. También se llegó a un acuerdo con CanSino Biologics por el cual el Gobierno recibiría 35 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19.16

Lamentablemente México anunció la vacuna contra el SARS-CoV-2 sin esquema de aplicación, mientras otros países han hecho públicos sus programas de vacunas contra Covid-19, en el cual detallan las responsabilidades al interior del país y explorando soluciones a probables dificultades, como la temperatura de almacenamiento, distribución y redes de instituciones disponibles para que la vacuna llegue a toda la población.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la vacunación contra la Covid-19 empezará antes de que acabe diciembre, estimando que la vacuna de Pfizer sea autorizada por las autoridades de Estados Unidos en los próximos días y, de acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, el secretario de salud Jorge Alcocer ordenó construir el plan de vacunación.17

Ante esto, el doctor Malaquías López, epidemiólogo y académico de la UNAM, explicó que es de gran importancia el esquema de vacunación y darlo a conocer a la ciudadanía para poder ejecutar correctamente la aplicación de la vacuna contra la Covid.18

Cabe destacar que la Comisión Europea y la OMC han creado planes de vacunación claros que contemplan las prioridades a nivel internacional para los trabajadores de la salud y personas más expuestas al virus, población con mayor riesgo de complicaciones durante la enfermedad y trabajadores esenciales.

Algunos de los países que han creado planes de vacunación son los siguientes:19

1. España: Recientemente, España dio a conocer su plan de vacunación contra el coronavirus, para que llegue a toda la población en tres fases durante los tres primeros trimestres de 2021 y para ello ha establecido una división en 15 grupos en función del riesgo, nivel de exposición, impacto socioeconómico y posibilidad de transmisión.

-Primera fase: enero-marzo El plan dará prioridad a un total de dos millones y medio de personas, entre ellos: residentes en centros de mayores, personal sanitario y sociosanitario, grandes dependientes no institucionalizados.

-Segunda fase: marzo-primeros días de junio A la espera de que la Agencia del Medicamento dé el visto bueno a las vacunas, España tiene comprometidos 140 millones de dosis que supondrían 80 millones de inmunizaciones, para los siguientes grupos: población general mayor de 64 años, personas con condiciones de riesgo, personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados, personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica, personas con trabajos esenciales, personal docente, población infantil, población adolescente y joven (mayores de 16 años), población adulta, población de áreas de incidencia y situaciones de brotes, embarazadas y madres que proporcionan lactancia natural, población seropositiva a SARS-CoV-2.

-Tercera fase: en verano Como en los primeros grupos prioritarios, la ordenación de la población en estos grupos restantes responde a los mismos criterios, relativos al riesgo de enfermar o fallecer por la covid, por su exposición al virus, el riesgo de impacto socioeconómico y el riesgo de transmisión.

2. Estados Unidos: El doctor Moncef Slaoui, jefe de la campaña de vacunación contra la Covid-19 del país norteamericano, afirmó en CNN que los primeros ciudadanos estadounidenses podrían ser vacunados apuntando a la fecha del 11 de diciembre como el posible inicio de la vacunación de la población. Agregó, que las primeras personas en ser vacunadas serían los grupos considerados prioritarios, como son los profesionales sanitarios, las personas mayores y las que padecen otras afecciones médicas, como insisten los expertos, quienes recuerdan que inicialmente no habrá dosis suficientes de la vacuna para todos los ciudadanos del país. La logística para distribuir en Estados Unidos la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer/BioNTech está lista, aseguraron responsables que prevén repartir 6.4 millones de dosis en cuanto la Administración de Medicamentos (FDA). Por demás, 40 millones antes de fin de año, manifestó el general Gus Perna, jefe de operaciones de “Warp Speed”, incluyendo la vacuna desarrollada por Moderna, cuya autorización se espera también.

3. Reino Unido: Reino Unido estima dosis de 147 millones y que el uso de la vacuna pueda iniciarse el 7 de diciembre. Se espera que los trabajadores del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), sean los primeros en recibir las dosis junto a los residentes de hogares de ancianos y los mayores de 80 años tienen que esperar. Según fuentes citadas por el diario británico “The Guardian”, los hospitales de todo el país deberán tener vacunas a partir de los días 7, 8 o 9 de diciembre de este año.

4. Canadá: En Canadá, el primer ministro, Justin Trudeau, admitió que la falta de capacidad de producción de vacunas de su país hará que los habitantes accedan al suero contra la Covid-19 después de que esté disponible en Estados Unidos, esperando estar disponibles a principios del 2020. Igualmente, afirmó que ha firmado contratos para que siete empresas farmacéuticas proporcionen 414 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19, y reconoció que el elevado número de dosis adquiridas por Canadá, cuya población no llega a los 40 millones de personas, es porque no se sabe qué vacunas serán efectivas y cuáles llegarán antes.

5. Australia: Australia anunció que comenzará a vacunar contra Covid-19 en marzo del 2021, según confirmó el ministro de Salud, Greg Hunt, al remarcar que el país oceánico, con alrededor de 25 millones de habitantes, ha pactado ya la adquisición de más de 130 millones de dosis de cuatro vacunas diferentes.

Derivado de lo anterior, es que se debe contemplar un plan de vacunación que permita distribuir su aplicación con eficacia. Los principales sectores que deberían ser tomados en cuenta para la vacunación, deberían ser médicos, adultos mayores y profesores.

El número de médicos y personal de enfermería ocupados en el país se ha incrementado 10 por ciento en el último lustro para llegar a una fuerza laboral de 647 mil 996 personas que se encuentran en la primera línea de contención ante el incremento de los casos por Covid-19 que se han registrado en los últimos días.20

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, actualmente hay 277 mil 287 médicos ejerciendo su profesión, esto significa que hay solo 2.1 doctores por cada mil habitantes en México, esto se ubica como uno de las medias más bajas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El organismo mundial señala en su informe Estadísticas de Salud 2019 que “la fuerza laboral de salud también se encuentra sobreutilizada y se requiere una distribución más equilibrada de los recursos en el país”, pues en naciones como Austria, Noruega o Lituania hay una tasa de 5.18, 4-6 y 4.5 médicos, respectivamente.21

Es en este sentido, que se debe priorizar la aplicación de vacunas en primera instancia a los médicos y enfermeros de nuestro sistema de salud que se encargar de salvaguardarnos y atendernos. Por consiguiente, otra parte de la población que se debe contemplar son las personas de la tercera edad, debido a que están más arriesgados a ser vulnerables a contraer enfermedades.

La ENADID 2018 reporta que el número de personas de 60 años o más que reside en México es de 15.4 millones, cifra que representa 12.3 por ciento de la población total. La mayoría de ellos (47.9 por ciento) vive en hogares nucleares (formado por un solo núcleo familiar: puede incluir a una pareja con o sin hija(o)s solteros o un jefe o jefa con hija(o)s solteros), casi cuatro de cada diez (39.8 por ciento) residen en hogares ampliados (un solo núcleo familiar o más, y otras personas emparentadas con él o ellos) y 11.4 por ciento conforman hogares unipersonales; es decir viven solos.22

En el país, 1.7 millones de personas de 60 años o más viven solas. De éstas, 60 por ciento son mujeres (1 048 426) y 40 por ciento son hombres (697 699). Su estructura por edad indica que 43.1 por ciento tiene entre 60 y 69 años, mientras que más de la tercera parte (36.4 por ciento) entre 70 y 79 años. En edades más avanzadas su participación porcentual es menor, 17.4 por ciento y 3.1 por ciento en aquellos que cuentan con 80 a 89 y 90 años o más, respectivamente.23

Lo anterior también se define en la siguiente manera:

-Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, en el país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas.

-Cuatro de cada diez personas de 60 años o más que viven solas (41.4 por ciento) son económicamente activas.

-Siete de cada diez (69.4 por ciento) personas de edad que viven solas presentan algún tipo de discapacidad o limitación.

Por ello es que a la población de la tercera edad también se considera importante, a fin de protegerla y evitar el incremento de decesos debido a la vulnerabilidad que padecen.

Por último pero no menos importante, uno de los sectores de la población que también se ha visto afectada, pertenece a todos aquellos que se ven relacionados a la educación. La cuarentena provocó que los diferentes estudiantes, personal administrativo y profesores de la población mexicana y del sector educativo tuvieran que dejar de realizar sus actividades de manera presencial ya fuera para trabajar o estudiar, teniendo que recurrir a los medios digitales para poder continuar con sus múltiples actividades y responsabilidades principalmente clases en línea ya fuera a través de computadoras, tablets, celulares inteligentes y algunas otros dispositivos afines a las tecnologías de información y comunicación (TIC´S), ya que la cuarentena no hizo distinción de edades o sexo en los estudiantes y demás personal afín al sector académico, incluyendo por igual a todos resguardándolos en sus respectivos hogares pero siendo el estudiante y los profesores los más activos al menos 5 días a la semana con motivo de clases virtuales asemejándose a la situación presencial.

En México. De acuerdo al Inegi, en la Encuesta Intercensal del año 2015, se registró que en México el 96 por ciento de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela, un 63 por ciento de la población de 3 a 5 años asiste a la escuela. Los jóvenes de entre 15 y 24 años que asistieron a la escuela en 2015, el 44 por ciento de personas en estas edades acude a algún centro educativo. La diferencia por sexo es de poco más de un punto porcentual con el 44.6 por ciento de hombres y el 43.5 por ciento de mujeres.24

Para el ciclo escolar 2019-2020, en agosto del año pasado, la SEP hizo una aproximación de más de 25.4 millones de alumnos de educación básica para el ciclo escolar. Distribuyeron 176 millones de Libros de Texto Gratuitos de los que 15 millones son de preescolar, 105 millones de primaria y 35 millones de secundaria, 10 millones de telesecundaria, dos millones en telebachilerato y un millón 200 mil en educación indígena y en inglés siete millones y en braille y macrotipo 83 mil.

Este ciclo inició en 232 mil 876 escuelas, de las cuales 198 mil 348 son públicas y 34 mil 528 privadas. De las escuelas públicas 25 mil 639 son de tiempo completo, y el ciclo escolar comprende 32 mil 63 escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), de las cuales 5,799 están ubicadas en planteles escolares.

En educación inicial estarán 284 mil 946 alumnos, en preescolar cuatro millones 773 mil 360, en primaria 13 millones 920 mil 602, mientras que en secundaria son seis millones 439 mil 72 estudiantes.25

De acuerdo con principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016, elaborado por la Subsecretaría de Planeación de la SEP, en el ciclo escolar 2015-2016 la tasa de cobertura en el nivel medio superior se ubicó en 74.6 por ciento. Esto quiere decir que sólo tres de cada cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años tendrían un espacio en este nivel educativo.

A pesar de los avances que se han logrado en esta materia, la SEP informa que la tasa de abandono escolar fue, en el ciclo señalado 2015-2016, de 12.1 por ciento; también destaca que la tasa de reprobación es de 15.9 por ciento; que la tasa neta de escolarización sea de sólo 59.5 por ciento y que la tasa de terminación se haya ubicado en únicamente 58.1 por ciento.

A fin de dimensionar lo anterior, es importante destacar que, en el ciclo escolar referido, había inscritos 4 millones 985 mil 80 alumnos; de ellos, 2.5 millones son hombres y 2.48 millones son mujeres. En este nivel educativo se tiene registro de 422 mil 001 docentes, y que a nivel nacional hay 20 mil 383 escuelas: 13 mil 645 son públicas y 6 mil 738 son privadas.

La modalidad que se enseña en mayor medida en el país es la del “bachillerato general”, modalidad en la cual se encontraban matriculados 3.096 millones de estudiantes; 1.82 millones lo estaban en la modalidad de bachillerato tecnológico, mientras que 68 mil 460 lo estaban en el nivel de “profesional técnico”.

De acuerdo con los datos oficiales, únicamente tres de cada diez jóvenes entre 18 y 24 años de edad tendrían espacio en el nivel de la Educación Superior. De acuerdo con la SEP, en el ciclo 2015-2016 sólo había 5 mil 343 escuelas de Educación Superior en un país de 120 millones de habitantes.

De acuerdo con la propia secretaría, había matriculados 3 millones 648 mil 945 alumnos en las diferentes modalidades de educación superior; de los cuales, casi 10 por ciento son absorbidos por la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Debe decirse además que hay un registro de 386 mil 219 docentes para toda la educación superior.

Por otro lado, es importante destacar que en la enseñanza normal se contabilizan 108 mil 555 alumnos en el ciclo 2015-2016. El grueso de la matrícula se concentra en la enseñanza del nivel de licenciatura, con 3 millones 302 mil 773 alumnos; así como únicamente 237 mil 617 estudiantes del nivel de posgrado.

Otro dato relevante es el relativo a que, del total de la matrícula en el nivel superior, 2.57 millones acuden a universidades e instituciones de educación superior públicas; mientras que 1.069 millones lo hacen a instituciones y universidades privadas.

A las cifras previas se suman 595 mil 456 estudiantes del nivel superior que están matriculados en modalidades “no escolarizadas”, de los cuales 504 mil 643 lo están en el nivel licenciatura; mientras que 90 mil 813 lo están en nivel de posgrado. En esta modalidad de enseñanza, la mayor oferta es privada, pues 331 mil 316 estudiantes estudian en instituciones y universidades privadas, mientras que 264 mil 140 lo hacen en instituciones públicas.26

La Anuies (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México) ha declarado su intención de elevar la meta de la cobertura de la educación superior al 48 por ciento en 2020, lo que implicaría alcanzar una matrícula de alrededor de 4 millones 700 mil estudiantes en ese año; es decir, aproximadamente 1 millón 700 mil jóvenes adicionales a la matrícula actual (Secretaría de Educación Superior -SEP, 2012). Para conseguir este objetivo, el ritmo de crecimiento debería ser por lo menos el mismo de los últimos dos ciclos escolares.27

Por otra parte, una parte fundamental de este sector educativo también son los profesores, que sin ellos nuestro crecimiento académico e intelectual se vería extremadamente mermado.

En nuestro país se estima que de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), para el ciclo escolar 2016 – 2017, en México hubo 2 millones 66 mil maestros que formaron parte del Sistema Educativo Nacional. Además, según el informe de los docentes en México del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2015, la escuelas de educación preescolar son preferentemente atendidas por mujeres. De acuerdo con los datos, en preescolar hay 93 educadoras por cada 100 maestros.28

En la primaria, el porcentaje de mujeres docentes disminuye a un 67 por ciento y en secundaria un 54 puntos porcentuales. Asimismo, según dicho informe, en preescolar, aproximadamente la mitad de los educadores tiene licenciatura terminada con 51.6 por ciento, así como en primaria con 50.7 puntos porcentuales.29

En Mayo del año en curso, el Inegi informó que en nuestro país hay un millón 197 mil 778 personas ocupadas como docentes en educación básica.30

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al cuarto trimestre de 2019, los maestros en nuestro país tienen desde los 20 años de edad y más. Del total registrado, la mitad (50.4 por ciento) imparte clase en primaria, 25.9 por ciento atiende en secundaria y 23.7 por ciento en preescolar.31

Otros datos del Inegi revelaron que 80 por ciento de quienes se dedican a la docencia en educación básica labora en escuelas públicas y 20 por ciento en el sector privado. La mayor parte del personal docente es asalariado (98.7 por ciento). De este total, 95.6 por ciento cuenta con un contrato por escrito. De quienes tienen contrato, la mayoría (89.4 por ciento hombres y 88.4 por ciento mujeres) es de base, planta o por tiempo indefinido.32

Asimismo, también se estiman 298 mil 335 docentes para nivel medio superior33 y una cifra similar a los docentes en las diferentes escuelas de nivel superior ya sean públicas o privadas.

Lo anterior, es muy importante debido a la gran presencia de alumnos que hay en nuestro país, pero sobre todo reconocer que los maestros son personal fundamental para la población ya que deben enseñar a todo el alumnado y por ello se considera que es un sector importante. Tratando así de salvar uno de los sectores más importantes para la población e ir deteniendo el rezago académico en nuestro país.

Por ello, y con base a lo anterior, es que dentro del plan de vacunación, se deben considerar en primera instancia a los médicos que se encuentran en primera línea de combate contra la Covid–19, posteriormente los adultos de la tercera edad y en tercera instancia los maestros de nuestro país, con motivo de detener al impacto y los estragos por contagios de SARS-CoV–2; evitando los decesos y protegiendo a la mayoría de la población pero también al mismo tiempo, procurar a un sector tan importante como lo es la educación, a fin de no contribuir al rezago académico.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que, en el marco de poli?tica nacional rectora de vacunacio?n contra el SARS-Cov-2 para la prevencio?n de la Covid-19 en Me?xico, se considere como sector prioritario de vacunación a los maestros y personal administrativo de las escuelas a nivel nacional.

Notas

1 https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Ae s-419&mid=%2Fm%2F0b90_r

2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/31/la-crisis-hizo-r etroceder-a-mexico-una-decada-inegi-5568.html

3 Idem

4 Idem

5 Idem

6 Idem

7 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/por-que-best-buy-se-va-de-mexico

8 Idem

9 Idem

10 Idem

11 [1] https://www.forbes.com.mx/economia-tasa-de-desempleo-mexico-llegar-11-7 -fin-de-anio-oit/

12 Idem

13 Idem

14 Idem

15 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/mexico-anuncia-acuerdos-con-astra zeneca-pfizer-y-cansino-por-hasta-146-8-millones-de-vacunas-contra-covi d-19

16 Idem

17 [1] https://www.milenio.com/politica/mexico-anuncia-vacuna-covid-19-esquema -aplicacion

18 Idem

19 Idem

20 https://www.milenio.com/politica/mexico-2-1-medicos-2-9-enfermeros-mil- habitantes

21 Idem

22 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad20 19_Nal.pdf

23 Idem

24 http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P#:~:text=
La%20Encuesta%20Intercensal%202015%2C%20registra,en%20los%20%C3%BAltimos%2045%20a%C3%B1os.

25 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Regresan-a-clases-mas-de-25.4- millones-de-alumnos-de-educacion-basica-20190826-0018.html

26 [1] https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/08/1180263

27 file:///C:/Users/Arturo%20Jim%C3%A9nez/Downloads/Dialnet-EducacionMedia YSuperiorEnMexico-4733974.pdf

28 [1] https://heraldodemexico.com.mx/pais/dia-del-maestro-cuantos-profesores- hay-en-mexico/

29 Idem

30 https://abcnoticias.mx/cuantos-maestros-hay-en-mexico-y-cuanto-ganan/16 7649

31 Idem

32 Idem

33 https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/P2M110.pdf

Palacio legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero del 2021.

Diputada Carmen Patricia Palma Olvera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Semar a asumir de inmediato sus responsabilidades de preservación y protección ecológica, sustentable, sostenible y de seguridad del Golfo de California y los mares mexicanos, e intervenir para que sea retirada sin contratiempos la organización ambientalista Sea Shepherd Conservation Society, suscrita por el diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Jesús Salvador Minor Mora , integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno de la Comisión Permanente, por conducto de la Mesa Directiva, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El 28 de octubre del 2015, Sea Shepherd anunció la Operación Milagro II, en el Alto Golfo de California, para proteger la vaquita marina, una especie endémica, disminuida debido a la pesca ilegal de la totoaba, cuyas redes que se utilizan en la pesca de ésta, atrapan también vaquitas marinas.

Segunda. En acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), esta asociación se comprometió con el gobierno de México de proteger las aguas del refugio de la vaquita, para lo cual realizaría patrullaje para combatir pesca furtiva, documentaría los problemas, recopilaría datos con las comunidades científicas y llevaría, tareas de divulgación en la región y también consideraba reunirse con biólogos, marinos investigadores y otras ONG.

Tercera. Esta organización establecida en el año de 1977, cuya misión es terminar con la destrucción del hábitat, es famosa por sus acciones directas contra los cazadores de focas y barcos balleneros y se reconoce su loable labor, porque creo que todos estamos de acuerdo en respetar el medio ambiente, sin embargo, sus métodos violentos, gansteriles y coercitivos no son aceptables de ninguna manera, y mucho menos justifican los impactos negativos en seres humanos, y como ejemplo señalo los siguientes antecedentes:

I. Acciones Internacionales

Navegar en aguas territoriales sin el permiso apropiado para llevar a cabo acciones de patrullaje, vigilancia y control de las aguas nacionales que de ninguna manera les compete por soberanía nacional, cuando el permiso que tienen sus embarcaciones es de paso inocente y objetivos de “colaboración” ambientalista, esto se podría llamar intervención o incluso de espionaje, lo cual cae en lo ilegal, y por lo mismo fueron expulsados por el gobierno de Panamá en forma inmediata.1

El presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció la expulsión del estadounidense Sean O´Hearn, director de la Organización ambientalista Internacional Sea Shepherd, al que acusó de haber dirigido una operación con policías para el allanamiento de algunas casas de manta, donde se decomisaron unas 2 toneladas de aleta de tiburón.2

Asimismo, el hundir barcos balleneros significa un alto grado de violencia y ello la organización “ambientalista” lo ha practicado en diferentes partes del mundo, de tal manera que la Comisión Ballenera Internacional condenó las acciones de Sea Shepherd, tildándolos de terroristas.3, 4

II. Acciones Nacionales

En Baja California, desde que llegaron los ambientalistas al Alto Golfo de California, para el sector pesquero ha representado una desgracia social y económica, ya que lo único que le interesa a esta Asociación ambientalista es la vaquita marina, supuestamente.

A nosotros los mexicanos, nos interesa salvaguardar las especies, en especial la vaquita marina en peligro de extinción (20 vaquitas reportadas oficialmente a la fecha), pero también nos interesa mantener la vida y la integridad física de los seres humanos que hacen al sector pesquero, así como el bienestar de su propio entorno de vida, que se genere economía sustentable y traiga calidad de vida para todos. El no tener acceso a lo antes mencionado, ya es una afectación directa derivada de la presencia de esta organización ambientalista Sea Shepherd.

Que aparte de la afectación económica por más de 5 años, también ha dejado graves afectaciones físicas y psicológicas a los pescadores ribereños que han sido víctimas de la utilización de mangueras de presión para evitar que estos retiren sus redes de pesca o para evitar cualquier acercamiento al barco de la organización, siendo, además, acusados como presuntos agresores, cuando en la realidad han sido los agredidos y afectados.

El último y más reciente hecho agresivo contra pescadores ocurrió el 31 de diciembre del 2020, con la embestida del barco Farley Mowat5 a una panga de pescadores del puerto de San Felipe, partiendo la panga, dando como resultado dos pescadores heridos, de los cuales uno falleció mientras era atendido en un hospital y el otro se encuentra en estado grave.

Esta agresión no debe quedar impune, se requiere la inmediata intervención de la autoridad correspondiente para que se lleve a cabo la debida investigación.

Reflexionemos

¿Por qué la Semarnat y la Semar no son las directamente responsables de preservar el ecosistema marino y la seguridad del alto Golfo de California?

¿Es que acaso en México no tenemos capacidad científica, técnica y operativa para preservar y proteger nuestros mares, en las instancias responsables, o en los institutos de investigación, o en las propias organizaciones ambientalistas?

Cuarta. En conclusión, sí en el 2015 se aceptó la intervención de esta organización ambientalista por parte de la anterior administración federal, su justificación habría que tenerla, sin embargo, es obvio que no consideraron que esta organización se dedica a la acción directa que implica interferir las normas y leyes con el fin de lograr sus objetivos, considero que no los necesitamos.

Hay que despedirlos e invitar tanto a escuelas superiores, navales, técnicas entre otras, que preparan estudiantes en esta área marítima, como: investigadores, científicos, entre otros, ya que hay mucha flora y fauna en el mar que no hemos cuidado y explotado.

Quinta. Es importante que se actualice el padrón, con sus respectivos permisos de pesca para que se pueda dar un reordenamiento, capacitarlos, brindarles los apoyos técnicos necesarios y juntos con la autoridad reactivar un sector pesquero sustentable y sostenible, con conocimientos y alineados a la norma aplicable.

Sexta. No ocupamos que nos vigilen extranjeros, estamos conscientes que podemos llevar un control sin ellos, tenemos instituciones como las antes mencionadas; y lo principal pescadores responsables que aceptan el reto de sumarse a un proyecto integral, lo único que falta es el acercamiento de las partes, es decir gobierno y sector pesquero.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición de urgente u obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que gire instrucciones a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Marina (Semar), para que asuman de forma inmediata sus responsabilidades de preservación y protección ecológica, sustentable, sostenible y de seguridad del golfo de California y los mares mexicanos; intervengan para que sea retirada sin contratiempos a la organización ambientalista Sea Shepherd Conservation Society del Golfo de California y mares mexicanos y; resuelvan a la brevedad asuntos prioritarios de su competencia por la vida e integridad física de los pescadores así como por la preservación y protección de los ecosistemas marinos mexicanos, siguientes:

1. Que los titulares de Semarnat y Semar realicen las investigaciones y presente informe imparcial y pormenorizado sobre los hechos ocurridos el pasado 31 de diciembre de 2020, con el barco Farley Mowat de la propia organización, contra pescadores de San Felipe, en el golfo de California, ante las comisiones involucradas de la honorable Cámaras de Diputados del Congreso de la Unión.

2. Que el titular de Semarnat comparezca y entregue informe pormenorizado de todos los acuerdos y/o convenios vigentes con organizaciones ambientalistas o cualquier otra, que les permite intervenir en la vigilancia de la preservación y protección de los ecosistemas marinos mexicanos y ello, ante las comisiones involucradas de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

3. Que el titular de Semar coordine el proceso necesario para que esa Secretaría, asuma la responsabilidad inmediata de la vigilancia y seguridad, así como de la investigación técnica y científica por la preservación y protección de los ecosistemas marinos en el golfo de California y los mares mexicanos.

4. Que los funcionarios de Semarnat y Semar involucren e informen de toda acción, programa y proyecto realizado por la preservación y protección de los ecosistemas marinos mexicanos, a los representantes de los pescadores, con objeto de sean informados, capacitados y apoyados económicamente para que en un frente común logren un sector pesquero sustentable y sostenible.

Notas

1 El País, 2017. Panamá expulsa barco de ONG conservacionista tras incidente con pescadores, https://www.elpais.cr/2017/07/07/panama-expulsa-barco-de-ong-conservaci onista-tras-incidente-con-pescadores/

2 Europa Press, 2007. Correa ordena expulsión de un ecologista estadounidense. https://m.europapress.es/internacional/noticia-correa-ordena-expulsion- ecologista-estadounidense-20070804224355.html

3 El país, 1986. Islandia condena el hundimiento de dos balleneros. https://elpais.com/diario/1986/11/13/sociedad/532220401_850215.html

4 La vanguardia, 2010. Se hunde un barco de ecologistas tras chocar con un ballenero en la Antártida.

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20100106/5386195343 8/se-hunde-un-barco-de-ecologistas-tras-chocar-con-un-ballenero-en-la-a ntartida.html

5 INFOBAE, 2021. Versiones encontradas en el incidente que protagonizaron Sea Shepherd y pescadores mexicanos en Baja California: hubo al menos un muerto. https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/04/versiones-encontradas -en-el-incidente-que-protagonizaron-sea-shepherd-y-pescadores-mexicanos -en-baja-california-hubo-al-menos-un-muerto/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputado Jesús Salvador Minor Mora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Chihuahua a intensificar los esfuerzos para generar fuentes de ingresos, implantar una política de austeridad, mejorar el combate de la corrupción y evitar mayor endeudamiento en la entidad, suscrita por el diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Ulises García Soto , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Uno de los componentes más relevantes en el sostenimiento del federalismo a escala mundial, es el fortalecimiento de las finanzas públicas locales: estatal y municipal. Al ser un Estado federal, México no es la excepción. En este sentido, los esfuerzos que las administraciones deben priorizar son a aquellas encaminadas a incrementar las fuentes de recursos locales, ya que con ello se pueden ampliar las acciones dirigidas al mejoramiento del bienestar de las y los mexicanos.

Sin embargo, al considerar la evolución reciente del estado de Chihuahua, se deduce que éste no ha sido el caso para dicha entidad. La información oficial publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como aquella publicada en la gaceta oficial estatal, destaca la alta dependencia de la entidad sobre los recursos transferidos desde la federación para el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, para 2018 y 2019:

i) La participación de los ingresos federales dentro del total de ingresos con los que contó Chihuahua representó 78.2 y 79 por ciento del total, respectivamente, lo que se traduce en que dichas transferencias aumentaron en 4.9 por ciento real; y

ii) La recaudación propia del estado aumentó 680.5 millones de pesos (mdp); no obstante, ese incremento no fue suficiente para satisfacer el alza de precios observado en 2019, por lo que, en términos reales, se observó una caída de 0.4 por ciento (véase Tabla 1).

Tabla 1. Chihuahua. Ingresos totales del estado .

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP y las Leyes de Ingresos del estado de Chihuahua para 2018 y 2019.

En este sentido, se puede concluir parcialmente que la entidad no ha intensificado los esfuerzos con la suficiente fuerza como para reducir la dependencia que tiene sobre los recursos federales para poder incrementar, o siquiera mantener sus funciones en favor del pueblo chihuahuenss.1

Ahora bien, en cuanto a las aportaciones que la entidad ha hecho a la federación por concepto de recaudación de impuestos federales, ha sido muy baja en comparación con otros estados. Por ejemplo, durante 2018, Chihuahua aportó efectivamente a la Federación una recaudación por concepto de impuestos tributarios federales de 62 mil 879.0 mdp, lo que equivale a apenas 2.1 por ciento del total de la recaudación de impuestos tributarios -porcentaje que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años-, la cual se situó en 3 billones 062 mil 334 mdp. Dicho monto coloca al estado muy por debajo de los 42.6 por ciento que aporta la Ciudad de México a la Federación.

Lo anterior se hace aún más relevante si se contrasta con lo que efectivamente se le otorga al estado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación sobre los Ramos que incorporan el gasto federalizado. Por ejemplo, la participación del estado en el gasto federalizado que se aprobó para 2021 es de 2.8 por ciento, lo que se traduce en que lo otorgado por la federación se encuentra por encima de lo que efectivamente aporta el estado a la Federación en términos de recaudación de impuestos tributarios federales -apenas 2.1 por ciento-. En resumen:

i) La dependencia del estado sobre los recursos transferidos por la Federación ha crecido;

ii) El estado aporta poco en comparación a los recursos recaudados por otros estados por concepto de impuestos federales, y;

iii) La Federación le otorga a Chihuahua un porcentaje de recursos mayor al que el estado le aporta por concepto de recaudación de impuestos federales a la Federación.

2. El uso eficiente y transparente de los recursos públicos, es el pilar del sostenimiento de los gobiernos alrededor del mundo, independientemente del nivel que los caracterice: municipal, estatal o federal. En este sentido, las administraciones deben priorizar en todo momento los esfuerzos que tengan como resultado el fortalecimiento de la eficiencia y la adecuada transparencia de su uso.

Respecto a lo observado en el caso de Chihuahua, resalta que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya señalado a partir de las auditorías efectuadas en 2019, que el gobierno del estado deba aclarar el uso y destino de los recursos federales por un monto de alrededor de 119.3 mdp, alertando de un posible daño a la hacienda pública por el mal manejo de dichos recursos. Además, la ASF también señaló que el gobierno del estado incurrió en diversas inobservancias de la normativa e incumplió en obligaciones de transparencia.

Lo anterior puede constatarse en la Cuenta Pública 2018 y en sus informes individuales, donde se destaca el uso y destino poco claros, además de las inobservancias de la normatividad antes mencionadas en al menos:

1. El Fondo de Aportaciones Múltiples;

2. El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;

3. Escuelas al CIEN;

4. Expansión de la Educación inicial;

5. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

6. El Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral;

7. Los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa;

8. La distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

9. El cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

10. La distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; y

11. Distribución de las Participaciones Federales.

Dado lo anterior, la entidad debe priorizar la eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos como principal estrategia para fortalecer y ampliar las finanzas públicas locales. En otras palabras, la entidad necesita implementar una política de austeridad y mejorar el combate a la corrupción dentro de sus instituciones para poder contar con mayores recursos y que el pueblo tenga certeza de dónde están siendo usadas sus contribuciones.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), las entidades federativas solamente pueden contratar deuda para destinarlo a inversiones públicas productivas, refinanciamiento o reestructura de las obligaciones financieras.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la LDF, debe entenderse por “inversión pública productiva”:

“toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En este tenor, todo aquel recurso por el que se adquiera deuda por parte de las entidades federativas debe impactar positiva y directamente el bienestar de la sociedad. Sin embargo, los recursos adquiridos a través de deuda no parecen haberse traducido en mejoras del bienestar económico de la población, ya que, según lo destaca el Informe de pobreza y evaluación 2020 para el estado de Chihuahua, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018, 68.6 por ciento de la población en Chihuahua se encontraba en situación de pobreza o de vulnerabilidad por carencias o ingresos.

Esto es altamente relevante, toda vez que, de acuerdo con diversos indicadores derivados de la información otorgada por la SHCP, a través de sus datos abiertos en Estadísticas Oportunas, Chihuahua figura dentro de los estados con mayor nivel de deuda adquirida al primer trimestre de 2020. Por ejemplo:

1. En términos absolutos tiene el tercer lugar de los estados con mayor nivel de endeudamiento, con 50 mil 342.7 mdp;

2. Respecto a deuda per cápita se posiciona en tercer lugar, con 13 mil 242.9 pesos, lo que es equivalente a 2.9 veces el promedio nacional;

3. Referente a los estados más endeudados conforme a su participación en sus ingresos totales, esta entidad está en la tercera posición con 71.4 por ciento, y;

4. En cuanto a deuda como porcentaje del producto interno bruto estatal, Chihuahua encabeza la lista con 6.6 por ciento.

Derivado de los resultados de esta entidad en el manejo de su deuda, es comprensible que, para el primer trimestre de 2020, Chihuahua sea uno de los 4 estados calificados con un color amarillo (endeudamiento en observación) en el Sistema de Alertas, mientras que los restantes 28 estados se encuentran en verde (endeudamiento sostenible).

Por lo anteriormente fundado y motivado en las consideraciones expuestas, someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Chihuahua para que, con base en sus atribuciones y competencias:

a) Intensifique los esfuerzos para generar nuevas fuentes de ingresos propios del estado y, con ello, disminuir la dependencia que tienen sobre las transferencias de recursos federales.

b) Implemente una política de austeridad y mejore el combate a la corrupción, con la finalidad de contar con mayores recursos derivados de los ahorros que propicia dicha política, así como transparentar el uso de estos, antes de en endeudar más al estado.

c) Disminuya los niveles de deuda que tiene la entidad, con el objetivo de no comprometer el futuro de las y los chihuahuenses.

Nota

1 Al considerar esta dependencia, se entiende que, al verse afectada la Recaudación Federal Participable, los recursos destinados a la entidad se vean también reducidos, como sucedió en el 2020 y que influyó directamente en las estimaciones para el 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputado Ulises García Soto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades en materia de salud, a generar mecanismos para prevenir la venta y aplicación de vacunas falsificadas o adulteradas para tratar el SARS-COV-2, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción 11, Y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a diversas autoridades en materia de salud a generar mecanismos para prevenir la venta y aplicación de vacunas falcificadas o adulteradas para tratar el SARS-Cov2, lo anterior de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

Primera. La pandemia causada por el virus SARS-COV2 ha cobrado la vida de al menos 128 mil personas en el territorio nacional.

Adicionalmente, las personas que presentan casos severos-y logran sobrevivir, se enfrentan a secuelas variadas y en muchos casos, debilitantes.

Segunda. En uno de los esfuerzos conjuntos más significativos de los últimos cien años, se han logrado desarrollar vacunas con la finalidad de inmunizar a la mayor cantidad posible y mitigar los efectos adversos, así como los costos humanos, sociales y económicos de la pandemia.

Tercera. Las autoridades mexicanas han hecho un esfuerzo considerable con el fin de que haya un acceso pronto y efectivo a las vacunas que han sido aprobadas por instituciones como la FDA y por diversos CDCs a nivel internacional y a nivel nacional como el caso de la vacuna producida por Pfizer BioNtech y la producida por Moderna.

Sin embargo, esta nueva esperanza para las personas es también una oportunidad para las personas que buscan enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás.

Cuarta. En diversos países, las autoridades sanitarias y de justicia, como la Comisión Nacional de Justicia de Estados Unidos de América, han recomendado estar alertas ante la posibilidad de fraudes a través de la venta y aplicación de vacunas para el SARS-COV2 falsas.

Quinta. Además, autoridades cómo la Centro Nacional de Fraudes por Desastres por Desastres Nacionales, han establecido líneas directas de atención para reportar casos de oferta de vacunas falsas y su aplicación, así como denuncias de aplicación de vacunas falsas.

Sexta. Se considera que es necesario para la adecuada progresión de la inmunización de las personas en territorio nacional, así como para la protección de la salud, el que se cuenten con mecanismos para evitar este tipo de fraudes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salubridad general y de salud a que en el marco de sus competencias generen mecanismos de consulta de información sobre la manera de verificar la autenticidad de vacunas que se publiciten o provean por parte de particulares.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salubridad general y de salud a que en el marco de sus competencias establezcan mecanismos de atención directa al público para el reporte de venta y aplicación de vacunas falsificadas o adulteradas para el SARS-cov-2.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salubridad general y de salud a que establezcan mecanismos de atención directa para las personas a las que se les hayan aplicado vacunas falsificadas o adulteradas para el SARS-cov-2.

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica)

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A las Comisiones de Desarrollo Social, y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, a emitir dictámenes sobre las minutas con proyectos de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II, y se recorre el orden de las subsecuentes, al artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social; y por el que se declara el 21 de agosto como Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, a cargo del senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Martí Batres Guadarrama, senador integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos; y 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; solicito respetuosamente que se formule excitativa con base a las siguientes:

Consideraciones

1. El 5 de noviembre de 2019, el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social, y de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II, y se recorre el orden de las subsecuentes, del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. Asimismo, el 26 de noviembre de 2019, la minuta de mérito fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados , para su estudio y dictaminación.

2. El 11 de diciembre de 2019, el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 21 de agosto de cada año como “Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales”. Asimismo, el 12 de diciembre de 2019, la minuta de mérito fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictaminación.

3. Sin embargo, es oportuno señalar que desde la fecha en que les fueron turnadas las minutas de referencia, las Comisiones competentes de la Cámara de Diputados no han formulado y, en su caso, aprobado los dictámenes correspondientes. Por tal motivo, ha transcurrido en exceso el término que establece la ley y el reglamento para tal efecto.

Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente a usted, ciudadana presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, lo siguiente:

Primero. Formule atenta excitativa a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, a efecto de que a la mayor brevedad posible emita el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II, y se recorre el orden de las subsecuentes, del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

Segundo. Formule atenta excitativa a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, a efecto de que a la mayor brevedad posible emita el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 21 de agosto de cada año como “Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales”.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica)

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Con motivo del 7 de enero, inicio de la huelga de Río Blanco en 1907, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

Es necesario recordar a los héroes, a los eventos trágicos para entender el México actual, con ello, queremos valorar la lucha de los obreros, trabajadores de la industria textil que demandaban a los dueños de las empresas y de los consorcios, la mejora de condiciones laborales, sobretodo, para regular el trabajo infantil y obtener un mejor salario.

Antes del inicio de la Revolución Mexicana que se suscitó el 20 de noviembre de 1910, existieron una serie de eventos sociales, políticos y económicos que pugnaban por el cambio y sostenían el desgaste político de Porfirio Díaz.

La fábrica de tejidos e hilados de Río Blanco, Veracruz, tenía un régimen laboral en condiciones de esclavitud y de ventaja para los patrones vía reglamento al igual que todo el territorio nacional, con trabajo de 14 horas, de 6 de la mañana a 8 de la noche, con 45 minutos para comer, con la prohibición de visitas y de leer periódicos, con multas e infracciones, con tiendas de raya, por mencionar algunas imposiciones del Centro Industrial Mexicano.

La industria textil fue referente en el detonante social por el descontento hacia el gobierno de Porfirio Díaz, ya que las mejores condiciones eran para los ricos del país y dejaba de lado a millones de mexicanos en condiciones de pobreza; es así que, las huelgas en los estados de Jalisco, Veracruz, Puebla, Querétaro y Oaxaca, y el Distrito Federal, paralizaron la producción del sector e intervino Díaz, situación que fue desaprobada por los obreros.

Tras semanas del cierre de la fábrica de Río Blanco, los obreros a inicios de enero de 1907 acceden a levantar el paro de labores con mentiras y con la redacción de un nuevo contrato que mantenía los privilegios del patrón; por lo que, ante la indiferencia y enojados, el 7 de enero estalló el conflicto y los obreros atacaron la casa del oficial del nuevo círculo de obreros libres (aprobado por el entonces gobernador de Veracruz), la tienda de raya de Río Blanco y las de las compañías ubicadas en la misma localidad.

Con la intervención del 13 batallón de Infantería del Ejército, existe el registro de 200 obreros asesinados, 400 prisioneros, 40 heridos y más de mil 500 obreros despedidos.

Los dueños, en respuesta, cerraron 93 de las 150 empresas textiles en el país, con el pretexto de estar en balance y tener productos almacenados en exceso. Así lanzaron a la calle a 57 mil hilanderos y tejedores.1

La represión de los obreros de Río Blanco evidenció el clima laboral adverso al que eran sometidos la inmensa mayoría de los trabajadores en México, cuestión que se retomó en nuestra Carta Magna diez años después de esos lamentables sucesos, a través de la redacción del artículo 123 constitucional.2

Hoy, continuamos la búsqueda mejores condiciones laborales; recordamos con gratitud y honor la lucha de los obreros de Río Blanco. En la actual transformación solicitamos respeto para todos los trabajadores.

Notas

1 Tomado de http://memoriapoliticademexico.org/Efemerides/1/07011907.html el 5 de enero del 2021

2 Tomado de http://museolegislativo.diputados.gob.mx/?p=6844 el 5 de enero del 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2021.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)