Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5763-VII, martes 20 de abril de 2021
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y el fiscal del estado de México a llevar a cabo acciones de prevención, intensificación y refuerzo de la seguridad pública para combatir y erradicar los delitos, a cargo de la diputada María Guadalupe Díaz Avilez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conafor a hacer pública la información sobre los daños y las causas de los 78 incendios en el territorio nacional reportados por ella al 28 de marzo de 2021, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN)
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CRE y la CFE a revisar y reducir la tarifa eléctrica de los productores agropecuarios de Parras de la Fuente, Coahuila, pues tienen pozos profundos y se les ha retirado el subsidio para bombeo debido a un error en los trámites, suscrita por los diputados Enrique Ochoa Reza y Sergio Armando Sisbeles Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Oaxaca a revisar el informe de resultados de las Cuentas Públicas municipales de 2018 y realizar las investigaciones pertinentes, a cargo de la diputada Margarita García, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a presentar a la opinión pública un informe especial sobre los casos de violación de derechos de los migrantes y sujetos de protección internacional en 2019-2021, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a incluir con la Ssa a los trabajadores del sector agroalimentario en las próximas fases de vacunación contra el SARS-Cov2, a cargo del diputado José Francisco Esquitin Alonso, del Grupo Parlamentario del PES
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener, Pemex y la ASEA a difundir y hacer del conocimiento público las causas del incendio en la refinería Lázaro Cárdenas, de Minatitlán, Veracruz; las repercusiones y contingencias en salud de los trabajadores; y el plan y las acciones para reanudar su operación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno mexiquense y el ayuntamiento de Ixtlahuaca a realizar acciones de intervención social y renovación de equipamiento urbano en el municipio, a cargo de la diputada María Guadalupe Díaz Avilez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a abstenerse de modificar unilateralmente el calendario de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 y establecer una estrategia para inmunizar a todo el personal de salud de los sectores público y privado, a cargo del diputado Juan Martín García Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a finalizar por la Ssa la vacunación contra el Covid-19 del personal de los centros de salud públicos urbanos y rurales, e incluir al del sector privado, a cargo de la diputada Mayusa Isolina González Cauich, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a presentar el informe anual de actividades, según el artículo 102, Apartado A, de la CPEUM, suscrita por las diputadas Martha Tagle Martínez, Mariana Rodríguez Mier y Terán y Lorena Villavicencio Ayala, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PRI y Morena, respectivamente
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Michoacán de Ocampo a abstenerse de agredir a los manifestantes de Aguililla y garantizar la integridad física y mental de los seis denunciantes y sus familias; y a la Fiscalía General del estado, a integrar la carpeta de investigación correspondiente y solicitar el juicio de desafuero al Congreso local, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incluir por la SEP en los planes de estudio la educación marítima desde la niñez y, particularmente, la conmemoración de los 200 años de la Marina Armada de México, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y el INM a prevenir, erradicar y controlar la trata laboral de personas en San Quintín y otras localidades agrícolas, a cargo de la diputada Miriam del Sol Merino Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a realizar las obras o mejoras de infraestructura de la red eléctrica abastecedora de Huentitán El Bajo y alrededores de Guadalajara, Jalisco, a cargo de la diputada Irene García Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar el proyecto del BRT en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno a promover mediante la enseñanza de niños y adolescentes la importancia de colaborar en las acciones cotidianas que ocurren en su familia y sociedad, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Conafor a elaborar e implantar un programa de remoción de concreto de banquetas, glorietas y camellones, y sustituirlo con flora endémica en el territorio nacional, a cargo del diputado Ramón Verduzco González, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a las autoridades correspondientes para que adecuen el esquema de vacunación y establecer fechas inmediatas para la correspondiente al Covid-19 del personal de salud público y privado, a cargo de la diputada Irene García Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Conapred y la Segob a implantar medidas encaminadas a prevenir las agresiones contra discapacitados, a cargo del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a implantar programas sociales que contribuyan a prevenir y disminuir la violencia familiar en la entidad, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a sustituir por la SEP el nombre “lengua materna” en el libro de texto gratuito de español, pues hay 364 lenguas maternas más, y dejar como “español”, a cargo de la diputada Mayusa Isolina González Cauich, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a instituciones de los tres niveles de gobierno a coordinarse para mitigar los incendios forestales, a cargo de la diputada Coyolxauhqui Soria Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a rectificar el tramo de la carretera federal 57 Los Chorros para garantizar mayor seguridad, a cargo del diputado Sergio Armando Sisbeles Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a promover con la Secretaría de Cultura que en los jardines de niños se incorporen murales sobre pasajes históricos de México o la importancia del cuidado del planeta, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Barradas, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader, la Semarnat, la STPS, la Conafor y los gobiernos de las entidades productoras de candelilla a generar proyectos para modernizar el proceso de extracción, purificación y utilización de la cera de candelilla, a cargo del diputado Ramón Verduzco González, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de BC a implantar acciones y promover el desarrollo de viviendas de precio asequible para los trabajadores de menores ingresos mediante apoyos o subsidios, a cargo de la diputada Miriam Del Sol Merino Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y la Semarnat a promover campañas en pro de la soberanía alimentaria nacional y reforzar la cultura de la producción de insumos agroalimentarios a lo largo del territorio nacional, con el impulso de la siembra de huertos familiares en comunidades urbanas y rurales, a cargo del diputado Ramón Verduzco González, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a mantener y fortalecer los programas de financiamiento de becas de posgrado para la formación de investigadores y científicos en sus diversas modalidades, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Efemérides
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y el fiscal del estado de México a llevar a cabo acciones de prevención, intensificación y refuerzo de la seguridad pública para combatir y erradicar los delitos, a cargo de la diputada María Guadalupe Díaz Avilez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, María Guadalupe Díaz Avilez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Antecedentes
La seguridad es un derecho humano que a su vez se encuentra a cargo del Estado, la protección a la vida, al patrimonio, e integridad de la persona es un derecho que el Estado debe garantizar por lo que queda a su cargo la prevención, protección y respeto de este derecho humano.
Resulta innegable que la situación de inseguridad en algunas zonas del territorio Nacional se ha incrementado, la comisión de delitos, el crecimiento de la delincuencia y la criminalidad son un fenómeno que acompaña a la sociedad humana, a ello se añade un elevado número de delitos que no son denunciados, por miedo a que cuando se denuncie se sufra represalias y puedan ser doblemente victimizados.
Es por esta razón que se torna indispensable retomar esfuerzos para controlar los índices de violencia en el país con la mira y objetivo de eliminar la impunidad, así como la comisión de delitos en la sociedad, por ello se requiere de la suma de esfuerzos a nivel estatal y municipal para crear estrategias viables de combate a la delincuencia, así como la severidad de las penas.
En este caso en materia de seguridad pública el Estado de México ocupó en el tercer trimestre de 2020 el primer lugar en robo con violencia y robo a transeúnte a nivel nacional, y el segundo lugar en extorsión, robo de vehículo, robo en transporte público y lesiones dolosas.
La tasa de extorsión creció el 21.8% y la tasa de robo a negocio 51.9%., así como los feminicidios y los homicidios culposos reportados.
Los delitos que afectan principalmente a las mujeres aumentaron en el Estado de México.
La tasa de feminicidio en el estado creció 13.7%, la tasa de violencia familiar incrementó 88.5% y la tasa de trata de personas ascendió 61.8%.1
Los homicidios dolosos reportados aumentaron en 43 de los 125 municipios respecto al mismo periodo de 2019. El municipio que presentó la mayor tasa de homicidio doloso en el tercer trimestre de 2020 fue Papalotla en el distrito Texcoco, con 20.31 CI por cada 100 mil habitantes.
Los homicidios dolosos reportados aumentaron en 6 de los 18 distritos judiciales respecto al tercer trimestre de 2019. El distrito judicial que tuvo el mayor incremento fue Tenango del Valle, con 77.4%, seguido de Cuautitlán (60.6%) e Ixtlahuaca (57.5%).
La mayoría de las víctimas de homicidio doloso fueron hombres mayores de edad, que fueron atacados con arma de fuego. Ellos representaron el 70% de las 739 víctimas reportadas en el tercer trimestre de 2020. Asimismo, el 8.4% de los hombres fueron agredidos con arma blanca y 21.4% con otro elemento. También se reportaron 58 mujeres víctimas de homicidio doloso y 45 víctimas de feminicidio.
El 22.4% de las víctimas de homicidio doloso fueron agredidas con “otro elemento” y 63.8% con armas de fuego. En cuanto a las víctimas de feminicidio , 62.2% fueron agredidas con “otro elemento”, 24.4% con arma de fuego y 13.3% con arma blanca. En total, hubo 32 víctimas menores de edad: 26 identificadas como hombres y 6 identificadas como mujeres.
La extorsión reportada en el Estado de México pasó del 5º lugar al 2º en el ranking nacional. En el tercer trimestre de 2020, la tasa de extorsión fue 4.98 CI por cada 100 mil habitantes. La tasa aumentó 21.8% respecto al mismo periodo de 2019. En total, se abrieron 900 CI de extorsión, de las cuales en el Estado de México se abrió el 42.6% de todas las carpetas que se abrieron en el país.
El distrito judicial que tuvo la tasa más alta de extorsión en el tercer trimestre de 2020 fue Toluca, con 7.49 CI por cada 100 mil habitantes; seguido de Lerma (5.97) y Nezahualcóyotl (5.86).
Las extorsiones reportadas aumentaron en 7 de los 18 distritos judiciales respecto al tercer trimestre de 2019. El distrito judicial que tuvo el mayor incremento fue Ixtlahuaca, con 359%, seguido de Nezahualcóyotl (142%).
El robo con violencia reportado en el Estado de México pasó del 2º lugar al 1º en el ranking nacional. En el tercer trimestre de 2020, la tasa de robo con violencia fue 105.09 CI por cada 100 mil habitantes.
El robo a transeúnte reportado en el Estado de México pasó del 3º lugar al 1º en el ranking nacional. En el tercer trimestre de 2020, la tasa de robo a transeúnte fue 55.60 CI por cada 100 mil habitantes. La tasa aumentó 6.1% respecto al mismo trimestre de 2019. En total, se abrieron 10 mil 49 CI de robo a transeúnte.
Las violaciones reportadas aumentaron en 8 de los 18 distritos judiciales respecto al tercer trimestre de 2019. El distrito judicial que tuvo el mayor incremento fue Zumpango, con 294%, seguido de Otumba (146%).
El distrito judicial que tuvo la tasa más alta de violación en el tercer trimestre de 2020 fue Otumba, con 4.53 CI por cada 100 mil habitantes; seguido de Valle de Bravo (3.90) y Texcoco (3.62).
La violencia familiar reportada en el Estado de México pasó del 27º lugar al 25º a nivel nacional. En el tercer trimestre de 2020, la tasa de violencia familiar fue 27.12 CI por cada 100 mil habitantes. La tasa aumentó 88.5% respecto al tercer trimestre de 2019. En total, se abrieron 4 mil 902 CI de violencia familiar.
La trata de personas reportada en el Estado de México pasó del 10º lugar al 6º en el ranking nacional. En el tercer trimestre de 2020, la tasa de trata de personas fue 0.20 CI por cada 100 mil habitantes. La tasa aumentó 61.8% respecto al mismo trimestre de 2019. En total, se abrieron 36 CI de trata de personas.
El distrito judicial que tuvo la tasa más alta de trata de personas en el tercer trimestre de 2020 fue Jilotepec, con 1.02 CI por cada 100 mil habitantes; seguido de Tenancingo (0.54) y Chalco (35.37). La trata de personas reportada aumentó en 4 de los 18 distritos judiciales respecto al tercer trimestre de 2019. El distrito judicial que tuvo el mayor incremento fue Cuautitlán, con 393%.
En el tercer trimestre de 2020, se reportaron 41 víctimas de trata de personas, de las cuales tres de cada 10 víctimas fueron mujeres menores de edad. En 29.3% de las víctimas no se identificó el sexo, así como en 51.2% de los casos no se especificó la edad.
El narcomenudeo reportado en el Estado de México: El distrito judicial que tuvo la tasa más alta de narcomenudeo en el tercer trimestre de 2020 fue Otumba, con 15.85 CI por cada 100 mil habitantes; seguido de Tlalnepantla (14.98) y Tenancingo (11.59). El narcomenudeo reportado aumentó en 8 de los 18 distritos judiciales respecto al tercer trimestre de 2019. El distrito judicial que tuvo el mayor incremento fue Otumba, con 475%, seguido de Toluca (134%) y Texcoco (108%).
Víctimas de lesiones dolosas: La mayoría de las víctimas de lesiones dolosas fueron hombres mayores de edad. Los hombres agredidos con arma de fuego representan el 8.1% de las víctimas reportadas en el tercer trimestre de 2020. Asimismo, 6.6% fueron hombres agredidos con arma blanca y 85.3% con otro elemento. En el tercer trimestre de 2020, se reportaron 3 mil 595 mujeres víctimas de lesiones dolosas. El 99.1% de las víctimas fueron agredidas con “otro elemento” y 0.9% con arma blanca. Cabe destacar, que el 4% de las víctimas de lesiones dolosas fueron menores de edad.
En todos los distritos judiciales del Estado de México hubo al menos dos aumentos en alguno de los dieciséis delitos que analiza periódicamente el LSC. Los distritos judiciales que presentaron más incrementos durante el tercer trimestre de 2020 fueron Zumpango, Cuautitlán, Tlanepantla, Toluca, Ixtlahuaca, Jilotepec y Tenango del Valle. A estos le siguieron Otumba, Texcoco, Chalco, Lerma, Valle de Bravo y El Oro.
Doce de los 125 municipios del estado ocuparon el primer lugar en el ranking estatal.
Los municipios del Estado de México que encabezaron las tasas más altas en incidencia delictiva fueron Zumpango por homicidio doloso y robo a casa habitación, La Paz por robo en transporte público, Chalco por violencia familiar, Texcoco por secuestro, Cuautitlán Izcalli por trata de personas, Ecatepec de Morelos por robo con violencia y robo de vehículo, Tultitlán por robo a negocio, Naucalpan de Juárez por narcomenudeo, Toluca por extorsión y lesiones dolosas, Jilotepec por homicidio culposo, Huhuetoca por feminicidio y violación, y Coacalco de Berriozábal por robo a transeúnte.
Los municipios de la entidad que encabezaron la primera posición en todo México durante el tercer trimestre de 2020 fueron Huehuetoca por el delito de feminicidio, Ecatepec de Morelos por robo con violencia y Toluca por lesiones dolosas.
Los municipios que ocuparon el segundo lugar fueron Coacalco de Berriozábal por robo a transeúnte, Naucalpan de Juárez por robo con violencia, Cuautitlán por trata de personas, La Paz por robo en transporte público y Zumpango por lesiones dolosas.
Los municipios que ocuparon el tercer lugar fueron Ecatepec de Morelos por robo de vehículo, Tecámaz por robo en transporte público, Toluca por extorsión y Zinacantepec por lesiones dolosas.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito la colaboración del Gobierno del Estado de México para que se generen programas urgentes de coordinación para la lucha y erradicación de violencia así como combate del delito, en mecanismos de colaboración entre las policías municipales, estatal y la Fiscalía del Estado de México.
Estableciendo programas institucionales para la prevención del delito, mapeo de riesgo así como la identificación de problemas sociales que generan los delitos en dichas demarcaciones, tomando en cuenta que la cuarentena provocó que la mayoría de los delitos presentaran un comportamiento atípico a la baja, el cual se ha revertido entre el segundo y tercer trimestre del año.
Por lo tanto, se prevé que los delitos sigan subiendo conforme la población respete menos la cuarentena.
En consecuencia, es de vital importancia se elaboren el diseño de políticas de prevención, con la finalidad de salvaguardar y consolidar los mecanismos que garanticen la debida protección a la vida, la integridad, patrimonio así como la prevención y el orden público.
En tal virtud es necesario desplegar mayor presencia de elementos de Seguridad Pública, así como Policía de vialidad fija en puntos de mayor incidencia de robo vehicular del Estado de México, que nos lleven a la prevención y erradicación de inseguridad, de la mano del trabajo colaborativo instando a los municipios citados en el cuadro anterior para que promuevan la participación activa en la prevención del delito así como colaboración con la Fiscalía del Estado para reforzar el combate del delito.
Y de conformidad con el artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Artículo 21.-
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La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución .
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta honorable soberanía se apruebe de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al titular del Gobierno del Estado de México y al titular de la Fiscalía del Estado de México para que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones lleven a cabo acciones de prevención, intensificación, reforzamiento de seguridad pública, para el combate y erradicación del delito en los municipios de Papalotla, Texcoco, Tenango del Valle, Ixtlahuaca, Toluca, Lerma, Nezahualcóyotl, Otumba, Valle De Bravo, Zumpango, Jilotepec, Tenancingo, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Tlaneplanta, Toluca, Valle de Bravo, El Oro, La Paz, Ecatepec de Morelos, Zinacantepec, Huehuetoca, Coacalco de Berrizabal, Naucalpan de Juárez, territorios del Estado de México.
Notas:
1. Observatorio Nacional Ciudadano,
http://onc.org.mx/public/contenido/3t-edomex-reporte.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de abril de 2021.
Diputada María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conafor a hacer pública la información sobre los daños y las causas de los 78 incendios en el territorio nacional reportados por ella al 28 de marzo de 2021, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN)
La suscrita, diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz , las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
Según datos acumulados de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) del 1 de enero al 25 de marzo de 2021; en lo que va del año, se han registrado 2 mil 429 incendios forestales en 28 entidades federativas, afectando una superficie de 46 mil 986 hectáreas; Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: México, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Oaxaca, México, Baja California, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla, Durango, Chihuahua y Ciudad de México.
Conafor registró el día 31/03/2021 a las 20:00 horas 94 Incendios Forestales 65 Activos y 29 liquidados.1
Según el experto Christoph Neger,2 investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México (UNAM), de marzo a junio se registra el mayor número de incendios forestales, aunque los principales son abril y mayo. Recordó también que mientras en 2020 la incidencia fue menor, en 2019 fue alta.
El experto detalló que entre los efectos negativos de los incendios forestales están la pérdida de vegetación, biodiversidad y de los servicios ecosistémicos; la muerte de animales silvestres; erosión del suelo; fallecimiento de personas y lesiones, en particular de brigadistas; daños a la salud de la población por el humo provocado por el fuego fuera de control.
Asimismo, afectaciones al tráfico vehicular y aéreo por humo; muerte de ganado y pérdidas materiales, daños en cosechas e infraestructura, además de su contribución al cambio climático, pues estos fenómenos generan 15 por ciento de las emisiones que alteran la composición de la atmósfera mundial.
Por su parte y para la atención de este tipo de desastres, en 1999 se crea el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y fue establecido como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales; originalmente se creó como un programa integrado en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1996 y se hizo operacional en 1999, cuando se emitieron sus primeras Reglas de Operación.
El Fonden es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones y autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC); los instrumentos que lo integran son: el “Fondo para la Atención de Emergencias”, el Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” cuya operación se sujeta a lo establecido en el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fonden”, en los Lineamientos de Operación Específicos del Fonden y demás disposiciones normativas aplicables.3
Para 2020 se establecieron 3 mil 800 millones de pesos al fideicomiso Fonden, uno de los 109 fideicomisos eliminados por la nueva administración.
Si bien es cierto, para el año 2021 no se extinguió el Fonden, para atender emergencias, contingencias y fenómenos de la naturaleza, como los incendios en las sierras de los estados de Coahuila y Nuevo León, sí se extinguió el Fideicomiso de dicho Fondo.
Para finales de 2020, según el reporte correspondiente a los Fideicomisos Públicos, incluido en el informe de las finanzas públicas al cuarto trimestre del año pasado, los recursos remanentes en el Fideicomiso Fonden ascendían a 27 mil 602.2 millones de pesos, y esos recursos regresarían al gobierno federal al extinguirse dicho Fideicomiso.4
Es sabido que, además del Fonden, existe otro Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Fopreden), dedicado a la “Prevención” de Desastres Naturales, que sigue operando normalmente, y para 2021, les fueron asignados 8 mil 727.3 millones de pesos, y 200 millones de pesos respectivamente, asignados en el Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas.
En este contexto y con las nuevas reglas de operación, si existiese subejercicio por parte de estados y municipios o no se devenga en el gasto referentes al Fonden y Fopreden, dichos recursos quedan inhabilitados, y si se hubieran transferido a las unidades administrativas, éstas deben restituir los fondos a la Tesorería de la Federación.
Actualmente, el Fonden es un instrumento Interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.
Con la nueva Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil,5 avalada con 348 a favor y 66 en contra en lo general y en lo particular, cada estado establecerá programas de gestión del riesgo de desastres y protección civil, con la finalidad de atender amenazas, emergencias y desastres de origen natural, así como prevenir y reducir riesgos que ocurran dentro de su jurisdicción. Es conveniente precisar que esta ley aun no entra en vigor, fue aprobada solamente por la Cámara de Diputados, fue enviada como minuta al Senado de República para su aprobación y su estado esta pendiente.
De la misma manera, deberán considerar la capacitación, equipamiento y sistematización de Protección Civil en las entidades.
Es decir, la federación establece candados estrictos para la solicitud y operación de recursos y los Estados están obligados a crear programas sociales para prevenir y atender los desastres naturales.
Es por todo lo anterior, que someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal para que haga pública toda la información referente los daños y las causas que han provocado los 78 incendios en el territorio nacional reportados por la Comisión al 28 de marzo de 2021 y; sobre las estrategias que están implementando para la reforestación y recuperación de la flora y fauna en las áreas afectadas, así como para evitar más incendios en la próxima temporada de altas temperaturas que se avecina.
Notas
1 [1]https://www.gob.mx/conafor/documentos/reporte-semanal-de-incendios
2 [1]https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
2021-ano-mexico-registrara-numerosos-incendios-forestales-bosques-6506748.html
3 [1]https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/2017_0015_a.pdf
4 [1]https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/03/31/
marco-perez-valtier-sigue-operando-el-fondo-de-desastres-naturales/
5 https://www.forbes.com.mx/politica-diputados-aprueban-ley-sustituir-fon den-fropreden/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CRE y la CFE a revisar y reducir la tarifa eléctrica de los productores agropecuarios de Parras de la Fuente, Coahuila, pues tienen pozos profundos y se les ha retirado el subsidio para bombeo debido a un error en los trámites, suscrita por los diputados Enrique Ochoa Reza y Sergio Armando Sisbeles Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, Enrique Ochoa Reza y Sergio Armando Sisbeles Alvarado, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes
Consideraciones
El sector eléctrico es estratégico para el desarrollo económico y social del país. Como sabemos, el Sistema Eléctrico Nacional es uno de los mayores y más complejos a nivel mundial. Proporciona servicio a poco más de 126 millones de personas en todo el país y ha alcanzado casi el 99 por ciento de cobertura.
Las tarifas eléctricas son disposiciones específicas que contienen las cuotas y condiciones que rigen los suministros de energía eléctrica y se identifican oficialmente por su número y/o letra (s) según su aplicación. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), como única entidad que suministra y comercializa energía eléctrica en México, cuenta con diferentes tarifas eléctricas, divididas conforme al tipo de usuario final los cuales también dependen de una región establecida.
De acuerdo con la CFE, la tarifa eléctrica se calcula de acuerdo con el tipo de número o letra al que pertenezca el usuario. Para ello, es necesario saber qué determina cada tipo de tarifa, todo dependerá del uso que se dé a la energía, bien sea para el hogar, un negocio o la industria.
Las tarifas eléctricas para el hogar se subdividen en 8. Estas son exclusivas para uso doméstico. Cabe mencionar que solo la tarifa tipo DAC no posee subsidio por parte del Estado mexicano. Para que la tarifa sea considerad doméstica, el consumo no debe rebasar los 25kw por hora. Pero, también se tiene en cuenta la temperatura de la zona donde está ubicada la residencia, por lo que el precio puede variar. Así, se tienen las tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC (Doméstica de Alto Consumo).1
Las tarifas por el servicio eléctrico en negocios también dependerán del consumo que se tenga por mes. Las categorías son las siguientes: PDBT, correspondiente a un consumo de baja tensión de hasta 25kWh en el mes; DGBT, de gran demanda sobre un consumo de baja tensión sobre los 25 kWh durante el mes; RABT que representa el riego agrícola con baja tensión; APBT aplicable al alumbrado público de baja tensión; APMT correspondiente al alumbrado público de media tensión; GDMTH que significa gran demanda en media tensión horaria; GDMTO correspondiente a la gran demanda en media tensión ordinaria; RAMT que significa Riego agrícola sobre media tensión; DIST que simboliza la demanda de industria en subtransmisión; y DIT es la demanda industrial en transmisión.
Las tarifas en este rubro se dividen en tarifas específicas de baja tensión (APBT, RABT), de media tensión (APMT, RAMT) y tarifas generales de baja tensión (PDBT, GDBT) y de mediana tensión (GDMTO, GDMTH).
Los tipos de tarifas para la industria no difieren de los negocios, ya que son aplicables las dos últimas tarifas para este caso. En consecuencia, serán la Demanda Industrial en Subtransmisión y la Demanda Industrial en transmisión las correspondientes para este caso. Es importante señalar que estas tarifas son mucho más elevadas que las que se aplican en negocios pequeños o a nivel doméstico, por lo que pudieran llegar a alcanzar hasta un 70 por ciento de incremento sobres estas tarifas.
Por último, cabe señalar que se ha establecido tarifas CFE por zonas, ya que se calculan de acuerdo con el consumo, pero también a la temperatura que posea la región. Entre más altas las temperaturas, la tarifa será un poco más elevada pues el consumo aumenta. Según la zona, el subsidio por parte del gobierno pudiera incrementarse. Las zonas que obtienen el beneficio son Baja California; Baja California Sur; Sinaloa y Sonora (noroeste); Chihuahua, Zacatecas y Durango por la parte norte; Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis de Potosí (noreste); en el sur, Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, Nayarit, Hidalgo y Querétaro; y para la región central, Ciudad de México, estado México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
Conforme a datos de la CFE, en 2021, las y los mexicanos pagan 12 por ciento más por la electricidad que consumen en sus hogares, desde que el gobierno federal decidió, en 2019, aumentar la tarifa eléctrica que había permanecido fija desde 2016. Desde enero de 106 y hasta diciembre de 2018, el costo de la electricidad que las personas que tienen un consumo básico se mantuvo fijo con una tarifa de 79 centavos por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. A partir de 2019, dichas tarifas sufrieron incrementos anuales de hasta cinco por ciento, luego en 2020, cuatro por ciento por ciento, mientras que en 2021 la escalada se estabilizó en tres por ciento para todo el año. De tal modo, que este año, pagarán 11 por ciento más por la luz que destinaban al recibo en 2018.2
Ahora bien, el sector eléctrico es también clave para el desarrollo rural. Los productores agrícolas necesitan de la energía eléctrica para operar diariamente las herramientas que utilizan para realizar diversas actividades como el bombeo de agua de los pozos o de un depósito, operar maquinarias mecanizadas para el cultivo y la cosecha de sus productos, entre otras.
En este sentido, el aumento en las tarifas de electricidad a los productores del campo incrementa el costo de producción, lo que puede impactar directamente en su economía y productividad, disminuyendo sus ganancias por la venta de sus productos y volviendo inviable su actividad, esta es la situación por la que están atravesando actualmente los productores, sobre todo nogaleros, de Parras de la Fuente, Coahuila.
En México, el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha establecido diferentes tipos de subsidios para beneficiar a los agricultores del país y reducir las tarifas en comparación con el consumo tradicional. En específico, a los que dependen del bombeo de agua para irrigar sus cultivos, estableciendo un costo de entre 55 y 60 centavos el kilowatt por hora.3 Y aunque el establecimiento de tarifas se renueva de manera anual, en los últimos meses, a partir de las irregularidades públicas que han existido dentro de la CFE, las tarifas para agricultores han sufrido variaciones críticas.
Para muestra, basta un botón. Alrededor de 300 productores principalmente nogaleros de Parras de la Fuente, que cuentan con pozos profundos, les fue retirado el subsidio a la tarifa eléctrica de bombeo agrícola, que implica aproximadamente un 80 por ciento del costo del recibo. Se señala que esto se debió a que los documentos para solicitar el apoyo a la tarifa fueron enviados a otra oficina de la CFE (Monterrey) en vez de enviarse a las oficinas de Torreón.
Por su parte, la CFE les ha informado que reconoce que se está realizando el trámite, pero les pide hagan el pago y se les considerará para los siguientes pagos, sin embargo no se comprometen a que el próximo recibo venga con la tarifa subsidiada.
Al respecto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) comenta que efectivamente se presentó un problema con los expedientes pero que muchos de ellos si tienen observaciones que deben ser resueltas. Los productores de Parras de la Fuente han estado buscando un contacto con la oficina de la CFE en Torreón, para revisar el problema.
En efecto, durante los primeros días de marzo del año en curso, la Asociación por la Defensa del Agua Parras de la Fuente, Coahuila, denunció que la Comisión Federal de Electricidad habría retirado los subsidios de tarifa eléctrica a los productores nogaleros de Parras y las regiones aledañas.4 A través de su presidente, Felipe Rodríguez, la asociación señaló que con estas acciones el costo de las tarifas eléctricas que pagan los productores agrícolas se verían incrementadas de forma desproporcionada, hasta en cinco veces más de lo que pagaban anteriormente.5
Afirmó que una vez que los productores y la asociación se dieron cuenta del alza en las tarifas de los recibos de luz, lograron confirmar a través de medios informales que el subsidio federal a la tarifa agrícola había sido removido de manera discrecional por parte de la CFE. Esta falta representa aproximadamente un 80 por ciento de incremento sobre el costo de las tarifas usuales a los productores de nogal, melón o frutas en general al norte del país.6
Tras los hechos, los productores se han reunido para buscar una solución que atienda el problema de manera rápida, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha logrado ningún acuerdo. Cabe destacar que la Asociación por la Defensa del Agua Parras de la Fuente también ha confirmado que este fenómeno se ha replicado en otros lugares como La Laguna y Chihuahua.
En días recientes, fuentes oficiales han confirmado que la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el gobierno estatal de Coahuila han atendido el tema. Sin embargo, la respuesta ha sido puesta a consideración de la revisión de documentos que aún no se han puesto a disposición de los afectados.7
Lo que es un hecho, es que la CFE retiró los subsidios de la tarifa eléctrica, en perjuicio de los productores nogaleros de Parras de la Fuente y de la región. Es importante mencionar que dentro de las cadenas de valor productivo, el incremento de las tarifas de producción en fuentes primarias puede ocasionar un sobreprecio en los productos de consumo final.8
Esta medida puede afectar negativamente la economía de miles de productores y sus familias en la región, por lo que es necesario encontrar una solución a la brevedad posible. La energía eléctrica ya representa costos muy altos para los productores del campo, si se retiran los subsidios se les estaría dando un golpe mortal, ya que no podrán costear las cuotas sin que ello se traduzca en grandes pérdidas económicas.
De ahí también la importancia de impulsar las energías renovables, las cuales, se ha demostrado, son más económicas, eficientes y amigables para el medio ambiente. México, por su posición geográfica, tiene un gran potencial fotovoltáico y eólico que puede ser aprovechado para generar energías más baratas en favor no sólo de los productores del campo, sino de todos los consumidores de energía.
Para ponerlo en perspectiva, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que los costos de la electricidad renovable se han reducido drásticamente en la última década gracias a la mejora en las tecnologías. Los costos de la generación de energía solar fotovoltaica a escala han descendido en 82 por ciento desde 2010, la energía solar de concentración en 47 por ciento, la eólica terrestre en 39 por ciento y la eólica marina en 29 por ciento. Asimismo, los costos de la electricidad proveniente de la energía solar y eólica disminuyeron 13 por ciento y 9 por ciento respectivamente a nivel global.9
En 2017, nuestro país ya se perfilaba como uno de los 10 destinos preferidos de los inversionistas para la generación de energía renovable,10 sin embargo, la presente administración ha preferido dar la espalda a las energías renovables y priorizar la generación de energía eléctrica con combustibles como el gas y el carbón, cuya generación es más costosa, ineficiente y altamente contaminante.
La actual administración está poniendo por delante la energía más cara y contaminante desincentivando los cambios tecnológicos en el país para la generación de energías limpias.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que revisen y ajusten a la baja la tarifa eléctrica que aplican a los productores agrícolas de Parras de la Fuente, Coahuila, quienes cuentan con pozos profundos y se les retiro el subsidio eléctrico para bombeo de agua, debido a un error en los trámites.
Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Federal de Electricidad, para que establezcan a la brevedad una mesa de trabajo con los productores nogaleros de Parras de la Fuente, Coahuila, con el objetivo de restituir el subsidio a la tarifa eléctrica.
Notas
1 https://cferecibodeluz.com.mx/tarifas-cfe/
2 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/sube-electricidad-12-durante- la-4t-aumento-costos-cuarta-tranformacion-cfe-6373081.html
3 Sigue vigente el programa de energía para productores agrícolas. Disponible en: https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/delicias/sigue-vigente-el-pr ograma-de-energia-para-productores-agricolas-ciclo-agricola-ciclo-del-a gua-apoyo-cfe-electricidad-subsidio-5719802.html
4 Nogaleros llaman a huelga de pagos contra la CFE. Disponible en: https://noticiasnrt.com/2021/03/04/felipe-rodriguez-pide-que-no-se-pagu e-el-recibo-de-luz-en-parras/
5 Hay disposición de la SDR para apoyar a productores de Parras, ante alza en tarifas eléctricas. Disponible en: https://www.elheraldodesaltillo.mx/2021/03/05/hay-disposicion-de-la-sdr -para-apoyar-a-productores-de-parras-ante-alza-en-tarifas-electricas/
6 Asesta CFE golpe mortal a nogaleros de Coahuila, retira subsidios de tarifa agrícola. Disponible en:
https://rancherita.com.mx/noticias/detalles/100506/asest a-cfe-golpe-mortal-a-nogaleros-de-coahuila-retira-subsidios-de-tarifa-a gricola.html#.YF0pyy1h3UI
7 Sigue vigente el programa de energía para productores agrícolas. Disponible en: https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/delicias/sigue-vigente-el-pr ograma-de-energia-para-productores-agricolas-ciclo-agricola-ciclo-del-a gua-apoyo-cfe-electricidad-subsidio-5719802.html
8 Desarrollo de la agricultura orgánica. Disponible en: http://www.fao.org/3/y4137s/y4137s03.htm
9 El costo de las renovables se reduce drásticamente y supera la opción más barata de combustibles, Noticias ONU, en:
https://unfccc.int/es/news/el-costo-de-las-renovables-se-reduce
-drasticamente-y-supera-la-opcion-mas-barata-de-combustibles
10 Clean energy: Diverse opportunities for investors. Disponible en: https://innovationmatters.economist.com/clean-energy-opportunities
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Cámara de Diputados, a 20 de abril de 2021.
Diputados: Enrique Ochoa Reza, Sergio Armando Sisbeles Alvarado (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Oaxaca a revisar el informe de resultados de las Cuentas Públicas municipales de 2018 y realizar las investigaciones pertinentes, a cargo de la diputada Margarita García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Oaxaca y a la Secretaría de la Función Pública a revisar y en su caso solicitar las investigaciones necesarias para del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas Municipales del ejercicio fiscal 2018, por el Órgano Superior del Estado de Oaxaca, así como de su actuación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La importancia del acceso a la información pública es de alta relevancia principalmente en los gobiernos democráticos ya que toda persona tiene derecho a pedir y recibir cuentas de información que les permita participar en los asuntos políticos y monitorear los actos del Estado, ya que de esta manera se permite una gestión pública más transparente y responsable.
De ahí por qué el derecho a la información pública se reconoce como un derecho fundamental a nivel internacional, tal es el caso que se encuentra incorporado en los siguientes documentos:
- Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; se contemplan límites a la libertad, establece a los Estados la obligación de especificar términos de este ejercicio de derecho de acceso a la información y que garantice el respeto a los derechos de terceros en el ámbito individual.
- En el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, donde se establece Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.
- En el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, conocido como Pacto de San José; establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, este derecho comprende la libertad de buscar y recibir.
- En el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y
- En el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, estableciendo que Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.
- Declaración Sobre los Principios Fundamentales, establece el ejercicio de la libertad de opinión, de la libertad de expresión y la libertad de información, reconocida como parte integral de los derechos humanos y las libertades fundamentales, constituye un factor esencial de fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional.
Sin embargo, la libertad de acceso a la información no es ilimitada y deben ser compatibles con los derechos humanos ya que deben tener como fin el de proteger y hacer efectiva la dignidad humana.
En el caso mexicano la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 113, habla sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA):
“Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.”
Como se puede observar lo que este artículo establece es el cómo se llevará a cabo el Sistema Anticorrupción, y en donde se considera de gran importancia la transparencia y la rendición de cuentas para el sistema, ya que es una de las formas de identificar si existe corrupción dentro de alguna dependencia gubernamental.
La creación del SNA se realizó mediante decreto y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015 por medio de mecanismos de coordinación para enfrentar la corrupción.
Del mismo modo se publicó en el DOF el 9 de mayo de 2016 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece su objetivos en el artículo 2º, a saber:
“Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:
I. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;
II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;
III. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;
IV. Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto;
V. Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados;
VI. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos;
VII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y
VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.”
El SNA está formado por diversas dependencias que coadyuvan a un mejor combate a la corrupción, por lo que este es un Comité Coordinador en donde se encuentran la Auditoria Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal de Justicia Administrativa.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 también establece la lucha contra la corrupción en el apartado de Política y Gobierno, así como en los principios rectores de honradez y honestidad.
El esquema que establece el SNA a nivel federal se duplica en cada uno de los estados, tal es el caso que en las Entidades de Fiscalización locales recae la responsabilidad de realizar la revisión y fiscalización de la gestión financiera de los entes públicos que manejan, administran, ejercen, recursos públicos, ya sean federales, estatales o municipales, así como también pueden revisar el destino que las personas físicas o morales privadas, le hayan otorgado a esos recursos públicos que por cualquier naturaleza hayan recibido.
El problema surge cuando uno de estos órganos se encuentra involucrado en temas de corrupción como es el caso del Órgano Superior de Focalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), como me han hecho saber la ciudadanía que está atenta a el actuar de este órgano en el Estado, así como al del Congreso del Estado de Oaxaca, como son los siguientes:
• Se habla que se auditaron 74 Cuentas Públicas Municipales de 570 Municipios de Oaxaca, es decir, sólo el 13% de los Municipios que integran esta Entidad Federativa lo que representa un porcentaje muy bajo.
• En recursos económicos, el porcentaje que se auditó del total de los recursos recibidos por los 570 Municipios del Estado es aún más bajo, toda vez que se señala que el monto auditado a los 74 Municipios, con motivo de la muestra seleccionada fue de 2 mil 268 millones 598 mil 439 pesos y que conforme a lo publicado en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2018, solo de participaciones federales los Municipios recibirían la cantidad de 13,416 millones de pesos y de aportaciones federales (Ramo General 33) recibieron del FISM-DF y Fortamun-DF la cantidad de 8,832 millones de pesos como se menciona en la página oficial de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, por lo tanto, sólo de recursos federales, en el ejercicio fiscal 2018, los 570 Municipios administraron y ejercieron la cantidad total de 22,249 millones de pesos, en números redondos, entonces, ¿Qué porcentaje se auditó de esa gran bolsa por parte del OSFEO?, el mínimo porcentaje del 10%, haciendo la aclaración que no se consideraron los recursos provenientes de recaudación propia, los llamados recursos fiscales, ya que ese porcentaje disminuiría más.
• Se mencionan irregularidades en los procesos de auditoría por parte del OSFEO, por ejemplo, que a algunos Municipios se les observa en demasía y a otros no, sucediendo lo mismo al momento de valorar la solventación presentada por las entidades fiscalizables para atender sus observaciones por lo que estamos ante un actuar parcial de un Órgano Técnico que por mandato constitucional debe regir su actuación bajo los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, dejando mucho que desear, evidentemente apartado de lo establecido en la Constitución.
Lo anterior, solo corresponde a los entes públicos municipales, es evidente que corre la misma suerte las auditorías realizadas a los entes públicos estatales, ya que el OSFEO para los procesos de auditoría utiliza los mismos “criterios” para llevar a cabo los procesos de auditoría y para determinar la solvencia a los entes fiscalizados.
• Otro punto cuestionable, es el hecho de que derivado de la fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales, el OSFEO solo presenta un Informe de Resultados por todas ellas, violentando a todas luces el mandato Constitucional, toda vez que se emite un Informe por Cuenta Pública, dejando al Congreso del Estado en imposibilidad de aprobar la Cuenta Pública de tal o cual Municipio, al estar todos incluidos en un solo Informe, ello deriva que al momento de aprobar la Ley que rige actualmente en el Estado, se basaron en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que en el orden Federal es solo una Cuenta Pública.
Por estos hechos mencionados es que se considera cuestionable el desempeño de OSFEO en lo que va de su creación, ante este panorama habría que analizar si en el mismo sentido se encuentran los procedimientos de responsabilidad administrativa resarcitoria a servidores públicos que se han derivado de estas auditorías; si se han llevado a cabo en cumplimiento con el marco normativo en la materia en el desarrollo de dichos procedimientos.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Oaxaca a revisar minuciosamente el informe de Resultados de las Cuentas Públicas Municipales del Ejercicio fiscal 2018 y realizar las investigaciones que consideren pertinentes.
Bibliografía
- Organización de los Estados Americanos, Departamento para la Gestión Pública Efectiva; El acceso a la información Pública, un Derecho para ejercer otros Derechos (mayo 2013)
- Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 (DOF, 12/07/2019)
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF, el 27 de mayo del año 2015)
- Muhlia Melo, Víctor; Peña Campuzano, Guillermo Panel: El Derecho de acceso a la información, como un derecho humano; Tercera Semana Estatal de Transparencia (may0 2008)
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril de 2021.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a presentar a la opinión pública un informe especial sobre los casos de violación de derechos de los migrantes y sujetos de protección internacional en 2019-2021, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1, fracción II del artículo 79 y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nunca como hoy México ha recibido tantas peticiones de asilo en la frontera sur. Tan sólo en marzo pasado, las peticiones superaron la cantidad de 9 mil.1 La situación de miles de personas en Centroamérica que han tenido que migrar de sus países, reclama la solidaridad del Estado mexicano. Otro indicador de la situación de emergencia se ve reflejado en la cantidad de niñas, niños y adolescentes separados y no acompañados en contextos de movilidad, cuya cifra para 2020 podría ser la más alta de las que se tenga registro.2
Sin embargo, el gobierno mexicano no ha tenido la capacidad ni la voluntad para tender la mano y cumplir las obligaciones que la Constitución y tratados internacionales le señala expresamente.
En enero de 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional (AI) mostraron su preocupación por los operativos instrumentados por la Guardia Nacional para frenar el paso de las personas migrantes;3 asimismo, organizaciones defensoras de las personas migrantes y solicitantes de asilo han reclamaron las restricciones de acceso a estaciones migratorias tanto en el sur del país como en la Ciudad de México, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), a pesar de que cuentan con permisos permanentes y un calendario de visitas acordado con la propia institución.4
La vocera de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Andrej Mahecic, señaló que México “tiene el derecho soberano a determinar quién entra en su territorio” pero que también el Estado mexicano está sujeto a leyes internacionales sobre la protección de personas refugiadas.5
En los hechos, las instituciones del gobierno mexicano no cumplen con lo que expresamente señala nuestra Constitución en su artículo primero: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” Es decir, las personas extranjeras también gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal independientemente de su situación migratoria.
Las instituciones del gobierno mexicano tampoco cumplen con lo que mandata la Ley de Migración en sus diversos artículos: “El Estado mexicano garantizara? a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria” (artículo 6). La misma Ley de Migración puntualiza: “En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables” (artículo 11).
En julio de 2020, un grupo de organizaciones civiles pidió a la ombudsperson de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, que no minimice los abusos sufridos por las personas migrantes en México, como, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y con la organización Sin Fronteras, ha hecho la funcionaria al desestimar el número de quejas presentadas por los trabajadores internacionales y la naturaleza de sus denuncias.6 Esas quejas, denuncian las organizaciones, “se refieren a las graves violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes que hemos registrado: detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, abuso sexual, extorsión, amenazas, violaciones a los derechos a la salud, vida e integridad y condiciones indignas por hacinamiento en las Estaciones Migratorias”, entre otros abusos.
Como se observa, en 2020 la CNDH ha hecho poco para advertir al Estado mexicano que se violan los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Nuevamente, pero ahora en 2021, otros casos de vejaciones se hacen presentes.
Asimismo, personas y organizaciones integrantes de diferentes redes, representantes de México y Centroamérica, entre las que destaca el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, suscribieron el pasado 5 de abril de 2021 el “Posicionamiento Público respecto a una Migración Respetuosa de los Derechos Humanos en México”, en el que observan con “preocupación que desde el inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, dentro de sus distintas facultades e instrucciones utilizan en su narrativa los conceptos de migración ordenada, segura y regular para referirse a su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de personas migrantes y sujetas de protección internacional, sin embargo, la implementación de políticas públicas a partir de este discurso, se han traducido en una violación sistemática y sistémica a los derechos de esta población”.
Asimismo, estas organizaciones señalan que esperan “que las futuras imágenes respecto a la respuesta del gobierno de México, en lugar de mostrar a cuerpos de seguridad y militares desplegados a lo largo de las principales localidades y puntos fronterizos, observemos autoridades que efectivamente garanticen los derechos de esta población, con una estrategia de recepción y atención humana, como el Sistema DIF, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como las Procuradurías locales y Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.”
Por lo que dichas organizaciones esperan que el Instituto Nacional de Migración y otras entidades bajo la obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos de esta población, “den cuenta de los mecanismos implementados para facilitar una migración segura de las poblaciones migrantes y perseguidas que históricamente han sido excluidas de los mecanismos de migración regular al país, obligando a migrar de forma irregular e insegura.”
Lo anterior responde a una grave y violenta realidad que viven las personas migrantes y sujetas de protección internacional en territorio mexicano. Por ejemplo, el pasado 1 de febrero de 2021 el portal de noticias Animal Político publicó el reportaje “Tortura, asesinatos, violaciones: lo que CNDH ha ocultado sobre secuestros a migrantes en 2019 y 2020”,7 en el que se concluye que, pese a que la CNDH tenía conocimiento de los secuestros y extorsiones vividos por migrantes, prefirió mantenerlo oculto más de un año y omitir tales hechos en sus informes y comunicados.
El reportaje de Animal Político presenta casos y hechos que exponen las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido las personas migrantes en México, en los últimos dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde “secuestros masivos y extorsiones, lo mismo a manos de grupos armados que de servidores públicos. Cuerpos policiales que capturan a migrantes y los entregan al crimen organizado. Familias aterrorizadas que miran cómo sus compañeros de tránsito hacia Estados Unidos de América (EUA) son torturados hasta sacar el número de teléfono de alguien que pueda pagar por ellos.”8
Los casos a los que alude el reportaje están debidamente sustentados, y en tres ocasiones se aclara cuándo y quiénes recibieron, de parte de la CNDH, dicha información:
“La propia titular de la comisión, Rosario Piedra Ibarra, recibió por escrito el 20 de noviembre de 2019, tan sólo cuatro días después de asumir el cargo, copia de los testimonios de agresiones a migrantes recabados entre el 24 y 26 de septiembre en Tapachula y en Arriaga, en la frontera sur de México. Así lo prueba el oficio OF/TAP/573/2019, elaborado por la Oficina Foránea de la CNDH en Tapachula”.
“El 4 de febrero de 2020, Elizabeth Lara Rodríguez, la nueva directora general de la Quinta Visitaduría, recibió copia del oficio SE/DOI/0140/20, elaborado por la directora de Organismos Internacionales de la CNDH, Ángeles Corte. En el escrito, que ese medio obtuvo por transparencia pública, se expone que Médicos Sin Fronteras informó del secuestro de 11 jóvenes hondureños que fueron agredidos “física y sexualmente” en Tabasco, advirtiendo, además, que “los métodos de tortura” y “la violencia” contra los migrantes en la zona “no son aislados”.”
“El 13 de mayo de 2020, la Dirección General de la Quinta Visitaduría también recibió por escrito una nota informativa de personal de la propia CNDH, donde se advierte que las agresiones y secuestros de migrantes en el país siguen sucediendo con los mismos niveles de violencia que hace una década, cuando la Comisión publicó en 2009 y 2011 sendos informes especiales sobre agresiones sistemáticas a migrantes en México.”
Lejos de explicar por qué se ha mantenido oculta esta información, y emitir las recomendaciones9 correspondientes contra la autoridad responsable de la migración que transita nuestro país, la titular de la CNDH prefirió quejarse del contenido del reportaje publicado por Animal Político, en ese sentido la CNDH, en su boletín de prensa del 4 de febrero de 2021, “Posicionamiento de la CNDH en relación con información publicada en diferentes medios de comunicación”,10 señala al medio y sostiene que “Este organismo nacional condena la difusión de notas periodísticas sustentadas en la obtención de información de manera ilegal o ilegítima, más aún cuando existe una tendencia a desinformar.” No existe una sola línea del boletín que explique las razones del silencio de la Comisión ante violaciones a los derechos humanos, y señalan que “la CNDH no otorga información efectivamente cuando se trate de datos o información sensible y que ponga en riesgo la vida y los Derechos Humanos de las personas.”
Llama la atención el silencio de la CNDH en el tema migratorio, pese a que en un boletín del 3 de enero de 2021, “Rechaza CNDH se oculte información o se encubran actos violatorios de derechos humanos”, declaraba que “la titular de la Quinta Visitaduría General, Elizabeth Lara Rodríguez, dará puntual seguimiento al tema relacionado con la difusión de testimonios de personas migrantes que señalaron violaciones graves a sus derechos humanos por parte de grupos criminales y miembros de las policías estatales y federal.”11 Y afirma que “este organismo autónomo no ha reservado información relativa a la situación en la que se encuentran personas migrantes que cruzan por territorio nacional, por lo que rechazamos tajantemente que desde la CNDH se oculte información o se encubran actos violatorios de derechos humanos”, e insiste en que entre 2019 y 2020 se han emitido 44 comunicados de prensa “relacionados con diversas problemáticas por las que atraviesan las personas en contexto de movilidad en México”. Sin embargo, su letargo e inacción en el tema migratorio es escandalosa.
En efecto, en esa decisión tomada por la CNDH, la de solo emitir comunicados de prensa y ninguna recomendación, es donde radica el problema de este organismo, que evita reconvenir a las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por actos que violan los derechos humanos de las personas migrante. Máxime si recordamos que, por mandato de la Ley de Migración, la Comisión tiene la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las estaciones migratorias, y el acceso de organizaciones de la sociedad civil.12
Aunado a lo anterior la CNDH está facultada para realizar informes especiales cuando la naturaleza del caso lo requiera por su importancia o gravedad, el cual contendrá entre otros puntos; “observaciones, en las cuales se incluyan los logros obtenidos, la situación de particular gravedad que se presenta, las dificultades que para el desarrollo de las funciones de la Comisión Nacional hayan surgido, así como el resultado de las investigaciones sobre situaciones de carácter general o sobre alguna cuestión que revista especial trascendencia”.13
En ese sentido, la CNDH debe actuar consecuentemente con los hallazgos de las investigaciones, denuncias y quejas que se han presentado y emitir las recomendaciones que correspondan al caso, e incluso presentar a la opinión pública un informe especial, tal como lo hizo en los años 2009 y 2011, como ya se mencionó párrafos arriba.
Política antimigratoria del gobierno mexicano
En la última década, en los hechos, el gobierno mexicano ha fortalecido una política antimigratoria, los datos duros son que “Entre enero de 2010 y noviembre de 2020, más de un millón 300?mil personas migrantes fueron detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM), de las que el 86? por ciento provenían de Guatemala (37? por ciento), Honduras (35? por ciento) y El Salvador (14? por ciento).”14 Tan solo “en el año 2019, México detuvo a 154?419 ciudadanos de estos tres países”.
Hechos que a todas luces contradice la misión del Instituto Nacional de Migración (INM), en cuyas manos está la obligación de otorgarles a todas las personas extranjeras las facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso y estancia en territorio nacional con estricto apego a proteger los derechos humanos.
De acuerdo con cifras del Programa de Atención a Migrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se informa un aumento en el número de quejas por abuso contra migrantes. El diario El Universal resalta que si durante 2018, último año de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, se reportaron 705 quejas por estos abusos a migrantes, en 2019 las quejas aumentaron a 831 (17 por ciento de incremento), pero en 2020 la cifra creció más, y se elevó hasta mil 274,15 no sólo la pandemia por Covid-19 impactó a las personas migrantes, también las acciones de abuso de las autoridades mexicanas les afectaron más.
Según el Programa de Atención a Migrantes de la CNDH las autoridades con el mayor número de quejas por vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes en 2020 fueron el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Bienestar.
Por lo anterior, consideramos que la política migratoria y de asilo en México, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Migración, debe estar asociada a una perspectiva de defensa de los derechos humanos y que ésta debe ser abordada desde una perspectiva de seguridad humana y no desde la militarización, persecución y criminalización.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea, la proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el marco de sus atribuciones presente a la opinión pública un informe especial sobre la situación y respuesta del gobierno mexicano frente a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México durante los años 2019, 2020 y 2021, tomando en cuenta los más altos estándares de derechos humanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir las recomendaciones a las autoridades federales correspondientes: al Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Bienestar con la finalidad de reparar el daño y establecer garantías de no repetición de acuerdo con los más altos estándares de protección a los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, y para que sus acciones en materia de política migratoria y de asilo cuenten con una perspectiva de seguridad humana y no desde la militarización, persecución y criminalización.
Notas
1 Se disparan las peticiones de asilo en la frontera sur de México, según ACNUR, La Crónica, 13 de abril de 2021.
http://www.cronica.com.mx/notas-se_disparan_las_peticiones_de_asilo_en_la_
frontera_sur_de_mexico_segun_acnur-1183297-2021 Fecha de consulta: 16 de abril de 2021.
2 Detención en México, la pesadilla de niños migrantes, Excélsior , 11 de abril de 2021, https://www.excelsior.com.mx/global/detencion-en-mexico-la-pesadilla-de -ninos-migrantes/1442615 Fecha de consulta: 16 de abril de 2021.
3 La ONU y Amnistía reclaman a México trato a
migrantes y a sus defensores, Política en Expansión, 24 enero 2020,
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/24/la-onu-y-amnistia-reclaman-a-mexico-trato-
a-migrantes-y-a-sus-defensores Fecha de consulta: 16 de abril de 2021.
4 Ibídem.
5 Ibídem.
6 ONGs llaman a CNDH a no minimizar abusos contra migrantes, La Jornada , 10 de julio 2020, https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/07/10/ongs-llaman-a-cn dh-a-no-minimizar-abusos-contra-migrantes-5956.html Fecha de consulta: 16 de abril de 2021.
7 Tortura, asesinatos, violaciones: lo que CNDH ha ocultado sobre secuestros a migrantes en 2019 y 2020, Animal Político, 1 de febrero de 2021, https://www.animalpolitico.com/2021/02/migrantes-cndh-informe-oculto-se cuestros-tortura-asesinato-violaciones/ Fecha de consulta: 16 de abril de 2021.
8 Ibídem.
9 Capítulo VII. De las recomendaciones, artículo 140 “La Comisión Nacional también podrá emitir recomendaciones generales a las diversas autoridades del país, a fin de que se promuevan las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos...” Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH 18 de marzo de 2021, disponible en https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Reglamento_CNDH.pdf
10 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Posicionamiento de la CNDH en relación con información publicada en diferentes medios de comunicación, 04 de febrero de 2021,
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2 021-02/Posicionamiento_Migrantes.pdf Fecha de consulta: 16 de abril de 2021.
11 Rechaza CNDH se oculte información o se encubran
actos violatorios de derechos humanos Comisión Nacional de Derechos
Humanos, COMUNICADO DE PRENSADGC/029/2021, 03 de enero de 2021,
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-02/COM_2021_029.pdf Fecha de consulta: 16 de abril de 2021.
12 Último párrafo del Artículo 107 de la Ley de Migración, “El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables.” disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_070121.pdf
13 CNDH, Artículo 174 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH 18 de marzo de 2021, disponible en https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Reglamento_CNDH.pdf
14 “Mayor visibilidad, más derechos: caravanas migrantes y visas humanitarias en México”, Daniela Gutiérrez Escobedo, Nexos, enero 27, 2021
https://migracion.nexos.com.mx/2021/01/mayor-visibilidad-mas-derechos-caravanas
-migrantes-y-visas-humanitarias-en-mexico/ Fecha de consulta: 16 de abril de 2021.
15 Crecen abusos contra migrantes en la 4T, El universal , 10 de abril de 2021, https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crecen-abusos-contra-migrantes-en -la-4t Fecha de consulta: 16 de abril de 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a incluir con la Ssa a los trabajadores del sector agroalimentario en las próximas fases de vacunación contra el SARS-Cov2, a cargo del diputado José Francisco Esquitin Alonso, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, José Francisco Esquitin Alonso, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La crisis sanitaria que ocasionó la expansión del Covid-19 a nivel mundial, generó mucha tensión en las economías y en la forma de vida de la población, principalmente en quienes viven día a día, si bien la mayoría recurrió al teletrabajo, hubo un sector, además del sanitario, que trabajó de manera presencial considerando las medidas sanitarias, y ese sector fue el agroalimentario que va desde los jornaleros agricultores, pasando por los transportistas, hasta los empleados de supermercados.
En México durante el paso de la Fase II a la Fase III de la epidemia del Covid-19 se reconoció la importancia del sector alimentario para contar con alimentos y se mantuvo el libre acceso a carreteras para abastecer las centrales de abasto, los mercados y tianguis. Dado que fueron consideradas como actividades prioritarias, desde la producción, comercialización y distribución de los productos básicos, para garantizar el abasto de alimentos.
Sólo la Central de Abastos representa 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México, por ello si se detenían la producción también se detendría, y se perderían muchos alimentos perecederos resultando en un aumento del desperdicio de alimentos.
Por ello en la Central de Abastos y mercados se tomaron medidas sanitarias sin dejar de laborar, el pasado 26 de marzo de 2020 se anunció que los mercados y tianguis de Ciudad de México no cerraron ante la contingencia por Covid-19, esto contempla la Red de Mercados la cual cuenta con un aproximado de 72 mil locatarios, y generan empleo para 250 mil personas aproximadamente, además la red de mercados de la Ciudad de México cuenta con un aproximado de 329 mercados públicos y mil 470 tianguis, mismos que tampoco dejaron de funcionar y ante una fase III de la epidemia, se implementaron el servicio a domicilio.1
Dentro de las medidas que se impulsaron durante el inicio de la fase III de la emergencia sanitaria en México fueron:
Tabla 1
Medidas sanitarias en la Central de Abastos
de la Ciudad de México y la red de mercados
Fuente: Elaboración con datos de la Central de Abastos, Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Red de Mercados de la Ciudad de México.
Por lo que la coordinación entre la Secretaría del Bienestar, Sedeco y sus homólogos en los estados, con las centrales de abasto correspondientes han sido clave para afrontar la epidemia y decretaron como esenciales al sector agroalimentario.
Por otro lado, de acuerdo con datos de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC) a nivel internacional hay países como Alemania, Francia, Bélgica y Rusia que ya han declarado a los trabajadores del sector agroalimentación como prioritarios en sus planes de vacunación, en el caso de México no aparece en consideración a los trabajadores de los sectores esenciales como son los profesores, policías y trabajadores del sector alimentario.
Aquí es necesario señalar que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en México, el sector servicios es el mayor componente del PIB con 60 por ciento durante 2018, seguido del sector industrial con 31 por ciento y después el agrícola con 3 por ciento. Y como dato relevante la fuerza laboral, se estima que 13 por ciento está empleado en la agricultura, 26 por ciento en la industria y 61 por ciento en el sector de servicios.
Resultando más de 16 millones de personas empleadas en el sector agrícola, más los cerca de 72 mil locatarios de la Red de Mercados que cuenta con un aproximado de 329 mercados públicos y mil 470 tianguis antes mencionados, hablamos de una población del sector agroalimentario muy representativa.
Adicionalmente, el pasado 17 de marzo de 2021, se notificó al gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que los trabajadores del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo en su carácter de “trabajadores esenciales ”, recibió la vacuna contra Covid 19 en la Columbia Británica, siendo más de mil 700 trabajadores que se vacunarán, además cerca de 468 trabajadores mexicanos fueron aislados y terminaron su cuarentena el 19 de marzo.
Es necesario destacar que el PTAT es un programa que se opera bajo el amparo de un acuerdo bilateral entre México y Canadá, para asegurar la movilidad laboral legal, ordenada y segura, y año con año cerca de 6 mil trabajadores migran a través de este programa a la provincia de Columbia Británica, y tan sólo en 2021 se llegan a contabilizar cerca de 26 mil trabajadores en todo Canadá, 2021.
Y bajo este argumento la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, reconoce la importancia de atender en grado de prioridad por ser esenciales a los trabajadores agrícolas mexicanos.
El pasado 8 de diciembre de 2020, el gobierno federal publicó la primera versión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la Covid-19 en México, con la finalidad de establecer las bases sobre que seguirá la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19.
Tabla 2
Plan de Vacunación Nacional por orden de prioridad
Si bien el Plan de Vacunación Nacional establece un orden de turno para cada uno de los grupos en que se dividió a la población, sin embargo, se dejó fuera de los grupos prioritarios a sectores de la población que, independientemente de su edad, condición médica o de género, por su actividad profesional tienen un alto riesgo de contagiarse de coronavirus.
Ante la puesta en marcha de un Plan de Vacunación Nacional se ha inmunizado a los más vulnerables como lo son las personas adultas mayores y los trabajadores de servicios especiales como los médicos, sin embargo, para garantizar el abastecimiento de alimentos, es necesario considerar a los trabajadores presenciales del sector agroalimentario, si bien no es un grupo de riesgo, si se trata de un sector esencial en la economía.
Es necesario considerar que, si la población jornalera o del sector agroalimentario enfermara en una posible tercera ola de contagios, los efectos serían sumamente perjudiciales para la población y la economía de México, pues se pone en riesgo la producción, comercialización y consumo de alimentos.
Por lo que se debe destacar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se deben consideran los siguientes principios para el proceso de vacunación.
Tabla 3
Principios para el proceso de vacunación de la OMS
Bajo estos lineamientos la OMS busca guiar las políticas de vacunación procurando un acceso equitativo, justo y responsable.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es necesario exhorta a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud a considerar incluir dentro de la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS – CoV2” para la prevención de la Covid-19 en México.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que en coordinación con la Secretaría de Salud federal, se incluya a los trabajadores del sector agroalimentario dentro de las próximas fases de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la Covid-19 en México, en el marco de la estrategia de vacunación.
Nota
1 Mercados y tianguis de CDMX no cerrarán por Covid-19, tendrán servicio a domicilio, 26 de marzo 2020
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril 2021.
Diputado José Francisco Esquitin Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener, Pemex y la ASEA a difundir y hacer del conocimiento público las causas del incendio en la refinería Lázaro Cárdenas, de Minatitlán, Veracruz; las repercusiones y contingencias en salud de los trabajadores; y el plan y las acciones para reanudar su operación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Las y los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Tras el incendio que se registró el 7 de abril, en la refinería General Lázaro Cárdenas del Río, de Petróleos Mexicanos (Pemex), en un comunicado se confirmó un saldo de siete heridos tras la explosión de una bomba de transferencia dentro de las instalaciones, ubicada en Minatitlán.
En consecuencia, está fuera de operaciones, indicó la empresa productiva.
2. Esta planta, cabe destacar, es la tercera refinería más grande de las seis que tiene Pemex y se encuentra enclavada en Veracruz, colindante con las costas en el Golfo de México, tiene una capacidad de procesamiento de 285,000 barriles por día (bpd), según datos oficiales.
3. “La estimación general es que pueden llevarse 90 días para concluir la reparación de todo lo afectado con el incendio y poner en operación las plantas que fueron afectadas”, dijo la petrolera en un comunicado.
No obstante “existe la posibilidad de que el 30 de abril del presente año se pueda arrancar con la línea de producción”, añadió la petrolera estatal, que produce alrededor de 1.7 millones de bpd de crudo.
4. Trascendió que Mapfre es la aseguradora que tiene el contrato de pólizas de instalaciones de Pemex. Y que, Marcos Herrería, director de Administración y Servicios de la paraestatal, está presionando a la aseguradora para que se haga cargo del siniestro de la refinería de Minatitlán. Pero Mapfre indican versiones periodísticas de circulación nacional que, no fue accidente de trabajo sino negligencia porque no se invierte en mantenimiento. La aseguradora quiere ver los registros de control y planes de conservación del equipo de Octavio Romero. La bomba que estalló llevaba semanas marcando cambio de sellos.
5. En el mismo sentido, el dictamen inicial de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) con relación al siniestro del 7 de abril en la refinería de Minatitlán, la conflagración, que dejó siete lesionados, secundó, que se debió a una fuga por sello mecánico de bomba de gasolina amarga, que el sello no se cambió en tiempo y forma por no contar con las refacciones .
6. La cuestión es que de confirmarse el supuesto caso, el seguro no les va a pagar absolutamente nada; en virtud de que, si el incendio no se consideró un accidente de trabajo, sino una irresponsabilidad y negligencia que deriva del incumplimiento de los programas de mantenimiento por parte del personal de la petrolera, empezando por la responsabilidad de su director de Administración, Marco Romero y Herrería.
7. Pemex arrastra una deuda financiera de más de 113,000 millones de dólares, este martes que aún realiza análisis para determinar las causas del siniestro.
Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, manifestamos nuestra preocupación por los pésimos resultados de Pemex, toda vez que la empresa, al parecer, no invierte en mantenimiento y prevención de seguridad de las instalaciones, lo que ha propiciado éstos nefastos desenlaces; además, de que no es capaz de tener rendimiento positivos.
De continuar esta inercia, jamás pagará lo que debe; y, nos costará a las y los mexicanos más cada año. Porque al final, el gobierno tendrá que asumir ese pasivo, como lo ha estado haciendo desde 2019, con el traspaso de más de 97 mil millones de pesos que solicitó el Consejo de Administración de Pemex; los 65 mil millones de pesos que se descontaron anticipadamente el año pasado por pago del Derecho de Utilidad Compartida; así como el decreto presidencial para que Pemex, difiera el derecho de utilidad compartida y sus impuestos en 2021, entre otros.
Por lo expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a difundir y hacer del conocimiento de la opinión pública, en los ámbitos de sus respectivas competencias, las causas del incendio de la Refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en Minatitlán, Veracruz; las repercusiones y contingencias en las áreas de la salud de los trabajadores en el siniestro, la reanudación de las actividades laborales; en la producción, sus efectos económicos y financieros para el complejo petrolero, así como, las acciones y estrategias que implementarán para reanudar la operacionalidad en la refinería.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Víctor Gilberto Aguilar Espinosa, José Guadalupe Aguilera Rojas, Mónica Bautista Rodríguez, Jorge Casarrubias Vázquez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Leticia Martínez Gómez, Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Karem Zobeida Vargas Pelayo.
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno mexiquense y el ayuntamiento de Ixtlahuaca a realizar acciones de intervención social y renovación de equipamiento urbano en el municipio, a cargo de la diputada María Guadalupe Díaz Avilez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, María Guadalupe Díaz Avilez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Antecedentes
El desarrollo sostenible y prosperidad urbano requieren de acciones que propongan el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y urbanos para toda la población, que garanticen el uso y disfrute a quienes en ella habitan, trabajan y transitan.2
En este sentido es una apelación colectiva que, más allá del acceso individual a los recursos que la ciudad posee, alude a una profunda transformación urbana impulsada por movimientos sociales para contrarrestar procesos generadores de desigualdad y de segregación entre los sectores de bajos recursos y producir mejores condiciones de vida para el conjunto de la ciudadanía ante dinámicas capitalistas o de una pequeña élite política y económica que tiende a mercantilizar bienes y servicios urbanos.
El concepto de renovación urbana es un concepto reciente con raíces profundas en la historia de las ciudades, las cuales empezaron a sufrir cambios demográficos asociados a las migraciones del campo a la ciudad producto de la industrialización.
La aparición de la tecnología (industria, máquinas, etc.) desplazó al campo como fuente de la economía por lo que las ciudades se urbanizaron y el campo fue deshabitado. Se hicieron evidentes los cambios morfológicos de las ciudades a partir de la formación de barrios populares y barrios ilegales, cuyos habitantes eran una mezcla entre los nuevos migrantes y los ciudadanos de pocos recursos.2
Con ello llegaron los problemas de insalubridad, enfermedades, plagas y contaminación ambiental.
La renovación urbana surge como una solución al problema, como la forma de tratar una ciudad enferma, recuperar los espacios en extremo deterioro y transformar la ciudad.
En síntesis, la renovación urbana comprende el conjunto de políticas urbanistas respaldadas por una normatividad y por el concepto de “interés general”, aplicadas sobre un territorio considerado en extremo deterioro con el propósito de recuperar sus funcionalidades, a partir de una intervención preminentemente física, cuestionada por no considerar el territorio como construcción social y el tejido que lo compone.
Desde el punto de vista físico, la renovación urbana se justifica como mecanismo de intervención sin embargo, desde el punto de vista social, la renovación urbana, de la forma como se está implementando, es asociada a una débil participación ciudadana en la toma de decisiones, no es la intervención ideal pues desconoce aspectos inherentes al mismo, propios del tejido social y acentúa las problemáticas de la ciudad o las traslada a otros niveles.
La transformación física de los territorios es necesaria cuando estos han llegado a un grado de deterioro avanzado por lo que es cuando surgen alternativas a la renovación por redesarrollo; formas de intervención con aspectos sociales que las hacen menos invasivas y destructivas como es el caso de la revitalización y de la regeneración.
Estas alternativas aportan a la renovación de espacios deteriorados y su enfoque permite entender la importancia de conservar el tejido social existente, respetando el derecho que tienen los habitantes a usufructuar de forma sostenible su territorio.
Es necesario que las nuevas propuestas tengan en cuenta las tres variables del territorio: soporte físico construido, soporte ambiental o recursos naturales y tejido social, es decir la revitalización o recuperación de los espacios desde un enfoque físico, social y sostenible, haciendo énfasis en lo social.
En estos procesos el Estado entonces debe convertirse en un actor relevante con la capacidad de mediación entre los diferentes actores y el garante de los derechos de los habitantes.
Un hábitat popular que es producto del financiamiento escaso y del modo particular de vivir de la gente, de sus prácticas sociales, valores y necesidades inherentes de comunidades que conviven con dificultades y que sobreviven a muchas de ellas a partir de una producción de satisfactores múltiple, altamente creativa la cual, implica un territorio y una sociedad con un modo específico de vida urbana diferenciada de otras unidades urbanas por las condiciones que enmarcan el proceso de habitar y el entorno urbano en el cual se desarrolla.3
Este territorio urbano requiere de reforzamiento e incentivos a las inversiones públicas y privadas en infraestructura así como de servicios, actividades económico-productivas con el objetivo de preservar su riqueza patrimonial, la transformación de las áreas por lo que se requiere de estrategias de renovación que estén dirigidas a la reconstrucción de zonas vulnerables del tejido urbano.
Con el objetivo de fomentar el deporte y el derecho consagrado por nuestra Constitución en materia de deporte, toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo , por lo que es en este orden de ideas que se requiere mantenimiento así como incentivar la cultura deportiva en la zona por lo que para ello se necesita renovar los espacios para la activación de deporte, que para tal efecto se usan los deportivos, mismos que necesitan de la intervención del Estado y municipio para su pronta rehabilitación, con miras a incentivar el deporte en la vida del ser humano.
Por su parte se requiere acción en la rehabilitación de carreteras así como repavimentación de calles e incluso pavimentación en comunidades que al día de hoy no han sido pavimentadas por citar un ejemplo en la cabecera de Ixtlahuaca, los Barrios de Shira, Barrio el Tigre, Zapata y San Pedro.
El derecho al suministro de agua como líquido de vital importancia para la subsistencia del ser humano y de todo ser vivo, que en la situación de pandemia que acaece el país y el mundo se pone en peligro la salud y la vida.
Por su parte el cuidado de la salud, y el derecho que consagra el artículo 4to de la Constitución al que Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y es el Estado quien garantizará este derecho y a su vez es la ley quien definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía.
En ese tenor es necesario se revisen las áreas donde el territorio no cuenta con agua potable en casa, como ejemplo tenemos la zona de San Juan de las manzanas, los perales, ubicadas en el cerro de la demarcación, donde la solución para la población el traslado a la zona del manantial de las moras para lavar y transportar agua a sus hogares.
Por lo anterior expuesto se proponen para renovación del espacio las siguientes medidas:
1. Instar al Estado de México en colaboración del municipio para que se realice un Mapeo de las necesidades urgentes del tejido urbano, así como promuevan la participación ciudadana para la renovación del espacio público, con el objetivo de incentivar en las familias y las comunidades el sano esparcimiento, promoción de derechos, respeto de los mismos y prevención del delito.
2. Que el Estado de México y el municipio refuercen la Atención en las condiciones de las vías carreteras, luminarias y encarpetado asfáltico de las calles de los Barrios de Shira, Barrio el Tigre, Barrio la Cabecera, Barrio San Franciso de Asis, Zapata, San Jerónimo, Ixtapantongo, San Pedro, San Bartolo, Santo Domingo, San Cristobal, Concepción de los Baños, lugares en donde no se cuenta con ello aún, así como el reencarpetado de las zonas con deterioro en la demarcación.
3. Que el Estado de México y el municipio en coordinación con la Comisión Nacional del Agua del Estado de México para que realice un mapeo de las necesidades de agua y la calidad de la misma en el territorio de Ixtlahuaca, en las zonas donde no hay agua en los hogares como por ejemplo San juan de las manzanas y los perales ubicadas en el cerro de la demarcación, así como Ixtlahuaca centro, Zapata, San Mateo Cachi, con el objetivo de coadyuvar con la salud en tiempos de pandemia.
En tal virtud se requiere de la colaboración del Estado y municipio para generar acciones en pro del tejido urbano.
Y de conformidad con el artículo 1ro de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos , todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece .
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta honorable soberanía se apruebe de urgente u obvia resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al titular del Gobierno del Estado de México, así como al titular del Municipio de Ixtlahuaca, para que en ejercicio de sus facultades y en un mecanismo de colaboración se lleven a cabo acciones de intervención social y acciones de renovación de equipamiento urbano en la demarcación.
Notas:
1. Ciudades sostenibles y Derechos humanos, CNDH, https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Ciudades-Sost enibles-DH.pdf
2. Análisis de la renovación urbana en la ciudad de Santiago de Cali. Caso: Ciudad Paraíso, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/125472/1/TFM_Pe%C3%B1a%20Qu iti%C3%A1n_Paola.pdf
3. Anavel Monterubio, http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cesop/lxii/fac_act_renurb_ hpb.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de abril de 2021.
Diputada María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a abstenerse de modificar unilateralmente el calendario de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 y establecer una estrategia para inmunizar a todo el personal de salud de los sectores público y privado, a cargo del diputado Juan Martín García Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN
Juan Martín García Márquez , diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a abstenerse de modificar unilateralmente el calendario de vacunación establecido en la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19 en México”, en perjuicio del personal de salud, y establecer urgentemente una estrategia para vacunar a todo el personal de salud tanto del sector público como del sector privado , con base en las siguientes:
Consideraciones
La primera versión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la Covid-19 en México (PNV), fue publicada el 8 de diciembre del año pasado, en la misma se instituyeron las bases para la implementación de la campaña de inmunización de los mexicanos contra la Covid-19.
En dicho documento se señalaba que conforme a las recomendaciones del grupo técnico asesor de vacunas en México se establecía los segmentos poblacionales que serian inmunizados en la primeras etapas, se indicaba cuales sería la población que debería ser vacunada prioritariamente por la naturaleza de su profesión (personal médico) o por ser parte de la población más afectada por la pandemia (adultos mayores). Así se estableció un orden para tener acceso a la vacuna; a continuación se transcribe un extracto de la primera versión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, (el subrayado es nuestro):
Priorización de población a vacunar
Las recomendaciones preliminares del grupo técnico asesor de vacunas en México están basadas en escenarios y supuestos que pueden cambiar conforme la evidencia científica sobre los perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas se actualicen.
El grupo analizó los beneficios potenciales acumulados en términos de tres indicadores: casos nuevos evitables, muertes y hospitalizaciones evitables, llegando a la conclusión preliminar de establecer una estrategia enfocada en reducir las muertes asociadas con Covid-19, diseñada con base en la mortalidad observada en México. Los beneficios se midieron asumiendo una disponibilidad de 25 millones de personas vacunadas, un escenario alterno con 50 millones y un tercer escenario considerando una cobertura universal que lograría la inmunidad de rebaño esperada con un programa de vacunación universal para prevenir la Covid-19, cubriendo al menos al 75 por ciento de la población mexicana.
Para definir la priorización se analizó la información de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población para obtener el tamaño de la población por grupo de edad. Para el nivel de riesgo se consideraron tres enfermedades asociadas a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa de Covid-19.
La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por Covid-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.
Con base en los resultados de este análisis, los grupos priorizados en orden de prelación son:
1. Trabajadores de salud
2. Personas mayores de 80 años
3. Personas de 70 a 79 años
4. Personas de 60 a 69 años
5. Personas de 50 a 59 años
6. Personas de 40 a 49 años
7. Población menor de 40 años
Ninguna vacuna podrá aplicarse a personas menores de 18 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y mujeres embarazadas.
Como se puede observar, en la primera versión del PNV se habla de trabajadores de la salud, término que incluye no solo al personal médico de primera línea, sino a todos los trabajadores que prestan servicios de salud a la población, tampoco se establece que la vacuna prioritaria será solo para los trabajadores de la salud que labora en el sector público.
Con la finalidad de establecer un modelo guía para las campañas de inmunización contra la Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó su Marco de Valores para la asignación y priorización de la vacunación Covid-19, donde la OMS da una serie de lineamientos a sus estados miembros, para la composición de los grupos poblacionales que deberán recibir prioritariamente la vacuna contra la Covid-19; en el cuadro 2 de dicho documento se especifica de manera muy clara cuáles deben ser la población que deberá ser inmunizada en las primeras etapas de las campañas de vacunación contra el coronavirus, a continuación se transcribe dicho cuadro, el subrayado es nuestro:
Acertadamente en los lineamientos de la OMS, se habla de trabajadores de la salud, no se especifica que se deberá vacunar en las primeras etapas sólo a los médicos de primera línea del sector público, por el contrario, los expertos de la OMS consideran necesario inmunizar por completo a un sector prioritario como el encargado de mantener la salud de la población.
En concordancia con los lineamientos de la OMS, la primera versión de la PNV se refiere a trabajadores de la salud, pues por tratarse de una actividad esencial la que desempeñan, han tenido que estar en contacto directo con pacientes aún durante los diversos picos que la pandemia ha tenido en nuestro país, estando siempre en grave peligro de infectarse por prestar servicios o atención médica a los que así lo requieren, independientemente del color del semáforo epidemiológico.
Por tal razón, acertadamente en los lineamientos de la OMS y en la primera versión de la PNV se establece como grupo prioritario para su inmunización al de los trabajadores de la salud en general; sobre todo, cuando consideramos que el control de la pandemia no se ve cerca, por el contrario persiste el miedo y la incertidumbre por el surgimiento de nuevas variantes que han resultado ser mas contagiosas y graves para la salud de las personas.
El 12 de enero de 2021 fue publicada una segunda versión de la PNV, en la misma el grupo técnico asesor de vacunas en México cambia el término de trabajadores de la salud por el de personal de salud, a quienes pone en la primer y segunda etapa del calendario de inmunización.
Al personal de primera línea le corresponde ser inmunizado en la etapa inicial de la campaña de vacunación en los meses de enero y febrero, mientras que al resto del personal de salud le correspondería ser vacunado durante la segunda etapa de la campaña en el periodo de febrero a abril.
Es importante señalar que en la nueva versión de la PNV no se hizo distingos entre personal que labora en el sector público o privado, han sido las autoridades sanitarias federales y el propio ejecutivo federal quienes de manera unilateral han establecido esta distinción, para retrasar la inmunización del personal de salud que labora en el sector privado, así en la Figura 2. Etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados del PNV, se establece:
Es importante destacar que el grupo técnico asesor de vacunas en México nunca consideró prioritario la inmunización de los maestros, pues al ser estos el sector poblacional que presenta mayor porcentaje de contagios asintomáticos de la enfermedad podrían poner en peligro la salud de sus padres y familiares en casa; además de resultar sumamente difícil el control de las medidas sanitarias entre los niños por obvias razones.
Aunado a lo anterior, nada garantiza que no surja una nueva cepa del virus que sea especialmente grave para la salud de los menores de edad.
Por esta y otras razones, como la falta de infraestructura hidráulica y sanitaria que garantice medios y materiales sanitarios mínimos en las escuelas para cumplir con las medidas sanitarias necesarias para el regreso a clases, justo cuando estamos saliendo del último pico de la pandemia en nuestro país, y somos testigos de cómo una nueva cepa afecta al pueblo de Brasil.
México, es el país con más muertes de personal médico por coronavirus, son ya más de 3 mil 679 muertos y más de 250 mil trabajadores de la salud infectados por coronavirus.
Los médicos que laboran en el sector privado han sufrido la discriminación del gobierno mexicano, quien arbitrariamente los ha dejado fuera de su autoritario plan de vacunación.
Ante la sin razón y falta de empatía del Ejecutivo federal, el sector médico privado ha amenazado con llamar a un paro nacional, justo cuando los expertos advierten de una muy probable tercera ola de contagios.
Las autoridades de salud dicen que se incluyó a los trabajadores de la salud privados de primera línea en sus planes iniciales de vacunación, pero que los esfuerzos para llegar a todos se vieron entorpecidos por registros de personal poco confiables. Sin embargo en el calendario se especificaba claramente que, en la segunda etapa (febrero a abril) debería vacunarse al resto del personal de salud sin distinguir que fuera de primera línea o solo para el sector público.
Según cifras oficiales México tenía 964 mil empleados sanitarios trabajando en el sector público en 2019, sin poderse establecer el número de trabajadores de la salud en el sector privado.
A fin de solventar lo anterior, a iniciativa del personal médico privado, desde el pasado 11 de marzo se elabora un censo para la inmunización de dicho sector y ya suman más de 28 mil 700 miembros del personal médico y dental que han firmado para la obtención de la vacuna.
Según datos del gobierno federal hasta el 7 de abril poco más de 877 mil 500 trabajadores de la salud habían recibido al menos una dosis de la vacuna; lo cual deja claro que existe un gran retraso en la aplicación de vacunas para cubrir la inmunización total del personal de salud.
Contra la recomendación de los expertos, el Ejecutivo federal ha modificado unilateralmente el calendario de vacunación para vacunar a maestros en Campeche y a su brazo de propaganda –servidores de la nación-. Acertadamente, el Grupo técnico asesor a los servidores de la nación como grupos prioritario, pues no realizan actividades esenciales; esas vacunas le correspondían al personal de salud que no ha tenido la oportunidad de confinarse para protegerse del coronavirus.
Hoy el Ejecutivo federal va más lejos y amenaza con incumplir el calendario de vacunación para dejar fuera al personal médico, cuya vacunación estaba calendarizada para la primera y segunda fase.
Mientras tanto, se deja a su suerte a médicos generales, enfermeras, internistas, odontólogos, personal de laboratorios y demás personal de primer contacto, que diariamente sigue arriesgando sus vidas, por la falta de la aplicación de una vacuna que ya estaba calendarizada.
El Ejecutivo señaló el pasado 9 de abril que no habrá vacunas para el personal médico privado y que deberán esperar a que les toque la vacuna cuando les corresponda según su edad.
“Que nos esperen hasta que nos toque por edad, va poco a poco. Que quede claro para que no haya manipulación: se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados, o que los maestros den clases en escuelas particulares, es para todos. Aquí no se le da preferencia a nadie, ni al presidente que le dio Covid”.
“Ya necesitamos regresar a las clases presenciales, y apurarnos para que a todos nos toque, hasta ahora tenemos garantizado el abasto”.
Resulta necesario garantizar la inmunización de todo el personal médico a la mayor brevedad, es claro que la intención del grupo técnico asesor de vacunas era proteger a todo el personal de salud, debido a la importancia de la labor que desempeñan y por el grave peligro de contagio que han sufrido desde el inicio de la pandemia.
Sin embargo, la incapacidad de la actual administración, busca una vez más improvisar e ir contra la opinión de los expertos que recomiendan primero inmunizar al personal de salud por ser indispensables en esta pandemia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a abstenerse de modificar unilateralmente el calendario de vacunación establecido en la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19 en México”, en perjuicio del personal de salud, y establecer urgentemente una estrategia para vacunar a todo el personal de salud tanto del sector público como del sector privado.
Referencias
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Gu iaAplicacionVx_BNT162b_08Ene2021.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Po lVx_COVID_-11Ene2021.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril 2021.
Diputado Juan Martín García Márquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a finalizar por la Ssa la vacunación contra el Covid-19 del personal de los centros de salud públicos urbanos y rurales, e incluir al del sector privado, a cargo de la diputada Mayusa Isolina González Cauich, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Mayusa Isolina González Cuaich, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pandemia del coronavirus Covid-19 ha traído consigo millones de contagios y cobrado la vida a millones de personas en todo el mundo, de ahí la urgencia de garantizar el acceso a la vacuna a toda la población, sobre todo, a los grupos de alto riesgo, con el objeto de disminuir gradualmente la tasa de mortandad y los contagios por esta grave enfermedad.
Para dimensionar la magnitud de dicha problemática, basta citar que al 6 de abril de 2021, a nivel mundial se han reportado 131,487,572 casos confirmados (434,047 casos nuevos) y 2,857,702 defunciones (6,640 nuevas defunciones).1
En México, el panorama tampoco es alentador, ya que el número de contagios y fallecimiento se ha incrementado exponencialmente. Según datos oficiales, con corte a la misma fecha, se detectaron 2,256,380 casos totales y 205,002 defunciones por Covid-19.
Las 10 primeras entidades federativas que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Coahuila, Querétaro y Tabasco, que en conjunto conforman cerca de dos tercios (68 por ciento) de todos los casos acumulados registrados en el país. La Ciudad de México tiene la mayor parte de los casos acumulados, al representar 27 por ciento del total. Asimismo, las entidades que cuentan con el mayor número de defunciones positivas son: Ciudad de México, 39,972; estado de México, 23,412; Jalisco, 11,323; Puebla, 10,441; Guanajuato, 10,011; Nuevo León, 9,130; y Veracruz con 8,754.
Esta lamentable situación ha impactado severamente la salud, economía y vida de miles y miles de familias en todo el país, por lo que la apuesta de la población se finca en que el gobierno federal avance lo más rápido posible en su plan de vacunación y cumpla con los objetivos establecidos.
Como sabemos, el 8 de diciembre del año pasado, se dio a conocer información sobre la política nacional de vacunación contra la Covid-19, destacándose que estaría conformada por cinco fases, a saber: la primera dedicada a la primera línea de control; la segunda a personal de salud restante y personas de 60 años y más; la tercera de 50 a 59 años; la cuarta de 40 años a 49: y, finalmente, el resto de la población, a concluirse el primer trimestre de 2022.2
Pese a las buenas intenciones de la política de vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19, es evidente a todas luces que no se ha cumplido en su totalidad, ni en tiempo ni en forma, y no hay criterios claros en su implementación, lo que ha ocasionado incertidumbre entre la población, particularmente, entre los trabajadores de la salud.
En efecto, en la primera etapa de la vacunación se estableció que estaría dedicada a la primera línea de control, es decir, al personal médico. La realidad es que a la fecha no se ha concluido en su totalidad, generando malestar entre los trabajadores de la salud, sobre todo, del ámbito privado.
Los trabajadores de la salud, que abarca a médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, auxiliares de enfermería, limpiadores y limpiadoras de hospital y conductores de ambulancia, entre otros, desempeñan un papel primordial para garantizar la seguridad y vida de millones de personas; sin embargo, han enfrentado y siguen enfrentando una situación muy complicada, ya que muchos se están contagiando y muriendo.
La realidad es que el número de casos y defunciones en este sector de la población sigue aumentando desafortunadamente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde enero de 2020 hasta el 10 de marzo de 2021, 30 países y territorios han seguido notificando casos y defunciones confirmadas en trabajadores de salud. La información provista por 18 países de las Américas, indica que se han notificado 1.369.969 casos confirmados acumulados de Covid-19, incluidas 7.389 defunciones de estos trabajadores.3
México es uno de los países más castigados por la pandemia y con déficit de especialistas. Según la OMS, nuestro país registra el número más alto de personal sanitario fallecido por el virus en América. En el periodo señalado, reportó 3,534 decesos confirmados y 229,458 contagios de Covid-19, solo por debajo de Brasil y los Estados Unidos en este último rubro.
Aunque no hay cifras precisas en la materia, según fuentes oficiales, al menos 3,679 miembros del personal de salud han muerto en la pandemia, que hasta ahora ha dejado más de 200,000 decesos en México. Amnistía Internacional señala que el número de víctimas en ese sector es el más alto del mundo.4
El país tenía 964,000 empleados sanitarios trabajando en el sector público en 2019, mientras que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los hospitales particulares registraron 92,160 médicos: 91 182 en atención directa con el paciente y 987 en el desarrollo de otras labores. Del total de médicos que atienden directamente a los pacientes, 76 261 son médicos especialistas, 11 102 médicos generales, 1 935 residentes, 1 076 odontólogos y 808 pasantes.5
Más de 877,500 trabajadores de la salud habían recibido al menos una dosis hasta el 7 de abril, según datos del gobierno federal, pero no diferencian entre el sector público y el privado. México ha administrado hasta ahora casi 9.7 millones de dosis de vacunas. También, se ha priorizado a las personas mayores y a los docentes.
En comparación, Brasil, que ha vacunado a una porción similar de la población, ha administrado más de 7.3 millones de dosis a los empleados de la salud. Argentina ha administrado 1.5 millones de dosis a los trabajadores sanitarios. Al igual que México, Brasil y Argentina no distinguen entre empleados del sector público y privado en sus estadísticas.6
En este contexto, en nuestro país, personal sanitario privado está protestando por supuestamente haber sido dejado fuera del plan de vacunación contra el Covid-19 que priorizó a los médicos, justo cuando el país se prepara para una posible tercera ola de infecciones. El gobierno federal ha informado que sí incluyó a los trabajadores de la salud privados de primera línea en sus planes iniciales de vacunación, lo cual, en la realidad no se refleja en los datos, de allí el descontento en este sector fundamental de la población, ya que según afirman, se ha dado prioridad a los trabajadores del sector público.
Es un hecho que tanto en hospitales públicos como privados, el personal de salud recibe diariamente a pacientes contagiados, sintomáticos o asintomáticos, y que solicitan atención por enfermedades distintas a la Covid-19 o por accidentes, lo cual, pone en riesgo la salud del personal médico. Por ello, la importancia y urgencia de que sean vacunados a la brevedad posible.
Esta debe ser una acción prioritaria del gobierno federal para combatir la pandemia, como lo han venido manifestando colegios, federaciones y asociaciones de médicos en todo el país. La vacunación a todo el personal sanitario deber ser inmediata.
De allí el objetivo central del presente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, concluya la vacunación contra la Covid-19 del personal de salud pública, pero que además, se incluya a los privados.
Sin duda, cada empleado de la salud, sea en el ámbito público o privado, tiene el derecho a un trabajo seguro, que garantice su seguridad. La evidencia revela que las personas trabajadoras de la salud son un grupo social que ha quedado totalmente expuesto a los efectos negativos de la pandemia del coronavirus Covid-19, poniendo en riesgo su salud y su propia vida.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se concluya la vacunación contra la Covid-19 del personal del sector salud de los centros de salud públicos urbanos y rurales, asimismo, se incluya al personal de salud del sector privado, ya que se trata de un grupo de la población de alto riesgo en donde continúan registrándose casos de contagios y defunciones a causa de dicha enfermedad.
Notas
1 https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tec nico-diario-238449
2 Presidencia de México. (2020). Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 8 de diciembre de 2020. 5 de enero de 2021. Sitio web:
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-este nografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obra dor-del-8-de-diciembre-de-2020?idiom=es
3 file:///C:/Users/Owner/Downloads/2021-mar-11-phe-actualizaci%C3%B3n-epi -Covid-19.pdf
4 https://www.forbes.com.mx/noticias-medicos-privados-denuncian-quedaran- fuera-plan-vacunacion-contra-covid-19/
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSoci odemo/EstadisticaSalud2019_08.pdf
6 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Medicos-privados-denuncian-no- ser-considerados-en-la-vacunacion-contra-Covid-19-20210407-0054.html
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 20 de abril de 2021.
Diputada Mayusa Isolina González Cuaich (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a presentar el informe anual de actividades, según el artículo 102, Apartado A, de la CPEUM, suscrita por las diputadas Martha Tagle Martínez, Mariana Rodríguez Mier y Terán y Lorena Villavicencio Ayala, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PRI y Morena, respectivamente
Las suscritas, diputadas Martha Tagle Martínez, Mariana Rodríguez Mier y Terán y Lorena Villavicencio Ayala, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario de Morena, respectivamente, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, dotó los preceptos constitucionales para transitar de la Procuraduría General a la Fiscalía General de la República.
El 14 de diciembre de 2018 fue publicada la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en el Diario Oficial de la Federación, en tanto que tres días después, el 17 de diciembre de ese mismo, año el honorable Congreso de la Unión emitió la declaratoria de la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República.
Es menester mencionar que, en el proceso de análisis y discusión del proyecto de dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía, se hizo énfasis en generar los consensos para contar con una Fiscalía eficiente, una institución que procurara justicia, que realmente cumpliera sus objetivos, protegiera y defendiera los derechos de la ciudadanía y no únicamente un cambio de nombre; ello implicaba reformar el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de alcanzar la justicia transicional y la reconciliación nacional de la que tanto se habló. Se advirtió sobre los riesgos y las deficiencias de contar con una Fiscalía a modo, sobre el hecho de la inexistente figura de fiscal autónomo.
En cuanto al proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía se enfatizó en: las deficiencias, en la facultad de control parlamentario; así como del nombramiento y ratificación de los integrantes de un Poder diferente al Legislativo que debe tener como fin asegurar no sólo los mejores perfiles en cuanto a méritos académicos y profesionales, sino también de autonomía, tanto de intereses políticos como de los llamados poderes fácticos.
“Finalmente, el 18 de enero de 2019 , el pleno del Senado de la República aprobó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República. Esta designación es producto de un proceso sumamente cuestionado y apresurado que confirma la poca independencia de quien fue elegido con respecto del Ejecutivo Federal. Resulta lamentable que, a pesar de la disposición de la sociedad civil para aportar elementos de certidumbre al proceso, los legisladores hayan recurrido a prácticas viciadas que no hacen más que alejarnos de una justicia en la que las y los mexicanos podamos confiar.
Desde el inicio del proceso, los colectivos #FiscalíaQueSirva, #VamosPorMás, así como el Observatorio Designaciones Públicas; colocamos en la agenda pública la poca certeza que brindaba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado. Principalmente nos referimos a la debilidad de los estándares relacionados con el mérito, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Estos elementos son indispensables para dotar de legitimidad la designación de la persona que será responsable por los próximos nueve años de garantizar justicia, combatir la corrupción y acabar con el ciclo de impunidad que prevalece en el país”.1
En lo que respecta a la rendición de cuentas, entendida como un elemento central de las democracias representativas contemporáneas, es uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes, cumplan con transparencia, honestidad y eficiencia el mandato hecho por la ciudadanía, que a través de un ejercicio democrático los ha elegido como sus representantes. 2 El párrafo séptimo del artículo 102 apartado A establece que:
“El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión”.
En el marco de lo anterior, en sesión de la Comisión Permanente del 22 de enero de 2020, se dio cuenta de la recepción del informe de actividades de la Fiscalía General de la República correspondiente al período 2019-2020, junto con los Informes de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, el relativo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como el correspondiente de la Fiscalía especializada de Asuntos Internos; así como las Cifras y Resultados de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Esto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este contexto, cabe tener presente que en los últimos años en México, se ha registrado un aumento notable en asesinatos de mujeres, llamados de auxilio relacionados con violencia y aperturas de investigaciones penales por violencia familiar durante la contingencia sanitaria. Por un lado, en lo que respecta a violencia letal contra las mujeres, el total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó, en promedio, 11.2 mujeres asesinadas por día. Además, de marzo a abril de 2020, los asesinatos de mujeres aumentaron en un 2 por ciento; mientras que los asesinatos de hombres se redujeron un 0.2 por ciento. Por otro lado, el total de llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres, en abril de 2020, se traduce en un promedio de 143 llamadas por hora.3
Respecto a los delitos cometidos contra mujeres, los relacionados con el abuso sexual (42.6 por ciento) y la violación (37.8 por ciento) son los principales en las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas.4
Durante el segundo semestre de 2020, 28.1 por ciento de los hogares del país, fue víctima de al menos un delito.5
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2020 se contabilizaron 32 mil 759 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, cifra superior a la del mismo período de 2019, cuyo registro fue de 32 mil 637.
Por su parte en el informe anual de atrocidades 2020, elaborado por Causa en Común, AC, presentan un mosaico de dolor y crueldad, que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva. Muestra también que, lejos de la mitología sobre crimen organizado que prevalece en nuestra conversación pública, buena parte de las atrocidades son perpetradas por personas que no forman parte de organizaciones criminales. Se trata de violencia criminal, sí, pero es también violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social.6
En el Informe Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas 2020; se contabilizaron 6 mil 957 personas desaparecidas y no localizadas de enero a diciembre de ese año.7
Datos del Índice Global de Impunidad (IGI) ubican a México entre los 10 países con los niveles más altos de impunidad. El IGI toma como punto de partida la definición de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unida en el Informe de Diane Orentlicher, en este sentido, la impunidad supone “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”. Esta definición remarca el hecho de que la impunidad implica un fenómeno que va más allá de la simple ausencia de sanciones o castigos ante la comisión de delitos.8
Retomando los planteamientos de Morlino,9 una democracia de calidad es aquella que presenta una estructura institucional estable que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos.
Dado lo anterior es fundamental que la institución encargada de investigar y perseguir los delitos, así como de procurar justicia y garantizar los derechos de las víctimas; rinda cuentas sobre su actuar en un país que colapsa con los datos e información presentados.
Por otra parte, queremos expresar nuestra gran preocupación del contenido de la minuta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en el cual diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, juristas y algunos representantes del gobierno federal, han manifestado que el proyecto contiene deficiencias muy graves que ponen en riesgo los derechos de las víctimas, y vulneran los principios rectores de información, participación, asistencia, protección a la integridad y no revictimización, de la etapa de investigación.
Dentro de estas deficiencias también se evidencia que la minuta reduce de forma significativa los derechos de las víctimas frente a las obligaciones que debería tener la Fiscalía respecto a la protección de los intereses de la víctima, particularmente en lo que respecta a garantizar su acceso a la justicia.
Adicionalmente, el punto de mayor inquietud es la eliminación de las obligaciones de la Fiscalía relativas a la búsqueda de personas desaparecidas, el cual es un compromiso de la actividad estatal y sobre los que existen claras normas y estándares internacionales.
Adicionalmente, el punto de mayor inquietud es la eliminación de las obligaciones de la Fiscalía relativas a la búsqueda de personas desaparecidas, el cual es un compromiso de la actividad estatal y sobre los que existen claras normas y estándares internacionales.
La búsqueda de personas desaparecidas es una actividad que se debe realizar de manera coordinada entre todas las autoridades. Así se determinó por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, quien recomendó dotar a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República del personal y los recursos materiales suficientes para su correcto funcionamiento
A partir de lo anterior, se advierte que la Fiscalía General de la República tiene responsabilidades importantes de coordinación en materia de búsqueda de personas desaparecidas, que la minuta que se analiza pretende eliminar.
En efecto, la reforma al artículo 45 de la Ley General sobre desapariciones, prevista en la minuta, establece una cláusula de respeto a la autonomía de la FGR que podría ser interpretada de modo que se evada el efectivo cumplimiento de las obligaciones derivadas de ser parte del sistema nacional previsto en dicho ordenamiento.
Es por lo anterior que solicitamos que el análisis y dictamen de la presente minuta tenga un mejor proceso deliberativo, en pro de una normatividad que mejore el funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General de la República, por lo que convocamos a que se sume usted y servidores públicos de la esa Fiscalía al proceso deliberativo y conocer más a fondo la posición de esta fiscalía al respecto
Por ello y por lo anteriormente señalado, sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un serio extrañamiento al titular de la Fiscalía General de la República, ciudadano Alejandro Gertz Manero, por la omisión en lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República, ciudadano Alejandro Gertz Manero, a dar cumplimiento a la presentación de un informe anual de actividades, obligación dispuesta en el artículo 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Fiscalía General de la República, se sume al proceso de deliberativo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y pueda remitir a esta soberanía un claro posicionamiento respecto a dicha ley para conocer más a fondo la perspectiva de esa Fiscalía al respecto.
Notas
1 “Proceso de designación del primer Fiscal General de México fue una simulación”. Artículo 19 Recuperado el 16 de abril de 2020. Disponible en https://articulo19.org/proceso-de-designacion-del-primer-fiscal-general -de-mexico-fue-una-simulacion/
2 Garita, Arturo. Transparencia y rendición de para el desarrollo de la democracia. La Rendición de Cuentas en el Senado Mexicano. Universidad Autónoma de Puebla. En línea, disponible: https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/parlamentarios/pdfs/rendicion_Cuenta s_Senado_Mexicano.pdf
3 Las dos pandemias: Violencia contra las Mujeres en México en el contexto de COVID -19. Elaborado por Equis Justicia para las mujeres, Intersecta y Red Nacional de Refugios. En línea, disponible en: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/08/informe-dospandemiasmex ico.pdf
4 Estadísticas a propósito del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Comunicado de Prensa
568/20 publicado el 23 de noviembre de 2020. Disponible en línea:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/
Violencia2020_Nal.pdf?fbclid=IwAR2hD5mR1ZesgmWv1zCf6Ww1ms_ohgA2ubrA9whsw1jFfMcI-iHKuUyOHbA
5 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU. Cuarto trimestre 2020. Disponible en línea:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/e nsu2020_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf
6 Galería del horror. Atrocidades registradas en medios periodísticos durante 2020. Disponible en línea:
http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2021/ 01/210106_Informe-anual-atrocidades-2020_VF_compressed-1.pdf
7 Búsqueda e Identificación de Personas
Desaparecidas. Informe 2020. Disponible en línea:
http://www.alejandroencinas.mx/wp-content/uploads/2021/01/INFORMECNB2020OK.pdf
8 Le Clercq, Juan Antonio. México en la medición de
impunidad del Índice Global de Impunidad 2020. Disponible en línea:
https://theglobalamericans.org/2021/01/mexico-en-la-medicion-de-la-impunidad-del-indice
-global-de-impunidad-2020/#:~:text=M%C3%A9xico%20se%20ubica%20en%20la,
evaluado%20que%20Tailandia%20con%2062.3.
9 Morlino, Leonardo (2005). Calidad de la Democracia. Revista Megapolítica. No. 39. México
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputadas: Martha Tagle Martínez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbricas)Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Michoacán de Ocampo a abstenerse de agredir a los manifestantes de Aguililla y garantizar la integridad física y mental de los seis denunciantes y sus familias; y a la Fiscalía General del estado, a integrar la carpeta de investigación correspondiente y solicitar el juicio de desafuero al Congreso local, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Anita Sánchez Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 13 de abril de 2021 de nueva cuenta, la ciudadanía del estado de Michoacán de Ocampo fue testigo de la intolerancia y prepotencia con la que se conduce el gobernador Silvano Aureoles Conejo ante las personas, que, en su derecho, se manifestaban para demandar al mandatario la solución a la situación de violencia que aqueja a la localidad de Aguililla, Michoacán, en donde ocurrieron los hechos.
El ejecutivo estatal llegó a la región para asistir a una reunión del Grupo de Inteligencia Operativa, viajando en una camioneta de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Durante su recorrido1 , se encontraron con un grupo de personas en protesta por la violencia de los últimos días. Le reclamaban también que se hubiera trasladado en helicóptero y no por tierra, para que se diera una idea de los que sucede en esta región de Tierra Caliente.
Fue cuando Aureoles2 molesto por la recepción, baja de la unidad militar y se dirige a una persona que sostiene una cartulina y le propina un empujón. Después se supo que el manifestante es maestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte) de nombre Fernando Padilla Vázquez.
La molestia del gobernador ante la protesta era evidente, pues mientras caminaba empujaba a los manifestantes. Mientras que uno de los escoltas del mandatario estatal arrebata la cartulina de un manifestante y la rompe.
Esto provocó aún más la molestia de las y los manifestantes, que comenzaron a lanzar consignas contra el mandatario estatal.
Las personas señalaban que su protesta era legítima y pacífica, por lo que él no debía de actuar con agresividad.
El equipo de seguridad del gobernador les quitó las cartulinas en las que se leían diversas demandas para la pacificación de la zona.
Dentro del grupo se encontraban varios menores de edad donde pedían paz para Aguililla, lugar que ha sido víctima de los miembros del crimen organizado.
Días anteriores un grupo de narcotraficantes ingresó a la cabecera del Municipio, pese a que los pobladores habían cerrado los caminos de entrada.
Varios videos3 son prueba de la agresión sufrida por el grupo de manifestantes que lo único que pedían, es tranquilidad en el pueblo y libre tránsito sobre las carreteras Aguililla-Apatzingán para poder ingresar alimentos y medicamentos de primera necesidad.
Tras hacerse virales los videos en las redes sociales, el gobernador Aureoles Conejo calificó a los manifestantes, sin prueba alguna, como “halconeros”, es decir vigilantes y mensajeros al servicio del crimen organizado.
Para el mandatario de Michoacán, los manifestantes que exhibían cartulinas que le pedían restablecer el orden, agredieron a la Guardia Nacional, al Ejército y a los elementos de la Marina, y por eso él dio la cara.
En varios videos que circularon en ningún momento se percibe una agresión directa de los manifestantes, tan no hay agresión que los militares y personal de seguridad que rodeaba al gobernador Aureoles Conejo no interviene en el momento en que el mandatario local empuja a un maestro, mientras habitantes de Aguililla le silban y le gritan: “¡Fuera, fuera, fuera!”.
El jueves 15 de abril, el profesor Fernando Padilla Vázquez, denunció penalmente al Gobernador por abuso de autoridad ante la Fiscalía General de Michoacán.
También se denunció por abuso de autoridad y por coalición de servidores públicos, a Adrián López Solís, Fiscal General de Michoacán y a Israel Patrón Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, ante la Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares de la Fiscalía de Michoacán.
Junto con Padilla interpusieron la demanda los ciudadanos Ignacio Mendoza Jiménez, Ignacio Mendoza Oropeza, Claudia Oropeza Miranda, Dayra Guadalupe Hernández García y Guillermo Isaac Méndez Jacobo.
El maestro Padilla en entrevista con Sin Embargo4 declaró temer por su vida y responsabiliza de lo que pueda pasar al Gobierno del estado y pide que interceda en su caso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El docente denunció además la retención de su pago, una situación que en 20 años de servicio nunca se había presentado. Los pobladores de Aguililla lo respaldan y exigen que se le entregue su cheque de seis mil pesos quincenales por una plaza.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución como sigue
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, para que se abstenga de agredir a las personas manifestantes de Aguililla, Michoacán y garantice la integridad física y mental de los seis denunciantes y sus familias.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de Michoacán para que integre la carpeta de investigación levantada por las agresiones cometidas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo contra las personas manifestantes de Aguililla, Michoacán y proceda a solicitar el juicio de desafuero al Congreso del estado de Michoacán de Ocampo a fin de que pueda ser consignado el expediente ante tribunales en materia penal correspondientes.
Notas:
1. Silvano Aureoles agrede a manifestante en Aguililla y lo captan en video - Proceso
2. Silvano Aureoles agrede a profesor manifestante en Aguililla - RegeneraciónMX (regeneracion.mx)
3. © SinEmbargo
4. Entrevista Telefónica 15 abril 2021, CSinEmbargo.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de abril del 2021.
Diputada Anita Sánchez Castro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incluir por la SEP en los planes de estudio la educación marítima desde la niñez y, particularmente, la conmemoración de los 200 años de la Marina Armada de México, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas , en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al del Ejecutivo federal, por conducto de la titular de la Secretaría de Educación Pública, a incluir en sus Planes de Estudio la Educación Marítima desde la Niñez y, particularmente, la conmemoración de los 200 años de la Marina Armada de México , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
México se encuentra ubicado entre dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, y cuenta con 4 mil 111 islas, islotes, arrecifes y bajos. La superficie marítima, de más de tres millones de kilómetros cuadrados, equivale a una y media veces la superficie terrestre del país. Las zonas marinas mexicanas comprenden: aguas marinas interiores, mar territorial (12 millas náuticas a partir de la costa), zona contigua (12 millas náuticas a partir del mar territorial) y zona económica exclusiva (200 millas náuticas a partir de la costa), por lo que podemos concluir que el nuestro es un país eminentemente marítimo.
La Armada de México, como responsable de ejercer el Poder Naval de la Federación, es una institución militar nacional cuyo propósito es la defensa exterior, coadyuvar en la seguridad interior del país y contribuir al desarrollo marítimo del país, al velar por la seguridad en nuestros mares. mediante el desempeño de 2 roles:
a) Marina de Guerra, se enfoca en la defensa marítima del territorio, para garantizar la independencia, soberanía y la integridad del territorio nacional.
b) Guardia Costera, se enfoca en mantener el estado de derecho en las zonas marina mexicanas y la salvaguarda de la vida humana en el mar.
La Marina-Armada de México surgió tras la firma del Acta de Independencia de México del 28 de septiembre de 1821. La Soberana Junta Gubernativa y la Regencia, encabezada por el general Agustín de Iturbide, ordenó la creación del Ministerio de Guerra con encargo de la Marina el 4 de octubre del mismo año, como parte del despacho de Guerra y Marina, con el objetivo de defender la soberanía, siendo la primera línea de defensa de nuestra nación. La historia naval de nuestro país tiene sus bases en el heroico esfuerzo de los guardianes de la patria instalados en los litorales y costas de la República, quienes, divididos en 7 regiones navales, 13 zonas navales, 14 sectores navales y un cuartel general, protegen nuestras riquezas, mantienen la paz, la seguridad, el bienestar, y prestan auxilió a toda la población ante los desastres naturales, en más de 200 millas de mar patrimonial. Diversos hechos históricos han enarbolado la grandeza y tradición de la Marina-Armada de México, mismos que han dado forma a nuestra patria, siempre en defensa de la soberanía de aguas, costas e islas nacionales, y el mantenimiento del orden constitucional, entre los cuales podemos nombrar los siguientes:1
-El 4 de octubre de 1821, tras conseguir nuestra Independencia se crea el primer Ministerio de Guerra y Marina, bajo el mando del teniente de navío Antonio de Medina Miranda.
-Año de 1822. Se crea el primer Batallón de Marina, para la defensa de nuestros litorales marítimos, el cual nace junto con el proceso de consolidación de la Independencia Nacional.
-23 de noviembre de 1825. La corona española se negaba a reconocer la Independencia de México, por lo que la recién creada Armada Nacional, tuvo la encomienda de consolidar la libertad del pueblo mexicano, adquiriendo embarcaciones que fueron comandadas por el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, estableciendo un bloqueo naval en la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz; donde estuvieron atrincheradas tropas españolas, logrando hacer efectiva su rendición, asegurando la soberanía nacional. Cabe hacer mención que, en recuerdo a este memorable hecho histórico, se estableció mediante decreto presidencial2 que, a partir del 23 de noviembre de 1991, esta fecha se considerara como el “Día de la Armada de México”.
-1832-1847. La Armada mexicana constituye la primera línea de defensa de la nación, cuando las agresiones del exterior han llegado a través del mar. Nuestra Marina de Guerra defendió la soberanía nacional y luchó por evitar la fragmentación territorial durante el siglo XIX, lo que hizo acorde a sus propias circunstancias y desarrollo. De esta manera combatió a la Armada de Texas en sus intentos separatistas; enfrentó a la flota del contralmirante Charles Baudin en la guerra con Francia; mientras que, en la guerra con Estados Unidos de América, la Armada Nacional dificultó el avance de la invasión estadounidense en el Golfo de México.
-15 de abril de 1914. El estado de Sinaloa es testigo de la batalla aeronaval de Topolobampo, uno de los primeros combates aeronavales en el mundo, cuando el cañonero Tampico y el biplano Sonora, se enfrentaron bajo la bandera de la Revolución.
-21 de abril de 1914. El fracaso del régimen del presidente Victoriano Huerta se debió a múltiples factores. En materia de seguridad interna enfrentó el levantamiento armado de zapatistas, villistas y carrancistas, grupos que no lo reconocieron y que acabaron por derrocarlo. En el terreno internacional, enfrentó el creciente desafío impuesto por Washington. A inicios de febrero de 1914, el periodo de “espera vigilante” había llegado a su fin. La sospecha de invasión se reforzó con el incidente de Tampico ocurrido el 9 de abril, lo que desembocó finalmente en la invasión al puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. La defensa del puerto de Veracruz quedó a cargo de los cadetes y personal de la Escuela Naval Militar bajo el liderazgo del comodoro Manuel Azueta Perillos, arengó a los cadetes de la Escuela Naval con “¡A las armas muchachos, la patria está en peligro!”, el grupo de voluntarios civiles, y la población en general hombres, mujeres y niños dieron la vida en defensa de su patria, defendieron en esta gesta heroica el puerto de Veracruz.
-5 de febrero de 1917. Nacionalización de la Marina, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 32 indica que para pertenecer a la Marina Nacional se requiere ser mexicano por nacimiento. A partir de la promulgación de esta Constitución, para poder pertenecer a la Marina de Guerra o Mercante, se debía cumplir con el requisito de la nacionalidad mexicana. El 1 de junio de 1917 se materializó el artículo 32, cuando el buque mercante Tabasco fue el primero que navegó con tripulación mexicana. En razón de lo anterior, mediante decreto presidencial3 se decretó que cada 1 de junio se conmemorara el “Día de la Marina”, por haber sido ese día, pero de 1917, cuando entró en vigor el artículo 32 constitucional en el puerto de Veracruz.
-31 de diciembre de 1940. Se crea la Secretaría de Marina, al reformarse la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, con el propósito general de organizar, administrar y preparar la Armada de México.
-9 de enero de 1966. Se pone en ejercicio por primera vez el Plan Marina. La Comandancia General de la Armada emite mandos navales el denominado Plan de Emergencias y Desastres. Así la institución naval participa y lleva a cabo acciones para apoyar a la población en situaciones de desastre.
-El 4 de noviembre de 1975, el presidente de la república Luis Echeverría Álvarez envió al Congreso dos iniciativas que a la postre transformarían el territorio nacional y la Marina-Armada jugó un papel muy importante. La primera fue un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1976, donde se adicionaba con un octavo párrafo el artículo 27 constitucional, para establecer la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. 4 La segunda fue una ley reglamentaria al párrafo octavo del artículo 27 constitucional, estableciendo el proyecto de Convención sobre el Derecho del Mar. Con esta acción el territorio nacional alcanzó una superficie aproximada de 2 millones 400 mil kilómetros cuadrados. También se logró establecer los derechos de soberanía de la nación sobre los recursos naturales renovables y no renovables en toda la extensión del golfo de California. Este fue una de las acciones más relevantes de finales de los años setenta, pues se estableció de manera clara que ningún extranjero podía realizar actividades de exploración o explotación pesquera o aprovechamiento de ningún recurso renovable o no renovable, ni estudios para este u otro fin, sin autorización expresa de las autoridades correspondientes, lo que represento para la Armada, un mayor un incremento en su responsabilidad en la vigilancia y resguardo del territorio nacional.
-29 de julio de 1982. El Buque Escuela Velero ARM Cuauhtémoc BE-01 fue entregado a su primera tripulación y abanderado el 25 de septiembre del mismo año, en el Puerto de Veracruz.
-3 de septiembre de 2007, con antecedentes desde 1954. Esta institución naval es nombrada la única autoridad a nivel nacional, ejecutora de los convenios internacionales en materia de protección marítima y búsqueda y rescate, entre otros.
-17 de junio de 2017. Le es conferido a la Secretaría de Marina ejercer la autoridad marítima nacional, por tratarse de la institución que cuenta con el personal y la capacidad operativa necesarios para que México se encuentre a la altura de los retos actuales en materia de protección y seguridad marítima. Como es de apreciarse la historia de la Armada de México, es base del México actual, teniendo la misión permanente de la defensa de la soberanía nacional y la salvaguarda de la seguridad interior, reafirmando el compromiso con la sociedad mexicana, en el mar, en la tierra y en el aire. Entre las tareas que tiene asignadas la Marina-Armada está la de brindar protección a los mares que proporcionan a México grandes riquezas marítimas que impactan en materia ecológica, social, económica y geopolítica, tal es el caso del océano Pacífico, el golfo de California, el golfo de México y el mar Caribe, en ellos se llevan a cabo actividades fundamentales para el desarrollo del país, tales como la extracción de hidrocarburos, el turismo, el transporte marítimo, la industria y los sectores acuícola y pesquero, son resguardadas por esta institución; a esto se suman las instalaciones estratégicas como lo son las de Petróleos Mexicanos y las hidroeléctricas, los 102 puertos y 15 terminales marítimas fuera de puerto. En este sentido, la Armada de México, genera las condiciones de seguridad, estabilidad y tranquilidad que permiten aprovechar la abundante riqueza marina y el potencial de nuestros litorales, en beneficio de las y los mexicanos.
La Armada de México, como Marina de Guerra, se conforma por dos Fuerzas Navales, que constituyen la primera línea de defensa marítima en alta mar en ambos litorales, con capacidad de ejecutar diversos tipos de operaciones anfibias, de superficie y aeronavales. En su conjunto tienen como misión garantizar la soberanía nacional, a través de operaciones navales, a fin de salvaguardar los intereses marítimos del país; para lograrlo, efectúan:
-Presencia y disuasión;
-Protección de instalaciones estratégicas;
-Protección del tráfico marítimo y control de sus rutas principales; y
-Ayuda humanitaria internacional.
Ahora bien, la Armada de México en funciones de guardia costera, tiene presencia en el mar territorial y zona económica exclusiva, al realizar operaciones diferentes a las de guerra, utilizando medios navales para el mantenimiento del estado de derecho y el cumplimiento del orden jurídico nacional en zonas marinas, costas y recintos portuarios. Las operaciones anteriores, incluyen, pero no se limitan a:
-La búsqueda y rescate.
-Protección del tráfico marítimo y al medio marino.
-Acciones de vigilancia, verificación, visita e inspección a las embarcaciones tanto nacionales como extranjeras en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios.
-Auxilio a la población en zonas de desastre y ayuda humanitaria. Para el cumplimiento de sus funciones, cada mando naval cuenta con unidades operativas adecuadas, entre las que podemos destacar las siguientes:
-Buques de patrulla oceánica, de patrulla costera y patrullas interceptoras.
-Aeronaves de patrulla aérea marítima.
-Helicópteros de búsqueda y rescate, intercepción y apoyo a operaciones terrestres.
-Estaciones navales de búsqueda, rescate y vigilancia marítima.
-Batallones de Infantería de Marina.
-Unidades de Protección Marítima y Portuaria. Para cumplir con su misión, la Armada de México distribuye sus unidades operativas a lo largo de las zonas marinas mexicanas, optimizando sus capacidades, para buscar el control, la protección y seguridad efectiva de los mares, costas y puertos nacionales.
El nacimiento de la Marina Armada de México va de la mano con la Independencia de México que se alcanzó luego de 11 largos años de lucha. En tal virtud, dada su gran relevancia en el devenir histórico y en la actualidad, y toda vez que el 4 de octubre de este año, 2021, se conmemorará su bicentenario, en Acción Nacional estimamos muy conveniente y oportuno que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Marina, realicen todos los esfuerzos necesarios para transmitir a los educandos el conocimiento marítimo, con miras a impulsar y forjar el conocimiento y el amor por nuestros mares para participar activamente en el desarrollo marítimo de nuestra Nación, en el mediano y largo plazo.
Para ello, sugerimos que la Educación Marítima se contemple en los planes y programas de estudio desde la niñez; y que, particularmente con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Marina Armada de México, se diseñe, elabore y difunda material didáctico tanto de manera impresa, como audiovisual y digital, así como material lúdico - como libros para iluminar y rompecabezas, entre otros - a fin de potencializar el alcance de su difusión.
Por lo anteriormente descrito, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la secretaria de Educación Pública, maestra Delfina Gómez Álvarez, para analizar, y en su caso contemplar en los Planes y Programas de Estudio, la Educación Marítima desde la niñez.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la secretaria de Educación Pública, maestra Delfina Gómez Álvarez, para que, en coordinación con la Secretaría de Marina, genere y difunda en todos los niveles educativos material didáctico tanto de manera impresa, como audiovisual y digital; así como material lúdico -como libros para iluminar y rompecabezas, entre otros- , con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Marina Armada de México.
Nota
1 [1] Información consultada en el Periódico Naval.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590134/_Periodico_OCTUBRE_compressed.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputado Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y el INM a prevenir, erradicar y controlar la trata laboral de personas en San Quintín y otras localidades agrícolas, a cargo de la diputada Miriam del Sol Merino Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Miriam del Sol Merino Cuevas, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El Protocolo de Palermo concibe a la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que la explotación laboral se concibe como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI.
Desde 1930 se estableció, la Organización Internacional del Trabajo estableció el Convenio 029 sobre el trabajo forzoso, en el cual México forma parte como país suscriptor desde 1934. En este Convenio de la OIT se define al trabajo forzoso u obligatorio como aquel exigido a una persona bajo la amenaza de una pena y para la cual, esta persona no se ofrece voluntariamente.
De acuerdo con la OIT, en 2017 se estimaban 24.9 millones de personas que se encontraban en alguna forma de esclavitud moderna. Por cada cinco víctimas de trata, una es forzada a explotación sexual y cuatro a explotación laboral.
El Global Slavery Index estima que en México existen 376 mil 800 personas sometidas a alguna forma de esclavitud moderna (sin incluir explotación sexual), ubicando a nuestro país en la posición número 36 de 167 países en el mundo.
Este tipo de trata laboral se realiza con mayor frecuencia en los trabajos agrícolas, debido a que los reclutadores o enganchadores los llevan con engaños, prometiéndoles alimento diario, instalaciones cómodas y gratuitas donde vivir, buen salario, prestaciones superiores a las de la ley y la garantía, que el dinero generado en esos meses de trabajo, será totalmente para el ahorro y disfrute en sus comunidades de origen, encontrando una realidad totalmente paralela a esta. Cabe subrayar, existen empresas agrícolas serias y profesionales, que aplican este modelo de subcontratación y que cumplen con lo prometido a la o al interesado, reguladas y auditadas por la autoridad y clientes norteamericanos.
Debemos recordar que, en octubre de 2020, la Unidad de Trata de Personas en el estado de San Luis Potosí, rescataron a 35 jornaleros que eran víctimas de explotación laboral en Villa de Arista provenientes de diferentes estados del país.
Por otro lado, como antecedente, en el valle de San Quintín, Baja California el 17 de marzo de 2015, se realizó una huelga de jornaleros que dio la vuelta al mundo por evidenciar las condiciones de trabajo deplorables y en contra de sus derechos laborales. En el pliego petitorio presentado por los trabajadores movilizados se destacan los siguientes puntos principales: aumento del promedio salarial diario y proporcionalmente en el caso del trabajo a destajo; revocación de los contratos colectivos firmados con los sindicatos confederados, que prevén un salario ya integrado de las prestaciones; pago del aguinaldo, de los días festivos, de la prima vacacional, de las prestaciones y el reparto de utilidades; respeto de las 8 horas laborales según la Ley Federal del Trabajo, con pago suplementario de las horas extras; descanso al séptimo día y en días festivos, entre otras consideraciones más.
Se estima que hoy día hay 80 mil jornaleros (as) en el Valle de San Quintín, de los que sólo 32 mil se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los principales lugares de emisión de jornaleros agrícolas migrantes se encuentran en los municipios de los estados más pobres de México como son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz e Hidalgo teniendo como principales comunidades originarias a los mixtecos, zapotecos, triquis, tlapanecos, amuzgos, nahuas, purépechas, tarahumaras y tepehuanos
El salario promedio de los jornaleros agrícolas es de $213 pesos diarios, sin embargo, en esta cifra están integradas las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo, situación que es totalmente ilegal. Por otra parte, existen empresas agrícolas cuyos salarios están muy por encima del nuevo salario mínimo para las y los jornaleros, acordado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en 2021, siendo estas, aquellas que cuentan con una vida sindical viva y activa.
Sin embargo, el 7 de enero de 2021, hace tres meses, mil jornaleros agrícolas de la empresa San Marcos Invernaderos en San Quintín hicieron un paro laboral por el incumplimiento del pago de su salario completo, incluido el aguinaldo.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a prevenir, erradicar y/o controlar la trata laboral de personas en San Quintín y en otras localidades agrícolas de nuestro país.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de migración para prevenir, erradicar y/o controlar la trata laboral de personas extranjeras en San Quintín y en otras localidades agrícolas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputada Miriam del Sol Merino Cuevas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a realizar las obras o mejoras de infraestructura de la red eléctrica abastecedora de Huentitán El Bajo y alrededores de Guadalajara, Jalisco, a cargo de la diputada Irene García Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Irene García Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a que realice las obras o mejoras de la infraestructura de la red eléctrica que abastece a la comunidad de Huentitán el Bajo y alrededores del municipio de Guadalajara, Jalisco, a fin de erradicar los constantes cortes del servicio eléctrico en la zona.
Consideraciones
Corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Lo anterior reza en el sexto párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa pública sin fines de lucro, de carácter social, que ofrece el servicio público de energía eléctrica, servicio fundamental para el desarrollo de la nación. Es una empresa productiva del estado, propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.1
En esa tesitura, el servicio eléctrico es un servicio básico que se proporciona con la finalidad de facilitar a sus consumidores la potencia necesaria para activar u operar los dispositivos, maquinas u herramientas que por un lado son esenciales en nuestra sociedad, como refrigeración de alimentos o iluminación y por otro proporcionan la fuerza motriz para la industria que genera bienes y dar empleos.
En la localidad de Huentitán el Bajo y colonias aledañas dentro del municipio de Guadalajara, Jalisco, por 10 años aproximadamente han sufrido de un periódico corte de servicio de forma imprevista, a un ritmo de aproximado de cada 3 o 4 semanas; cortes que tiene una duración de alrededor de 4 a 7 horas de duración, tiempo que le toma a la CFE en recibir el reporte, despachar a su personal para atender la falla, así como el tiempo dedicado de éste último a solventar el inconveniente.
Las consecuencias causadas por falta de energía eléctrica en las comunidades como la que nos atañe son conocidas por todos los integrantes de esta Cámara, pues afectan tanto al sistema productivo y de servicios así como por igual a la casa habitación, pues en la primera se detiene la producción y se pone en riesgo la preservación de perecederos alimentarios tanto en los locales comerciales y puntos de venta, así como en los hogares, causando pérdidas económicas de gran magnitud, pues según el censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2020, la población aproximada al año 2020 en la localidad de Huentitán el Bajo es de 11 mil 920 personas, la localidad de Panorámica de Huentitán de 4 mil 111 habitantes para un total aproximado de 16 mil 31 habitantes, por igual la existencia de puntos de venta al público, empresas micro, pequeñas y medianas de un aproximado de 702 negocios, fábricas y diversos.2
Si bien pudiera ser esperado un corte en el suministro en cualquier parte del país debido a diversos factores climáticos, (lluvias, inundaciones) la repetición con la que se presenta en estas comunidades, en cualquier época del año, sobresalta por mucho con las de otras áreas a las que abastece la empresa CFE en la zona metropolitana de Guadalajara, por lo que es necesario una urgente intervención para analizar, proponer y llevar a cabo acciones técnicas operativas para que la raíz del problema sea superada y así tales cortes del servicio dejen de estar presentes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que, a la brevedad posible, se realicen las obras o mejoras de infraestructura a la red eléctrica que abastece a la comunidad de Huentitán el Bajo y alrededores del municipio de Guadalajara, Jalisco, a fin de erradicar los constantes cortes de servicio eléctrico que los aqueja.
Notas
1 Recuperado de:
https://www.cfe.mx/nuestraempresa/Pages/queeslacfe.aspx
2 Recuperado de:https://www.iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/ciudadesmedias/g dl.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputada Irene García Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar el proyecto del BRT en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Ulises García Soto, integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El “Transporte Rápido de Autobuses” o “Bus Rapid Transit” por sus siglas en inglés (BRT) es un servicio de transporte colectivo, diseñado con servicios e infraestructura para mejorar el flujo de pasajeros.1
El BTR se caracteriza por transitar generalmente por carriles exclusivos al centro de los corredores. El ingreso a los autobuses se hace a través de estaciones donde previamente pagan los pasajeros en lugar de realizar el pago en el interior de los autobuses.
Las estaciones en las rutas troncales están construidas sobre plataformas al nivel del piso del autobús para facilitar la accesibilidad y reducir el tiempo de abordaje, especialmente de personas discapacitadas o de movilidad reducida.
Estamos muy conscientes de que históricamente el transporte público de Juárez, es uno de los temas más complejos, sin embargo ¡Juárez merece un trasporte público digno, de calidad, bien hecho!
Las obras del proyecto comenzaron a principios de julio con una inversión inicial de 250 millones de pesos. Sin embargo, el plan también incluye ampliar la actual línea de BTR 1 con más de 250 millones de pesos, según diversos comunicados.
La Línea 2 conectará el aeropuerto con el área urbana de Ciudad Juárez, mientras que la ampliación de la Línea 1 se extenderá otros 2,6km hacia el sureste de la ciudad. La nueva línea tendrá 49 estaciones y 2 terminales, mientras que la línea existente contará con otras 16 estaciones.2
Todo esto es parte del desarrollo de una sociedad, sin embargo también ha habido problemas importantes por la construcción del BTR, debemos tener equilibrio, ser conscientes del desarrollo de la comunidad en armonía con la ecología.
En febrero de este año empresas que realizan las obras del Corredor Tecnológico, conocido como el BRT 2, arrasaron con maquinaria pesada decenas de árboles en el tramo del bulevar Teófilo Borunda y Ramón Rivera Lara, en Ciudad Juárez Chihuahua. Una vez que derribaron los troncos y ramas, trabajadores cavaron alrededor de los cajetes, para sacar las raíces. Los subieron en camiones de rediles junto con otros materiales de deshecho, como trozos de asfalto.
Representantes de la constructora se acercaron a varias personas que reclamaban por la tala. Les exigieron que se retiraran, con el argumento de invasión de una propiedad federal. Uno de ellos ordenó la continuación de la destrucción de la infraestructura verde, mientras que otras máquinas terminaban de aplanar el terreno.3
Esta remoción de árboles por obras del BRT 2 viola reglamento municipal de Ciudad Juárez, el Reglamento Municipal de Ecología y de Protección al Ambiente, señala en su Capítulo II. Impacto Ambiental la realización de obras o actividades que puedan causar desequilibrios en el medioambiente. Antes de expedir licencias de construcción a las compañías, el Gobierno municipal está obligado a realizar un estudio de impacto ambiental en la zona. Antes, el Municipio avaló la destrucción de una parte de los 100 mil rosa laureles plantados en vialidades primarias, entre ellas la avenida Tecnológico.
Ahora bien, financieramente en el sector empresarial juarense existe desconfianza o poca certeza de que el Gobierno estatal actual deje concluidas las obras que tiene en proceso. Tal es el caso de los puentes en la avenida Francisco Villarreal y su prolongación a De las Torres y la ruta troncal del BTR.
También hay recelo en el pago a proveedores, por el riesgo de que empresas puedan caer en quiebra si la administración estatal no les paga.4
El pasado 5 de abril de 2021, se emitió oficio DGDU/DADU/LC/0823/2021, signado por la licenciada Lilia Ana Méndez Rentería, en su calidad de Directora General de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento de Juárez, en el cual manifiesta que a la fecha de expedición del citado oficio no se había expedido licencia o permiso a las obras del BTR II. Es decir obras ejercidas por Gobierno del estado, que no se están apegando a la legalidad.
El día de ayer, un grupo de vecinos se manifestaron en contra de los trabajos de las obras del BTR o ruta troncal; varios de ellos fueron detenidos mientras se llevaba a cabo la manifestación de forma pacífica. Fueron alrededor de 10 unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las que arribaron al lugar para pedir a los ciudadanos que se retiraran del lugar.
Al ver la negativa de los ciudadanos de retirarse, los agentes optaron por detener a los manifestantes, en un acto que considero es abusivo de poder, la libre manifestación de ideas, no debe ser objeto de represión.
El estado debe de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no amedrentarlos con el uso de la fuerza pública, los funcionarios estamos para atender las necesidades de la población, no para reprender.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Gobierno del estado de Chihuahua, a erradicar cualquier acto de represión en contra de la libre manifestación de ideas.
Segundo .- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una auditoría especial completa en donde se analice y revise con detalle, el presupuesto, los permisos, ministraciones, pagos prorrateos, deudores, oficios de autorización presupuestal, así como comprometidos de la obra y fuente de financiamiento.
Notas:
1. http://bravobus.gob.mx/spip.php?page=queeselbrt, consultado en fecha 12 de abril de 2021
2. https://www.bnamericas.com/es/reportajes/bajo-la-lupa-proyectos-de-btr- en-curso-en-mexico, consultado en fecha 12 de abril de 2021
3. https://nortedigital.mx/arrasa-constructora-decenas-de-arboles-por-obra s-del-brt-2/, conusltado en fecha 12 de abril de 2021
4. https://nortedigital.mx/desconfia-sector-empresarial-que-corral-concluy a-obras/, consultado en fecha 12 de abril.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días de abril del 2021
Diputado Ulises García Soto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno a promover mediante la enseñanza de niños y adolescentes la importancia de colaborar en las acciones cotidianas que ocurren en su familia y sociedad, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Martha Elena García Gómez , diputada federal,integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno a promover mediante la enseñanza a niñas, niños y adolescentes, la importancia de coadyuvar en las acciones cotidianas que ocurren en la familia y la sociedad en donde habitan , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Dentro de la normalización de la violencia de género que permeó las bases de la convivencia social subyacen los estereotipos que asignaban indefectiblemente roles a mujeres y hombres.
Un orden natural, en el esquema cultural prevaleciente de épocas muy recientes.
Sin embargo, ese esquema se vería profundamente cuestionado en las últimas décadas del siglo pasado abriendo paso a una nueva visión en la relación y desarrollo de mujeres y hombres.
De ese modo, acaecieron conferencias internacionales, declaraciones, encuentros que derivaron en la llamada carta de los derechos de las mujeres, esto es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y en vigor en 1981.
En las dos primeras décadas del presente siglo en nuestro país se han dado cambios importantes en favor de los derechos de las mujeres, creándose importantes instrumentos normativos, instituciones, estrategias y programas que han redundado en la consolidación de la presencia del segmento poblacional que hoy constituye un poco más de la mitad de quienes habitamos México.
Notoriamente, a la normalización, en el discurso y en los hechos, de la violencia, en todas sus manifestaciones, contra las mujeres, el objetivo presente es seguir trastocando —para terminar de minarla— esa visión enquistada cultural, económica y políticamente en el pensamiento social.
Se trata, ahora, de normalizar en todos los ámbitos, en todos, de palabra y hecho, la igualdad de género. De darle sentido práctico.
De concretar todos aquellos principios rectores que en la materia México ha suscrito en sendas convenciones y cuyos alcances han pasado a formar parte del derecho interno.
No obstante, tenemos claros avances en materia de representación política y en cuestiones laborales, por citar un par de ejemplos.
El objetivo, apuntábamos, es el de normalizar que tanto mujeres y hombres pueden desarrollar capacidades varias, físicas e intelectuales para emprender diversas tareas acorde a las vocaciones e intereses de cada persona. El ámbito laboral es una muestra de ello, poco a poco va quedando atrás la óptica prevalente de la existencia de actividades propias de un género.
Empero, estamos ciertas que, para consolidar esta nueva visión, esta normalización y concreción del principio de igualdad, el ámbito educativo representa un espacio fundamental en esa dirección.
En ese contexto, en el artículo tercero, primer y segundo párrafos, de la Carta Magna se establece que toda persona tiene derecho a la educación, siendo el Estado —su rector— el impartidor y garante de la misma, la cual será obligatoria, universal, inclusiva, publica gratuita y laica.
De igual manera dispone que la educación estará basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.Y que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentando, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos
Establece también, en su décimo párrafo, que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.
Asimismo, en su décimo segundo párrafo estipula que:
“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras”.
Por añadidura, la educación:
“-c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos (fracción II, artículo 3o.)
-h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar (fracción II, artículo 3o.)”
Por su parte, en el artículo 3 de la Ley General de Educación se asienta que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.
En ese tenor, el artículo 5 prevé que la educación seaun medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.
Mas aún, se señala que con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.
Igualmente, el mismo ordenamiento dispone—en su artículo 15— al aludir a los fines de la educación que imparta el Estado, que ésta debe:
-Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para que ejerzan de manera plena sus capacidades.
-Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general.
-Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el mismo trato y oportunidades para las personas.
-Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático.
Por cuanto toca a los criterios —artículo 16—, a los cuales ha de ceñirse la educación impartida por el Estado, resaltan los de:
-Promover el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia.
-Ser de carácter humanista, a efecto de fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, con base en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas.
-Ser equitativa, favoreciendo el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas.
-Ser integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social.
Finalmente, y en lo concerniente a los contenidos de los planes y programas, el artículo 30 de la Ley General ordena que, entre otros, serán:
-El fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria.
-La promoción de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.
-La promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta, la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los valores y el conocimiento de los derechos humanos para garantizar el respeto a los mismos.
De suyo, la vigente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes(Lgdnna) —enmarcada en el reconocimiento, promoción y garantía de sus derechos—, al abordar lo relativo a la igualdad sustantiva y el derecho a la educación, establece que toda persona en desarrollo tiene el derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han de llevar a cabo, entre otras medidas, la establecer los mecanismos institucionales que orienten al Estado mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las niñas y adolescentes (artículo 37 Lgdnna)
En ese orden, la educación es un medio central para sensibilizar, difundir y ejercitar todas aquellas acciones encaminadas a crear una cultura donde prive esta noción, este principio y derecho.
Constituye un medio indiscutible para lograr que en el tejido social se asiente y permanezca esta nueva visión ajena a toda traza discriminativa y abone a lo señalado en el artículo 57 de la Ley citada donde se prevé que la educación ha de contribuir al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (...)
La misma norma dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben garantizar el alcanzar una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, adoptando entre otras medidas las de:
-Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos.
-Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa.
-Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
-Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente.
Por otra parte, al detallarse los fines de la educación, desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el artículo 58, se establece que ésta se orientará a:
-Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para lo cual, los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales
-Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes.
-Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes.
-Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos.
Sobresaliendo la organización y desarrollo de actividades extracurriculares, conjuntamente entre autoridades y madres/padres de familia.
Ámbito, enfatizamos, el educativo, donde también, como lo dispone la norma en el artículo 103, quienes ejercen la tutela, la patria potestad o la guarda o custodia juegan un papel importante para asegurar que cursen la educación obligatoria, participando en su proceso educativo y proporcionándoles las condiciones adecuadas para sostener su permanencia en el sistema educativo.
Asimismo, para impartir en relación con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes; asegurarles un entorno afectivo, comprensivo para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad; fomentar el respeto a todas las personas, el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad; fomentar el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo integral, además de considerar sus opiniones para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Concluyendo, como lo hemos apuntado anteriormente, la ley prevé la existencia de un lazo dinámico entre las instituciones y quienes ejercen la tutela, la patria potestad o la guarda o custodia, a fin de ofrecer una educación de calidad, orientadora, que desarrolle todas las capacidades de la niñez y la adolescencia, en un entorno seguro y respetuoso; nos referimos de manera específica a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentesque a la letra señala que uno de los fines de la educación es la de:
-Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes.
De ese modo, enfatizamos, se asegura que en una acción mancomunada escuela-madres/padres-comunidad, se conjunten los esfuerzos por crear y consolidar una cultura de respeto, de valoración y reconocimiento de las capacidades de niñas, niños y adolescentes, observando en todo momento sus opiniones e intereses, cuestiones básicas para ello.
La importancia de que a través de la enseñanza se inculque a la niñez y la adolescencia el apoyar en las actividades que cotidianamente acontecen en su familia como en la sociedad donde se desarrollan, hará que con acciones aprendan conceptos como lo son comunidad, igualdad, no discriminación, por mencionar algunos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la cámara de diputados, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, a promover mediante la enseñanza (a través de cursos, talleres, conferencias, o actividades prácticas) a niñas, niños y adolescentes, la importancia de coadyuvar en las acciones cotidianas que ocurren en la familia y la sociedad en donde habitan. Lo anterior, en consonancia con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Conafor a elaborar e implantar un programa de remoción de concreto de banquetas, glorietas y camellones, y sustituirlo con flora endémica en el territorio nacional, a cargo del diputado Ramón Verduzco González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Ramón Verduzco González, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En la actualidad todos hemos escuchado sobre el derretimiento de los glaciares y la reducción drástica de las selvas, evidencias del desequilibrio de los ecosistemas conocidos. Todo apunta a que ha sido la actividad humana que, desde el siglo pasado, y mediante la liberación de gases denominados de invernadero, la responsable del sobrecalentamiento en el planeta.
Este calentamiento global está modificando el clima en la tierra y los patrones meteorológicos a los que nos habíamos acostumbrado. Conforme la tierra se mueve sobre su eje de forma intermitente, este calor interactúa recogiendo la humedad de los mares y asentándose en diferentes lugares del orbe, calentando algunas zonas, enfriando otras y propiciando un desequilibrio en el ritmo climático.1
Ahora bien, el efecto invernadero se produce cuando ciertos gases de la atmosfera de la tierra retienen el calor. Estos gases permiten que la luz del sol se filtre hacia la tierra, pero mantiene el calor actuando como las paredes de cristal de un invernadero; la ecuación es simple: cuanto más gas de invernadero se libere hacia la atmosfera, más calor será retenido.
Los científicos descubrieron que el efecto invernadero es benéfico porque hace propicia la existencia de vida en nuestro planeta, pero también aportaron pruebas de que el aumento en la producción de dióxido de carbono aumentaría las temperaturas habituales.
La actividad humana ha aumentado significativamente las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmosfera en un límite muy corto de tiempo. Esto es preocupante porque ya estamos experimentando en el planeta cambios drásticos como tormentas mayores y más intensas, lluvias prolongadas seguidas de sequías que afectan los cultivos, alteraciones en el hábitat animal y pérdida del suministro de agua que regularmente proviene de los glaciares. Como ejemplo de esto podemos exponer que:
• 11 de los 12 años más calurosos ocurrieron entre 1995 y 2006.
• El año de 2015 fue el más cálido desde que se crearon los registros en 1880.
• Aun peor, 10 de los 12 meses de 2015 alcanzaron temperaturas récord.
• La temperatura promedio global de la superficies terrestre y oceánica tuvo una variación por encima de los 0.9 grados Celsius en comparación con el promedio del siglo XX.
• Esto significa que la mayor parte el calentamiento global se ha dado en los últimos 35 años según los investigadores.2
Nuestro país participa activamente en contra del calentamiento global, promoviendo y delegando atribuciones a municipios y la federación, así como coordinando acciones y reformas a la ley que establecen las bases en pro del medio ambiente. Como ejemplo tenemos la participación de nuestro país en el acuerdo de Paris, cuyo objetivo es mantener la temperatura por debajo de los 2° C.3 Además, es miembro activo del Protocolo de Kyoto, cumbre internacional que construye acuerdos para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI). En 2009 nuestro país se comprometió a reducir estos gases en 20 por ciento para 2020 y en 50 por ciento hacia 2050.4
Otros esfuerzos los constituyen los instrumentos económicos para enfrentar el cambio climático y que financian proyectos sustentables de energía eléctrica, bonos verdes, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Carbono), Certificados de Energía Limpia (CEL), Subastas de energía eléctrica y mercado de carbono.5
Con base en los estudios reportados por este organismo, hoy sabemos, por ejemplo, que el sector energía en México maneja un rango equivalente a 481 millones de toneladas de CO2, convirtiéndose, con esto, en el principal emisor de gases de efecto invernadero; otro rubro es la ganadería, que produce 72 toneladas de estos gases y los procesos industriales con 71 millones de toneladas, lo que en conjunto representa un total de 683 millones de toneladas de este tipo de gases.
Para aquilatar las acciones emprendidas por nuestro país, ofrecemos un comparativo de 1990 a 2015: la generación de gases de efecto invernadero (GEI) aumentó preocupantemente un 54 por ciento, bajo una tasa anual de crecimiento promedio de 1.7 por ciento. Haciendo un segmento de esto y tomando como referencia los años 2010-2015, el registro de estas emisiones fue del 4 por ciento con una tasa menor del 0.8 por ciento, lo que nos indica que podemos lograr mucho si continuamos trabajando a favor del equilibrio ecológico y la reducción de los gases de este tipo de emisiones a la atmosfera.
También se tiene identificado que los hidrofluorocarbonos (HFC) son potentes gases de efecto invernadero de vida corta, que si no son controlados podrían ser los responsables del 20 por ciento de la contaminación climática para 2050. México forma parte de la Alianza Climática que, junto con los gobiernos de Bangladesh, Canadá, Ghana, Suecia, Estados Unidos y las Naciones Unidas, apoyan, entre otros rubros, temas referentes al calentamiento global.6
Sin duda que hay mucho por hacer y entre ello podemos citar infinidad de acciones que se pueden implementar, como las que tienen que ver con las grandes urbes, donde hoy día viven millones de habitantes, cuyas funciones urbanas confluyen hacia actividades económicas en los sectores secundario y terciario.7 Una de ellas es la del “paisaje urbano”, que no es otra cosa que aquellas imágenes que los ciudadanos perciben en su diario transitar por las calles y avenidas, y cuya característica principal son los conglomerados de casas y edificios que marcan los rasgos definitorios de cada ciudad.
Ya existen convenios que protegen el paisaje urbano con el propósito de establecer un marco para mejorar y conservar su calidad, si bien esto se está llevando a cabo en Europa. ¿Por qué no implementarlo en México y comenzar a reconocer el paisaje en todas sus formas: naturales, rurales, urbanos, periurbanos y, subsecuentemente, reconocer los emblemáticos, los ordinarios y los deteriorados? En lo que a nuestra ciudad respecta, podemos decir que cualquiera de sus espacios logra una percepción en la población, en los cuales la acción e interacción humana deben presentar un equilibrio material y natural.8
Como ejemplo exponemos que en la capital del país la infraestructura urbana está dividida en 16 alcaldías o ayuntamientos, mismas que cuentan con un presupuesto anual que, para el ejercicio de 2019, ascendió a la suma de 42 mil 818.5 millones de pesos. Estos destinados a objetivos diversos, pero que en los apartados de Fondo Ambiental Público y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial compartieron, en conjunto, erogaciones por un total de 1, 436.6 millones de pesos.9 Estos fueron destinados a lo que es el argumento propuesto de este punto de acuerdo: modificar el entorno urbano y desarrollar infraestructura ecológica que a la postre debió ayudar a reducir el impacto que producen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Esto que propongo con punto de acuerdo plantea que los alcaldes de las diferentes demarcaciones de la Ciudad de México, de las grandes ciudades del país y zonas rurales, orienten el ejercicio presupuestal a obras de “infraestructura urbana ecológica”, y se retire, vía una estrategia arquitectónica, concreto de la vía pública y se sustituya con árboles y plantas de ornato de todo tipo, de acuerdo con la geografía del lugar. De este modo, edificaremos a la inversa, donde en lugar de pavimentar se adecuen espacios vitales para la proliferación de pequeños ecosistemas ecológicos que son autosustentables.
El clima de la ciudad de México es propicio para llevar a cabo esta empresa, con lo que se podría emplear anualmente una estrategia cíclica de remoción de escombro y siembra de flora endémica y de todo tipo, previo a la época de lluvias. Al hacer esto contribuimos a que el aire que respiramos sea de mejor calidad, al tiempo que gradualmente modifiquemos el paisaje de concreto de la ciudad por uno más amigable con el ecosistema. Esto sin olvidar el objetivo principal de esta propuesta que es la reducción paulatina del efecto nocivo que causa la emisión de gases de efecto invernadero en la población y el planeta.
También propongo que en lo subsecuente se aumente dentro del presupuesto de la federación las partidas para este rubro. Esto permitiría echar a andar proyectos más ambiciosos como el de mejorar los sistemas hidráulicos que abastecen las fuentes de la ciudad, fomentar que las familias incorporen la cultura del cuidado del hábitat y que en las periferias de la ciudad se reforesten los espacios abiertos.
Importante es, que estas acciones se repliquen en otras ciudades importantes del país, donde en tiempos recientes se sufre de inundaciones y altas temperaturas como la ciudad de Villahermosa que en 2008 tuvo uno de sus peores desastres al quedar inundada, lo que afectó severamente a 850 mil habitantes. Actualmente se sabe que una consecuencia del cambio climático en las urbes son las deficiencias cardiovasculares ocasionadas por las ondas de calor y de lo cual ya existe registro en ciudades como Mexicali, Veracruz y Ciudad de México.10
No hay que olvidar que los diez estados que han sufrido afectaciones económicas agregadas y acumuladas según los expertos, por causas del cambio climático son: Baja California norte y sur, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, y Chiapas.
Punto de Acuerdo
Único. – Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para que en el ámbito de sus competencias elaboren e implementen un programa de remoción de concreto de banquetas, glorietas, camellones y se le sustituya por árboles y plantas de todo tipo (flora endémica), en el territorio nacional.
Notas
1 National Geographic, ¿Qué es el calentamiento global?, dirección en internet: bit.ly/2HJ2ctA, fecha de consulta: 2 de octubre de 2019.
2 Ibídem.
3 Expertos en cambio climático señalan que el aumento en la temperatura no debe superar el 1.5 grados; actualmente ya subió un grado centígrado aunque varía por países, también concuerdan en que esta podría llegar a los dos grados en México en los años 2030-2040; periódico La Jornada, Cambio climático ha afectado la economía de diez estados: expertos, 11 de marzo de 2019.
4 Periódico Excélsior, México avanza contra el cambio climático: apoya al protocolo de Kyoto, 17 de mayo de 2011.
5 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Acciones de México ante el cambio climático, dirección en internet: bit.ly/2lYpJNU, fecha de consulta: 3 de octubre de 2019.
6 Periódico Excélsior, México va en alianza para mitigar el cambio climático, 19 de febrero de 2018.
7 Instituto Andaluz del Patrimonio Cultural de Andalucía, Guía Digital del Patrimonio Histórico de Andalucía, dirección en internet: bit.ly/2oiwtHU, fecha de consulta: 4 de octubre de 2019.
8 Consejo de Europa, Convenio Europeo del Paisaje, dirección en internet: bit.ly/2LK4CJN, fecha de consulta: 4 de octubre de 2019.
9 Gobierno de la Ciudad de México, Administración Pública de la Ciudad de México, en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 482, Tomo 2, México, diciembre de 2018, páginas 20-22.
10 Televisa News, México, uno de los países más afectados por el cambio climático, 3 de octubre de 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputado Ramón Verduzco González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a las autoridades correspondientes para que adecuen el esquema de vacunación y establecer fechas inmediatas para la correspondiente al Covid-19 del personal de salud público y privado, a cargo de la diputada Irene García Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Irene García Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, al secretario de Salud del gobierno federal y al Consejo de Salubridad General, en relación a la estrategia implementada para la campaña de vacunación en nuestro país con motivo del Covid-19, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. El derecho a la salud es un derecho fundamental que se encuentra reconocido y tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. El 11 de marzo de 2020, a través de un mensaje del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la enfermedad viral conocida como Covid-19, se declaró oficialmente la pandemia por Covid-19.
En el mismo comunicado, el director general dirigió una recomendación a los gobiernos de todos los países: “...si estos detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente para dar una pronta respuesta, pueden evitar que esos se conviertan en grupos, y también en un riesgo de transmisión comunitaria”.1
III. En nuestro país, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General de México declaró emergencia sanitaria debido a la epidemia generada por el Covid-19, y el 31 del mismo mes y año, la Secretaría de Salud del gobierno federal hizo publicó un acuerdo mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el cual se suspendieron de manera temporal diversas actividades por considerarse no esenciales, comprendiendo este primer periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020.
Posterior a esto se han emitido diversos acuerdos del gobierno federal prolongando la suspensión de actividades, como medida para evitar la propagación de contagios.
IV. Hasta el 16 de abril de 2021, a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, doctor Hugo López-Gatell Ramírez, el gobierno federal había reportado 211 mil 213 defunciones y 2.3 millones de casos confirmados acumulados desde que comenzó la pandemia.
Nuestro país ocupa el nada honroso tercer lugar a nivel mundial en el número de muertos, por debajo solamente de Estados Unidos de América (EUA) y de Brasil.2
El propio gobierno federal ha reconocido que la cifra real de muertos es mayor, y en un comunicado del 27 de marzo de 2021 dio a conocer que ha superado las 321 mil defunciones.3
Mientras que en un conteo preliminar por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que entre enero y agosto de 2020, murieron 33 mil 641 personas más por el Covid-19, es decir 45 por ciento más de la cantidad reportada diariamente.4
Lo que explica la falta de capacidad y el poco interés con el que el gobierno federal ha puesto para atender la salud del pueblo de México.
El gobierno federal ha entendido que ocultar cifras y ser poco transparente en la información, es la mejor estrategia para enfrentar la pandemia.
V. Las acciones del gobierno federal han sido cuestionadas desde que inició la pandemia y la campaña de vacunación que dirige no es la excepción.
En diferentes entidades federativas de nuestro país, personal del sector salud ha organizado protestas ante la falta de apoyo de las autoridades federales, principalmente por ser relegado en el esquema de vacunación pese a estar en constante exposición al riesgo de contagio y poner en riesgo a los demás ante la falta de protección en que se encuentra.
En efecto, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México,5 del gobierno de la República encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su apartado correspondiente a las etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados, indebidamente no programó fechas inmediatas para la vacunación y excluyó al personal de salud del sector privado y del sector público, bajo un criterio en el que según el mismo gobierno existe una primera línea de exposición.
Siendo esto absurdo pues la pandemia no se focaliza solamente en personas que desarrollan síntomas sino también en las que son asintomáticos al virus, por lo que el esquema de vacunación debió establecer fechas inmediatas para atender al personal de salud por su constante riesgo y exposición al contagio.
Según cifras dadas a conocer, 27 por ciento de las muertes del personal de salud a consecuencia de la pandemia,6 fueron del personal que no se encuentra en la primera línea con la que el gobierno federal diferenció dicho personal.
Lo cierto es que el número de muertes en este sector más que darse a consecuencia de la pandemia es resultado de la insensibilidad de las autoridades federales y de la falta de una estrategia fallida en la campaña de vacunación que dirige el gobierno federal que no se ha responsabilizado de la salud de los mexicanos.
Hay que decirlo con todas sus letras, el personal de primer contacto, como médicos generales o de especialidad, en hospitales, centros o consultorios públicos o privados, así como en miles de farmacias, ha sido discriminado para el gobierno federal y no tiene derecho a la salud para las autoridades federales.
La respuesta del Ejecutivo federal al reclamo del personal de salud del sector privado, por la indiferencia a este sector en la campaña de vacunación, fue un que “esperen su turno” .7
VI. Es hora de que el gobierno federal rectifique y adopte una estrategia seria a la altura de la gravedad de la pandemia, deje de ocultar cifras y ponga por encima de cualquier interés el derecho a la salud sin discriminación.
También es hora de que sean los técnicos en materia de salud los que tomen las decisiones y diseñen la campaña de vacunación, no es posible que las autoridades de salud digan una cosa y el Ejecutivo federal decida otra imponiendo lo que debería estar en manos de los técnicos.
El abandono del personal de salud que no está en la “primera línea” del gobierno federal es un claro ejemplo de la falta de coordinación de dicha autoridad, pues mientras que el subsecretario de Salud ha manifestado que la vacunación del todo el personal de salud debe ser una prioridad, el Ejecutivo federal posteriormente lo desmintió.8
No es caso menor, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional9 : México es el segundo país en el mundo, que registra más defunciones por Covid-19 entre el personal de salud, con un total de 3 mil 371, sólo por debajo de Estados Unidos de América (EUA) con 3 mil 507 casos, y arriba de Brasil con mil 131 decesos.
El personal de salud ha externado su inconformidad contra dicha campaña y en diferentes entidades de la República han realizado manifestaciones para denunciar la falta de apoyo.
Lo anterior ha puesto en evidencia que el gobierno federal no tiene una estrategia clara y sensible que verdaderamente ponga en primer plano la salud por encima de cualquier interés.
Como Cámara de Diputados debemos alzar la voz y exigir al gobierno federal que no discrimine al personal de salud privado y al que según dicha autoridad no está en la primera línea, porque el derecho a la salud es universal y debe estar por encima de cualquier interés.
Asimismo mediante la presente iniciativa se propone solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) su intervención, a efecto de que inicien una investigación sobre los hechos que se exponen y realicen un análisis respecto al programa de vacunación del gobierno federal contra el Covid-19, con el propósito de que evitar la discriminación y cualquier otra violación a los derechos humanos del personal de salud, dicten las medidas cautelares y las recomendaciones a que haya lugar para que las autoridades federales se abstengan de seguir cometiendo dichas violaciones.
Es pertinente que dichas instancias tengan presente que médicos del sector privado han obtenido amparos y resoluciones favorables respecto al programa de vacunación, y de estos casos se dio a conocer a la opinión pública a través de medios de comunicación, el de 15 médicos privados de Netzahualcóyotl que fueron amparados.10
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que gire instrucciones a la Secretaría de Salud federal y demás autoridades de su administración que correspondan, para que se realicen adecuaciones a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México, en el apartado relativo a las etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados, a fin de evitar la discriminación contra el personal de salud y se fijen fechas inmediatas para la vacunación de dicho personal de todo el país, tanto del sector privado como del público sin importar que no se encuentre en la primera línea según el criterio del gobierno federal.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación su intervención, a efecto de que abran una investigación y realicen un análisis exhaustivo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México, en el apartado relativo a las etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados, dictando a la brevedad las medidas cautelares que correspondan para que cese la discriminación en dicho esquema contra el personal de salud de todo el país, tanto del sector privado como del público que se no se encuentra en la primera línea según el criterio del gobierno federal, y en su oportunidad emitan las recomendaciones que correspondan.
Notas
1 https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/coronavirus-oms-declara-of icialmente-la-pandemia/656109/
2 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/video-conferencia-pren sa-por-coronavirus-mexico-16-abril-2021/
3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cifra-de-muertos-por-covid-19-en- mexico-supera-los-321-mil-segun-informe
4 https://www.animalpolitico.com/2021/01/cifra-real-muertos-por-covid-mas -de-lo-reportado-por-salud-inegi/
5 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11En e2021.pdf
6 https://www.milenio.com/negocios/coparmex-vacunar-linea-dana-personal-s alud
7 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/10/politica/esperar-turno-de-v acuna-pide-el-presidente-a-medicos-de-la-ip/
8 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/04/15/voces-vacunacio-medicos -farmacias-137-decesos
9 https://www.elimparcial.com/columnas/Personal-de-salud-prioridad-para-v acunacion-20210417-0011.html
10 https://politica.expansion.mx/voces/2021/04/17/medicos-particulares-gan aron-amparo-esperan-vacuna
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputada Irene García Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Conapred y la Segob a implantar medidas encaminadas a prevenir las agresiones contra discapacitados, a cargo del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena
Hugo Rafael Ruiz Lustre del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen acciones de prevención y conciencia en contra de la discriminación, en especial en apoyo a las personas con discapacidad al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Como es de dominio público, el día 12 de abril del año en curso, se dio a conocer por distintos medios informativos y de comunicación un video donde solicitan denunciar a un sujeto que da un puñetazo a un joven con síndrome de Down, en el texto de la nota informa que tanto la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaria de Seguridad Pública local , pidieron denunciar ante el ministerio publico dicha agresión, asimismo comparten un número telefónico para denunciar. El hecho denunciado se encuentra en la siguiente dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=THvMtFCTcfA
El anterior hecho nos deshonra, nos denigra y nos exhibe como sociedad y también como seres humanos irracionales; estas las lamentables conductas nos afectan en todos los niveles económicos, políticos y sociales .
El Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred), es un órgano de Estado creado por promulgación la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación (Lfped), el Conapred se encargan de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.
Entre sus atribuciones se considera que el Conapred desarrolla acciones para proteger a los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
La misión del Conapred es “Contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano, como organismo especializado y la Secretaria de Gobernación en términos generales es la secretaria encargada de conducir la política interna de nuestro país.
El significado de discriminación debe su origen a la palabra compuesta en latín “discriminatio”, esta deriva a su vez del verbo “discriminare” que su traducción es (distinguir), hace referencia a la clasificación despectiva o desigual que se manifiesta a un individuo bien sea por su raza, genero, creencias religiosas, posición política, social o económica, entre otras.
La discriminación no es algo nuevo, puesto que la humanidad desde siempre ha discriminado a otros individuos por cuestión de sus recursos, orígenes o inteligencia, e incluso pueblos enteros por sus ideas diferentes en cuanto a la religión o la política.
En este sentido, la discriminación puede ser un fenómeno individual o colectivo, y puede tener diferentes causas, algunas de ellas son: la situación económica o entorno social, dejar tolerar conductas que van en contra de la moral y las buenas costumbres, las agresiones puede ser causante de conductas discriminatorias, por nombrar algunas.
La discriminación sigue actualmente siendo un problema muy grave en nuestro país, principalmente en los centro de trabajo así como en las escuelas, las personas que sufren habitualmente algún tipo de discriminación muchas veces se da porque tienen algún problema de salud o enfermedad o algún tipo de discapacidad. Lo anterior tiene fundamento en los siguientes ordenamientos.
Tercera . El artículo 1º, 3º y 4to de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas .
Artículo 3º . Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos...
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral , por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.
En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales.
Por otro lado, la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación mandata lo siguiente:
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
Artículo 4.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley.
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 13 . Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;
VI. Derecho a no ser discriminado;
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
XI. Derecho a la educación;
Cuarta. Respecto al tema, en México el Inegi y Conapred, en coordinación con la Cndh, la Unam, y el Conacyt, crearon el proyecto “Encuesta Nacional sobre Discriminación” (Enadis 2017), en el cual se indica que el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada por algún motivo en los últimos 12 meses; los motivos de discriminación que se señalan principalmente son: la forma de vestir o arreglo personal, el peso o estatura, la edad y las creencias religiosas.1
Dentro de esta Encuesta Nacional de igual forma se destaca que 86.4% de las personas con discapacidad se enfrentó con alguna barrera de accesibilidad cuando buscó información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental en el último año y 21.8% de las personas con diversidad religiosa se siente poco o nada libre para expresar sus creencias, cultos o ritos en su comunidad.2
Es indispensable recordar que el derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato digno: que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones.3
También es importante mencionar, que la discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales , que en cualquier democracia todas las personas deben de disfrutan en igualdad de circunstancias, sin embargo y desafortunadamente, la discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo, en nuestro país muchas personas se enfrentan día a día a la discriminación por quiénes son o por lo que hacen, la discriminación no solo afecta a individuos o a grupos de personas discriminados, sino que nos hace daño a todos como sociedad, por lo que esta comisión apoya en su totalidad todos los esfuerzos que se hagan en contra de este flagelo.
Asimismo, La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como el Día para la Cero Discriminación , el cual constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión, lugar de procedencia, condición social, opiniones, raza, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, lengua, condición médica o cualquier otro motivo.
Como se inició este punto de acuerdo, se condena enérgicamente todo tipo de violencia y discriminación ejercida en contra de cualquier persona, pero en especial a las personas que sufren algún problema de discapacidad, esto ya no debe de pasar, es muy lamentable, muy penoso para nuestro país, lo que le paso a este chico con Síndrome de Down, en el país hay muchas necesidades y distintos problemas, pero hay que proteger a estas personas, sin lugar a dudas el estado debe de enfocarse muy seriamente en la discapacidad, ellos realmente si necesitan el total apoyo del estado mexicano.
Otro aspecto con los que tienen que lidiar estas personas son en las escuelas como el (bullyin) y los centros laborales (mobbing) derivado de que en la actualidad es un tema de suma importancia, por la cuestión de que en nuestro país muchos jóvenes que sufren este tipo de acoso, tanto en Instituciones pública como privadas y que en muchas ocasiones lo que provocan en los jóvenes falta de oportunidades o que se dediquen al trabajo informal, por lo que a los integrantes de esta Comisión nos ocupa que este tema de la discriminación hacia los jóvenes en su escuela y en sus centros de trabajo, por mencionar algunos.
Es de suma importancia tratar este tema de discriminación, ya que al invertir en este rubro nos convierte en mejores seres humanos y al ser mejores seres humanos vamos a ser mejores sociedades y al ser mejores sociedades vamos a ser personas con mejores principios y valores y esto traerá como consecuencia menos delitos o infracciones, por lo que es muy importante y de vida implementar políticas de prevención en este sector que es el más vulnerable y el que más apoyo necesita, ya que ellos en su mayoría no se pueden valer por sí mismos, como se ha mencionado.
Si no se toman medidas urgentes, esta crisis puede convertirse en una crisis de los derechos humanos. Los trastornos que ha provocado en la sociedad estas acciones de violencia tienen una profunda repercusión en nuestro país: sobre su seguridad, su bienestar y su futuro.
Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. - La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen acciones de prevención y conciencia en contra de la discriminación, en especial en apoyo a las personas con discapacidad.
Notas:
1. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis201 7_resultados.pdf
2. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_061.pdf
3. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_061.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a implantar programas sociales que contribuyan a prevenir y disminuir la violencia familiar en la entidad, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN
Raúl Gracia Guzmán , en mi carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León a implementar programas sociales que contribuyan a la prevención y disminución del índice de violencia familiar en la entidad.
Exposición de Motivos
1. En Nuevo León, la violencia familiar ha sido constante y se incrementó de manera considerable con el SARS-COV2 (Covid-19) y el confinamiento. Así lo demuestran las cifras de violencia familiar registradas y expuestas por la Fiscalía General de Justicia del Estado:
1
Del 2015 a la fecha, la violencia familiar es uno de los delitos que se mantiene con índices muy elevados. Las administraciones estatales han diseñado políticas públicas para reducir e inhibir esta conducta, sin embargo, no han logrado disminuir los índices, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, muestra en el acumulado anual los siguientes números:
2
2. De acuerdo a datos expuestos en el “Análisis delictivo sobre la violencia de pareja septiembre 2020” el estado de Nuevo León tiene la tasa promedio mensual más alta de violencia familiar a nivel nacional (26.4 delitos por cada 100 mil habitantes). Al cierre del primer trimestre de 2020, la entidad se encuentra dentro de los cinco estados con mayor número de carpetas de investigación abiertas por este delito. Este ranking está conformado, en orden descendente, por la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Guanajuato. Nuevo León ocupa el segundo lugar desde el cierre de 2019.3
En el mismo informe se señala:
“Es importante estudiar a la violencia familiar por sus consecuencias. Esta genera un círculo vicioso entre quienes la sufren (Lehmann, 2011) y origina otros delitos como el homicidio doloso y delitos contra la salud (Karlekar 1998; Reyes 2020), aumentando el impacto negativo en las familias y en la sociedad en general. En otras palabras, las manifestaciones de violencia familiar pueden tener repercusión directa e indirecta en las áreas psicoemocional, física, sexual y económica de las personas, sin importar su edad o nivel socioeconómico, y las secuelas pueden presentarse a lo largo de sus vidas, afectando sus decisiones y comportamientos. Asimismo, estas decisiones y comportamientos pueden proyectarse hacia las relaciones con las personas externas al núcleo familiar y van desde dificultades para vivir en comunidad hasta la manifestación de conductas delictivas que dañan la integridad física o patrimonial de otros.
3. La violencia familiar es un delito que surge en contextos particulares y posibilita otras agresiones, en muchas ocasiones no es denunciada por las condiciones en las que se presenta. También se repiten conductas que fueron aprendidas con anterioridad en el núcleo familiar, así lo refiere el Análisis delictivo antes citado:
La mayor probabilidad de que una mujer sea víctima de violencia de pareja se registra cuando ella tuvo exposición previa a la violencia familiar. Esta situación aumenta, aproximadamente, tres veces la propensión a ser víctima de violencia de pareja, en comparación de aquellas que no experimentaron contextos violentos previamente. Por otro lado, si el agresor presenció que su padre golpeaba a su madre, vuelve a su pareja femenina dos veces más probables de ser violentada, de acuerdo con el modelo econométrico.
4. El 24 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la reforma al artículo 287 Bis del Código Penal para el estado, se incorporó lo siguiente:
“Artículo 287 Bis 1. A quién cometa el delito de violencia familiar, se le impondrá de tres a siete años de prisión; perdida de los derechos hereditarios, de alimentos, de patria potestad o de tutela que pudiere tener sobre la persona agredida; se le sujetará a tratamiento integral ininterrumpido dirigido a la rehabilitación médico-psicológica, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de este código. También deberá pagar este tipo de tratamientos, hasta la recuperación de la salud integral de la persona agredida.
Cuando la violencia familiar se cometa en contra de una mujer que se encuentre en estado de embarazo o persona que no pueda resistir la conducta delictuosa, la pena se aumentará en una mitad.
Se equipara a la violencia familiar y se sancionará de tres a siete años de prisión al que realice la conducta señalada en el artículo 287 Bis en contra de la persona.”
La reforma estaba orientada a reducir la violencia familiar, sin embargo, ni la entrada en vigor de la reforma ni el cambio en el Código Penal ha logrado cambiar la conducta social antes descrita.
Consideraciones
I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene, para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
II. La pandemia producto de la Covid-19 acarreó muchos cambios en la interacción social, en este sentido, el confinamiento incrementó de manera considerable la violencia familiar. ONU Mujeres, señala en el informe, Covid-19 y su impacto en la violencia contra las mujeres y niñas:
-A nivel global, 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física y/o sexual a manos de su pareja.
-137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su familia.
-Menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda y menos del 10 por ciento de quienes lo hacen recurren a la policía.4
La violencia familiar también afecta a niñas, niños y adultos mayores, su impacto con frecuencia es difícil medir, por lo general lo único que nos proporciona una referencia es el número de denuncias que se realizan por este delito, por esa razón la forma más eficaz de hacer frente a este problema, es la creación e implementación de políticas públicas adecuadas que permitan una conveniente respuesta y orientación para disminuir la violencia familiar.
El confinamiento modificó la forma de interacción social que teníamos y con ello se presentan con mayor regularidad eventos de violencia familiar. No es sencillo modificar una conducta que se experimentó en el núcleo familiar y que se repite sin consecuencias, por ello, se requiere la intervención y coordinación de todos los órdenes de gobierno para intentar erradicar esta conducta.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León a implementar programas sociales que contribuyan a la prevención y disminución del índice de violencia familiar en la entidad.
Notas
1 Estadística de violencia familiar en Nuevo León Fiscalía General de Justicia del Estado recuperado de:
https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/estadistica-de-vi olencia-familiar-en-nuevo-leon/ revisión hecha el 11 de marzo de 2021.
2 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nuevo León Incidencia delictiva (datos enero 2021) recuperado de:
file:///C:/Users/ernes/Downloads/NUEVO%20LEON%20(DATOS%2 0ENERO%202021)%20(2).pdf revisión hecha el 12 de marzo de 2021.
3 Observatorio de Seguridad y Justicia, Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica recuperado de: https://conl-mx.s3.amazonaws.com/observatory_documents/observatory_docu ment_files/000/000/011/original/An%C3%A1lisis_delictivo_sobre_la_violen cia_de_pareja.pdf?1599494302 revisión hecha el 17 de marzo de 2021.
4 ONU Mujeres COVID-19 y su impacto en la violencia contra las mujeres y niñas recuperado de: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/pub licaciones/2020/abril%202020/covid19_violenciamujeresninas_generalabril 2020.pdf?la=es&vs=2457 revisión hecha el 25 de marzo de 2021.
Fuentes consultadas:
Ciudadana, S. d. (enero de 2021). Nuevo León Incidencia delictiva (datos enero 2021). Obtenido de file:///C:/Users/ernes/Downloads/NUEVO%20LEON%20(DATOS%20ENERO%202021)% 20(2).pdf
Justicia, O. d. (septiembre de 2020). Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica . Obtenido de https://conl-mx.s3.amazonaws.com/observatory_documents/observatory_docu ment_files/000/000/011/original/An%C3%A1lisis_delictivo_sobre_la_violen cia_de_pareja.pdf?1599494302
León, F. G. (17 de febrero de 2021). Estadística de violencia familiar en Nuevo León. Obtenido de https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/estadistica-de-violencia-familia r-en-nuevo-leon/
Mujeres, O. (2020). Covid-19 y su impacto en la violencia contra las mujeres y niñas. Obtenido de https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/pub licaciones/2020/abril%202020/covid19_violenciamujeresninas_generalabril 2020.pdf?la=es&vs=2457
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a sustituir por la SEP el nombre “lengua materna” en el libro de texto gratuito de español, pues hay 364 lenguas maternas más, y dejar como “español”, a cargo de la diputada Mayusa Isolina González Cauich, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Mayusa Isolina González Cauich, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes
Consideraciones
Minnie Degawan, activista Igorote de Filipinas y directora en Conservación Internacional afirmó “Para los pueblos indígenas, las lenguas no son únicamente símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, sino también vehículos de valores éticos. Constituyen la trama de los sistemas de conocimientos mediante los cuales estos pueblos forman un todo con la tierra y son cruciales para su supervivencia. El futuro de sus jóvenes depende de ellas.”
Yásnaya Elena Aguilar Gil, mujer Mixe de Oaxaca, en una de sus tesis, donde proponer reimaginar nuestro país, nos dice que: La presencia de una lengua hegemónica no debería ser necesaria para otorgar licencia de publicación en lenguas indígenas. Su presencia no debe ser una condición inconsciente para que se editen libros escritos en lenguas indígenas a menos que los libros en lenguas hegemónicas también deban nacer bilingües, con una traducción a alguna de las lenguas indígenas de este país. Si los libros en mixe se editan bilingües siempre, esperaría entonces que las primeras ediciones de autores que escriben en español nacieran bilingües también. Un libro bilingüe tendrá significados distintos dependiendo de las lenguas que estén involucradas. Una edición bilingüe en donde el original es el español tendrá implicaciones distintas a una edición bilingüe escrito originalmente en mixe. No quisiera que esto que digo aquí fuera interpretado como una postura en contra de las ediciones bilingües en lenguas indígenas, más bien quisiera llamar la atención sobre el hecho de que casi no existan ediciones monolingües en lenguas indígenas y lo significativo que eso resulta.1
Aunque solo representan el 5 por ciento de la población mundial, los Pueblos Indígenas hablan la mayoría de los 7 mil idiomas. Sin embargo, se calcula que un idioma indígena desaparece cada dos semanas. Solo en América Latina y el Caribe aproximadamente 200 lenguas indígenas están en peligro de acuerdo con el Atlas UNESCO de las Lenguas del Mundo en Peligro.2
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina existen más de 800 pueblos indígenas que representan un total cercano a los 45 millones de hombres y mujeres, lo que equivale al 8 por ciento de la región.3 Ello constituye una gran diversidad étnica, cultural y lingüística, siendo México y Perú los países más representativos en número.
Debido a la importancia poblacional de los pueblos indígenas en sus territorios, algunos países han optado por elevar a rango constitucional las lenguas de sus pueblos como lenguas nacionales y con el mismo rango del español, idioma mayoritario en la región.
Como sabemos, la riqueza cultural de México es grande, lo que se debe a la gran contribución de los pueblos y comunidades indígenas. Para dimensionar la relevancia de este tema, basta señalar que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población hablante de lengua indígena en la República Mexicana tuvo un incremento importante al pasar de 6 millones 913 mil 362 en 2010, a 7 millones 364 mil 645 en 2020.
Los estados con el mayor número de población hablante de lengua indígena son: Oaxaca (31.2 por ciento); Chiapas (28.2 por ciento), Yucatán (23.7 por ciento), Guerrero (15.5 por ciento) e Hidalgo (12.3 por ciento).
La lengua indígena predominante es el náhuatl, con 1 millón 651 mil 958 hablantes; le siguen: maya (774 mil 755); tseltal (589 mil 144); tsotsil (550 mil 234); mixteco (529 mil 593); zapoteco (490 mil 845) y otomí (298 mil 861).4
Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al día de hoy, conservamos 68 lenguas originarias de nuestro territorio, distribuidas a lo largo del país, que representan 68 formas diferentes de pensar y ver el mundo, además de nuestro uso del español.
No obstante, se estima que solo el 6.5 por ciento es hablante de una de ese total de lenguas indígenas (de las que se desprenden 364 variantes). Esta problemática ha sido en parte provocada por el desplazamiento que ha causado el idioma español frente a las lenguas indígenas, por lo que ahora están al borde de la extinción varias de ellas, ya que de las personas que aun las practican son de edad avanzada y sus descendientes no las hablan.
Conforme al Inali, estas cinco lenguas están por desaparecer en el país, ya que los hablantes son muy pocos: awakateko (región maya), sólo quedan cerca de 3 hablantes; tuzanteco (Chiapas), sólo la hablan 5 personas; ayapaneco (Tabasco), quedan 8 hablantes; ixil nebajeño (Quintana Roo), sólo 12 personas la hablan; y el zapoteco de Mixtepec (Oaxaca), con solo 14 personas hablantes.
Los pueblos indígenas son parte de nuestra nación y una pieza medular de nuestra riqueza y patrimonio cultural, por lo que deben promover acciones que reviertan la pérdida de la pluralidad lingüística y, por el contrario, contribuyan a resguardar y promover el conocimiento y uso de las lenguas indígenas.
Como lo han destacado varias personas estudiosas del tema, un eje fundamental para combatir el uso de las lenguas indígenas, lo fue precisamente el sistema educativo, las aulas se convirtieron en espacios de desafortunada violencia sistématica en las que la negación de las lenguas fue y en algunos casos sigue siendo un reducto que no ha comprendido que la diversidad lingüística no es un obstáculo en la enseñanza – aprendizaje, mas bien son prejuicios que se convierten en acciones a limitar el uso de las lenguas indígenas en los espacios educativos.
Así como el sistema educativo fue la principal herramienta para el lingüícidio que estamos padeciendo, el mismo puede empezar a revertir dicho escenario si se generan acciones de gobierno y políticas públicas que no solo queden en un discurso de reconocimiento, sino en acciones concretas que hagan realidad lo establecido en las diversas normas de orden nacional e internacional con el que nuestro país se ha comprometido.
Por lo anterior, esta proposición con punto de acuerdo exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que se sustituya el nombre de lengua materna al libro de texto gratuito de español, y se deje con el título de “español” en los libros de texto gratuitos, lo anterior, con el propósito fundamental de que haya un respeto y reconocimiento a las lenguas indígenas como parte de las lenguas en México. Se trata, en suma, de visibilizar que las lenguas indígenas son oficiales y no únicamente el español.
La legislación mexicana establece que toda persona hablante de alguna lengua indígena tiene:
• Derecho de expresarse en la lengua que sea hablante.
• Derecho de comunicarse en su propia lengua, en el ámbito público o privado.
• Derecho de disponer de información pública en su lengua, como los contenidos de los programas, obras y servicios de los que son sujetos.
• Derecho de tratar cualquier asunto o realizar cualquier trámite de carácter público.
• Derecho de recibir educación básica en su lengua materna y en español, que asegure el respeto a su identidad cultural.
Los libros de texto gratuito representan uno de los componentes primordiales del proceso enseñanza aprendizaje. La Ley General de Educación establece que es obligación del Estado proporcionar a los educando los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales, así como garantizar su distribución en todo el territorio nacional.
Estos insumos han constituido un aspecto crucial de la educación básica, en beneficio de millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indican que la gratuidad de un libro de texto asegura que los alumnos puedan tener acceso a un material mínimo para sus estudios y que se pueda prolongar la enseñanza recibida en el aula hasta el hogar, lo que significa que el acceso al conocimiento se extiende de manera directa a muchas familias mexicanas que de otra forma no tendrían acceso a un libro de texto,5 pues los precios de los libros pueden llegar a superar los ingresos de las personas que tienen ingresos básicos.
Asimismo, mencionan que los libros de texto gratuitos son elementos indispensables para lograr una mayor igualdad y equidad educativas, pues le otorgan a la educación nacional una base de conocimiento mínimo y contribuyen a crear un sentimiento de pertenencia a una nación.
Durante el ciclo escolar 2019-2020, la producción total fue de 201.5 millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos elaborados, y la distribución de 187.2 millones de ejemplares. Para el ciclo escolar 2020-2021, se produjeron 161.7 millones de libros y se distribuyeron 161.6 millones de ejemplares de prescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y educación especial.6
Por la importancia y cobertura de los libros de texto gratuitos, pueden constituirse en un instrumento trascendental para promover el conocimiento y uso de la lengua indígena nacional, sobre todo, en el nivel de educación básica, el cual, cuenta con una matrícula de poco más de 25 millones de alumnas y alumnos.7
El artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas; asimismo, menciona que se reconoce y garantiza el derecho de dichos pueblos a preservar y enriquecer sus lenguas y demás elementos que constituyan su cultura e identidad.
El artículo tercero de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. De igual manera, el artículo cuarto de esta ley establece que las lenguas indígenas y el español, son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez.
La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece en su artículo 11 que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, deberán garantizar que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, reconociendo que el ideal fuera que cada pueblo indígena con su lengua materna tuviera sus propios libros de texto, para evitar alfabetizar únicamente en español, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, sustituya el nombre de lengua materna al libro de texto gratuito de español, en vista que hay 364 lenguas maternas más; y se deje con el título de “español” en los libros de texto gratuitos, a fin de que haya un respeto y reconocimiento a las lenguas indígenas como parte de la diversidad cultural de México.
Notas
1 https://estepais.com/blogs/escribo-textos-que-no-puedes-leer/
2 http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/
on_the_9th_of_august_2019_international_day_of_the_world/
3 https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/ourwork/democratic-governance/
political-participation-and-inclusion/citizen-democracy—analysis—-advocacy-.html
4 https://www.gob.mx/pa/es/articulos/presenta-inegi-primera-etapa-del-censo-de-poblacion
-y-vivienda-2020?idiom=es#:~:text=En%20el%20informe%20presentado%20por,
millones%20364%2C%20645%20en%202020.
5 http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_13/24 20.pdf
6 Presidencia de la República, “Segundo Informe de Gobierno 2019-2020”.
7 https://www.planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeindicadores.aspx
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 20 de abril de 2021.
Diputada Mayusa Isolina González Cauich (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a instituciones de los tres niveles de gobierno a coordinarse para mitigar los incendios forestales, a cargo de la diputada Coyolxauhqui Soria Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Coyolxauhqui Soria Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En lo que va del año se han registrado aproximadamente 3,376 incendios forestales en 29 entidades federativas, con ello afectando una superficie de 98,839 hectáreas. El 95 % de dicha superficie relativa a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 5 % restante al arbóreo. Los estados de la República con mayor número de INCENDIOS han sido: México, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Morelos, Veracruz y Jalisco, concentrando el 86% del total nacional. Las entidades federativas con mayor superficie afectada al día de hoy son: Nuevo León, Oaxaca, México, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán, Puebla y Baja California, que representan el 75% del total nacional. Del total de incendios forestales, 305 (9 %) se presentó en ecosistemas sensibles al fuego, afectando una superficie de 7,392 (7%) del total nacional.
En el estado de Guerrero se estima que unas 35 hectáreas de bosque en el cerro de Atachi, en el cual se encuentra el Cristo Monumental de Taxco, han resultaron consumidas por el incendio forestal que se encuentra activo desde la noche del pasado lunes, asimismo en Chilpancingo hay otros 2 incendios uno en el paraje la Ciénaga y el otro en la comunidad El Calvario, en dichos incendios se encuentra personal de protección civil estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como voluntarios participando en las labores correspondientes para apagar el fuego, mismos que escasean del vital líquido así como de herramientas que le permitan realizar sus labores inherentes a la sofocación de las llamas.
Por lo que hace al Cerro del Tepozteco en Tepoztlán, estado de Morelos, el incendio forestal de esa zona ha afectado 350 hectáreas, al momento se tiene un control del 90% del fuego; por lo que hace al estado de Oaxaca se han contabilizado de lo que va del año 129 incendios hasta el pasado martes, de los cuales 6 continúan activos, lamentablemente afectando considerablemente 11 mil hectáreas, razón por la cual se han declarado en estado de emergencia 13 municipios en esta entidad. En la parte norte del en los estados de Chihuahua y Baja California, se tienen activos 8 incendios y 1 respectivamente. En total la Conafor ha reportado en esta semana 73 incendios forestales activos en 21 estados del país, con una superficie afectada aproximadamente en 15, 838.42 hectáreas en los cuales se encuentran trabajando 3 mil 895 combatientes.
Con motivo de la urgencia de atención que amerita la lamentable y preocupante situación por las llamas que consumen nuestros bosques y diversos ecosistemas forestales en varios puntos del país, sin dejar de mencionar las demás graves afectaciones a la salud humana y al medio ambiente como la destrucción de la cubierta forestal, muerte y huida de animales, la pérdida del suelo fértil, avance de la erosión, desaparición de ecosistemas, aumento en las emisiones de CO2 a la atmosfera, desertificación, consumo desmesurado de las reservas de agua especialmente en esta temporada de sequias agotando aún más el escaso vital liquido , entre otras.
Por lo anterior, la de la voz, solicita atenta y urgentemente la intervención de las autoridades competentes, para realizar las actividades necesarias y coordinadas con la finalidad de sofocar los incendios activos en el país.
Los incendios forestales que actualmente azotan nuestro país deben ser controlados hasta mitigarlos. Por ello, en mi calidad de diputada federal, exhorto a las autoridades correspondientes en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, para que realicen las acciones necesarias y coordinadas con el objetivo de sofocar los incendios activos en territorio mexicano este tipo de situaciones deberían de cesar, con la realización de talleres de información y/o capacitación a la población en general.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente al Grupo Intersecretarial para la Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego, así como a las Autoridades Estatales y Municipales con capacidad y facultades para intervenir en las actividades tendientes al control y extinción de incendios forestales, para que realicen las acciones a que haya lugar, en observancia y cumplimiento a lo establecido en los Artículos 117 a 121 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Referencias:
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RFORESTA05_
01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
https://smn.conagua.gob.mx/es/incendios-forestales-diari o
https://www.eluniversal.com.mx/estados/por-incendios-for estales-declaran-emergencia-en-13-municipios-de-oaxaca
http://www.tiempo.com.mx/noticia/8_incendios_forestales_ chihuahua_uno_permanece_papigochic_abril_2021/
https://suracapulco.mx/impreso/2/
consume-un-incendio-forestal-35-hectareas-en-taxco-y-en-chilpancingo-hay-otros-dos-activos/
https://www.imagenradio.com.mx/conafor-reporta-control-del-70-de-incendio-en-el-tepozteco
Dado en el Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión ordinaria del día 20 de abril de 2021.
Diputada Coyolxauhqui Soria Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a rectificar el tramo de la carretera federal 57 Los Chorros para garantizar mayor seguridad, a cargo del diputado Sergio Armando Sisbeles Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Sergio Armando Sisbeles Alvarado, diputado federal por el estado de Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través del área competente, realice las acciones necesarias para la rectificación del tramo carretero comprendido entre los kilómetros 210 al 235 de la carretera federal 57 denominado “los chorros”, a efecto de garantizar mayor seguridad en esta vía de comunicación, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En septiembre del 2019, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo estatal y a los diputados federales y senadores de Coahuila, de todas las fuerzas políticas, a que se garantice la suficiencia presupuestaria en infraestructura, a fin de que Coahuila haga frente al desarrollo comercial entre México y Estados Unidos de América.
Por infraestructura, “nos referimos al acervo físico y material con que cuenta un país o sociedad específica para poder realizar sus actividades productivas”.1
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)2 señala que “la provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los aspectos más importantes de las políticas de desarrollo, especialmente en aquellos países que han orientado su crecimiento hacia el exterior.”
La misma fuente indica que “la adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, así como la prestación eficiente de servicios conexos, contribuyen a que un país o región pueda desarrollar ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización productiva. Asimismo, las redes de infraestructura también constituyen un elemento central de la integración del sistema económico y territorial de un país, haciendo posible las transacciones dentro de un espacio geográfico/económico determinado, y con el exterior. En este sentido, tales redes constituyen un elemento vertebrador de la estructura económica de los países y de sus mercados, así como de los mecanismos concretos de articulación de las economías nacionales con la economía mundial.”
Es de conocimiento general que los estados del norte del país son lo que registran mayores niveles de desarrollo en nuestro país. Para muestra nuestro estado, que es uno de los más competitivos y de los que más aportan al producto interno bruto, sin embargo, como sucede con otros estados del norte del país, los recursos que se reciben vía presupuesto federal distan mucho de corresponder a las aportaciones que hace a la federación.
Entre la infraestructura necesaria para una mayor integración económica con nuestros vecinos del norte, se encuentra sin duda alguna las vías de comunicación que, lamentablemente, distan mucho de estar en las mejores condiciones, situación que no permite aprovechar al máximo la enorme oportunidad de generar el desarrollo económico y el empleo que tanta falta hace a nuestro país.
Estamos convencidos de que para aprovechar las enormes oportunidades que nos ofrece nuestra ubicación, respecto de una región de alto consumo de nuestros productos, es necesario que nuestra infraestructura carretera estatal y fronteriza estén a la altura de dichas necesidades, por lo que la atención, modernización y mejora de las mismas debe ser prioridad para nuestras autoridades federales.
Una de las vías más importantes para el intercambio comercial entre México y los países vecinos del norte es la Carretera Federal 57, que recorre una gran parte del territorio nacional desde la frontera con los Estados Unidos en Piedras Negras, Coahuila, hasta la Ciudad de México.
Esta carretera federal tiene una longitud de 1295 km y recorre los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, México, Hidalgo y Ciudad de México. En Coahuila, pasa por los municipios de Piedras Negras, Nava, Allende, Nueva Rosita, Sabinas, Monclova, Castaños, Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Siendo en este último en donde se localiza el tramo de nominado “Los Chorros” que es el comprendido del kilómetro 210 al 235, y que debido a las pendientes y la mala planeación de la carretera es considerado como uno de los más peligrosos en el noreste del país.
De acuerdo con el anuario estadístico de accidentes en carreteras federales de 2019, que publica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conjuntamente con el Instituto Mexicano del Transporte, en ese año se registraron en la carretera 57 mil 730 colisiones, resultando 479 lesionados, 190 fallecidos y daños materiales por 3 mil 972.8 millones de pesos.
Particularmente, en el mencionado tramo de “Los Chorros” se registraron ese mismo año aproximadamente 93 accidentes, con un total de 183 personas lesionadas y 17 víctimas fatales. La mala planeación y el pésimo estado de la carretera fue la principal causa de los siniestros.
En virtud de la alta peligrosidad identificada en este tramo de la Carretera federal 57, consideramos que es urgente su rectificación, por lo que acudimos a esta tribuna para solicitar que el gobierno federal realice las gestiones necesarias para solventar los trabajos necesarios para realizar las modificaciones necesarias.
Lamentablemente, desde que inició esta administración federal, los recursos asignados a las diversas entidades federativas han disminuido en forma significativa, de acuerdo con Christopher Cernichiaro Reyna,3 tanto el gasto federalizado –que se refiere a los recursos que transfiere el gobierno federal para que sean ejercidos por los gobiernos subnacionales, y que está conformado por participaciones, aportaciones, convenios subsidios y gasto para protección en salud–, como el gasto que los diversos ramos administrativos de la administración pública federal realizan en las mismas.
Por lo anterior, creemos que es necesaria la intervención directa del titular del Ejecutivo federal para que instruya al área competente a realizar las correcciones del tramo mencionado de la carretera federal 57.
En virtud de lo anteriormente expuesto, acudo a esta Tribuna para presentar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del área competente realice las acciones necesarias para la rectificación del tramo carretero comprendido entre los kilómetros 210 al 235 de la carretera federal 57 denominado “los chorros”, a efecto de garantizar mayor seguridad en esta vía de comunicación.
Notas
1 Consultado en: https://www.economiasimple.net/glosario/infraestructura
2 Consultado en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/6441-desarrollo-infraestructura- crecimiento-economico-revision-conceptual
3 https://ciep.mx/contraccion-del-gasto-federalizado-implicaciones-para-i nstituciones-subnacionales/
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputado Sergio Armando Sisbeles Alvarado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a promover con la Secretaría de Cultura que en los jardines de niños se incorporen murales sobre pasajes históricos de México o la importancia del cuidado del planeta, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Barradas, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María de Jesús Aguirre Barradas, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las niñas y los niños tienen capacidades que desarrollan desde muy tempranas edades: piensan y se expresan, hacen preguntas porque quieren aprender, elaboran explicaciones, interactúan con sus pares, aprenden mientras se desarrollan.
En el Jardín de Niños los pequeños deben tener oportunidades que los hagan usar las capacidades que ya poseen y continuar desplegándolas, por ello, la acción de la educadora es un factor clave porque establece el ambiente, plantea las situaciones didácticas y busca motivos diversos para despertar el interés de los alumnos e involucrarlos en actividades que les permitan avanzar en el desarrollo de sus competencias.
Es el primer nivel de la Educación Básica. Se atiende a niños de 3 a 5 años con 11 meses de edad, con el propósito de que vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, y que paulatinamente desarrollen su afectividad, adquieran confianza para expresarse, desarrollen el gusto por la lectura, utilicen el razonamiento matemático, se interesen en la observación de fenómenos naturales, adquieran valores y principios indispensables para la convivencia, usen su imaginación, sean creativos, posean iniciativa para expresarse con lenguajes artísticos, y mejoren sus habilidades de coordinación, desplazamiento.
Las actividades que realizan estos centros escolares van enfocadas al desarrollo de competencias de las niñas y los niños que asisten a los centros de Educación Preescolar, y esta decisión de orden curricular tiene como finalidad principal propiciar que los alumnos integren sus aprendizajes y los utilicen en su actuar cotidiano. Además, establece que una competencia es la capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.1
La selección de competencias que incluye se sustenta en la convicción de que las niñas y los niños ingresan a la escuela con un acervo importante de capacidades, experiencias y conocimientos que han adquirido en los ambientes familiar y social en que se desenvuelven, y de que poseen enormes potencialidades de aprendizaje.
En el trabajo educativo deberá tenerse presente que una competencia no se adquiere de manera definitiva: se amplía y se enriquece en función de la experiencia, de los retos que enfrenta el individuo durante su vida, y de los problemas que logra resolver en los distintos ámbitos en que se desenvuelve. En virtud de su carácter fundamental, un propósito de la Educación Preescolar es el trabajo sistemático para el desarrollo de las competencias (por ejemplo, que los alumnos se desempeñen cada vez mejor, y sean capaces de argumentar o resolver problemas), pero también lo es de la educación primaria y de la secundaria; al ser aprendizajes valiosos en sí mismos, constituyen también los fundamentos del aprendizaje y del desarrollo personal futuros.2
Centrar el trabajo en el desarrollo de competencias implica que la educadora haga que las niñas y los niños aprendan más de lo que saben acerca del mundo y sean personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y participativas; ello se logra mediante el diseño de situaciones didácticas que les impliquen desafíos: que piensen, se expresen por distintos medios, propongan, distingan, expliquen, cuestionen, comparen, trabajen en colaboración, manifiesten actitudes favorables hacia el trabajo y la convivencia, etcétera.
Dentro del programa que maneja la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Básica, se señala que al reconocer la diversidad social, lingüística y cultural que caracteriza a nuestro país, así como las características individuales de las niñas y los niños, durante su tránsito por la Educación Preescolar en cualquier modalidad –general, indígena o comunitaria– se espera que vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, y que gradualmente3 :
• Se interesen en la observación de fenómenos naturales y las características de los seres vivos; participen en situaciones de experimentación que los lleven a describir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social inmediato, y adquieran actitudes favorables hacia el cuidado del medio.
• Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, reconociendo que las personas tenemos rasgos culturales distintos, y actúen con base en el respeto a las características y los derechos de los demás, el ejercicio de responsabilidades, la justicia y la tolerancia, el reconocimiento y aprecio a la diversidad lingüística, cultural, étnica y de género.
Además, dentro de los campos formativos señalados por la Secretaría para las educadoras se establece que se debe aplicar la Exploración y Conocimiento del Mundo , este campo formativo se dedica, fundamentalmente, a favorecer en las niñas y los niños el desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo, mediante experiencias que les permitan aprender sobre el mundo natural y social; se organiza en dos aspectos relacionados, fundamentalmente, con el desarrollo de actitudes y capacidades necesarias para conocer y explicarse el mundo: Mundo natural, y Cultura y vida social.
En cuanto al Mundo Natural, se establece que a las niñas y niños se les debe enseñar a participar en acciones de cuidado de la naturaleza, a valorarla y sobre todo mostrar sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla.
Por lo que respecta al apartado de Cultura y Vida Social, se señala que se les debe enseñar a las niñas y niños relaciones entre el presente y el pasado de su familia y comunidad a partir de objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales, distinguir algunas expresiones de la cultura propia y de otras, y mostrar respeto hacia la diversidad, mediante su participación en actividades que le hacen comprender la importancia de la acción humana en el mejoramiento de la vida familiar, en la escuela y en la comunidad.
Es por ello, el interés de realizar esta proposición, ya que como es el inicio escolar de las niñas y niños, y como se menciona en párrafos anteriores es cuando los pequeños empiezan con dudas y ganas de aprender, así que considero que es necesario cambiar un poco lo que se les presenta, en específico, las fachadas o murales de los jardines de niños en los cuales únicamente ponen dibujos animados de las caricaturas, como personajes de Disney, entre los que se encuentran Mickey Mouse, el Pato Donald, las princesas de distintas películas, personajes icónicos de programas de televisión como Pepa Pig, Dora la Exploradora, entre otros, lo cual no les abona mucho para su educación sino únicamente las utilizan como vista del establecimiento.
Al llegar a dichos establecimientos escolares nos encontramos con un bombardeo de estos dibujos señalados en el párrafo anterior, que si bien son llamativos para los menores, no cumplen con ninguna función, por lo que considero que es necesario que se incluyan dentro de los murales o fachadas de estos centros educativos, imágenes o dibujos que representen pasajes de nuestra historia o en su caso imágenes que les enseñen el cuidado del planeta, para que desde pequeños conozcan nuestra historia y también lo fundamental que es el cuidado del entorno donde viven y como mejorarlo, cumpliendo con lo que señala el Plan de trabajo de la Secretaría de Educación Pública.
Además de lo anterior, es necesario que la Secretaría de Cultura trabaje en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, para proponer los pasajes de la historia que se pueden utilizar en manera de dibujos animados, esto ayudaría a que las niñas y niños conozcan desde un inicio sus orígenes y lo que ha sido parte de la historia de nuestra nación, así como los cuidados que se necesitan para cuidar nuestro planeta, y de esta forma al ir inculcándoles esto desde su formación inicial, podrán crecer con mayor conocimiento sobre los sucesos históricos y sobre todo con una conciencia más amplia sobre el cuidado de nuestro entorno, preparándolos para ser unos ciudadanos más cívicos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública para que a través de la Subsecretaría de Educación Básica y en coordinación con la Secretaría de Cultura, promuevan que en los jardines de niños se incorporen murales tanto en el interior, como en el exterior de los mismos, sobre pasajes históricos de México o sobre la importancia del cuidado del planeta.
Notas:
1. https://www2.aefcm.gob.mx/que_hacemos/preescolar.html
2. https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/educacion-preescolar
3. https://www.gob.mx/sep/documentos/programa-de-estudio-guia-para-la-educ adora-campos-formativos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril del 2021
Diputada María de Jesús Aguirre Barradas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader, la Semarnat, la STPS, la Conafor y los gobiernos de las entidades productoras de candelilla a generar proyectos para modernizar el proceso de extracción, purificación y utilización de la cera de candelilla, a cargo del diputado Ramón Verduzco González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Ramón Verduzco González, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La explotación comercial de la planta de candelilla para la producción de cera, se remonta a los primeros años del siglo XX, llegando a convertirse hasta el día de hoy en una de las principales actividades económicas del desierto de Chihuahua, y en la cuenca de abasto, sobre todo en el estado de Coahuila. Alrededor de este recurso, gira la actividad de más de 3 mil 500 pequeños productores de cerote, conocidos local y nacionalmente con el nombre de “campesinos candelilleros”.1
La candelilla es una planta perenne que se desarrolla en los climas desérticos, lugares donde la lluvia es escasa y las condiciones son extremas, desprovista de hojas, que se reproduce tanto por brotes de tallos aéreos y subterráneos, como por semilla, sus tallos largos, rectos y erectos, están recubiertos por una capa de cera que la protege de las altas temperaturas, evitando así la deshidratación de sus tejidos por la evaporación extrema. Esta capa cerosa aumenta cuando el calor es más intenso y la sequía más prolongada, temporada idónea para la producción de cerote, entre más seca la planta esta produce más cerote de candelilla.
Su distribución abarca los estados de Durango, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila, siendo este último estado de la Republica el más importante en superficie y producción, ya que participa con el 82 por ciento de la producción nacional. Existen 630 mil 500 ha susceptibles de aprovecharse, con lo cual se beneficiaría a cerca de 16 mil familias, con un estimado de extracción de 15 mil toneladas de cera. Actualmente esta producción se obtiene sólo de 152 mil 520 ha, lo que corresponde al 24 por ciento de la superficie total.
La participación en grupo es de gran importancia para llevar a cabo esta actividad, familias enteras se involucran durante todo el proceso de extracción de cera de candelilla. No es un trabajo sencillo sino por el contrario e infrahumano, son días de jornadas largas. Primero, hay que localizar un espacio que tenga suficiente materia prima, para encontrarlo se deben recorrer grandes distancias, en condiciones muy hostiles, con temperaturas que superan los cuarenta grados centígrados. Si los sitios de extracción están muy alejados, acampan varios días y hasta semanas, dependiendo de la distancia y el acceso que se tenga al lugar donde se encuentra la hierba de candelilla; una vez en el campo, los candelilleros arrancan los manojos de tallos con todo y raíz, para esto algunas veces utilizan un talache, pero la mayoría de las veces lo hacen con sus manos, por lo que son susceptibles de lesiones, quedando bajo tierra el tubérculo que genera nazca la planta.
Algunos productores opinan que la extracción de raíz es adecuada dado que se regenera mejor desde el punto de vista de facilitar su rebrote, además de que así se extrae mayor cantidad de cera de la misma; sin embargo, trabajos de investigación y divulgación referidos en este apartado, mencionan que en lugar de arrancar la totalidad de la planta como comúnmente se hace, se sugiere colectar únicamente el 50 por ciento de cada planta aprovechable. Para lo cual se debe hacer un corte vertical que la divida en dos porciones igual con todo y raíz. Lo anterior es para lograr arrancar solo la mitad de la misma dejando en su sitio la otra mitad para permitir una adecuada regeneración de la especie en un período de dos a tres años, dependiendo de las condiciones climáticas de la localidad. Pasado ese tiempo se separará mediante el mismo sistema el 50 por ciento restante dejando en su sitio la porción regenerada y así sucesivamente.2
Después de la extracción se sacude la planta para eliminar tierra, basura seca y demás impurezas, las acomodan en atados de aproximadamente treinta kilogramos llamados tercios, los cuales transportan comúnmente bordeando el monte en burros, pues lo agreste del terreno rara vez permite el uso de transportes motorizados. Entre los difíciles cañones se ven bajar a estos asnos cargando los tercios de candelilla, que es llevada al campamento que tienen establecido donde la reúnen, hasta el día de la quema.
Después de varios días, incluso semanas destinadas a la cosecha de la planta de candelilla, llega el momento de la extracción de la cera, para ello, es necesario una paila, un contenedor circular de acero en el cual se realiza el proceso de refinación. En la paila se ponen a hervir alrededor de 400 litros de agua, en ocasiones conseguir esa cantidad de agua en medio del desierto es una labor sumamente complicada, una vez que ésta alcanzó su punto de ebullición se sumergen alrededor de ocho tercios de candelilla (200 kilogramos aproximadamente) de manera horizontal, continuamente se comprime la planta saltando sobre ella y se cierran las parrillas para ejercer una mayor presión que la mantiene dentro de la paila.
Cuando el agua está hirviendo se agrega ácido sulfúrico (H2SO4), esto produce que el cerote se separe en forma de espuma la cual es recogida con una cuchara espumadora que drena el agua, el cerote se vierte en el cortador, un contenedor de 100 litros que se calienta para separar el agua y las impurezas, lo que resulta de este proceso se conoce como tejo, pedazos de cera que se venden a las refinerías.
Es por demás notar que la elaboración de cerote de candelilla se efectúa con técnicas rudimentarias y poco eficientes, las cuales permanecen prácticamente inalteradas desde los inicios de esta actividad. Esta situación se refleja en bajos rendimientos en la producción de la cera y en altos costos de producción. Se preparan tercios de 20-30 kg de planta de candelilla libre de impurezas (tierra, piedras, hierba seca, etcétera.) las cuales son transportadas utilizando los animales de carga (normalmente, cada burro puede transportar entre 90 y 120 kg de carga) o bien, camiones de redilas.
La hierba recolectada se concentra en centros de acopio, donde se lleva a cabo el proceso de extracción de la cera. La jornada de trabajo de los recolectores es ardua y prolongada. Regularmente ocupan más de cinco días en la recolección de la hierba y el trabajo se complica cuando la hierba se encuentra en otros ejidos o en propiedades privadas. Las distancias de transporte de los puntos de recolección hacia los centros de acopio pueden variar en un rango de 25 a 150 km en caminos de vereda y terracería.3
Como ya hemos comentado, la producción de cera de candelilla se ha convertido en una de las principales actividades económicas de algunas regiones del norte de México. Coahuila es el estado más importante en superficie y producción, participando con alrededor del 82 por ciento de la producción nacional, siendo los municipios de Cuatrociénegas, Ocampo y Sierra Mojada y Parras de la Fuente los principales productores. El cerote que se extrae de la hierba de candelilla es un producto de gran demanda, ya que, a diferencia de otras ceras naturales, tiene una mayor dureza, más brillantez y no es tóxica.
Principalmente esta cera es utilizada en la elaboración de cosméticos, lubricantes, plásticos, textiles, anticorrosivos, aislantes, además de industrias como la alimentaria y la farmacéutica. La amplia demanda con la que actualmente cuenta la cera de candelilla la convierte en un recurso natural sumamente valioso, pero la utilización de esta planta no es algo exclusivo de nuestra época.
Es conocido que los indios seminómadas sabían aprovechar de gran manera los recursos naturales que el desierto les otorgaba, la candelilla no fue la excepción. Se tiene conocimiento sobre la utilización de esta planta con fines medicinales, por ejemplo, aliviar el dolor de muelas y también como purgante; también era usada para tratar enfermedades venéreas, con fines decorativos y ornamentales pues continuamente la mezclaban con algunos colorantes; incluso existen testimonios sobre cómo los apaches utilizaban esta cera para tensar sus arcos y curtir pieles.
Hace apenas un lustro, los precios rondaban los cuarenta pesos, en la actualidad la competencia ha propiciado que el kilo de cerote candelilla haya duplicado su valor de mercado y se venda en alrededor de los ochenta pesos. El precio de la materia y las condiciones de los trabajadores varían dependiendo la región, en muchos lugares las condiciones en las que trabajan los candelilleros siguen siendo muy desfavorables. Los riesgos de salud que corren son evidentes, han existido muchos casos documentados sobre quemaduras graves ocasionadas por el ácido sulfúrico, por ello contar con atención medica es de vital importancia, motivo por el que se vuelve imperativo que los campesinos candelilleros tengan acceso a la seguridad social.
A continuación, se presentan un cuadro con el análisis de costos unitarios de la cera de candelilla. Cabe mencionar que para este análisis se estructuraron los costos para producir un kilogramo de producto, además de estimar los costos indirectos para un volumen determinado y una utilidad mínima aceptable.
Costos directos de producción de cera de candelilla
Cabe mencionar que estos gastos directos son para producir hasta 480 kilogramos de cerote al mes o cera en bruto sin refinar. Y no está de más señalar que la utilidad es variable ya que cada productor gasta en función de sus posibilidades y el uso de vehículos o bestias de carga, además que muchos de los costos de mano de obra son absorbidos por el propio productor. No se contabilizan los costos indirectos, suponemos que van asociados al mantenimiento de la paila, amortización de deudas contraídas, depreciación de las instalaciones, tejabanes, bombas de agua, herramientas, etcétera.
Utilidad neta y bruta de candelilla en promedio
Pero ahora ellos viven otra tragedia más, la incertidumbre en la venta del cerote a las empresas exportadoras y con ello se ha conjugado además, el intermediario o los llamados “coyotes, que son grupos de personas que explotan el trabajo de los candelilleros a precios de hambre como se puede observar en la tabla anterior la utilidad que obtienen los campesinos candelilleros es mínima para el arduo trabajo que realizan y los riegos que conlleva esta actividad.
El ácido sulfúrico, además de ser altamente peligroso para la salud de los trabajadores, es sumamente contaminante al medio ambiente. Asimismo, al ser muy corrosivo, llega a adherirse al hierro de las pailas, desprendiendo un color rojizo que contamina la cera. Por esta razón se han buscado nuevas alternativas que sustituyan al ácido sulfúrico como agente extractor en el proceso de la quema de candelilla. Actualmente, algunos centros de investigación y universidades dedican parte de su tiempo al estudio de la candelilla, su preservación y alternativas de uso de la cera.
Tal es el caso de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que, en convenio con la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, han logrado implementar en algunos ejidos del municipio de Cuatrociénegas la utilización del ácido cítrico como sustituto del ácido sulfúrico, en el proceso de extracción de cera de candelilla. Con esto se favorece no sólo al medio ambiente, sino también al trabajador, quien, además de proteger su integridad física obtiene una cera de mayor calidad, de la que pueden obtener una mejor remuneración.
De igual manera, destacan la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en donde se desarrollan técnicas para la producción, propagación, mejoras biológicas de la semilla, optimizar la producción de cera y el inventario de candelilla. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) con el centro de investigación para las zonas áridas de México, hoy dirección de investigación, han registrado numerosos estudios sobre los recursos naturales de estas zonas, que incluyen a la candelilla.
Actualmente, los proyectos de desarrollo agronómico sustentable del Instituto de la Candelilla, a cargo de la UAAAN, asumen como prioridad el análisis de su inventario, distribución y preservación, resultados que contribuirán al desarrollo de las zonas semiáridas de Coahuila, en particular de esta región candelillera; como resultado se promueven cooperativas para un mejor aprovechamiento de dicha planta. Además, la UAAAN junto con el Instituto de la Candelilla ha impulsado la creación de programas de asistencia técnica, capacitación, administración y gestión de recursos forestales. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) cuenta con centros e institutos de investigación, como el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas, en el cual se analiza el empleo de la cera de candelilla para la elaboración de productos tipo margarina, cremas vegetales y coberturas, a base de aceites vegetales con alto contenido de ácido oleico.
Existen otros proyectos que intentan modernizar el proceso de extracción, purificación y utilización de la cera de candelilla, proceso que sigue siendo muy rudimentario, similar al que se realizaba a comienzos del siglo pasado. Por ello es necesario la implementación de proyectos que mejoren las condiciones de los trabajadores, los cuales impacten directamente en su economía, en beneficios a su salud, y, sobre todo, en estrategias que permitan asegurar la sustentabilidad de este proceso.
La demanda que tiene este producto, aunado a que en muchos lugares es el único medio de subsistencia que se tiene, ha ocasionado que el ritmo con el que se cosecha esté muy alejado del ritmo que tardan en recuperarse los campos de candelilla. La Comisión Nacional de Biodiversidad emitió en el 2014 una alerta en Coahuila ante la posible desaparición de la candelilla, por ello son de vital importancia los proyectos encaminados a la reforestación de la planta, pues de ella dependen muchas familias.
La Conafor ha logrado convenios con comunidades rurales de Cuatrociénegas para la reforestación de la candelilla. Los ejidatarios acuden al cerro a cortar candelilla y después la siembran en sus terrenos, esto con la finalidad de que la planta que sale de forma silvestre no se termine. Por esta actividad los candelilleros reciben mil pesos por hectárea sembrada, cantidad que resulta insuficiente para realizar dicha actividad, por lo cual es importante realizar las gestiones necesarias para formular programas encaminados a incrementar en apoyo para la reforestación de la candelilla, además de que la planta podrá ser utilizada más adelante para la extracción de cera.
Este tipo de programas, que por un lado brindarían un ingreso para los trabajadores, servirían para crear en ellos una conciencia sobre la importancia del equilibrio que debe existir entre ellos y su entorno, pensar a futuro, en las generaciones venideras, pues la candelilla es un recurso que se puede acabar y con ella la esperanza de subsistencia de muchas comunidades coahuilenses.
La extracción de cera de candelilla es la actividad productiva más importante de muchas comunidades rurales de Coahuila, por esta razón, continuar y crear con programas que favorezcan directamente a los trabajadores y el entorno que los rodea es el reto más importante de los años venideros.4
Único. – Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y a las entidades productoras de candelilla, para que en el ámbito de sus competencias se generen proyectos para modernizar el proceso de extracción, purificación y utilización de la cera de candelilla, garantizar el acceso a la seguridad social a los campesinos candelilleros e implementar programas de apoyo para la reforestación de este recurso natural.
Notas
1 Ecosistemas y Medio Ambiente (EMA), Estudio de cuenca de abasto Cuatrociénegas, Coahuila, mina, Nuevo León, dirección en internet: bit.ly/3uF4Khq, fecha de consulta: 7 de abril de 2020.
2 Antonio Cano Pineda et al, Caracterización ecológica y socioeconómica de la Candelilla (Euphorbia antisysphilliptica Zucc ) en “Ecología y usos de especies forestales de interés comercial de las zonas áridas de México”, publicado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INAFAP), México. 2013. Página 143.
3 Ecosistemas y Medio Ambiente (EMA), Estudio de cuenca de abasto Cuatrociénegas, Coahuila...op. cit., página 253.
4 Miguel Govea, La Candelilla. La última esperanza de algunos pueblos del desierto , editado por la Secretaría del Medioambiente, México, abril de 2018, páginas 4-8.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputado Ramón Verduzco González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de BC a implantar acciones y promover el desarrollo de viviendas de precio asequible para los trabajadores de menores ingresos mediante apoyos o subsidios, a cargo de la diputada Miriam Del Sol Merino Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Miriam del Sol Merino Cuevas, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y en las leyes se establecerán los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar este objetivo.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en nuestro país existen 35,219,141 viviendas particulares habitadas. En Baja California la cantidad de viviendas particulares habitadas es de 1,148,913.
Con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), al cuarto trimestre de 2020, el valor promedio de una vivienda a nivel nacional fue de 1 millón 200 mil pesos, y el precio de la vivienda mediana fue de 700 mil pesos.
En el caso del estado de Baja California, es uno de los estados con el mayor precio en las viviendas, lo que complica el acceso a una vivienda digna y decorosa para los ciudadanos.
La zona metropolitana de Tijuana fue una de las zonas con mayor incremento en el precio de la vivienda con un 8 por ciento al cuarto trimestre de 2020.
De acuerdo con la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de Coparmex, en Baja California existen 124 mil trabajadores con precalificación para un crédito de Infonavit, sin embargo, por la cantidad del crédito precalificado que tienen no les alcanza para acceder a una vivienda digna en el actual mercado.
Estos precios son inalcanzables para trabajadores que ganan en promedio $7,000 mil o $8,000 mil pesos al mes, sin contar, la dificultad para acceder a apoyos o subsidios para la vivienda.
Por otro lado, en Baja California se ha dejado de construir vivienda mediana que puede ser susceptible para que un trabajador pueda adquirirla, debido a que el valor de la tierra en el estado y los insumos para la construcción han elevado su costo.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo del estado de Baja California a que implemente una política en materia de vivienda accesible y digna para los trabajadores que perciben ingresos menores.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo del estado de Baja California a instruir al INDIVI a proporcionar a los trabajadores con ingresos menores de apoyos o subsidios para la adquisición de vivienda.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a instruir al Infonavit a proporcionar a los trabajadores con ingresos menores de apoyos o subsidios para la adquisición de vivienda.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputada Miriam del Sol Merino Cuevas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y la Semarnat a promover campañas en pro de la soberanía alimentaria nacional y reforzar la cultura de la producción de insumos agroalimentarios a lo largo del territorio nacional, con el impulso de la siembra de huertos familiares en comunidades urbanas y rurales, a cargo del diputado Ramón Verduzco González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Ramón Verduzco González, diputado de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Regularmente en nuestro país se han implementado campañas publicitarias que han incidido en la vida de los ciudadanos, y que se han llevado a cabo acorde a necesidades apremiantes que tienen que ver con la configuración económica, cultural, social y política. Éstas modifican conductas y orientan el comportamiento ciudadano, que tiene que ver con la convivencia social y el desarrollo nacional.
Fue la explosión demográfica de los años sesenta y setenta la que propició que en los años ochenta se hiciera necesario un freno a este fenómeno social, estrategia desarrollada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y que se implementó exitosamente a lo largo de las últimas décadas del siglo XX. Quién no recuerda la frase exitosa que se utilizó a mediados de los años ochenta y que exponía “pocos hijos para darles mucho”.1
A esta política de población en los últimos años se han sumado otras con objetivos diversos, como las implementadas por el Sector Salud que pretenden que la población adopte hábitos saludables de salud física y nutricional. Con la finalidad de inducir la reducción de las enfermedades crónico degenerativas, tales como la diabetes mellitus, ciertos tipos de cáncer e hipertensión arterial, que asociadas con obesidad y sobrepeso han generado miles de decesos en los últimos años.2
Y así podemos enumerar toda una serie de campañas diversas, desde las conductuales que hablan sobre la convivencia y la prevención del delito hasta las que tienen que ver con el comportamiento de las mascotas y últimamente, debido a la pandemia provocada por el virus SARS CoV-2, el uso del cubrebocas. Conformándose con esto un panorama diverso de tópicos que son atendidos por los diferentes organismos e instituciones en sus respectivas competencias.
No podemos obviar que en México, la pobreza es una realidad. Según el Coneval entre los años 2012-2014, de 53.3 millones de personas en esta condición, pasamos a 55.3 millones de individuos, lo que significó 46.2 por ciento de la población total.3 Para este año de 2020, los millones de pobres rondaron los 70.9 millones de personas, lo que representó según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 56.7 por ciento del total de habitantes.4
Ahora bien, de este universo total de pobreza, que se subdivide a su vez en otros indicadores de carencia social como el rezago educativo, el acceso a los servicios básicos en la vivienda, a los servicios de salud y a la seguridad social entre otros, tenemos el referente al acceso a alimentación; en el que se encuentran 25.5 millones de personas en todo el país.
Recordemos que la pobreza alimentaria podemos definirla como “la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para adquirirla”, sobra decir que ésta se encuentra vinculada con la población en situación de pobreza, pero más específicamente con quienes tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar.5 En otras palabras, son aquellos ciudadanos del país que no cuentan con un ingreso suficiente como para tener una alimentación mínima aceptable.
Aunado a esto, los insumos alimenticios han experimentado en los últimos años una escalada ascendente en los precios. Esta tendencia incremental se ha observado durante los últimos cincuenta años al menos, y se ha agudizado en los últimos años, ya que para 2019, la canasta de alimentos básicos, mostró un encarecimiento de 5 por ciento en las áreas rurales y 5.4 por ciento en las áreas urbanas lo que representó un punto porcentual por encima del nivel de inflación general que fue de 4 por ciento durante el mes de marzo de ese año.
En este punto es conveniente hablar del precio, que para las regiones urbanas, el costo ascendió en este 2019 a mil 563 pesos, mientras que en 2018 fue de mil 483 pesos. Referente a las zonas rurales, el comparativo nos arroja que el costo de la cesta alimentaria en el mismo periodo de este año fue mil 111 pesos, cuando en 2018 costó mil 55 pesos. La canasta alimentaria en México incluye cereales, arroz, trigo, maíz, carne de cerdo, res y ternera, pollo, carnes procesadas, pescado, lácteos, huevo, aceite, tubérculos, frutas, verduras, leguminosas, azúcar, alimentos preparados de consumo casero, bebidas alcohólicas y el consumo de alimentos fuera del hogar.
Sobra mencionar que regularmente el costo de estos insumos constantemente presenta una variación en los precios de forma intermitente y fluctuante, por ejemplo, y de acuerdo con información del Coneval, los productos que se encarecieron en este periodo, fueron el pescado, las manzanas, el jitomate, la cebolla, y los chiles. En contraparte, los precios que presentaron una leve disminución fueron el pollo, el azúcar, el plátano, el frijol, el limón, las papas y otros tubérculos.6
Hacer la ecuación es sencillo, si en nuestra regla de tres ponemos los datos de los millones de pobres con los que cuenta el país, que en los últimos 20 años rebasa la mitad de la población, e incluimos el porcentaje de personas que se encuentran dentro del rubro de pobreza alimentaria, que en cifras actuales representan 25.5 millones de personas y finalmente incluimos el costo de la canasta alimentaria, que como ya hemos descrito, se encuentra regularmente al alza, el resultado que obtenemos es que en todo nuestro país, millones de personas no se alimentan adecuadamente y enfrentan problemas económicos para hacerlo.
Como se constata letras arriba, la canasta alimenticia está integrada por productos agroalimentarios, que como todos sabemos también se enfrentan a periodos de escasez debido a las condiciones climáticas, que en los últimos años se han agudizado debido al calentamiento global.
Para complicar el escenario, México es conocido por exportar la mayoría de sus productos del campo a los Estados Unidos de América (EUA) principalmente, esto se puede comprobar si analizamos los datos de nuestra balanza comercial, que a continuación se expone en la siguiente gráfica:
Al hacer un análisis de estos datos se comprueba que de 1997 a 2013 México fue deficitario al alcanzar un punto máximo en 2008 con la importación de 3 mil 331 millones de dólares de productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial. Esta tendencia comenzó a revertirse en 2014, cuando se inició el superávit comercial que para 2017 significaron 2 mil 603 millones de dólares en exportaciones, pero que para el ciclo de enero-junio de 2019, representó ingresos por 6 mil 147 millones de dólares en exportaciones; el más alto reportado en 26 años desde 1993.7
Entre los productos agrícolas que más se exportan se encuentra el aguacate, el jitomate, el pimiento, las fresas, el melón, la sandía, la papaya, el pepino, las coles y los cítricos. Ante la exposición de estos factores, es muy posible que en el futuro los precios de los productos agroalimentarios presenten la característica de una constante alza para los consumidores nacionales y un detrimento de la seguridad alimentaria nacional.
Ante esta prospectiva futurista es que propongo con punto de acuerdo que tanto Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las universidades del país en conjunto y mediante el análisis de todos estos factores, realicen campañas a favor de la soberanía alimentaria nacional y refuercen la cultura de la producción de insumos agroalimentarios a lo largo del territorio nacional implementando huertos familiares urbanos y rurales.
Conviene hacer hincapié que la cultura de mantener pequeños cultivos comestibles en los hogares de los mexicanos, no pretende incidir en el universo comercial de la producción nacional de los comestibles, sino paliar la enorme pobreza alimentaria que aún azota a millones de personas a lo largo del país.
Requerimos de campañas sensibles dirigidas a toda la población y en todos los hábitats de nuestro país, que incidan en la importancia de implementar pequeños sembradíos de plantas y árboles que generen productos comestibles. En las ciudades también se pueden efectuar en patios y corredores, plantíos en macetas que las familias pueden atender en sus horas libres.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que promuevan campañas a favor de la soberanía alimentaria nacional y refuercen la cultura de la producción de insumos agroalimentarios a lo largo del territorio nacional, impulsando la siembra de huertos familiares en comunidades urbanas y rurales.
Notas
1 Norma Baca Tavira, Política de Población y planeación en México, en Revista del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, México, 2007, página 54.
2 Simón Barquera Cervera et al, Obesidad en México: epidemiología y políticas de salud para su control y prevención, en Gaceta Médica de México, vol. 146, núm. 6, México, 2010, páginas 397-407.
3 Periódico El Financiero , 6 graficas que te explican cómo es la pobreza en México, 7 de octubre de 2019.
4 Forbes México, 9.8 millones de nuevos pobres en México por pandemia: Coneval, publicado el 9 de febrero de 2021.
5 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación estratégica de nutrición y abasto, México, 2010, página 31.
6 Periódico El Economista , Canasta básica de alimentos fue 5% más cara en marzo, 12 de abril de 2019.
7 SAP-Sagarpa, Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, junio de 2019, dirección en internet: bit.ly/2LXS4Pe, fecha de consulta: 7 de octubre de 2019
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputado Ramón Verduzco González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a mantener y fortalecer los programas de financiamiento de becas de posgrado para la formación de investigadores y científicos en sus diversas modalidades, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El fomento a la ciencia, tecnología e innovación es fundamental para el desarrollo económico, social y humano de nuestro país. Los avances en estos rubros, permite encontrar soluciones a diversos problemas, desde el cambio climático, la pobreza, hasta crisis sanitarias. Precisamente, la pandemia por Covid-19 ha puesto en evidencia la importancia del desarrollo científico, sin éste, no habría sido posible encontrar una vacuna y, por lo tanto, una salida a la crisis económica y social por la que el mundo está atravesando.
En un mundo cada vez más globalizado existen más oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico, gracias a los acuerdos entre países que promueven el intercambio académico y la posibilidad de realizar estancias estudiantiles en otros países.
A través del intercambio estudiantil, los investigadores y alumnos no sólo fortalecen su educación académica, sino que obtiene una serie de aprendizajes que posiblemente no habría podido obtener en su país y, a su regreso, puede poner en marcha sus experiencias y conocimientos en beneficio de su institución académica y del progreso científico nacional.
Los alumnos que buscan realizar estudios en el extranjero frecuentemente lo hacen por la existencia de programas de estudio y líneas de investigación diferentes y nuevas que pueden aportar y fortalecer su formación. Asimismo, existen universidades de otros países que cuentan con tecnologías y laboratorios más avanzados que los que se encuentran en el país, por lo que, al tener acceso a estos, el alumno fortalece sus conocimientos y su experiencia.
En el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, por ejemplo, se encuentra el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más grande y potente que existe, este aparato se utiliza para acelerar haces de partículas hasta energías próximas a la velocidad de la luz, de esta forma los científicos pueden investigar más a fondo la materia y el origen del universo.
La Universidad de Harvard, situada en Boston, Estados Unidos de América (EUA), está considerada como la mejor del mundo en la carrera de medicina; la Bartlett School of Architecture, de la University College London, se considera la mejor universidad para estudiar arquitectura; mientras que la Universidad de Stanford, el Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Cambridge se consideran las mejores universidades del mundo para estudiar ingeniería. Acceder a la educación en este tipo de instituciones retroalimenta a los alumnos mexicanos y coadyuva en el desarrollo científico de México.
En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es el principal organismo público del Estado que tiene por objeto articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, a fin de impulsar la modernización tecnológica del país.1
Con el objetivo de fomentar la formación, el desarrollo y la vinculación de profesionales de alto nivel en el país, el Conacyt cuenta con el Programa de Becas para Estudios de Posgrado más importante de México, el cual cuenta con reconocimiento a nivel nacional e internacional. A través de este programa, los estudiantes tienen acceso a becas para realizar estudios de alto nivel en instituciones académicas de excelencia de nuestro país y del extranjero. Las becas que se otorgan están dirigidas a la realización de maestrías, doctorados y postdoctorados de todos los campos del conocimiento, desde las ciencias médicas hasta las ciencias sociales y humanistas.
Las becas constan de un apoyo económico mensual y seguro médico para la o el becario, también se puede otorgar en concepto de pago de colegiatura, para doctorados y maestrías por hasta un monto anual de 300 mil pesos, mientras que en el caso de la convocatoria Conacyt-Funed, se otorga un apoyo de colegiatura de hasta 76 mil 800 pesos.2
Las convocatorias para la obtención de una beca se publican constantemente cada año, sin embargo, en esta ocasión ha sido diferente ya que en las convocatorias que el Conacyt publicó para 2021, sólo están dirigidas para realizar posgrados en ciencias de la salud y algunas destinadas al estudio de las bellas artes, pero ninguna dirigida a otras disciplinas.
Este hecho ha causado la indignación de la comunidad estudiantil y científica de todo el país, que en las redes sociales institucionales del Conacyt cuestionaban la razón de la desaparición de las becas en otras áreas de estudio, sin embargo, el Conacyt sólo se limitó a eliminar y ocultar las preguntas y quejas de los estudiantes, sin responder sus dudas ni dar explicaciones al respecto. En el sitio Change.org, los estudiantes y académicos lanzaron una petición titulada “Estudiantes y académicos exigimos a Conacyt no eliminar becas de posgrado en el extranjero”.3
Ante la petición de información por parte de la comunidad académica, la subdirectora de Becas en el Extranjero de Conacyt, junto con otros funcionarios de esta institución, señalaron que este año todas las convocatorias, incluidas las de becas de doctorado para el extranjero, estarían dirigidas al área de salud. La comunidad científica y académica admitió la importancia y la necesidad de fortalecer las becas para estudios en medicina, sobre todo en el contexto de pandemia por el que estamos pasando y por la necesidad de contar con más médicos especialistas, sin embargo, resulta inadmisible la suspensión o eliminación de becas para la realización de estudios de posgrado en otras ciencias y disciplinas.4
La eliminación de este tipo de becas sería un gran retroceso para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, sobre todo en momentos en los que más necesitamos de científicos y académicos mexicanos mejor preparados.
Cabe mencionar que bajo el argumento de combatir la corrupción, este gobierno ha realizado importantes recortes al presupuesto del Conacyt hasta por más de 75 por ciento, lo que ha tenido repercusiones en diferentes instituciones académicas para efectuar pagos fundamentales para su funcionamiento, como el pago de la luz, agua, internet, vigilancia, comunicación, seguridad informática, papelería, servicios de limpieza, entre otros, así como en el otorgamiento de becas para la realización de estudios de posgrado.5
Aunado a esto, el año pasado el grupo mayoritario en el Congreso desapareció con su voto 109 fideicomisos que representaban más de 68 mil millones de pesos lo que representó un duro golpe al desarrollo científico y tecnológico nacionales, ya que una gran parte de los fideicomisos estaban dirigidos al Conacyt y beneficiaban directamente a centros públicos y mixtos de investigación.6
Los recortes a las becas de Conacyt, así como la disminución del presupuesto a esta institución no sólo afecta a los estudiantes y científicos que buscan fortalecer sus conocimientos en el extranjero, quien más pierde es la sociedad mexicana porque se frenará la generación de conocimiento y, por lo tanto, el desarrollo científico y tecnológico nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que mantenga y fortalezca todos los programas de financiamiento de becas de posgrado para la formación de investigadores y científicos en sus diversas modalidades.
Notas
1 El Conacyt, en: https://www.conacyt.gob.mx/Que-es-conacyt.html
2 Beca de posgrado en el Extranjero, Conacyt, en: https://www.conacyt.gob.mx/Becas-al-extranjero.html
3 Comunidad científica pide a Conacyt no eliminar becas de posgrado en el extranjero, El Universal, en: https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/comunidad-cientifica-pid e-conacyt-no-eliminar-becas-de-posgrado-en-el-extranjero
4 Ibídem.
5 AMLO defiende recortes: con investigadores también había abusos y corrupción, Expansión, en:
https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/05/28/aml o-defiende-recortes-con-investigadores-tambien-habia-abusos-y-corrupcio n
6 Lo que perderemos si desaparecen los fideicomisos
de investigación, Pro Ciencia MX, en:
https://prociencia.mx/comunicacion/boletines/lo-que-perdemos-si-desaparecen-los-fideicomisos-de-investigacion/
#:~:text=La%20extinci%C3%B3n%20de%20estos%20fideicomisos,todo%20el%20aparato%20cient%
C3%ADfico%20mexicano.&text=La%20decisi%C3%B3n%20de%20desaparecer%20todos,
ninguna%20alternativa%20real%20para%20sustituirlos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
(Rúbrica)
Con motivo del 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
“La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y el planeta.”1
“Madre Tierra” es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos.
La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y el planeta.
Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Con este día, asumimos, además, la responsabilidad colectiva, como nos recordaba la Declaración de Río de 1992, de fomentar esta armonía con la naturaleza y la Madre Tierra.
Este día nos brinda también la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan.2
El Día de la Tierra tiene sus raíces en en 1960, la década del activismo combativo.
A pesar del desencanto popular, las cuestiones ecológicas no estaban presentes en la agenda de los políticos de americanos, cuestión que irritaba al senador por Wisconsin, Gaylord Nelson, cuyas campañas en favor del medio ambiente durante la década de 1960 no surtieron efecto.
En 1969, Nelson tuvo la idea de organizar una protesta en favor del medio ambiente tomando como modelo las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam.
Nelson reclutó al activista Denis Hayes para organizar aquel primer 22 de abril en1970. Hoy en día se reconoce a Hayer como el precursor del movimiento ecologista moderno.
La Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU nació a finales de 1970, y desde entonces los esfuerzos para mejorar la calidad del aire y el agua fueron ganando terreno en el ámbito político.3
Así pues, la Asamblea General ( de las Naciones Unidas) designa en su resolución A/RES/63/278 el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, teniendo en cuenta que en muchos países se celebra el Día de la Tierra, y con el objetivo de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, las sociales y las ambientales de las generaciones presentes y futuras, y para promover la armonía con la naturaleza y la Tierra.
Hoy, el Día Mundial de la Madre Tierra nos recuerda que la supervivencia de nuestra especie está condicionada al bienestar de la Madre Tierra, celebrarla como simiente de nuestra vida y la de millones de especies con las que cohabitamos este planeta es solamente un recordatorio de la premura con que debemos resolver los sendos problemas que aquejan a nuestra casa común.
Garantizar el cuidado a la Madre Tierra es una tarea que corresponde a todos los actores de la sociedad, pero debemos señalar que el Estado debería facilitar todos los elementos legales para dar certidumbre a la lucha contra la devastación natural que los seres humanos hemos causado.
Las medidas paliativas de muchos gobiernos dan cuenta de una lucha que estamos perdiendo y que los tratados internacionales muchas veces no son suficientemente ambiciosos y que aún cuando lo son, el seguimiento y cumplimiento de los mismos es absolutamente falaz.
No obstante, Naciones Unidas ha tenido a bien orquestar los movimientos contemporáneos que pretenden recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, revertir la degradación de los suelos, detener la contaminación de cuerpos de agua y demás, haciendo que este Día de la madre Tierra sea una plataforma para impulsar la acción colectiva de la sociedad, informando a la vez que previniendo sobre los catastróficos eventos que ya causa la inacción respecto al cambio climático, a la vez que exhorta a la reflexión sobre las grandezas de la Naturaleza y nuestra íntima dependencia hacia ella.
Hoy, no podemos ignorar que las catastróficas consecuencias de la pandemia provocada por la Covid-19 tienen su origen en la acelerada pérdida de biodiversidad y una incesante actitud de arrogancia frente a la naturaleza. En un mundo de crecimiento desmedido éstos eventos formarán parte de nuestro futuro inmediato y una de las claves para impedirlo será la protección de los hábitats naturales, es decir, el cuidado a la Madre Tierra.
El Día internacional de la Madre Tierra está asociado con múltiples ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, destaca el objetivo 15, Vida de Ecosistemas Terrestres y señala que: El 30.7 por ciento de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Al proteger los bosques, también podremos fortalecer la gestión de los recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra.4
El cumplimiento de los ODS y el cuidado a la Madre Tierra son, en esencia, funciones sinónimas que determinarán la forma en que sorteamos los avatares de nuestra era, a la vez que nos encaminan a nuestro mayor reto como especie, hasta ahora, nuestra existencia misma.
Notas
1 [1]https://www.un.org/es/events/motherearthday/
2 [1]https://www.un.org/es/events/motherearthday/
3 https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/datos-del-dia-de-la-ti erra-por-que-se-celebra-donde-empezo
4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2021.
Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)