Proposiciones

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los ayuntamientos y las alcaldías del país a garantizar la entrega de material de protección sanitaria a los trabajadores de limpieza para prevenir y romper la cadena de contagios por Covid-19 en ese sector vulnerable, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a hacer públicos con datos actualizados los avances, ahorros y costos en la estrategia contra el robo y contrabando de combustibles, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Insabi a promover la investigación sobre las posibles aportaciones medicinales de derivados farmacológicos del cannabis, garantizar atención inmediata de pacientes en tratamiento con derivados farmacológicos de aquél e implantar un programa integral de suministro supervisado de dichas terapias, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura y la SHCP a evitar cualquier reducción presupuestaria del sector cultural en 2021 y respaldar áreas como la Fonoteca Nacional, Educal, el INAH, el INBAL o el Imcine y programas de impulso a las culturas comunitarias, a cargo de la diputada Violeta Mariana Parra García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a fortalecer la estrategia de seguridad de candidatos a puestos políticos, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública de QR a implantar acciones, políticas públicas, protocolos, capacitaciones y evaluaciones dirigidos a identificar y prevenir el uso innecesario, desproporcionado y sin razonabilidad de la fuerza por elementos de seguridad pública y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de la Unión a formar una comisión para revisar la CPEUM y, de ser pertinente, aplicar una reforma integral o crear otra, a cargo del diputado Julián Peña Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a hacer pública la información detallada sobre la procedencia y el gasto de los recursos destinados a mitigar los incendios registrados en territorio nacional, y los resultados del Fonden en 2021, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a garantizar ante el próximo regreso a clases que las escuelas guarden buenas condiciones y aseguren los servicios básicos como el agua potable para salvaguardar la seguridad y salud de alumnos, profesores y comunidad escolar en general, a cargo de la diputada Lily Fabiola de la Rosa Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a reclasificar las tarifas domésticas en las zonas veracruzanas donde las temperaturas superen 33 grados Celsius, conforme al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Barradas, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar y la Semarnat a incrementar el programa Sembrando Vidas y generar uno nacional de reforestación contra la actual deforestación, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Barradas, del Grupo Parlamentario de Morena

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Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los ayuntamientos y las alcaldías del país a garantizar la entrega de material de protección sanitaria a los trabajadores de limpieza para prevenir y romper la cadena de contagios por Covid-19 en ese sector vulnerable, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde que el Consejo de Salubridad General decretó Emergencia Nacional Sanitaria por el nuevo coronavirus, el 23 de marzo del 2020, al día de hoy, llevamos más de 380 días en cuarentena con una Jornada Nacional de Sana Distancia implantada por el gobierno federal, basada en el distanciamiento social, una serie de medidas no farmacéuticas destinadas a la contención de la pandemia.

La declaratoria de emergencia sanitaria tiene la finalidad de que la población comprenda y asuma la importancia de mantenerse en sus domicilios. El objetivo es mitigar la dispersión y transmisión del coronavirus Covid-19. Así, el 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial el acuerdo del secretario de Salud con las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).1

Este acuerdo se denomina de “acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, el cual ordena, entre otras cosas, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, dejando exclusivamente en funciones aquellas que son consideradas como esenciales.

El desarrollo de estos servicios esenciales, involucra a todo tipo de personas que tiene la necesidad de desplazarse a su lugar de trabajo, así como estar en contacto con otras personas durante su jornada laboral; lo que los expone, aumentando su riesgo al contagio del Covid-19; ya que en muchos de estos casos no se dispone de medidas de protección suficiente (guantes, mascarillas, gafas y overoles), mientras trabajan, por lo que los empleadores deben otorgarles el material necesario para trabajar y resguardar su salud.

Si bien la pandemia golpeó inesperadamente a todos, a unos golpeó más que a otros. Hay muchos frentes de batalla, y es importante reconocer a quienes a diario arriesgan su vida ayudando a los demás; doctores y enfermeros protagonizan la narrativa de la lucha contra el Covid-19, y con razón, pero por otro lado, hay quienes son invisibles para la mayoría de la gente, y si los ven, muchas veces son ninguneados y, sin embargo, son indispensables, más de lo que se piensa.

Particularmente, hablamos de los trabajadores de limpia en el país, que no han parado en su actividad laboral, pues la recolección de desechos no se ha detenido pese a la emergencia sanitaria y son quienes tienen que salir a laborar todos los días sin que las autoridades o su sindicato les entreguen los artículos necesarios para protegerse y prevenir contagios. Para ellos no existió la sana distancia, ni protocolos, ni campañas informativas adecuadas de cómo preparar y separar residuos y desechos tóxicos en los hogares.

Más allá del Covid-19, su condición es doblemente vulnerable pues, aproximadamente 41.6 por ciento de los recolectores de basura viven al día, no reciben siquiera el salario mínimo, y ya no se diga de prestaciones que les den legalidad y certeza jurídica. A la suma que reciben de propinas, los trabajadores de nómina tienen sueldo precario y así, es prácticamente imposible reaccionar ante una emergencia, mucho más difícil si es sanitaria.

Más aún, algunos de esos trabajadores son “voluntarios”, es decir, viven de las propinas y lo que venden de PET, vidrio, cartón, plástico, no tienen un sueldo, mucho menos prestaciones y apenas son dotados con herramientas y materiales de trabajo necesarios.

Sin embargo, la falta de contrato no es excusa para la ausencia de condiciones dignas de trabajo. Los trabajadores voluntarios no cuenten con un contrato, pero prestan sus servicios a los municipios y alcaldías, por lo tanto, existe una relación laboral entre ellos de tal forma que se les debe de reconocer los mismos derechos.

Por otro lado, el escenario laboral antes de que se desatara la pandemia ya era crítico; los riesgos que hay por viajar en vehículo, vidrios, jeringas, desperdicios sanitarios y tóxicos, riesgos de caída, más un largo etcétera, están siempre presentes, además, en este congal de virus, bacterias e incertidumbre los trabajadores del sistema de limpia están completamente expuestos al contagio de diversas enfermedades por las paupérrimas condiciones de trabajo.

Es necesario recalcar que todos, absolutamente todos, realizan su trabajo bajo un alto riesgo por las condiciones naturales de su labor, y aún más en las condiciones de la crisis sanitaria causada por el Covid-19, pues están expuestos directamente a residuos que pueden generar contagio y es que, desde el brote de la enfermedad, la cantidad de desechos plásticos generados en todo el mundo es de 1.6 millones de toneladas al día, más 3 mil 400 millones de cubrebocas de un solo uso desechados todos los días, de acuerdo con un estudio publicado por la revista científica Heliyon.2

Sólo en México, se calcula que 81 millones 227 mil 634 cubrebocas son desechados diariamente, así como 9 millones 669 mil 956 toneladas de plástico diarias, según la estimación del estudio sobre contaminación por Covid-19 “Impacto de la pandemia de Covid-19 en la huella global de residuos plásticos”.3

De acuerdo con el estudio Panorama de la generación y manejo de residuos sólidos y médicos durante la emergencia sanitaria por Covid-19, la emisión total de residuos por la pandemia ronda entre las 81.2 y 92.3 toneladas al día de residuos médicos y residuos sólidos urbanos (de hogares) en México. Esto implica un incremento de entre 3 y 17 por ciento en los desechos, de acuerdo con las estimaciones del estudio.4

De modo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió una lista de recomendaciones para el manejo de la basura durante la contingencia. A la población en general con énfasis en las personas que hubieran contraído el virus, se les pidió separar mascarillas y otros desperdicios sanitarios en una bolsa marcada como “Covid-19”. Igualmente, se solicitó a los municipios que aplicaran pruebas a los trabajadores de limpia, cumplir con la desinfección constante de los camiones de basura y la distribución de guantes de látex, mascarillas y lentes de protección a los trabajadores todos los días.

Los protocolos dispuestos son adecuados, pero no hubo una campaña de información masiva apropiada para seguir estas recomendaciones. Sumado a que sólo algunos municipios entregaron, a los trabajadores de limpia, por única ocasión, un paquete de protección que incluía uniformes, caretas, gafas, guantes de carnaza, cinco cubrebocas desechables, dos litros de cloro, jabón en polvo y gel antibacterial. Obligando al trabajador a comprar de su bolsa el material de protección y en algunos casos, son los residentes quienes de vez en cuando les llegan a regalar un cubrebocas. Es decir, los trabajadores de limpia siguen tan desprotegidos y vulnerables como siempre.

Los encargados de la limpieza están a la deriva porque no hay quien vea por ellos, pero si les siguen cobrando las cuotas sindicales luego de que el año pasado no hubo ninguna erogación. En ese sentido, el ex líder de la sección 1 de limpia y transporte del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Max García, afirmó que cada quincena se descuenta a los 17 mil empleados de este sector 106 pesos, es decir, un millón 802 mil que van a las arcas sindicales sin que hasta ahora se haya destinado parte de esos recursos a la compra de cubrebocas, por lo menos.5

La emergencia sanitaria dejó al descubierto que no existe un censo oficial del número total de trabajadores de limpia en el país, lo que impide conocer la cifra real de personas fallecidas y contagiadas por Covid-19 en este oficio. Tan solo en la Ciudad de México para enero de 2021 se tenían documentadas 383 muertes por Covid-19 entre el personal de limpia y al menos 80 más hospitalizados, informó el líder de la organización Grupos Construyendo Red Sindical, Martín Hernández Torres y esos son de los que hay registro, habrá que sumar “voluntarios”, de los que no existe ningún tipo de matriculación. En consecuencia, se desconoce el número real de contagiados y fallecidos de trabajadores de limpia.

Como las autoridades no llevan un registro de sus muertes, los recogedores de basura y barrenderos han abierto espacios en redes sociales para contar y hacer un duelo por sus compañeros víctimas del Covid-19. Aunque las cifras son desconocidas, los municipios siguen sin hacerles pruebas ni entregarles suficientes equipos de protección. Ante esta situación, los trabajadores de limpia pidieron a las autoridades que sean considerados como un sector prioritario para recibir la vacuna contra el Covid-19 y el pago de un bono económico por riesgo, que incluya también a quienes pertenecen a la nómina y voluntarios que no tienen dígito sindical.

Las condiciones laborales de los trabajadores y voluntarios del servicio público de limpia son inaceptables, y su reconocimiento como servidores que combaten a la pandemia en primera línea es urgente. Del trabajo de estos servidores nos beneficiamos todos; además del gobierno, las empresas que generan los residuos al poner los productos de consumo en el mercado, las empresas que los comercializan y la sociedad en general.

Para los trabajadores de limpia, el riesgo es alto y constante, de modo que es importante buscar las causas para corregir, por un lado, el gobierno debe reconocer a los voluntarios como trabajadores y otorgarles derechos laborales ya que ellos están haciendo un servicio público que le corresponde a los municipios; si ellos no lo hicieran, el gobierno tendría que ocupar a otras personas para que hicieran el barrido y la recolección de basura donde ellos lo hacen. De esta manera, se obtendría un censo exacto de las personas que trabajan en este sector público. Por otro lado, los municipios deben proveerles urgentemente equipo y herramientas de trabajo, además de material para protegerse del coronavirus. Frente a la dignificación de estos trabajadores todos estamos en deuda.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a todos los municipios y alcaldías del país a garantizar la entrega de material de protección (kit sanitario covid) a los trabajadores del servicio de limpia para prevenir y romper la cadena de contagios por Covid-19 en este sector vulnerable.

Notas

1 El País “ Acuerdos para la pandemia en México”, en línea, fecha de consulta 13 de agosto 2020. Disponible en:

https://elpais.com/elpais/2020/04/01/opinion/1585771477_ 294664.html

2 Animal Político “Manejo de residuos Covid: diverso, con poca información y peligroso para trabajadores de limpia”, en línea [Fecha de Consulta 7 de abril de 2021] Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/2021/03/manejo-residuos-c ovid-informacion-peligroso-trabajadores-limpia/

3 Ibídem

4 Ídem

5 La Jornada “En el desamparo, trabajadores de limpia se la rifan ante el Covid-19”, en línea. Fecha de consulta 5 de abril de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/24/capital/en-el-desamparo-tra bajadores-de-limpia-se-la-rifan-ante-el-covid-19/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2021.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a hacer públicos con datos actualizados los avances, ahorros y costos en la estrategia contra el robo y contrabando de combustibles, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María de los Ángeles Ayala Díaz, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con relación al robo y contrabando de combustibles que representa un grave problema para la seguridad y las finanzas públicas, así como la estrategia para el combate al robo y el contrabando de combustibles, también llamados “huachicol” y “huachicol fiscal” puntualizamos algunos datos.

En enero de 2019, el nuevo Gobierno lanzó una estrategia para el combate al robo de combustibles y se ordenó la compra sin licitación (directa) de 671 auto tanques con el objetivo de transportar y distribuir alrededor de 150 mil barriles diarios de combustibles y, con ello, mitigar el robo de energéticos transportados por ductos.

En este contexto, el presidente ordenó que una comitiva integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; de Economía, Graciela Márquez Colín; y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, así como la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro Sánchez; y viajase a Estados Unidos de América para su adquisición en compra directa.

Dicha comitiva determinó realizar un proceso de adjudicación competitiva desde el Consulado General de México en Nueva York a través de una convocatoria dirigida a fabricantes de tanques y tracto camiones.

Cabe mencionar que la estrategia sobre soberanía energética contemplaba, entre otras estrategias, el cierre programado de los ductos y que el trasporte se realizara a través de “pipas”.

La SHCP informó que por dichos autotanques se erogó un monto superior a 92 millones de dólares.

No obstante, dicha compra desató múltiples comentarios sobre opacidad, sobre el uso de vehículos que violentan las normas carreteras, el elevado costo de trasporte vía “pipas” 13 veces mayor que el traslado por ductos, entre otros.1

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que su estrategia en relación al robo de combustibles ha dado resultados positivos reduciendo el hurto en 91 por ciento con un supuesto ahorro en la sustracción de combustibles de 56 mil millones en poliductos y mil 900 millones en gas licuado.

También, el director de la paraestatal informó que se han inhabilitado alrededor de trece mil tomas clandestinas, que han logrado el aseguramiento de combustibles robados, la incautación de embarcaciones y vehículos, así otras acciones.

Aparentemente el avance es abismal, pasando el robo de hidrocarburos de 81 mil barriles en noviembre de 2018 a poco más de 5 mil barriles diarios en enero de 2020 equivalente a 15 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo con cifras publicadas el 5 de agosto de 2020 por 88.9 Noticias,2 los últimos antecedentes presentados por el gerente de Seguridad, Monitoreo y Estrategia de la Subdirección de Salvaguardia de Pemex señalan otros datos, según cifras publicadas, se detectaron 5 mil 171 tomas clandestinas con una pérdida de 4 mil 500 barriles diarios.

Lamentablemente el problema persiste, aunado a la presunción de la colaboración de personal de la propia paraestatal en el ilícito, siendo Hidalgo la entidad con más tomas clandestinas, seguido de Puebla y Guanajuato.

Una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad3 señala que “en marzo de 2020 se vinculó a proceso de responsabilidades al subdirector de operaciones de Pemex Logística por otorgar un anticipo presuntamente ilegal de 27 millones de dólares en el proceso de compra de 700 pipas que nunca se entregaron.

En diciembre se reveló que una empresa de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente, había recibido 2 contratos de Pemex por más de 360 millones de pesos. Después que se hicieron de conocimiento público, las adquisiciones fueron canceladas por la petrolera”.

Dicha publicación deja al descubierto la existencia de corrupción dentro de la paraestatal con relación a las compras pública amañadas, opacas y sin rendición de cuentas.

Pasando al tema del contrabando de combustibles, el pasado 10 de febrero de 2021, se aprobó un punto de acuerdo en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que exhorta al Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Fiscalía General de la República, Procuraduría Federal del Consumidor y Pemex para que investiguen una red de empresas importadoras, personas físicas, transportistas y gasolineras que introducen combustibles de contrabando en el país procedente de Estados Unidos.4

Según los considerandos del exhorto, en el modus operandi, los importadores presentan documentos falsos, pedimentos aduanales no certificados, entre otros criterios como el incumplimiento de las obligaciones fiscales, gastos y compras de inventarios que no corresponden a los ingresos, entre otras irregularidades.

La Onexpo publicó el 19 de febrero de 2021 lo siguiente:

De acuerdo con la denuncia de carácter anónimo enviada al diputado integrante de la Comisión de Energía, que preside el morenista Manuel Rodríguez, ese esquema de huachicol importado opera en un primer paso cuando Nexoil obtiene producto de sus proveedores –entre los que destacan las texanas Energy International LLC y Serv Energy LLC– en cantidades que exceden en demasía los volúmenes de gasolina y diésel autorizados por la Sener, de Rocío Nahle.

Esto sería mediante la declaración con documentación alterada de los combustibles excedentes bajo etiquetas falsificadas como aceites lubricantes, refinados de petróleo, aditivos, petroquímicos y otros derivados; de esa manera se evade el pago del IEPS usando “documentación alterada y falsificada”, indica la acusación que circula en redes sociales.

También, indican que se recurre a Marlaya (permiso de comercialización H/21915/COM/2018) y a Karina Melissa Guerrero Rodríguez, en Tamaulipas (permiso de H/22244/COM/2019), para preparar la venta al público: para ello, muestran los quejosos, se usan pedimentos legales de importación que se clonan, alteran y copian en hasta 50 ocasiones para simular la legal procedencia del combustible.

Para el transporte, exponen los quejosos, se usa a Autotransporte de Carga Especializados Marvic (sin permiso de la CRE para ello) y a Leonel Guadalupe Jiménez Pérez, que circulan sin los permisos legales requeridos para mover combustibles.

Luego de ahí, exponen, se llega a los vendedores finales como los expendedores Gasolinera Bravo, Servicios Revolución, Servicios Auxiliares de Sinaloa, Servicio Express de Bachigualato; además, Kail Servicios, El Rayo Servicios, Centro Trailero El Pueblito, Gasolineras Rinde Más y Servicios Tepuche, así como al comercializador Fase Chihuahua y su red.

Esta operación, reportan, permitió a Karina Melissa Guerrero facturar 3,348 millones de pesos de gasolina y diésel sólo entre noviembre y diciembre de 2020 y ofrecer precios de 3 pesos por litro por debajo de lo que venden las propias gasolineras Pemex. Es decir, se agregaría el delito de competencia desleal presuntamente soportado por una cadena de delito organizado, detalla”.5 Otras Fuentes. 6

En resumen, si las estrategias sobre ahorros, buenas prácticas, combate al “huachicol” y “huachicol fiscal” o contrabando de combustibles y el discurso de total transparencia y rendición de cuentas son reales.

¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación, en su informe acerca del desempeño del corporativo de la petrolera, luego que en 2019 duplicó su rendimiento negativo sobre activos, llegando a 18.1 por ciento negativo y registró un capital contable negativo de mil 977 billones de pesos, empeorando 36 por ciento en este rubro?7 Señalando que Pemex se encuentra en zona de quiebra.

Por todo lo anterior someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Petróleos Mexicanos a hacer públicos, con datos actualizados, los avances, ahorros y costos en la estrategia contra el robo y el contrabando de combustibles en el país.

Notas

1 https://889noticias.mx/noticias/informacion-general/
investigacion-especial-sobre-las-pipas-compradas-para-combatir-el-huachicol/

2 https://889noticias.mx/noticias/informacion-general/
investigacion-especial-sobre-las-pipas-compradas-para-combatir-el-huachicol/

3 https://contralacorrupcion.mx/corrupcion-algunos-protagonistas/

4 https://www.la-prensa.com.mx/mexico/
denuncian-contrabando-de-combustibles-piden-que-el-sat-y-fgr-investiguen-6392809.html

5 https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/FILTRAN-RED-DE-HUACHICOL-DE-ALTO-NIV EL_Yh2hg/

6 https://aristeguinoticias.com/2401/mexico/se-compraron-671-pipas-para-d istribuir-gasolina-en-mexico-hacienda/

https://www.tyt.com.mx/nota/pipas-de-amlo-transportaron- 1750-millones-de-litros-de-combustible

7 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-esta-en-zona-de-quiebra- tecnica-ASF-20210223-0012.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2021.

Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Insabi a promover la investigación sobre las posibles aportaciones medicinales de derivados farmacológicos del cannabis, garantizar atención inmediata de pacientes en tratamiento con derivados farmacológicos de aquél e implantar un programa integral de suministro supervisado de dichas terapias, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

René Juárez Cisneros, Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán y Claudia Pastor Badilla, así como diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud se refiere tanto al derecho de las personas a obtener un adecuado nivel de atención sanitaria y salud, como a la obligación del Estado de garantizar un cierto nivel de salud pública con la comunidad en general.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el derecho a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social” y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia.

En su observación general 14,1 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de fecha 11 de agosto de 2000, ofrece una orientación detallada a los estados en relación a sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud. El comité también indica que el derecho incluye los siguientes estándares esenciales e interrelacionados:

Disponibilidad . Los estados deben asegurar la provisión de una infraestructura suficiente válida de salud pública e individual en todo su territorio, así como personal capacitado y adecuadamente compensado y todos los medicamentos esenciales.

Accesibilidad . El acceso a la salud consiste en cuatro elementos: la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad de la información. Las instalaciones y servicios de salud deben ser accesibles a todos, especialmente a los más vulnerables, sin discriminación de ningún tipo. Las infraestructuras de salud deben estar al alcance de todos, y cualquier pago debe estar basado en el principio de equidad para que las familias más pobres no soporten una carga desproporcionada de los gastos relacionados con la salud.

Los estados deben garantizar que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información sobre la salud, en equilibrio con la confidencialidad de la información médica.

Aceptabilidad . Las infraestructuras de salud deben ser respetuosas con la ética médica y la cultura de los individuos y las comunidades, así como prestar atención a los requisitos de géneros y relativos al ciclo de la vida.

Calidad . Las infraestructuras de salud deben ser científica y médicamente apropiadas y de buena calidad. Entre otras cosas, esto requiere la provisión de medicinas y equipos necesarios, profesionales médicos formados y el acceso a agua y saneamiento. 2

Por otra parte, la riqueza y biodiversidad de nuestro país ha permitido el desarrollo de la medicina alternativa. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el número de plantas medicinales registradas, con 4 mil 500. Al menos el 1 por ciento de toda la herbolaria mundial se ha usado para desarrollar todos los medicamentos en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de la medicina alternativa, terapias tradicionales y sus beneficios. Está demostrado que hay plantas medicinales muy efectivas contra afecciones graves y crónicas.

Como parte de esta área, las propiedades medicinales del cannabis y sus componentes han sido tema de investigación durante décadas. La llamada cannabis medicinal es un término usado para los derivados de la planta cannabis sativa que se utilizan para aliviar síntomas graves y crónicos, esta especie contiene muchos compuestos activos, de los cuales dos han sido de interés para fines médicos: el THC (delta-9 tetrahidrocannabinol) y el CBD (cannabidiol).

Con base en diversos estudios y atendiendo diversas propuestas sustentadas desde la sociedad civil, en diciembre de 2016 la Cámara de Diputados aprobó el uso terapéutico de la cannabis, eliminándose la prohibición y penalización de su uso medicinal.

Desde la perspectiva de la sociedad médico científica las reformas legislativas constituyeron un avance que permite explorar el potencial médico de las moléculas del cannabis, no obstante aún quedan pendientes para darles plena vigencia y se incentive la investigación y uso terapéutico.

Entre las patologías que, de acuerdo con diversos estudios pueden ser tratadas con el cannabis están: el glaucoma, artritis reumatoide, el alzheimer, asma, cáncer, dolores crónicos de difícil control, enfermedad de Crohn, epilepsia, esclerosis múltiple, insomnio y parkinson.

Al respecto es importante mencionar la incidencia de las enfermedades referidas:

Según la OMS el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo, pero la primera causa de ceguera irreversible, con una prevalencia de 1.5 por ciento de la población mundial. De acuerdo con noticias de salud en México, se estima que existen 50 mil personas con ceguera a consecuencia de glaucoma. 1.3 por ciento de la población la padece, aunque casi 50 por ciento lo ignora. Generalmente afecta a personas mayores de 40 años, aunque existe un tipo de glaucoma congénito.3

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se calcula que en México, más de 1 millón de personas padece artritis reumatoide y tres de cada cuatro personas que la presentan son mujeres.4

La enfermedad de Alzheimer (EA), es el tipo de demencia más frecuente y actualmente se conoce que existe una prevalencia de 7.3 por ciento y una incidencia de 27.3 (1000 personas/año) de la población adulta mayor mexicana.5

Se estima que el asma afecta a 300 millones de personas a nivel mundial, mientras que en México la prevalencia oscila entre 5 y 12 por ciento de la población.

La magnitud de los efectos del cáncer en la salud del país no es muy diferente al panorama mundial, pues es la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Además, de acuerdo con cálculos de organismos internacionales, los cánceres de mama, de próstata, cervicouterino, colorrectal y de pulmón son los más recurrentes en la población en general en ambos sexos.

Para los hombres, los cánceres más mortales son de próstata, de pulmón, colorrectal, de hígado y gástrico, en ese orden; mientras que para las mujeres son el de seno, cervicouterino, de hígado, colorrectal y ovario, en ese orden.

Estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que en México, en el 2015, por cada 100 mil habitantes, el cáncer de próstata ocasionó la muerte de 13 varones, en tanto que el de mama provocó 11 decesos de mujeres.

Actualmente México no cuenta con una estadística oficial de personas afectadas con colitis ulcerativa (CUCI) o Crohn; se tiene una estimación de acuerdo con los registros de pacientes de diferentes instituciones de salud que arrojan un aproximado de 160 mil personas con EII en México.

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas no transmisibles más comunes en el mundo; tiene una prevalencia de aproximadamente 70 millones de personas [1]. En México, la epilepsia tiene una prevalencia de 10,8-20 casos por 1.000 habitantes, es decir, el 1,08-2 por ciento de la población total.6

En México aumenta la incidencia de esclerosis múltiple. Existen de 15 a 18 casos de esclerosis múltiple (EM) por cada 100 mil habitantes; es decir, hay más de 20 mil casos en todo el país.7

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018-19 incluyó la medición de sintomatología depresiva en adolescentes de 10 a 19 años y adultos de 20 años y más. La depresión y la sintomatología depresiva, que incluye tristeza, ansiedad, falta de energía, y trastornos del sueño, afecta negativamente las vidas de los adolescentes y adultos, de sus hijos e hijas y de sus familias. Los trastornos del sueño son una serie de alteraciones relacionadas con el proceso de dormir y que se pueden presentar tanto en las etapas de inicio, de mantenimiento, como durante el ciclo sueño-vigilia.8

De los trastornos de sueño, hay al menos dos problemas que se presentan como los más comunes: el insomnio y la apnea. En 2016, 1 de cada 5 mexicanos padecía insomnio esta condición, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

No existen cifras exactas de pacientes de Parkinson en México. Sin embargo, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía estima una prevalencia de 50 casos nuevos por cada 100 mil habitantes al año. A nivel mundial, se calcula que cuatro o cinco millones de personas mayores de 50 años puedan padecer esta enfermedad.

Es entonces que, en lo que a los tratamientos con el cannabis respecta, en el ámbito del derecho comparado, Estados Unidos de América (EUA) fue unos de los primeros países en introducir el uso médico del cannabis a partir de varios refrendos por iniciativa ciudadana, con el objeto de legalizar el uso médico del cannabis, a finales de 1990. Años después, a principios del año 2000, los tribunales canadienses requirieron al gobierno federal que desarrollara una estrategia nacional para el uso médico del cannabis y algunos productos derivados.

Por su parte, la Unión Europea creó un sistema de aprobación y supervisión médica, limitando el uso médico a un grupo restringido de enfermedades y a preparados de cannabis que puedan utilizar los pacientes, en varios países, los medicamentos que contienen cannabinoides están disponibles a través de diversos programas bajo supervisión médica que permiten a los pacientes acceder a medicamentos que no cuentan con una autorización de comercialización formal.

En Alemania, a partir de reformas publicadas en 2017, se permite prescribir cannabis para cualquier enfermedad potencialmente mortal o que afecte de forma permanente a la calidad de vida del paciente debido a graves problemas de salud. Asimismo, se pueden adquirir con receta medicamentos que contienen nabilona y nabiximol, y pueden ser reembolsados por los sistemas nacionales de salud.

En Israel, a partir de 2016, se aprobaron nuevas normativas encaminadas a mejorar y normalizar la calidad del suministro, la prescripción y la práctica clínica de medicamentos con cannabinoides, considerando el apoyo económico a los pacientes para su adquisición.

En este contexto, cabe recordar los resolutivos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al amparo en revisión 57/2019 sobre la reglamentación del Tetrahidrocannabinol (THC) con fines terapéuticos.

Esta resolución tiene como antecedente el amparo promovido en representación de un adolescente que vive con epilepsia fármaco resistente generalizada de difícil control derivada del síndrome de West, a quien por el incumplimiento de una obligación establecida en el cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en la Ley General de Salud y del Código Penal Federal fue vulnerado su derecho a la salud.

El citado artículo cuarto transitorio, precisa:

“Cuarto. La Secretaría de Salud tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del TETRAHIDROCANNABINOL de los siguiente isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas”.9

El adolescente requiere acceder al tetrahidrocannabinol (THC), componente psicoactivo más importante y abundante en algunas variedades de la planta de cannabis, para su tratamiento médico y poder mejorar su calidad de vida. La falta de una regulación adecuada del uso terapéutico de THC obstaculiza el desarrollo e implementación de estudios médicos bajo controles clínicos, lo cual impide a los pacientes tener acceso a los medicamentos y los constriñe a recurrir a otros medios y productos de manufactura desconocida.

La sentencia también apremia a las instancias de salud federal a brindar el tratamiento médico integral que requiere el demandante y así garantizar su estado de bienestar general con el consumo de estas sustancias para fines médicos, pues al tratarse de un derecho esencial interrelacionado a la efectividad de otros derechos y a su bienestar y desarrollo integral, trasciende a la calidad de vida del niño.

Este caso ha permitido la visibilización de muchos otros, en los cuales pacientes requieren acceder a productos derivados del cannabis que contribuyan a mejorar su calidad de vida y condiciones de salud. También ha evidenciado la necesidad de fortalecer la investigación del uso terapéutico del cannabis desde la vertiente estricta de salud pública.

Al respecto, es importante tener presente que quienes padecen una enfermedad crónica, o sus familiares, buscarán y harán uso de todos los medios posibles encaminados a recuperar la salud o mejorar la calidad de vida de sus enfermos, destinando en muchos casos todos sus recursos económicos, por lo que requieren y deben tener el apoyo de las instituciones de salud.

Así, ante un marco legal limitado en cuanto al uso terapéutico del cannabis, ¿qué opciones tienen las y los pacientes o sus familiares?: 1. Auto cultivo con fines terapéuticos, corriendo riesgos penales por la siembra, cultivo y cosecha, transportación y transformación. 2. Adquisición de productos en línea sin ninguna regulación. 3. Mercado de Importación sin ser alternativas médicas reales. 4. Productos de Importación Grado Farmacéutico, inaccesibles para muchas familias, toda vez que sus precios fluctúan entre los 18 mil hasta los 28 mil pesos.

Por los razonamientos expresados, es importante exhortar a las autoridades de salud y recordar que si bien el Covid-19 ha demandado de esfuerzos adicionales para reducir sus efectos, existen muchos otros padecimientos y enfermedades que afectan a miles de mexicanos, los cuales deben atenderse de manera inmediata, toda vez que de no brindarse la atención integral en materia de salud, atendiendo a las necesidades de la población, así como los estándares dispuestos por la OMS, los efectos del Covid-19 podrían multiplicarse afectando a muchas más familias mexicanas.

No se trata de descuidar el frente de cuidado respecto al Covid, si no tener las capacidades para atender la salud de muchos pacientes, fortalecer la investigación en salud y hacer uso de todos los recursos posibles, como lo es el uso terapéutico de derivados farmacológicos del cannabis.

Se tiene presente que en sesión de fecha 10 de marzo de 2021 se aprobó con modificaciones la minuta que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, así como reformas a la Ley General de Salud, cuya aprobación se encuentra pendiente en el Senado de la República, no obstante, en cuanto al uso terapéutico del cannabis, requiere de una reglamentación que promueva e incentive su investigación y facilite el acceso gratuito o accesible para pacientes que lo requieran.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar, a efecto de:

Primero. Promover el estudio y análisis sobre las posibles aportaciones medicinales de derivados farmacológicos del cannabis, en colaboración con centros de investigación especializados.

Segundo. Identificar y garantizar la atención inmediata a pacientes que se encuentran en tratamiento con derivados farmacológicos del cannabis.

Tercero. Implementar a la brevedad posible un programa integral de suministro, supervisado, sobre los tratamientos que existen con derivados farmacológicos del cannabis.

Notas

1 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf

2 https://www.escrnet.org/es/derechos/
salud#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20derecho%20a,con%20la%20comunidad%2 0en%20general.

3 https://amiif.org/sector-salud-en-mexico-una-esperanza-para-elglaucoma/
#:~:text=De%20acuerdo%20con%20noticias%20de,un%20tipo%20de%20glaucoma%20cong%C3%A9nito

4 https://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/difusion/tripticos/2017/S emana%2041.pdf

5 http://www.geriatria.salud.gob.mx › Demencia

6 https://www.neurologia.com/articulo/
2018218#:~:text=La%20epilepsia%20es%20una%20de,la%20poblaci%C3%B 3n%20total%20%5B2%5D.

7 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/
2017_375.html#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20aumenta%20la%20incidencia%20de%20esclerosis%20m%
C3%BAltiple&text=En%20M%C3%A9xico%20existen%20de%2015,casos %20en%20todo%20el%20pa%C3%ADs.

8 https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2 018_informe_final.pdf

9 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2021.

Diputados: René Juárez Cisneros, Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura y la SHCP a evitar cualquier reducción presupuestaria del sector cultural en 2021 y respaldar áreas como la Fonoteca Nacional, Educal, el INAH, el INBAL o el Imcine y programas de impulso a las culturas comunitarias, a cargo de la diputada Violeta Mariana Parra García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Violeta Mariana Parra García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a evitar cualquier tipo de reducción del presupuesto asignado al sector cultural durante el Ejercicio Fiscal de 2021; a respaldar áreas como la Fonoteca Nacional, Educal, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), y especialmente los programas de impulso a las culturas comunitarias, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Los derechos culturales constituyen una vertiente muy relevante de los derechos humanos. El acceso a la cultura, el pleno y libre goce de los bienes culturales, así como la identidad cultural de los pueblos y las personas, son derechos fundamentales reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en el sistema jurídico mexicano. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce que, “con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.” En el artículo 3 de dicho pacto internacional, se establece que los estados parte se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres condiciones de igualdad para gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales.1

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ha hecho un ejercicio de puntualización a los estados respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho de las personas a participar en la vida cultural. Dicho comité señala que los derechos culturales deben garantizarse a partir de las siguientes condiciones:

“Disponibilidad. Los bienes y servicios culturales deben estar disponibles para que todos puedan disfrutar y beneficiarse de ellos, incluidas las instituciones y los eventos (como bibliotecas, museos, teatros, cines y estadios deportivos), los espacios abiertos compartidos y los bienes culturales intangibles (tales como los idiomas, las costumbres, las creencias y la historia).

Accesibilidad. El acceso a la cultura consiste en cuatro elementos clave: la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad de la información. Los estados deben asegurar que todas las personas tengan oportunidades concretas, eficaces y asequibles para disfrutar de la cultura sin discriminación. Este acceso debe extenderse a las zonas rurales y urbanas, con especial atención a las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas en situación de pobreza.

Aceptabilidad. En relación con las medidas para hacer realidad los derechos culturales, los estados deberían mantener consultas con las personas y comunidades involucradas para asegurar que estas aceptan las medidas para proteger la diversidad cultural.

Adaptabilidad. Los estados deben adoptar un enfoque flexible a los derechos culturales y respetar la diversidad cultural de los individuos y las comunidades.

Idoneidad. La realización de los derechos culturales debe ser adecuada en el contexto pertinente, con especial atención por parte de los Estados a los valores culturales relacionados con, entre otras cosas, los alimentos y su consumo, el uso del agua, la provisión de servicios de salud y educación, y el diseño y construcción de viviendas”.2

Para efectos de la presente proposición con punto de acuerdo, cabe resaltar que diversos instrumentos y mecanismos internacionales reconocen los derechos culturales y establecen obligaciones específicas que deben llevar a cabo los estados, de tal forma que garantice el acceso a la cultura y al ejercicio efectivo de los derechos culturales.

Segunda. Los derechos culturales juegan un papel determinante en el pleno desarrollo, la libertad y la autonomía de las personas. La capacidad real de acceso a bienes culturales, a generar y difundir cultura, a conocer y preservar otras culturas, es una necesidad incuestionable de todo ser humano; y es indispensable en la construcción de una democracia incluyente, diversa e igualitaria. Por ello, es pertinente mencionar las principales referencias constitucionales y legales en la materia existentes en México.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, en el décimo segundo párrafo del artículo 4o., que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

La principal legislación en la materia es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que establece, en el artículo 2, que su objeto consiste en garantizar las siguientes acciones:

• Reconocer los derechos culturales de las personas que habitan el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

• Establecer los mecanismos de acceso y participación de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales.

• Promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país en todas sus manifestaciones y expresiones.

• Garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural.

• Promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales.

• Entre otras.

Cabe señalar que en el artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, se precisa que las manifestaciones culturales que se tutelan en la propia ley y a las que se refiere el citado párrafo constitucional, “son los elementos materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa.”

De este modo, podemos afirmar que el sistema jurídico mexicano reconoce los derechos culturales y establece obligaciones al Estado para garantizar esos derechos y proveer los medios necesarios a fin de que las personas accedan a los bienes culturales.

Tercera. Uno de los principales instrumentos del Estado para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales, es el presupuesto asignado a las diversas dependencias públicas y programas culturales impulsados por los tres órdenes de gobierno. Cabe señalar que artículo 5 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, habla de la existencia de una política cultural del Estado. Ahí se dice que esa política cultural “deberá contener acciones para promover la cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales incluidos, el conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país, mediante el establecimiento de acciones que permitan vincular al sector cultural con el sector educativo, turístico, de desarrollo social, del medio ambiente, económico y demás sectores de la sociedad.” Es evidente que, para hacer realidad la política cultural del Estado es indispensable, entre otros elementos, contar con el presupuesto suficiente.

Cuarta. El presupuesto federal asignado a la cultura siempre es insuficiente para lograr los objetivos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la cultura; además, en muy pocas ocasiones el presupuesto asignado a la cultura recibe incrementos significativos de un ejercicio fiscal a otro, por el contrario, lo más común es que ese presupuesto se reduzca. Podemos ver como ejemplo el presupuesto cultural para el 2021.

Diversas notas periodísticas especializadas en el tema de la cultura, destacaron en su momento que el presupuesto cultural para el Ejercicio Fiscal 2021 presenta recortes presupuestales a casi todas las dependencias y recintos federales, en relación con el Ejercicio Fiscal 2020. Una nota del 30 de diciembre de 2020 en el periódico La Jornada, detalla importantes recortes presupuestales a instituciones emblemáticas del ámbito cultural, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). Contadas áreas de la Secretaría de Cultura recibirán más presupuesto en 2021, como lo son Comunicación Social y la Subsecretaría de Desarrollo Cultural. Cabe resaltar que ésta Subsecretaría ejercerá más de 3 mil 626 millones de pesos, monto que representa casi el doble de lo que se le asignó en 2020.3

De hecho, si vemos montos globales, el Ramo 48 Cultura se incrementó en 467 millones de pesos para 2021 respecto al 2020, alcanzando poco más de 13 mil millones de pesos. Sin embargo, ese incremento obedece sustancialmente al proyecto de remodelación de Chapultepec en la Ciudad de México; ese proyecto lo implementará precisamente la antes mencionada Subsecretaría de Desarrollo Cultural.4 Por lo tanto el incremento al Ramo 48 Cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, realmente no implica un aumento en los recursos asignados a programas e instituciones culturales, sino que se trata de la asignación de recursos millonarios a un proyecto único, localizado en la capital de la República.

Esta situación pone en serio riesgo la continuidad de una gran cantidad de programas y acciones culturales, sobre todo aquellas que tienen que ver con el impulso de las culturas comunitarias en las regiones, barrios, localidades y municipios del país. También significa el debilitamiento de instituciones culturales de gran relevancia, como lo es la Fonoteca Nacional, cuyo presupuesto se redujo en un 20 por ciento para el Ejercicio 2021. El caso de la Fonoteca es importante porque ilustra las precariedades del sector cultural, al grado de que en esta institución se están llevando a cabo recortes de personal debido al recorte presupuestal que enfrenta. El propio director de la Fonoteca Nacional señala que la situación es sumamente difícil no sólo en la Fonoteca, sino en todo el sector cultural; este funcionario expresa que la Fonoteca vive una gran incertidumbre porque no sabe si este año recibirá apoyos adicionales para conservar su plantilla laboral y contratar más personal, como se hacía en otros años. Cabe señalar que el recorte a la Fonoteca Nacional es solo de 2 millones de pesos, cantidad mínima que demuestra que en el gobierno federal se desprecia lo concerniente al sector cultural.5

La misma nota de La Jornada , precisa que el programa de librerías Educal “sufrirá un recorte drástico, al pasar de 53.2 millones de pesos a 36.7 millones, al igual que la Dirección General de Vinculación Cultural, que ejerció 709 millones de pesos y ahora sólo tendrá 97.6. No se ha informado si será cancelado el programa Cultura Comunitaria, anunciado como la iniciativa estelar de esa área en años anteriores y al que presuntamente se le destinaron 400 millones de pesos en su primer año de operación. La Dirección General de Promoción y Festivales Culturales tuvo 89.3 millones en 2020 y el próximo año ejercerá sólo 67.7 millones”.6

Es evidente que los recortes al presupuesto asignado a la cultura en México para el año 2021, afecta áreas especialmente sensibles, situación que vulnera los derechos culturales de las personas, toda vez que hacen muy complicado o dificultan el acceso a la cultura o el apoyo y la difusión de las obras culturales, sobre todo en el ámbito de las culturas comunitarias.

Quinta. Las reducciones presupuestales aprobadas a partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de un Ejercicio Fiscal a otro, no son la única forma en que se afecta al sector cultural. También ocurren recortes presupuestales de emergencia, que se aplican sobre los presupuestos aprobados. Esto sucede cuando los ingresos públicos no alcanzan los montos proyectados y se tiene que recortar el gasto público. Tradicionalmente, el sector cultural es de los que sufren esos recortes de emergencia.

En este tenor, es pertinente señalar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha informado que a finales de 2021 se tendrán mayores ingresos presupuestales por 174 mil millones de pesos, lo cual permitirá sostener el gasto público establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2021, así como solventar los gastos relacionados con la persistencia de la pandemia de Covid-19 y el lento avance en el proceso de vacunación. Sin embargo, una nota periodística de El Financiero registra que diversos especialistas en finanzas públicas consideran que, debido a que la economía no se ha recuperado en la medida que esperaba el gobierno federal, difícilmente se logrará la meta de 174 mil millones de pesos esperada por Hacienda, sino 140 mil o máximo 150 mil millones de pesos. Esta situación, incrementa significativamente la posibilidad de que el gobierno federal recurra a la aplicación de recortes presupuestales como consecuencia de la mencionada reducción de ingresos públicos.7

Por lo tanto, es preciso blindar el presupuesto cultural ante el riesgo de que las condiciones económicas del país y la eventual reducción de los ingresos públicos obliguen al gobierno federal a implementar recortes al gasto público.

En función de lo anteriormente expuesto, se plante a esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a evitar cualquier tipo de reducción del presupuesto asignado al sector cultural durante el Ejercicio Fiscal de 2021.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a brindar apoyo a dependencias y programas culturales a cargo del gobierno federal, a fin de evitar el cese de personal, la cancelación de programas y la asfixia presupuestal en áreas como la Fonoteca Nacional, Educal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Mexicano de Cinematografía, y especialmente los programas de impulso a las culturas comunitarias.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que, en coordinación con las entidades federativas, brinde los apoyos necesarios a los organismos y programas culturales de los estados y los municipios, a fin de que puedan cumplir con sus compromisos y ampliar su cobertura para garantizar el acceso a la cultura y los derechos culturales.

Notas

1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consultado el 3 de abril de 2021, disponible en

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESC R.aspx

2 Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, consultado el 30 de marzo de 2021, disponible en https://www.escr-net.org/es/derechos/culturales

3 “Despidos en el sector cultural por recorte al presupuesto 2021”, consultado el 4 de abril de 2021, disponible en https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/30/cultura/despidos-en-el-sect or-cultural-por-recorte-al-presupuesto-2021/

4 Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 48 Cultura para el ejercicio fiscal 2021, consultado el 8 de abril de 2021, disponible en http://www.dof.gob.mx /nota_detalle.php?codigo=5608338& fecha=21/12/2020

5 “Despidos en el sector cultural por recorte al presupuesto 2021”, consultado el 4 de abril de 2021, disponible en https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/30/cultura/despidos-en-el-sect or-cultural-por-recorte-al-presupuesto-2021/

6 Ibíd.

7 “Analistas avizoran riesgo de recortes al presupuesto”, consultado el 9 de abril de 2021, disponible en https://graficos.elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-f inanciero.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2021.

Diputada Violeta Mariana Parra García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a fortalecer la estrategia de seguridad de candidatos a puestos políticos, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme avanza la jornada electoral en México, la violencia se ha ido haciendo presente en el proceso, la cual ha cobrado la vida de muchos candidatos que buscaban un lugar en estas elecciones.

139 políticos y funcionarios sin militancia han sido asesinados desde que comenzó el proceso electoral el pasado 7 de septiembre de 2020.

Según el Indicador de Violencia Política en México (IVP) de la consultora Etellekt, se han registrado 238 agresiones contra personas políticas, de las cuales 61 han sido asesinatos.

El caso más reciente es el de Ivonne Gallegos Carreño, candidata del PAN a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca.

La candidata fue asesinada en un ataque a balazos en Santo Tomás Jalieza el sábado 20 de marzo sin que se sepa más información al respecto.1

Al menos en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Chihuahua y Chiapas se han reportado los asesinatos de algunos candidatos y candidatas.2

En Chihuahua el 5 de marzo, el precandidato del PRI por la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y abogado de dos presuntos sicarios que participaron en la masacre de Bavispe, Sonora, Yuriel Armando González Lara, fue asesinado.

Se informó que al momento de la aprehensión de los dos sujetos pertenecientes a la organización delictiva La Línea, se encontraban acompañados del candidato del PRI, quien en ese entonces se encontraba al frente de la dirigencia municipal de dicho partido.

En Chiapas Pedro Gutiérrez, precandidato de Morena a alcalde del municipio de Chilón, Chiapas, fue asesinado el 17 de marzo cuando viajaba en una camioneta con su hijo, su esposa y una persona más hacia la cabecera municipal.

La esposa del hombre, que no reveló su nombre, explicó que se dirigían a la cabecera municipal cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados, que les dispararon en el crucero de Suyalá; una de las balas impactó al precandidato.3

Entonces, de acuerdo con el IVP, de los políticos asesinados, 18 aspiraban a puestos de elección en Veracruz (7), Guerrero (4), Quintana Roo (2), Guanajuato (1), Chihuahua (1), Chiapas (1), Jalisco (1) y Oaxaca (1). De estos candidatos, 15 eran hombres y tres mujeres.

Respecto a su afiliación política, 13 de los asesinados pertenecían al PRI, 10 a Morena, 9 al PRD, 8 al PAN, 6 al PVEM y 4 a Movimiento Ciudadano.

Los 11 restantes estaban afiliados a otros partidos políticos nacionales y locales.

Del total de personas asesinadas, 78 corresponden funcionarios sin militancia o aspiraciones políticas que perdieron la vida en atentados, como el caso de un capacitador del INE en Fresnillo, Zacatecas.

4

El mayor número de estos casos ocurrieron en los estados de Zacatecas, Guerrero, Morelos y Sinaloa.

De los 139 asesinatos de políticos y funcionarios sin militancia o aspiraciones, el 12% ocurrió en Veracruz.

Los estados que le siguen son Guerrero, Morelos, Guanajuato, Zacatecas, el Estado de México y Oaxaca.

En consecuencia, el gobierno federal anunció el 4 de marzo una estrategia de seguridad para los candidatos y aspirantes a algún puesto político.

Por ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que instalará mesas de trabajo con los tres niveles de gobierno.

Esto será especialmente en los municipios, donde los actores políticos de esas zonas suelen ser los más vulnerables.

También habrá acciones de blindaje y protocolos territorializados para la protección de los candidatos y aspirantes.

En las mesas de trabajo también participarán los partidos políticos, con el fin de compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco.

En casos específicos, se pedirá a los gobiernos estatales garantizar las medidas de protección a personas candidatas amenazadas.

Las acciones concretas son:

• Reforzar la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo, con presencia de las fuerzas de seguridad.

• Brindar atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección.

• Coadyuvar en la protección y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes, tanto locales como federales.

• Establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, de incidencia delictiva y riesgos para el proceso electoral.

• Evaluar semanalmente el avance de la estrategia y presentar un informe en el Gabinete, y detectar las zonas en las que se necesita más apoyo.5

A pesar de estas acciones desde el anuncio de esta estrategia, asesinaron a seis aspirantes a alcaldías en los siguientes municipios:

• La Perla, Veracruz.

• Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

• Isla Mujeres, Quintana Roo.

• Casimiro Castillo, Jalisco.

• Chilón, Chiapas.

• Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

En las elecciones de 2021, que se realizarán el 6 de junio, se elegirán más de 21 mil cargos. Entre estos, 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de mil 900 presidencias municipales, mil 63 cargos en congresos locales y más de 17 mil entre regidurías, sindicaturas y concejales.

Con el propósito de proteger a los candidatos a más de 21 mil cargos se propone exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que fortalezca la estrategia de seguridad para los candidatos y aspirantes a algún puesto político pues a partir de su implementación sigue habiendo homicidios de candidatos a un cargo político.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que fortalezca la estrategia de seguridad para los candidatos y aspirantes a algún puesto político pues a partir de su implementación sigue habiendo homicidios de candidatos a un cargo político.

Notas

1 https://www.animalpolitico.com/2021/03/politicos-funcionarios-asesinado s-proceso-electoral/

2 https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/candidatos-politicos-a sesinados-mexico-elecciones-2021

3 https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/candidatos-politicos-a sesinados-mexico-elecciones-2021

4 https://www.animalpolitico.com/2021/03/politicos-funcionarios-asesinado s-proceso-electoral/

5 https://www.animalpolitico.com/2021/03/asi-sera-la-estrategia-federal-p ara-proteger-a-candidatos-rumbo-a-elecciones-2021/

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de abril de 2021.

Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública de QR a implantar acciones, políticas públicas, protocolos, capacitaciones y evaluaciones dirigidos a identificar y prevenir el uso innecesario, desproporcionado y sin razonabilidad de la fuerza por elementos de seguridad pública y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracción I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este órgano legislativo, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La violencia contra las mujeres es un problema cuyas causas responden a diversos factores como la cultura, la religión, la educación, la ideología y la desvalorización social de la mujer que ha atentado contra su integridad, libertad y dignidad. La violencia contra las mujeres ha aumentado en todos los ámbitos y en sus distintas modalidades, motivando el surgimiento y la progresividad de normas jurídicas internacionales y nacionales que buscan garantizar la transversalización de la perspectiva de género para tutelar el derecho fundamental de toda mujer a vivir libremente sin violencia.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, define la violencia contra las mujeres como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, tienen la obligación de expedir las normas legales y tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

Sin embargo, es posible advertir que dicho precepto no se materializa en la práctica. De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se registraron en México 943 presuntas víctimas de feminicidio y 2,871 presuntas víctimas mujeres de homicidios dolosos. Asimismo, refiere que de enero a diciembre de 2020, 942 mujeres fueron víctimas de feminicidio y 2,783 presuntas víctimas mujeres de homicidios dolosos.

El Estado no ha podido garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ya que persisten patrones, conductas misóginas y prácticas institucionales regresivas, violan los derechos humanos y en múltiples ocasiones culminan en la muerte violenta de mujeres. Es decir, mucha de la violencia contra las mujeres proviene de las propias instituciones encargadas de procurar seguridad y justicia.

Al respecto, recientemente Quintana Roo ha llamado la atención de la opinión pública por eventos en los que elementos de la policía municipal ha usado de forma innecesaria, desproporcionada y sin razonabilidad la fuerza pública contra mujeres. Lo anterior, en total desapego a las disposiciones de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.

En noviembre de 2020, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) condenó enérgicamente el actuar de los cuerpos policiacos en Cancún, Quintana Roo, durante una manifestación de colectivas feministas realizada el 9 de noviembre de 2020, en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Asimismo, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones en contra de la violencia de género y el feminicidio de la joven Bianca Alejandra Lorenzana Alvarado.1

La FMOPDH manifestó que la detonación de armas de fuego para dispersar a personas manifestantes, así como las agresiones contra ellas, expresan un desapego a los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad, y un incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte de la policía. Por lo anterior, llamó a apresurar las medidas necesarias para la eliminación de la violencia estructural en contra de las mujeres.

En días pasados, nuevamente en Quintana Roo, elementos de la corporación policial del municipio de Tulum causaron la muerte de Victoria Salazar, una mujer salvadoreña de 36 años que se encontraba refugiada en México con sus dos hijas, debido a la brutalidad en el uso excesivo de la fuerza con la que fue sometida.

En un comunicado el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se informó que después de cumplir con el protocolo médico legal y la práctica de la necropsia a la víctima, “concluyeron que se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida de la víctima.”2

La Fiscalía expresó en dicho comunicado “que estas lesiones son compatibles y coinciden con las maniobras aplicadas al momento de su detención y antes de fallecer. La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración con rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la ley nacional sobre el uso de la fuerza”.

Según una nota periodística de BBC News relata, en relación a las hijas de Victoria Salazar, que la madre de la víctima manifestó que “una de las niñas ya está en custodia del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia). La otra no, porque dice que ella siente temor por la policía, no sé si ha quedado con un trauma o qué, pero ella piensa que la policía le puede hacer algo”.3

La Comisión Nacional de Derechos Humanos “acordó la radicación de oficio y atracción del caso de una mujer, de nacionalidad salvadoreña, que murió al ser sometida por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, Quintana Roo”. Asimismo, el Organismo Autónomo reiteró “que la violencia contra las mujeres se desarrolla en un marco de impunidad social, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarles una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos.”4

Estos lamentables hechos se suman a la alarmante cifra de casos que ocurren en todo el territorio nacional, en los que lamentablemente culminaron con la forma más extrema de violencia contra las mujeres y que la mayoría de las ocasiones quedan en la impunidad. La ausencia de protocolos, capacitación y controles con perspectiva de género en las corporaciones de seguridad pública, así como su debida implementación, han provocado que los cuerpos de seguridad actúen de manera empírica y repitan una y otra vez patrones de conducta que vulneran los derechos humanos de las personas.

El excesivo uso de la fuerza por parte de corporaciones policiacas en situaciones que no lo ameritan es consecuencia de esta falta de acciones, políticas públicas, presupuestos, profesionalización, protocolos y evaluaciones que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos.

De acuerdo con la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, en el uso de la fuerza el principio de Proporcionalidad refiere que el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Es necesario mencionar, que la Ley establece que el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos y los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza deberán atender a la perspectiva de género.

Sin duda alguna, el empleo de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad pública es necesario para enfrentar situaciones en las cuales la única opción es repeler una agresión real, actual e inminente en defensa de su integridad física o de otras personas, siempre y cuando se realice cuando sea estrictamente necesario y en la proporcionalidad que amerita la situación.

En 2019, la mayoría de los municipios de Quintana Roo firmaron con el Gobierno del Estado el “Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad Pública y Tránsito” con el objeto de establecer las bases de la concurrencia en materia de seguridad pública, policía preventiva, policía turística y tránsito, mediante los mecanismos de coordinación y colaboración administrativa con la finalidad de sumar esfuerzos institucionales en un mando único concurrente para mantener la armonía social, el estado de derecho y la paz pública. Dicho convenio crea el Mando Único Policial definido como el Mando Único Concurrente en materia de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito, que ejerce el C. Gobernador del Estado de Quintana Roo, a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

Ante este escenario, es necesario que las autoridades realicen cambios operativos para garantizar que el actuar de los elementos de las corporaciones policiacas se realice en total apego a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez, ética en el servicio público, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. En virtud de lo anterior, las autoridades deben reconocer y atender de manera urgente esta problemática, a fin de mejorar las condiciones de seguridad de la población.

Por lo anterior, propongo la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al gobernador constitucional del estado de Quintana Roo y a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública, para que implemente con carácter de urgente, acciones, políticas públicas, protocolos, capacitaciones y evaluaciones necesarios para identificar y prevenir el uso innecesario, desproporcionado y sin razonabilidad de la fuerza por parte de los elementos de seguridad pública y se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Notas

1 https://federacionombudsperson.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/Pronun ciamiento-FMOPDH-10-nov-20.pdf

2 https://www.fgeqroo.gob.mx/portal/comunicado/831

3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56584525

4 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-03/COM_2021 _080.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2021.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de la Unión a formar una comisión para revisar la CPEUM y, de ser pertinente, aplicar una reforma integral o crear otra, a cargo del diputado Julián Peña Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Julián Peña Hidalgo integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Consideraciones

El México moderno, nuestro país actual inicia con la guerra de independencia, hecho que se ha registrado en la historia de nuestro México, como la primera transformación y que da inicio al moderno Estado Mexicano.

Después de mas de 300 años de dominación, periodo mucho mayor del tiempo que tenemos como joven País, finalmente se da inicio en 1810 con la lucha por la independencia de la corona Española, acontecimiento del que partimos para ser considerado como el inicio de nuestro actual país, nuestro actual Estado Mexicano.

De un breve recuento a los documentos constitucionales que han tenido vigencia en el estado mexicano, podríamos mencionar que desde la Constitución de Cádiz hasta la liberal de 1857 existió una norma fundante ausente de garantizar la igualdad, ya que la lucha se centró básicamente en la libertad.

Este enfoque provocaría una participación censataria, limitando a la gran mayoría de las personas de acceder al efectivo ejercicio de sus derechos, lo cual vendría aparejado al derecho de normas procesas que permitirían vigilar la supremacía de la Constitución, como por ejemplo el juicio de amparo.

Ahora bien, sería hasta las leyes de reforma, a finales de 1859, cuando el estado mexicano se convertiría en un verdadero estado moderno al separar a la Iglesia del estado. Es decir, a dos años de aprobada la constitución de 1857 se gestó una transformación que sobrepasó al constituyente y sería hasta de 1917 en la que se establecería el contenido de las mencionadas leyes se establecería en la constitución.

Como es del dominio público, la constitución de 1917 es producto de una convocatoria a una reforma de la de 1857, de hecho, se pueden ubicar textos que se incluyeron en la nueva constitución de manera muy similar a la que le antecedió.

Así, aunque en la doctrina se discute la naturaleza de la constitución de 1917, en específico si es una diversa de la de 1857 o es simplemente una adecuación, en la realidad probablemente no exista una fecha exacta, pero debemos considerar que su innovación se debe declarar desde el momento en que su texto se incrementó de manera considerable y se fueron suscitando las aproximadamente 700 reformas que han modificado su texto, en sus más de 104 años de vigencia.

Así, tanto el lapso en que ha tenido vigencia, 104 años, como las modificaciones y adiciones han producido un contenido muchas veces incoherente y falto de sentido, sobre todo mezclando un lenguaje que es diverso por el solo transcurso del tiempo, lo cual provoca un cambio en el sentido de su contenido, obligando a la interpretación que en México corresponde en última instancia al Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, el significado de la Constitución queda en manos de unos pocos, es decir, jueces, magistrados y ministros, mas la sociedad en general queda desprovista de seguridad jurídica al requerir ser interpretada por un ente lejano a ella por su propia naturaleza, pero lamentablemente después de una cadena litigiosa en la que se está en riesgo de perder sus derechos.

Es fácil comprobar que la realizarse una reforma constitucional, con un leguaje correspondiente al momento en que se emite, se introduce dentro de un sistema que se encuentra armonizado el texto modificatorio, sin embargo, la experiencia nos ha enseñado no se trata sólo de cuidar la correspondencia entre los artículos en los que aparentemente impacta la modificación, ya que en muchas ocasiones, con motivo de su aplicación se ven relacionados diversos artículos que no se tenía idea de ser alcanzados por dicha reforma.

Por tanto, la naturaleza del texto constitucional y por ende las consecuencias de sus modificaciones han venido construyendo un contenido que se ve lejano a la sociedad.

Ahora bien, después de luchar en las urnas y obtener un triunfo electoral de manera pacifica, se esta iniciando una transformación de la vida publica de nuestro país, que requiere de la fundamentación en nuestra carta magna, por lo que es necesario realizar una revisión exhaustiva e integral por el congreso del unión tomando la participación de la sociedad, y lograr un documento constitucional acorde a los tiempo de transformación que vivimos.

Crear un proyecto de Nación desde la base, desde la Constitución, una nueva, no parchada, que incluya a la sociedad en su confección, democrática, con reconocimiento pleno y amplio de los derechos humanos, acorde a los tiempos globales que vivimos.

La presente propuesta tiene por objetivo establecer el texto constitucional para el Pueblo. Este objetivo se traducirá en dos aspectos fundamentales para el estado democrático al que aspiramos.

Por una parte, el lenguaje que se debe establecer es de uso común, con una redacción clara y comprensible por cada una de las personas en nuestro territorio, de tal forma que el contenido de los derechos humanos y las facultades de las autoridades, de tal forma que la sociedad en general estará consciente de la exigencia de sus derechos y de las obligaciones que tienen las autoridades.

El segundo aspecto, como consecuencia del anterior, se refiere a la formación de una cultura política más amplia en la sociedad, al contar con un documento coherente y accesible por cuanto hace a su contenido, por ende aumentará el interés por las participar en las cuestiones públicas por parte de la sociedad, ya que le será posible contar con un documento establecido para la sociedad, y ello permitirá que se puedan valorar y, en su caso, criticar las acciones de las autoridades, permitiendo un dialogo entre sociedad y representantes.

Por tanto, es necesario contar con una norma constitucional cercana al pueblo, ya que su primer destinatario es el propio pueblo, debe contar con una claridad gramatical, accesible a la comprensión cotidiana sin mayor necesidad de especialización, coherente en todos sus ámbitos, no sólo en la sistematización normativa, si no en el contenido democratizador al que aspiramos los mexicanos.

Consecuentemente, resulta imperante revisar el texto constitucional, e iniciar esta labor por parte de una comisión encargada específicamente para ello, de tal forma que se lleve a cabo de una manera ordenada, a fin de lograr resultados concretos, dando lugar a un nuevo texto constitucional, con las características aquí planteadas.

A manera de conclusión, se puede afirmar que existe la imperiosa necesidad de llevar a cabo la revisión propuesta, a fin de garantizar el derecho de seguridad jurídica para todo el pueblo, fortaleciendo nuestra cultura política, que permita una mejor y mayor participación social en los asuntos públicos, que no sólo corresponden a los políticos, los asuntos públicos nos conciernen a todos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Congreso de la Unión a crear una comisión para la revisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente de 1917 y de ser pertinente realizar una reforma integral o crear una nueva, acorde a los tiempos modernos que se viven.

Ciudad de México, a 14 de abril de 2021.

Diputado Julián Peña Hidalgo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a hacer pública la información detallada sobre la procedencia y el gasto de los recursos destinados a mitigar los incendios registrados en territorio nacional, y los resultados del Fonden en 2021, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María de los Ángeles Ayala Díaz, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 1999 se creó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), establecido como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales.

Originalmente se estableció como un programa integrado en el ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996 y se hizo operacional en 1999, cuando se emitieron sus primeras reglas de operación.

En la actualidad, el Fonden es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones y autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil; los instrumentos que lo integran son

• El Fondo para la Atención de Emergencias; y

• El Programa Fondo de Desastres Naturales.

Este último se encuentra establecido en el ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”, cuya operación se sujeta a lo establecido en el “acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fonden”, en los Lineamientos de Operación Específicos del Fonden y demás disposiciones normativas aplicables.1 Para 2020 se instituyeron 3 mil 800 millones de pesos al Fonden, uno de los 109 fideicomisos eliminados por la nueva administración.

Si bien para 2021 no se extinguió el Fonden para atender emergencias, contingencias y fenómenos de la naturaleza, como los incendios en las sierras de Coahuila y Nuevo León, sí se extinguió el fideicomiso de dicho fondo.

Para finales de 2020, según el reporte correspondiente a los fideicomisos públicos, incluido en el informe de las finanzas públicas al cuarto trimestre del año pasado, los recursos remanentes en el Fonden ascendían a 27 mil 602.2 millones de pesos, y esos recursos regresarían al gobierno federal al extinguirse dicho fideicomiso.2

A partir de 2021 es más complejo que los estados obtengan recursos para subsanar los inconvenientes relacionados con desastres naturales, puesto que desde el 1 de enero del mismo año dejó de concurrir el Fondo para la Atención de Emergencias.

Además del Fonden, hay el Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Fopreden), dedicado a la “prevención” de desastres naturales, que sigue operando normalmente, y para 2021 les fueron asignados 8 mil 727.3 millones de pesos, y 200 millones de pesos, respectivamente, asignados en el ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”.

En este contexto y con las nuevas disposiciones en materia de fideicomisos, si existiese subejercicio por estados y municipios o no se devenga en el gasto referentes al Fonden y el Fopreden, dichos recursos quedan inhabilitados, y si se hubieran transferido a las unidades administrativas, éstas deben restituir los fondos a la Tesorería de la Federación.

Actualmente, el Fonden es un instrumento Interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Al 4 de abril de 2021, la Conafor registraba 57 incendios activos en 15 estados; lamentablemente, 12 se encuentran en zonas naturales protegidas. Tan sólo en Santiago, Nuevo León, el fuego ha consumido más de 18 mil hectáreas; en Oaxaca han sido afectadas cerca de 9 mil hectáreas.

Y todos estos incendios han sido provocados por el cambio climático, los descuidos humanos, la falta de reforestación, las escasas lluvias y el menoscabo de atención inmediata; y lo más lamentable es que la temporada de calor apenas comienza.

Desgraciadamente el Congreso de la Unión decidió desaparecer este fondo sin sustituir por otro mecanismo que dé el mismo grado de certidumbre, simplemente concentrando los recursos en la Secretaría de Hacienda y dejando obviamente a la Secretaría de Gobernación por conducto del organismo de protección civil la discrecionalidad de estos recursos.3

En la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil,4 avalada con 348 a favor y 66 en contra en lo general y en lo particular, si bien este nuevo ordenamiento falta que sea aprobado en la Cámara de Senadores, se advierte que hace responsables a las entidades federativas de establecer programas de gestión del riesgo de desastres y protección civil, a fin de atender amenazas, emergencias y desastres de origen natural, así como prevenir y reducir riesgos que ocurran en su jurisdicción.

De la misma manera, deberán considerar la capacitación, equipamiento y sistematización de protección civil en las entidades.

Es decir, que con la nueva legislación que se encuentra en proceso legislativo, la federación establece candados estrictos para la solicitud y operación de recursos y los Estados están obligados a crear programas sociales para prevenir y atender los desastres naturales.

El 10 de marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció como un gran logro la emisión de cuatro bonos catastróficos, porque permiten proveer cobertura contra sismos de diferentes magnitudes y ciclones tropicales tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Dichos bonos catastróficos, o cat bond, fueron emitidos en marzo del año pasado por el gobierno mexicano a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, a un plazo de 4 años y un monto total de 485 millones de dólares.

¿Qué relación tienen con el Fonden dichos bonos? El problema ahora para el BIRF y para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que en los contratos firmados se establece que, en caso de un desastre natural, los recursos se depositarán en el Fonden.

Esta disposición prevista en el contrato, al Banco Mundial le garantizaba que al ser un fideicomiso tiene o tenía reglas muy claras de operación sobre el uso de los recursos, supervisión y auditoría iniciando con las declaratorias de emergencia y de desastre, y una fuente garantizada de fondeo en el presupuesto.

La pregunta obligada al respecto es: ¿cómo garantizará el gobierno federal el uso transparente de los recursos que tengan que ser depositados en el Fonden en caso de desastre natural? Además, hay que tener presente que se trata de bonos que vencen en 2024.

Por todo lo anterior someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer pública y a detalle la información sobre los recursos destinados para mitigar los incendios presentados en el territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer pública y a detalle la información sobre los resultados que han dado el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales durante el ejercicio fiscal de 2021.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar la posibilidad de modificar las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, con objeto de que, en el caso de subejercicio, los fondos sean depositados en un fideicomiso para casos de emergencia como los suscitados por incendios u otras causas naturales fortuitas.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer pública toda la información actualizada sobre la estrategia instaurada para el uso transparente de los recursos relacionados con los bonos catastróficos.

Notas

1 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/201 7_0015_a.pdf

2 https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/03/31/
marco-perez-valtier-sigue-operando-el-fondo-de-desastres-naturales/

3 https://lavozdgo.com/2021/01/08/lamentable-que-ya-desaparecio-el-fonden -este-2021-sgg/

4 https://www.forbes.com.mx/politica-diputados-aprueban-ley-sustituir-fon den-fropreden/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2021.

Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a garantizar ante el próximo regreso a clases que las escuelas guarden buenas condiciones y aseguren los servicios básicos como el agua potable para salvaguardar la seguridad y salud de alumnos, profesores y comunidad escolar en general, a cargo de la diputada Lily Fabiola de la Rosa Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Lily Fabiola de la Rosa Cortes, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La pandemia del coronavirus Covid-19 ha causado una afectación sin precedente en la educación a escala global, en perjuicio de millones de estudiantes y maestros de todos los niveles, desde prescolar hasta educación superior. Existe consenso entre los especialistas, en que esta situación ha retrasado el cumplimento de los objetivos internacionales en la materia, afectando, sobre todo, a los sectores más pobres de la población.

Los impactos negativos se han generado por el cierre prácticamente universal de las escuelas, así como por la recesión económica propiciada por la puesta en marcha de las medidas de control para hacer frente a la pandemia, esencialmente.

Las consecuencias saltan a la vista. El Banco Mundial ha enfatizado que si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar tales efectos, el cierre de escuelas provocará pérdidas de aprendizajes, aumento de la deserción escolar y mayor desigualdad, y la crisis económica –que afectará a los hogares– agravará el daño debido a la reducción de la oferta y demanda educativa. Estos dos impactos tendrán, en conjunto, un costo a largo plazo sobre el capital humano y el bienestar, concluye.1

Para poner en perspectiva el tema, cabe mencionar que según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ”El precio del cierre de las escuelas (que en el momento álgido de los confinamientos por la pandemia afectó a 90 por ciento de los estudiantes en todo el mundo y privó de acceso a la educación a distancia a más de una tercera parte de los niños en edad escolar) ha sido devastador (...) Se prevé que el número de niños y niñas que no van a la escuela aumente en 24 millones, un nivel que no se había registrado en años y contra el que hemos luchado intensamente”.2

En América Latina, la pandemia ocasionó el cierre temporal de miles de colegios, afectando a 160 millones de estudiantes, conforme con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).3

México no es ajeno a los afectos adversos de esta problemática. A más de un año de la llegada de la pandemia a nuestro país y el consiguiente cierre de las escuelas, la educación se ha visto seriamente afectada. A partir del 20 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció del cierre de las escuelas a nivel nacional y, por ende, la suspensión de clases presenciales, con el objetivo de controlar los contagios entre la población escolar.

Para dimensionar la magnitud de este fenómeno, es importante referir que el Sistema Educativo Nacional es uno de los más grandes y complejos del mundo. En el ciclo escolar 2019-2020, contaba con una matrícula de 36 millones 518 mil 712 alumnos, que eran atendidos por 2 millones 74 mil 171 docentes, en un total de 262 mil 805 escuelas.4

Sin duda, una de las consecuencias tangibles del confinamiento, es el abandono de los planteles educativos, lo que ha provocado un importante deterioro en su infraestructura general, incluyendo, por supuesto, la provisión de los servicios básicos como electricidad y agua potable.

Éste representa un componente fundamental en el propósito de avanzar hacia la calidad de la educación. Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que la calidad de la infraestructura escolar podría ser una de las causas del nivel de aprendizaje de los estudiantes. En su estudio Infraestructura escolar y aprendizajes en la educación básica latinoamericana indica que existe una relación entre la infraestructura educativa y el aprendizaje y rendimiento de niños y jóvenes. Los alumnos que estudian en establecimientos educativos con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados por asistir a clase que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios básicos y atractivos adicionales.5

En este mismo tenor, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), señala que la infraestructura educativa es un componente clave del Sistema Educativo Nacional y factor fundamental para el desarrollo de las comunidades escolares: directores, docentes, estudiantes y padres de familia.

En suma, la evidencia disponible permite concluir que la infraestructura escolar influye positivamente en la motivación de los estudiantes, en la mejora de sus prácticas de higiene y su salud, incrementa su sensación de seguridad y sus niveles de asistencia, lo que en conjunto repercute en su logro académico. Asimismo, las buenas condiciones escolares fortalecen la satisfacción laboral de maestros y directores y propician el desarrollo de mejores procesos de enseñanza-aprendizaje.6

Diferentes medios periodísticos han dado a conocer que muchas escuelas del país, sobre todo, de educación básica, han sufrido daños y están en malas condiciones. No obstante, no se cuenta con información pública oficial que posibilite contar con un panorama sobre el estado real en el que se encuentran los planteles. En suma, no hay estadísticas, ni acciones concretas para la atención de esta grave problemática, la cual, impacta a millones de alumnos y maestros.

En este contexto, los secretarios de Educación y de Salud, han evaluado las distintas acciones que emprenderán para favorecer un retorno seguro a clases presenciales, principalmente, en aquellos estados con semáforo epidemiológico en color verde.

La decisión de regresar a las aulas no es asunto menor, toda vez que reabrir las escuelas demasiado pronto implicaría poner en riesgo la salud de los alumnos, profesores y de la población en general, pero mantenerlas cerradas demasiado tiempo, en contraparte, implica graves afectaciones, vinculadas con la pérdida de aprendizajes y de habilidades socioemocionales, deterioro de condiciones alimentarias, aumento de abandono escolar, pérdida de personal educativo y una profundización de la desigualdad de oportunidades educativas de los estudiantes.

En tal virtud, resulta primordial establecer las condiciones para un regreso seguro a clases en el país, sin embargo, según México Evalúa, la infraestructura de las escuelas no garantiza las medidas básicas de higiene y de sana distancia. Asegurar el lavado de manos es un reto para al menos 20 por ciento de los planteles de educación básica donde no hay acceso a agua potable. A eso hay que añadir 32 por ciento de las escuelas, donde el acceso a este servicio sólo está disponible un par días a la semana, y 23 por ciento, donde sí tienen agua para el lavado de manos, pero se encuentra en ambos u otro tipo de contenedor, con los riesgos sanitarios que eso implica. A eso sumémosle la disponibilidad de jabón y gel antibacterial, y demás requerimientos sanitarios que suelen ser escasos en las aulas. Además, se requerirán materiales adicionales para desinfectar al inicio y de manera periódica los planteles de todos los niveles educativos que constituyen el sistema educativo nacional.7

De igual manera, destaca que garantizar las condiciones de sanidad para el regreso a clases está sujeto a una severa restricción presupuestal. Va a costar mucho dinero acondicionar las escuelas para cumplir los protocolos de salud y atender las necesidades de personal docente, directivo y/o de salud, para el regreso a la escuela de los más de 36 millones de estudiantes. Programas como La Escuela es Nuestra apenas cubre 13 por ciento de las escuelas de educación básica de todo el país, y los programas que podrían apoyar en este momento, como Escuelas de Tiempo Completo, Capacitación Docente, apoyo a aprendizajes y habilidades socioemocionales y otros tres programas para mantenimiento de infraestructura, han venido enfrentando en los últimos dos años severos recortes y representan menos de 5 por ciento del presupuesto educativo.

Frente a este escenario, cabe preguntar ¿En qué condiciones se encuentran la mayoría de las escuelas del país? ¿Cuántas cuentan con condiciones adecuadas para garantizar un regreso seguro a clases? ¿Qué acciones concretas implementará el gobierno federal para atender los requerimientos de las escuelas? ¿Cuánto presupuesto se destinará para tal fin y de dónde se obtendrán los recursos? Es información de primera relevancia que la sociedad mexicana necesita conocer.

Por ello, son importantes las experiencias de otros países que ya iniciaron el regreso a clases como Dinamarca, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, China, Alemania, Israel y Vietnam, entre otros, que arrojan aspectos interesantes que se deben considerar, entre los que sobresalen los siguientes: debe existir una estrecha colaboración entre los actores del sistema educativo y de salud, para brindar confianza a las familias; asegurar primero que las tasas de transmisión de las enfermedades sean manejables; es prioritario salvaguardar la seguridad y salud de los estudiantes y de toda la población escolar; y la “Operación retorno” tiene que realizarse de manera gradual, mientras se monitorea la epidemia de manera más cuidadosa, entre otros.

La seguridad y salud de las niñas y niños debe colocarse en el centro de discusión de las políticas post pandemia, ya que exponerlos sin las condiciones adecuadas para el regreso a clases es también exponer a sus familias y los maestros y a toda la comunidad escolar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, ante el próximo regreso a clases, garantice que todas las escuelas del país se encuentren en buenas condiciones y aseguren los servicios básicos como el agua potable, a fin de salvaguardar la seguridad y salud de los alumnos, maestros y la comunidad escolar en general.

Notas

1 https://www.bancomundial.org/es/topic/education/publication/
the-covid19-pandemic-shocks-to-education-and-policy-responses#:~:text=Si%20no%20se%20realizan%20esfuerzos,
la%20oferta%20y%20demanda%20educativa.

2 https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-no-pueden-permitirse -otro-ano-sin-escuela

3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54097136

4 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/
principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf

5 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Infraestructura_escolar_y_
aprendizajes_en_la_educaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_latinoamericana_Un_an%C3%A1lisis_a_partir_del_SERCE.pdf

6 https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/documento5-infraestr uctura.pdf

7 https://www.mexicoevalua.org/breve-manual-para-ejecutar-un-regreso-resp onsable-a-las-aulas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2021.

Diputada Lily Fabiola de la Rosa Cortes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a reclasificar las tarifas domésticas en las zonas veracruzanas donde las temperaturas superen 33 grados Celsius, conforme al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Barradas, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María de Jesús Aguirre Barradas, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El suministro de energía eléctrica es un servicio esencial para el desarrollo de una vida digna. Lo anterior implica que dicho servicio debe ser garantizado, así como en calidad y continuidad,1 así lo ha confirmado la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En la misma línea de ideas, la ONU ha dado a conocer que a nivel mundial el 13% de la población carece de este servicio.

Cabe mencionar que, en la actualidad, el uso generalizado de componentes eléctricos tanto en la industria, así como en lo domestico, ha dado lugar a depender del servicio eléctrico y del suministro del mismo.

En México, el suministro eléctrico es vital para los diversos sectores, en especial para uso doméstico e industrial, sin embargo, los precios son una variable de costo sumamente relevante, ya que la variación del costo por suministro eléctrico puede verse reflejado en el precio final de los productos y servicios.

Ahora bien, cada año, especialmente en temporada de calor, en diversas regiones del país aumenta el uso de aparatos domésticos que generan aire acondicionado y/o refrigeración; con ellos, las familias se ven obligadas a consumir más energía eléctrica, que al final del día se ve reflejado en el costo de su facturación por dicho servicio. Esto ha causado un problema para las familias que viven dentro de estas zonas, particularmente en Tabasco, quienes desde 1944 han visto mermado sus bolsillos tan solo para solventar los pagos de la facturación eléctrica.

Con fecha 14 de mayo de 2019, la situación cambio para tabasco, toda vez que el Gobernador de dicho estado, anunció públicamente que se había logrado un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para cancelar los adeudos históricos de 11 mil millones de pesos2 que la ciudadanía en conjunto adeudaba. Por otra parte, se le otorgo al estado la tarifa más baja en cuanto a pago de luz, pues quedo con 1F, que, de acuerdo con el Sistema Eléctrico Nacional es la tarifa más baja para un consumidor.

Hay que señalar que, para que dicho acuerdo se llevará acabo, varios académicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, realizaron durante varios años diversos estudios climatológicos que demostraban que la temperatura media en Tabasco, superaba los 34.6 grados centígrados. Con base a ese argumento, se canalizo la información a las autoridades correspondientes en la materia, para lograr que la CFE reclasificará la tarifa para el pago en el servicio de suministro de energía eléctrica, toda vez que la CFE tenia registrado un tabulador de pago con referencia a los 24 grados centígrados,3 lo cual no era congruente.

La tarifa 1F, aplica a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, que no superen el rango de consumo tabulado con lo establecido en la tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo .4 Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.

Ahora bien, en Veracruz existen diversos municipios en los cuales la población se ha visto sometida por los altos costos en la facturación eléctrica, en algunos casos los costos se han visto a tales excesos que algunos negocios como: Zapaterías, restaurantes, pastelerías, talleres, antojerías, etcétera, se han visto en la necesidad de cerrar y, por otro lado, han ocasionado el malestar de los ciudadanos al manifestar su inconformidad ante tal abuso en los precios de suministro eléctrico.

Los habitantes de los diversos municipios han expresado que, durante la temporada de calor, es cuando más se ve necesario utilizar el suministro eléctrico para alimentar aquellos aparatos que producen aire acondicionado toda vez que necesitan tener algunos productos a temperaturas bajas.

Otros habitantes inconformes han señalado que no cuentan con el sustento económico para adquirir un aparato que regule el clima dentro de sus hogares, pero que aun sin contar con estos aparatos, la tarifa por el suministro eléctrico que se les factura es muy alto. Sumado a la ola de inconformes por los altos costos en el cobro de suministro de electricidad, han argumentado que el uso de aparatos que producen aire acondicionado no es un lujo, sino una necesidad en estas regiones del país, donde las temperaturas han llegado a superar hasta los 50 grados Celsius.

No solo los ciudadanos están inconformes con dichas tarifas que la CFE tiene tabulado para el suministro de energía eléctrica, sino también el sector privado se ha pronunciado a favor de una reclasificación en el pago de servicio eléctrico, este sector ha exhortado a la Comisión Reguladora de Energía para que analice las variables climatológicas y determine que en verdad es necesario un ajuste en el precio y reclasificar al Estado de Veracruz con la tarifa 1F, y no en la tarifa 1C, como está considerado hoy en día.5

Asimismo, el sector privado ha realizado un comparativo con el estado de Nuevo León, donde argumentan que 84.4% más, derivado que en la Tarifa Gran Demanda en Baja Tensión (GDBT) el primer estado paga por kilowatt 264.12 pesos, mientras que el segundo 487.26.

Con datos de 2019, Veracruz en conjunto con Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Guerrero aportan el 42.6% de la generación eléctrica del país, de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018.

Desde el año pasado, ya se venía impulsando y trabajando sobre este tema, sobre todo por los estragos que ha ocasionado la pandemia por SARS-Cov-2, en la cual diversas autoridades del estado de Veracruz han manifestado a la CFE y al titular del Ejecutivo Federal, la reclasificación en el pago por el servicio eléctrico, ya que al igual como sucedió el Tabasco, se busca que el estado de Veracruz pude ser incluido con la tarifa 1F, ya que las temperaturas en el estado superan los 33 grados durante la mayor parte del año, lo que obliga al uso de aparatos generadores de aire acondicionado.

El beneficio que la CFE ha otorgado al estado de Tabasco es que tienen hasta 5 mil kilovatios de tope máximo con una tarifa de 59 centavos, mientras que los veracruzanos pagan por ese mismo consumo 5.90 pesos, o sea un pago 10 veces superior al monto fijado en Tabasco.

Hasta el momento se han ingresado diversas peticiones a través de diversas organizaciones para solicitar a la CFE y al Presidente de la República para gestionar esta demanda, incluso en la reciente visita del presidente a dicho estado, se le entrego un pliego petitorio que recibió de forma personal, en la cual la población se pronunciaba para que el titular del ejecutivo emitiera alguna solución y reclasificara a Veracruz con la tarifa 1F. hasta el día de hoy no hay respuesta por alguna de las dos partes, lo que ha provocado que la población tenga que seguir pagan el alto costo en el suministro de energía eléctrica.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad, para que reclasifique las tarifas domésticas en el Estado de Veracruz, aplicando la tarifa 1F a los municipios que se encuentran en aquellas zonas, donde las temperaturas superen los 33 grados centígrados, de conformidad con los establecido en el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Notas

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/

2 https://www.forotuxpan.com/tuxpan-merece-mejor-tarifa-de-luz-rcs/

3 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/
universidad-demostro-el-calor-que-hace-en-tabasco-y-cfe-bajo-tarifas-322628.html#.YHSiKx9KjIU

4 https://asesoria.juridicas.unam.mx/preguntas/pregunta/37-Que-tipo-de-tarifas-de-energia
-electrica-existen#:~:text=La%20tarifa%201F%20aplica%20a,o%20vivienda%2C%20en%20localidades%20cuya

5 https://dices.mx/es-neta/encajan-a-veracruz-tarifas-de-luz/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril del 2021.

Diputada María de Jesús Aguirre Barradas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar y la Semarnat a incrementar el programa Sembrando Vidas y generar uno nacional de reforestación contra la actual deforestación, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Barradas, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María de Jesús Aguirre Barradas, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo. No hay una estimación exacta, pero se calcula que la tasa de deforestación a nivel nacional podría ser de hasta 1.98 millones de hectáreas por año. Esto debería importarnos porque significa al menos tres cosas graves: mayor contaminación, mayor desigualdad social y menos biodiversidad.1

Los bosques representan una fuente de alimentos, medicinas y combustible para más de mil millones de personas, entre las que están las de mayor pobreza, y son un arma central de toda la población para combatir el cambio climático y proteger los suelos y el agua.

Sin embargo, en 2019 el informe de evaluación global sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) advirtió que un millón de especies están en peligro de extinción, más que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad, gran parte por la deforestación que acaba con sus ecosistemas y su hábitat por los cambios de uso de la tierra. Eso también es causa de la degradación de la tierra, la erosión del suelo, la disminución del agua limpia y la liberación de carbono a la atmósfera.2

En otras palabras, la cadena de producción que se necesita para satisfacer nuestros cada vez más acelerados hábitos de consumo es el mayor riesgo para el planeta y, por lo tanto, nosotros mismos.

De acuerdo con el reporte “El Estado de los bosques” de 2018 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se prevé que la población mundial aumente a 10 000 millones en 2050, lo que traerá una mayor demanda mundial de alimentos.3

Entre los territorios más afectados están aquellos que tienen extensas regiones cubiertas de bosques tropicales, principalmente la rica zona del sureste de México, una especie de cuerno de la abundancia de recursos naturales: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco.

La gula global por monocultivos también ha impactado en el territorio mexicano, la culpa de la destrucción de los bosques no la tienen los campesinos que cultivan pequeñas hectáreas para la subsistencia o el comercio agrícola local, sino grandes compañías que explotan enormes áreas con sorgo, caña de azúcar, soja o palma africana. A estas empresas la selva les estorba. En Campeche grandes zonas han sido completamente limpiadas para sembrar sorgo.

Las autoridades tienen que lograr que sea más rentable conservar los bosques que tirarlos, ya sea incentivando la reforestación, facilitando acceso a los mercados para quienes quieren explotar el bosque de forma sostenible, reduciendo los procesos burocráticos, pero también aumentando los castigos y las multas para quienes explotan de forma ilegal los recursos naturales. De no tomarse estas medidas las consecuencias pueden ser irremediables para la flora y la fauna de este país.

Los bosques y selvas juegan un papel de gran importancia no solo para la diversidad biológica de ecosistemas; estas grandes extensiones de terreno funcionan a su vez como un gran regulador de temperatura del planeta ya que tienen la capacidad natural para fijar y absorber el dióxido de carbono (CO2), un Gas de Efecto Invernadero (GEI) generado por diferentes actividades del hombre como los procesos industriales, el uso indiscriminado de combustibles fósiles (petróleo, gas y sus derivados como la gasolina), la perdida y quema de los bosques y selvas, entre otros.

Al aumento de la temperatura del planeta se la ha llamado Cambio Climático y para su mitigación se han establecido acuerdos e iniciativas a nivel mundial, abanderados por los gobiernos y los diferentes sectores de la sociedad. Este frente se compone de metas a mediano y largo plazo y actúa desde el ámbito legislativo, de investigación y de difusión de prácticas dirigidas a reducir el impacto de la actividad del ser humano.

El 8 de octubre de 2018 fue presentado por nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador el Programa de Sembrando Vidas, que contribuye a revertir la pobreza rural y la degradación ambiental, propiciar el relevo generacional en el campo y el arraigo a la tierra, restaurar el sentido comunitario y recomponer el tejido social en el ámbito rural, así como para reactivar la economía local.

Después diversas acciones impulsadas por la Secretaría de Bienestar, actualmente el programa se aplica en 20 entidades del país y ha generado más de 424 mil empleos permanentes de campesinas y campesinos.

Los árboles frutales y maderables se han producido desde cero, por lo que en este rubro ha sido fundamental la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como diversas entidades federativas y las propias Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) con sus viveros comunitarios que se han organizado para participar.

Para hacer realidad la inclusión financiera, fomentar la cultura del ahorro y darle valor agregado a la producción de las futuras cosechas, cada sembradora y sembrador inscrito en el programa recibe pagos de cinco mil pesos mensuales, de los cuales cada mes destina 500 pesos a un ahorro programado.

Este ahorro es administrado por las propias sembradoras y sembradores, quienes podrán disponer de sus beneficios a partir del tercer año del programa, por lo que actualmente están conformando cooperativas para llevar su administración, así como para la futura comercialización de las cosechas.

Adicionalmente, se han creado más de 17 mil Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) conformadas por aproximadamente 25 sembradores y sembradores cada una, con las cuales se recupera el conocimiento tradicional a través del intercambio de experiencias y saberes entre los sujetos de derecho y los técnicos del programa, a la vez que mejoran e incrementan sus cultivos para garantizar su autoconsumo de forma sustentable.

Entre 2022 y 2023, Sembrando Vida entrará en la etapa de consolidación en los componentes social, productivo y de finanzas sociales. El 2024 será el año de la autonomía de Sembrando Vida.4

Dentro de las reglas de operación 2021 del programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2020, se establece que: “Debido a estas condiciones de pobreza, las regiones rurales del país, las cuales cuentan con alto potencial agroalimentario, han sufrido en las últimas décadas un importante proceso de deforestación y sobreexplotación de sus recursos, causando la degradación de los suelos y la modificación negativa de sus microclimas, afectando así el potencial productivo que poseen y generando insuficiencias alimentarias en la propia comunidad, empeorando así las condiciones socioeconómicas de las y los pobladores, quienes se han visto forzados a abandonar sus lugares de origen en busca de empleos en las ciudades o incluso en otros países.”5

Por lo que consideramos que las zonas rurales de México pueden convertirse en un sector estratégico para el desarrollo del campo si se trabaja en incrementar su productividad, bajo un enfoque de sustentabilidad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que allí habitan.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que ha realizado el gobierno, es necesario que se intensifiquen los apoyos al Programa Sembrando Vidas y sobre todo se genere un programa en Coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se agilice la reforestación de las zonas afectadas en nuestro país y de esta forma podamos cumplir con los compromisos internacionales, como parte del Acuerdo de París, entre ellos disminuir sus emisiones contaminantes y llegar a una deforestación cero para el año 2030.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar para que intensifique las medidas de aplicación del Programa Sembrando Vida, para que puedan llegar a más personas y de esta forma se combata la deforestación que existe en nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que establezca un programa de reforestación nacional, que revierta los daños causados por el cambio climático y la deforestación que aqueja a nuestros estados.

Notas

1 https://es.mongabay.com/2020/01/mexico-balance-deudas-ambientales-2019/

2 https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/ipbes.html

3 http://www.fao.org/soils-portal/soil-biodiversity/es

3 https://www.gob.mx/sembrandovida

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/603289/ROPS_Sembrando_Vi da_28dic2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril del 2021

Diputada María de Jesús Aguirre Barradas (rúbrica)