Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a atender los conflictos agrarios entre diversas comunidades de San Martín Peras y Coicoyán de las Flores, Oaxaca; y Tlacoachistlahuaca, Guerrero, a cargo del diputado Javier Manzano Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena

Javier Manzano Salazar, secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

1. A raíz de la invasión española la tierra indígena sufre importantes modificaciones con la puesta en marcha de la Encomienda, primero, y posteriormente con el Repartimiento. Los pueblos indígenas asentados en dichas regiones son despojados de sus territorios, y con grandes esfuerzos mantienen sus inmemoriales posesiones reconocidas a pesar de los procedimientos legales puestos en operación por la legislación española, intentando sustituir los modelos de posesión tradicional.

2. Durante los tres siglos de dominación española, las rebeliones indígenas se suceden por la defensa de su tierra, hasta que el movimiento de Independencia hace renacer la esperanza de redimir las injusticias de los peninsulares que habían venido despojando las tierras comunales de los pueblos indígenas.

3. A pesar de los compromisos de los caudillos insurgentes, la sustitución de la dominación renueva también el mantenimiento de las prácticas de despojo de los nuevos acaparadores de las tierras deseosos de apropiarse de vastas regiones en donde se encontraban las haciendas, tanto de los peninsulares como de las órdenes religiosas.

4. Con la idea de la desamortización de manos muertas en poder de la Iglesia, la equivocación histórica del liberalismo toca, por igual, las propiedades comunales de los pueblos indígenas, con resultados funestos al momento que la dictadura de Díaz fomenta y garantiza el despojo a favor de los nuevos hacendados y de las empresas extranjeras, causando la pobreza de los más desposeídos explotados en las tiendas de raya en donde son enganchados en la vil esclavitud por los sostenedores de la dictadura, es decir, la oligarquía rural.

5. Causa y antecedente de la Revolución Mexicana es la pobreza de los pueblos indígenas, despojados de sus tierras y explotados en sus propias tierras. Como bandera política de la lucha revolucionaria, el reclamo por el reconocimiento de las propiedades comunales son una constante durante el proceso armado, ensayando los diversos gobiernos leyes que atendieron el reclamo, sobre todo con la lucha zapatista enarbolada en el Plan de Ayala. El ala radical de los constituyentes de 1916-1917 redactan y aprueban el artículo 27 de la Carta Magna en donde se establece el marco legal de reconocimiento del problema agrario del país.

6. Sin embargo, no todos los gobiernos se apegaron a este principio constitucional. Si Cárdenas reparte la tierra de algunas grandes haciendas y atiende el territorio del pueblo Yaqui en Sonora, Alemán marcha en sentido contrario introduciendo trampas legales para mantener la gran propiedad, hasta que finalmente Salinas de Gortari garantiza un nuevo despojo de las tierras entregadas por los hombres de la Revolución.

7. Durante el periodo neoliberal la tierra de los pueblos indígenas se adentra a despojos legales. A la par se mantienen viejos conflictos agrarios. Si con la lucha del EZLN se revive el tema de la tierra indígena y se debate la legislación imperante, tanto en el artículo 27 como en el artículo 2 resultado de la reforma constitucional de 2001, a partir de este periodo el gobierno define a los conflictos agrarios como focos rojos para ser atendidos por el aparato gubernamental.

8. En el actual gobierno, de acuerdo con el Programa Estratégico del Registro Agrario Nacional 2021-2024 se mantienen 500 conflictos agrarios, de ellos 80 por ciento es considerado relevante.

9. Los conflictos agrarios que alude el siguiente Punto datan de varios años y las poblaciones se desesperan ante los enfrentamientos armados con los consabidos muertos de ambas partes. Es tal la desesperación que el pasado 26 de febrero se realiza una asamblea general en la comunidad indígena de Ixcuinatoyac, Alcozauca, Guerrero, y 222 ciudadanas y ciudadanos, así como el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, Comisario y Delegado Municipales, piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su intervención en el conflicto de límites territoriales y poder resolverlo para evitar más enfrentamientos armados.

10. Cabe agregar la existencia de minutas firmadas por ambas partes de fechas 31 de enero y 3 de febrero de 2006 con la asistencia de los interesados y de la Comisión Interinstitucional de Conciliación Agraria y los visitadores agrarios de la Procuraduría Agraria de Oaxaca y de Guerrero.

Ante las consecuencias de los enfrentamientos armados en los conflictos agrarios, la Cámara de Diputados se pronuncia, de urgente u obvia resolución, a favor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, en términos del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en apoyo de la petición de la comunidad de Ixcuinatoyac de Alcozauca, Guerrero, a instruir a las dependencias, entidades y comisiones respectivas para que atiendan y solucionen dichos conflictos agrarios que afectan a comunidades indígenas de Oaxaca y Guerrero, reunión de trabajo que deberá ser coordinada por la Secretaría de Gobernación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2021.

Diputado Javier Manzano Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la Ssa, la FGR y la CNDH a instaurar las medidas conducentes a evitar más simulaciones en la aplicación de la vacuna contra el SARS-Cov2 y castigar a los responsables de engañar a la población y pretender violar su derecho humano a la salud, suscrita por los diputados José Elías Lixa Abimerhi, Ismael Sánchez Hernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados José Elías Lixa Abimerhi, Ismael Sánchez Hernández, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, la Secretaría de Salud, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instrumenten las medidas necesarias para evitar la simulación en la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y se castigue a los responsables de la violación al derecho humano a gozar del más alto nivel de salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La incapacidad del gobierno federal para articular e implementar adecuadamente y en tiempo y forma la estrategia de vacunación contra el SARS CoV2 ha originado que, no obstante, la aprobación del uso de emergencia de vacunas en territorio nacional, y la posterior adquisición de las mismas, éstas no se aplican oportunamente.

A más de un año de que se emitiera la declaratoria de emergencia sanitaria en territorio nacional por parte del Consejo de Salubridad General, el saldo ha superado por más de tres veces el escenario catastrófico visualizado y pronosticado como la peor posibilidad por el propio gobierno: ya superan las 205 mil defunciones y la cuenta lamentablemente incrementará más. En contraposición con la pandemia, que continúa rondando sin mayores obstáculos y con una celeridad que todos los días cuesta pérdidas humanas, el “programa de vacunación” iniciado por las autoridades federales anda a penas a vuelta de rueda.

A pesar de que el gobierno federal anunciase en las últimas semanas del año 2020 un plan de vacunación escalonado para todo el país, este claramente no está siendo efectivo en el cumplimiento de las metas propuestas por el propio gobierno; El lento avance en el proceso de vacunación está generando que cuando se anuncia la vacunación en determinada zona geográfica se registren aglomeraciones, sin que los responsables de la vacunación tomen acciones para evitarlas.

Tomando los registros oficiales, cada vez se divisa más lejano el cumplimiento del compromiso hecho por el presidente de la República de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años para finales de marzo y bajo todas las proyecciones resulta ilusorio esperar que se inmunice a dos tercios de la población para agosto del presente año.

Una de las causas del anquilosamiento del plan de vacunación es la postura inflexible del gobierno federal de centralizar la totalidad del proceso de vacunación, restringiendo la participación de los demás órdenes de gobierno. Aunque de manera tardía el 25 de enero pasado, se publicaran lineamientos para empresas y gobiernos locales con las condiciones para la compra de vacunas, lo cierto es que la Secretaría de Salud Federal está en contra de esta alternativa, acusando un supuesto “riesgo de competencia”. Esta postura limita severamente la posibilidad de que se administren vacunas por otros medios, conjuntando esfuerzos con los gobiernos locales y municipales para que, desde sus propios sistemas de salud, se agilice la titánica tarea de conseguir y aplicar más vacunas.

La estrategia de vacunación del gobierno federal ha demostrado consistentemente su inefectividad, pues a la fecha, alrededor de la tercera parte de los trabajadores de la salud del sistema público y del privado, siguen sin ser vacunados, a pesar de que en el propio plan de vacunación se estableciera que serían los trabajadores y trabajadores dedicados al combate de la pandemia quienes deberían haber sido inmunizados en primer término. Las manifestaciones de los médicos, enfermeros, camilleros, dentistas, trabajadores sociales y otros que forman parte de la comunidad médica, son solo un síntoma más de que las vacunas no están siendo distribuidas con suficiente celeridad.

Por otra parte, la priorización en la distribución de las vacunas ha sido instrumentalizada como una herramienta de proselitismo por el gobierno federal, y su aplicación ha seguido una lógica electoral diseñada desde Palacio Nacional. Entre la participación de los autodenominados “siervos de la nación”, agentes proselitistas del partido de mayoría, y el hecho de que las vacunas comienzan a llegar a grandes ciudades al mismo tiempo que arrancan las campañas electorales, está claro que Morena y su gobierno buscan salvar votos, no salvar vidas.

Desde enero, se denunció ante la Fiscalía General que militantes de Morena y los “servidores de la nación” recogían copia de credenciales de elector a adultos mayores para la realización de un padrón, con la promesa de aplicar las vacunas, con un claro objetivo de promocionar a su partido político de cara a las elecciones. El Tribunal Electoral ya se pronunció al respecto señalando las violaciones a la ley y obligando a Morena a sacar las manos del proceso de vacunación.

Ahora bien, a través de videos y otros registros documentales, se ha puesto en evidencia que, durante el desarrollo de la campaña de vacunación nacional, han sucedido casos de simulación por parte del personal encargado de la aplicación de la vacuna, en donde se hace creer al paciente que se le está ministrando la vacuna, cuando en realidad la jeringa con la que se debe hacer la aplicación no contiene dosis alguna. Tal es el caso del video difundido durante la semana pasada en redes sociales, en donde se observa a una mujer a la que le iban a aplicar la vacuna contra Covid-19 en Sonora, pero se ve que la jeringa está vacía y es introducida en el brazo. El propio súper delegado de gobierno federal en la entidad, Jorge Taddei Bringas, reconoció ese hecho.

Es inexcusable y criminal la simulación en la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2, que ha sido documentada y puesta en evidencia a través de los medios de comunicación y redes sociales; y la multiplicidad de dichos acontecimientos han puesto de manifiesto que no se trató de un caso aislado, sino que tal pareciera que se trata de una situación generalizada y deliberada de simulación en su aplicación.

Muchos de los adultos mayores que acuden a la vacunación no tienen la capacidad para distinguir si efectivamente se les aplicó la vacuna, por lo que resulta imposible determinar, con las actuales medidas de verificación, si han existido más casos de simulación en la aplicación de las dosis.

La situación no podría ser de mayor opacidad, a la fecha los contratos de las vacunas son información confidencial, por lo que desconocemos la cantidad real de dosis adquiridas que supuestamente llegaron y llegarán al país. Los reportes que dan en las conferencias mañaneras fácilmente podrían estar llenos de mentiras, ante la total secrecía con la que actúan las autoridades federales.

Por otra parte, resulta inaceptable y negligente la falta de capacidad del personal designado por el gobierno federal para la aplicación de las vacunas: los supuestos “voluntarios” reclutados para apoyar en el proceso operan con total discrecionalidad y sin la acreditación necesaria que los avale como personal capacitado para realizar funciones propias del Sistema Nacional de Salud.

Está claro que desde un inicio el personal sanitario del país fue sustituido por los operadores de campo de Morena, para poder instrumentar una política de vacunación que respondiera a los intereses políticos de ese partido y ocultar los abusos y negligencia que se están cometiendo.

Simular la vacunación de la población es un crimen que viola el derecho humano a la salud, atenta contra el derecho a la vida y constituye un acto en contra de la humanidad. No podemos quedarnos cruzados de brazos ante tal situación, estaremos acudiendo a las instancias de control administrativo y de procuración de justicia correspondientes para que se indaguen los hechos y se establezcan las sanciones a quien corresponda.

Las evidencias de actos de negligencia por parte del personal voluntario en la vacunación, a lo largo del territorio nacional, deben ser notitia criminis de conductas que claramente deben ser del conocimiento de las autoridades punitivas. Dado que la aplicación de las vacunas es un mecanismo directo de garantía del derecho humano de todas las personas mexicanas de disfrutar del más alto nivel de salud posible, es deber del Estado mexicano, no sólo garantizar su adecuada y oportuna aplicación, sino prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de simulación en su aplicación en perjuicio no solo de las personas directamente afectadas, sino de la totalidad de la población que por la falta de inmunización de rebaño continuará sujeta al yugo de esta pandemia.

La conducta criminal de los agentes estatales responsables de la estrategia de vacunación es inaceptable, y se deben investigar con la debida diligencia y de forma inmediata los hechos y sancionar conforme a la ley a los responsables. Ante esta práctica recurrente y dado que el gobierno federal, responsable de la vacunación no ha tomado las medidas que garanticen que estos casos no vuelvan a presentarse, es que demandamos que se tomen las medidas necesarias para evitar la simulación y tanto la Secretaría de Salud, como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, investiguen posibles delitos contra la salud de los mexicanos.

Puntos de Acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo federal para que a través la Secretaría de Salud, instrumente las medidas necesarias para garantizar que no se simule la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a adultos mayores de 60 años e investigue los casos en que dicha situación ocurrió, a fin de proceder administrativa en contra de quien resulte responsable, y en el caso de detectar la comisión de alguna conducta que pudiese constituir delito, la haga del conocimiento inmediato del Ministerio Público federal.

Segundo . La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través la Secretaría de Salud, se instrumenten mecanismos de vigilancia estricta durante el proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2, para que en caso de detectar alguna irregularidad aplique las sanciones correspondientes, y en el caso de detectar la comisión de alguna conducta que pudiese constituir delito, la haga del conocimiento inmediato del Ministerio Público Federal.

Tercero . La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través la Secretaría de Salud, se implemente un canal de recepción de denuncias ciudadanas, destinado a la recepción de quejas y denuncias de abusos e irregularidades en el desarrollo de la campaña nacional de vacunación contra el

SARS-CoV-2, de modo que sea posible su oportuna investigación y sanción por parte de las autoridades competentes.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a investigar con la debida diligencia la posible comisión de delitos contra la salud, por la simulación de la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a adultos mayores de 60 años.

Quinto . La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar violaciones a los derechos humanos de los adultos mayores que hayan sido víctimas de actos de simulación en el proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2021.

Diputados: José Elías Lixa Abimerhi, Ismael Sánchez Hernández (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, la SRE, los delegados federales de los estados fronterizos, los sistemas DIF y la Comisión de Asuntos Migratorios de esta soberanía a fortalecer los programas de atención y cuidado de migrantes centroamericanos y del sur del país asentados en el norte de éste, suscrita por los diputados Guadalupe Janneth Moreno Argüelles y René Juárez Cisneros e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados Janneth Moreno Arguelles y René Juárez Cisneros, así como diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeras diputadas y diputados vengo respetuosamente, a reiterar la urgente necesidad de fortalecer los programas enfocados a la comunidad migrante, tanto la que proviene de Centroamérica como de nuestros hermanos de los estados del sur de la república mexicana, así como de la población deportada por las autoridades norteamericanas, comunidad ampliamente vulnerada y de reiterada violación de sus derechos humanos por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en especial de las instituciones de seguridad pública.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala claramente en su Capítulo 1 referido a Derechos y Garantías, en su artículo 1 último párrafo:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional , el género, la edad, las discapacidades, la condición social , las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas .”1

De igual forma en la Ley General de Migración se establece en su artículo 2:

“Artículo 2 . La política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estrategias para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente ley, se plasman en el reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes .

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígena, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurara? por si? misma la comisión de un delito ni se prejuzgara? la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.

Facilitación de la movilidad internacional de personas , salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades.

Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.

Equidad entre nacionales y extranjeros , como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes , en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.

Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente , como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de las culturas y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.

Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

El Poder Ejecutivo determinara? la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada , tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.”2

De igual forma en su artículo 6:

“Artículo 6 . El Estado mexicano garantizara? a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.

En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes se garantizarán, de manera adicional a lo establecido en el párrafo anterior, los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios.

De igual forma en su artículo 11:

“Artículo 11 . En cualquier caso, independientemente de su situación migratori a, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia , respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

Los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se regirán por los derechos y principios establecidos en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones normativas aplicables en la materia . Previo al inicio de dichos procedimientos, se dará aviso inmediato a la Procuraduría de Protección. En todo momento se observara? el principio de la no privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes por motivos migratorios.”3

De igual forma en su artículo 29:

“Artículo 29 . Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al de la Ciudad de México:

I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieran servicios para su protección;

II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección y los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, independientemente de su nacionalidad y situación migratoria, garantizando el principio de unidad familiar y el cumplimiento de las medidas de protección para la restitución integral de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los artículos 122 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

III. El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional , ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de protección especial;

IV. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad;

V. Coadyuvar con defensores de derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

VI. Establecer convenios de coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales y con las organizaciones de la sociedad civil especializadas para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y

VII. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.”4

Es claro que el Estado mexicano, cuenta con el marco normativo suficiente para impulsar las acciones necesarias y requeridas en materia de migración, en especial siendo el tema migratorio un asunto que requiere estrategias consolidadas de coordinación intergubernamental en sentido transversal por orden de gobierno como entre los distintos órdenes de gobierno.

No obstante, la evidencia y acontecimientos que ha padecido la república mexicana en materia migratoria, demuestra la falta de estos principio de coordinación intergubernamental por orden de gobierno, así como entre las distintas autoridades y órdenes de gobierno, reflejando una grave crisis operativa y de logística que deriva en violaciones constantes de los derechos humanos de la población migrante.

El fenómeno migratorio es complejo y multifactorial, a nivel global se caracteriza por un elemento determinante, que refiere a la búsqueda de mejores condiciones de vida de la población que migra de sus lugares de origen, hacia lugares que ofrecen alternativas y opciones que favorezcan el mejor desarrollo y calidad de vida familiar o individual; las familias e individuos solo dejan sus regiones de origen o familias, a menos que las condiciones de vida que las rodean sean adversas o amenacen su desarrollo, estabilidad e integridad individual o familiar.

Siendo México, un país que tiene como vecino al norte a una potencia global en términos económicos y de desarrollo humano, y con quien comparte 3 mil kilómetros de frontera, nos convertimos como un país expulsor de ciudadanos mexicanos, como de cruce, para migrantes de hermanos latinoamericanos que ven en Estados Unidos, el destino y objetivo de vida.

De acuerdo al “Anuario de migración y remesas” elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), BBVA Research y la Fundación BBVA, de los hermanos latinoamericanos que recibieron la condición de refugiados en nuestro país, del total de salvadoreños el 84 por ciento abandonaron su país por motivos de violencia generalizada e inseguridad, 67 por ciento de hondureños y el 47 por ciento de venezolanos; por extorsión y hostigamiento el 44 por ciento de salvadoreños y 44 por ciento de hondureños y el 16 por ciento de venezolanos.5

Por causas de conflictos internos el 20 por ciento de salvadoreños, 20 por ciento de hondureños y el 45 por ciento de venezolanos; por motivos de persecución política el 1.8 por ciento de salvadoreños, 1.6 de hondureños y el 23 por ciento de venezolanos. Como se puede apreciar el principal motivo para salir de su país, fue la violencia generalizada como la criminalidad.

Este mismo documento establece que nuestro país, es una nación de alta emigración, ya que ocupa el segundo lugar en la escala mundial, con 11.8 millones personas viviendo fuera, se ubica sólo detrás de India, donde 17.5 millones de personas han dejado su país. Otro elemento de importancia en la migración en México lo constituye el tránsito, la población migrante devuelta por autoridades mexicanas a Guatemala, Honduras y El Salvador sumó un total de 86 mil eventos en 2019, 65 por ciento inferior a la presentada en 2015.6

De acuerdo a la División de Población de las Naciones Unidas estimo? que había para el 2019, 11.8 millones de personas mexicanas que vivían en un país distinto a México, de las cuales el 97.4% de ellas residían en Estados Unidos lo que deriva que en que el proceso de deportación y retorno sea mayor el número de casos de ciudadanos mexicanos; En lo que se refiere a la detención de migrantes por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, en el periodo del 2009 al 2018 la cifra de detención ha tenido un comportamiento irregular, para el 2009 del total de personas aprehendidas el 82 por ciento eran mexicanos, 10.8 por ciento centroamericanos y el 7 por ciento de otros países, mientras que para el 2018 el 44 por ciento eran mexicanos, 46 por ciento centroamericanos y 9 por ciento de otros países.

De igual forma el comportamiento de la población retornada por autoridades norteamericanas, indica que en el 2009 el 80.4 de la población retornada era mexicana, el 0.7 por ciento de centroamericanos y el 18.8 de otros países; mientras que para el 2019 el 58.1 centroamericanos, 38.1 por ciento eran mexicanos y el 3.7 por ciento de otros países.7

En lo que respecta a la repatriación de niñas, niños y adolescentes durante el periodo del 2010 al 2020, se ha presentado una tendencia decreciente pues de los 20.4 mil eventos presentados en 2010, 13.7 mil eventos se trató de menores sin acompañamiento y 6.7 mil eventos de menores acompañados; durante el 2020, 5.8 mil eventos de repatriación de los cuales 4.0 mil eventos eran menores no acompañados y 1.8 mil eventos de menores acompañados. No obstante que, a partir del 2017 los eventos de repatriación de menores descendió a 8.9 mil eventos, a partir de ese año la condición de menores sin acompañamiento a ascendido en términos relativos, sin alcanzar los niveles del 2010.

Este flujo migratorio de sur a norte y la aprehensión y deportación de inmigrantes de norte a sur, presenta su mayor problema en los municipios de los estados mexicanos fronterizos a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, que se concentra principalmente la mayor problemática, en los municipios de Matamoros en Tamaulipas, Ciudad Juárez en Chihuahua, como en Tijuana y Mexicali en el Estado de Baja California, municipio donde se realizan los retornos de población aprehendida por autoridades norteamericanas.

Es precisamente en el Estado de Baja California y en especial la frontera Tijuana en Baja California con San Diego en el Estado de California Estados Unidos, que se vive una crisis humanitaria desde el 19 de febrero, que requiere con urgencia sea atendida, el campamento migrante denominado “El Chaparral” en las inmediaciones de la garita fronteriza “El Chaparral”, compuesto por 476 carpas en las cuales habitan cerca de 1,500 personas de distintas nacionalidades, principalmente centroamericanos y donde cerca del 40 por ciento son niñas, niños y adolescentes con las limitaciones de insumos básicos de alimentación e higiene, como de insumos médicos que la crisis sanitaria que atravesamos por el Covid-19 demanda.

Campamento que claramente carece de las condiciones adecuadas para albergar a la población migrante y que da muestra, de la falta de atención y responsabilidad de las autoridades federales para coadyuvar con los gobiernos locales, a quien se les ha dejado toda la responsabilidad, y no obstante las limitaciones de recursos que las autoridades locales presentan, han atendido oportunamente las necesidades más apremiantes que la crisis migratoria exige, pero que demandan con urgencia la implementación de estrategias de solución de las autoridades federales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los delegados federales de los estados fronterizos en el norte del país para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, impulsen el fortalecimiento de los programas de atención y cuidado a la población migrante asentada en los estados fronterizos del norte de México tanto de la comunidad proveniente de Centroamérica como de los estados del sur de la República Mexicana, así como de la comunidad deportada de Estados Unidos, con la coadyuvancia de las autoridades locales; en especial en los municipios de Tijuana, Mexicali, Matamoros y Ciudad Juárez cuyas ciudades atraviesan crisis operativa, de infraestructura y de salud pública, por el incremento de las deportaciones por parte de las autoridades norteamericanas, así como sobre las acciones y los resultados en la atención a la emergencia migratoria en la frontera norte del país.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que a la brevedad considere el envío de un grupo de diputados integrantes de las Comisiones de Asuntos Migratorios y de Asuntos Frontera Norte para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, lleve a cabo una visita física que permita establecer una coordinación con las autoridades locales, en los municipios de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Matamoros, el diagnóstico puntual de la problemática migratoria que experimentan; y de manera prioritaria en el municipio de Tijuana para conocer la problemática del campamento migrante en las inmediaciones de la Garita Fronteriza El Chaparral conformado por 476 carpas y cerca de mil 500 personas de distintas nacionalidades, de las cuales un 40 por ciento son niñas, niños y adolescentes, donde se vive una grave crisis migratoria que requiere atención inmediata de las autoridades federales.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión reformada en el 2020 por la LVXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

2 Ley General de Migración. LVXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

3 Ley General de Migración. LVXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

4 Ley General de Migración. LVXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

5 “Anuario de migración y remesas” elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), BBVA Research y la Fundación BBVA 2020.

6 “Anuario de migración y remesas” elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), BBVA Research y la Fundación BBVA 2020.

7 “Anuario de migración y remesas” elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), BBVA Research y la Fundación BBVA 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 8 de abril de 2021.

Diputados: Janneth Moreno Argüelles (rúbrica), René Juárez Cisneros (rúbrica), Enrique Antonio de Jesús Magadán Villamil, Sergio Armando Sisbeles Alvarado, Miriam del Sol Merino Cuevas, Benito Medina Herrera, Rosa Elia Morales Tijerina, Enrique Ochoa Reza, Fernando Galindo Favela, Soraya Pérez Munguía, Juan José Canúl Pérez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Claudia Pastor Badilla, Laura Barrera Fortoul, María Lucero Saldaña Pérez.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a autoridades de salud federales y estatales a agilizar los censos y trámites para iniciar cuanto antes la vacunación contra el Covid-19 de médicos y personal de salud de hospitales privados y farmacias en unidades que atienden en primera línea a pacientes con el virus, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Ante la pandemia del Covid-19 en el mundo y el proceso de vacunación, la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 ha recomendado a las naciones que el personal que presta servicios para atención médica del virus, sean en primera instancia quienes reciban las primeras dosis de las vacunas, porque entre otras razones, son los primeros en riesgo de exposición directa o indirecta a pacientes o materiales infecciosos. Asimismo, porque vacunar al personal de atención médica protege la capacidad de los servicios de salud y ayuda a evitar mayor propagación.

Esta recomendación alcanza al personal de atención médica que trabaja en diversos entornos de servicios médicos, como centros de atención de pacientes agudos, establecimientos de cuidados a largo plazo, centros de rehabilitación para pacientes ambulatorios, prestadores de servicios médicos a domicilio, clínicas móviles y centros de atención médica ambulatoria como centros de diálisis y consultorios médicos. 2

Sin lugar a duda, esta recomendación ha sido conducida en los países del mundo que han iniciado con el proceso de vacunación, en diversas capacidades y posibilidades.

Derivado en un esfuerzo mundial por contrarrestar las causas provocadas por la pandemia en todos sentidos, en México la estrategia nacional de vacunación contra el Covid-19 inicio el 24 de diciembre de 2020, marcando el gobierno federal3 particularmente la Secretaría de Salud, un método y una programación en la que se determina en primera instancia inmunizar con las primeras dosis de la vacuna recibidas del extranjero, al personal de salud de instituciones públicas que atienden en primera instancia a personas que pueden o presentan el virus.

Esta medida contribuye y atiende a las dictadas por la OMS, no obstante, la medida tomada en México, excluye de la vacunación, que por el momento es exclusiva del sector público, al personal médico que atiende a personas que presentan el virus y son atendidas en instituciones privadas.

Dejando en indefensión al sector de salud en instancias privadas, hoy, a cuatro meses que inició el proceso de vacunación en México, no se observa un plan claro que determine el proceso de vacunación a este sector, que sin duda, es prioritario por la exposición y riesgo en la que se encuentran.

A pesar de que existen pronunciamientos a favor de su vacunación por parte de la Secretaría de Salud, particularmente se han determinado problemas administrativos, como son los censos y registros para saber quiénes y cuántos son, y así hacer una inmunización ordenada.

El subsecretario de Salud, doctor Hugo López-Gatell Ramírez, ha ratificado este argumento en diferentes comunicaciones,4 asimismo que se encuentra en diálogo y coordinación con las organizaciones de hospitales y farmacias para integrar estos censos administrativos, de acuerdo con notas periodísticas existen varios registros por estas asociaciones, como es el de la Asociación Nacional de Farmacias (Anafarmex) y Asociación Nacional de Hospitales Privados, entre otras.5

A pesar de estas acciones, hasta la fecha no hay claridad y un procedimiento para inmunizar de manera ordenada y completa al personal que está en línea directa atendido este virus.

En este sentido se realiza este exhorto, con la finalidad de clarificar y agilizar el procedimiento por parte de la Secretaría de Salud para dar certidumbre al personal y médicos del sector privado que atienden en primera línea a personas que pueden o presentan el virus Covid-19.

Este virus es un gran reto para todos, y por ello se requiere de la coordinación de todas las autoridades de salud de acuerdo a sus atribuciones, con la finalidad de garantizar en este gran reto, el derecho a la salud, en este orden someto a su consideración la siguiente la proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud en el ámbito de sus atribuciones, a agilizar los censos y trámites correspondientes para iniciar a la brevedad la vacunación contra el Covid-19 a médicos y personal de salud de hospitales privados y farmacias que laboran en unidades que atienden en primera línea a pacientes que pueden o presentan el virus.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de salud de los estados y de la Ciudad de México para que en el marco de sus atribuciones colaboren a agilizar los censos y trámites correspondientes para iniciar a la brevedad la vacunación contra el Covid-19 a médicos y personal de salud de hospitales privados y farmacias que laboran en unidades que atienden en primera línea a pacientes que pueden o presentan el virus.

Notas

1 Véase Vacunas e inmunización: ¿qué es la vacunación?

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?adgroupsurvey=
{adgroupsurvey}&gclid=EAIaIQobChMIqMSooJzs7wIVgzizAB2lOQA6EAAYASAAEgIPB_D_BwE

2 Véase La importancia de la vacuna contra el COVID-19 para el personal de salud
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/ hcp.html

3 Sitio oficial https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/

4 Véase tuit

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHLGatell%2Fstatus%2F1352098598704463873&widget=Tweet

5 Véase en Animal Político Nos vacunan con las sobras’: Personal de salud privado denuncia que no hay plan para inmunizarlos https://www.animalpolitico.com/2021/04/
nos-vacunan-con-las-sobras-personal-de-salud-privado-denuncia-que-no-hay-plan-para-inmunizarlos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2021.

Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a evaluar por la Sader la creación de un programa que atienda a los productores pecuarios afectados por desastres naturales como consecuencia del cambio climático y hacer pública la metodología, la cobertura, la implantación y los resultados previstos, a cargo del diputado José Francisco Esquitin Alonso, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, José Francisco Esquitin Alonso, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un factor importante para el sector agropecuario es el agua y un clima apto para la producción, sin embargo, los efectos del cambio climático han ocasionado que los desastres naturales sean de mayor impacto cada año, si bien el tiempo no es algo que se pueda predecir, todos los efectos que actualmente vivimos a causa de la contaminación, sequías y elevadas temperaturas ocasionan que los modos de producción en el sector agropecuario se vean afectados.

El agua y el clima son recursos fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y el desarrollo de las diferentes actividades humanas como la ganadería, sin embargo, los incendios forestales y las sequías traen consecuencias en el ámbito social y económico.

Gráfica 1Superficie afectada por Incendios Forestales (Ha) 2011- 2021(25 de febrero)

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEMARNAT de diferentes años.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en los últimos diez años, en 2011 es en donde resultaron afectadas más de 956 mil hectáreas por incendios forestales, mientras que para 2015 ha sido el año con menos hectáreas afectadas, por otro lado, para el 25 de febrero del año en curso ya se contabilizan cerca de 17 mil 779 hectáreas afectadas.

Atender los efectos de los desastres naturales conlleva a contar con recursos necesarios para atender a la población damnificada y la reconstrucción de la infraestructura y medio ambiente dañado.

Gráfica 2Atención a damnificados (Millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Semarnat, Informes de diferentes años.

De acuerdo con datos de Semarnat hay recursos que se han destinado para atender a las personas damnificadas, por ejemplo, derivado del sismo de 2017, el presupuesto para 2018 alcanzó los 4 mil 144.3 millones de pesos. Además, estos fenómenos generan estragos en la agricultura y la ganadería.

Por otro lado, los incendios forestales y los efectos de las sequías afectan a la economía y a la población, pero principalmente al sector agroalimentario y en particular al pecuario, y de 2019 al 2021 se han presentado los siguientes escenarios para los productores agropecuarios.

2019

• Este año se presentó una sequía prolongada y para el 15 de agosto de 2019, 79.57 por ciento de los municipios se encontraban afectados por la sequía.1

2020

• El 2020 será el año más caluroso del siglo, trayendo consigo principalmente más sequías e incendios forestales.

• El Monitor de Sequía de México, publicado por la Comisión Nacional del Agua, y el Sistema Meteorológico Nacional, informó que, al 30 de septiembre de 2020, una gran proporción del territorio de Chihuahua y entidades aledañas como Durango, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, tuvieron un gran nivel de sequía.

• La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reconoció que no se contrató un seguro catastrófico para 2020.

• Las exportaciones de carne de res bajaron 25.3 por ciento y el valor decreció en 15.4 por ciento.

• Las exportaciones de becerros cayeron 12 por ciento, al sumar 88 mil millones de cabezas.

2021

• Para el mes de marzo la sequía ha afectado a cerca de 80 por ciento del territorio nacional, y el sector ganadero es el más afectado.

• En enero de 2020 se presentaron los siguientes casos:

- Sonora, con cerca de 30 mil hectáreas sin sembrar en el ciclo agrícola y con aproximadamente 170 mil cabezas de ganado muertas y más de 120 mil que se tuvieron que sacrificar, lo cual representa cerca de 20 por ciento de la productividad pecuaria en el estado.2

- En Chihuahua, los efectos de la sequía, ha obligado a los productores ganaderos a tomar medidas que sin duda reducirán el hato ganadero del próximo 2022 para el estado.3

- En Baja California, la falta forraje para alimentar a los animales y la ausencia de abrevaderos provocan una situación muy compleja.

- En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los productores ganaderos se han visto afectados tanto heladas como por las sequías, y de acuerdo con datos del Sistema Meteorológico Nacional se esperan lluvias hasta mayo del presente año.

- En Tabasco, las inundaciones de 2020 afectaron los pastizales y los potreros, y con ello hubo escasez de alimentos para ganado.

- Zacatecas, principalmente el municipio de Sombrerete atraviesa por una de las peores sequías de las décadas recientes, por tercer año consecutivo sin lluvias, que afectan a miles de agricultores y ganaderos; hasta especies silvestres.

- Por otro lado, en el Valle del Mezquital en Hidalgo la sequía y la falta de agua almacenada en las presas ocasionó un retraso de un mes en el periodo de riego y con ello está en riesgo la siembra de 20 mil hectáreas de alfalfa con una pérdida de 480 millones de pesos.

Para 2019 México ocupaba el sexto lugar a nivel mundial en consumo de carne de res, y se ubicaba dentro de los 10 países que concentran 91 por ciento de las exportaciones de ganado bovino.4

Sin embargo, hoy la situación es compleja pues la falta de recursos hídricos, alimentos y el encarecimiento de las materias primas provocan el abandono de los ganaderos de los estados más afectados pues enfrentan dos contextos, una venta rápida en la cual malbaratan su ganado o la muerte de los animales.

Además, no sólo se trata de la pérdida de las cosechas, o el bajo nivel de producción pecuaria, sino la escasez de productos de consumo humano y animal, la disminución industrial, y con ello la reducción del ingreso de las familias.

De tal manera que se han presentado múltiples solicitudes de declaratoria de emergencia durante todo 2020, solicitudes de apoyo de los productores del sector ganadero hacia las instituciones, por mencionar algunas: Sader y la Comisión Nacional dela Agua (Conagua).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es necesario exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a evaluar la viabilidad de desarrollar un programa que se enfoque a atender las urgencias del sector ganadero, derivadas de los efectos negativos del cambio climatológico, de tal manera que presentó a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, evalué la creación de un programa que atienda a los productores pecuarios que se ven afectados por los desastres naturales como consecuencia del cambio climatológico, y que haga públicas la metodología, cobertura, implementación y resultados esperados.

Notas

1 Comisión Nacional del Agua - Servicio Meteorológico Nacional al 15 de septiembre 2019.

2 Datos de Jorge Guzmán Nieves, secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA)

3 El pasado 4 de abril del año en curso en entrevista con Eduardo Prieto Rodríguez presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua

4 Datos del informe 2019 del Consejo Mexicano de la Carne

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril 2021.

Diputado José Francisco Esquitin Alonso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Fiscalía General de QR, la Sectur, la Ssa y la Cofepris a modificar la NOM sobre protección civil en parques acuáticos y desarrollos turísticos similares para fortalecer los reglamentos estatales relativos a su operación y coordinar esfuerzos interinstitucionales dirigidos a garantizar ahí la seguridad, a cargo de la diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Maribel Aguilera Cháirez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes circuló la noticia de la trágica muerte del niño Leonardo Luna como consecuencia de un accidente en el parque acuático Xenses, en Xcaret, Quintana Roo. El menor falleció un día después de ser hospitalizado, tras haber sido succionado por un filtro de agua destapado en una de las atracciones del lugar.

Con motivo del suceso, ocurrido el 27 de marzo, se supo que el parque operaba con una serie de irregularidades: no contaba con equipo médico, no se solicitaron los servicios de emergencia al 911 protección civil. Además, el médico Miguel Ángel Luna Calvo, padre de Leonardo Luna, comentó en entrevista que hubo errores en la investigación, negligencia, y señaló que autoridades le exigieron firmar un perdón para que el cuerpo de su hijo le fuera entregado (Milenio, 2020). En consecuencia, según información del Periódico Excelsior, Luna Calvo prepara una demanda penal en contra del grupo empresarial que administra el parque acuático con el objetivo de evitar situaciones similares.

Pese a que Grupo Xcaret, operadores del parque acuático Xenses, en un comunicado informó que el incidente fue provocado por “un error humano al realizar unos arreglos no autorizados en la zona del accidente”, el padre del menor, Miguel Ángel Luna, explicó que “ese orificio estaba abierto desde octubre, que no le habían puesto la rejilla y que había habido más incidentes previos, pero no fatales, por eso no habían hecho nada” (Excélsior, 2020).

En México la regulación en seguridad para instalaciones acuáticas está contenidas en la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-245-SSA1-2010, Requisitos Sanitarios y Calidad de Agua que deben cumplir las Albercas, su objetivo y campo de aplicación es “establecer las especificaciones sanitarias que deben cumplir las albercas con el propósito de evitar riesgos a la salud de los usuarios [...] la norma es aplicable a todas las albercas de centros vacacionales, clubes deportivos, balnearios, centros de enseñanza, hoteles, moteles, desarrollos turísticos, parques acuáticos o cualquiera que preste un servicio público”, como se establece en el Diario Oficial de la Federación. La norma oficial, sin embargo, hace énfasis en la calidad del agua, pero no se desglosan las especificaciones técnicas para la construcción y mantenimiento de albercas o encauces artificiales de ríos, principalmente aquellas en las que se establezcan condiciones mínimas de seguridad para sus usuarios.

El ayuntamiento de Solidaridad cuenta con el Reglamento de Seguridad, Rescate y Salvamento Acuático del Municipio de Solidaridad que data de 2005, el cual establece en el artículo 13 que “todas las instalaciones que presten servicios turísticos, marinas, escuelas con alberca, clubes deportivos con alberca, propiedades particulares lucrativas o no que cuenten con acceso a playas, clubes de playa, cenotes o lagunas, deberán contar con un programa anual de seguridad, salvamento y rescate acuático”. Asimismo, en el Artículo 16 se menciona que los parques acuáticos y otros desarrollos turísticos similares deberán contar con protocolos de salvamento y rescate acuático, recomendaciones para uso de alberca, playas, lagunas o cenotes, señalización e instalación de torres salvavidas, así como vinculación con servicios médicos.

Las sanciones para los prestadores de servicios turísticos, según dicho reglamento, serán aplicadas por la Secretaría General del Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Protección Civil, autoridades facultadas para imponerlas. Al momento, el secretario General de Gobierno, Héctor Flores, solicitó cooperación con la Fiscalía de Quintana Roo, que ya abrió una carpeta de investigación para indagar en las presuntas irregularidades en el proceso de entrega del cuerpo de Leonardo Luna Guerrero.

Ante estos hechos, considerando el recuento de hechos que llevaron al lamentable accidente que provocó la muerte de Leonardo Luna, solicito a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo continúe con la investigación sobre el incidente. Además, se hace un llamado a las autoridades que participan en la regulación de este tipo de establecimientos a que refuercen y actualicen los reglamentos para la operación de estos atractivos turísticos, de tal suerte que se obligue a sus administradores a dar mantenimiento a sus instalaciones y se endurezcan las sanciones cuando no se cumplan.

Por lo expuesto someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, de la Secretaría de Turismo, de la Secretaria de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a modificar la norma oficial en materia de protección civil de parques acuáticos y otros desarrollos turísticos similares a fin de que se fortalezcan los reglamentos estatales para su operación y se coordinen esfuerzos interinstitucionales para garantizar condiciones de seguridad, y así prevenir cualquier tipo de accidente y preservar la integridad física de las personas.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 8 de abril de 2021.

Diputada Maribel Aguilera Cháirez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a iniciar de inmediato la segunda fase de la vacunación contra el Covid-19 para garantizar la eficiencia de protección de 95 por ciento a los mexicanos, y hacer del conocimiento público la logística, el calendario y los avances de su aplicación, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

Dulce Alejandra García Morlan, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disponibles aplicables, somete a consideración de la honorable soberanía el presente punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, para que inicie de manera inmediata la segunda fase de la vacunación contra el Covid-19 a fin de garantizar la eficiencia de protección del 95 por ciento a las y los mexicanos, así como hacer del conocimiento público la logística, calendario y avances de su aplicación, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

México es uno de los países con más muertes por Covid-19 en el mundo, pues de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud, llevamos hasta el momento 202 mil 633 fallecidos. Datos aun más alarmantes es que se podrían estar hablando que hay más de 320 mil muertos. México tiene una tasa de mortalidad del 9.05 por ciento, mientras que el promedio mundial es de 2.12 por ciento. Casi un 40 por ciento de la población mexicana que se hace una prueba de SARS CoV 2 sale positivo, estos siguen siendo números importantes a los cuales hay que voltear a ver.

Con información oficial del gobierno de México, se han recibido 12 millones 334 mil 445 de vacunas, y se han aplicado un poco más de 7 millones. Actualmente solo hay 850 mil 939 mexicanos que ya tienen su vacunación completa, es decir, que ya han recibido las dos dosis necesarias para protegerlos a un 95 por ciento contra este virus. Esto solo representa el .67 por ciento de la población de nuestro país . Se están aplicando un promedio de 73 mil vacunas diarias, a este paso, terminaríamos de vacunas al 100 por ciento de la población en mil 633 días.

De acuerdo con datos del Inegi, en México tenemos 15.4 millones de adultos mayores, es decir, aquellos que tienen 60 años o más. Con esta información y comparada el número de vacunas obtenidas, aún no llegan a cubrir el número necesario para proteger a la población más afectada por este virus. Y eso no es todo, además, para que puedan estar totalmente protegidos necesitarían 30 millones de vacunas para tener la inmunidad del 95 por ciento.

México ha firmado 3 contratos con farmacéuticas para la obtención de las vacunas contra el Covid-19, con AstraZeneca se pactaron 77 millones de vacunas, de los cuales no ha recibido ninguna, con CanSino se pactaron 36 millones y se han recibido 5 millones, y con Pfizer 34 millones, y solo han llegado casi 4 millones. De igual manera el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en enero tras una llamada telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin, que se pactó el envío de 24 millones de dosis de Sputnik V para aplicar a 12 millones de personas en México, el tercer país del mundo con más muertos por la pandemia.

Todas las vacunas de las famacéuticas que ha firmado el gobierno de México necesitan una segunda dosis para reformar al cuerpo contra el virus, a excepción de la fabricada por CanSino que es de una sola aplicación.

En la mayoría del país se ha aplicado la vacuna Pfizer y eso requiere que, al momento de aplicar la primera dosis, se les informe a las personas cuándo será la aplicación de la segunda vacuna. En muchos estados de la República tuvieron que hacer filas de más de 15 horas para obtener la primera dosis, teniendo un trato inhumano, sin una logística de por medio, y poniendo en riesgo la vida de los millones de mayores de edad en nuestro país que incluso durmieron en la intemperie.

Es importante establecer la logística para la aplicación de la segunda dosis y calendarizarla. Por ejemplo, en el municipio de Oaxaca de Juárez inició la vacunación el 9 de marzo y aplicaron la vacuna de Pfizer, hasta el momento ya han pasado 22 días. De igual manera en el municipio de San Antonio de la Cal, en Oaxaca, se administraron las primeras dosis de la vacuna y ya han pasado más de 40 días y no les han puesto la segunda. Así como estos ejemplos, existen muchos en el país.

Dos de las vacunas contra el Covid-19 actualmente aprobadas por la mayoría de los países, son las fabricadas por Pfizer y Moderna, ya que brindan una fuerte protección contra el virus, pero obtener el beneficio protector estimado de cualquiera de las vacunas requiere recibir ambas dosis y el tiempo de aplicación entre cada vacuna es de suma importancia. El presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, subrayó la importancia de administrar a tiempo la segunda dosis de la vacuna de su compañía: “Debe asegurarse de administrar las segundas dosis cuando los estudios recomiendan que la vacuna funciona, es decir, en un plazo de tres semanas”, dijo Bourla durante un evento organizado por Bloomberg Media.

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, la segunda dosis de la vacuna Pfizer se puede administrar hasta seis semanas después de la primera, pero es recomendable que la segunda dosis sea aplicada a los 21 días para tener la eficacia y protección que marcan las vacunas.

Fuente: Elaboración propia. Caso de jornada de vacunación de Oaxaca de Juárez

Las vacunas Pfizer-BioNTech utilizan tecnología de ARN, esta molécula flexible le indica a las fábricas de producción de proteínas de la célula lo que el ADN quiere que hagan, almacena información genética y puede haber ayudado a que la vida comenzara.

Las células de su cuerpo utilizan naturalmente ARN todo el tiempo para crear diversos tipos de proteínas que son necesarios para mantenerse saludable. El ARN de las vacunas Covid-19 de dos dosis proporciona a las células de su cuerpo instrucciones sobre cómo producir la proteína de pico que es propia del nuevo coronavirus. Esta proteína de pico es la que se encuentra en la superficie del virus, y es utilizada para adherirse e ingresar a una célula huésped en el cuerpo. Cuando la persona recibe su vacuna Covid-19, su sistema inmunológico procesa la información sobre la proteína de pico y genera una respuesta inmune a ella.

Esto incluye la producción de anticuerpos. Las vacunas dependen de un aspecto muy importante de su sistema inmunológico, que es el hecho de que tiene memoria. Después de su vacunación, su sistema inmunológico continúa almacenando información sobre la proteína de pico. Si está expuesto al nuevo coronavirus, el sistema inmunológico utilizará esta información almacenada para responder y protegerse del virus, ayudando a prevenir un contagio de Covid-19.

¿Por qué las vacuna Pfizer-BioNTech requieren dos dosis?

Durante los primeros estudios, los investigadores encontraron que la vacuna de Pfizer-BioNTech provoca una respuesta inmune relativamente débil cuando se administra una sola dosis. Sin embargo, hubo una respuesta inmune más fuerte cuando se agregó la segunda dosis.

De esta manera, la primera dosis de la vacuna inicia el proceso de creación de protección . La segunda dosis actúa para reforzar en gran medida esta protección .

Es por esta serie de argumentos, la importancia que estén vacunados todas las personas mayores a 60 años, por lo que es necesario el redoblar esfuerzos para terminar de protegerlos de la manera correcta y en tiempo para que tengan el mayor alcance de inmunidad posible con la segunda dosis.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, para que inicie de manera inmediata la segunda fase de la vacunación contra el Covid-19 a fin de garantizar la eficiencia de protección del 95 por ciento a las y los mexicanos, así como hacer del conocimiento público la logística, calendario y avances de su aplicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2021.

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a incorporar en la fase 3 del plan nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 a las personas con discapacidad e instaurar un mecanismo de aplicación específico que considere sus dificultades de comunicación, movilidad y autonomía para garantizarles el derecho a la salud, a cargo de la diputada Rosa Elia Morales Tijerina, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rosa Elia Morales Tijerina, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS), identifica a las personas con discapacidad como un sector social altamente vulnerable y marginado a derechos humanos básicos tales como alimentación, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y salud.1

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que estas personas se sitúan en una mayor vulnerabilidad cuando ocurre un conflicto, desastre natural o emergencia sanitaria como la del coronavirus, Covid-19. Ante ello, es necesario el establecimiento de alternativas gubernamentales que salvaguarden sus derechos, garanticen asistencia médica y tratamientos efectivos, independientemente de su condición física, económica y geográfica.2

En nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 20 millones 838 mil 108 personas presentan limitación en la actividad cotidiana por problemas de discapacidad o alguna condición mental, siendo 6 millones 179 mil 890 los que tienen una discapacidad.3

Con relación al tipo de discapacidad, por lo menos 47.6 por ciento tiene dificultad para caminar, subir o bajar; 43.5 por ciento para ver, 21.9 por ciento para oír y 18.9 por ciento para vestirse, bañarse o comer; así como 18.6 por ciento para recordar o concentrarse y 15.3 por ciento para hablar o comunicarse.

En cuanto a los datos desagregados por sexo, las mujeres tienen mayor prevalencia con el 53 por ciento, dato que representa 11 millones 111 mil 237 personas, contra 9 millones 726 mil 871 hombres.

Destaca la distribución por edad, ya que, aunque se tiene representatividad en los mayores de 60 años, más del 60 por ciento de las personas con discapacidad es menor a esa edad, a pesar de ello, hasta este momento no han sido vacunados, y tampoco se le ha dado el reconocimiento como sector vulnerable en la política nacional de vacunación contra el Covid-19.

Existen factores que los posicionan en una seria desventaja, entre ellos destacan los siguientes:

1.- Obstáculos para llevar a cabo medidas de higiene, como el lavado frecuente de las manos.

2.- Dificultades para mantener el distanciamiento social, particularmente cuando requieren de apoyo o asistencia de familiares para desplazarse, alimentarse o realizar cualquier actividad para la subsistencia.

3.- Limitaciones para acceder a la vacunación y su registro. Muchas de las personas con discapacidad no cuentan con una computadora, o para acceder a internet y realizar su registro en las páginas oficiales.

4.- Tienen menos sistemas de información. La falta de información sobre las fechas a vacunar, los lugares de aplicación y medios de comunicación adecuados para el traslado reducen el porcentaje de inmunización.

5.- Muchas de las personas con alguna discapacidad, tiene también una enfermedad crónico- degenerativa por lo que la diabetes, el cáncer y la hipertensión pueden agravar los síntomas vinculados al virus SARS-CoV-2 y de no tener los cuidados necesarios, incrementar la tasa de letalidad.

Resulta fundamental inmunizar a las personas con discapacidad, debido a que el Covid-19 exacerba los problemas de salud existentes, en particular los relacionados con la función respiratoria o la función del sistema inmunitario, o con cardiopatías.

También podrían verse afectadas de manera desproporcionada por el brote debido a las graves perturbaciones de los servicios de los cuales dependen y que por los confinamientos se han interrumpido como terapias, rehabilitaciones e intervenciones quirúrgicas.

Se debe disponer de mecanismos para acceder a una cobertura sanitaria universal, a servicios básicos de salud de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 25, establece que estos ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de gozar del más alto nivel de salud posible, sin discriminación.4

En México la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad en su artículo 7, menciona que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible.5

Bajo estas consideraciones, el Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, debe considerar de manera prioritaria a las personas con discapacidad, entre otros aspectos porque presentan comorbilidades y/o enfermedades crónico-degenerativas que ante un contagio compromete su integridad y vida.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha solicitado tomar medias particulares de orientación y seguimiento a los cuidados primarios, asimismo desarrollar medidas de rehabilitación adecuadas, pero particularmente adoptar protocolos de prevención en los albergues, hospitales psiquiátricos, centros de reinserción social y casas hogar tales como la vacunación.6

Se trata de generar una política tomando en cuenta las limitaciones para trasladarse, para ver, escuchar, hablar, moverse o comunicarse con los demás, por lo que, el gobierno federal está en condiciones de hacer un mayor esfuerzo y vacunar a la brevedad a las personas con alguna discapacidad.

Al tratarse de una población en desventaja deben ser más estrictos en la aplicación para asegurar que se les aplica la vacuna y en caso de encontrar una irregularidad sancionar de manera ejemplar, ya que se podría estar aprovechando que estas personas.

Se ha documentado la carencia de rampas, sillas de ruedas y señalización, por lo tanto, en coordinación con los gobiernos locales se debe trabajar para contar con los requerimientos mínimos para hacer de los centros de aplicación lugares accesibles e inclusivos para todas y todos.

La aplicación de la vacuna acusa opacidad, ejemplo de ello, es que se desconoce el número de personas discapacitadas vacunadas y las dosis adquiridas para ellos. En este aspecto, y bajo el principio de máxima publicidad el gobierno federal debe dar a conocer esta información, para que, en caso de ser necesario, se incrementen los presupuestos, el personal y la infraestructura, ya que la inmunización permitirá reducir los contagios y las personas que lamentablemente puedan perder la vida.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, en la fase 3 del Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, se incorpore a las personas con discapacidad, y se instrumente un mecanismo de aplicación específico que contemple las dificultades de este sector para la comunicación, movilidad y la autonomía, a fin de garantizarles el derecho a la salud.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud, fortalezca sus estrategias de comunicación e información respecto a las fechas de vacunación, lugares, hora y población objetivo, asimismo, se utilice el lenguaje de señas y lenguaje braille, entre otros, para que sea accesible a todas las personas.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, garanticen que los centros de aplicación sean lugares accesibles e incluyentes y, además, cuenten con rampas de acceso, barandales, suficientes sillas de ruedas, áreas de detección para bastón blanco y señalización de fácil ubicación y uso para las personas con discapacidad.

Cuarto. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, transparente el número de personas con discapacidad vacunadas contra el Covid-19 y el número de vacunas adquiridas para atender a este sector poblacional vulnerable.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2017). 10 datos sobre la discapacidad. 5 de abril de 2021, de OMS Sitio web:

https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/
#:~:text=Dato%206%3A%20las%20personas%20con,que%20las%20personas%20sin%20discapacidad.

2 Organización Panamericana de la Salud. (2021). La inclusión de las personas con discapacidad, una necesidad para la reducción de desastres. 5 de abril de 2021, de OPS Sitio web: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9087:2013-including-people-disabilities-necessity-disaster-reduct ion&Itemid=135&lang=es

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Presentación de Resultados, Censo 2020. 5 de abril de 2021, de Inegi Sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/ doc/Censo2020_Principales_resultados_ejecutiva_EUM.pdf

4 Organización de las Naciones Unidas. (2021). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 5 de abril de 2021, de ONU Sitio web: https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-lo s-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html

5 Congreso de la Unión. (Últimas Reformas DOF 12-07-2018). Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 5 de abril de 2021, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf

6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2020). Exige CNDH atender las necesidades de la población con discapacidad que tiene mayor riesgo de contagio de Coronavirus o Covid-19. 5 de abril de 2021, de CNDH Sitio web: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/COM_2020_082.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 8 de abril de 2021.

Diputada Rosa Elia Morales Tijerina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a modificar por la Ssa el documento rector de la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 para incluir e iniciar la inmunización prioritaria y urgente del personal de cuidado de la salud en instituciones privadas o consultorios independientes y todo el asociado a los servicios de salud, incluidos auxiliares, asistentes médicos, camilleros y personal de limpieza e higiene, cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la epidemia por Covid-19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional; cuando se contabilizaban 7 mil 711 casos confirmados en China y 170 fallecimientos con 82 casos confirmados en 18 países alrededor del mundo. Para el 11 de marzo de 2020, el director general de la OMS dio a conocer que la nueva enfermedad ocasionada por el Coronavirus 2019, podía ser catalogada como una pandemia, ya que se había extendido por 114 países en los que se contabilizaban más de 118 mil casos activos y 4 mil 291 personas fallecidas.

Para contener la propagación del virus, muchos países adoptaron medidas de distanciamiento y confinamiento social que buscaron limitar la movilidad y desplazamiento en su territorio; sin embargo, dichas medidas no han sido suficientes para contener los contagios que aumentan con las temporadas invernales, vacacionales o el relajamiento del confinamiento.

Con corte al 31 de marzo de 2021, la OMS reporta que los casos de Covid-19 han aumentado por quinta semana consecutiva llegando a más de 3.8 millones en la última semana; asimismo, el número de defunciones ha aumentado en 5 por ciento comparado con la semana pasada con más de 64 mil nuevas muertes reportadas; siendo Europa y América las que concentran casi 80 por ciento de todos los contagios y muertes.1

En nuestro país, durante las últimas semanas los contagios por el virus SARS-CoV2 han ido disminuyendo y de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico vigente del 29 de marzo al 11 de abril, no hay ninguna entidad federativa en riesgo máximo, 7 se encuentran riesgo alto, 18 en medio y 7 en bajo,2 contando con 22 mil 914 casos activos estimados y 204 mil 399 defunciones confirmadas con corte al 5 de abril.

Las vacunas son el medio más eficaz para frenar la pandemia por Covid-19, su función es activar las defensas naturales de nuestro organismo al lograr que el sistema inmunológico produzca anticuerpos capaces de reconocer y combatir los virus y bacterias y por lo tanto protegernos contra la enfermedad. Cada vez que una persona se vacuna se reduce su riesgo de contraer la enfermedad y por lo tanto de transmitirla, motivo por el cual entre más personas de un lugar determinado se encuentren vacunadas menos posibilidades habrá de que la enfermedad se propague y transmita entre los miembros de esa comunidad. En este sentido, los gobiernos del mundo y la propia OMS apoyan la postura de lograr la inmunidad colectiva mediante la vacunación de la mayor cantidad de población.

En este sentido, para controlar y evitar la propagación del virus, el 31 de diciembre de 2020, la OMS incluyó la vacuna de ARNm Covid-19 de Pfizer/BioNTech (BNT162b2) para uso de emergencia y el 15 de febrero se incluyeron las vacunas de AstraZeneca/Oxford que fabrican AstraZeneca-SKBio (en la República de Corea) y el Serum Institute de la India; al 18 de febrero de este año se encontraban disponibles 7 vacunas distintas, mismas que se han distribuido y administrado por los países alrededor del mundo, concediendo prioridad a las personas más vulnerables.3

A fin de aplicar las vacunas en México, la Secretaría de Salud federal presentó la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 el 8 de diciembre de 2020; misma que establece el siguiente orden de prelación en la priorización de la población a vacunar4 :

1. Personal sanitario que enfrenta Covid-19 (estimado en un millón de personas)

2. Personas adultas mayores:

a) Mayores de 80 años (2,035,415 personas)

b) Personas de 70 a 79 años (4,225,668 personas)

c) Personas de 60 a 69 años (8,199,671 personas)

3. Personas con comorbilidad o comorbilidades:

a) Obesidad mórbida

b) Diabetes mellitus

c) Hipertensión arterial sistémica

d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

e) Asma

f) Enfermedades cerebrovasculares

g) Infección por VIH

h) Enfermedad renal crónica

i) Estados patológicos que requieren de inmunosupresión

j) Cáncer en tratamiento

4. Personal docente de las entidades federativas en semáforo epidemiológico verde.

5. Resto de la población (mayor a 16 años).

Como podemos observar, la citada estrategia contempla inmunizar de forma prioritaria a los trabajadores de la salud que están en la primera línea de atención de la pandemia, incluyendo al personal que trabaja en todas las áreas de las instituciones y que tiene contacto con los pacientes o el material potencialmente contaminado con el virus; por lo que incluye la vacunación del personal de enfermería, inhaloterapia, medicina, laboratorio y química, radiología, camillería, limpieza e higiene, operación de ambulancias, manejo de alimentos, asistentes médicos y trabajo social.

La política rectora de vacunación en nuestro país deviene de la serie de recomendaciones realizadas por el Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19 y se realizó con base en el análisis de indicadores como la mortalidad asociada con la disponibilidad de las vacunas, factores de pobreza y desigualdad, la cobertura, la infraestructura para la recepción y distribución de las vacunas, entre otras. Sin embargo, en la elaboración de esta política se omitió incluir dentro del primer orden de prelación para recibir la vacuna a los profesionistas de la salud y personal sanitario que ejercen de manera independiente en consultorios o instituciones privados, a los dentistas, odontólogos, enfermeras, personal de ambulancias, paramédicos, laboratoristas y doctores que atienden en los consultorios adyacentes a las farmacias; así como a todo el personal de limpieza e higiene, auxiliares, asistentes médicos etcétera, que laboran de manera independiente o en instituciones y hospitales del sector privado.

Tal omisión ha puesto en riesgo a un gran número de trabajadores de la salud y sus colaboradores, que han enfrentado también la pandemia y cuya labor ha logrado salvar miles de vidas y ha evitado que el sistema hospitalario público colapsara en los momentos más álgidos de la pandemia. Al respecto debemos recordar que en enero de este año la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre la firma de un acuerdo promovido entre el Instituto de Salud para el Bienestar y diversas instituciones privadas de salud, que tuvo como finalidad promover una estrategia para la atención y seguimiento domiciliarios de casos no graves de Covid-19 por parte de instituciones privadas de salud que participaron en apoyo del sector público de salud de la ciudad, que en ese momento contaba con una ocupación hospitalaria de 88 a 90 por ciento. Al respecto, la jefa de gobierno declaró “el objetivo de este convenio entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el sector privado es dar una atención temprana de la enfermedad sin necesidad de llegar al hospital, pero con medicamentos y seguimiento en casa. Esto abre la posibilidad de tener una mayor capacidad hospitalaria”.5

Además, la alianza de colaboración público-privada de hospitales ha coadyuvado a hacer frente a la pandemia e impedir que el sistema público de salud quedara rebasado, pues las instituciones privadas han apoyado con la hospitalización y atención de pacientes No Covid que requieren atención médica de urgencia, obstétrica o intervenciones no asociadas con la pandemia. Otro ejemplo del gran apoyo que ha brindado el sector privado en la atención de la pandemia lo encontramos en la iniciativa Juntos por la Salud, que inició conjuntando los esfuerzos de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, el Consorcio Mexicano de Hospitales, Tec Salud, Fundación BBVA, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y diversas empresas y organizaciones de la sociedad civil, que a la fecha han realizado múltiples donaciones de ventiladores, equipos de protección y pruebas para los hospitales públicos de todo el país.

A pesar del importante papel que han tenido los profesionales de la salud del sector privado en la atención directa de pacientes de Covid-19 y de los riesgos que diariamente enfrentan otros profesionales asociados al cuidado de la salud de las y los mexicanos, el gobierno federal no los ha considerado dentro del Plan de Vacunación; motivo por el cual se han realizado diversas manifestaciones públicas exigiendo la inmunización y se han iniciado censos por parte de asociaciones de hospitales y farmacias a fin de identificar la cantidad de vacunas que se requieren para atender a este sector. Sin embargo, al día de hoy el gobierno federal no ha respondido eficazmente a la justa exigencia del personal de salud del sector privado y no ha dado a conocer una estrategia, fecha o mecanismo de vacunación.

En esta honorable asamblea reconocemos la trascendental labor que ha realizado y continúa llevando a cabo el personal de salud en todas las especialidades e instituciones públicas y privadas del país, enfrentando los riesgos de posibles daños a su salud y la de sus familias. Por ello, no podemos mantenernos ajenos a las necesidades del personal de salud, médicas y médicos generales y de todas las especialidades que trabajan en sus consultorios propios o en instituciones privadas que a diario contribuyen en hacer frente a la pandemia y a conservar la salud y bienestar de la población mexicana.

Tomando en consideración los argumentos anteriormente esgrimidos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, modifique el documento rector de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México; a fin de incluir e iniciar la vacunación prioritaria y urgente del personal que trabaja en el cuidado de la salud en instituciones privadas o consultorios independientes, incluyendo a los dentistas, odontólogos, enfermeras, personal de ambulancias, paramédicos, laboratoristas y doctores que atienden en los consultorios adyacentes a las farmacias; así como a todo el personal asociado a los servicios de salud, incluyendo auxiliares, asistentes médicos, camilleros y personal de limpieza e higiene, que laboran en instituciones y hospitales del sector privado que se encuentran potencialmente expuestas al virus SARS-CoV-2

Notas

1 World Health Organization. Coronavirus disease (Covid-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update. (18/01/2021). Consultado en:

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiol ogical-update-on-covid-19—-31-march-2021

2 Gobierno de México. Semáforo de riesgo epidemiológico. 29 de marzo al 11 de abril de 2021. Consultado en: https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

3 De acuerdo con la OMS, el primer programa de vacunación colectiva se puso en marcha a principios de 2020 y, al 15 de febrero de 2021, ya se habían administrado 175,3 millones de dosis. Por el momento, se están utilizando siete vacunas distintas a través de tres plataformas

4 Gobierno de México. Política nacional de vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la Covid-19 en México. Versión 4.0. 11 de enero de 2021. Pags. 16-17. Consultado en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11En e2021.pdf

5 Expansión Política. Nota de prensa publicada el día 14 de enero de 2021. Hospitales privados ayudarán a la Ciudad de México en la atención en casa de pacientes Covid. Consultada en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/14/hospitales-privados-ayuda ran-a-la-cdmx-en-la-atencion-en-casa-de-pacientes-covid

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2021.

Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a establecer en los medios de comunicación nacionales una campaña de toma de conciencia sobre el uso eficiente y racional del agua, pues 80 por ciento del territorio nacional tiene algún grado de sequía, a cargo del diputado Silvestre Reséndez Muñoz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Silvestre Resendez Muñoz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

97.5 por ciento del agua en la tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada, únicamente el restante 2.5 por ciento es agua dulce. Del total de agua dulce en el mundo, 69 por ciento se encuentra en los polos y en las cumbres de las montañas más altas y se encuentra en un estado sólido.

30 por ciento del agua dulce del mundo se encuentra en la humedad del suelo y en los acuíferos profundos.

Sólo 1 por ciento del agua dulce en el mundo escurre por las cuencas hidrográficas en forma de arroyos y ríos y se depositan en lagos, lagunas y en otros cuerpos superficiales de agua y en acuíferos. Esta es agua que se repone regularmente a través del ciclo hidrológico.

Las aguas dulces constituyen un recurso escaso, amenazado y en peligro. De acuerdo con los estudios sobre los balances hídricos del planeta solamente 0.007 por ciento de las aguas dulces se encuentran realmente disponibles para todos los usos humanos directos. De esta pequeñísima porción dependen procesos sociales vitales.

Las más recientes evaluaciones de los especialistas y organizaciones internacionales conectadas con los problemas del agua, sugieren que para el año 2025 más de las dos terceras partes de la humanidad sufrirá algún estrés por la falta de este líquido.1

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el total del agua dulce que tiene el país, es de 446 mil 777 millones de metros cúbicos, de los cuales, 67 por ciento se encuentran en la región sureste, a la vez que el resto del territorio nacional sólo posee 33 por ciento de este líquido.

No es de sorprender que mientras en las zonas del centro, norte y noroeste, la escasez del vital líquido llama a hacer un uso eficiente, en la región sureste del país, la relativa abundancia de agua realza la necesidad de proteger a la población de fenómenos como las inundaciones.2

El agua es el recurso natural que mayor preocupación internacional genera, ya que además de ser fundamental para la industria, agricultura, ganadería y uso doméstico, es considerado un líquido vital para el ser humano.

De acuerdo a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el consumo de agua potable y la salud están fuertemente ligados ya que 60 por ciento del cuerpo de un hombre adulto está compuesto por agua y el de un bebé lo está en 80 por ciento. Una persona puede sobrevivir sin consumir alimentos por un largo tiempo, sin embargo, no lo logra si lo que le falta es agua.

El agua útil para consumo humano resulta escasa en comparación con la cantidad de agua total, es por ello que la presencia del agua como recurso renovable resulta un tema prioritario.

La forma de obtener agua potable en México proviene de dos fuentes: las aguas superficiales y las subterráneas; las primeras se encuentran en ríos, lagos y presas y son las principales abastecedoras para la agricultura. Las aguas subterráneas, por su parte, se encargan de abastecer a la industria y al uso doméstico. No obstante, estas fuentes de líquido se han convertido en las más sobrexplotadas en los últimos tiempos, situación que resulta en otro de los principales problemas: la contaminación del agua.

El agua es fundamental para las actividades diarias de cada persona en el planeta, además de ser básica para la producción e impulso económico de cada región, por ello, es importante el óptimo y adecuado uso de este recurso natural que es vital. Promover una cultura del agua para su manejo racional es clave para la equidad y desarrollo social.3

Actualmente la sequía en México está concentrada desde el centro hasta el norte del país y cubre alrededor de 68 por ciento del territorio nacional, informó el jefe de Proyectos de Pronóstico Estacional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Reynaldo Pascual Ramírez.

Eso coloca a las grandes ciudades, principalmente las capitales de los estados ubicados en esos lugares en alguna situación de riesgo de disminución en la disponibilidad del agua.

Ante esa situación, las ciudades que enfrentan más problemas derivados de la sequía son las fronterizas, principalmente las del centro norte y noroeste como Ciudad Juárez, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila, así como Mexicali y Tijuana, Baja California.

Más hacia el sur Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora; Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, y la capital de Durango, así como la región de La Comarca Lagunera, en los límites de Durango y Coahuila; otras más en Tamaulipas y Nuevo León.

Además, la zona metropolitana de Guadalajara y las ciudades del Bajío e incluso la zona metropolitana del Valle de México.4

Los últimos seis años han sido los más cálidos que se han registrado en el planeta, tan sólo desde 2019 las temperaturas de cada mes han sido superiores al promedio histórico, indicó Jorge Zavala, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Actualmente 80 por ciento del territorio nacional tiene algún grado de sequía y las lluvias dependerán si continúa el fenómeno de La Niña .

La sequía nos puede llevar a la escasez de agua y cuando hablamos de escasez de agua, nos referimos a la falta de recursos hídricos para satisfacer la ingesta de agua por parte de una población y el desarrollo de actividades agrícolas. Y es que lo preocupante no es la escasez de agua, sino la falta de recursos hídricos aptos para consumo humano y cultivo. Este problema tan actual provoca sed y muertes por deshidratación, encarecimiento de productos vegetales a causa de las bajas producciones y encamina a un mundo con mayor densidad de población y menor cantidad de alimento.5

Existen diversas causas que producen la escasez de agua en el mundo, entre las que podemos destacar:

• La contaminación. Nos referimos tanto a la contaminación de aguas dulces como a la contaminación de la tierra o del aire, ya que la contaminación se puede filtrar al agua y también puede afectar al aire.

• La sequía. Debido al fenómeno del cambio climático se potencia la aparición o desarrollo de las sequías, que suponen que durante un tiempo prolongado no haya lluvia, por lo que causa escasez de agua tanto para el consumo humano como para los cultivos o la industria.

• Uso descontrolado del agua. Tanto a gran escala, en las fábricas, como a pequeña escala, en nuestras propias casas, en algunas ocasiones malgastamos el agua y no recordamos que es un recurso escaso.

Con el propósito de no llegar a una escasez de agua en el país, consideramos necesario se lleve a cabo una campaña de concientización para la población en general para un uso eficiente y racional del agua.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que establezca una campaña de concientización en los medios de comunicación nacionales, dirigida a la población en general hacer un uso eficiente y racional del agua ante el 80 por ciento del territorio nacional que tiene algún grado de sequía.

Notas

1 http://jumapam.gob.mx/cultura-del-agua/distribucion-de-agua-en-el-planeta/
#:~:text=El%2097.5%25%20del%20agua%20en,encuentra%20en%20un%20estado%20s%C3%B3lido

2 https://www.aguas.org.mx/sitio/blog/noticias/item/
1048-sabemos-cuanta-agua-existe-en-mexico.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20datos%20de%20la%20
Comisi%C3%B3n,el%2033%25%20de%20este%20l%C3%ADquido.

3 http://earthgonomic.com/noticias/cuanta-agua-tenemos-disponible-en-el-m exico/

4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
La-sequia-afecta-68-del-territorio-nacional-Reynaldo-Pascual-Ramirez-20210328-0002.html

5 https://mayasl.com/escasez-de-agua/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2021.

Diputado Silvestre Resendez Muñoz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar la Secretaría de Bienestar a considerar la universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, sin distingo de edad o zona geográfica, a cargo de la diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Maribel Aguilera Cháirez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente impulsado por el gobierno federal tiene como fundamento la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad misma que está dirigida en asegurar la plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad, y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, que les permita el ejercicio pleno de todos sus derechos mediante las acciones que implante el Estado.

De acuerdo a la Ley en mención, se define a la discapacidad como “la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.

Si se consideran los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, para 2018 habitaban 7.9 millones de personas con discapacidad en México. De ellas, 4.3 millones son mujeres y 3.6 millones son hombres, representando 6.7 y 5.9 por ciento de la población total de cada género, respectivamente.

Respecto a su concentración, 51.5 por ciento de la población con discapacidad reside en 8 entidades: Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Puebla y Veracruz; mientras que 32.9 por ciento reside en 12: Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas; y el 15.6 por ciento, residen en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Por grupo poblacional a nivel nacional, de los 7.9 millones de personas con discapacidad, 7.2 por ciento corresponde a niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años; 9.2, a jóvenes de 15 a 29 años; 33.6, a personas adultas de 30 a 59 años; y 49.9, a personas adultas de 60 años o más.

De esta información se desprende que 83.5 por ciento del total de las personas con alguna discapacidad se encuentran en un rango de edad de 30 años en adelante, personas que debido a su condición se encuentran económica y socialmente en desventaja. Con mayor frecuencia cuentan con menores ingresos, rezago educativo y limitado acceso al mercado laboral. El Inegi indica que sólo 4 de cada 10 personas con discapacidad participa en alguna actividad económica.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2018 el 84.6 por ciento de la población con discapacidad se encontraba en situación de vulnerabilidad, el 9.8 por ciento en pobreza extrema, el 38.8 por ciento en pobreza moderada, el 6.5 por ciento no presenta carencias sociales, pero es vulnerable por ingresos, mientras que 29.4 por ciento no es vulnerable por ingresos, pero presenta una o más carencias sociales. Sólo 15.4 por ciento de la población no estaba en situación de pobreza ni de vulnerabilidad. Cabe destacar el incremento constante en el número de personas con discapacidad en situación de pobreza, pues de 2012 a 2018 pasó de 3.5 a 4.5 millones de personas.

Lo anterior, señala la importancia de implementar acciones con el propósito crear condiciones favorables, que contribuyan a asegurar que este sector de la población tenga inclusión plena dentro del desarrollo de la sociedad. En 2019, el gobierno de México creó la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, que consta en otorgamiento de un apoyo económico directo por mil 275 pesos mensuales, que se entregarán de manera bimestral y directa.

Con este programa, el gobierno federal busca mejorar el ingreso de las personas con discapacidad y contribuir así a lograr la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas indígenas y afromexicanas y personas adultas con discapacidad, así como a eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los mexicanos con discapacidad.

Sin embargo, en la práctica nos hemos encontrado que el acceso a este programa se ve limitado para las personas con discapacidad de 30 años en adelante por los criterios de elegibilidad contemplados en los objetivos de las reglas de operación del mismo que establece: “Mejorar el nivel de ingreso monetario de los hogares de las personas mexicanas con discapacidad permanente, de 0 a 29 años de edad; personas 30 a 64 años de edad que habitan en municipios o localidades indígenas o afromexicanas; y personas adultas de 30 a 67 años de edad que habitan en municipios o localidades con alto y muy alto grado de marginación, diferentes a los que son indígenas o afromexicanos, estos mismos criterios están contemplados como la población objetivo del programa lo cual es excluyente de las personas con discapacidad que no son indígenas o afromexicanos y que habitan en zonas que no están consideradas con algún grado de marginación.

Tomando en consideración que la discapacidad, cualquiera que esta sea, afecta por igual a las personas y sus familias sin distingo de la zona geográfica en la que se encuentren o las condiciones de marginación del lugar en el que viven, considero que es excluyente y violatorio a lo que se establece en el artículo 1o. constitucional por ser una medida discriminatoria que falta además a los principios de universalidad.

A lo anterior se suma el hecho de que en nuestro país ninguna persona puede ser discriminada por razón de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades, por lo que es imperativo dejar de vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, limitando su acceso a recibir el apoyo de los programas sociales del gobierno federal.

Por ello, se destaca que entre el sector de la población con alguna discapacidad existen condiciones económicas y sociales muy diversas. Como población vulnerable, las personas con discapacidad enfrentan múltiples dificultades con relación a la protección de sus derechos, sobre todo aquellos que se rigen bajo los principios de igualdad y equidad establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Siendo éste un gobierno solidario que vela por la protección de los derechos y las causas en beneficio de los más vulnerables, no podemos ni debemos permitir que se haga distinción entre unos y otros para hacer valer los derechos, menos aun tratándose de un sector que merece de toda nuestra consideración y respeto como lo son las personas con alguna discapacidad.

Por lo expuesto someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Bienestar del Poder Ejecutivo federal a considerar modificar las Reglas de Operación del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, respecto a la población objetivo, y otorgarla a todas las personas con un diagnóstico clínico de discapacidad permanente emitido por las instituciones de salud oficiales, sin distingo de edad, ni condición geográfica o social.

Dado en el Pleno de la Cámara de Diputados, a 8 de abril de 2021.

Diputada Maribel Aguilera Cháirez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emitir el decreto donde se establezcan facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, a efecto de apoyar a quienes no renovaron sus títulos por la pandemia de Covid-19, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que emita el decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expedido a partir del 1 de enero de 2004 a fin de apoyar a los concesionarios que no renovaron sus títulos con motivo de la pandemia global de Covid-19, con base en los siguientes

Antecedentes

I. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Nación tiene en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país y, en consecuencia, dictar las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de aguas de propiedad nacional, entre las que se encuentran las previstas en el párrafo quinto del mencionado precepto constitucional, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y evitar la destrucción de los elementos naturales.

El párrafo quinto del citado precepto constitucional faculta al Ejecutivo federal para reglamentar la extracción y utilización de las aguas superficiales de propiedad nacional, cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos.

II. El artículo 6, fracción III de la Ley de Aguas Nacionales, prevé la expedición, modificación o supresión de zonas de reserva de aguas nacionales superficiales, como una atribución que el Ejecutivo Federal puede ejercer siempre que existan causas de utilidad pública, por lo que en congruencia con ello, el mismo ordenamiento en su artículo 7, fracciones I, II, IV, V y VI considera que es de utilidad pública, entre otras, la gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional; la protección, mejoramiento, conservación y restauración de las mismas; el restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales superficiales, incluidas las reservas; el restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas vitales vinculados con el agua, así como las acciones para hacer eficientes y modernizar los servicios de agua domésticos y públicos urbanos para contribuir al mejoramiento de la salud y el bienestar social;

A mayor precisión, en el mismo ordenamiento legal se señala en su artículo 7 Bis, fracciones I, VII, VIII y XI como causa de interés público, la cuenca como unidad territorial básica para la gestión integrada de los recursos hídricos; el control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales; la incorporación plena de la variable ambiental en acciones en materia de gestión de los recursos hídricos, y la sustentabilidad ambiental.

III. El 7 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales, con objeto de beneficiar a los usuarios que contaban con títulos de concesión o asignación y cuya vigencia expiró a partir del 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014, así como de aquellos que contando con títulos vigentes, no solicitaron su prórroga en los términos que establece la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, mismo que estableció en un artículo de carácter transitorio su vigencia de dos años.

IV. Como consecuencia de la finalización de la vigencia del Decreto expedido en el año 2014, el 17 de mayo de 2016, se publicó nuevamente en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004”, con el objeto de que un mayor número de usuarios estuviera en posibilidad de obtener nuevamente las concesiones o asignaciones de aguas nacionales vencidas, a partir del 1 de enero de 2004, mismo que finalizó su vigencia en 2018.

V. El 23 de marzo de 2018 se expidió un tercer decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, a fin de establecer de manera coordinada los mecanismos para que los concesionarios pudiesen, por tercera ocasión, renovar sus títulos de concesión, sin embargo dicho decreto finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2018 sin que a la fecha se hubiese emitido uno nuevo.

VI. Lamentablemente la falta de emisión de un Decreto que renovara el que ha quedado sin vigencia coincidió con el inicio de la pandemia global de SARS-Cov2 que afectó y prácticamente frenó la operación del gobierno y la posibilidad de que un número importante de ejidatarios concesionarios se vieran imposibilitados a realizar los trámites de renovación de su concesión. Cabe señalar que estos ejidatarios no recibieron respuesta favorable por parte de la Comisión Nacional del Agua que, simplemente, cerró y dio por concluidos los trámites para la renovación de las concesiones bajo el argumento de que el plazo se venció, a pesar de que la llegada de la pandemia a nuestro país, tuvo como consecuencia, la actividad limitada del gobierno en lo que respecta a trámites de carácter administrativo.

Consideraciones

Primera. Para la Cámara de Diputados, los esfuerzos por construir mecanismos gubernamentales de apoyo y cercanía a la ciudadanía transitan por generar las condiciones para que accedan sin obstáculos a los servicios básicos a fin de desarrollar plenamente sus actividades.

En el caso de ejidatarios tenedores de concesiones de agua, es claro que realizan una actividad preponderante para el país, su actividad relacionada con los usos del agua implica que desde el gobierno se les dote de certeza jurídica ya que sus actividades impactan en la vida del país.

Segunda. Para los legisladores, resulta fundamental brindar apoyo y certeza jurídica a quienes de buena voluntad buscan regularizar sus títulos de concesión o asignación para uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales; sobre todo porque considerando que los volúmenes registrados en los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales vencidos se encuentran considerados en los estudios de actualización de la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos, resulta factible que la autoridad del agua los otorgue nuevamente, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de proteger y conservar cuencas hidrológicas y acuíferos, cuidar y preservar el medio ambiente para un desarrollo sustentable, así como promover el uso eficiente de los recursos hídricos.

Tercera. Para la Cámara de Diputados, resulta fundamental brindar apoyo y dar seguimiento a la realización de acciones de política pública, a fin de que los sectores productivos del país cuenten con las herramientas legales que les permitan la plena realización de sus actividades; en el caso de los tenedores de los títulos de concesión hídrica que pretenden ser renovados, es fundamental que sea el propio gobierno quien no obstaculice y permita la regularización de los mismos sin invocar artilugios legales.

Por lo expuesto, la que suscribe somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, emita el decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expedido a partir del 1 de enero de 2004, a fin de apoyar a los concesionarios que no renovaron sus títulos con motivo de la pandemia global de Covid-19.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2021.

Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a fomentar e impartir la enseñanza de idiomas indígenas con correspondencia territorial y cultural para preservar la cultura, la identidad, las costumbres, las raíces y el lenguaje mismo de los respectivos pueblos, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

México cuenta con 69 lenguas nacionales –68 indígenas y el español, lengua apropiada en el Virreinato–, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina, después de Brasil. En nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena y más de 25 millones de mexicanos se reconocieron como indígenas, aproximadamente, 15 por ciento de la población son indígenas pertenecientes a más de cincuenta etnias que cuenta con sus propias lenguas que en sí mismas son distintas entre ellas.

El país cuenta con 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas (lenguas), de donde se derivan 364 variantes lingüísticas diversificadas por región y grupo étnico.1

Fuente: https://www.gob.mx/cultura/articulos/lenguas-indigenas?idiom=es

La categoría “familia lingüística” es la más incluyente y se define como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a un origen histórico común. Existen 11 familias lingüísticas indoamericanas consideradas en el catálogo en razón de que cada una de ellas se encuentra representada en México con al menos una de sus lenguas. Dichas familias, dispuestas por su ubicación geográfica de norte a sur en el continente, son2

1. Álgica.

2. Yuto-nahua.

3. Cochimí-yumana.

4. Seri.

5. Oto-mangue.

6. Maya.

7. Totonaco-tepehua.

8. Tarasca.

9. Mixe-zoque.

10. Chontal de Oaxaca.

11. Huave.

Fuente: https://www.gob.mx/cultura/articulos/lenguas-indigenas?idiom=es

La categoría “agrupación lingüística” ocupa el lugar intermedio en los niveles de catalogación. Se define como el conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado históricamente a un pueblo indígena. (Lo que se llama lenguas indígenas, comúnmente). Las 68 agrupaciones lingüísticas en nuestro país están catalogadas así (por claridad se agrega entre paréntesis, la familia lingüística a la que pertenecen):3

1. Akateko (familia maya).

2. Amuzgo (familia oto-mangue).

3. Awakateko (familia maya).

4. Ayapaneco (familia mixe-zoque).

5. Cora (familia yuto-nahua).

6. Cucapá (familia cochimí-yumana).

7. Cuicateco (familia oto-mangue).

8. Chatino (familia oto-mangue).

9. Chichimeco jonaz (familia oto-mangue).

10. Chinanteco (familia oto-mangue).

11. Chocholteco (familia oto-mangue).

12. Chontal de Oaxaca (familia chontal de Oaxaca).

13. Chontal de Tabasco (familia maya).

14. Chuj (familia maya).

15. Ch’ol (familia maya).

16. Guarijío (familia yuto-nahua).

17. Huasteco (familia maya).

18. Huave (familia huave).

19. Huichol (familia yuto-nahua).

20. Ixcateco (familia oto-mangue).

21. Ixil (familia maya).

22. Jakalteko (familia maya).

23. Kaqchikel (familia maya).

24. Kickapoo (familia álgica).

25. Kiliwa (familia cochimí-yumana).

26. Kumiai (familia cochimí-yumana).

27. Ku’ahl III (familia cochimí-yumana).

28. K’iche’ (familia maya).

29. Lacandón (familia maya).

30. Mam (familia maya).

31. Matlatzinca (familia oto-mangue).

32. Maya (familia maya).

33. Mayo (familia yuto-nahua).

34. Mazahua (familia oto-mangue).

35. Mazateco (familia oto-mangue).

36. Mixe (familia mixe-zoque).

37. Mixteco (familia oto-mangue).

38. Náhuatl (familia yuto-nahua).

39. Oluteco (familia mixe-zoque).

40. Otomí (familia oto-mangue).

41. Paipai (familia cochimí-yumana).

42. Pame (familia oto-mangue).

43. Pápago (familia yuto-nahua).

44. Pima (familia yuto-nahua).

45. Popoloca (familia oto-mangue).

46. Popoluca de la Sierra (familia mixe-zoque).

47. Qato’k (familia maya).

48. Q’anjob’al (familia maya).

49. Q’eqchí’ (familia maya).

50. Sayulteco (familia mixe-zoque).

51. Seri (familia seri).

52. Tarahumara (familia yuto-nahua).

53. Tarasco (familia tarasca).

54. Teko (familia maya).

55. Tepehua (familia totonaco-tepehua).

56. Tepehuano del norte (familia yuto-nahua).

57. Tepehuano del sur (familia yuto-nahua).

58. Texistepequeño (familia mixe-zoque).

59. Tojolabal (familia maya).

60. Totonaco (familia totonaco-tepehua).

61. Triqui (familia oto-mangue).

62. Tlahuica (familia oto-mangue).

63. Tlapaneco (familia oto-mangue).

64. Tseltal (familia maya).

65. Tsotsil (familia maya).

66. Yaqui (familia yuto-nahua).

67. Zapoteco (familia oto-mangue).

68. Zoque IX familia mixe-zoque.

Cabe destacar que las lenguas indígenas que más se hablan en México son el Náhuatl, Chol, Totonaca, Mazateco, Mixteco, Zapoteco, Otomí, Tzotzil, Tzeltal y Maya. En estas lenguas se encuentra más o menos el 75 por ciento de la población que domina la lengua indígena en el país. Es decir, pese a la diversidad y riqueza, sólo 10, de un total de 68, son de las más populares y utilizadas en México y se estima que poco más de 40 están a punto de extinguirse por los pocos hablantes que tienen, como el kiliwa, el cucapá, el paipai o el oluteco.

Esto se debe en gran medida, a que, por mucho tiempo se empleó el término dialecto para referirse a las lenguas de los pueblos indígenas en un sentido peyorativo y ofensivo. Entendiéndose, con este término, que se trata de algo “inferior” a una lengua. Y hay quienes, incluso, creen que los llamados dialectos no son lenguas porque “no tienen gramática”, “no se pueden escribir” o “no sirven para hablar de temas importantes”. Todas estas ideas son calumnias e injuriosas y surgen del sistema de castas español, principal antecedente del fenómeno de la discriminación en México, donde, básicamente, se consideraba “inferior” o “bestia” a quien no fuera “peninsular” y se les reconocía solo una parte de Ser Humano a los demás, única y exclusivamente para cobrarles impuestos.

Dicha clasificación, provocó segregación en diferentes sectores de la población transmitiéndose por generaciones, pero el grupo que más se vio afectado, sin duda, fue el de los indígenas, puesto que, las personas pertenecientes a pueblos indígenas o afrodescendientes, que hablan una lengua indígena y con tonos oscuros de piel, siguen teniendo mayor probabilidad de nacer y crecer en familias en pobreza, lo cual les pone en fuerte desventaja desde su nacimiento.

Evidencia de lo anterior son el 74.9 por ciento de hablantes de lenguas indígenas vive en la pobreza y el 60 por ciento de las personas hablantes de lenguas indígenas pertenecen al grupo más pobre de la población, mientras que solo 3 por ciento pertenecen al grupo más rico. De manera similar, solo 10 por ciento de las personas indígenas llegan a ocupar puestos de poder (empleadores), mientras que 25 por ciento de las personas blancas o mestizas llegan a serlo, 7 de cada 10 personas de piel morena ocupa el puesto más bajo en su lugar de trabajo, 2 de cada 10 personas afirman que no le rentarían su casa a una persona indígena y sólo un 15 por ciento de los indígenas entre los 20 y 29 años, tiene acceso a la educación superior.

Este último punto es muy claro al exponer en cuál sector de la población mexicana se asientan las brechas de desigualdad más injustas y considerables, impidiendo un desarrollo educativo, profesional y humano óptimo, por consecuencia se ven limitadas sus oportunidades de inclusión. Es decir, las diferencias para comunicarse e interactuar con el resto de la población propician problemas de inserción escolar, laboral y social y derivan en actos discriminatorios hacia este sector de la población.

De tal modo, los problemas más notables que viven las personas hablantes de una lengua indígena son el desempleo, la discriminación, no ser autosuficientes, pero el más importante de sus problemas, coinciden todos, es la educación deficiente, por ejemplo, para 2018, en el Panorama Educativo de la Población Indígena y Afrodescendiente se destacó que:4

• Mientras que la población general en México alcanza en promedio el tercer grado de secundaria, la población indígena, en general, apenas logra concluir la educación primaria y la población hablante de lengua indígena llega apenas a quinto grado de primaria. Si se considera que se avanza un grado por década, la población indígena se encuentra rezagada casi tres décadas con respecto al promedio nacional.

• Casi una quinta parte de la población indígena (17.8 por ciento) es analfabeta y entre los hablantes de lengua indígena uno de cada cuatro no sabe leer ni escribir; estas cifras son superiores al promedio nacional (5.5 por ciento).

• De las escuelas indígenas de preescolar, 9.5 por ciento no contaba con docentes que hablaran una de las lenguas maternas de la comunidad. Chiapas representó la proporción más alta (21.7 por ciento).

• Sólo en 8.7 por ciento de los telebachilleratos comunitarios y en 29.1 por ciento de los centralizados se contaba con hasta ocho alumnos por computadora para realizar actividades de enseñanza y aprendizaje.

• Las mujeres de las poblaciones indígenas, hablantes de lengua indígena y monolingües, tuvieron un nivel de asistencia escolar menor al de los hombres, diferencia que se acentúa a partir de los 12 años.

• Finalmente, sólo 32.8 por ciento de los alumnos indígenas concluye la educación media superior.

En los últimos años se han tenido algunos avances con la creación de nuevas leyes e instituciones, la apertura de oficinas en las procuradurías y en los juzgados para la atención de la población indígena, el apoyo a la formación de intérpretes y traductores en algunas entidades y la implantación de acciones para prevenir y erradicar la discriminación, pero aún falta mucho por hacer para la construcción de una sociedad que reconoce y afirma su diversidad cultural y lingüística como una riqueza.5

Es necesario señalar que la realidad lingüística del país es mucho más compleja de lo que, en términos generales, se ha señalado hasta ahora, ya que cada cultura, cada lengua, es un tesoro a conservar para toda la humanidad, indiscutiblemente, el lenguaje es el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo del patrimonio cultural tangible e intangible, razones por las cuales, se debe de prevenir, atender y combatir, de forma inmediata y enérgica el peligro de extinción que sufren la mayoría de las lenguas en México, señalado anteriormente.

La pérdida de los idiomas indígenas, no es un problema exclusivo de México, es una situación que se presenta globalmente, ya que, en general, no se enseña la lengua nativa a las nuevas generaciones porque existe una condición poco propicia para su desarrollo, razón por la cual, en la adultez, se deja de usar y poco a poco se muere el lenguaje.

Si se muere una lengua, muere una forma de ver el mundo, sin los pueblos indígenas la meta de un mundo sostenible, diverso y pacífico se aleja, por lo que, en contraparte, la protección de las lenguas implica el aseguramiento de la cultura que nos identifica, porque de forma oral se transmiten tradiciones, creencias y formas de organización. De modo que, para preservar la cultura de los pueblos, la identidad, las raíces e, incluso, su forma de interacción social, se deben impartir las lenguas indígenas en el sistema de educación actual, al igual que el español.

Por tanto, para impulsar una cultura incluyente, se debe trazar un plan a largo plazo. La enseñanza de los idiomas nativos sobre la sociedad en general es una solución a la discriminación y exclusión presentada por este sector vulnerable. Es decir, capacitar a las personas desde la educación es una herramienta fuerte para visibilizar y brindar apoyo a esta comunidad que históricamente ha sido desprotegida, vulnerada y olvidada.

La enseñanza y práctica de las lenguas indígenas en las escuelas, a la población en general, ayudaría a conservarlas y, al realizar esto, se fortalecería la identidad nacional al reconocer nuestra pluralidad como parte esencial de nuestro país, además de que se reduciría la discriminación tan incurrida a este grupo vulnerable. Definitivamente, si queremos una sociedad multicultural y multilingüe, debe haber un desarrollo de nuestras lenguas con una correspondencia territorial, así, las lenguas indígenas se deben enseñar en las escuelas oficiales: en el valle de México el náhuatl, en Yucatán el maya, en Chihuahua el tarahumara o rarámuri, etcétera, cada una la que corresponda a su comunidad, de modo que todos deberíamos tener acceso a estas lenguas, que también ahora, son nacionales.

La comunicación incluyente para la población indígena es fundamental. Es por eso que esta proposición con punto de acuerdo, va más allá de buscar mejorar la educación y cultura actual de los mexicanos que se autoadscriben como indígenas; esta propuesta busca atender un problema de fondo, que es la exclusión de este sector de la sociedad, enfocándose en la educación, no del grupo excluido, sino de la sociedad en general, para incluir a este sector en una sociedad más equitativa e incluyente.

En el Grupo Parlamentario de Morena sabemos que esta propuesta es una oportunidad única para fomentar una sociedad incluyente, empática y cultural, respetando la identidad lingüística y la diversidad cultural de todos los pueblos originarios, en tanto que se espera que, se institucionalicen las 68 lenguas nacionales en la educación básica general como se hace ya con el español. La 4T será incluyente o no será.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a fomentar, promover e impartir la enseñanza de idiomas indígenas con correspondencia territorial y cultural para la preservación de la cultura, identidad, costumbres, raíces y el mismo lenguaje de los pueblos indígenas de México.

Notas

1 Milenio, “Conoce las 68 lenguas indígenas de México” (en línea). Fecha de consulta: 29 de marzo de 2021. Disponible en https://www.milenio.com/cultura/conoce-las-68-lenguas-indigenas-de-mexi co

2 Ibídem.

3 Ídem.

4 UNICEF. “Presentan INEE y UNICEF Panorama Educativo de la Población Indígena y Afrodescendiente” (en línea). Fecha de consulta: 29 de marzo de 2021. Disponible en https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/m%C3%A9xico-presentan-ine e-y-unicef-panorama-educativo-de-la-poblaci%C3%B3n-ind%C3%ADgena-y

5 Secretaría de Cultura. Derechos lingüísticos (en línea). Fecha de consulta: 29 de marzo de 2021. Disponible en

https://site.inali.gob.mx/Micrositios/DILM2019/derechos_linguisticos.html#:~:text=
Los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20tienen%20derecho,ser%20comprendido%20en%20cualquier%20situaci%C3%B3n.&text=
Derecho%20de%20recibir%20educaci%C3%B3n%20b%C3%A1sica,respeto%20a%20su%20identidad%20cultural

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2021.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)