Proposiciones

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Chihuahua a promover la paz y el diálogo entre productores agrícolas del estado, evitando la violencia y la pérdida de vidas, para cumplir así el tratado de aguas internacionales México-EUA, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a defender el derecho del movimiento social ex braceros en México y cumplir la promesa de justicia respecto al adeudo del gobierno federal con este sector, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el Insabi y el IMSS a garantizar la adquisición, la distribución y el acceso a medicinas para tratar enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer infantil, ante el fallecimiento de niños por falta de fármacos y quimioterapias en diversas entidades, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar mesas de trabajo donde participen la Conagua, autoridades de Chihuahua, académicos, especialistas y población en general para formular propuestas y acciones que solucionen la problemática de la presa La Boquilla, a cargo de la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS a hacer pública la información necesaria para solventar cualquier duda sobre las supuestas irregularidades en la compra de insumos médicos de las delegaciones estatales, suscrita por el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a continuar capacitando a todo el personal docente del nivel básico con objeto de incluir la erradicación del machismo y el fomento de la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres desde los consejos técnicos escolares en busca de prevenir, identificar y erradicar comportamientos misóginos desde la primera infancia, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP y la SHCP a hacer de conocimiento público la lista de fideicomisos públicos extinguidos con base en el decreto presidencial del 2 de abril de 2020, los montos recabados con ese motivo por la Tesofe y su destino en el gasto público, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profepa a hacer de conocimiento público por su delegación en BCS los resultados de los análisis para conocer las causas del varamiento y la muerte de ejemplares de lobos marinos hallados sin vida durante septiembre de 2020 en la entidad y ejercer sus facultades de investigación sobre posibles conductas contrarias a las disposiciones legales aplicables, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Leticia Mariana Gómez Ordaz e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
• Con punto de acuerdo, para contribuir al reconocimiento de los derechos y la representación política de los pueblos indígenas de Guerrero, a cargo del diputado Javier Manzano Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SEP a tomar medidas para que el presupuesto de educación se ejerza con absoluta transparencia y crear un fondo que garantice a los niños y los jóvenes que perdieron a los padres por el Covid-19 terminar los estudios, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, el INAH y el Conacyt a establecer medidas para la protección, preservación e investigación de las cuevas sumergidas en Yucatán, QR y mar Caribe, a cargo de la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos del estado y la Ciudad de México a implantar por sus secretarías de seguridad acciones dirigidas a prevenir y erradicar las agresiones contra las empresas de gas LP y los repartidores ante el incremento de ello en la zona metropolitana del valle de México, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a hacer públicas por la Profepa las causas del varamiento y la muerte de 137 lobos marinos descubiertos en la playa de San Lázaro y difundir si ello se relaciona con la muerte de otros 46 lobos marinos encontrados en bahía Asunción, bahía San Roque y la comunidad pesquera de San Juanico, BCS, a cargo de la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a considerar el ingreso mínimo vital temporal para quienes perdieron sus ingresos por motivo del Covid-19 y que no tienen acceso a los programas federales, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Ssa a llevar a cabo acciones sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos biológico-infecciosos ante el incremento de su generación por la presencia del Covid-19, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Zulma Espinoza Mata e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema Nacional de Protección Civil y el Cenapred a reforzar las campañas de prevención de accidentes por el uso de juegos pirotécnicos fabricados con pólvora ilegal, a cargo del diputado Samuel Chávez Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a investigar por la SFP los actos de corrupción denunciados por el ex titular del Indep, sancionar administrativamente a los implicados y presentar ante la FGR las denuncias penales correspondientes, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP, la ASF y la FGR a investigar la existencia de irregularidades financieras y administrativas, anomalías u omisiones que puedan ser vinculantes con actos de corrupción en el proceso de incautación de bienes a cargo del Indep, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP y la ASF a realizar las investigaciones correspondientes sobre la compra de ventiladores médicos por el gobierno de Oaxaca, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a realizar acciones en materia de educación a distancia para niños y adolescentes que por su condición sean considerados en los grupos de riesgo ante el anuncio de regreso a clases presenciales en diversas entidades, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Morelos a aprobar la iniciativa para el reconocimiento de la identidad y expresión de género, suscrita por integrantes de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a adoptar medidas administrativas que reactiven el grupo de trabajo interinstitucional relativo a la estrategia dirigida a implantar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a otorgar por la SE mayores apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas del país ante el efecto negativo de la pandemia del Covid-19, la cual ha generado la pérdida de miles de empleos, en perjuicio de las familias y la economía, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Lotenal a realizar un sorteo en beneficio de la Cruz Roja, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a reactivar el estímulo fiscal aplicable al diésel y la gasolina para los sectores acuícola y pesquero, a cargo del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE a condonar 50 por ciento del pago de electricidad a las familias que perdieron el empleo por la contingencia, no tienen un ingreso fijo, enfermaron o quedaron sin cabeza por el Covid-19, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir por la dependencia correspondiente a efecto de diseñar protocolos para evitar contagios entre campesinos y agricultores inscritos en el programa Sembrando Vida en el contexto del Covid-19, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la Fiscalía General de Jalisco a atender los casos de abuso sexual infantil y llevar a cabo una investigación profesional, pulcra y efectiva referente al caso de la menor abusada sexualmente por un ex funcionario policial de Puerto Vallarta, a cargo de la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a garantizar la subsistencia de la vida silvestre en zoológicos, criaderos, acuarios, jardines botánicos y similares durante la contingencia sanitaria del Covid-19, a cargo de a diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Ssa y la SEP, y a los gobernadores a convocar y celebrar acuerdos de colaboración y coordinación permanente con universidades públicas y privadas, el sector empresarial, y organizaciones de la sociedad civil que se sumen filantrópicamente para proporcionar el acceso a servicios odontológicos preventivos gratuitos de niños y adolescentes que cursen la educación básica, a cargo de la diputada Zaira Ochoa Valdivia, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Contraloría General del Infonavit a actuar conforme a los principios de debido proceso, imparcialidad, perspectiva de género y transparencia en la queja presentada por Norma Romero Cortés contra el delegado federal regional de Puebla, Antonio Kuri Alam, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, el Banxico y la CNBV a proteger a los acreditados afectados por la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades federales encargadas de atender la pesca en el alto Golfo de California a formar urgentemente una mesa de coordinación de alto nivel con la participación de autoridades de los gobiernos de BC y Sonora para atender las demandas de las comunidades pesqueras dado el inicio de la temporada de camarón 2020-2021 el viernes 25 de septiembre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SAT a intensificar la difusión, atención y resolución de medios de denuncia para que los ciudadanos conozcan sus derechos y reporten a los proveedores que incumplan la obligación de expedir facturas electrónicas en los términos legales correspondientes, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a emitir una alerta a la población respecto al uso de geles antibacteriales que circulan en el mercado con alto contenido de metanol, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a garantizar que las elecciones de 2021 se ajusten al principio de austeridad y el marco de la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Chihuahua a realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades penales y administrativas a la Dirección de Transportes por multas e infracciones fuera de su competencia y jurisdicción en los tramos 190+000 a 202+000 de la carretera federal Chihuahua; y a la SCT, a tomar cartas en el asunto, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos estatales a modificar su legislación a efecto de incorporar la violencia digital entre las formas de acoso hacia mujeres y que sus marcos legales protejan a los usuarios de acoso, hostigamiento o cualquier tipo de agresión virtual, agravado por motivo de género, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Conagua a proporcionar acceso continuo y suficiente de líquido a las poblaciones más vulnerables ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a las acciones implantadas para afrontar las desigualdades educativas de las clases en línea de nivel básico debido a la pandemia del Covid-19 en Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a la atención de niños con cáncer en Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo al fortalecimiento y la aplicación de medidas de seguridad de la Ssa para impedir contagios por Covid-19 entre trabajadores de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales, sus Sipinnas, sus procuradurías de protección de derechos de niños y adolescentes, y sus procuradurías y fiscalías generales de justicia a fortalecer y hacer públicas las líneas de acción y seguimiento implantadas para prevenir, detectar, denunciar y atender la violencia contra niños y adolescentes, suscrita por los diputados Marco Antonio González Reyes y Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

Efemérides

• Con motivo del 29 de septiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con motivo del aniversario del decreto por el que se crea la Secretaría de Educación Pública, a cargo del diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Chihuahua a promover la paz y el diálogo entre productores agrícolas del estado, evitando la violencia y la pérdida de vidas, para cumplir así el tratado de aguas internacionales México-EUA, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, María Esther Mejía Cruz, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Francisco Jorge Villareal Pasaret y Ulises García Soto, diputadas y diputados federales integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

El agua es parte vital y fundamental en la vida de todo ser humano, su acceso potable y seguro, así como también el saneamiento son un derecho humano esencial, dicho derecho se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 4.

...

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible...”

En nuestra legislación nacional contamos con la Ley de Aguas Nacionales, que es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que en su artículo sexto, fracción octava se menciona que el Ejecutivo Federal podrá adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir acuerdos y convenios internacionales en materia de aguas, a fin de hacerlos cumplir.

El “Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos” data de 1944, en dicho tratado se especifica que México le debe entregar agua a Estados Unidos y esto se llevará a cabo mediante ciclos de cinco años consecutivos, y caso de que hubiera un adeuda por el motivo de una sequía extraordinaria, los faltantes se deben reponer en el ciclo siguiente, es decir en el siguiente periodo de cinco años posteriores.

Actualmente, México debe aportar a Estados Unidos un promedio de 431 Millones de metros cúbicos anuales, contabilizando en ciclos de cinco años, es decir, alrededor de 2 mil 158 millones de metros cúbicos. El ciclo 35 desde la firma del tratado, de 2015 a 2020, concluye el 24 de octubre de 2020, es decir, es la fecha límite para entregar toda el agua que se adeuda.1

Para poder cumplir el Tratado, México a través del Estado de Chihuahua, que cuenta con presas importantes que son parte del Río Concho, conocidas como El Granero, Las Vírgenes y La Boquilla. Son estas presas las aptas para que se pueda extraer agua, debido a que están relativamente cerca de Estados Unidos, además cuentan con el recurso hidráulico suficiente.

Por lo tanto, desde el pasado 25 de marzo del presente año, La Comisión Nacional del Agua (Conagua) empezó con las aportaciones para concluir con los adeudos de ciclos anteriores, mismos que fueron prorrogados desde la administración del presidente Enrique Peña Nieto. A lo que, habitantes de Delicias, Camargo y San Francisco de Conchos, se organizaron e iniciaron una protesta para defender su agua y ante esa situación la Conagua decidió suspender la extracción de agua que había comenzado a hacer el miércoles de la presa La Boquilla en Chihuahua.2

Al interrumpir las aportaciones de México al tratado de aguas con Estados Unidos, se comprometen los ciclos de riego y producciones venideras de muchos productores nacionales, ya que se da pie a que Estados Unidos no aporte sus cantidades del vital recurso, cuatro veces mayores a las recibidas, debido a que estaríamos incumpliendo en dos ciclos quinquenales.

Dada la inconformidad, las manifestaciones han terminado en incendios a vehículos de la guardia nacional, bloqueos en diversas vías ferrocarrileras, casetas y oficinas tomadas a la fuerza. El gobierno mandó a la Guardia Nacional para resguardar la presa “La boquilla” pero no cesaron las movilizaciones y manifestaciones para exigir la salida de la Guardia Nacional de la presa, dichas movilizaciones de campesinos y agricultores y el conflicto con el gobierno cada vez se ha agrava.

El pasado 8 de septiembre del 2020, las protestas se salieron de control, debido a que ganaderos y agricultores iniciaron una caravana exigiendo el cierre de válvulas para impedir la entrega de agua a EU, algunos de los manifestantes cuentan que unos de los participantes comenzaron a confrontar a la Guardia Nacional, a lo que ésta respondió; lamentablemente debido a esta protesta falleció un hombre y mujer. Asimismo, las manifestaciones se han volcado en actos vandálicos, destruyendo controladores de las presas, mismos que son de gran importancia y costo; con lo cual también se afecta a la población aledaña para su suministro de agua cotidiano.

El compañero presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia del 17 de septiembre del 2020, anunció que el gobernador de Texas, Greg Abbott ha solicitado que México cumpla con el tratado, por lo que envió una misiva al Secretario de Estado de ese país Michael R. Pompeo solicitando lo siguiente:

1. México debe cerrar el ciclo sin deudas.

2. Con solo seis semanas faltantes, México debe enviar el agua de inmediato, pues si cuenta con suficientes reservas de agua interior e internacional con lo que puede hacer frente a este Tratado.

3 La U.S IBWC debe mantener su compromiso de mantenerse en la negativa a tomar agua el río San Juan para cumplir con las obligaciones del Tratado, ya que Texas necesita la capacidad de almacenar aguas del Tratado dentro del sistema internacional de reservorios para maximizar el recurso.

Al respecto, México también se encuentra obligado a dar cumplimiento al Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, por los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados; donde se invoca el principio de:

“26. “Pacta stunt servanda ”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”

El anterior artículo, es un principio rector en todas las relaciones internacionales, ningún país puede reservarse a consideraciones futuras el cumplimiento de un acuerdo, tampoco puede expresar consideraciones de derecho interno sobre todo sino estas justificadas.

Es importante que los conflictos cesen y que se llegue a un diálogo en donde todas las partes, puedan estar conformes. En necesario recalcar, que la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, mencionó que, con el Tratado Internacional de Agua entre México y Estados Unidos, nuestro país llega a recibir cuatro veces más recurso hidráulico, beneficio que es sumamente importante para todos los productores de estados fronterizos. Y sobre todo la directora explica que Chihuahua tiene asegurado el 100 por ciento de agua para el presente ciclo agrícola.3

Lamentablemente existen diversos intereses políticos que únicamente utilizan el tema del agua para alterar la paz de los pobladores de Chihuahua, haciéndoles creer que el Gobierno Federal les quiere quitar agua a los agricultores, cuando esto no es así. Para la Cuarta Transformación el bienestar de los productores agrícolas ha sido desde siempre una prioridad.

Así como lo ha señalado el delegado de bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa; es por irresponsabilidades de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Pena Nieto que entregaron el ciclo pasado 2011- 2015, con adeudos, que ahora se quiere hacer responsable a la presente administración.4

Recordemos que las elecciones 2021, están próximas y que existen grupos sin escrúpulos que utilizan cualquier medio para lastimar la imagen de la administración del gobierno federal. Y a esto el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que lamenta que haya interés de por medio, en donde hay personas que solo están pensando en su conveniencia y es que son los grandes agricultores que están vinculados a los partidos políticos y solo quieren sacar “raja política”.5

Es primordial que se restaure la paz, y que el gobierno estatal promueva, vigile y salvaguarde la integridad de todos sus habitantes, pues es lamentable que se hayan perdido dos vidas.

Por consiguiente, el presente punto de acuerdo exhorta al gobierno estatal de Chihuahua a que promueva el diálogo entre los agricultores, a fin de explicar la importancia de cumplir con las obligaciones nacionales.

Exhortamos a que todo actor, dirigencia o fuerza política, viertan sus pretensiones en el marco democrático del presente proceso electoral y próximas elecciones, y no se utilice el compromiso internacional en materia de aguas, para lesionar la imagen del gobierno federal y de la Cuarta Transformación en la entidad, poniendo en riesgo el agua para ciclos y producciones venideras.

Resulta sumamente reprochable el monopolio del agua, como objeto patrimonio de unos cuantos, pues el agua es un recurso propiedad de la nación, y el agua debe ser manejada en favor de los intereses de la mayoría, y para el beneficio de los más necesitados.

Por tales motivos, el presente Punto de Acuerdo realiza un exhorto al Gobernador del Estado de Chihuahua, a fin de que garantice la paz y el diálogo entre los productores agrícolas, evitando la violencia y la pérdida de vidas, para así cumplir el Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos de 1944 en tiempo y forma.

La Cámara de Diputados reitera su postura de fomentar el diálogo pronto, franco y cordial para la solución de controversias, tanto con los productores del estado, como con los gobiernos del país vecino del norte, especialmente del estado de Texas, quienes exigen el cumplimiento del Tratado.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a promover la paz y el diálogo entre productores agrícolas del estado a efecto evitar violencia, la pérdida lamentable de vidas humanas; así como de facilitar el cumplimiento ineludible del Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos.

Notas

1 https://www.animalpolitico.com/2020/08/mexico-debe-ceder-millones-litri s-agua-chihuahua/

2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/26/tras-protestas-c ancela-conagua-extraccion-de-agua-en- presa-la-boquilla-6723.html

3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
chihuahua-tiene-asegurado-el-100-de-agua-para-el-presente-ciclo-agricola-conagua

4 https://www.eldiariodechihuahua.mx/opinion/no-a-la-impunidad-20200822-1 699811.html

5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/17/
gobernador-de-texas-informa-a-pompeo-de-inclumplimiento-mexicano-a-tratado-de-aguas-2439.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre del 2020.

Diputados: María Esther Mejía Cruz, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Francisco Jorge Villareal Pasaret, Ulises García Soto. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a defender el derecho del movimiento social ex braceros en México y cumplir la promesa de justicia respecto al adeudo del gobierno federal con este sector, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez , y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

El gobierno federal actualmente guarda una deuda histórica que proviene desde 1942 a 1964, situación que se suscitó a través del Mexican Farm Labor Program , conocido como Programa Bracero, acuerdo binacional entre Estados Unidos de América y México, que abasteció de mano de obra y trabajadores de origen mexicano para laborar en los ferrocarriles y la agricultura en granjas estadounidenses.

Se sabe que este programa tenía como origen que los jóvenes de aquella época alistados, sustituyeran a los hombres que combatían en la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, este reclutamiento de alrededor de 4.5 millones de trabajadores terminó en apoyo a productores industriales y agrícolas en Estados Unidos, situación que cambio la visión de la migración por casi veintidós años mientras existió dicho Programa.1

Dentro de los requisitos de contratación se estableció la deducción del diez por ciento salarial para un Fondo de Ahorro, considerado como una especie de seguro de desempleo y el monto sería devuelto al regreso de los trabajadores a México.

Asimismo, se disponía que el dinero de los trabajadores sería guardado en los bancos estadounidenses Bank of America, Bank Wells Fargo y Union Trust Company, quienes tenían la obligación de remitirlos al gobierno mexicano a través de los Bancos Nacionales de Crédito Agrícola (después Banrural) y del Ahorro Nacional. Se tiene conocimiento que las deducciones estuvieron activas hasta 1948, por lo que el gobierno mexicano recibió millones de dólares procedentes de dicho país, sin embargo, este ahorro no fue recibido por el total de trabajadores de aquella época durante ese periodo.ii

Por las condiciones de educación de los trabajadores de aquella época, muchos desconocían de la existencia de tal ahorro y de cómo cobrarlos, fue así que se hicieron presentes las solicitudes de devolución desde 1947. Durante más de cinco décadas se hicieron presentes estas manifestaciones; surgiendo así, los diversos movimientos de ex braceros que exigieron del gobierno la devolución de su Fondo de Ahorro.

Con el transcurso del tiempo, ante la insistente demanda y sin ser atendidos, gran parte de los trabajadores de aquella época pasaron a ser adultos mayores; por lo que ante esta situación y en un afán del gobierno por solventar dicha problemática y pagar parte de esta deuda, en el año dos mil cinco se emitió el decreto por el que se creó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.iii

Este Fideicomiso atendió a un aproximado de ciento cinco mil ex braceros durante el año 2012; sin embargo, el gobierno federal, desde ese año a la fecha, no ha asignado presupuesto para saldar la deuda que aún sigue pendiente con los más de tres mil ex braceros en todo el territorio de México, sin contar con las familias de los que ya fallecieron.

En agosto de 2017, Andrés Manuel López Obrador exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ordenaran al Poder Ejecutivo pagar justamente a los ex braceros sus demandas. Asimismo, señaló que cuando llegara a la presidencia se haría justicia por el robo realizado durante su trabajo en Estados Unidos de América.iv

El 7 de noviembre de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para trámite la queja interpuesta por el movimiento de ex braceros otorgando un término de tres meses para ambas partes y así alegar lo que a sus intereses convinieran. El 6 de febrero del año en curso, la cancillería solicitó una prórroga para analizar la situación, situación que a la fecha no ha tenido respuesta favorable alguna.

Ante esta situación, durante los meses de mayo y agosto del presente año se han presentado proyectos de ley que proponen la desaparición de más de cincuenta fideicomisos, entre los que se encuentra el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, situación que pone en estado de indefensión a los afectados que aún no han logrado obtener el pago de su Fondo de Ahorro.

Por lo anterior, conviene que la Secretaría de Gobernación intervenga para salvaguardar el derecho del movimiento social ex braceros, a fin de cumplir la promesa de justicia respecto del adeudo que el Gobierno Federal mantiene con este sector de la sociedad, además de proteger el derecho de las personas adultas mayores en México.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a defender el derecho del movimiento social ex braceros en México y a cumplir la promesa de justicia respecto del adeudo que el gobierno federal mantiene con este sector de la sociedad.

Notas

i BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37528106

ii Revista Historia Autónoma. Dialnet.
file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-BreveHistoriaDelMovimientoSocialDeExBracerosEnMexi-4884396%20(2).pdf

iii Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/extrabmigmex.php

iv Revista Proceso. https://www.proceso.com.mx/500257/lopez-obrador-emplaza-a-la-corte-a-re solver-pagos-a-exbraceros

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el Insabi y el IMSS a garantizar la adquisición, la distribución y el acceso a medicinas para tratar enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer infantil, ante el fallecimiento de niños por falta de fármacos y quimioterapias en diversas entidades, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Sara Rocha Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Existen diversas denuncias públicas sobreirregularidades en la adquisición de medicamentos, su falta de disposición en los hospitales del país y lamentablemente, la muerte en los últimos meses de personas debido a esta problemática.

Desde el año pasado se ha agravado la falta de medicinas para la atención de múltiplesenfermedades, principalmente para las denominadas crónico degenerativas tales como diabetes, VIH y problemas renales, perotambién para el cáncer infantil a pesar de constituir una de las primeras causas de mortandad en pacientes de entre 5 a 14 años.

De manera general, cifras de la Organización Panamericana de la Salud arrojan que en las Américas el cáncer es la segunda causa de muerte, entre los más letales están el de pulmón con 19.6, próstata con el 12.1, hígado con el 6 y el de estómago con 5.4.1

En el caso específico del cáncer infantil, de acuerdo con el jefe del servicio de oncología pediátrica del Hospital Juárez de México en el país se estima que cada año se diagnostican entre cinco y seis mil nuevos casos de cáncer entre la población menor de 18 años, siendo las leucemias la que presentan una mayor incidencia con 50 por ciento, seguido de tumores del sistema nervioso central.2

Estas cifras tienen mayor relevancia tomando en cuenta que a decir de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición,3 20 por ciento de los mexicanos declaran no ser derechohabientes de los servicios de salud y el cáncer es una enfermedad costosa que impacta a la económica familiar.

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer ha alertado que en México cada 4 horas muere una niña o niño a consecuenciadel cáncer y que por lo menos 23 mil se encuentran en tratamiento activo o vigilancia, por lo que es elemental garantizarles servicios de salud accesibles y de calidad.

También que debido a los recortes en tratamientos y medicinas en lo que va de la gestión federal, solo durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre del año pasado a este septiembre, mil 699 niños lamentablemente han fallecido.4

La asociación civil Manitas Pintando Arcoíris sostiene que en este 2020 se ha empeorado el desabasto por lo que los costos de la cardioxane, parafinasas, vincristina y etopósidos se han elevado hasta en 500 por ciento, pero no solo eso, ante su escasez es necesario trasladarlo desde otras entidades federativas generando mayores gastos para las familias, quienes, ante la imposibilidad de recibirlos en instituciones públicas, lo adquieren de manera particular. No obstante, en el peor caso no se compra.5

Para contar con un panorama, basta señalar que entre el 4 y el 8 de septiembre del presente año, al menos seis menores murieron en el municipio de Monterrey en el estado de Nuevo León a consecuencia de la carencia dequimioterapias para el tratamiento del cáncer.6

Este desabasto se ha dado en entidades como la Ciudad de México, Puebla, Tabasco, Morelos y Michoacán por lo que se trata de un asunto generalizado que debe asumirse con responsabilidad y apego a la Ley, para resolverlo con efectividad y de manera integral.

En el Centro Médico Nacional “La Raza” de la Ciudad de México, padres de familia se han manifestado por esta situación.Asimismo, a inicios del año también en San Luis Potosí se reportó un desabasto de 15 por ciento, afectando principalmente al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.7

Ante este contexto, se deben asegurar recursos suficientes para su adquisición, fortalecer y transparentar los sistemas de distribución, además de ampliar los mecanismos de entrega para que las niñas, niños y adolescentes puedan superar este padecimiento.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Salud para el Bienestar tienen que hacer un mayor esfuerzo por contar con los medicamentos y materiales para proporcionar las quimioterapias y no comprometer la salud de la sociedad.

La austeridad mal entendida está cobrando vidas, ante ello se debe disponer de fondos, personal e infraestructura suficiente para cumplir con lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien en su artículo cuarto establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.8

Los hechos descritos además transgreden la Ley General de Salud, la cual contempla en el artículo 77 bis 5 inciso A, que le corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud “Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades federativas o la Federación lleve a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados”.

Está claro que el Sistema Nacional de Salud y sus instituciones encargadas de la prestación de sus servicios tienenáreas de oportunidad en la compra, distribución y entrega de medicamentos a pesar de ser productos primordiales para la conservación de la salud, entendida como la ausencia de afecciones, pero también como el estado de completo bienestar físico, mental y social.

La pandemia de Coronavirus, Covid-19 no puede ser motivo para evadir la responsabilidad en la prestación de los servicios y mucho menos aliciente para incrementar los precios de insumos necesarios en la aplicación de las quimioterapias.

El objetivo del presente punto de acuerdo es visibilizar la falta de medicinas y quimioterapias para el tratamiento del cáncer infantil, incentivar la coordinación institucional para su solución y prevenir su incidencia en otras entidades, ya que la atención de la salud representa un asunto prioritario para todos los mexicanos, sin distinción social, económica o de cualquier otro tipo.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al Instituto de Salud para el Bienestar y al Instituto Mexicano del Seguro Social a garantizar la adquisición, la distribución y el acceso a medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas, entre ellas el cáncer infantil, ante el fallecimiento de niñas y niños por falta de fármacos y quimioterapias en diversas entidades del país.

Segundo. - La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer sus acciones de vigilancia a fin de identificar y prevenir el incremento injustificado en los precios de medicamentos destinados para la atención del cáncer infantil, asimismo sancione de manera ejemplar a los establecimientos que incurran en esta irregularidad.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas (2020). Cáncer en las Américas, segunda causa de muerte, 20 de septiembre de 2020, de ONU. Sitio web: https://www.onu.org.mx/cancer-en-las-americas-segunda-causa-de-muerte/

2 Secretaría de Salud (2019). La leucemia representa 50 por ciento de los casos de cáncer infantil, 20 de septiembre de2020, de presidencia de México Sitio web: https://www.gob.mx/salud/prensa/055-la-leucemia-representa-el-50-por-ci ento-de-los-casos-de-cancer-infantil

3 Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 20 de septiembre de 2020, de Inegi Sitio web: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2 018_presentacion_resultados.pdf

4 Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (2020). Cáncer infantil,. 20 de septiembre de 2020, de AMANC, Sitio web: https://www.amanc.org/

5 Yolanda Chio (2020). "Pandemia encareció medicamentos contra cáncer", reporta AC de Nuevo León, 20 de septiembre de 2020, en La Jornada. Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/09/11/pandemia-encareci o-medicamentos-contra-cancer-reporta-ac-de-nuevo-leon-5149.html

6 Imelda Robles (2020). "Mueren sin quimio 6 niños en 5 días en NL", 20 de septiembre de 2020, en Reforma. Sitio web:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=
https://www.reforma.com/mueren-sin-quimio-6-ninos-en-5-dias-en-nl/ar2031717?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

7 Patricia Calvillo. (2020). Hay 15 por ciento de desabasto en medicamento contra cáncer. 20 de septiembre de 2020, de El Sol de San Luis. Sitio web: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/hay-15-de-desabasto-en-medicame nto-contra-cancer-4792248.html

8 Congreso de la Unión (última reforma DOF 8 de mayo0 de 2020). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 20 de septiembre de 2020, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar mesas de trabajo donde participen la Conagua, autoridades de Chihuahua, académicos, especialistas y población en general para formular propuestas y acciones que solucionen la problemática de la presa La Boquilla, a cargo de la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Claudia Elena Lastra Muñoz , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A principios de febrero del presente año, pobladores cercanos a la presa La Boquilla, ubicado en el estado de Chihuahua, manifestaron su inconformidad ante los gobiernos estatal y municipal, toda vez que se pretendía realizar la apertura de varias compuertas de dicha presa para realizar el pago de agua a los Estados Unidos.

En aquella ocasión, más de tres mil habitantes se manifestaron en lugares como Camargo, La Cruz, Delicias y San Francisco de Conchos, los inconformes fueron contenidos y desalojados por la Guardia Nacional, todo esto sin recibir respuesta alguna por las autoridades de la Comisión Nacional del Agua y/o autoridades en la materia.

Cabe mencionar que el gobierno mexicano tiene que aportar una cantidad de agua a los Estados Unidos, con el fin de cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944, el cual fue firmado por ambos países. El pago de dicho liquido se obtendría de diversos embalses, entre ellas de La Boquilla, presa que suministra el vital líquido a pobladores que se sitúan cercanos a ella. Asimismo, actividades como la agricultura y la ganadería dependen del suministro de agua que esta presa contiene, por lo que, de extraer agua de dicho embalse, afectaría seriamente diversas actividades en la comunidad.

Por otra parte, los inconformes han expresado que las condiciones climatológicas del lugar los obliga a gestionar el agua de forma que esta pueda ser accesible para todo el año, por lo que han expresado y solicitado sean atendidos por las autoridades correspondientes. Sin embargo, hasta aquel momento no habían recibido respuesta alguna.

Recientemente el problema volvió a cobrar fuerza, pues derivado del mismo se han suscitado nuevas protestas e incluso se han presentado actos vandálicos, que aparentemente, fueron realizados por campesinos del lugar, quienes inconformes han señalado que, de entregar el pago de agua a los Estados Unidos, dejarían a los agricultores sin el recurso suficiente para sobrellevar sus ciclos de cultivos, por lo que también les produciría pérdidas económicas. Además, aseguraron que la entidad pasa por una sequía atípica, que mermaría aún más las reservas de agua.1

Ante tales inconformidades, el día 8 de septiembre del año corriente, campesinos que habitan alrededor de dicha represa, se manifestaron y de nueva cuenta se enfrentaron a los uniformados de la Guardia Nacional. Los agricultores señalaron que las autoridades en materia hídrica no les han recibido para sostener el dialogo y llegar a un acuerdo y no ser afectados, en caso de realizar la extracción y posterior pago de agua a los Estados Unidos. En el transcurso de dicho percance, se reportaron daños en las inmediaciones de la presa, así como el lamentable fallecimiento de una ciudadana durante las agresiones.2

El gobierno federal, a través del titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, manifestó que se presentarán las correspondientes denuncias por los daños ocasionados en la presa La Boquilla por campesinos que se oponen a cumplir con los tratados de entrega de agua a Estados Unidos.4 En palabras del presidente, mencionó lo siguiente:

“Informarles que se causaron daños a plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se están presentando denuncias para que la autoridad también investigue sobre los responsables de esto.

“Tenemos que denunciarlo porque se trata de bienes públicos, son bienes de todos los mexicanos, tienen que cuidarse y proteger”

Sumado a lo anterior, el mandatario expresó que el daño causado por los campesinos podría ascender a los 100 millones de pesos, esto debido a que resultaron dañados algunos generadores de electricidad que son operados por la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, expuso que también se vio afectado el suministro de agua a diversas localidades de la entidad.4

Asimismo, el mandatario aseguro que la protesta tiene intereses políticos comandado por lideres locales que se oponen a su gobierno. Ante ello, era necesario que el actuar las fuerzas federales como la Guardia Nacional para que el Acuerdo con los Estados Unidos sea cumplido sin contratiempos.

Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que instruyó a la Fiscalía General del estado a realizar de manera inmediata las investigaciones para esclarecer los hechos suscitados en los alrededores de la presa, así como castigar a los responsables del ataque de una pareja de agricultores, donde la mujer falleció y el hombre resultó con daños de gravedad. Además, condenó los hechos realizados con violencia.

Ante el fallecimiento de la mujer que se encontraba en el lugar de los hechos junto a agricultores de la zona, la Guardia Nacional, a través del comandante Luis Rodríguez Bucio, confirmó que uno de los elementos de dicha corporación fue quien disparó, por accidente, contra la mujer que perdió la vida tras la manifestación registrada en la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua.5 Ante tal suceso, el comandante también condenó el hecho y afirmó que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para conocer a fondo lo sucedido. También agregó que, los mismos manifestantes tomaron algunas armas y granadas que tenía el personal de la Guardia Nacional, por lo que estarán trabajando con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos a la brevedad y deslindar responsabilidades.

La realidad es que dicha manifestación realizada por agricultores y habitantes de la zona, en la cual se encuentra ubicado el embalse, deriva de la entrega de agua a los Estados Unidos. Los argumentos ya han sido expuestos. Asimismo, estas personas sólo quieren que se les garantice el suministro de agua sin contratiempos, pues aseguran que las medidas que tomarán las autoridades federales de la Conagua no aseguran el suministro adecuado para la población y demás actividades de la región. Además, estas personas han solicitado sean atendidos para entablar el dialogo en el cual participen diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, así como académicos, especialistas, expertos en la materia y población civil, para buscar alternativas que satisfagan las necesidades de la población y, a su vez, cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, en el cual México está comprometido a pagar la tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del Río Bravo proveniente de los Ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y del Arroyo de las Vacas, cantidad que no debe ser menor de 432 millones de metros cúbicos (Mm³) en promedio anual, contabilizados en ciclos de 5 años.6

En ese sentido, urge que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar este tipo de acontecimientos, así como evitar incidentes como el siniestro ocurrido con una ciudadana. Cabe mencionar que, derivado de dichas manifestaciones, en los alrededores de la presa, elementos de la Guardia Nacional han intentado increpar a los ciudadanos de diversas formas; ya sea a través de abuso de autoridad, así como otros ilícitos que están fuera de sus facultades.

Por ello, es que el presente documento tiene como finalidad hacer un atento llamado a diversas autoridades para formular diversas alternativas y propuestas para dar solución al problema de pago de agua a los Estados Unidos, así como generar los mecanismos necesarios en los cuales se cumplan los tratados y se proteja el derecho fundamental de acceso al agua para los ciudadanos de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal para que realice mesas de trabajo en las cuales participen la Comisión Nacional del Agua, autoridades del estado de Chihuahua, académicos, especialistas y población en general para buscar soluciones a la problemática que se está viviendo en la presa La Boquilla y que los ciudadanos no se vean afectados por esta cuestión.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobernador constitucional del estado de Chihuahua para que, a través de la Fiscalía General del estado, realicen las averiguaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en la presa La Boquilla, toda vez que las agresiones ocurridas cobraron la vida de una ciudadana del lugar. Así como realizar las investigaciones correspondientes respecto a los hechos de extorsión señalados por los ciudadanos, a cargo de la Guardia Nacional.

Notas

1 https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-que-es-el-machismo?idiom=es

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violen cia2019_Nal.pdf

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violen cia2019_Nal.pdf

4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violen cia2019_Nal.pdf

5 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116350_spa

6 https://es.unesco.org/themes/atencion-educacion-primera-infancia

7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa

8 https://es.unesco.org/node/266395

9 https://www.gob.mx/sep/es/articulos/
boletin-no-233-se-construye-la-nueva-escuela-mexicana-sin-caer-en-dogmas-e-ideologias-inamovibles-
esteban-moctezuma-barragan?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro a, 29 de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Elena Lastra Muñoz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS a hacer pública la información necesaria para solventar cualquier duda sobre las supuestas irregularidades en la compra de insumos médicos de las delegaciones estatales, suscrita por el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al director general de Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Alejandro Robledo Aburto, informar a esta soberanía sobre las supuestas irregularidades en los procesos de compra de insumos médicos por parte de las delegaciones estatales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la llegada a nuestro país de la pandemia generada por el Covid-19 el mundo se vio frente a una crisis de salud pública sin precedentes, trayendo consigo un aumento dramático en la demanda de insumos médicos requeridos para la atención de la población afectada por dicho virus, lo que ha colocado a los gobiernos en un momento de tomar decisiones oportunas y eficaces, pero sobre todo en perfecta coordinación con todos los actores políticos.

Derivado de lo anterior, el gobierno federal implementó una serie de medidas extraordinarias en materia de salubridad a fin de estar en condiciones de combatir la enfermedad prioritaria de atención generada por Covid-19.

En este orden de ideas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se colocó, a la par que otras instituciones de salud, como pilar fundamental para hacer frente a la pandemia. Desde su fundación el IMSS se ha caracterizado por ser la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos, combinando la investigación y la práctica médica con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados y con ello otorgar una mejor calidad de vida a las familias mexicanas.

Para darnos una idea de la importante labor que lleva a cabo, debemos señalar que en un día normal el IMSS realiza un promedio de 484 mil consultas médicas, de las cuales 53 mil corresponden a atención por urgencia, se registran aproximadamente 5 mil 600 egresos hospitalarios y 3 mil 900 intervenciones quirúrgicas, además de realizar más de 785 mil análisis clínicos.1

De acuerdo con datos de la propia institución, para 2018 el IMSS contaba con una población de 80 millones de derechohabientes, brindado atención médica a 6 de cada 10 mexicanos.2

El reto que tenemos por delante es enorme, la crisis en nuestro sistema de salud se vio agravada con la llegada de la emergencia sanitaria; ahora es el momento para redoblar esfuerzos y bridar todo el apoyo necesario a nuestras instituciones de salud.

Resulta vital asegurar que el sistema de salud funcione adecuadamente, que la acciones que realice tanto el gobierno federal, entidades federativas y dependencias del sector salud se apeguen a la normatividad aplicable y con ello preparar a las instituciones de salud para enfrentar de manera efectiva el incremento en la demanda de los servicios médicos.

En este orden de ideas, en días pasados se hicieron públicas en diversos medios de comunicación supuestas irregularidades en los procesos de licitación pública encabezados por el IMSS; uno de esos casos fue el señalado específicamente en la delegación Jalisco del IMSS donde las partes involucradas acusaron que las autoridades encargadas de los procedimientos “manipularon” la asignación de contratos a fin de beneficiar a ciertos proveedores.3

Un caso similar se presentó en Tamaulipas, donde acusaron a la delegada de la entidad por encabezar una serie de supuestas irregularidades en las licitaciones para la compra de materiales, señalando que el proceso se realizó de manera amañada para favorecer a ciertas empresas que registraron precios elevados y productos de mala calidad.4

El propio director general del IMSS informó el pasado 8 de septiembre que al cierre del mes de agosto el Instituto contaba con 41 pliegos de observaciones, promociones, daños y perjuicios por deficiencias e irregularidades en la gestión de recursos, asimismo, a la misma fecha se registraban 100 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

No olvidemos que en meses pasados el IMSS Hidalgo se vio inmerso en un escándalo por la compra a sobreprecio de ventiladores pulmonares a una empresa propiedad del hijo de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad; un ejemplo más para sumar a la lista es lo sucedido en la delegación del IMSS en Chiapas, en diversos medios de comunicación se dio a conocer que la delegada adjudicó de manera directa un contrato para adquirir ventiladores pulmonares por un total de 42 millones de pesos, es decir, un millón 200 mil pesos por cada ventilador.5

Derivado de lo antes expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano rechazamos categóricamente actos de opacidad y mal manejo de recursos y mucho menos en momentos en donde la salud de los mexicanos se encuentra en riesgo.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al director general de Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Alejandro Robledo Aburto, haga pública la información necesaria para solventar cualquier duda sobre las supuestas irregularidades en los procesos de compra de insumos médicos por parte de las delegaciones estatales.

Segundo. Implementar un plan de mejora en lo referente a la transparencia en los procesos de licitación y adjudicación directa de la dependencia que encabeza.

Notas

1 Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2018-2019. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20182019/21-Infor meCompleto.pdf

2 Disponible en:
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201807/191

3 Disponible en:

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx? rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/manipula-imss-las-licitaciones/
ar2033990?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d--

4 Disponible en:
https://elgraficotam.com.mx/2020/05/25/denuncian-a-delegacion-del-imss-por- irregularidades-en-contratos/

5 Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/otra-historia-de -ventiladores-sobreprecio

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2020.

Diputado Juan Francisco Ramírez Salcido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a continuar capacitando a todo el personal docente del nivel básico con objeto de incluir la erradicación del machismo y el fomento de la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres desde los consejos técnicos escolares en busca de prevenir, identificar y erradicar comportamientos misóginos desde la primera infancia, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Irma María Terán Villalobos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

El presente punto de acuerdo se refiere a las atribuciones y facultades del Sistema Educativo mexicano, teniendo como propuesta incluir la erradicación del machismo, la igualdad sustantiva y el empoderamiento de la mujer como pieza fundamental y estructural de la educación en México. Lo anterior con el objetivo claro de garantizar que las y los mexicanos aprendamos desde temprana edad sobre las terribles consecuencias que el machismo ha provocado en nuestro país.

Fundamentando la presente propuesta con datos, estudios, estadísticas y con estricto apego al marco constitucional, busco demostrar que la inclusión de este tema erradicará desde temprana edad el pensamiento y actitudes machistas que han provocado miles de feminicidios, agresiones físicas, emocionales, económicas y sexuales, arruinado históricamente las vidas de mujeres y hombres en nuestro país; conociendo las raíces y consecuencias de esta problemática evitaremos la ideología patriarcal de hacer a las mujeres menos por el simple hecho de serlo, identificando, previniendo y erradicando esta mentalidad desde la primera infancia a través del sistema educativo de nuestro país.

Machismo en México, sus consecuencias, datos y estadísticas

La Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres1 define al machismo como el conjunto de actitudes y comportamientos que violentan la dignidad de una mujer en comparación con el varón, es decir, la actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer.

Este pensamiento patriarcal lamentablemente ha llevado a nuestra sociedad por un camino histórico de desigualdad e indiferencia que empieza desde temprana edad, llevando a un presente de total falta de oportunidades e injusticias en el ámbito social, laboral, familiar y político, provocando miles de violaciones, muertes, feminicidios, discriminación y pensamientos de odio que retrasan el avance de México como un país desarrollado.

Basados en los datos publicados cada año el 25 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)2 con motivo del Día Nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con datos obtenidos principalmente de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2016 acerca de la situación de la violencia que enfrentan las mujeres en México, podemos observar que:

• De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.

• 43.9 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0 por ciento), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7 por ciento).

En estos datos podemos observar que el machismo afecta directamente a mujeres de todas las edades y, sobre todo, desde una edad temprana, afectando de manera directa su vida sin ninguna posibilidad real de desarrollo en todos los aspectos.

Como ya ha sido mencionado en el presente punto de acuerdo, la violencia contra las mujeres es un problema grave que lastima a todo el país, afectando la economía nacional ya que la desigualdad contra las mujeres generadas por el machismo evitan la posibilidad de desarrollarse como lo señala el artículo 4o. constitucional que se refiere a la igualdad entre mujeres y hombres sin distinción, privando a miles de mujeres de gozar y ejercer la igualdad sustantiva a la cual todos tenemos derecho, evitando en muchas ocasiones que las mujeres puedan terminar sus estudios, asistir a un lugar de trabajo con todas las garantías sin ser discriminadas y sobre todo, sufriendo violencia emocional, económica, sexual y afectiva en sus hogares.

A continuación, podemos observar datos estadísticos del acceso a la educación y mercado de trabajo para las mujeres en México, en el cual observamos que 7.6 por ciento de las mujeres en nuestro país nunca ha tenido acceso a la educación, 76.2 por ciento ha asistido alguna vez, pero no de manera reciente en los últimos 12 meses y 16.2 por ciento sí ha asistido de manera reciente a la escuela.

De igual manera es importante mencionar que según los datos publicados por el Inegi3 en 2019, 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo (violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral) misma que ha sido ejercida por diferentes agresores, sea la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien por amigos, vecinos o personas conocidas o extrañas. Esto es, 30.7 millones de mujeres en México han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez, a lo largo de su vida.

De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7 millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. 4

Con fundamento en la información presentada, podemos llegar a la conclusión de que el problema de desigualdad y violencia contra las mujeres es un hecho que afecta en todos los aspectos la vida de nuestro país, es cierto que los gobiernos municipales, estatales y federales de las diferentes vertientes políticas han hecho su mejor esfuerzo para atacar este grave problema pero lamentablemente sólo ha resultado en un aumento de muertes provocadas por esta idiosincrasia machista, buscando únicamente castigar a los culpables como medida emergente en vez de atacar el problema de raíz como una medida preventiva, buscando que este problema desaparezca desde la enseñanza en las aulas.

Es por eso que una vez que hemos identificado el problema, la definición, datos estadísticos y raíces del machismo en México, propongo la prevención de este problema desde la infancia temprana, siendo de fundamental importancia comenzar con acciones reales para que este pensamiento deje de existir y afectar a nuestra sociedad, utilizando la educación como eje fundamental del cambio de actitud y pensamiento que se requiere en nuestro país.

Educación como medida de prevención

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.

Nelson Mandela

El informe temático titulado Educación para todos –hacerla realidad referente al desarrollo de la niñez en la primera infancia, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), escrito y editado por Benedict Faccini y Bernard Combes,5 demuestra con estudios y programas realizados en Irlanda, China, Trinidad y Tobago y Colombia que las actitudes o hábitos de las personas, sean buenos o malos, se generan de los 0 años hasta los 5 años, mostrando que es casi irreversible cambiar la ideología que se asentó en la niñez. Partiendo de este punto, debemos tomar a la educación como un pilar en materia de prevención, utilizando el modelo educativo en México realizado en conjunto de todas las fuerzas políticas, aportando ideas para la creación de la Nueva Escuela Mexicana, buscando armonizar con las organizaciones y agendas internacionales en materia educativa, buscando la prevención en la educación temprana de nuestro país.

La primera infancia es definida por la UNESCO6 como un periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad, y constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos.

Es por eso que esta Organización recomienda la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) basada en el desarrollo holístico; este término se refiere a una filosofía educativa basada en la premisa de que toda persona encuentra su identidad y el sentido de la vida a través de sus nexos con la comunidad en la que se encuentra, destacando los valores universales como la paz y la compasión. Si pensamos en este modelo educativo aplicado a nuestro país, podemos comenzar a entender la relación de la ola de feminicidios y discriminación con las actitudes machistas que desgraciadamente son inculcadas en las niñas y niños ya sea de manera intencional o inconsciente desde una edad temprana.

Siguiendo lo pactado en la Agenda 2030 de Educación7 el presente punto de acuerdo busca unificar los esfuerzos para demostrar que la inversión en la AEPI es una de las mejores inversiones en materia educativa fomentando el desarrollo social, la igualdad de género y la cohesión social, reduciendo así los costos de las medidas emergentes aplicadas actualmente para detener el problema de violencia y desigualdad en México.

A continuación, podemos observar las metas 4.2, 4.5 y la Forma de Ejecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, contenido en la Agenda 2030 de Educación,8 los cuales armonizan con la propuesta de la presente iniciativa:

Forma de Ejecución:

Tomando en cuenta todos estos importantes temas y el gran esfuerzo que todas las fuerzas políticas realizaron para llegar a un consenso y armonía en materia de reformas para el Sistema Educativo y la Creación de la Nueva Escuela Mexicana, la cual indica que la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI)9 debe garantizar a las niñas y niños de cero a seis años, el ejercicio efectivo de sus derechos a una vida libre de violencia, educación, supervivencia, desarrollo integral, prosperidad y protección; agregado a lo mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo que se refiere a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el artículo 3o. constitucional que garantiza el derecho a la educación, el artículo 4o. constitucional que se refiere a la igualdad de hombres y mujeres sin distinción y los estudios presentados en la presente iniciativa realizados por el Inegi, UNESCO y Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), es que propongo que sin importar colores o partidos impulsemos a la educación como el pilar más importante de nuestra sociedad en materia de prevención de feminicidios.

Este nuevo modelo educativo busca fomentar la inclusión, el pensamiento crítico, el crecimiento solidario, el trabajo en equipo, la erradicación de la corrupción a través de la honestidad y la integridad, impulsar el desarrollo social, ambiental y económico así como combatir las causas de discriminación y violencia en nuestro país, especialmente contra la niñez y las mujeres; en este marco debemos destacar que en la Ley General de Educación se mencionan todos estos importantes temas preventivos pero en ningún artículo se puede encontrar el término “machismo” ni sus graves consecuencias.

Como conclusión destaco los ideales que sigue la nueva escuela mexicana, resultando de fundamental importancia incluir la erradicación del machismo como eje fundamental del sistema educativo, siendo esta la única manera de comenzar un cambio ideológico generacional en el que se rechace al machismo de la misma manera que se busca combatir la corrupción y las adicciones, convirtiendo a la educación en un sistema de prevención y erradicación del problema en lugar de buscar medidas emergentes de castigo que sólo generan un círculo vicioso de resentimiento en nuestra sociedad, esto aunado a la armonización en términos de igualdad sustantiva, la cual se refiere al libre ejercicio de nuestros derechos fundamentales en todos los ámbitos entre mujeres y hombres sin distinción, contenida en el artículo 15, fracción III de la presente ley, demuestra que la erradicación del machismo en el sistema educativo complementaría a la nueva escuela mexicana y ayudaría a prevenir miles de muertes y sobre todo, sentar las bases para un futuro mejor para la niñez de nuestro país.

Por todo lo expuesto anteriormente es que propongo que todos los grupos parlamentarios nos unamos para darle fuerza y utilidad a la educación como el arma más fuerte que tenemos contra el machismo. La educación permitirá acabar con el problema de raíz, evitando miles de muertes y sobre todo, llevando a nuestro país a una nueva etapa de igualdad sustantiva y completo respeto entre toda la sociedad, garantizando así el correcto funcionamiento social y afectivo de todos nosotros, promoviendo bienestar, igualdad de oportunidades y sobre todo, identidad nacional, que sin duda alguna cambiará para siempre la forma en la que hemos vivido en nuestro país, dando paso al desarrollo social, afectivo, político y económico que el Estado debe proveer, trabajando de la mano con toda la sociedad por un nuevo modelo de idiosincrasia mexicana.

La presente propuesta sumaría a los grandes esfuerzos realizados por el Sistema Educativo mexicano, armonizando totalmente con la Constitución en sus artículos 3o. y 4o., la Ley General de Educación, la Agenda 2030 de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades continúe capacitando a todo el personal docente del nivel básico con el objeto de incluir la erradicación del machismo, la igualdad sustantiva y el empoderamiento de la mujer desde los consejos técnicos escolares buscando prevenir, identificar y erradicar comportamientos misóginos desde la primera infancia.

Notas

1 https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-que-es-el-machismo?idiom=es

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violen cia2019_Nal.pdf

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violen cia2019_Nal.pdf

4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violen cia2019_Nal.pdf

5 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116350_spa

6 https://es.unesco.org/themes/atencion-educacion-primera-infancia

7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa

8 https://es.unesco.org/node/266395

9 https://www.gob.mx/sep/es/articulos/
boletin-no-233-se-construye-la-nueva-escuela-mexicana-sin-caer-en-dogmas-e-ideologias-inamovibles-
esteban-moctezuma-barragan?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Irma María Terán Villalobos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP y la SHCP a hacer de conocimiento público la lista de fideicomisos públicos extinguidos con base en el decreto presidencial del 2 de abril de 2020, los montos recabados con ese motivo por la Tesofe y su destino en el gasto público, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Norma Azucena Rodríguez Zamora, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 2 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que ordena la extinción de los fideicomisos públicos federales que no cuenten con estructura orgánica, y el traspaso de sus fondos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de abril.

2. Según el cuarto Informe Trimestral de 2019, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) remitió a la Cámara de Diputados, los fideicomisos, mandatos o análogos sin estructura orgánica son 339 y el monto de dinero que dichos instrumentos tenían al 31 de diciembre eran 740 mil millones de pesos.

3. Desde la fecha de publicación del decreto, se debate sobre el monto del dinero que el gobierno federal “recuperaría” con esta medida. Primero se habló de los 740 mil millones de pesos (casi el 3 por ciento del producto interno bruto, PIB) que eran el importe total con que esos instrumentos contaban al cierre del ejercicio 2019, mientras que datos extraoficiales de la SHCP estimaron un monto de 494 mil millones de pesos. Más cauto, el Presidente de la República lo calculó en 250 mil millones de pesos, equivalentes, dijo, “al 1 por ciento del PIB”.

4. El propio decreto, en su artículo quinto dice en forma indeterminada, que no se extinguirán los siguientes fideicomisos: 1) los que se constituyeron por mandato de la Constitución, alguna ley o decreto legislativo; 2) los que se utilizan como medio de pago de deuda pública; 3) los que tienen como fin atender las emergencias de salud; y 4) los que cubren prestaciones laborales o pensiones.

5. Considerando esas excepciones, un estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados publicado en el mismo mes de abril, descuenta de entrada 85 de los fideicomisos porque en ellos participan los gobiernos locales o el sector privado. Después, dicho Centro estima que entran en las hipótesis salvadoras parte de los 5 fideicomisos cuya materia es la estabilización presupuestaria y los 56 que cubren las pensiones y las prestaciones laborales. También se tendrían que restar otros 26 fideicomisos que tienen que ver con programas de infraestructura, además de una parte de los 167 fideicomisos cuya materia son los apoyos financieros y los subsidios.

Dependiendo de los criterios que la SHCP aplique para decidir las excepciones del decreto, el Centro de Estudios referido plantea dos escenarios: en el más optimista, el gobierno federal “recuperaría” 199 mil millones de pesos y, en el segundo, el monto alcanzado sería de apenas 47 mil millones. En ambos casos, hasta la estimación presidencial quedaría lejos de alcanzarse, pues el más alto de dichos montos representa el 0.7 por ciento del PIB y el otro se queda en tan solo el 0.2.

6. Hasta esta fecha, tanto el Ejecutivo como las autoridades señaladas por el decreto para resolver sobre las excepciones y sobre la extinción de los fideicomisos públicos, que son las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, han sido omisas y opacas en cuanto a la lista de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos que resultaron extinguidos producto del decreto mencionado, así como los montos que por tal motivo fueron integrados a la Tesorería de la Federación.

Al respecto son totalmente omisos el segundo Informe de Gobierno 2019-2020 presentado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador el día 1 de septiembre de 2020, como lo es también el segundo Informe de Labores presentado por la titular de la Secretaría de la Función Pública.

7. La ciudadana Irma Eréndira Sandoval, titular Secretaría de la Función Pública declaró, con motivo de la publicación del decreto del 2 de abril de 2020, que la extinción de fideicomisos públicos sin estructura orgánica “un hecho histórico y un parteaguas de la lucha contra la corrupción” y que la decisión presidencial “cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció en gobiernos anteriores”. Sin embargo, esta grandilocuencia contrasta con la falta de transparencia en que ha incurrido en torno a este asunto, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

8. También entra en contradicción con lo que afirmó la propia Secretaría a través del texto que publicó en su portal de internet el pasado 1 de septiembre. Bajo el pretencioso título de Un año más de logros de la Función Pública , dicho texto afirma lo siguiente:

“Extinción de fideicomisos, para un uso del erario con rendición de cuentas. Avanzamos en la extinción de al menos 67 fideicomisos, mandatos y análogos en acciones que reintegrarán a la federación más de 16 mil millones de pesos para afrontar la contingencia sanitaria y sujetar el uso de los recursos públicos a las disciplinas presupuestarias”.

Al respecto, llama la atención que, a casi medio año del decreto, dicha Secretaría sea incapaz de brindar una información exacta del número de fideicomisos públicos extinguidos y del monto de recursos implicados.

Pero sobre todo, es de subrayarse el escuálido resultado de una medida que se pretendió “histórica”, “un parteaguas”, pues al parecer sólo se afectaron 67 de los 339 fideicomisos públicos sin estructura orgánica y el monto de recursos que por ese motivo ingresaron a la Tesorería de la Federación es de apenas 16 mil millones de pesos, muy por debajo de los 250 mil anunciados por el Presidente de la República y que representan menos de la tercera parte de la estimación más pesimista del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, Arturo Herrera e Irma Eréndira Sandoval, respectivamente, a que hagan de conocimiento público lo siguiente:

a) El listado de los fideicomisos públicos extinguidos con base en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2020;

b) Los montos recabados con ese motivo por la Tesorería de la Federación; y

c) El destino que tuvieron dichos recursos en el gasto público.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profepa a hacer de conocimiento público por su delegación en BCS los resultados de los análisis para conocer las causas del varamiento y la muerte de ejemplares de lobos marinos hallados sin vida durante septiembre de 2020 en la entidad y ejercer sus facultades de investigación sobre posibles conductas contrarias a las disposiciones legales aplicables, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Leticia Mariana Gómez Ordaz e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz y diputado Arturo Escobar y Vega , en representación de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Entre los días 12 y 14 de septiembre de 2020, medios reportan que en Baja California Sur, PROFEPA investiga la muerte de 137 lobos marinos localizados en playas de dicho estado.1

De igual forma, durante el día 15 de septiembre de 2020, se reportó un Tercer varamiento de lobos marinos en Baja California Sur; aparecen muertos 21 en San Juanico, a 162 kilómetros de Cabo San Lázaro, donde se encontraron los primeros 137 cadáveres, esto en la zona de Bahía Asunción y Bahía San Roque dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno a 300 kilómetros de la región del Golfo de Ulloa.2

Ante notas que reportan tales hechos, es necesario tener claro el contenido del artículo cuarto constitucional, que establece en su quinto párrafo, lo siguiente: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley .

Por ello, desde hace un par de semanas y en atención a una comunicación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Playa San Lázaro, Bahía de Ulloa, Municipio de Comondú, Baja California Sur, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) activó el 4 de septiembre pasado el Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos.3

Como medida inicial, personal de la Profepa de oficinas centrales y de su representación estatal realizó un recorrido terrestre durante tres días en aproximadamente 130 kilómetros y contabilizó 137 cadáveres de lobos marinos de California (Zalophus californianus), 136 machos y una hembra. No se observó en ellos marcas de origen antropogénico provocadas por redes (artes de pesca) o golpes y cortes causados por algún tipo de embarcación.

De estos ejemplares, cuatro se encontraron recién varados, por lo que, conforme al “Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos ”, se procedió a su medición y se les tomaron muestras de cerebro, pulmón, corazón, hígado, riñón y grasa corporal para determinar las posibles causas de muerte.

Distintos laboratorios practicarán análisis histopatológicos, toxicológicos y bacteriológicos de las muestras tomadas por la Profepa, a fin de que expertos las estudien y determinen las posibles causas del varamiento y muerte de los ejemplares de lobos marinos hallados sin vida. De esta manera, las autoridades ambientales podrán aplicar las medidas correspondientes para la protección de esta especie y del ecosistema.

Este último tema es el más trascendente del presente Punto de Acuerdo, que se conozcan de forma pública, transparente y oportuna los resultados de tales análisis a fin de conocer las posibles causas del varamiento y muerte de los lobos marinos sin vida.

Es de reconocerse la puesta en marcha del “Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos ”,4 procedimiento mediante el cual la Profepa asume la responsabilidad de coordinar la atención a eventos de contingencias que involucren mamíferos marinos, incorporando a distintos sectores: público, privado y social, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre y 90 Bis de su Reglamento, los cuales señalan que todo varamiento deberá ser atendido conforme al citado Protocolo.

Como el propio documento de difusión establece, “Éste Protocolo sienta las bases y procedimientos para la atención del varamiento de mamíferos marinos en las zonas costeras del territorio nacional y la conservación de las poblaciones, evitando afectación a los ecosistemas, a la sanidad animal y a la salud pública, indicando que en cada evento se levante un registro, se busquen las posibles causas del acontecimiento y se dé atención oportuna al mismo.

Esta obligación de garantizar un derecho fundamental es una tarea de diversas autoridades, puesto que al ser normas de aplicación en los tres órdenes de gobierno la protección ambiental, deben verificarse las atribuciones y facultades con las que cuentan las entidades federativas y la federación en la Ley General de Vida Silvestre y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.”

Es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, la protección de la fauna silvestre, entendidas como las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación ; conforme lo establecen la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su respectivo reglamento.

Como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y conforme al Reglamento Interior de dicha Secretaría, la Profepa debe ejercer actos administrativos unilaterales de verificación normativa por esta última autoridad, para así dar con los responsables, directos o indirectos, en su caso, por la muerte de ejemplares de vida silvestre.

La persecución del fin último de estos actos y procedimientos administrativos debe ser atender y dar cumplimiento al objeto de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, a fin de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

Así mismo, debe buscarse el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas y el establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

Celebramos que al momento de la atención del varamiento de lobos marinos se recolectaron muestras, las cuales serán analizadas en distintos laboratorios, para que la PROFEPA siga informando sobre este tema con conocimiento sólido de las causas que provocaron la muerte de los animales y así evitar especulaciones.

Por ello, conminamos a la Profepa para que continúe en su misión de procurar la justicia ambiental mediante la aplicación y cumplimiento efectivo, eficiente, expedito y transparente de la legislación ambiental federal vigente a través de la atención a la denuncia popular y mediante acciones de inspección, verificación, vigilancia y uso de instrumentos voluntarios; garantizando la protección de los recursos naturales.

No puede bajarse la guardia en el cumplimiento de los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

En virtud de lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que a través de su delegación en Baja California Sur haga de conocimiento público, de forma transparente y oportuna, los resultados de los análisis necesarios para conocer las causas del varamiento y muerte de los ejemplares de lobos marinos hallados sin vida durante el mes de septiembre del 2020 en la entidad y a ejercer sus facultades de investigación sobre posibles conductas contrarias a las disposiciones legales aplicables.

Notas:

1. Véase, "Profepa investiga la muerte de 137 lobos marinos localizados en playas de BCS", ADN 40, 13 de septiembre de 2020. Disponible en:
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-09-13-12-30/profepa-investiga-la-muerte-de-137-lobos-
marinos-localizados-en-playas-de-bcs#:~:text=La%20Procuradur%C3%ADa%20Federal%20de%20Protecci%
C3%B3n,de%20Comond%C3%BA%2C%20Baja%20California%20Sur

2. Véase, Margarita Rojas, "Profepa indaga muerte de 137 lobos marinos en BCS", MILENIO, 14 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.milenio.com/estados/profepa-indaga-muerte-137-lobos-marinos -baja-california-sur

3. Véase, "Aparecen 137 cadáveres de lobos marinos en BCS; Profepa investiga causa de muerte", La Razón, 12 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.razon.com.mx/virales/aparecen-137-cadaveres-lobos-marinos-b cs-profepa-investiga-causa-muerte-405172

4. Véase, Ernesto Méndez, "Hallan otros 25 lobos marinos muertos en BCS", Excélsior, 15 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/hallan-otros-25-lobos-marinos-mue rtos-en-bcs/1405701

5. Véase, Ernesto Méndez, "Tercer varamiento de lobos marinos en BCS", Excélsior, 15 de septiembre de 2020. Disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tercer-varamiento-de-lobos-marinos-en-bcs-aparecen-muertos-21-en-san-juanico/1405904

6. Véase, "Profepa procede conforme a la ley para determinar la causa de la muerte de lobos marinos en BCS", Comunicado de la PROFEPA, 12 de septiembre de 2020. Disponible en:

https://www.gob.mx/profepa/prensa/
profepa-procede-conforme-a-la-ley-para-determinar-la-causa-de-la-muerte-de-lobos-marinos-en-bcs

7. Véase, "Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos", PROFEPA, 4 de febrero de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/profepa/es/articulos/protocolo-de-atencion-para-vara miento-de-mamiferos-marinos-233826?idiom=es

Dado en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de septiembre de 2020.

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala (rúbricas)

Grupo Parlamentario de Morena

Diputados: Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para contribuir al reconocimiento de los derechos y la representación política de los pueblos indígenas de Guerrero, a cargo del diputado Javier Manzano Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena

Javier Manzano Salazar, diputado secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes

Razones

1. La cuestión indígena implementada por los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana de 1910 ha tenido claroscuros. Más allá de la escenografía de Los Científicos de indianizar el centenario del movimiento de Independencia, es innegable la participación de nuestros pueblos en el conflicto militar, consecuencia de su estado social y económico a que se encontraban sometidos por el despojo de la tierra, intentando resolver la problemática con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, adquiriendo mayor visibilidad en el artículo 27 de la Constitución Política de Querétaro.

2. Quien observó, entre otros, con mayor claridad la cuestión indígena fue Arnaldo Córdova al afirmar: “El problema central de nuestra cuestión indígena es la propiedad de la tierra. Cualquier tema que se plantee en torno al autogobierno y a la autonomía no puede más que partir del lugar que daremos a la propiedad de las comunidades indígenas en nuestro sistema constitucional”.

3. Oscilantes políticas públicas permearon a los diferentes gobiernos, siempre bajo la divisa de “integrarnos” a la sociedad mexicana y hacerla más funcional a los modelos de desarrollo, que va del Desarrollo Estabilizador al Desarrollo Compartido, apostando destruir nuestra lengua y cosmovisión, al mismo tiempo, arrinconando la justicia social e ignorando la relación de desiguales.

4. Sin embargo, esta concepción política empieza agrietarse en la década de 1970 al desplazarse, las peticiones de carácter educativas y culturales, al reclamo del reconocimiento de derechos. En respuesta a esta situación, desde la cúspide del poder de Estado se decreta el nacimiento de “indigenismo de participación” y, paradójicamente, empiezan a establecer las bases del Modelo Neoliberal.

5. El viraje en el reconocimiento de derechos es consecuencia de los cambios internacionales provocados por los pueblos indígenas que tienen eco en la ONU y sus organismos. En 1989 se aprueba, con el voto de México, el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Dependientes de la OIT y en 1990 es ratificado por el Senado. En este entorno internacional los pueblos indígenas y sus organizaciones se pronuncian por reclamos de naturaleza política.

6. Los estados con mayor población indígena adquieren relevancia en el mosaico político nacional, y en algunos se concentran focos rojos de conflictividad a causa de mayor participación política de sus pueblos, como es el caso de Guerrero. Surge el Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y popular, organización que irrumpe, no solo en el estado sureño, sino su actuar tiene un impacto nacional e internacional al enlazarse con luchas de otros pueblos de América Latina al poner el dedo en la llaga sobre el carácter de la Conquista Española.

7. Guerrero y otros estados concentran atención de la lucha política, no solo indígena, sino de diversas y disímbolos movimientos sociales, sin duda alguna herencia de las tradiciones emancipadoras como el Movimiento de Independencia con cabezas visibles en Vicente Guerrero y Don Juan Álvarez, y territorio desde donde el Siervo de la Nacional, el cura José María Morelos y Pavón pronuncia “Los Sentimientos de la Nación” y reclama “moderar la opulencia con la indigencia”.

8. Ante el empuje de las luchas indígenas en el año de 1992 se reforma la Constitución y en su artículo 4 se incorpora el reconocimiento declarativo de considerar a la nación como pluricultural.

9. Propuestas y demandas postergadas adquieren nuevos bríos con la aparición del EZLN en enero de 1994 en el empobrecido estado de Chiapas. Dicho movimiento armado de composición indígena es el punto de eclosión de los movimientos indígenas y sus demandas de reconocimiento de sus derechos. La postergación de las demandas contenidas en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar define la ruta de la lucha actual de los pueblos y abre una nueva etapa histórica no concluida, sino en proceso.

10. Sobre los pendientes, no solo son demandas vigentes, sino también observadas por la ONU y sus agencias. Desde el año 2003, el Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Don Rodolfo Stavenhagen, en su Informe Sobre México propuso “Qué el Congreso de la Unión reabra el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena (...)” y agregaba “Que las legislaturas de los Estados elaboren, en consulta estrecha con los pueblos indígenas, la legislación correspondiente para el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas de cada entidad”.

11. Dicha postura es consecuencia al mutilarse los contenidos centrales de los Acuerdos de San Andrés y la decisión política de trasladar a los estados el reconocimiento de la existencia misma de los pueblos indígenas al establecer en su párrafo tercero del artículo 2: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico”.

12. Son más las limitaciones que los alcances de este precepto constitucional al introducir candados y preceptos declarativos para el reconocimiento de nuestros derechos. Más recientemente, en el año 2018, la Relatora Especial de la ONU retoma las observaciones de Don Rodolfo Stavenhagen partiendo de las paradojas de los contenidos del artículo 2 constitucional, no sin reconocer algunos avances en las legislaciones de los estados de la República, destacando así también el mantenimiento de los 28 Distritos Electorales Federales Indígenas, sobresaliendo la garantía de postular, cuando menos, 13 indígenas en dichos Distritos y respetando la paridad de género.

13. La lucha indígena es permanente. En el caso de Guerrero, sus circunstancias históricas condicionan a recuperar la dirección ante los intentos de retroceder los logros alcanzados, sobe todo el actuar de las Policías Comunitarias bajo el paraguas de la Libre Determinación y la Autonomía Indígena, mismos que han tocado las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su titánica tarea de resolver los disensos por la vía de la legalidad constitucional, pero asimismo converger por transformar las deprimentes condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas y de ingobernabilidad en las regiones instaurando un gobierno de izquierda conformado por los luchadores de la liberación revolucionaria, poniendo por delante el ejemplo de nuestros antiguos.

Ante esta situación actual y de cara a la renovación de los cargos de elección popular, federales, locales y municipales, esta honorable Cámara de Diputados se pronuncia, de urgente u obvia resolución, a favor del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Contribuir el avance del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas convenciendo al honorable Congreso del Estado de Guerrero a dictaminar, debatir y aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Constitución Política Local en materia de derechos indígenas y afromexicana, turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos desde diciembre de 2019.

Segundo. Conminar a los partidos políticos, con la coadyuvancia del Instituto Nacional Electoral, en términos de los artículos 2, fracción V, Apartado B, inciso a) del 41 de la Constitución Política; artículos 30, inciso a), 32, Numeral 2, inciso i), 45, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero con fundamento en los artículos 1, fracción II, 173, fracción I y IX del 174, inciso e) del 177, fracción II del 188, fracción XIII y XXVIII del 189 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero a respetar y garantizar la representación política de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos a través de mecanismos de Sistemas Normativos propios para la elección de sus representantes ante los Ayuntamientos y del Congreso Local, teniendo referencia el Acuerdo INE/CG508/2017 de fecha 8 de noviembre de 2017, así como la resolución del Tribunal Electoral de la Federación derivado del Recurso de Apelación SUP-RAP-726/2017, pero analizando las nuevas circunstancias de reclamo de mayor representación indígena, teniendo como faros los casos de Cherán, Michoacán y de Ayutla de Los Libres.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputado Javier Manzano Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SEP a tomar medidas para que el presupuesto de educación se ejerza con absoluta transparencia y crear un fondo que garantice a los niños y los jóvenes que perdieron a los padres por el Covid-19 terminar los estudios, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

El que se suscribe, diputado federal Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 76, fracción IV; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Educación Pública a tomar medidas para que el presupuesto destinado a la educación sea ejercido con absoluta transparencia y se tomen las medidas para que se cree un fondo que garantice que las niñas, niños y jóvenes que hayan perdido a sus padres por Covid-19 puedan terminar sus estudios , con base en las siguientes

Consideraciones

I. El gobierno mexicano tiene el enorme reto de eliminar las disparidades entre los géneros en la educación primaria y secundaria, así como aumentar la inversión en la construcción y desarrollo de nueva infraestructura.

II. Asegurar que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan perdido a sus padres por Covid-19 para que terminen sus cursos completos de enseñanza primaria, secundaria y preparatoria en México debe ser una preocupación prioritaria para el gobierno federal. Lograr este objetivo relacionado con la educación servirá para promover el progreso, pues educar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes contribuye a reducir la pobreza y promover la igualdad entre los géneros.

III. La mejor inversión que puede hacer el gobierno federal es en educación. Pues mientras se logre avanzar en este rubro es la única forma de garantizar el desarrollo humano de los mexicanos. La educación, especialmente la escolarización primaria gratuita para todos los niños y niñas, es un derecho fundamental al que los gobiernos se comprometieron cuando firmaron en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño.

IV. Este trabajo parlamentario busca promover como punto prioritario en la agenda nacional impulsar una educación básica de calidad para todos, con un mayor hincapié en la igualdad entre los géneros y la eliminación de todo tipo de disparidades. Vivir en un entorno pacífico y seguro es fundamental para el desarrollo y la dignidad humana.

Dado que el desarrollo sostenible toca todos los aspectos de la vida humana, la enseñanza y el aprendizaje para el desarrollo sostenible deben incluir perspectivas sociales, económicas, ambientales y culturales. La paz y la seguridad humana son parte de los 27 principios del desarrollo sostenible; “Principio 25: La paz, el desarrollo y la protección ambiental son interdependientes e indivisibles.”

V. Considerando que la educación es vital para lograr vivir juntos y en paz. Puede ayudar a evitar que las inseguridades y conflictos socaven el progreso hacia el desarrollo sostenible. La educación también puede utilizarse para reconstruir una sociedad más sostenible después de un conflicto violento.

VI. Educación, salud, empleo, seguridad jurídica, igualdad, vivienda, procreación, medio ambiente, entre muchos otros son derechos y garantías en los que subyace no sólo la viabilidad de la integridad del individuo y su desarrollo, sino también se puede encontrar la certidumbre a futuro de que mediante su ejercicio pleno se pueden prevenir amenazas sociales futuras que podrían repercutir no solo en la vulnerabilidad del bienestar del individuo, sino en el debilitamiento del estado de derecho y en el resquebrajamiento del sistema democrático garante de las libertades individuales. Sin una adecuada infraestructura educativa, resulta imposible aspirar a alcanzar estas metas y por ello se presenta este trabajo parlamentario.

VII. México ha sido un firme promotor de estos principios a través de su historia, y los mismos, unidos con el interés solidario de nuestra nación y con los mandatos constitucionales que garantizan y promueven la seguridad del individuo dentro de su territorio, hacen pensar en la compatibilidad de un principio de seguridad humana con los valores que han regido nuestra vida nacional dentro y fuera de nuestras fronteras. Por ello, hoy en este trabajo parlamentario presento la necesidad de solicitar que en la agenda nacional se dé un lugar importante a la educación.

VIII. Así pues, es un punto muy importante para establecer como prioritario la defensa de la dignidad del ser humano como eje central de la polítca pública de nuestro país y por tanto, desde esta perspectiva, impulsar el concepto de seguridad humana en México, ya que la educación juega un papel básico en nuestra existencia como país.

IX. La escuela ofrece también a los niños y niñas un entorno seguro, mediante el apoyo, la supervisión y la socialización. Es en la escuela donde aprenden aptitudes para la vida práctica que pueden ayudarles evitar enfermedades. Es muy posible que en la escuela reciban vacunas que les pueden salvar la vida, agua potable y suplementos con nutrientes.

A la inversa, privar al niño o niña del acceso a una educación de calidad aumenta las posibilidades de que sea víctima del abuso, la explotación y la enfermedad. Las niñas están incluso más expuestas que los niños al riesgo de sufrir abusos cuando no van a la escuela. En muchos lugares, la escuela proporciona un refugio seguro para la infancia, un lugar donde es posible encontrar compañerismo, supervisión de adultos, letrinas, agua potable y, posiblemente, alimentos y atención de la salud.

Los mexicanos tenemos derecho a saber lo que se hace con nuestro dinero. Es tiempo de dejar atrás la depredadora visión de atender las prebendas de los adultos por encima de los derechos de la niñez a una educación de calidad. La sociedad merece información fiable.

En virtud de lo expuesto, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente:

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Educación Pública a tomar medidas para que el presupuesto destinado a la educación sea ejercido con absoluta transparencia y se tomen las medidas para que se cree un fondo que garantice que las niñas, niños y jóvenes que hayan perdido a sus padres por Covid-19 puedan terminar sus estudios:

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública, se refuercen las acciones para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público en educación.

Segundo. Se exhorta a las autoridades educativas federal y de las entidades federativas a que tomen las medidas necesarias para fortalecer la autonomía de la gestión escolar.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que se tomen las medidas necesarias para crear un fondo que permita garantizar que continúen sus estudios las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan perdido a sus padres a causa del Covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, el INAH y el Conacyt a establecer medidas para la protección, preservación e investigación de las cuevas sumergidas en Yucatán, QR y mar Caribe, a cargo de la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Claudia Pastor Badilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

México es considerado megadiverso, debido a la gran variedad de especies de flora y fauna, ecosistemas y paisajes con los que cuenta. Nuestro país ocupa el quinto lugar mundial en variedad de plantas vasculares, se registran más de 564 variedades de mamíferos, más de mil variedades de aves, más de 800 tipos de reptiles y alrededor de 370 anfibios diversos. Entre sus ecosistemas destacan los templados, subterráneos, terrestres modificados, acuáticos, costeros, marinos, entre otros.1

Desafortunadamente esta riqueza de valor incalculable se pone en riesgo con ciertas actividades humanas sin planeación sostenible, como la agricultura y pastoreo, la construcción y desarrollo de infraestructura, la extracción de energía, la minería, la caza y pesca sin control, así como la deforestación, la contaminación, el cambio climático, entre otros.

Uno de los grandes retos que se comparten por prácticamente todas las naciones es el ofrecer las condiciones mínimas para garantizar la protección del medio ambiente, pues los efectos del cambio climático, el progresivo agotamiento de algunos recursos naturales, la desaparición, en ocasiones irreversible, de gran cantidad de especies de la flora y la fauna silvestres, y la degradación de espacios naturales de interés, se han convertido en motivo de seria preocupación.2

En el texto El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte que entre las dificultades que tenemos para lograr la adecuada protección del medio ambiente se encuentran: la industrialización y los sistemas masivos de producción; el crecimiento exponencial de la población y por ende los asentamientos humanos sin planificación adecuada; la explotación desmedida de los recursos naturales; la alteración de los ecosistemas; la contaminación de los cuerpos de agua, de los suelos y del aire; y el manejo adecuado de residuos.3

El territorio está clasificado como uno de los países megadiversos del continente americano –junto con Estados Unidos y Colombia– por sus grandes litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico, que proveen de condiciones propicias para el desarrollo de la vida terrestre y marina de una cantidad innumerable de especies animales y vegetales.4

El océano Atlántico y, en particular, el mar Caribe rodea los litorales de la península de Yucatán, una región del sureste del país sumamente valiosa en biodiversidad.

La península de Yucatán –que comprende a los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo en México, así como una parte de los países de Belice y Guatemala— es una planicie kárstica tropical sujeta a intensa disolución y cuya morfología actual es el resultado de una larga secuencia de eventos geológicos y geomorfológicos. La combinación de alta precipitación pluvial, temperatura, vegetación, sumada a la mezcla de agua dulce y salada en el interior del macizo rocoso, dieron pie a la formación de dolinas y a los sistemas de cuevas más grandes del mundo.5

Las cuevas sumergidas constituyen uno de los hábitats más particulares dentro de los ecosistemas marinos costeros. Uno de sus rasgos más definitorios y que claramente les diferencia de la mayoría de los hábitats someros es la escasez o ausencia de luz, un factor que limita en gran medida la presencia de productores primarios en su interior.6

En la península de Yucatán existen diversas cuevas naturales sumergidas, como por ejemplo la de Papakal, en Yucatán, y el sistema Ox Bel Ha, localizado en Tulum, Quintana Roo.

La península de Yucatán posee uno de los acuíferos más grandes y complejos del mundo; es un medio conector de ecosistemas delicados, una fuente vital para la gente de la zona y un preservador y contenedor de material arqueológico y paleontológico, además de poseer una belleza natural única en el mundo.7

Para el estudio de este acuífero, se creó un proyecto Gran Acuífero Maya (GAM), dirigido por el Doctor Guillermo de Anda, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien en conjunto con un equipo de investigación multidisciplinario trabajan en el estudio de las lagunas, cuevas y cenotes en la zona de la península.

El GAM ha desarrollado diversos proyectos de investigación como los siguientes: Chichén Itzá subterráneo, en busca de las fuentes de agua ancestrales, preservación digital, cruzada ambiental de niños por el gran acuífero maya, geografía de lo invisible, brigadas universitarias por el gran acuífero maya, y el llamado Sac Actún, la cueva inundada más grande del mundo.8 Este último proyecto se vincula con esta propuesta porque en él se descubrieron otras cuevas naturales sumergidas.

El 10 de enero de 2018, Robert Schmittner, integrante del GAM, encontró la conexión entre dos sistemas de cuevas sumergidas, que unidas forman la cueva inundada más grande del mundo al tener más de 347 kilómetros. A partir de este descubrimiento, se considera que esta cueva representa un sitio arqueológico sumergido de gran relevancia.

Este hallazgo se produjo tras 10 meses de trabajo en los sistemas de cuevas sumergidas de Sac Actún y Dos Ojos, en Tulum, lugar turístico y arqueológico ubicado en la costa caribeña de México, en la península de Yucatán.9

El doctor Guillermo de Anda describió este sistema de cuevas sumergidas señalando: “Tiene una profundidad promedio de 20 kilómetros (aunque hay partes con dos metros de profundidad) y hay lugares en los que existen escalinatas, muros y espacios modificados por seres humanos (...)” cuenta con más de un centenar de contextos arqueológicos, entre los que se encuentran evidencia de los primeros pobladores de América, así como de fauna extinta y por supuesto, de la cultura maya”.10

Uno de los objetivos que se propusieron los integrantes del GAM es la preservación de estos lugares, ya que cuentan con una gran riqueza natural y cultural; por lo que al ser sitios muy vulnerables, se debe prestar mayor cuidado en su conservación o de lo contrario pueden ser gravemente afectados por diversos factores, como la contaminación y demás actividades humanas que podrían alterar al propio ecosistema.

En este contexto, el 1 de agosto pasado, se dio a conocer el descubrimiento de cinco cenotes profundos ubicados a poco más de 22 kilómetros de la costa del estado de Quintana Roo, entre las turísticas Isla Mujeres e Isla Contoy.

El fotógrafo submarino mexicano Rodrigo Friscione detalló que el descubrimiento se realizó cuando decidió ingresar a un hueco en el fondo marino y se percató que su interior era de agua dulce. Aquel hueco se convirtió en uno de los cinco cenotes marinos de los cuales no se tenía registro.11

Lo anterior confirma la vasta red de conexiones subterráneas y submarinas que conforman las cuevas y cenotes ubicados en los estados de Quintana Roo y Yucatán y sus litorales, la enorme riqueza de biodiversidad, cultural, arqueológica e histórica, así como la necesidad de su preservación.

II. Marco normativo.

A) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De acuerdo con las fracciones I y VI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, así como proponer al Ejecutivo federal el establecimiento de áreas naturales protegidas, y promover para su administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales, y de universidades, centros de investigación y particulares.

De acuerdo con los artículos 11, párrafo 1, fracción III, incisos g) y h), y 28, fracciones IX y X, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, quienes pretendan llevar a cabo obras o actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico en ecosistemas costeros –como los situados en las cuevas sumergidas y sus alrededores– deben previamente solicitar la autorización de la Semarnat en materia de impacto ambiental.

De acuerdo con el artículo 3, fracción XXI, de esta ley, la manifestación de impacto ambiental es el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.

La Semarnat se encuentra facultada para fomentar la preservación y conservación de los ecosistemas, sobre todo en los casos en que la actividad humana pueda causar un desequilibrio ecológico a las especies animales y vegetales de ese hábitat.

B) Instituto Nacional de Antropología e Historia

Por lo que respecta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el artículo 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que dicho instituto es competente para conocer sobre la materia relativa a monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

Según el artículo 28 de la Ley, son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.

Sobre el particular, el artículo 28 Ter de dicha ley indica quelas disposiciones sobre preservación e investigación en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos serán aplicables a los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos. Su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Finalmente, el artículo 30 de la Ley en estudio establece que los trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos serán realizados por el INAH, o instituciones científicas o de reconocida solvencia moral.

De lo anterior se advierte que el Instituto Nacional de Antropología e Historia el órgano del Estado encargado de la preservación, investigación y exploración de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos, para el caso concreto, de los vestigios que se han localizado en las cuevas sumergidas de la península de Yucatán, ya que como se ha señalado, estos hallazgos tienen un gran valor cultural e histórico, pues podría ofrecer muchas respuestas a las interrogantes que se han planteado científicos e historiadores sobre la forma de vida que se llevaba en ese territorio hace cientos de años y previo a la ocupación española.

C) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

De conformidad con el artículo 1 de la Ley de Ciencia y Tecnología, esta norma tiene por objeto, entre otros, regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgaren materia de investigación científica.

El artículo 12 de la citada ley establece los principios bajo los cuales el gobierno federal debe regirse en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, así como las actividades de investigación que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal; asimismo, en la fracción XIII, se establece que la actividad de investigación que realicen las dependencias y entidades del sector público procurará, entre otros, incrementar la calidad de vida de la población y del ambiente.

El artículo 2, fracción II, de la Ley de Ciencia y Tecnología, indica que uno de los objetivos del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación es establecer políticas públicas para promover el desarrollo de la investigación científica, de modo que también le corresponde apoyar la investigación en todas las áreas del conocimiento que incluyen las ciencias naturales, así como las vinculadas con el conocimiento histórico de la evolución humana.

Este sistema, según lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de ahí que se considera que dicho órgano cuenta con facultades para solicitar, regular, administrar y definir el destino de los apoyos que el gobierno federal destine a la investigación científica.

En consecuencia, dados los hallazgos históricos y arqueológicos en la investigación y exploración de las cuevas sumergidas, se solicita a la titular del Conacyt gestione los recursos necesarios para la preservación e investigación científica de estos ecosistemas.

III. La importancia de preservar el entorno natural de las cuevas sumergidas.

La gran riqueza en biodiversidad que encontramos en la península yucateca –que incluye a los Estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una parte de los territorios de los países de Belice y Guatemala–, aunada a los recientes descubrimientos arqueológicos en las formaciones geológicas de las cuevas sumergidas constituyen elementos razonables para solicitar la intervención de las autoridades del ámbito federal para su preservación, conservación y custodia.

Como se anticipaba, las cuevas sumergidas forman parte del denominado gran acuífero maya, una serie de túneles y sistemas de más de 340 kilómetros de longitud que se extienden por debajo del suelo yucateco y quintanarroense y que concentran la mayor parte del agua dulce de esa región.

La importancia de preservar estos espacios sumergidos en agua radica precisamente en que, en virtud de su dimensión morfológica, la exploración de buzos y espeleobuzos en las áreas podría arrojar hallazgos de gran valor histórico, arqueológico y biológico, dada la íntima conexión de nuestros antepasados con estas formaciones acuíferas.

La protección del medio ambiente y de ecosistemas costeros son responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, la exploración e investigación de monumentos arqueológicos corre a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Finalmente, el Conacyt se encarga de la administración y distribución de los recursos públicos destinados a la investigación científica.

La gran riqueza de biodiversidad, antropológica y arqueológica encontrada en las cuevas sumergidas nos vincula a que su estudio e investigación se realice de forma responsable y sustentable por las autoridades competentes del gobierno federal, a fin de que se proteja y conserve en la medida de lo posible su estado original manteniendo el equilibrio ecológico de los ecosistemas que ahí persisten.

Consecuentemente, se estima imprescindible la participación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en el ámbito de sus atribuciones, vigilen y protejan la biodiversidad y el hábitat natural de las cuevas sumergidas, su exploración e investigación sustentable, así como la gestión de los recursos necesarios para la investigación científica.

En mérito de lo expuesto y fundado, en mi carácter de diputada Federal, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las medidas necesarias para la protección, preservación y conservación de las cuevas sumergidas de los Estados de Yucatán, Quintana Roo y el Mar Caribe.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias para preservar las zonas arqueológicas y vestigios históricos que se han localizado en las cuevas sumergidas de los Estados de Yucatán, Quintana Roo y el Mar Caribe, así como para que garantice que las investigaciones en la zona se realicen de modo sustentable.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que en el ámbito de sus competencias, realice las gestiones necesarias para garantizar la disponibilidad de recursos para la investigación científica de las cuevas sumergidas de los Estados de Yucatán, Quintana Roo y el Mar Caribe.

Notas

1 Biodiversidad mexicana. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Disponible para consulta en https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html

2 Consultable en https://www.iberley.es/legislacion/ley-42-2007-13-dic-patrimonio-natura l-biodiversidad-5092111

3 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-alMedio AmbSano.pdf, p.19.

4 Biodiversidad Mexicana, loc. cit.

5 https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/cenotes-y-cuevas-inundada s-de-la-peninsula-de-yucatan-de-los-primeros-pobladores-la

6 https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/33622/Tesis%20Carlos%20Navarr o%20Barranco.pdf?sequence=1&isAllowed=y p.18.

7 https://granacuiferomaya.org/el-gran-acuifero-maya-2/

8 Los proyectos pueden consultarse en: https://granacuiferomaya.org/proyectos/

9 https://www.dw.com/es/descubren-en-m%C3%A9xico-la-cueva-inundada-m%C3%A 1s-grande-del-mundo/a-42193585

10 Ídem.

11 Encuentran cinco raros cenotes de agua dulce en el fondo del Caribe mexicano. Nota periodística del 1 de agosto de 2020, consultable en https://lopezdoriga.com/vida-y-estilo/encuentran-cinco-raros-cenotes-de -agua-dulce-en-el-fondo-del-caribe-mexicano/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Pastor Badilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos del estado y la Ciudad de México a implantar por sus secretarías de seguridad acciones dirigidas a prevenir y erradicar las agresiones contra las empresas de gas LP y los repartidores ante el incremento de ello en la zona metropolitana del valle de México, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García , integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La gobernabilidad del país está en el filo del riesgo de ser vulnerada, en el caso de las agresiones hacia trabajadores repartidores de gas LP y hacia las empresas lícitamente establecidas van en constante aumento de acuerdo con diversas denuncias. Por si esto no fuera suficiente, Petróleos Mexicanos registró un nuevo récord en el número de tomas clandestinas para el robo de gas LP, pues en los primeros siete meses de 2020 se reportó un aumento de más del 77 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.1

Si consideramos que el gas licuado de petróleo (Gas LP) es uno de los insumos relevantes para las industrias y los automóviles, fundamental para los hogares de las familias mexicanas, nos estamos refiriendo no solo a una afectación a particulares sino al mismo Estado, a la sociedad y a la viabilidad economía del país.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (Encevi), de la energía térmica que se consume en las viviendas, la mayor proporción se destina a la cocción y calentamiento de alimentos. El combustible principal de uso en las viviendas del país es el gas LP, representa el 79 por ciento, le sigue el uso de leña o carbón con 11 por ciento, y el gas natural representa 7 por ciento.2

Recientemente autoridades del gobierno del estado de México y de la Ciudad de México relacionaron el surgimiento de células delictivas vinculadas con el Sindicato Libertad, que han migrado de la extracción de ductos de Pemex al robo de gas LP para acaparar su distribución en zonas de la Ciudad de México y el estado de México.3

Señala la misma fuente que una de esas células es conocida como Los Mojarras y a sus integrantes se les relaciona con homicidios, amenazas, lesiones y daños en pipas de gas en Lomas de Chapultepec, Tecamachalco, Naucalpan y Huixquilucan. Los Mojarras utilizan a la empresa Guval Gas, que carece de registros ante autoridades federales, para golpear a los conductores de pipas de otras compañías y destruir sus unidades a fin de controlar la distribución del combustible.4

En días recientes elementos de la policía auxiliar detuvieron a 2 presuntos trabajadores de Guval Gas por agresiones e intimidación a otras compañías de distribución de gas. Los primeros reportes se suscitaron el día 22 de septiembre a las 18:30 horas en avenida Stim y Prolongación Bosques de Reforma, frente al número 1383, colonia Lomas del Chamizal, a través de una llamada al sistema de Base Plata.

Al recibir el reporte de una supuesta extorsión, los elementos acudieron al lugar donde la ciudadana Ana, dueña de la empresa Infinity Gas, SA de CV, misma que solicitó el apoyo, manifestó que los trabajadores de la empresa Guval Gas golpearon, amenazaron verbalmente y con arma a sus trabajadores, argumentando ser dueños de las rutas de Cuajimalpa.5

A finales de julio del presente año, una pareja de distribuidores de gas LP fue acribillada mientras repartía combustible en la colonia San Juan Tlihuaca, en el estado de México, en lo que aparenta ser un ataque de grupos que disputan la venta de hidrocarburos en esta región.6

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación sobre la instalación de gaseras clandestinas en el estado de México y que ha propiciado un enfrentamiento con empresarios del ramo que ha dejado un saldo de al menos cuatro personas muertas. Señala la misma fuente que Israel Santana, presidente de la Asociación Civil Conciencia Ciudadana, sostiene que la corrupción entre los funcionarios del estado de México pone en grave riesgo a los vecinos de zonas habitacionales, niños y usuarios del transporte público, pues Gas Imperial, no cuentan con las normas básicas de seguridad, ni los documentos necesarios para operar y comercializar el energético.7

Por su parte, transportistas del estado de México denunciaron el aumento de precios del gas con el que abastecen sus unidades, esto debido a las amenazas que sufren diversos distribuidores. Señalan un incremento de 6 a 10 pesos en estaciones de carburación, en donde los encargados de los establecimientos son amenazados con armas de fuego para que se incrementen los costos. De acuerdo con la fuente periodística, las amenazas provienen de parte de personas pertenecientes a un grupo denominado “ACME”:8

“...Los agresores se presentan en los centros de carburación en grupos de 60 personas, a bordo de pipas o en automóviles particulares y exhiben armas de fuego. Las intimidaciones las han recibido trabajadores de este tipo de negocios ubicados en zonas como la carretera Texcoco-Lechería, en Ecatepec; en el perímetro de las avenidas Presidentes de Coacalco y Malaquías Huitrón, en el municipio de Coacalco, así como avenidas principales de Tultitlán. Cuando han acudido a amedrentarlos, los agresores destruyen los letreros que indican que el precio del litro de gas cuesta menos de 10 pesos. Y cuando los trabajadores se rehúsan a la amenaza, el grupo “Acme” los intimida con armas de fuego.”9

En este mismo sentido, el mismo medio reportó el 1 de julio de la presente anualidad que trabajadores de la empresa Guval Gas agredieron físicamente a los conductores de pipas de otras compañías para controlar la distribución del combustible en la Ciudad de México y en el estado de México:

“[...]Los empleados de Guval Gas amenazan a los trabajadores de otras compañías para que no ofrezcan el servicio de gas a domicilio en zonas principalmente residenciales como Interlomas, en Huixquilucan, Edomex; Bosques de las Lomas, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, o recientemente en Coyoacán.

De acuerdo con testimonios de los afectados, los empleados de Guval Gas abordan hasta con cuatro pipas a otros operadores para advertirles que serán golpeados y sus unidades destruidas si no dejan de prestar el servicio.

El objetivo es que Guval Gas sea la única que ofrezca el servicio a domicilios y negocios, narraron los operadores agredidos.

Uriel, operador de una pipa de la compañía Gas y Servicio, explicó que son múltiples los casos de violencia de esa compañía.4

El último de ellos sucedió hace dos semanas, en plena pandemia de Covid-19, en la zona de Interlomas.

Esa vez, recordó, un operador de Flama Gas le pidió ayuda porque trabajadores de Guval Gas le destruyeron la pipa que conducía porque decidió no hacer caso a la amenaza de que no debía abastecer gas en esa zona residencial.

“Ya lo habían agredido, le rompieron el parabrisas, los espejos, le pegaron con un bat en el cofre, eso fue hace dos semanas”, contó Uriel.[...]”.10

Otra fuente señala que las autoridades del estado de México han identificado al menos cinco municipios (San Vicente Chicoloapan, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Almoloya y los Reyes Acaquilpan”, en los que se cometen robo y ordeña de pipas de gas LP. En donde “...los afectados proporcionaron la presunta identidad de los delincuentes, a quienes relacionaron con la Alianza de Autotransportistas y Comerciantes Metropolitanos de Gas A.C. (ACME).”11

Al respecto, “Los afectados dieron a conocer que, desde febrero pasado, le han hecho saber al titular de la PC Luis Felipe Puente, una serie de irregularidades en la proliferación de las llamadas “gaseras clandestinas”, las cuales venden el energético a un costo por debajo de lo establecido por el mercado pero, sobre todo, no cuentan con las normas de seguridad mínimas para trabajar, lo que los convierte en una bomba de tiempo”.12

En esta tesitura, Israel Santana, presidente de la Asociación Civil Conciencia Ciudadana, denunció recientemente la proliferación de estaciones clandestinas en el estado de México y advirtió sobre los riesgos que estas implican, al no contar con medidas de seguridad. “Las ponen en zonas populares y no saben el riesgo en el que viven todos”.13

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, (Asecem), Raúl Chaparro Romero, señaló que en el estado de México operan 106 gaseras clandestinas. El empresario indicó que varios de estos negocios ya han sido clausurados pero que al poco tiempo volvieron a abrir, por lo que se presume que podría haber contubernio con alguna autoridad.1

El 13 de mayo de 2020, trabajadores de la estación Tultitlán de la empresa Unigas, en el estado de México, denunciaron que empleados de otras gaseras los agredieron por vender combustible a bajo costo, en apoyo a las familias durante la pandemia por el Covid-19.15

Posterior a esos días, presuntos integrantes de la ACME atacaron a una gasera ubicada en Tultitlán, donde primero dispararon y después le prendieron fuego, dejando como saldos dos muertos, el velador del lugar y su hija, mientras que su esposa fue trasladada a un hospital.16

Señala la misma fuente, que el grupo autodenominado ACME, está compuesta por más de 100 personas lideradas por Jafet Sainz, Antonio Asme, Luis Alberto Escalona y Filiberto Escalona, quienes operan al menos 20 gaseras clandestinas.17

Por su parte, la Organización de Gaseros Organizados en el Estado de México solicitó la intervención en carácter de urgente de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, así como de la Guardia Nacional, ante los ataques e incendios en contra de, al menos, cinco gaseras en diversos municipios. Señalando que “son los dirigentes de la autodenominada ACME quienes están orquestando esta serie de ataques a fin de que las gaseras establecidas de manera legal, dejen de vender el energético para que así, solamente queden aquellas empresas pertenecientes a dicha agrupación”.18

Lucas Ayón, representante de Consejo del interior de ACME, ha señalado que esto es consecuencia de la guerra del mercado entre los repartidores autorizados y los que no, lo que hace que estas empresas acaparen el 40 por ciento de compradores, y quienes han usado la emergencia sanitaria y sobre todo económica para bajar precios. Generando esta situación “que los gaseros con autorización vean reducidos sus ingresos en otro 40 por ciento.”19

No obstante, de acuerdo a diversas fuentes existen investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por diversas irregularidades, por la venta de gas licuado de petróleo a diversas gaseras que operan de manera clandestina en diversos municipios, “...por los delitos de extorsión y delincuencia organizada, luego que ACME fue acusada por empresarios legalmente establecidos dedicados a la venta del energético, por intentar establecer el llamado “derecho de piso” y de proliferar los puntos de venta ilegales...”.20

En otros casos recientes en la entidad, a finales del mes de enero de 2020, se detectó que distribuidores de gas LP que presuntamente operan de manera clandestina en el municipio de Apasco, golpearon y amenazaron a repartidores de gas LP,21 mientras que, en diciembre de 2019 presuntos “huachigaseros” corrieron a repartidores de gas LP en Chalco.22

Se tiene otro registro similar en agosto de 2017, en donde Noticieros Televisa informó que en Texcoco, estado de México, ladrones de gas LP, estaban atacando a los choferes y a las pipas de empresas legalmente establecidas para que no ingresaran a ese municipio y así ser ellos los únicos que ofrecieran gas en esa zona.23

En relación con el peligro inminente que representan las empresas gaseras que operan sin los permisos necesarios, el año pasado fueron clausuradas varias de ellas por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por representar un riesgo a la población y el medio ambiente. Las estaciones de carburación de gas LP que fueron cerradas se ubicaron en Ecatepec, Coacalco y Tultitlán, en el estado de México.24

Adicional a la vulneración de la seguridad de los trabajadores de empresas gaseras establecidas lícitamente se está afectando a la economía de las familias por el alza indiscriminada de los precios del gas LP. A ello, se suma el riesgo para la población en general por la ilegalidad en que operan las gaseras que no cumplen con las normas que garantizan la seguridad en el manejo del producto.

En este contexto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que:

“[...] La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.[...]”25

En las fracciones I y II del artículo 8 y fracciones I y II del artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos,26 se contempla que:

“Artículo 8. Se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien:

I. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

II. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

“Artículo 9. Se sancionará a quien:

I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.”

En el estado de México, en correspondencia a la estricta vigilancia de protección civil de las empresas de carburación de gas licuado de petróleo, en la sección Cuarta, fracciones VI y XX, del artículo 27 Bis, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, sobre la Coordinación General de Protección Civil,27 se establece:

“Artículo 27 Bis. Corresponden a la Coordinación General de Protección Civil, las atribuciones siguientes:

...

VI. Coordinar el Sistema Estatal de Protección Civil, así como las acciones de prevención, auxilio y recuperación de zonas afectadas en caso de contingencia o desastre.

...

XX. Implementar acciones, mecanismos y procesos en materia de protección civil, tendientes a facilitar la instalación, operación, ampliación y regularización de giros comerciales, industriales y de servicios en el territorio de la entidad, de conformidad con la legislación aplicable en la materia[...]”

Por su parte, en los artículos 7, fracciones II y IV, 14, fracción V, 111, 115, fracción IX, 210 y 213 de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se estipula la atribución por parte del gobierno de la entidad para realizar la verificación de todos aquellos establecimientos, camiones y tanques de almacenamiento de gas que representen un riesgo para la vida, integridad y patrimonio de los ciudadanos.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos de la máxima prioridad hacer cumplir la normatividad vigente y atender este tema por múltiples motivos que tienen que ver no sólo con la integridad de los repartidores de gas LP, sino con la gobernabilidad del país y la economía familiar -afectada en sobremanera por la crisis por Covid-19- así como con el inminente riesgo de ocurrir accidentes de incalculables consecuencias en la integridad de la vida y en el patrimonio de la población si se sigue permitiendo el robo, almacenamiento y comercialización ilícita de gas LP, así como las agresiones que se derivan de estos delitos para el control del mercado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que a través de sus respectivas secretarías de Seguridad, se implementen acciones para prevenir y erradicar las agresiones en contra de las empresas de gas LP y de sus trabajadores repartidores, ante el incremento observado de estos hechos delictivos en la zona metropolitana del valle de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las fiscalías generales de Justicia en el estado de México y en la Ciudad de México, a garantizar que la impartición de justicia sea pronta y expedita en el caso de las denuncias por agresiones en contra de los repartidores de gas LP y se impongan las penas que conforme a derecho procedan.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de México para que, a través la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, se lleve a cabo la supervisión de cilindros y pipas mediante las que se distribuye gas LP, con la finalidad de que se verifique que se encuentren en buen estado para prevenir accidentes.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y demás autoridades competentes, se refuercen las estrategias tendientes a erradicar los delitos relacionados con el robo y distribución ilícita de gas LP en el país.

Notas

1 Imagen Radio. "Reporta Pemex disparo del robo de gas LP". Disponible en: https://cutt.ly/wf1fyo0. Consultado el 26 de septiembre de 2020

2 INEGI. "Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 2018". Disponible en: https://inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/495. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

3 Reforma, "Vinculan a sindicato con bandas delictivas". 20 de julio de 2020

4 Ibid

5 24Horas." Detienen a dos personas por agresiones e intimidación a compañías de distribución de gas en Cuajimalpa". Disponible en: https://cutt.ly/1f1dZ1d. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

6 El Universal. "Matan a tiros a pareja de repartidores de gas en Edomex". Disponible en: https://cutt.ly/of1ha3e. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

7 El Sol de México. "FGR investiga instalación de gaseras irregulares en el Edomex". Disponible en: https://cutt.ly/ff1g6Zb. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

8 Reforma. "Aumentan precios por presiones". 1 de julio de 2020.

9 Ibidem

10 Ibid

11 La Silla Rota. "Identifican 5 municipios del Edomex donde operan "gasicholeros". Disponible en: https://cutt.ly/5ohsC1h. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

12 Ibid

13 El Heraldo de México."Incrementan gaseras clandestinas en Edomex; advierten de riesgos para la población". Disponible en: https://cutt.ly/1ohgHlA. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

14 El Heraldo de México. "Operan 106 "gasoneras" clandestinas en Edomex; asegura ASECEM". Disponible en: https://cutt.ly/johmKQA. Consultado el 26 de septiembre de 2020

15 Reforma. "Denuncia agresión gasera de Tultitlán". 15 de mayo de 2020

16 88.9 NOTICIAS. Ataques contra gaseras del Estado de México, han dejado dos muertos". Disponible en: https://cutt.ly/0ohRHXC. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

17 88.9 NOTICIAS. Ataques contra gaseras del Estado de México, han dejado dos muertos". Disponible en: https://cutt.ly/0ohRHXC. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

18 88.9 NOTICIAS. Ataques contra gaseras del Estado de México, han dejado dos muertos". Disponible en: https://cutt.ly/0ohRHXC. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

19 Contra Réplica. "GUERRA DE GASERAS EN ESTADO DE MÉXICO". Disponible en: https://cutt.ly/gohEuXR. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

20 88.9 NOTICIAS. "Investigan si ACME distribuye gas de dudosa procedencia". Disponible en: https://cutt.ly/OoJURfR. Consultado el 26 de septiembre de 2020

21 Excelsior. "Se arma enfrentamiento entre huachicoleros y gaseros". Disponible en: https://cutt.ly/eog9CC6. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

22 Milenio. "Huachigaseros corren a repartidores de Gas LP en Chalco". Disponible en: https://cutt.ly/2og7qlI. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

23 Noticieros Televisa. "Huachigaseros atacan y retienen pipas de Gas LP en Texcoco". Disponible en: https://cutt.ly/1og7Cry. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

24 Noticias en la mira. "Cierran 4 gaseras en Edomex por ser peligrosas a la población". Disponible en: https://cutt.ly/zogzQKx. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

25 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://cutt.ly/zogNhkT. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

26 Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Disponible en: https://cutt.ly/3f1f3Yc. Consultado el 26 de septiembre de 2020

27 Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. Disponible en: https://cutt.ly/4oJ3F37. Consultado el 26 de septiembre de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre del 2020.

Diputada Dionicia Vazquez García (rubrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a hacer públicas por la Profepa las causas del varamiento y la muerte de 137 lobos marinos descubiertos en la playa de San Lázaro y difundir si ello se relaciona con la muerte de otros 46 lobos marinos encontrados en bahía Asunción, bahía San Roque y la comunidad pesquera de San Juanico, BCS, a cargo de la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Adriana Paulina Teissier Zavala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El Golfo de Ulloa se localiza frente a las costas de los municipios de Comondú y Mulegé, en Baja California Sur, con una superficie de 1,989,390 hectáreas (un millón novecientas ochenta y nueve mil trescientas noventa hectáreas).1

Este golfo es un área considerada como un centro de actividad biológica, por ser altamente productiva, puede albergar una gran cantidad de ambientes2 como estuarios, marismas, bahías poco profundas, manglares y humedales y con ellos albergar una gran cantidad de organismos.

La Bahía de Ulloa es escenario de la ballena gris. Cada año, miles de ejemplares de ese mamífero llegan allí para dar a luz a sus crías. La zona también es vital para el tránsito, alimentación y refugio de la ballena azul, la ballena jorobada y otras especies vulnerables como la tortuga caguama. Es hogar además de especies de interés pesquero como almejas, langostas y camarones.3

A pesar de su riqueza natural, la Bahía de Ulloa también es sitio de numerosos varamientos de mamíferos marinos. La especie que se vara con más frecuencia es el lobo marino de California (Zalophus californianus). Se desconoce si las causas de estos varamientos, son reflejo natural de la dinámica poblacional de la zona o como en otras regiones, tengan relación con operaciones de pesca.4

Sin embargo, en lo que va del mes de septiembre, se han registrado 3 varamientos en Baja California Sur, el primero ocurrió el 3 de septiembre y es considerado la mortandad de lobos marinos más grande ocurrida en México hasta el momento.

Ese 3 de septiembre, un grupo de pescadores de la región hizo el hallazgo de más de cien ejemplares de lobos marinos (Zalophus californianus) muertos sobre la orilla de la playa de Cabo San Lázaro, Bahía de Ulloa, Municipio de Comondú. Los pescadores reportaron el varamiento a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), por lo que en atención a una comunicación de la Conanp, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) activó el 4 de septiembre pasado el Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos.

Ocho días después la Profepa informó mediante un comunicado5 que “personal de la Procuraduría de oficinas centrales y de su representación estatal realizó un recorrido terrestre durante tres días en aproximadamente 130 kilómetros, y contabilizó 137 cadáveres de lobos marinos de California (Zalophus californianus), 136 machos y una hembra”, señalando que “no se observó en ellos marcas de origen antropogénico provocadas por redes (artes de pesca) o golpes y cortes causados por algún tipo de embarcación”.

Asimismo, la Profepa manifestó que “de estos ejemplares, cuatro se encontraron recién varados, por lo que, conforme al “Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos”, se procedió a su medición y se les tomaron muestras de cerebro, pulmón, corazón, hígado, riñón y grasa corporal para determinar las posibles causas de muerte.”

Indicó que “distintos laboratorios practicarán análisis histopatológicos, toxicológicos y bacteriológicos de las muestras tomadas por la Profepa, a fin de que expertos las estudien y determinen las posibles causas del varamiento y muerte de los ejemplares de lobos marinos hallados sin vida. De esta manera, las autoridades ambientales podrán aplicar las medidas correspondientes para la protección de esta especie y del ecosistema.”

A pesar de las acciones emprendidas por la Profepa, preocupa que el 14 de septiembre prestadores de servicios turísticos reportaron otros 25 lobos marinos sin vida en Bahía Asunción y Bahía San Roque, dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, a 300 kilómetros de la región del Golfo de Ulloa y el 15 de septiembre fueron encontrados otros 21 ejemplares varados en la comunidad pesquera de San Juanico, a 162 kilómetros de Cabo San Lázaro, donde se encontraron los primeros 137 cadáveres de lobos marinos.6

De esta forma, suman 183 lobos marinos muertos, lo que representa una tragedia ambiental, que supera los varamientos de la especie en tres años que alcanzó la cifra de 134 ejemplares de lobos marinos vivos y muertos en todo el país, de acuerdo con datos oficiales.

Según información de las redes de varamiento de mamíferos marinos, coordinadas por la Profepa, en 2017 se hizo el hallazgo de 63 ejemplares; en 2018 de 36 y en 2019 de 35 individuos, en reportes recabados en todas las costas nacionales.7

No obstante, estos nuevos hallazgos, la Profepa, la Conanp y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no han informado oficialmente sobre estos dos nuevos varamientos de lobos marinos de California muertos, que, de acuerdo a algunos especialistas, es un incidente correlacionado con los 137 individuos muertos que aparecieron en Cabo San Lázaro el 3 de septiembre.8

La muerte masiva de lobos marinos representa una gran tragedia ambiental, pues el lobo marino de California (Zalophus californianus) es, sin duda, una de las especies más emblemáticas de la Península de Baja California y es una especie sujeta a Protección Especial (Pr) de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.9

Desafortunadamente, la mortandad de la fauna marina en la región no es nueva. El año pasado se encontraron sin vida 331 tortugas caguama, 10 delfines, 15 lobos marinos, 131 tortugas prieta, 8 tortugas golfina y 6 ballenas. En 2018 fueron 459 tortugas caguama y 97 tortugas prieta, de acuerdo a información obtenida por los colectivos ecologistas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

De hecho, de enero a junio de este año, 351 tortugas caguama fueron localizadas muertas en la misma playa de San Lázaro donde vararon 137 lobos marinos.

Sin embargo, la mortandad de lobos marinos es preocupante, pues de acuerdo con la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Baja California Sur, antes del 3 de septiembre, no habían tenido noticias de un evento de muerte con esta alta densidad. En los últimos ocho años, se habían reportado casi 300 casos de organismos varados y muertos en la Bahía de Ulloa y playas cercanas, que incluye ballenas grises a delfines comunes, pero casi todos individualmente y, excepcionalmente, en grupos de entre dos y cinco ejemplares, así como de manera extraordinaria, más de 10.10

En consecuencia, urge que la autoridad ambiental aclare los hechos a la brevedad posible con el propósito de emprender las acciones que se consideren pertinentes a fin de atender la eventual afectación a los ecosistemas, a la sanidad animal y a la salud pública.

Además, consideramos que conocer las causas de las muertes de los lobos marinos de California son fundamentales para evitar cualquier amenaza de embargo pesquero por parte de Estados Unidos de América (EUA) a México, considerando que en dos semanas más habrá de iniciar la temporada de langosta pues, aunque la mayor parte de la pesquería se exporta a China, pasa por territorio norteamericano.

Cabe precisar que de acuerdo con el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, para el caso de varamientos de mamíferos marinos se procederá siempre a lo determinado en el “Protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos”.

Conforme al artículo 1o. de este Protocolo, la Semarnat, por conducto de la Profepa, será la encargada de coordinar y, en su caso, ejecutar su aplicación y verificación, con la intervención que, por razón de competencia, corresponda a otras dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal.

Asimismo, en su artículo 17 señala que tratándose de varamientos en los cuales los individuos varados pudieran representar riesgos para la salud humana en las localidades donde se susciten los eventos, la Profepa deberá notificarlo a la Secretaría de Salud para que tome las medidas de prevención y el control de los posibles efectos nocivos.

Es importante que la autoridad ambiental informe a la brevedad la causa de esta tragedia ambiental, pues los varamientos de mamíferos marinos son de interés desde el punto de vista científico ya que, a partir de éstos, es posible obtener información acerca del estado de salud e historia de vida de las poblaciones.

Además de que la mayoría de los mamíferos marinos se encuentran en los niveles tróficos más altos y son considerados biomonitores de cambios en la dinámica de los ecosistemas. Por lo tanto, la información que se obtiene de los individuos varados también es importante para evaluar las condiciones del ambiente.11

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en relación con la grave mortandad de lobos marinos encontrados el pasado 3 de septiembre, en la playa de Cabo San Lázaro, Bahía de Ulloa, municipio de Comondú, Baja California Sur:

a) Agilice la investigación y haga públicos, a la brevedad, los resultados de los análisis histopatológicos, toxicológicos y bacteriológicos de las muestras tomadas a los lobos marinos hallados muertos, a fin de conocer las causas del varamiento y muerte de los 137 ejemplares descubiertos en la playa de San Lázaro, y haga público si el varamiento masivo se relaciona con la muerte de otros 25 lobos marinos encontrados en Bahía Asunción y Bahía San Roque, dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno y con los 21 ejemplares varados en la comunidad pesquera de San Juanico, ocurridos el 14 y 15 de septiembre.

b) Intensifique los recorridos de vigilancia en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, a fin de atender la problemática del varamiento de lobos marinos, por ser una especie sujeta a Protección Especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, a fin de conservar su reproducción y salud, manteniendo el bienestar del ecosistema.

c) Adopte a la brevedad las medidas correspondientes para la protección de esta especie y del ecosistema, pues el lobo marino es una especie indicadora de la salud del ecosistema debido a que vive y se reproduce año con año en los mismos sitios, y es un consumidor tope en la cadena trófica, por lo que es altamente sensible a la calidad del hábitat.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525056&fecha=05/06/ 2018

2 http://biblio.uabcs.mx/tesis/te4040.pdf

3 https://aida-americas.org/es/cuidando-la-biodiversidad-de-m-xico-de-la- miner-submarina

4 http://www.biblioteca.cicimar.ipn.mx/oacis/Medios/tesis/ascencioe1.pdf

5 https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-procede-conforme-a-la-ley-par a-determinar-la-causa-de-la-muerte-de-lobos-marinos-en-bcs?idiom=es

6 https://www.excelsior.com.mx/nacional/
tercer-varamiento-de-lobos-marinos-en-bcs-aparecen-muertos-21-en-san-juanico/1405904#.X2Gg01yrPeU.twitter

7 https://www.excelsior.com.mx/nacional/
muerte-de-137-lobos-marinos-tragedia-ambiental-que-supera-3-anos-de-varamientos/1405669

8 https://www.mexicoambiental.com/la-profepa-sin-indicios-sobre-la-muerte -de-137-lobos-marinos-de-california-zalophus-californianus-en-comondu-b aja-california-sur-aparecen-25-mas/

9 https://hotbook.com.mx/lobo-marino/

10 https://www.mexicoambiental.com/
la-profepa-sin-indicios-sobre-la-muerte-de-137-lobos-marinos-de-california-zalophus-californianus-
en-comondu-baja-california-sur-aparecen-25-mas/

11 ttp://www.biblioteca.cicimar.ipn.mx/oacis/Medios/tesis/
ascencioe1.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a considerar el ingreso mínimo vital temporal para quienes perdieron sus ingresos por motivo del Covid-19 y que no tienen acceso a los programas federales, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los programas federales son los instrumentos del gobierno federal para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población a través de apoyos diversos para proyectos de infraestructura, productivos y sociales que beneficien a la comunidad es tal su importancia que el pasado 10 de marzo del año en curso los y las legisladoras incluimos con 335 votos a favor, los programas sociales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, estos programas se contemplan en 4 casos:

1. La creación de un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, para garantizar los servicios de salud.

2. Que las personas mayores de 68 años reciban por parte del Estado una pensión no contributiva.

3. Un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares en situación de pobreza y;

4. Que el Estado garantice la entrega de un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente.

Lo anterior excluye a un gran número de personas al acceso a los programas federales por ejemplo a quienes por motivo de la pandemia han perdido su fuente de ingresos pero no entran en estas categorías, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la pandemia y las subsecuentes medidas de confinamiento ocasionaron la pérdida de 12.5 millones de trabajos en el mes de abril, así como la disminución de población ocupada que pasó de 55.7 millones en marzo a 45.4 millones en tan sólo un mes, y que de las 13.2 millones de personas disponibles para trabajar en junio de 2020, 5.6 millones dejaron de trabajar debido a la suspensión temporal de su trabajo sin recibir pago. (Téllez, 2020; Inegi, 2020; Inegi ETOE, 2020).

Uno de estos grupos excluidos en su mayor parte de los programas sociales y que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), Banco Mundial y de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal), son las personas afrodescendientes las que reportan bajos porcentajes en activos económicos y empleos formales, coyuntura que tiende a exponerlas a situaciones de pobreza extrema. Además, subrayan que dentro ese grupo, tanto las mujeres, como las y los trabajadores rurales afrodescendientes son quienes registran las cifras de desempleo y precarización laboral más altas en comparación a la población general, aunado a la discriminación estructural y formal a la que son sometidos al no ser tomados en cuenta por instituciones, ejemplo de lo anterior es su reciente inclusión en el Censo del Inegi 2020 realizado en el mes de marzo, con la pregunta: ¿Por sus costumbres y tradiciones usted se considera negro, afromexicano o afrodescendiente?, o su reciente mención en un programa social denominado programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, el cual como requisito es su inscripción en alguna institución pública de educación superior, sin embargo no se considera que la población afromexicana reporta 8.4 por ciento mayor de analfabetismo en comparación con el resto de la población, cifra de 2015 debido a que no se cuentan con cifras actualizadas (Xantomila, 2020; Camhaji, 2020; Ruiz, 2020; OEA, 2020).

El hecho de que por primera vez en un censo del Inegi se identifique a las personas afromexicanas para saber a cuánto asciende la cifra de esta población, dónde se ubican y cuáles son sus condiciones de vida, visibilizará a la población afrodescendiente del país para que el gobierno de México elaboré políticas públicas inclusivas destinadas al bienestar y el desarrollo de esta comunidad, tal como lo establece el artículo 1o. constitucional, esto mencionado por la Secretaría de Gobernación en su página de internet, lo que quiere decir que no existen tales políticas y en lo que son diseñadas y evaluada su eficiencia, este sector de la población no cuenta con los recursos y apoyos necesarios para subsistir durante la pandemia que aún seguimos cursando (Gobierno de México, 2020).

Por lo anterior, el ingreso mínimo vital es necesario para los sectores de la población vulnerable que no cuentan con la cobertura de programas federales o locales, y carentes de la cantidad mínima de recursos para afrontar sus necesidades básicas, y cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia, este apoyo económico consistiría en un monto de 3 mil 746 pesos, durante tres meses, siendo factible mediante su instauración en el Programa de Emergencia Social o Natural a cargo de la Secretaría de Bienestar y que surge por la necesidad que el Estado mexicano esté en capacidad no solamente de responder en el momento de la emergencia para salvaguardar vidas humanas o bienes, sino también de garantizar el bienestar de las poblaciones ante cualquier tipo de problemática que implique privar a las personas y/o familias de las condiciones mínimas para el bienestar integral por lo que debe ser visto desde la perspectiva de protección social en una emergencia, y claramente la pandemia por Covid-19 lo seguirá siendo si no se elaboran los mecanismos para garantizar el bienestar de la población mexicana (DOF, 2020; Cubi, 2020).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a considerar el ingreso mínimo vital para las y los ciudadanas que perdieron sus ingresos por motivo de la pandemia por Covid-19 y que no tienen acceso a los programas federales.

Fuentes

o Camhaji, E. (02 de 03 de 2020). México pregunta por primera vez sobre la población negra y afrodescendientes. El país.

o Cubi, A. (16 de 06 de 2020). El economista. Obtenido de https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-ingreso-minimo-vital-no-es-n ecesario-es-imprescindible-20200616-0035.html

o DOF. (28 de 02 de 2020). Diario Oficial de la Federación. Obtenido de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587923&fecha=28/02/2020

o Gobierno de México. (23 de septiembre de 2020). Gobierno de México. Obtenido de https://www.gob.mx/segob/prensa/presentan-campana-para-reconocimiento-d e-poblacion-afrodescendiente-que-vive-en-mexico

o INEGI. (24 de 09 de 2020). INEGI. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/

o INEGI ETOE. (06 de 2020). INEGI. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/etoe/doc/etoe_present acion_resultados_junio_2020.pdf

o OEA. (28 de 04 de 2020). OEA Más derechos para más gente. Obtenido de
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/092.asp

Ruiz, A. (14 de 03 de 2020). El sol de San Luís. Obtenido de https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/incluye-el-inegi-a-afrodescendi entes-4964364.html

o Téllez, C. (01 de 06 de 2020). Covid-19 deja sin trabajo a 12.5 millones de personas en México. El Financiero.

o Xantomila, J. (6 de 02 de 2020). Inegi aplicará censo 2020 a comunidad afrodescendiente. La jornada.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Ssa a llevar a cabo acciones sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos biológico-infecciosos ante el incremento de su generación por la presencia del Covid-19, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Zulma Espinoza Mata e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputada Zulma Espinoza Mata y diputado Arturo Escobar y Vega , en representación de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Al hablar de la situación por la que atraviesa actualmente nuestro país, innegablemente se centra la atención en la emergencia sanitaria provocada por la presencia del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19). La existencia de un virus sin antecedentes ha puesto al límite las capacidades técnicas, profesionales y económicas de cualquier país; no obstante, a pesar de que coincidimos en que lo más importante es atender la salud de las y los mexicanos, lo cierto es que tampoco podemos dejar de atender situaciones igualmente urgentes e importantes que derivan de la presencia de este letal virus.

Distintos medios de comunicación y organizaciones ambientalistas han hecho un llamado para voltear a ver una situación que va en rápido crecimiento; la necesidad de generar mecanismos de protección para evitar cualquier situación de contagio ha incrementado significativamente el uso de materiales desechables que, lamentablemente, no son tratados de manera correcta para su disposición final; en ese sentido, durante esta contingencia sanitaria, hemos hecho en reiteradas ocasiones diversos exhortos a nuestras autoridades ambientales y de salud para que se ejecuten acciones que garanticen un correcto tratamiento de los residuos, evitando con ello la posible propagación de agentes contaminantes que pudieran impactar de manera negativa contra el medio ambiente y la propia salud humana.

No obstante, al hablar de residuos muchas de las veces se malinterpreta y se piensa que se habla de lo que coloquialmente llamamos “basura”, generada en las casas o en las principales actividades económicas; sin embargo, justamente la presencia de un virus tan contaminante como el que padecemos actualmente, nos ha hecho reconsiderar la importancia de atender con igual prioridad la generación de aquellos residuos producto de las actividades en las unidades hospitalarias que se encuentran atendiendo a pacientes contagiados de Covid-19.

La regulación legal o normativa de dichos residuos no es reciente, México cuenta con un sólido, mas no perfecto, marco legal en materia de protección ambiental, en donde el tratamiento adecuado de los residuos siempre ha figurado como parte toral para lograr un auténtico equilibrio ecológico en nuestro país.

En ese sentido, la regulación de los residuos en los que hoy se centra nuestra atención encuentra su origen desde 1988 con la creación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); tema que se atendió en el rubro de “control de materiales y residuos peligrosos”, para lo cual también se emitieron diversos reglamentos cuya finalidad es regular dichos residuos y la transportación de los mismos.

Asimismo, con el paso de los años y en atención a las demandas propias del desarrollo social y económico que tristemente se reflejan en un impacto negativo sobre nuestros principales recursos naturales, la legislación ambiental en la materia tuvo que dejar de ser meramente preventiva para transformarse en una norma sancionadora para quienes no la cumplían.

Con ello se dio paso también a la creación de textos normativos específicos para atender las principales problemáticas ambientales no sólo acontecidas en nuestro país, sino a nivel internacional ante el evidente deterioro ambiental. En razón de ello, alrededor del mundo poco a poco fueron adoptándose convenios para el correcto manejo de los residuos, con especial atención en los peligrosos de carácter biológico-infeccioso, destacando los siguientes1 :

Convenio de Basilea (1989): Sobre el Control de los Movimientos Trasfronterizos de Desechos Peligrosos y su Disposición; cuyo principal objetivo fue reducir el tráfico de residuos peligrosos de un país a otro, particularmente en países industrializados hacia países en desarrollo y asegurar su disposición final ambientalmente adecuada. Nuestro país lo ratificó el 22 de febrero de 1991, entrando en vigor el 5 de mayo de 1992.

Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992): Se adoptó como la guía para la creación de la agenda 21, que hace referencia en su capítulo 20 a la gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos. Establece que el manejo de los residuos debe contemplar la minimización de su generación, así como su reciclaje, recolección, tratamiento y disposición final adecuados y tan cerca de su fuente de origen como sea posible, aplicando la responsabilidad común pero diferenciada. Cada país y ciudad establecerá sus programas para lograr lo anterior de acuerdo a sus condiciones locales y a sus capacidades económicas.

Convenio de Rotterdam (1998): A partir de este convenio se formuló el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

Dichos documentos forman parte de las bases sobre las cuales se centra nuestra legislación en la materia, pues además del deber de cumplir con la protección de los derechos constitucionales a la salud y a un medio ambiente sano, resultaba necesario establecer mecanismos legales que generaran certeza sobre la atención y solución de problemáticas específicas como lo es el manejo de los diferentes residuos.

En este sentido, hoy contamos con una Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, cuyo objetivo es garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación; así como para otorgar la atribución a la federación para expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular su manejo integral.

Al respecto, nuestro marco normativo se robusteció precisamente con la expedición de la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos- Clasificación y especificaciones de manejo, cuyo objetivo, como su nombre lo refiere, es establecer la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como las especificaciones para su manejo.

Con estas directrices se buscó generar certeza sobre el adecuado manejo de dichos residuos; ponderando la protección de la salud humana al tiempo de evitar que los residuos peligrosos de carácter biológico-infecciosos provocaran un problema para el tratamiento normal del resto de residuos generados en las diferentes actividades.

Como se ha referido, todo lo anterior es muestra clara de que nuestro país avanza consistentemente en el cumplimiento de la protección ambiental en cuanto hace al manejo integral de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Contar con un marco jurídico fortalecido nos ha llevado a prevenir la contaminación que pudieran producir estos residuos. No obstante, hoy se ponen a prueba estas capacidades ante la presencia de una emergencia sanitaria sin precedentes, lo que ha llevado al límite la operatividad del manejo de dichos residuos ante su acelerado crecimiento.

La generación de residuos peligrosos biológico-infecciosos en el sistema hospitalario ha incrementado exponencialmente en México; datos de diversos medios de comunicación afirman que, tan sólo en el mes de mayo de 2020, se generaron más de 2 mil toneladas de estos residuos, casi la mitad de la totalidad que producen todos los hospitales del país. Asimismo, se señala que, desde el inicio de la pandemia hasta el pasado 8 de junio, al menos 7.5 toneladas de residuos peligrosos biológico-infecciosos han sido abandonadas o mal manejadas en el país.2

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), estos residuos fueron localizados en dos puntos, el principal, en el estado de Puebla, donde esta Procuraduría señaló que “de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR), en materia administrativa y penal, se estaba buscando una sede para dar tratamiento o disposición final de casi seis mil metros cúbicos de residuos peligrosos biológico-infecciosos que, al estar almacenados de manera inadecuada, generan un riesgo potencial para la salud de la población”.

Es alarmante dicha situación, pero así como debemos ser enfáticos en hacer un llamado para que se cumpla la normatividad en la materia, tenemos que ser conscientes de que la estructura de empresas autorizadas para recolectar, transportar, acopiar, triturar, esterilizar e incinerar -ante una emergencia sanitaria de las dimensiones observadas- es limitada y quedó sobrepasada, lo que pone en riesgo no sólo el cumplimiento de las leyes sino el manejo integral de dichos residuos en perjuicio de la salud humana y el medio ambiente.

Actualmente se estima que tanto el sistema médico y su infraestructura como los prestadores de servicios complementarios (recolectores y transportistas de residuos peligrosos biológico-infecciosos) están saturados y trabajan en tiempos y capacidades extraordinarias.

Analizando información real en la etapa de generación, se detectaron incrementos en más de un 65% de la generación de residuos peligrosos biológico-infecciosos posterior a la contingencia y se observa una alta composición de textiles y plásticos en dichos residuos, desencadenando que no sólo en la etapa de generación haya inconvenientes en el manejo de los mismos, sino que afecta posteriormente a las etapas de transporte, recolección, acopio y tratamiento, colapsando la infraestructura actual instalada para el manejo de estos residuos peligrosos.

La gran mayoría del sistema de salud del país y en particular una buena parte de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), particularmente aquellas que actualmente son denominadas hospitales COVID, presentan una generación extraordinaria de residuos peligrosos biológico-infecciosos como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla elaborada con información de la empresa Red Ambiental, disponible en: https://www.redambiental.com/nosotros/

De lo anterior se desprende un evidente incremento de residuos textiles, resultantes de las ropas de cama, toallas, uniformes, batas, cubrebocas, mascarillas, guantes y ropa de pacientes, además de plásticos resultantes de embalajes o envolturas, los cuales en condiciones normales no son considerados como residuos peligrosos biológico-infecciosos, ocasionando que en la etapa de transporte se recolecte solo el 25% de los residuos con el mismo volumen en las unidades, haciendo que los sistemas de recolección y transporte no se den abasto.

Por lo que hace a las etapas de acopio, ocurre la misma complicación derivada del volumen de los residuos y la generación extraordinaria de residuos peligrosos biológico-infecciosos, representando un serio problema en la cadena de manejo de los residuos, específicamente en el acopio, ya que su volumen ocupa un gran espacio, por su baja densidad y por su extensa dimensión, causando que la capacidad instalada en las plantas esté completamente rebasada.

En el mismo sentido, recientemente diversos medios de comunicación señalan que la situación no ha mejorado y las cifras confirman que los 2 a 2.2 kilos de residuos considerados como peligrosos que cada paciente contagiado de Covid-19 en México produce al día -según lo señalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al inicio de esta pandemia-, hoy, con certeza, se ha duplicado.3

Y esto cada vez con mayor celeridad y preocupación, pues diversos especialistas confirman que, desde marzo, la cantidad de residuos peligrosos biológico-infecciosos se ha duplicado debido a la combinación con la basura cotidiana, generando conflictos y un mayor gasto para su debido tratamiento.

Ejemplo de ello son los más de 4 millones de pesos que el estado de Oaxaca ha gastado en el rubro de recolección; según datos obtenidos de la solicitud de información al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de dicha entidad, retomados por el periódico NVI Noticias4 , se afirma que los Servicios de Salud de Oaxaca han pagado 4 millones 437 mil pesos en recolección, transportación y tratamiento de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos de las 89 unidades médicas hospitalarias del estado, esto durante los 6 meses de pandemia por el coronavirus, Covid-19.

Se señala además que la empresa encargada de la recolección será la responsable del tratamiento y destino final de los residuos, la cual está aprobada y siguen el protocolo de las Norma Oficiales Mexicanas aplicables, en las que se indica que deben ser incinerados los residuos como sangre, jeringas, navajas y restos de cirugías, entre otros.

En relación a ello, el Partido Verde expresa su preocupación por la situación, reconociendo que previo a la emergencia sanitaria los residuos peligrosos biológico-infecciosos generados en las unidades hospitalarias incluían los establecidos en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002; sin embargo, posterior a la declaración de ésta -como se dijo líneas arriba-, residuos textiles como ropas de cama, toallas, uniformes, batas, cubre bocas, mascarillas, guantes, ropa de pacientes y plásticos han sido incluidos y catalogados como residuos peligrosos biológico-infecciosos, cambiando radicalmente su composición y clasificación.

En este contexto, resulta pertinente mejorar la segregación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos en la fuente, incluyendo diversas acciones tendientes a evitar la categorización como tales a aquellos residuos diversos a los señalados en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, con lo cual buscamos una efectiva protección a la salud y al medio ambiente, así como mejorar la operatividad en la cadena de manejo y aseguramiento sanitario de control de dichos residuos.

En este sentido, reconocemos la urgencia de su atención por lo que debemos abrir el camino a la implementación de acciones emergentes ordenadas que pongan un alto a la creciente problemática del manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos.

Especialistas en la materia y personas involucradas en los procesos de gestión señalan que una vía para su atención es el establecimiento de planes de manejo emergente de aplicación temporal de mínimo 6 meses o hasta que las autoridades competentes determinen su aplicación, para que, en concordancia con lo dictado en la Cartilla para Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos , emitida por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los residuos peligrosos biológico-infecciosos en su nueva segregación y categorización sean dispuestos en rellenos sanitarios que cuenten con las autorizaciones ambientales estatales pertinentes y que además cuenten con procesos alineados a estándares internacionales; así como las disposiciones que la autoridad estime viables para asegurar el cumplimiento legal ambiental de los sitios de disposición.

Esta propuesta ha sido presentada por este instituto político en semanas pasadas durante la celebración de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, quedando pendiente de aprobación por lo que, ante la continuidad de la emergencia sanitaria y la creciente tasa de residuos peligrosos biológico-infecciosos generados, consideramos necesario insistir en su presentación y resolución.

Atendiendo a todo lo anterior y dada la importancia del tema, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que lleve a cabo de manera prioritaria y urgente la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección Ambiental-Salud Ambiental- Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos- Clasificación y Especificaciones de Manejo, con la finalidad de armonizarla a los requerimientos y necesidades actuales, especialmente atendiendo al incremento exponencial de residuos peligrosos biológico-infecciosos provenientes, principalmente, de unidades hospitalarias, provocado por la presencia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de su Reglamento Interior, emita una norma o lineamientos de carácter emergente que garanticen el manejo integral de los residuos, con especial atención a los residuos peligrosos biológico-infecciosos provenientes, principalmente, de unidades hospitalarias provocado por la presencia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), y que, ante su acelerado incremento, imposibilita su adecuado tratamiento.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, y en tanto se lleva a cabo la actualización de la Norma Oficial Mexicana o la emisión de lineamientos o norma emergente relativa al manejo integral de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, garanticen el estricto cumplimiento del numeral 6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección Ambiental-Salud Ambiental-Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos- Clasificación y Especificaciones de Manejo, facilitando con ello su correcto manejo.

Cuarto . La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en tanto se lleva a cabo la actualización de las normas ambientales técnicas en materia de residuos peligrosos biológico-infecciosos y ante la magnitud de la contingencia sanitaria y dada la infraestructura actual, se analice la posibilidad de permitir la implementación temporal de planes de manejo emergentes para el manejo de dichos residuos, bajo condiciones particulares de tipo, volumen y situación entre generadores y prestadores de servicios, con la finalidad de solucionar la problemática actual respecto al incremento de volúmenes de residuos peligrosos biológico-infecciosos, siempre y cuando éstos cumplan con los requerimientos necesarios para garantizar la protección de la salud de las personas y del medio ambiente.

Notas:

1. Véase, "Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012", SEMARNAT, 2009. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187438/pnpgir_2009-2012. pdf

2. Véase, "¿Qué pasa con los residuos de COVID-19? Más de 7 toneladas de desechos han sido mal manejadas. Animal Político, 15 de junio de 2020. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/06/residuos-covid-19-toneladas-dese chos/

3. Véase, "Actividad riesgosa: el manejo de los desechos peligrosos por Covid-19 en hospitales de México", Forbes México, 26 de agosto de 2020. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/noticias-el-manejo-de-los-desechos-peligrosos -por-covid-19-en-mexico/

4. Véase, "Tratamiento de residuos infecciosos han costado 4.4 mdp a los SSO durante la pandemia", NVI Noticias Oaxaca, 14 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.nvinoticias.com/nota/159920/tratamiento-de-residuos-infecci osos-han-costado-44-mdp-los-sso-durante-la-pandemia

Dado en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de septiembre de 2020.

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala (rúbricas)

Grupo Parlamentario de Morena

Diputados: Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema Nacional de Protección Civil y el Cenapred a reforzar las campañas de prevención de accidentes por el uso de juegos pirotécnicos fabricados con pólvora ilegal, a cargo del diputado Samuel Chávez Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Samuel Herrera Chávez, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional de Protección Civil y al Centro Nacional de Prevención de Desastres, para que, en el ámbito de sus atribuciones, se refuercen las campañas de prevención de accidentes por uso de juguetería pirotécnica fabricada con pólvora ilegal garra de tigre, huevo de codorniz, cara del diablo, R15 o pata de mula y Hulk.

Consideraciones

México tiene como una de sus grandes tradiciones la pirotecnia recreativa como los fuegos artificiales en exteriores, fuegos artificiales ante audiencia y la juguetería pirotécnica, clasificación estipulada en el artículo 7 de la Ley Federal de Pirotecnia; sin embargo, la tercera en mención es la de mayor uso durante las fiestas que celebramos en los meses venideros y la que mayor riesgos para la integridad física de las personas representa, pues cifras oficiales muestran que tan sólo en diciembre la atención médica por quemaduras ocasionadas por juguetes pirotécnicos aumentan hasta en un 30 por ciento, siendo los niños y niñas de 5 a 14 años de edad la mayoría de las víctimas.

El Sistema Nacional de Protección Civil informa que los accidentes relacionados con cohetes y pólvora pueden ocasionar daños menores como irritación en los ojos y vías respiratorias; los graves son quemaduras en manos, ojos, lesiones auditivas o en rostro y cabeza; mientras que en el peor de los escenarios se puede perder una extremidad.

Lo más preocupante es que en los últimos años la fabricación y venta de juguetes pirotécnicos está dejando atrás a las tradicionales luces de bengala, palomas, cañones, brujitas, entre otros, dando paso a otros más peligrosos como son: garra de tigre, huevo de codorniz, cara del diablo, R15 o pata de mula y Hulk, todos estos tienen la capacidad de amputar una pierna o un brazo si se detonan por accidente o muy cerca de una persona. Los Hulk, por ejemplo, son petardos de pólvora comprimida con la capacidad de detonar a la intensidad de más de cinco R15 juntos. Aun cuando la Secretaría de la Defensa Nacional y la Dirección de Protección Civil tienen catalogado su contenido como pólvora ilegal, los vendedores han encontrado otros medios de promoción como el internet, muy fáciles de encontrar, ya sea en Mercado Libre o Facebook. Hace unas semanas, en un noticiario de televisión se demostró la facilidad con la que se pueden conseguir estos artefactos en las redes sociales y, no obstante de estar prohibidos y el peligro que representan, la compra venta se llevó a cabo en una gasolinera.

Por lo anterior, es urgente reforzar las campañas de prevención por el uso de juguetes pirotécnicos, así como persuadir a la población de no comprar los explosivos mencionados, no sólo porque está prohibida su fabricación y venta, también por el alto riesgo que corren quienes los detonan. Asimismo, es imprescindible fomentar una cultura de denuncia cuando se tenga conocimiento de lugares o personas que se dediquen a la venta de estos los juguetes pirotécnicos o venta de artefactos explosivos prohibidos.

Aunque lo mejor es evitar el uso de la pirotecnia, se sugiere seguir promoviendo la adquisición de pirotecnia en establecimientos registrados, comprar sólo juguetes permitidos y que los menores de edad sean supervisados en todo momento por un adulto. Seguir también las recomendaciones del Cenapred y del Sistema Nacional de Protección Civil como no utilizar ropa sintética al quemar cohetes, porque ésta se adhiere a la piel y puede agravar los daños, evitar almacenamiento, no dirigirlos nunca hacia las personas, animales, casas o árboles y, en caso de mal funcionamiento de los productos, no insistir en detonarlos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil y al Centro Nacional de Prevención de Desastres, reforzar las campañas de prevención de accidentes por el uso de juguetes pirotécnicos fabricados con pólvora ilegal conocidos como garra de tigre, huevo de codorniz, cara del diablo, R15 o pata de mula y Hulk.

San Lázaro, a 29 de septiembre de 2020.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a investigar por la SFP los actos de corrupción denunciados por el ex titular del Indep, sancionar administrativamente a los implicados y presentar ante la FGR las denuncias penales correspondientes, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

José Martín López Cisneros , diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, a investigar los actos de corrupción denunciados por el ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sancionar administrativamente a los implicados y presentar las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República , con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 22 de septiembre se hizo pública la carta de renuncia del titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), con poco más de tres meses en su cargo presentó su renuncia al cargo acusando la pérdida del respaldo del titular del Ejecutivo, que le exigía una lealtad ciega. En entrevista radiofónica el ex titular del Indep declaró que el presidente cuestionó su formación de abogado, su carácter formalista y su insistencia en los procedimientos.

En su carta de renuncia, el ex titular del Indep denunció las irregularidades en las que opera dicho organismo, reveló la práctica de contratos favorables a empresas, señalando: “Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas: procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (mayor beneficio para el estado) mutilación de joyas, contratos favorables a empresas y no al Indep y conductas de servidores públicos contrarios a las normas”.

Al respecto, en entrevista radiofónica concedida al periodista Ricardo Rocha, el ex funcionario público mencionó la celebración de dos contratos millonarios de más de mil millones de pesos, los cuales estaban acordados para favorecer a las empresas por encima de los intereses del Indep. A pregunta expresa de si los contratos habían sido licitados, el ex titular del Instituto declaró que algunos habían sido licitados y otros otorgados mediante adjudicación directa, señalando que más allá del procedimiento -por el cual habían sido asignados- los contratos favorecían enormemente a las empresas y no a la institución.

Asimismo, en su misiva reveló la falta de liquidez con la que opera el organismo: “El pago de los servicios adquiridos se realiza en algún caso con parte de los recursos que se obtienen de las subastas pero como las subastas electrónicas fueron suspendidas durante buena parte del 2020 y disminuyeron las subastas presenciales, se ha carecido de liquidez para satisfacer los compromisos de pago”.

Sobre lo anterior, en la entrevista radiofónica el ex funcionario, señaló que, el Instituto tiene muchas deudas y al referirse al destino de los dos mil millones de pesos que había “donado” la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que dicho recurso se encuentra aún en las cuentas de la Tesorería de la Federación, por lo que no pueden ser embargados, pero tampoco puede hacer uso de ellos el Indep, por esta razón han tratado de regresar los recursos nuevamente a la FGR.

En su carta el ex titular del Indep hace referencia a que el Instituto debe más de mil millones de pesos de laudos laborales a favor de trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México y Luz y Fuerza del Centro. Asimismo, que se deben importantes cantidades a empresas proveedoras de servicios a la institución.

Por otra parte, en la carta revela que se desconoce el origen de los recursos que se encuentran a resguardo del Indep: “Existen ingentes recursos en la institución que, hoy por hoy, no son susceptibles de destino alguno porque se desconoce la causahabiencia de los bienes y procedimientos que los originaron. Iniciamos en los archivos informáticos y físicos de la institución y con el apoyo invaluable de la FGR la determinación de su origen”.

Respecto a los actos de corrupción el ex titular del Instituto, habló de avalúos muy inferiores a los precios comerciales y problemas en las subastas electrónicas.

Al respecto de lo anterior, el ex funcionario en su carta de renuncia, hace referencia a que durante su administración se presentaron denuncias ante la FGR: “Por la manipulación de joyería, hemos presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República”.

Ante la lealtad reflexiva de su funcionario, el titular del Ejecutivo acusa falta de temple y miedo. De las denuncias de corrupción hechas por el ex titular del Indep, que es lo trascendental, el Ejecutivo no ha dicho ni pio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Función Pública, a investigar los actos de corrupción denunciados por el ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sancionar administrativamente a los implicados y presentar las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de octubre de 2020.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP, la ASF y la FGR a investigar la existencia de irregularidades financieras y administrativas, anomalías u omisiones que puedan ser vinculantes con actos de corrupción en el proceso de incautación de bienes a cargo del Indep, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Héctor Yunes Landa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reciente salida del titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep)1 ha generado una serie de cuestionamientos públicos sobre la gobernanza de las instituciones mexicanas, su competitividad y los objetivos que persiguen.

Este organismo público descentralizado, creado formalmente en agosto de 2019, a partir de la estructura del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene como objetivo la lucha contra la corrupción, impulsar los canales de transparencia y ayudar a implementar la política social en beneficio de los grupos más vulnerables. Sin embargo, estos fines, de acuerdo a información divulgada recientemente, se han visto transgredidos a la luz del escrutinio público.2

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Indep tiene las facultades suficientes para administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los bienes, activos o empresas que le sean transferidos. Asimismo, acorde con su legislación, podrá nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los bienes o activos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de éstos a través de distintos instrumentos.3

En este marco, hasta agosto de 2020, dentro de sus actividades públicas, habría llevado a cabo seis eventos presenciales de subasta de bienes, acumulando un total de ventas de 238 millones de pesos desde el inicio de la actual administración.4 Estas subastas, han sido denominadas de estar encausadas al “sentido social,” y las últimas han buscado destinar los recursos obtenidos al sector salud para invertir en mayor infraestructura de atención de crisis en el marco de la pandemia del Covid-19. De ellas, se estima que se ha recaudado poco más de 170 millones de pesos para ese fin.5

Sin embargo, después de cuatro meses al frente del Indep, en días recientes, su último director, Jaime Cárdenas Gracia, presentó de manera pública su renuncia a su titularidad en medio de críticas y acusaciones que evidencian problemas de estructura, gestión en el manejo de los recursos y conflicto de interés con otros funcionarios federales. Cárdenas, quien fue nombrado por el presidente López Obrador el pasado mes de junio, después de la separación del cargo de Ricardo Rodríguez, es el duodécimo funcionario en dimitir de su puesto de manera voluntaria por diferencias con el proyecto del presidente.6

En su renuncia, el doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia denunció que, durante su gestión en el Indep, detectó irregularidades administrativas en los procedimientos de valuación, así como el detrimento de las condiciones imparciales para otorgar contratos a empresas, mutilación de joyas incautadas, conductas de servidores públicos contrarias a las normas, entre otras. A su vez, refirió que, al momento de su salida, se encontraban interpuestas distintas denuncias administrativas en el Órgano Interno de Control, y ya se habrían presentado las querellas penales correspondientes en la Fiscalía General de la República por la manipulación de bienes incautados.7

La carta de renuncia también destaca que, en cumplimiento de las funciones del instituto, desde los recursos de la organización, se repartieron 2 mil millones de pesos para la adquisición de premios en la rifa de la Lotería Nacional el pasado 15 de septiembre, así como 250 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación para premios al personal médico y casi 180 millones de pesos al Instituto de Salud para el Bienestar para la construcción de nuevas unidades médicas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también recibió recursos por más de 250 millones de pesos para iniciar la construcción de nuevas carreteras a partir de enero de 2021.8

Sin embargo, destacan una serie de irregularidades en las obligaciones del Indep y procesos administrativos pendientes. Ejemplo, la entrega que señala Cárdenas, de 2 mil millones de pesos que debía realizar el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, desde febrero de 2020, como recuperación de un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.9

Asimismo, en su carta de renuncia, el doctor Cárdenas refirió que, hasta septiembre de 2020, el Instituto no contaba con los fondos suficientes para liquidar mil millones de pesos de laudos laborales ganados por ex empleados de Luz y Fuerza del Centro y Ferronales. También se comunicó que el Indep debe a empresas proveedoras de seguridad y almacenaje, y su vez, tiene que devolver la suma de 387 millones de pesos a la cadena Waldo’s por haber ganado un litigio reciente contra el Servicio de Administración Tributaria.

A partir de la renuncia, se han generado acusaciones que derivan de investigaciones sobre la intromisión de funcionarios en las instalaciones de los almacenes de bienes incautados y el conflicto de interés que representa para la gestión del INDEP. Un reporte de Eje Central, ha señalado que Ernesto Prieto, actual titular de la Lotería Nacional y ahora propuesto por el presidente López Obrador para reemplazar a Jaime Cárdenas en días próximos, habría visitado en compañía de Alejandro Esquer, secretario particular de la Presidencia de la República, diferentes almacenes, y extraído, sin los registros que marca la ley, objetos con el argumento que habrían de venderse para subsanar el impacto económico de la pandemia.10

Entre ellos, destaca un yate que incautó la Secretaría de Marina en Acapulco en comodato, y otras propiedades aseguradas por el organismo, pero recientemente declaradas inválidas. Asimismo, la investigación señala que como causa de los recortes de austeridad a todo el Gobierno Federal, un número significativo de instalaciones han sido descuidadas e incluso invadidas por grupos delincuenciales, exponiendo la seguridad de los inmuebles, y en consecuencia generando denuncias por parte del mismo gobierno ante la Fiscalía General de la República.11

Ante estos presuntos hechos, es necesario recalcar, que aunque uno de los objetivos principales de la actual administración federal ha sido reducir los índices de corrupción y reestructurar el orden administrativo, el fenómeno ha aumentado de manera considerable. Sobre ello, recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó, que aunque la percepción de los actos de corrupción ha disminuido desde diciembre de 2018, en los hechos, se han incrementado en casi el doble, pasando de 15 mil 732 víctimas por cada cien mil habitantes en 2017 a 25 mil 541por la misma tasa en 2019.12

Por todo lo anteriormente considerado, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos de gran trascendencia que tanto la Auditoría Superior de la Federación en pleno goce de sus facultades, así como la Fiscalía General de la República, lleven a cabo una investigación amplia y exhaustiva sobre la posible presencia de irregularidades en la gestión del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y su posible impacto en actos vinculantes de corrupción por parte de sus funcionarios, o la intromisión de terceros.

Es importante que estas instituciones contribuyan al fortalecimiento de la vida pública e institucional en México y actúen en el marco de la legalidad. La corrupción no únicamente afecta al crecimiento económico de las naciones, sino a su competitividad y a la desigualdad en el reparto y diseño de políticas efectivas. Por ello, para lograr resultados eficientes, es necesario que los Estados actúen de manera integral y sean capaces de traducir sus inquietudes sociales a acciones concretas con resultados satisfactorios, y no únicamente al discurso.

Por lo anterior sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones investiguen la existencia de irregularidades financieras y administrativas, anomalías u omisiones que puedan ser vinculantes con actos de corrupción en el proceso de incautación de bienes a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, e informen a la sociedad sobre los avances de las investigaciones.

Notas

1 Renuncia Jaime Cárdenas Gracia a la Dirección del Indep. Disponible en https://www.gob.mx/indep/prensa/renuncia-jaime-cardenas-gracia-a-la-dir eccion-del-indep

2 Buscaban "obediencia ciega" en el Indep: Jaime Cárdenas advirtió sobre las irregularidades y recibía órdenes sin procedimiento. Disponible en https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/24/buscaban-obediencia-c iega-en-el-indep-lopez-obrador-fue-advertido-de-las-irregularidades-ase guro-jaime-cardenas/

3 Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584525&fecha=22/01/ 2020

4 Subastas con sentido social: Indep recaudó 238.2 millones de pesos tras seis ventas en Los Pinos. Disponible en https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/30/subastas-con-sentido- social-indep-recaudo-2382-millones-de-pesos-tras-seis-ventas-en-los-pin os/

5 El Indep obtiene 175.8 mdp para el combate al Covid-19. Disponible en https://www.gob.mx/indep/prensa/el-indep-obtiene-175-8-mdp-para-el-comb ate-al-covid-19

6 11 funcionarios de la 4T que presentaron su renuncia a Andrés Manuel López Obrador. Disponible en: https://businessinsider.mx/10-funcionarios-de-la-4t-que-presentaron-su- renuncia-a-andres-manuel-lopez-obrador/

7 Jaime Cárdenas dimite y ventila anomalías en bienes incautados. Disponible en https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/23/jaime-cardenas-d imite-y-ventila-anomalias-en-bienes-incautados-8017.html

8 Opera Indep como "caja chica" para el gobierno. Disponible en
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https:
//www.reforma.com/opera-indep-como-caja-chica-para-el-gobierno/ar2035464?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--

9 Ibídem.

10 Desquiciaron a Andrés Manuel. Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/desquiciaron-a-andres-manuel

11 Semanario #219 de Eje Central. Disponible en https://issuu.com/ejecentral6/docs/ec219

12 Incrementó corrupción, reporta Inegi. Disponible en
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/21/incremento-corrupcion-en-2019-reporta-inegi-628.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2020.

Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP y la ASF a realizar las investigaciones correspondientes sobre la compra de ventiladores médicos por el gobierno de Oaxaca, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación a que realicen las investigaciones sobre la compra de ventiladores médicos por el gobernador del estado de Oaxaca , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pandemia que afecta a México desde marzo lleva más de 700 mil enfermos y más de 73 mil muertos, cifras que siguen en aumento y por lo que además de las medidas preventivas que tomó el gobierno federal, también los estados tomaron sus propias medidas de prevención, además de invertir y reforzar sus secretarias de Salud estatales, con la compra de equipo o la contratación de más personal para poder atender a los pacientes que llegan a la unidades de salud.

Actualmente, el semáforo rojo que imperaba en el país ha cambiado, en donde los estados de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Tlaxcala, Morelos, Chiapas, Campeche y Quintana Roo se encuentran en semáforo amarillo y todas las demás demarcaciones se encuentran en semáforo naranja con los siguientes casos por estado a la fecha:

Tabla de creación propia con datos de página oficial del gobierno de México Covid-19 México.

Entidades como Yucatán, Ciudad de México, Guerrero, Colima, Quintana Roo, Oaxaca, entre otros, sin embargo, a pesar de la crisis de pandemia en la que nos encontramos hay quienes siguen lucrando con las necesidades y vida de los mexicanos, en especial de los oaxaqueños, ya que en la compra de respiradores el gobernador reportó que gastó un total de 19 millones pesos en la adquisición de 150 respiradores mecánicos, anunció, y de los cuales solo existen 20.

El pasado 20 de mayo el gobernador de Oaxaca avisó que compraría 150 respiradores mecánicos para reforzar las unidades de salud del estado y hacer frente a la pandemia, los ventiladores volumétricos se adquirieron con la empresa Royal Locaster, SA de CV, para pacientes adultos y pediátricos, además de adquirir cubrebocas con la empresa Suministritos y Servicios Pons, SA de CV, y Servicios Altos- Tinell, SA, de CV, en la Plataforma Nacional de Transparencia se informa que el costo unitario por respirador fue de 848 mil 750 pesos, aunque solo se reportan 20 respiradores.

Oaxaca se ha distinguido en su actual gobierno por actos de corrupción sistemáticos, en todas sus dependencias se da de qué hablar y no porque estén trabajando sino porque existe enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos, desvío de recursos, evasión de impuestos, etcétera, no importando la situación de emergencia por el que está pasando el estado.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que investigue al gobierno del estado de Oaxaca sobre los 19 millones de pesos por concepto de compras de ventiladores para la emergencia Sanitaria.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca a que haga de conocimiento público el desglose del gasto de los más de 19 millones de pesos utilizados en suministros para enfrentar la pandemia.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud del estado de Oaxaca haga de conocimiento público la cantidad de insumos médicos que se entregaron a cada una de las Unidades Médicas del Estado por concepto de los 19 millones de pesos invertidos.

Referencia

-Página oficial del Gobierno de México Covid-19 México

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a realizar acciones en materia de educación a distancia para niños y adolescentes que por su condición sean considerados en los grupos de riesgo ante el anuncio de regreso a clases presenciales en diversas entidades, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega , en representación de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México desde marzo del presente año fue declarada la emergencia sanitaria provocada por la presencia del coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), lo que nos obligó a acatar medidas preventivas de distanciamiento social con el objetivo de disminuir las posibilidades de propagación y contagio del mismo.

El sector educativo fue de los primeros en tomar previsiones al respecto; desde el 16 de marzo de 2020, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió el “Acuerdo por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de dicha Secretaría”1 , como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.

A partir de ese momento se emprendió el fortalecimiento de programas educativos a distancia, destacando el programa Aprende en Casa2 , cuyo objetivo es garantizar la continuidad de los estudios desde el hogar, creando hábitos encaminados a ese propósito mediante un sitio web especializado en educación básica.

De manera paralela, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos puso a disposición la totalidad de sus ejemplares, vigentes e históricos, en versión digital, así como materiales educativos de consulta.

Desafortunadamente, la emergencia sanitaria no ha permitido hasta ahora el regreso a clases, por lo cual fue necesario que el sector educativo se adaptara a los efectos de la pandemia y redoblara esfuerzos para concluir con éxito el ciclo escolar 2019-2020, así como estructurar una estrategia de educación a distancia, robusta equitativa y de calidad para el presente ciclo escolar.

Se reconoce que la pandemia por COVID-19 ha obligado a los sistemas educativos del mundo a generar respuestas inmediatas y ofrecer mejores alternativas para afrontar este reto, mediante la implementación de medidas extraordinarias encaminadas a mantener el cauce de la educación pública.

El propio titular de la SEP destacó que mientras hubo países que definitivamente cancelaron el ciclo escolar y otros que dieron por concluido el aprendizaje, dando por aprobados a todos sus alumnos sin importar los conocimientos realmente adquiridos, en nuestro país se dio prioridad a la continuidad del aprendizaje.

En este sentido, y ante el impedimento de regresar presencialmente a las aulas, se diseñó el programa “Regreso a Clases. Aprende en Casa II3 ”, el cual, con ayuda de los Libros de Texto Gratuitos, la televisión, la radio, los materiales educativos impresos del Consejo de Fomento Educativo y el internet, está dando continuidad a la educación de miles de estudiantes a nivel nacional.

Así han transcurrido las primeras semanas del presente ciclo escolar y a pesar de haber sido clara la determinación de la SEP respecto a que el retorno a clases de manera presencial no se daría sino hasta que el semáforo epidemiológico estuviera en color verde4 -situación que no ha ocurrido-, hace unos días diversos medios de comunicación retomaron las manifestaciones de su titular, anunciando el próximo regreso de los alumnos a las aulas en los estados de Campeche y Chiapas.

Lo anterior, tomando en cuenta el análisis de la tendencia del comportamiento de la tasa de contagios en dichas entidades, proyectando un cambio a color verde en el semáforo en un par de semanas, lo cual permitiría el regreso a clases para el mes de octubre.

En este sentido, el Secretario Esteban Moctezuma Barragán señaló que tiene un plan para cuando los estados reanuden las clases presenciales, el cual consiste en tres semanas de evaluación para conocer cómo se encuentran los alumnos en lo académico y socioemocional; dividiendo a los grupos en orden alfabético para que sólo el 50 por ciento de los estudiantes esté presente por día, es decir, lunes y miércoles asistiría el primer grupo, martes y jueves el segundo, mientras que los viernes sólo asistirían los alumnos que presentan algún rezago5 .

Para el Partido Verde la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de la personalidad y en la obtención de herramientas que permitirán a las personas fortalecer sus capacidades en el ámbito profesional; sin embargo, ante la actual emergencia sanitaria, consideramos preponderante que se dé prioridad a la protección de la salud de aquellos grupos considerados de riesgo.

Aun cuando, como ya se aclaró, el regreso a clases se dará una vez que se cumpla la condición de alcanzar el semáforo verde, consideramos que debe atenderse de manera diferenciada a las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con un estado de salud óptimo.

Las directrices fijadas por nuestras autoridades señalan que hay personas más propensas a tener complicaciones si contraen el COVID-19 debido a las comorbilidades que presentan, lo cual las sitúa dentro de los grupos considerados de riesgo6 . Algunas de las personas vulnerables son:

• Personas de 60 años o más.

• Mujeres embarazadas.

• Niñas y niños menores de 5 años.

• Quienes padecen enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas.

• Quienes padecen obesidad y sobrepeso.

En el caso que nos ocupa, se presenta una realidad alarmante con nuestras niñas, niños y adolescentes. Como es conocido, México se ha posicionado como uno de los primeros países con obesidad infantil.

Según resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en 2018, el 22 por ciento de la población de 0 a 4 años se identificó con riesgo de sobrepeso; la prevalencia en la población de 5 a 11 años de edad fue de 18.1 por ciento con sobrepeso y 17.5 por ciento de niños con obesidad; mientras que para la población de 12 a 19 años, las mujeres encabezaron la tasa de obesidad con 27 por ciento frente al 20.7 por ciento de los hombres con dicha condición6 .

Por otra parte, en cuanto respecta a la diabetes, el año pasado el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes Mellitus Tipo 2 registró un total de 33,516 casos en nuestro país, de los cuales 1.3%, es decir, 436 pacientes correspondieron a personas de 24 años o menos7 .

Lo anterior se suma a las cifras de niñas, niños y adolescentes que padecen alguna enfermedad crónica como lo es el cáncer; datos del Programa de Acción Específico: Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-20188 señalan que el cáncer infantil en México es un problema de salud pública, al ser la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad, cobrando más de 2 mil vidas anuales; esta enfermedad representa una de las principales causas con mayor número de años de vida potencialmente perdidos, pues se estima que cada niño que no sobrevive al cáncer, pierde en promedio 70 años de vida productiva.

Y por si ello no fuera suficiente, la base de datos sobre defunciones que ofrece la Secretaría de Salud a través del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), retomados por la organización Respira México, advierte que del total de defunciones por asma entre la población de 0 a 17 años, los menores de 5 años representan el porcentaje más alto de decesos; posicionando a los niños y niñas en primera infancia como la población más vulnerable ante este problema9 .

Lo anterior es presentado con la finalidad de visibilizar que un grupo importante de nuestras niñas, niños y adolescentes presentan condiciones de salud que los posiciona como un sector más vulnerable ante la presencia del actual coronavirus.

En razón de lo anterior, quienes integramos el Partido Verde Ecologista de México además de reconocer la realidad imperante en la salud de nuestra población, especialmente entre los estudiantes que han visto afectada su formación a causa del coronavirus, refrendamos nuestro compromiso de trabajar en el impulso de acciones que les permitan seguirse desarrollando en el plano académico, pero garantizando en todo momento la protección de su salud.

De manera directa, para atender estas condiciones que afectan a la salud infantil, hemos presentado diversas reformas legales que buscan robustecer el sistema de protección a los niños con cáncer; así como la reciente presentación de una reforma a diversas leyes con la finalidad de disminuir hasta su erradicación el consumo de alimentos chatarra en niñas, niños y adolescentes; incluso, hemos sido de los principales promotores de reformas para mejorar la calidad del aire y con ello beneficiar directamente a la salud de las personas.

No obstante, en tanto logramos avanzar en su implementación y ante la posibilidad de un próximo retorno a las aulas escolares en el contexto de una pandemia que sigue activa, consideramos necesario hacer un llamado a la autoridad educativa federal para que dé un tratamiento especial a los alumnos que forman parte de los grupos de riesgo.

Creemos que extremar precauciones es la mejor forma de continuar en la lucha contra la propagación del COVID-19, sobre todo, tratándose de aquellos que por sus condiciones de salud hoy son más vulnerables a padecer consecuencias más graves si contraen el virus.

En razón de lo anterior, proponemos que la Secretaría de Educación Pública dé continuidad a los programas especiales de educación a distancia que ha venido implementando, particularmente con los alumnos que se encuentren dentro de los grupos de riesgo, exentándolos de asistir físicamente a los planteles educativos aún cuando su entidad alcance el semáforo epidemiológico color verde requerido para la reanudación de clases presenciales.

Desafortunadamente, es una realidad que un porcentaje significativo de nuestras niñas, niños y adolescentes es afectado por los principales padecimientos que hoy representan un mayor riesgo al contraer el coronavirus; motivo por el cual resulta indispensable diseñar alternativas que además de salvaguardar su salud, garanticen la continuidad de sus estudios y su progreso académico vía remota.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, ante la presencia del coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) y el anuncio del próximo regreso a clases presenciales en diversas entidades, queden exentos de asistir a los planteles educativos los alumnos que sean parte de los grupos de riesgo, es decir, niñas, niños y adolescentes diagnosticados con enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas y/o metabólicas.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a mantener la implementación de los programas especiales de educación a distancia, a efecto de salvaguardar la salud de las niñas, niños y adolescentes que por su condición sean considerados dentro de los grupos de riesgo, garantizando en todo momento la continuidad de sus estudios y su progreso académico vía remota, hasta en tanto no se elimine el peligro de contagio de coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) y puedan regresar a clases presenciales de modo seguro.

Notas:

1. Véase, "Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del sistema educativo nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2020. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020

2. Véase, "Fortalece SEP programa Aprende en Casa mediante sitio web especializado en educación básica", Secretaría de Educación Pública, 27 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-80-fortalece-sep-program a-aprende-en-casa-mediante-sitio-web-especializado-en-educacion-basica? idiom=es

3. Véase, "Boletín No. 239 El sector educativo se impuso a los efectos de la pandemia: Esteban Moctezuma Barragán", Secretaría de Educación Pública, 28 de agosto de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-239-el-sector-educativo-se- impuso-a-los-efectos-de-la-pandemia-esteban-moctezuma-barragan?idiom=es

4. Véase, "Boletín No. 133 Regreso a clases cuando el semáforo de control de la pandemia esté en verde: SEP", Secretaría de Educación Pública, 21 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-133-regreso-a-clases-cuando -el-semaforo-de-control-de-la-pandemia-este-en-verde-sep?idiom=es

5. Véase, "SEP revela cuáles estados podrían volver a clases presenciales en octubre", Grupo Fórmula, 22 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20200922/sep-estados-qu e-regresan-a-clases-semaforo-verde-esteban-moctezuma-octubre-2020/

6. Véase, "Preguntas frecuentes, COVID19. ¿Qué personas forman los grupos de riesgo?", Gobierno de la Ciudad de México. Disponible en: https://covid19.cdmx.gob.mx/preguntas-frecuentes?gclid=
EAIaIQobChMIwPy88ZuC7AIVmP_jBx2rywpIEAAYASAAEgK_rvD_BwE

7. Véase, "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. Presentación de Resultados", INEGI, Secretaría de Salud e Instituto Nacional de Salud pública. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2 018_presentacion_resultados.pdf

8. Véase, "Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes Mellitus Tipo 2, informe epidemiológico cierre 2019", Secretaría de Salud. Página 15. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562699/InformeCierre2019_DMT2_hospitalaria.PDF

9. Véase, "Programa de Acción Específico Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018", Gobierno de la República, 2014. Disponible en: http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/espec iales/PAE_Cancer.pdf

10 Véase, "La población más vulnerable: los niños", Respira México. Disponible en: http://respiramexico.org.mx/la-poblacion-mas-vulnerable-los-ninos/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de septiembre de 2020.

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala (rúbricas)

Grupo Parlamentario de Morena

Diputados: Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Morelos a aprobar la iniciativa para el reconocimiento de la identidad y expresión de género, suscrita por integrantes de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, a nombre propio, Reyna Celeste Ascencio Ortega y de Ana Lucia Riojas Martínez, Lidia Nallely Vargas Hernández, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Edgar Guzmán Valdez y Alejandro Viedma Velázquez, diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 3, numeral 1, fracción XX y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al honorable Congreso del estado de Morelos para que apruebe la iniciativa para el reconocimiento de la identidad y expresión de género, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es de conocimiento de los suscribientes e integrantes de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión que, el H. Congreso del Estado de Morelos está por discutir y votar la Iniciativa para el reconocimiento de la identidad y expresión de género, impulsada por el Frente por la Diversidad Sexual de Morelos en este periodo de sesiones.

Esta iniciativa es un paso más a la igualdad de derechos de todas las personas en nuestro país, pues combate los impedimentos legales para el reconocimiento pleno de la personalidad de personas vulneradas por el estado y la sociedad. La negativa al reconocimiento ha impactado negativamente de maneras materiales, sociales, económicas y sistemáticas en el país y en el Estado de Morelos.

Por lo anterior, celebramos la discusión, votación y aprobación inminente de dicha iniciativa, por lo que esta comisión exhorta al Congreso Morelense a que dedique todos los esfuerzos necesarios para que la legislación sea armonizada conforme a los estándares de derechos humanos y a los fallos judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordamos desde la Cámara Federal de Diputados y Diputadas, que las luchas por la diversidad son también luchas por la dignidad humana.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al Pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del estado de Morelos para que apruebe la iniciativa para el reconocimiento de la identidad y expresión de género.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

Diputados: Reyna Celeste Ascencio Ortega y de Ana Lucía Riojas Martínez, Lidia Nallely Vargas Hernández, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Edgar Guzmán Valdez y Alejandro Viedma Velázquez. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a adoptar medidas administrativas que reactiven el grupo de trabajo interinstitucional relativo a la estrategia dirigida a implantar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez , diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a adoptar las medidas administrativas pertinentes que reactiven el grupo de trabajo interinstitucional para la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo noveno transitorio del Decreto1 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, en materia de seguridad pública y justicia penal, y por el cual se establecieron las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana, dispuso la creación de un ente coordinador para su implementación:

“Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten.”

Instancia que se denominaría Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que tuvo por objeto establecer la política y la coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Determinándose que estuviese presidido por la Secretaría de Gobernación (Segob) de acuerdo con el decreto de su creación publicado el 13 de octubre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación,2 contando con una Secretaría Técnica, la cual se crea a través del presente instrumento como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con el carácter de instancia de seguridad nacional,para ejecutar los acuerdos y demás determinaciones de la propia instancia, así como apoyar y coadyuvar con las autoridades federales y locales cuando así se lo soliciten, con absoluto respeto a las atribuciones y soberanía de dichas autoridades, para el diseño de reformas legales, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, y capacitación para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados, entre otras acciones que se requieran para la implementación de la reforma mencionada.

En ese orden, en el Informe de rendición de cuentas de conclusión de la Administración 2012-2018, de la Procuraduría General de la República3 se evaluaba, acerca de la implementación de sistema de justicia penal acusatorio, su conclusión:

“Ocho años después, durante esta gestión del gobierno federal, culminó en 2016 la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el Estado Mexicano. Sistema que, a su vez, se fortaleció con la expedición de la legislación secundaria correspondiente, como lo fue el Código Nacional de Procedimientos Penales o las tres Leyes Nacionales de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, de Ejecución Penal y del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.”

Concretamente, en lo que correspondía a esa dependencia, y sobre el seguimiento de los indicadores previstos en el Programa sectorial de orden nacional de procuración de justicia referidos al tema, señalaba:

“Seguimiento a los Indicadores del Programa Nacional de Procuración de Justica 2013-2018

La Procuraduría General de la República da seguimiento a siete indicadores del Programa Nacional de Justicia 2013-2018, cuyos resultados son los siguientes:

...

2. En el caso del indicador Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el ámbito de competencia de la Procuraduría General de la República, la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, reportó en el mes de junio de 2016, su cumplimiento al 100 por ciento.”

De esa manera se estaba ante un proceso concluido, el de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y se daba el banderazo a la etapa de consolidación de dicho sistema en el país

Así quedó manifiesto en el Diario Oficial de la Federación del 20 de junio de 2016 cuando se publicó el Acuerdo4 entre los tres Poderes de la Unión para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, en cuyo preámbulo se señaló la concurrencia convenida desde 2009 y se anunció que el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal habría terminado de operar el 18 de junio de 2016:

“El 5 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo al que concurren los tres Poderes de la Unión para dar cumplimiento al mandato constitucional para instalar la instancia de coordinación prevista en el artículo Noveno Transitorio del referido Decreto;

Que el Acuerdo citado creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal con el objeto de analizar y acordar las políticas de coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de la sociedad y la academia, el Sistema de Justicia Penal, órgano que operó conforme a las bases establecidas en dicho acuerdo, hasta el 18 de junio de 2016;

Que la fase de implementación se ha logrado en condiciones óptimas; es decir, mediante la creación de las instituciones y la habilitación de los operadores mínimos, que son los requeridos para el inicio con carga cero;

Que es necesario continuar con las tareas que consolidan este sistema, guiadas por la misma lógica del gasto eficiente de los recursos públicos, dentro de la cual es un factor determinante que las instancias involucradas, federales e idealmente también locales, se coordinen de manera permanente y que intercambien experiencias de sus respectivos ámbitos de operación;”

Ya en los acuerdos se citaba la necesidad deque los tres poderes de la Unión continuaran con las acciones para la consolidación del sistema de justicia penal, en el ámbito de sus facultades, conviniendo en establecer una instancia tripartita de comunicación coordinada y permanente para tales fines, donde confluyeran sus enlaces operativos. El citado documento dejaba abierta la posibilidad de la participación de las entidades federativas en la misma.

En su transitorio primero fijaba como fecha de vigencia del Acuerdo el 31 de diciembre de 2018.

En consecuencia, con fecha 9 de septiembre de 2016 se publicitaron sendos Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública,5 aprobados en su Cuadragésima Sesión Ordinaria del 30 de agosto de 2016, sobresaliendo un par de ellos relacionados con la consolidación del Sistema de Justicia Penal, uno, y el otro, con la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Del primero se desprende que —una vez que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema Penal cesó sus funciones en junio de 2016—, se facultaba al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SNSP) para fungir como enlace del Poder Ejecutivo e integrante de la instancia tripartita que coordinaría la etapa de la consolidación del sistema penal.

“04/XL/16. Aprobación para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública funja como enlace operativo e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal.

En virtud de que el mandato constitucional para la existencia de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal es perentorio, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública funja como enlace operativo del Poder Ejecutivo e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, a partir del 15 de octubre de 2016.”

De igual manera, se asignaba al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) generar los mecanismos de coordinación pertinentes para la creación de un grupo de trabajo interinstitucional a fin de elaborar la estrategia que diera inicio a la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes expedida en junio de 2016.

Al grupo de trabajo se sumarían la Procuraduría General de la República, el comisionado Nacional de Seguridad, la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna)

“11/XL/16. Estrategia integral de implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública acuerda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública genere los mecanismos de coordinación necesarios para la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional integrado por la Procuraduría General de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de elaborar la estrategia de implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.”

En estas circunstancias, casi paralelamente a la extinción del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (el 18 de junio de 2016) se culminaba el proceso de una reforma muy importante, iniciado con la reforma constitucional6 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2015 y que facultaba al Congreso a expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Por ende, el 16 de junio de 2016 se publicaba7 la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en cuyo artículo décimo refería la creación de un Comité para la evaluación y seguimiento de la implementación de la norma, por parte del organismo que desaparecería dos días después:

“Artículo Décimo. De la evaluación del Sistema

El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instancia de coordinación Nacional creará un comité para la evaluación y seguimiento de la implementación de todas las acciones que se requieren para lograr la adecuada implementación de las normas del presente Decreto.”

En el artículo precedente se establecía que:

“Artículo Noveno. De los planes de implementación

La secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como los Órganos Implementadores de las entidades federativas, deberán realizar los programas para el adecuado y correcto funcionamiento y cumplir con los objetivos para la operatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en coordinación con todos los operadores del Sistema Integral de Justicia.”

De ese modo, en su momento, en la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) —del 2 de diciembre de 2015—, fue aprobada la creación de la Comisión de Justicia Integral para Adolescentes en conflicto con la Ley8 que tuvo como objetivo que las instituciones del Sistema en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinar, articular, promover y coadyuvar en brindar apoyo a las autoridades locales y federales para el diseño, implementación y evaluación del sistema y la política de la justicia para los adolescentes.

Los trabajos de la Comisión interna, se acordó, también, serían dirigidos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). Derivado de lo anterior, el 29 de febrero de 2016 se instalaría formalmente el Comité de Justicia Integral para Adolescentes en conflicto con la Ley.

No obstante —dado el acuerdo entre los tres Poderes de la Unióndel 20 de junio de 2016 por el cual se dio por concluida la fase de implementación y el inicio de la etapa de consolidación del Sistema de Justicia Penal, y la consiguiente extinción de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, y los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 30 de agosto de 2016 anteriormente citados—, en la tercera sesión ordinaria del Sipinna, del 21 de diciembre de 2017, se acordaría disolverla9 para adherir sus acciones al Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a efecto de conjuntar esfuerzos del a Administración Pública Federal.

Así, el 7 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la primera sesión ordinaria10 del Grupo de Trabajo Interinstitucionalpara la generación de la estrategia para la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, encabezado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en la cual se dio por instalada tal instancia, acordando invitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); convocar a las autoridades administrativas ejecutoras del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de los estados quienes forman el Comité Técnico de Adolescentes en conflicto con la ley a participar en la generación de las reglas de operación y agenda de trabajo de la Conferencia Nacional; presentar a la brevedad diversos protocolos, así como comprometer al órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a encabezar las negociaciones con los estados en relación con los recursos federales que les correspondían

También, se acordaría trabajar en una propuesta de estrategia de prevención terciaria; adecuar el Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso a la Atención para Adolescentes; crear un Comité Asesor especializado conformado por siete asesores provenientes de la esfera académica y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de ser invitados a participar en las sesiones del Grupo de Trabajo interinstitucional y a la Conferencia Nacional establecida en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Al respecto, a lo largo de 2017 tendrían lugar un par de reuniones más.En la del 27 de febrero11 se acordaría entre otros asuntos:

-Que la Comisión Nacional de Seguridad entregara al Secretariado Ejecutivo el Protocolo de actuación para el internamiento como medida cautelar y como sanción, uso de la fuerza en el centro, seguridad, disciplina y traslados.

-Plazos para enviar observaciones sobre diversos protocolos al Secretariado Ejecutivo.

-Crear un subgrupo por parte de la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes que revise el Protocolo de actuación para el internamiento como medida cautelar y como sanción

-Trabajar a fin de que en abril de 2017 se creen subcomisiones estatales para implementar la Ley Nacional del Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes.

El cinco de julio de 2017, se instalaría el referido Comité Asesor, siendo su objeto el de proporcionar conocimientos especializados —basados en estudios, investigaciones y experiencias—, al Grupo de Trabajo Interinstitucional, a solicitud de este último. No se tiene registro de reuniones posteriores.

En su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública12 acordó la conclusión de las funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como enlace operativo e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal a fin de que la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación asumiera la facultad de fungir como enlace operativo y de coordinación entre las autoridades locales yfederales para el fortalecimiento y consolidación del Sistema de Justicia Penal.

“Acuerdo 06/XLV/19. Conclusión de las funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como enlace operativo del Poder Ejecutivo e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para concluir su función como enlace operativo del Poder Ejecutivo e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y a establecer la coordinación necesaria con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de formalizar el proceso de entrega-recepción correspondiente, a más tardar en el primer trimestre de 2020.

Lo anterior, en el marco del Acuerdo 04/XL/16, por el cual se aprobó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fungiera como enlace operativo del Poder Ejecutivo e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, a partir del 15 de octubre de 2016; y tomando en consideración que el artículo 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado el 31 de mayo de 2019, otorga a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de esa dependencia la facultad de fungir como enlace operativo y de coordinación entre las autoridades locales y federales para el fortalecimiento y consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene por presentados los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los indicadores que conforman el Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, en cumplimiento al Acuerdo 06/XLII/17. En el entendido que la operación de dicho Modelo quedará a cargo de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación.”

Textualmente, el artículo 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación13 dispone:

“Artículo 64. La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia tiene las atribuciones siguientes:

I. Fungir como enlace operativo y de coordinación entre las autoridades locales y federales para el fortalecimiento y consolidación del Sistema de Justicia Penal, en términos de la normativa aplicable;

II. Implementar acciones de coordinación con las autoridades competentes de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios o de las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el fortalecimiento del Sistema de Justicia;”

Meses atrás, en julio de 2019, al tocar el asunto, la consolidación del Sistema de Justicia Penal en general y lo concerniente al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en lo particular, —durante su intervención en el “Foro de justicia penal para adolescentes en México”—,14 la secretaria de Gobernación se refirió a la necesidad de atender cuatro ejes fundamentales:

-Fortalecimiento de los órganos especializados que conforman el sistema integral, entre ellos, ministerios públicos, fiscalías y defensorías; también jueces y magistrados del Poder Judicial.

-Exhaustiva capacitación de los órganos de seguridad pública, incluida la Guardia Nacional sobre diversas perspectivas de género, niñez, migrantes, etcétera.

-Impulsar una agenda legislativa de ajustes a la Ley Nacional del Sistema Integral y Ley del Sistema de Seguridad Pública, entre ellas.

-Consolidar el mandato del Plan Nacional de Desarrollo en materia de políticas nacionales dirigidas a la niñez y la adolescencia en los planes sectoriales de la Administración Pública Federal.

Allí mismo aludió a la creación y entrada en operación de una unidad para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal, instancia ya considerada en el artículo 64 del Reglamento Interior de la Segob publicado en mayo de 2019, como Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.

Señalando que eran prioridades la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como terminar de implementar el Sistema de Justicia Penal.

No obstante, en el Reglamento Interior citado no se contempla explícitamente que se encargue de la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En suma, en estas circunstancias, y acorde con el espíritu del artículo décimo transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, nos parece oportuno y viable considerar la reactivación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la generación de la estrategia para la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuya cabeza sería ahora la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob. Y donde confluirían las diversas instancias responsables en la materia, destacadamente el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Reactivación que requeriría por principio contar con un diagnóstico de los avances existentes, a efecto de programar con certeza las próximas líneas de acción que permitan la consolidación del sistema integral de justicia para adolescentes, sobre la base de una evaluación y seguimiento sistemático.

Por añadidura, un aspecto relevante de este proceso, de la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, lo es el presupuesto que se requiere para su consolidación en las entidades federativas. Por lo que es menester conocer a cuánto ascendió ya el gasto en esta materia y cuánto se prevé para sus etapas finales; y cuál ha de ser la distribución para atender las diversas vertientes del mismo, de acuerdo a las dinámicas programadas a nivel de los estados. Así, se debería imponer el conocer lo que corresponde a capacitación, difusión y transparencia, gestión y organización institucional, desarrollo de tecnologías de la información, infraestructura planeación, normatividades y al seguimiento y evaluación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,exhorta a la Secretaría de Gobernación a adoptar las medidas administrativas pertinentes para reactivar el Grupo de Trabajo Interinstitucionalpara la generación de la estrategia para la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cuya cabeza estaría la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, considerando un modelo de evaluación y seguimiento adecuado para su puesta en marcha.

Notas

1 Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08.pdf

2 Ver:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5063719&fecha=13/10/2008

3 Ver:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415526/
Informe_de_Rendici_n_de_Cuentas_de_Conclusi_n_de_la_Administraci_n_2012-....pdf

4 Ver: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441783&fecha=20/06/2016

5 ver: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452136&fecha=09/09/2016

6 Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_224_02jul15.pdf

7 Ver: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441663&fecha=16/06/2016

8 Ver: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/141416/Acta-24-02-16-Sin_firmas.pdf

9 Ver: Acuerdo 12/2017. Por el que se disuelve la Comisión de Justicia Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley, para adherir sus acciones al Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302217/Acuerdo_12_2017.pdf

10 Ver: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326777/Acta_de_la_Primera_Sesi__n_Ordinaria.pdf

11 Ver: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326778/Acta_de_la_Segunda_Sesi__n_Ordinaria.pdf

12 Ver: Diario Oficial de la Federación 10/01/2020;
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583703&fecha=10/01/2020

13 Ver: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561631&fecha=31/05/2019

14 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=7v1OBomxnhc&feature=youtu.be

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a otorgar por la SE mayores apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas del país ante el efecto negativo de la pandemia del Covid-19, la cual ha generado la pérdida de miles de empleos, en perjuicio de las familias y la economía, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Cynthia Iliana López Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) tienen un papel de suma relevancia por su aporte a la economía nacional, a través de la generación de empleos, ingresos y abastecimiento de los nichos de mercado que no son cubiertos por las grandes empresas, además de contribuir a dinamizar la actividad productiva de las economías locales, entre otras cuestiones.

Las Mipyme son la columna vertebral de la economía mexicana. Para poner en su justa dimensión la importancia de este conjunto de empresas, basta señalar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019 había en México 6.3 millones de establecimientos, con 36 millones de personas ocupadas en ellos. Alrededor de 4.2 millones son micro y pequeñas empresas, que constituyen 99.8% del total de las unidades económicas.

De los establecimientos, 94.9 corresponde a tamaño micro, 4.9 a pequeños y medianos (Pyme) y 0.2 a grandes. Los establecimientos Pyme aportan 30.7 del personal ocupado y del valor agregado en el país.1

La contribución de las Mipyme a la economía nacional, es evidente, ya que se estima que generan aproximadamente 52 por ciento del producto interno bruto y 72 de los empleos formales del país.2

Sin embargo, la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha agudizado la crisis económica que ya era grave desde antes de la pandemia, la cual ha afectado severamente a diversos sectores de la economía, pero, sin duda, uno de los que más ha resentido sus consecuencias son las Mipyme, muchas de las cuales están a punto de cerrar, mientras que otras de plano han quebrado, en perjuicio de miles de trabajadores y sus familias, que se han quedado sin empleo y, por ende, sin ingresos.

Cada negocio que cierra afecta mínimo a 10 empelados. “Si al término del año 500 mil Mipyme quiebran, estamos hablando de cinco millones de personas, o familias que caerán en la pobreza”.3

Ante tal contexto, la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ha mencionado que de abril a agosto, 320 mil empresas cerraron definitivamente, eliminando 2.3 millones de empleos y al cierre del presente año se estima que sean 500 mil los pequeños negocios que quedarán devastados.

El gobierno federal anunció, en abril pasado, su plan para reactivar la economía ante la pandemia, entre cuyas medidas señaló apoyos a pequeñas empresas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que en 2020 se darían un millón de créditos a pequeñas empresas, y que la inversión pública para ello sería de 25 mil millones de pesos. De este millón de créditos, 500 mil serán para pequeñas compañías del sector formal y la otra mitad para el informal. “Para poder financiar estos apoyos, estamos juntando recursos de fondos, de fideicomisos, estamos tomando decisiones para profundizar el plan de austeridad republicana”, indicó.4

Sin embargo, es evidente que las medidas y recursos asignados al sector han resultado a todas luces insuficientes para la recuperación de miles de micro y pequeñas empresas que se han visto gravemente afectadas por la pandemia.

Si bien el gobierno federal suma 3 mil 100 millones de pesos en apoyo a las Mipyme en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, se sacrifican recursos dirigidos a apuntalar la productividad de empresas, como subrayan algunos especialistas.5

Al respecto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria criticó que el gobierno aumente dinero en becas y pensiones, dejando atrás otros rubros de inversión.

Uno de los programas prioritarios de este gobierno para financiar empresas recibirá menor recursos para el próximo año, como es el Programa de Microcréditos para el Bienestar que tendrá un recorte de 42 por ciento en términos reales respecto a lo aprobado este año. En caso de que el PPEF se apruebe sin cambios, dicho programa contará con 1,500 millones de pesos en 2021, no obstante que fueron aprobados 2 mil 500 millones para 2020.Por otro lado, el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial recibiría 1.4 millones de pesos para el siguiente año, un desplome de casi 99 por ciento con relación a los 126 millones aprobados para el presente año.

De acuerdo con cifras oficiales, al 27 de agosto de este año se han entregado 29 mil 600 millones de pesos –de un total de 50 mil millones- a través de un millón 200 mil créditos de 25 mil pesos para microempresas y familias, mediante los créditos que promueve la Secretaría de Economía.6

Pese a estas acciones, cabe preguntar ¿qué porcentaje del universo de empresas afectadas por la pandemia del Covid-19 se ha apoyado? y ¿cuál es el impacto de dichos créditos en términos de recuperación de empresas y generación de empleos? Son preguntas claves que nos permitirán evaluar la efectividad de la estrategia gubernamental.

Los apoyos son insuficientes para las pequeñas y medianas empresas por los montos y la serie de requisitos que deben cumplir. En su momento, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados comentó que parte de sus agremiados se interesó en los créditos, pero detalló que enfrentaron complicaciones para poder acreditar datos al programa operado por Nacional Financiera y que algunos por su infraestructura tampoco fueron sujetos de apoyo.7

La situación por la que atraviesan las Mipyme obedece fundamentalmente a la falta de apoyo del gobierno federal, así como a la ausencia de un plan estratégico en esta política pública medular. La evidencia empírica revela que los esfuerzos son insuficientes ante la magnitud de la problemática que enfrentan y la cual puede agravarse si no se toman las acciones necesarias.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe alertó la falta de políticas de apoyo a las empresas en México. Un reporte económico elaborado por el Observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe por dicho organismo, detalla que en total se han integrado diversas medidas y acciones, pero ninguna corresponde a México.

Ante este panorama poco halagüeño, es necesario y urgente que se otorguen mayores apoyos con el propósito de rescatar a las Mipyme, por ejemplo, entre otras medidas concretas, se les puede ayudar con algunos meses de renta, el aplazamiento en pago de impuestos y con incentivos fiscales y, de esta manera, evitar que sigan cerrando o quebrando y, con ello, afecten a millones de personas, ante la extensión de la pandemia del Covid-19.

Las Mipyme representan una palanca fundamental de la economía nacional, tanto por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, así como por su gran potencial de generación de empleos, por lo que es apremiante se implementen acciones para su recuperación, en beneficio de millones de familias mexicanas y la economía en su conjunto.

Por lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Economía, otorgue mayores apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, ante el impacto negativo que han registrado a causa de la pandemia del Covid-19, generado la pérdida de miles de empleos, en perjuicio de las familias y la economía en su conjunto.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemE con/CenEconResDef2019_Nal.pdf

2 https://www.mninoticias.com/negocios/
mipymes-en-mexico-generan-el-52-del-pib-y-el-72-de-los-empleos-fundacion-metlife-y-solliv/
mexico#:~:text=Mar%C3%ADa%20Fernanda%20Garza%20Merodio%2C%20secretaria,requieren%20un%20esquema%20de%20apoyo.

3 https://www.razon.com.mx/negocios/gasto-pymes-5-millones-pobreza-405781

4 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/asi-sera-el-apoyo-para-pequena s-empresas-en-el-plan-del-gobierno-de-amlo-para-reactivar-la-economia

5 https://businessinsider.mx/amlo-apoyos-mipymes-empresas-mexico-presupue sto-2021/

6 https://www.vertigopolitico.com/nacional/politica/notas/creacion-de-emp leos-prioridad

7 https://www.milenio.com/negocios/insuficientes-creditos-del-gobierno-pa ra-las-pymes

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Lotenal a realizar un sorteo en beneficio de la Cruz Roja, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal Santiago González Soto , de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública, organismo descentralizado de la administración pública federal, tiene por objeto apoyar económicamente las actividades del Ejecutivo federal en el ámbito de la beneficencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo, tal como lo establece su ley orgánica en el artículo 2o.

A lo largo de su historia ha cumplido este propósito beneficiando a miles de mexicanos, mediante donaciones que ha realizado tanto a instituciones públicas, como a organizaciones de asistencia privada sin fines de lucro. Dentro de estas organizaciones sin fines de lucro se encuentra la Cruz Roja Mexicana, que en diferentes ocasiones ha recibido apoyo de la Lotería Nacional.

La Cruz Roja Mexicana recibe el reconocimiento oficial por parte del presidente de la República, general Porfirio Díaz Morí, mediante el decreto 401, firmado el 21 febrero de 2010 y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de marzo del mismo año, con la denominación de Asociación Mexicana de la Cruz Roja. A partir de esa fecha esta honorable institución ha brindado apoyo a través de asistencia médica a la sociedad mexicana, tal como se manifestó en el movimiento armado de que inicia en noviembre de aquel año, hasta fechas recientes como lo fueron los terremotos de 1985 y el de 2017, pasando por ciclones, inundaciones y demás manifestaciones de la naturaleza que han causado severas afectaciones en nuestro país.

Es oportuno señalar que esta institución humanitaria de asistencia privada, dedicada a prevenir y aliviar el sufrimiento humano, busca mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades, fomentando una cultura de autoprotección, estos propósitos los lleva a cabo a través de la acción voluntaria y las aportaciones económicas y en especie que recibe.

La Cruz Roja Mexicana se rige por principios humanitarios que le sustentan a nivel internacional que le permiten ayudar a todo ser humano que lo requiere independientemente de razas, credos religiosos o posturas políticas, estos principios a saber son: Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.

El propósito de este organismo es brindar apoyo para prevenir y aliviar el sufrimiento humano, mejorando las condiciones de vida de las personas y comunidades.

En México la Cruz Roja ha logrado:

-Una cultura de prevención y cuidado de la salud

-Comunidades preparadas para hacer frente y recuperarse ante emergencias y desastres

-Personal profesional con reconocimiento por las autoridades en la atención de emergencias

-Ser referentes en la atención y recuperación ante crisis y desastres

Sin embargo, esta benemérita institución ha tenido que enfrentar nuevos retos en medio de la pandemia por el Covid-|9, ya que la actual situación de emergencia nacional en materia de salud, le ha llevado a replantearse nuevas formas de trabajar, lo que ha implicado ajustes a su presupuesto.

Entre las acciones que se han tenido que implementar se encuentran: Aumentar radicalmente el equipo de protección de su personal mediante la adquisición del mismo, capacitación en la prevención del riesgo, la desinfección constante de ambulancias en cada servicio, compra de medicamentos e implementos médicos que se requieren para la atención de pacientes, entre otros más; todo ello ha contribuido a encarecer los costos de operación en el funcionamiento de la Cruz Roja Mexicana, colocando a esta institución en una situación de emergencia financiera, que le impide otorgar en tiempos y condiciones optimas los servicios que brinda a la comunidad neoleonesa.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a fin de que realice un sorteo en beneficio de la Cruz Roja Mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputado Santiago González Soto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a reactivar el estímulo fiscal aplicable al diésel y la gasolina para los sectores acuícola y pesquero, a cargo del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reactive el estímulo fiscal aplicable al diésel y la gasolina para el sector acuícola y pesquero, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Desde sus orígenes, la acuicultura y pesca de México son componentes claves de seguridad nacional ya que forman parte de la seguridad alimentaria de nuestro País. No obstante, también son elementos estratégicos en la seguridad pública debido a que ambas actividades representan fuentes de empleos en las zonas altamente marginadas de México, sin los cuales tendría mayor lugar la delincuencia.

Los costos de producción que padecen ambas actividades, han estado incrementándose en forma totalmente desproporcional al valor prevaleciente en el mercado nacional e internacional de los productos acuáticos.

Por lo tanto, la rentabilidad de ambas actividades va en franco descenso, situación que se puede observar en el ejemplo de costos de producción de la acuicultura que se muestra en la siguiente figura 1:

Para el caso del camarón de 15 g, ante la competencia internacional, al costo de producción que se alcanza en bordo (pie de granja) se le integra el costo de procesamiento y los gastos comercialización, adquiriendo un valor en presentación “sin cabeza” por el orden de los $125.00 (ciento veinticinco pesos, moneda nacional).

Lo costos antes descritos, están directamente relacionado con el costo del combustible en México, el cual, si bien ha presentado una tendencia a disminuir en el último año (figura 2),1 los precios continúan en un nivel tal que afecta la rentabilidad de nuestra actividad y en el contexto internacional, nos mantiene en un nivel de baja competitividad.

Para el caso de la producción de camarón, se vuelve crítica la situación de competitividad ya que, en América, el mayor productor de camarón y que incluso afecta los precios del mercado internacional del crustáceo es Ecuador y en lo referente al precio del litro de diésel, este país lo tiene en $6.41 pesos mexicanos. Así mismo hay otros países que inciden en los mercados internacionales que cuentan con mejores precios en el energético citado, tal es el caso de Malasia con $8.62, Vietnam con $10.69, incluso países que actualmente ya nos están afectando con una competencia desleal a través de sus importaciones tales como Guatemala con un precio de $12.67 e incluso, hasta Honduras que el país de donde más camarón se importa a México con un precio de $ 14.21 por litro.ii

Los productores del sector pesquero y agropecuario de nuestro País contábamos con estímulos fiscales a la gasolina y el diésel mismo que a partir del mes de junio de 2020 dejo de autorizarse. Estos estímulos, mitigaban las asimetrías que representan los diferenciales del combustible entre Países, ya que, propiamente hablando, este insumo incide directa e indirectamente en todos los costos de producción, así como de las capacidades adquisitivas de cualquier persona.

El soporte legal de la aplicación de este insumo es tan sólido como robusto; sin embargo, se han dejado de lado mediante argumentos demagógicos que los efectos contaminantes de la corrupción propiciaron, lo anterior, aunado a perspectivas electoreras.

Exposición de Motivos

I. Marco legal que da origen a los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario

El artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley de Energía para el Campo establece que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con diversas Secretarías de Estado, establecerá precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional”.

A partir de 2016, mediante el artículo Quinto, fracción III del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, el Congreso de la Unión estableció el procedimiento legal para determinar los precios de las gasolinas y el diésel.

Que mediante el Acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, conforme al marco legal mencionado en el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció el mecanismo para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Energía para el Campo, consistente en la aplicación de estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel utilizados en el sector pesquero y agropecuario a través de acuerdos mensuales publicados en el Diario Oficial de la Federación;

Que dichos estímulos fiscales consisten en un porcentaje, que se fija mensualmente, y que se aplica a las cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios de los combustibles automotrices sujetos a este beneficio;

Que los estímulos fiscales mencionados han tenido como objetivo impulsar la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias y pesqueras del país, así como ser medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países.

II. Considerandos superficiales con los que soportaron la anulación de los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario

Que el documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria “Pre-Criterios 2021”, presentado por el Ejecutivo Federal, por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la Unión, incorpora las condiciones de las economías global y mexicana, y señala que uno de los retos de las finanzas públicas en México durante 2020 y 2021 será la caída de los ingresos presupuestarios con respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

De los argumentos mencionados, se tiene que, al restar competitividad a las empresas, disminuyen la captación de “los ingresos presupuestarios” a los que hacen referencia por lo que dicho argumento se vuelve contradictorio. Es decir, eliminar el estímulo reduce las posibles utilidades y esto reduce la captación de Impuesto Sobre la Renta, entro otros.

Además, el recurso con el que se complementaba el estímulo (mil cuatrocientos millones de pesos), fue entregado en forma directa, en un marco de alta cuestionabilidad a través del Componente de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores (Bienpesca ).

En 2018 el estímulo pesquero tuvo un costo de 1,248 millones de pesos (mdp), de los cuales 186 mdp correspondieron a la gasolina ribereña y 1,062 mdp al diésel pesquero; mientras que en 2019 dicho costo fue de 1,852 mdp, de los cuales 216 mdp correspondieron a la gasolina ribereña y 1,636 mdp al diésel pesquero.iii

Se ha observado que el mecanismo actual de estímulos fiscales a la gasolina ribereña y el diésel pesquero es ineficiente, considerando que los beneficiarios de éstos son las unidades económicas, atendiendo a criterios tales como el tamaño de las embarcaciones o las instalaciones de producción, entre otros, por lo que este apoyo no siempre beneficia directamente a los pescadores o acuicultores de menores recursos.

De los argumentos antes expuestos, se concluyen en que “este apoyo no siempre beneficia directamente a los pescadores o acuicultores de menores recursos”, ignorando que siempre representó mayor probabilidad de generación de empleos en comunidades altamente marginadas, además se reitera que la aplicación del recurso Bienpesca, fue aplicado con la misma o mayor cuestionabilidad que se ha imputado a la aplicación de los apoyos al Diésel y Gasolina Rivereña.

En el caso del estímulo fiscal para el diésel en el sector agropecuario, el mismo no se aplica debido a que no se han establecido los mecanismos de implementación necesarios para su operación.

De ser el caso, lo conveniente y pertinente es que, debieron establecerse los mecanismos necesarios para la aplicación del estímulo en lugar de eliminar el mismo.

La situación actual de precios bajos en el mercado del crudo ha generado una reducción en los precios de las gasolinas y el diésel, por lo que se ha reducido el diferencial de precios con los países vecinos.

En ese sentido, mediante el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2019, se estableció el concepto de apoyo para el Subcomponente BIENPESCA, a efecto de brindar apoyo económico directo para pescadores ribereños, de aguas continentales, tripulantes de embarcaciones mayores y trabajadores operativos de unidades de producción acuícolas, ligados a unidades económicas pesqueras y acuícolas activas e inscritas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.

Asimismo, mediante el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 2020, se estableció el Componente Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores, dirigido a pequeños productores pesqueros/acuícolas inscritos en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura, consistente en un apoyo directo de 7,200 pesos por beneficiario, que será entregado en una o más ministraciones.

Para el caso del sector agropecuario, el 7 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Producción para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2020, el cual tiene como objetivo incrementar la productividad, principalmente de granos básicos, caña de azúcar y café de productores de pequeña y mediana escala, a través del otorgamiento de apoyo al ingreso de los productores.

Los apoyos del programa Producción para el Bienestar se entregan por productor, de acuerdo con la escala de producción (pequeña o mediana) y del régimen hídrico (temporal o riego) y cuyos montos para un productor de granos a pequeña escala es de 1,600 pesos por hectárea y 1,000 pesos al productor de mediana escala; mientras que, para los productores de café y caña de azúcar, los apoyos son de 5,000 y 7,300 pesos, respectivamente, con hasta 20 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego.

En este sentido, conforme a las condiciones económicas y sociales expuestas con antelación y en coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo, resulta necesario reducir los porcentajes de los estímulos fiscales aplicables en todo el territorio nacional a la gasolina menor a 91 octanos y el diésel para uso en el sector pesquero y agropecuario a que se refiere el Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, publicado el 30 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Para el caso del sector pesquero y acuícola, estos argumentos ignoran las pérdidas de empleos que se están generando a consecuencia de la pérdida de competitividad de la pesca y acuicultura en México. Además, ya se mencionó bajo que contexto se aplicó el Bienpesca. Por otro lado, los empleos que se están perdiendo, corresponde a personas que están muy lejos de poder ser pequeño productor, como para recibir apoyos de “pequeños productores” y los programas Federales dirigidos a la población de escasos recursos, jamás, jamás equivaldrán a los ingresos anuales que un empleo, realmente les genera.

En mérito de lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reactive el estímulo fiscal aplicable al diésel y la gasolina para el sector acuícola y pesquero.

Notas

1 http://www.intermodalmexico.com.mx/Portal/AjusteCombustible/Historico#

2 https://es.globalpetrolprices.com/diesel_prices/

3 Componente de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores (Bienpesca)

Palacio Legislativo de San Lázaro,
29 de septiembre de 2020.

Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE a condonar 50 por ciento del pago de electricidad a las familias que perdieron el empleo por la contingencia, no tienen un ingreso fijo, enfermaron o quedaron sin cabeza por el Covid-19, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo García Escalante , diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:

Consideraciones

Han pasado poco más de seis meses de emergencia sanitaria y confinamiento, la pandemia cada día ha afectado a más mexicanos, miles han perdido su trabajo, otros que percibían ingresos por sus negocios o trabajos temporales ya no pueden realizarlo y, otros tantos, dejaron de trabajar porque enfermaron; ya que decir de los más de 74 mil muertos, muchos de ellos, el sostén de su familia.

El confinamiento nos ha obligado a estar en casa de manera permanente, eso significa un mayor consumo de energía eléctrica, ya que se utiliza prácticamente las 24 horas del día, principalmente los estudiantes que toman sus estudios desde el hogar y los que realizan trabajo de oficina de las diferentes dependencias desde casa , es decir, la energía eléctrica de los burócratas, particulares y estudiantes que antes gastaban en sus oficinas y escuelas, ahora la consumen en su domicilio a costa de su bolsillo.

Han sido muchas la voces que durante años han pedido la reducción de tarifas eléctricas, el suscrito ha subido a tribuna diversas ocasiones insistiendo sobre este tema, ya que se trata de un asunto de plena justicia social, pero, en este momento es diferente, porque lo que estamos viviendo es una situación atípica, es una contingencia sin precedentes, que ha mermado gravemente a la economía y ha dejado en la ruina a miles de familias.

Por ello, hago un llamado por enésima ocasión para solicitar el apoyo de esta honorable asamblea, a efecto de que la Comisión Federal de Electricidad ponga en marcha una estrategia para beneficio de las familias afectadas por la pandemia, ya que miles de mexicanos, como lo mencioné anteriormente, no han podido seguir percibiendo ingresos, algunos de ellos por haberse contagiado y otras miles de familias porque la cabeza y sostén económico murió de Covid-19.

La omisión de estrategias por parte de los gobiernos federal y estatales, así como el encarecimiento de servicios, como lo es el aumento de las tarifas eléctricas, han provocado que la gente no respete el confinamiento, ya que si no salen a trabajar, simplemente no comen y mucho menos tendrán para pagar el recibo de luz.

No es posible, que hasta las instituciones bancarias hayan dado prórrogas y facilidades para el pago de todos sus créditos, y la Comisión Federal de Electricidad, en lugar de ayudar como institución gubernamental que es, duplicó las tarifas de energía eléctrica durante la contingencia, o reclasificó las tarifas domésticas de bajo consumo a tarifas de alto consumo, que lógicamente aumentaron por estar más tiempo en casa.

Todos hemos perdido mucho con esta grave situación, pero la CFE no ha perdido nada, al contrario, ha ganado miles de millones de pesos al haber aumentado las tarifas en esta pandemia, y ya es momento de que ofrezca las facilidades necesarias para el pago de su servicio; las familias mexicanas les urge un respiro económico, el gobierno de este país tiene la obligación de otorgar las condiciones necesarias para que esta emergencia no se salga de control más de lo que ya está, como lo es, el subsidiar el 50 por ciento del consumo de luz a los afectados por el coronavirus.

Compañeros diputados, los invito a que hagamos historia cumpliendo con la ciudadanía que nos dio su confianza mediante el voto, resolvamos una de las demandas más sensibles de la población al garantizarles el derecho humano a una vivienda digna, la cual incluye la energía eléctrica, ayudémosles a salir adelante en esta gravísima situación por la que estamos pasando, hagámosles menos difícil la vida, ya fue suficiente el dolor de haber perdido a miles de mexicanos entre ellos a familiares y amigos.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a efecto de que, como medida urgente, realice la condonación del 50% del pago de energía electríca para beneficiar a las familias que perdieron su empleo por la contingencia, no tienen un ingreso fijo, hayan enfermado o la cabeza de familia haya perdido la vida por Covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre del 2020.

Diputado Ricardo García Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir por la dependencia correspondiente a efecto de diseñar protocolos para evitar contagios entre campesinos y agricultores inscritos en el programa Sembrando Vida en el contexto del Covid-19, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, diputado por Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la dependencia correspondiente instruya a sus colaboradores para que en el contexto de la actual pandemia del virus Covid-19 se diseñen los protocolos necesarios para evitar posibles contagios entre los campesinos y agricultores inscritos en el programa Sembrando Vida, así como se evite realizar acciones que pudieran aumentar el riesgo de dicho contagio.

Consideraciones

De acuerdo con el portal de la Secretaría del Bienestar,1 el objetivo del programa Sembrando Vida “es contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus localidades rurales e impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral”.

En la justificación para la implementación de este programa en dicho portal se señala que, “las zonas más ricas en biodiversidad son aquellas donde también se registran los mayores índices de pobreza y rezago, esto debido a que no se han establecido programas institucionales que logren aumentar el nivel de bienestar de los hogares rurales y satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, a través de la autoproducción de alimentos, la comercialización de excedentes y la generación de empleo”.

De acuerdo con lo anterior, se sugiere que “las zonas rurales de México pueden convertirse en un sector estratégico para el desarrollo del campo si se trabaja en incrementar su productividad, bajo un enfoque de sustentabilidad, igualdad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad de su población”.

Este Programa incentiva a los beneficiarios del mismo para que establezcan sistemas productivos agroforestales, combinando la producción de cultivos tradicionales con árboles frutícolas y maderables, contribuyendo con ello a generar empleos y fomentar la autosuficiencia alimentaria, mejorando con ello los ingresos y recuperando también cobertura forestal, que para el inicio del programa se contempló que sería de un millón de hectáreas en el país.

La cobertura de dicho programa sólo se extiende para 19 estados de la república, predominando entre éstos, los de la región sureste del país.

Uno de los principales requisitos es que se tenga disponible una unidad de producción de 2.5 hectáreas para proyecto agroforestal. El programa considera un apoyo mensual de 5 mil pesos, de los que se destinan 500 como ahorro, y 50 al Fondo de Bienestar.

En 2019, cuando se inició dicho programa, se asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación2 15 mil millones de pesos y para el año en curso se asignaron 25 mil130.9 millones de pesos, es decir, registró un incremento de 10 mil 130.9 millones de pesos más, lo que significa un 67.5% más que el año previo.

Desde el inicio de este programa, diversos medios nacionales y locales de los estados con cobertura denunciaron diversas situaciones anómalas y de distinta índole en el funcionamiento del programa.

En algunas regiones como Zongolica en el estado de Veracruz, se denunciaron que campesinos optaron por la quema intencional de al menos 400 hectáreas arboladas, para limpiar sus terrenos y obtener el pago ofrecido por el programa Sembrando Vida.

Por otra parte, son innumerables los casos denunciados por extorsiones a campesinos para poder acceder al programa y los propios funcionarios públicos de la Secretaría del Bienestar manejan a discreción y sin ninguna transparencia los censos de dicho programa y finalmente son ellos los que deciden quién entra y quién no. Adicionalmente, una vez estando dentro del programa se ha denunciado que los técnicos les piden cooperaciones y aportaciones para todo tipo de actividad y si no cooperan los amenazan con sacarlos del programa.

Desde su primer informe, el titular del Ejecutivo federal presumía que en su administración ya se habían sembrado 500 mil hectáreas de árboles, sin embargo, como siempre la evidencia de dicha afirmación ha brillado por su ausencia incluso hasta estas fechas.

Ante tantas irregularidades observadas en este programa, han sido muchas las voces que piden se investigue y se audite con mucha precisión todos y cada uno de los señalamientos.

Aunado a todo lo anterior y en el contexto de la pandemia del Covid-19 que nos aqueja, también se ha denunciado de manera reiterada que por el afán de avanzar la planeación de las actividades incluidas en el programa “Sembrando Vida”, los funcionarios y técnicos de dicho programa se han mostrado insensibles, con poco sentido común y nada comprometidos con la salud de los llamados “sembradores”, al convocarlos a reuniones o a realizar actividades propias del programa, sin observar ningún tipo de protocolo para evitar riesgos de contagio.

Las estadísticas nacionales del Covid-19 a la fecha se ubican 700 mil 580 contagios y 73 mil 697 y muertes, lo que aparte de mostrar una situación catastrófica en palabras del propio encargado de hacer a esta terrible situación, muestra de lo poco serio que ha sido el gobierno federal para la atención de esta pandemia, por lo que tampoco resulta raro que los funcionarios de este programa reaccionen y actúen de la forma en que lo han venido haciendo, tan es así, que a escala mundial se considera a nuestro país un ejemplo, sí, un ejemplo de lo que no se debe hacer ante esta pandemia.

En virtud de lo anteriormente expuesto, acudo a esta Tribuna para presentar la siguiente proposición con punto de

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la dependencia correspondiente, instruya a sus colaboradores para que en el contexto de la actual pandemia del Covid-19 se diseñen los protocolos necesarios para evitar posibles contagios entre los campesinos y agricultores inscritos en el programa Sembrando Vida, así como se evite realizar acciones que pudieran aumentar el riesgo de dicho contagio.

Notas

1 https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vi da

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 septiembre de 2019.

Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la Fiscalía General de Jalisco a atender los casos de abuso sexual infantil y llevar a cabo una investigación profesional, pulcra y efectiva referente al caso de la menor abusada sexualmente por un ex funcionario policial de Puerto Vallarta, a cargo de la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 77, 78, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar al gobierno del estado de Jalisco y a la Fiscalía General de Jalisco, para que atiendan los casos de abusos sexual infantil en el estado de Jalisco y hagan una investigación profesional, pulcra y efectiva, referente al caso de la menor abusada sexualmente por un ex funcionario policial de Puerto Vallarta, al tenor de la siguientes

Consideraciones

1. Que el pasado 26 de julio de 2020, fue sorprendido Luis Alonso “N”, con una niña desnuda dentro de su automóvil; y conforme a las declaraciones levantadas, el mencionado se encontraba parado junto a la puerta del copiloto, cuando los policías que realizaban vigilancia por la zona se acercaron, mostró nerviosismo e intentó tapar el vehículo, dentro del cual se encontraba una menor de diez años, quien en sus declaraciones afirmó que el hombre ya había estado “tocando su cuerpo”.1

2. Que Luis Alonso “N”, fue identificado como funcionario público, desempeñándose como director de recursos humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.

3. Que, el 3 de agosto de 2020 se realizó la primera audiencia para hacer la vinculación a proceso de Luis Antonio “N”, no obstante, el Ministerio Público Juan Alberto López Amaral pidió la imputación solo por un delito, el abuso sexual infantil, asimismo pidió el agravante de que la niña era menor de 12 años, sin embargo, dada la contradicción existente el e Código Penal de Jalisco, que estipula las agravantes a ese delito en el Artículo 142 – N: “la pena se incrementará una tercera parte si la víctima tiene menos de 12 años”; el problema de la contradicción radica en que el mismo Artículo 142 en su fracción L, regula que el abuso sexual, tiene una penalidad diferente, y depende de la edad de la víctima, a razón de cuatro años de prisión, siempre y cuando la víctima tenga entre 12 y 17 años y de tres a seis si es menor de 12 años.2

4. Que, conforme a lo anterior descrito, el Juez José Luis Solís Aranda, decidió vincularlo a proceso por el delito de abuso sexual infantil, sin el agravante, dada la contradicción existente el Código Penal de Jalisco, así mismo rechazó imputarlo por el delito de corrupción de menores, con un argumento reflejo de una conducta machista, misógina y ofensiva hacia las mujeres, ya que literalmente dijo el impartidor de justicia, que la menor (victima) “no sintió placer”3

5. Que, en función de lo dicho por el Juez, éste fue separado del cargo en el Centro de Justicia para Mujeres, por el Consejo de la Judicatura, en donde su desempeño era relativamente reciente.

6. Que, en los hechos descritos anteriormente, reflejan la constante impunidad que existe en nuestro país. Puerto Vallarta, Jalisco, es uno de los principales focos en cuanto a los delitos de abuso sexual infantil y trata de personas en el país; según los datos de la Fiscalía del estado, en el primer semestre del año van ya abiertas 67 carpetas de investigación por estos delitos. Esto se refuerza cuando el Colectivo de Mujeres de Puerto Vallarta hace mención que el municipio lleva durante años siendo el principal lugar de Jalisco en donde se dan ese tipo de conductas antisociales.4

7. Que, en una investigación hecha por la organización México Evalúa, en Jalisco delinquir no es un problema grave, dado que los niveles de impunidad son de los más altos de todo el país con un porcentaje de 99.3 %.5 Razón por la cual se hace pensar que se requiere hacer una revisión profunda al sistema de aplicación de justicia en la entidad, que pase por la capacitación de los impartidores de justicia, los ministerios públicos, policías y servidores públicos que atiendan temas relacionados con delitos tan ofensivos y aberrantes como lo es el abuso sexual infantil y la corrupción de menores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco, para que de manera urgente atienda los casos de abuso sexual infantil en el estado, a través de mecanismos que permitan la reparación del daño a las víctimas y a sus familias

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que realice una investigación profesional, pulcra, efectiva y transparente del caso del abuso sexual a una menor en Puerto Vallarta a manos de un exfuncionario policial del municipio, de manera que le sea reparado el daño a la víctima y a su familia, así como también que el inculpado repare el daño a la sociedad con los años de prisión que por justicia merezca.

Notas

1 Véase en: https://www.animalpolitico.com/2020/08/funcionario-abuso-nina-juez-plac er/

2 Tomado de:
https://www.animalpolitico.com/2020/08/funcionario-abuso-nina-juez-placer/

3 Ibídem.

4 Véase: https://elpais.com/mexico/2020-08-18/
la-negligente-investigacion-a-un-policia-por-abusar-de-una-nina-de-10-anos-en-puerto-vallarta-aboca-el-caso-a-la-impunidad.html

5 Tomado de: https://elpais.com/mexico/2020-08-18/la-negligente-investigacion-a-un-p olicia-por-abusar-de-una-nina-de-10-anos-en-puerto-vallarta-aboca-el-ca so-a-la-impunidad.html

https://www.animalpolitico.com/2020/08/funcionario-abuso -nina-juez-placer/

https://elpais.com/mexico/2020-08-18/
la-negligente-investigacion-a-un-policia-por-abusar-de-una-nina-de-10-anos-en-puerto-vallarta-aboca-el-caso-a-la-impunidad.htmls

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a garantizar la subsistencia de la vida silvestre en zoológicos, criaderos, acuarios, jardines botánicos y similares durante la contingencia sanitaria del Covid-19, a cargo de a diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Claudia Pastor Badilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a garantizar en el ámbito de sus atribuciones la subsistencia de la vida silvestre en zoológicos, criaderos, acuarios y similares durante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

Ante el problema de salud pública generado por la rápida propagación en el mundo del1 Covid-19, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que nos encontrábamos en pandemia global.

En virtud de lo anterior, el Gobierno de la República implementó diferentes medidas a fin de preservar la salud de las personas, considerando que la movilidad social jugaba un papel clave para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus.

En sesión extraordinaria del 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, reconoció al Covid-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que el 24 de marzo siguiente, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, declaró el inicio de la fase 2, que implicaba la existencia de contagio local y ya no únicamente en casos importados.

En la misma fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de medidas preventivas a implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el Covid-19.2

Este acuerdo se sustentó esencialmente en inhibir la aglomeración de personas, evitar los lugares concurridos, la suspensión de ciertas actividades económicas y escolares, del sector público, privado y social, así como una serie de cuidados personales y de higiene que invitaban desde el Gobierno Federal a guardar sana distancia entre todos; en suma, se llamó a la población en general a resguardarse en sus domicilios, con el propósito de evitar que los niveles de contagio y los daños que eventualmente podría causar este nuevo coronavirus en la salud de las personas provocaran el colapso en la infraestructura de salud del país.

Como otros centros de recreación, los zoológicos, safaris y acuarios se vieron seriamente afectados por la pandemia en México y el mundo. Desde el pasado mes de abril, diversas asociaciones de protección a la vida silvestre demandaron el apoyo del gobierno y del sector privado, para preservar las condiciones de los animales que se encuentran en cautiverio.3

Planteamiento del problema

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) ha declarado que en el país existen más de 100 centros de vida silvestre, que albergan más de 170 mil ejemplares de flora y fauna, la mitad de ellos en alguna categoría de riesgo. Adicionalmente, dependen económicamente más de 300 mil familias por los empleos directos e indirectos que generan.

Las medidas de aislamiento social derivadas de la emergencia sanitaria, han afectado las finanzas de zoológicos, acuarios o criaderos de flora y fauna silvestre, lo cual ha mermado su capacidad para la conservación y manutención de las miles de especies de animales que preservan; todo esto podría conducir a la muerte de diversos ejemplares e inclusive a la extinción de especies protegidas que ya se encontraban en riesgo de desaparecer del ecosistema mexicano y del planeta.4

El presidente de la Azcarm, Ernesto Zazueta, ha advertido en diversos medios de comunicación sobre la situación crítica que atraviesan durante esta pandemia, por lo que ha solicitado el apoyo de amplios sectores público y privado para mantener la operatividad y la calidad de la vida silvestre de los centros que representan.5

II. Marco jurídico

De acuerdo con el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación, en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y para evitar la destrucción de los elementos naturales.

Adicionalmente, el artículo 73, fracción XXIX, inciso G de la misma Carta Magna, faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, en concordancia con lo que establece el artículo 27 referido.

En este sentido, el artículo de la Ley General de Vida Silvestre, reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales, establece que es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre.

De acuerdo con la fracción XLIX, del artículo 3 de la cita, se entiende por vida silvestre todos los organismos –flora y fauna– que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre.

Las fracciones XVIII y XIX, del artículo 3, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente precisan que la fauna silvestre son las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran al cuidado del hombre, mientras que la fauna silvestre son las especies vegetales, así como los hongos, quienes igualmente subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollarán libre.

El artículo 5, fracción VIII, dispone que la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat tiene como objetivo lograr un sano balance en la conservación de la biodiversidad y el bienestar de los habitantes del país. En particular, las autoridades deben promover el mejoramiento de la calidad de vida de los ejemplares de fauna silvestre en cautiverio, utilizando las técnicas y conocimientos biológicos y etológicos de cada especie.

La fracción XIX del artículo 9 de la Ley General de Vida Silvestre precisa que corresponden a la federación la atención y promoción de los asuntos relativos al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre.

El artículo 15 establece que dicha secretaría promoverá la participación de todas las personas y sectores involucrados en la formulación y aplicación de las medidas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre que esté dentro del ámbito de su competencia.

El artículo 77 de la misma ley indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dará prioridad a la reproducción de vida silvestre fuera de su hábitat natural para el desarrollo de actividades de repoblación y reintroducción, especialmente de especies en riesgo.

En virtud de lo anterior, y en términos de lo previsto en el artículo 3, fracción XLVII, de esta ley, la Federación, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es responsable de verificar que se otorgue un trato digno y respetuoso para evitar el dolor, sufrimiento, deterioro físico o en su caso el sacrificio de la vida silvestre.

III. Consecuencias económicas de la emergencia sanitaria en la vida silvestre

Debido a la condición de emergencia sanitaria actual, en todos los países hubo una disminución considerable en gran parte de las actividades productivas, lo cual provocó el colapso de sectores enteros de la economía mundial.

La implantación de ciertas medidas de movilidad social, como el resguardo domiciliario, a la par de la clausura de centros de aglomeración de personas, han llevado a que los centros de la conservación de la vida silvestre, tales como los zoológicos, acuarios, criaderos, jardines botánicos y demás semejantes, enfrenten graves problemas económicos que pueden provocar un deterioro en la calidad de vida y trato digno a los ejemplares de vida silvestre que preservan en sus instalaciones.

Esto es particularmente grave en México, dado que es el país con más especies en peligro de extinción, muchas de las cuales se encuentran en resguardo en estos centros de conservación.6

Garantizar la subsistencia de la fauna silvestre en cautiverio es uno de los retos que ahora enfrentan estos centros, pues la disminución de sus recursos les ha llevado incluso a los administradores y demás trabajadores de los zoológicos, acuarios o criaderos que subsisten del ingreso de las entradas, han implementado algunas medidas para sobrellevar esta situación, por ejemplo solicitando a la ciudadanía su apoyo para la compra de boletos a precio reducido y con vigencia a finales de este año, con la finalidad de poder alimentar a sus grandes de la vida salvaje.7 Sin embargo, eso no ha sido suficiente para afrontar la emergencia económica.

Aunado a ello, existen centros de preservación de flora silvestre que buscan conservar los ecosistemas y los elementos para la subsistencia de estas especies, los cuales también se han puesto en riesgo durante la pandemia.

Además de la importancia de preservar la vida silvestre y la fuente de empleo de más de 300 mil hogares, hay que tener presente la relevancia del papel que juegan en la sociedad los zoológicos, criaderos y acuarios en la creación de consciencia en los seres humanos sobre la importancia de la protección a la vida y los hábitat de millones de especies animales alrededor del planeta, así como en la notable e incesante labor de combatir el tráfico y posesión ilegal de esas especies, así como su reinserción al medio silvestre, de acuerdo a lo expresado por la Azcarm.8

Ciertamente la normativa que regula la preservación de la flora y fauna silvestre vincula a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar las condiciones necesarias para proteger el medio ambiente y restaurar el equilibrio, sin embargo, la atención y promoción de los asuntos relativos al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre, así como la reproducción de vida silvestre fuera de su hábitat natural para el desarrollo de actividades de repoblación y reintroducción, son asuntos que le competen a la Federación, por conducto de la Secretaría del Medio y Ambiente y Recursos Naturales.

Esta secretaría no solamente está facultada para proteger el medio ambiente y la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos, sino que también puede promover la participación y colaboración de sectores públicos, privados y sociales interesados en la conservación de especies animales que se encuentran en cautiverio y cuya subsistencia podría verse amenazada, ante los graves problemas económicos que enfrentan los centros de conservación de la vida silvestre.

Por estas razones, estimo fundamental hacer un llamado al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en términos de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, en el ámbito de sus atribuciones en materia de protección de la vida silvestre, preservación y restauración del equilibrio ecológico, se tomen las decisiones y acciones necesarias, para enfrentar de manera conjunta y coordinada los estragos producidos por el cierre temporal en los zoológicos, criaderos, acuarios y demás centros de conservación que alberguen flora y fauna silvestre.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

ÚNICO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a garantizar en el ámbito de sus atribuciones la subsistencia de la vida silvestre en zoológicos, criaderos, acuarios, jardines botánicos y similares, durante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Notas

1 Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades (desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves) y circulan entre humanos y animales. En este caso, el SARS-Cov2 apareció en China y provocó la enfermedad Covid-19, declarada el 11 de marzo como pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Consultado en https://coronavirus.gob.mx/covid-19/

2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/ 2020

3 https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-mexico-zoologico s-piden-apoyo-mantener-animales

4 El cierre de zoológicos por Covid-19 amenaza a 77 especies en vía de extinción, consultable en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/cierre-de-zoologic os-por-covid-19-amenaza-especies-en-via-de-extincion/

5 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/06/17/por-pandemia- zoologicos-privados-enfrentan-su-peor-crisis/

6 https://www.facebook.com/AZCARMX/videos/243197707008401

7 Véase https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/coronavirus-en-m exico-zoologicos-piden-ayuda-para-alimentar-a-animales-758922/

8 Véase https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/zoologicos-criaderos-y-acuario s-de-mexico-intensifican-acciones-para-proteger-del-covid-19-a-miles-de -personas-y-animales

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Pastor Badilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Ssa y la SEP, y a los gobernadores a convocar y celebrar acuerdos de colaboración y coordinación permanente con universidades públicas y privadas, el sector empresarial, y organizaciones de la sociedad civil que se sumen filantrópicamente para proporcionar el acceso a servicios odontológicos preventivos gratuitos de niños y adolescentes que cursen la educación básica, a cargo de la diputada Zaira Ochoa Valdivia, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Zaira Ochoa Valdivia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El acceso a servicios de salud para sectores vulnerables de la población y especialmente la atención temprana de enfermedades en niñas, niños y adolescentes, sin duda representa la posibilidad de reducir diversos padecimientos que se derivan de la falta de tratamiento que paulatinamente se convierten en factores de riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías o cáncer.

En el caso de las enfermedades bucodentales, se requiere una atención temprana y preventiva que permita reducir la posibilidad de contraer estos padecimientos, por ello cobra relevancia el impulso de políticas públicas que faciliten el acceso a tratamientos odontológicos gratuitos y oportunos, dirigidos a la niñez y adolescencia durante su educación básica.

Garantizar el derecho a la salud de este importante sector de la población, y reducir la exponencial aparición de diversas enfermedades crónico-degenerativas que afectan a nuestro país, es posible a través del esfuerzo, apoyo y coordinación de la Federación, los Estados de la República, las Universidades del sector Público y Privado, el sector Empresarial, así como las organizaciones que, con su labor altruista, sin duda pueden contribuir a alcanzar este objetivo.

Si bien es cierto la Norma Oficial Mexicana para la prevención y control de enfermedades bucales establece y uniforma los criterios y procedimientos, que llevan a cabo los integrantes del Sistema Nacional de Salud, para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucales de mayor frecuencia en la población, mismos que deben realizarse por todo el personal de salud y en todos los establecimientos para la atención médica y consultorios de los sectores público, social y privado; también lo es que a pesar de los esfuerzos realizados, la incidencia y prevalencia de las enfermedades bucales siguen siendo altas1 .

Las enfermedades orales han sido reconocidas como un problema de salud pública a nivel mundial y se encuentran concentradas principalmente en los grupos menos favorecidos entre ellos; escolares, embarazadas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas con VIH/sida y personas con enfermedades crónico-degenerativas2 .

México se encuentra dentro de los primeros sitios de morbilidad y mortalidad de enfermedades no trasmisibles, por ello se requieren mayores acciones preventivas que por un lado garanticen el derecho humano de acceso a la salud y por otro una mejor calidad de vida de la población.

El artículo cuarto constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud, así como la obligatoriedad del Estado para proveer a la población los servicios médicos necesarios a fin de conservar su salud.

Artículo 4o. Constitucional. ...

...

...

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social3 ”.

Al mismo tiempo el Estado garantiza el derecho a la salud de la niñez cuando se refiere en este mismo artículo a lo siguiente:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez4 ”.

En este orden de ideas y con el propósito de implementar políticas públicas preventivas eficaces en el corto, mediano y largo plazo, debemos centrar nuestros esfuerzos en la etapa de formaciónn bbásica de los menores, propiciando más y mejores resultados, respecto de los programas que se han llevado a cabo en el pasado, y sin dejar de garantizar la salud de toda la población; sin embargo, por la propia naturaleza del origen de otros padecimientos, es imprescindible la atención oportuna y temprana de la salud bucal.

Con datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud5 .

• Las enfermedades bucodentales constituyen una importante carga para el sector de la salud de muchos países y afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte.

• Son enfermedades que comparten factores de riesgo con otras importantes enfermedades no transmisibles.

• Se estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 3500 millones de personas.

• Según el estudio sobre la carga mundial de morbilidad 2017 (Global Burden of Disease Study 2017 ) la caries dental sin tratar en dientes permanentes es el trastorno de salud máss frecuente.

• Más de 530 millones de niños sufren de caries dental en los dientes de leche.

• La periodoncia grave, que puede provocar la pérdida de dientes, también es muy frecuente, puesto que afecta a casi 10 por ciento de la población mundial.

El tratamiento de los trastornos de salud bucodental es caro y por lo general no forma parte de la cobertura sanitaria universal (CSU). En la mayoría de los países de ingresos altos, el tratamiento odontológico representa de media 5 por ciento del gasto total en salud y 20 por ciento de los gastos directos de los pacientes.

• La mayoría de los países de ingresos bajos y medianos no puede prestar servicios de prevención y tratamiento de los trastornos de salud bucodental.

• Entre los factores que contribuyen a las enfermedades bucodentales cabe citar las dietas malsanas ricas en azúcar, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol.

La mayoría de los trastornos de salud bucodental son prevenibles en gran medida y pueden tratarse en sus etapas iniciales.

Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena compartimos los objetivos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en cuanto a la optimización de recursos, por ello planteamos la colaboración y coordinación permanente de la federación, los estados de la República, las universidades del sector público y privado, el sector empresarial, así como las organizaciones de la sociedad civil que se sumen filantrópicamente para garantizar el acceso a servicios odontológicos preventivos gratuitos para las niñas, niños y adolescentes de todo el país, que cursen la educación básica.

El enfoque preventivo en las políticas de salud es de la mayor relevancia para el caso de la salud bucodental, no sólo porque las enfermedades más comunes ligadas a ella pueden eliminarse, sino también porque los tratamientos oportunos son más sencillos, controlan y evitan complicaciones más graves, propiciando un descenso importante de otros padecimientos.

Cabe mencionar la historia de México, misma que nos revela el éxito respecto de la aplicación de medidas de salud preventivas, como las implementadas en su época por el presidente Lázaro Cárdenas: “La política nacionalista del presidente llevó a un importante reparto de tierras a los campesinos. Su política educativa originó, entre otras cosas, la creación del Instituto Politécnico Nacional, que enmarcó dos escuelas de medicina, la Nacional de Medicina Homeopática y la Superior de Medicina Rural. Asimismo, se creó el servicio social para los pasantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por otra parte, el General Cárdenas puso especial atención en la medicina preventiva y asistencial. Además de organizar campañas contra múltiples males, entre ellos viruela, tifo, tuberculosis, paludismo y enfermedades de transmisión sexual, se dio especial atención a la asistencia materno-infantil. Un problema urgente de atender fue el de la desnutrición, de manera que se prestó especial cuidado en la población infantil y campesina. Asimismo, para atender la morbilidad, en el periodo 1934-1940 hubo hospitales generales y de especialidad dependientes del gobierno, privados, militares y de beneficencia privada6 ”.

“Las campañas contra las enfermedades desempeñaron un papel importante, fundamentalmente para las causadas por microbios, virus, parásitos y vectores. Fueron campañas bien implementadas que contemplaban la asistencia al enfermo, educación en materia de salud, hábitos higiénicos, ingeniería sanitaria, etcétera. En ellas participaron no solo médicos, sino también enfermeras visitadoras, ingenieros y técnicos7 ”.

La coordinación entre todos los sectores es imprescindible “Las alianzas estratégicas han sido reconocidas como un mecanismo para superar la escasez de recursos8 ”, en este momento en el que la emergencia sanitaria ha causado grandes afectaciones económicas y sociales, más que en otros tiempos, se requiere la coordinación de esfuerzos que por su viabilidad nos acerquen a la eficiencia tanto en la gestión pública, como para alcanzar nuevas y mejores expectativas de desarrollo.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Salud, y de Educación Pública, así como a los gobernadores de los estados a convocar y celebrar acuerdos de colaboración y coordinación permanente con universidades del sector público y privado, el sector empresarial, así como las organizaciones de la sociedad civil que se sumen filantrópicamente, para que se proporcione el acceso a servicios odontológicos preventivos gratuitos de las niñas, niños y adolescentes de todo el país, que cursen la educación básica,

Notas

1 Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015. Para la prevención y control de enfermedades bucales.

2 Ibíd.

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Ibíd.

5 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health

6 Gaceta Médica de México. UNAM Simposio "La salud durante el Cardenismo (1934-1940)" Martha Eugenia Rodríguez Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

7 Ibid.

8 Burns, L.R. "The Transformation of American Hospital: From Community Institution Toward Business Enterprise" Comparative Social Research, 12, 1990: 77-112.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Zaira Ochoa Valdivia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Contraloría General del Infonavit a actuar conforme a los principios de debido proceso, imparcialidad, perspectiva de género y transparencia en la queja presentada por Norma Romero Cortés contra el delegado federal regional de Puebla, Antonio Kuri Alam, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Procurar los derechos humanos, protegerlos y hacerlos cumplir, es responsabilidad de todo servidor público, en todo momento y con la actitud más pulcra de ética y moral, característica de México y nosotros, sus ciudadanos.

El día 4 de febrero de este año, una mujer fue sorprendida por un tocamiento firme e invasivo sobre sus hombros, quien escuchó una voz masculina que en tono firme se identificó, siendo éste el delegado federal del Instituto para la Vivienda de los Trabajadores en el estado de Puebla, quien sin guardar el menor recato y respeto a su encargo, le gritó en el lugar, humillándola frente a todos los presentes. Lo grave de este asunto es que las partes en cuestión son una notaria pública, y un funcionario federal, ambas personas públicas que deben ceñirse al Código de Ética de Personas Servidores Públicos, y al Código de Ética de Personas Servidores Públicos del gobierno federal. Quienes como líderes de la nueva ética pública están al encargo de la constante representación de los más altos ideales, principios y valores para preservar los elementos que dan fundamento a nuestro Estado de derecho.

Integridad, respeto y honradez son los principios que rigen al Código de Ética del Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el cual emana del artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, disposiciones esenciales para mantener transparente y honesta la administración pública. México no merece más administradores públicos abusivos y oportunistas.

Las acciones del conocido empresario, y reciente funcionario público federal, en contra de la notaria pública, con 25 años de trayectoria en su encargo. Nacen en 2014, cuando la notaria en cumplimiento de sus deberes y principios profesionales, atendió a una ciudadana, quien pidió su nombre permaneciera oculto por el temor que tiene ante la fuerza del señor delegado y sus acciones. Por el notorio desconocimiento del marco legal por parte del señor delegado, que deriva en el actuar en la función pública que desempeña desde el año 2015 ha utilizado el aparato gubernamental como propio y particular, para cumplir con la campaña en contra de la notaria, acciones que se traducen en la obstrucción del desempeño, sin motivación ni fundamentación, de los servicios profesionales de la notaria para el instituto y los derechohabientes, afectando el patrimonio moral y económico de la misma. El desconocimiento del derecho, y las malas prácticas del señor delegado federal contravienen las disposiciones jurídicas para los servidores públicos, las políticas públicas de la Secretaría de la Función Pública, y afectan directamente el derecho de las y los ciudadanos del Estado, al no permitir que el Estado de derecho exista entre las autoridades y los gobernados.

Contra las faltas graves del multicitado delegado federal se ha presentado una queja después de años de persecución, quien mediante el uso indebido de su jerarquía abusando de sus relaciones burocráticas fraguó una campaña en contra de la notaria pública, por los hechos antes mencionados que han generado pérdida y menoscabo del patrimonio moral y económico, derivado de la información desacertada y llena de falsedades dentro del espacio y contexto público a fin de deshonrar dentro del gremio, conocidos y con la sociedad en general, no obstante tuvo cautela para no exponer este caso a las autoridades en el tenor de cuidar a la institución del notariado.

Es de gravedad el permitir que dentro de la administración pública, en sus diversas delegaciones por encargo o descentralización, se permitan tratos de esta particular índole, en los cuales los agravios y daños resultan de gran magnitud por la esfera de poder en el cual ambos personajes se desenvuelven. Las querellas personales, afectan directamente a la administración pública y violan de manera expedita el artículo 17 párrafo I de nuestro pacto fundamental, abandonando por completo el derecho consagrado de debido proceso; en este caso a una encargada pública, que con transparencia, honestidad y responsabilidad por los últimos 25 años ha desempeñado su encargo apegado a derecho. La administración pública es y será un servicio para los mexicanos, en el cual no se deben permitir más abusos que confinen a los ciudadanos al encargo de la administración pública a la humillación y daño.

Es momento de reflexionar, nosotros, los legisladores representantes del pueblo, ¿cuál es el México que deseamos programar? ¿De qué valores vamos a impregnar la esencia de nuestro Estado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con nuestra gente? No podemos permitir más abusos. Es curioso encontrar en el caso mencionado una relación de abuso, entre un hombre y una mujer, está resistiendo la violencia de un hombre que desconoce, y conoció el día que éste invadió su espacio físico, y su prestigio. México, Estado signatario de incontables documentos internacionales, a los que ahora llamamos bloque de constitucionalidad; ejemplo a nivel mundial de compromiso y ejercicio en favor de la dignidad humana. No cumplir con nuestra obligaciones internacionales, contraídas en favor de nuestro pueblo, cómo lo es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida también como la Convención Belém do Pará, sus protocolos y las leyes que nosotros, de la mano con el pueblo creamos, para crear una vida libre, digna y feliz, para todas las y los mexicanos.

Al final de esto se trata, crear un precedente histórico en el que se asiente que la calidad moral de aquellos que ostentan un encargo público, comprendan que la calidad de ciudadano distinguido se gana por las acciones y no por los puestos, y que ha estos hay que honrarlos con los más altos principios que afirma el presidente “no robar, no mentir y no traicionar” , con ellos sí respetar, sí transparentar y sí escuchar. Abusar de un puesto para hacer justicia para sí mediante un conflicto de interés es traicionar al pueblo, busquemos la defensa de quienes construyen patria todos los días haciendo lo correcto y no lo que dicta la codicia y el capricho.

Hoy Norma nos necesita, demostremos al pueblo que somos de ellos y estamos aquí por ellos; los medios de justicia administrativa legalmente establecidos están vendidos y condicionados a la voluntad de los directivos y sus pactos de corrupción que se dan al interior, entre amigos y compadres. Al día de hoy, la queja presentada por la notaria no ha sido admitida y no existe notificación de desecho. Esto nos muestra, una vez más, que la corrupción existe en todos las instituciones, pero no podemos permitir que una institución de proximidad social, y relevancia en la protección de derechos sea indiferente ante la realidad de una mujer, mexicana y encargada pública, pues el mismo trato será para todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas que acudan a ella.

No podemos dejar pasar la valentía de una mujer que confía en el cambio por el que todos nosotros luchamos, y hoy hacemos realidad. La ciudadanía tiene confianza en que podamos hacer evidente lo que nos llevó al poder: La necesidad del Pueblo de hacer verdad el respeto irrestricto al Estado de derecho, para normalizar la paz social el bien común y la dignidad, generando un país fuerte y consolidado donde el pueblo se sienta respaldado y protegido por sus autoridades, cuestión que era impensable en el periodo neoliberal de nuestra hermosa nación. Hoy la 4T vive, y vive por qué creen en nosotros, hagamos verdad la esperanza de justicia de mujeres valientes como Norma Romero Cortés quien respetando el debido proceso que la ley le impone a todos los servidores públicos y garantiza a sus ciudadanas y ciudadanos, busca que prevalezca lo correcto, la dignidad y la libertad. Hoy hagamos historia, por Norma, por nuestras servidoras públicas, y servidores. Hagamos historia y patria, por el amor a México a nuestro pueblo.

En virtud de los antecedentes expuestos, pongo a consideración de esta honorable soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a Contraloría General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se ventile el expediente presentado por Norma Romero Cortés, titular de la Notaría Pública número 4 del Distrito Judicial Puebla, queja presentada el día 31 de agosto del año en curso, firmada de recibido por la oficina de la Contraloría General del instituto el mismo día a las 12:48, contra el delegado federal regional de Puebla de la institución antes mencionada; se provea en acuerdo a los principios de debido proceso, imparcialidad, perspectiva de género y transparencia;

Segundo.- Se ventile, por la naturaleza de los actores de manera pública el proceso, los procedimientos y la resolución de la queja antes mencionada;

Tercero.- Se dé vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en apego a la ley ejerza sus facultades de atracción y conocimiento y emita las recomendaciones que estime pertinente; y

Cuarto.- Se haga pública la resolución del ocurso de la queja en comento para que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión tenga conocimiento de la misma.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, el Banxico y la CNBV a proteger a los acreditados afectados por la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, en su carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el cual la Cámara de Diputados exhorta los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito de sus respetivas competencias, hagan los actos conducentes a fin de garantizar que las ciudadanas y ciudadanos que hayan solicitado un crédito ante alguna entidad crediticia y se hayan visto afectados por la pandemia de la Covid-19, no se les otorgue una calificación negativa en su historial crediticio por parte de las sociedades de información crediticia, hasta en cuanto termine la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, con base en lo siguiente

Consideraciones

En diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus Covid-19 que se ha expandido y consecuentemente ha afectado a diversas regiones de otros países, dentro de los cuales se encuentra México, el cual está siendo fuertemente afectado a lo largo de sus 32 entidades federativas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los coronavirus son “una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.”1 Que en los humanos se conoce que varios coronavirus causan infecciones respiratorias, poniendo en riesgo su vida. El que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus Covid-19.

La Covid-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de toda la población en general, sin importar la edad, sexo o género, la cual es de muy fácil propagación por contacto con personas infectadas por el virus, ya sea por tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y posteriormente se llevan las manos a la boca, nariz u ojos o simplemente por la cercanía al hablar con una persona infectada.

El 11 de marzo del presente año, la OMS, declaró que la Covid-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia, haciendo un llamado a todos los países a tomar medidas urgentes para evitar su propagación. México adoptó diversas acciones para contener la Covid-19, las que fueron desde medidas de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas, centros de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones de este, hasta llegar a un estricto confinamiento donde en algunas entidades federativas apelando a la conciencia social quedaba estrictamente restringido salir de casa, solo en casos de vital importancia.

La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19 ha generado una crisis económica no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Muchos de los sistemas de producción pilares fundamentales de la economía de nuestro país tuvieron que cerrar sus empresas o negocios temporalmente y algunos por infortunio definitivamente.

Lo anterior ha traído como consecuencia de acuerdo con el estudio Los impactos económicos de la pandemia en México 2 la actividad económica en abril y mayo se contrajo en 19.9 por ciento y 22.7 por ciento con respecto a los meses correspondientes de 2019; una caída del PIB durante todo el primer semestre de 2020 ligeramente superior a 10 por ciento; una contracción del gasto que alcanzó su punto más bajo a mediados de abril, cuando alcanzó una tasa mínima de crecimiento anual de -30 por ciento, es decir, una perdida en la misma proporción del consumo.

En cuanto a las consecuencias que ha sufrido el mercado laboral en el periodo 2019-2020 ha sido de gran magnitud, ya que “el número total de empleos perdidos entre 2019 y 2020 es de 11.4 millones”3 , en el caso del sector formal, tenemos en el periodo que va de marzo a junio de 2020 de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la pérdida de poco más de 1.1 millones de empleos. Situación que se presenta a lo largo del país en las 32 entidades federativas, pero sobre todo en Quintana Roo, con una pérdida de la cuarta parte de empleos formales (-24 por ciento), seguido de Baja California Sur (-10.9 por ciento), Sinaloa (-10 por ciento), Nayarit (-9.6 por ciento) y Guerrero (-8.7 por ciento), entidades que tienen en común que dependen de forma importante del turismo nacional e internacional4 .

A nivel nacional, con corte a junio del presente año, hay 24.6 millones de personas que cuentan con un crédito vigente ante alguna institución crediticia, de las cuales, más de 7 millones han buscado alguna prórroga , las cuales van de 4 a 6 meses en el pago de sus créditos, lo que significa que el 28 por ciento o 3 de cada 10 acreditados en el país han tenido dificultades para pagar los créditos adquiridos 5 derivado de una de las principales consecuencias que ha traído la pandemia: reducción de ingresos y despidos.

Tras dichos impactos miles de mexicanos ven afectados sus historiales crediticios con calificaciones negativas , el cual podemos definir como el “conjunto de información que integra todos y cada uno de los créditos que una Persona Física o Persona Moral tiene o ha tenido, así como la forma en que estos han sido pagados”, siendo la principal fuente de información para que las mexicanas y los mexicanos puedan tener acceso a un crédito de cualquier índole, dichos historiales se pueden consultar mediante las sociedades de información crediticia.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6o., de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, son sociedades de información crediticias aquellas que se constituyen y operan mediante la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con opinión del Banco de México (Banxico) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual a la letra cito:

“Artículo 6o. Para constituirse y operar como sociedad de información crediticia (SIC) se requerirá autorización del gobierno federal, misma que compete otorgar a la secretaría, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles.”

En nuestro país, la SIC más importantes responden a las razones sociales de Trans Union de México, SA, Sociedad de Información Crediticia y Dun & Bradstreet, SA, Sociedad de Información Crediticia, que en su conjunto operan bajo el nombre comercial de Buró de Crédito , sociedad que proporciona servicios sobre recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como operaciones de crediticias y otras de naturaleza análoga que dichas personas mantengan con entidades financieras (bancos, uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, etcétera) así como con empresas comerciales (tiendas departamentales) y Sofomes.6

Buró de Crédito es la principal empresa privada que consultan las entidades crediticias para poder otorgar algún préstamo a las ciudadanas y ciudadanos que así lo requieran, pero ¿qué consecuencia hay si nos encontramos ante una mala calificación de historial crediticio? Por mencionar algunas, los acreditados no podrán obtener un crédito durante un tiempo considerable; tampoco podrán obtener algún financiamiento hipotecario para poder adquirir una vivienda, incluso en el caso de los trabajadores en el sector formal tendrán repercusiones al momento de hacer exigible su derecho ante el Infonavit o Fovissste, ya que dichas instituciones revisan el historial crediticio del derechohabiente al momento de solicitar un crédito, poniendo en riego el derecho humano y constitucional de tener acceso a una vivienda y se pone en riesgo el patrimonio de los acreditados, ya que una vez que se ha obtenido una calificación negativa en el buró de crédito, muchas instituciones al momento de otorgar prestamos y créditos solicitan una garantía que puede ser bienes mueble o inmueble.

En los últimos meses el panorama económico global se ha deteriorado rápidamente y las consecuencias económicas han alcanzado a todos los sectores de la población. A demás de pérdidas de vidas humanas y un empeoramiento en las condiciones de salud en el mundo, la pandemia del Covid-19 nos obliga a buscar mecanismos para garantizar mejores condiciones de vida a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, es por ello que el suscrito legislador pretende exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

para que en el ámbito de sus respetivas competencias hagan los actos conducentes a fin de garantizar que las ciudadanas y ciudadanos que hayan solicitado un crédito ante alguna entidad crediticia y se hayan visto afectados por la pandemia de la Covid-19, no se les otorgue una calificación negativa en su historial crediticio por parte de las sociedades de información crediticia, hasta en cuanto termine la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General. De lo cual es importante señalar que los acreditados que se hayan visto afectados por la pandemia de la Covid-19 deberán acreditarlo ante las instituciones de la banca y crédito que les corresponda para que el presente beneficio surta efectos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito de sus respetivas competencias hagan los actos conducentes a fin de garantizar que las ciudadanas y ciudadanos que hayan solicitado un crédito ante alguna entidad crediticia y se hayan visto afectados por la pandemia de la Covid-19, no se les otorgue una calificación negativa en su historial crediticio por parte de las sociedades de información crediticia, hasta en cuanto termine la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General.

Notas

1 Recuperado de: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses. Consultado el 20 de septiembre del 2020.

2 Esquivel Gerardo (2020). Los impactos económicos de la pandemia en México. BANXICO. Recuperado de:
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/articulos-y-otras-publicaciones/
%7BD442A596-6F43-D1B5-6686-64A2CF2F371B%7D.pdf. Consultado el 20 de agosto del 2020.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Recuperado de: https://www.forbes.com.mx/economia-3-de-cada-10-mexicanos-con-creditos- han-tenido-dificultad-para-pagar-en-la-pandemia/. Consultado el 20 de septiembre del 2020.

6 https://www.burodecredito.com.mx/aviso-legal.html#:~:text=Bur%C3%B3%20de%
20Cr%C3%A9dito%2C%20est%C3%A1%20integrado,%E2%80%9CBur%C3%B3%20de%20Cr%C3%A9dito%E2%80%9D).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 días de septiembre de 2020.

Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades federales encargadas de atender la pesca en el alto Golfo de California a formar urgentemente una mesa de coordinación de alto nivel con la participación de autoridades de los gobiernos de BC y Sonora para atender las demandas de las comunidades pesqueras dado el inicio de la temporada de camarón 2020-2021 el viernes 25 de septiembre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Jesús Salvador Minor Mora, Socorro Irma Andazola, Mario Ismael Moreno Gil, Alfredo Porras Domínguez y Manuel de Jesús Baldenegro Arredondo, diputados del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeros diputados, nos encontramos en una cuenta regresiva ineludible, a finales del 2018 la Corte de Comercio Internacional ordenó al gobierno de Estados Unidos, particularmente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), que impusiera restricciones a las importaciones de productos pesqueros provenientes de la región del norte del Golfo de California, donde está inmersa la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, que incluye a las localidades de San Felipe en Baja California y Santa Clara en el estado de Sonora.

Principalmente porque el Estado mexicano ha sido incapaz de detener la pesca ilegal de Totoaba propiciada por la pesca ilegal y furtiva, ni establecer medidas ante una necesaria reconversión productiva y de transformación de artes de pesca de los pescadores legales con permisos, por alternativas que no pongan en riesgo las reducidas poblaciones de vaquita marina.

Paralelamente, en la última reunión de Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) en 2019, la Semarnat se comprometió a implementar las medidas necesarias ante la amenaza de otra sanción comercial. Sin embargo, desde 2019 se observa un incremento exacerbado de la pesca ilegal en la región ante una anarquía de grupos delictivos y pescadores furtivos.

Dada las complejas circunstancias, el gobierno de Estados Unidos extendió las sanciones en febrero de este año, eliminando la comparabilidad de muchas otras artes de pesca, incluidas las sustentables y afectando también a la flota pesquera industrial en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora.

Con la puesta en vigor del nuevo tratado comercial (T-MEC), México se compromete a alcanzar la comparabilidad y proteger a las especies de mamíferos marinos, de no cumplir con los acuerdos ambientales establecidos en dicho tratado, México se expone de forma inevitable fuertes sanciones comerciales en sus pesquerías.

John Ewald, director de Asuntos Públicos de Pesquerías de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, afirmó que el embargo permanecerá vigente hasta que “México reciba la comparabilidad de las pesquerías afectadas”, negando a su vez que el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS), haya recibido borrador alguno de acuerdo o paquete regulatorio que sirva para reconsiderar el retiro de la “comparabilidad” a las pesquerías mexicanas, que es una certificación que se requiere para poder exportar al mercado norteamericano.

No obstante que se aplazó la fecha contemplada para el próximo mes de octubre para evitar que se concrete este embargo que prohíba la exportación de especies mexicanas incluidas en la Cites. De manera adicional, se cierne sobre nuestra pesquería nacional una veda comercial de otras especies, como medida de presión aún más fuerte en virtud de que, para las autoridades norteamericanas, el Gobierno de México está siendo omiso por evitar la pesca furtiva e ilegal.

Esto ha derivado en una violación de los derechos humanos de aproximadamente 5 mil familias de estas comunidades; adicionalmente existe la deuda histórica de justicia social con esta población agrupada en asociaciones y federaciones de pesca ribereña.

Lamentablemente persiste el olvido institucional en esta región de México, derivando en que se ha acentuado la anarquía de los grupos delictivos, pescadores furtivos y grupos dedicados a la pesca ilegal dedicados al Buche de Totoaba, llamado también “Cocaína del Golfo”, quienes son los principales beneficiarios de esta clara desatención.

Es importante destacar que a la fecha se hacen presentes embarcaciones extranjeras, que vienen a saquear nuestros recursos, con daños irreversibles a nuestros ecosistemas. Ante este lamentable escenario los pescadores legales, con permiso y dedicados a esta actividad de forma regular, no pueden salir a pescar y tienen bloqueado el mar que les ha dado de comer a sus generaciones de forma ancestral.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que, sometemos a la consideración de este pleno, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente se conforme urgentemente una Mesa de Coordinación de Alto Nivel donde participen los representantes de las comunidades de pesca ribereña, agrupaciones y cooperativas de pescadores del Alto Golfo de Baja California y Sonora; por parte del gobierno federal la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca); autoridades responsables de los gobiernos de los estados de Baja California y Sonora; representantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, donde se analicen con urgencia acciones inmediatas para atender las demandas de las comunidades pesqueras, dado el inicio de la temporada de camarón 2020-2021 el próximo 25 de septiembre en el Alto Golfo de California.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), La Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), El Instituto Nacional de Pesca (Inapesca); autoridades responsables de los gobiernos de los Estados de Baja California y Sonora a que se analice el impulso de políticas inclusivas, resarcitorias privilegiando los derechos humanos de las comunidades pesqueras, fortaleciendo su capacidad autogestiva, priorizando en primera instancia otorgar apoyos que mitiguen la difícil situación por la que atraviesan los pescadores ribereños del Alto Golfo de California, en tanto se establecen políticas integrales de atención a estas regiones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputados: Jesús Salvador Minor Mora, Socorro Irma Andazola, Mario Ismael Moreno Gil, Alfredo Porras Domínguez, Manuel de Jesús Baldenegro Arredondo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SAT a intensificar la difusión, atención y resolución de medios de denuncia para que los ciudadanos conozcan sus derechos y reporten a los proveedores que incumplan la obligación de expedir facturas electrónicas en los términos legales correspondientes, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Alberto Villa Villegas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de los ciudadanos de contribuir, de manera proporcional y equitativa, al gasto público.

En consecuencia, el Poder Legislativo tiene la facultad de crear impuestos y contribuciones para que el Estado, mediante la Administración Tributaria, recauden, es decir, realicen el cobro de las obligaciones fiscales conforme a la ley.

A su vez, el artículo 31 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal indica que, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es la encargada de cobrar las contribuciones en los términos de las leyes aplicables, y de vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Esto lo realiza por medio del órgano desconcentrado denominado Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por ende, el SAT tiene por objeto “la realización de una actividad del Estado consistente en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales”. 1 Asimismo, tiene la obligación de facilitar, incentivar, generar y proporcionar la información necesaria para que los contribuyentes cumplan voluntariamente con el pago de impuestos.

Las autoridades fiscales no sólo recaudan, también cuentan con la prerrogativa fiscalizadora mediante la cual pueden llevar a cabo auditorías, revisiones, inspecciones, sobre las operaciones económicas y actos de los contribuyentes, para verificar si cumplieron debidamente con sus obligaciones fiscales al sufragar la cantidad de contribuciones que les correspondía.2

En este orden de ideas, a partir del 1 de enero de 2014, todos los contribuyentes deben emitir facturas electrónicas.3 Con esta implementación han surgido dudas relativas a la emisión.

Algunas modificaciones con esta incorporación son fáciles de entender, pero otras han causado controversia. En consecuencia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicó en su portal de internet una serie de prácticas realizadas por los emisores de facturas para que todos los contribuyentes puedan ejercer sus derechos de forma fácil, rápida y protegiendo los datos personales del consumidor:4

1. Exigir cualquier dato distinto al RFC.

Deberán ser opcionales y tendrán como fin facilitar la recepción de la factura.

2. Obligar a proporcionar un correo electrónico.

Aunado al punto anterior, como contribuyente puedes acceder a todos los comprobantes CFDI recibidos desde la página del SAT. Por lo tanto, el que soliciten un correo electrónico sólo es una facilidad a la que tiene derecho el contribuyente, pero de ninguna manera es una obligación para obtener la factura.

3. Incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura.

El precio debe ser el mismo, se emita o no factura.

4. Obligar al receptor a generar la factura en un portal.

5. Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción. ( La factura electrónica puede emitirse con posterioridad, siempre y cuando sea en el mismo año en que se realizó la operación).

6. Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada, de lo contrario se debe poner como “Por definir”.

7. Solicitar obligatoriamente que se indique el uso que se le dará a la factura.

Si este campo no es proporcionado por el contribuyente receptor, se deberá utilizar la clave “P01 Por definir” o bien la que señale el receptor de acuerdo a la actividad que realice.

8. Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo o en su defecto, no emitirla cuando se reciban pagos por anticipos.5

Actualmente el SAT cuenta con un servicio en línea mediante el cual los contribuyentes podrán denunciar directamente ante este órgano cuando algún proveedor de bienes o servicios no les expida la factura correspondiente. En consecuencia, el SAT emprenderá acciones para que el proveedor cumpla con esta obligación,6 y en caso de omisión, se puede decretar hasta la clausura del establecimiento.

Pese a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha llevado a cabo una labor ejemplar en cuanto a la operatividad de la ley, promoviendo la cultura tributaria y facilitando el pago de impuestos para que los sujetos obligados cumplan cabalmente, aún persisten prácticas evasivas que laceran la hacienda pública, por ello consideramos que el SAT debe intensificar la promoción de estos medios de denuncia para que todo aquel ciudadano a quien le sea negada en tiempo y forma la expedición de una factura, inmediatamente reporte al proveedor para evitar conductas elusivas o de evasión y que cumplan con las obligaciones fiscales previstas en la ley.

La evasión fiscal es un grave problema que reduce la capacidad recaudatoria gubernamental, por ello debemos abatirla para contar con finanzas públicas sanas y eficientes, porque al día de hoy, la recaudación no ha podido financiar la totalidad del gasto público ocasionando un déficit fiscal.

Según estimaciones de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, entre 2013 y 2017, la recaudación tributaria en México representó, en promedio 13.6 por ciento del PIB y, en consecuencia, la evasión fiscal en este periodo osciló entre 2.6 y 6.2 por ciento.7

Por lo anterior, México ocupa el último lugar de la OCDE en recaudación de impuestos. Mientras la recaudación tributaria promedió 13.6 por ciento del PIB en México en el período 2013-2017, en los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos dicho porcentaje fue de 33.4 por ciento.8

Conscientes de la gravedad de este problema, todas las fuerzas políticas han presentado ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, así como en la colegisladora, iniciativas tendientes a reducir la evasión fiscal en el país.9

De igual forma, el titular del Poder Ejecutivo Federal firmó un decreto que dio punto final a las condonaciones fiscales que han generado una fuga de 21 mil millones de dólares desde 2007.1

Si0 bien existen acciones preventivas11 y medidas punitivas12 para combatir la evasión, reitero que los ciudadanos deben conocer las prerrogativas para ejercer sus derechos de la mano con las instituciones.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria, con pleno respeto a la esfera competencial que le inviste, a efecto de que intensifique la difusión, atención y resolución de medios de denuncia para que los ciudadanos conozcan sus derechos y reporten a los proveedores que incumplan la obligación de expedir facturas electrónicas en los términos legales correspondientes.

Notas

1 Artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio de Administración Tributaria.

2 Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

3 Anexo 20 de la Miscelánea Fiscal referente a los Comprobantes Fiscales Digitales. En este documento se establecen todos los fundamentos legales y técnicos para que las personas físicas o morales puedan emitir Comprobantes Fiscales Digitales. https://www.enlacefiscal.com/factura-electronica/anexo20/Anexo_20_2006. pdf

4 https://www.sat.gob.mx/home

5 El sujeto obligado que no emita las facturas correspondientes, se hará acreedor a una multa que va de 15 mil 280 pesos a 87 mil 350 pesos y en caso de reincidir, el SAT puede detener las actividades del contribuyente de 3 a 15 días.

6 https://www.sat.gob.mx/aplicacion/87088/solicitudes-por-la-no-emision-d e-factura

7 https://idconline.mx/fiscal-contable/2019/09/09/evasion-fiscal-cuesta-e ntre-26-y-62-del-pib

8 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4575/
1%20Publicaci%c3%b3n%20Evasi%c3%b3n%20y%20elusi%c3%b3n%20de%20impuestos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

9 A partir de enero de este año, entró en vigor la Ley Fiscal Penal contra las factureras en donde este delito se agravó a delincuencia organizada-cuando las facturas sumen un total de 7.8 millones de pesos-, mientras que los involucrados serán acreedores a prisión preventiva oficiosa y las penas oscilarán entre los 2 a 9 años de cárcel.

10 20 de mayo de 2019.

11 Radican en establecer diversos candados que dificulten y desincentiven la evasión previa a la realización de la acción. https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0132019.pdf

12 Acciones de sanción, que están reguladas por el Código Fiscal de la Federación.

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cef p0132019.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputado Alberto Villa Villegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a emitir una alerta a la población respecto al uso de geles antibacteriales que circulan en el mercado con alto contenido de metanol, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1 y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Mantener una buena higiene de manos es una prioridad durante esta pandemia de coronavirus, por lo que el gel antibacterial es uno de los productos indispensables en los hogares para eliminar los gérmenes.

Debido a la propagación del nuevo tipo de coronavirus, Covid-19, miles de personas han buscado la forma de reducir el riesgo de contagio usando cubrebocas y gel antibacterial, adquiriéndolos de una forma que has podemos considerar obsesiva en muchos casos, y no está de más, las cifras de contagios le dan la razón al pensamiento de que prácticamente el virus se encuentra en todos lados.

De la misma manera, respecto a los geles antibacteriales la CDC1 dice que este recurso debe emplearse solo si no se cuenta con agua y jabón en el momento en que desinfectemos nuestras manos. El gel antibacterial ideal para evitar contagios deberá contener por lo menos 70 por ciento de alcohol en su composición, por lo que necesitarás revisar su empaque antes de comprarlo.

El uso del gel, también conocido como solución base alcohol, ha mostrado tener eficacia para la destrucción del virus SARS-CoV-2 en las manos, por su amplia capacidad como virucida y bactericida, afirmó la epidemióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Flory Aurora Aguilar Pérez.2

Es importante considerar que, debido a esta pandemia, así como muchas personas compran estos productos de forma desmedida, también muchas de ellas exageran en la cantidad de desinfectante en gel que utilizan, por lo que sus manos toman más tiempo en secarse. También hay que regular su uso debido a que puede llegar a irritar la piel de niños o adultos de piel sensible.

Exposición del problema

La FDA está proporcionando un método de pruebas de laboratorio para evaluar la calidad de productos terminados para desinfectar las manos. Este método de pruebas puede usarse para ayudar a asegurar que los desinfectantes para manos contengan los ingredientes correctos y no contengan niveles nocivos de impurezas. El método de pruebas (con la validación adecuada) puede usarse para los desinfectantes para manos cuyas etiquetas indican que contienen alcohol (etanol) o alcohol isopropílico (también llamado isopropanol o 2-propanol) como ingrediente activo y puede detectar impurezas potencialmente nocivas, según se indica en las guías temporales de la FDA.

El gobierno estadounidense emitió alertas para evitar la importación de 87 productos sanitizadores para manos fabricados en México, debido a su contenido de metanol.

De acuerdo con pruebas realizadas por la Administración y Medicamentos de Estados Unidos (FDA3 por sus siglas en inglés), los 87 productos contienen metanol, aunque en su etiqueta señalan estar elaborados con etanol (conocido como alcohol etílico).

Estos geles antibacteriales prohibidos por la Administración de Medicamentos y alimentos (FDA), debido a que contienen metanol, siguen circulando en México.

La FDA advirtió que el metanol o alcohol de madera es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel, y puede ser mortal cuando se ingiere. Se trata de un tiempo de alcohol altamente tóxico, que se usa comúnmente en productos como químicos industriales, limpiadores, anticongelantes y combustibles.

La agencia dijo estar al tanto de casos en los que adultos y niños han ingerido productos desinfectantes para manos contaminados con metanol, lo que ha provocado efectos como ceguera, hospitalizaciones y muertes.

Según expertos, las personas que hagan uso continuo de estos geles podrían envenenarse de manera lenta pero certera, al untarlo regularmente en sus manos. Cuatro personas murieron y tres más perdieron la vista, en Estados Unidos, parcialmente después de usar estos productos.

Por ello, la FDA impuso un veto, tras una revisión de los componentes, sobre estos geles, cuya popularidad aumentó debido a la pandemia de Covid-19. Aunque la mayoría retiró sus productos voluntariamente, estas acciones sólo se llevaron a cabo en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, recomendó a personas que hayan estado expuestos a los desinfectantes contaminados y que experimenten síntomas de intoxicación que busquen atención médica de inmediato.

Algunos de los síntomas que puede provocar son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, coma, daños permanentes en el sistema nervioso o la muerte.

Los 87 productos4 contaminados identificados por la FDA pertenecen a las marcas Blumen, Klar and Danver, Modesa, The Honeykeeper, Hello Kitty, Assured Instant Hand Sanitizer, Bio AAA, Lumiskin, QualitaMed y Herbacil.

También se encuentran los de las marcas Earths Amenities, Skincare, Vidanos, All-Clean, Esk Biochem, Lavar 70, The Good Gel Antibacterial, CleanCare, Saniderm, Unscented, Jaloma Antiseptic y Andy’s.

Otras marcas que contienen metanol son NeoNatural, Plus Advanced, Optimus, Shine and Clean, Selecto, Mystic Shield, Born Basic, Scent Theory, Cavalry, Enliven, Luz Eoi, Bersih, Tropical Solution, Britc, Parabola, Urbane Bath, Rinse, Kleanz, Be Safe, Wave y DAESI.

El principal problema radica en que gran parte de la población en México no está al tanto de estas alertas emitidas por investigación como la realizada por la FDA y no habiendo un órgano regulador o punitivo en todo caso por el alto grado de peligrosidad que muchos geles contienen, estos siguen circulando en el mercado mexicano.

Como legisladores, es nuestro deber velar por la salud, el bienestar, la educación y mejor calidad de vida de quienes representamos, en esta ocasión hago un llamado para alertar a las personas y principalmente a las dependencias correspondientes para que estos productos salgan del mercado, que más allá de salvaguardarnos y prevenirnos de un virus que azota al mundo entero, nos puede enfermar causándonos ciertas afectaciones, hasta la muerte.

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para emitir una alerta a la población respecto al uso de geles antibacteriales que circulan en el mercado mexicano los cuales contienen un alto contenido de metanol, así como hacer de conocimientos los posibles efectos adversos que conllevan su uso.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a dar seguimiento a los informes sobre los productos enlistados en dicho estudio realizado por la FDA respecto a las empresas mexicanas que elaboran gel antibacterial con metanol, y siendo el caso de resultar ciertas las acusaciones, proceder para retirar del mercado estos productos.

Notas

1 Televisa. News. "¿El gel antibacterial sirve contra el coronavirus Covid-19?" Disponible en: https://noticieros.televisa.com/historia/gel-antibacterial-sirve-contra -coronavirus-covid-19/

2 Gobierno de México-IMSS. "Usar gel antibacterial, eficaz para la destrucción del virus SARS-CoV-2 en las manos: IMSS". Disponible en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202007/515

3 U.S. Foods and Drugs. "FDA updates on hand sanitizers consumers should not use". Disponible en: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand -sanitizers-consumers-should-not-use

4 Animal Político. "EU alerta por marcas de gel antibacterial con metanol fabricadas en México". Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2020/07/gel-antibacterial-metanol-mexico-fda/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 29 de septiembre de 2020.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a garantizar que las elecciones de 2021 se ajusten al principio de austeridad y el marco de la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Ulises García Soto, integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud, en el mes de Marzo, anuncio que el mundo se estaba enfrentando a una pandemia por el SARS-CoV- 2. Por lo que a partir de esa fecha, la Secretaria de Salud en México declaro una emergencia sanitaria, por lo cual se tuvieron que cerrar, escuelas, dependencias de gobierno, empresas, centros de recreación, entre otros; el cierre de estos establecimientos dio paso a que muchas personas fuesen despedidas. Se estima que el coronavirus dejo sin empleo a 12 millones de mexicanos.

El desempleo ha afectado a miles de familias de mexicanas, pues se estima que 16 millones de personas cayeran en la pobreza extrema1 . Es por eso que para disminuir el impacto económico que está dejando la pandemia, el gobierno federal ha decidido seguir impulsado los programas, como sembrando vida, pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad, así mismo impulsar el programa tandas para el bienestar que tiene por ayudar aquellas personas que cuenten con un micro negocio.

Por lo tanto, sería deplorable que en medio de una crisis sanitaria, el Instituto Nacional Electoral (INE), quiera realizar unas elecciones costas. Como legislador de la cuarta transformación considero incongruente que se gasten millones de pesos en unas elecciones cuando se vive una situación difícil en el país, pues bien, ese dinero se puede ceder a sectores que han sido perjudicados por la pandemia.

Recordemos que uno de los principales ejes rectores por el que se conduce el gobierno federal, encabezado por el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, es el principio de austeridad, el cual se ha aplicado desde el primer día al frente de la administración pública federal, con la finalidad de dejar los excesivos derroches de dinero que administraciones pasadas gastaban. El Instituto Nacional Electoral “es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México.”2

En la Constitución Política de los Estados Unidos, en su artículo 41, fracción segunda, señala: La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) , en la sección segunda sobre atribuciones del Consejo General del INE, inciso z), hace mención sobre la facultad de “Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le proponga el Presidente del Consejo General y remitirlo una vez aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;”.

En el año 2021, habrá elecciones de 15 gubernaturas, diputaciones federales en los que se eligen a 300 diputados de mayoría proporcional y 200 de representación proporcional, 30 diputaciones locales, 1910 ayuntamientos en toda la República Mexicana, 16 alcaldías correspondientes a la Ciudad de México y 22 cargos auxiliares por parte del estado de Campeche3 .

En las campañas intermedias pasadas 2015, el financiamiento a los partidos políticos fue distribuida en: sostenimiento de actividades ordinarias permanentes fue de ($3,909,545,803.15); gastos de campaña para partidos políticos ($1,172,836,740.95); monto para el liderazgo político de las mujeres ($117.286.374.09); financiamiento para la franquicia postal (156.381.823.13) y para el financiamiento para la franquicia telegráfica ($693,497.00)4 .

Por lo que el ocho de agosto del 2020, se celebró la sesión de Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticas del INE, en donde los consejeros aprobaron el proyecto que determinan el financiamiento de los partidos políticos nacionales y de los gastos de campaña para 2021 que es de 7, 200 millones de pesos, el cual tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados.

Y en comparación al monto de las elecciones intermedias 2015 que fue de 5.356 millones de pesos6

En las campañas de 2018, los candidatos y partidos tenían la obligación de reportar todas las operaciones de dinero que realizaban para el gasto de su campaña. Por lo que, aproximadamente englobando todos los candidatos de todo los partidos políticos para el mismo cargo, fueron los siguientes; para el presidente $690.50 MDP, gobernador estatal $530.06 MDP, senador mayoría relativa $968.96 MDP, diputado federal mayoría relativa $592.49 MDP, diputado local $690.52 MDP, diputado local de mayoría relativa $690.52 MDP, presidente municipal $1006.21 MDP, alcalde $41.53 MDP y Jefe de Gobierno $108.93 MDP7

Cabe resaltar, que en cada elecciones se establecen topes de recursos económicos a gastar por cada partido político y se establecen sanciones cuando sobre pasan el tope, no obstante, no en pocas ocasiones los topes de campañas se sobrepasan. Sin embargo estas futuras elecciones intermedias deben ser muy austeras, en empatía a la lamentable situación, económica y social de los mexicanos ante el Covid-19.

Aunque contamos leyes como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, estas son normas sumamente importantes para que los partidos políticos puedan ser regulados y además son sustanciales para el funcionamiento del sistema electoral mexicano. Sin embargo, es el INE el organismo encargado de la distribución de los fondos mediante acuerdos de carácter general, mismo que solicitamos sean lo más austeros posibles.

Actualmente en el mundo y en México, se enfrenta a una crisis económica, la segunda más fuerte después de la crisis de la gran depresión, pues vivimos ante una pandemia mundial que ha cobrado vidas, y que ha dejando a gente sin un empleo; es por eso, necesario que ante el nuevo proceso electoral que se acerca, se debe actuar con austeridad y sin derroche de dinero.

Reducir los gastos de campañas electorales da paso a que el pueblo mexicano vuelva a recuperar la confianza en las instituciones y en los partidos políticos. Recordemos que al menos, no es la primera vez que se intenta reducir gastos a partidos políticos, tan solo en el 2019, estaba la propuesta en el Congreso de la Unión, de reducir 50% el financiamiento de los partidos político, no obstante el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron quienes rechazaron dicha propuesta y partidos como Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista (PVEM), buscaban la modificación de la iniciativa y por otro lado, los únicos partidos que aprobaron la propuesta fue Morena y Partido Encuentro Social (PES).

Austeridad electoral, es lo que debemos de tener para las elecciones 2021, el INE y los partidos políticos deben actuar conforme a la situación que se vive a causa de la pandemia y no hacer un gasto suntuoso en campañas. La ciudadanía no quiere excusas para evitar actuar con austeridad. Queremos todos un Instituto Nacional Electoral que responda a la nueva normalidad en que vive todo México en sintonía con la crisis economía, para que no se haga un dispendio innecesario en propaganda y publicidad.

Por tales motivos, el INE se debe de conducir con austeridad y extender la misma en sus acuerdos aplicables a los partidos políticos, frente a las próximas elecciones del 2021, el dinero ahorrado de las elecciones, puede permitir ayudar a otros sectores que lo necesitan. Por lo tanto este punto de acuerdo tiene como objetivo reducir los gatos de campaña, a fin de que existan más recursos para aquellas personas que más lo necesitan.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para que las elecciones de este proceso electoral 2021 sean de acuerdo al principio de austeridad y en el marco de la pandemia mundial y nacional del Covid-19.

Notas:

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/13/el-profundo-golpe-del -covid-19-en-el-empleo-en-mexico-mas-de-un-millon-de-puestos-perdidos/

2 https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Que_ es/

3 https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/08/002-mapa-Electoral-2021-1 .pdf

4 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394698&fecha=01/06/2015

5 https://www.forbes.com.mx/aprueba-ine-presupuesto-de-5356-mdp-para-part idos-en-2015/amp/

6 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598992&fecha=25/08/2020

7 https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/cuanto-costaron-las-campan as-los-datos-de-las-elecciones-de-2018/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes septiembre de 2020

Diptado Ulises García Soto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Chihuahua a realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades penales y administrativas a la Dirección de Transportes por multas e infracciones fuera de su competencia y jurisdicción en los tramos 190+000 a 202+000 de la carretera federal Chihuahua; y a la SCT, a tomar cartas en el asunto, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema de movilidad de personas y de mercancías es tan relevante y más el hecho de su cadena productiva.

De dicha cadena productiva para la transportación por cualquier vía, de la gran diversidad de productos, la terrestre ocupa el mayor porcentaje de uso el 84 por ciento y por ende la de mayor generadora de empleos y de impuestos, está por arriba del 6 por ciento de la participación del producto interno bruto.

Por ello, en el sector del autotransporte, juegan un papel importante diversos elementos que se deben trabajar en orden para la obtención de un fin, que será la de trasladar la carga desde los orígenes hasta los destinos para el consumo final.

El uso de este transporte es tan esencial que no se concibe el envío de mercancías para hacerla llegar a la población, y pese a ello se ha incrementado aparentes infracciones porque no tienen sustento legal, de manera exponencial.

En específico en el estado de Chihuahua, se han exacerbado los continuos acosos y abusos de autoridad, donde de manera reiterada se hace alarde de su supuesta atribución estando fuera de su jurisdicción

Cabe recordar que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, está consagrado como derecho humano y garantía donde se hace mención sobre el libre tránsito , que a la letra dice:

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes . El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Apegándonos a este derecho, porque se da dicha discriminación por parte de esas autoridades estatales sobre el uso y abuso indebido de sus facultades.

Los autotransportistas son continuamente extorsionados, ya sus recursos no son los suficientes para solventar esas infracciones que les fincan de manera deliberada.

Es violento el sistema recaudatorio que tiene el gobierno del estado a través de la Dirección de Transportes, es por eso que ese hostigamiento es de manera continua y lo peor de todo sin fundamentos.

Ahora bien, si se sigue permitiendo estos actos delictivos por parte de éstas autoridades locales, estamos cayendo en la impunidad, rasgo que ha distinguido a las administraciones anteriores tanto locales como federales.

Tal pareciera que la Dirección de Transportes del Estado de Chihuahua que muy lejos de supuestas multas y accionadas en zonas de incompetencia para ellos, fuera como un pago obligado por transitar en ese estado.

Los autotransportistas por cuestiones de su ruta de itinerario que forzosamente tienen que pasar por Nuevo Casas Grandes en el tramo 190+000 al 202+000 de la carretera federal Chihuahua, prefieren quedarse en Janos, Flores Magón o Graciano Sánchez haciendo tiempo de hasta de 8 o 10 horas para que se vayan los de la Dirección de Transportes del Estado de Chihuahua, retrasando la entrega de carga, siendo para ellos tiempo y dinero perdido, de tal forma que ya han generado un terrorismo en contra de ellos.

Incluso es tal la persecución sistemática, que con el cobro de aparentes infracciones que más bien son cuotas gansteriles muy elevadas, estos trabajadores del volante lejos de salir y generar un ingreso para sostén de sus familias, al final del día quedan sin ninguna remuneración.

Dada la gravedad del problema, los autotransportistas representa más una perdida que ganancia y optaran por no ir ni pasar por ese estado por temor a tener que desembolsar una cantidad de dinero considerable, generando la falta del producto que ellos transportan al consumidor y con ello dándose el fenómeno económico de la ley de la oferta y la demanda, subiendo los costos y riesgo de carencia.

Por las consideraciones antes expuesta, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chihuahua para que haga las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades penales y administrativas a la Dirección de Transportes del gobierno del estado por multas e infracciones fuera de su competencia y jurisdicción en los tramos 190+000 al 202+000 de la carretera federal Chihuahua, asimismo se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tomar cartas en el asunto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos estatales a modificar su legislación a efecto de incorporar la violencia digital entre las formas de acoso hacia mujeres y que sus marcos legales protejan a los usuarios de acoso, hostigamiento o cualquier tipo de agresión virtual, agravado por motivo de género, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En México, la llamada Ley Olimpia está inspirada en la lucha de Olimpia Coral Melo, una joven que, a los 18 años de edad, fue víctima de un hombre que difundió en internet un video íntimo que grabaron juntos. La afectación en Olimpia la llevó a intentar suicidarse tres veces. Pero después la joven luchó para que se castigue a quienes difundan en la red contenido íntimo de las mujeres sin su consentimiento.1

El triunfo de su activismo en 2018 inspiró para que se les llame así al conjunto de reformas legislativas para reconocer la violencia digital y las conductas que atenten contra la intimidad sexual de una persona, como videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño, entre otras conductas. De inmediato, organizaciones feministas del país adoptaron el esfuerzo y lo intentan replicar en los estados de la República.2

Hasta el momento, ha sido aprobada en 24 estados con el impulso de Olimpia Coral Melo, junto con la sociedad civil organizada. Los dos casos más recientes sucedieron a principios de septiembre, en Quintana Roo y Jalisco.3

Otro problema que también destaca la sociedad civil es que no existe una reforma homologada para todo el país, creando una brecha de diferencia entre la conceptualización de intimidad en cada Código Penal, ya sea a través de la Ley Olimpia o cualquier otra ley que contemple la violencia digital.4

“Las autoridades están abriendo una diferente definición de lo que es la imagen íntima, imagen sexual, cuerpo desnudo, cuerpo semidesnudo; así como las diferentes sanciones [...] hay 15 verbos que terminan siendo sinónimos para hablar de lo mismo: difusión de imágenes íntimas. Entonces se vuelve un poco complicado de cómo perseguirla porque cada estado y cada gobierno está entendiendo la violencia digital y la difusión de imágenes íntimas desde diferentes aspectos”

“Al dar un seguimiento en el marco legal hemos visto que cambia mucho a cuando se plantea la iniciativa, cómo se aprueba en el Congreso y cuando es publicada en la Diario Oficial o en el Código Penal de cada estado”.5

Es entonces, que en Jalisco y Quintana Roo se aprobó recientemente la Ley Olimpia, que sanciona violencias sexuales digitales. Ya son 24 entidades en México. Sin embargo, activistas advierten que no es suficiente legislar para acceder a la justicia si las autoridades encargadas no cuentan con protocolos y una capacitación sobre violencia digital.

Asimismo, recientemente, la diputación permanente del Congreso de Tamaulipas dictaminó procedente las reformas al Código Penal del Estado, para incorporar los delitos de ciberacoso y violación a la intimidad, que contemplan castigos hasta de 5 años de cárcel y hasta casi 11 años, respectivamente.

Por el momento, es evidente la falta de claridad en las definiciones jurídicas que se han pretendido elaborar sobre este tema lo cual dificulta las tareas de procuración e impartición de justicia.

Los retos en materia de seguridad en el entorno digital son grandes y es indispensable generar los marcos legales que protejan a los usuarios para que no sean víctimas de acoso, hostigamiento o cualquier tipo de agresión en el ciberespacio.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que las entidades federativas, armonicen su marco legal con la reforma a la fracción sexta al artículo 6 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia, que incluye a la violencia digital entre las diversas formas de acoso hacia mujeres, para homologar los marcos legales que protejan a los usuarios para que no sean víctimas de acoso, hostigamiento o cualquier tipo de agresión en el ciberespacio, además de implementar protocolos de atención para la atención de las víctimas de violencia digital para los órganos encargados de impartir justicia.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que las entidades federativas, armonicen su marco legal con la “Ley Olimpia” para castigar la violencia digital contra las mujeres y niñas, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas, para que dentro de sus atribuciones y facultades para modificar su legislación para incorporar la violencia digital entre las diversas formas de acoso hacia mujeres, y que sus marcos legales protejan a los usuarios para que no sean víctimas de acoso, hostigamiento o cualquier tipo de agresión virtual, agravado por motivo de género, además de implementar protocolos de atención adecuados para la atención de las víctimas de violencia digital para los órganos encargados de impartir justicia.

Notas

1 Ximena Torres, Fernanda Lattuada y Eric Sandoval / Zona Docs y Ricardo Hernández Ruiz, Ley Olimpia avanza pero faltan protocolos, Revista Pie de Página, consultado por última vez el 17 de septiembre de 2020 en https://piedepagina.mx/ley-olimpia-avanza-pero-faltan-protocolos/

2 Ibídem.

3 Ximena Torres, Fernanda Lattuada y Eric Sandoval / Zona Docs y Ricardo Hernández Ruiz, Ley Olimpia avanza pero faltan protocolos, Revista Pie de Página, consultado por última vez el 17 de septiembre de 2020 en https://piedepagina.mx/ley-olimpia-avanza-pero-faltan-protocolos/

4 Ibídem.

5 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Conagua a proporcionar acceso continuo y suficiente de líquido a las poblaciones más vulnerables ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.1

La primera persona con Covid-19 en México se identificó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.ii

En México, 10.5 millones de familias no cuentan con agua potable diariamente en su casa. La carencia de este servicio, de acuerdo con especialistas en derechos humanos, se convertirá en uno de los mayores retos para afrontar la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus.iii

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió la semana pasada que la lucha contra esa enfermedad tiene pocas posibilidades de éxito si no se garantiza que las personas tengan el líquido para lavarse las manos.iv

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los habitantes de una de cada tres casas registradas en el país no tienen agua todos los días.v

“Se puede observar que 68 por ciento de los hogares —22 millones 428 mil 142— reciben agua, mientras que 25 por ciento —8 millones 411 mil 920— la obtienen cada tercer día, una o dos veces por semana, o de vez en cuando.vi

“En tanto que en 7 por ciento —2 millones 85 mil 208— no la tienen y la consiguen acarreándola de otra vivienda, una llave pública, pozos, ríos, arroyos, lagos, lagunas o mediante pipas”, de acuerdo con el Inegi.vii

En un posicionamiento que emitió desde Ginebra un panel de expertos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se resaltó que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital para afrontar el Covid-19.

Se pidió a los gobiernos del mundo que proporcionen acceso continuo a suficiente líquido a las poblaciones más vulnerables.

De acuerdo con las Naciones Unidas, “la lucha contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de quienes no tienen acceso a servicios de agua potable”.

“El acceso limitado las hace más propensas a infectarse, lo que da lugar a enfermedades y medidas de aislamiento. Esto dificulta que las personas sin seguridad social sigan ganándose la vida y su vulnerabilidad aumenta.

La desigualdad se verá reflejada en que, manifestó, habrá gente que tiene que ir a trabajar a pesar de las recomendaciones de quedarse en casa y otros que no contarán con acceso a la seguridad social.

Los gobiernos deben aplicar medidas para romper este ciclo, ante ello, el Estado mexicano tendría que procurar medidas para que la ciudadanía tenga oportunidad a los derechos sociales, económicos y culturales.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que en aras de garantizar la prestación del servicio de agua y la vida de las personas más vulnerables, el gobierno federal garantice el acceso continuo y suficiente de agua a las poblaciones más vulnerables ante la contingencia sanitaria Covid-19.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se garantice la prestación del servicio del agua a todos y en particular a las poblaciones más vulnerables, debido a la contingencia sanitaria actual, por lo que me permito proponer, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y a sus homólogos en las entidades federativas, para que proporcionen acceso continuo y suficiente de agua a las poblaciones más vulnerables ante la contingencia sanitaria Covid-19.

Notas

i Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20 de marzo de 2020.

ii Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20 de marzo de 2020.

iii Teresa Moreno, Acceso al agua, desafío frente al Covid-19, El Universal, compañía periodística nacional, consultado por última vez el 8 de abril de 2020 en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acceso-al-agua-desafio-frente-al- covid-19

iv Ibídem.

v Ibídem.

vi Ibídem.

vii Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las acciones implantadas para afrontar las desigualdades educativas de las clases en línea de nivel básico debido a la pandemia del Covid-19 en Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo relativo a las acciones implantadas para afrontar las desigualdades educativas de las “clases en línea” a nivel básico debido a la pandemia del Covid-19 en de Oaxaca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Ante la pandemia por el Covid-19, nuestra rutina diaria e incluso vida, ha cambiado por completo, debido a este inesperado brote, no hubo forma de precaver las medidas necesarias, mucho menos de eludir nuestra nueva forma de vida por la que hoy debemos pasar. El Covid es un virus que se propaga de manera rápida ante el contacto con personas e incluso lugares que estén infectados, por ello se hace cuarentena como medida preventiva inicial para evitar que sigan contagios y disminuya el riesgo en la población.

A la fecha las estadísticas sobre esta pandemia han sido muy significativas por lo que, sin duda fue, es y será un tema que afecto de manera directa a todas las naciones, cambiando nuestras perspectivas, trabajos, rutinas, convivencias, etcétera, en pocas palabras, se comienza una forma distinta de integración a cualquier sociedad.

Es por esto, que el gobierno debe implantar de manera inmediata acciones, programas o cualquier actuación que sea benéfica para las y los ciudadanos, ya que por un lado se deben adoptar medidas sanitarias permanentes por parte de todas y todos en el quehacer diario, también el propio Gobierno, como eje rector en cualquier sociedad, debe adoptar y ajustar sus actuaciones e instancias, para la continuación y prosperidad de toda la nación, que por supuesto quedo muy lastimada.

Ante esto, aunado al factor principal de este virus, que en estricto sentido es el aspecto más grave, la vulnerabilidad de la vida, surgen muchas problemáticas más, ya sea económicas, sociales y culturales, por lo que debemos de ir adaptándonos a este cambio que, sin duda, no estábamos preparados, pero sobre todo, el Estado debe garantizar dichos cambios y herramientas para poder continuar con este proceso, que el Presidente ha llamado “la nueva normalidad”.

Un aspecto que ha sufrió muchos cambios, derivado de la citada pandemia fue la educación, ya que alumnos fueron interrumpidos en sus actividades académicas de manera abrupta. Según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), esta suspensión obligada de clases, provocó que más de 30 millones de alumnos de nivel básico, medio superior y superior, se resguardaran en sus hogares, generando que en su mayoría no alcanzaran a concluir su ciclo escolar, por lo que las escuelas tuvieron que tomar medidas drásticas sobre la metodología de enseñanza por tal situación.

En niveles básicos y media superior, estos han sido todavía más afectados. Tuvieron que buscar nuevas formas o modalidades para continuar con sus actividades escolares, adoptando de manera práctica las clases en línea mediante computadoras y herramientas de oficina. Estas herramientas digitales se volvieron elementales para continuar durante la pandemia de coronavirus, sin embargo, este mismo hecho evidenció la falta de capacitación de profesores y alumnos en el uso de ellas, así como la desigualdad de acceso a recursos tecnológicos en mayoría de alumnos.

35.9 millones de niños y adolescentes de estos niveles en todo el país, fueron enviados a confinamiento, la Secretaria de Educación a Pública, ante ello, puso en práctica el programa llamado “Aprende en casa” entre el 17 y 23 de marzo, la accesibilidad que se mencionó fue para 14 millones 360 mil alumnos que tienen acceso a internet y a la televisión abierta, pero alrededor de 21.5 millones podrían no tener acceso a la educación escolar a distancia por la carencia de condiciones y estructura tecnológica para recibirla.

En este programa, se daban clases mediante la televisión transmitido por el Canal 11.2 titulado “Once niñas y niños”, dependiendo el grado, para nivel básico, en horarios de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas, e inglés de 12:00 a 12:30 horas. Para secundaria, por el canal Ingenio Tv de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 horas, y para bachillerato de 11:00 a 13:00 horas, con repetición de las 15:00 a las 20:00 horas. Para aquellos que no tuvieran accesibilidad a internet, tendrían teleprimaria, telesecundaria y telebachillerato replicada por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, y por la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC, pero 22 millones de alumnos no tendrían acceso a la educación escolar a distancia debido a que carecen de condiciones y estructura tecnológica para recibirla.

Un ejemplo de esta falta de accesibilidad están comunidades en el estado de Morelos, como El Rincón y Tlajota, Miacatlán, en las cuales no llega la señal de internet, sólo de televisión y radio, lo anterior por mencionar unos de tantos ejemplos.

El informe de Pobreza y Evaluación 2020 que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), menciona que en el municipio de Oaxaca de Juárez, con volumen de población mayor, tuve bajo porcentaje de pobreza, pero con número alto de personas en la condición, comparando a los demás municipios de esta entidad federativa. El Coneval calculó que al 2015 ya había 106 mil 318 personas en pobreza en la capital del Estado.

El 23.88 por ciento de hogares en Oaxaca no cuentan con televisión y el 38.74 por ciento sin radio. Mientras que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informan 1 millón 941 hogares con el 74.10 por ciento con acceso a televisión y el 59.16 por ciento a radio. 900 mil alumnos de educación básica iniciaran clases, de los cuales 45 por ciento está ubicado en localidades indígenas y rurales.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, en Oaxaca apenas 29.5 por ciento de los hogares disponen de conexión a internet, lo que posiciona a la entidad en la penúltima con peores condiciones en esta categoría, sólo por encima de Chiapas que registra el 24.6 por ciento. Mientras el 60 por ciento de los hogares en Oaxaca se conectan a Internet mediante un teléfono celular.

En las estadísticas del 2019 se indicaba que 70 por ciento de la población en México de más de seis años, refirió hacer uso de Internet, mientras en 44 por ciento de los hogares tiene acceso a una computadora y 56 por ciento dispone de internet, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística del 2019. Así mismo, es importante mencionar las situaciones en las que parte de la población vive, 76 por ciento en un ambiente urbano y hacen uso de este servicio tecnológico, mientras el 47 por ciento se reduce a una población que están un sector rural, datos arrojados por la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019.

Con estas cifras se puede tener una idea ante la desigualdad que se vive en el país sobre este tema, no muchos tienen las posibilidades ni accesibilidad para lograrlo, es una dificultad que afecta parte de la educación superior, ya que no se puede aprender de la misma forma y algunos alumnos salen perjudicados académicamente, bajando incluso su rendimiento escolar.

Para el interés e importancia de la educación en nuestro país a nivel básico y media superior, estamos en el entendido que se está haciendo todo lo posible para contrarrestar esta Pandemia con las medidas sanitarias necesarias, por lo que, la posibilidad de volver a una nueva normalidad con distintas modalidades educativas está en pie, incluso seguir con las herramientas tecnológicas, por ello es importante brindar accesibilidad a todos los alumnos a pesar de la circunstancia o ambiente en el que estén para poder continuar con sus estudios y aprendizajes.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a fortalecer acciones y programas para el acceso pleno de niñas, niños y adolescentes oaxaqueños en la modalidad de educación de clases a distancia y garantizar la difusión de “Aprende en Casa” a nivel básico, ante el imposibilidad de asistencia presencial a las aulas debido a la epidemia de Covid-19 en el estado de Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la atención de niños con cáncer en Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo relativo a la atención urgente de niños con cáncer en el estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en los niños y jóvenes en el mundo. Cada año se registran 300 mil niños1 y adolescentes diagnosticados con cáncer.

El cáncer puede ser definido como el crecimiento descontrolado de células anormales, que se propagan por el cuerpo y contaminan a las demás células. Los tipos de cáncer más comunes son leucemia; cáncer cerebral; linfoma; osteosarcoma, rabdomiosarcoma; tumor de Wilms; retinoblastoma; meduloblastoma y atrocitoma. En México, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, cada año se registran más de 5 mil casos nuevos y 2 mil muertes de niños y adolescentes con cáncer.2

Asimismo, en el año 2018 el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) obtuvo los siguientes datos:

El diagnóstico oportuno es esencial para conocer el tipo de tratamiento que requiere cada niño y adolescente, y con base en ello saber si se requiere cirugía, radioterapia y quimioterapia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que con un diagnóstico oportuno, el 80 por ciento de los niños y adolescentes pueden salir libres de esta mortal enfermedad.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha manejado el principio de austeridad republicana, por ello se comenzó a realizar reducciones presupuestales en todas las entidades de la administración pública federal. La Secretaría de Salud se ha visto gravemente afectada por estas reducciones, ya que no hay el abasto suficiente de medicamentos e infraestructura que permita atender a los ciudadanos. Como consecuencia de ello, la atención médica otorgada por el gobierno federal a los niños y adolescentes con cáncer se vio afectada y miles de niños comenzaron a perder la vida.

Por esta razón, los familiares de los niños y adolescentes que padecen de cáncer realizaron una manifestación para que el gobierno federal, les brinde quimioterapias y medicamentos necesarios para que los niños gocen su derecho a la salud, tal y como lo establece el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6o. y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículo 6.- 1. Los Estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño3

Artículo 24.- Los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.4

Con el propósito de velar por el interés superior de los menores, la Secretaría de Salud formó una mesa de diálogo con los familiares de los niños y adolescentes, en la que se comprometió a comprar el medicamento suficiente para atenderlos. Sin embargo, esta promesa a la fecha no se cumplido, ya que sigue faltando atención médica digna de calidad.

En julio, padres y madres de familia oaxaqueños, hicieron una campaña en redes sociales a fin de advertir de los riesgos por la falta de medicamentos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. De acuerdo con las denuncias hechas a medios de comunicación, las familias iniciaron “una batalla” a fin de que se asignen recursos para la compra de insumos y medicamentos oncológicos para ese hospital dedicado a la atención de la salud de la niñez del Estado.5

Esas mismas fuentes periodísticas afirman que la crisis se agudizó a mediados de este año debido a que el abasto de medicamentos llega solo al 50 por ciento oncológicos como “Vincristina” eran difíciles de conseguir. Esas mismas informaciones denunciaban que la dotación de medicamentos se agotaba en un día; el Hospital de la Niñez Oaxaqueña atiende a 175 niñas y niños quienes requieren de quimioterapias de un total de 350 bajo vigilancia. La falta de quimioterapias hace que las posibilidades de sobrevivir se vean reducidas prácticamente a la mitad.

Aunado a lo anterior, derivado de la pandemia producida por el virus SARS-CoV2 o también llamado Covid-19, el problema del desabasto se incrementó, y se han visto afectados 20 mil niños en el país. Es importante señalar que los niños y adolescentes son más propensos a contraer Covid-19 y con ello perder la vida.

Los familiares de los niños y adolescentes pueden acceder a los tratamientos en instituciones privadas, sin embargo, los precios son elevados y el acceso a ellos se vuelve en muchos casos imposible. Es por ello por lo que los niños y adolescentes se encuentran en total vulneración de sus derechos humanos debido a la falta de tratamientos en las instituciones públicas.

El seguir negando este hecho notorio, seguirá produciendo la muerte de más niños y adolescentes mexicanos. Por estas razones, se deberán sumar esfuerzos para realizar acciones que permitan el acceso a una atención médica pública digna.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al secretario de Salud y director de Servicios de Salud del gobierno del estado de Oaxaca a garantizar la dotación de insumos medicamentos y servicios para garantizar tratamientos y proteger el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes oaxaqueños quienes padecen cualquier tipo de cáncer.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud (DE, 6 de agosto de 2020: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children) .

2 Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (DE, 6 de agosto de 2020: https://www.amanc.org/cancer-infantil/).

3 Convención sobre los Derechos del Niños (DE, 6 de agosto de 2020:
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf).

4 Convención sobre los Derechos del Niños (DE, 6 de agosto de 2020:
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf).

5 Con cubrebocas, niños con cáncer denuncian falta de medicamentos. La Silla Rota en: https://lasillarota.com/estados/con-cubrebocas-ninos-con-cancer-denunci an-falta-de-medicamentos-oaxaca-ninos-cancer-quimios/412491

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al fortalecimiento y la aplicación de medidas de seguridad de la Ssa para impedir contagios por Covid-19 entre trabajadores de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo relativo al fortalecimiento y aplicación de medidas de seguridad de la Secretaría de Salud para impedir contagios por covid-19 entre trabajadores de la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Oaxaca , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En días pasados, Salina Cruz ha sido foco de la prensa mexicana debido al fallecimiento de una persona por Covid-19. La alarma creció entre los habitantes con la primera noticia que anunciaba el registro de 11 casos positivos, además de 7 sospechosos y 10 negativos.

Se habla que de esos 11 contagiados, 9 corresponden a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), resultando en una situación grave pues en ese complejo petrolero, como lo es la Refinería “Antonio Dovalí Jaime”, laboran más de 8 ml trabajadores.1

De acuerdo con el portal de consulta que el gobierno de México pone a disposición,2 Salina Cruz, al 10 de junio de 2020, presenta 55 casos confirmados de Covid-19, 21 casos sospechosos, 27 negativos y 6 defunciones.

El mismo alcalde de Salina Cruz, Oaxaca, en días pasados expuso a través de sus redes sociales haber resultado positivo en la prueba por Covid-19:

“Cumpliendo con mi deber de funcionario público, quiero informarles que me he realizado la prueba de Covid-19 y me han notificado que el resultado ha sido positivo, por lo que continuaré con mis funciones desde mi domicilio para cumplir con el aislamiento requerido por las autoridades de salud”3

A su vez, mediante un comunicado, el pasado 13 de abril,4 el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, señaló ante el gobernador de Campeche que se extremará la aplicación de protocolos de prevención y atención epidemiológica.

El director de Petróleos Mexicanos también externó lo siguiente al gobernador de Campeche:

Ante la emergencia sanitaria mundial por el Covid-19, Petróleos Mexicanos ha puesto en marcha estrictos protocolos de sanidad y salud, así como toma de muestras aleatorias de una proporción representativa de trabajadores en plataformas marinas para detectar casos sospechosos de Covid-19 y proteger la salud del personal.

Se está realizando la evaluación de casos, revisión de protocolos de sanidad y en las instalaciones petroleras costa afuera del Golfo de México Pemex ha aplicado el Plan de Respuesta a Emergencias Covid 19 (PRE-C), así como 11 protocolos de prevención y control en Pemex Exploración y Producción, para la atención y transporte de personal con sospecha de contagio en cada una de las
plataformas y centros de proceso; así como 2 protocolos de comunicación con la Dirección Corporativa de Administración y Servicios.

Cabe destacar que desde el pasado 9 de marzo se instalaron filtros sanitarios en los accesos a los centros de trabajo para la detección de casos sospechosos y reducir contagios entre los trabajadores,
priorizando aquellos correspondientes a las rutas de arribo y abordaje a las instalaciones costa afuera tanto por vía marítima como aérea colocando cámaras termográficas y túneles de sanitización en estos puntos.

También se implementó la sanitización y limpieza de instalaciones y se han aplicado las medidas de la campaña nacional de “Susana Distancia” y se mantiene el protocolo de identificar trabajadores que hayan viajado al extranjero o que presenten síntomas de enfermedades respiratorias.

Como resultado de la aplicación de los protocolos preventivos, el pasado 11 de abril se identificaron cuatro trabajadores con enfermedades ordinarias en el centro de proceso Abkatun-A. En prevención fueron remitidos al Servicio Médico para su valoración y seguimiento de su estado de salud. En dicho centro de trabajo se realizaron las siguientes acciones:

• 31 exámenes médicos, de éstos, 13 trabajadores se definieron como caso sospechoso y otros 2 fueron referidos al Hospital General Ciudad del Carmen.

• Se realizó toma de exudado faríngeo y nasofaríngeo para aislamiento viral de Covid-19 mediante técnica de RT-PCR SARS-CoV-2 a dos trabajadores.

• Se reforzó con todo el personal de abordo las medidas de sanitización aplicables a las áreas comunes y medidas para mantener la sana distancia.

Ante la latente posibilidad de expansión de contagios dentro del municipio de Salina Cruz y de la probable propagación del virus Covid-19 en el complejo petrolero surge la necesidad de que el director de Petróleos Mexicanos también tenga la congruencia de reunirse con el gobernador de Oaxaca y de manera coordinada se refuercen las medidas de prevención y atención, que la Secretaría de Salud recomienda, en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” ubicada en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca.

Razón por la que esta Proposición con punto de Acuerdo dirige un exhorto al director del Petróleos Mexicanos, el cual es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, para trabajar en conjunto con el gobierno de Oaxaca y se establezcan las máximas medidas de prevención y atención para los trabajadores de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”. De conformidad con el artículo 147 de la Ley General de Salud, que señala que ante el surgimiento de cualquier epidemia en territorio nacional, habrá la acción coordinada de autoridades e incluso de particulares para colaborar con las autoridades de salud:

Artículos 147. En los lugares del territorio nacional en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves, a juicio de la Secretaría de Salud, así como en los lugares colindantes expuestos a la propagación, las autoridades civiles, militares y los particulares estarán obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha enfermedad.

En virtud de lo anterior se estima viable el exhorto al director del Petróleos Mexicanos quien en su calidad de servidor público y autoridad, debe colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra el Covid-19.

Por lo expuesto, se presenta a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director del Petróleos Mexicanos para que, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud, coadyuve con el gobierno del estado de Oaxaca y autoridades sanitarias a fin de revisar y fortalecer los protocolos relativos a las medidas de seguridad sanitaria de la Secretaría de Salud para prevenir e impedir contagios por covid-19 entre trabajadores de la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Oaxaca.

Notas

1 "Suman 11 casos de COVID-19 en Salina Cruz entre petroleros y población", 13 de mayo 2020, consultado en: https://imparcialoaxaca.mx/istmo/432284/suman-11-casos-de-covid-19-en-s alina-cruz-entre-petroleros-y-poblacion/

2 "Covid-19 México-Mapa Municipal", consultado el 10 de junio, 2020 en: https://coronavirus.gob.mx/fHDMap/mun.php

Consultado el 10 de junio, 2020 en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/04/alcalde-de-salina -cruz-da-positivo-a-coronavirus-7714.html

Consultado el 10 de junio de 2020 en https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2020_04 4-nacional.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 29 de septiembre de 2020.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales, sus Sipinnas, sus procuradurías de protección de derechos de niños y adolescentes, y sus procuradurías y fiscalías generales de justicia a fortalecer y hacer públicas las líneas de acción y seguimiento implantadas para prevenir, detectar, denunciar y atender la violencia contra niños y adolescentes, suscrita por los diputados Marco Antonio González Reyes y Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben la presente, diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, y diputado Marco Antonio González Reyes, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los derechos de la niñez y adolescencia están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes y reglamentos, que en armonización con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos.

En México, como en otros países firmantes de la Convención, hoy en día se cuenta con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene la encomienda, a través de su Secretariado Ejecutivo de proponer, coordinar y ejecutar la transversalidad del enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia en todo el quehacer de la administración pública federal, en los tres órdenes de gobierno, en los tres Poderes de la Unión y en la sociedad en su conjunto; expresados en más de 16 atribuciones especificas en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Sistema tiene el propósito de promover, garantizar y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que representan más del 30 por ciento de la población de este país, con la finalidad de evitar que sus derechos sean vulnerados en esta etapa temprana, y con la certeza de garantizar el ejercicio de sus derechos presentes y futuros.

Asimismo, se cuenta con Sistemas Estatales de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en las 32 entidades federativas, que den garantía y que sean capaz de construir e implementar bajo el enfoque de derechos, una política integral de infancia y adolescencia y que logre coordinar y articular institucionalmente a todos los organismos y sectores del gobierno que tengan jurisdicción sobre acciones que afecten la garantía y cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 47 que “las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes que se vean afectados por (...) abuso físico, psicológico o sexual; trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación (...).1

De acuerdo a lo enunciado en la misma Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las entidades federativas y la federación deberán contar con Procuradurías de Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de las disposiciones que para tal efecto emitan.

Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes son las instituciones directamente responsables de coordinar las acciones de protección y restitución de derechos de la infancia y adolescencia en México. En ese sentido, se les debe considerar como uno de los ejes centrales de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para cumplir con la obligación del Estado mexicano de que la niñez y adolescencia del país puedan ejercer plenamente todos sus derechos.2

En este sentido también cabe recalcar que de acuerdo con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es facultad de las procuradurías de protección la correcta inspección de los centros de asistencia social públicos y privados. Así lo enuncia el artículo 107 y 112 de mencionada ley “Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por esta ley, la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros.(...) Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los servicios descritos en el presente Capítulo, para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.”3

Por ello es importante que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de las 32 entidades federativas refuercen y hagan públicos los protocolos de acción y seguimiento que realizan para la atención de niñas, niños y adolescentes en Centros de Asistencia Social –públicos o privados- durante la contingencia sanitaria del Covid-19.

En cuanto al tema de protección de derechos de la niñez y adolescencia, existen estados de la República que aún no han implementado acciones ni políticas públicas que restituyan tales derechos y que erradiquen toda clase de violencia, esto a pesar de la población de menores de edad que habitan en el país. Según “El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, refiere que en México viven 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, lo que representa 32.8 por ciento de la población total.”4

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la violencia contra los niños y niñas incluye el abuso y maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual. La violencia puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los orfelinatos, los centros residenciales de atención, en las calles, en el lugar de trabajo, en prisiones y establecimientos penitenciarios. Puede afectar la salud física y mental de los niños, perjudicar su habilidad para aprender y socializar, y, más adelante, socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos más graves, la violencia contra los niños conduce a la muerte.5

Según el último informe de UNICEF Una situación habitual, cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años en todo el mundo (3 de cada 4) son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus padres o cuidadores. El Consejo de Europa calcula que 1 de cada 5 niños y niñas sufren algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Aquí están comprendidas conductas como los tocamientos, el exhibicionismo, la pornografía o la prostitución. Estos abusos afectan mayoritariamente a las niñas. Frente a las ideas preconcebidas de que los abusos sexuales son perpetrados por un desconocido en un callejón oscuro, se oponen los hechos. A nivel mundial, 9 de cada 10 chicas que han sufrido relaciones sexuales por la fuerza dicen haber sido víctimas por parte de alguien cercano o conocido por ellas.6

A datos del informe anual de UNICEF México 2018, en México hay 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de los cuales el 63 por ciento de los niños entre 1 a 14 años han experimentado algún método violento de disciplina, 5.1 por ciento de niñas y niños menores de 5 años reciben cuidados inadecuados (están solos o al cuidado de otro niño o niña menor de 10 años), la escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años, el hogar ocupa el tercer lugar, 6 de cada 10 mujeres adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido algún incidente de violencia emocional, física, sexual o económica. A finales del 2017, alrededor del 20 por ciento de personas extraviadas o desaparecidas en el país fueron niñas, niños y adolescentes, de estos el 60 por ciento corresponde a niñas y mujeres adolescentes. Entre el 2010 y 2017 ocurrieron 10 mil 547 defunciones por homicidio de niños, niñas y adolescentes; el 76 por ciento de los casos correspondieron a niños y hombres adolescentes y el 24 por ciento a niñas y mujeres adolescentes, sin embargo, el grupo más vulnerable fueron las y los adolescentes entre 12 y 17 años, representaron el 78 por ciento del total de defunciones.

Mientras que datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), afirman que México es el primer lugar en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años de entre los tantos países que conforman la organización. Los datos también mostraron que alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas de este tipo de delitos (solamente se dan a conocer el 2 por ciento de los casos).

Este tema de violencia toma mayor relieve durante la emergencia sanitaria que actualmente se vive en el país, ya que muchos menores de edad se encuentran encerrados con sus agresores y es urgente que los gobiernos de las entidades federativas, las Procuradurías de Protección y los sistemas integrales establezcan acciones de prevención, denuncia y seguimiento en caso de niñas, niños y adolescentes.

Así mismo los Ministerios Públicos que de acuerdo al mandato constitucional les compete la investigación de los delitos, deben garantizar acciones de canalización y seguimiento que realizan para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, maltrato, omisión de cuidados y/o negligencia, y que fueron reintegrados con sus familias biológicas o extensas, considerando en todo momento el interés superior del menor y el principio de prioridad.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que resulta necesario y de urgencia, someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes u homólogas, para que fortalezcan y hagan públicas las líneas de acción y seguimiento que han implementado para prevenir, detectar, denunciar y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes durante la contingencia sanitaria del Covid-19.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de las 32 entidades federativas para que adapten a las actuales circunstancias y hagan públicos los protocolos de acción y seguimiento que realizan para la atención de niñas, niños y adolescentes en Centros de Asistencia Social -públicos o privados- durante la contingencia sanitaria del Covid-19.

Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Procuradurías y Fiscalías General de Justicia, a las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de las 32 entidades federativas para que adapten a las actuales circunstancias y hagan públicos los protocolos de acción, canalización y seguimiento que realizan para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, maltrato, omisión de cuidados y/o negligencia, y que fueron reintegrados con sus familias biológicas o extensas.

Notas

1 Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Consúltese en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf; 10 de mayo de 2020.

2 Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Consúltese en
https://www.unicef.org/mexico/media/2951/file/Resumen%20ejecutivo.pdf; 10 de mayo de 2020.

3 Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Consúltese en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf; 10 de mayo de 2020.

4 Datos del Inegi, Encuesta Intercensal, 2015. Consúltese en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/nino20 18_Nal.pdf; 10 de mayo de 2020.

5 La violencia contra los niños y niñas. Consúltese en
https://www.unicef.org/spanish/protection/files/La_violencia_contra.pdf ; 12 de mayo de 2020.

6 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Consúltese en
https://www.unicef.es/blog/violencia-contra-la-infancia-cuando-donde-y- por-que/ 10 de mayo de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2020.

Diputados: Marco Antonio González Reyes, Emeteria Claudia Martínez Aguilar (rúbricas)

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Con motivo del 29 de septiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

El pasado 19 de diciembre, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acordó designar el 29 de septiembre como el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.1 Su objetivo es contribuir al análisis de sus causas, identificar las repercusiones a la vida cotidiana y particularmente, impulsar nuevos mecanismos de solución integral en beneficio de la población y sus sectores más vulnerables.

Durante el septuagésimo cuarto periodo de sesiones, se analizaron diversos informes cuyo resultado fue declarar esta conmemoración para hacer tangible el compromiso de alcanzar el desarrollo sostenible y además una manera equilibrada, integrada y consiente del consumo de alimentos a fin de erradicar su pérdida y desperdicio.

Se trata de una fecha importante para México y el mundo, ya que está alineada con la agenda 2030,2 cuya meta 12.3 indica que se deberá reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, así como aminorar las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y posteriores a la cosecha.3

A nivel mundial se desperdicia un tercio de los alimentos producidos. En este sentido el Informe Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo en 2020 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señala que en el conjunto de los países 21.3 por ciento de los niños menores de 5 años presentan retraso en el crecimiento, América Central donde se sitúa nuestro país obtuvo 12.6 por ciento.4

Continúan registrándose diferencias en los países sobre la disponibilidad per cápita de alimentos en los diferentes grupos de ingresos. Destaca que los deciles bajos dependen de los alimentos básicos y menos de las frutas, verduras y productos de origen animal. Sin embargo, pese a su trascendencia no todos recopilan información sobre alimentos consumidos y su desperdicio en el hogar, trabajo y espacios de esparcimiento, entre otros.

En México, 38 toneladas de alimentos por minuto se desperdician según el Banco de Alimentos,5 dejando de manifiesto la necesidad de fortalecer las acciones que tienen como finalidad un mejor aprovechamiento, su consumo responsable y la prevención de su pérdida y desperdicio.

Es un hecho que en el territorio nacional durante la actual emergencia sanitaria se ha agravado dicha problemática, provocada por la instrumentación de esquemas parciales o totales de confinamiento, la interrupción en las cadenas productivas y el cierre de empresas, comercios y otros espacios dedicados a su distribución.

Al no poder comercializar estos productos de la canasta básica muchos se perdieron, sin embargo, otros se desperdiciaron por las compras de pánico motivadas por la incertidumbre, la proliferación de noticias falsas y la carencia de canales efectivos para la comunicación con la sociedad por parte de las autoridades federales del sector salud.

El coronavirus Covid-19 nos seguirá imponiendo nuevos retos para reducir la pobreza, acabar con la desnutrición y aprovechar de manera óptima los alimentos disponibles para no desperdiciarlos, por ello es relevante comprar solo lo necesario, donar los excedentes y adquirir buenas prácticas de consumo que estén en sintonía con el cuidado y la preservación del medio ambiente.

El Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, es momento propicio para emprender proyectos de largo plazo e impulsar prácticas comunitarias de valor público que abonen a este objetivo con la colaboración de especialistas, instituciones de educación superior, centros de investigación e iniciativa pública, privada y social.

La modernización, innovación y tecnificación agropecuaria, así como el incremento de apoyos institucionales a los pequeños productores y mujeres del campo permitirán aumentar la productividad, enfrentar los desafíos que implica el cambio climático y fomentar políticas con inclusión, respeto a los recursos naturales, costumbres y tradiciones.

Sirva este día para generar mayor conciencia sobre este fenómeno, ya que entre otros aspectos nos permitirá consolidar una producción sostenible y equitativa, prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos, así como avanzar en nuestra seguridad alimentaria.

Tenemos la obligación de replantear las políticas nacionales, y en lo personal conducirnos con responsabilidad, solidaridad y empatía, ya que nuestros patrones diarios repercuten no solo en la cantidad disponible y su óptimo consumo, sino también en la prevención de la pérdida y el desperdicio de Alimentos.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas. (2020). Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2019, sobre el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. 25/09/2020, de ONU Sitio web: https://undocs.org/es/A/RES/74/209

2 Gobierno de la República. (2018). Agenda 2030. 25/09/2020. Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334037/7c._Resumen_Ejecutivo_del_
Documento_Inicial_para_la_Puesta_en_Marcha_de_la_Estrategia_Nacional_de_la_Agenda_2030.pdf

3 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 25/09/2020, de FAO Sitio web:
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/es/#:~:text=con%20este%
20subindicador.-,Meta%2012.3,p%C3%A9rdidas%20posteriores%20a%20la%20cosecha.

4 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2020). Informe Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo en 2020. 25/09/2020, de FAO, IFAD, UNICEF, OMS Sitio web:

http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html#chapt er-1_3

5 Banco de Alimentos. (2020). Datos que alimentan. 25/09/2020, de BAMX Sitio web: https://www.bamx.org.mx/datos-que-alimentan/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 29 de septiembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con motivo del aniversario del decreto por el que se crea la Secretaría de Educación Pública, a cargo del diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del PRI

Hace 99 años, el 29 de septiembre de 1921 , el presidente de la República Álvaro Obregón, firmó el decreto que creó: la Secretaría de Educación Pública y que se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2021.

La mecánica fundacional se inició el 22 de octubre de 1920, tiempo después de que José Vasconcelos asumiera la Rectoría de la Universidad Nacional y sometió a la consideración de la Cámara de Diputados su “Proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública Federal”.

Finalmente, el proyecto fue avalado por el Congreso y las legislaturas locales, el Presidente de la República, firmó el decreto que creó la Secretaría de Educación Pública y ésta, inició funciones el 10 de octubre de 1921.

A decir de los especialistas e historiadores, se trata de una de las decisiones más lúcidas y trascendentales en la historia del siglo XX, pues al término de la fase armada del proceso revolucionario, se fundaron nuevas instituciones y comenzó a definirse otra cultura nacional, procesos íntimamente ligados al nacimiento de la Secretaría de Educación Pública, frente al grave rezago en la educación del Porfiriato.

El asesinato del presidente Venustiano Carranza a mediados de 1920 por los revolucionarios sonorenses, dio lugar a que volvieran al país los exiliados anti carrancistas. Uno de ellos fue José Vasconcelos, a quien se invitó a ser rector de la Universidad Nacional. Vasconcelos se enfrentó a una compleja situación para llevar a cabo su tarea. Con la colaboración de personajes como Ezequiel Chávez, el positivista Enrique O. Aragón, su compañero del Ateneo Mariano Silva y Aceves, el escritor, bibliógrafo y funcionario Genaro Estrada, y los jóvenes Alfonso Caso, Manuel Gómez Morín y Alberto Vázquez del Mercado, miembros del grupo de Los siete sabios, formó un equipo plural y ecléctico, que lo ayudó a proponer la creación de la Secretaría de Educación Pública.

Es imposible sintetizar uno de los proyectos más ambiciosos de la historia mexicana del siglo XX , ya que implicó la reorganización de todas las instancias educativas, integrándolas bajo un solo mando, una modernización radical de la enseñanza y el cambio trascendental de una verdadera política cultural y de Estado. Pero resulta ilustrativo y conmovedor, releer la exposición de motivos de dicho proyecto , entre los que destaca:

“...la ley que se contiene en el proyecto anexo comienza decretando la creación de una Secretaría de Educación cuyas funciones civilizadoras abarcarán no sólo a una porción privilegiada del territorio, no sólo al Distrito Federal, como antes aconteciera, sino a toda la superficie de la República, necesitada de un extremo a otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas .”

“En seguida de establecer la creación de esta Secretaría, de funciones amplísimas, la ley respectiva formula, en su artículo tercero, un principio que es nuevo -no sólo entre nosotros, sino en muchos países que presumen de civilizados - al afirmar que la educación, además de ser laica y gratuita, comprenderá el deber de alimentar y educar, en condiciones de igualdad con los otros niños, a los hijos de padres notoriamente pobres y a los huérfanos carentes de recursos . La ley declara que el Estado reconoce el deber de proporcionar alimentación y educación a los niños pobres, y usa la palabra deber para alejar de este servicio toda idea de filantropía, pues no es una merced la que se va a otorgar, sino un acto de elemental justicia. No faltará quien suponga que el precepto se presta al abuso y que muchos padres ya no cuidarán de proveer a sus familias y otros multiplicarán su prole sin medida, fiados en que el Estado habrá de encargarse de ella. Sin embargo, tales abusos son fáciles de evitar por medio de leyes complementarias que impongan a todo hombre sano, la obligación de trabajar y de contribuir para el sostenimiento de sus hijos menores . Al mismo tiempo, el desarrollo de la educación hará que los matrimonios no procreen más allá de lo que es prudente conforme a sus propios recursos.”

“Salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres, tal es el propósito fundamental de la presente ley, y para consumar este propósito, para comenzar a desarrollarlo, ha sido necesario construir un organismo flexible, ilustrado y poderoso, que haga sentir su acción por doquiera, jamás entorpecedora, siempre vivificante.”

“Las escuelas de educación primaria y secundaria deben perfeccionarse y se difundirán hasta que puedan ofrecer sus aulas a todos los niños y jóvenes del país . A efecto de fomentar el desarrollo de estas escuelas, la Federación obrará directamente o colaborará con los Estados, poniéndose de acuerdo con las autoridades locales, o fomentando los institutos privados, según conviniere.”

“Por lo que hace al sistema de nombramientos de directores de los planteles educativos, el artículo 22 establece un procedimiento que es totalmente nuevo entre nosotros y que tiende a garantizar la idoneidad del personal . Consiste dicho procedimiento en hacer llegar al Gobierno una terna, para cuya formación intervienen no sólo los profesores de una escuela, como algunas veces ya se ha hecho, no sólo los alumnos cuyo criterio suele favorecer al jefe complaciente y no al idóneo, sino también las sociedades científicas o técnicas independientes y la opinión de estos cuerpos técnicos será sin disputa la más importante y la que mejor pueda ilustrar al Gobierno en la elección de los hombres más competentes para el servicio de la educación pública .”

“Por lo que hace a la designación de profesores, la ley reconoce la superioridad del sistema de oposición al disponer en la fracción III, del artículo 23, que los profesores que hayan obtenido sus cátedras por oposición no podrán ser removidos sino conforme a los reglamentos de la oposición misma o por condena a causa de delitos del orden común .”

“Al formular este proyecto se han tenido en cuenta las ideas que palpitan en todo nuestro territorio, las necesidades que nos conmueven, los ejemplos de otros pueblos, las opiniones de toda clase de personas y el consejo de los profesores y de los especialistas, no solamente de los especialistas universitarios, sino también de los que han aprendido, en la vida misma, los anhelos y las exigencias de la sociedad.”

El proyecto, de Vasconcelos como todos sabemos, además daba gran importancia al fomento de la lectura, con la creación de un complejo sistema bibliotecario nacional, y a los asuntos culturales y artísticos. Como creación posrevolucionaria, la principal diferencia entre la secretaría de Justo Sierra y la de Vasconcelos, fue su abierto compromiso social reflejado no sólo en su cruzada alfabetizadora, también en la prioridad que asignó a la educación rural e indígena, así como a la educación primaria.

Para José Vasconcelos, la educación era la mejor forma de conseguir el ascenso y la uniformidad social. Otro rasgo distintivo era su amplitud geográfica, para lo cual se comprometió a no intervenir en la administración de las escuelas locales, aunque a nivel nacional controlaría ideológica y pedagógicamente la enseñanza, fomentaría y coordinaría las actividades culturales, respetando el control de las autoridades locales sobre las instalaciones educativas; más aún, no contemplaba que éstos abandonaran sus responsabilidades previas.

De otra parte, propuso que la sociedad participara en el proceso con la constitución de Consejos de educación tripartitos, integrados por docentes, autoridades y padres de familia, organizados en orden ascendente, del nivel local al nacional, pasando por los Consejos distritales y estatales.

En 1921 el número de maestros de educación primaria aumentó de 9,560 en 1919, a 25,312; es decir, se registró un aumento del 164.7 por ciento; existían 35 escuelas preparatorias, 12 de abogados, siete de médicos alópatas, una de médicos homeópatas, cuatro de profesores de obstetricia, una de dentistas, seis de ingenieros, cinco de farmacéuticos, 36 de profesores normalistas, tres de enfermeras, dos de notarios, diez de bellas artes y siete de clérigos.

Casi 100, años después, el Sistema Educativo Nacional que encabeza la Secretaría de Educación Pública atiende una matrícula escolarizada de 36.5 millones de alumnos, atendidos por cerca de 2.1 millones de docentes, en 262,805 escuelas; en las que el 85.5 por ciento de los alumnos asisten a escuelas de sostenimiento público y el 14.5% restante a servicios particulares, en todos los niveles, preescolar, básico, especial, media superior, superior y posgrados y especialidades.

El indicador de cobertura sobre la población que cursa algún tipo educativo respecto a un grupo de edad determinado, arroja que durante el ciclo escolar 2019-2020, la educación básica atendió a 94% de la población entre tres y 14 años de edad; la educación media superior (modalidad escolarizada) a 77.2 por ciento de la población de 15 a 17 años y la modalidad escolarizada de educación superior –técnico superior, normal y licenciatura– alcanzó una cobertura en los jóvenes de entre 18 y 22 años de 34.9 por ciento.

Aún estamos muy lejos del ideal vanscoselista de “Salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres...”, pero creo que con gran orgullo, debemos celebrar, el prácticamente centenario de una Dependencia, que ha dado muestras de si ser un “organismo flexible, ilustrado y poderoso, que hace sentir su acción por doquiera y siempre vivificante.”, porque lo soportan los grandes forjadores de generaciones que son los maestros, los educadores, los investigadores, el personal especial y docente, los alumnos y por supuesto, los padres de familia que hoy, ante una pandemia que azota el mundo entero, saben hacer de la mano con las autoridades educativas, las labores de educar con pasión y con esmero a sus hijos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 29 de septiembre de 2020.

Diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán (rúbrica)