Proposiciones

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y la Conapesca a adelantar para el 20 de septiembre de 2020 la fecha de conclusión de la veda de camarón en sistemas lagunarios, estuarinos, marismas y bahías del centro-norte sinaloense, a cargo de la diputada Lucinda Soberanes Sandoval, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a informar a la opinión pública sobre los accidentes, las fugas o los derrames de hidrocarburos derivados de sus operaciones entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de agosto de 2020, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, la SHCP, el IMSS, el ISSSTE y el Insabi a implantar mecanismos encaminados a destinar y aplicar recursos materiales, presupuestales y médicos y abasto de medicamentos para garantizar la atención de niños, adolescentes y adultos diagnosticados con cáncer en el país, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a diseñar e implantar un protocolo para atender denuncias de violencia en el entorno escolar en la modalidad virtual; crear y difundir una campaña dirigida a padres de familia y alumnado a efecto de que conozcan la línea telefónica sobre acoso; y transmitir en el programa Aprende en Casa por TV y en línea información respecto al acoso en dicho ámbito, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sedatu a impulsar programas de apoyo urgente para construir, reparar o reubicar vivienda de familias poblanas afectadas en su patrimonio debido a las fuertes lluvias, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos mexiquense y de Ecatepec de Morelos, y a la CNDH a hacer pública la información sobre las acciones derivadas de la toma pacífica de las instalaciones del organismo en el municipio el 11 de septiembre de 2020, a cargo de la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar acciones conducentes a garantizar el abastecimiento de medicamentos en Tabasco, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a reconsiderar el cierre de oficinas centrales y subdelegaciones con afectación a los consumidores en Coahuila, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y la Segob a fortalecer los programas económicos y sociales dirigidos a apoyar a la comunidad migrante mexicana, suscrita por el diputado René Juárez Cisneros e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Insabi a entregar los recursos correspondientes al ejercicio fiscal en curso para el Hospital Civil de Guadalajara, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a promover una política nacional integral y coordinada sobre enfermedades mentales, a cargo de la diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a dejar sin efectos el acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario para junio de 2020, publicado en el DOF el 29 de mayo último, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Profepa a implantar acciones de protección ambiental y realizar una visita de inspección y vigilancia para determinar si hay daño ambiental por los recientes derrames en las playas de Paraíso, Tabasco, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a reasignar los recursos que no llegaron a las dependencias federales con operaciones en Coahuila de Zaragoza y que permitirían llevar a cabo proyectos y programas, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a instalar un grupo de trabajo con la Comisión de Energía de esta soberanía para dar seguimiento permanente a la construcción de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a reconsiderar el peritaje para la reparación integral del daño por abuso sexual infantil con perspectiva de género y el principio del interés superior del menor, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Puebla a instruir a las comisiones dictaminadoras para que presenten con la brevedad el dictamen sobre la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y Derivados del estado, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semar, la Sedena y la Ssa a otorgar a médicos, enfermeros, laboratoristas, camilleros, afanadores y personal administrativo-operativo adscritos a las unidades hospitalarias en la ruta de atención de pacientes con Covid-19 un bono económico por riesgo laboral por trabajar en situaciones de peligro y la posibilidad inminente de contagio, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu y los gobiernos de Nayarit y Bahía de Banderas a realizar acciones tendentes a salvaguardar la integridad de los afectados por la construcción del malecón arroyo El Indio en el municipio, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y el Cenace a reactivar los trabajos de la termoeléctrica Carbón II, en Nava, Coahuila, mediante la implantación de filtros que protejan a la ciudadanía de las tóxicas partículas emitidas por ella, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la SE a establecer políticas públicas transversales que atiendan el sobrepeso y la obesidad como un factor contra la productividad nacional, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a emitir un documento donde se transparenten, justifiquen y divulguen el estatus económico y el destino del gasto derivado del decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, la emisión de bonos de deuda, y las solicitudes de crédito al BM y del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guerrero a dotar de infraestructura física educativa a las comunidades de la Sierra; a la SEP, a establecer un mecanismo de supervisión inmediata y en tiempo real en la próxima entrega de recursos a los beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, a efecto de garantizar que éste llegue de manera oportuna a los estudiantes; y a la CFE, a implantar un programa para dotar de electricidad a las comunidades de dicha región, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Cofepris a agilizar la autorización para usar el remdesivir en el tratamiento del Covid-19, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y diversas secretarías a otorgar en apoyo de la reactivación económica para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 un descuento de 50 por ciento en los peajes en las autopistas y la exención de pago correspondiente a los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, en servicios de hospedaje y enajenación de bienes los días de descanso obligatorio de 2020 y los fines de semana largos y los correspondientes al Buen Fin, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal a cumplir, implantar y emitir disposiciones que permitan a las personas con discapacidad la accesibilidad universal a los espacios públicos y privados, y a las TIC, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la CFE a suspender el cobro por la reconexión del servicio doméstico por falta de pago, dada la precariedad económica de la población, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP y el SAT a exentar del pago del IVA y el ISR durante octubre, noviembre y diciembre de 2020 a prestadores de servicios de alimentos preparados, como restaurantes, cafeterías, pastelerías o bares, en apoyo de la reactivación económica por la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a disponer en favor de gobiernos locales y ayuntamientos de manera anticipada y hasta por dos meses calendario de los recursos correspondientes a los ramos generales 28, “Participaciones a entidades federativas y municipios”; y 33, “Aportaciones federales para entidades federativas”, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP y la Segob a emitir la declaratoria de emergencia y desastre en NL, Tamaulipas y Coahuila para utilizar así los recursos del Fonden y llevar a cabo las acciones de coordinación en apoyo de la población, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, la Cofepris y los gobiernos locales a intensificar las visitas de verificación para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias en los procesos de obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, envasado, distribución, expendio o suministro al público de bebidas alcohólicas y, en su caso, emitir las medidas cautelares y acciones jurídicas conducentes a evitar la comercialización de bebidas adulteradas, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

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Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y la Conapesca a adelantar para el 20 de septiembre de 2020 la fecha de conclusión de la veda de camarón en sistemas lagunarios, estuarinos, marismas y bahías del centro-norte sinaloense, a cargo de la diputada Lucinda Soberanes Sandoval, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Lucinda Sandoval Soberanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), para adelantar la fecha de conclusión de la veda de camarón para el 20 de septiembre de 2020, en los sistemas lagunarios, estuarinos, marismas y bahías situadas en el centro-norte de Sinaloa, a cargo de la diputada Lucinda Sandoval Soberanes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Consideraciones

Que es facultad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), administrar y regular el uso, así como promover el aprovechamiento sustentable de los recursos de la flora y fauna acuáticas, ordenando las actividades de las personas que intervienen en ella y estableciendo las condiciones en que deberán realizarse las operaciones pesqueras.

Que el aprovechamiento del camarón en el litoral del océano pacifico y golfo de california constituye una de las pesquerías comerciales de relevancia económica y social que es necesario administrar y regular para asegurar la sustentabilidad y maximizar los beneficios económicos a los sectores que dependen de esa actividad, así como en beneficio a la sociedad.

Que esta pesquería está regulada por la NOM-002-SAG/PESC-2013, que establece los términos y condiciones para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los estados unidos mexicanos, misma que se complementan con las vedas, las cuales constituyen las principales medidas de manejo.

Que la autoridad competente establece los periodos de veda para la pesquería de camarón, mismas que contribuyen a proteger los máximos periodos de producción, reclutamiento y crecimiento de los organismos, con lo cual se obtienen las mejores tallas de valor comercial e incrementar la biomasa y la producción por el efecto de esta suspensión de pesca;

Que el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), a través de sus centros regionales de investigación acuícola y pesquera llevan a cabo un monitoreo constante para conocer el estado que guarda esta pesquería y definir y proponer el inicio de la veda;

Que dichos resultados fueron presentados ante el Comité Nacional de Pesca y Acuacultura, en la que participaron los sectores productivos que pescan en aguas marinas y en sistemas lagunarios, estuarinos y representantes de gobierno de los estados y otras dependencias de la administración pública federal;

Que no obstante lo anterior y que habiendo llegado a acuerdo entre todas las partes, el sector pesquero ribereño se ha visto en la necesidad de solicitar el que se reconsidere la fecha de conclusión de la veda del camarón específicamente para el centro-norte y sur de Sinaloa, para todos aquellos pescadores que realizan la pesca en aguas de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías;

Que la Federación Regional de Cooperativas de la Industria Pesquera Norte de Sinaloa, Sonora, SC de RL, que agrupa a 36 sociedades cooperativas pesqueras y acuicolas, han solicitado adelantar la fecha aprobada, esto debido a que existen varios factores socioeconómicos, climáticos y de salud que se han suscitado recientemente y han cambiado todo el panorama de la pesca a nivel nacional y por ende se pone en riesgo la sobrevivencia de las comunidades pesqueras asentadas en las comunidades pesqueras de las localidades donde su principal actividad es la pesca.

Que el comportamiento de mareas o mareas vivas, que se han registrado en los meses de agosto y septiembre, lo que ocasionan la migración del camarón de talla comercial hacia aguas profundas, situación que perjudica a los pescadores ribereños, pues se ven mermadas sus capturas.

Que en las fechas acordadas en las cual da inicio la temporada de capturas se presentan las temporadas de chubascos, situación que ponen en peligro a los pescadores, o en su caso dejan de ir a pescar por los malos tiempos, lo que origina que pierdan días de pesca y por ende sus ingresos se vean mermados.

Que por lo tanto es necesario que la autoridad tome en cuenta estos factores económicos y sociales, asimismo la economía se ha visto afectada por la emergencia de salud pública a causa de la pandemia del Covid-19, situación que ha repercutido en lo económico en todas las familias de los pescadores de esta zona y de manera general en todo el país.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía lo siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, a adelantar la fecha de conclusión de la veda de camarón para el 20 de septiembre de 2020, en los sistemas lagunarios, estuarinos, marismas y bahías ubicadas en el centro de Sinaloa.

Palacio Legislativo, a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Lucinda Sandoval Soberanes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a informar a la opinión pública sobre los accidentes, las fugas o los derrames de hidrocarburos derivados de sus operaciones entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de agosto de 2020, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto; 79, numerales primero, fracción II, y segundo, fracción III; y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos (Pemex) a informar a la opinión pública detalladamente sobre los accidentes, las fugas y los derrames de hidrocarburos derivados de las propias operaciones de Pemex ocurridos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de agosto de 2020, así como de las acciones e inversiones para la atención, mitigación o remediación de daños y de afectaciones al ambiente y a la población; y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a informar a la opinión pública sobre las visitas de inspección y medidas impuestas en el ámbito de su competencia ante dichos eventos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente es uno de los aspectos fundamentes del marco legal del sector ambiental, atendiendo a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, en el artículo 4o., el derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) e incluso la Ley General de Protección Civil proveen las definiciones y el marco legal de actuación para proteger, preservar y restaurar el ambiente y el equilibrio ecológico, propiciar el desarrollo sustentable y prevenir o reducir el peligro de desastre, daño o emergencia ante perturbaciones ocasionadas por la actividad humana; más aún, el marco legal del país facilita, norma y permite que el Estado garantice el respeto del derecho a un ambiente sano. En ese sentido, en el artículo 3o. la LGEEPA define ambiente como el “conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados” y señala que el control de la contaminación corresponde a la “inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones” de la propia LGEEPA. La LFRA identifica el daño al ambiente como la “pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las reacciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan”, y señala que no se considera daño al ambiente cuando los daños no sean adversos en virtud de haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes y autorizados por la Semarnat.

Adicionalmente, y siendo el caso de interés del punto de acuerdo, Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión; en ello, le corresponde al propio director general de Pemex “dirigir el diseño e implementación de los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, contingencia ambiental, remediación de suelos y aguas y los demás que en materia de seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente sean aplicables”, según el artículo 46 de la Ley de Petróleos Mexicanos. Así, se entiende que una empresa productiva del Estado mexicano como Pemex asume de igual forma la responsabilidad de actuar en concordancia con el marco legal del sector ambiental, y en ello, apoyar al Estado a garantizar el derecho a un medio ambiente sano para todos los mexicanos.

En virtud de lo anterior, es relevante señalar la frecuencia y magnitud de eventos asociados a las operaciones de Pemex que causan un daño al ambiente y generan un riesgo y un peligro para la población. Más aún, es preponderante solicitarle información sobre los accidentes, fugas y derrames que tienen un efecto sobre el ambiente y sobre el bienestar de la población. Por ejemplo, a primera hora de la mañana del lunes 17 de agosto del presente año, trascendió en medios nacionales la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos en Tetepango, Hidalgo, a causa de un error técnico de empleados de Pemex. La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que el derrame alcanzó los canales de riego del Valle del Mezquital; así mismo los gobiernos locales alertaron sobre la presencia de un fuerte olor a combustible en zonas aledañas al accidente en la localidad de Juandhó. A pesar del suceso, Pemex no emitió comunicación expedita alguna informando sobre el suceso, los riesgos, los daños, o las acciones para atención, mitigación o remediación del posible daño al ambiente, a los cultivos, al ganado y a la salud de los habitantes de la zona. Cabe destacar que el Valle del Mezquital, región a la que pertenece el Municipio de Tetepango, es uno de los graneros que abastecen de alimento a la región centro del país y hoy los canales de riego han sido contaminados con hidrocarburos, poniendo en riesgo no solo a las comunidades aledañas sino potencialmente a la salud de millones de habitantes de esta región.

En este sentido, resulta de vital importancia dar a conocer los hechos de manera inmediata e informar sobre las acciones de limpieza, atención, mitigación o remediación ambiental y de cuidado y atención de la salud de las personas en toda el área afectada, y no solamente en este caso, sino en los accidentes, fugas y derrames asociados a todas las operaciones de Pemex en el país. Los derrames de combustible en México han tenido consecuencias funestas en el pasado, sobre los hábitat, ecosistemas y recursos naturales del territorio nacional. Baste señalar los siguientes ejemplos:

Derrame de Crudo en Cadereyta, Nuevo León, 2014

El 16 de agosto de 2014 se registró una gigantesca fuga de petróleo crudo en el oleoducto Ciudad Madero-Cadereyta en el ejido La Fragua. La mancha de crudo contaminó parcelas, acequias, norias y canales de irrigación, para luego recorrer unos 18 kilómetros a lo largo del río San Juan. El 29 de agosto de 2014, trece días después del desastre ecológico, el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acudió al ejido Dolores para supervisar las labores que cientos de trabajadores de Pemex y lugareños contratados por la empresa Biotecnología Aplicada al Saneamiento Ambiental realizaban para limpiar el hidrocarburo del cauce del río San Juan.1

Después de 6 años del percance, más de 2 mil 100 campesinos de seis ejidos de Cadereyta afectados en sus parcelas y huertas aún continuaban en la lucha por exigir indemnización y resarcimiento de los daños, luego de quedar incluso impedidos para utilizar agua de sus norias o del río San Juan. Aunque la versión oficial fue que se trató de una fuga a causa de una toma clandestina realizada por el crimen organizado, los campesinos afirmaron que trabajadores de Pemex les aseguraron que fue debido a negligencia o errores de una empresa privada que realizaba reparaciones.

Derrame en Ayancual, Nuevo León, 2020

Autoridades de Nuevo León informaron el martes 4 de agosto sobre la presentación de una denuncia penal en la Fiscalía estatal en contra de Pemex por el derrame de hidrocarburos en el arroyo Ayancual, de Cadereyta. Al realizar inspecciones se identificó la presencia de hidrocarburos en el cuerpo de agua, dañando flora y fauna. “La afectación sería incluso a nivel subsuelo, ya que los mantos acuíferos llegan a la presa El Cuchillo, complicando el tratamiento de agua para su consumo humano. Es la primera vez que un gobierno de Nuevo León denuncia a una paraestatal federal”, señaló el secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, José Manuel Vital.2

Derrame en Laguna Mecoacán, Tabasco, 2020

El pasado 29 de mayo se registró un derrame de hidrocarburos en la laguna Mecoacán, en Tabasco. Por este suceso se reportaron daños a la actividad acuícola y pesquera de la zona, incluyendo las actividades de 18 cooperativas que cultivan ostión. En su momento, la colega Diputada Soraya Pérez Munguía hizo un llamado a resarcir los daños ocasionados a la población y al medio ambiente. El derrame ocurrió a unos kilómetros de la zona donde se construye actualmente la refinería de Dos Bocas. En otros años (2015 y2019) se habían registrado eventos similares y los mismos pescadores y productores de la zona habían interpuesto al menos una demanda contra Pemex, sin resultado alguno.

Derrame en Juandhó, Hidalgo, 2020

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) el derrame de combustóleo (residuos producto de la refinación de petróleo crudo) que se produjo el domingo en la localidad de Juandhó, municipio de Tetepango, Hidalgo fue a causa de un error de técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y no por la acción de huachicoleros. “A las 18:00 horas se presentó derrame de combustóleo en la comunidad de Juandhó debido a una maniobra de mantenimiento de Pemex”, dio a conocer la noche del domingo la CNPC en su cuenta de Twitter.

El gobierno de Tlahuelilpan, municipio vecino de Tetepango, y donde el 18 de enero de 2019 se produjo una explosión en una toma clandestina que causó la muerte a 137 personas, dijo que la fuga se produjo a un costado de la carretera Tlahuelilpan-Juandhó, donde hay una unidad de rebombeo en un ducto de Pemex. Fue en ese lugar donde se realizaban las maniobras de mantenimiento que originaron la fuga, la cual alcanzó más de 20 metros de altura.

La carretera quedó inundada por el combustóleo por lo cual la Policía Municipal de Tlahuelilpan tuvo que cerrar la circulación vehicular de forma indefinida. Después, el químico se vertió en un ramal del Canal Alto Requena de aguas negras que pasa por el lugar por lo que los residuos petroleros fueron conducidos a tierras de cultivo de riego por la red de canaletas de los municipios de Tetepango, Tlahuelilpan, y Mixquiahuala. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua tuvo que intervenir para cerrar el flujo de agua del canal principal y facilitar el desfogue del canal La Virgen. Se desconoce la magnitud de los daños causados y el área de las parcelas afectadas.3

En ninguno de los casos señalados Pemex ha emitido de forma inmediata información que permita a los pobladores prepararse y actuar ante el riesgo, ni que facilite la pronta intervención de las agencias o instituciones del sector ambiental para inspeccionar, evidenciar y cuantificar o valuar el daño ambiental.

La recurrencia de accidentes, fugas y derrames por Pemex se ha incrementado en número y en volumen de hidrocarburos derramados. Según información de la Semarnat, entre 2000 y 2015 se registraron casi 8 mil derrames por Pemex en todo el territorio nacional por un total cercano a 700 mil toneladas de hidrocarburos derramados.4 Las cifras solían publicarse dentro de los informes de sustentabilidad de la propia empresa. Hoy, Pemex no informa sobre los daños y efectos ambientales de sus operaciones ni pone a disposición del público la información ambiental que permita al Estado mexicano actuar para respetar el derecho a un medio ambiente sano que tenemos todos los mexicanos.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos (Pemex) a informar a la opinión pública de manera detallada sobre cada uno de los accidentes, fugas y/o derrames de hidrocarburos derivados por las propias operaciones de Pemex. En dicho informe se solicita indique el lugar, el tipo de evento, el volumen o cantidad de hidrocarburos involucrada, los efectos ambientales y las acciones e inversiones para la atención, mitigación o remediación de daños y de afectaciones al ambiente y a la población, para el período comprendido entre el 01 de diciembre de 2018 y el 17 de agosto de 2020.

Segundo. En su calidad de empresa productiva del estado, se exhorta a Pemex a informar a la opinión pública a través de su sitio web sobre todos y cada uno de los sucesos sobre accidentes, fugas y derrames de hidrocarburos en el momento en que ocurrieren, para protección de la población y del entorno; así como informar sobre las medidas de atención y mitigación de estos eventos producto de la operación de Pemex.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la ASEA y la Profepa que, en el ámbito de sus atribuciones, informen a la opinión pública sobre las inspecciones, intervenciones y acciones que realizaron ante cada uno de estos sucesos, incluyendo el listado de medidas impuestas a Pemex en cada uno de estos eventos.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/estados/
campesinos-dan-por-perdido-reclamo-sobre-derrame-de-crudo-en-cadereyta Consulta: 17 de agosto de 2020, 13:20 horas.

2 https://www.animalpolitico.com/2020/08/nl-denuncia-penal-pemex-derrame-cadereyta/ Consulta: 17 de agosto de 2020, 16:20 horas.

3 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/17/
derrame-de-combustoleo-en-hidalgo-fue-por-error-de-pemex-4044.html Consulta: 17 de agosto de 2020, 18:33 horas.

4 https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2016/archivos/02_industria/D2_INDUSTRI02_08.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, la SHCP, el IMSS, el ISSSTE y el Insabi a implantar mecanismos encaminados a destinar y aplicar recursos materiales, presupuestales y médicos y abasto de medicamentos para garantizar la atención de niños, adolescentes y adultos diagnosticados con cáncer en el país, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

René Juárez Cisneros, Juan Carlos Romero Hicks, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Verónica Beatriz Juárez Piña, Arturo Escobar y Vega, Itzcóatl Tonatihu Bravo Padilla, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Dulce María Sauri Riancho, Laura Barrera Fortoul, Frinne Azuara Yarzábal, Claudia Pastor Badilla, Norma Adela Guel Saldívar, Ana Lilia Herrera Anzaldo, María Ester Alonzo Morales, Martha Hortencia Garay Cadena, Soraya Pérez Munguía, Enrique Ochoa Reza, Manuel Limón Hernández, Brasil Alberto Acosta Peña, Lenin Nelson Campos Córdova, Anilú Ingram Vallines, Benito Medina Herrera, Rubén Ignacio Moreira Valdez, María Lucero Saldaña Pérez, Lourdes Érika Sánchez Martínez, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Marcela Guillermina Velasco González, Isaías González Cuevas, Héctor Yunes Landa, Ivonne Liliana Álvarez García, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan José Canul Pérez, Lilia Herrera Anzaldo, Margarita Flores Sánchez, Ricardo Aguilar Castillo, Pedro Pablo Treviño Villarreal, María Sara Rocha Medina, Juan Ortiz Guarneros, Ximena Puente de la Mora, José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Azael Santiago Chepi, Ana Patricia Peralta de la Peña, María del Pilar Ortega Martínez, Leticia Mariana Gómez Ordaz, diputados y diputadas federales integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Morena, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción I del artículo 6, y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Panorama del cáncer en general, cáncer de mama y cáncer infantil

El cáncer es considerado un tumor maligno originado por la pérdida de control del crecimiento de las células, que puede invadir estructuras adyacentes o propagarse a sitios alejados y tener como resultado la muerte.1

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, cerca de 16 por ciento de las personas fallecen como consecuencia del cáncer. En 2015, 8.8 millones de personas murieron de cáncer, casi una de cada seis muertes en el mundo ocurrieron por esta causa.2

En materia económica, el cáncer representa una carga considerable para la economía mundial. El impacto económico del cáncer es significativo y sigue creciendo. Se ha calculado que el costo económico total del cáncer en 2010 fue, aproximadamente, de 1.16 billones de dólares.3

Las enfermedades no transmisibles, entre ellas el cáncer, causan la muerte a 41 millones de personas cada año, lo que equivale a 71 por ciento de todas las muertes a nivel mundial. Cada año 15 millones de personas mueren a causa de una enfermedad no transmisible (ENT) entre los 30 y los 69 años, más de 85 por ciento de esas muertes “prematuras” se producen en países de ingresos bajos y medios.4

De manera muy general el tratamiento para el cáncer se puede dividir en tres tipos:

• Quirúrgico. La cirugía es para extirpar el cáncer del cuerpo del paciente; con frecuencia requiere cortar piel, órganos, músculos y, algunas veces, el hueso.

• Oncología médica. Este tratamiento es mejor conocido como quimioterapia, el cual funciona al detener o hacer más lento el crecimiento de las células cancerosas mediante el uso de medicamentos.

• Radio-oncología. La terapia de radiación o radioterapia es un tratamiento que se caracteriza en usar altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores.

Con respecto al cáncer de mama, el avance suele expresarse con un número entre 0 y IV. El estadio 0 corresponde al cáncer no invasivo que permanece en su ubicación original y el estadio IV al cáncer invasivo que se propaga fuera de la mama hacia otras partes del cuerpo.5

A nivel internacional, una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar el cáncer de mama en el lapso de su vida, es decir, que 12 por ciento de la población femenina actual en el mundo va a presentar esta enfermedad6 y cada año se reporta un millón de nuevos casos.7

El cáncer de mama es una patología emergente asociada al envejecimiento y a estilos de vida poco saludables, así como a los cambios en los patrones reproductivos y estilos de vida: la alimentación rica en grasas y carbohidratos, la inactividad física y el consiguiente sobrepeso constituyen factores de riesgo.8 Para las mujeres que lo padecen y sus familias, así como para los servicios de salud tiene un impacto significativo dado el costo emocional, social y económico que implica su atención, ya que a menudo se detecta en estadios avanzados.9

Los métodos terapéuticos que en la actualidad se aplican para tratar el cáncer mamario son: cirugía, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. De ellos la cirugía y la radioterapia tienen una acción local o locorregional; en la quimioterapia y la hormonoterapia su acción es sistémica.10

Referente al cáncer infantil, es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo; cada año se diagnostica aproximadamente a 300 mil niños de entre 0 y 19 años.11

El cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores diferentes que se desarrollan en niños y adolescentes de 0 a 19 años. Los tipos más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms.1

En los países con ingresos más altos, más de 80 por ciento de los niños afectados de cáncer se curan, pero en muchos países de ingresos medianos y bajos la tasa de curación es apenas de 20 por ciento.13

Por lo general, el cáncer infantil no se puede prevenir ni detectar. Mejorar los resultados de los niños aquejados de cáncer exige un diagnóstico temprano y preciso seguido de un tratamiento eficaz.

Las defunciones evitables debidas al cáncer infantil en los países de ingresos medianos y bajos se producen a consecuencia de la falta de diagnóstico, los diagnósticos incorrectos o tardíos, las dificultades para acceder a la atención sanitaria, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad y las mayores tasas de recidivas.14

Panorama del cáncer en México

En México, el cáncer representa 14 por ciento de fallecimientos en México. Se registran 191 mil casos nuevos anualmente y 85 mil muertes por cáncer al año. México ocupa el tercer lugar a nivel regional en mortalidad por cáncer.

Los principales tumores malignos en México son: de mama, próstata, colon, tiroides, cérvix y pulmón.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en las mujeres mexicanas, con un promedio de diez decesos al día. En los últimos diez años en México los fallecimientos por esta enfermedad han aumentado, mientras que en Europa y Estados Unidos de América (EUA) han disminuido considerablemente.

Aunque la incidencia de este padecimiento en México es igual a la de EUA, la mortalidad entre las mexicanas es del doble, porque allá, 80 por ciento de las pacientes se diagnostica en la primera etapa de desarrollo del tumor, en tanto en México, el mismo porcentaje se diagnostica en las etapas 3 o 4, cuando ya los tratamientos son limitados.15

En México, el cáncer de mama se presenta de forma temprana, cuando a nivel global ocurre hacia los 60 años, en México sucede antes de los 50, la razón podría ser la obesidad y la vida sedentaria, explicaron Alfonso León del Río y Alejandro Zentella Dehesa.

De acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), en México hay de 5 mil a 6 mil casos de cáncer por año en menores de 18 años distribuidos entre leucemias, linfomas y tumores del Sistema Nervioso Central principalmente. El mismo organismo reporta que en el grupo de 5 a 14 años de edad, el cáncer infantil es la principal causa de muerte.16 La leucemia es la principal causa de defunciones en el grupo de niños escolares (5-14 años de edad).

Se trata de un verdadero problema de salud pública, si bien el cáncer infantil representa sólo 5 por ciento de todos los padecimientos malignos de la población en general, en nuestro país más de 50 por ciento de la población es menor de 18 años, lo cual provoca una incidencia estimada de 122 casos por millón al año. Un verdadero reto, sobre todo si se toma en cuenta que se trata de pacientes complejos de atender, por largos periodos de tiempo y sumamente costosos, además que no existe un número adecuado de especialistas formados en la materia.

65 por ciento se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad.17 Cada cuatro horas en promedio se reporta un fallecimiento por cáncer infantil, en tanto al año se registran más de 2 mil muertes por esta causa a nivel nacional.18

Pacientes con cáncer y Covid-19. Posición de las autoridades al respecto

Los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles (ENT) entre ellas el cáncer, se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia por Covid-19, según una encuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicada el 1 de junio de 2020. La encuesta, completada por 155 países durante un periodo de tres semanas en mayo, confirmó que el impacto es mundial, pero que los países de ingresos bajos son los más afectados.

Esta situación es muy preocupante porque las personas que viven con ENT corren un mayor riesgo de enfermar gravemente de Covid-19 y morir. El aplazamiento de los programas públicos de detección (por ejemplo, de los cánceres de mama y del cuello uterino) también ha sido generalizado, según indicaron más de 50 por ciento de los países que respondieron la encuesta.

“Muchas personas que necesitan tratamiento contra enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes no han recibido los servicios sanitarios y los medicamentos que necesitan desde que comenzó la pandemia de Covid-19. Es fundamental que los países encuentren formas innovadoras de garantizar que los servicios esenciales contra las ENT continúen, incluso mientras luchan contra la Covid-19.” Indicó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud.19

La American Cancer Society, indica que las personas que tienen cáncer o que están recibiendo tratamiento para el cáncer a menudo presentan un mayor riesgo de contraer una infección. Estas infecciones pueden ser más graves que en las personas que no tienen cáncer. Es importante que los pacientes y los cuidadores de pacientes conozcan los signos de una infección y soliciten ayuda oportunamente.20

Por su parte, la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), organización con sede en Ginebra, Suiza, publicó una nota el pasado 20 de abril de 2020, en la que una investigación basada en datos de China muestra que el cáncer se encuentra entre una de las comorbilidades más graves que aumenta los riesgos con respecto al Covid-19.

Los pacientes con neoplasias malignas de la sangre, que están en quimioterapia activa o radioterapia intensiva, tienen tratamientos con anticuerpos u otros tratamientos dirigidos como inhibidores de proteína quinasa, o que se han sometido a trasplantes de médula ósea o células madre en los últimos seis meses, son particularmente vulnerables a medida que estos tratamientos debilitan el sistema inmune.

Por lo tanto, los pacientes con cáncer que contraen el coronavirus experimentan síntomas potencialmente más graves.

La UICC instó a considerar a todas las poblaciones vulnerables como pacientes con cáncer con sistemas inmunitarios comprometidos y a cumplir con las pautas de seguridad sanitaria, distanciamiento social y contención. Deben hacerlo, no sólo por su propia seguridad, sino también para preservar los sistemas de salud y permitir que todos, incluidos los más vulnerables, tengan la mejor oportunidad de superar los desafíos impuestos por esta pandemia.21

El pasado miércoles 2 de septiembre el doctor Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología participó en el seminario virtual titulado El Instituto Nacional de Cancerología ante el Covid-19 , por invitación de la fundación Teresa de Jesús I.A.P. en el cual explicó las estrategias que se realizaron en dicho instituto para dar atención a los pacientes con cáncer, entre las que destacó:

• La creación de un comité Covid, para que médicos de las principales áreas se reunieran por videoconferencias o auditorios abiertos con sana distancia para llegar a acuerdos de cómo tratar a pacientes.

• Impartición de 60 cursos de capacitación para preparar al personal.

• Adhesión a protocolos de investigación con base en investigaciones en otros países.

• Establecieron semáforo verde, amarillo y rojo, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y vulnerabilidad del paciente.

• Seccionar pacientes con cáncer para ubicarlos en zonas donde estén menos vulnerables.

No obstante estas acciones, el tamizaje de Covid-19 provocó retrasos en el tratamiento de algunos pacientes, se comenzaron a hacer reprogramaciones principalmente para pacientes en seguimiento, pues los pacientes programados para cirugía debían seguir otro protocolo, ya que la mitad de pacientes con intervenciones quirúrgicas que eran asintomáticos ante el Covid-19 y que en el proceso se demostraba que estaban contagiados, podían fallecer. Se tuvo que revisar que el paciente no estuviera contagiado y se les pidió que estuvieran en casa 14 días.

El paciente con cáncer y Covid-19 representa un gran reto, pues sus defensas son bajas y puede complicarse con mayor facilidad. El tamizaje no debe interrumpirse y el trabajo multidisciplinario es fundamental para hacer frente a la pandemia provocada por el Covid-19.

Desabasto en México (marchas, cartas de asociaciones y resumen)

En agosto de 2019 padres de menores con cáncer bloquearon por primera vez los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido al desabasto de medicamentos que han enfrentado.

El 22 de enero de 2020, padres de niños con cáncer bloquearon el AICM por segunda vez en protesta por desabasto de medicinas, lo que solicitaron los padres de familia era que los principales hospitales públicos, como el Hospital Infantil de México Federico Gómez tenga los medicamentos necesarios para los tratamientos de los menores. Los padres señalaron que había escasez de ciclofosfamida. Uno de los padres, citado por el diario Milenio , señaló que no estaban “contra el gobierno federal”, sino apenas buscan que haya “adecuado abasto de medicamentos”.

Uno de los padres entrevistados citó un problema importante, la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) porque el cambio administrativo ha traído consigo muchos problemas, como la falta de cobertura.22

El 19 de febrero del año en curso falleció Alexis, un niño diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda al cual las interrupciones en el tratamiento contra esta enfermedad por el desabasto de medicamentos como el metotrexato, vincristina y L-asparaginasa, perjudicaron en gran medida su salud.23

El 28 de abril de 2020, el Colegio Mexicano de Oncología Médica (CMOM), emitió un comunicado dirigido hacia el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, presidente del Consejo de Salubridad General, en el que menciona la importancia de la continuidad de los tratamientos en pacientes oncológicos, así como el impacto directo en el apego y adherencia de los tratamientos oncológicos, además del reporte de medicamentos en desabasto de una encuesta nacional de desabasto de medicamentos oncológicos que ellos mismos realizaron, solicitando que se tomen las acciones necesarias para garantizar el abasto de los medicamentos y regularizar el surtimiento de los mismos, tanto a nivel farmacia pública como privada.24

El pasado 27 de mayo, cientos de padres de familia salieron a las calles de la Ciudad de México y se instalaron en huelga de hambre frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud para exigir a las autoridades el abasto de medicamentos oncológicos, tras un mes y medio de escasez.25

El 28 de mayo de 2020, la Agrupación Mexicana de Onco Hematología Pediátrica, AC (AMOHP) emitió un comunicado urgente, exigiendo a las autoridades que se atienda de manera inmediata el desabasto de medicamentos pediátricos oncológicos, puesto que esta situación pone en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer y que, de no ser atendida esta demanda, se convierte de manera automática en una condena catastrófica.26

El pasado 2 de junio, la Fundación Cáncer Warriors de México, AC con el respaldo de un grupo amplio de diputadas y diputados federales, interpuso un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exhortar al secretario de Salud federal y al secretario de Hacienda y Crédito Público, que implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, presupuestales, médicos y abasto de medicamentos, con el objeto de garantizar la atención médica a niñas y niños con cáncer.

Asimismo, para que todas las dependencias del sector salud, hospitales e instituciones de salud pública, implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, presupuestales, médicos y abasto de medicamentos, derivado de la falta de los medicamentos oncológicos, indispensables para el tratamiento de miles de niñas, niños y adolescentes, situación que se ha acentuado alarmantemente ante la emergencia sanitaria derivada del SARS- Cov-2 (Covid-19).27

El 11 de junio de 2020, padres de niños con cáncer se reunieron con funcionarios del ISSSTE, Insabi y la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Secretaría de Salud para firmar un acuerdo y garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer, en dicho encuentro los funcionarios exhibieron una lista de las compras de su inventario.28

El 25 de junio de 2020, los padres de familia denunciaron que continúa el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, a pesar de que las autoridades de la Secretaría de Salud se comprometieron a regularizar el abasto de medicamentos para atender a los niños con cáncer en todo el país, esto no ha sucedido, así lo denunciaron los padres de familia.

A través de un mensaje dirigido a toda la sociedad, hicieron un llamado a los diferentes niveles de gobierno para que realicen de inmediato las acciones necesarias para que los niños puedan continuar con sus tratamientos para enfrentar el cáncer.29

El 3 de septiembre de 2020, padres de niños con cáncer bloquearon por más de 5 horas la avenida Circuito Interior, frente al hospital general La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como protesta ante el desabasto de medicamentos, pues aseguraron que ese día se cumplieron 672 días sin medicamentos para quimioterapias de sus hijos.30

Ese mismo día en el edificio central del IMSS, se llevó a cabo una reunión, en la cual estuvieron presentes Zoé Robledo, director general del IMSS; David Razú, director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones; Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas; Humberto Pedrero, director de Administración; Efraín Arizmendi, coordinador de las Unidades Médicas de Alta Especialidad; y Guillermo Careaga, director del hospital general La Raza, así como Dulce Miriam González Barajas y Brenda Jazmín Méndez Martínez, por parte de los padres de los niños con cáncer. En esa reunión se acordó:

1) El diseño y puesta en línea de una plataforma pública que permita monitorear el otorgamiento oportuno de los tratamientos oncológicos de pacientes pediátricos atendidos en el IMSS.

2) La elaboración de un padrón de pacientes pediátricos sujetos a tratamiento oncológico en las unidades del IMSS.

3) En caso de que el familiar solicite el protocolo de tratamiento, éste será otorgado por el médico tratante y la misma condición tendrá en caso de cambio de protocolo.

4) La creación de un grupo de trabajo con autoridades de nivel central y operativo que se reunirá semanalmente los días jueves a las 18:00 horas, con padres de niños y niñas en tratamiento y en vigilancia para atender y resolver casos puntuales y dar seguimiento al avance de los acuerdos.

5) Para el caso de trasplantes de médula ósea, se dará inicio a los servicios, de acuerdo al Plan para el Reinicio de los Servicios de Salud Diferidos por la Contingencia de Covid-19, aprobado en sesión ordinaria del honorable consejo técnico del 26 de agosto de 2020.

Caso Fucam

El 21 de febrero de 2020, la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), anunció que al no alcanzar un convenio de colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dejaría de ofrecer tratamiento gratuito contra el cáncer de mamá para sus beneficiarias, la Secretaría de Salud, a través del Insabi afirmó que Fucam se comprometió con el Insabi a seguir atendiendo a las personas que ya recibían tratamientos, los cuales fueron cubiertos por el gobierno federal.

Los nuevos casos diagnosticados en 2020, explicó, serán atendidos en el hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) de manera gratuita. La Secretaría de Salud informó que en el periodo de 2017 a 2019, el gobierno federal entregó a Fucam, en el marco de convenios de colaboración, más de 776 millones de pesos por la atención de cáncer de mama, por lo que “Fucam tiene la obligación ética, moral y jurídica de continuar la atención de las pacientes que se encuentran actualmente en tratamiento oncológico”.

Fucam señaló que el acuerdo con el Seguro Popular, a través del cual brindaba atención gratuita a las pacientes, concluyó desde el pasado primero de enero, por lo que la organización agotó todos sus recursos en un esfuerzo por financiar los tratamientos, con la esperanza de concretar un convenio con el Insabi, a fin de continuar su esquema de atención.31

El 25 de febrero del presente, pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) se manifestaron afuera de Palacio Nacional exigiendo la gratuidad del servicio, así como que se firme un acuerdo entre la organización y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

A la protesta se sumaron padres de los niños con cáncer del Hospital Infantil Federico Gómez, pacientes con VIH del IMSS, así como un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

El 28 de febrero de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a todas las autoridades del sector salud a garantizar a las mujeres usuarias de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) la conclusión integral de sus tratamientos, e implementar los mecanismos necesarios para quienes no puedan acceder a los esquemas de atención por falta de dinero. Esto se debió a que las pacientes del Fucam acusaran que la fundación no atenderá a pacientes nuevas y solo se dará tratamiento a aquellas inscritas antes del 31 de diciembre del 2019.

Por ello, la CNDH pide a todas las autoridades del sector salud dar cumplimiento a sus obligaciones contenidas en la Constitución General de la República, así como en los diversos instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, para garantizar a toda la población su derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.32

El 7 de agosto de 2020, la senadora Lilly Téllez exigió que se le brinde la atención médica necesaria a 15 mujeres que la recibían en Fundación de Cáncer de Mama, AC (Fucam) y cuyos nombres intentó entregar en una carta dirigida al doctor Hugo López Gatell, al mismo tiempo, le pidió al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se le reintegren los servicios de salud a las personas que padecen cáncer y no pueden solventar los gastos que implican los estudios clínicos y medicamentos que necesitan.33

Foro digital La importancia de no interrumpir los tratamientos contra el cáncer de mama

El pasado 27 de agosto de 2020, la Fundación Cáncer Warriors de México, AC, en conjunto con la Coalición Mexicana por la Salud Mamaria (Comesama), realizó el foro digital titulado La importancia de no interrumpir los tratamientos contra el cáncer de mama , en donde se contó con la participación de médicos oncólogos, pacientes, abogados, activistas, legisladores y pacientes que enfrentan esta enfermedad, teniendo un alcance de más de 7 mil personas que accedieron al foro digital mediante las redes sociales Facebook y Youtube.

El objetivo principal del foro digital fue generar conciencia y hacer un llamado a las autoridades respecto a no interrumpir los tratamientos oncológicos para personas que enfrentan esta enfermedad, al tiempo de presentar públicamente la iniciativa de Ley para crear el Consejo Solidario para Mujeres con Cáncer de Mama, la cual fue propuesta e impulsada por Cáncer Warriors de México y presentada formalmente con el apoyo de 110 diputadas y diputados federales, el pasado 27 de abril.

El foro digital tuvo dos enfoques: impacto de la interrupción de los tratamientos oncológicos en la salud de las pacientes y los mecanismos legales/legislativos para combatirlo.

El foro digital inició con la presentación de tres testimonios de mujeres que enfrentan al cáncer de mama y que compartieron con los asistentes los retos médicos y emocionales de enfrentar esta enfermedad.

Posteriormente, el doctor Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) destacó las estrategias implementadas y protocolos que se han seguido en el Incan ante la pandemia del Covid-19 para no retrasar los tratamientos de los pacientes. Por su parte, el doctor Gerardo Castorena, cirujano oncólogo especialista en cáncer de mama indicó que la suspensión de tratamientos contra esta enfermedad genera consecuencias irreversibles en algunos casos, tanto físicas, como psicológicas.

Alejandra de Cima, presidenta de Fundación Cima y de Comesama, expuso una reseña histórica sobre la creación de los movimientos sociales de apoyo a pacientes con cáncer en el mundo, así como sobre la creación de Fundación Cima y la importancia de las alianzas en la lucha contra el cáncer. La maestra Judith Méndez, dio a conocer cifras alarmantes con respecto a la reducción de presupuestos, pues la OMS indica que lo ideal es que los gobiernos destinen 6 por ciento del PIB a dicho sector, cuando México en realidad invierte 2.5 por ciento.

Posteriormente se contó con la intervención de las diputadas federales Mariana Rodríguez Mier y Terán, Lorena Villavicencio Ayala, Nayeli Fernández Cruz, María del Pilar Ortega Martínez y Olga Juliana Elizondo Guerra, quienes expresaron su compromiso para defender los derechos de las pacientes con cáncer desde el Poder Legislativo.

Por último, durante la participación de la licenciada Dolores Aguinaco Bravo, vicepresidenta de la Fundación Barra Mexicana, AC, compartió los mecanismos legales existentes ante la suspensión de tratamientos oncológicos, tales como los más de 200 amparos promovidos por la organización que ella representó en el foro digital.

Por su parte, el fundador y presidente de Cáncer Warriors de México, AC, maestro Kenji López Cuevas, presentó la iniciativa de Ley para crear el Consejo Solidario para Mujeres con Cáncer de Mama en México , cuyo objetivo principal será incidir en evitar recortes presupuestales enfocados a programas de diagnóstico, investigación y tratamiento del cáncer de mama en nuestro país.

El compromiso principal del foro digital fue alinear esfuerzos para obtener la aprobación de la iniciativa de ley, que además permita visibilizar el desabasto de medicamentos oncológicos, durante el actual periodo ordinario de sesiones que comenzó el 1 de septiembre.

Posicionamiento del frente Juntos contra el Cáncer

El 3 de septiembre de 2020, el frente Juntos contra el Cáncer lanzó un comunicado en su cuenta de Twitter donde se posiciona respecto al desabasto de medicamentos oncológicos, en dicho comunicado menciona que el cambio del Seguro Popular al Insabi y la pandemia por Covid-19, han derivado en un desabasto de medicamentos oncológicos. De igual forma exigieron:

1) Conocer el estatus de las disposiciones reglamentarias y normativas del Insabi.

2) Atención médica para todas las personas con cáncer, aún durante la pandemia.

3) Gratuidad de los servicios de salud, en términos de lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional.

Información seminario virtual encabezado por el doctor Julio Frenk

El 2 de septiembre de 2020, se llevó a cabo el seminario virtual titulado Covid-19 en las Américas: políticas y perspectivas , por parte de la Universidad de Miami, el cual tuvo como ponente al doctor Julio Frenk, presidente de la Universidad de Miami y ex secretario de Salud en México, quien inició su ponencia indicando que en la Universidad de Miami lanzaron el observatorio para Covid-19 en Latinoamérica, sobre las medidas que los países han tomado contra la pandemia, indicó también que hay más de 5 millones de casos confirmados de Covid-19 en la región de América Latina, que las interrupciones en transporte público y dificultades para acceso a sistema hospitalario, ponen en riesgo a la población vulnerable y que las complejidades que vivimos en la actualidad nos dicen que este es el momento para crear programas de acceso universal a la salud y a un ingreso monetario básico universal, el contexto internacional debe ser un catalizador para un cambio en el hemisferio.

En otra intervención, la doctora Felicia Knaul, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas habló del Observatorio de las Américas sobre Políticas Públicas contra el Covid-19, que tiene como propósito generar información, por día, de las acciones de los gobiernos contra la pandemia. Asimismo, presentó las 9 medidas que los gobiernos de América Latina han implementado como contención ante Covid-19, las cuales son:

1) Cierre de escuelas.

2) Suspensión en áreas laborales.

3) Cancelación de eventos públicos.

4) Suspensión de transporte público.

5) Desarrollo de campañas informativas.

6) Restricción de viajes dentro del estado.

7) Control de viajes internacionales.

8) Directiva de quedarse en casa.

9) Restricciones al tamaño de reuniones de personas.

Mostró gráficos de la situación actual de la pandemia a nivel regional y mundial, indicando que en América Latina, a pesar de que sólo hay 13 por ciento de la población mundial, se registra 55 por ciento de las muertes por causa del Covid-19, teniendo a EUA, Brasil y México en el top 5 a nivel global. Explicó brevemente la situación que viven países como México, Brasil, Bolivia, Colombia y Chile.

Con respecto a la situación de México, la doctora Knaul mostró que nuestro país está rezagado en las gráficas por las medidas implementadas de manera tardía ante la pandemia, indicó que hace falta una mayor asesoría sobre el uso correcto del cubre bocas, México es de los países donde hay más casos positivos, porque no realiza muchas pruebas. También presentó el porcentaje de pacientes hospitalizados fallecidos en IMSS, ISSSTE, hospitales públicos y privados, teniendo el IMSS la tasa más alta con más de 40 por ciento.

Por su parte, Rafael Lozano, profesor de ciencias métricas de la Salud, y director de Sistemas de Salud del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, indicó que la proyección que realizaron en dicho instituto indica que la mortalidad de Covid-19 en Latinoamérica, será la primera causa de muerte por enfermedad para diciembre de 2020.

Comentó que la población en Latinoamérica usa más el cubre bocas que en EUA y Canadá, sin embargo, el uso efectivo se reduce a sólo 45 por ciento. También habló acerca de las muertes por día y la proyección indica que en México puede haber hasta 8 muertes por millón de habitantes al día, pudiendo llegar a ser la primera causa de muerte con más de 6 mil muertes semanales y hasta 38 por ciento de infección en la población para diciembre de 2020.

Como sugerencias, planteó incorporar más acciones individuales, se necesitan escenarios más realistas, incrementar la responsabilidad de los gobiernos y mejorar la comunicación de los resultados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Instituto de Salud para el Bienestar a implementar de manera inmediata los mecanismos necesarios, a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, presupuestales, médicos y abasto de medicamentos, con el objeto de garantizar la atención médica a las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres diagnosticados con cáncer en el país.

Notas

1 El ejercicio actual de la Medicina, Facultad de medicina, UNAM,
http://www.facmed.unam.mx/eventos/seam2k1/2007/sep_01_ponencia.html (consultado el 4 de septiembre de 2020)

2 https://www.who.int/features/factfiles/cancer/es/

3 10 datos sobre el cáncer, OMS, https://www.who.int/features/factfiles/cancer/es/ (consultado el 4 de septiembre de 2020)

4 La Covid-19 afecta significativamente a los servicios de salud relacionados con las enfermedades no transmisibles, Organización Mundial de la Salud, https://www.who.int/es/news-room/detail/01-06-2020-covid-19-significant ly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases (consultado el 4 de septiembre de 2020)

5 Estadios del cáncer de mama, Breast Cancer, https://www.breastcancer.org/es/sintomas/diagnostico/estadios?gclid=Cjw KCAjwmMX4BRAAEiwA-zM4JsjXHm1G4G0AXcAs46oL8YJ587VdXiey7s_XiI4ffjueTQselW usdxoC250QAvD_BwE#tnm (Consultado el 17 de julio de 2020)

6 "Cáncer, el asesino silencioso de la mujer mexicana". Conversus. Instituto Politécnico Nacional. México. 2006. p. 47

7 "European guidelines for quality assurance in breast cancer". British Medical Journal. 2000. Vol. 321; 869.

8 Programa de acción: cáncer de mama. 2007-2012. Secretaría de Salud. México. 2007. p. 11

9 Córdoba Villalobos, José Ángel. "Introducción". Programa de acción: cáncer de mama. 2007-2012. Secretaría de Salud. México. 2007.

10 NOM-041-SSA2-2002 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama

11 Steliarova-Foucher E, Colombet M, Ries LAG, et al. International incidence of childhood cancer, 2001-10: a population-based registry study. Lancet Oncol. 2017;18(6):719-731

12 Gupta S, Howard SC, Hunger SP, et al. Treating Childhood Cancer in Low- and Middle-Income Countries. In: Disease Control Priorities, volume 3. http://dcp-3.org/chapter/900/treating-childhood-cancers-low-and-middle- income-countries (consultado el 4 de septiembre de 2020)

13 Howard SC, Zaidi A, Cao X, et al. The My Child Matters programme: effect of public-private partnerships on paediatric cancer care in low-income and middle-income countries. Lancet Oncol. 2018;19(5):e252-e266.

14 El cáncer infantil, OMS, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children (consultado el 4 de septiembre de 2020)

15 La mortalidad por cáncer de mama aumenta en México, DGCS UNAM,
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_677.html (consultado el 4 de septiembre de 2020

16 Cáncer en la infancia, Instituto de Salud del Estado de México,
https://salud.edomex.gob.mx/isem/pr_cancerinfancia#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20CENSIA,del%20Sistema%20Nervioso%20Central%2010 (consultado el 4 de septiembre de 2020

17 México, epidemiología,

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/cancer-infantil -en-mexico.pdf (consultado el 4 de septiembre de 2020.

18 AMANC Guanajuato, http://amancguanajuato.org/cancer-infantil/
#:~:text=Cada%204%20horas%20en%20promedio,esta%20causa%20a%20nivel%20nacional.&text=El%20c%C3%
A1ncer%20es%20la%20principal,a%2014%20a%C3%B1os%20de%20edad.&text=75%25%20de%20los%20pacientes%
20recibe%20tratamiento%20en%20etapas%20avanz adas. (consultado el 4 de septiembre de 2020)

19 La COVID-19 afecta significativamente a los servicios de salud relacionados con las enfermedades no transmisibles, Organización Mundial de la Salud, https://www.who.int/es/news-room/detail/01-06-2020-covid-19-significant ly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases (Consultado el 4 de septiembre de 2020)

20 Infecciones en personas con cáncer, American Cancer Society, https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundario s/efectos-secundarios-fisicos/recuentos-sanguineos-bajos/infecciones.ht ml (consultado el 4 de septiembre de 2020)

21 Cáncer y coronavirus: afrontando un doble desafío, Unión Internacional Contra el Cáncer, https://www.uicc.org/news/cancer-and-coronavirus-coping-double-challeng e (consultado el 3 de septiembre de 2020)

22 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/23/padres-de-ninos-con-c ancer-bloquearon-el-aicm-por-segunda-vez-en-protesta-por-desabasto-de-m edicinas/

23 Muere Alexis, niño con cáncer; desabasto de medicinas afectó su salud, dice su mamá, Animal Político, https://www.animalpolitico.com/2020/02/alexis-muere-desabasto-medicamen tos-cancer/ (consultado el 4 de septiembre de 2020)

24 https://twitter.com/Rick_Villalobos/status/1264344764058611712/photo/1

25 http://www.omnia.com.mx/noticia/148566/
continua-desabasto-de-medicamentos-para-ninos-con-cancer-denuncian-padres, Omnia,
http://www.omnia.com.mx/noticia/148566/continua-desabasto-de-medicamentos-para-ninos-con-cancer-denuncian-padres

26 https://twitter.com/amohpmx/status/1266412068736991232?s=21

27 https://cancerwarriorsdemexico.org/fundador/

28 Llegan a acuerdos padres de niños con cáncer y autoridades del Sector Salud, 24 horas,

https://www.24-horas.mx/2020/06/11/
llegan-a-acuerdos-padres-de-ninos-con-cancer-y-autoridades-del-sector-salud/ (consultado el 3 de septiembre de 2020)

29 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/25/
padres-de-familia-denunciaron-que-continua-el-desabasto-de-medicamentos-para-ninos-con-cancer/

30 https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-09-03-12-02/padres-de-ninos -con-cancer-bloquean-circuito-interior

31 Chocan Fucam y el Insabi por recursos, La Jornada, https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/02/21/chocan-fucam-y-e l-insabi-por-recursos-8136.html (consultado el 4 de septiembre de 2020)

32 CNDH pide a autoridades de salud atender a mujeres con cáncer que no puedan pagar a Fucam, Animal Político, https://www.animalpolitico.com/2020/02/cndh-salud-mujeres-fucam/ (Consultado el 4 de septiembre de 2020)

33 Exige Lilly Téllez atención médica para mujeres con cáncer, Al momento, https://almomento.mx/exige-lilly-tellez-atencion-medica-para-mujeres-co n-cancer/ (consultado el 4 de septiembre de 2020)

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 23 de septiembre de 2020.

Diputados: Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica), René Juárez Cisneros, Juan Carlos Romero Hicks, Verónica Beatriz Juárez Piña, Arturo Escobar y Vega, Itzcóatl Tonatihu Bravo Padilla, Dulce María Sauri Riancho, Laura Barrera Fortoul, Frinne Azuara Yarzábal, Claudia Pastor Badilla, Norma Adela Guel Saldívar, Ana Lilia Herrera Anzaldo, María Ester Alonzo Morales, Martha Hortencia Garay Cadena, Soraya Pérez Munguía, Enrique Ochoa Reza, Manuel Limón Hernández, Brasil Alberto Acosta Peña, Lenin Nelson Campos Córdova, Anilú Ingram Vallines, Benito Medina Herrera, Rubén Ignacio Moreira Valdez, María Lucero Saldaña Pérez, Lourdes Érika Sánchez Martínez, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Marcela Guillermina Velasco González, Isaías González Cuevas, Héctor Yunes Landa, Ivonne Liliana Álvarez García, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan José Canul Pérez, Lilia Herrera Anzaldo, Margarita Flores Sánchez, Ricardo Aguilar Castillo, Pedro Pablo Treviño Villarreal, María Sara Rocha Medina, Juan Ortiz Guarneros, Ximena Puente de la Mora, José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Azael Santiago Chepi, Ana Patricia Peralta de la Peña, María del Pilar Ortega Martínez, Leticia Mariana Gómez Ordaz.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a diseñar e implantar un protocolo para atender denuncias de violencia en el entorno escolar en la modalidad virtual; crear y difundir una campaña dirigida a padres de familia y alumnado a efecto de que conozcan la línea telefónica sobre acoso; y transmitir en el programa Aprende en Casa por TV y en línea información respecto al acoso en dicho ámbito, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e implementar a la brevedad un protocolo de intervención para atender denuncias de violencia dentro del entorno escolar en la modalidad virtual, así como a crear y difundir una campaña informativa dirigida a los padres de familia y la comunidad escolar, a efecto de que conozcan la línea telefónica sobre acoso. Asimismo, que en el Programa Aprende en Casa por TV y en Línea, se transmita información sobre acoso escolar y sus diferentes vertientes, con el objetivo de prevenir y erradicar este fenómeno; con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud va más allá de estar sano físicamente, implica que el Estado, implemente las medidas necesarias para que todas y todos los mexicanos tengan una vida óptima.

En México la salud es un derecho inalienable y aplicable a todas las personas sin importar su sexo, edad, condición social, económica, cultural o racial. Establecido en el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales de los que México forma parte; así como en la Ley General de Salud, los cuales estipulan que:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1

Artículo 4. ...

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Asimismo, la Ley General de Salud, entiende la salud más allá del bienestar físico, brindando las principales causas por las cuales se debe garantizar el derecho a la protección de la salud; estipulando que:

Ley General de Salud 2

Artículo 1º. Bis.

Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Artículo 2o.

El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades:

I . El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados;

VI . El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud;

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, y

VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”3

A través de los años, la salud, se ha entendido como el bienestar físico, sin embargo, como podemos notar, ésta también comprende la salud mental, y es aquí donde niñas, niños y jóvenes se ven vulnerados por un fenómeno conocido como como “bullying”. Y es que, según la ONG Internacional “Bullying Sin Fronteras” en colaboración con la OCDE para América, Europa, África, Oceanía y Asia, entre junio de 2017 y junio de 2018, los casos de bullying en México fueron en aumento, puesto que 7 de cada 10 niños sufrieron algún tipo de acoso diario, es decir, de los más de 40 millones de alumnos de primaria y secundaria en el país, alrededor de 28 millones padeció este maltrato cotidianamente, el equivalente a la población de Portugal, Bélgica, Uruguay y Chile juntas. Esto coloca a México en primer lugar a nivel mundial en casos de bullying o acoso escolar.4

Según con la ONG antes mencionada, ”la cifra de junio de 2019 a enero de 2020, incrementó, donde 8 de cada 10 niños -relativamente- a nivel mundial sufren algún tipo de acoso escolar diario, puesto que pocos son los casos reportados por parte de las autoridades de los diferentes Ministerios de Educación en los diversos países, no se tiene una cifra exacta y precisa en su totalidad.5

Algunos datos sobre el bullying en nuestro país que la ONG Internacional “Bullying Sin Fronteras” brinda son:

• 85 por ciento de los casos suceden en la escuela.

• 82 por ciento de los niños con discapacidad son acosados en la escuela.

• 44 por ciento de los niños entre 8 y 10 años ha sufrido de bullying al menos una vez.

• Más del 80 por ciento de los actos de bullying no son reportados a los maestros.

• 60 por ciento de lo los bullies o acosadores/as tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta.

• 3 millones de niños se ausentan de la escuela cada mes a causa del acoso.

• 9 de cada 10 estudiantes homosexuales son molestados por su orientación sexual.6

Cabe señalar que existen diversos tipos de bullying, los cuales cuentan con sus propias características. Cada cual tiene su objetivo específico y hace daño de una manera particular a la víctima.

Tipos de bullying:

Físico: Es cualquier forma de agresión física que lastime el cuerpo de la víctima; pueden ser golpes, empujones, rasguños, jalones de pelo, patadas, o incluso agresiones con algún objeto utilizado como arma.

Verbal: Implica que la víctima sea amedrentada con palabras, insultos, apodos, groserías y burlas.

Psicológico: Se configura a través de amenazas y/o burlas persistentes que hacen que la autoestima de la víctima se vea afectada y aumente su sensación de temor. Esto puede incluir burlas y amenazas constantes que buscan amedrentar y reducir la sensación de seguridad del otro.

Social: Se aplica “la ley del hielo”, que significa que ciertas personas ignoran o excluyen a otra y en ocasiones, inventan rumores de ésta para evitar que los demás tengan algún contacto con la persona, ocasionando que las víctimas se aíslen.

Sexual: Es cualquier tipo de maltrato, burla y/o amenaza que está relacionado a un tema sexual. Pueden intimidar, hacer comentarios sexualmente ofensivos, levantar la ropa o bajar los pantalones para burlarse. Incluso puede llegar al toqueteo o sometimiento de la víctima a cuestiones sexuales con las que no se está de acuerdo.

Ciberbullying o acoso cibernético: Cuando la humillación, amenaza, burla o difamación se hace a través de las redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat, mensajes de texto o internet.

El ciberacoso se manifiesta a través de la invasión de la privacidad, la humillación, la provocación pública; generando generar daños emocionales, mentales y hasta físicos.

El ciberbullying es un problema emergente que en México va en aumento por lo que el INEGI creó el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba). En su cuarta edición se estipula que el 23.9 por ciento de la población mexicana a partir de los 12 años en adelante que utilizó internet fue víctima de ciberacoso. Un total de 8.3 millones de hombres y 9.4 millones de mujeres:

Gráfica de poblacional de mujeres y hombres de 12 años y más en 2019 en México que sufrió ciberacoso

Según el informe 2020 digital de We are Social, México se ubica en segundo lugar a nivel América Latina en cuanto al número de usuarios de internet, con un total de 89 millones de usuarios online,7 los cuales, según el 1er Estudio Nacional Cómo usan los mexicanos las redes sociales coordinado por la FCPyS de la UNAM, el 52.5 por ciento de los usuarios de WhatsApp lo utilizan entre dos y cuatro horas diarias. Mientras que un 17 por ciento lo utilizan por más de seis horas el día. Facebook es la red social más usada por los mexicanos, pues de cada 100 que utilizan Internet, 99 tienen una cuenta ahí. El 96 por ciento consulta Facebook a través de su celular, más del 30 por ciento navega por más de dos horas, y casi 10 por ciento pasa más de seis horas dando likes, comentando o compartiendo.8

Ahora, llevando esto al contexto de la pandemia del Covid-19 que aqueja a nivel mundial, donde familias enteras deben estar en cuarentena, el número de horas que las personas pasan en Internet es mayor, incrementándose el riesgo de que tanto niños como niñas y adolescentes, pueden tener las mismas problemáticas que cuando salían a la calle. Es decir, pueden ser acosados y ser víctimas de relaciones malsanas.

El riesgo principal lo corren los menores de la casa puesto que, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI, en México el 70.1 por ciento de la población de seis años o más es usuaria de internet y desconoce los riesgos de estar en línea.9 Y es que las nuevas generaciones tienen toda su información personal en las redes y están abiertos a conocer personas a través de estas, hasta a verse cara a cara con completos extraños de los cuales desconocen si sean figuras peligrosas que se aprovechen o hagan mal uso de su información, lo cual demuestra la falta de consciencia sobre la importancia de la ciberseguridad.

Asimismo, es de suma importancia que las madres, padres y/o tutores se informen de los peligros y riesgos asociados al Internet y el consumo digital de los niños, niñas y adolescentes para así, poder comunicar y orientarlos de manera correcta, evitando patrones débiles de orientación y bajos controles de supervisión sobre el comportamiento. La UNICEF alega que, para la protección de las generaciones más jóvenes, la responsabilidad es compartida no solo por cada individuo y gobierno sino por las empresas, en especial las que generan plataformas que ofrecen conectividad digital.10

Previo a la pandemia derivada del Covid-19, en febrero del 2017, los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, firmaron el Plan de acción para la prevención social de la violencia y el fortalecimiento de la convivencia escolar. Posteriormente surge el Programa Nacional de Convivencia Escolar.

Sin embargo, no se cuenta con un Protocolo de actuación a nivel nacional. La administración actual, ha puesto a disposición de la población para atender, prevenir, denunciar y dar información sobre el bullying una página de Internet y la línea telefónica 01800-11-ACOSO (22676), más cada estado cuenta con un protocolo específico, con materiales de apoyo, indicadores de conductas de riesgo, así como información sobre redes de colaboración; por lo tanto, con lo que realmente cuenta la dependencia federal es una línea y una página de atención y denuncia anónima, de las cuales la población mexicana tiene casi un nulo conocimiento.

El bullying conlleva más que el desmejoramiento en la salud mental de las víctimas, representa una serie de costos que van de los costos directos -entiéndase como tratamiento, visitas al médico de hospital y otros servicios de salud-. Costos indirectos -entiéndase como menor calidad de vida y muerte prematura-. Costos para el sistema de justicia penal y otras instituciones. Costos para organizaciones de bienestar social, hasta gastos relacionados con detener y procesar a infractores.11 Por lo que es un problema que concierne tanto al gobierno mexicano como a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, quienes deben promover la prevención mediante estrategias de información que impacten a las audiencias más jóvenes.

Es por eso que tras la pandemia del Covid-19 que aqueja a nivel mundial y la implementación en México por parte de la SEP de un sistema de educación a distancia electrónica y digital, se creó el Programa Aprende en Casa por TV y en Línea , es fundamental que las autoridades correspondientes aprovechen que el alumnado ya está inmerso tanto en dispositivos como en la TV para dar una mayor difusión por medio de comerciales o anuncios cortos entre recesos tanto a la línea telefónica como a la página para fomentar el no bullying en niños y jóvenes. Asimismo, que se informen sobre el tema, sepan identificarlo; se sientan protegidos y acompañados mediante el conocimiento de la acción que debe llevarse a cabo en caso de ser víctima de bullying en cualquiera de sus diferentes formas.

Es por lo motivos anteriores que someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e implementar a la brevedad un protocolo de intervención para atender denuncias de violencia dentro del entorno escolar en la modalidad virtual, así como a crear y difundir una campaña informativa dirigida a los padres de familia y la comunidad escolar, a efecto de que conozcan la línea telefónica sobre acoso. Asimismo, que en el programa Aprende en Casa por TV y en Línea , se transmita información sobre acoso escolar y sus diferentes vertientes con el fin de prevenir y erradicar este fenómeno en nuestro país.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4, párrafo 3, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

2 Ley General de Salud, Artículo 1. Bis y Artículo 2, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf

3 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100, disponible en https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions#:~:t ext= por cientoC2 por cientoBFC por cientoC3 por cientoB3mo por ciento20define por ciento20la por ciento20OMS por ciento20la,ausencia por ciento20de por ciento20afecciones por ciento20o por ciento20enfermedades por cientoC2 por cientoBB.

4 Bullying Sin Fronteras, Estadisticas 2019/2020. Equipo Multidisciplinario Internacional, disponible en https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-estad isticas-2017.html

5 Ibídem.

6 Estadísticas 2019/2020. Equipo Multidisciplinario Internacional. ONG Bullying Sin Fronteras, disponible en https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-estad isticas-2017.html

7 We Are Social 2020, disponible en https://wearesocial.com/digital-2020

8 ¿Cómo usan los mexicanos las redes sociales? Disponible en
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_408.html

9 Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad Y Uso De Tecnologías De La Información En Los Hogares, disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemE con/ENDUTIH_2019.pdf

10 Experiencia digital segura en tiempos de covid-19, para adolescentes y niños, disponible en https://www.unicef.org/panama/comunicados-prensa/experiencia-digital-se gura-en-tiempos-de-covid-19-para-adolescentes-y-ni por cientoC3 por cientoB1os

11 Marco Jurídico del Acoso Escolar, disponible en
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/ET_2013/09_MJAEB.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de Septiembre de 2020

Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sedatu a impulsar programas de apoyo urgente para construir, reparar o reubicar vivienda de familias poblanas afectadas en su patrimonio debido a las fuertes lluvias, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Claudia Báez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La temporada de ciclones tropicales en México comenzó el 15 de mayo para el océano Pacífico, y el 1 de junio para el océano Atlántico. Derivado de lo anterior y ante la presencia de diversos fenómenos pluviales en la República Mexicana, se han presentado un sinfín de afectaciones a la población en diferentes regiones del país, lo que pone en un estado de vulnerabilidad la seguridad, integridad y patrimonio de las y los mexicanos.

Las intensas lluvias han traído como resultado la grave afectación de viviendas, caminos y carreteras y han provocado deslaves, derrumbes, inundaciones y daños a los hogares.

El estado de Puebla no ha sido la excepción y un total de 89 viviendas de ocho municipios del interior del estado resultaron afectados por las intensas lluvias, reportó la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado, a través de su Dirección de Protección Civil. Se trata de los municipios de San Felipe Tepatlán, Hermenegildo Galeana, Amixtlán, Tlaola, Tlapacoya, Xicotepec, Copala y Chinconcuautla, donde hubo daños en estas viviendas, así como deslaves en caminos y carreteras, aunque se descartaron pérdidas humanas o heridos.1

Además de la pandemia por la que atraviesa el país y en particular el estado de Puebla se suma la pérdida del patrimonio que están sufriendo las familias poblanas y que están ocasionando los fenómenos meteorológicos.

El momento por el que pasan los poblanos es complicado ya que al encontrarnos en medio de una pandemia que ha traído estragos económicos considerables, se suma y aumenta la incertidumbre por las afectaciones que están ocasionando las lluvias en suelo poblano, por lo que resulta necesario trazar una ruta para promover acciones que apoyen a las comunidades y familias afectadas, para la rehabilitación de sus viviendas o bien para su reubicación en casas nuevas donde no corran ningún tipo de riesgo.

El artículo 4o. constitucional establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y señala que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Derivado de lo anterior resulta necesario que el Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) promueva acciones tendientes a garantizar el derecho a la seguridad de las personas, así como su derecho a la vivienda por lo que resulta necesario promover acciones tendientes a apoyar a las comunidades y familias ubicadas en los municipios de San Felipe Tepatlán, Hermenegildo Galeana, Amixtlán, Tlaola, Tlapacoya, Xicotepec, Copala y Chinconcuautla.

Resulta indispensable impulsar programas de apoyo a damnificados para la construcción o reparación de sus viviendas, en ese contexto es obligatoria la intervención de la Sedatu a fin de dirigir y fomentar acciones tendientes a realizar trabajos en benéfico y seguridad de la población.

Durante la temporada de ciclones tropicales y lluvias de 2020 se prevén entre 30 y 37 ciclones, donde los meses de septiembre y octubre serán los más intensos en el territorio nacional, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En conferencia virtual, la directora general de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, informó que durante la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico se registrarán un aproximado de 15 a 19, de ellos entre ocho y 10 tormentas tropicales, de cuatro a cinco huracanes categoría 1 y 2, y de tres a cuatro huracanes categoría, 3, 4 y 5.2

Es necesario señalar que la temporada de ciclones tropicales y lluvias no sólo afecta a la costa del país, de igual manera afecta al interior de la República, y afecta de manera importante a aquellas comunidades ubicadas en zona de riesgo de deslave o de desbordamiento de ríos.

Por lo anterior, se considera que se deben impulsar programas de apoyo para la construcción, reparación o reubicación de sus viviendas, para las comunidades y familias ubicadas en los municipios de San Felipe Tepatlán, Hermenegildo Galeana, Amixtlán, Tlaola, Tlapacoya, Xicotepec, Copala y Chinconcuautla que han sufrido los embates de la temporada de lluvias con el fin de fortalecer acciones para garantizar la integridad, seguridad y protección de las familias poblanas, así como de su patrimonio.

Por lo expuesto, la suscrita somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulse y promueva programas de apoyos emergentes para construcción, reparación o reubicación de vivienda para las familias que han sido afectadas en su patrimonio, y que se ubican en los municipios de San Felipe Tepatlán, Hermenegildo Galeana, Amixtlán, Tlaola, Tlapacoya, Xicotepec, Copala y Chinconcuautla, en el estado de Puebla, derivado de las fuertes lluvias que se han suscitado en esa entidad.

Notas

1 https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/lluvias-afectan-viviendas-y-prov ocan-deslaves-en-ocho-municipios-de-puebla-san-felipe-tepatlan-hermeneg ildo-galeana-amixtlan-tlaola-tlapacoya-xicotepec-copala-y-chinconcuautl a-5603704.html

2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
temporada-de-ciclones-y-lluvias-en-2020-sera-mas-intensa-preve-conagua#:~:text=
Puedes%20desuscribirte%20en%20cualquier%20momento,Nacional%20del%20Agua%20(Conagua).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos mexiquense y de Ecatepec de Morelos, y a la CNDH a hacer pública la información sobre las acciones derivadas de la toma pacífica de las instalaciones del organismo en el municipio el 11 de septiembre de 2020, a cargo de la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 6 fracción I y 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo del estado de México , al presidente municipal de Ecatepec de Morelos y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hagan pública la información relativa a las acciones derivadas de la toma pacífica de las instalaciones de ese organismo público de derechos humanos, en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, el pasado 11 de septiembre de 2020, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los primeros días de septiembre, organizaciones feministas tomaron pacíficamente las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en protesta por la inacción de este organismo nacional en la atención de la violencia de género. Las organizaciones crearon en estas instalaciones, un albergue para mujeres violentadas y estuvieron recibiendo a muchas víctimas, atendiendo y dando seguimiento a sus casos. De frente a la ignorancia de la que fueron objeto por parte de la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, las organizaciones decidieron tomar pacíficamente otras delegaciones del propio organismo en otras entidades federativas, entre ellos Michoacán, Veracruz, Aguascalientes y Puebla, con la finalidad de visibilizar la problemática que enfrentan.

El 11 de septiembre pasado, por la noche, las organizaciones se presentaron para realizar la toma en las instalaciones del organismo en Ecatepec y, durante el proceso, resultaron agredidas por integrantes de la policía municipal y de la Fiscalía del Estado, fueron detenidas al menos trece mujeres, entre ellas una embarazada y dos menores de edad. Asimismo, reporteras que se encontraban en el lugar para dar cuenta de los hechos, denunciaron maltrato por parte de los integrantes de las fuerzas policiacas, a pesar de haberse identificado plenamente como medios de comunicación. Estos actos de violencia contra las mujeres únicamente evidencian la falta de capacitación por parte de las y los elementos policiacos en materia de uso legítimo de la fuerza, derechos humanos y manejo de situaciones de crisis y constituyen acciones que no sólo revictimizan a las mujeres, sino que las agreden desde las instituciones del Estado que debieran protegerlas.

En este tenor, las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados citaron a la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la finalidad de que explicara los mecanismos de interlocución y negociación con las víctimas y colectivos, comparecencias en las cuales la Presidenta Piedra Ibarra únicamente atinó a señalar que ella, como víctima, come frijoles y arroz, olvidando que las responsabilidades institucionales que le fueron asignadas por el Senado de la República en cuestionado acto de imposición, tienen que ver con el más alto estándar en materia de defensa y protección del ejercicio de los derechos humanos de las y los mexicanos y no con su dieta o experiencia personal. La ombudsperson no puede anteponer su bienestar personal al altísimo encargo para el que fue impuesta por el presidente de la República, en un acto de absoluta irresponsabilidad.

Es por lo anterior que, plenamente comprometida con los derechos humanos, especialmente con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo del estado de México, al presidente municipal de Ecatepec de Morelos y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hagan pública la información relativa a las acciones derivadas de la toma pacífica de las instalaciones de ese organismo público de derechos humanos, en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, el pasado 11 de septiembre de 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar acciones conducentes a garantizar el abastecimiento de medicamentos en Tabasco, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano, diputada federal por Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y participante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al secretario de Salud, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para garantizar el abastecimiento de medicamentos, material médico, material de limpieza y material de protección para el personal médico; en los centros de salud, clínicas y hospitales de Tabasco.

Exposición de Motivos

Antecedentes

Propagación del virus SARS-CoV2 (Covid-19)

Desde el pasado 17 de noviembre de 2019 en la comunidad de Wuhan en China, se comenzó a observar un brote epidémico causado por un nuevo Coronavirus, nombrado virus SARS-CoV2 (Covid-19) el cual fue creciendo de forma exponencial, surgiendo la rápida propagación del virus, el cual originó la pandemia en todo el mundo.

El 5 de enero de 2020 la (OMS) reportaba la información recibida de las autoridades sanitarias chinas:

El 31 de diciembre de 2019, se informó a la Oficina de la OMS en China de varios casos de neumonía de etiología desconocida (causa desconocida) detectados en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei (China). A fecha de 3 de enero de 2020, las autoridades nacionales de China han notificado a la OMS que, en total, hay 44 pacientes con neumonía de etiología desconocida. De entre los 44 casos notificados, 11 pacientes están gravemente enfermos, mientras que los 33 pacientes restantes se encuentran en situación estable. Según informaciones difundidas en los medios de comunicación, el mercado implicado en Wuhan se cerró el 1 de enero de 2020 por saneamiento y desinfección ambiental.1

El 8 de enero Tailanda reportó por primera vez un caso detectado fuera de China (aunque después se supo de otro anterior el 27 de diciembre en Francia)2 y el 10 de enero se produjo el primer fallecimiento causado por el nuevo coronavirus.3

El 23 de enero las autoridades chinas decretaron el estricto aislamiento de Wuhan4 , ciudad de más de 11 millones de habitantes, medida sin precedentes en la historia de la sanidad pública a juico de Gauden Galea, representante de la OMS en China.5

El SARS-CoV2 (Covid-19) llegó a México a finales del mes de febrero lo cual fue confirmado el día 29 de febrero de 2020 por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, mediante el anuncio del contagio de un hombre de 35 años en la Ciudad de México6 , que recientemente había estado en Italia. Pocas horas después se confirmó otro caso en el estado de Sinaloa7 y un tercer caso, nuevamente, en la Ciudad de México.

El gobierno, en coordinación con la Secretaría de Salud, ha implementado una serie de medidas para prevenir y controlar los contagios en el país, entre las cuales se incluyen la extensión del período vacacional estudiantil, la Jornada Nacional de Sana Distancia y el Plan DN-III-E.

Se identificaron tres fases epidemiológicas por las autoridades sanitarias, según el grado de transmisión de la enfermedad. En México el 24 de marzo se decretó la fase 2 que comprende primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas, la restricción de congregaciones masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general8 . El 30 de marzo se declaró una "emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor" como consecuencia de la evolución de casos confirmados y muertes por la enfermedad en el país, lo cual dio lugar a la ejecución de acciones adicionales para su prevención y control,9 y el 21 de abril dio comienzo la fase 3, mediante la cual se extienden las actividades de prevención y control realizadas en las anteriores fases al menos hasta mediados o finales de mayo.10

Problemática desabasto de medicamentos y material médico

Pese hasta que el momento, el Gobierno Federal ha implementado diversas acciones para mitigar la propagación de la pandemia derivada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), ésta no logrará evitarse de forma considerable a corto plazo y desafortunadamente en nuestro país se han presentado varios problemas derivados de la pandemia, algunos de ellos son el de desabasto de medicamentos y material médico.

La falta de medicamentos pone en riesgo a gran parte de la población, principalmente a los pacientes con enfermedades crónicas como: la obesidad, la hipertensión, diabetes, cáncer, VIH entre otras, los cuales no están recibiendo de forma correcta sus medicamentos, debido al desabasto y la escasez.

Lo mismo está ocurriendo con el instrumental y equipo médico básico utilizado por el personal de salud para el desempeño de sus funciones, sin olvidar la indumentaria necesaria para brindar protección al personal médico durante la pandemia. Los profesionales de la salud, necesitan el material de protección personal, no solo para protegerse a sí mismos, sino también para protección de los pacientes y así evitar la propagación del virus. La carencia de material de protección ha causado bajas en el personal médico a nivel Nacional.11

Tabasco no es la excepción, ya que inició el año con desabasto de medicamentos, según los reportes del Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT). De acuerdo con el seguimiento diario actualizado al 04 de enero de 2020, ocho de cada 10 recetas emitidas en las unidades médicas urbanas, rurales y hospitales de alta especialidad, para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas se quedan sin surtir. Tan solo el pasado sábado 04 de enero, 210 pacientes con diabetes, hipertensión, y dislipidemias, que acudieron a consulta, no recibieron su tratamiento, por lo que tuvieron que adquirirlo de manera particular. Los principales cinco medicamentos que escasean en las farmacias del sector público son Losartán, benzafibrato, clortalidona, pravastatina y ácido acetilsalicílico.12

De igual manera se han realizado varias denuncias de desabasto de medicamentos e insumos sanitarios dentro del estado:

- Un promedio de 300 pacientes con Lupus (una enfermedad crónica autoinmune), se enfrentan desde hace algunas semanas al desabasto de hidroxicloroquina cuyo nombre comercial es Plaquenil.13

- El presidente de Grupos en Movimiento, AC, (GEMAC), Carlos Sánchez, señaló que el desabasto de algunos de los medicamentos que forman parte del tratamiento de personas con VIH continúa en el Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco (ISSET) así como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).14

- Médicos especialistas que laboran en Hospital del niño "Rodolfo Nieto Padrón" hacen circularen redes sociales las carencias que se están sufriendo en el hospital, ya que estas ponen en peligro a pacientes y niños. El hospital se encuentra en una situación de emergencia extrema debido a que no han podido realizar procedimientos quirúrgicos de emergencia, debido a que no cuentan con analgésicos, antibióticos, soluciones fisiológicas, cubrebocas, gorros, material de limpieza, ropa estéril.

- De igual manera, trabajadores de los hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Villahermosa revelaron que se están dando ya los primeros contagios de Covid-19 entre personal médico, todo debido a la falta de equipo medico de protección y material de limpieza15

Consideraciones

Primera. Que, como diputada federal, representante del pueblo y participante de esta Cuarta Transformación política de México, para mí es de gran importancia apoyar y establecer acciones que permitan solucionar la problemática que aqueja a la población, especialmente a los sectores más débiles y desfavorecidos que actualmente están sufriendo problemas de escasez y salud pública.

Segunda. Que el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional, garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 constitucional. Su texto es el siguiente:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución."16

El derecho a la salud es uno de los derechos sociales por antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado. El derecho a la salud tiene un carácter prestacional, en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones positivas de hacer por parte de los poderes públicos.

Tercera. El artículo 2 de la Ley General de Salud, establece que el derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población."

Cuarta. El derecho a la protección de la salud se recoge en diversos tratados internacionales, de los cuales nuestro país es parte, dentro de los que destaca la Declaración Universas de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derecho Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como "un Estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la colectividad,"

Quinta. Que de conformidad con la fracción VI del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de Salud: Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho sistema y determinará las políticas y acciones de concertación entre los diferentes subsistemas del sector público.

Sexta. De conformidad con el artículo 27 de la Ley General de Salud. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. ...

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;

XI. ...

Septima. Que desafortunadamente, derivado de la pandemia ocasionada por la propagación del virus SARS-CoV2 (Covid-19), el estado mexicano está sufriendo una crisis en materia de salud debido al desabasto de medicamentos, material médico, material de limpieza, e insumos esenciales para la salud. Dicho desabasto violenta considerablemente el derecho de acceso a la salud de diversas personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica y necesitan consumir medicamentos para contrarrestar y atacar sus enfermedades e incluso el no tener acceso a ellos, pone en riesgo su vida.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para garantizar el abastecimiento de medicamentos, material médico, material de limpieza y material de protección para el personal médico; en los centros de salud, clínicas y hospitales del estado de Tabasco.

Notas

1 Neumonía de causa desconocida-China. Organización Mundial de la Salud. 5 de enero de 2020. Recuperado desde: https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-c hina/es/ el 27 de marzo de 2020.

2 Organización Mundial de la Salud (13 de enero de 2020). "Declaración de la OMS sobre el nuevo ?coronavirus detectado en Tailandia. Recuperado desde: https://www.who.int/es/news-room/detail/13-01-2020-who-statement-on-nov el-coronavirus-in-thailand el 27 de marzo de 2020.

3 "China reports 1st death from new type of coronavirus". The Associated Press (en inglés). Recuperado desde: https://apnews.com/c0e87e089a89fa5579e1c63acded7d46. el 27 de marzo de 2020.

4 Routers (23 de enero de 2020)". Recuperado desde: https://www.reuters.com/article/us-china-health-who-idUSKBN1ZM1G9 el 27 de marzo de 2020.

5 "El País. ISSN 1134-6582. Recuperado desde: https://elpais.com/sociedad/2020/02/05/actualidad/1580918404_556864.htm l el 27 de marzo de 2020.

6 Redacción. 29 de febrero de 2020. BBC News Mundo Recuperadp desde: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51677751 el 27 de marzo de 2020.

7 Javier Correa Martínez. Sinaloa, 28 de febrero El Universal. Recuperado desde:
https://www.eluniversal.com.mx/estados/sinaloa-quien-es-el-ingeniero-contagiado-de-coronavirus el 27 de marzo de 2020.

8 Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). Publicado en el DOF el 24 de marzo de 2020. Recuperado desde: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/ 2020 el 27 de marzo de 2020.

9 Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Consejo de Salubridad Nacional. Publicado en el DOF, el 30 de marzo de 2020. Recuperado desde: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/ 2020 el 6 de abril de 2020.

10 110. Inicia la fase 3 por Covid-19 Secretaría de Salud. 21 de abril de 2020. Consultado el 21 de abril de 2020. Recuperado desde: https://www.gob.mx/salud/prensa/110-inicia-la-fase-3-por-covid-19?idiom =es el 25 de abril de 2020.

11 Redacción AN / LP 21 de abril de 2020 2:20 pm. Protestan en hospital de la Ciudad de México por falta de equipo de protección ante coronavirus. Aristegui Noticias. Recuperado desde: https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/protestan-en-hospital-de-cdmx -por-falta-de-equipo-de-proteccion-ante-coronavirus/ el 25 de abril de 2020.

12 Crystyan Vinagre Almeida. 05 de enero de 2020. Inicia Tabasco el 2020 con desabasto de medicamentos. Primera plana XEBT Recuperado desde: https://www.xevt.com/primeraplana/inicia-tabasco-el-2020-con-desabasto- de-medicamentos/77048 el 25 de abril de 2020.

13 Vanesa Lara. 31 de marzo de 2020. Pacientes con Lupus denuncian desabasto de medicamentos en Tabasco. XEVA Noticias. Recuperado desde: http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=101026&t=pacientes-con-lupus-denunci an-desabasto-de-medicamentos-en-tabasco el 5 de mayo de 2020.

14 Mariel Arroyo. 3 de mayo de 2020. Continúa el desabasto de medicamentos para VIH en el ISSET y en el ISSSTE, señala GEMAC. XEVA Noticias. Recuperado desde: http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=104563&t=continua-el-desabasto-de-me dicamentos-para-vih-en-el-isset-y-en-el-issste-senala-gemac el 5 de mayo de 2020.

15 Ángel Vega. 15 de abril de 2020. Se propaga Covid-19 entre personal médico en Tabasco. El Heraldo de Tabasco https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/se-propaga-covid-19-entre-p ersonal-medico-en-tabasco-5105850.html el 05 de mayo de 2020

16 Artículo 4o. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 06-03-2020. Recuperado desde:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf . El 5 de mayo de 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
el 23 de septiembre de 2020.

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a reconsiderar el cierre de oficinas centrales y subdelegaciones con afectación a los consumidores en Coahuila, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto; 79, numerales primero, fracción II, y segundo, fracción III; y los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al procurador federal del Consumidor a reconsiderar en el ámbito de sus facultades el cierre de oficinas centrales y subdelegaciones con afectación a los consumidores de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez Juárez, Morelos, Monclova, Nava, Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Sabinas, Saltillo, Villa Unión y Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el 4 de agosto del presente año, en Coahuila de Zaragoza dejó de operar administrativamente las oficinas centrales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la ciudad de Saltillo, así como las subdelegaciones de Monclova y Acuña, cerrando de esta manera un vinculo importante en materia de consumo que tenía el gobierno federal con la ciudadanía.

Aunque la dependencia federal anteriormente citada busca brindar y acercar sus servicios a los consumidores, en la práctica dificultan sus trámites y su acceso a una real y verdadera defensa al consumidor, ya que para interponer denuncias o quejas tendrán que viajar de una ciudad a otra, lo que implica un gasto extra, tiempo y sobre todo una exposición innecesaria ante el Covid-19.

Las y los habitantes de los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez Juárez, Morelos, Nava, Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Sabinas, Villa Unión y Zaragoza; tendrán ahora que ventilar sus asuntos como consumidores en las oficinas que la Profeco implementó para ellos en la zona metropolitana de Monterrey, mientras que los demás municipios de Coahuila serán atendidos en una Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) instalada en el municipio de Torreón.

Aunque previo acuerdo interno de la Profeco dio cuenta de esta modificación administrativa, lo cierto es que al consumidor coahuilense no se le avisó con antelación de este cambio y abruptamente las oficinas centrales y subdelegaciones quedaron en el completo abandono, las nuevas Odeco tienen como objeto principal el brindar atención a las y los consumidores en las zonas de mayor concentración de operaciones comerciales, turísticas o de servicios dentro de la demarcación territorial correspondiente.

Lo cierto es que este supuesto ahorro transformador como lo quiere hacer ver el gobierno federal resulta por demás oneroso en todas sus aristas, reiterando el gasto que tendría que hacer el consumidor, pero peor aún, la dependencia tendrá ahora que destinar recurso especial para hacer los trámites administrativos que tengan a bien realizar, tales como notificaciones, visitas, verificaciones e inspecciones.

Por ello, dicha determinación administrativa deberá ser reconsiderada, esto por así atender a un proyecto de nación que es el ahorro, pero mejor aún el acercamiento y facilidad de brindar la atención al consumidor de Coahuila.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al procurador federal del Consumidor a reconsiderar en el ámbito de sus facultades el cierre de oficinas centrales y subdelegaciones con afectación a los consumidores de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez Juárez, Morelos, Monclova, Nava, Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Sabinas, Saltillo, Villa Unión y Zaragoza, Coahuila de Zaragoza.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y la Segob a fortalecer los programas económicos y sociales dirigidos a apoyar a la comunidad migrante mexicana, suscrita por el diputado René Juárez Cisneros e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, René Juárez Cisneros, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Ismael Hernández Deras y Héctor Yunes Landa, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El fenómeno migratorio en México tiene larga data, por cuestiones económicas y de oportunidades laborales, millones de mexicanos han migrado a otros países con el objetivo de mejorar su situación económica y las de sus familias, sin embargo, aún mantienen estrechos vínculos con sus orígenes y, con su trabajo, han contribuido al desarrollo económico y social de sus comunidades y de nuestro país.

Por su cercanía geográfica y su desarrollo económico, Estados Unidos de América (EUA) constituye el principal destino de los migrantes mexicanos, recibiendo a más del 90 por ciento de los connacionales que deciden migrar a otro país. De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas 2019, actualmente hay 38.5 millones de mexicanos en aquel país, de los cuales aproximadamente 12.3 millones son migrantes, 13.5 millones son hijos de migrantes mexicanos y 12.7 millones son de ascendencia mexicana.1

El trabajo realizado por los migrantes en otros países, particularmente en EUA, representan un pilar fundamental para la economía mexicana debido a las remesas que diariamente envían a sus familias, basta mencionar que tan sólo en 2018, la dependencia de México hacia las remesas representó 2.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, generando 36 mil 45 millones de dólares, 94.2 por ciento de éstas provinieron de EUA.2 En 2019, el envío de remesas familiares a México fue de 36 mil 48 millones de dólares,3 lo que representó un máximo histórico con un crecimiento de 8.3 por ciento, el mayor monto alcanzado desde que se tiene registro.

Las remesas enviadas por los migrantes mexicanos a nuestro país no sólo contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus familias, sino también al desarrollo económico de sus comunidades ya que, el dinero enviado, estimula la economía local, gran parte de las remesas se utilizan en la creación de negocios que generan empleo y el mejoramiento del entorno urbano mediante la inversión en otros proyectos productivos para la población.

Actualmente, las principales entidades del país beneficiadas por el envío de remesas de los migrantes son Michoacán, Jalisco, Guanajuato, el estado de México y Oaxaca, esta última es una de las que tienen un mayor nivel de pobreza y marginalidad en toda la República.

La pandemia por Covid-19 ha afectado gravemente a los migrantes mexicanos que se encuentran residiendo en el exterior, particularmente por el desempleo y la disminución en sus salarios, lo que ha mermado su economía y la de sus familias. Incluso, una cantidad importante de migrantes han muerto al haberse infectado del virus. Al 21 de agosto, se tenían contabilizados un total de 2 mil 173 migrantes mexicanos que perdieron la vida en EUA a causa de la pandemia.4

De acuerdo con un estudio realizado por BBVA Research, en 2020 el flujo de remesas podría contraerse en más de 17 por ciento y hasta más de 21 por ciento entre 2020 y 2021 debido a la pandemia,5 lo que podría afectar seriamente a la economía de sus familias que residen en el territorio nacional. Este panorama se agrava debido a que las políticas migratorias en EUA se han endurecido a consecuencia de la pandemia, lo que ha provocado la expulsión de más de 10 mil migrantes desde el mes de marzo.6

A pesar de los inconvenientes presentados por la pandemia, los migrantes han continuado enviando remesas a nuestro país, tan sólo entre enero y julio del presente año México recibió 22 mil 821.5 millones de dólares por este concepto, lo que representó un aumento de 10.01 por ciento respecto del mismo periodo de 2019,7 lo que ha contribuido al bienestar de sus familias y de la economía nacional en estos momentos tan difíciles, incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador previó hace apenas algunos días que este año las remesas podrían llegar a 40 mil millones de dólares, cifra que significaría un nuevo máximo histórico, no obstante, el panorama para nuestros connacionales en el exterior continúa siendo hostil por la falta de empleo y demás afectaciones causadas por la pandemia por Covid-19.

La contribución económica y social que realizan los migrantes es tal que, en administraciones pasadas, se habían implementado diversos programas sociales que apoyaban iniciativas para la realización de proyectos productivos de migrantes que abonarán no sólo al mejoramiento de la calidad de vida de sus familias, sino también al desarrollo de sus comunidades de origen, a través del financiamiento por parte del gobierno federal.

Entre estos programas se encuentran el 3x1 para Migrantes, el cual contaba con la contribución económica del gobierno federal, estatal y municipal, así como de organizaciones migrantes que se encuentran en el extranjero; el Fondo de Apoyo a Migrantes, cuyo objetivo era ayudar a los migrantes que regresan a sus hogares en México a formar parte de la población económicamente activa dentro del mercado formal; el Fondo Fronteras, que otorgaba subsidios para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en entidades federativas fronterizas y para la creación de obras de infraestructura que contribuyeran al desarrollo económico y social local.

Sin embargo, la actual política de austeridad del gobierno federal ha repercutido de forma negativa reduciendo y, en ocasiones, eliminando del todo los recursos para estos programas tan trascendentales. Basta mencionar que, desde 2020, al Programa 3x1 para Migrantes se le retiró la totalidad de recursos para su operación. Este programa había demostrado tener una gran eficiencia en sus objetivos, por ejemplo, el estado de Hidalgo, pese a que ocupa el décimo cuarto lugar a nivel nacional como beneficiario de las remesas, su gobierno aportó 30 millones de pesos para la realización de diversos proyectos de impacto económico y social que redituaron en el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes.

Desgraciadamente, pese a que el actual gobierno tiene entre sus principales directrices aumentar los recursos para la población más pobre y vulnerable de nuestro país, su política de austeridad ha terminado por afectar a uno de los principales pilares sociales de nuestra economía: los migrantes.

Ante la situación de precariedad que están sufriendo nuestros connacionales en el exterior es urgente que el gobierno tome cartas en el asunto y reanude, fortalezca o reinvente los programas sociales en beneficio de los migrantes mexicanos, sus familias y comunidades, no podemos simplemente dar la espalda a quienes con su trabajo han contribuido al desarrollo económico y social de nuestro país, aún en momentos tan complejos como el que estamos viviendo con la pandemia.

El Estado mexicano está obligado a velar por la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos en cada rincón del mundo, y los migrantes representan una parte importante de nuestra nación, tan sólo los migrantes mexicanos que se encuentran en EUA en este momento representan cerca de una tercera parte de la población de nuestro territorio, hacerlos a un lado significaría una seria omisión a la obligación de proteger y garantizar los derechos de todos los mexicanos.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal y a la Secretaría de Gobernación, para que se fortalezcan los diversos programas económicos y sociales dirigidos a apoyar a la comunidad migrante mexicana.

Notas

1 Anuario de Migración y Remesas 2019, Consejo Nacional de Población, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498116/Anuario_Migracion _y_Remesas_2019_Primera_Parte.pdf

2 Ibídem.

3 Ingreso récor de remesas en 2019, El Financiero, en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/remesas-familiares-crecen-7-04 -y-alcanzan-cifra-record-durante-el-2019

4 Van 175 migrantes oaxaqueños fallecidos por coronavirus en EU; han repatriado a 159, El Universal, en: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/26-08-2020/van-175-migrantes -oaxaquenos-fallecidos-por-coronavirus-en-eu-han-repatriado-159

5 Remesas a México podrían caer 17% en 2020 y recuperarse entre 2023 y 2028 por el Covid-19, BBVA Research, disponible en: https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/remesas-a-mexico-podrian-cae r-17-en-2020-y-recuperarse-entre-2023-y-2028-por-el-covid-19/

6 Trump aprovecha el Covid-19 para impulsar xenofobia en EU, La Jornada, disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/11/trump-aprovecha-el- covid-19-para-impulsar-xenofobia-en-eu-2722.html

7 Las remesas a México suben un 10% interanual pese a la pandemia, DW, en: https://www.dw.com/es/las-remesas-a-m%C3%A9xico-suben-un-10-interanual- pese-a-la-pandemia/a-54787349

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2020.

Diputados: René Juárez Cisneros, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Ismael Hernández Deras, Héctor Yunes Landa (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Insabi a entregar los recursos correspondientes al ejercicio fiscal en curso para el Hospital Civil de Guadalajara, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto de Salud para el Bienestar para que realice los pagos correspondientes al Hospital Civil de Guadalajara, con base en las siguientes:

Consideraciones

Las modificaciones a los marcos legales en materia de salud son delicadas porque su impacto es percibido de inmediato por la población.

En los cambios más recientes con la desaparición del seguro popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) por su planteamiento operativo centralista, propicia que las entidades busquen acuerdos diferenciados que no atenten contra el Federalismo y que aseguren la atención médica para la ciudadanía.

Esta diferencia se refleja en la calidad de atención recibida por parte de las y los pacientes que ya se encontraban recibiendo tratamientos médicos. Son innegables las protestas y reclamos de la ciudadanía enferma que ha dejado de recibir medicamentos a causa de los retrasos en la dispersión de recursos o por los recortes indiscriminados,1 solo imaginables bajo el Thatcherismo en Reino Unido, siendo estos los primeros efectos del centralismo.

En este sentido, buscando evitar los efectos adversos para la población los gobiernos Estatales han firmado acuerdos para responsabilizarse de los servicios médicos, así como de la operación del sistema Estatal de salud que siempre ha recibido fondos de la Federación.

En el caso de Jalisco, concretó este acuerdo desde febrero del presente donde se fijaron las obligaciones y derechos del gobierno del Estado y del Insabi, de igual forma se presentó un calendario para la entrega de los recursos, que son los miso que llegan a los Hospitales que bajo el esquema del Seguro Popular financiaban los gastos catastróficos para atender por enfermedades graves. Sin embargo, el Insabi no ha dado cumplimiento al acuerdo para la entrega de recursos en su totalidad.

Ante esta situación los Hospitales Civiles de Guadalajara han tenido que comprar algunas medicinas en medida de lo posible, ya que los recursos que han recibido corresponden al ejercicio fiscal 2019, arrastrando un déficit presupuestal para los insumos hospitalarios.2 Esta situación no debería ocurrir porque hay un convenio que se estableció para dar cumplimiento3 y principalmente por una cuestión ética y de derechos.

Con la finalidad de garantizarle el derecho a la salud a toda persona que lo necesite y con mayor razón a quien se encuentra en un tratamiento del cual depende la vida, es pertinente exhortar al Insabi a que realice la dispersión de los recursos a la brevedad posible, de acuerdo con el calendario anexo al convenio, con esto se restablecerían las condiciones mínimas de mantener el funcionamiento optimo de los hospitales que son cofinanciados con recursos Estatales y Federales.

La situación debe regularizarse para salvar las vidas de la población más vulnerable, dar cumplimiento a los acuerdos jurídicamente vinculantes y dejar en claro que la autoridad Federal se comporta de acuerdo con las necesidades y derechos de la ciudadanía y no por maniobras políticas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Instituto de Salud para el Bienestar a entregar a la brevedad los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2020 para el Hospital Civil de Guadalajara en los términos del acuerdo firmado con el gobierno del Estado de Jalisco para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud publicado en Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a promover una política nacional integral y coordinada sobre enfermedades mentales, a cargo de la diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), La salud mental es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.1

Por lo contrario, la ausencia de salud mental se genera por un desequilibrio de factores psicológicos, sociales ambientales y biológicos manifestándose a través de diversos padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, la esquizofrenia, las demencias, trastornos adquiridos en la infancia, de los cuales, algunos se han agravado en los últimos tiempos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo alrededor de 450 millones de individuos padecen algún tipo de trastorno mental. Estudios realizados por el mismo organismo internacional arrojan que para este año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial.2

La salud física en los seres humanos, es igual de importante que la salud psicológica. Estos dos componentes en conjunto significan el capital humano más importante de las naciones.

Lo cierto es que los problemas de salud se han incrementado drásticamente en las últimas décadas a nivel mundial y nuestro país no es la excepción.

La Secretaría de Salud federal estima que en México hay 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental, presentando mayor prevalencia en mujeres que en hombres, siendo los más comunes: la depresión, trastornos de ansiedad, trastorno por déficit de atención, autismo y trastornos de la conducta alimenticia.3

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), calculó en un informe sobre la salud mental en México que del total del presupuesto asignado a la salud, solamente 2 por ciento es orientado a la salud mental; y, de este porcentaje, 80 por ciento se utiliza para los gastos de los hospitales psiquiátricos.4

Aunado a lo anterior, no existe equidad en cuanto al acceso a los servicios de salud mental en el país al ser desproporcionado en la diferentes entidades, como se muestra en la siguiente gráfica elaborada por la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, 2018:

Cuando las enfermedades mentales no son atendidas, pueden tener un costo social muy elevado ya que se pueden sumar el consumo excesivo de alcohol, dependencia a las drogas, o a circunstancias que se consideran como inaceptables o imprevistas como la pérdida de un familiar o del trabajo, la expulsión de la escuela y situaciones que no permiten ver una posible solución.

En cuanto a los recursos humanos para la salud mental, de acuerdo con un informe de la OMS de 2011, en México existen 10 profesionales calificados por cada 100 mil habitantes, distribuidos de la siguiente manera:

Como se puede apreciar en las cifras anteriores, la cobertura de estos profesionales de la salud resulta insuficiente en proporción con el número de personas que padecían y actualmente padecen alguna enfermedad mental.

Además de interior, existe un amplio estigma y discriminación hacia las personas que sufren alguno de estos padecimientos, impidiendo que acudan a los servicios de salud apropiados. La mayoría de las personas acuden al médico cuando presentan alguna molestia física de salud, pero cuando se presenta un malestar de tipo emocional, el último lugar adonde recurren es a solicitar el apoyo de un especialista en salud mental.

Si bien en México los padecimientos de salud mental se han exacerbado a lo largo de estos tres últimos sexenios, ocasionados por factores como la pobreza, la inseguridad, el desempleo y la violencia, en los últimos seis meses, la pandemia del Covid-19 ha traído una “crisis de la salud mental” sin precedentes, convirtiéndose en una preocupación de salud pública, que requiere de respuestas integrales y prioritarias.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria a nivel mundial, México fue uno de los países que adoptó el confinamiento como estrategia de contención, situación que a su vez desencadenó otros problemas de salud.

Actualmente, nuestro país es de las tres naciones más afectadas por el coronavirus dentro del continente americano junto con Brasil y Estados Unidos de América (EUA), tras reportar al 18 de septiembre del presente año, un total de 688 mil 954 casos confirmados y 72 mil 803 defunciones, según datos de la Secretaría de Salud, escenario que tiene alrededor de la mitad de los adultos estresados por la emergencia sanitaria.

Según estimaciones, de expertos en el tema, en lo que va del año, debido al confinamiento social, el estrés y la crisis económica, podrían incrementar hasta en 20 por ciento los suicidios. Los jóvenes de entre 15 y 29 años representan el sector mayormente afectado, representando en ellos la segunda causa de muerte a nivel nacional.

Lo cierto es que la enfermedad de Covid-19 ha colocado a los padecimientos mentales en otra dimensión, “En México, una de cada tres personas de 18 o más años presenta síntomas severos de ansiedad o depresión, dice la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos, elaborada por la Universidad Iberoamericana. El impacto es diferenciado y pega con más fuerza en los grupos de menor nivel socioeconómico, dice la investigación.”5

Como parte de las acciones para afrontar la problemática de salud mental y ante el confinamiento, el gobierno federal implementó algunos programas mediante la utilización de vías telefónicas y redes sociales, que ofrecen atención psicológica y monitoreo de salud mental como la Red de Atención en Salud Mental de la UNAM, Contacto Joven , La Línea de la Vida, Educatel e Instituciones Educativas, las cuales proporcionan asistencia de salud mental a través de la prestación de servicios integrales especializados, con enfoque comunitario.

Llevamos más de medio año de angustias y preocupaciones con un miedo latente al contagio de Covid-19, con sentimientos de tristeza por la muerte de seres queridos, pérdida de empleo y mucha incertidumbre que se avizora en los próximos meses lo que indica que los padecimientos mentales irán en aumento.

La evolución de la nueva enfermedad sigue siendo incalculable, y la sociedad demanda con urgencia una política integral y coordinada a nivel nacional para la prevención y atención de enfermedades mentales, acorde a las nuevas necesidades.

En los últimos años se han presentado diversas propuestas legislativas en aras de contar con una Ley General de Salud Mental, siendo una de las más destacadas de esta Legislatura, la presentada por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 20 de noviembre de 2019, en la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Salud Mental tiene como objetivo establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en la materia, que tenga cobertura en todas las instituciones de salud pública de los distintos órdenes de gobierno, así como de los sectores social y privado. Sin embargo se decidió retirar el proyecto hasta que se lleve a cabo un procedimiento de participación de colectivos y asociaciones civiles de personas con discapacidad psicosocial para su redacción ser enriquecida en Parlamento Abierto en este mes de septiembre de 2020. Sin embargo, a la fecha no se han llevado a cabo.

Como respuesta a los tiempos que estamos atravesando, resulta urgente una legislación general que regule la atención de los trastornos mentales como una medida integrada a la atención de la salud en general, en el que se incluyan en los servicios de atención primaria y los servicios de primer nivel que deben ser el punto donde se articule la atención de la salud mental en todos los rincones del país, pues la protección de la salud y de la salud mental es un derecho humano fundamental, consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud.

En estos tiempos de gran dificultad, no sólo para nuestro país sino para el mundo entero, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende de la realización de acciones adecuadas en materia de salud pública, enfocados en la prevención, el tratamiento y rehabilitación, y así lograr el desarrollo y la paz social que tanto anhelamos las y los mexicanos.

Es por lo anteriormente expuesto que pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto, a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, para que en el ámbito de sus competencias se promueva una política integral y coordinada, urgente, a nivel nacional para la prevención y atención de enfermedades mentales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto, a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de su competencia, garantice el acceso indispensable a los servicios de atención psicológica en el país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a agilizar la puesta en marcha de los Parlamentos Abiertos para aprobar la Ley General de Salud Mental, toda vez que el presidente de Junta de Coordinación Política del Senado declaró que éstos se llevarían a cabo en el mes de septiembre de 2020.

Notas

1 https://www.who.int/topics/mental_health/es/
#:~:text=La%20salud%20mental%20abarca%20una,ausencia%20de%20afecciones%20o%20enfermedades%C2%BB.

2 http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-y-acciones/
309#:~:text=De%20acuerdo%20a%20la%20Organizaci%C3%B3n,alg%C3%BAn%20tipo%20de%20trastorno%20mental.
&text=Estudios%20realizados%20por%20la%20OMS,de%20discapacidad%20a%20nivel%20mundial.

3 Ibídem.

4 https://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_rep ort_mexico_es.pdf

5 www.eleconomista.com.mx/opinion/
Salud-mental-la-epidemia-que-viene-lady-pizza-lady-3-pesos-etcetera-20200902-0015.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a dejar sin efectos el acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario para junio de 2020, publicado en el DOF el 29 de mayo último, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que deje sin efectos el “acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2020, al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se explayan en las siguientes

Consideraciones

Contexto Internacional

Las subvenciones pesqueras tienen una larga historia. El primer asentamiento europeo de Massachusetts en lo que es ahora Estados Unidos se produjo en 1620. Menos de veinte años más tarde, los pescadores de Massachusetts recibían subvenciones mediante la exención del servicio militar y de impuestos sobre los barcos y los aparejos. Durante la primera administración presidencial de los Estados Unidos, el Congreso respondió favorablemente a una petición del ejecutivo en apoyo de la pesca nacional por medio de exenciones de impuestos y aranceles.1

Durante la gran depresión económica, en 1937, el gobierno de Estados Unidos introdujo y financió por primera vez un programa de sostenimiento de los precios de los productos pesqueros. Más tarde, en 1940, el Congreso de Estados Unidos autorizó expresamente a la oficina de pesca a estudiar la posibilidad de establecer un sector pesquero comercialmente viable, en este caso considerando el establecimiento potencial de una pesquería de centollo en aguas de Alaska. Esta pesquería iba a cobrar notable importancia y estableció el precedente de que el gobierno, y no los intereses privados, buscaba nuevas pesquerías. Como esta búsqueda, o el estudio de poblaciones conexas, redujeron el costo para la industria pesquera del establecimiento de nuevas pesquerías, constituye una subvención. Este trabajo ha continuado. A mediados de los años cincuenta, se amplió la participación del gobierno para incluir la evaluación de la eficacia de otras tecnologías y artes posibles aplicados a determinadas pesquerías.

Las políticas gubernamentales tienen como objetivos primordiales, reducir el esfuerzo pesquero y la flota en el Golfo de Tailandia. También se procura la diversificación del esfuerzo, tanto en los caladeros de atún en la zona económica exclusiva (ZEE) del país, como en las áreas pesqueras que, estando fuera de su ZEE, pertenezcan a países vecinos con los cuales Tailandia mantiene empresas conjuntas y convenios de pesca. Dado que el exceso de capacidad de la flota tailandesa es de público conocimiento, las ayudas financieras del gobierno al sector pesquero marítimo han sido enormemente reducidas a lo largo de las décadas lo cual ha golpeado fuertemente al sector.

Por otro lado a pesar de las variables de apoyo y subsidio se tiene comprobado que el único tipo de subsidios que funciona en la actualidad, es el denominado programa de reducción de precios del diesel. Este fue introducido recientemente, cuando el precio de los combustibles aumentó drásticamente. El programa consiste en una exoneración de impuestos al combustible para cierto tipo de barcos. Con este programa, se procura asegurar la rentabilidad de algunos tipos de barco ante subas del petróleo. De esta manera se salvaguarda el ingreso y el empleo por medio de la reducción de los costos operativos, en aquellos tipos de barco en que las subas de los combustibles tuvieran un efecto particularmente negativo. Este programa se hizo necesario en un contexto mundial en que los precios del diesel llegaron a niveles exorbitantes, y en que el tipo de cambio local era muy desfavorable (como resultado de la crisis financiera en Tailandia y el resto del Sudeste Asiático).

En lo que al tipo de transferencia a utilizar se refiere, éstas por lo general, y en la medida de lo posible, deberían promover la eficiencia económica, en lugar de favorecer el desarrollo de empresas ineficientes. Dentro de este contexto, se entiende que los subsidios que reducen los costos indirectos, como las exoneraciones tributarias y la provisión de infraestructura, son preferibles a los subsidios que reduzcan los costos directos e incrementen las ganancias, como es el caso de los subsidios de capital y combustibles, así como para la compra de buques y artes de pesca, las medidas para mantener precios e ingresos, etcétera.2

En general, como puede deducirse de estos ejemplos, el periodo entre los años sesenta y comienzos de los setenta registró un aumento de la actividad gubernamental en la expansión del sector pesquero. Durante el decenio que siguió a 1965, estas operaciones iban acompañadas de asistencia internacional financiada en gran medida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutada por la FAO. Los proyectos se relacionaron principalmente con la transferencia de tecnología y el desarrollo de la capacidad de ordenación e investigación en los distintos países. De 1984 a 1996, la FAO continuó facilitando asistencia técnica financiada y subsidios por distintas fuentes, especialmente del Gobierno de Noruega y la Comunidad Europea. Desde 1995, después de que pocos años antes se reconociera la situación de sobrepesca en muchas de las pesquerías marinas comerciales del mundo, la asistencia de la FAO se ha centrado más en la planificación estratégica y la ordenación. Además, también desde 1995, varios países y agrupaciones regionales donantes han facilitado y financiado asistencia técnica para las pesquerías sudamericanas.

Contexto nacional

Los programas de apoyo al sector pesquero históricamente se han concentrado más en la entrega de subsidios para reducir los costos de producción que en impulsar el desarrollo de un sector competitivo, sustentable y con beneficios sociales. La visión que permea en prácticamente todo el sector pesquero es la de recibir algún tipo de recurso económico que subsidie parte de los costos de la producción pesquera, siendo el subsidio a los combustibles el más importante de estos programas. Muestra de ello es que la distribución de subsidios durante el periodo 2008-2015 alcanzó 2.5 millones de pesos diarios. Por otra parte, durante el periodo 2011-2015 dos subsidios son los que han tenido mayores contribuciones: el programa de Subsidio de combustibles (38.3 por ciento), con un gasto de 2 mil 856 millones de pesos, seguido del programa de Modernización de embarcaciones mayores, con un total de 2 mil 277 millones de pesos (30.5 por ciento), lo cual ha permitido que en México, por cada dólar destinado a algún programa de subsidios a la pesca, se produzcan 5.466 kg.

La importancia de apoyar a este sector, destaca que los pescadores y acuacultores registraron ingresos por 40 mil millones de pesos durante el 2017,3 y actualmente nuestro país es el número 16 en cuanto a la producción de pescados y mariscos a nivel mundial, pero ciertamente, con un pequeño esfuerzo, podría situarse entre los primeros 10 lugares en relativamente poco tiempo, el sector es de suma importancia para la situación económica por la que atraviesa nuestro país.

La pesca constituye una importante cadena de suministro y comercio de alimentos en México. Todos los días miles de toneladas de pescados y mariscos llegan a la Central de Abastos de la Ciudad de México el segundo mercado de productos marinos más grande del mundo, y de ahí se distribuyen a cientos de miles de hogares, restaurantes, mercados de barrio, sobre ruedas, pescaderías y otros sitios donde se consumen productos marinos. Se trata de una extensa red de alimentación para el país que podría convertirse en una de las más importantes del mundo. Por ejemplo, un jurel que se pesca en el Pacífico norte en la mañana puede estar más tarde en camino a su venta, ya sea en la Ciudad de México, en Estados Unidos, Japón o Europa. La infraestructura necesaria para que esto ocurra de forma eficiente es, sin duda, uno de los elementos clave que deben considerarse para desarrollar mejores políticas públicas que abarquen desde el desarrollo integral de las comunidades costeras hasta los permisos sanitarios de exportación y traslado.

En este sentido, la gran red de distribución de productos marinos es muy compleja y especializada y, en muchos de sus tramos, todavía es un camino empedrado y sinuoso. A pesar de algunos esfuerzos puntuales, el Estado mexicano no ha logrado ofrecer un piso básico de derechos humanos para el desarrollo integral de estas comunidades, que permita impulsar el bienestar de los pescadores y sus familias. Este debe ser uno de los pilares para que la política pública pesquera en México permita su desarrollo local y regional y fortalezca una larga cadena de valor que va del mar a las mesas de los hogares mexicanos.

Existen aproximadamente 74 mil 286 embarcaciones de pesca ribereña a nivel nacional. Esta flota tiene una alta relevancia en la alimentación adecuada de la población, la erradicación del hambre, la seguridad alimentaria del país, el combate a la pobreza y la generación de fuentes de empleo en comunidades donde no hay otra actividad económica disponible. Además, pueden desempeñar una importante labor como custodios de áreas de conservación marina y costera gracias a su cuidado y vigilancia.4

En ese sentido resulta preocupante que el viernes 29 de mayo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito público, eliminó los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, bajo el argumento de que es ineficiente, ya que no siempre beneficia directamente a pescadores o acuicultores de menores recursos. Por otra parte, hablando del sector agropecuario, señala el decreto que dichos estímulos no se aplican porque no se han establecido los mecanismos de implementación necesarios para su operación.

Resulta preocupante además la falta de argumentos y proyecciones de las repercusiones que se tendrán con la implementación de medidas como esta, ya que actualmente para la operación de embarcaciones los estímulos representan hasta el 70 por ciento de los costos de operación principalmente de las pequeñas embarcaciones. La existencia de dichos estímulos se traduce en un mecanismo fiscal para otorgar a los productores un precio competitivo de los energéticos, que genera múltiples beneficios económicos y sociales en la actividad y en el propio sistema hacendario, derivado del flujo virtuoso de activación económica que representa la cadena comercial de los productos del mar.

Actualmente los estímulos aseguran que operen las embarcaciones y granjas acuícolas generando empleo permanente para los 300 mil pescadores y acuacultores y detonando más de dos millones de empleos indirectos, por lo que al ser el combustible el principal insumo para la actividad pesquera y acuícola y al ser incosteable su adquisición con esta decisión de la SHCP, se verán obligados a parar sus actividades, con pérdidas de empleo y se podrá complicar además el suministro de alimentos, así como una disminución de la derrama económica de todos los municipios costeros del país.

Es por ello que resulta necesario poner freno al acuerdo señalado en el presente punto de acuerdo en virtud del riesgo que representa para el bienestar nacional y la economía de los mexicanos, se deben replantear este tipo de decisiones y respaldarlas con el debido sustento que garantice que con estas medidas no se colapsará al sector.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados de manera atenta y respetuosa exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Hacienda y Crédito Público para que deje sin efectos el “acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2020.

Notas

1 http://www.fao.org/3/y4647s/y4647s06.htm

2 http://www.fao.org/3/y2786s/y2786s05.htm

3 https://foroeconomico.conapesca.gob.mx/ponentes/Por%20que%20pescamos%20 en%20Mexico.pdf

4 https://mexico.edf.org/sites/mexico.edf.org/files/ImpactoSocialdelaPesc aenMexico.pdf

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Profepa a implantar acciones de protección ambiental y realizar una visita de inspección y vigilancia para determinar si hay daño ambiental por los recientes derrames en las playas de Paraíso, Tabasco, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano, diputada federal por el estado de Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y participante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 6, fracción I y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que ejecuten las acciones necesarias para fortalecer e implementar acciones de protección ambiental y se realice una visita de inspección y vigilancia, con la finalidad de determinar si existe daño ambiental en diversas zonas de manglares, lagunas y costas de Paraíso Tabasco, derivado de los derrames ocurridos recientemente.

Exposición de Motivos

Antecedentes

El pasado 6 de noviembre de 2019 se apreció una macha de color negro aceitosa de por lo menos 8 kilómetros, cubrió la costa de Paraíso Tabasco, desde la playa Varadero, hasta la comunidad unión primera sección; afectando principalmente las playas del Varadero, Freddy, el Sol y el Palmar.1

Pobladores de la comunidad denunciaron en su momento la sorpresiva presencia de hidrocarburos sobre las costas, dicha mancha se esparció, haciendo llegar sobre los terrenos aledaños, grandes cantidades de aceite. El hidrocarburo se extendió sobre toda la costera, transformándose en un “río negro” causando de la muerte de diversas especies endémicas de la región, principalmente en los manglares tales como son tortugas, diversas especies de peces, crustáceos, reptiles, aves y mamíferos. También ocasionó daños a gran cantidad de cosechas de limón, naranja, plátano, cacao, coco y otras frutas, localizadas en las cercanías del lugar. Ante esta situación, se determinó cerrar las playas a los turistas para evitar alguna intoxicación o daño a las personas que frecuentan las playas.2

Asimismo, el pasado 24 de julio de 2019, se presentó un derrame de aceite que alertó a los habitantes del municipio de Nacajuca Tabasco, y a inicios del 2020, nuevamente se presentó una fuga a 30 metros más delante de la primera.3

De igual manera el pasado 4 de abril del 2020, se presentó otra fuga presuntamente de petróleo crudo en la Ranchería de Moctezuma, segunda sección del municipio de Paraíso, Tabasco, a la altura de la brecha; los hechos fueron detectados por vecinos de la zona.4

Recientemente el 29 de mayo de 2020, vecinos de la ranchería José María Morelos (El Bellote), reportaron el derrame de petróleo, el cual ya entró por la bocana hacia el río Seco el hidrocarburo se extendió por el área de los manglares que se une con la laguna Mecoacán, zona de producción ostrícola.5

Principales consecuencias y daños del derrame

Entre los más graves desastres ambientales que atentan contra la biodiversidad se encuentran los derrames de petróleo en ríos, mares y océanos. La contaminación por petróleo crudo o refinado es generada accidental o deliberadamente: Se estima que 3 mil 800 millones de litros entran cada año a los océanos como resultado de las actividades humanas, de éstos, sólo ocho por ciento se debe a fuentes naturales; por lo menos 22 por ciento a descargas operacionales intencionales de los barcos, 12 por ciento por derrames de buques y otro 36 por ciento por las descargas de aguas residuales6

En general, el derrame ocasionó un enorme daño ambiental el cual es irreversible, de igual manera este a su vez, ocasiona una baja en el capital adquisitivo de la región, el cual depende directamente de la pesca, el cultivo y el turismo como actividad prioritaria para subsistir, de igual manera a la larga si no se evita, puede ocasionar daños a la salud pública de los pobladores.

Entre los principales daños, podemos resaltar:

• Contaminación superficial del suelo. El derrame ocasionó que gran cantidad del suelo cercano a las costas resultara afectado, originando contaminación y perdida de los productos de cultivos cercanos; principalmente de frutos tropicales como son: limón, naranja, papaya, plátano, coco, cacao entre otros; y a largo plazo puede causar que la tierra se degrade y ya no sea productiva, o apta para la siembra.

• Contaminación en los cuerpos de agua. Este es el principal daño y el más peligroso, ya que a partir de este se desencadenan muchos daños más. Desde que aparece la mancha oscura en las costas, impide la entrada de la luz al agua, lo que ocasiona daños al ecosistema marino, ya que se provoca la muerte de gran cantidad de algas, debido a que estas no pueden desarrollar de forma correcta la fotosíntesis; a su vez la muerte de las algas, desencadena la muerte de las especies que las utilizan como alimento. De igual manera los contaminantes vertidos en el agua de forma casi inmediata, originan la muerte de muchos organismos, endémicos de la región como peces, crustáceos, reptiles, aves y, mamíferos, ya sea por envenenamiento, absorción o contacto directo con la sustancia. A la larga los efectos sobre los animales pueden abarcar deformaciones, perdida de la fertilidad, reducción del nivel de eclosión de los huevos, alteraciones en su comportamiento y gran cantidad de efectos derivados de las sustancias vertidas; también, las especies también tienden a detectar los derrames y comienzan a variar sus migraciones y movimientos, lo que ocasiona que algunas especies ya no se presenten en la zona afectada. De igual manera pese a que la mancha haya desparecido y no se perciba de forma física, los cuerpos de agua continúan contaminados.

• Problemas de salud pública. Las sustancias químicas derramadas en cuerpos de agua, pueden llegar al cuerpo humano a través de tres formas: 1.-Por absorción a través de la piel. 2.- Por la ingesta de comida o líquidos. 3.- Por inhalación a través de la respiración. Desafortunamente cuando existen derrames de sustancias químicas en las zonas costeras, la exposición a dichas sustancias no está limitada únicamente a la zona en donde ocurrió el derrame, pues se contamina todo el medio ambiente, ya que los metales más pesados tienden a depositarse en los cuerpos de agua, son consumidos por los animales y así llegan a la cadena alimenticia del ser humano. Y determinadas sustancias como el benceno, tolueno o xileno al ser digeridas por el ser humano, pueden causar sistemas neurotóxicos y una prolongada exposición a ellos puede causar daños en la medula ósea, leucemia o incluso la generación de tumores.7

Consideraciones

Primera. Que como diputada federal representante del pueblo y participante de esta cuarta transformación política de México, para mí es de gran importancia apoyar y establecer acciones que permitan solucionar la problemática que aqueja a la población, especialmente a los sectores más débiles y desfavorecidos que actualmente están sufriendo problemas de contaminación y salud pública.

Segunda. Que el agua es un recurso fundamental para el surgimiento y desarrollo de la vida. Los seres humanos, necesitamos del vital líquido para nuestro consumo personal, así como para el desarrollo de casi todas las actividades económicas. En la actualidad estamos alterando los sistemas acuáticos a un ritmo acelerado y enfrentamos gravísimos problemas relacionados con el uso y mantenimiento de este valioso recurso.8 De acuerdo con la Semarnat, el 80 por ciento de las enfermedades en los países en desarrollo, tienen su origen en el agua contaminada.9

Tercera. Que el derecho al agua potable es reconocido en nuestro orden jurídico a partir del 8 de febrero de 2012, derivado de la reforma al artículo 4 constitucional aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. La reforma incorporó al mencionado artículo el siguiente párrafo:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”10

A partir de esta reforma, se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, por tal motivo el Estado mexicano está obligado a garantizar este derecho a cada una de las personas; proporcionando el acceso al agua con las características que establece nuestra Carta Magna, es decir, debe ser suficiente, salubre, aceptable y asequible. Por consiguiente el reto de nuestro país en relación a la contaminación del agua, adquieren fuerte relevancia, tan es así, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, considera la atención a dicha problemática de contaminación, resaltando en el epílogo: Visión para el 2024; que para el 2021, se habrá garantizado la preservación integral de la flora y de la fauna, se habrá reforestado buena parte del territorio nacional y ríos, arroyos y lagunas estarán recuperados y saneados; el tratamiento de aguas negras y el manejo adecuado de los desechos serán prácticas generalizadas en el territorio nacional y se habrá expandido en la sociedad la conciencia ambiental y la convicción del cuidado del entorno.

Cuarta. Que tanto la pesca como la agricultura, son actividades económicas que se afectan directamente cuando se vulnera la calidad del agua, por consiguiente, los daños ecológicos ocasionados por los derrames de petróleo, causan el deterioro de los ecosistemas acuáticos, así como contaminación superficial del suelo cercano a las costas; lo que origina pérdida de los productos de cultivos cercanos. Produciendo repercusiones sobre la productividad de las pesquerías, así como a la agricultura y la alimentación.

Quinta. Que hasta la fecha, relacionado con los derrames de fecha 24 de julio y 6 de noviembre de 2019 y 4 de abril y 29 de mayo de 2020 el gobierno estatal no ha esclarecido cual fue la fuente del hidrocarburo, no han realizado acciones para identificar y cuantificar los daños ambientales causados, pagar por las afecciones económicas sufridas por el derrame y mucho menos se ha buscado resarcir el daño ambiental ocasionado por la contaminación.

Sexta. Que es evidente que en general el estado de Tabasco se encuentra en completa vulnerabilidad ante un desastre ambiental por la presencia del derrame de hidrocarburos. Ya que varios de sus municipios cuentan con presencia del sector energético. Por otra parte, porque los ductos que trasladan el energético, se encuentran en grave estado de deterioro, ya que, desde hace muchos años, no se les ha dado el manteamiento correcto para seguir funcionando. De igual forma, no se está realizan un adecuado manejo de los residuos energéticos. Y por último, las autoridades no están reconociendo la presencia de derrames químicos, no están brindando la ayuda necesaria a la población afectada por los mismos, ni mucho menos han realizado acciones tendientes a resarcir el daño ambiental ocasionado por la contaminación.

Séptima. Que de conformidad con el artículo 32 Bis de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, estableciendo las normas oficiales mexicanas necesarias para velar por la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; vigilando y promoviendo en conjunto con los otros niveles de gobierno, el cumplimiento de las leyes relacionadas con recursos naturales y medio ambiente; y en su caso, iniciar los procedimientos de inspección respectivos, imponer las sanciones y ordenar las medidas de seguridad que resulten procedentes, para vigilar y regular la conservación del dichos recursos encaminadas a la protección y restauración ecológicas, a saber:

“... I. Fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano;...

...IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; así como establecer otras disposiciones administrativas de carácter general en estas materias y otras de su competencia, para la interpretación y aplicación de las normas oficiales mexicanas...

...V. Vigilar, promover y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas, programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, iniciar los procedimientos de inspección respectivos, imponer las sanciones y ordenar las medidas de seguridad que resulten procedentes...

...XIII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con las demás dependencias y entidades de la administración pública federal...

...XXVI. Formular, dar seguimiento y evaluar la política hídrica nacional, así como regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos, esteros, lagunas y humedales de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial...

...XXXII. Establecer los mecanismos necesarios para implementar la coordinación y colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos y solicitar a dicha agencia el apoyo técnico que requiera...11

Octava. Que de conformidad con el artículo 5o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, son facultades de la federación la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales, a saber:

“Artículo 5o.- Son facultades de la federación:

I a X...

XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia...

XII a XXII...”12

Novena. Que de conformidad con el artículo 88, fracción IV y 93 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establecen correspondientemente, una corresponsabilidad con los usuarios y la facultad expresa de la federación para velar por la preservación del agua, la prevención y el control de la contaminación a saber:

“Artículo 88.- Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los siguientes criterios:

I a III...

... IV.- La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que afecten dichos recursos.

Artículo 93.- La Secretaría realizará las acciones necesarias para evitar y, en su caso, controlar procesos de eutroficación, salinización y cualquier otro proceso de contaminación en las aguas nacionales.”13

Décima. Que de conformidad con el artículo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 45 del Reglamento interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, le corresponde a la Profepa llevar a cabo visitas de inspección y vigilancia, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de aguas e impacto ambiental, a saber:

“Artículo 45. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de un procurador y tendrá las facultades siguientes:

I. Programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la restauración de los recursos naturales, a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, bioseguridad de organismos genéticamente modificados, especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats o especies, el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, a la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, suelos contaminados por materiales y residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas, residuos peligrosos, impacto ambiental, emisión y transferencia de contaminantes, descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, ordenamiento ecológico y auditoría ambiental, de conformidad con las disposiciones aplicables, así como establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto...”14

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para fortalecer e implementar acciones de protección ambiental, prevención, control de la contaminación ocasionada por derrames ocurridos en días pasados en las playas del Varadero, Freddy, el Sol, el Palmar; y en la Ranchería de Moctezuma segunda, todas del municipio de Paraíso, Tabasco.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para dentro del ámbito de sus atribuciones, realice una visita de inspección y vigilancia, con la finalidad de determinar si existe daño ambiental en las playas de Varadero, Freddy, el Sol, el Palmar; y en la Ranchería de Moctezuma Segunda, Ranchería José María Morelos (El Bellote), en la zona conocida como río Seco y en la laguna de Mecoacán, todos ubicados en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Notas

1 Domínguez, Jesús Manuel. (8 de noviembre de 2019). Tragedia ecológica en costas de Paraíso por derrame de combustible. El Heraldo de Tabasco. Recuperado desde: https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/playas-paraiso-taba sco-derrame-combustible-pemex-turismo-cultivos-afectaciones-ecologia-me dio-ambiente-4427452.html del 19 de marzo de 2020.

2 Notimex. (07 de noviembre del 2019). Derrame de hidrocarburo provoca cierre de playas en Paraíso, Tabasco. Excélsior. Recuperado desde: https://www.excelsior.com.mx/nacional/derrame-de-hidrocarburo-provoca-c ierre-de-playas-en-paraiso-tabasco/1346433 el 20 de marzo de 2020.

3 Albert Hernández, María. (21 de enero de 2020). Urge dar mantenimiento a ductos de Pemex en Nacajuca, van dos derrames en 6 meses. Noticias XEVA. Recuperado desde: http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=92506&t=urge-dar-mantenimiento-a-duc tos-de-pemex-en-nacajuca-van-dos-derrames-en-6-meses el 20 de marzo de 2020.

4 León, Mario. (4 de abril de 2020). Se registra fuga de petróleo crudo en Paraíso. Diariopresente.mx. Recuperado desde: https://www.diariopresente.mx/sucesos/se-registra-fuga-de-petroleo-crud o-en-paraiso/254983 el 20 de marzo de 2020.

5 Leon, Mario (29 de mayo del 2020). Detectan derrame de hidrocarburo en zona del Bellote. Diario El Presente. Recuperado desde: https://www.diariopresente.mx/sucesos/detectan-derrame-de-hidrocarburo- en-zona-del-bellote/259906

6 Thomas H. Suchanek. Oil Impacts on Marine Invertebrate Populations and Communities. American Zoologist 1993 33(6):510-523; doi:10.1093/icb/33.6.510

7 Greenpeace México. (9 de enero de 2020). Impactos ambientales del petróleo. Publicación: Cambio climático #ContaminaciónDelAire. Recuperado desde: https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/982/impactos-ambientales- del-petroleo/ el 20 de marzo de 2020.

8 Marisa Mazari Hiriart. El agua como recurso. Revista Cómo Vez UNAM. Página 10,

9 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informe de la situación del medio ambiente en México; compendio de estadísticas ambientales. Semarnat: México, 2008.

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 06-03-2020. Recuperado desde: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf el 20 de marzo de 2020.

11 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Última reforma publicada DOF 22-01-2020. Artículo 32-Bis, fracción I. Recuperado desde: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_220120.pdf el 21 de marzo de 2020.

12 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Última reforma publicada DOF 05-06-2018. Artículo 5o., fracción XI. Recuperado desde: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf el 21 de marzo de 2020.

13 Ídem. Artículos 88, fracción IV, y 93.

14 Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de noviembre de 2012. Artículo 45. Recuperado desde: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n25.pdf el 21 de marzo de 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a reasignar los recursos que no llegaron a las dependencias federales con operaciones en Coahuila de Zaragoza y que permitirían llevar a cabo proyectos y programas, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto; 79, numerales primero, fracción II, y segundo, fracción III; y los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público a reasignar en el ámbito de sus facultades la cantidad de 2 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación que no llegaron a las dependencias federales que operan en Coahuila de Zaragoza, y que éstas a su vez permitirían llevar a cabo proyectos y operación de diferentes programas en dicho estado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde inicios de la actual administración federal, se supo que habría recortes, reasignación del gasto, austeridad y ahorro, esto a fin de que alcanzara para todas y todos los mexicanos y sobre todo que se evitaría el coyotaje y la corrupción que imperaba, en los citados gobiernos neoliberales.

Aunque la realidad, dista mucho de ese supuesto discurso esperanzador, lo cierto es que ahora es más común ver falta de estrategia y de políticas públicas acorde a lo que la ciudadanía de México y Coahuila necesitan, ahora es más común ver recortes mal pensados y sin ninguna justificación lógica, pero sobre todo ahora es más común ver que sobran bolsas de papel maché en la mal lograda cuarta transformación.

Nuevamente Coahuila de Zaragoza está en el ojo del huracán, nuevamente el presidente le da la espalda, recortes presupuestales al sector del ambiente, a la CFE, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por citar sólo algunos sectores.

Se da cuenta con base en lo que publica el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que para Coahuila no solo hubo reducción en las participaciones del estado, sino que también hubo recorte al presupuesto de las dependencias del gobierno federal que operan en Coahuila, efectivo al segundo trimestre de 2020.

Se refleja que tuvieron una baja y reasignación del presupuesto destinado a su operación y proyectos de las dependencias del gobierno federal en la entidad por más de dos mil sesenta millones de pesos, dinero que estaría ejecutándose para los rubros de proyectos de inversión, obras y acciones de infraestructura económica, social, gubernamental e inmuebles, así como para la construcción, mantenimiento, adquisición o estudios de preinversión.

La cuarta transformación, en su búsqueda de mejorar la república, lo que está logrando es deteriorar aún más las precarias condiciones que se encuentran muchos sitios de nuestro país, el citado recorte afecta en Coahuila al mantenimiento de la infraestructura de la CFE en nuestro estado, la conservación de carreteras y caminos rurales, proyectos de construcción de carreteras de la SCT y la puesta en marcha de infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado, así como la rehabilitación y modernización de las presas del estado.

Desde el comienzo del presente año, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) consideró 4 mil 326 millones 900 mil pesos en los denominados “proyectos de inversión” para Coahuila de Zaragoza, pero nuevamente la realidad dista mucho de dichos números.

Para junio, el PEF modificado para Coahuila considera sólo 2 mil 266 millones 700 mil pesos, teniendo una disminución de 52 por ciento, esto sin contar el retraso de la entrega de los recursos, ya que en este segundo trimestre se han pagado a Coahuila apenas 670 millones 500 mil pesos, traduciendo esto a sólo 29.5 por ciento.

Las reducciones que se encuentran para Coahuila quedan de la siguiente manera:

• CFE: 2 mil 6 millones 400 mil pesos en mantenimiento de infraestructura.

• SCT: 9 millones 100 mil pesos en conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras.

• SCT: 10 millones 500 mil pesos en proyectos de construcción de carreteras.

• Sader: 45 millones de pesos en infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado.

• Conagua: 10 millones 900 mil pesos en rehabilitación y modernización de las presas del estado.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público a reasignar nuevamente que en el ámbito de sus facultades la cantidad de 2 mil millones de pesos que no llegaron a las dependencias federales que operan en Coahuila de Zaragoza, y que éstas a su vez permitirían llevar a cabo proyectos y operación de diferentes programas en dicho estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a instalar un grupo de trabajo con la Comisión de Energía de esta soberanía para dar seguimiento permanente a la construcción de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el proyecto de la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, se ha caracterizado por ser el único proyecto impulsado por el gobierno federal para la reactivación económica del estado. Originalmente, este proyecto se presentó bajo la premisa de que el costo de construcción sería de alrededor de 160 mil millones de pesos, con un plazo de construcción de no más de 3 años, con una derrama de 123 mil empleos (23 mil directos y 100 mil indirectos) y una capacidad de producción de 340 mil barriles de crudo diario; no obstante, éste ha aumentado significativamente con el paso del tiempo,1 lo cual también está ligado a la depreciación del peso en los últimos 24 meses, y reconociendo que mucha de la tecnología y equipos serán importados, este factor influirá de manera determinante en los costos de dicha obra.2

Segunda. Que, en su momento, el Instituto Mexicano del Petróleo señaló que la construcción de la refinería en Dos Bocas tendría un costo superior a los 14 mil 740 millones de dólares, bajo dos escenarios, uno con una inversión del 100 por ciento de recursos públicos, y el otro con una inversión pública de 30 por ciento, y 70 por ciento restante obtenido de algún otro financiamiento, que se pague a 15 años.3 Por su parte, en el mismo contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propuso la cancelación de la construcción, ya que, de acuerdo con sus estudios, la inversión al proyecto sólo cuenta con una probabilidad de 2 por ciento de ser rentable, al tener más costos que beneficios.

Tercera. Que, pese a lo anterior, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró el 1 de junio de 2019, durante el arranque de la obra, que todos los estudios de pre-factibilidad apuntan a que esta obra es viable4 y que dejará una derrama económica muy fuerte que ayudará a la recuperación económica de México, especialmente la del Sureste.5 Asimismo, el 7 de enero de 2020 comentó lo siguiente “se han asignado en compra temprana 78 equipos en diferentes partes del mundo como Singapur, Turquía, India, EUA y en los patios industriales de México, ya que tardan hasta 15 meses en su construcción.”También agregó que personalmente supervisará estos equipos en los países en donde fueron solicitados para corroborar que los pagos anticipados se vean redituados.6

Cuarta. Que Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) brindó capital social a la nueva empresa filial PTI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, quien es la encargada de la construcción de la refinería, según acuerdo del Consejo de Administración de mayo de 2019.7

Quinta. Que Pemex Transformación Industrial presenta un subejercicio significativo tanto en 2019 y 2020, y es imperativo saber si éste corresponde precisamente a la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Fuente: Reportes trimestrales de Pemex 4T-2019 y 2T-2020

Sexta. Que el pasado 8 de septiembre de 2020, el Instituto Mexicano del Petróleo, emitió una convocatoria a través de la plataforma de Compranet con la que se pretende licitar la elaboración de un diagnóstico relacionado con la ejecución del proyecto, esto para “determinar el grado de desarrollo que tiene el alcance del proyecto, identificando cada uno de los elementos críticos con el fin de determinar posibles factores de riesgo”.8

Séptima. Que, de acuerdo a lo que establece el artículo 24, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, las especificaciones del diagnóstico antes referido se constituyen dentro de los estudios de pre-factibilidad que cualquier obra pública de esta naturaleza debe tener completados al momento del inicio de su construcción.

Octava. Que aunado a lo anterior, se han revelado sobrecostos en la construcción de la obra. Recientemente, la agencia de noticias Reforma informó que la empresa estadounidense Kellogg Brown and Root (KBR), encargada de los paquetes 4 y 6 de la refinería de Dos Bocas, abandonó la segunda fase del proyecto por sobrepasar el presupuesto originalmente proyectado por la Secretaría de Energía. Según lo reportado, KBR estaba presupuestando más del doble de lo proyectado por la Secretaría, pues los costos pasaron de 2.4 millones de dólares a 4.7 millones de dólares.9

Novena. Que en la propuesta entregada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el presupuesto de 2021, contempla una cantidad de 11.5 mil millones de pesos a la filial Pemex TRI para programas presupuestarios con programas y proyectos de inversión10 y en la Secretaría de Energía (Sener) tienen contemplado en los Programas Transversales de la Subsecretaría de Hidrocarburos la cantidad de 45 mil millones de pesos. Sin embargo, no se especifica si estos recursos corresponderán a la Refinería de Dos Bocas, y si serán transferidos a Pemex TRI, toda vez que la Secretaría de Energía no es una empresa productiva del estado.

Décima. Que dada la importancia que este proyecto tiene para la reactivación económica de Tabasco y para la recuperación de Pemex, es necesario que se transparente la información por medio de contemplar balances financieros específicos a la obra durante los reportes trimestrales de la empresa (actualmente no hay), e instalar un grupo de trabajo que le pueda dar seguimiento permanente a la construcción de este proyecto para contar con información oportuna, en función que la obra es financiada con recursos de la nación y no por entidades u órganos financieros.

Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a emitir los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a instalar un grupo de trabajo con los integrantes de la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados que le dé seguimiento permanente a la construcción de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Energía a que haga del conocimiento público el avance físico, financiero y presupuestal del proyecto de la Refinería de Dos Bocas y las razones por las cuales se ha emitido la convocatoria lanzada por el Instituto Mexicano del Petróleo para licitar un diagnóstico de viabilidad del proyecto, así como de los sobrecostos estimados para su construcción; al igual que a Petróleos Mexicanos para que en el reporte del tercer trimestre realice un balance técnico y económico de la citada obra bajo la filial Pemex Transformación Industrial.

Tercero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos Transformación Industrial a que haga del conocimiento público las razones por las cuales la empresa Kellogg Brown and Root (KBR) ha abandonado la construcción de la Refinería de Dos Bocas, así como las razones del subejercicio presentado en 2019 y 2020.

Notas

1 https://www.altonivel.com.mx/empresas/7-condiciones-impuestas-a-pemex-p ara-construir-la-refineria-de-dos- bocas/

2 https://www.milenio.com/negocios/costo-de-refineria-de-dos-bocas-en-tab asco-se-dispara

3 https://www.animalpolitico.com/2019/01/instituto-mexicano-petroleo-dos- bocas-inviable-amlo-lo-niega/

4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Refineria-de-Dos-Bocas-es-econ omicamente-viable-Rocio-Nahle-20190729-0041.html

5 https://www.gob.mx/sener/prensa/inician-los-trabajos-de-la-nueva-refine ria-de-dos-bocas-tabasco?idiom=es

6 https://www.gob.mx/sener/es/articulos/la-refineria-de-dos-bocas-contara -con-mayor-tecnologia-y-eficiencia-energetica?idiom=es

7 https://www.pemex.com/acerca/gobierno-corporativo/consejo/Documents/acu erdos_2019/sesion_942_ext.pdf

8 https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/
opportunityDetail.do?opportunityId=1887041&oppList=CURRENT#fh

9 https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/abandona n-contratistas-dos-bocas/ar2033080

10 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2021/docs/52/r52_t9m_piefe.pd

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a reconsiderar el peritaje para la reparación integral del daño por abuso sexual infantil con perspectiva de género y el principio del interés superior del menor, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a reconsiderar el peritaje para la reparación integral del daño por abuso sexual infantil con perspectiva de género y el principio del interés superior del menor, con base en las siguientes:

Consideraciones

El Estado como ente máximo de la organización social siempre debe velar por la ciudadanía con especial énfasis en aquellas personas que son violentadas y con mayor fuerza restaurar sus derechos en un marco de la mayor protección a Derechos Humanos, por esta razón los menores deben estar al inicio de la lista de prioridades.

En este sentido apuntaron las reformas Constitucionales del año 2011 en materia de Derechos Humanos junto con la creación y armonización subsecuente del marco jurídico nacional, el cual a través de la Ley General de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes y la Ley General de Víctimas establece un marco máximo de resguardo, restitución y protección a las y los menores violentados a partir de estás, las autoridades deben aplicar la ley a cabalidad, sin regateos para no violar y asegurar el principio pro persona.

El pasado mes de julio del presente año un funcionario de la Comisaría de Puerto Vallarta fue descubierto infraganti abusando sexualmente de una niña de 10 años, el sujeto fue detenido y presentado ante la autoridad judicial.1

El acto seguido la menor fue revictimizada por un juez al no vincular al presunto culpable por la totalidad del catalogo de presuntos delitos cometidos, además ha presentado una argumentación misógina y que no atiende al principio pro persona por ignorar las características físicas y psicoemocionales de una menor.2 En este sentido la revictimización ha causado mayores daños a la niña por retrasarle el acceso a la justicia, no proteger el interés superior del menor y retrasar las acciones reparatorias, cayendo a simple vista en negligencia.

Actualmente el peritaje llevado a cabo por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense realizo el peritaje para determinar el daño infringido a la niña y poderlo monetizar y determino únicamente el valor de la terapia psicológica. Sin embargo, esta reparación no es integral por omitir aspectos contextuales como el impacto en la familia, los daños irreparables en la maduración psicoemocional e inclusive en el desarrollo de la sexualidad futura, así como el impacto de la irregularidad inicial y el trato misógino del juez.

Dicha situación viola las medidas de compensación plasmadas en el articulo 64 de la Ley General de Victimas, que comprende la integralidad de la reparación del daño desde la obtención de tratamientos psicológicos o médicos hasta la perdida de oportunidades.

La irregularidad también ha sido señalada por la abogada de la niña, la cual considera que el daño integral puede ser valorizado en casi un millón de pesos,3 Esto es un reflejo de las deficiencias estructurales y de la ausencia de una perspectiva de género adecuada que busque dar cumplimiento al interés superior de las y los menores.

A reserva de la sentencia, es importante señalar que sí, solamente este peritaje se toma en cuenta se caerá a violaciones de Derechos Humanos causando aún más daño a víctima, erosionando la institucionalidad de las instancias involucradas y oponiéndose a diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre la que destaca la de incorporar al peritaje psicológico el principio de interés superior del menor en la reparación del año.

Por ello es pertinente hacer un llamado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que revalore el peritaje de este caso con una perspectiva integral y de género, así como llamarlos a integrar estos dos principios como regla en sus actuaciones futuras.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a reconsiderar el peritaje para la reparación integral del daño por abuso sexual infantil con perspectiva de género y el principio del interés superior del menor, en términos de la Legislación vigente para el caso de la menor de 10 años presuntamente abusada por un ex funcionario de la comisaría de Puerto Vallarta.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a incluir en todos sus peritajes; perspectiva de género y principio del interés superior del menor.

Notas

1 Proceso. (2020). Exfuncionario hallado con una niña desnuda es vinculado a proceso por corrupción de menores.

1 El País. (2020). La negligente investigación a un policía por abusar de una niña de 10 años en Puerto Vallarta aboca el caso a la impunidad.

3 El Financiero. (2020).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
23 de septiembre de 2020.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Puebla a instruir a las comisiones dictaminadoras para que presenten con la brevedad el dictamen sobre la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y Derivados del estado, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace siete años las asociaciones Observatorio Ciudadano de derechos Sexuales y Reproductivos, AC (Odesyr AC) y Comunicación Diálogo y Conciencia, SC (Códice SC) han impulsado la creación de una ley que busca prohibir el consumo de productos de tabaco en todos los establecimientos comerciales, así como el impulso para que todos los espacios públicos estén libres de humo de cigarros tradicionales, electrónicos y vaporizadores.

Ante un proceso de incidencia política, las organizaciones antes mencionadas se han acercado con diferentes diputados y diputadas de las últimas dos legislaturas, así como la actual (LX Legislatura) del Estado Soberano de Puebla, con la finalidad de que se dé trámite a la conocida “Ley Antitabaco”. En ese contexto, para el año 2019 se logró presentar ante el pleno del Poder Legislativo, una iniciativa que crea la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y Derivados del Estado de Puebla.

La propuesta que está fundamentada en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) tiene el objetivo de “establecer un nuevo ordenamiento que permita dar certeza de los espacios cien por ciento libre de humo de tabaco o productos similares”, bajo la hipótesis de que el daño que ocasiona el humo de tabaco “no sólo es para los consumidores, sino que destapa nuevas enfermedades a terceros ajenos al consumo.”1

Cabe mencionar que la iniciativa presentada en el estado, destaca en su exposición de motivos la colaboración de las asociaciones anteriormente mencionadas. El documento basa su argumentación técnica en diversos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se informa que los productos que llegan a México “carecen de procesos y pruebas de calidad, poniendo en riesgo la salud de la población.”2

La nueva ley que se pretende aprobar, presenta un amplio marco conceptual que despejaría toda duda en torno a una correcta aplicación de protección contra el humo del tabaco; también, se establecen atribuciones específicas de las autoridades de salud del estado de Puebla, se sientan las bases para el diseño de un programa contra el tabaquismo, se establecen prohibiciones para proteger a la población de la exposición al humo del tabaco y se señalan las obligaciones de los órganos de gobierno del estado de Puebla y sus municipios.

Aunado a ello, la iniciativa propone que se garantice la señalización en todos los lugares que sean cien por ciento libres de humo, creando mecanismos de denuncia y vigilancia a través de la participación ciudadana. Es relevante que en la mencionada iniciativa se señalan específicamente las sanciones que se aplicará a toda persona física o moral que no acate lo establecido en la ley.

Actualmente el proyecto de Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y Derivados del Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la Comisión de Salud del honorable Congreso del Estado de Puebla; según datos del sitio oficial del Congreso, la iniciativa se encuentra con el estatus “en trámite ” y no se tiene definido un periodo de aprobación.

La indeterminación de una fecha específica para discutir y, en su caso, aprobar la ley ha generado molestia e indignación por parte de las asociaciones promotoras del proyecto. De acuerdo con declaraciones hechas por el ciudadano Brahim Zamora Salazar (miembro de Odesyr AC), el congelamiento de la regulación que se propone ha costado en los últimos 7 años hasta 7 mil 500 muertes por tabaquismo,3 por lo cual hizo un llamado al Congreso de Puebla de apresurar la aprobación de la ley en proceso.

Aunado a este llamamiento público, las dos organizaciones que encabezan la promoción del proyecto lanzaron un desplegado el 26 de junio del 2020 donde exigieron:

“Que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, agende inmediatamente el dictamen para su aprobación.

Que los diputados Juan Pablo Kuri Caballero y Emilio Maurer Espinosa, con participaciones en casinos y la industria de la hospitalidad, hagan a un lado sus intereses comerciales para impulsar esta importante ley de espacios libres de humo de tabaco.

Que todas y todos los diputados de la LX Legislatura, que se tornen en defensores de la salud pública y no cómplices de la industria tabacalera la cual agrega a sus daños los de la pandemia del Covid-19, y se sumen de este modo al pacto social al que ha llamado el gobernador del estado para hacer frente a la pandemia.”4

Ante estos pronunciamientos, los empresarios han argumentado estar en contra de dicha regulación, primeramente, porque ya existen mecanismos estipulados en la Ley General para el Control del Tabaco, y en segundo lugar porque consideran que es una medida radical que pretender cerrar las zonas de humo en establecimientos cerrados, lo cual podría afectar a la industria restaurantera y de centros comerciales.5

Dejando de lado dichos pronunciamientos, la realidad es que se observa un atraso injustificado en la presentación al pleno de dicha iniciativa, y poca claridad sobre la realización de un dictamen al proyecto. Apelando a un estudio realizado por esta honorable Cámara de Diputados, se entiende al proceso legislativo como “la pauta que tomaron los 31 congresos locales y la Asamblea del Distrito Federal, para efectuar y llevar a cabo la realización de sus respectivos procesos legislativos, tomando en cuenta, en primera instancia, el sistema unicameral que predomina en todas estas entidades federativas.”6s

Bajo la perspectiva comparativa, el mencionado estudio muestra que en las entidades federativas, el tiempo establecido para que una comisión emita un dictamen “advierte una notoria diferencia, ya que va desde los 5 hasta los 120 días”7 destacando que en Puebla y Querétaro no existe mención en ninguna ley ni reglamento sobre el tiempo máximo que pueden tardar las comisiones legislativas en dictaminar una iniciativa de ley.

En la actualidad, la Constitución del Estado Soberano de Puebla solamente establece los trámites a los que deben sujetarse las iniciativas, mencionando en su artículo 64 lo siguiente:

“Artículo 64

Las iniciativas deben sujetarse a los trámites siguientes:

I. Dictamen de comisión.

II. Discusión, el día que designe el presidente, conforme al ordenamiento que rija el funcionamiento del Congreso.

III. Aprobación, en votación nominal, de la mayoría de los diputados presentes.

IV. Envío al Ejecutivo del proyecto aprobado para que en término de quince días haga observaciones o manifieste que no las hace.

V. En el primer caso de la fracción anterior, volverá el asunto a la comisión para que en vista de las observaciones del Ejecutivo, formule un mes después nuevo dictamen, el cual será discutido y puesto a votación; pero sólo se considerará aprobado en los puntos objetados, por el voto de los dos tercios de los diputados presentes.

VI. El Ejecutivo podrá comisionar al funcionario que estime conveniente, para que defienda ante la Cámara las iniciativas que proponga o las observaciones que haga a un proyecto; a ese efecto, el Presidente del Congreso le comunicará el día señalado para la discusión.

VII. El Tribunal Superior de Justicia o el ayuntamiento autor de la iniciativa en su caso, podrán comisionar a un funcionario que defienda ante la Cámara el proyecto propuesto, y para ello el Presidente del Congreso les comunicará el día que deba discutirse”.

De tal manera, que la designación de la discusión después del dictamen se clarifica como facultad exclusiva del presidente del Poder Legislativo del Estado de Puebla; ante ello, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla establece lo siguiente:

“Artículo 32 . Son atribuciones del Presidente:

I. a VIII. ...

IX. Requerir a las comisiones generales o especiales, para que presenten los dictámenes que se les hubieren encomendado, en términos de esta ley y su reglamento;”

Así, se observa que las comisiones en cuestión no son las únicas ni exclusivamente responsables del atraso de la discusión, pues en la presidencia recae la atribución de dar avance al proceso legislativo.

Sin embargo, no sobra decir que la falta de reglamentación de tiempos para dictaminar una iniciativa han permitido que la denominada “Ley Antitabaco” pase inadvertida, pues de existir una limitación temporal en el reglamento de este poder se podría transitar el procedimiento de manera más efectiva.

Por otro lado, esta honorable Cámara de Diputados, es y debe ser consciente de que México debe respetar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, siendo su objetivo:

“Proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar las partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.”8

Asimismo, debe seguir la hoja de ruta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que establece en su Objetivo 3: “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades ”, poniéndose como meta específica “fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda .”

Por ello, es imperante que se apoye una regulación que tiene el objetivo de coadyuvar a la protección de la salud de la población, sobre todo en una época donde la enfermedad del Covid-19 ha demostrado la vulnerabilidad del organismo al estar expuesto al humo del tabaco.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado de Puebla, para que se instruya a las comisiones ordinarias dictaminadoras para que presenten a la brevedad el dictamen correspondiente al proyecto de iniciativa por la que se promulga la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y Derivados del Estado de Puebla, a fin de que pueda ser discutido y, en su caso, aprobado en los términos que establece la Constitución Política del Estado Soberano de Puebla.

Notas

1 Iniciativa de que promulga la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y Derivados del Estado de Puebla. Año de presentación: 2019, fecha de consulta: 17 de septiembre de 2020.

2 Ibídem.

3 Agencia Enfoque. Odesyr cuestiona a diputados sobre #PueblaLibredeHumoAgencia ENFOQUE | Integrantes de Odesy, fecha: marzo 2020, fecha de consulta: 17 de septiembre de 2020.

https://elpopular.mx/secciones/puebla/2020/03/05/odesyr- cuestiona-a-diputados-sobre-pueblalibredehumo

4 IMR. Urgen organizaciones a descongelar Ley Antitabaco en Puebla, fecha: marzo 2020, fecha de consulta: 17 de septiembre de 2020.

https://www.oronoticias.com.mx/urgen-organizaciones-a-de scongelar-ley-antitabaco-en-puebla/

5 Berenice Martínez. Empresarios se pronuncian contra Ley Antitabaco. Fecha: julio de 2020, fecha de consulta: 17 de septiembre de 2020.

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/
empresarios-se-pronuncian-contra-ley-antitabaco-en-puebla-no-es-momento-restaurantes-5459066.html

6 Claudia Gamboa Montejano. Proceso legislativo a nivel estatal estudio comparativo de los reglamentos internos y/o leyes orgánicas de los 31 congresos estatales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fecha: 2006. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2020.

7 Ibídem.

8 Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2020.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semar, la Sedena y la Ssa a otorgar a médicos, enfermeros, laboratoristas, camilleros, afanadores y personal administrativo-operativo adscritos a las unidades hospitalarias en la ruta de atención de pacientes con Covid-19 un bono económico por riesgo laboral por trabajar en situaciones de peligro y la posibilidad inminente de contagio, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto a las Secretarías de Marina, Defensa Nacional y Salud del gobierno federal; para que otorguen un bono económico al personal médico, enfermeros, enfermeras, laboratoristas, camilleros, afanadores, así como al personal administrativo y operativo, que está en las unidades hospitalarias en la ruta de atención a pacientes con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), lo anterior por concepto de riesgo laboral al trabajar en situaciones de peligro y la posibilidad inminente de contagio, al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes:

Consideraciones

El derecho a la protección de la salud, es una de las obligaciones del Estado, la cual no sólo debe entenderse como la obligatoriedad de brindar servicios de asistencia médica, sino que, este tiene un campo de acción más amplio, de tal forma que la protección a la salud, se debe de ver desde distintos ángulos, el Estado tiene la obligación de procurar y proteger la salud e integridad de todos los habitantes en México.

La ley suprema de la federación, instruye la labor que el Estado debe procurar en materia de prevención de accidentes y daños a la salud que puedan afectar a las personas que trabajan, como consecuencia de las actividades laborales que efectúen. En el artículo 123, se instauro una protección hacia la salud de los trabajadores, especificando la responsabilidad y competencias de empresarios y patrones en los accidentes de trabajo, así como las enfermedades profesionales de las personas que trabajan.

La pandemia que vivimos por brote infeccioso de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), se ha propagado de manera rápida y exponencial en nuestro país, que hoy día vive un gran número de personas contagiadas. Al respecto la Secretaría de Salud da a conocer un corte diario, el cual muestra una tendencia al alza en el número de contagios a tres meses de decretarse el confinamiento por el Covid-19, se ha referido que nos encontramos en el pico nacional de contagios, de tal suerte que hasta el día 14 de junio de 2020, en México se han reportado 17 mil 141 personas fallecidas y 146 mil 837 casos confirmados de coronavirus.

Ante el brote exponencial de la enfermedad y la posibilidad latente de una sobresaturación de los servicios de salud, el gobierno federal dispuso del Plan Marina, a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) y el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para atender casos de Covid-19. El funcionamiento de dicho plan consiste por parte de la Sedena y la Semar, en poner a disposición 117 instalaciones sanitarias con las que cuentan las fuerzas armadas para convertirlas en hospitales especializados en la atención y tratamiento de Covid-19 en todo el territorio nacional, se dispone a su vez de cerca de 20 mil 444 de personal militar, así como camas y unidades hospitalarias para la atención de la población en general.

Ahora bien, quienes están más expuestos y por consiguiente susceptibles de ser contagiados al igual que los sectores poblacionales identificados con factores de riesgo, son el personal del sector salud, pero es preciso mencionar que no solo los médicos que atienden a las personas infectadas se ven expuestas, pues en la mayoría de los casos las personas que presentan síntomas de Covid-19, llegan a las unidades hospitalarias sin un diagnóstico, de tal forma que todo el personal desde el ingreso a los hospitales se ve expuesto a contagiarse; esto es, desde el personal que inicia la revisión que en muchos casos son médicos generales de urgencias, enfermeros, enfermeras, los cuales son el primer filtro para un posible diagnóstico. En un segundo momento, una vez que se tiene la sospecha de Covid-19 entran en acción más personal médico, tales como especialistas, camilleros, personal de limpieza, guardias de seguridad, trabajadores sociales, personal administrativo y personal operativo, entre otros más, es decir la cadena de riesgo a la que se enfrenta el personal que esta en la primera línea de batalla contra la enfermedad, es muy amplia.

Este factor de riesgo se multiplica cuando este personal del sector salud esta en contacto con el virus fuera de las instituciones de salud, por lo cual parte del personal ha decidido aislarse voluntariamente de sus comunidades, con la finalidad de prevenir un posible factor de riesgo; en otros casos, se ha tomado la decisión de cambiarlos temporalmente de residencia.

Un ejemplo de lo vulnerable que se encuentra el personal del sector salud, es el dato emitido por el director de prestaciones médicas del IMSS, el cual refirió que a través del sistema de vigilancia se han identificado cerca de 4,148 casos sospechosos de Covid-19 de trabajadores de este instituto, de los cuales 535 han resultado positivos.

No debe pasar desapercibido un dato que por si solo es alarmante, ya que refleja los riesgos del personal médico y la población en general; el mismo fue recientemente publicado donde se establece que México es el país con la tasa de letalidad de Covid-19 más alta de América Latina, esto de acuerdo con una grafica que fue dada a conocer en la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud del pasado martes 26 de mayo de 2020. En la gráfica que lleva por nombre “Covid-19 México: Letalidad comparada, México y países del mundo al 25 de mayo, 2020” se señala que, con 7 mil 179 defunciones, nuestro país registra una letalidad de 11 porciento, lo que sitúa al país con la tasa más alta de la región1 .

Ante este dato, resulta evidente la necesidad de cubrir por parte del Estado, un bono económico al personal médico, enfermeros, enfermeras, laboratoristas, camilleros, afanadores, así como al personal administrativo y operativo, que está en las unidades hospitalarias en la ruta de atención a pacientes con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), lo anterior por concepto de riesgo laboral al trabajar en situaciones de peligro y la posibilidad inminente de contagio.

Una parte del sector salud ha actuado en consecuencia, por lo cual el pasado 14 de abril de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer que su Consejo Técnico, aprobó otorgar a los trabajadores que atienden la emergencia sanitaria una prestación adicional, la cual denomino “Bono Covid-19”, esto en reconocimiento al alto riesgo que el personal de salud tiene en la atención de pacientes con Covid-19. El bono será hasta por 20 por ciento de su sueldo, dirigido para trabajadores del área médica y no médica de las 184 unidades hospitalarias en las que se brinda atención a pacientes con la enfermedad.

Si bien esta prestación adicional a los trabajadores del sector salud, será una manera de reconocer su esfuerzo, lo ideal será que esta protección venga acompañada de todos los insumos para proteger al personal de las diferentes unidades médicas, por lo cual las diferentes autoridades sanitarias, deben de brindar los materiales, insumos y capacitación, para el debido manejo de la pandemia, pues lo ideal es que nuestro personal de las diferentes unidades hospitalarias conserve un estado óptimo de salud.

Como es de conocimiento, las posibilidades de contagio de la población civil y militar son las mismas, ya que ambos se encuentran expuestos al virus, lo cual aumenta las probabilidades de infectarse del virus SARS-CoV2 que causa el Covid-19, sin embargo las autoridades de las fuerzas armadas no han dado a conocer que se otorgue una prestación adicional al personal militar que esté en las unidades hospitalarias destinadas a atender pacientes con Covid-19, por tal motivo la presente proposición con punto de acuerdo, tiene la finalidad de exhortar a las autoridades a brindar una prestación similar a la que ya se otorga al personal del IMSS, con lo cual se puedan igualar las circunstancias, pues como se ha mencionado el riesgo es latente para todo el personal que se encuentre en la batalla contra este virus.

Por lo expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, gira un atento y respetuoso exhorto a las Secretarías de Marina, Defensa Nacional y Salud, del gobierno federal, para que otorguen un bono económico al personal médico, enfermeros, enfermeras, laboratoristas, camilleros, afanadores, así como al personal administrativo y operativo, que está en las unidades hospitalarias en la ruta de atención a pacientes con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), lo anterior por concepto de riesgo laboral al trabajar en situaciones de peligro y la posibilidad inminente de contagio.

Nota

1 Conferencia Secretaría de Salud del 26 de mayo de 2020. <>br/Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=YK2ltaE70xM

Ciudad de México a, 23 de septiembre de 2020.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu y los gobiernos de Nayarit y Bahía de Banderas a realizar acciones tendentes a salvaguardar la integridad de los afectados por la construcción del malecón arroyo El Indio en el municipio, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Diputada Federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II y fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Sedatu, al gobierno de Nayarit y al municipio de Bahía de Banderas para que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones tendentes a salvaguardar la integridad de los vecinos que se vieron afectados por la construcción del malecón arroyo “el indio” en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Consideraciones

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) inicio la obra “Construcción de Malecón en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit” por medio del contrato SEDATU-OP-76-2019 por la cantidad de 75 millones 279 mil 181.26 pesos ; cuya ejecución del proyecto se pretendía desarrollar en 150 días naturales (5 meses) de acuerdo a lo establecido en el documento MIA- Particular “Construcción de Malecón, en el municipio de Bahía de Banderas Nayarit”.

A razón de la pandemia Covid19 los trabajos de la obra se atrasaron por lo que la Sedatu en junio a través de su área de comunicación social informo que los trabajos en el parque lineal en el arroyo “el indio” en Bucerias, que deberían concluir el 31 de mayo, tuvieron que ampliarse esperando que finalizaran en la segunda quincena de junio, especificando que la obra llevaba un 80 por ciento de avance de la obra de mejoramiento urbano.

Entre tanto, la obra aún no ha sido recibida por el ayuntamiento de Bahía de Banderas, de acuerdo con el secretario general del ayuntamiento de Bahía de Banderas Anastasio Zaragoza Trujillo, sumado a ello, ya presenta un sinfín de detalles, por lo que me sume desde el inicio de la construcción a las voces de los vecinos de Jarretaderas, quienes se inquietan de que la constructora colapso su tubería de drenaje, que no se respetó el ancho prometido de la banqueta, que hay falta de bados, puentes, que las bocas de calle son altamente peligrosas para los peatones al no tener espacio para ellos; así como insuficiencia de bocas para tormenta. En resumen, se pedía que se hiciera una buena construcción, sin tener otra respuesta, más allá, de que la obra no podría sufrir ningún cambio, aunque hoy en día es diferente al proyecto presentado por Sedatu.

Asimismo, con motivo de la insuficiencia ya señalada de bocas de tormenta y sumado a ello que el tubo que metieron fue muy pequeño, al menor momento se colapsaron, como es el caso de las recientes tormentas, que no solo provoco severas inundaciones en las zonas aledañas, sino que también ocasiono daños en la estructura del malecón, como deslaves y socavones en el concreto.

Siendo la colonia Javier Ovando, la más afectada, sin recibir la atención necesaria, trayendo consigo futuros daños a las viviendas de los vecinos a razón de inundaciones.

Todo esto pese a que Sedatu afirmaba desde el pasado 6 de junio a través de su área de Comunicación Social, coordinada por Cecilia Balderas, que el proyecto estaba elaborado con base en estudios que respaldaban que no habría inundaciones.1

Por otra parte, en el documento ya antes mencionado de MIA-PARTICULAR “Construcción de malecón, en el municipio de Bahía de Banderas Nayarit”, hacen mención que el malecón tendría una vida útil mínima de 50 años, de igual forma mencionan que la creación del malecón era para poder controlar las crecidas de agua en las temporadas de lluvias o ciclones los cuales pone en riesgo a la población que vive a los márgenes del río . Siendo el objetivo principal de la implementación del proyecto: Controlar las avenidas de aguas del arroyo “el indio”, para reducir los riesgos por las inundaciones frecuentes en los temporales de lluvia; sanear el arroyo de la deposición de residuos urbanos y de manejo especial (escombros); dotar de espacios recreativos y turísticos, impulsar el crecimiento económico ; mejorar la calidad de imagen urbano paisajística ; mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona y generar empleos y derrama económica en la zona.

No obstante, contrario al objetivo de controlar las avenidas de agua que se generan en las temporadas de lluvias y ciclones y salvaguardar la integridad de los habitantes, la obra presenta vicios ocultos, provocando afectaciones a los vecinos.

En virtud de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Sedatu para que en el ámbito de sus atribuciones subsane los vicios ocultos que presenta la “construcción de malecón, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit” para que quede en condiciones afines al proyecto de inicio, garantizando con ello la integridad de los habitantes que colindan con el malecón.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Sedatu a que lleve a cabo el levantamiento de un censo de posibles viviendas afectadas por la “construcción de malecón, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, e incluya a sus propietarios en programas federales de ayuda al mejoramiento de la vivienda.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional y el gobierno del estado de Nayarit impulsen acciones de señalización en arroyos, ríos y canales de la región, con la finalidad de evitar el cruce de personas cuando se emita una alerta de tormenta en la entidad.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, para que en coordinación con el heróico ayuntamiento de Bahía de Banderas, lleven a cabo acciones preventivas para evitar la acumulación de agua en calles y avenidas por la temporada de lluvias, a su vez continuar garantizando el abasto del vital líquido.

Notas

1 https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-banderas/sedatu-desca rta-inundaciones-por-obra-en-bucerias-34582

Fuentes de consulta

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/ nay/estudios/2019/18NA2019H0017.pdf

https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-bander as/gobierno-de-bahia-debe-invertir-a-obras-de-bucerias-sedatu-33487

https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-bander as/el-malecon-del-arroyo-del-indio-danado-y-es-nuevo-37888

https://youtu.be/vd82zh6lU2c

https://youtu.be/fFddfnKp3U4

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y el Cenace a reactivar los trabajos de la termoeléctrica Carbón II, en Nava, Coahuila, mediante la implantación de filtros que protejan a la ciudadanía de las tóxicas partículas emitidas por ella, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto; 79, numerales primero, fracción II, y segundo, fracción III; y los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Centro Nacional de Control de Energía a brindar en el ámbito de sus facultades las acciones necesarias para poner en marcha nuevamente los trabajos de la termoeléctrica Carbón II, en Nava, Coahuila, mediante la implantación de filtros que protejan a la ciudadanía de las tóxicas partículas que emite dicha fuente energética, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde finales de mayo, la termoeléctrica Carbón II de la CFE, en Nava, Coahuila, dejó de generar la energía eléctrica que proviene de fuentes de energías fósiles como el carbón, lo cual permite replantear el rumbo que desde 1993 que entró en funciones dicha termoeléctrica, ha venido manejando, el que día con día en su funcionar es generar gran contaminación ambiental y daños irreparables a la salud de los habitantes de la región norte de Coahuila.

Si bien la política energética de la cuarta transformación es antigua, pasada de moda y sobre todo alejada a la realidad mundial, esto ha permitido mantener una plantilla laboral en dichos municipios del norte de Coahuila, también permite que se le vea un lado oscuro a la fiesta del carbón.

Ambas termoeléctricas que operan en Nava, Carbón II y José López Portillo, que dicho sea de paso se encuentra funcionando únicamente con una de las cuatro unidades, se localizan dentro del top de terminales más contaminantes de México y, por supuesto, de Coahuila.

Según datos de la Comisión para la Cooperación Ambiental de México, Estados Unidos y Canadá, la termoeléctrica José López Portillo es la primera emisora de óxidos de nitrógeno del país, con 55 mil 871 toneladas por año. Por el otro lado, la termoeléctrica Carbón II es la segunda generadora de óxidos de nitrógeno de México con 49, 915 toneladas al año.

Además de que con base en los datos que arrojó el Informe Nacional de Calidad del Aire México 2018, indica que varias ciudades de Coahuila de rebasaron por mucho la calidad del aire entre las que destaca Piedras Negras que incumplió la norma en materia de monóxido de carbono.

De acuerdo con los datos que se tienen por el gobierno de Coahuila, 97 por ciento de las emisiones de dióxido de azufre y 45 de óxidos de nitrógeno detectados en el estado provienen de las centrales termoeléctricas. Además, Nava es responsable de 43 por ciento de emisiones de PM10 del estado.

Aunque todos estos datos parecen ser poco desalentadores y que buscan atentar contra la estabilidad laboral de quienes día con día trabajan en estos centros eléctricos, lo cierto es que hay demasiados métodos para garantizar su trabajo y además brindar una seguridad ambiental a los habitantes del estado.

Aprovechando la inoperatividad que hoy se encuentra la termoeléctrica Carbón II y la escaza actividad de la José López Portillo, al estar operando con una de sus cuatro unidades, es momento idóneo para la implementación de mecanismos y equipos útiles para la baja propagación de partículas contaminantes que emanan de dichas fuentes de energías termoeléctricas.

En países como Chile se han implantado dos mecanismos que han demostrado reducir y hacer eficiente su sistema de captura de partículas contaminantes hasta en 90 por ciento: las depuraciones por vía húmeda y filtros de tela.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y del Centro Nacional de Control de Energía a brindar en el ámbito de sus facultades las acciones necesarias para poner en marcha nuevamente los trabajos de la termoeléctrica Carbón II, en Nava, Coahuila, mediante la implantación de filtros que protejan a la ciudadanía de las tóxicas partículas que emite dicha fuente energética.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la SE a establecer políticas públicas transversales que atiendan el sobrepeso y la obesidad como un factor contra la productividad nacional, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Salud y Economía a trabajar en conjunto para establecer políticas públicas transversales que atiendan al sobrepeso y la obesidad como un problema que atenta contra la productividad nacional, con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) combatir la obesidad impulsaría la economía y el bienestar, destaca el informe presentado el 10 de octubre de 2019, cuyo título es: La pesada carga de la obesidad: La economía de la prevención.1

Según la misma fuente, en los próximos 30 años, las enfermedades relacionadas con la obesidad se cobrarán más de 90 millones de vidas en los países de la OCDE, además de suponer una reducción de la esperanza de vida de casi 3 años. La obesidad y sus enfermedades relacionadas también se traducen en una reducción del PIB del 3.3% en los países de la OCDE y en una pesada carga para los presupuestos familiares, con una cifra que asciende a $360 USD anuales per cápita.

Este informe revela que en la actualidad más de la mitad de la población padece sobrepeso en 34 de los 36 países de la OCDE y que casi una de cuatro personas es obesa. Las tasas medias de obesidad en adultos en los países de la OCDE han aumentado desde el 21% en 2010 hasta el 24% en 2016, lo que significa que en la actualidad hay 50 millones más de personas obesas.

Además, son los menores quienes están pagando un precio muy alto por la obesidad. Los niños que padecen sobrepeso muestran un menor rendimiento académico en la escuela, tienen más probabilidades de faltar al colegio y, cuando crecen, tienen menos probabilidades de acabar los estudios de educación superior. Asimismo, muestran una menor satisfacción ante la vida y tienen hasta el triple de probabilidades de sufrir acoso escolar, lo que a su vez puede repercutir en un menor rendimiento académico.

Los adultos obesos tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas, tales como la diabetes, y una menor esperanza de vida. En los 28 países de la Unión Europea, los hombres y las mujeres que ocupan el grupo de ingresos más bajo tienen, respectivamente, un 90% y un 50% más de probabilidades de ser obesos, en comparación con aquellos que se encuentran en el grupo de ingresos más altos, lo que contribuye a consolidar la desigualdad. Las personas que sufren como mínimo una enfermedad crónica asociada con el sobrepeso, tienen un 8% menos de probabilidades estar empleadas el año siguiente. En caso de que tengan un empleo, tienen un 3.4% más de probabilidades de ausentarse o de ser menos productivos.

“Existen razones económicas y sociales urgentes para ampliar las inversiones a fin de combatir la obesidad y promover estilos de vida saludables”, ha declarado el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría. “Estos hallazgos muestran claramente la necesidad de mejores políticas sociales, sanitarias y educativas que contribuyan a que la gente lleve vidas más saludables. Mediante la inversión en prevención, los responsables de la elaboración de políticas públicas pueden poner freno al aumento de la obesidad en las futuras generaciones, beneficiando así a las economías. No hay excusas para la inacción.”.2

Los análisis de la OCDE incluidos en el multicitado informe revelan que invertir en iniciativas tales como un mejor etiquetado de los alimentos en las tiendas o la regulación de la publicidad de los alimentos infantiles poco saludables, tales como se ha hecho recientemente en México pueden generar grandes ahorros. Cada dólar estadounidense invertido en la prevención de la obesidad generaría un retorno económico de hasta seis dólares, según el informe.

En la actualidad, los países de la OCDE dedican el 8,4% de su presupuesto total en salud al tratamiento de enfermedades relacionadas con la obesidad. Esta cifra es aproximadamente equivalente a 311 mil millones de dólares americanos o a 209 dólares americanos per cápita al año. La obesidad está detrás del 70% de todos los costes de tratamientos relacionados con la diabetes, del 23% relacionados con las enfermedades cardiovasculares y del 9% del cáncer.

La reducción en un 20% del contenido calórico de los alimentos de alta densidad energética, tales como las patatas fritas y los productos de confitería, podría evitar hasta 1 millón de casos de enfermedades crónicas al año, y en especial de cardiopatías. Las iniciativas orientadas a la población general, tales como la presentación de la información nutricional en los alimentos y los menús y las campañas en los medios de comunicación, podrían salvar la vida de entre 51.000 y 115.000 personas de aquí al año 2050 en los 36 países incluidos en el análisis. Esto sería equivalente a prevenir todas las muertes por accidente de tráfico en carretera en los 28 países de la UE y en los países de la OCDE, respectivamente. El ahorro económico también sería muy importante, y solo el etiquetado de alimentos ya supondría un ahorro de hasta 13 mil millones dólares americanos entre 2020 y 2050.3

La obesidad y las enfermedades crónicas asociadas dañan la productividad de la fuerza laboral, los presupuestos personales y la economía.

Una parte importante del efecto de la obesidad en la economía en general está relacionada con la reducción de la productividad de la fuerza laboral y la reducción del capital humano.

Las personas con enfermedades crónicas tienen más probabilidades de estar desempleadas y de perder días de trabajo y, cuando están en el trabajo, tienen menos probabilidades de ser productivas que las personas sanas. Además, las personas con sobrepeso tienen más probabilidades de tener un nivel educativo más bajo con efectos negativos en sus habilidades.

Estimaciones anteriores del impacto del sobrepeso en el PIB, teniendo en cuenta estos factores concluyeron que, en cuatro países de la OCDE un IMC alto sería responsable de una pérdida de 0.5% a 1.6% en el PIB. Los nuevos análisis de la OCDE muestran que estas cifras fueron muy subestimadas.

La OCDE amplió el alcance de los análisis anteriores para producir una evaluación más exhaustiva utilizando datos de estudios longitudinales representativos de países europeos, Japón y México. Los resultados confirman que tener al menos una enfermedad crónica se asocia con una disminución del 8% en la probabilidad de ser empleado en el año siguiente en comparación con las personas con la misma edad y nivel de educación que no informan una enfermedad crónica. La disminución en la probabilidad de ser incluido en la fuerza laboral es particularmente alta en el caso de accidente cerebrovascular (hasta 20% para los hombres) y más baja para otras enfermedades cardiovasculares (4%). Las personas con al menos dos enfermedades crónicas tienen aproximadamente un 17% menos de probabilidades de formar parte de la fuerza laboral.

Si están empleados, las personas con una enfermedad crónica estarán ausentes del trabajo por 1.5% más días durante el resto de su vida laboral. La diabetes tiene el efecto más perjudicial causando un 3.4% adicional de días de ausencia del trabajo en mujeres. Las personas con sobrepeso muestran un aumento del 1% en las ausencias, debido a otras razones. Las personas con al menos una afección crónica tienen casi un 20% más de probabilidades de jubilarse temprano.

Si bien en algunos casos estos números pueden parecer pequeños, el crecimiento del sobrepeso significa que estas cifras se aplican a una mayor parte de la población, lo que resulta en un impacto más significativo. Por ejemplo, el 58% de la población en los países de la OCDE tiene sobrepeso. Un aumento del 1% en el absentismo de un número tan grande de personas afecta significativamente la economía de un país.

El modelo de microsimulación de la OCDE sugiere que, de hecho, el sobrepeso tendrá un efecto significativo en los resultados del mercado laboral. En los 52 países analizados por la OCDE, el sobrepeso reduce efectivamente la fuerza laboral en aproximadamente 54 millones de personas por año.

A nivel macroeconómico, el sobrepeso reduce el PIB en un 3.3% en promedio tanto en los países de la OCDE como en 23 estados miembros de la Unión Europea, durante los próximos 30 años. El impacto en los países del G20 es ligeramente mayor con una reducción en el PIB de alrededor del 3,5%. El efecto sobre el PIB varía según el país con México (-5.3%), Brasil (-5.0%) y Letonia (-4.5%) son los más afectados.

México tiene una de las tasas más altas de obesidad: casi uno de cada tres adultos es obeso. Como consecuencia, los mexicanos vivimos en promedio 4.2 años menos debido al sobrepeso, la mayor reducción en esperanza de vida de todos los países de la OCDE.4

Acorde a la misma fuente, casi las tres cuartas partes (72,5%) de los adultos en México tienen sobrepeso u obesidad, lo que coloca al país en el segundo lugar entre los países de la OCDE. La tendencia comienza a una edad temprana, siendo los niños en México más propensos a tener sobrepeso u obesidad que el niño promedio que vive en el conjunto de países OCDE (37,7% y 31,4%, respectivamente).

La obesidad es un factor de riesgo clave para diversas afecciones crónicas, incluida la diabetes tipo 2. A partir de 2017, el 13% de la población adulta tenía diabetes en México, que es más del doble del promedio de la OCDE y el más alto entre los países miembros. México tiene la tasa más alta de ingresos hospitalarios por diabetes, esta cifra ha disminuido en un 25% desde 2012. Entre 2012 y 2017, el número de admisiones por amputaciones relacionadas con la diabetes aumentó en más del 10%, un empeoramiento preocupante en la calidad del control y el tratamiento continuos de la enfermedad.

Hacer frente a la obesidad requiere un conjunto de políticas complementarias de buenas prácticas. Los ejemplos incluyen la reformulación de alimentos y bebidas para reducir los niveles de grasas saturadas, azúcares y sodio, y políticas de comunicación como campañas en los medios de comunicación, etiquetado de alimentos y recetas publicitarias. Los médicos, en particular los médicos generales, juegan un papel importante en la optimización de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes, que detiene el incremento de resultados adversos para la salud.5

En resumen, en el ámbito económico, las repercusiones sobre la economía son destacables: el sobrepeso representa el 8.9% del gasto en salud; y reduce la producción del mercado de trabajo en una cuantía equivalente a 2.4 millones de trabajadores a tiempo completo por año. Todo ello se traduce en que el sobrepeso reduce el PIB de México en un 5.3%.

De acuerdo con datos de la OCDE, las actuaciones de salud pública para promocionar estilos de vida saludables tienen un impacto positivo sobre la salud de la población y suponen una excelente inversión: en promedio, por cada peso mexicano que se invierte, se logra un retorno de hasta 6 pesos mexicanos en beneficios económicos.

Por ello, además de los actuales esfuerzos sobre el etiquetado frontal derivados de la reforma a la Ley General de Salud y la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 sobre etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasadas, es fundamental que las autoridades en materia de salud y de economía actúen en coordinación transversal que los esfuerzos del combate al sobrepeso y la obesidad se traduzcan en beneficios para la productividad nacional.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Salud y Economía a trabajar en conjunto para establecer políticas públicas transversales que atiendan al sobrepeso y la obesidad como un problema que atenta contra la productividad nacional.

Notas

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "La pesada carga de la obesidad: La economía de la prevención", 10 de octubre de 2019, recuperado de: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2c4847ef-es.pdf?expires=1594678 207&id=id&accname=guest&checksum=B89322043C3B4C9EF5F081C99F CA9CBE

2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Combatir la obesidad impulsaría la economía y el bienestar", 10 de octubre de 2019, recuperado de:
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/combatirlaobesidadimpulsarialaeconomiayelbienestar.htm

3 Ibídem

4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Infografía de México: La Pesada Carga de la Obesidad. La Economía de la Prevención", 2019, recuperado de: https://www.oecd.org/mexico/Heavy-burden-of-obesity-Media-country-note- MEXICO-In-Spanish.pdf

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Healh at a Glance 2019", 2019, recuperado de: https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-ES.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a emitir un documento donde se transparenten, justifiquen y divulguen el estatus económico y el destino del gasto derivado del decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, la emisión de bonos de deuda, y las solicitudes de crédito al BM y del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto exhortar al titular del Ejecutivo federal y al secretario de Hacienda y Crédito Público a emitir un documento en donde se transparente, justifique y se informe el estatus económico y el destino del gasto derivado del decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, la emisión de bonos de deuda, las solicitudes de crédito al Banco Mundial y del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) es un ahorro del que dispone el Estado, que tiene como objetivo compensar desajustes que pudiera sufrir el presupuesto del gobierno y así poder cubrir el gasto planeado, ya que de acuerdo a las reglas de operación de este fondo, los recursos que lo integran tienen como finalidad aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones en los ingresos del gobierno federal, con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos, es decir ante una crisis que irrumpa en el desarrollo del país.

Factores como una disminución de los ingresos petroleros o de los ingresos del gobierno federal, respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, fueron las hipótesis que motivaron la creación del fondo y con ello poder propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto, razón por la cual se debe tener un apego estricto a sus fines y no utilizarse como un comodín financiero ante las malas prácticas de ejecución de gasto.

Ante esta situación dicho fondo se ha ido utilizando aún y cuando no ha existido una razón imperante para su utilización, y que hoy ante una pandemia dicho fondo ya se había afectado, donde resaltaron las declaraciones en su momento del Secretario de Hacienda donde planteó utilizar parte del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales (FEIP) para prepagar parte de la deuda de Pemex. Cabe señalar que esta medida es adicional a la capitalización de 107 mil millones de pesos mmdp que incluye los 25 mmdp aprobados en el presupuesto fiscal 2019 para capitalizar a Pemex, lo cual da muestra de proyecciones económicas viciadas de origen.

A la presente administración le dejaron un Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), con un monto de 279 mil 770 millones de pesos, donde se han gastado ya 249 mil millones y únicamente restarán 20 mil millones, recursos que no contaron con una estrategia formal, socializada, consensada, puntual y sobre todo transparente, donde se señalen los recursos que se han utilizado y los que en su caso de pretendan utilizar de este fondo, pero sobre todo cómo será el flujo de retorno para restablecerlo ante futuras situaciones como las que hoy estamos teniendo.

En ese orden de ideas el 2 de abril del presente año, se publicó el decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, el cual no cuenta con ninguna justificación ni proyección de los recursos, su destino entre otros donde se proyecta que la suma de dichos fideicomisos alcanza un importe de más de 700 mil millones de pesos, donde hasta la fecha no se ha dado publicidad sobre el número, montos y destino de los fideicomisos, ya que representan un activo económico no visible en el presupuesto bastante importante y que se construyeron con el paso de los años siendo sin duda una herencia económica importante.

Por otro lado la emisión de bonos de deuda por parte del gobierno de México a principios de año por 6 mil millones de dólares, que se suman a las otras tres emisiones realizadas este año, la primera por 2 mil 300 millones de dólares, otra de 1750 millones de euros y 1500 millones de Udis, recursos de los cuales hoy en día no se tiene conocimiento sobre el destino.

En suma, a lo anterior destacan los créditos solicitados al Banco Mundial, ya que desde diciembre de 2018 ha aprobado 5 proyectos de crédito para México: uno el 28 de marzo de 2019 por 400 millones de dólares (MD); otro el 18 de junio de 2019 por 500 MD; uno más el 6 de febrero de 2020 por 110 MD; el 27 de febrero de 2020 aprobó un crédito de 120 MD y finalmente el 19 de mayo se aprobó el de 1,000 millones de dólares. En total, el Banco Mundial ha otorgado 2 mil 130 millones de dólares de financiamiento en los 18 meses que van del gobierno de López Obrador.

Esta situación sin duda resulta preocupante ya que ante el escenario adverso que proyectan los especialistas y calificadoras donde puede existir un desplome de la economía mexicana de hasta un 12% y la deuda pueda incrementar casi 15 puntos porcentuales del PIB durante este segundo año de gobierno, de acuerdo con los cálculos de BBVA.

Por lo tanto, en este supuesto la deuda subiría durante el 2020 casi lo mismo que entre 2011 y 2018 cuando se acumuló un incremento del 8.9 durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, lo que resulta sin duda preocupante para la economía nacional ya que además se prevé una baja en la recaudación.

Es por ello que resulta sumamente necesario que se deje a un lado la opacidad y se transparente y publicite, pero sobre todo se realicen acciones contundentes para evitar que la catástrofe económica se agrave y se dejen de tomar decisiones sin proyectar las consecuencias, ya que hoy en día existe un mar de recursos económicos sumidos en la oscuridad donde nadie sabe dónde y para que se están utilizando además de que el pueblo mexicano requiere conocer que se está haciendo con sus recursos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a informar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y a emitir un documento en donde se transparente, justifique y se informe el estatus económico y el destino del gasto derivado del decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, la emisión de bonos de deuda, la solicitudes de crédito al Banco Mundial y del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal y al secretario de Hacienda y Crédito Público, a emitir un documento en donde se transparente, justifique y se informe el estatus económico y el destino del gasto derivado del decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, la emisión de bonos de deuda, las solicitudes de crédito al Banco Mundial y del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guerrero a dotar de infraestructura física educativa a las comunidades de la Sierra; a la SEP, a establecer un mecanismo de supervisión inmediata y en tiempo real en la próxima entrega de recursos a los beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, a efecto de garantizar que éste llegue de manera oportuna a los estudiantes; y a la CFE, a implantar un programa para dotar de electricidad a las comunidades de dicha región, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

Rubén Cayetano García, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. En las últimas décadas la preocupación por la educación ha evolucionado de ser un asunto de carácter local o nacional y se ha convertido en una inquietud a nivel mundial o internacional. Es una problemática que no sólo abarca la educación tradicional y la bilingüe, sino que se extiende al ámbito tecnológico particularmente la educación digital, esto tiene como consecuencia que exista una gran preocupación en todo el mundo y por supuesto en México.

La educación es un derecho humano fundamental, así reconocido desde 1948, año en el que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye en su artículo 26. Por otra parte el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos igualmente lo reconoce como un derecho y señala que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” mismo que contempla este derecho a la educación en sus distintos artículos,1 que, entre otros puntos, señalan:

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia .

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Se deroga.

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.

...”

Segunda . La educación es también un derecho social, de segunda generación. Este tipo de derechos son básicos e indispensables para garantizar condiciones de vida digna a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo.

El derecho a la educación puede ser considerado también como un derecho clave o derecho bisagra, porque de su cumplimiento depende que se puedan ejercer mejor todos los otros derechos. Por ejemplo, una persona con alta escolaridad podrá cuidar mejor de su salud y de la de sus hijos; disfrutar en mayor medida de la libertad de pensamiento y de expresión; y ejercer su derecho al voto libre de forma más informada y responsable.

El derecho a la educación está en el centro de la vida de la persona y de la sociedad. Al ser para todos, sin discriminación, el derecho a la educación combate de lleno la inequidad y permite la construcción de sociedades progresivamente menos desiguales, más justas, participativas y democráticas. En este sentido, el Estado mexicano es responsable de garantizar el derecho a la educación para que éste sea exigible y justificable.

Cabe señalar que el derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial de Educación 2030,2 así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4),3 adoptado por la comunidad internacional. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible.

Sin embargo, , en muchos casos debido a factores sociales, culturales y económicos.

Por su carácter de derecho habilitante , la educación es un instrumento que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad.

Para ello, deben existir la . Los instrumentos normativos de las Naciones Unidades y la UNESCO estipulan obligaciones jurídicas internacionales que promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad.

Por otra parte, cabe mencionar que a nivel internacional la inquietud por la educación ha generado que en diversos foros y convenciones los países participantes se comprometan a realizar acciones las necesarias para abatir el rezago educativo. En dichos foros y convenciones, México ha tenido una participación activa, suscribiendo conjuntamente con otros países diversos instrumentos jurídicos internacionales como los siguientes:

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, artículo 26,4 mismo que a la letra señala:

“Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”

2. Posteriormente se pensó que era sustancial el apoyo a la niñez, por lo que en 1959 fue aprobada la Declaración de los Derechos del Niño5 que en su principio VII, expresa que:

“Principio VII:

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres.

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.”

3. La Convención contra la Discriminación en Educación de 1960,6 fue el punto de partida a nivel mundial para reafirmar la Declaración Universal de Derechos Humanos, expresando que la exclusión en la esfera educativa viola la mencionada Declaración. La Convención en sus artículos 3, 4 y 5 dice:

“Artículo 3

A fin de eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sentido que se da a esta palabra en la presente Convención, los Estados parte se comprometen a:

a. Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza;

b. Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza;

c. No admitir, en lo concerniente a los gastos de matrícula, la adjudicación de becas o cualquier otra forma de ayuda a los alumnos, ni en la concesión de permisos y facilidades que puedan ser necesarios para la continuación de los estudios en el extranjero, ninguna diferencia de trato entre nacionales por los poderes públicos, salvo las fundadas en el mérito o las necesidades;

d. No admitir, en la ayuda, cualquiera que sea la forma que los poderes públicos puedan prestar a los establecimientos de enseñanza, ninguna preferencia ni restricción fundadas únicamente en el hecho de que los alumnos pertenezcan a un grupo determinado;

e. Conceder, a los súbditos extranjeros residentes en su territorio, el acceso a la enseñanza en las mismas condiciones que a sus propios nacionales.

Artículo 4

Los Estados parte en la presente Convención se comprometen, además, a formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, a:

a. Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley;
b. Mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada;

c. Fomentar e intensificar, por métodos adecuados, la educación de las personas que no hayan recibido instrucción primaria o que no la hayan recibido en su totalidad, y permitirles que continúen sus estudios en función de sus aptitudes;
d. Velar por que, en la preparación para la profesión docente, no existan discriminaciones.

Artículo 5

1. Los Estados parte en la presente Convención convienen:

a. En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz;

b. En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales, 1o. de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas mínimas que puedan fijar o aprobar las autoridades competentes, y 2o. de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones;

c. En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer las actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio idioma, siempre y cuando:

(i) Ese derecho no se ejerza de manera que impida a los miembros de las minorías comprender la cultura y el idioma del conjunto de la colectividad y tomar parte en sus actividades, ni que comprometa la soberanía nacional;

(ii) El nivel de enseñanza en estas escuelas no sea inferior al nivel general prescrito o aprobado por las autoridades competentes; y

(iii) La asistencia a tales escuelas sea facultativa.

2. Los Estados parte en la presente Convención se comprometen a tomar todas las disposiciones necesarias para garantizar la aplicación de los principios enunciados en el párrafo 1 de este artículo.”

4. Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) reconoce los mencionados derechos e instaura mecanismos para su protección y garantía y en su artículo 13 el cual, entre otros puntos, señala:7

“Artículo 13

1. Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

2. Los Estados parte en el presente Pacto reconocen que con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

3. Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.”

5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,8 en sus artículos 18 y 27 señala que:

“Artículo 18

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

4. Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 27

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”

En este sentido es evidente que la comunidad internacional, ha asumido compromisos ineludibles para adoptar medidas que logren abatir el rezago en materia educativa, esto es, a través de mecanismos que redunden en el acceso a una educación de calidad, cuyo objeto es satisfacer las necesidades de la población en un mundo globalizado, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Instrumentos Internacionales en Materia Educativa

Tercera . El Plan Nacional de Desarrollo, 2019- 2024,9 en el apartado referido a los programas educativos, entre otros puntos, dice:

“La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente por el Senado de la República, establece los siguientes objetivos:

...

2. Garantizar empleo, educación , salud y bienestar mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo: Jóvenes Construyendo el Futuro, Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Universidades para el Bienestar, Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, Becas “Benito Juárez”, Crédito Ganadero a la Palabra, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, programas de Comunidades Sustentables “Sembrando Vida”, de Infraestructura Carretera, Zona Libre de la Frontera Norte, Tren Maya, Corredor Multimodal Interoceánico y aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía.

Programas:

3. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez está dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela pública, desde Educación Inicial y Básica, Educación Media Superior y Educación Superior. Está limitado a una beca por familia y el apoyo es de 800 pesos mensuales que serán entregados de manera bimestral al beneficiario, ya sea mediante depósito en tarjeta bancaria, con una orden de pago en sucursales o, cuando no haya otra forma, en efectivo en mesas de pago. En el caso de los niños, el apoyo se entregará a sus padres o tutores. La duración será la misma que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios deberán reincorporarse anualmente al programa.

...

5. Jóvenes escribiendo el futuro es un programa nacional dirigido a jóvenes que estén inscritos en algún centro de educación superior en modalidad escolarizada, tengan menos de 29 años, no reciban otra beca del gobierno federal, y vivan en un hogar en situación de pobreza . Se aplica en una primera etapa en las escuelas normales, universidades interculturales, Universidad Nacional Agraria, Universidad de Chapingo y Universidad Benito Juárez. Se dará prioridad a mujeres indígenas y afrodescendientes, a hombres indígenas y afrodescendientes, a personas que vivan en una zona de atención prioritaria y a personas que vivan en contextos de violencia. A cada becario se dará un apoyo de 4 mil 800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar (cinco bimestres) y tendrá como requisitos que la institución educativa tenga el expediente escolar completo del becario, que éste tenga un número de matrícula y un grupo asignado y que asista a clases con regularidad. Los becarios podrán inscribirse anualmente en tanto concluyen su educación superior, con el límite máximo del número de años previsto en el plan de estudios de la carrera que cursen.

Derecho a la educación

Durante el periodo neoliberal el sistema de educación pública fue devastado por los gobiernos oligárquicos; se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior, se sometió a las universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedentes, los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos inservibles y a precios inflados, se emprendió una ofensiva brutal en contra de las escuelas normales rurales y en el sexenio pasado se operó una mal llamada reforma educativa que era en realidad una contrarreforma laboral, contraria a los derechos laborales del magisterio y orientada a crear las condiciones para la privatización generalizada de la enseñanza.

Esta estrategia perversa se tradujo en la degradación de la calidad de la enseñanza en los niveles básico, medio y medio superior y en la exclusión de cientos de miles de jóvenes de las universidades. En los hechos, el derecho constitucional a la educación resultó severamente mutilado y ello no sólo privó al país de un número incalculable de graduados, sino que agravó el auge de la delincuencia y las conductas antisociales. En el sexenio anterior la alteración del marco legal de la educación derivó en un enconado conflicto social y en acciones represivas injustificables.

Ante esta circunstancia, el gobierno federal se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa. La Secretaría de Educación Pública tiene la tarea de dignificar los centros escolares y el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y el magisterio nacional se encuentran en un proceso de diálogo para construir un nuevo marco legal para la enseñanza.

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García iniciaron sus actividades en marzo de 2019 con 100 planteles en 31 entidades. Para la instalación de los planteles se dio preferencia a zonas de alta densidad poblacional en las que haya nula oferta de estudios universitarios y con alto grado de rezago social, marginación y violencia. Las escuelas universitarias se distribuyen en Oaxaca (11 planteles), Ciudad de México (10), Veracruz (8), Chiapas y Guanajuato (6). Las otras entidades tienen entre 2 y 5 escuelas. En conjunto, las Universidades para el Bienestar ofrecen 32 mil plazas para estudiantes, los cuales recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales.

Los edificios permanentes en los que operarán las Universidades para el Bienestar serán construidos con el concurso del trabajo comunitario y de trabajadores locales, en terrenos donados o entregados en comodato por campesinos, municipios o comisariados ejidales. Las carreras que se ofrecen son Ingenierías Civil, Industrial, Forestal, Agroalimentaria, Ambiental, Agroforestal, Electromecánica, Agronomía, en Minas, Piscícola, en Acuacultura, en Desarrollo Regional Sustentable, Química de la Industria Petrolera, en Administración de la Industria Energética y en Procesos Petroleros, en Energías Renovables; Medicina Integral y Salud Comunitaria; Enfermería y Obstetricia; Medicina Veterinaria y Zootecnia; Contabilidad y Administración Pública; Derecho; Patrimonio Histórico e Industria de Viajes; Gestión Integrada del Agua; Normal de Educación Básica; Estudios Sociales; Patrimonio Histórico y Biocultural; Educación Física; Administración Municipal y Políticas Públicas; Música y Laudería y Normales Rural e Intercultural Bilingüe.”

Quinta. El 30 de marzo de 2020, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, acuerdo número 04/03/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal 2020 y que, entre otros puntos, señala:10

“1. Introducción

...

Además, la ampliación de la oferta de Institución Pública de Educación Superior (IPES) no ha resuelto el problema de exclusión o la falta de atención educativa adecuada de los grupos de jóvenes que tiene desventajas sociales; como es el caso de las personas en condición de pobreza, indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y de las mujeres. Por ejemplo, en varios de los subsistemas de más reciente creación y que tienen mayor precariedad en sus recursos humanos y materiales, han accedido, fundamentalmente, la población joven rural e indígena, perteneciente a los sectores de menor nivel socioeconómico. De manera que el incremento de cobertura no se da en igualdad de oportunidades y hace que el cursar la ES en el país sea un privilegio y no un derecho.

2. Objetivos

2.1. General

Lograr que los/as alumnos/as inscritos en una Institución Pública de Educación Superior (IPES) considerada con cobertura total, cualquier otra IPES en las que los/as alumnos/as cumplan con los requisitos establecidos o en otras Instituciones de Educación Superior (IES) que cuenten con convenio vigente de colaboración firmado con la Coordinación Nacional y otorguen una beca académica del 100 por ciento al/a la alumno/a solicitante y éste/a cumpla con los requisitos establecidos, permanezcan y concluyan este tipo educativo, mediante una beca.

2.2. Específicos

Otorgar becas para la permanencia escolar y conclusión de los/las alumnos/as de las Institución Pública de Educación Superior (IPES) consideradas con cobertura total , cualquier otra IPES en las que los/as alumnos/as cumplan con los requisitos establecidos u otras IES que cuenten con convenio vigente de colaboración firmado con la Coordinación Nacional y otorguen una beca académica del 100 por ciento al/a la alumno/a solicitante y éste/a cumpla con los requisitos establecidos.”

Sexta. Por otra parte, en el segundo Informe de Gobierno11 enviado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al honorable Congreso de la Unión, en el rubro educativo se señala, entre otros puntos, que:

“Derecho a la educación

Diseño de la política educativa

El gobierno de México mantiene la disciplina, pertinencia y prudencia al instrumentar políticas adecuadas y oportunas en el ámbito educativo, orientadas al beneficio de la sociedad en general; en particular, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, maestras, maestros y personal de apoyo a la educación del Sistema Educativo Nacional (SEN), actores que día con día contribuyen a formar, con estricto apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana, el nuevo proyecto educativo de Nación, a través de la construcción de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Las acciones que realiza el Estado mexicano en materia educativa están construidas desde las bases del SEN, a partir de las mismas aulas, con la intervención de todos los involucrados, sin excluir a nadie, con fundamento en el respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas que participan en la educación, con un enfoque de derechos humanos, justicia social y de igualdad sustantiva.

La educación en México, parte de la concepción de un derecho humano y no un privilegio, por lo que hoy se garantiza el acceso de todas las personas sin límites ni restricciones.

Es de vital importancia continuar atendiendo todos los aspectos relacionados con la educación, por estar directamente vinculados al desarrollo del país; además, constituye el medio más efectivo para atenuar las desigualdades sociales, inclusive aquellas asociadas con alguna discapacidad en las personas.

Por ello, en el marco de los principios y propósitos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, garantizar el acceso a la educación, representa una prioridad para fortalecer a la Nación y afrontar los desafíos del siglo XXI.

Leyes Reglamentarias de la Reforma Constitucional en Materia Educativa. Posterior a la reforma constitucional en materia educativa de 2019, el honorable Congreso de la Unión aprobó las leyes reglamentarias, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de septiembre de ese mismo año.

...

En el ámbito de la planeación nacional en materia educativa, a partir de la publicación del PND 2019- 2024 se realizó la alineación de los programas del sector educativo, estableciendo con ello una gestión gubernamental estratégica y honesta que garantice que cada programa y proyecto en operación esté dirigido principalmente a mejorar el bienestar de la población.

• El 6 de julio de 2020 se publicó en el DOF el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020- 2024, elaborado por la SEP de conformidad al artículo 16, fracción III de la Ley de Planeación y en cumplimiento de lo establecido en el PND 2019- 2024, con un planteamiento incluyente y una visión de largo plazo, para disminuir las brechas de atención o rezagos en comunidades y territorios del país.

- El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024, fue elaborado conforme a los Ejes Generales previstos en el PND 2019- 2024, que establece seis objetivos prioritarios, 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales para transformar el Sistema Educativo Nacional, así como seis metas para el bienestar y 12 parámetros para su seguimiento.

- Incluye propuestas de las entidades federativas y diversas unidades administrativas de la SEP, además de aportaciones de instituciones de otros ámbitos de gobierno, que lo convierte en un instrumento de corresponsabilidad y colaboración centrada en el tema educativo, enfocado a fortalecer la formación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; el desarrollo del magisterio; y el fomento de una mayor participación de madres y padres de familia en el sector.

- Se definieron seis problemas públicos fundamentales, a los que corresponden cada uno de los Objetivos prioritarios:

? El primer objetivo prioritario se enmarca en la equidad e inclusión en la educación , donde las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas en México dispondrán de oportunidades educativas equitativas e inclusivas, para incidir en su bienestar y en el desarrollo del país.

- El segundo objetivo prioritario reside en la calidad de la educación: los estudiantes en México recibirán una educación de calidad, relevante y pertinente en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, favoreciendo su desarrollo humano integral.

- El tercer objetivo prioritario busca que el personal docente, directivo y de supervisión cuente con el reconocimiento, la formación y el apoyo necesarios para consolidarse como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social.

- El cuarto objetivo prioritario se centra en las escuelas públicas de los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, las cuales contarán con entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- El quinto objetivo prioritario se asocia a la cultura física y la práctica deportiva, donde se crearán oportunidades para el desarrollo de la cultura física desde la primera infancia, reduciendo así los altos índices de sedentarismo de la población en México.

- Finalmente, como sexto objetivo prioritario, se busca que las decisiones de política educativa se tomen de manera articulada, considerando a todos los sectores y grupos de la sociedad, repercutiendo de forma positiva en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.

...”

Séptima. A partir de los datos oficiales Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se muestra que México ha logrado importantes avances educativos en las últimas décadas, entre ellos se destaca el incremento del nivel de escolaridad y el aumento de la asistencia escolar de niños, jóvenes y mujeres (Consejo Nacional de Población [Conapo], 2000). Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 Enadid) estiman que de cada 100 hombres jóvenes 34 asisten a la escuela12 (5.3 millones) y de las mujeres jóvenes, lo hacen 33 de cada 100 (5 millones).

Conforme aumenta la edad de las personas es mayor la proporción de quienes no asisten a la escuela. Según datos de la Enadid 2018, entre las personas que tienen de 15 a 19 años 60.8 por ciento (6.9 millones) asiste a la escuela; 27.3 por ciento (2.7 millones) de quienes tienen entre 20 y 24 años, mientras que solo 7.5 por ciento (705 mil) de quienes forman el grupo de 25 a 29 años, asisten a la escuela.

Por nivel de escolaridad, cuatro de cada diez personas jóvenes tienen secundaria baja como el nivel máximo alcanzado, seguido de la secundaria alta, tres de cada diez; cabe resaltar la proporción tan baja de jóvenes que no tienen escolaridad y los que solo tienen la educación preescolar para la primera infancia.

La educación es uno de los procesos más importantes en la vida de las personas y es un derecho, además, proporciona herramientas para que se ejerzan otros derechos.13s

A pesar de lo anterior, existen regiones del país donde el rezago educativo es palpable. Particularmente la Sierra del estado de Guerrero, que ha sido tradicionalmente abandonada por el gobierno del estado. La Sierra de Guerrero se caracteriza por los altos niveles de pobreza, marginación y falta de infraestructura. No se cuenta con oportunidades de desarrollo para los jóvenes ya que la educación que ahí se imparte es muy deficiente y sin calidad. En muchos lugares no se cuenta con electricidad y por tanto no existe acceso a las tecnologías de la información, lo que a su vez aumenta la brecha educativa.

En Guerrero, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 7.8, lo que equivale a poco más del primer año de secundaria, mientras que, a nivel nacional, la población de 15 años y más tiene 9.2 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida.

Para ejemplificarlo con claridad se presenta el siguiente cuadro sobre la estadística educativa en Guerrero.14

De cada 100 personas de 15 años y más...

13.2 no tienen ningún grado de escolaridad.

54.0 tienen la educación básica terminada.

19.6 finalizaron la educación media superior.

12.9 concluyeron la educación superior.

0.3 no especificado.

En términos de analfabetismo, en Guerrero, 14 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir, en tanto que a nivel nacional son 6 de cada 100 habitantes.

El pasado 2 de septiembre de 2020, el periódico “El Sur” de Guerrero, publicó un reportaje denominado “Asolados por la delincuencia, sin Internet, sin salud ni educación, sobreviven en la Sierra”,15s en el que se da cuenta que durante una conferencia de prensa que realizaron integrantes del “Observatorio por la Paz y el Desarrollo” en la comunidad del Aguacate, de la sierra del Municipio de Coyuca de Catalán, varios jóvenes adolescentes se quejaron y se señalaron que:

“... entre la amapola, la violencia y la falta de oportunidades cientos de niños y jóvenes del filo mayor de la sierra del estado, tienen que sortear el nuevo sistema educativo que se implementó debido a la pandemia y al cual no tiene acceso debido a la falta de caminos, maestros, luz eléctrica e internet.

...

Pedimos que nos den escuelas y maestros que sean de primera calidad, porque vivir en la sierra no significa que merecemos una educación de Conafe (Consejo Nacional de Fomento Educativo). Ahorita con la pandemia no tenemos Internet, no tenemos televisiones, no tenemos nada de eso, además ni tenemos luz, no tenemos oportunidad de una educación de primera calidad, por eso le exigimos al gobierno que nos den escuelas.

...”

Es evidente que en estas condiciones no se puede esperar una educación de calidad y por tanto una adecuada incorporación al mercado de trabajo, lo que a su vez impide falta de desarrollo en la entidad y por tanto atraso y pobreza. La Sierra de Guerrero no merece estar en estas condiciones. Una buena infraestructura escolar, es condición fundamental para alcanzar mejores niveles de aprendizaje, lo que significan aulas, luz eléctrica y acceso a las tecnologías de la información para enfrentar esta nueva etapa del ciclo escolar 2020-2021 marcado por las clases a distancia en razón de la pandemia.

Por las razones y argumentos antes expuestos, es que presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al gobernador del estado de Guerrero para que dote de infraestructura física educativa a las comunidades con mayores niveles de marginación en el estado, particularmente en la Sierra del Estado.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Púbica del gobierno federal para que establezca un mecanismo de supervisión inmediata y en tiempo real en la próxima entrega de recursos a los beneficiarios del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” a fin de garantizar que éste llegue de manera oportuna a los estudiantes de la Sierra de Guerrero.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que se implemente un programa de para dotar de electricidad a las comunidades de la Sierra de Guerrero.

Notas

1 DOF 14 de mayo de 2019. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. Estipula que corresponde al Estado la rectoría de la educación. Crea el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Determina que el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales. Precisa las materias de los planes y programas de estudio. Crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa y presupuestaria, no sectorizado. Señala que este organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano. Contempla que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Ley General de Educación Superior y la General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2 Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades ...

3 Objetivos del Desarrollo Sustentable. Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

4 Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

5 Declaración de los Derechos del Niño, A.G. res.. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 19, ONU Doc. A/4354 (1959).

6 ONU. Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. París, 14 de diciembre de 1960.

7 ONU. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.

8 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto.

9 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

10 DOF 30/03/2020. Acuerdo número 04/03/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal 2020.

11 México. Presidencia de la República. Segundo Informe de Gobierno. 2019 - 2020

12 La asistencia escolar se refiere a las personas de 15 a 29 años que asisten a un centro de enseñanza o estudien en un programa educativo de alguno de los niveles que conforman el Sistema Educativo Nacional, de cualquier modalidad y tipo de servicio: público, privado, escolarizado, abierto, a distancia, de educación especial o de educación básica para adultos (Inegi, 2019a). La asistencia escolar es al momento de que se realiza la encuesta.

13 La clasificación organiza los niveles educación logrados de la siguiente manera (UNESCO, s.f.): Sin educación: Incluye a las personas sin instrucción (nunca cursaron un programa educativo). Educación preescolar y para la primera infancia: incluye a las personas que cursaron al menos un grado de educación preescolar; tienen la educación preescolar concluida pero no tienen más grados académicos aprobados; que no especificaron el grado de educación preescolar y quienes tienen primaria incompleta o no especifican grado aprobado en la primaria.

14 Fuente: Inegi. Encuesta Intercensal 2015.

15 El Sur. Guerrero. 2 de septiembre de 2020. “Asolados por la delincuencia, sin Internet, sin salud ni educación, sobreviven en la Sierra”.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 23 de septiembre de 2020.

Diputado Rubén Cayetano García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Cofepris a agilizar la autorización para usar el remdesivir en el tratamiento del Covid-19, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a agilizar la autorización para el uso del medicamento Remdesivir en el tratamiento del virus SARS-COV2 causante de la enfermedad Covid-19, con base en las siguientes:

Consideraciones

El coronavirus SARS-COV2 apareció en China en diciembre de 2019 con el reporte de casos de neumonía desconocida. En enero 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante de este brote a un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, posteriormente denominado SARS-Cov2, que provoca la enfermedad Covid-19, misma que se ha extendido por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020.

El Ministerio de Salud del Gobierno de España refiere q coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Se trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse de los animales a los humanos. Los coronavirus que afectan al ser humano pueden producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común con patrón estacional como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS por sus siglas en inglés) o del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS, por sus siglas en inglés).1

Asimismo, dicha institución de salud dice que los mecanismos de transmisión animal-humano se desconocen, sin embargo, los estudios apuntan a que fue a través del contacto directo con los animales infectados o sus secreciones. Por su parte, la vía de transmisión entre humanos se considera similar a la descrita por otros coronavirus, es decir, a través de las secreciones de personas infectadas:2

Los focos transmisores definidos por el Ministerio antes mencionado son:

• A través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser y estornudar;

• Al tocar o estrechar la mano de una persona enferma;

• Al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz u ojos.3

Los síntomas más habituales del Covid-19 son fiebre, tos seca y cansancio, otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de manos o pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente.

De acuerdo con el Informe técnico diario Covid-19 México, en el mundo hasta el día 15 de julio de 2020, se reportaron 13,150,645 casos; de los cuales hay 574,464 son defunciones asociadas a Covid-19. La tasa de letalidad global es de 4.4%.

Hay evidencia de casos en 215 países, territorios y áreas; los casos se han notificado en las seis regiones de la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).

Distribución de casos por regiones:4

En los últimos 14 días el número de casos nuevos representa el 21% del total de casos acumulados:5

La Secretaría de Salud de México dice que en el país hasta el 15 de julio, se han confirmado 317,635 casos; de los cuales 28,361 son activos y 36,906 han fallecido.6 El primer caso de Covid-19 en México se presentó el 28 de febrero. Las 5 entidades con el mayor número de casos acumulados distribuidos por entidad son Ciudad de México, Tabasco, Puebla y Veracruz, que en conjunto conforman el 47.1% de todos los casos registrados del país.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. El 15% precisa ingreso hospitalario y alrededor del 5%, 1 de cada 5 personas, presentan un cuadro grave y experimentan dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la Covid- 19 y caer gravemente enferma.7

La enfermedad grave se define como los pacientes con una saturación de oxígeno (Sp02) ? 94%, que requieren oxígeno suplementario, que requieren ventilación mecánica o que requieran oxigenación por membrana extracorpórea (OMEC).

El 1 de mayo 2020, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) concedió la autorización de “uso de emergencia” para el antiviral en investigación Remdesivir para tratar el Covid-19 en Estados Unidos; así mismo, el 7 de mayo 2020, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón aprobó por “vía rápida” su uso para pacientes infectados con el nuevo coronavirus, considerando que no existen otros medicamentos autorizados específicamente para abordar los síntomas graves del Covid-19. Asimismo, ha sido aprobado en Taiwán, Singapur, la Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos e India.

En el caso de México no se ha tenido una postura clara desde el gobierno federal, por un lado, el vocero oficial para la atención de la pandemia, el Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, declaró el 31 de marzo de este año que el Remdesivir había sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para ensayo clínico, agregó que podría ser un medicamento promisorio para el tratamiento de la enfermedad.8

Por otro lado, López-Gatell dijo el 30 de junio del presente año que el Remdesivir no es suficientemente útil para considerarlo como una opción terapéutica para tratar el Covid-19.9 Sin embargo, desde el 20 de abril de este año el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela encabezó una videoconferencia con el equipo global de Gilead Sciences, laboratorio que desarrolló el citado medicamento, en donde también estuvo presente el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; el propósito del encuentro digital fue la cooperación “urgente y responsable” del laboratorio con el gobierno de este país en favor de los pacientes mexicanos.10

Lo expuesto, refleja que existen visiones divididas sobre el tratamiento, no sólo en el gobierno de México sino dentro de la propia secretaría de Salud. Sin embargo, la experiencia internacional y un organismo regulatorio estricto y con estándares tomados como referencia global como la FDA han identificado a este tratamiento como de alta efectividad en el tratamiento de pacientes con Covid-19. Lo anterior queda de manifiesto con la compra del gobierno de Estados Unidos de la producción del fármaco equivalente a la producción del 100% del mes de julio, 90% de agosto y 90% de septiembre, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país.11

A partir de lo descrito es imperativo que la autoridad sanitaria nacional, es decir la Cofepris, autorice el uso del Remdesivir para la atención del Covid-19 a 3 meses de haber entablado una estrategia para su uso en el combate de la enfermedad y el incremento de sostenido de contagios y muertes. Además de contemplar los rebrotes que comienzan a verse en el continente asiático y que comienzan a generar alarma en el mundo.12

Pese a la emergencia sanitaria a la que México actualmente se enfrenta con deficiencias desde el cauce institucional, la presente proposición fue registrada ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión por parte de las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Lo anterior, durante el Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio, propuesta que aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 28 de julio de 2020 siendo turnada a la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública sin haber sido dictaminada por ésta antes de la clausura de la mencionada Comisión Permanente.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para que, con base en sus atribuciones, agilicen de manera responsable la autorización para el uso del medicamento Remdesivir en el tratamiento del virus SARS-COV2, causante de la enfermedad Covid-19.

Notas

1 Gobierno Español. Ministerio de Salud, Enfermedad por coronavirus Covid-19, 3 de julio de 2020, recuperado de: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua l/nCovChina/documentos/ITCoronavirus.pdf

2 Ibidem

3 Gobierno de México. Secretaría de Salud, Sitio Web Oficial sobre Coronavirus, 15 de julio de 2020, recuperado de: https://coronavirus.gob.mx/datos/

4 Ibidem

5 Ídem

6 Ídem

7 Organización Mundial de la Salud, "Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (Covid-19)", 2019, recuperado de: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/q-a-coronaviruses

8 Expansión Política, "La Cofepris autoriza tres ensayos clínicos para tratar el Covid-19", 31 de marzo de 2020, recuperado de: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/31/la-cofepris-autoriza-tr es-ensayos-clinicos-para-tratar-el-covid-19

9 Forbes México, "Remdesivir no es suficientemente útil contra Covid-19: López-Gatell", 30 de junio de 2020, recuperado de: https://www.forbes.com.mx/noticias-remdesivir-no-es-suficientemente-uti l-covid-19-lopez-gatell/

10 Twitter Secretaría de Salud de México. "El secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, encabezó una videoconferencia con el equipo global de la farmacéutica @GileadSciences, en la que también participaron @m_ebrard, el Dr. David Kerbshenobich, titular del @incmnszmx, y @r_velascoa", 20 de abril de 2020, recuperado de: https://twitter.com/SSalud_mx/status/1252337482072547329

11 Animal Político - BBC News Mundo, "Remdesivir: la polémica compra de EU casi toda la existencia mundial del prometedor fármaco contra el Covid", 2 de julio de 2020, recuperado de: https://www.animalpolitico.com/bbc/remdesivir-la-polemica-compra-de-eu- covid/

12 Excélsior, "Nuevos brotes de covid activan las alarmas en el mundo", 17 de julio de 2020, recuperado de: https://www.excelsior.com.mx/global/nuevos-brotes-de-covid-activan-las- alarmas-en-el-mundo/1394481

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y diversas secretarías a otorgar en apoyo de la reactivación económica para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 un descuento de 50 por ciento en los peajes en las autopistas y la exención de pago correspondiente a los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, en servicios de hospedaje y enajenación de bienes los días de descanso obligatorio de 2020 y los fines de semana largos y los correspondientes al Buen Fin, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto exhortar al Ejecutivo federal, las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Turismo, de Hacienda y Crédito Público y de Salud, para que en apoyo a la reactivación económica que requiere México para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19, se otorgue un descuento de 50 por ciento en los peajes en las autopistas y la exención de pago correspondiente a los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, en lo correspondiente a servicios de hospedaje y enajenación de bienes, los días de descanso obligatorio del calendario 2020, así como los fines de semana largos y los correspondientes al Buen Fin, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con un estudio realizado por el World Travel & Tourism Council (Consejo mundial de viajes y turismo), WTTC, México posiciona al turismo como su sector más grande. “México es un gran ejemplo de por qué, el viaje y el turismo es reconocido como uno de los catalizadores clave para el crecimiento de la economía y la creación de empleos, mejorando el sustento de las personas e impulsando a las comunidades”, expresó David Scowsill, President & CEO, WTTC.

El estudio colocó al sector turismo en el país, a la cabeza de aportaciones al producto interno bruto (PIB), y a la creación de empleos para este sector, en segundo lugar entre las industrias que proveen trabajos en México. El PIB en México en 2016 recibió 166 mil millones de dólares de parte del turismo, tanto de placer, como de negocios, que se refleja en un 16 por ciento del PIB del país.

En ese sentido los constantes incrementos en los peajes en las carreteras federales, han sido un factor fundamental en el ánimo de los mexicanos para salir a vacacionar, factor que sin duda ha afectado de manera exponencial, siendo el sector hotelero uno de los que más adolecen esta situación, que sumada a los incrementos de las últimas semanas a los precios de las gasolinas limitan la capacidad de la población para viajar y vacacionar y por supuesto la pandemia.

Es por ello que para incidir directamente en el fomento y reactivación económica del turismo es elemental actuar en razón de uno de los elementos determinantes para su funcionamiento como lo es el peaje, por lo que la población al obtener un menor costo por la utilización de carreteras contará con un incentivo turístico directo el cual tendrá repercusiones a gran escala y coadyuvará sin duda a disminuir los efectos colaterales de la crisis en la cual nos encontramos.

Por otro lado, la proliferación de plataformas digitales ha contribuido decisivamente a reconfigurar la estructura económica de muchos sectores y mercados, constituyendo un fenómeno de cambio tecnológico estructural. Asia y Estados Unidos lideran claramente el despegue de este nuevo paradigma económico, observándose cierto riesgo de retraso para las economías europeas y la española en particular.

A diferencia de las plataformas analógicas, las digitales presentan una mayor flexibilidad para ambos lados del mercado: los usuarios pueden adaptar su consumo a sus necesidades, así como convertirse en productores, cuando desean ofrecer algún bien o servicio a través de la misma plataforma (prosumidor). Asimismo, las empresas pueden adaptar su oferta en función de la demanda, y ajustar de manera mucho más eficiente sus recursos.

Las plataformas digitales elevan el bienestar de los consumidores, al reducir los costes de adquisición de bienes y servicios, otorgar mayor capacidad de elección, valoración o evaluación por parte del usuario y ahorros de tiempo en el proceso de compra, así como generar una fuente de ingresos complementarios. Los sistemas de valoración entre pares son relativamente mucho más eficientes, al descentralizar las transacciones y generar sistemas de confianza basada en la evaluación entre los propios productores y consumidores.

Para el tejido empresarial, constituyen una potente herramienta de creación de valor como medio publicitario, canal de ventas y de apertura internacional. Asimismo, como palanca para la mejora de la eficiencia mediante la generación de economías de escala, la reducción de los costes operativos y de transacción y la modernización de la estructura organizativa.

México va rezagado en comparación a otros países latinoamericanos y, según esta fuente de datos, está por debajo del promedio regional. En los últimos años, el sector minorista buscó mejorar sus resultados, creando descuentos especiales y promociones. Por ejemplo, el buen fin, es una venta anual que se realiza cada noviembre desde 2011, se creó para estimular las ventas mediante descuentos y promociones. En 2017, 2.7 por ciento de todas las compras producto de esa venta se hicieron en línea, lo que representó un incremento de 43 por ciento en comparación con 2016. MercadoLibre, uno de los principales sitios web de comercio electrónico en México, registró un aumento de ventas de 200 por ciento con más de 25 millones de visitas a la plataforma.

Respecto al total de consumidores, diversas encuestas muestran que 80 por ciento de los usuarios de Internet han comprado productos y servicios en línea. Como es lógico, los compradores en línea generalmente son adultos jóvenes con un nivel socioeconómico medio-alto (ISDI, 2017). Al parecer, la Ciudad de México es donde más se concentran los compradores en línea, seguida por el estado de México y Jalisco (2017).

Según el informe anual de la compañía, MercadoLibre es el líder de comercio electrónico en muchos países de América Latina, incluido México, considerando la cantidad de visitantes únicos y vistas de página. En 2017 tuvo un crecimiento de 125 por ciento, en comparación con 2016, al registrar 6.5 millones de visitas de página por día y 86.5 millones de dólares de ingresos netos (+86.7 por ciento, en comparación con 2016). La compañía ofrece seis servicios integrados de comercio electrónico: el Mercado MercadoLibre, el Servicio de Anuncios Clasificados MercadoLibre, el monedero virtual Mercado Pago, el programa de publicidad Mercado Libre, la solución Mercado Shops para crear tiendas electrónicas y el servicio de envíos Mercado Envíos.

Por ejemplo, en México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicó en febrero de 2018 un documento de promoción (Cofece, 2018) para llamar la atención sobre la importancia de la economía digital y su efecto sobre la política de competencia. La autoridad de competencia de Australia emprendió una investigación sobre las plataformas digitales en diciembre de 2017, para examinar las repercusiones de las plataformas digitales sobre la competencia en los mercados de medios y publicidad.

Es por ello que ante la globalización, en la cual las plataformas forman parte fundamental de las actividades económicas del país, es necesario que ante esta pandemia se logren acciones coordinadas que incentiven el consumo que permita reactivar la economía nacional, siendo principalmente en las fechas de asueto y de festividades culturales y económicas, en lo específico el buen fin, también se requiere que el gobierno apoye en conjunto con el sector empresarial, a fin de tener tanto una mayor recuperación contributiva pero cediendo en el cobro de impuestos por la utilización de las plataformas, con lo cual las Pyme, se podrán capitalizar y se evitaría la muerte lenta de comercios que se vieron afectados por la actual pandemia, lo anterior con el monitoreo respectivo en materia de salud.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Por el que de manera atenta y respetuosa se exhorta al E jecutivo federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Salud, para que en apoyo a la reactivación económica que requiere México para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19, se otorgue un descuento del 50 por ciento en los peajes en las autopistas y la exención de pago correspondiente a los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, en lo correspondiente a servicios de hospedaje y enajenación de bienes, los días de descanso obligatorio del calendario 2020, así como los fines de semana largos y los correspondientes al Buen Fin.

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera atenta y respetuosa exhorta al Ejecutivo federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, para que en apoyo a la reactivación económica que requiere México para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19, se otorgue un descuento de 50 por ciento en los peajes en las autopistas y la exención de pago correspondiente a los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, en lo correspondiente a servicios de hospedaje y enajenación de bienes, los días de descanso obligatorio del calendario 2020, así como los fines de semana largos y los correspondientes al Buen Fin, con el objeto de incentivar y fortalecer el sector turístico nacional, en aquellos estados que la Secretaría de Salud determine, de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera atenta y respetuosa exhorta al Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a exentar del pago del impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, en lo correspondiente a servicios de hospedaje y enajenación de bienes, los dos días anteriores y posteriores del día de asueto correspondientes al 15 de septiembre respecto del día de la Independencia, el 20 de noviembre respecto del día de la Revolución Mexicana, y los días establecidos para el Día de Muertos y el Buen Fin, con el objeto de incentivar y fortalecer el sector turístico nacional.

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal a cumplir, implantar y emitir disposiciones que permitan a las personas con discapacidad la accesibilidad universal a los espacios públicos y privados, y a las TIC, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades gubernamentales federales, de las 32 entidades federativas, de los municipios, y de las alcaldías de la Ciudad de México a cumplir, implementar y emitir las disposiciones que permitan la accesibilidad universal de las personas con discapacidad a los espacios públicos y privados, y a los sistemas y tecnologías de información y comunicaciones, incluido el internet, con base en las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, suscrita por México, en su artículo 9 señala que para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar en todos los aspectos de la vida se deben adoptar una serie de medidas que las pongan en igualdad de condiciones con los demás. Esto tiene que ver con el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.1

Por lo anterior, deben ser eliminados obstáculos y barreras de acceso a edificios, vías públicas, transporte, escuelas, viviendas, instalaciones médicas, lugares de trabajo, entre otras espacios exteriores e interiores. Así mismo, los servicios de información, comunicaciones, servicios electrónicos y de emergencia.2

La Convención también señala que los Estados Partes también adoptarán medidas pertinentes para desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; ofrecer información a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; promover el acceso a las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de información y las comunicaciones, incluida internet; promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que esos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.3

Por otro lado, la legislación federal en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad marca en su artículo 16 que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen ese derecho como obligatorio en instalaciones públicas y privadas que les permitan el libre esparcimiento en condiciones dignas y seguras. En el mismo sentido, el artículo 17 de la disposición señalada establece que para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos se contemplará que sean de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas; que se incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnológicas, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos; y, que la adecuación de las instituciones públicas sea progresiva.

Es fundamental que el Estado mexicano adopte el compromiso de cumplir con las disposiciones internacionales y la legislación doméstica que permita reducir la brecha de accesibilidad para las personas con discapacidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó en su Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018 que de los 125 millones de habitantes en México el 6.3% tienen discapacidad, lo que corresponde a 7.8 millones de personas con dificultades para caminar; subir o bajar usando las piernas; ver (aunque se usen lentes); mover o usar brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque se use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y, lo relacionado a problemas emocionales o mentales. Las entidades federativas con mayor prevalencia de discapacidad en según la Enadid 2018 fueron: Zacatecas con 9.6%, Tabasco con 9.4%, Guerrero con 8.7%, Michoacán con 8.6%, Veracruz con 8.2% y Colima con 8.1%.4

La citada encuesta refiere que del total de personas con discapacidad 45.9% son hombres y 54.1% son mujeres, y que un 49.9% son adultos mayores, es decir, las personas de 60 años y más son el grupo poblacional con mayor concentración en esa condición, reflejo de la tendencia mundial y nacional al envejecimiento que augura un aumento paulatino hacia la discapacidad.5

Recientemente el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional al artículo 4o. de la Carta Magna para entregar apoyos económicos a las personas con discapacidad permanente, aunque es un aliciente para este grupo poblacional, lo importante es que esté articulado con políticas públicas en los tres niveles de gobierno que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Por tal motivo, el presente punto de acuerdo busca que las autoridades de México al desarrollar infraestructura de cualquier tipo, incluida la digital, pero también aquellas que otorgan de permisos, licencias y autorizaciones para ese fin, sean exhaustivas en la revisión de los proyectos garantizando que exista accesibilidad universal para las personas con cualquier discapacidad. Es fundamental observar que gran parte de las dependencias públicas son encargadas de desarrollar algún tipo de infraestructura acorde a sus programas, reglas de operación, lineamientos operativos y/o convocatorias.

Esta propuesta contempla el cambio de la balanza poblacional, teniendo en cuenta que en algunas décadas serán más las personas que requieran de estas facilidades en la infraestructura pública, privada y digital que aquellas que no lo necesiten.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades gubernamentales federales, de las 32 entidades federativas, de los municipios, y de las alcaldías de la Ciudad de México a cumplir, implementar y emitir las disposiciones que permitan la accesibilidad universal de las personas con discapacidad a los espacios públicos y privados, y a los sistemas y tecnologías de información y comunicaciones, incluido el internet. Así como también observar, en el otorgamiento de permisos, licencias y otros procedimientos de autorización para el desarrollo de obras de infraestructura y construcción, lo previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", mayo de 2008, recuperado de:

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs. pdf

2 Ídem

3 Ibídem

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Principales resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica", 2018, recuperado de:

http://en.www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2 018/doc/nota_tec_enadid_18.pdf

5 Ídems

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la CFE a suspender el cobro por la reconexión del servicio doméstico por falta de pago, dada la precariedad económica de la población, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y al de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de suspender el cobro por la reconexión del servicio de energía eléctrica en tarifas de uso doméstico, por motivo de falta de pago, en razón de la situación económica precaria de la población, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El uso de la energía eléctrica está presente en prácticamente todas las actividades humanas. Su disponibilidad es un requisito imprescindible para el desarrollo y la posibilidad de llevar una vida digna. La energía eléctrica es necesaria casi en la misma medida que se dispone de un adecuado suministro de agua. También con electricidad se pueden dotar de recursos hídricos a los grandes y pequeños conglomerados humanos en las debidas condiciones de salubridad. Agua y energía son el germen para conseguir las condiciones sanitarias adecuadas y coadyuvar a optimizar en la producción de alimentos.1

Según lo ha afirmado la fundación Energía sin Fronteras, la universalización del acceso al suministro de energía eléctrica, denota un elemento clave para facilitar mejoras exponenciales en el bienestar de las sociedades, una palanca para el desarrollo económico.

La universalización del acceso al suministro, abre la vía para la mejora de las condiciones de salubridad y confort de las personas en sus viviendas, para incrementar la productividad de la agricultura, para paliar las condiciones maltrechas de mujeres y niños en muchas áreas, y para abrir el camino hacia nuevas actividades artesanales o empresariales.

El estudio denominado “El acceso universal a la electricidad y su papel en la lucha contra la pobreza”, ha estimado que desde el año 2000 cerca de dos tercios de las personas que han tenido acceso a la electricidad, lo han hecho en áreas urbanas, y la población sin acceso a la electricidad se encuentra concentrada en áreas rurales. Con respecto a las previsiones a futuro, se calcula que el número de personas sin acceso a electricidad se espera que disminuya en más de un quinto en 2030 (unos 970 millones, o 12 por ciento de la población mundial). Esta cifra es fruto de que se espera que consigan acceso a la electricidad cerca de 1,700 millones de personas, pero, por otra parte, la población se espera que crezca en 1,400 millones.

Al respecto, se ha mencionado que en todas las sociedades ha existido siempre cierto grado de vulnerabilidad y exclusión social que se ha tratado de paliar mediante la implementación de políticas públicas. Sin embargo, la crisis económica ha supuesto una importante merma en los recursos económicos disponibles de la mayoría de los hogares, que los ha dejado en un mayor grado de exposición y vulnerabilidad a la hora de hacer frente al pago de necesidades básicas como las mencionadas anteriormente.

Los estudiosos del tema han señalado, que la baja competitividad del sector eléctrico en México, no sólo se explica por la baja interconexión geográfica, el desgaste de instalaciones y la inversión mal focalizada, sino también por las altas tarifas del sector, por las pérdidas en la transmisión y distribución, por la concentración de la generación de energía a partir de los hidrocarburos, de manera que la competitividad en el sector eléctrico, se fundamenta en sus capacidades de generación, pero sobre todo, en su eficiencia en la transmisión, transformación y distribución, de manera que los costos de transmisión y distribución, varían de acuerdo al origen de la generación de la electricidad, es decir, los costos cambian según el origen termoeléctrico, hidroeléctrico, carbo-eléctrico u otros, influyendo también la distancia, las condiciones de las subestaciones eléctricas y de las líneas de transmisión.

Nuestro país en los últimos años ha mejorado en cuanto a la cobertura de viviendas con energía, pero aún existen rezagos importantes principalmente en las zonas rurales y económicamente menos activas, teniendo déficit en el acceso universal a la energía eléctrica que está por resolverse, acentuándose además esta problemática en diferencias porcentuales muy marcadas, entre los estados con mayor y menor número de viviendas sin energía eléctrica, tal y como se muestra en la gráfica siguiente:

En razón de lo anterior los hogares mexicanos gastan gran cantidad de los recursos con los que cuentan para poder sufragar los gastos derivados de energías en sus hogares, esto sin contar la energía utilizada para transporte, teniendo que además resulta oneroso para un gran número de familias, poder acceder a la energía eléctrica tal y como se muestra a continuación:

En ese sentido en nuestro país, existen zonas de alta vulnerabilidad económica, donde se acentúa la pobreza energética, primeramente en razón de los pocos medios monetarios y además por el alto gasto energético debido a las condiciones geográficas y climáticas. A mayor abundamiento el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Asimismo, el artículo 26, apartado A, de la Constitución dispone que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

En ese sentido, la mayor parte de la población está resintiendo los estragos de esta pandemia, en razón de las medidas sanitarias implementadas por el gobierno federal y de las entidades federativas para poder hacer frente a este fenómeno social, donde su principal característica es el aislamiento social, motivo por el cual miles de micro empresas y personas fisicas que tienen el autoempleo para poder subsistir les está siendo complicado acatar las medidas oficiales, es razón de primera necesidad de subsistir y allegarse de alimentos, por lo cual el aislamiento no es una opción para ellos.

Por si esto fuera poco los usuarios han registrado incrementos en sus tarifas del 10 al 80 por ciento e incluso algunos llegan hasta un 300 por ciento, ante esto la empresa paraestatal admite las alzas pero lo justifican señalando que “los usuarios están gastando más energía” debido al confinamiento, criterio irrelevante ante la situación de crisis por la que está pasando el país.

En razón de lo anterior la CFE ha sido omisa en implementar planes y programas que tengan por objeto la reducción, condonación o prorroga de tarifas, lo cual sin sensibilidad sobre el grado de pobreza existente en el país, ha seguido cobrando los servicios y no obstante a quienes por falta de recursos han incumplido en el pago les han suspendido el servicio, pero esto no termina aquí ya que además se están cobrando los servicios de reconexión, afectando a 543 mil 128 mexicanos que no pudieron pagar, pero además la paraestatal recibió cifras millonarias para reconectarlos, un acto descarado y alevoso para los más pobres, lo cual resulta lastimoso para la sociedad.

Derivado de lo anterior podemos constatar que existe el sustento jurídico y la estructura presupuestal para lograr apoyos directos a la población en pro de lograr las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de energía.

Por lo antes expuesto a esta soberanía sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados de manera atenta y respetuosa exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al de la Comisión Federal de Electricidad, a suspender el cobro de reconexión por el servicio de energía eléctrica en tarifas de uso doméstico, por motivo de falta de pago, en razón de la situación económica precaria de la población, como medida de apoyo a la sociedad mexicana afectada por la pandemia del Covid-19.

Nota

1 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “El acceso universal a la energía eléctrica, Cámara de Diputados, José de Jesús González Rodríguez

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP y el SAT a exentar del pago del IVA y el ISR durante octubre, noviembre y diciembre de 2020 a prestadores de servicios de alimentos preparados, como restaurantes, cafeterías, pastelerías o bares, en apoyo de la reactivación económica por la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al del Servicio de Administración Tributaria, para que en el ámbito de su competencia, atribuciones y facultades, exenten del pago del IVA y el ISR, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal de 2020, a las personas físicas y morales que presten los servicios de alimentos preparados tales como: restaurantes, cafeterías, pastelerías y bares. Lo anterior como una medida de apoyo a la reactivación económica de México, por la crisis provocada por la pandemia del virus SARS-CoV2 (Covid-19); al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Que el lunes 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo del Consejo de Salubridad General, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), en razón al aumento en el número de casos, por lo que se ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el Covid-19.

II. La pandemia que vivimos por brote infeccioso de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), se ha propagado de manera rápida y exponencial en nuestro país, que hoy día vive un gran número de personas contagiadas. Al respecto la Secretaría de Salud da a conocer un corte diario mediante un informe técnico diario Covid-19 México1 , el cual muestra una tendencia al alza en el número de contagios a cuatro meses de decretarse el confinamiento por el Covid-19, en donde lamentablemente hasta el día 29 de julio de 2020, en México se han reportado 44 mil 876 personas fallecidas y 402 mil 697 casos confirmados de coronavirus.

III. La industria restaurantera se define, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), como los servicios de preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en el mismo establecimiento o fuera de éste. En general, consiste en la mezcla y cocción de los ingredientes para obtener un platillo de alimentos, independientemente del grado de complejidad que represente su elaboración, se caracterizan por no efectuar ningún procedimiento de conservación o envasado del producto, de esta manera, entra la preparación de alimentos y bebidas y su consumo, existe una brecha temporal muy corta.

IV. Si bien las medidas de restricción establecidas por el gobierno federal con la finalidad de disminuir los riesgos de contagio por Covid-19, permitieron seguir laborando a quienes elaboran alimentos preparados, lo cierto es que, entre los protocolos para evitar los contagios se instauró que no podía haber reuniones de personas de más de 50 personas, así como un distanciamiento de más de un metro y medio de distancia entre persona y persona, estas medidas sumadas al aislamiento de la población han provocado el cierre de restaurantes, cafeterías, pastelerías y bares. De acuerdo a datos de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), entre el 20 y 25 por ciento de los restaurantes están por cerrar sus puertas definitivamente por el impacto de la crisis económica a causa de la pandemia.

V. Otro sector que ha reportado pérdidas y cierres de establecimientos es el grupo Alsea, operadora de restaurantes como Vips, Burger King y Starbucks, quien –de acuerdo con su presidente ejecutivo– al segundo trimestre de 2020, se registró una pérdida de 2 mil 578 millones de pesos en su utilidad neta, así como una disminución en sus ventas de 64.4 por ciento. Por lo cual, Alsea contempla el cierre de al menos 100 restaurantes ante el impacto por la contingencia relacionada con la pandemia del Covid-192 .

VI. Para enfrentar la reapertura de restaurantes la Canirac, propuso un conjunto de medidas y actuaciones, con lo cual identifican las necesidades esenciales a cubrir para preservar la seguridad de sus comensales, de tal forma que prevalezcan las buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de elaboración de alimentos, bebidas, y sus materias primas a fin de evitar su contaminación. El denominado “protocolo de prevención Covid-19. Mesa Segura3 ”, establece de manera general las siguientes medidas: lineamientos generales de sanitización e higiene del restaurante, higiene de todo el personal que labore en el establecimiento, aforo y distanciamiento físico, áreas de niños, sistemas de pagos, medidas a la entrada del restaurante, buffet y barras de alimentos.

VII. Para lograr una apertura segura de los establecimientos los comerciantes han tenido que realizar una serie de gastos adicionales, los cuales llegan en un momento donde las ventas están estancadas. Entre los lineamientos destacan el porcentaje de clientes que pueden atender en sus establecimientos el cual depende de su capacidad; además, se deben implementar medidas sanitarias tales como la suministración de gel antibacterial, el uso de cubrebocas y caretas obligatorios para todo el personal que labora en los mismos, el colocar tapetes sanitizantes, tomar la temperatura en los ingresos de sus locales, y la desinfección. El principal problema radica en los costos de los insumos para realizar estas actividades, lo cual oscila en el mercado desde los mil 500 a los 5 mil pesos mensuales para un negocio pequeño, de tal forma que en un negocio grande el costo de insumos se duplica. La desinfección de los locales debe realizarse continuamente, es decir, que estos costos se suman a los gastos de operación que realizan estos establecimientos.

VIII. Recientemente el presidente de la Canirac, ha informado que el confinamiento por la pandemia, así como la falta de apoyos gubernamentales provoco el cierre de 90 mil restaurantes en todo el país, los cuales en su mayoría eran micro, pequeños y medianos negocios. De tal forma que estos negocios que cerraron sus puertas dejaron sin trabajo a un aproximado de 300 mil personas; los estados más afectados son Puebla, la Ciudad de México, el estado de México y Nuevo León. La cuantificación de las pérdidas globales es de 75 mil millones de pesos desde el inicio de la pandemia, y de no aplicarse algún apoyo a este sector se prevé que el cierre de establecimientos continúe y pueda rebasar los 100 mil casos4 .

IX. La crisis provocada por la pandemia del Covid-19, acelero los procesos de modernización del sector restaurantero, toda vez que en la actualidad gran parte de su consumo es a domicilio, ya que las medidas de aislamiento han provocado la poca o nula asistencia de comensales físicamente en los diferentes establecimientos; sobre este respecto, diferentes plataformas digitales se han presentado como una nueva alternativa para llevar hasta la puerta de los hogares de los mexicanos los diferentes platillos.

X. Ante este escenario, es necesario instituir medidas que apuntalen la economía de esta gran industria con la finalidad de lograr una pronta recuperación y que las mesas de estos establecimientos estén de nueva cuenta llenas de comensales. Cabe recordar que la industria restaurantera es reconocida por el gobierno federal por aportar 15.3 por ciento del PIB turístico en México, y de 1.3 por ciento al producto interno bruto (PIB) nacional, lo que lo convierte en uno de los más productivos y representativos de la actividad turística5 .

XI. Ahora bien, el Ejecutivo federal, tiene una facultad expresa para poder condonar o eximir, el pago de contribuciones ante situaciones extraordinarias como las que hoy se presentan a causa de la pandemia del Covid-19, estas se encuentran expresamente enunciadas en la fracción I, del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, el cual a la letra establece:

Artículo 39. El Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

...

II. y III. ...

...

De tal forma el Ejecutivo federal, puede impulsar medidas económicas que auxilien directamente a los establecimientos del sector restaurantero, al realizar lo anterior se estará apoyando a los miles de trabajadores que dependen de esta rama, es decir, se creara una acción en cadena en beneficio de las familias mexicanas.

XII. Por lo expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Servicio de Administración Tributaria, a eximir el pago del impuesto valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal de 2020, a las personas físicas y morales que presten los servicios de alimentos preparados tales como: restaurantes, cafeterías, pastelerías y bares. Lo anterior como una medida de apoyo a la reactivación económica de México, por la crisis provocada por la pandemia del virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Notas

1 Gobierno de México. Secretaría de Salud. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Informe Técnico Diario Covid-19 México. Consultado el 28 de julio de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566286/Comunicado_Tecnic o_Diario_COVID-19_2020.07.28.pdf

2 Reporte Indigo. Economía. "Alsea cerraría más de 100 restaurantes por caída de ingresos". Consultado el día 28 de julio de 2020. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/indigonomics/alsea-cerraria-mas-de-100-re staurantes-por-caida-de-ingresos-del-64-por-ciento/

3 Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). "Protocolo de prevención Covid-19. Mesa Segura". Crisis sanitaria. Disponible en: http://canirac.org.mx/images/notas/files/Protocolo%20Reapertura%20-%20M esa%20Segura_compressed.pdf

4 Animal Político. "Pandemia por Covid-19 provocó el cierre de 90 mil restaurantes, reporta Canirac". Consultado el día 28 de julio de 2020. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/07/pandemia-covid-19-provoco-cierre -90-mil-restaurantes/

5 Gobierno de México. Secretaria de Turismo Prensa. "La industria restaurantera aporta el 15.3 por ciento de PIB turístico en México" Disponible en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/la-industria-restaurantera-aporta-el-1 5-3-por-ciento-del-pib-turistico-en-mexico

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a disponer en favor de gobiernos locales y ayuntamientos de manera anticipada y hasta por dos meses calendario de los recursos correspondientes a los ramos generales 28, “Participaciones a entidades federativas y municipios”; y 33, “Aportaciones federales para entidades federativas”, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, para disponer en favor de las entidades federativas y municipios de manera anticipada y hasta por dos meses calendario, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 de Aportaciones Federales para Entidades Federativas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dentro de lo que presupuestalmente se denomina Gasto Federalizado se engloban los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas pues su ejercicio y aplicación directas se realiza a través de los gobiernos locales, sean municipales o estatales. Las bolsas de recursos más importantes son las Participaciones Federales y las Aportaciones Federales, a ellos se suman los recursos convenidos bilateralmente entre instancias del ejecutivo federal o entidades paraestatales con los diferentes gobiernos locales.

Debido a la reducida disponibilidad de fuentes de impuestos para las entidades federativas, y al bajo aprovechamiento de las que tienen disponibles, sobre todo en el caso de los municipios, los recursos federales transferidos, condicionados y no condicionados, resultan indispensables para el financiamiento del gasto de estos órdenes de gobierno.

De las dos vertientes de gasto que se transfieren a los gobiernos locales, la de mayor magnitud es la que corresponde al gasto condicionado que se les canaliza por medio de las aportaciones federales del Ramo General 33, convenios y subsidios. Estos recursos tienen un objetivo específico y atienden fundamentalmente las necesidades de gasto del ámbito social, como son los sectores de educación, salud, asistencia social e infraestructura básica.

La segunda vertiente de gasto son los recursos que se transfieren por la vía de las participaciones federales, las cuales tienen como destino principal la cobertura presupuestal de las necesidades de gasto corriente que requiere la operación de los gobiernos estatales y municipales (servicios personales y recursos materiales), y en menor medida pago de deuda y obra pública.

Dado su carácter no condicionado, las participaciones federales se constituyen en recursos indispensables para las haciendas públicas de los gobiernos locales, debido a que de ellas depende, en gran medida, el gasto de operación de las estructuras administrativas gubernamentales. Su destino específico está previsto en el presupuesto de egresos aprobado, en el caso de los gobiernos de las entidades federativas, y por los cabildos, en lo que corresponde a los municipios. En el caso de las entidades federativas, la estructura de gasto financiado con las participaciones federales manifiesta una concentración en el gasto corriente, sobre todo en los servicios personales.

De manera complementaria el Ramo 33 surge como respuesta a la necesidad de cumplir con las obligaciones que tienen la Federación y las entidades en materia de educación, salud, desarrollo social y seguridad pública. Lo que se observa es que el gobierno federal transfiere recursos a las entidades federativas y municipios para atender las responsabilidades derivadas de la descentralización de los servicios de educación y salud; las adquiridas vía convenios de desarrollo social, como el desarrollo de infraestructura básica, así como para el saneamiento financiero y la seguridad pública, servicios de suma importancia para la vida diaria de los municipios .1

En razón de lo anterior, el sistema es perfectible y tiene grandes lagunas en su funcionamiento, las cuales se acentúan aún mas en situaciones como las que nos encontramos hoy en día, frente a crisis económicas, es por ello que en la práctica, se vive un Centralista” que responde más a un proceso de descentralización del gasto federal concebido, planeado y controlado por el centro, y no ha uno de fortalecimiento de la división de facultades y responsabilidades entre órdenes de gobierno, razón por la cual se tiene una alta dependencia de la federación y la ministración de recursos provenientes de estos ramos resultan vitales para el funcionamiento de los ayuntamientos en razón de la poca disponibilidad de recursos por ingresos propios.

Es de todos conocida la inequidad actual del pacto fiscal existente en nuestro país, pero mas alla de eso ante la situación de crisis en la que nos encontramos hoy en día, la formula de distribución de recursos existente en la Ley de Coordinación Fiscal aqueja aún mas a los ayuntamientos, quienes son los que están al frente de la sociedad, quienes tienen la obligación cosntitucional de otorgar los servicios más básicos de la vida cotidiana y quienes cuentan con el menor número de recursos y margen de maniobra, para poder atender a su población.

Indudablemente las finanzas públicas municipales, constituyen un tema central en la agenda del federalismo en México. La disponibilidad de recursos financieros y el correcto manejo de los mismos, son aspectos que determinan la capacidad de los gobiernos municipales para incidir directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos.

Es por ello que tomando como referencia el pasado 3 de enero del 2020, día en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2020, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se observa la necesidad de tener una actualización sobre dicha calendarización.2

Es por ello que mas allá de la asignatura pendiente en materia de coordinación fiscal, es urgente resolver la problemática en la cual se encuentran los municipios del país, resulta necesario por lo tanto que ante la adversidad económica y en arás de lograr una reactivación económica que aminore los efectos negativos de la pandemia, se adelante la ministración de los recursos de los Ramos Generales 28 y 33, correspondientes a 2 meses. Lo anterior permitirá a las entidades federativas y ayuntamientos, contar con la suficiencia presupuestaria para implementar acciones concretas y especificas a su territorio que impulsen la economía local.

Lo anterior se justifica en razón de que no se contempla un incremento directo sino, que al contar con los recursos de manera acumulada, le permitirá a las haciendas municipales contar con un flujo administrativo positivo para implementar acciones inmediatas de reactivación económica y que en conjunto con los gobiernos estatales logrará que puedan reaccionar con mayor prontitud ante la crisis actual.

Por lo antes expuesto, a esta soberanía sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión gira un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico para disponer en favor de las entidades federativas y municipios de manera anticipada y hasta por dos meses calendario, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 de Aportaciones Federales para Entidades Federativas.

Notas

1 http://www.economia.unam.mx/publicaciones/reseconinforma/pdfs/326/05%20Anibal.pdf

2 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP y la Segob a emitir la declaratoria de emergencia y desastre en NL, Tamaulipas y Coahuila para utilizar así los recursos del Fonden y llevar a cabo las acciones de coordinación en apoyo de la población, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente ptoposición con puntos de acuerdo, que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, a emitir la declaratoria de emergencia y desastre en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila y así utilizar los recursos del Fonden, para que se puedan llevar a cabo las acciones de coordinación con las entidades federativas para apoyar a la población, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los desastres naturales es uno de los factores de presupuestación que no se pueden predecir, lo que sí se puede es prever es una presupuestación adecuada, que permita con las experiencias del pasado, proyectar suficiencia presupuestaria en caso de desastres naturales.

En 2005, con el propósito de aumentar la cobertura del fondo, el gobierno de México le otorgó al Fonden las facultades para desarrollar una estrategia de cobertura del riesgo catastrófico, que incluye instrumentos y/o mecanismos financieros para la retención y transferencia del riesgo. En el 2006, México emitió el primer bono catastrófico soberano del mundo, el cual fue renovado en el 2009 ampliando su cobertura. En la actualidad, el Fonden se ha convertido en uno de los vehículos financieros de manejo del riesgo catastrófico más avanzado en el mundo. El sistema de operación del Fonden continúa evolucionando para satisfacer las demandas financieras del país relacionadas con desastres naturales.

El Banco Mundial tiene una larga historia de cooperación con el gobierno de México en temas relacionados a la gestión del riesgo de desastres. Entre 2000 y 2004, el Banco Mundial proporcionó servicios de asesoría a México en el marco del Proyecto de Gestión de Desastres Naturales. En 2005, colaboró en la emisión del primer bono catastrófico de México. Asimismo, al emitir su segundo bono catastrófico, México fue el primer país en utilizar el programa MultiCat del Banco Mundial, el cual proporciona asesoría técnica a los países en el diseño y emisión de bonos catastróficos con cobertura para múltiples amenazas y áreas geográficas.

Al pasar de los años, la evolución del Programa Fonden para la Reconstrucción permitió que en 2009 se lograra la implantación de un nuevo y eficiente mecanismo para poder destinar recursos inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre natural para atender las acciones prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza de las calles y viviendas afectadas, remoción de escombros, pasos provisionales, y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad en la zona afectada. Este mecanismo se ha denominado Apoyos Parciales Inmediatos (Apin).1

Más aún, el Fonden se esfuerza por financiar trabajos de reconstrucción que disminuyan la vulnerabilidad frente a nuevos fenómenos naturales perturbadores, de tal forma que el financiamiento del Fonden es utilizado para reconstruir infraestructura con base a mejores estándares de construcción que los utilizados originalmente, para evitar daños frente a futuras amenazas (el principio de “reconstruir mejor”) y para la reubicación de edificios públicos y/o comunidades de zonas de alto riesgo a zonas libres de riesgo o con riesgo controlado.

A través de los años tenemos que uno de los sexenios con más desastres naturales fue el correspondiente al periodo del 2006 al 2012, donde se tuvieron que destinar más de 94 mil 406 millones de pesos, que tuvieron que destinarse para tales efectos, ahora con la llegada de la Cuarta Transformación, el fondo destinado a resarcir los efectos ocasionados por desastres naturales ha sufrido recortes sin precedentes una reducción de 50 por ciento respecto del promedio de recursos asignados en el periodo de 2013 a 2017, y respecto de 2018 tuvo una reducción de 86 por ciento, es decir que respecto al sexenio anterior, es decir si se presentan desastres naturales de la magnitud del sexenio señalado se tendría que multiplicar el presupuesto actual por 28 veces, es decir, han prácticamente anulado este fondo dejando a la deriva a miles de mexicanos, razón que señala requiere una explicación pero sobre todo una contundente solución.

Vale la pena señalar que este fondo, el cual se encuentra dentro del Ramo General 23 del Presupuesto de Egresos, actualmente cuenta con 3 mil 353 millones lo cual llama la atención en virtud de que al ser un instrumento financiero que busca responder de manera inmediata y oportuna, proporcionando suministros de auxilio y asistencia a la población que se encuentra ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador, no cuenta con recursos suficientes y por el contrario al paso de los años se ha ido disminuyendo, obligando en su caso ante insuficiencia de recursos a que se realicen transferencias presupuestales que retrasen la ejecución de recursos.

Es por ello, que en razón de lo anterior y ante la situación en la que hoy nos encontramos, con el huracán Hanna que dejó inundados a Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, con ríos, arroyos así como canales desbordados, vías de comunicación destruidas y victimas mortales, con afectaciones que aún no se han cuantificado pero que sin duda representan daños de magnitudes históricas para dichas entidades, su población reclama atención sanitaria y de reconstrucción inmediata, es por ello que resulta necesario que se realice la declaración de emergencia y desastre y se dispongan de los recursos suficientes.

Por lo expuesto a esta soberanía sometemos a su consideración la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión gira atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia y desastre en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión gira atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Gobernación, a utilizar los recursos del Fonden, para que se puedan llevar a cabo las acciones de coordinación con las entidades federativas para apoyar a la población.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión gira atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Gobernación y a las entidades federativas afectadas para convocar de manera inmediata a la instalación de los comités de evaluación de daños, para la cuantificación de afectaciones de infraestructura y se realicen los diagnósticos de obras y acciones para la ejecución de apoyos inmediatos.

Nota

1 http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/fonden_resumen_ejecutivo.pdf

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2020

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, la Cofepris y los gobiernos locales a intensificar las visitas de verificación para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias en los procesos de obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, envasado, distribución, expendio o suministro al público de bebidas alcohólicas y, en su caso, emitir las medidas cautelares y acciones jurídicas conducentes a evitar la comercialización de bebidas adulteradas, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud del gobierno federal; a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como a los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados; para que en el ámbito de su competencia, atribuciones y facultades, intensifiquen las visitas de verificación para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias en los procesos relativos a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, envasado, distribución, expendio o suministro al público, de bebidas alcohólicas y, en su caso, se emitan las medidas cautelares y acciones jurídicas conducentes, con lo cual se evite la comercialización de bebidas adulteradas, que sean nocivas para la salud de las personas; al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes

Consideraciones

I. Que el lunes 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo del Consejo de Salubridad General, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), en razón al aumento en el número de casos, por lo que se ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el Covid-19.

II. Que derivado de esta declaración de emergencia sanitaria y con la finalidad de fortalecer las acciones inmediatas del gobierno federal para prevenir la expansión del virus del SARS-CoV2 (Covid-19), se estableció mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, la suspensión temporal de actividades consideradas no esenciales.

III. Que en dicho decreto se estableció que podrían seguir efectuándose las siguientes actividades, siempre y cuando se siguiera el protocolo de sanidad emitido por la Secretaría de Salud.

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención;

b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal;

c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación;

d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría;

IV. Que la venta, producción y distribución de bebidas alcohólicas en nuestro país fue suspendida por la emergencia sanitaria del Covid-19 por no ser considerada una actividad o industria esencial, de tal forma las empresas dedicadas a esta actividad fueron cerradas temporalmente.

V. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 217 de la Ley General de Salud, se consideran bebidas alcohólicas aquellas que contengan alcohol etílico en una proporción de 2 por ciento y hasta 55 por ciento en volumen.

VI. Derivado de lo anterior, se generó un paro de las plantas productoras de una de las bebidas alcohólicas más consumidas en nuestro país, propiciando desabasto y alza en los precios de la cerveza. Este producto que, de acuerdo con la directora general de Cerveceros México, en 2019 se produjeron 124.5 millones de hectolitros y las exportaciones fueron de 40.1 millones de hectolitros. El valor de estas exportaciones fue de 4,858 millones de dólares, que lo representa el 25 por ciento de las exportaciones agroindustriales de México. Esta cadena de producción en nuestro país genera 650 mil empleos directos e indirectos, los cuales se generan desde el campo, la producción y la comercialización.

VII. Que ante el panorama de escases de las bebidas alcohólicas en centros de distribución legalmente establecidos, se inició un expendio de bebidas de procedencia dudosa, de tal forma que los consumidores han optado por diversificar el consumo de alcohol con bebidas artesanales, o incluso a consumir bebidas alcohólicas con un precio más bajo. Según datos de Euromonitor, las bebidas artesanales ilegales cuestan hasta 52 por ciento más baratas que una legal, mientras que una botella falsificada o adulterada puede valer 21.7 por ciento debajo de una original.

VIII. El panorama de escases provocó una proliferación de expendios y centros de distribución de bebidas alcohólicas los cuales no cuentan con el aval de la secretaria de salud, así como de la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios, en los procesos de elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, envasado, distribución y expendio al público en general; lo que representa un riesgo para salud de las personas, pues se requiere del aval de estas instituciones para dar la garantía al consumidor que el producto no se encuentra adulterado en su composición.

IX. Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 206, 208 y 208 bis de la Ley General de Salud, se considera adulterado un producto cuando su naturaleza y composición no corresponden a aquéllas con que se etiquete, anuncie, expenda, suministre o cuando no corresponda a las especificaciones de su autorización; asimismo cuando hayan sufrido tratamiento que disimule su alteración, se encubran defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas utilizadas. También, se considera falsificado un producto cuando se fabrique, envase o se venda haciendo referencia a una autorización que no existe, o se utilice una autorización otorgada legalmente a otro, o se imite la legalmente fabricado y registrado.

X. Que la proliferación de bebidas alcohólicas ilegales, así como de alcohol adulterado, han provocado serios daños a la salud de las personas, así como defunciones por la ingesta de estos productos en nuestro país, recientemente entre el 10 de mayo y el 10 de junio de 2020, se observó un incremento en el consumo de bebidas adulteradas, ante la escases por la suspensión de la producción de cerveza. De lo anterior se han documentado los siguientes casos:

a) En el estado de Puebla, el pasado 17 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud de esa entidad, dio a conocer que 96 personas han resultado intoxicadas por el consumo de alcohol presuntamente adulterado, 15 están hospitalizadas y el número de personas fallecidas por consumo de alcohol adulterado llegó a 70.1

b) En el estado de Jalisco, la Secretaría de Salud dio a conocer que al día 11 de junio de 2020, se acumulan 112 personas afectadas por ingerir alcohol presuntamente adulterado o no apto para consumo humano: 62 han sido dadas de alta, 47 afectados han fallecido y 3 continúan hospitalizadas en distintas instituciones de salud.2

c) En el Estado de Morelos, la Secretaría de Salud de la entidad, dio a conocer, que con respecto a la intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas en localidades de la región oriente, Servicios de Salud de Morelos la cifra de defunciones es de 21 personas.3 De igual forma en este estado elementos de la fiscalía dentro de la carpeta de investigación JO-UEDD/1452/2020, catearon una bodega en la que se encontró aparentemente producto falsificado de las marcas Rancho Escondido, Buchanans y Cien Años; asegurando más de 7 mil botellas con alcohol adulterado.

d) En el estado de Yucatán, se tienen contabilizados al menos 18 decesos de personas tras intoxicarse con alcohol adulterado. Los fallecimientos se han registrado en el puerto de Progreso, así como en la colonia May4.1

e) En el estado de Guerrero, la Secretaría de Salud, a través de la Copriseg, informo el pasado 5 de junio de 2020, que se han presentado casos de muerte asociada al consumo de alcohol presuntamente adulterado de la marca “Rancho Escondido” en el municipio de Tlapa de Comonfort, por lo tanto, recomendó a la población a no consumir esta bebida.5

f) En el estado de Veracruz se documento el fallecimiento de 5 personas; en el estado de Coahuila se registró el fallecimiento de 4 personas; y en el estado de Chiapas la cifra de decesos es de 3 personas. Todos los decesos antes mencionados están relacionados con la ingesta de alcohol presuntamente adulterado o falsificado.6

XI. Ante estas lamentables cifras de personas afectadas en su salud, y los fallecimientos registrados, es necesario que el estado en su conjunto actúe de manera coordinada, con la finalidad de salvaguardar la salud de la población. Por lo cual es necesario se intensifiquen las visitas de inspección en aquellos lugares donde se produce o comercializan bebidas alcohólicas; cabe recordar que de acuerdo a la Ley General de Salud la verificación y control sanitario de este tipo de bebidas, es una facultad concurrente de los estados y la federación.

XII. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de su competencia, intensifique el control sanitario y la aplicación de medidas de seguridad sanitaria, tendentes a acreditar la autenticidad, calidad y salubridad de quienes producen, importan o exportan bebidas alcohólicas.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia, intensifique las visitas de verificación y garantice el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014, en los procesos relativos a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, envasado, distribución y expendio o suministro al público de bebidas alcohólicas y, en su caso, se emitan las medidas cautelares y acciones jurídicas conducentes.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia, intensifiquen las visitas de verificación y garanticen el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014, en los procesos relativos a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, envasado, distribución y expendio o suministro al público de bebidas alcohólicas y, en su caso, se emitan las medidas cautelares y acciones jurídicas conducentes.

Notas

1 Gobierno de Puebla. Secretaría de Salud. Comunicado. Disponible en: https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/1792-comunicado

2 Gobierno del estado de Jalisco. Secretaría de Salud. Comunicación social. Disponible en: https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/9124

3 Gobierno del estado de Morelos. Secretaría de Salud. Comunicado. Disponible en: http://salud.morelos.gob.mx/noticias/actualizacion-personas-intoxicadas -en-la-zona-oriente-3

4 https://heraldodemexico.com.mx/estados/muertes-alcohol-adulterado-yucat an-pandemia-contingencia-covid19/

5 Gobierno del estado de Guerrero. Secretaría de Salud. Comunicado. Disponible en: http://salud.guerrero.gob.mx/2020/06/05/la-secretaria-de-salud-a-traves -de-la-copriseg-informa-que-se-han-presentado-casos-de-muerte-asociada- al-consumo-de-alcohol-presuntamente-adulterado-de-la-marca-rancho-escon dido/

6 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/covid-impulsa-la-venta-de-bebi das-alcoholicas-pero-adulteradas

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)