Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la Fiscalía de Jalisco a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de niños y adolescentes e investigar y, en su caso, fincar responsabilidades por el maltrato infantil sucedido el pasado 12 de agosto en el albergue 100 Corazones, en Zapopan, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena

Sergio Mayer Bretón, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta, respetuosamente, al gobernador de Jalisco a garantizar el pleno respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su entidad federativa y a la Fiscalía General de Jalisco, para investigar, y en su caso, fincar responsabilidades en el caso del maltrato infantil sucedido el 12 de agosto en las instalaciones del albergue 100 Corazones, situado en el municipio de Zapopan, Jalisco, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 12 de agosto del presente, se dio a conocer un hecho inaceptable, circuló a través de redes sociales un video donde, al interior del albergue “100 corazones”, dependiente del DIF de Jalisco, un presunto menor de edad fue golpeado y sometido con evidente abuso de la fuerza física por parte de un adulto, que, ahora se sabe, es personal de esta institución.

Esta situación provocó diversas voces de la sociedad en general que condenaron el hecho, que desafortunadamente es aún más repugnante si se toma en cuenta que este albergue trata a niños con alguna discapacidad intelectual, y que desafortunadamente, no es la primera vez que se presentan quejas sobre esa institución, vecinos del mismo comentan que continuamente se escuchan gritos y golpes al interior del mismo y que a pesar de que han reportado a la policía, han hecho caso omiso de esas denuncias, además de otro caso en diciembre de 2019 se denunció un caso de abuso sexual al interior del mismo, sin que hasta el momento exista algún procesado por dicha imputación.1

Dicho centro “de Atención para Niñas y Niños con Discapacidad Intelectual Cien Corazones”, es una instancia dependiente del DIF Jalisco, con especialización en la atención interdisciplinaria a población infantil y adolescente que se encuentran en estado de abandono, orfandad o maltrato y que padecen discapacidad intelectual leve, moderada o síndromes neurológicos, por lo que sus alumnos deben ser considerados como población vulnerable.2

Según la página del sistema DIF Jalisco, la población que puede acudir a este centro son “personas con discapacidad intelectual leve o moderada de 15 a 45 años de edad, preferentemente con estudios de educación especial y con la probabilidad de acceder al lugar donde se encuentra el centro.”3

Es necesario mencionar que a partir de que se difundiera el video del abuso de una persona adulta sobre un menor, donde le presiona fuertemente la espalda con su rodilla, las autoridades del estado de Jalisco se han manifestado en contra de dicha acción y han señalado que las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias.

Autoridades del estado en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, el sistema DIF Zapopan, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del estado, legisladores locales y federales, han manifestado su total repudio y han iniciado acciones legales en contra de quien resulte responsable de delito tan atroz y que derive en las medidas cautelares correspondientes.

Es imperativo recalcar que bajo ninguna circunstancia las niñas, niños y adolescentes de nuestro país y del mundo, deben permitirse hechos como los presentados en esa institución y mucho menos tomando en cuenta la vulnerabilidad de quienes acudían a dicha institución en busca de terapias y rehabilitación que pudiera llevarlos a mejores estadios de vida, por lo que, bajo esta circunstancia es obligación de las instancias correspondientes el realizar las investigaciones necesarias, y en caso de encontrarlos culpables, fincar las responsabilidades pertinentes.

Por la importancia que reviste esta situación me permito recalcarlo nuevamente, el estado mexicano, en sus 3 órdenes de gobierno, no debe permitir este tipo de conductas y deben de realizarse las investigaciones respectivas y en caso de comprobar la culpabilidad de quienes ejercieron la violencia infantil, sean procesados conforme a lo que establece el marco jurídico vigente.

El 21 de septiembre de 1990 México ratificó su firma y compromiso con la Convención de los Derechos del Niño y de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, México es uno de los países más activos en la promoción de la firma de convenios internacionales sobre derechos humanos.

La Convención de los Derechos del Niño, firma y ratificación, se convirtió en una de las raíces esenciales de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes promulgada en 20144 .

En esta convención se destaca que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”5 .

Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.6

Por otra parte, a partir del mes de octubre de 2011, se estableció un párrafo en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que estable lo siguiente:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”7

El 24 de octubre de 2011, se publicó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), y el 4 de diciembre de 2014, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).

Las leyes generales en mención han sido paradigmas en materia de niñez y adolescencia. La expedición de la LGPSACDII obedeció a un reclamo social legítimo de reglamentar las guarderías y estancias infantiles de niñas y niños en primera infancia (de 43 días de nacidos y hasta 6 años de edad), el cual se detonó por el lamentable incendio en la Guardería ABC en 2009. Dicho ordenamiento tiene, entre otros objetivos, transformar las guarderías y estancias infantiles en verdaderos centros de desarrollo integral infantil, en donde niñas y niños puedan permanecer en condiciones de seguridad y protección que garanticen su derecho a formarse física, mental, emocional, cognitiva y socialmente.8

Esta Ley también mandata, por ejemplo, la supervisión de los Centros de Atención Infantil (CAI), para que los servicios que brindan cumplan con las normas de seguridad, higiene, salud, alimentación y educación, contribuyendo al desarrollo integral de niñas y niños, y ha permitido realizar un diagnóstico sobre centros de atención infantil públicos, mixtos y privados, indispensable para la implementación de toda política pública en primera infancia.

Por otra parte en 2014 se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la que se establece que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.9

Ambas leyes sientan las bases para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre los cuales se encuentran el vivir sin tener que padecer etapas de violencia durante su vida.

Por otra parte, a nivel estatal existe, publicada y en plena vigencia la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, en la cual, en el artículo 6o. se establece lo siguiente:

Artículo 6. En la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley las autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia, a fin de proteger el ejercicio igualitario de los derechos y libertades fundamentales de niñas, niños y adolescentes, deberán observar lo siguiente:

I. ...

II. Adoptar medidas de seguridad y protección especial de los derechos de quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad por circunstancias específicas que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.10

Desafortunadamente el cumplimiento de este artículo por las autoridades estatales ha quedado sin cumplirse, toda vez que los actos de violaciones a los derechos humanos de las niñas y niños que acuden al albergue 100 corazones, han sufrido más de un ataque y violación a sus derechos humanos, sin que las autoridades estatales hayan cumplido con su obligación.

Es por esto que ante este escenario, acudimos en nuestra calidad de representantes populares, a exigir a las autoridades del estado de Jalisco el cumplir con lo estipulado en el marco jurídico vigente estatal, nacional e internacional, y que de manera inmediata, revisen y actúen en el caso de la agresión física y verbal, que quedó publicada en video, al interior de esta institución “100 corazones”, dependiente de uno de los órganos del poder ejecutivo del estado, es decir, que funciona en base a financiamiento público, lo cual lo hace inadmisible, independientemente de su naturaleza jurídica, una agresión física contra un niño, niña o adolescente no se puede tolerar, y por lo tanto debe tener consecuencias.

Es en esta tesitura, que propongo el presente punto de acuerdo en dos vertientes, la primera exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado a “reaceitar las bujías” y asegurar a que en el territorio del estado de Jalisco se garantice el pleno respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, lo que conlleva a no permitir por ningún motivo o circunstancia, los hechos violentos sucedidos el pasado 12 de agosto.

La segunda vertiente es exhortar de manera respetuosa a la Fiscalía General de Justicia del Estado a realizar las investigaciones respectivas y en caso necesario, deslindar las responsabilidades y castigar a los culpables de agresión física al interior del albergue 100 corazones, conforme a lo establecido en el marco jurídico vigente.

Ahora bien, derivado del análisis de la problemática y la revisión de los considerandos, solicito a esta soberanía, considerar con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Jalisco a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en su entidad federativa.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Jalisco, para investigar, y en su caso, fincar responsabilidades en el caso del maltrato infantil sucedido el 12 de agosto en las instalaciones del albergue 100 corazones, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Notas:

1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-investigan-abuso-sex ual-100-corazones-dif

2 https://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/sites/default/files/programas/
atencion_integral_a_las_personas_con_discapacidad_o_en_riesgo_de_tenerla_4.pdf

3 Ídem

4 https://www.gob.mx/sipinna/agenda/
aniversario-de-la-ratificacion-de-mexico-de-la-convencion-de-los-derechos-delnino#:~:
text=En%201990%20M%C3%A9xico%20ratific%C3%B3%20su,convenios%20internacionaleas%20sobre%20derechos%20humanos.

5 https://www.ochr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

6 Ídem.

7 Artículo 4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

8 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_25 0618.pdf

9 Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf

10 Artículo 6 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco.

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputado Sergio Mayer Bretón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a establecer un esquema de pago del adeudo del ciclo agrícola primavera-verano de 2019, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Absalón García Ochoa , integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) realice un esquema de pago, a la brevedad posible, referente al adeudo del ciclo agrícola primavera-verano 2019, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La enorme diversidad de climas y territorios de México permite que durante todo el año se siembre y se cultive.

Para realizar las cosechas es necesario establecer un ciclo este es la división del año agrícola en periodos de tiempo, que presentan características climáticas que favorecen el desarrollo de diferentes cultivos.

La producción agrícola mexicana se divide en dos temporadas: primavera-verano y otoño-invierno. En estos ciclos los productos agrícolas crecen y maduran bajo las condiciones propias de la época del año en la que se establezcan.

¿Por qué se siembra en dos ciclos productivos diferentes? Toda planta requiere de un mínimo de condiciones para un crecimiento favorable: energía solar, CO2, entre otros.

De acuerdo con las características propias del cultivo es como se determina su época de siembra y de cosecha; hay cultivos que necesitan mayor cantidad de luz solar, otros son más sensibles a bajas temperaturas y sequías, así como también pueden ser propensos a distintas plagas y enfermedades.

El periodo de siembras del ciclo primavera/verano comienza en abril y finaliza en septiembre del mismo año. Generalmente las primeras cosechas de este ciclo inician en el mes de junio y concluyen en marzo del año subsecuente.

En México casi tres cuartas partes de la superficie agrícola se destinan a cultivos del tipo cíclico, 54 por ciento para Primavera/Verano y 17 por ciento para Otoño/Invierno, el 29 restante es superficie destinada a cultivos del tipo perenne, es decir; de cultivos de ciclo largo mayor a 12 meses.1

Los cultivos de tipo cíclico o anual tienen un periodo menor de 12 meses y requieren de una nueva siembra para la obtención de la cosecha. Se concentran en dos periodos productivos como ya se comentó, Primavera/Verano y Otoño/Invierno. Su principal ventaja es la posibilidad de sembrar y planificar la huerta, por lo que se puede cambiar de cultivo cuando se desee. Cultivos como maíz, trigo y frijol pertenecen a este tipo.

Por otra parte, y clarificando lo que es un ciclo agrícola, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios funcionaba como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, y Desarrollo Rural, con autonomía técnica, operativa y de gestión para el ejercicio de las atribuciones determinadas en su Reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.

los Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) tenía por objeto procurar el correcto funcionamiento de los mercados agroalimentarios, así como la promoción de sus productos, considerando la entrega de apoyos y de servicios de información comercial que permitan a los beneficiarios de los programas, esquemas y servicios de apoyos tener certidumbre en los ingresos del productor y el incremento comercial de los productos Agroalimentarios y de plantas de ornato en los mercados nacional e internacional.

Sin embargo, la desaparición de este organismo que asignaba los Aserca provocó menor rentabilidad de la agricultura comercial de los granos básicos, déficit en la producción de alimentos y encarecimiento de la canasta básica por mencionar algo.

Este programa atendía dos vertientes de la comercialización, que también desaparecen, por un lado, subsidiaba la compra de coberturas para garantizar el precio internacional más la base, que es el precio de contrato, por otra parte, se garantizaba el ingreso objetivo que otorgaba apoyos directamente a los productores o a las organizaciones de productores, personas físicas o morales, mediante un apoyo complementario al ingreso de los granos y oleaginosas elegibles. El ingreso objetivo contemplaba una amplia gama de productos elegibles que permitían al productor, seleccionar el cultivo que mejor le convenga de acuerdo con sus condiciones de producción y comercialización. Ya no hubo agricultura por contrato que consideraba las condiciones del mercado internacional, las estimaciones de producción nacional, así como los excedentes estacionales y regionales, se implementaron los esquemas de Agricultura por Contrato para maíz amarillo, trigo, sorgo, soya y avena, y el de Compras Anticipadas para maíz blanco, a efecto de:

• Asegurar al productor la venta anticipada de su cosecha;

• Garantizar al comprador una fuente segura de abasto;

• Ofrecer un precio competitivo para las cadenas productivas;

• Dar certidumbre al proceso de producción consumo;

• Promover la sustitución de importaciones;

• Fomentar mecanismos de administración de riesgos (coberturas), y

• Para el productor, representa un precio piso, ya que la cobertura le permite beneficiarse de las alzas en el mercado de futuros.

• Para el comprador, significa un precio techo, ya que la cobertura le permite beneficiarse de las bajas en el mercado de futuros.

• Ambas coberturas le permiten a las partes cumplir con las obligaciones contraídas. tanto el comprador como el productor establecen una relación cliente-proveedor.

Desafortunadamente y al momento Aserca con esta desaparición quedo un adeudo de mas de mil quinientos millones de pesos los cuales se ha gestionado para solicitar su pago sin tener fortuna alguna durante 2020.

Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto para 2020 prácticamente desaparece el rubro de comercialización de granos y oleaginosas, sin contemplar presupuesto alguno para el pago de dichos adeudos, es decir no fueron presupuestados para 2020, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quedaron imposibilitados a pagar.

Es por ello, por lo que se solicita para este presupuesto 2021 se contemple el pago de adeudos del ciclo agrícola primavera-verano 2019.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice un esquema de pago, a la brevedad posible, referente al adeudo del ciclo agrícola primavera-verano 2019.

Nota:

1 https://altiara.mx/el-ciclo-agricola-cuando-se-siembra-y-cuando-se-cose cha/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputado Absalón García Ochoa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implantar medidas que garanticen a todos los estudiantes pertenecientes a familias de campesinos el derecho humano a la educación en igualdad de oportunidades, a cargo del diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Ismael Alfredo Hernández Deras integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Como es de conocimiento general, el mundo se enfrenta, desde principios del presente año 2020 a un nuevo escenario de salud mundial, ya que con la irrupción del coronavirus y la enfermedad que causa, la Covid 19, las condiciones de vida se modificaron sustancialmente en todos sus ámbitos, de esta manera, somos participes del confinamiento y del aislamiento social que se implementaron para evitar los contagios y la propagación de dicho virus, somos participes de las medidas sanitarias de prevención que se adoptaron, como el uso de cubrebocas, de la sana distancia, del lavado continuo de manos y del uso de diversos productos. sanitizantes.

El escenario nacional resintió una fuerte sacudida en términos económicos, sociales, culturales y educativos. Es en este último rubro en el que expreso este punto de acuerdo, ya que la educación en todos los niveles, acusó el impacto de la pandemia, debido a que en nuestro país se imparte, de manera general, educación mediante la modalidad presencial, y solo en niveles avanzados se imparten, aunque en mucho menor medida, las modalidades abierta, a distancia y en línea, así como modelos híbridos.

Por lo que hace a la enseñanza en los niveles preescolar, primaria, secundaria y medio superior, estos, al menos en la universidad pública, son enteramente presenciales, y dado que la pandemia obligó a cambiar de la modalidad presencial a sistemas a distancia, esto aumentó las desigualdades que sufren las y los alumnos que no tienen acceso a los recursos educativos necesarios, además de que viven situaciones de pobreza que, en sí mismos, limitan el acceso al derecho humano a la educación.

Lo anterior constituye un gran desafío de igualdad educativa, que puede tener consecuencias que alteran la vida de los estudiantes vulnerables.

Así para Sanz, Sáinz y Capilla,

En el interconectado mundo moderno, la incertidumbre y sorpresa por lo rápido que se ha alterado la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta ha creado una situación inédita para todas las organizaciones, incluyendo las instituciones de educación superior, quienes se han visto obligadas a suspender las actividades académicas cara a cara, en una transición abrupta y obligada a la educación a distancia mediada por tecnología.1

Esta situación que obliga a transitar, de la educación presencial y escolarizada a modalidades no presenciales, mediadas por las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, puso de manifiesto muchas necesidades institucionales, tales como la infraestructura física y de materiales, necesidades de capacidad docente, pero sobre todo puso de manifiesto la enorme desigualdad que existe entre las y los estudiantes del sector rural, en comparación con el grueso del alumnado nacional.

Por lo tanto, uno de los principales retos que enfrenta la educación en el país hoy en día y de cual emanan y subyacen los demás, es el de las desigualdades sociales-educativas que imperan en el país. Una situación que pareciera en su momento no fuera del todo considerada por los altos mandos de la educación. Tan sólo en 2018 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL) afirmaba que en México existían 52.4 millones de personas que se encontraban en situación de pobreza y otros 8.6 millones en pobreza extrema. Prácticamente la mitad de la población estaba y muy probable sigue en un estado de vulnerabilidad que ha condicionado las nuevas formas de llevar la educación a las familias mexicana.1

Marion Lloyd,3 menciona que entre los factores que condicionan el acceso a una educación de calidad en línea, opción a la que se apostó como primera instancia para llevar educación a los alumnos, son, la clase social, la raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución al que pertenecen. La alternativa de querer llevar la educación a través de plataformas y programas educativos solo fue resultado de atestiguar las grandes brechas de desigualdad social que existen en el país, pues no todos han tenido las condiciones para poder trabajar de esa manera, y los que las tienen, se las han visto duras, pues no sólo es el hecho de contar con los medios y recursos, sino también saber utilizarlos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), contenidos en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet, mientras que en la zona rural la población usuaria se ubica en 47.7 por ciento y aunado a esto sólo el 44.3% dispone de computadora en sus hogares.4

Aunado a esto, como bien sabemos, la situación nacional es muy heterogénea, si consideramos las grandes brechas que separan la región sureste de la del norte: los estados de los hogares más desfavorecidos con respecto al acceso a internet son Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Veracruz, mientras que Sonora, Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California y Nuevo León representan las entidades federativas con mayor conexión a internet, pues más de 60 por ciento de sus hogares tiene acceso a este servicio.5

Ahora bien, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),1 vivimos en la región con mayor 6esigualdad en los ingresos de todo el mundo. La disponibilidad de las TIC y, en algunos casos, hasta de los medios tradicionales como televisión y radio, reproduce la desigualdad. En nuestro país encontramos estas inequidades y mucho retraso en las inversiones físicas en las escuelas, la conectividad de banda ancha, el equipamiento, el software y la formación de los trabajadores de la educación en esta materia. Las posibilidades de trabajo sincrónico entre maestros y estudiantes, el número y tipo de recursos tecnológicos utilizados, o las condiciones para dar marcha a la educación digital hacen evidente las diferencias entre modalidades y tipos educativos, escuelas privadas y escuelas públicas, entre el medio rural y el urbano, entre zonas industrializadas y de mayoría indígena, etcétera. Estas diferencias potencian la exclusión y el rezago educativos, obstaculizan el ejercicio ciudadano de la libertad y de la democracia, y mantienen el círculo de la pobreza y la inequidad.7s

Con la exposición de los datos anteriores se hace evidente que las y los alumnos de las zonas rurales, son los más desfavorecidos con la implementación de estas nuevas medidas de educación, ya que, a sus condiciones marginales, como la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud, de segregación, de discriminación, etc., se agregan la falta de acceso a internet y la falta de computadoras o dispositivos para conectarse a la referida red, así como la falta de aprendizaje en el manejo de esos instrumentos educativos.

Lo anterior refuerza y aumenta la desigualdad que existe entre la población estudiantil del campo mexicano respecto del resto de las y los alumnos de nuestro país, es decir, las medidas que ha implementado hasta el momento el Estado mexicano no solo han resultado insuficientes, sino que en el caso de las poblaciones rurales han significado un incremento a la brecha existente entre el campo y la ciudad, ya que dichas medidas aumentan las desigualdades estructurales que cotidianamente viven nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes del campo. Ahora, a la brecha de desigualdad económica, social y cultural, se le adiciona la brecha digital, que continúa expandiéndose a medida que los estudiantes en sectores rurales siguen quedándose atrás en su aprendizaje.

Para López Ramírez y Andrés Rodríguez,8 una primera situación que puede presentarse es que algunos no puedan seguir los cursos en línea y a distancia, y comiencen a retrasarse con respecto a sus compañeros que sí cuentan con las condiciones para llevarlos a cabo. Si no se atiende la brecha digital, los alumnos que tendrán acceso a la educación serán aquellos que viven en áreas urbanas y que cuentan con mayores recursos e infraestructura, lo cual acrecentará las desigualdades educativas.

Por ello es necesario reflexionar en la pluralidad que forma la matrícula de estudiantes de México, ya que no es posible implementar medidas iguales para todos, ya que no todos comparten las mismas condiciones de vida, por lo que, al implementar medidas sin reflexionar en dicha pluralidad, se corre el riesgo de que tales acciones resulten en algún tipo de discriminación en contra de la población más desfavorecida, ya que no se aplica correctamente el principio de igualdad.

En este orden de ideas, desde la teoría de los derechos humanos la igualdad exige tratamiento no discriminatorio en todos los sentidos, es decir; exige un tratamiento que redunde en el goce pleno de los derechos humanos de todas las personas, de cualquier género, de todas las edades, de cualquier origen étnico, no importando nacionalidad, etc. Para poder cumplir con esto, el principio de igualdad requiere que a veces se dé un tratamiento idéntico y a veces un tratamiento distinto. En virtud de que uno de los principios fundamentales del derecho constitucional y de la teoría de los derechos humanos establece que es discriminatorio tratar a diferentes como si fueran idénticos.9 Tal es el caso de las y los alumnos de familias de campesinos mexicanos, que viven como un acto de discriminación las medidas generales adoptadas por el Estado mexicano.

Para Ferrajoli, esta igualdad no es otra cosa que la idéntica titularidad, protección y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los y las titulares somos entre sí diferentes.10

No omitimos señalar que otras de las acciones implementadas y que ha buscado enmendar este tema de la brecha digital y de desigualdad ha sido la Estrategia Nacional de Educación a Distancia, que se enfoca principalmente en la difusión de programas educativos a través de medios como la televisión y la radio. No obstante, esta medida se inserta dentro de la crítica que planteamos respecto del empleo indiscriminado de las medidas de educación en línea.

En suma, la crisis de la pandemia impacta en distinto nivel a los integrantes de las comunidades de nuestro país; es cierto e innegable que las desigualdades existentes se profundizarán si no reflexionamos cómo cambiar las actuales circunstancias. Por ello es de fundamental importancia que las autoridades en la materia, implementen políticas que reconozca las diferencias y las desigualdades existentes entre las diferentes poblaciones de alumnos y alumnas, especialmente a los de zonas rurales, para conjugarse con el principio de igualdad sustantiva en la educación, con el objetivo de que ésta sea eficiente y justa.

Por lo anteriormente expuesto y considerando, en primer lugar y como señala Ducoing Watty, que el cierre de las escuelas, sobre todo de educación básica, ha afectado a toda la sociedad, pero en particular y de manera más acentuada a la población vulnerable, que vive en entornos definidos por la pobreza, la baja escolarización y el trabajo informal y que este sector es el que tiene menos posibilidades de educación al margen de la escuela,11 y en segundo lugar, que en el regreso a la educación pública de nuestro país, se están implementando clases a distancia, que no garantiza la igualdad educativa al sector rural de nuestro país, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que implemente las medidas y acciones necesarias que garanticen a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes de todos los niveles educativos, pertenecientes a familias de campesinos mexicanos, el acceso al derecho humano a la educación en igualdad de oportunidades, de participación, de trato y de resultados, en el marco de la pandemia por el coronavirus, evitando el aumento de la brecha de desigualdad de la población estudiantil rural de México.

Notas:

1 Sanz, I., Sáinz González, J., Capilla, A. Efectos de la Crisis del Coronavirus en la Educación Superior, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 2020.

2 Mendoza Cardozo, Luis G., La educación en México en tiempos de COVID-19, junio de 2020, disponible en .

3 Lloyd, Marion, “Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19” en Educación y Pandemia. Una visión académica, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, México, 2020, pp, 115-121.

4 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, México, 2020.

5 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Estadísticas a propósito del día mundial del internet. Datos nacionales, México, 2019, disponible en >.

6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panorama general. Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI, Nueva York, disponible en >, consultado el 20 de marzo, 2020.

7 Chehaibar, Lourdes M., “Flexibilidad curricular. Tensiones en tiempos de pandemia”, en Educación y pandemia. Una visión académica, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, México, 2020, pp, 83-91.

8 López Ramírez, Mónica y Andrés Rodríguez, Santiago, Trayectorias escolares en la educación superior ante la pandemia ¿continuar, interrumpir o desistir?, en Educación y pandemia. Una visión académica, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, México, 2020, pp, 103-108.

9 FACIO Alda, La igualdad substantiva un paradigma emergente en la ciencia jurídica, Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, A.C., recuperado de .

10 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y Garantías, la ley del más débil, Madrid, Trota, 1999, p, 82.

11 Ducoing Watty, Patricia, Una expresión de la desigualdad en educación básica durante la emergencia sanitaria: el caso de una alumna, en en Educación y Pandemia. Una visión académica, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, México, 2020, pp, 55-64.

Referencias bibliográficas

Chehaibar, Lourdes M., “Flexibilidad curricular. Tensiones en tiempos de pandemia”, en Educación y pandemia. Una visión académica, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, México, 2020, pp, 83-91.

Ducoing Watty, Patricia, Una expresión de la desigualdad en educación básica durante la emergencia sanitaria: el caso de una alumna, en en Educación y Pandemia. Una visión académica, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, México, 2020, pp, 55-64.

FACIO Alda, La igualdad substantiva un paradigma emergente en la ciencia jurídica, Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, A.C., recuperado de .

FERRAJOLI, Luigi, Derechos y Garantías, la ley del más débil, Madrid, Trota, 1999.

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, México, 2020.

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Estadísticas a propósito del día mundial del internet. Datos nacionales, México, 2019, disponible en >.

Lloyd, Marion, “Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19” en Educación y Pandemia. Una visión académica, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, México, 2020, pp, 115-121.

López Ramírez, Mónica y Andrés Rodríguez, Santiago, Trayectorias escolares en la educación superior ante la pandemia ¿continuar, interrumpir o desistir?, en Educación y pandemia. Una visión académica, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, México, 2020, pp, 103-108.

Mendoza Cardozo, Luis G., La educación en México en tiempos de COVID-19, junio de 2020, disponible en .

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panorama general. Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI, Nueva York, disponible en >, consultado el 20 de marzo, 2020.

Sanz, I., Sáinz González, J., Capilla, A. Efectos de la Crisis del Coronavirus en la Educación Superior, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 2020.

Palacio Legislativo a 14 de septiembre de 2020.

Diputado Ismael Alfredo Hernández Deras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno mexiquense a ampliar y fortalecer las estrategias, los planes y los operativos de seguridad pública para identificar, prevenir y erradicar los robos en el transporte público, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Miles de mexiquenses no sólo están poniendo en riesgo su vida ante la posibilidad de contagio de Covid-19 al acudir a sus centros de trabajo y a sus actividades cotidianas sino por el incremento de los asaltos en el transporte público. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, recientemente en tres años ha habido un incremento de más de 700 por ciento de robo en transporte público en el estado de México.v

Incluso, los meses de confinamiento por la pandemia de SARS-Cov-2 no representaron una reducción en los asaltos en transporte público en la entidad con un promedio de 538 denuncias al mes, de enero a julio de 2020.2 De acuerdo con datos del gobierno mexiquense, de enero a agosto del presente año se han cometido 4 mil 784 robos con violencia a pasajeros.3 Ahora bien, si consideramos que más del 90 por ciento de los delitos no son denunciados por desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, la cifra negra podría resultar exorbitante. El municipio con mayor incidencia delictiva es Ecatepec, con 635 de las denuncias; le sigue Naucalpan, con 553; Tlalnepantla, con 379; Cuautitlán Izcalli, con 324, y Toluca, con 302.4

Para dimensionar el nivel de afectaciones a la ciudadanía por esta problemática, casi el 80 por ciento de los mexiquenses que se trasladan diariamente a la Ciudad de México no cuentan con automóvil propio, el 40 por ciento señala que utiliza cuatro o más medios de transporte público para hacer sus recorridos cotidianos.5

El hartazgo social a causa del alza de estos delitos ha generado recientemente el incremento de linchamientos de delincuentes en distintas rutas de transporte público, algunos de ellos acaecidos en Tecámac6 , Ecatepec7 , Nezahualcóyotl1 , así como en la México-Texcoco9 . Estos actos son claro ejemplo del malestar por los cientos de asaltos que ocurren día con día en el Estado de México en los cuales, de acuerdo con un análisis del Instituto Belisario Domínguez,1 0estos delitos van acompañados de otros ilícitos como asesinatos, amenazas o carteristas dañando severamente no solamente a la sociedad y el patrimonio, sino la dignidad de las personas que a diario necesitan hacer uso de estos medios de movilidad.

Como se puede observar, la situación es grave, lo que demuestra la urgencia de contar con políticas de seguridad acertadas en tiempo y forma. Resulta urgente que desde el Poder Legislativo se envíe un mensaje no solo de preocupación sino también de apoyo a fin de que los mexiquenses sientan que la Nación no los olvida teniendo presente sus preocupaciones.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, seguros de la necesidad de trabajar por soluciones y de repudiar todo acto delictivo y de violencia, que deben encarar todos los organismos gubernamentales, sociales, e instituciones del Estado, es que impulsamos esta propuesta que ponemos a disposición de las diputadas y diputados para su acompañamiento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza para que, en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones, se amplíen y fortalezcan las estrategias, planes y operativos en materia de seguridad pública a fin de identificar, prevenir y erradicar los delitos de robo en el transporte público, ante su incremento sostenido en la entidad durante la presente administración.

Notas:

1 Animalpolitico. "Robo en transporte público en el Edomex aumentó 700% en tres años". Disponible en: https://cutt.ly/ifT4f4D. Consultado el 10 de septiembre de 2020

2 CNSP. "Incidencia Delictiva del Fuero Común 2020". CNSP/38/15. Disponible en: https://cutt.ly/LfYQahr. Consultado el 10 de septiembre de 2020

3 Reforma. "Padecen 19 asaltos al día en transporte de Edomex". 9 de septiembre de 2020

4 Ibid.

5 El Sol de Toluca. "Hasta cuatro medios de transporte usan los mexiquenses al día". Disponible en: https://cutt.ly/gfR5SEt. Consultado el 9 de septiembre de 2020.

6 El Heraldo. "Otro presunto delincuente es linchado en combi del Estado de México". Disponible en: https://cutt.ly/MfYEucE. Consultado el 9 de septiembre de 2020.

7 Animalpolitico. "Pasajeros linchan a presunto asaltante de transporte público en Ecatepec, Edomex". Disponible en: https://cutt.ly/5fYEdAb. Consultado el 9 de septiembre de 2020.

8 El Sol de México. "Linchan a asaltante de trasporte público en el Edomex". Consultado el 9 de septiembre de 2020.

9 Infoabe. "Videocrónica de un asalto fallido". Disponible en: https://cutt.ly/HfYEQTU. Consultado el 9 de septiembre de 2020.

10 Aguirre Quezada, Juan Pablo. "Robos en transportes públicos colectivos. Amenaza a la seguridad pública en México". Disponible en: https://cutt.ly/ifYRoHT. Consultado el 10 de septiembre de 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de septiembre del año dos mil veinte.

Atentamente

Diputada Dionicia Vazquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a realizar las gestiones conducentes a adecuar la NOM-220-SCFI-2017 respecto al decreto publicado el 24 de enero de 2020 en el DOF por el que se adicionaron los artículos 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 168 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía a realizar las gestiones que sean necesarias a fin de adecuar la Norma Oficial Mexicana 220-SCFI-2017, con respecto al decreto publicado el 24 de enero de 2020, en el Diario Oficial de la Federación por el que se adicionó un artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y un artículo 168 Ter al Código Penal Federal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Quienes perpetran delitos como el robo vehicular, robo a mano armada en lugares públicos como restaurantes, la privación ilegal de libertad o el secuestro, suelen tener en los dispositivos de bloqueo de señales, popularmente conocidos como jammers , una de las herramientas más útiles, baratas y fáciles de usar.

En este orden de ideas, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) afirmaba que “en 2019 sus afiliados reportaron más de 3,400 robos a nivel nacional y que en el 85 por ciento de los casos se utilizaron equipos conocidos como jammers para cometer el delito”. Asimismo, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) estimaba “un daño económico superior a los 92,000 millones de pesos, equivalente a aproximadamente el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de México” como producto de ilícitos cometidos con estos aparatos.

Adicionalmente se estima que de enero y septiembre de 2019, entre las 80 unidades de autotransporte que a pesar de tener dispositivos GPS era robadas cada semana, en el 45% de los casos se usaron dispositivos inhibidores conocidos como jammer .1 Cabe mencionar que salvo en los casos de los centros penitenciarios, este tipo de dispositivos no presentan un uso que justifique la alta disponibilidad que presentaban en mercados y establecimientos comerciales.

Ante la situación descrita y tras la presentación de varias iniciativas por parte de diputadas y diputados, el Congreso de la Unión logró integrar una reforma orientada a establecer la prohibición de la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. Ello, exceptuando la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación para el uso y operación por parte de las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centro de internamiento para menores y por parte de Centros de Seguridad Pública Federal y del Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN).

Adicionalmente, se establecieron penas de 12 a 15 años de prisión para población en general y 15 a 18 años para servidores públicos que cometan este delito sin autorización expresa, escrita y debidamente acreditada de su superior inmediato; los equipos serán asegurados y destruidos.

De manera complementaria, se definieron obligaciones para que los particulares que tuviesen ese tipo de aparatos y dispositivos dispusieran de no más de 30 días a partir la entrada en vigor del decreto, para entregar los mismos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destruir o en su caso excluir del país.

Por otra parte, la Secretaría de Economía tenía 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para modificar la Norma Oficial Mexicana 220-SCFI-2017 en concordancia con la reforma. Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debía informar anualmente del cumplimiento de las disposiciones expresas en este Decreto, a las Comisiones de Seguridad Pública del Senado de la República y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Aunado a todo lo anterior, es importante recordar que, tras la aprobación de dichas obligaciones y prohibiciones, el 24 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionó un artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y un artículo 168 ter al Código Penal Federal.2

Desafortunadamente, tras consultar digitalmente en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2020 a las 22:52 horas, el sistema arrojó que únicamente se han publicado tres cambios a la Norma Oficial Mexicana 220-SCFI-2017, entre 2010 y la fecha de la consulta, siendo registrados estos el 14 de julio de 2017, el 6 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2018.

En consecuencia, la presente propuesta plantea exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Economía a que inmediatamente realice las gestiones necesarias orientadas a adecuar dicha norma con forme a lo estipulado en el decreto publicado el 24 de enero de 2020, en el Diario Oficial de la Federación por el que se adicionó un artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y un artículo 168 ter al Código Penal Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía a realizar las gestiones que sean necesarias a fin de adecuar la Norma Oficial Mexicana 220-SCFI-2017, con respecto al decreto publicado el 24 de enero de 2020, en el Diario Oficial de la Federación por el que se adicionó un artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y un artículo 168 ter al Código Penal Federal. Ello toda vez que actualmente se encuentra en falta por no haber cumplido el cuarto transitorio del decreto citado que estableció la obligación de realizar las adecuaciones en un término no mayor a 180 días naturales.

Notas

1 Véase: https://www.milenio.com/policia/buscan-regular-uso-de-dispositivo-que-s e-usa-para-robo-de-autos

2 Véase la publicación disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584749&fecha=24/01/ 2020

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de septiembre de 2020.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chiapas a adoptar medidas encaminadas a proteger la vida del pueblo maya tzotzil de Aldama, en constante riesgo por agresiones armadas de vecinos de Chenalhó, y garantizar a los desplazados internos el acceso a la salud y los alimentos indispensables, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

115 famiilias tzotziles del municipio de Aldama, Chiapas fueron desplazadas a consecuencia de agresiones con armas de fuego, las cuales se han intensificado en los últimos tres meses, desde una montaña colindante con sus tierras, ubicada en el municipio vecino de Chenalhó.

Vivían todos en la comunidad Yetón, uno de los 11 poblados donde se ubican 60 hectáreas de tierra que sus agresores del municipio de Chenalhó, intentan arrebatarles por la vía de la fuerza armada.1

Este conflicto agrario tiene los siguientes antecedentes:2

• El 27 de agosto de 1975, mediante resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales, se crea la comunidad de Manuel Utrillla (antes Santa Martha), municipio de Chenalhó, Chiapas; resolución que fue ejecutada el 6 de noviembre de 1978.

• El 18 de octubre de 1977, las comunidades de Manuel Utrilla y María Magdalena (ahora municipio de Aldama) suscriben un convenio conciliatorio en el cual solicitan se materialice la Resolución Presidencial citada, ya que en la misma se reconocen los bienes comunales de Manuel Utrilla y se establece que 40 comuneros de María Magdalena tendrían la propiedad de 30 hectáreas que en ese momento se encontraban ubicada en el territorio de Manuel Utrilla.

• El 19 de enero de 1994, mediante sentencia dictada en el expediente 164/1993, el Tribunal Superior Agrario reconoce al municipio de Aldama como entidad administrativa, resolución que causo ejecutoria el 21 de marzo de 1996.

• En el mes de noviembre de 1995, ambos poblados se apersonan ante la residencia de la Procuraduría Agraria en San Cristóbal de las Casas, a efecto de celebrar un convenio consistente en que el ahora municipio de Aldama respetaría un “mojón” propiedad de Manuel Utrilla y estos a su vez reconocer las 30 hectáreas propiedad de Aldama. No obstante, en el año 2008 la comunidad de Manuel Utrilla exige la devolución de las 30 hectáreas por lo que inicia el juicio agrario 54/2008.

• Derivado de lo anterior el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios establece mecanismos de conciliación, en consecuencia, el 6 de junio de 2009, dan inicio los trabajos técnicos de campo, teniendo como resultado que las 30 hectáreas se ampliarían a 60; además, que la propiedad de las mismas sería de los pobladores del municipio de Aldama.

• El 5 de noviembre de 2009, se suscribe un Convenio de Finiquito Agrario entre el Gobierno del Estado y ambas partes, en cual se establece que: a) el municipio de Aldama se obliga a respetar el “mojón”; b) que la comunidad de Manuel Utrilla respetaría la posesión de las 60 hectáreas por parte del Municipio de Aldama; c) que tanto el usufructo como la tenencia de la tierra le pertenecería de forma vitalicia al municipio de Aldama; y d) que ambas partes se comprometían a ratificar dicho convenio.

• El 15 de febrero de 2015, el conflicto resurge cuando pobladores del municipio de Aldama determinan que el uso y disfrute de un manantial de agua ubicado en su territorio, les pertenecería exclusivamente, ante dicha situación comuneros de Manuel Utrilla manifiestan su inconformidad y desconocen el Convenio de Finiquito Agrario. 52. Por lo anterior, pobladores de Manuel Utrilla niegan el acceso a las 60 hectáreas a habitantes del municipio de Aldama y a partir de entonces el conflicto se torna violento.

Desafortunadamente la violencia por este conflicto agrario ha escalado a través de los años y ha provocado desplazados, muertos y heridos.

Por ello, el 5 de febrero de 2019, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas (CEDHC) emitió la Recomendación CEDH/001/2019-R, dirigida el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscal General del Estado y a los Presidentes de los Ayuntamientos de los Municipios de Chenalhó y Aldama con el propósito de frenar la violación de derechos humanos.

La Comisión Estatal determinó que los hechos de violencia tienen su origen en el referido conflicto agrario entre comunidades limítrofes de los municipios de Aldama y Chenalhó, mismo que ha derivado en agresiones con armas de fuego, pérdida de vidas humanas, lesionados e incertidumbre entre la población indígena de la zona.

Como medida de solución al conflicto, el 4 de junio de 2019, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los representantes de los Bienes Comunales de Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó, y de Aldama, así como el titular de la Secretaría General del Estado, suscribieron el “Acuerdo de no Agresión entre los Municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas”3

Asimismo, el 23 de septiembre de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación no. 71/2019 sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la integridad personal e interés superior de la niñez, en agravio de comunidades indígenas del municipio de Aldama, Chiapas dirigida al Gobernador del Estado, a quien recomienda que de manera coordinada con la Secretaría Estatal de Seguridad y con las autoridades de los municipios de Aldama y Chenalhó se diseñe, implemente y de seguimiento a un programa de seguridad pública con visión diferencial y multicultural, que tenga como objetivo principal, el desarme pacífico de las comunidades en conflicto y que contribuya a disminuir los índices de inseguridad en dichos municipios.

Es importante precisar que a pesar de las Recomendaciones emitidas por la CEDH y la CNDH, así como del Acuerdo de no Agresión entre los Municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas, las agresiones, principalmente con arma de fuego, no cesan, lo que ha generado varios lesionados y muertos.

No obstante, esta grave violación a los derechos humanos de pueblos indígenas, de acuerdo con el grupo de desplazados en los cuatro meses recientes la policía estatal solo realiza patrullajes una vez por semana, limitándose a observar de donde provienen los disparos.

A la demanda de restitución de sus tierras y al alto a las agresiones, se ha sumado la exigencia de la liberación de su líder comunitario, Cristóbal Sántiz Jiménez quien a inicios de marzo, fue detenido por la Fiscalía General del Estado, fungía como vocero de los desplazados. A la fecha, Cristóbal está preso en el penal El Amate.

Conforme a lo expuesto los desplazados tzotziles del municipio de Aldama se encuentran en situación vulnerable pues pareciera que las autoridades estatales han sido omisas en garantizarles la vida, seguridad e integridad personal quienes viven en un ambiente de violencia y de violaciones a los derechos humanos derivadas del conflicto armado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º, entre otras, las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos, en consecuencia, deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Conforme al artículo 2, párrafo 1 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

Asimismo, en términos del artículo 3 del Convenio 169 de la OIT no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados.

De acuerdo con la CNDH se advierte que el Estado debe realizar de forma preventiva determinadas acciones que permitirán respetar y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, mismas que deberán tener en consideración sus normas jurídicas internas. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure su existencia.

El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

El artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas dispone que la Constitución protege, entre otros, al pueblo indígena tzotzil, Asimismo, establece que en el marco de las garantías individuales y los derechos humanos, el Estado garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la justicia y a una vida libre de violencia y que los derechos de los indígenas que la Constitución consagra deberán ser garantizados por las autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas.

De la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas destacan los siguientes artículos:

Artículo 10. Las autoridades garantizarán que los desplazados internos gocen de condiciones satisfactorias de vida, incluido el derecho a la seguridad, salud e higiene.

Gozarán al menos de: I. Alimentos indispensables y agua potable; II. Cobijo y alojamiento básicos; III. Vestido adecuado; IV. Servicios médicos y de saneamiento indispensables; y, V. Educación básica obligatoria.

Artículo 12. Los desplazados internos tienen derecho a la protección de la ley contra la privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva y en su caso a la restitución o compensación de sus derechos vulnerados en materia de tierras, vivienda y propiedad.

Artículo 17. El Estado de Chiapas deberá adoptar las medidas y formular las políticas para la prevención del desplazamiento interno, la atención, protección y asistencia durante el mismo y la implementación de soluciones duraderas que permitan superar la condición de desplazado interno.

Artículo 35. Las autoridades, en el marco de sus atribuciones, deberán proporcionar los medios que faciliten el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su lugar de residencia habitual, o bien permitan su reasentamiento voluntario bajo estas mismas condiciones en otra parte del territorio estatal y su reintegración social.

Conforme a lo expuesto, el Gobierno del Estado de Chiapas está obligado a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de los indígenas tzotziles del municipio de Aldama, cuya vulnerabilidad se incrementa cuando el Estado, como un ente garante de derechos, es omiso en desarrollar e implementar todas aquellas medidas que permitan dar atención oportuna, efectiva e inmediata a los conflictos que se presenten al interior de los pueblos indígenas.

Por lo que no obstante las recomendaciones que emitieron en 2019 la CEDH y la CNDH, a la fecha las agresiones al pueblo índigena tzotzil de Aldama continúan, por lo que es necesario que desde este órgano legislativo, exhortemos con pleno respeto a su soberanía, al gobernador del Estado de Chiapas para que adopte las medidas que sean necesarias para proteger la vida del pueblo maya tzotzil de Aldama y detenga la violencia mediante el desarme pacífico de los agresores y la desarticulación de los grupos armados del municipio de Chenalhó.

Asimismo, se estima necesario exhortar, con pleno respeto a su autonomía, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas para que:

- Se realicen las diligencias pertinentes para la investigación de los diversos delitos que se han denunciado con motivo del conflicto agrario entre las comunidades de Aldama y Manuel Utrilla, municipios de Aldama y Chenalhó y garantice la reparación del daño.

- Informe a esta soberanía sobre la detención de Cristóbal Sántiz Jiménez quien fungía como vocero de las famiilias tzotziles desplazadas del municipio de Aldama.

Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social los pueblos indígenas son fundamentales pues han preservado un vasto acervo histórico y cultural de México, por lo que es imprescindible garantizarles el respeto a su derechos humanos y adoptar las medidas necesarias para que se les respete su derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad y a no ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios.

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta al gobernador del estado de Chiapas para que:

a) Adopte de manera urgente todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida del pueblo maya tzotzil de Aldama, el cual está en constante riesgo por agresiones armadas de vecinos del municipio de Chenalhó.

b) Haga pública la información sobre el cumplimiento a la Recomendación 71/2019, emitida el 23 de septiembre de 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

c) Brinde atención humanitaria a las 115 famiilias tzotziles del municipio de Aldama que han sido desplazadas y quienes tienen derecho a vivienda, salud y alimentación adecuada y digna.

d) Instruya a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que de forma coordinada con las autoridades de los municipios de Aldama y Chenalhó, implemente medidas efectivas para detener la violencia y dar garantías al pueblo indígena tzotzil del municipio de Aldama, mediante el desarme pacífico de los agresores y la desarticulación de los grupos armados del municipio de Chenalhó.

e) Instruya al Secretario General de Gobierno para que promueva el diálogo entre los habitantes de las comunidades de Aldama y Manuel Utrilla, municipios de Aldama y Chenalhó que faciliten el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su lugar de residencia habitual.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a su autonomía, exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas para que:

a) Se realicen las diligencias pertinentes para la investigación de los diversos delitos que se han denunciado con motivo del conflicto agrario entre las comunidades de Aldama y Manuel Utrilla, municipios de Aldama y Chenalhó y garantice la reparación del daño.

b) Haga pública la información sobre la detención de Cristóbal Sántiz Jiménez quien fungía como vocero de las famiilias tzotziles desplazadas del municipio de Aldama.

Notas

1 https://aristeguinoticias.com/1607/mexico/entre-hambruna-y-disparos-viv en-indigenas-en-aldama-chiapas/

2 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-09/REC_2019 _071.pdf

3 https://www.animalpolitico.com/2019/06/conflicto-aldama-chenalho-chiapa s-violencia/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de septiembre de 2020.

Diputados: Jorge Arturo Argüelles Victorero, Claudia Báez Ruiz, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Irasema del Carmen Buenfil Díaz, María del Carmen Cabrera Lagunas, Calderón Medina Samuel, Cruz Aparicio Héctor René, Ricardo de la Peña Marshall, Carolina García Aguilar, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Armando González Escoto, Edgar Guzmán Valdéz, Adriana Lozano Rodríguez, Fernando Luis Manzanilla Prieto, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Francisco Javier Saldívar Camacho, Nayeli Salvatori Bojalil, Olga Patricia Sosa Ruiz, Adriana Paulina Teissier Zavala, Irma María Terán Villalobos, Ernesto Vargas Contreras, Héctor Villegas González Joel. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Cofepris a implantar campañas informativas sobre los riesgos para la salud de consumir dióxido de cloro como tratamiento contra el Covid-19, a cargo de la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Claudia Reyes Montiel , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente:

Planteamiento

El SARS-CoV-2 (por sus siglas en inglés) es un coronavirus tipo dos que causa la enfermedad denominada Covid-19, la cual se transmite a través de las microgotas liberadas por medio de la tos, estornudos o el habla. Actualmente no existe ninguna vacuna, medicamento o tratamiento capaz de curar esta enfermedad, por eso se tienen únicamente medidas preventivas como lavarse las manos frecuentemente, mantener el distanciamiento social y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Pese a lo anterior, se ha difundido en redes sociales, como Facebook o YouTube, información acerca de que el dióxido de cloro es un tratamiento efectivo en contra de esta enfermedad, por lo cual muchas personas han empezado a ingerirlo sin tener en cuenta los problemas de salud que esto genera.

El dióxido de cloro es “un gas manufacturado de color amarillo a amarillo-rojizo. Cuando se agrega al agua, el dióxido de cloro forma clorito iónico, el que también es un compuesto muy reactivo”.1 Se usa principalmente como agente desinfectante, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua, y también como esterilizante en diversas industrias. Por sus propiedades

como desinfectante y antimicrobiano, diversas personas han promovido el consumo de dióxido de cloro como un tratamiento o cura efectiva para cualquier tipo de enfermedad como gripe, autismo, malaria e incluso el cáncer, esto pese a que no se cuenta con evidencia e información verificable que confirme su efectividad.

Sobre estos usos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ha informado que esta sustancia no es una cura o tratamiento que funcione como tratamiento médico y que no existe ningún estudio que demuestre que puede ser efectivo, al contrario, su consumo es peligroso para la salud pues puede causar náusea, vómito, diarrea y deshidratación severa, por lo que no se recomienda su ingesta.2

De igual forma, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha advertido de los riesgos que implica el consumo de dióxido de cloro desde 2010, por lo que ha prohibido la venta de productos que contienen dicho químico.3 También académicos de la Universidad Católica de Chile, con respecto al consumo de dióxido de cloro, han señalado lo siguiente: “Por el lado más químico, la sustancia está muy emparentada con el hipoclorito de sodio (cloro, lavandina o lejía) y puede producir el mismo daño a los tejidos, si de por sí el cloro comercializado es capaz de generar daños en el tejido de las manos, ingerido puede ser altamente dañino, dejando secuelas graves o incluso la muerte”.4

Pese a estas advertencias, ante la actual pandemia de Covid-19, el dióxido de cloro se ha empezado a recomendar como tratamiento para prevenir e incluso curar a quienes padecen esta enfermedad. En redes sociales es fácil encontrar a personas que venden dióxido de cloro bajo el nombre de “solución mineral milagrosa”, “MMS” (por sus siglas en inglés) o “CDS” (por las siglas de cloruro de sodio) como remedio en contra del Covid-19, esto, claro, sin contar con un aval médico o científico que garantice su consumo.

Sobre este uso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha expresado que “no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral en pacientes con sospecha o diagnóstico de Covid-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”.5

Por su parte, investigadores de la facultad de Química de la UNAM han dicho que al ser el dióxido de cloro un fuerte agente oxidante, su consumo puede dañar células del organismo, además de generar vómitos, diarreas severas o insuficiencia hepática aguda, entre otros malestares. También mencionan que quienes promueven su uso lo hacen bajo el argumento de que genera oxígeno y, por lo tanto, oxigena la sangre, sin embargo, “poco a poco oxida al hierro y baja el conteo de hemoglobina, es decir, el conteo de glóbulos rojos, con ello la función de la respiración disminuye poco a poco. El dióxido de cloro oxida parte del hierro de la hemoglobina, lo que impide transportar oxígeno de los pulmones a otras partes del cuerpo”.6

Para evitar que siga su consumo autoridades sanitarias de diversos países y organismos internacionales, como la propia OPS, han realizado diversas acciones para advertir de los riesgos que genera el consumo de dióxido de cloro. Con este mismo fin en nuestro país la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó sobre el riesgo que representa el uso de estas sustancias por lo que solicitó a la población reporte a quienes la ofrezcan como alternativa médica o la comercialicen.7

Lamentablemente, estos llamados no han rendido frutos, al contrario, el dióxido de cloro para el consumo humano se sigue comercializando con relativa facilidad y su uso se extiende bajo el argumento de que hay infinidad de testimonios de personas que dicen haberse curado de Covid-19 gracias a su consumo, sin que existan evidencias científicas que confirmen estas aseveraciones. También se usa diciendo que, por ser una alternativa poco costosa, la industria farmacéutica no quiere respaldarla. Se ha llegado incluso al punto de manifestarse para pedir al gobierno federal formalice su uso como tratamiento.

De seguir así y no tomar medidas pronto, corremos el riesgo de sufrir consecuencias irreversibles derivadas del consumo de esta sustancia, como ya ha ocurrido en otras partes del mundo, por ejemplo, Argentina en donde se reportó la muerte de niños relacionadas con el consumo de dióxido de cloro.

Por estas razones se vuelve necesario y urgente que se implementen campañas informativas de difusión masiva, con información clara, certera y fundamentada sobre los riesgos que implica para la salud el consumo de esta esta sustancia, así como de la falta de evidencia confiable y verificable que confirme su efectividad como remedio para tratar el Covid-19. Ante la actual crisis de salud que atravesamos, para evitar mayores daños, la información se vuelve una herramienta poderosísima en contra de acciones que dañen nuestra salud.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar campañas de información y concientización sobre los riesgos que implica para la salud el consumo de dióxido de cloro como tratamiento contra el Covid-19.

Notas

1 Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), "Dióxido de cloro y clorito". Disponible en:

https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts160.html

2 U.S. Food and Drug Administration, "Miracle Treatment turns into potent bleach". Disponible en:
https://wayback.archive-it.org/7993/20170404163509/https:/www.fda.gov/ForConsumers/
ConsumerUpdates/ucm228052.htm

3 AEMPS, "Asunto: alerta de medicamentos ilegales, N.º 5/10". Disponible en:

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/
medIlegales/2010/docs/NI_MUH_Ilegales_05-2010.pdf?x93159

4 y no hay pruebas de que curen el nuevo coronavirus". Disponible en:
https://factual.afp.com/el-mms-el-dioxido-de-cloro-o-el-clorito-de-sodio-pueden-ser-daninos-para-la-salud-y-no-hay-pruebas

5 OPS, "La OPS no recomienda tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados". Disponible en:

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52484/OPSIMSPHECOVID- 19200040_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y

6 Facultad de Química. Difusión académica, "Provoca efectos adversos a la salud el consumo de dióxido de cloro". Disponible en:

https://quimica.unam.mx/provoca-efectos-adversos-a-la-salud-el-consu mo-de-dioxido-de-cloro/

7 Cofepris, "La Cofepris Informa sobre el riesgo que representa el uso de la sustancia denominada dióxido de cloro o solución mineral Milagrosa (SMM)". Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565306/Comunicado_Di_ xido_de_Cloro.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Reyes Montiel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNPC y la Sader a emitir la declaratoria de emergencia derivada de la sequía en territorio sonorense y generar programas para atenderla, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, María Wendy Briseño Zuloaga, Marco Antonio Carbajal Miranda, Carlos Javier Lamarque Cano, Manuel López Castillo, Lorenia Iveth Valles Sampedro, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 77,78,79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que en el marco del sistema nacional de protección civil y las facultades y funciones de cada dependencia, atiendan de manera urgente la sequía que afecta a los municipios del estado de Sonora.

Consideraciones

1. Que conforme a los reportes de lluvia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el estado de Sonora, se observan una serie de retrasos en el temporal, mismo que debió empezar en julio, sin embargo, a estas alturas del año hay partes del territorio estatal que muestran retrasos severos y moderados.

2. Que en el reporte más reciente del Monitor de Sequía de México de la Conagua, publicado en los primeros días de septiembre, Sonora contabilizó 40 de sus 72 municipios con sequía, en tanto los 32 restantes se encuentran en condiciones anormalmente secas. Dicha información fue recopilada hasta el 31 de agosto del año en curso.1

3. Que las condiciones de sequía avanzaron considerablemente dado que, al terminar de julio, era únicamente un municipio con sequía moderada y, mientras que al cierre de agosto las afectaciones en el alcance del territorio ya son de un 55 por ciento.2

4. Que en los datos de Conagua, para la primera quincena de agosto se presentaron precipitaciones por debajo del promedio en gran parte del país, las más significativas se localizaron precisamente en el noroeste, norte y en la península de Baja California, lo que provocó el aumento en las áreas con sequía.

5. Que en fecha 8 de septiembre de 2020, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, del gobierno estatal, anunció de la presentación de una solicitud formal ante el gobierno federal para que se haga la declaratoria de emergencia ante la sequía presentada en el estado.

6. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 19, fracción XI, 21, 58, 59, 61 y 62 de la Ley General de Protección Civil, 26 y 30 Bis, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en diversas disposiciones “acuerdo que establece los lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden”, se establecen los mecanismos de atención ante un declaratoria de emergencia derivada por factores climáticos, como la sequía referida en el estado de Sonora.

7. Que como resultado de la falta de lluvias, los productores pecuarios de Sonora han manifestado la necesidad de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural atienda, a la brevedad, con un programa emergente mediante el cual se logren generar subsidios para el transporte y compras en volumen, que abaraten los costos de pasturas y suplementos para el óptimo desarrollo de su actividad económica.

8. Que en fecha 7 de septiembre de 2020, los promotores del presente recibimos una solicitud de atención urgente al caso de la sequía de parte de los representantes de las asociaciones ganaderas locales de “La Misa”, Empalme, Suaqui Grande, Mazatán, La Colorada, Guaymas, Mátape y Bacanora, todos del estado de Sonora.

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que se haga la declaratoria de emergencia derivada de la sequía que afecta a los municipios del estado de Sonora y de esta manera sea posible la liberación de recursos del Fondo Nacional de Desastres.

Segundo. – La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, en el ámbito de sus competencias, genere mecanismos y programas de atención emergente a los municipios y productores agrícolas y pecuarios de los municipios afectados por la sequía en el estado de Sonora.

Notas

1 Véase: https://proyectopuente.com.mx/2020/09/07/
golpea-falta-de-lluvia-a-sonora-es-la-peor-sequia-en-50-anos-denuncian-ganaderos/

2 https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de -sequia-en-mexico

Otras fuentes

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor -de-sequia-en-mexico

https://proyectopuente.com.mx/2020/09/07/
golpea-falta-de-lluvia-a-sonora-es-la-peor-sequia-en-50-anos-denuncian-ganaderos/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputados: Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, María Wendy Briseño Zuloaga, Marco Antonio Carbajal Miranda, Carlos Javier Lamarque Cano, Manuel López Castillo, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la Sader y Segalmex a no dar a conocer el precio de referencia al finalizar la cosecha, según la “Mecánica operativa del programa Precios de Garantía para Productores Medianos de Maíz” en el ciclo primavera-verano de 2020, sino cuando se entregue la cosecha de cada estado, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Absalón García Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y a Segalmex, para que el precio de referencia no lo den a conocer al finalizar la cosecha como lo indica la Mecánica Operativa del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Basicos para maíz comercializado por medianos productores, ciclo primavera-verano 2020, sino que sea cuando se realice la entrega o grueso de la cosecha de cada entidad federativa, es decir que el precio de referencia se de al inicio de la cosecha o en el mes que se entregue mayor porcentaje de cosecha en la entidad, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El programa Precios de Garantía, operado por Segalmex, tiene por objeto apoyar a los productores más pobres del campo con un precio de estímulo a las cosechas de maíz, frijol, arroz y trigo panificable.

La cobertura del programa Precios de Garantía es nacional y está focalizada hacia los productores elegibles inscritos en los padrones Proagro y Censo del Bienestar.

El programa, operado por el Organismo Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene como objetivo incentivar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios, para contribuir a mejorar su nivel de vida y aumentar la producción agropecuaria, con el propósito de alentar la autosuficiencia alimentaria del país, reduciendo las importaciones a través del establecimiento de precios de garantía en granos básicos y en leche.

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, este programa se aplicará a nivel nacional en beneficio de los productores que cumplan las condiciones de elegibilidad en maíz para consumo humano, frijol, arroz, trigo y leche.

También se ofrecerán incentivos a productores de arroz, trigo panificable y trigo cristalino.

En maíz serán considerados a beneficiar aquellos pequeños productores que sean poseedores de una superficie de hasta cinco hectáreas de temporal, quienes serán apoyados con un precio de garantía de cinco mil 610 pesos por tonelada con una compra máxima de 20 toneladas por ciclo.

Asimismo, se les otorgará un apoyo económico para flete de 150 pesos por tonelada para el recorrido parcela-centro de acopio, hasta 20 toneladas por ciclo, siempre y cuando cumplan con las normas aplicables y los criterios de elegibilidad.

En frijol serán elegibles quienes posean hasta 30 hectáreas de temporal o cinco de riego. El programa otorga un precio de garantía de 14 mil 500 pesos por tonelada, con volumen máximo de compra de 15 toneladas.

Las cosechas de maíz y frijol adquiridos por Segalmex, a través del programa, tendrán como destino prioritario atender las necesidades de abasto en las tiendas comunitarias de Diconsa. Los volúmenes remanentes serán vendidos a otros programas institucionales o al mercado abierto.

El apoyo para los productores de leche también está destinado a los pequeños (de una a 35 vacas) y medianos (de 36 a 100 vacas) productores, mismos que recibirán un precio de garantía de 8.20 pesos por litro, con volumen máximo de compra de 25 litros por vaca.

El caso de los productores de arroz y trigo panificable es diferente, ya que el país depende de su importación en un porcentaje mayor del 80 por ciento, de ahí que el programa Precios de Garantía ofrezca grandes incentivos.

El incentivo para el grano de arroz, destinado a la industria molinera nacional y para semilla, será de hasta 120 toneladas por productor. El programa otorgará la diferencia monetaria entre el precio de garantía (seis mil 120 pesos por tonelada) y el precio de mercado. También se dará un incentivo por productividad a quienes contribuyan con 180 toneladas adicionales a las primeras 120 entregadas. Ellos recibirán el 50 por ciento del incentivo.

Para el trigo harinero, el programa incentivará hasta 100 toneladas por productor. Brindará un incentivo por tonelada, resultado de la diferencia del Precio de Garantía, de 5 mil 790 pesos, y el precio de mercado referencia establecido por Segalmex. A partir de las 100.1 toneladas, el productor podrá recibir el 50 por ciento del incentivo por tonelada. En lo referente al trigo cristalino, el cual es sembrado en Baja California, Sonora, y en la región del Bajío, el incentivo será del 40 por ciento del incentivo otorgado.

Para acceder al programa Precios de Garantía los productores podrán estar inscritos en el Censo del Bienestar, el de Producción para el Bienestar o los propios que hayan sido generados por Segalmex y Liconsa, o bien, registrarse según la mecánica operativa que se dispone para cada grano.

Cabe destacar que, para el ejercicio fiscal 2020, operarán los centros de acopio actuales y los que se vayan abriendo según la oferta de grano y la disponibilidad de infraestructura.1

Sin embargo lo que pretendemos con este punto de acuerdo es que a diferencia de lo que se estipula en el numeral 10 que nos hablan de los procesos que implican la mecánica operativa y que estos serán de acuerdo a periodos definidos y comunicados oportunamente por Segalmex; dentro de esta Mecánica Operativa del Programa de Precios de Garantía a productos alimentarios básicos para maíz comercializado por medianos productores ciclo primavera-verano 2020, que a la letra dice: “10. El precio de referencia será definido por Segalmex, para cada región al finalizar la cosecha, tomando en cuenta las cotizaciones a futuro de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) a plazo marzo 2021 a través de la fórmula que Segalmex establezca. Se dará a conocer de manera oportuna vía comunicado”1 es que Segalmex, 2ontemple el precio de referencia al inicio, grueso o fecha de mayor cosecha en la entidad federativa a la que trate.

Tenemos claro que el precio de mercado de referencia será definido para cada región y su cálculo se efectuará considerando el promedio de los precios del maíz en la Bolsa de Comercio de Chicago y el promedio del tipo de cambio publicado por el Banco de México, más las bases fijadas por Segalmex, durante los primeros 15 días en que se generalice el periodo de la cosecha en cada región y la idea principal es que se haga a la fecha de mayor porcentaje de cosecha, es decir la cosecha puede iniciar en una entidad en octubre terminando en enero, pero la mayor superficie de cosecha fue entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, entonces que sea en ese periodo cuando se dé a conocer el precio de referencia y no hasta que concluya.

Sabemos que el objetivo de este programa de apoyo a medianos productores es incentivar su ingreso para contribuir a mejorar su nivel de vida y aumentar la producción agropecuaria, con el propósito de alentar la autosuficiencia alimentaria reduciendo las importaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y a Segalmex, para que el precio de referencia no lo den a conocer al finalizar la cosecha como lo indica la Mecánica Operativa del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para maíz comercializado por medianos productores, ciclo primavera-verano 2020, sino que sea cuando se realice la entrega o grueso de la cosecha de cada entidad federativa, es decir que el precio de referencia se dé al inicio de la cosecha o en el mes que se entregue mayor porcentaje de cosecha en la entidad.

Notas

1 https://www.gob.mx/agricultura/colima/articulos/se-publican-reglas-de-
operacion-2020-del-programa-precios-de-garantia-a-productos-alimentarios-basicos?idiom=
es#:~:text=El%20programa%20otorga%20un%20precio,las%20tiendas%20comunitarias%20de%20Diconsa.

2 Mecánica Operativa del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para maíz comercializado por medianos productores ciclo primavera-verano 2020.

Palacio Legislativo San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputado Absalón García Ochoa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH y diversas autoridades federales, de la FGR y de Puebla a hacer público un informe relativo al cumplimiento de la recomendación número 12VG/2018, de la CNDH, sobre lo ocurrido el 3 de mayo de 2017 en Palmarito Tochapan, Quecholac, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 79, numeral 1, fracción II, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la CNDH y a diversas autoridades del gobierno federal, de la Fiscalías General de la República y del Estado de Puebla, informe relativo al cumplimiento de la recomendación 12VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa a los hechos acaecidos el 3 de mayo de 2017, en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 3 de mayo de 2017, en el municipio de Quecholac, Puebla, se produjo un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y elementos de seguridad. El evento dejó como saldo seis civiles y cuatro militares muertos, decenas de personales lesionadas y, como consecuencia de las investigaciones, la CNDH concluyó que, tanto el Ejército como la policía estatal de Puebla incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales durante el operativo, entre las que destacan ejecuciones extrajudiciales, siembra de pruebas y falsificación de acusaciones.

Según las pruebas y testimonios recabados por la Comisión, el primer evento se llevó a cabo en un punto de extracción ilegal de combustible, en donde una patrulla de 16 militares abatió a un civil, disparándole por la espalda. La patrulla se dividió y emprendió la retirada, sin embargo, fueron perseguidos por grupos armados, causando la muerte a una mujer que no se encontraba relacionada con los hechos. Los militares se refugiaron en instalaciones de Pemex y, a su solicitud de refuerzos, fueron enviados cien militares más que se enfrentaron con presuntos huachicoleros armados en las calles del pueblo de Palmarito. Durante este enfrentamiento, los militares hirieron de muerte a un menor de edad, disparándole en la cabeza.

Momentos después, se produjo un enfrentamiento con dos tripulantes de una camioneta que agredieron a los militares, quedando muerto uno de ellos, al cual se le sembró un arma larga, según consta en la grabación de una cámara de seguridad. El segundo tripulante recibió un disparo en el rostro y también murió en el sitio. Las investigaciones señalan, en relación con este segundo tripulante que, aunque se encontraba armado, nunca disparó. Momentos después, circuló por el lugar una camioneta con dos menores de edad a bordo, sin relación con los hechos, en contra de los cuales los militares abrieron fuego, producto de lo cual se detuvo al menor de edad que conducía el vehículo. Este menor de edad detenido fue presentado a las autoridades como huachicolero y se declaró que había sido detenido en otro lugar, lo cual fue desmentido por las grabaciones. Poco después, otra camioneta transitó por el sitio y los soldados abrieron fuego, obligando a los cinco civiles que la tripulaban a descender. En este punto, la cámara de seguridad muestra que dos militares arrastraron a una de estas personas y uno de los soldados, estando boca abajo el detenido, le disparó en la cabeza.

En otros enfrentamientos sucedidos durante el mismo evento se reportaron tres civiles más heridos, incluyendo un menor de edad y se detuvo a 13 personas, incluidos 4 menores de edad más. En todos los casos de personas que fallecieron, la CNDH concluyó que la escena fue alterada y los cadáveres movidos. En sus conclusiones, la Comisión señaló que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos en contra del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.

Como consecuencia, la CNDH emitió, con fecha 18 de septiembre de 2018, las siguientes recomendaciones:

A ustedes, señores Secretario de la Defensa Nacional y Gobernador Constitucional del Estado de Puebla:

PRIMERA: En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde a MV1, MV3, V1, V2, V3, V6, V7, V8, V9 y V10, derivado de las lesiones innecesarias que sufrieron, al momento en que fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como a MV4 y V12, por la forma violenta en la que fueron impactados por un vehículo militar, una reparación integral del daño, conforme a la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección a Víctimas para el Estado de Puebla, tomando en cuenta la gravedad de los hechos, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. En un plazo no mayor a treinta días MV1, MV3, MV4, V1, V2, V3, V6, V7, V8, V9, V10 y V12, sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección a Víctimas para el Estado de Puebla, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. Se proporcione de manera conjunta a MV1, MV3, MV4, V1, V2, V3, V6, V7, V8, V9, V10 y V12, la atención médica y psicológica que requieran con el fin de que alcancen su sanación psíquica y emocional, por los daños sufridos, atendiendo a su edad y a sus especificidades de género, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

CUARTA. Se colabore ampliamente en las investigaciones ministeriales y los procedimientos administrativos que se inicien ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa, en contra de AR31, AR131, AR132, AR133, AR134 y demás servidores públicos involucrados en las lesiones innecesarias que se les infligieron a MV1, MV3, MV4, V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9, V10 y V12, durante su detención, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

QUINTA. Colaboren ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de las quejas que se formulen ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como en el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como de las denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Justicia de esa entidad federativa, en contra de AR31, AR131, AR132, AR133 y AR134, por la falta de veracidad respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron detenidos MV1 y MV3, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

SEXTA. Se colabore ampliamente en las investigaciones ministeriales y los procedimientos administrativos que se inicien ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa, en contra de los servidores públicos involucrados en por la dilación en la puesta a disposición de MV1, MV3, MV5, MV6, V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9 y V10, ante la autoridad ministerial del fuero común en Tecamachalco, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

SÉPTIMA. Colaboren ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de las quejas que se formulen ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como en el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como de las denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado, en contra de los servidores públicos que manipularon el cadáver de V14 y colocaron deliberadamente las armas largas que se relacionaron con V13 y una Persona de Identidad Reservada, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

OCTAVA. Si concluidas las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, se acreditó el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la privación de la vida de MV2, V11 y V15, así como en la lesión por proyectil de arma de fuego que sufrió V5, de manera conjunta, conforme a la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección a Víctimas para el Estado de Puebla, se reparen los daños ocasionados a los familiares de las víctimas referidas, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento, y

NOVENA. De manera conjunta, se diseñe e imparta en un término no mayor a 90 días, un curso integral a todos los servidores públicos adscritos en la Vigésimo Quinta Zona Militar en el Estado de Puebla, así como a los policías investigadores y personal de servicios periciales de la Fiscalía General, sobre los protocolos relativos a la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y la cadena de custodia, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

A usted, señor Secretario de la Defensa Nacional:

PRIMERA: En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se brinde a los familiares de V13 y V14, quienes derivado del uso excesivo de la fuerza, fueron víctimas de una ejecución arbitraria, atribuible la primera a AR54 y la segunda a un elemento del Ejército Mexicano cuya identidad no pudo ser establecida, una reparación integral del daño, conforme a la Ley General de Víctimas, tomando en cuenta la gravedad de los hechos, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se brinde a los familiares de SPV1, SPV2, SPV3 y SPV4, quienes fueron privados de la vida, así como a SPV5, SPV6, SPV7, SPV8, SPV9, SPV10, SPV11, SPV12, SPV13, SPV15, SPV16 y SPV17, servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes resultaron lesionados en el ejercicio de sus funciones, una reparación integral del daño, conforme a la Ley General de Víctimas, tomando en cuenta la gravedad de los hechos, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

TERCERA. En un plazo no mayor a treinta días, los familiares de V13, V14, SPV1, SPV2, SPV3, SPV4, así como SPV5, SPV6, SPV7, SPV8, SPV9, SPV10, SPV11, SPV12, SPV13, SPV15, SPV16 y SPV17, sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección a Víctimas para el Estado de Puebla, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

CUARTA. Se proporcione de manera conjunta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a los familiares de V13 y V14 y de SPV1, SPV2, SPV3 y SPV4, la atención psicológica y tanatológica que requieran, atendiendo a su edad y a sus especificidades de género, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

QUINTA. Se brinde a los elementos militares SPV5, SPV6, SPV7, SPV8, SPV9, SPV10, SPV11, SPV12, SPV13, SPV15, SPV16 y SPV17, la atención médica y psicológica que requieran con el fin de que alcancen su sanación psíquica y emocional, por los daños sufridos, atendiendo a su edad y a sus especificidades de género, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

SEXTA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra de AR54 y a un elemento del Ejército Mexicano cuya identidad no pudo ser establecida, quienes incurrieron en el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la ejecución arbitraria de V13 y V14, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

SÉPTIMA. Se colabore ampliamente en las investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inicien ante la Procuraduría General de la República y en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra de AR74, por la falta de veracidad en la información proporcionada para la elaboración de los informes remitidos a esta Institución, en los términos señalados en el cuerpo de la presente Recomendación, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

OCTAVA. Se incorpore copia de la presente Recomendación en los expedientes laborales de AR54 y AR74, a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

NOVENA. En un término no mayor a noventa días se impartan a los servidores públicos adscritos en la Vigésimo Quinta Zona Militar en el Estado de Puebla, cursos capacitación en materia de derechos humanos, enfocados a la prevención y erradicación de tratos y/o penas crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, al principio de inmediatez en la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad competente y cateos ilegales, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento, y

DÉCIMA. Se designe al servidor público de alto nivel que fungirá como enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación y en caso de ser sustituido, se notifique oportunamente.

A usted, señor Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República:

PRIMERA. Se continúe con la integración de las carpetas de investigación 12 y 13, radicadas la primera, con motivo de los homicidios de los militares SPV1, SPV2, y de V14, y la segunda, por los ilícitos cometidos en agravio de SPV5, SPV6, SPV7, SPV8, SPV9, SPV10, SPV11, SPV12, SPV13, SPV15, SPV16 y SPV17, a fin de que junto con las víctimas indirectas, gocen del acceso pleno a la justicia, estableciéndose las medidas necesarias para prestarles atención con calidad y calidez, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda a efecto de que dentro de la Carpeta de Investigación 9, se realicen las indagatorias a fin de determinar sí en su caso, servidores públicos se encuentran involucrados en la sustracción ilegal de hidrocarburos, en particular las autoridades de los municipios que conforman la denominada “Franja del Huachicol”, en los términos señalados en la presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. Extraer de la reserva temporal la Carpeta de Investigación 16, iniciada en contra de AR2, AR3 y AR8, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad cometido en agravio de V9 y V10, y continuar con su debida integración y determinación, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

CUARTA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, en contra de AR146 y AR147, por las irregularidades en las que incurrieron durante la integración de la Carpeta de Investigación 16, en los términos que se señaló en el cuerpo de la presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

QUINTA. Se incorporen copias de la presente Recomendación en los expedientes laborales de AR146 y AR147, a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrió, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEXTA. Se reconsidere la negativa para proporcionar copias de las diligencias que obran en las carpetas de investigación radicadas en esa instancia de procuración de justicia, relacionadas con expedientes de queja tramitados ante esta Comisión Nacional, a fin de no entorpecer la labor de esta Institución en la protección y defensa de los derechos humanos que han sido vulnerados, en particular en los casos de investigaciones por violaciones graves a derechos humanos, tomando en cuenta que, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la documentación que obra en las indagatorias respectivas, no puede ser clasificada como reservada, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

SÉPTIMA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, en contra de los servidores públicos que resulten responsables en la falta de colaboración en la investigación de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación, y se envíen las constancias que acrediten su cumplimiento.

OCTAVA. Implementar en un término no mayor a treinta días un curso de capacitación a los agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla, que con motivo de sus funciones, tengan contacto con víctimas directas e indirectas de los delitos de homicidio y abuso de autoridad, a efecto de que cuenten con los conocimientos, formación y sensibilidad requerida para brindarles un trato digno, y para que promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos humanos y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento, y

NOVENA. Designar al servidor público de alto nivel que sea enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a este Organismo Nacional.

A usted, Director General de Petróleos Mexicanos.

PRIMERA. Colabore ampliamente con la integración de las Carpetas de Investigación 1 y 5, radicadas en la Fiscalía General, con motivo de los homicidios cometidos en agravio de V11 y V15, respectivamente, a efecto de que se esclarezca la identidad de los presuntos responsables de las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas, para lo cual se deberán atender con oportunidad todos y cada uno de los requerimientos que sean formulados por la autoridad ministerial del fuero común en el Estado de Puebla, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA., Gire sus instrucciones a efecto de que en un término no mayor a treinta días las instalaciones de Petróleos Mexicanos, no sean utilizadas para resguardar personas detenidas, por su probable responsabilidad en la comisión de ilícitos relacionados con el robo de hidrocarburos, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

TERCERA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, en contra de los servidores públicos, que autorizaron y en su caso, consintieron que MV1, MV3, MV5 y MV6, V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9 y V10, permanecieran detenidos en la planta de rebombeo de dicha paraestatal en Palmarito, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

CUARTA. Sea cual fuere la resolución sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, que autorizaron y en su caso, consintieron que MV1, MV3, MV5 y MV6, V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9 y V10, permanecieran detenidos en la planta de rebombeo de PEMEX en Palmarito, en un plazo no mayor a 30 días, anexar copia de la presente Recomendación en sus expedientes laborales, a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

QUINTA. Emita en un término no mayor a treinta días, una circular en la que se instruya a todos los servidores públicos adscritos a la Gerencia de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, para en los casos en los que lleven a cabo la detención de personas en la flagrante comisión de delitos relacionados con el robo de hidrocarburos, sean puestas de manera inmediata ante la autoridad ministerial competente, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEXTA. Impartir en un término no mayor a noventa días, a todos los servidores públicos adscritos a la Gerencia de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, un curso de capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva y equidad de género, enfocado a la prevención y erradicación de detenciones arbitrarias, tratos y/o penas crueles, inhumanos o degradantes y uso excesivo de la fuerza, y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento, y

SÉPTIMA. Designar al servidor público de alto nivel que sea enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a este Organismo Nacional.

A usted señor Gobernador Constitucional del Estado de Puebla:

PRIMERA. Implementar en un plazo no mayor a 6 meses, acciones a través de políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad que imperan en la denominada “Franja del Huachicol”, en el Estado de Puebla, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Fortalecer, conjuntamente con las diversas autoridades de los Municipios de Acajete, Acatzingo, Ahuazotepec, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Esperanza, Huauchinango, Huejotzingo, Jalpan, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, Tecamachalco, Tepeaca, Tlahuapan, Tlaltenango, Xicotepec y Venustiano Carranza de esa entidad federativa, dentro del término de 6 meses, nuevos mecanismos de participación ciudadana, que permitan escuchar a la población y atender problemáticas relacionadas con los temas de desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, derecho a la educación, alimentación, salud, acceso al agua, a la vivienda digna y decorosa, al interés superior de la niñez y al mínimo vital, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

TERCERA. Coadyuvar con las autoridades municipales la denominada “Franja del Huachicol”, en el Estado de Puebla, en un lapso no mayor de 6 meses, en los procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales, para profesionalizar a sus integrantes y garantizar la debida prestación del servicio público en materia de seguridad pública, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA. Elaborar, en el término de 6 meses, en coordinación con las autoridades de los Ayuntamientos de Acajete, Acatzingo, Ahuazotepec, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Esperanza, Huauchinango, Huejotzingo, Jalpan, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, Tecamachalco, Tepeaca, Tlahuapan, Tlaltenango, Xicotepec y Venustiano Carranza, programas específicos de prevención del delito, poniendo especial atención en las zonas de dichos municipios identificadas con mayores índices de criminalidad, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

QUINTA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja que formulará ante el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en contra de AR71 y AR148, por las omisiones que se observaron en los dictámenes emitidos respecto de las lesiones que sufrieron MV1, MV3, V1, V2, V3, V7, V8 y V9, las cuales quedaron precisadas en el cuerpo de la presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEXTA. En un término no mayor a treinta días, emita una circular dirigida a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en el desempeño de su cargo, actúen atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, debiéndose abstener de llevar a cabo detenciones arbitrarias.

SÉPTIMA. Impartir en un término no mayor a 90 días, un curso de capacitación integral a todos elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en materia de derechos humanos con perspectiva y equidad de género, enfocado a la prevención y erradicación de detenciones arbitrarias, tratos y/o penas crueles, inhumanos o degradantes y uso excesivo de la fuerza, y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento.

OCTAVA. Se imparta en un plazo de tres meses a los médicos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, designados para certificar a las personas detenidas, un curso de capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva y equidad de género, así como sobre medicina forense y el “Protocolo de Estambul”, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias de cumplimiento, y

NOVENA. Designar al servidor público de alto nivel que será el enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a este Organismo Nacional.

A usted, señor Fiscal General del Estado de Puebla:

PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se continúe con la integración de las Carpetas de Investigación 1, 5 y 6, iniciadas con motivo de los homicidios cometidos en agravio de MV2, V11 y V15, respectivamente, para que se identifiquen, localicen, detengan, procesen y se sancionen a los probables responsables, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia, estableciéndose las medidas necesarias para prestarles atención con calidad y calidez, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la Visitaduría General de la Fiscalía General, en contra de AR137, por las omisiones que se observaron en la integración de las Carpetas de Investigación 1, 5 y 6, y de AR138, con motivo de la retención ilegal que sufrieron MV1, MV3, MV5 y MV6, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. Sea cual fuere la resolución sobre la responsabilidad administrativa de AR137 y AR138, en un plazo no mayor a 30 días, se deberá anexar copia de la presente Recomendación en sus expedientes laborales, a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

CUARTA. Se inicie la carpeta de investigación correspondiente en contra de AR138, por su probable responsabilidad en la comisión del delito abuso de autoridad, con motivo de la retención ilegal que sufrieron MV1, MV3, MV5 y MV6, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

QUINTA. Se instruya a quien corresponda a efecto de que las investigaciones ministeriales en las que se encuentren involucradas personas relacionadas con el robo de hidrocarburos, se integren y determinen a la brevedad, conforme a derecho, y se remitan a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.

SEXTA. Implementar en un término no mayor a 90 días, un curso de capacitación dirigido a agentes del Ministerio Público, policías investigadores y personal de servicios periciales, que con motivo de sus funciones, tengan contacto con víctimas indirectas del delito de homicidio, a efecto de que cuenten con los conocimientos, formación y sensibilidad requerida para brindarles un trato digno, y para que promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos humanos y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento, y

SÉPTIMA. Designar al servidor público de alto nivel que sea enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a este Organismo Nacional.

A usted, señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla:

PRIMERA. Colabore ampliamente con esta Comisión Nacional en la queja que se formule ante la Comisión de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en contra de AR139, AR140, AR141, AR142, AR143, AR144 y AR145, por las omisiones en que incurrieron en los dictámenes de las necropsias que les practicaron a los cadáveres de MV2, V11, V13, V14, V15, SPV1, SPV2, SPV3, SPV4 y una Persona de Identidad Reservada, las cuales quedaron precisadas en el presente documento recomendatorio, y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento.

SEGUNDA. Emita en un término no mayor a 30 días, una circular dirigida a todos los médicos forenses adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el que se les señale la importancia de su labor en el debido esclarecimiento de los homicidios perpetrados en esa entidad federativa, para que en el desempeño de su cargo, actúen atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, a efecto de que prevenir y no incurran en omisiones en los dictámenes de las necropsias que practiquen a los cadáveres de las víctimas, y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento.

TERCERA. Diseñar e impartir dentro del plazo de tres meses, un curso integral en materia de la aplicación del Protocolo Modelo de Autopsia contenido en el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento, y

CUARTA. Designar al servidor público de alto nivel que sea el enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a este Organismo Nacional.

Es indispensable que, en hechos tan graves como los que aquí se tratan, se dé seguimiento puntual al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por el Organismo Nacional de los Derechos Humanos, a dos años de su publicación, con el fin último de evitar lamentables repeticiones.

Por todo lo anterior, comprometida con el estricto respeto a los derechos humanos, pongo a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados atentamente solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, información relativa al avance en el cumplimiento por parte de las autoridades, de la Recomendación 12/VG/2018, emitida por ese organismo nacional, el 17 de septiembre de 2018.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita al secretario de la Defensa Nacional, al gobernador constitucional del estado de Puebla, al fiscal general de la República, al director general de Pemex, al fiscal general del estado de Puebla y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, informe relativo al avance en el cumplimiento de la Recomendación 12/VG/2018, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 17 de septiembre de 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 14 días del mes de septiembre de 2020.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conapesca a permitir la homologación de fecha de terminación de la veda de camarón en aguas interiores este 14 de septiembre para mantener la equidad entre los pescadores ribereños del sur de Sonora y norte de Sinaloa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Casimiro Zamora Valdez, Merary Villegas Sánchez y Eulalio Juan Ríos Fararoni, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), para que permita la homologación de fecha de terminación de la veda de camarón en aguas interiores el día 14 de septiembre del presente año, con la finalidad de mantener la equidad entre los pescadores ribereños del sur de Sonora y Norte de Sinaloa, incluyendo los sistemas lagunares de Navachiste, Topolobampo, Ohuira, Santa María, El Colorado y Agiabampo, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

I. Que el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el fundamento constitucional de la actividad pesquera, el cual señala que “corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas...”

II. Que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en el capítulo II en su artículo 22 “Del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura”, señala “a efecto de proponer programas de carácter regional, estatal y municipal para el manejo adecuado de cultivos y pesquerías que impulsen el desarrollo de la pesca y acuacultura, fortalecer las acciones de inspección y vigilancia, así como para la descentralización de programas, recursos y funciones, el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura se convertirá en un foro intersectorial de apoyo, coordinación, consulta, concertación y asesoría, que será convocado cuando menos una vez al año y será presidido por el titular de la Secretaría con la colaboración de Conapesca, que tendrá como objeto proponer las políticas, programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores productivos”.

III. Que el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), responsable de diseñar y conducir las políticas públicas de la pesca y acuacultura.

Exposición de Motivos

México es el país número 16 en cuanto a la producción de pescados y mariscos a nivel mundial, pero ciertamente, con un pequeño esfuerzo, podría situarse entre los primeros 10 lugares en relativamente poco tiempo. La pesca en México sigue siendo una actividad poco valorada. Históricamente no se ha considerado como una actividad económica prioritaria para el país. Se destinan recursos muy limitados para promoverla y se subestima su gran potencial como fuente de alimentación saludable para los mexicanos. Por ello, la gran mayoría de los cientos de miles de pescadores ribereños o de pequeña escala viven en condiciones precarias en las comunidades costeras, con un enorme rezago en cuanto a infraestructura y acceso a servicios básicos como salud, educación, agua y drenaje. La pesca ribereña simplemente no destaca1 .

La pesca constituye una importante cadena de suministro y comercio de alimentos en México. Todos los días miles de toneladas de pescados y mariscos llegan a la Central de Abastos de la Ciudad de México –el segundo mercado de productos marinos más grande del mundo–, y de ahí se distribuyen a cientos de miles de hogares, restaurantes, mercados de barrio, sobre ruedas, pescaderías y otros sitios donde se consumen productos marinos.

La gran mayoría de los pescadores y sus familias no pueden acceder a un piso mínimo de derechos humanos derivados de su condición laboral y lugar de residencia. Por ende, numerosas comunidades costeras enfrentan carencias importantes en servicios básicos como educación, salud, agua potable, drenaje y electricidad, las cuales se intensifican bajo condiciones de aislamiento geográfico de algunas comunidades remotas.

El impacto social de la pesca ribereña en México, tiene como objetivo central identificar y comprender los principales impactos socioeconómicos y socioculturales que la pesca ribereña tiene sobre las familias, las comunidades y las regiones dedicadas a esta actividad económica.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoce que la pesca ribereña puede ser un factor de cambio en numerosas comunidades costeras y desempeñar un papel clave en el combate a la pobreza, la seguridad alimentaria de las naciones, la nutrición de millones de personas y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, pero es necesario implementar reformas estructurales de fondo para alcanzar estos objetivos2 .

Los pescadores ribereños son aquellos que se dedican a la actividad de captura en cuerpos de agua interiores, bahías, sistemas lagunares o estuarios, así como en el mar hasta un límite de tres millas náuticas (5.6 kilómetros). La mayor parte de ellos, la practican en aguas costeras, lagunas y ríos con embarcaciones menores equipadas con distinto grado de tecnología, pero exclusivamente diseñadas para la captura y no para la conservación.

Un aspecto particular de las comunidades de pesca ribereña es el relativo a la estructura social productiva en torno a la actividad. En una comunidad pueden interactuar procesadores y comercializadores, así como permisionarios, esto es, los dueños de las embarcaciones, mismos que emplean a pescadores y acopian producto; pescadores organizados, quienes pertenecen a cooperativas u otra forma de organización; los pescadores empleados, quienes no poseen embarcaciones o artes de pesca y están sujetos a acuerdos; y los pescadores libres, los cuales no cuentan con permisos de pesca e incursionan en la actividad para el autoconsumo y la comercialización de forma ilegal3 .

Entre las principales fuentes generadoras de conflicto y división en las comunidades ribereñas se encuentran:

• Proliferación de la pesca ilegal, aunada a la pérdida del control sobre el recurso pesquero.

• Carrera por la pesca: la sobreexplotación de recursos y colapso de las pesquerías.

• Falta de reconocimiento de los derechos de tenencia en las comunidades.

• Debilidad organizativa al interior de las comunidades, ya que aquellas comunidades con organizaciones funcionales y con alta participación de sus integrantes, presentan menor nivel de conflictividad.

• La imposición de políticas desde la autoridad (por ejemplo, vedas o la prohibición definitiva de la actividad) sin una consulta previa a los pescadores.

• Diferencias técnicas y culturales sobre el cuidado y manejo de los recursos pesqueros.

El Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), año con año, realiza estudios de muestreo de los puntos establecidos para la flota pesquera; sin embargo, durante el presente año no se han realizaron los estudios en los sistemas lagunares de la zona centro norte de Sinaloa, y esto ha ocasionado que se retarde el levantamiento de la veda en los sistemas lagunares que son altamente productivos , lo que ocasionaría dejar a miles de pescadores ribereños y familias que radican en esa zona, sin el sustento suficiente para subsistir, ya que es la actividad principal que realizan los pescadores para alcanzar su desarrollo.

Cuando no se tiene una homologación en la terminación de la veda, es inevitable la migración e invasión de embarcaciones a los distinto sistemas lagunares, lo que provoca un agravio en detrimento de la actividad pesquera y por lo tanto en la economía de quienes tiene los derechos de las pesquerías en sus zonas.

Aunado a todo lo anterior, en el tema social, para los pescadores, es el daño que les ha ocasinado la pandemia del virus SARS Covid-19, causando grandes problemas en el sector de los productos pesqueros, como la mayoría de las industrias, tiene que lidiar con una perspectiva negativa de la demanda, así como con una serie de obstáculos para la oferta. Con el cierre de la industria de restaurantes, la demanda de los servicios de alimentos se ha evaporado, mientras que las ventas minoristas han estado marcadas por una volatilidad extrema a medida que los períodos de compras a causa del pánico son seguidos por pausas sostenidas. La demanda de productos envasados ??y congelados se ha disparado porque los hogares buscan abastecerse de alimentos no perecederos y dejan de lado las opciones de pescado fresco4 .

Lo anterior, ha dejado enormes estragos en la ecomonía y salud en los campos pesqueros; además, la gente de las zonas riibereñas esta falleciendo debido a la falta de medicamentos o por no tener los recursos para su atención médica, así como el recorte de personal que se esta presentando en las maquiladoras y empresas, por ello, para los pescadores es de suma importancia la determinacion de la fecha de cierre de veda, ya que dejarlo para finales de septiembre dejaría practicamente muy poco camarón y talla chica para las cooperatiivas ribereñas, así como irremediables repercusiones en el sector pesquero, por ello, la importancia de homologar la fecha para el día 14 de septiembre, se estaría en la posisbilidad de reactivar la economía pesquera.

El presente punto de acuerdo tiene como objetivo, apoyar estratégicamente al sector pesquero, permitiéndoles la homologación de fecha de terminación de la veda de camarón en aguas interiores el día 14 de septiembre , con la finalidad de mantener la equidad entre los pescadores ribereños del sur de Sonora y Norte de Sinaloa, ya que con ello en el sector pesquero se reducirán los efectos negativos en la pesca y migración, acelerando la reactivación económica y evitara que las zonas Ribereñas caigan en pobreza.

En mérito de lo expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, para que permita la homologación de fecha de terminación de la veda de camarón en aguas interiores el 14 de septiembre del presente año, con la finalidad de mantener la equidad entre los pescadores ribereños del sur de Sonora y norte de Sinaloa, incluyendo los sistemas lagunares de Navachiste, Topolobampo, Ohuira, Santa María, El Colorado y Agiabampo.

Notas

1 FAO, 2018, El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2018.

2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

3 http://www.ugr.es/~pwlac/G23_20Gustavo_Marin_Guardado.html

4 http://www.infopesca.org/content/covid-19-impacto-en-el-comercio-mundia l-de-pescado

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputados: Carlos Iván Ayala Bobadilla, Casimiro Zamora Valdéz, Merary Villegas Sánchez, Eulalio Juan Ríos Fararoni. (Rúbrica.)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer por la CFE un plan estratégico de condonación del pago de electricidad como medida básica durante la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputado Adolfo Torres Ramírez y las diputadas y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo para que, a través del titular de la Comisión Federal de Electricidad, establezca un Plan Estratégico de condonación del pago del servicio de energía eléctrica como una medida básica durante la pandemia del Covid-19 y no se tome la decisión de cortar la luz que suministra los hogares y negocios de los ciudadanos en todo el territorio nacional hasta que se levante la emergencia sanitaria, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La economía mundial vive una crisis sanitaria y económica sin precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente. Ante la pandemia del coronavirus (Covid-19), las economías se cierran y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas, medidas comparables a las de situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. Algunos de los mecanismos tradicionales de mercado podrían no ser suficientes para enfrentarla debido a la interrupción de las actividades productivas y la consiguiente contracción de demanda.

Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda en el ámbito económico. Esto requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse buscando preservar el bienestar de su población.

En México se han perdido aproximadamente 707 mil 555 empleos formales entre el 18 de marzo y el 28 de abril del presente año, las mayores pérdidas de empleo se dan en las grandes ciudades asimismo en los estados y municipios turísticos, las capitales industriales, los trabajos de la construcción y en los changarros o negocios informales y los hogares.

“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que en abril del presente año se perdieron 555 mil 247 empleos formales, la mayor cifra desde que hay registros disponibles.

Este dato se suma a los 198 mil 33 puestos de trabajo que se dieron de baja del 13 al 31 de marzo, según informaron el IMSS y la Secretaría del Trabajo en una conferencia mañanera del 8 de abril. De tal forma que, en total, los empleos perdidos durante las tres últimas quincenas suman 753 mil 280.

Es de mencionar que la Jornada Nacional de Sana Distancia inició el lunes 23 de marzo, no obstante, los datos revelan que las empresas comenzaron a tomar medidas antes de que iniciara el periodo de distanciamiento social.

“Como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, en abril se registra una disminución mensual de 555 mil 247 puestos, equivalente a una tasa mensual de -2.7 por ciento”, anotó el IMSS en su reporte. La pérdida de empleos es nueve veces mayor que la observada en abril de 2009, cuando se reportaron 60 mil 218 casos debido a los efectos de la influenza AH1N1.”1 .

Sumado a la “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), un instrumento demográfico que permite conocer los perfiles de empleo y desempleo de la población mexicana y que realiza el Instituto de Geografía y Estadística (Inegi), en México se reportó que en el sector informal se sumaron 11 millones 908 mil 617 personas, cifra 2 por ciento mayor al tercer trimestre del 2019”2 .

Es por lo anterior, que es imperante realizar estrategias de apoyo a la gente que menos tiene y ahora a la gente que no tiemne empleo, el gobierno tiene que ponerse los zapatos de estas personas y ser compatibles con las necesidades básicas en el cual esta primero su alimentación y salud y que preocuparse por pagar recibos de luz, agua o predio o algún otro impuesto sean materia del gobierno al establecer políticas públicas de condonación de pago de estos servicios, esto también lleva a colación que mucha gente está acatando las medidas de confinamiento y muchos no tiene aplicaciones electrónicas o como poder realizar los pagos de luz de la CFE, por eso es necesario apoyar a todas estas personas para que no se le genere acumulación de deuda o atrasos en su pagos de luz.

No se trata de un pretexto para dejar de pagar por el servicio, estamos ante una situación extraordinaria que necesita medidas extraordinarias, y la CFE que suministra el servicio de energía a 98.75 de la población en el país, puede garantizar el servicio y dispensar el pago durante esta dura etapa.

Por lo anterior se tienen que realizar acciones de rescate y ayuda para los ciudadanos y no como las declaraciones del propio titular de la CFE o declaraciones del Luis Bravo, que es el Coordinador de Comunicación Corporativa de la empresa, aseguró que la CFE no condonar pagos a personas físicas y morales, pues la contingencia no se debe ver como un pretexto para dejar de saldar el servicio eléctrico. Indicó que la CFE cuenta con una app para que las personas puedan pagar su servicio de energía eléctrica sin que salgan de sus casas, aunque los centros de atención al cliente seguirán funcionando.

Estas declaraciones y acciones no son de una empresa de prestigio mundial y socialmente responsable.

¿Cómo se puede explicar que en otro país el gobierno si ayuda a la población? tal es el caso de Bolivia que ante la emergencia de Covid-19 rebajará las tarifas de algunos servicios, entre ellos, la luz y el gas.

Actualmente, CFE tiene 40.6 millones de clientes, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de más de 5.8 por ciento, durante los últimos diez años, el uso doméstico representa el 88.57 por ciento.

Los consumidores de energía eléctrica no sólo son sujetos privados, también incluyen gobiernos, entre ellos, los municipales, los cuales aportan por concepto de alumbrado público y por consumo en edificios de su propiedad.

El informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) titulado América Latina y el Caribe ante la Pandemia de Covid-19, “destaca que los efectos de la pandemia traerán una pérdida de ingresos de 5 por ciento de la población económicamente activa, la pobreza podría aumentar 3.5 puntos porcentuales, mientras que se prevé que la pobreza extrema se incremente 2.3 puntos porcentuales. “Mayores deterioros de los ingresos implicarán aumentos aún mayores de la pobreza”.3

Seguramente habrá familias que ya no tienen los suficientes recursos para cumplir con el pago de sus servicios, ya sea porque están desempleados, sus negocios cerraron o no tienen clientela para ofrecer sus servicios. En pocas palabras comen o pagan su luz.

El gobierno federal no está haciendo absolutamente nada en este problema real, a pesar de que la gente está obedeciendo rápidamente las recomendaciones de confinamiento en sus casas y cerrar sus negocios que no son de primera necesidad para evitar el contagio, les están cortando la luz, es por eso que el presente punto de acuerdo, busca levantar la voz de miles de mexicanos que piden que durante la pandemia no corten la luz a los hogares y que sea una medida básica para ayudar a la ciudadanía.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo para que, a través del titular de la Comisión Federal de Electricidad, establezca un Plan Estratégico de condonación del pago del servicio de energía eléctrica como una medida básica durante la pandemia del Covid-19 y no se tome la decisión de cortar la luz que suministra los hogares y negocios de los ciudadanos en todo el territorio nacional hasta que se levante la emergencia sanitaria.

Notas

1 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/
se-pierden-555-mil-empleos-formales-en-abril-suman-mas-de-685-mil-contando-marzo

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/resultados_ciudades_enoe_2019_trim4.pdf

3 https://www.cepal.org/es/temas/covid-19

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INECC a conducir una investigación para aclarar si los cañones antigranizo causan daños climáticos que afecten a la agricultura, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, facción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente obvia resolución, al tenor de la siguiente

Consideraciones

La lluvia es un fenómeno meteorológico, lo cual quiere decir que depende del clima y de los efectos naturales que suceden de manera frecuente en el medio ambiente; además de ser fundamental para la calidad de vida de los seres humanos y su ausencia puede originar fácilmente que la misma se vuelva conflictiva debido a la falta de hidratación en los suelos.

Esta forma parte del ciclo natural del agua y cumple una función primordial; además de ser un factor de producción esencial en los cultivos y el ganado.

Dentro de este ciclo del agua se encuentra la lluvia congelada, esta cae sobre la tierra en forma de trozos de hielo. Los daños que causa a la agricultura han obligado a que los productores a buscar los mecanismos que ayuden a mitigar las pérdidas.1

Los mecanismos tecnológicos que utilizan algunos productores para mitigar sus pérdidas, son los cañones antigranizo o cañones granífugos; estos generan ondas de choque mediante explosiones producidas por la ignición de una mezcla de gas acetileno y oxígeno. Dichas frecuencias, se desplazan a la velocidad del sonido, son dirigidas hacia las nubes con objetivo de eliminar la caída de granizo y evitar los daños a las cosechas.2

El investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), José Juan Zamorano Mendoza, aseveró que estas tecnologías se ocupan muchas veces sin conocimiento de lo que ocurre en la atmósfera, indica que la temperatura a cero grados es lo que permite que surja el granizo y de esta manera comienza la formación de nubes con partículas de agua; el daño que ocasiona los cañones genera la dispersión de nubes, provocando que deje de llover en la zona, provoca un deterioro al ciclo natural y al medio ambiente.

El uso de estos cañones es una de las técnicas de modificación climática, entre las que se cuentan también la siembra de nubes o el control de huracanes.

Son considerados tóxicos, ya que contienen gas acetileno, yoduro de plata y nitrato de plata; sustancias que representan un riesgo en la salud y la ecología por su nivel de toxicidad, han sido utilizados por los agricultores para ahuyentar la presencia de granizo en las lluvias.3

El gas acetileno es un gas altamente inflamable e inestable que reacciona químicamente ante cualquier agresión como puede ser; elevando su presión o elevando su temperatura, cuando está presente en el aire en cantidades suficientes para diluir la concentración de oxígeno, causa síntomas como dolores de cabeza, mareos, falta de respiración y pérdida del conocimiento.4

Por su parte el yoduro de plata es conocido como un compuesto químico muy peligroso para la salud y la ecología, catalogado tóxico en los organismos acuáticos, con efecto nocivos de largo plazo, aunque todo depende de la cantidad de plata y la intensidad de su uso. No obstante su insolubilidad en agua, podría tener un comportamiento de acumulación en el ambiente con el paso del tiempo.5

Asimismo, el nitrato de plata, también conocido con el nombre de “piedra infernal”, aunque es inodoro es ligeramente tóxico y se categoriza como corrosivo, peligroso para el medioambiente y la salud, debido a que puede generar quemaduras cutáneas y alteraciones en la córnea, además de la provocación de vómito. Al igual que el yoduro de plata, el nitrato es dañino en los organismos acuáticos y se recomienda no mezclar con acetileno y cualquier sustancia inflamable.

Estos instrumentos ocasionan la pérdida de la diversidad alimentaria, así como efectos devastadores del cambio climático, al provocar modificaciones en el ecosistema y alteración de los fenómenos meteorológicos, teniendo un impacto significativo en la agricultura. De Igual modo, la calidad de vida de las personas expuestas a los contaminantes provoca consecuencias en la salud auditiva, física y mental.

Desde hace algunos años ha existido una constante preocupación de los agricultores a nivel nacional, debido a la utilización de cañones antigranizo con la intención de evitar las lluvias en ciertos sembradíos, lo que crea un conflicto social entre productores de comunidades aledañas donde son utilizados estos cañones, ya que genera daños en su cosecha. Dentro de los estados se encuentran los siguientes:

Puebla: Agricultores de la región denuncian que algunos hacendados utilizan cañones antigranizo, afectando a los cultivadores de esta entidad, ganaderos y comerciantes, ya que la principal fuente de economía es la agricultura.

Jalisco: Al sur de Jalisco, los productores de aguacate utilizan este mecanismo; sin embargo, en dicha entidad existen aproximadamente 2 mil hectáreas que son utilizadas por productores de cultivos, tales como sorgo o maíz, quienes dependen única y exclusivamente de las precipitaciones de temporal para el logro de sus cosechas, lo que ocasiona esta práctica son los malos temporales de lluvia.

Colima : Los agricultores de invernaderos han ahuyentado las lluvias en el norte del estado por medio de esta técnica, provocado afectaciones a agricultores de arroz y caña, así como a ganaderos.

Debido a esta situación, diversos sectores de la población, como agricultores, ejidatarios, ganaderos, grupos ambientalistas y ciudadanía, en general, que de manera organizada se han manifestado en contra del uso de los sistemas antigranizo.

Por esta razón es fundamental realizar una investigación que nos ayude a verificar si la utilización de estos métodos de mitigación (cañón antigranizo) dañan al medio ambiente, utilizados para mitigar las consecuencias ocasionadas por fenómenos hidrometereológicos. De tal manera que es necesario darle certeza científica a la ciudadanía de que se están sufriendo daños a consecuencia del uso de estas tecnologías y si estas generaran daño a las cosechas.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a realizar una investigación en la que se aclare si las tecnologías de dispersión de nubes (cañones antigranizo) causan daños en el ámbito climatológico que pueda impactar negativamente a la agricultura.

Notas

1 Los cañones anti granizo [en línea] [fecha de consulta: 30 de abril de 2020] Disponible en

http://es.geoengineeringmonitor.org/2016/02/los-canones- anti-granizo/

2 "Opinión sobre la efectividad de los cañones antigranizo" [en línea] [fecha de consulta: 30 de abril de 2020] Disponible en https://saberesyciencias.com.mx/2018/09/12/opinion-la-efectividad-los-c anones-antigranizo/

3 El Heraldo, Cañones contra el granizo son un riesgo para la salud [en línea] [fecha de consulta 30 abril 2020] disponible en https://www.google.com/amp/s/www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/cano nes-contra-el-granizo-son-un-riesgo-para-la-salud-1751722.html/amp

4 Ibídem.

5 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 14 de septiembre de 2020.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a replantear por diversas secretarías de Estado el documento Movilidad 4s para México y dotarlo de presupuesto para activar sus cuatro ejes en materia de salud, seguridad, sustentabilidad y solidaridad, así como de las 12 estrategias previstas con objeto de enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19, a cargo del diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputado Adolfo Torres Ramírez y diputadas y diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que a través de los titulares de las Secretarías de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Seguridad Ciudadana; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, replanten el documento “Movilidad 4s para México”, asimismo lo doten de presupuesto para activar sus cuatro ejes en materia de salud, seguridad, sustentabilidad y solidaridad, así como de las 12 estrategias que se contemplan, para hacer frente al marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Para que la movilidad sea auto sustentable y que sea realidad, es imperante la participación de los acuerdos y lineamientos internacionales mediante la armonización de instrumentos internacionales en la legislación de los países y en la intrumentación de las políticas pública.

Por ello se desarrolló la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción que nace del compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad.

En el año 2000 los países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015. Al terminar el periodo de cumplimiento de esos ODM, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU estableció un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático. Tal día se produjo un acontecimiento histórico, los 193 Estados miembros de todo el mundo se comprometieron a adoptar la Agenda 2030, un programa impulsado por la ONU que forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que aborda 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su vez se disgregan en 169 metas por alcanzar.

La Agenda 2030 es un llamado a la acción global durante los siguientes 15 años. Los países que forman las Naciones Unidas se comprometen a movilizar los medios necesarios para la implementación de los Objetivos, mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Me quiero referir a la movilidad, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, “el transporte proporciona un entorno crítico que permite apoyar el desarrollo económico y social necesario para alcanzar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Tener una perspectiva a largo plazo que se centre en la sostenibilidad es un factor decisivo en el futuro de la movilidad, por ello, la Organizacioìn de las Naciones Unidas ha venido recomendado a nivel internacional desde hace unos años, una agenda para el desarrollo sostenible e impulsando el cambio de paradigma en la planificación urbana hacia un concepto de movilidad sustentable como

Transporte sostenible

132. Observamos que el transporte y la movilidad son esenciales para el desarrollo sostenible. El transporte sostenible puede intensificar el crecimiento econoìmico y mejorar el acceso. Con el transporte sostenible se logra una mejor integracioìn de la economiìa a la vez que se respeta el medio ambiente. Reconocemos la importancia de la circulacioìn eficiente de personas y mercanciìas y del acceso a sistemas de transporte ambientalmente racionales, seguros y asequibles como medios de mejorar la equidad social, la salud, la resiliencia de las ciudades, los viìnculos entre las zonas urbanas y las rurales y la productividad de las zonas rurales. Asiì pues, tenemos en cuenta que la seguridad vial forma parte de nuestros esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible.

133. Apoyamos el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles, entre ellos los sistemas de transporte multimodal que sean eficientes desde el punto de vista energeìtico, en particular sistemas de transporte puìblico, combustibles y vehiìculos no contaminantes, asiì como sistemas de transporte mejorados en las zonas rurales. Reconocemos que con miras a promover el desarrollo sostenible es necesario impulsar un enfoque integrado de la formulacioìn de poliìticas sobre los servicios y sistemas de transporte en los planos nacional, regional y local. Reconocemos tambieìn que al establecer sistemas de transporte de traìnsito sostenibles se deben tener en cuenta las necesidades especiales de desarrollo de los países en desarrollo”.1

La agenda 2030 recomienda lo siguiente:

“Primero , que el sector no siga aplicando un enfoque fragmentado.

Segundo , es necesario definir claramente los objetivos que sustentan la movilidad sostenible, partiendo de los objetivos y metas de desarrollo sostenible de la agenda 2030 para definir las cuatro metas mundiales:

1) acceso equitativo;

2) seguridad y protección;

3) eficiencia; y

4) contaminación y capacidad de respuesta a problemas climáticos.

Tercero , se debe transformar radicalmente la evaluación económica actual de los proyectos de transporte. Integrando otras dimensiones de la sostenibilidad, como la seguridad, las características ecológicas y la inclusión, estos puntos modificaran el costo.

Por lo antes mencionado, México ha tenido grades retos y desafios en el tema de movilidad, por su compleja geografia y numero de habitantes el cual demanda una estrategia, planeación y presupuesto”.2

En este orden de ideas, el problema de la movilida en México se acentúa ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, el gobierno federal se encuentra con atender un problema que se dejó de lado por muchos años y que la actual administracion del presidente López Obrador dejó sin recursos al eliminar el programa de zonas metropolitanas, ahora con el llamado “nuevo regreso” a nuestras actividades cotidianas no pueden ser los mismos habitos de movilidad que las personas estaban acostumbrados. Esto nos lleva a un contexto de salud pública en el tema de movilidad, mediante la adopción de protocolos de salud que faciliten la movilidad cotidiana, coadyuven al bienestar de todas las personas garantizando el acceso a los servicios y mejoren la distribución de mercancías, reduciendo con ello el riesgo de contagio de Covid-19 en las grandes ciudades y zonas metropolitanas, y la afectación al medio ambiente. Transitar de la movilidad restringida a una que se haga de la manera más segura, incluyente, accesible y resiliente.

Por ende, el gobierno federal emite el documento Movilidad 4s para México, “elaborado por el gobierno federal en colaboración con la Secretaría de Salud (Ssa), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, se desarrolló con el objetivo de proponer una respuesta integral ante las necesidades de movilidad de personas y mercancías durante la reactivación escalonada posterior a la emergencia sanitaria, así como para impulsar la preparación de protocolos en la materia para prevenir futuros desafíos.

Este documento propone cuatro ejes rectores que derivan en 12 estrategias y 7 metas, acompañados de una batería de indicadores para medir de forma objetiva los resultados de cada estrategia y contar así con una herramienta con la cual sea posible ajustar y adaptar cada medida a las necesidades de cada entidad federativa y municipio del país”3

Las metas son salud, seguridad, sustentabilidad y solidaridad. De éstas derivan las doce acciones a continuación citaré tal y como lo plasma el documento mencionado.

En materia de salud:

• Sanitizar continuamente el transporte público (TP).

• Uso de tecnologías para gestionar los servicios.

• Señalizar para sana distancia.

• Distribuir cubrebocas.

• Ampliar espacios peatonales para sana distancia.

• Implementar ciclovías emergentes.

• Instalar biciestacionamientos.

• Habilitar micromovilidad compartida.

• Facilitar bicicletas a personal de salud.

• Establecer apoyos a compra y reparación de bicis.

• Implementar vías recreativas con sana distancia.

En materia de sustentabilidad:

• Monitorear calidad del aire.

• Mantener control de emisiones vehiculares.

• Mantener programas de restricción vehicular.

• Coordinar ocupación reducida en transporte público.

• Monitorear niveles de movilidad.

• Ofrecer información sobre cambios y cupos en el TP.

En materia de seguridad:

• Reducción del tránsito en vías principales.

• Peatonalizar y establecer supermanzanas.

• Implementar controles de velocidad.

• Reducir límites de velocidad.

• Sancionar uso seguro de motocicletas.

• Conectar servicios de transporte y sanitarios.

• Reducir riesgos a peatones en cruces de alta demanda.

• Reducir riesgos en infraestructura vial.

En materia de solidaridad:

• Carriles exclusivos para TP.

• Priorización semafórica de TP.

• Gestión y conversión de zonas de estacionamiento.

• Incentivos para logística en bicicleta.

• Reasignar espacios de estacionamiento para micromovilidad.

• Ampliación de espacios de servicio sobre tráfico vehicular.

Por lo antes dicho, he analizado el documento con un grupo de expertos en la materia y hemos llegado a que la intención es buena, pero lamentablemente son estrategias que desde su planteamiento no contienen presupuesto inyectado por el gobierno federal y esto vislumbra un claro fracaso de los cuatro ejes rectores, esto porque toda la carga presupuestal la transfieren a los estados y municipios lo cual es absurdo y más aún por la eliminación de los apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad y de salud, así como para la consolidación de reservas urbanas, el Fondo Metropolitano o la desaparición de los fideicomisos sin estructura orgánica como el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados y con la propuesta del paquete fiscal que entregó el pasado 8 de septiembre el ejecutivo donde observamos que a los estados y municipios en su mayoría no aumenta su presupuesto y en otros se disminuye en términos reales.

El documento Movilidad 4s para México: saludable, segura, sustentable y solidaria, plan de movilidad para una nueva normalidad, en su pagina 33, en su apartado de “Financiamiento las recomendaciones contenidas en este plan no cuentan con un financiamiento específico, pero la gran mayoría de ellas pueden financiarse a través de los presupuestos aprobados para infraestructura y proyectos viales, movilidad, transporte público, espacio público, salud, inclusión social y equidad, de los municipios y de las entidades federativas.

Se propone también, la elaboración de proyectos integrales acordes a los criterios del Fondo Metropolitano para su aplicación, contemplando implementaciones permanentes enfocadas en cumplir con los objetivos de este plan”.4

Es por lo antes mencionado, que el espíritu de este punto de acuerdo, se le dote de presupuesto “4S” por parte del gobierno federal, con la finalidad de que sea viable y congruente ya que no puede tener una carga presupuestal extra a los estados y municipios o que el gobierno replante otra forma de implementación de los ejes propuestos.

En esta tesitura, quiero agregar las siguientes observaciones en los cuatro ejes.

Estrategia 1: Garantizar vehículos limpios y sana distancia en el transporte público de pasajeros sanitización de unidades. Se plantea que los gastos que esto ocasiones puedan ser deducibles de impuestos, al parecer se ignora que la realidad de muchos operarios del transporte público es a partir de las concesiones, que pagan o rentan por día y cuyos gastos de combustible y mantenimiento, los debe cubrir el operario. En este contexto, se debe garantizar que dichas medidas no impacten el costo del pasaje.

Distanciamiento físico e implementos de seguridad para operarios y usuarios

En el mismo sentido que el anterior, el operario del microbús, taxi o camión en la mayoría de las ciudades busca su rentabilidad al transportar la mayor cantidad de pasajeros, en este sentido, la estrategia planteada es inoperante, pues impactaría significativamente el ingreso de los operarios, así como de los concesionarios del transporte público. Además de que en las concesiones no se establece la obligatoriedad de atender este tipo de disposiciones.

Estrategia 2: Ampliación de infraestructura peatonal y áreas públicas

Banquetas amplias, entornos de bajo estrés y cruces con sana distancia

Sin duda que esta estrategia debería de ser prioritaria y urgente, pues implica no sólo la ampliación de áreas peatonales de circulación, sino la reubicación de mobiliario e infraestructura que obstaculiza el tráfico peatonal. No se cree que se haya dimensionado las implicaciones de tal medida, además de que implica necesariamente una reducción del área de circulación vehicular o de estacionamiento, lo que propiciaría necesariamente congestión vehicular y más contaminación ambiental.

Estrategia 3: Infraestructura ciclista de rápida implementación y mecanismos de promoción al uso de la bicicleta

Ciclovías emergentes, bicicletas para todos y educación ciclista

La instrumentación de ciclovías de un ancho mínimo de 2 metros en vialidades primarias, implica necesariamente la reducción de la capacidad vehicular, además de la disminución de velocidad del trayecto, por cuestiones de seguridad. Lo más recomendable es seleccionar vialidades de menor jerarquía para el tránsito de bicicletas, pues las vialidades primarias se han diseñado para grandes distancias que superan los traslados promedio de quienes usan las bicicletas.

Estrategia 4: Gestión de velocidad vehicular

Vías primarias, adecuación a velocidad de 50 km/h, vías secundarias, adecuación a velocidad de 30 km/h máximo, zonas de tránsito limitado para calles peatonales o ciclistas y vías recreativas, en fines de semana.

Se considera sumamente difícil, pues esto incrementaría significativamente los tiempos de traslado, ya de por si significativos, que millones de personas invierten día con día en su traslado a escuelas o trabajo. Además, nuevamente, se ignora la diversidad de la realidad en las ciudades en México, pues muchas de estas vialidades primarias, son las únicas que permiten el traslado desde una zona a otra de la ciudad.

Ya se realizan, pero no se ha registrado que esto contribuya a disminuir la propagación del virus.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que a través de los titulares de las Secretarías de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Seguridad Ciudadana; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, replanten el documento “Movilidad 4s para México”, asimismo lo doten de presupuesto para activar sus cuatro ejes en materia de salud, seguridad, sustentabilidad y solidaridad, así como de las 12 estrategias que se contemplan, para hacer frente al marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Notas

1 https://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/el-contexto-internaciona l-de-la-movilidad-urbana-sustentable

2 Loc. Cit.

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558043/ESTRATEGIA_M4S.pdf

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558043/ESTRATEGIA_M4S.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, a reconsiderar el incremento generalizado de impuestos municipales, licencias de construcción y servicios de agua potable, así como a todas las alcaldías de la república a ser consideradas y sensibles ante la crisis económica y necesidad de acceso al líquido debido a la pandemia del coronavirus, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura , integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar respetuosamente al municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco a reconsiderar el alza en los impuestos municipales y otras contribuciones, así como a todos los municipios y alcaldías de la República Mexicana a considerar y ser sensibles ante la situación de crisis económica y necesidad de acceso al agua debido a la pandemia generada por el coronavirus, al aprobar las tasas que aplicarán a sus impuestos y otras contribuciones municipales en sus Leyes de Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2021. De igual manera, se conmina a los congresos locales del país, a que, al momento de aprobar las Leyes de Ingresos municipales, se garantice que las tarifas municipales no se incrementen por encima de la inflación.

Consideraciones

La pandemia causada por el virus SARS-CoV2 ha generado diversas complicaciones a nivel nacional e internacional, que nos ha obligado a modificar muchos aspectos de nuestras vidas, y principalmente ha afectado la economía en todos los niveles: mundial, nacional, subnacional y la familiar como su unidad más pequeña.

Es importante señalar que ésta llegó en un momento de desaceleración económica para el mundo y sobre todo para nuestro país. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) el producto interno bruto (PIB) en 2020 a nivel Mundial se contraerá en 4.9 por ciento. En nuestro país las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China afectaron el crecimiento durante 2019 dejándonos con una caída en la actividad económica en el primer trimestre de 2020 de 1.2 por ciento; en este escenario es como inicia la pandemia1 . De acuerdo con la estimación oportuna del PIB presentada por el Inegi, se puede observar que entre abril y junio el PIB tuvo un decrecimiento de 17.3 por ciento en términos reales, donde las actividades secundarias fueron las más afectadas2 .

Asimismo las estimaciones a nivel mundial observadas por la Organización Mundial del Trabajo (OIT) para finales de abril del presente año señalan que la pandemia había afectado a cerca de 2 mil 700 millones de trabajadores, es decir 81 por ciento del total de la fuerza de trabajo3 . La situación económica de las familias en nuestro país no fue diferente dado que se vio afectada debido al crecimiento de las tasas de desocupación. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) calculaba que durante el primer trimestre de 2020 había cerca de 2 millones de personas desocupadas4 . De acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), realizada por el Inegi entre los meses de abril, mayo y junio la población desocupada creció al doble con 3 millones 382 mil personas que no contaban o se quedaron sin empleo en el primer semestre del año5 .

Ante lo anterior, los gobiernos han tenido que implementar diversos mecanismos a fin de poder mantener a flote sus finanzas públicas. Algunos han implementado programas económicos contra cíclicos que consisten en expansión del gasto con recursos obtenidos con años de ahorro o mediante la adquisición de deuda y la disminución temporal de los impuestos y las tasas de interés a fin de reactivar las economías. Este tipo de políticas pretenden incentivar el consumo que se puede ver deprimido por diversos factores que están sucediendo en la economía en ese momento.

En el caso mexicano hemos visto una política donde se ha incrementado el gasto en los sectores más vulnerables a través de transferencias directas por medio de los programas sociales o con la entrega de microcréditos a negocios formales e informales, no se han condonado impuestos y se ha mantenido la recaudación de los grandes contribuyentes.

A nivel federal se está intentando un sacrificio presupuestal con la eliminación de erogaciones superfluas e innecesarias y cada uno de los gastos del gobierno exige sumo cuidado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera señaló ante diputados, el viernes 28 de agosto, que nuestro país pasará por la crisis económica más fuerte desde 1932. Por ello llamó a aprender a vivir con el Covid y a comenzar a ajustar la economía y las finanzas a los tiempos actuale61 , esto significaría hacer más eficientes los gastos públicos.

La austeridad es un imperativo ante la crisis sanitaria en que nos encontramos, y lo será también en los próximos años debido a los efectos que dejará en la economía. Es por ello que todos los órdenes de gobierno debemos de asumir con responsabilidad el ejercicio de los recursos públicos, no sobra el recordar que de acuerdo al artículo 25 constitucional es responsabilidad del Estado el velar por las finanzas y coadyuvar a la creación de condiciones que detonen crecimiento económico y el empleo.

No se pueden crear condiciones de crecimiento y empleo sin servicios básicos por lo cual el Estado, ha delegado al municipio en el pasado la responsabilidad de proveerlos y esto se encuentra consagrado en el artículo 115 constitucional. Este otorga las funciones de provisión de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos, mercados y centrales de abastos, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento, así como la seguridad pública dentro de los márgenes que otorga el artículo 217 . Para ello el mismo artículo 115 faculta a los municipios a manejar su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenecen, contribuciones, participaciones e ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo.

El pasado 21 de agosto en sesión extraordinaria el pleno del ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco decidió incrementar en lo general 5 por ciento de los impuestos municipales, 30 por ciento el costo de las licencias de construcción y 10 por ciento el servicio de agua potable en su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021.

Es importante resaltar que previas a las condiciones generadas por la pandemia, el municipio ya contaba con conflictos generados por los problemas estructurales que existen en el país, según los datos del Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco (IIEGJ), para 2015 el municipio tenía 105 mil 410 habitantes de los cuales 35 por ciento se encontraba en situación de pobreza multidimensional, 7.2 por ciento de ellos tenía carencia en la calidad y espacios de la vivienda, y 2.6 por ciento con acceso deficiente a servicios básicos de la vivienda8 .

Con lo cual, ante estos incrementos, no sólo las personas con carencias se verán imposibilitadas para mejorar su calidad de vida, sino que tal como lo señala el Colegio de Arquitectos del Sur del estado de Jalisco, AC, refiriéndose al incremento de 30 por ciento en los permisos de construcción, el aumento tan superior a la inflación, entorpecerá la reactivación económica que le urge al municipio, la región y el estado9 .

El municipio tiene la libertad de gravar los servicios públicos de acuerdo con lo que considere correcto, e incrementar los impuestos que por ley puede cobrar a la población; en una situación de crisis generalizada no está prohibido por nuestra ley, sin embargo, esto puede verse como una medida insensible ante las carencias existentes por los problemas añejos en el país y crecientes debido a la pandemia.

Siempre será para todos los gobiernos una tentación incrementar las contribuciones y trasladar el costo de las crisis a los ciudadanos, sin embargo, nuestro país y la coyuntura económica y social, exigen más a los gobiernos en sus 3 niveles; se deben hacer los esfuerzos extraordinarios para demostrar la eficacia para administrar los recursos de manera prudente.

Es por ello por lo que se somete a consideración la presente, con el fin de solicitar respetuosamente al gobierno municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco reconsidere el aumento generalizado del 5% a los impuestos municipales, 30 porciento al costo de las licencias de construcción y 10% a los servicios de provisión de agua potable y se le conmina a revisar puntualmente sus egresos y eliminar cualquier gasto innecesario, para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.

Asimismo se exhorta a los municipios y alcaldías del país a solidarizarse con la ciudadanía y evitar caer en la tentación de incrementar de forma excesiva, las tarifas de cobro sobre las que obtienen sus ingresos, con especial énfasis en aquellas que, relacionadas con los servicios de dotación de agua, de gran importancia para mantener las medidas sanitarias durante la pandemia.

Es por lo expuesto que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco a reconsiderar el incremento de los impuestos municipales para el ejercicio de 2021, licencias de construcción y costos del servicio de agua potable, dado que afectarán de forma negativa la economía de las familias zapotlenses, así como su acceso al agua para mantener las medidas sanitarias y que en ningún caso superen la inflación; así mismo se le recomienda hacer una revisión puntual de sus gastos y ajustarlos a estos tiempos de austeridad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los todos los Municipios y Alcaldías de la República Mexicana a considerar la coyuntura económica y sanitaria nacional provocada los efectos de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 a la hora de fijar las tasas a sus impuestos y otras contribuciones municipales en sus Leyes de Ingresos para el próximo ejercicio fiscal, con el fin de que en ningún caso aumenten sus tarifas por encima de la inflación.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los congresos locales de la República Mexicana, a que contribuyan a garantizar el acceso al agua para mantener las medidas sanitarias debido a la pandemia, evitando que superen la inflación los incrementos a las tarifas que apliquen los ayuntamientos en sus Leyes de Ingresos para 2021, al momento de su aprobación ante sus respectivos plenos.

Notas

1 Secretaria de Hacienda y Crédito Público (2020), Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Segundo Trimestre, recuperado de :

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas _Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

2 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2020) Estimación oportuna del Producto Interno Bruto en México durante el segundo trimestre de 2020, recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2020/pib_eo/pib_eo2020_07.pdf

3 Organización Internacional del Trabajo (2020) Observatorio de la OIT: EL COVID 19 y el mundo del trabajo. Segunda edición. Estimaciones actualizadas y análisis, recuperado de : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---comm/documents /briefingnote/wcms_740981.pdf

4 Inegi (2020) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2020, recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.h tml#Tabulados

5 Inegi (2020) Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (2020), recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/investigacion/etoe/default.html #Microdatos

6 Garduño, R , Méndez, E . en 2021, México vivirá "la crisis más fuerte desde 1932": Arturo Herrera, La jornada, recuperado de : https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/29/en-2021-mexico-v ivira-la-crisis-mas-fuerte-desde-1932-arturo-herrera-1376.html

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 115.

8 Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (2019) Zapotlán el Grande Diagnostico del municipio marzo 2019, recuperado del:

https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2019/06/Zapotl %C3%A1n-El-Grande.pdf

9 Rodríguez Lauro, Alza de Impuestos en Zapotlán, en contra de reactivación económica: arquitectos, El Suspicaz, recuperado de: https://elsuspicaz.com/alza-a-impuestos-en-zapotlan-en-contra-de-reacti vacion-economica-arquitectos/

Palacio Legislativo San Lázaro,
a 14 de septiembre del 2020.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer por la Semarnat, la SHCP y la Sener planes de recuperación económica con soluciones climáticas integradas por el Covid-19 en los sectores prioritarios del país, a cargo del diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputado Adolfo Torres Ramírez y las diputadas y los diputados, pertenecientes a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, establezcan planes de recuperación económica con soluciones climáticas integradas por el Covid-19 en los sectores prioritarios en el país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente. Ante la pandemia de la enfermedad por el coronavirus (Covid-19), las economías se cierran y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas, medidas comparables a las de situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. Algunos de los mecanismos tradicionales de mercado podrían no ser suficientes para enfrentarla debido a la interrupción de las actividades productivas y la consiguiente contracción de demanda.

El Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda en el ámbito económico. Esto requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las capacidades productivas de cada país, buscando preservar las capacidades instaladas.

El nuevo escenario global que genero el Covid-19, hace que sea imperante tomar medidas urgentes y evaluar los impactos de estas acciones. Para apoyar el seguimiento y monitoreo del progreso a mediano y largo plazo y en respuesta a la solicitud hecha por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha desarrollado un Observatorio, el cual consiste en recopila y pone a disposición tanto las políticas públicas que los 33 países de la región latinoamericana y caribeña están tomando para limitar el impacto de la pandemia de Covid-19, como el análisis de los impactos económicos y sociales que éstas van a tener a nivel nacional y sectorial, México entra en este estudio el cual es pertinente tomar en cuenta para poder salir adelante en esta crisis económica.

Es por lo antes meciendo que “los efectos del Covid-19 agravan las ya débiles perspectivas del comercio exterior de América Latina y el Caribe. El acuerdo de “fase 1” entre los Estados Unidos y China celebrado en enero, en el que China se comprometió a aumentar sus importaciones de bienes y servicios de los Estados Unidos por lo menos en 77.000 millones de dólares en 20201 , puede desplazar las exportaciones latinoamericanas y caribeñas a China en las mismas categorías de productos. Junto con la marcada caída de los precios del petróleo ya mencionada, el Covid-19 llevará a una contracción del comercio internacional para la región en términos de valor y de volumen, a través de su impacto directo en la región y a través de sus socios comerciales.

Se estima el impacto del Covid-19 en las exportaciones de la región. Se suponen diferentes tasas de crecimiento del producto interno bruro en sus principales socios comerciales y diferentes reducciones de los precios en las exportaciones de esta. Se estima que el valor de las exportaciones de la región caerá por lo menos 10.7 por ciento en 2020. La mayor parte de la reducción del valor de las exportaciones corresponde a la caída de sus precios, estimada en 8.2 por ciento; además, se espera que el volumen exportado registre una contracción de 2.5 por ciento”1 .

“Una vez que Estados de América Latina y el Caribe hayan superado la emergencia sanitaria, la región se enfrentará a un período de contracción económica. La necesidad de responder rápidamente para evitar una grave crisis económica puede ser un argumento de peso para hacer caso omiso de las consideraciones climáticas. Sin embargo, si éstas no se integran, la recuperación empujará a la región por un camino con efectos aún más dramáticos que los del Covid-19.

La incorporación de soluciones sostenibles y a prueba del clima nunca ha sido más importante que ahora para mejorar el impacto que dejo la cuarentena sanitaria en las sociedades, y de estar preparados de la mejor manera posible para el futuro. Los países deberían integrar la sostenibilidad en sus planes de recuperación post-Covid-19”.2

Por ende, los temas ambientales se encuentran en riesgo “así como los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, al tener un fuerte impacto el Cobid-19 en la Agenda 2030 es algo que tanto Naciones Unidas como otros expertos en desarrollo sostenible vaticinan con seguridad”31

Es por lo anterior, los impactos podrán ser negativos, como es el caso del cambio climático, como al detrimento de la salud comunitaria y al incremento de las desigualdades debido a la desaceleración económica mundial. Ésta última, en especial, podría poner en riesgo la aplicación de los programas nacionales de desarrollo sostenible y del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

En esta Década en que la Acción en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se encuentra ante una crisis económica y sanitaria que marcará un punto de inflexión para la Agenda 2030. De nosotros depende dirigir nuestros esfuerzos para que sea un repunte hacia el mundo que queremos o un punto de no retorno.

Es por lo anterior que la conservación del medio ambiente abre un nuevo campo de trabajo ante la citación que atraviesa el país en el cual ha registrado la pérdida de los trabajo se podría compensar con el empleo generado a través de la implementación de un modelo de economía circular y sostenible, con el que se podría generar un beneficio económico invirtiendo en el ámbito de las energías renovables, en la que podría ser una de las fuentes de empleo.

No debemos olvidar que para la transición hacia estos modelos de producción sostenible es necesaria la actuación de las administraciones públicas y el apoyo de una estrategia de desarrollo sostenible a nivel nacional que contemple medidas y ayudas para las empresas que decidan apostar por ellas.

Por lo expuesto, el espíritu de este punto de acuerdo es que el Estado debe de integrar una política pública con enfoque sostenible en sus planes de recuperación para hacer que sus sociedades sean más consiente en los temas sustentables y amigables con el medio ambiente y con el potencial de impulsar la economía de nuestro país y crear nuevas oportunidades de empleo.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional expone las acciones en cinco áreas de gran repercusión y que pueden dar lugar a enormes oportunidades económicas y de empleo en México:

1. Intensificar el despliegue de energías renovables y la eficiencia energética :

Es de conocimiento que se publicó en el DOF: 07/02/2020, el acuerdo por el que la Secretaría de Energía aprueba y publica la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de Transición Energética, es por el cual se debe d intensificar y aplicar ya este acuerdo en el territorio nacional.

2. Garantizar un aire limpio y mejorar la salud mediante la movilidad eléctrica : La OMS hace un llamamiento para fomentar la toma de conciencia sobre los riesgos sanitarios de la contaminación atmosférica urbana, aplicar políticas eficaces y vigilar estrechamente la situación en las ciudades.

3. Reducir gradualmente los subsidios a combustibles fósiles: Instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Agencia Internacional de Energía (AIE), el Banco Mundial, la OCDE, el G8 y G20 recomiendan reemplazar el uso de los combustibles fósiles contaminantes por las energías limpias.

4. Aumentar la resiliencia de los ecosistemas, la alimentación y los medios de vida rurales: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la reducción del riesgo de desastres para la seguridad alimentaria y nutricional es mejorar la resiliencia de los medios de vida frente a amenazas y situaciones de emergencia y proteger a los agricultores, pescadores, ganaderos y forestales vulnerables, así como de otros grupos de riesgo”4 .

5. Construir ciudades sostenibles y resilientes: Para las Naciones Unidas una ciudad resiliente “son aquellas sociedades que evalúan, planifican y actúan para prepararse y responder a peligros naturales y creados por el hombre, repentinos y de inicio lento, esperado e inesperado, a fin de proteger y mejorar la vida de las personas, aseguran los beneficios de desarrollo, fomentan un entorno de inversión e impulsan un cambio positivo. Esto es ambicioso pero posible y necesario escenario se concreta entre características fundamentales que toda ciudad debe de cumplir para considerarse resiliente”1 5

Por lo antes expuesto, exhortamos gobierno federal de implementar ya políticas públicas que hagan frente al impacto económico que está atravesando México y que después de esta tragedia epidemiológica tengamos las herramientas necesarias para que México esté más y mejor preparado ante estos fenómenos.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía establezcan planes de recuperación económica con soluciones climáticas integradas por el Covid-19 en los sectores prioritarios en el país.

Notas

1 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf

2 https://movelatam.org/recuperacion-post-covid-19-y-cambio-climatico/

3 https://www.pactomundial.org/2020/04/los-efectos-de-la-covid-19-en-los- objetivos-de-desarrollo-sostenible/

4 http://www.fao.org/3/a-i3270s.pdf

5 https://www.revistacircle.com/2018/11/12/ciudades-resilientes/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y locales a realizar investigaciones y visitas de verificación ante posibles daños ambientales y a la salud por la quema de coque y llantas en el coprocesamiento de las termoeléctricas del Golfo y Peñoles, así como Cemex de México en SLP, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado José Ricardo Delsol Estrada, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de someter a la consideración de esta honorable asamblea la actual proposición con un punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La utilización de Coque de petróleo y los residuos sólidos como las llantas, en el coprocesamiento que realiza la cementera Cemex y las termoeléctricas del Golfo y Peñoles, es causa de contaminación que enfrenta el ejido Las Palmas ya que sus habitantes corren el peligro en su salud de manera permanente ante la exposición de la quema de coque y llantas, provocando graves consecuencias por la inhalación y absorción a través de la piel de los contaminantes.

Estas tres empresas se ubican en el poblado Las Palmas, sin que exista una zona intermedia entre zona industrial y el poblado que sirva de amortiguamiento para evitar que los impactos ambientales y daños a la salud recaigan directamente sobre los habitantes.

No obstante, es fundamental la sustentabilidad en todos los sectores productivos para conjugar sus actividades con el bienestar social de los habitantes, así como con la protección ambiental y la conservación de los recursos naturales del país.

Es de vital importancia ambiental y de salud que, la quema de coque sea considerada como altamente riesgosa y contaminante.

Es por ello que, presento ante esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo en el cual manifiesto mi preocupación para que se investigue y verifique los niveles máximos permisible de emisión a la atmosfera a través del co-procesamiento a partir de la utilización de coque, llantas y residuos sólidos que realizan las empresas antes mencionadas, pues afecta gravemente la salud de la población, asimismo afectando la reserva ecológica de la Biosfera del Abra Tanchipa.

De igual forma la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí asevera en su Artículo 7o. fracción XV:

“...La prevención, regulación, control, vigilancia e inspección del aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la acción de la federación que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición, que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras, así como de aquellas actividades, cuya explotación se realice

preponderadamente por medio de trabajos a cielo abierto y de la contaminación generada por éstas, asimismo abrir, conservar y llevar para su consulta los registros de los bancos de materiales y de las autorizaciones que emita la en SEGAM (Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental) ...”.

Por lo que existe también el riesgo de afectarse los ecosistemas prioritarios del área de la reserva de la biosfera y causarse con los impactos ambientales un desequilibrio ecológico en esta área.

Además, el artículo 12, fracción V, de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, contempla el compromiso de prever no sólo las condiciones a corto plazo, sino también a largo plazo.

Artículo 12. La política ambiental del Estado responderá a las peculiaridades ecológicas de la entidad y guardará concordancia con los lineamientos de acción nacionales que establezca la federación, para lo cual observará los siguientes principios:

...V. La responsabilidad respecto al ambiente comprende tanto las condiciones presentes como las que se determinen para la calidad de vida de las futuras generaciones ...

De tal manera que, dicho artículo no sólo prevé las condiciones a corto plazo, sino también a largo plazo. Y tratándose de un tema tan delicado, como lo es la contaminación que genera las emisiones de las Termoeléctricas y la Cementera donde se utiliza coque generalmente contienen sustancias y emisiones carcinógenas como son el: óxido de azufre, óxido de nitrógeno, cadmio y el arsénico en el co-procesamiento, provocando consecuencias en la salud de los habitantes que se mantienen expuestas a este residuo altamente nocivo para la salud.

Ahora bien, las exposiciones ocupacionales también pueden ocurrir entre los trabajadores de las industrias del aluminio, el acero, el grafito, la construcción y las plantas eléctricas. Las principales rutas de posible exposición humana a las emisiones de los hornos de coque son por inhalación y absorción a través de la piel.

Asimismo, la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades (ATSDR), menciona que la concentración de arsénico en agua de superficie o subterránea es aproximadamente una parte de arsénico por billón de partes de agua, sin dejar de lado las repercusiones que manifiesta el arsénico en el cuerpo humano.

El arsénico fue clasificado por la International Agency for Research on Cancer (IARC), como un agente carcinogénico para humanos con base en estudios epidemiológicos “que relacionan la ingestión de arsénico en el agua de bebida y cáncer en la piel y estudios ocupacionales que relacionan la exposición al arsénico y cáncer de pulmón , malformaciones y cáncer de piel”.

De acuerdo a señalamientos de la Organización Mundial de la Salud: “ Los primeros síntomas de la exposición prolongada a altos niveles de arsénico inorgánico (por ejemplo, a través del consumo de agua y alimentos contaminados) se observan generalmente en la piel e incluyen cambios de pigmentación, lesiones cutáneas y durezas y callosidades en las palmas de las manos y las plantas de los pies (hiperqueratosis). Estos efectos se producen tras una exposición mínima de aproximadamente cinco años y pueden ser precursores de cáncer de piel, malformación y cáncer de pulmón”.

Además de cáncer de piel, la exposición prolongada al arsénico también puede causar cáncer de vejiga y de pulmón. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha clasificado el arsénico y los compuestos de arsénico como cancerígenos para los seres humanos; el arsénico presente en el agua de bebida también ha sido incluido en esa categoría por el CIIC.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este pleno de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, desde el ámbito de sus atribuciones y facultades, realice las acciones necesarias para investigar y verificar el cumplimiento de los niveles máximos permisibles de emisiones a la atmosfera del co-procesamiento de las termoeléctricas del Golfo y Peñoles, así como de la cementera Cemex, de conformidad de la normatividad ambiental, a efecto de garantizar un medio ambiente sano, de los habitantes que se encuentran en su área de influencia en el ejido Las Palmas, municipio de Tamuin, San Luis Potosí.

Notas

Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades . (06 de mayo de 2016). Obtenido de ATSDR:

Carabantes, A. G. (2003). Arsénico en el agua de bebida: un problema de salud pública . Revista Brasileña de Ciencias Farmacéuticas, Volumen 39. Número 4.

Organización Mundial de la Salud . (15 de febrero de 2018). Sitio web mundial OMS . Obtenido de

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputados José Ricardo Delsol Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a coordinarse con el SPR para reforzar y promover en los medios de comunicación masiva públicos y privados una campaña orientada a prevenir y atender la violencia doméstica por la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputado Adolfo Torres Ramírez y las diputadas y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, para que el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se coordinen con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en el ámbito de sus atribuciones, refuercen y promuevan una campaña en los medios de comunicación masiva, públicos y privados, para prevenir y atender la violencia en los hogares con motivo de la pandemia del Covid-19, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA de 1999 define a la violencia familiar como “el acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder en función del sexo, la edad o la condición física, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono”.1

En este contexto, el secretario general de las Naciones Unidas, “pidió que se adopten medidas para hacer frente a ‘un estremecedor repunte global de la violencia doméstica’ contra mujeres y niñas ocurridos durante las últimas semanas, debido a los confinamientos decretados por los gobiernos durante la pandemia del Covid-19”.2

“Según informaciones que maneja la ONU, desde el inicio de la pandemia y en comparación con el año pasado, se ha duplicado el número de llamadas a las líneas de ayuda en el Líbano y Malasia; en China se han triplicado; y en Australia, los motores de búsqueda como Google experimentaron el mayor volumen de consultas de ayuda por violencia doméstica de los últimos cinco años”.3

Estas cifras nos dan una idea sobre la magnitud del problema, pero sólo incluyen a los países en que existen sistemas de denuncia. A medida que el virus se propague en países con instituciones precarias, se prevé que disminuirá la información y la cantidad de datos y crecerá la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas.

Otro punto a resaltar es que la violencia de género en América Latina y en otras partes del mundo se elevó inconmensurablemente a raíz de la implementación de las medidas de aislamiento impuestas por la pandemia del coronavirus. Países como Argentina, Australia, Brasil, Colombia y Francia son los que más reportes de violencia en contra de la mujer presentan.

Por lo antes mencionado en México a casi un mes de haber dado inicio a la Jornada Nacional de Sana Distancia contra el Covid-19 por parte del gobierno federal, se estima un incremento entre el 30 y el 100 por ciento en la violencia contra la mujer, por lo que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional exige un plan de apoyo hacia ese sector tan vulnerable que son las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En todo el país la estimación en el aumento se basa en las llamadas de emergencia que se realizan al 911, según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a pesar de brindar orientación a las víctimas y de hacer una valoración de nivel de riesgo, no es suficiente.

Por lo anterior, es imperante la creación de campañas y que esta se difundan con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la Dirección General de Televisión Educativa, Canal Once Niñas y Niños y en Línea, así como la realización de una aplicación móvil de ayuda, entre otras acciones, es lo que debe contener el plan de apoyo para las mujeres que son vulneradas día con día ante esta situación.

Cabe destacar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ya había presentado una propuesta el 28 de marzo para establecer albergues y refugios para mujeres violentadas durante la cuarentena, además de mecanismos para facilitar y difundir estratégicamente los medios para las denuncias por violencia de género a través de mensajes de texto y páginas de internet.

En este orden de ideas, la ONU recomienda algunos puntos de implementar en los tres niveles de gobierno para reducir la violencia doméstica en esta situación de confinamiento en nuestros hogares para el reducir el contagio del Covid -19, las cuales son las siguientes:

• “Aumentar la inversión en servicios de ayuda en línea y en organizaciones de la sociedad civil,

• Garantizar que los sistemas judiciales sigan procesando a los abusadores,

• Establecer sistemas de alerta de emergencia en farmacias y tiendas de comestibles,

• Declarar los centros de acogida como servicios indispensables,

• Crear formas seguras para que las mujeres busquen apoyo, sin alertar a sus abusadores,

• Evitar la liberación de prisioneros condenados por cualquier tipo de violencia contra la mujer, y

• Ampliar las campañas de concienciación pública, en particular las dirigidas a hombres y niños”.4

Por lo anterior, quiero destacar que el pasado 28 de abril de 2020, presenté en periodo ordinario este mismo punto de acuerdo y la presidenta de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen” de la LXIV Legislatura, el cual la comisión genero el dictamen en sentido positivo con modificaciones el cual estoy de acuerdo, pero no se pudo votar por las causas sanitarias que está atravesando el país y no se pudo votar y realizar el proceso legislativo.

Es por lo anterior que la comisión y un servidor decidimos que se presente el punto de acuerdo en la Comisión Permanente con las consideraciones que realizaron en el dictamen la propia comisión y acompañar la propuesta.

En este orden de ideas, quiero mencionar las consideraciones que elaboraron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Radio y Televisión que fundan la presente propuesta en sentido positivo con modificaciones con base en las siguientes:

Primero. Esta dictaminadora coincide con el diputado promovente para prevenir y atender la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres del confinamiento en sus hogares con motivo de la pandemia del Covid-19. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem Do Para”, define la que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica “que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual” (artículo 2o.). En este mismo sentido la Convención de los Derechos del Niño dice que “los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares” (artículo 2o.).

Segundo. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define los tipos de violencia contras las mujeres como son los siguientes:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son los siguientes:

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto; y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

En este mismo sentido la ley en comento incluye la violencia familiar como “el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho” (artículo 7).

Por otra parte, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho superior de la infancia que incluye el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes en su artículo 46 que dice:

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Tercero. La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2009, define la violencia contra la mujer y la violencia contra la familia que a la letra dice:

Violencia contra las mujeres, cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;

a) que tenga lugar al interior de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea o no que el agresor comparta el mismo domicilio que la mujer.

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona.

Violencia familiar, el acto u omisión, único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo, de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra. La violencia familiar comprende:

Abandono, al acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud. Maltrato físico, al acto de agresión que causa daño físico.

Maltrato psicológico, a la acción u omisión que provoca en quien lo recibe alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos.

Maltrato sexual, a la acción mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene la imposibilidad para consentir.

Maltrato económico, al acto de control o negación de ingerencia [sic] al ingreso o patrimonio familiar, mediante el cual se induce, impone y somete a una persona de cualquier edad y sexo, a prácticas que vulneran su libertad e integridad física, emocional o social.

Cuarto. De acuerdo a ONU Mujeres las medidas de aislamiento y restricción de movimiento dictadas frente a la pandemia están teniendo repercusiones contra las niñas, adolescentes y mujeres, tales como:

• Mayores niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, disminución de ingresos y desempleo, lo cual puede aumentar significativamente los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito doméstico e incrementar las barreras que viven para salir de círculos de violencia, dejar a sus agresores o activar redes de apoyo.

Aumento de las agresiones para intimidar o degradar a las mujeres y niñas a través de internet, al aumentar la utilización de medios virtuales como una alternativa ante la restricción de movimiento.

• Aumento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes quienes pueden ver vulnerados sus derechos a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, entre otros.

• Mayor exposición a la explotación sexual de las mujeres y jóvenes en contextos de informalidad laboral o precarización de condiciones de trabajo.

• Mayores obstáculos para acceder a servicios esenciales por parte de mujeres y jóvenes que están en situaciones de mayor vulnerabilidad o que enfrentan múltiples formas de discriminación, por ejemplo, mujeres con discapacidad, trans, migrantes, refugiadas, desplazadas, indígenas y mujeres que viven en zonas rurales o asentamientos informales.

• Paralización del acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia a medida que las instituciones estatales reducen las operaciones.

• Falta de acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva debido al cambio en las prioridades de atención en el sector salud.

• Limitación de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las sobrevivientes y para proporcionar servicios de emergencia a víctimas, debido al confinamiento.

• Falta de recursos para los refugios con el objetivo de hacer frente a las necesidades que actualmente requieren mujeres y niñas víctimas de violencia.

Quinto. De acuerdo a las cifras que presenta ONU Mujeres de la violencia contra las mujeres mexicanas da los siguientes datos.

• Entre enero y febrero de 2020 se han registrado 166 presuntas víctimas del delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 632 víctimas de feminicidio y homicidio doloso.

De acuerdo con esta misma fuente, en los primeros dos meses de 2020 se han contabilizado 9 mil 941 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas.

Entre enero y febrero de 2020 se han atendido 40 mil 910 llamadas de emergencia al número 911, relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. En este mismo sentido, de acuerdo al Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, entre enero y marzo de 2020 se han realizado al 911 un total de 170 mil 214 llamadas de emergencia por violencia familiar, que representa el cuarto lugar en el ranking de protocolo de las llamadas en materia de seguridad.

Por los razonamientos vertidos en las consideraciones anteriormente expuestas, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Radio y Televisión acompañan y consideran procedente la propuesta de manera positiva, con cambios, la proposición con punto de acuerdo objeto de estudio.

Es por lo anterior y concluyo con el siguiente mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el cual dice:

“La violencia no siempre se limita a los campos de batalla, y que la amenaza sobre mujeres y niñas se cierne precisamente en el lugar donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares”.5

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente, para que el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se coordinen con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en el ámbito de sus atribuciones, refuercen y promuevan una campaña en los medios de comunicación masiva, públicos y privados, para prevenir y atender la violencia en los hogares con motivo de la pandemia del Covid-19.

Segundo. Se exhorta respetuosamente para que, en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Televisión Educativa, el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, refuercen e incluyan una campaña de comunicación en televisión y radio, para prevenir y atender la violencia en los hogares de niñas, niños y adolescentes con motivo de la pandemia del Covid-19.

Notas

1 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/190ssa19.html, Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA, de 1999.

2 https://news.un.org/es/story/2020/04/1472392

3 https://news.un.org/es/story/2020/04/1472392, la presión sobre los servicios obstaculiza la respuesta.

4 https://news.un.org/es/story/2020/04/1472392, recomendaciones de la ONU para la reducción de la violencia doméstica.

5 https://news.un.org/es/story/2020/04/1472392.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Hidalgo a hacer público el tratamiento médico proporcionado al ciudadano Manuel Samuel Castro Mercado y sus condiciones de salud, aplicar los protocolos de salud debidamente autorizados y por implantar en el Cereso de Pachuca a efecto de prevenir contagios de SARS-Cov2 entre los reclusos y dar debido cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH y su homóloga local, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, integrante de la LXIV Legislatura y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 28 de enero del 2012 fue detenido el señor Manuel Samuel Castro Mercado, luego de un enfrentamiento que tuvo verificativo a las afueras de la empresa Motor Coach Industries (MCI) –antes Dina Nacional–, en Ciudad Sahagún, estado de Hidalgo, entre personal de resguardo y ex trabajadores encabezados por su ex líder y entonces asesor jurídico, señor Artemio Vázquez Peña. De acuerdo al informe y/o investigaciones de las autoridades del estado, en la riña murió por herida de bala el ex trabajador José Matilde Cotonieto, cuyo cuerpo se encontraba a 50 metros de la entrada de la citada empresa.

Al lugar arribaron elementos de seguridad pública quienes, y según consta en la extensa investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos1 y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo,2 extrajeron de la bóveda de la empresa al señor Manuel Samuel Castro Mercado (representante de la empresa Pacific International Development) junto con sus hijos y algunos empleados de confianza, que se estaban resguardando, procediendo a detenerlo a pesar de que él no se encontraba en el lugar exacto de los hechos, además de haber sido trasladado al Ministerio Público de Pachuca, precisando que dicha autoridad no tenía jurisdicción del caso por haberse cometido en un municipio distinto.

El señor Manuel Samuel Castro Mercado estuvo incomunicado por más de ocho horas, por lo que se ha considerado que desde ese momento el proceso ha presentado constantes irregularidades viciando de origen el proceso y por el cual lleva ya ocho años privado de su libertad, acusado por la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo de haber privado de la vida al ex trabajador José Matilde Cotonieto. Resulta inaceptable que al día de hoy, aún no se haya dictado sentencia que determine su situación jurídica.3

Conforme los análisis realizados en 2013 y 2014 por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde la integración de la averiguación por la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo adoleció de graves fallas tales como tráfico de influencias y abusos perpetrados por ministerios públicos, policías y el médico legista asignado a la integración de la necropsia de ley. Resultado de esto, fueron emitidas las recomendaciones VGJ-0426-12 y 45/2014, respectivamente, las cuales al día de hoy las autoridades señaladas en dichos documentos han sido omisas en cumplimentar o manifestar las razones por las cuales no han dado seguimiento.

El señor Manuel Samuel Castro Mercado ha declarado que desde su detención fue sometido a tortura psicológica por los elementos de la procuraduría local, haber sido interrogado bajo presión y sin la presencia de un abogado, aunado a que su presentación ante las autoridades competentes fue retrasada por más de ocho horas.

No omito mencionar que desde la pasada LXIII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, la entonces diputada del Grupo Parlamentario de Morena, Norma Xóchitl Hernández Colín, presentó el 18 de mayo de 2016 y el 11 de julio de 2018 puntos de acuerdo exhortando a diversas autoridades, con la finalidad de que se resuelva lo antes posible el proceso penal recaído sobre el señor Manuel Samuel Castro Mercado ya que al día de hoy siguen vulnerando sus derechos humanos.

Resulta por demás irresponsable e inconcebible que en todo este tiempo siga manteniéndose la impunidad en el presente asunto, y que no haya autoridad alguna que ejerza sus funciones debidamente, manteniendo en el olvido casos como el que se presenta y retomo a través de este exhorto realizado desde la LXIII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados.

Adicional a la serie de arbitrariedades que se han descrito de manera muy sucinta en el presente documento, más grave aún resulta hacer del conocimiento de esta soberanía que ahora a consecuencia de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) presente en nuestro país, y como consecuencia de los diversos casos de contagio registrados en los Centros de Readaptación Social, el Cereso ubicado en Pachuca no ha quedado exento y derivado de ello, el pasado 18 de junio el señor Manuel Samuel Castro Mercado, que como refiero se encuentra recluido, tras haber sido diagnosticado con cuadro grave de Covid-19, vuelve a ser víctima de atropellos que atentan contra su vida y salud, ya que fue sacado de las instalaciones para ser trasladado al hospital de la Sedena del estado de Hidalgo, pese a que desde días atrás se había notificado a las autoridades del Centro de Readaptación Social que su salud se encontraba gravemente quebrantada solicitando la atención médica oportuna.

Por encontrarse en una etapa crítica de la enfermedad, y acorde a lo informado por familiares, las autoridades decidieron trasladarlo al señor Manuel Samuel Castro Mercado al Hospital General de Pachuca, donde ingresó al área de urgencias procediendo a ser intubado por lo quebrantado de su salud, situación que pudo haberse evitado de habérsele brindado la atención adecuada y pronta desde que se informó a las autoridades del Centro de Readaptación Social en el que se encuentra.

El viernes 3 de julio se autorizó su alta, a pesar de que apenas un día antes había sido desintubado, es decir, que no se le permitió seguir su total recuperación y convalecencia en las instalaciones hospitalarias. No obstante, al ingresar nuevamente al Centro de Readaptación Social de Pachuca, el mismo 3 de julio se le envío a un área de total aislamiento sin que contara con auxilio de personal capacitado y/o especializado para proveerlo de las atenciones médicas necesarias, principalmente de oxígeno en el tiempo en que fue determinado en las indicaciones médicas emitidas por los médicos del hospital; tampoco se le ha proporcionado la alimentación adecuada, poniendo nuevamente en peligro su salud.4

Derivado de lo anterior, el señor Manuel Samuel Castro Mercado, víctima de la negligencia en la atención médica a la que se encuentra sometido, nuevamente presentó complicaciones de salud por lo que tuvo que ser ingresado al Hospital General de Pachuca el pasado 23 de julio, dándosele de alta el 25, con lo que se puede tener más elementos que demuestran la falta de atención médica oportuna y adecuada que en su caso puede estársele brindando, así como la terribles e inhumanas condiciones en las que se encuentran las personas que permanecen recluidas en el Centro de Readaptación Social de Pachuca.

Además, cabe precisar que los gastos de medicamentos, oxígeno y otros implementos necesarios en su convalecencia, están siendo asumidos por sus familiares.

Ante el caso omiso que han hecho las autoridades referidas en el presente punto de acuerdo, el miedo y la desesperación en la que se encuentra el señor Manuel Samuel Castro Mercado y sus familiares han recurrido incluso a solicitar en diversas ocasiones el apoyo a algunos medios de comunicación televisiva, con la finalidad de que se haga pública la situación jurídica en la que se mantiene el presente asunto, la grave vulneración de derechos humanos que se siguen cometiendo en contra del señor Manuel Samuel Castro Mercado, así como las terribles condiciones de salud en las que se mantienen a los presos en el Centro de Readaptación Social de Pachuca, y que ponen en riesgo su vida.5

Por todo lo expuesto, es que se requiere dar el trámite correspondiente a la presente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de que las autoridades involucradas y competentes tomen cartas en el presente asunto donde asuman con responsabilidad sus cargos y presten sus servicios apegados al estado de derecho, resolviendo el fondo del caso que se presenta y evitar seguir incurriendo en responsabilidades administrativas donde se sigan vulnerando los derechos humanos del señor Manuel Samuel Castro Mercado, poniendo incluso en grave peligro su estado de salud o su vida.

No omito precisar que la presente proposición con punto de acuerdo fue presentado ante la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión el 5 de agosto de 2020, siendo turnado a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–. Sin embargo, mediante la sesión del 26 de agosto de 2020, se tuvo por presentado el informe final de labores de la comisión, con lo cual se dio cuenta de:

a) Las proposiciones con punto de acuerdo turnadas, atendidas y pendientes;

b) Los dictámenes elaborados, aprobados y retirados.

Derivado de lo anterior, se declararon como concluidos los asuntos no dictaminados, dejando a salvo los derechos de los legisladores para presentarlos en las Cámaras respectivas.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Hidalgo, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo y al director del Centro de Readaptación Social de Pachuca, a hacer público en el ámbito de sus respectivas competencias el tratamiento médico que han brindado y las condiciones de salud en las que se encuentra el ciudadano Manuel Samuel Castro Mercado, quien además de diversos padecimientos de salud fue diagnosticado con Covid- 19, así como garantizar plenamente su estado de salud;

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Hidalgo, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo y al director del Centro de Readaptación Social de Pachuca, a dar debido cumplimiento a las recomendaciones 45/2014 y VGJ-0426-12, emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, por irregularidades derivadas del procedimiento penal interpuesto en contra de dicha persona quien se encuentra recluido desde el año 2012 sin que al día de hoy se haya dictado sentencia.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Hidalgo, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo y al director del Centro de Readaptación Social de Pachuca, a investigar las razones por las cuales se ha hecho caso omiso a las recomendaciones 45/2014 y VGJ-0426-12, emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo.

Cuarto. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, al Poder Judicial del estado de Hidalgo y al director del Centro de Readaptación Social de Pachuca, a ejecutar las acciones necesarias que permitan garantizar la correcta administración de justicia dentro del procedimiento penal interpuesto en contra del ciudadano Manuel Samuel Castro Mercado, con especial atención en las irregularidades hechas notar por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo.

Quinto. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Hidalgo, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, y al director del Centro de Readaptación Social de Pachuca, aplicar los protocolos de salud debidamente autorizados y que deben implementarse en el Centro de Readaptación Social de Pachuca, con el fin de prevenir los contagios del virus SARS-CoV-2 entre los reclusos.

Notas

1 https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-452014

2 https://cdhhgo.org/home_old2018/images/pdf/transparencia/Recomendaciones/2013/R-VGJ-0030-13.pdf

3 https://www.milenio.com/policia/empresario-manuel-castro-mercado-7-anos -preso-recibir-sentencia

4 https://www.milenio.com/politica/irregularidades-internos-enfermos-covi d-cereso-pachuca

5 https://cananeatv.com/el-covid-agrava-el-inframundo-en-que-viven-y-muer en-los-internos-del-penal-de-pachuca/

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2020.

Diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la SSPC a intensificar la prevención de delitos cibernéticos contra menores de edad, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Inmersos en plena era digital y con la recomendación de la Secretaría de Salud de permanecer en casa el mayor tiempo posible, un gran número de ciudadanos ha pasado gran parte de su día en ese mundo intangible que es el internet. No obstante, este espacio representa un escenario en el que a diario se cometen cientos, miles de delitos, que afectan a millones de personas en nuestro país. Los niños y los jóvenes han sido especialmente vulnerables ante estos delitos gracias a que se ha aumentado significativamente el tiempo que pasan frente a una pantalla.

Un estudio reciente muestra que el tiempo en línea de los niños ha aumentado en 80 por ciento en comparación con mayo de 2019. Dentro de este contexto, hemos visto el surgimiento de grupos y espacios en redes sociales los cuales facilitan y la promueven la posibilidad de cometer algún delito cibernético, especialmente aquellos de índole sexual. Por esta razón, considero de suma importancia que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad, intensifiquen sus esfuerzos por prevenir este tipo de delitos y se logren detectar con la rapidez necesaria para evitar la obtención de los datos personales de los menores de edad implicados.

En las últimas semanas ha tomado relevancia dentro de la opinión pública, el surgimiento de grupos en redes sociales que promueven noviazgos entre menores de edad. Uno de los casos más relevantes ha sido la creación de un grupo de facebook llamado “Ni?as y ni?os 10 a 14 a?os que busquen novia o novio” el cual ya cuenta con más de dos mil setecientos miembros. Este tipo de grupos representan un gran riesgo para menores de edad los cuales son especialmente susceptibles a ser víctimas de delitos sexuales u otras prácticas criminales. A?n cuando se logre eliminar e intervenir estos grupos, el hecho de que criminales o depredadores sexuales puedan tener acceso a la informaci?n personal como correo electr?nico, fotos o inclusive la direcci?n de los integrantes representa un enorme riesgo para su integridad física.

Por las razones expuestas, considero que es de suma importancia que el estado mexicano preste mayor atenci?n a sus esfuerzos por prevenir los delitos cibernéticos, especialmente, aquellos dirigidos a menores de edad. En el contexto de la pandemia del Covid-19 gran parte de la vida de millones de mexicanos se ha trasladado al mundo digital, por lo tanto, las autoridades tienen que reaccionar a esta nueva realidad y hacer valer la ley en este nuevo horizonte.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Uni?n, exhorta respetuosamente a la secretaria de Gobernaci?n, Olga Sánchez Cordero y al secretario de Seguridad y Protecci?n Ciudadana, Alfonso Durazo Monta?o, a que, en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinaci?n con las entidades federativas, intensifiquen y den celeridad a la labor de prevenci?n de delitos cibernéticos en contra de menores de edad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputada Annia Saraí G?mez Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a concluir la construcción, la ampliación y el equipamiento del complejo penitenciario en Papantla, Veracruz, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del gobierno federal, a concluir los trabajos de construcción, ampliación y equipamiento del Complejo Penitenciario en Papantla, Veracruz; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El aumento acelerado de la población reclusa ha llevado a precisar que se requiere de una inversión constante que permita construir o ampliar las unidades de albergue, incrementar los programas y personal de tratamiento, aumentar la seguridad y el personal a cargo de ella, así como ampliar los servicios de administración propios de un establecimiento penitenciario, como alimentación, limpieza, mantenimiento, lavandería, control de plagas, entre otros.

Al privar de la libertad a una persona, el Estado detenta un control de sujeción especial sobre quien se encuentra bajo su custodia y que por ley está obligado a cumplir. Ello implica que la persona se encuentre en condiciones dignas de internamiento, en lugares que fueron diseñados ex profeso para la reclusión penitenciaria y, que, bajo un principio de legalidad, la norma les faculte para desempeñar esa labor.

Al ser la organización del sistema penitenciario una facultad exclusiva del gobierno, deben realizarse acciones encaminadas a garantizar los derechos humanos de las personas procesadas y sentenciadas consagrados constitucionalmente y en los instrumentos internacionales en los que México es Estado parte. Por ello, la reclusión de personas sentenciadas en espacios carentes de servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida digna y segura, dentro de los cuales no se cuente con los medios necesarios para lograr su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir deben ser considerados como una pena inhumana y degradante y, por lo tanto, violatoria de derechos humanos.

El origen de las cárceles se pierde en las noches de los tiempos, pues surgieron cuando el hombre tuvo necesidades de poner a buen recaudo a sus enemigos. Las primeras cárceles fueron cuevas, tumbas, cavernas etc. Lugares inhóspitos a donde se enviaban desterrados a los enemigos del Estado.

La Constitución de 1857 determinó en su artículo 23 la creación de un sistema penitenciario, en 1874 las prisiones mexicanas se encontraban bajo responsabilidad del ayuntamiento.

Hoy la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 18, párrafo segundo, dice a la letra “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

El tema de las cárceles es muy complejo, basta considerar que tan sólo para delimitar el tema específico a tratar habría de tomarse en cuenta, de inicio, al menos los siguientes binomios: ámbito federal y estatal; menores de edad y adultos; hombres y mujeres; prisión preventiva y penitenciaria; delincuencia común y delincuencia organizada; reincidentes y primodelincuentes y peligrosidad mínima y alta, además de las instalaciones específicas para medidas de seguridad. Todo lo anterior, tomando en cuenta que cada uno de los elementos de cada binomio es un universo que requiere un tratamiento específico, comenzando con las leyes y los reglamentos que han de regirlo.

Uno de los principales problemas en nuestro sistema penitenciario es el hacinamiento. La construcción de espacios siempre ha ido más lenta que el requerimiento de éstos. Esta sobrepoblación origina muchos otros problemas: riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios, que en condiciones normales no serían tales, sino lo común en un centro penitenciario con espacio suficiente y, sobre todo, la falta de seguridad. Desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción directa al hacinamiento.

La población de personas privadas de la libertad en cárceles de nuestro país comenzó a crecer nuevamente1 . Luego de casi cinco años en que se había mantenido una tendencia a la baja, junio de 2019 registró poco más de 200 mil personas recluidas en prisión, tres mil más que las registradas en diciembre de 2018.

Es la primera vez que esto ocurre desde 2014, cuando se alcanzó una población superior a los 255 mil internos. Así lo revelan datos del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador2 , que muestra además que la Fiscalía General de la República (FGR) resuelve y manda al juez menos de 10 por ciento de los casos que indaga, índice muy similar al de la extinta Procuraduría General de la República.

En el tema de la población penitenciaria, el primer informe detalla que, al corte del 31 de junio pasado, la cifra de población de internos en México ascendía a 200 mil 753 en total, cifra superior a los 197 mil 988 registrados al cierre de 2018.

El incremento se vio impulsado por la población de reos acusados de delitos del fuero común, pues son ellos los que pasaron de 165 a 169 mil de diciembre de 2018 a junio de 2019, mientras que los internos del fuero federal se redujeron de 32 a 31 mil.

De los cuatro mil reos del fuero común que crecieron, 75 por ciento de ellos son internos en prisión preventiva (sin que se haya determinado si son culpables o no de un delito), y el resto son internos sentenciados.

Esto coincide con el crecimiento de la población penitenciaria que diversos expertos habían pronosticado tras la entrada en vigor de la reforma constitucional, que elevó de 6 a 18 el catálogo de delitos prisión preventiva automática, la mayor parte ilícitos del fuero común, como diversos tipos de robo.

El Informe de Gobierno también revela que del total de internos actuales 123 mil 921 son reos con sentencia, y 76 mil 832 son personas bajo un proceso penal que aún no ha concluido. Lo anterior significa que, en promedio, 1 de cada 3 internos en México son “presuntos culpables”, es decir, personas cuya culpabilidad aún no se ha demostrado y siguen sin sentencia.

Como hemos analizado, es urgente e importante contar con centros de readaptación social adecuados para atender a la población penitenciaria en nuestro país, con respeto a los derechos humanos.

Ahora, me refiero específicamente al proyecto del Complejo Penitenciario Federal Número 3, ubicado en la comunidad Gildardo Muñoz, Papantla, Veracruz.

Este proyecto fue licitado y ganado en julio de 2009, se programó concluirlo en junio de 2012, con un presupuesto de 2 mil 300 millones de pesos. El monto final de la inversión resultó ser de 2 mil 600 millones de pesos; 300 más de lo previsto.

Se trata de un complejo penitenciario de súper máxima seguridad; con 2 mil 300 espacios y celdas individuales de apertura electrónica, y dotadas de un sofisticado sistema de alarma, seccionados en niveles de leve, media, máxima y súper máxima, en las que los reos pasarán 23 horas encerrados por una hora de sol.

Se construyó sobre una superficie de 28 mil metros cuadrados. Se utilizaron 90 mil metros cuadrados de concreto, 10 mil toneladas de acero y 950 kilómetros de ductos y cables. Cuenta con un hospital con capacidad de 60 camas y una torre de cinco niveles; incluido un helipuerto, áreas de talleres, dormitorios de custodios y servicios generales para la población penitenciaria.

Cuenta con túneles subterráneos que permiten llevar al reo desde su celda hasta el juzgado, a fin de evitar cualquier intento de rescate desde el exterior.

En su edificación trabajaron mil 500 obreros, más 600 bajo el régimen de subcontratación. Una vez en operación, albergará a 2 mil 240 empleados federales, entre personal administrativo, vigilantes y de control de personal.

En ese lugar se instalarán las oficinas del Centro Nacional de Observación y Clasificación de reclusos y la Unidad de Transporte Penitenciario.

El módulo de súper máxima seguridad tiene una capacidad para custodiar 512 reos de la más alta peligrosidad; mientras que el módulo de seguridad máxima permitirá albergar a 592 procesados. Contar con espacios individuales permitirá reducir la formación de redes de complicidad entre aquellos delincuentes que purguen una condena del orden federal.

No obstante que el complejo cuenta con un avance en su construcción de más de 80 por ciento, la conclusión aún se ve muy distante. Tras el convenio firmado en 2009 y proyectado para que fuera inaugurado en 2011, el complejo penitenciario que podría competir contra los mejores del país por su modernidad simplemente no ha sido entregado.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 2020 del gobierno federal, se etiquetaron 3 mil 958 millones 500 mil pesos para concluir el Complejo Penitenciario Federal número 3. Recientemente mediante una asociación público-privada (APP), se definió que será una empresa la que se encargue de concluirlo.

La integración de la APP, prevé que la empresa constructora pueda operarlo por espacio de 22 años, es decir hasta 2040. El presupuesto programado inicialmente para su construcción era de 2,088 millones de pesos; en 2011 se ajustó a 2 mil 300 millones, y su costo final superará los 6 mil 258 millones.

Según el anexo 5.A del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se contempla la construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario.

A esta fecha no han reiniciado las acciones para concluir el Complejo Penitenciario. Por lo anterior expuesto es urgente que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno Federal, reinicie y concluya los trabajos de construcción, ampliación y equipamiento del Complejo Penitenciario en Papantla, Veracruz.

Con base en lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del gobierno federal, a concluir los trabajos de construcción, ampliación y equipamiento del Complejo Penitenciario en Papantla, Veracruz.

Notas

1 http:www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/484

2 https://lopezobrador.org.mx/primer-informe-de-gobierno/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a instruir a efecto de que en el paquete económico de 2021 se incluyan estímulos fiscales para contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, a cargo del diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Alonso Riggs Baeza, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición, con base en las siguientes

Consideraciones

El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) es un nuevo esquema de tributación opcional introducido en la reforma fiscal aprobada en 2013 para las personas físicas que realizan actividades empresariales con ingresos menores de dos millones de pesos. Este nuevo régimen sustituye al Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) y al Régimen de Intermedios, lo que hizo que partir del 1 de enero de 2014, los Repecos migraron de forma automática al RIF.

El régimen está dirigido sólo a personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, con ingresos anuales hasta de dos millones de pesos. Al primer semestre de 2020, se encuentran inscritos en éste 5 millones 327 mil 355 contribuyentes y, a la misma fecha, se ha recaudado la cantidad de 4 mil 258.5 millones de pesos.

El objetivo de RIF es simplificar y promover la formalidad de las personas físicas que realizan actividades empresariales, con ello, se busca generar mayor productividad en el país e impulsar la sostenibilidad del crecimiento económico. Esa fue la intención con la que se creó y, como se mencionó con anterioridad, por la que se decidió sustituyera al Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Ahora bien, como todos hemos visto, 2020 ha resultado un año catastrófico en muchos sentidos. Para México ha sido un verdadero flagelo y en temas de salud o economía ha resultado demoledor.

En materia de salud, más de medio millón de mexicanos contagiados por Covid-19 y más de 60 mil muertos a causa de dicho virus nos colocan como el tercer país más afectado por la pandemia.

En materia económica, México, y según ha dicho el presidente López Obrador, atraviesa la peor crisis económica en 100 años. La caída del producto interno bruto al -18.7 por ciento, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el propio Inegi, dan cuenta de la magnitud de lo que ya tenemos enfrente y de lo que se nos avecina.

Por ello es menester tener en mente que no podemos permitir que se caiga, aun más, la productividad del país. Para este gobierno debe ser prioritario encontrar mecanismos que permitan mantener la sostenibilidad del crecimiento económico pues 2021 se percibe como un año más duro que el actual.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de economía, por lo que se vuelve imperativo que esté en el Paquete Económico 2021 que habrá de enviar a esta Cámara para su discusión y aprobación, estímulos fiscales para aquellos contribuyentes que se encuentre en el Régimen de Incorporación Fiscal y puedan hacer frente de mejor manera a los retos que se vienen el año entrante.

El gobierno debe ser el generador de las condiciones para el desarrollo de los ciudadanos. Los contribuyentes de México son los que llevan en hombros al país, de ellos, los que pertenecen al Régimen de Incorporación Fiscal, deben ser incentivados a continuar porque han demostrado su compromiso con la formalidad, con el país y con su desarrollo y productividad. Debemos pues tenerlos en cuenta y proveerlos de herramientas, medios e incentivos para que en 2021 puedan seguir contribuyendo al desarrollo de México.

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, para que gire las instrucciones pertinentes a efecto de que tenga a bien incluir en el Paquete Económico 2021, estímulos fiscales para los contribuyentes que se encuentren bajo el Régimen de Incorporación Fiscal

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a poner al servicio de los educandos al menos un psicólogo por escuela pública de educación básica y media superior, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a proporcionar al menos una persona por cada una de las escuelas públicas de educación básica y media superior para que brinde los servicios profesionales de psicología a los educandos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos. En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende, en gran parte, de la realización exitosa de acciones para prevenir, tratar y rehabilitar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.1

Cabe mencionar, que cuando se habla de salud, la palabra generalmente remite a la prevención y atención a las enfermedades, o a las circunstancias que atentan contra la integridad física y biológica del individuo. Esto conlleva, que la gran mayoría de acciones, programas, recursos e infraestructura se encuentren encaminados a atender este aspecto: el abordaje biológico y físico, y menos el mental.

Nótese que el ser humano no solo es soma, sino también psique, por lo que es preciso considerar todos los elementos que integran a la salud. Es decir, entender al humano como un ente bio-psico-social, con una visión integral, comprendiendo que existen varios aspectos que forman parte de un solo fenómeno.

Tradicionalmente la salud del hombre está pensada en lo relativo sus aspectos biológicos, mientras que a las cuestiones mentales de personalidad o psicológicas, no se les ha dado la misma importancia. Así que se requiere ser sano, física y mentalmente.

La salud, junto con la educación, es el componente central del capital humano, capital más importante de individuos y naciones. Mejorar la salud y asegurar la educación significa fortalecer al individuo y a la sociedad para procurar y acrecentar sus medios de vida.

Identificar una enfermedad mental en los niños o adolescentes puede ser difícil para los padres. Como resultado, muchos niños que podrían beneficiarse con un tratamiento, no obtienen la ayuda que necesitan.

Por lo general, identificar si un niño o adolescente que tiene problemas de salud mental depende de los adultos presentes en la vida de ellos. Lamentablemente, muchos adultos no conocen los signos y síntomas de las enfermedades mentales en los hijos.

Aunque conozcas las señales de alerta, puede ser difícil distinguir un problema de un comportamiento normal de la niñez o juventud. Es posible que creas que todos los niños o adolescentes manifiestan algunos de estos síntomas en algún momento. Además, ellos generalmente carecen del vocabulario o de la capacidad de desarrollo para explicar sus problemas.

Las preocupaciones sobre el estigma relacionado con la enfermedad mental, el uso de ciertos medicamentos, y el costo o los problemas de logística del tratamiento también pueden impedir que los padres busquen atención médica para un niño o adolescente con una presunta enfermedad mental.

Ellos pueden padecer los mismos problemas de salud mental que los adultos, pero, a veces, los expresan de manera diferente. Por ejemplo, los niños deprimidos suelen mostrar más irritabilidad que los adultos deprimidos, quienes suelen mostrar tristeza.

Los niños y adolescentes pueden sufrir una variedad de problemas de salud mental, como los siguientes:2

Trastornos de ansiedad. Los niños y adolescentes que tienen trastornos de ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático, la fobia social y el trastorno de ansiedad generalizado, experimentan ansiedad como un problema persistente que interfiere en sus actividades diarias.

Es normal que los niños y adolescentes sientan un poco de preocupación, que se debe, por lo general, al cambio de una etapa de desarrollo a la siguiente. Sin embargo, cuando la preocupación o el estrés hacen que sea difícil para un niño o un adolescente desenvolverse con normalidad, se debe considerar la posibilidad de que exista un trastorno de ansiedad.

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta afección generalmente incluye síntomas de dificultad para prestar atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Algunos niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen síntomas de todas estas categorías.

Trastorno del espectro autista. Es un trastorno grave del desarrollo que se manifiesta en la niñez temprana, por lo general, antes de los 3 años. Aunque los síntomas y la gravedad varían, el trastorno del espectro autista siempre afecta la capacidad del niño para comunicarse e interactuar con los demás.

Trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación, como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo, son afecciones graves que, incluso, pueden poner en riesgo la vida. Los niños o adolescentes se pueden preocupar tanto por la comida y por el peso que le dan poca importancia a todo lo demás.

Trastornos del estado de ánimo. Los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y el trastorno bipolar, pueden hacer que un niño o adolescente tenga sentimientos persistentes de tristeza o cambios del estado de ánimo extremos muchos más graves que los cambios del estado de ánimo que suele tener la mayoría de las personas.

Esquizofrenia. Esta enfermedad mental crónica hace que el niño o adolescente pierda contacto con la realidad (psicosis). La esquizofrenia se suele manifestar en los últimos años de la adolescencia hasta los 20 años.

Los signos de advertencia de enfermedad mental que puede presentar un niño o adolecente comprenden:

Cambios en el estado de ánimo. Tristeza y al retraimiento que duran al menos dos semanas u otros cambios del estado de ánimo notables que causen problemas en las relaciones en el hogar o en la escuela.

Sentimientos intensos. Miedo abrumador sin motivos —a veces acompañado de aumento de la frecuencia cardíaca o de la frecuencia respiratoria— o las preocupaciones o miedos intensos que puedan interferir en las actividades diarias.

Cambios de conducta. Estos incluyen cambios drásticos en el comportamiento o en la personalidad, además de comportamientos peligrosos o fuera de control. Otros signos de advertencia son las riñas frecuentes, el uso de armas o expresar el deseo de causar una herida grave a otras personas.

Dificultad para concentrarse o mantenerse quieto: estos signos pueden provocar un bajo rendimiento en la escuela.

Adelgazamiento inexplicable. La pérdida de apetito repentina, los vómitos frecuentes o el uso de laxantes pueden indicar un trastorno de la alimentación.

Síntomas físicos. En comparación con los adultos, los niños o adolescentes con trastornos de salud mental pueden presentar dolor de cabeza y de estómago en lugar de tristeza o ansiedad.

Daño físico. A veces, una afección de la salud mental deriva en lesiones autoinfligidas, también llamadas “autolesiones”. Esto significa lastimarse a sí mismo de forma deliberada, por ejemplo, provocándose cortes o quemaduras. Los niños o adolescentes con afecciones de la salud mental también pueden presentar pensamientos suicidas o intentos de suicidio.

En México cada hora y media una persona se quita la vida, de 2010 a 2017 ocurrieron casi 48 mil casos, de los cuales ocho de cada 10 fueron hombres (Inegi).3 La tasa de suicidios se duplicó en 25 años. Pasó de 2.4 incidentes por cada 100 mil habitantes en 1990 a 5.4 sucesos en 2015.

El suicidio es la segunda causa de muerte de adolescentes de 15 a 19 años de edad y la quinta para aquellos que oscilan entre los 10 y 14 años.

Abuso de sustancias. Algunos niños o adolescentes consumen drogas o alcohol para tratar de sobrellevar lo que sienten.

Las afecciones de salud mental en niños o adolescentes se diagnostican y se tratan según los signos y síntomas, y según cuánto afecten su vida diaria. No hay pruebas simples para determinar si hay algún problema.

Para hacer un diagnóstico, es necesario que lo evalúe un especialista, como un psicólogo, un asesor de salud mental, un terapeuta conductual, o un psiquiatra.

El proveedor de atención de la salud mental del niño o adolescente trabajará con él para determinar si tiene una afección de salud mental según los criterios establecidos por los profesionales de la salud mental.

El psicólogo o el proveedor de atención de la salud mental del niño o adolescente también buscará otras causas posibles de su comportamiento, como antecedentes de enfermedades o de traumas. Es probable que pregunte sobre el desarrollo del niño o adolescente, la percepción de los profesores y de los cuidadores con respecto al problema, cualquier antecedente familiar de afecciones de salud mental y cuánto tiempo ha estado comportándose de esa manera.

El diagnóstico de enfermedades de salud mental en niños y adolescentes puede ser difícil, ya que suelen tener dificultades para expresar sus sentimientos, y el desarrollo normal varía según la persona. A pesar de estos desafíos, un diagnóstico adecuado es una parte fundamental para guiar el tratamiento.

Las opciones frecuentes de tratamiento para niños o adolescentes con afecciones de salud mental pueden ser:

Psicoterapia, también denominada terapia conversacional o terapia conductual, es un modo de tratar los problemas de la salud mental mediante la conversación con un psicólogo u otro proveedor de atención de la salud mental.

Durante la psicoterapia, el niño o adolescente puede aprender acerca de su afección, estados de ánimo, sentimientos, pensamientos y comportamientos. La psicoterapia puede ser útil para que el niño o adolescente aprenda a responder a las situaciones exigentes mediante estrategias saludables para hacer frente a desafíos o situaciones.

Medicamentos. El psicólogo o el proveedor de atención de la salud mental del niño o adolescente podría recomendarle determinados medicamentos —como estimulantes, antidepresivos, medicamentos contra la ansiedad, antipsicóticos o estabilizadores del ánimo— para tratar la afección de salud mental.

Algunos pacientes se benefician con una combinación de enfoques. Es por ello la importancia consultar al psicólogo o proveedor de atención de la salud mental, para determinar qué puede ser lo más adecuado para el niño o adolescente, incluidos los riesgos o los beneficios de los medicamentos específicos.

Cuando le diagnostican una afección de salud mental a un niño o adolescente, los padres y el hijo suelen experimentar sentimientos de desesperanza, ira y frustración.

Para ello el psicólogo o proveedor de atención de la salud mental podrá brindar consejos sobre cómo modificar la manera en la que se interactúa con el hijo y sobre cómo manejar las conductas difíciles.

También se sugiere una terapia familiar o también la ayuda de grupos de apoyo. Es importante que la familia entienda la enfermedad del paciente y sus sentimientos, y sepan qué pueden hacer para ayudarlo.

Las consecuencias de no detectar a niños o adolescentes con problemas de salud mental traen repercusiones muy lamentables como el caso sucedido el pasado 11 de enero, en un colegio de Torreón, Coahuila. Esa mañana, un estudiante de sexto de primaria, José Ángel “N” con tan solo 11 años, sembró el pánico, el menor entró con dos armas al colegio Miguel de Cervantes y disparó contra sus compañeros. El ataque dejó dos muertos, una maestra de sexto grado y el propio estudiante que se suicidó, además de seis heridos, cinco estudiantes y un profesor de Educación Física.

El niño que tenía buenas calificaciones, se presume que podría tener algún conflicto familiar o con otros estudiantes. El niño vivía solamente con sus abuelos, pues su madre falleció hace tiempo y su padre es una figura ausente.

El gobernador de Coahuila4 informó que el niño era un alumno que no presentaba problemas, que tenía buen comportamiento, pero aproximadamente siendo las 8:20 hrs., pide permiso para ir al baño, en aproximadamente 15 minutos no regresa; la maestra va a buscarlo y de ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas, disparando, hiriendo a seis de sus compañeros y de manera posterior se pega un tiro. Antes de salir al baño a algunos compañeros les dijo “hoy es el día”

Se especula que podría haber sido influenciado por un videojuego llamado “Natural Selection”. Sin embargo, otra influencia que pudo haber tenido el niño, es el tiroteo que cometieron dos estudiantes de secundaria el 20 de abril de 1999, que es conocida como masacre de la preparatoria de Columbine.

Dos alumnos del instituto, que estaban por graduarse, llevaron a cabo una de las masacres más recordadas en un recinto escolar en la historia de Estados Unidos.

Dylan Klebold y Eric Harris, de 17 y 18 años respectivamente, arribaron al centro educativo aproximadamente a las 11:10 de la mañana, luego de colocar una bomba de fabricación casera en un descampado a unos 3 kilómetros de Columbine. El aparato explosivo tenía como propósito distraer a los bomberos de las explosiones que los estudiantes tenían planeadas hacer dentro de la cafetería de la escuela, aunque eventualmente, ninguno de los aparatos detonó.

Ambos llegaron por separado al instituto. Presuntamente, las bombas que colocaron en la cafetería debían estallar, momento en el cual, comenzarían a disparar a los estudiantes que salían del edificio. Al no estallar los artefactos, Eric y Dylan caminaron desde el estacionamiento hacia la entrada principal de la escuela.

En ese momento, comenzaron a disparar a los alumnos que se encontraban en los alrededores del edificio, muchos de los cuales, se hallaban comiendo o descansando sobre los jardines del Instituto. Rachel Scott de 17 años, fue la primera víctima mortal del dúo; el amigo con quien desayunaba, Richard Castaldo, fue herido de gravedad, pero sobrevivió.

Tres minutos después de iniciar el fuego, Harris y Klebold habían asesinado a dos alumnos y herido a al menos 7 estudiantes y a una profesora, Patti Nielson, quien, tras ser herida en el hombro, corrió a la biblioteca a esconderse donde había al menos 52 estudiantes, dos profesores y dos trabajadores de la biblioteca.

Los perpetradores se vieron involucrados en un intercambio de disparos con el oficial de servicio de Columbine, Neil Gardner, aunque ni el oficial ni los atacantes resultaron heridos en el fuego. Gardner pidió refuerzos, mientras policías que circulaban por la zona comenzaron a recibir noticias de estudiantes heridos a las afueras de Columbine.

Harris, el más activo de los dos tiradores, se replegó hacia el edificio. Cuando volvieron a centrar su atención en los estudiantes, Klebold hirió a una estudiante en el tobillo, antes que ambos se dirigieran hacia el pasillo que salía a la biblioteca. Poco antes de llegar, se encontraron con el profesor de ciencias, William Sanders, al que dispararon en tres ocasiones, hiriéndolo en el pecho y cuello, antes de continuar su camino hacia la biblioteca.

Sanders logró sacar a una gran cantidad de alumnos antes de ser atacado; fue atendido por alumnos, pero se desangró por la gravedad de sus heridas alrededor de tres horas después de la agresión.

Durante los 7 minutos siguientes, los jóvenes se dedicaron a “acechar y cazar” a los más de 50 alumnos escondidos. En la biblioteca se registró el mayor número de muertes y heridos con un total de 10 fallecidos y 12 heridos.

La profesora Patti Nielson logró llamar al 911. En la grabación que hizo el personal que recibió la llamada, puede escucharse a Eric Harris gritar “levántense todos” justo después de ingresar a la biblioteca.

Tras perpetrar el “baño de sangre” en la biblioteca, Harris y Klebold deambularon por la escuela. Presuntamente, algunos testigos escucharon que antes de dejar la biblioteca, Eric le habría dicho a Dylan que disparar a la gente “era ya aburrido”.

Unos 20 minutos después de que las cámaras del colegio los captaran haciendo disparos a nada en especial en pasillos y la cafetería, el dúo volvió a la biblioteca, donde, a las 12:08, ambos se suicidaron: Eric se disparó en el paladar y Dylan en la sien.

Posteriormente cuerpos policiales pudieron ingresar a la escuela para ayudar a los heridos; minutos después, encontraron los cuerpos de víctimas y tiradores en la biblioteca.

Cabe destacar que Eric Harris vestía un pantalón color negro, con tirantes y una playera que tenía escrito “Natural Selection”, el título de un video juego.

Como lo mencioné anteriormente, José Ángel “N”, pudo también haber sido influenciado por los jóvenes que llevaron a cabo la masacre de la preparatoria de Columbine, debido a que José Ángel también tenía vestimenta similar, un pantalón color negro, con tirantes y una playera que tenía escrito “Natural Selection”.

Estos solo algunos casos, pero existen muchos más. Por ello la importancia de detectar a tiempo a los niños y adolescentes con problemas de salud mental, no solo para salvar sus vidas, sino las de sus demás compañeros y maestros. De ahí la indispensable presencia de un psicólogo en cada escuela primaria, secundaria y preparatoria, para identificar casos como estos y contribuir a brindar la atención que se requiere.

Para ayudar al niño o adolescente con problemas de salud mental, es importante informar a los maestros y al consejero escolar sobre su afección. Se debe colaborar con el personal de la escuela para elaborar un plan académico acorde a las necesidades del paciente.

La salud emocional del niño o adolescente es muy importante, ya que será la garantía de su bienestar y va a influir en su salud social y en su salud física.

El paciente emocionalmente sano es una persona feliz, adaptado a su entorno, con sana autoestima y capaz de enfrentarse a los problemas y adversidades.

Un país que presenta serios problemas en la salud de sus habitantes tendrá problemas para llevar adelante un plan nacional de desarrollo de sus propios pobladores, del uso de sus riquezas y del bienestar de sus habitantes.

El artículo 4o. de nuestra Carta Magna, mandata al Estado garantizar la protección de diversos derechos humanos para los mexicanos.

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Es por ello propongo exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que proporcione al menos una persona por cada una de las escuelas públicas de educación básica y media superior para que brinde los servicios profesionales de psicología a los educandos.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a proporcionar al menos una persona por cada una de las escuelas públicas de educación básica y media superior para que brinde los servicios profesionales de psicología a los educandos.

Notas

1 https://www.who.int/topics/mental_health/es/

2 https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestylechildrens-health/in-depth/mental-illness-in-children/art-20046577

3 https://www.inegi.org.mx/temas/salud/

4 https://www.unotv.com/noticias/estados/coahuila/detalle/
tiroteo-en-escuela-de-torreon-deja-al-menos-2-muertos-y-4-heridos-611808/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al enfrentamiento armado ocurrido el martes 8 de septiembre en Delicias, Chihuahua, donde resultó herido de gravedad el agricultor Jaime Torres y asesinada su esposa, Yesica Silva, derivado de la protesta realizada en la presa La Boquilla, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Felipe Fernando Macías Olvera, Mario Mata Carrasco, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, Patricia Terrazas Baca, Miguel Alonso Riggs Baeza y María del Pilar Ortega Martínez, integrantes de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I y 79 numeral 2 fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación con el enfrentamiento armado del martes 8 de septiembre en el que resultaron herido de gravedad el agricultor chihuahuense Jaime Torres y asesinada su esposa Yesica Silva, en el municipio de Delicias, Chihuahua, derivado de la protesta realizada en la presa La Boquilla, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El 3 de febrero de 1944, se suscribió el “Tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del río Bravo (Grande) desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”, mismo que fue ratificado por México el 29 de septiembre de 1945 y por Estados Unidos el 18 de abril de ese mismo año. El tratado establece la asignación de las aguas de los ríos Bravo y Colorado, fijando la asignación a Estados Unidos de América una cantidad de 2 mil 158 millones 605 mil metros cúbicos cada cinco años.

A 76 años de su firma y cumplimiento en tiempo y forma del compromiso adquirido, el actual gobierno federal no ha dado respuesta adecuada a los problemas que han surgido en el estado de Chihuahua derivado de las irregularidades que se han presentado respecto de la entrega del agua correspondiente, generando acciones por Conagua para extraer agua de presas del Estado para cumplir con el tratado, lo cual ha generado el descontento de los pobladores dedicados principalmente a la agricultura.

Las continuas muestras de protestas han aumentado, desde bloqueos de carreteras y vías de tren, quema de casetas de peaje, así como de oficinas y vehículos oficiales de la Conagua, hasta la protesta registrada el martes pasado en que miles de pobladores acudieron a la presa La Boquilla ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, para desalojar a los aproximadamente mil 500 miembros de la Guardia Nacional que tenían a su cargo su resguardo.

Sin duda, este último acto se ha visto rebasado ante la cantidad de heridos que dejó el enfrentamiento, y más lamentable aún es el hecho de existir hasta este momento una persona fue asesinada y otra herida de gravedad, las cuales habrían participado en la protesta.

Se trata del matrimonio conformado por el agricultor chihuahuense Jaime Torres y Yesica Silva, cuando éstos regresaban de la protesta mencionada y transitaban por la avenida Tecnológico a la altura del Campo de Aviación, cerca del fraccionamiento Flamingos, municipio de Delicias Chihuahua.

De acuerdo con testigos, presuntamente fueron atacadas por miembros de la Guardia Nacional que iban a bordo de dos camionetas con el número de serie GN332343 y GN332340, pese a que fuera ésta institución la que informara que, después de un enfrentamiento armado con grupos civiles que los interceptaron, se identificó a una persona fallecida al interior de un vehículo, así como de otra herida que fue trasladada a un hospital.

Estas acciones de la Guardia Nacional, como institución surgida para garantizar la seguridad pública de las mexicanas y los mexicanos, no deben ser permitidas ni toleradas. El derecho de manifestación y la integridad de las personas deben ser respetados y protegidos. Desde el momento en que se dispuso la integración de miembros de las fuerzas armadas en dichos cuerpos de seguridad se advirtió de la necesidad de aumentar la vigilancia y capacitación de dichos integrantes, dada su naturaleza respecto del uso de la fuerza.

Ante ello, es necesario que la Fiscalía General de la República comience inmediatamente las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables de dichos asesinatos, como también lo es que, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aclare las acciones que se ordenaron a los miembros de la Guardia Nacional para reaccionar ante el desalojo que sufrieron por los pobladores del Estado y respecto de la supuesta agresión armada que sufrieron.

Ante dichos acontecimientos, exhortamos al gobierno federal a que actúe responsablemente en la solución de este conflicto, y que, en el cumplimiento del tratado, considere a los miles de agricultores que se ven afectados con la extracción de agua de las presas El Granero, La Amistad y La Boquilla, de manera tal que resguarde y respete sus derechos humanos entre el que se encuentra el derecho al agua.

Asimismo, exhortamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue las violaciones de los derechos humanos que se deriven del ataque en contra del agricultor chihuahuense Jaime Torres y su esposa Yesica Silva que presuntamente fue perpetrado por integrantes de la Guardia Nacional.

Es menester que esa Comisión Nacional asuma eficazmente sus obligaciones y responsabilidades establecidas en nuestro marco constitucional y legal, más aún que se encuentra señalada y cuestionada desde el nombramiento de su actual titular.

Esto es, cabe recordar que el procedimiento realizado para el nombramiento de la titular de esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se realizó con los parámetros indispensables de transparencia y rendición de cuentas. Por otra parte, diversas organizaciones civiles acusan a esa Comisión Nacional de implementar procedimientos excesivamente burocráticos en cuanto a la atención de víctimas de violaciones de los derechos humanos y de ser permisiva, incluso cómplice, del actual gobierno federal.

Lo anterior, ha tenido como consecuencia que se abstraiga de sus deberes y se debilite en cuanto a su autonomía de gestión e independencia.

La Cámara de Diputados está obligada a vigilar que esa Comisión Nacional no se convierta en una piedra que impida u obstaculice la obligación de todas las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por otra parte, exhortamos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que de inmediato ejerza sus funciones y facultades con estricto apego a los principios establecidos en el artículo 5º de la Ley General de Víctimas en virtud de los hechos señalados en la presente.

Es igualmente indispensable que esa Comisión Ejecutiva también asuma debidamente sus funciones y facultades para que se les garantice a las víctimas el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que correspondan a pesar del desorden administrativo y la disminución de recursos que ha sido originado, propiciado y permitido por los titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que actúe responsablemente en la solución del conflicto suscitado por la extracción de agua de las presas El Granero, La Amistad y la Boquilla, y principalmente resguarde y respete los derechos humanos de los agricultores de esa región del estado de Chihuahua como el derecho al agua.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, a que, en ejercicio de sus atribuciones, comience las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de los miembros de la Guardia Nacional que participaron en el enfrentamiento armado del martes 8 de septiembre en el que resultaron herido de gravedad el agricultor chihuahuense Jaime Torres y asesinada su esposa Yesica Silva.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a informar a la opinión pública respecto de las acciones realizadas por los miembros de la Guardia Nacional involucrados en la protesta de la presa La Boquilla así como en el enfrentamiento armado en el que resultaron herido de gravedad el agricultor chihuahuense Jaime Torres y asesinada su esposa Yesica Silva, sin menoscabo de que en posterior comparecencia amplíe a detalle la misma e informe respecto a los trabajos de colaboración realizados con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigue la presunta violación de los derechos humanos por integrantes de la Guardia Nacional en contra del matrimonio conformado por Jaime Torres y Yesica Silva y proceda de conformidad con sus atribuciones establecidas en nuestro marco constitucional y legal.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas para que, conforme a sus funciones y facultades, actúe de inmediato y se proporcione la correspondiente atención a las víctimas de los hechos señalados de conformidad con los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputados: Felipe Fernando Macías Olvera, Mario Mata Carrasco, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, Patricia Terrazas Baca, Miguel Alonso Riggs Baeza y María del Pilar Ortega Martínez. (Rúbrica.)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a implantar estrategias relativas al servicio de los centros de justicia para mujeres, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez , diputado federal integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El maltrato y abuso de poder dentro del entorno familiar, especialmente el infligido a mujeres y niños, se ha convertido en un acontecimiento sin límites geográficos, económicos y sociales, que, además lamentablemente debido al aislamiento generado por la emergencia sanitaria, derivada por el virus del Covid-19, se ha visto acrecentado en nuestro país en los últimos meses.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Gobernación federal, “se tiene un aumento de 120% en el registro de llamadas respecto del mes pasado, (marzo) y hay una importante cantidad de reportes de mujeres que advierten la combinación de violencia y el consumo de alcohol, y frustración sobre lo económico, laboral e incertidumbre, que deriva en violencia física.”1

“Cifras actualizadas de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, en el primer cuatrimestre del año, es decir de enero a abril, se iniciaron 68 mil 468 carpetas de investigación por denuncias de violencia familiar, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Tan sólo en el bimestre de marzo y abril, los dos primeros meses de la crisis sanitaria, se denunciaron 34 mil 823 nuevos casos, casi 1 mil 500 más que los 33 mil 330 del mismo periodo de 2019.”1

Para atender esta lastimosa incidencia, la Comisión Nacion2l para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres desde ya hace varios años, ha emprendido acciones de manera conjunta con dependencias de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Ejemplo de ello, son la creación de Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales son instancias gubernamentales, del poder judicial y de asociaciones de la sociedad civil, los cuales brindan servicios de manera coordinada a través de personal de diferentes dependencias de gobierno para dar servicios de psicología, medicina y jurídicos para mujeres que sufren violencia, talleres de empoderamiento y ludoteca para el desarrollo de niñas y niños. La atención tiene como base la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos.

Hoy, las mujeres necesitan de estos Centros de atención, pero la mayoría han cerrado sus puertas, dejando de dar el servicio a cientos de personas que día a día sufren violencia familiar y que, desgraciadamente debido al encierro se ha incrementado más, poniéndose en un estado más vulnerables a las agresiones. Si bien es cierto que, el Poder Judicial ha clausurado labores debido a la emergencia sanitaria, también lo es, que estas mujeres y niños presentan una incidencia que no puede esperar, y que debe ser atendida haciendo uso de estrategias alternas a las que comúnmente utilizan, siendo prioritaria la ayuda psicológica, por ejemplo, por medio de llamada, chat, o algún medio digital, pues estamos ante un problema social que podría desatar consecuencias fatales.

A mayor abundamiento, de conformidad con información obtenida de un mapa digital dado a conocer por la Secretaría de Gobernación federal,3 en Baja California, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas no hay Centro de Justicia para las Mujeres. Además, no tienen casa de emergencia los dos Centros de Chihuahua; los de Puebla capital y Tehuacán, en Puebla; el de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ni el de Irapuato, Guanajuato.4

Dichos Centros de Justicia, tienen su fundamento en la siguiente normatividad Internacional: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención sobre los Derechos del Niño, Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía y, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En lo nacional tenemos: , , , , , , y, .

Así, el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”

La situación de violencia familiar que viven las mujeres en México, se ha exacerbado con las medidas implementadas por la pandemia de coronavirus, como el confinamiento en casa, por ello, apremia que el gobierno federal y los locales fortalezcan los Centros de Justicia para Mujeres, ya que son esenciales para abatir la violencia familiar y otros problemas sociales.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, a la titular de la Secretaría de Gobernación para que gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que en los Centros de Atención para Mujeres, se implementen estrategias alternas para atender la violencia familiar, como líneas telefónicas, chats, guardias, apoyo en medios digitales, etcétera.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, a los titulares de los gobiernos de Baja California, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas, para que giren sus instrucciones a quien corresponda, y, creen Centros de Justicia para las Mujeres en cada una de dichas entidades.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, a los Titulares de los gobiernos de Chihuahua, Puebla, Chiapas y Guanajuato, para que giren sus instrucciones a quien corresponda para que, se instale albergue o casa de emergencia para recibir a mujeres que han sido violentadas y que necesiten esa ayuda.

Notas

1 En Sexta Reunión de Estrategias contra las Violencias de Género; llama Sánchez Cordero a fortalecer servicios para población vulnerable. Boletín número 117/2020. Fecha de publicación. 16 de abril de 2020

https://www.gob.mx/segob/prensa/en-sexta-reunion-de-estr ategias-contra-las-violencias-de-genero-llama-sanchez-cordero-a-fortale cer-servicios-para-poblacion-vulnerable?idiom=es-MX2 ¿Familia fraterna? Crecen casos de violencia familiar, sexual y de género durante epidemia. Animal Político. Nota del 22 de mayo, 2020. Visible en

https://www.animalpolitico.com/2020/05/violencia-familia r-sexual-genero-epidemia/

3 Instituto Nacional de Desarrollo Social. Servicios de Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en situación de violencia. Consultado el 10 de junio, 2020. Visible en

http://indesol.gob.mx/paimef/georreferencia/

4 Centros de Justicia para las Mujeres ajustan servicios en contingencia por COVID-19. Animal Político. Nota del 29 de abril, 2020. Consultado el 10 de junio, 2020.

https://www.animalpolitico.com/2020/04/centros-justicia- mujeres-servicios-contingencia-coronavirus-covid-19/

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 14 de septiembre del 2020.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a revisar el convenio CFE-ayuntamientos sobre el cobro del derecho al alumbrado público para extinguir éste por su inconstitucionalidad, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Víctor Adolfo Mojica Wences, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, fracción I, del artículo 6, y 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Conforme a la fracción III del artículo 115 de nuestra Carta Magna, los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de alumbrado, agua potable, drenaje, alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastro, entre otros;

El derecho al alumbrado público (DAP) es empleado para pagar el importe de la energía eléctrica suministrada al municipio, y que es cobrado de forma obligatoria a los usuarios por la Comisión Federal de Electricidad, siendo intermediaria entre el municipio y el usuario, conceptualizando el cobro como un derecho, pero que por su naturaleza es un impuesto, dados los siguientes conceptos:

“Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepo cuando se prestan por organismos descentrlizados. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Impuesto según el Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación se enmarque en los supuestos que las leyes fiscales establecen.

Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o en especie que fija la ley con carácter general y obligatorio cargo de personas fisícas y morales para cubrir los gastos públicos.

Es una contribución o prestación pecuniaria de los particulares, que el Estado establece coactivamente con carácter definitivo”.1

Derivado de los conceptos de derecho e impuesto, el DAP se enmarca en ser un impuesto por su obligatoriedad, además de apoyarse en las Leyes de Ingresos de los municipios y ser avalado por las asambleas locales.

Por lo anteriomente expuesto, el DAP es un impuesto disfrazado de derecho y es anticonstitucional, pues la Constitución, en su artículo 73, fracción VII, es facultad exclusiva del Legislativo aprobar la creación de nuevos impuestos.

Además en la actualidad este “derecho” afecta la economía de muchos usuarios, pues ante la pandemia que aun prevalece, todo cobro afecta de manera significativa los ingresos de las familias mexicanas. Inclusive hay comunidades donde las luminarias no funcionan y aún así les es realizado el cobro de forma obligatoria.

En virtud de lo anterior, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Energía, ingeniera Norma Rocío Nahle García, para que en aras de sus facultades revise el convenio que mantiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con los municipios, con relación al cobro del derecho al alumbrado público (DAP) con la finalidad de extinguir dicho cobro por ser inconstitucional.

Nota

1 Honorable Cámara de Diputados. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Serie de Cuadernos de Finanzas Públicas 2006. CEFP/028/2006

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la Administración General de Aduanas a revisar y actualizar semestralmente el catálogo de precios estimados en materia de importación de vehículos usados, a cargo del diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Francisco Jorge Villareal Pasaret, integrante del Grupo Parlamentario del Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa, al tenor siguiente

Consideraciones

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos corresponde al Ejecutivo federal la conducción del comercio exterior:

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia.

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

Por su parte, la Ley Aduanera faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme al artículo 144, fracción XIII, para establecer los precios estimados para las mercancías que se importen y retenerlas hasta que se presente la garantía a que se refiere el artículo 36-A, fracción I, inciso e) de la propia Ley Aduanera.

Al respecto la autoridad hacendaria con fecha 28 de febrero de 1994 publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, con el objeto de combatir los efectos de la subvaluación de las mercancías, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera.

En el mismo sentido, el 14 de febrero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Resolución que modifica a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, mediante la cual se dio a conocer el Anexo 2 que contiene los precios estimados aplicables a la importación de vehículos usados; cuyas modificaciones se han publicado en el mencionado periódico oficial del 31 de diciembre de 2008, 26 de enero de 2009, 24 de marzo de 2010, 31 de diciembre de 2014, 27 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2018.

Por su parte, desde 2005, el gobierno federal, a través de diversos decretos ha regulado la entrada de autos usados a territorio nacional, mediante la imposición de aranceles, certificados de origen, limitando a determinados modelos por tiempo de fabricación y tipo de vehículos; aunque por otro lado, permite la entrada de estos vehículos en la franja fronteriza o para mexicanos residentes en EUA cuando vienen de visita a México, lo que ha propiciado diversos fenómenos, entre otros, que tales vehículos ya no regresen a territorio norteamericano, que exista un mercado de vehículos usados irregulares de procedencia extranjera, asimismo, que las autoridades locales y federales carezcan de un registro real y actualizado de dichos vehículos, pero sobre todo que se genere corrupción y malas prácticas.

Es importante señalar que, en el caso de los precios estimados de vehículos usados, el Anexo 2, de la “Resolución que modifica a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” no ha tenido modificaciones, por el contrario en el mercado existe un sinnúmero de modelos nuevos que son susceptibles de importarse de manera legal, cumpliendo con la normatividad y pagando las contribuciones correspondientes, no obstante al existir un gran vació en dicho Anexo 2, se genera una incertidumbre que tiene como consecuencia corrupción y malas prácticas en perjuicio de la hacienda pública y de las y los ciudadanos.

En síntesis, se aprecia que el gobierno federal tiene la facultad privativa de gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional; asimismo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de establecer los precios estimados para mercancías que se importen y retenerlas hasta que se presente la garantía a que se refiere el artículo 36-A, fracción I, inciso e) de la Ley Aduanera, estas facultades al ser aplicadas al fenómeno social, la importación de vehículos usados, ha generado malas prácticas y corrupción, que hoy en día han permitido que existan un número impreciso de vehículos de procedencia extranjera en territorio nacional.

Por lo anterior, esta proposición tiene como objetivo abonar a la solución y de manera respetuosa solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Administración General de Aduanas para que se revise y se actualicen cada seis meses, los precios estimados de los vehículos que se pueden importar de manera legal al territorio nacional, agilizando los trámites y permitiendo que se optimicen los procesos y se dé certeza a las personas físicas y morales que desean cumplir con la normatividad aplicable.

A su vez, es de resaltar que el “decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011, –mismo que se ha venido prorrogando– establece: “Que es fundamental para el Estado Mexicano impedir la importación definitiva al territorio nacional de vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características físicas o por cuestiones técnicas, su circulación esté restringida o prohibida, así como cuando el vehículo haya sido reportado como robado;”

“Que compete al Ejecutivo federal la regulación de la contaminación de la atmósfera proveniente de todo tipo de fuentes emisoras para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico, por lo que los vehículos importados de manera definitiva al territorio nacional deben sujetarse a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección al medio ambiente:”

“Que existe la necesidad de que el gobierno federal actualice constantemente la información relativa al comportamiento del mercado de vehículos usados, por lo que se estima esencial que los importadores comerciantes de vehículos usados informen a la autoridad competente respecto de sus importaciones;”

Ésta proposición con punto de acuerdo, es coincidente con el espíritu del decreto antes citado, pero se enfoca en el procedimiento para la importación definitiva, es decir, en aquellos casos donde es posible cumplir con la normatividad vigente para importar vehículos usados, procedimiento en el que, desafortunadamente, se presentan diversos problemas como la falta de actualización de la tabla de precios estimados de vehículos susceptibles de importarse.

Esta proposición, no busca de manera alguna, promover la importación masiva de vehículos, ni la regularización de los vehículos que se encuentran de manera irregular en el territorio nacional, sino que su objetivo central es que la autoridad hacendaria actualice las bases jurídicas y mejore los procedimientos para que las y los mexicanos puedan importar vehículos usados de manera legal, cumpliendo los requisitos que exigen las normas, cerrando los vacíos que propician la corrupción, la dilación en los trámites y las malas prácticas en materia de comercio exterior.

Una de estas malas prácticas es la llamada “subvaluación” de las mercancías, en este caso particular el valor de los autos usados que se pretenden importar definitivamente a nuestro país; en este sentido, con fecha 28 de febrero de 1994 la autoridad hacendaria publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, con el objeto de combatir los efectos de la subvaluación de las mercancías, sin embargo, la falta de actualización genera que este fenómeno se multiplique ante la ambigüedad y discrecionalidad con se realiza la valuación de los vehículos usados que se pueden importar a nuestro país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la administración general de aduanas para que en el ámbito de sus facultades realicen una revisión y actualicen de manera semestral el catálogo de precios estimados en materia de importación de vehículos usados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.

Diputado Francisco Jorge Villareal Pasaret (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a suspender las retenciones en exceso de lo legal en la nómina de su personal de confianza y jubilados y explorar la solución financiera integral a través del Banco del Bienestar, a cargo de la diputada Yolanda Guerrero Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Yolanda Guerrero Barrera, coordinadora de los diputados de Michoacán del Grupo Parlamentario de Morena, 5o. Distrito, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

En el marco de los trastornos económicos resultado de la pandemia de coronavirus, debe atenderse urgentemente la violación a la Ley Federal del Trabajo que en sus artículos 110 y 111 señala que el monto máximo de retención hecho a algún trabajador de su nómina o pensión, en ningún caso podrá ser mayor al treinta por ciento del excedente del salario mínimo.

Esto en el marco de un convenio de colaboración celebrado el 11 de mayo de 2015 por el Instituto Mexicano del Seguro Social: (IMSS) a través de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y de algunas instituciones financieras: sociedades financieras de objeto múltiple empresas no reguladas, (Sofom ENR) y bancos comerciales. Este convenio de colaboración tiene como objeto ofrecer y otorgar créditos personales a los trabajadores de confianza en nómina ordinaria y de mando, Estatuto de Trabajadores de Confianza “A” (anexo técnico A) jubilados y pensionados del “Instituto” (anexo técnico B); y a los pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 con pago del préstamo con cargo a su nómina y/o pensión (anexo técnico C).

Dentro de este mecanismo participan como proveedores financieros a nómina de trabajadores y con retención a través del IMSS, con convenio de colaboración: 42 entidades financieras: 38 son Sofom ENR (entidades que no pueden captar recursos del público en general;) y 4 instituciones bancarias, reguladas todas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para control y administración del convenio de coordinación celebrado entre el IMSS y las instituciones de crédito, el IMSS diseñó una plataforma digital, un portal con clave única de acceso a todas las instituciones con convenio: Sofom ENR y bancos. Con esto se debió haber garantizado la correcta y puntual aplicación del convenio.

Presumiblemente por corrupción, existió una manipulación de esta plataforma de proveedores del servicio financiero, que permitió ampliamente la instalación manual de créditos fuera de la plataforma y en violación de la Ley Federal de Trabajo: permitió montos superiores a los que señala dicha ley, en sus artículos 110 y 111.

Esto en detrimento de los trabajadores, ya que el IMSS ha permitido y operado la retención al trabajador en exceso del límite de ley y ha instalado más de dos créditos y en algunos casos hasta 4 créditos por jubilado lo que provoca un alto índice de endeudamiento y la consecuente carencia de liquidez y en muchos casos, los trabajadores sufren de retenciones de hasta el 70 por ciento o más, del ingreso de nómina o de pensión; este hecho es absolutamente contrario a la ley y se manifiesta de forma consistente en los segmentos de personal de Confianza y Jubilados IMSS.

En el marco de la aparición del Covid-19, enfermedad causada por un virus específico (SARS-CoV-2) y derivado a su profundo impacto en las relaciones sociales, laborales y en la economía nacional y mundial y en congruencia con las políticas públicas del gobierno federal y del mismo IMSS, el Banco de México publica su circular 13/2020 en el Diario Oficial de la Federación del día viernes 17 de abril del 2020, mediante la cual se suspenden temporalmente los cobros de algunos créditos y en concordancia con dicha circular, el IMSS ha tomado el acuerdo para suspender las retenciones a cualquier nómina hasta el mes de agosto del 2020; con el retorno a la nueva normalidad, no se deben permitir, las retenciones en exceso del 30 por ciento que permite la ley, no deben se reestablecidas al “retornar a la nueva normalidad”.

Señalo de manera informativa, la corresponsabilidad del IMSS, que de acuerdo al propio convenio de coordinación, clausula décima, cobra un porcentaje por “la gestión de administrar, operar, registrar y controlar los préstamos de los sujetos de la cláusula segunda del presente convenio, el 0.5 por ciento (cero punto cinco por ciento) más IVA por cada retención”, así como la obligación de las instituciones financieras de suscribir un “permiso de uso temporal revocable de acceso itinerante” en cuya clausula segunda se establece que el “permisionario se obliga a pagar al Instituto un cuota de recuperación por el acceso de sus agentes promotores a los inmuebles institucionales, por el equivalente al 1 por ciento (uno por ciento) de los ingresos mensuales brutos que el instituto transfiera como parte de las retenciones que realice, para el caso de los trabajadores... más los impuestos que en su caso le sean aplicables conforme a la ley de la materia.” De tal manera que el Instituto conserva el 1.5 por ciento (uno punto cinco por ciento) más impuestos del total retenido.

Las retenciones hechas en exceso a lo señalado por la ley son en detrimento de la clase trabajadora y en contravención de la Ley Federal del Trabajo.

Solución Integral a través del Banco del Bienestar:

Derivado de los ajustes que se deben originar, se propone que el Banco del Bienestar participe decididamente, en su carácter de banca social, ya que “promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento de primer y segundo piso de forma equitativa para personas físicas y morales, impulsando así la inclusión financiera, misma que realiza con perspectiva de género y tomando en cuenta a comunidades indígenas”.

Asimismo, se señala que el mismo Banco del Bienestar prevé su propia participación reconociendo sus alcances y proponiendo mejorar los casos en los que “el acceso a los servicios bancarios se de en condiciones desfavorables”, toda vez que las tasas de interés, en este caso, son muy elevadas, se propone su participación para reducir las mismas.

En este caso para generar las condiciones financieras de esta transición, es pertinente que celebre un convenio de coordinación con el IMSS, que permita el intercambio de información, que permita el tránsito de créditos otorgados a nóminas de trabajadores por instituciones privadas que han violentado la ley, y que sea el Banco del Bienestar, el que proponga la mejor solución atendiendo el principio enunciado “...de manera directa a través de una amplia red de sucursales, y de forma indirecta mediante convenios o alianzas institucionales y comerciales con corresponsales y empresas privadas, así como con cooperativas y cajas de ahorro. Todo ello con la finalidad de ser “el banco de los mexicanos”.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, a ajustar en las retenciones de la nómina y pensiones del personal de confianza y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), todas aquellas que excedan lo permitido por la ley, ciñéndolas, rigurosamente, a lo señalado como límite máximo.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Banco del Bienestar, a participar de manera activa en la solución integral y regularización del mercado de préstamos a nómina de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, toda vez que es la instancia pertinente y es la única que garantiza evitar conflicto de intereses. Se exhorta a que explore al lado del Instituto, la pertinencia de celebrar un Convenio de Coordinación y establecer los mecanismos que permitan a los usuarios de estos servicios financieros, a transitar a un esquema viable de solución definitiva.

Cámara de Diputados del honorable, a 14 de septiembre de 2020.

Diputada Yolanda Guerrero Barrera (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 196 aniversario de la anexión de Chiapas al Pacto Federal, a cargo de la diputada Maricruz Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT

La historia de la formación territorial de México ofrece ejemplos contrastantes. En el norte la secesión de Texas y la pérdida de otras provincias evidenciaron la debilidad en el dominio del territorio nacional, mientras que los procesos de construcción territorial en el sureste mexicano fueron de naturaleza muy distinta; prueba de ello, es la anexión en 1824 de la antigua provincia guatemalteca, que hoy conforma el estado de Chiapas.

Hasta antes de la independencia, Chiapas era parte de la Audiencia de Guatemala, sin embargo; en septiembre de 1821 las autoridades chiapanecas decidieron adherirse al Plan de Iguala, respondiendo al exhorto de los jefes mexicanos que habían ocupado la ciudad de Oaxaca. Poco después, tras enterarse que en Guatemala también se había proclamado la independencia, los chiapanecos rompieron vínculos con su gobierno y se acogieron a la protección mexicana.

El acuerdo entre ambas partes quedó consagrado en el Decreto de la Regencia del 16 de enero de 1822, que estipulaba la incorporación de Chiapas al Imperio Mexicano, sin embargo; derivado de los acontecimientos nacionales que dieron lugar a la abdicación de Iturbide los tratados y convenios suscritos se dejaron sin validez. Fue hasta el 14 de septiembre 1824 que los chiapanecos de entonces hicieron valer su voluntad mayoritaria y decidieron libremente ser mexicanos. Es realizado un referéndum sin precedente entre todos los partidos políticos del territorio y se convoca a todos los habitantes a emitir su voto. El resultado fue el siguiente: 95 mil votos a favor a la anexión a México y 60 mil a favor a la anexión a Guatemala y 15 neutrales.

Desde su unión, Chiapas ha pasado por una serie de conflictos que nos han puesto a prueba como federación y en cada uno de ellos, hemos logrado salir adelante, prueba de ello; es la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, no obstante; aún persisten temas pendientes como el rezago socioeconómico y la gran disparidad que hay entre los estados que conforman nuestra nación y, que es imperativo resarcir.

Chiapas es cuna de grandes tradiciones y costumbres, sin dejar de lado lo hermoso de su geografía, su riqueza natural y cultural es inigualable, desde la Sierra Madre hasta Los Altos de Chiapas y entre los ríos Usumacinta y Grijalva. Es pulmón de nuestro país.

Quién no ha probado un chocolate preparado con cacao de la región sierra o un café de gran aroma y sabor producto de estas bastas tierras montañosas. El pozol o el tascalate, bebidas que por tradición se encuentran en la mesa de la mayoría de los hogares chiapanecos, o el queso de Pijijiapan, en fin, una enorme gastronomía.

Quiero destacar además que en este territorio confluye la red hidrológica más grande de Mesoamérica, que incluye las cascadas de Agua Azul, las lagunas de Montebello y el cañón del Sumidero. Chiapas es una mirada al tiempo a través de los centros y demás ruinas arqueológicas, donde prevalece la esencia maya u olmeca, principalmente; al paralelo fusiona la arquitectura colonial. Es la tierra del jaguar, del tucán y de especies endémicas, pero también lo es del jade y el ámbar.

Los chiapanecos son agricultores y ganaderos con conocimientos milenarios, pescadores audaces y grandes artesanos, son mujeres y hombres ilustres que se han sabido ganar un lugar muy especial en la historia. No hay palabras que pudieran hacerle justicia a lo que es y representa Chiapas.

Hoy celebro ser parte de esta tierra bendita, pues los chiapanecos nos incorporamos hace 196 años a la nación mexicana, para construir juntos una gran patria para todos, decisión soberana fundada en nuestra vocación histórica y que se nutre de libertad, misma que permitió elegir a México como el rumbo y proyecto de nación. Por ello, hoy más que nunca, ¡Orgullosamente, soy Chiapas de corazón!

Fuente:

Antecedentes de Chiapas antes de su formación como entidad. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2859 /6.pdf

Chiapas: una diversidad cultural en movimiento. Disponible en:
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/edespich/images/diagnostico_y_perspectivas/
Diversidad_cultural_y_linguistica/Chiapas_un_estado_multicultural/ensayo_chiapas_una_diversidad_cultural.pdf

Vázquez Olivera Mario. "Chiapas Mexicana". La gestación de la frontera entre México y Guatemala durante la primera mitad del siglo XIX. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los catorce días de septiembre de dos mil veinte.

Atentamente

Diputada Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica)