Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Pemex, la FGR y la CEAV a implantar mayores medidas que garanticen la seguridad para empleados de la empresa, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que el primero implemente, de forma urgente, mayores medidas que garanticen la seguridad para sus empleados, así como para sus instalaciones estratégicas; a la segunda, para que priorice la investigación del homicidio de cuatro agentes de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos en San Juan del Río, Querétaro, el pasado 14 de agosto y, a la tercera, para que reconozca la calidad de víctima a las personas que fueron asesinadas en esos lamentables hechos, los inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y asegure la prestación de medidas de ayuda y atención inmediata, así como de reparación para sus víctimas indirectas, conforme a los siguientes

Antecedentes

La salvaguardia estratégica de Pemex

El artículo 3, fracción XXXI, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos (Pemex), define lo que debe entenderse, en el marco de actuación de esa empresa productiva del Estado, como salvaguardia estratégica:

“Artículo 3 . ...

[...]

XXXI. Salvaguardia Estratégica: Las acciones tendientes a proporcionar la seguridad física integral del personal, instalaciones, bienes y valores de Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales;

[...]”

Para lograr la finalidad anterior, los artículos 56, 57, 58 y 59 del mismo Estatuto Orgánico otorgan atribuciones a diversas subdirecciones para realizar funciones de seguridad y estratégicas.

La Subdirección de Salvaguardia Estratégica, contemplada en el artículo 56 del Estatuto, tiene encomendadas, entre otras funciones, las siguientes:

a. Coordinar la prestación de servicios en materia de salvaguardia estratégica del personal, instalaciones, bienes y valores de Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales;

b. Coordinar la relación con los tres órdenes de gobierno en materia de salvaguardia estratégica, seguridad nacional y mercado ilícito de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; y

c. Coordinar las acciones de protección por amenazas y riesgos a la salvaguardia estratégica que enfrente Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales.

Por su parte, la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo cuenta, de acuerdo con el artículo 57 del Estatuto, entre otras, con las atribuciones siguientes:

a. Elaborar estrategias para el desempeño de los servicios de salvaguardia estratégica;

b. Elaborar estudios en materia de seguridad física relacionados con la vulnerabilidad, riesgos y verificaciones de las instalaciones estratégicas;

c. Operar los centros de mando y control para la seguridad, vigilancia y monitoreo, a nivel nacional y regional;

d. Operar, supervisar y evaluar los sistemas aéreos, terrestres y marítimos de seguridad, vigilancia, monitoreo y control de acceso y salida de las instalaciones y bienes inmuebles; y,

e. Interactuar con diversas instancias de los tres órdenes de gobierno, en materia de salvaguardia estratégica;

La Gerencia de Seguridad Física, contenida en el artículo 58 del Estatuto, tiene las siguientes funciones relevantes para el propósito de esta proposición:

a. Implementar las estrategias para el desempeño de los servicios de salvaguardia estratégica;

b. Ejecutar y evaluar las actividades de seguridad física;

c. Realizar las acciones de protección por amenazas y riesgos a la salvaguardia estratégica;

d. Proporcionar seguridad física al personal de Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales;

e. Implementar acciones orientadas a repeler agresiones que alteren el orden laboral o pongan en riesgo las instalaciones y bienes inmuebles de Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales;

Finalmente, el artículo 59 del Estatuto otorga a la Gerencia de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, entre otras, las funciones siguientes:

a. Administrar los recursos humanos, tecnológicos, materiales, financieros y armamento de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica;

b. Elaborar los convenios de colaboración en materia de salvaguardia estratégica, con las fuerzas armadas, dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y, en su caso, con terceros, en coordinación con las áreas competentes;

Con este breve recuento de atribuciones podemos apreciar que Pemex cuenta con un sistema de seguridad física y cibernética que incluye la prevención y mitigación de riesgos físicos, personales e informáticos, que es bastante complejo y completo. Esto se justifica por la importancia de las instalaciones y de las funciones que realiza.

A pesar de esta robusta estructura orgánica y funcional, hay que hacer mención que Pemex no es una empresa dedicada a brindar servicios de seguridad y si bien ha ido desarrollando con el tiempo estas facultades, lo cierto es que requiere de apoyo decidido de las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

La salvaguardia estratégica así entendida es una herramienta muy valiosa para Pemex que le permite contar con personal bien entrenado, armado y con tecnología de vigilancia y prevención que coadyuva a mantener la seguridad de las instalaciones de la empresa productiva del Estado y de sus subsidiarias y filiales.

Pero cuando las amenazas provienen del crimen organizado, la tarea se vuelve mucho más compleja y se convierte en un problema de seguridad pública o, incluso de seguridad nacional, tal y como se prevé en el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional que considera como amenaza los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

El ataque en San Juan del Río, Querétaro, y otros crímenes

En los últimos años se han dado diversos actos de ataque o amenaza a instalaciones de Pemex en varios estados del país que, incluso, han sido causa de la pérdida de vidas de ciudadanos y servidores públicos, pero es difícil ubicar un incidente como el que ocurrió el 14 de agosto de 2020, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Ese día, cuatro elementos de Seguridad Física de Pemex fueron emboscados y asesinados en la carretera Palmillas-Huichapan, en la entrada a la comunidad Cazadero. Los reportes de medios de comunicación indican que los guardias estaban en recorrido de vigilancia de los ductos de Pemex en la zona, en la cual, se menciona que existen tomas clandestinas de hidrocarburos.1

Las declaraciones de testigos a medios de comunicación indican que fueron al menos veinte minutos de balazos cruzados, pero los guardias de Pemex no pudieron repeler la agresión. También se indicó en varios reportajes que en el lugar de los hechos no se encontraron las armas de cargo de los agentes de seguridad de la empresa productiva del Estado.2

Al hacer una revisión en las comunicaciones oficiales de Pemex no se localizó alguna referente al ataque, al cuádruple homicidio ni sobre las investigaciones que se iniciaron sobre el lamentable suceso.

Pero esta parece no ser la única situación de peligro para las instalaciones y, fundamentalmente, para el personal de Pemex.

El 29 de agosto, varios diarios del país publicaron que Manuel Limón, actual encargado de despacho de la Secretaría General del Sindicato de Pemex, envió una carta al director de la empresa, Octavio Oropeza, en la que demanda que se atienda la “inseguridad contra los trabajadores en los campos, pozos, ductos e instalaciones marinas donde son asaltados, robados o amenazados por el crimen organizado.”3

La misiva señala que esta condición de inseguridad para el personal de Pemex “es una situación en la que se ha insistido de tiempo atrás (...) sin que a la fecha se observe ninguna estrategia para su atención, manteniéndose la vulnerabilidad y el riesgo para su integridad física.”4

Asimismo, las mismas fuentes señalan que de acuerdo con informes oficiales, sólo en agosto se reportó un desvío de cuatro mil barriles diarios de combustible, principalmente extraído ilegalmente de los poliductos Salamanca-Guadalajara; Rosarito-Mexicali y Tula-Salamanca.5

Esto se suma a lo que en febrero de 2020 se denunció en medios de comunicación por parte de trabajadores petroleros: la falta de vigilancia federal en las instalaciones de campos de Pemex, lo que los ha dejado a merced de delincuentes en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. De acuerdo con personal de la sección 3 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en los últimos años han sido víctimas de robos, amenazas y secuestros y, por ello, evitan laborar en horario nocturno en zonas rurales de Altamira o de Pánuco, pues para regresar a sus hogares deben circular por brechas sin vigilancia.6

En ese entonces, los trabajadores de Pemex acusaron a la empresa de enfocar sus tareas de seguridad en las instalaciones, sin garantizar la seguridad de los empleados cuando laboran fuera, lo que constata que, en la presente administración, la seguridad se ha enfocado en los ductos, descuidando a su personal.7

Se debe mejorar la seguridad, atender a las víctimas y castigar a los culpables del cuádruple homicidio

Es de público conocimiento que México está atravesando una etapa muy difícil en materia de seguridad pública. La violencia en casi todo el país ha aumentado sin precedentes; los homicidios dolosos siguen al alza y es común conocer casos de asaltos, homicidios, violaciones, balaceras, robos, etcétera, en casi cualquier ciudad mexicana.

Ante esta complicada condición de inseguridad, las áreas estratégicas de Pemex se han vuelto un atractivo blanco para quienes se dedican a delinquir. El llamado “huachicoleo” y las funestas consecuencias que trae consigo no se ha erradicado y continúa siendo una amenaza seria para las instalaciones y, fundamentalmente, para el personal de Pemex, sus subsidiarias y sus filiales.

Ante esto es importante preguntar, ¿qué está haciendo Pemex para disminuir los riesgos a sus instalaciones estratégicas y los que impactan a su personal? Es evidente que los planes y programas de seguridad de Pemex son reservados, por obvias razones, sin embargo, los testimonios que se han recogido en medios de comunicación indican que se ha relegado la protección de los empleados para privilegiar la protección de los ductos, lo que en ningún escenario puede ser una decisión correcta.

Por ello, en Acción Nacional, consideramos que Pemex debe analizar profundamente sus programas y planes de seguridad para que asegure que sus empleados, dentro y fuera de sus complejos, gocen de condiciones de seguridad para sí, para sus bienes y para sus familias.

En enero de este año, los trabajadores decidieron alzar la voz para denunciar la falta de seguridad que están enfrentando y, desgraciadamente, en agosto pasado tuvimos que ser testigos de un cuádruple homicidio en San Juan del Río, Querétaro, lo que se suma a incontables denuncias de extorsión, secuestros, privación ilegal de la libertad, robos, etcétera.

Pemex tiene atribuciones para coordinarse con la Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con las policías estatales y municipales; si es necesario, debe fortalecer esa coordinación en aras de brindar la mayor seguridad posible a su personal y a sus instalaciones.

Y no debemos olvidar a las víctimas. En San Juan del Río fallecieron cuatro personas que tenían familias, planes de vida, sueños, anhelos y, hasta el momento, no se ha anunciado ningún tipo de apoyo por parte de Pemex para los deudos.

Las cuatro personas que lamentablemente fallecieron son, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, víctimas directas de delito, y tampoco se ha hecho público que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los haya inscrito en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), con el afán de proporcionar a las víctimas indirectas (las familias) las medidas de apoyo y atención inmediata que requieran, así como para garantizarles su derecho a una reparación integral y su derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria.

Es más, actualmente, no existe información certera sobre qué fiscalía inició la carpeta de investigación, es decir, no sabemos si la Fiscalía General de la República inició las investigaciones o dejó que fuera la del estado de Querétaro. Esto es trascendental para las víctimas, pues ello determina si surte la competencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o la del Estado de Querétaro.

Por tal motivo, considerando que los agentes de Pemex eran, muy probablemente, servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones, la investigación del delito debe recaer en la FGR y si no lo eran, la trascendencia del caso y el involucramiento de una función de seguridad de instalaciones estratégicas, así como el tipo de armamento utilizado en el enfrentamiento, debería ser suficiente para que el Ministerio Público de la Federación determine la atracción de la carpeta de investigación.

Por tal motivo, esta proposición con punto de acuerdo pretende llamar la atención sobre tres temas:

1. Que Pemex refuerce la seguridad para sus empleados y para sus instalaciones estratégicas y que se fortalezca, en caso de ser necesario, la coordinación con las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno;

2. Que la FGR priorice la investigación del homicidio de cuatro personas en San Juan del Río, Querétaro y, en el supuesto de que no haya iniciado carpeta de investigación, que analice la viabilidad para atraerlo al fuero federal, y

3. Que la CEAV, en ejercicio de lo establecido en los artículos 96, 101, 106 y 110, de la Ley General de Víctimas, y demás relativos y aplicables, reconozca la calidad de víctima a las personas que fueron asesinadas en San Juan del Río, Querétaro y los inscriba en el Renavi.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, a consideración de esta soberanía, con los siguientes resolutivos:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que, de forma urgente, implemente medidas concretas que garanticen la seguridad para sus empleados, tanto dentro como fuera de sus instalaciones, así como para sus instalaciones estratégicas, fortaleciendo, en caso de ser necesario, la coordinación con las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que priorice la investigación del homicidio de cuatro agentes de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos en San Juan del Río, Querétaro, el pasado 14 de agosto, con la finalidad de que se determine quiénes son los responsables y se les sancione conforme a la ley; asimismo, en el supuesto de que esa Fiscalía no haya iniciado carpeta de investigación por esos lamentables acontecimientos, que analice la viabilidad para atraer la investigación al fuero federal.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que en ejercicio de lo establecido en los artículos 96, 101, 106 y 110, de la Ley General de Víctimas, y demás relativos y aplicables, reconozca la calidad de víctima a las personas que fueron asesinadas en San Juan del Río, Querétaro, el pasado 14 de agosto, quienes laboraban como agentes de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, los inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y asegure la prestación de medidas de ayuda y atención inmediata, así como de reparación para sus víctimas indirectas.

Notas

1 Matan a 4 elementos de Pemex en SJR. Noticias de Querétaro. Recuperado el 1 de septiembre de 2020 en

https://noticiasdequeretaro.com.mx/2020/08/15/matan-a-4-elementos-de -pemex-en-sjr/

2 Emboscan y matan a 4 oficiales de Pemex en Querétaro. Cadena Noticias. Recuperado el 1 de septiembre de 2020, en https://cadenanoticias.com/nacional/2020/08/emboscan-y-matan-a-4-oficia les-de-pemex-en-queretaro

3 Crimen acecha a empleados de Pemex; pide sindicato seguridad. El Diario.Mx. Recuperado el 1 de septiembre de 2020, en https://diario.mx/nacional/crimen-acecha-a-empleados-de-pemex-pide-sind icato-seguridad-20200829-1702305.html

4 Ídem.

5 Ibídem.

6 Acusan petroleros acoso de criminales. Reforma. Recuperado el 1 de septiembre de 2020, en

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/
acusan-petroleros-acoso-de-criminales/ar1866496?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

7 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE y la Profeco a regular y supervisar los precios de los productos sanitarios utilizados por los mexicanos para enfrentar la pandemia causada por el SARS-Cov2, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En plena pandemia sanitaria, causada por el virus SARS-CoV2, que provoca la enfermedad denominada Covid-19, los hogares mexicanos enfrentan una fuerte escalada en los precios de los medicamentos, especialmente el material de curación, que reportó la mayor alza de los últimos 20 años.1

Querétaro es una de las entidades donde más se incrementó el precio del botiquín, 50.4 por ciento en junio frente al mismo mes del año pasado; le sigue Tabasco, con 47.9 por ciento de alza en los precios, y Durango, con 36 por ciento. Esto indica la cotización efectuada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en cuanto a los insumos de material de curación, cuya lista incluye alcohol, algodón, jeringas, gasas y nueve productos más.2

Los antibióticos3 también reportaron grandes aumentos, siendo Nayarit la entidad más afectada, con un alza de 19 por ciento en estos medicamentos; continua el estado de México, donde se elevaron 17.8 por ciento, y Morelos, con 13.5 por ciento. Los analgésicos subieron más en Guanajuato, 15.2 por ciento; le secunda Yucatán, con 14.2 por ciento, y en tercer lugar Sinaloa, con 13.5 por ciento.

Con la mayor población del país, el estado de México registró el aumento más pronunciado en medicamentos para diabetes con 20.6 por ciento. En Campeche se encarecieron más los antiinflamatorios, en 14.7 por ciento, y en Tabasco, principalmente lo hicieron los antigripales, con un incremento de 14 por ciento. En Baja California Sur destaca el repunte de 64.2 por ciento en el costo de medicamentos para alergias, casi 13 veces por encima de la media nacional, de 5.1 por ciento, mientras que en la Ciudad de México se registraron incrementos moderados.4

Los fabricantes de estos productos justificaron los aumentos, diciendo que es el tamaño de la pandemia la que incide en toda la cadena de fabricación y distribución, y finalmente, en la escalada de precios de este tipo de insumos médicos, así lo expuso Jesús Granados Campos, presidente del sector de fabricantes de dispositivos médicos y material de curación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Otras causas que expuso el representante de esta Cámara, es el hecho de que los laboratorios dependen de las materias primas del extranjero, específicamente las provenientes de China, que detuvo su producción para contener internamente la enfermedad, ocasionando retrasos en la entrega y la escasez de productos. Factores adyacentes que ha incidido en esta alza, es que muchos fármacos se compraron al inicio de la pandemia cuando el precio del dólar rondaba los 25 pesos y finalmente los costos en las aduanas, y la logística para su distribución, que se debe cubrir en dólares o euros, lo que eleva los precios.

En México se restringieron salidas a los transportistas por la emergencia sanitaria, incrementando la requisición de medicamentos. Los costos también se elevaron por el peaje, seguros de transporte y la contratación de servicios privados por la inseguridad. El incremento que reportó el Inegi se comprende, considerando las dificultades para hacer llegar medicamentos al consumidor final; esto opinó el integrante de la industria privada.

Desde su punto de vista como productor, algunos vendedores finales pudieron especular y subir el precio a medicamentos ante la demanda inusual por la pandemia. En su opinión, el alza llegará a su fin, debido a que las fábricas en China han reanudado operaciones, y el envío de materia prima y producto se está normalizando. Sin embargo, después de subir, el producto tiende a bajar de precio en un periodo y magnitud que dependerá de la demanda y producción, apuntó.

Aunque desde el inicio de la pandemia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)5 invitó a los ciudadanos a mantenerse pendientes del aumento inminente en los productos sanitarios y que denunciaran los abusos, lo cierto es que a la fecha los precios, han sufrido una escalada impresionante, sin que el organismo reporte claramente la vigilancia de los mismos.

La salud pública va más allá de las organizaciones sanitarias y los organismos superiores a los cuales están adscritas, pues por muy desarrollado que esté un país y tenga muchos recursos de qué disponer, para garantizar salud a sus habitantes, se requiere la contribución de las personas, las familias, las comunidades, y otros sectores, como el propio gobierno y sus aparatos legislativos, estableciendo un sistema de disposiciones reguladoras de diferentes tipos, algunas de carácter constitucional, que hagan de la salud pública un sistema omniabarcador.

Corresponde a los organismos estatales de la salud pública, la Secretaría de Economía y entes reguladores como la Profeco, actuar con liderazgo y responsabilidad, alentando la contribución, estableciendo controles adecuados y sanciones afines. De lo anterior surge la importancia de emprender operaciones que incorporen a los sectores implicados en todo el proceso, utilizando la negociación para promover acciones en los órganos ejecutivo y legislativo, tal como lo estamos haciendo, e inducir la cooperación cuando no basta con la prohibición o la sanción. Debe además poseer la capacidad para ver más allá del momento actual y defender ante todo a los ciudadanos a los que debe cuidar.6

Ante este aumento indiscriminado de precios, que está afectando los bolsillos de la población, especialmente los más necesitados de nuestro país, se deben reforzar los operativos de verificación comercial y vigilar el costo de los mismos, toda vez que se asume que es el Estado quien debe regular y proteger las relaciones entre comerciantes y consumidores.7 Este debe hacer prevalecer la protección de la economía de las familias y verificar mediante autoridades competentes que los precios de estos insumos médicos, no se conviertan en objeto de un beneficio en favor de unos cuantos.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIV Legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus competencias, regulen y supervisen los precios de los productos sanitarios que utilizan los mexicanos, para enfrentar la pandemia causada por el virus SARS-CoV2.

Notas

1 Marzo fue el primer mes de contingencia sanitaria, lo que implicó una mayor demanda de productos sanitarios, médicos y de alimentos y bebidas; véase periódico El Economista , Primer mes con Covid-19 en México: alimentos y productos de salud, los que más se encarecieron, publicado el 7 de abril de 2020.

2 Desde mediados de mayo el costo de un cubre bocas promedia un costo de cinco pesos, mientras que 500 mil de gel antibacterial cuesta 79 pesos; véase Infobae, Durante el confinamiento aumentaron hasta 62%precios de alimentos, publicado el 11 de mayo de 2020.

3 Las ramas terapéuticas que más se ven afectadas por el súbito incremento de precios en los medicamentos son los mismos para el control de la diabetes, cardiovasculares y los antibióticos; véase Periódico El Financiero , Medicamentos aumentarán has 25% su precio en 2020, advierten farmacéuticas, publicado el 7 de febrero de 2020.

4 Periódico El Universal, Covid-19 dispara los precios de los medicamentos, 13 de agosto de 2020.

5 Periódico El Heraldo de México , ¿Dónde puedo denunciar incremento en los precios de productos sanitarios?, publicado el 25 de marzo de 2020.

6 Orlando Carnota Lauzán, El crecimiento de los costos de salud visto desde la ineficiencia, en Revista Cubana de Salud Pública, vol. 43, núm. 4, La Habana, 2017,

7 Ante los que creen que el mercado tiende a regularse, la historia muestra que regularmente se incurre en abusos, es por esto que ante la posibilidad de que haya personas que no puedan adquirir productos sanitarios se deben implementar políticas de previsión pública gratuita y ayudas estatales; véase The Conversation, ¿Por qué fijar el precio de las mascarillas puede ser un mal remedio?, publicado el 30 de abril de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a adecuar con sus homólogas las respectivas páginas oficiales y emitir una lista actualizada en tiempo real de los hospitales disponibles designados para atender a personas con síntomas graves de Covid-19, a cargo de la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Claudia Elena Lastra Muñoz, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El SARS-CoV-2 o mejor conocido como Covid-19, es un tipo de coronavirus detectado en 2019 en la localidad de Wuhan, República Popular de China. El día 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus (Covid-19) era un problema de salud pública, por lo que, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la enfermedad por Covid-19 sería catalogado como pandemia. Esta decisión se dio luego de evaluar la magnitud y velocidad con la que se expandía esta enfermedad1 .

De acuerdo a datos oficiales, en el mundo hay aproximadamente 26.4 millones de contagiados por la pandemia y un aproximado de 870 mil fallecidos a causa de la enfermedad2 . Las cifras seguirán en aumento hasta encontrar la cura para dicha enfermedad.

Para prevenir, contener y mitigar la pandemia, los gobiernos impulsaron políticas y acciones para alertar a la población sobre la enfermedad. En algunos países, era casi obligatorio que sus ciudadanos permanecieran en sus respectivos hogares y no se expusieran a la intemperie a menos que fuera necesario. Incluso con el objetivo de cumplir con las medidas sanitarias, algunos gobiernos recurrieron al uso de la fuerza pública.

Por otra parte, para atender a los pacientes contagiados se gestionaron lugares y centros médicos necesarios para su atención, así como adquirir equipo e insumos médicos para brindar atención a los contagiados. En este sentido, en China se construyó el “Hospital Huoshanshen” con capacidad para 1000 pacientes, esto para contener el brote de coronavirus.

Por su parte, el gobierno de México puso en marcha diversas acciones para contener la ola de infectados en el país, por lo que antes del 28 de febrero del presente año, día en el que se presentó el primer paciente positivo por Covid-19, México ya había puesto en marcha el “Plan de Preparación de Respuesta ante la Pandemia”.

Entre los principales protocolos sanitarios evaluados por las autoridades sanitarias encontramos las siguientes acciones:

La Secretaria de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención de la Salud y sus homologas en los tres niveles de gobierno se coordinarían para ser los responsables de las acciones de preparación en el marco de los comités para la seguridad de la salud, así como de los centros hospitalarios.

Todos los miembros del Comité Nacional que integra el Sector Salud, deberán realizar un diagnóstico situacional de capacidad actual para la atención médica en todos sus niveles operativos.

Que todos los miembros del Comité Nacional apoyen en la difusión de materia de promoción y prevención emitidos por la Secretaría de Salud, relacionados con la enfermedad por Covid-19 y otros virus respiratorios, en todos sus niveles de operación3 .

Sumado a esas medidas se pusieron en marcha campañas como la “Sana Distancia”, medidas de higiene y otras recomendaciones a fin de contener los contagios que pudieran colapsar el sistema hospitalario.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer el modelo de atención solidario para pacientes con Covid-19 a la población abierta, el cual está coordinada a través de Locatel con números 55-56581111 y el número de emergencia 911. Este modelo, hasta el momento, brinda atención de manera oportuna y ordenada a personas con sistemas de Covid-19 y canalizarlos a hospitales con camas y ventiladores disponibles.

En esta misma línea de acciones, el gobierno federal, a través de las autoridades de salud, suscribieron el convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Hospitales Privados A.C. y con el Consorcio Mexicano de Hospitales A.C., quienes pondrían a disposición del sector salud el 50% de sus camas con el objetivo de garantizar la atención a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, así como para los usuarios del Insabi4 .

Sin embargo, aun teniendo este sumario de acciones, la atención médica se ha visto vulnerada por ciertos factores entre los cuales podemos mencionar la falta de camas disponibles para internar y atender a los pacientes con los síntomas de Covid-19 y la falta o escasez de insumos médicos, tanto para el personal médico que atiende en la primera línea, así como a los mismos pacientes. Además de la falta de equipo médico como ventiladores y demás equipo, todo ello ha retrasado la atención en algunos centros hospitalarios declarados como “Hospitales Covid” y los Centros de Atención Temporal COVID-19 (CAT-COVID19), cuyos módulos fueron habilitados durante esta contingencia sanitaria y ubicados en estacionamientos, espacios aledaños a un hospital de reconversión y a los habilitados como estructuras extra hospitalarias5 .

Ante la falta de insumos y equipo médico mínimo para la atención de pacientes con Covid-19, en algunos casos, no es posible atender a todos las personas, lo que ha generado inquietud entre la población que desea ser atendida. Ahora, si los familiares del paciente diagnosticado con síntomas del coronavirus desean atenderse en un hospital privado, tendrá que desembolsar una enorme suma de dinero.

Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros realizó una evaluación en cuanto a beneficiarios de coberturas médicas atendidos por Covid-19, el cual registro un monto por más de 42.82 millones de pesos sobre 150 personas que hicieron uso efectivo el seguro de gastos médicos mayores. Esto se traduce que aquellos que contrataron un seguro de gastos médicos mayores y han recurrido a hospitales privados para atenderse por Covid-19, han gastado un aproximado de $283, 591 pesos6 . La asociación señalo que los pacientes son 69% hombres y 31% mujeres, quienes han hecho uso de los seguros médicos y que el rango de edad de estos beneficiarios va entre los 30 a 59 años, donde se contra el 62% de los siniestros derivado de la pandemia.

La asociación reconoce que estos gastos son exorbitantes para la gran mayoría de la población quienes en este momento de la pandemia se han visto afectados en diversos escenarios, como perdida de sus plazas de trabajo, recortes en su salario y descansos sin derechos a salario. Cabe mencionar que, de acuerdo a datos del INEGI, sólo entre 5 y 10% de la población cuenta con dinero suficiente para hacer frente a una enfermedad o accidente grave, además, 22% de los mexicanos trabajan por cuenta propia sin ningún tipo de seguro según datos de Condusef7 .

Los gastos por atención en hospitales privados generan altos costos para la mayoría de la población, quienes difícilmente podrían pagar. Ante ello es necesario que las autoridades sanitarias sigan sumando esfuerzos en los tres niveles de gobierno, así como también brindar los servicios de manera expedita, oportuna y de calidad. Toda vez que, en algunos estados de la república, la atención a personas con Covid-19 han presentado quejas en los servicios de salud; algunas de estas quejas se deben en retrasos y tiempos de espera, que los hospitales designados como centros de atención Covid no cuentan con camas suficientes para recibir a la persona contagiada y en otros, pero muy raros casos, se debe al trámite de papeleo, problema que retrasa más la atención de los pacientes con los síntomas del coronavirus.

Por otra parte, es necesario que las 32 entidades federativas pongan a disposición de la población una lista actualizada en tiempo real, de la disponibilidad de camas, para que las personas que vayan a ser tratadas acudan con toda certeza de ser tratados a la brevedad. Como se mencionó en anteriores párrafos, los traslados y tiempos de espera en los centros médicos asignados para la atención del Covid-19, complican la salud, de por sí ya deteriorada, de la persona con síntomas del coronavirus.

Algunas entidades ya tomaron cartas en el asunto, tal es el caso de la Ciudad de México que, en coordinación con autoridades del Estado de México, han puesto a disposición de la ciudadanía la página: sitio electrónico que muestra la disponibilidad de atención en los diversos centros hospitalarios para la atención de personas contagiadas por el coronavirus, en este sitio se muestran 54 hospitales públicos; los cuales se diferencian en tres colores: Verde, Amarillo y Rojo, los cuales señalan la disponibilidad del servicio de atención en el siguiente orden: disponibilidad alta, media y baja respectivamente. Esta modalidad ha contribuido en la eficiencia del traslado y atención de la población con síntomas graves por Covid-19 y hasta la fecha sigue vigente8 .

Esta opción que ha puesto en marcha ambas entidades ha permitido que la población actúe de manera inmediata, evitando la concentración de personas contagiadas en las instalaciones médicas, en las cuales en vez de ayudar sólo estarían concentrando el foco de infección en un lugar en los cuales existan otras personas en espera de ser atendidas, así como de sus familiares que lo acompañan. Asimismo, estarían brindando una herramienta a los médicos, pues los ciudadanos en la desesperación por ser atendidos y encontrar un lugar dentro del centro hospitalario designado para la atención de pacientes contagiados, en ocasiones agreden al personal médico quienes se ven afectados de forma física.

Cabe señalar que, la actuación del gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales ha sido el adecuado para frenar en la medida de lo posible la ola de contagios. Hasta el momento la cifra sigue en aumento, pero no con números catastróficos como muchos auguraban. Sin embargo, la atención oportuna y la falta de equipos e insumos médicos, la disponibilidad de camas y la poca o nula información acerca de los centros médicos en los cuales las personas puedan acudir de forma certera para ser atendidos a la brevedad y, que en ocasiones puedan retrasar su atención debido a trámites administrativos, merman la calidad y atención tanto de las instituciones de salud pública, así como la salud de las personas infectadas por el coronavirus.

Para sustentar lo anteriormente expuesto, nuestra carta magna estipula el derecho de la salud para todos los ciudadanos, así como garantizar el acceso. El párrafo cuarto del artículo 4° Constitucional estable el derecho humano a la salud, que a la letra queda:

“Artículo 4o.-. ...

...

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Bajo esta premisa, es necesario seguir sumando esfuerzos que garanticen la atención de todas las personas contagiadas que presentan graves síntomas por Covid-19. Sabemos que son tiempos difíciles, pero no podemos bajar la guardia, es por ello que debemos de trabajar para poner a disposición de la ciudadanía todos los medios y herramientas y facilitar la atención temprana de la enfermedad causada por el coronavirus.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud federal, para que en coordinación con sus homologas estatales, realicen las adecuaciones pertinentes en sus respectivas paginas oficiales para emitir una lista actualizada en tiempo real de los hospitales disponibles designados para la atención de personas que presentan síntomas graves por Covid-19, con la finalidad de evitar la concentración de pacientes y familiares en las áreas médicas, así como brindar alternativas de consulta de diversos hospitales con capacidad de atención en caso de ser requerido por la ciudadanía.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud Federal, para que en coordinación con sus homologas estatales, redoblen esfuerzos para brindar la atención expedita, oportuna y de calidad a pacientes diagnosticados con SARS-CoV-2, toda vez que, en algunos estados de la república se han presentado contratiempos derivado de diversos factores, que dificultan la atención de dichos pacientes.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud (2020). "Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020". Septiembre 04, 2020, de Organización de las Naciones Unidas Sitio web:

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-g eneral-s-opening- remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

2 El País. (2020). "Últimas noticias del coronavirus, en directo | Francia registra la mayor cifra de casos diarios desde el inicio de la pandemia y Reino Unido e Italia notifican los peores datos desde mayo". Septiembre 04, 2020, de "El País" Sitio web:

https://elpais.com/sociedad/2020-09-04/ultimas-noticias- del-coronavirus-en- espana-y-en-el-mundo-en-directo.html

3 Secretaría de Salud. (2020). "México está preparado para enfrentar coronavirus". Septiembre 04, 2020, de Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/salud/prensa/033-mexico-esta-preparado-para-enfrenta r- coronavirus-2019-ncov

4 Forbes (2020). "AMLO y hospitales privados firman convenio para atender Covid-19". Septiembre 04, 2020, de Forbes, México Sitio web: https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-y-hospitales-privados-firman-co nvenio- para-atender-covid-19/

5 Secretaría de Salud (2020). "LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN TEMPORAL COVID-19 (CAT-COVID19) Y HOSPITALES MÓVILES (EMT)". Septiembre 04, 2020, de Gobierno de México Sitio web:

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Li neamientos_Centros_Atencion_Temporal.pdf

6 Forbes (2020). "Cuesta más de 280,000 pesos atender Covid-19 en hospitales privados". Septiembre 04, 2020, de Forbes México (Economía y Finanzas) Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/economia-cuesta-covid-19- hospitales-privados-coronavirus/

7 Ídem

8 Gobierno de la Ciudad de México (2020). "Disponibilidad hospitalaria de camas generales". Septiembre 04, 2020, de Secretaría de Salud de la CDMX Sitio web:

https://hospitales.covid19.cdmx.gob.mx/public/hospitales /EstatusHospitales.xhtml?tamizajeRealizado=true

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro
a, 8 de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Elena Lastra Muñoz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a todas las secretarías de Estado, gobiernos locales y ayuntamientos a establecer medidas temporales, mientras prevalezca la urgencia por la pandemia del Covid-19, para –con apoyo de la población– dar en los tiempos de espera prioridad al personal médico, de enfermería, atención de emergencias, policial, militar y de primeros auxilios en la realización de trámites ante las ventanillas, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a todas las secretarías de Estado del gobierno de la república, a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a todos los gobiernos municipales del país a establecer medidas temporales, mientras prevalezca la emergencia por la pandemia del coronavirus (Covid-19), para que apoyándose en la población, sin transgredir las leyes, ni violentar derechos humanos, se dé prioridad en los tiempos de espera al personal médico, de enfermería, atención de emergencias, policial, militar y primeros auxilios, cuando acudan a las oficinas de cualquier nivel de gobierno a realizar trámites al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la coyuntura de la emergencia sanitaria propiciada por el coronavirus (Covid-19) se han generado muchas dudas y debates sobre los medios, modos, alcances, y tiempos en que la máxima autoridad sanitaria ha desplegado las capacidades del Estado Mexicano y cómo ha asumido o abandonado su rol de liderazgo en lo que empieza a constituirse como una tragedia.

La manera en que el gobierno federal articula la comunicación, saturándola de información, explicita y simbólica que a pesar de ser abundante se contradice, y se transmite de manera poco clara o errática, ha propiciado desconfianza, descontento y molestia en la población.

Sin embargo, independientemente de la manera en que se han tomado las decisiones o como se han comunicado estas a la ciudadanía, probablemente la única certidumbre y acuerdo general es que el personal de salud y atención de emergencias han arriesgado su vida de manera clara, en beneficio de la sociedad.

Desafortunadamente estos actores sociales que lo han arriesgado todo, han sido especialmente golpeados por la pandemia. Desde junio de 2020 varios medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil habían señalado que en nuestro país el problema era muy preocupante si se consideraban los contagios y fallecimientos que sucedían a nivel mundial.

Así, para mediados de junio, Mexicanos contra la Corrupción alertaba que “en México la tasa de contagio por el virus Sars-Cov-2 entre el personal de salud” era “seis veces mayor que en China y el doble que en Italia; y nuestro personal de salud” moría “cinco veces más por Covid-19 que en Estados Unidos”. Ello, acentuado en la CDMX en general y en el sistema de salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social en particular.1

En este sentido, problemas como el abuso sexual de menores durante la etapa de aislamiento en la pandemia han quedado expuestos en casos como el caso del exfuncionario público del ayuntamiento de Puerto Vallarta que está actualmente en proceso por probable abuso sexual contra una menor de edad.2 .

Para mediados de julio, las 3 mil personas fallecidas por Covid-19 que trabajaban como personal médico en nuestro país ubicaban a México como el quinto país con más muertes del personal médico por motivo de la pandemia.3

Lamentablemente para el 3 de septiembre de 2020, Amnistía Internacional ha hecho pública información que indica que nuestro país se ha convertido en el primer lugar a nivel mundial, en mortandad de personal del sector salud como consecuencia de la actual pandemia en la que han fallecido más de 7 mil mexicanas y mexicanos4 que trabajaban en la atención sanitaria.

El Poder Legislativo ya ha solicitado apoyos económicos para el personal de salud y de emergencias; ha llamado a la población a respetar y no permitir actos de violencia contra estas heroínas y héroes que arriesgan su vida constantemente por el bien de nuestra sociedad.

Ahora, planteo ante esta soberanía una propuesta para que nuestras instituciones hagan un reconocimiento adicional y justo a la labor de sacrificio del personal de salud y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a las secretarías del gobierno de la república, a los gobiernos de las entidades federativas y a los gobiernos de todos los municipios del país a que procuren establecer medidas temporales para que en los trámites que la población realiza ante los distintos niveles de gobierno, el personal médico reciba un trato preferente en cuanto al tiempo da atención.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a todas las secretarías de estado del Gobierno de la República, a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a todos los gobiernos municipales del país a establecer medidas temporales, mientras prevalezca la emergencia por la pandemia del coronavirus (Covid-19), para que apoyándose en la población, sin transgredir las leyes, ni violentar derechos humanos, se dé prioridad en los tiempos de espera al personal médico, de enfermería, atención de emergencias, policial, militar y primeros auxilios, cuando acudan a las oficinas de cualquier nivel de gobierno a realizar trámites.

Notas

1 Sofía Ramírez Aguilar, "En México el personal de salud muere seis veces más que en china por Covid-19", Mexicanos Contra la Corrupción, 22 de junio de 2020, disponible en

https://contralacorrupcion.mx/contagios-medicos-covid-19 /

2 Rosario Álvarez. Guadalajara / 03.08.2020 19:57:02, Vinculan a proceso a servidor público de Puerto Vallarta por abuso sexual, Milenio, disponible en:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/puerto-vallar ta-vinculan-proceso-servidor-publico-abuso

3 Información de AFP, "México es el quinto país con más personal médico fallecido por Covid-19: Amnistía Internacional", Infobae, 14 de julio de 2020, disponible en

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/14/mexico -es-el-quinto-pais-con-mas-personal- medico-fallecido-por-covid-19-amnistia-internacional/

4 Desde el inicio de la pandemia, Amnistía Internacional ha monitoreado las muertes por Covid-19 de personal médico, de enfermería, de trabajo social, de servicios de sanitización, servicios de primeros auxilios y personal administrativo en el sistema de salud de 80 países en la siguiente página: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/mapping-covid19-health-w orker-deaths/

Para el 3 de septiembre México sumaba más de 7000 decesos de personal de la salud y ocupaba el primer lugar entre los países estudiados. Véase:

https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/global-anali sis-de- amnistia-internacional-revela-que-mas-de-7-mil-personas-trabajadoras-de -la-salud-han-muerto-a-causa-de- covid-19/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
el 8 de septiembre de 2020.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades mexiquenses a realizar acciones para que el hospital Licenciado César Camacho Quiroz, de Tecámac atienda la salud de la población del municipio, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Nancy Claudia Reséndiz Hernández, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La salud como derecho es reconocida por diversos instrumentos jurídicos, a nivel nacional señalado en nuestra Carta Magna en el artículo 2 inciso B fracción III nos señala que: asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional ; asimismo, en el artículo 4 señala que: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general .1

Asimismo, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social

Por otro lado, en la Ley General de Salud en su artículo 1º establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 2 Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social, y en el artículo 2o fracción V indica como una de las finalidades al derecho a la protección de la salud es disfrutar de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga eficaz y oportunamente las necesidades de la población .3 Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

En el marco jurídico internacional la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Constitución afirma que: El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social .4

Asimismo, la OMS en sus principios señala a la salud como el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Además, señala que los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios.5

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, número 3 está destinado a la Salud y bienestar, por lo que México está comprometido en diseñar los mecanismos y políticas públicas que garanticen una vida sana y promuevan el bienestar para todos en todas las edades y así tener un desarrollo sostenible.6

Por lo tanto, la salud es un sector primordial para el desarrollo de ser humano y de su entorno; ahora bien, el sector salud entendido como el conjunto de políticas públicas, servicios e instrumentos gubernamentales para preservar la salud común de los habitantes de la nación, de una localidad o de un municipio.

En México, el sistema de salud fue creado en 1943,7 para dar cobertura a las personas que no son asalariadas. Se constituye básicamente en dos sectores: público y privado. El sector público se integra por dos tipos de instituciones: las de seguridad social, que prestan servicios a sus derechohabientes –IMSS, ISSSTE, Pemex, Semar, Sedena, universitarios y para el caso del estado de México, ISSEMyM-; y la que prestan servicios a la población sin seguridad social –Secretaría de Salud a través del Insabi–. El sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago.

En el Estado de México, en 1938 entraron en vigor los Servicios Coordinados de Salud Pública, cuya estructura orgánica consideraba una jefatura y las secciones de epidemiología, higiene, asistencia y administrativa, así como jurisdicciones sanitarias en el nivel aplicativo. En 1970 se crearon las bases del modelo de atención a la salud considerando la atención primaria como elemento fundamental para asegurar el acceso a la población a los servicios de salud. En 1987 se constituye el Instituto de Salud del Estado de México como un organismo público descentralizado y finalmente, en el año 2000 se crea la Secretaría de Salud del Estado.8

Inicialmente el Instituto de Salud del Estado de México se integró por un Consejo Interno, una Dirección General, las Direcciones de Servicios de Salud, de Planeación y de Administración, así como por la Subdirección de Regulación Sanitaria, que posteriormente cambió su nivel a dirección; además, cuatro coordinaciones regionales, 19 jurisdicciones sanitarias y 166 coordinaciones municipales de salud, la Subdirección de Urgencias y un Laboratorio Regional. En 1998 se reestructura el Instituto para incorporar un nuevo nivel para reducir el tramo de control de la Dirección General y fortalecer su papel de supervisión y dirección, por lo que se crearon las Coordinaciones de Salud y Regulación Sanitaria y de Administración y Finanzas como unidades administrativas. Actualmente, el Instituto cuenta entre su estructura física con las siguientes unidades: Unidades Médicas –Centros de Salud, Clínicas, Centros de salud con hospitalización, Casas de salud, Centro Especializado de Atención Primaria de Salud-; Unidades de Especialidades Médicas –Centro de Atención Primaria de Adicciones, Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, Centro Integral de Salud Mental, Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama-; Unidades Móviles Hospitales –Municipales, Generales, Generales con especialidad, Psiquiátricos, Alta especialidad-; Jurisdicciones; Laboratorios; Bancos de Sangre; y Oficinas Administrativas.9

El Instituto de Salud del Estado de México es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la prestación de los servicios de salud en la Entidad, entre sus atribuciones se encuentran la de proteger la salud de la población en general; establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud proporcionados por el estado con la concurrencia de los municipios en materia de salubridad local; y, proporcionar servicios de salud a la población sin seguridad social en la entidad y mejorar su calidad de vida. Asimismo, su objetivo general es proporcionar con prontitud eficacia y calidez, servicios de salud a la población abierta del Estado de México, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como al mejoramiento de su calidad de vida y desarrollo social.10

Con base en la estructura orgánica del Instituto de Salud del Estado de México, en el municipio Tecámac se ubica el Hospital Municipal Lic. César Camacho Quiroz , como única institución que brinda servicio a las personas que no cuentan con seguridad social. Recientemente dicho hospital cerró sus instalaciones sin previo aviso y sin causa alguna, dejando sin derecho a una atención oportuna a los servicios de salud a los pacientes del municipio.

Lamentablemente, en los últimos meses y derivado de la crisis sanitaria mundial, producto de la pandemia por Covid-19, en nuestro país, ha cobrado más de 66 000 muertes; esta situación no enfrenta a una serie de problemáticas que requieren de esfuerzos colectivos, medidas de coordinación entre gobierno y sociedad, además del correcto funcionamiento de las instituciones encargadas de brindar servicios de salud, atención médica, salud pública y asistencia social a la población.

De acuerdo a la información publicada en el portal de la Secretaría de Salud del estado de México, el municipio de Tecámac ocupa el décimo lugar con 233 defunciones,11 situación que va en incremento.

Por lo tanto, el hospital municipal Licenciado César Camacho Quiroz, al no estar en servicio y ser la única alternativa de los tecamaquenses para quienes no tienen seguridad social y requieran atención médica en caso de urgencia, los dejan sin alternativa para su atención, poniendo en riesgo su salud; por ello, es urgente que las autoridades estatales y municipales correspondientes informen por qué el hospital no está brindando servicio actualmente, qué acciones estarán tomando, con la finalidad de que se atienda a los tecamaquenses a la brevedad y así no se encuentre en vulnerabilidad su derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado de México para que haga públicas las actividades que está desarrollando el hospital municipal Licenciado César Camacho Quiroz para brindar la atención a la salud a la población del municipio de Tecámac, en el estado de México ante la transmisión del virus SARS-CoV2, Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud del estado de México, para que realice las acciones necesarias para que el hospital municipal Licenciado César Camacho Quiroz brinde todos los servicios de atención de la salud a la población que habita en el municipio de Tecámac, en el Estado de México.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

2 http://www.salud.gob.mx/cnts/pdfs/LEY_GENERAL_DE_
SALUD.pdf

3 Ídem

4 https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf ?ua=1#page=7

5 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights
-and-health#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20salud,de%20salud%20de%20calidad%20suficiente.
&text=Todas%20las%20personas%20deben%20poder,grupo%20%C3%A9tnico%20u%20otra%20condici%C3%B3n.

6 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

7 https://www.conaemi.org.mx/single-post/2017/01/15/
El-Sistema-de-Salud-en-M%C3%A9xico-De-la-fragmentaci%C3%B3n-hacia-un-Sistema-de-Salud-Universal

8 https://salud.edomex.gob.mx/cevece//documentos/revistas/rcercati/revista13_3.pdf

9 https://drive.google.com/file/d/16oE-uYSq8giI7jfP92Jh_MvIHSIN-vhx/view

10 https://salud.edomex.gob.mx/cevece//documentos/revistas/rcercati/revista13_3.pdf

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 8 de septiembre de 2020.

Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP, la SE, la Profeco y las autoridades educativas locales a exigir a las escuelas particulares de niveles básico y medio que para el ciclo escolar 2020-2021, y mientras persistan la urgencia sanitaria y los efectos de la crisis económica generada por la pandemia, reduzcan el número de libros, útiles y todo el material didáctico, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Economía, de la Procuraduría Federal de Consumidor y a las autoridades educativas de las entidades federativas que durante el tiempo en que exista la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) y mientras duren los efectos de la crisis económica que ha generado dicha pandemia, exijan a las escuelas particulares que imparten educación básica y media a que para el ciclo escolar 2020-2021, reduzcan el número de libros, útiles, y todo el material educativo, para que sólo se utilice lo indispensable, sin condicionar que los mismos se adquieran en dichos planteles escolares, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Durante el ejercicio de mi labor como diputado federal he elaborado e impulsado diversas iniciativas y reformas a las leyes relacionadas con el sector educativo, con objeto de contribuir a mejorar la educación que se imparte en México y en beneficio de las mexicanas y los mexicanos, principalmente de las niñas, los niños, los adolescentes y de los jóvenes.

Como lo establece el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación es un derecho humano fundamental, de los que más revisten importancia, toda vez que se relaciona con el desarrollo de la personalidad y del aspecto cognitivo de cada individuo.

Este derecho social a la educación fue reconocido desde 1948 en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Carta Magna está reconocido y contemplado en su artículo 3o. desde que fue expedida el 5 de febrero de 1917.

El artículo 3o. de la Constitución Política Mexicana establece que toda persona tiene derecho a la educación, correspondiéndole a la federación, a las entidades federativas y a los municipios impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Al redactar la nueva Ley General de Educación, misma que se encuentra vigente desde el 30 de septiembre de 2019, diversos legisladores que la impulsamos integramos diversos fines y principios, entre los que se encuentra que el servicio educativo obligatorio e impartido por el Estado mexicano, debe ser de calidad, es decir, que sus elementos, materiales, técnicas y métodos, así como la organización e infraestructura educativa deben servir para garantizar el máximo desarrollo cognitivo y la integración social, por lo que el aprendizaje de los educandos debe servirles para fortalecer su dignidad y acceder a un mejor nivel de vida.

¿Cómo se puede acceder a un mejor nivel de vida a través de la educación? Esta respuesta la encontramos al concebir la visión de que una persona con conocimientos y escolaridad tiene un nivel de mayor razonamiento y puede expresar su parecer con total libertad.

Inicialmente al expedirse la Constitución General, el artículo 3o. contenía la frase “la enseñanza es libre”, pero actualmente ya está integrado expresamente “el derecho a la educación”, que implica que este derecho es para todas y para todos, además de que es un derecho progresivo y democrático.

En nuestro país, la educación básica y media superior son obligatorias y la educación superior lo es en términos de la fracción X del artículo 3o. constitucional, y los distintos niveles educativos deben ser universales, inclusivos, en la medida de lo posible, públicos y gratuitos, así como laicos.

Por otro lado, la educación inicial es un derecho de las niñas, niños y adolescentes, basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, tendiente a desarrollar las facultades del ser humano, el respeto a los derechos, las libertades y para fomentar la solidaridad, la justicia y los distintos valores.

Si bien es cierto que la educación es un servicio público, la federación, las entidades federativas y los municipios pueden permitir que los particulares coadyuven en la enseñanza y que la impartan, pero estos últimos deberán ceñirse a los directrices y parámetros emitidos por las autoridades educativas tanto federal, como de los estados de la República Mexicana.

Por ello, los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades pero sujetándose a lo que establezca la ley, ya que el Estado les otorga y les puede retirar el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en los planteles particulares, debiendo cumplir los planes y programas de estudio emitidos por las autoridades educativas, ya que la educación es un servicio público sujeto a la rectoría del Estado.

En la nueva Ley General de Educación en sus artículos 2 y 3, se establece que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, fomentando la participación activa de los educandos, así como de las madres y padres de familia, tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo, bajo un federalismo educativo.

El artículo 5 de la Ley General de Educación prevé que el Estado ofrecerá a los educandos las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico en el Sistema Educativo Nacional, derechos que están correlacionados con la exigencia para las escuelas particulares contenido en el artículo 146 de la misma ley, que en sus dos últimos párrafos señala que el cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación derivada de la educación impartida por los particulares, no se permitirá que estos realicen acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, y mucho menos la retención de documentos personales y académicos.

Esta prohibición incluye la adquisición de uniformes, de materiales educativos, así como de actividades extraescolares, ya que las escuelas particulares no pueden condicionar la prestación del servicio público educativo por ninguna razón.

En lo que va del presente año, hemos tenido que aprender a vivir con una pandemia que afecta a más de cien países, incluyendo a México, por el alto nivel de contagio, letalidad y número de muertos que ha dejado en todo el mundo el virus SARS-CoV2, conocido como Covid-19, y desgraciadamente la impartición de educación se ha visto también afectada, ya que dentro de las medidas establecidas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad, así como de las autoridades de salud y sanitarias de las entidades federativas, se ordenó la suspensión de la asistencia a los salones de clase, como medida de protección a la infancia y para evitar la grave propagación de dicho virus.

Dicha restricción fue implementada desde el mes de marzo de 2020 y se mantiene hasta nuestros días, pero pese a todas las medidas implementadas por el gobierno federal y de los estados para salvar y proteger la vida y la salud de la población, así como las acciones implementadas para tratar de mantener en la medida de lo posible, una nueva normalidad de las actividades y labores cotidianas de las mexicanas y los mexicanos, se tiene previsto iniciar el nuevo ciclo de clases a partir del 24 de agosto del año en curso, ya que la impartición de la educación no se puede detener.

Por ello, el gobierno federal y las autoridades estatales implementaron diversas acciones para garantizar la continuidad en la impartición de la educación, a través de medios remotos o de educación a distancia, y en su momento, cuando las condiciones así lo permitan, y cuando la pandemia se encuentre más controlada, los educandos regresaran a las aulas.

Como ya mencionamos, la impartición de la educación y los planes y programas de estudio tienen que continuar, y estando próximo el regreso a clases en los niveles de educación básica y media tanto de educación pública como privada, aclarando que por el momento será de manera no presencial, se ha detectado una problemática que afecta la economía de las familias mexicanas que pueden acceder a educación impartida por escuelas particulares.

Esta problemática la generan algunas escuelas particulares que exigen a los padres de familia a adquirir un número excesivo de útiles y diversos materiales escolares para el próximo ciclo escolar 2020-2021, exigencia que en algunos casos está cayendo en un mercantilismo y generando un abuso.

Se realiza tal afirmación, toda vez que a causa de las afectaciones que ha ocasionado el Covid-19 en la vida de las y los mexicanos, muchas personas se han quedado sin empleo, o han perdido a una madre, al padre o al sostén económico, familias completas han tenido que cambiar sus vidas y deben cuidar mucho sus recursos económicos ante la crisis económica y de salud que ha generado dicho virus y que toda la sociedad mexicana está enfrentando.

Esto implica que las familias cuenten con pocos o muy limitados recursos económicos que deben destinar primeramente a su subsistencia y supervivencia, por ello no es correcto que muchas escuelas particulares que imparten educación básica y media exijan comprar útiles y material escolar que realmente los educandos no necesitan o que no van a poder utilizar.

Muchas escuelas particulares exigen un gran número de libros, cuadernos, lápices, plumas, colores y demás materiales cuyo costo es alto, además de que muchas de estas escuelas que sólo quieren lucrar, exigen a los padres de familia que les compren únicamente a ellos los útiles y material escolar, ya que de no hacerlo, condicionan al alumno a no permitirle tomar clases, incluso se manejan claves para libros y cuadernos con el propósito de que si no los compras o adquieres en un lugar determinado, no puedas usarlo, ya que el contenido de los libros o material educativo varía por el tipo de clave que se les asigna.

La autoridad federal y las autoridades de las entidades federativas no deben permitir que ninguna escuela particular, en el tiempo en que exista la emergencia sanitaria por el Covid-19 y mientras duren los efectos de la crisis económica que ha generado dicha pandemia, exija a los padres de familia adquirir libros o útiles escolares que ni siquiera van a utilizar, por lo que se solicita a través del presente documento que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Economía obliguen a las escuelas particulares a sólo utilizar para el próximo ciclo escolar 2020-2021 el material y útiles escolares que resulten indispensables y que el número de libros y cuadernos requerido sea reducido.

De igual forma, se solicita mediante el presente exhorto a las Secretarías de Educación Pública y de Economía, así como a las autoridades de los gobiernos estatales de dichos sectores, a que realicen las acciones que resulten necesarias para exigir a las escuelas particulares que imparten educación básica y media, para que el monto de las inscripciones y colegiaturas se reduzca a la mitad, mientras no se autorice el regreso presencial a los salones de clase, así como para que implementen programas o convenios que permitan que aquellos padres de familia o tutores que se encuentren sin empleo, o para que las familias cuyo sostén económico haya perdido la vida o se encuentre imposibilitado para trabajar, a causa del virus SARS-Cov2 (Covid-19), puedan cubrir paulatinamente los adeudos de inscripción o colegiaturas del anterior ciclo escolar y del que se encuentra próximo a comenzar.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y al federalismo educativo, formula atento exhorto a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Economía, y de la Procuraduría Federal de Consumidor, así como a las autoridades educativas de las entidades federativas que durante el tiempo en que exista la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) y mientras duren los efectos de la crisis económica que ha generado dicha pandemia, exijan a las escuelas particulares que imparten educación básica y media a que realicen las siguientes acciones durante el ciclo escolar 2020-2021:

1. Exigir que reduzcan el número de libros, útiles, y todo el material educativo, para que sólo se utilice lo indispensable, sin condicionar que los mismos se adquieran en dichos planteles escolares o en establecimientos que dependan de los mismos;

2. Exigir que el monto de las inscripciones, colegiaturas y cuotas para el ciclo escolar 2020-2021, se reduzca a la mitad mientras no se autorice el regreso presencial a los salones de clase; y

3. Exigir que implementen programas o convenios que permitan que aquellos padres de familia o tutores que se encuentren sin empleo, o para que las familias cuyo sostén económico haya perdido la vida o se encuentre imposibilitado para trabajar a causa del virus SARS-CoV2 (Covid-19), puedan cubrir paulatinamente los adeudos de inscripción o colegiaturas del anterior ciclo escolar y del que se encuentra próximo a comenzar.

Dado en el salón de sesiones de la
Cámara de Diputados, a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a abstenerse de realizar cobros excesivos, particularmente en esta época de contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a abstenerse de realizar cobros excesivos por concepto de energía eléctrica, particularmente en esta época de contingencia sanitaria, por la pandemia generada por el Covid-19; a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que atienda oportunamente las quejas con motivo de esta problemática, evitando el corte del servicio durante la substanciación del procedimiento correspondiente; y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que audite a la CFE y proceda conforme a derecho, en caso de encontrar presuntas irregularidades, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una pandemia puede describirse como un brote de enfermedad mundial. Dependiendo de las características de la enfermedad, puede propagarse fácilmente, hay poca o ninguna inmunidad a la enfermedad, no hay vacuna disponible, y hay una alta tasa de personas que se enferman y/o mueren. Las pandemias causan un ausentismo significativo, cambian los patrones laborales, familiares, comerciales, limitan las soluciones médicas inmediatas e interrumpen o encarecen las cadenas de suministro.

Abordar los desafíos de la toma adecuada de decisiones en respuesta a una pandemia no es tarea fácil. Es indudable que en todo el país, y particularmente el Estado de Veracruz, la actividad económica se redujo notoriamente por la pandemia por Covid-19.

La afectación a la economía de los mexicanos se fue incrementando conforme avanzaron los días y, con motivo de las instrucciones de las autoridades federales y locales de mantenerse en casa; así como las disposiciones para que las instituciones públicas, escuelas, iglesias, restaurantes, gimnasios, hoteles y muy diversos tipos de empresas, limitaren o suspendieran actividades, reducción que trajo consigo una gran afectación económica.

Y sin embargo, a pesar de haber cerrado tantos negocios, debido a la pandemia por Covid-19, al igual que en casa habitación, los negocios también se han enfrentado a cobros excesivos de luz que bien han alcanzado a duplicar o incluso a triplicar lo que habitualmente pagaban.

Ante la presentación de quejas por cobros excesivos por incrementos excesivos por el servicio de energía eléctrica en casa habitación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habitualmente respondía que aunque no se registró lectura alguna en su medidor, hicieron un cobro estimado considerando que el confinamiento por la pandemia Covid-19, las familias han incrementado en sus hogares su consumo al utilizar en mayor medida, sobre todo, computadores y televisores. Pero no explicaron el método para hacer sus cálculos.

No obstante, ello no implica que la Tarifa Doméstica de Bajo Consumo aumente a Tarifa Doméstica de Alto Consumo, lo que le ha significado a la compañía mil 100 millones de pesos en abril y de 2 mil 600 millones de pesos en mayo.1

En tal virtud, en Veracruz, la CFE ha sido blanco constante de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por abusos en los cobros, acumulándose docenas de expedientes por este motivo

De acuerdo con lo señalado por Mario Castañeda Tejeda, Jefe de la Oficina Receptora de Profeco en Córdoba, Veracruz, el segundo bimestre de 2020 fue de los más afectados evidenciando que en algunos hogares los recibos superaron un incremento del 100 por ciento de lo que normalmente pagaban los usuarios. Dicho funcionario reconoció que el confinamiento ha ocasionado un mayor consumo de energía eléctrica, sin embargo en algunos casos hay abusos. “Nosotros estamos para conciliar y apoyar a los ciudadanos.”2

En medio de la crisis económica por la pandemia del coronavirus, la CFE está recibiendo una lluvia de reclamos por parte de los usuarios ante los excesivos cobros que están llegando en los recibos, mientras las familias están cumpliendo, no por elección sino por responsabilidad, con el confinamiento para evitar la propagación de contagios de Covid-19; cuya facturación, como ya mencionamos, se duplica o triplica en comparación con el último bimestre.

Es recomendable el uso eficiente de la energía eléctrica, sí, pero no olvidemos que en abril pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acordó que en apoyo a las familias, se eliminarían los límites del alto consumo eléctrico. Incluso, en el acuerdo DOF: 17/04/2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en abril pasado, la Subsecretaría de Hacienda ordenó a CFE que no se considere el consumo de energía eléctrica de usuarios del servicio doméstico con fines de reclasificación a la Tarifa DAC-Alto Consumo.

De esta forma, desde marzo y hasta que dure la emergencia, la CFE que encabeza Manuel Bartlett Díaz, debe permitir la permanencia de quienes se excedan de los límites del alto consumo, en una tarifa de bajo consumo (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F).Sin embargo, las quejas en varias entidades del país muestran que CFE hizo caso omiso y está emitiendo recibos con cobros que llegan hasta cinco veces más que en los dos bimestres anteriores.3

De no corregir las irregularidades que hemos referido, lo único que logrará la CFE ante semejantes abusos, y en virtud del detrimento de su economía en las circunstancias imperantes, es que los ciudadanos dejen de pagar el servicio de energía eléctrica de casa habitación y de negocios, cuando la empresa aplique cobros excesivos por el servicio.

Ahora bien, recordemos que esta problemática no nace con la pandemia, es un fenómeno que sí, se ha agravado en esta época, pero que data de muchos años. Es así que, de 2011 a 2018, la CFE recibió 223 mil 36 quejas a nivel nacional por cobros excesivos.

La CFE reconoció en 2019 que en 27 mil 412 de estas quejas sí existía un error en los importes. Estas inconsistencias sumaron la cantidad de 141 millones 993 mil 970 pesos que la CFE pretendía cobrar.4

Las cuotas que se intentaron cobrar en esos ocho años eran aproximadamente 40% más altas de lo que en realidad tenían que pagar los usuarios. El sector comercial fue uno de los más afectados. De 2011 a 2018 presentaron 31 mil 644 quejas por sus tarifas. En una de cada 10, la CFE comprobó que los montos eran erróneos. En promedio, los comerciantes estaban recibiendo facturas alrededor de 7 mil pesos más altas de lo que les correspondía.5

Esta problemática tiene un largo historial. Desde 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que la CFE cometía errores en la medición del consumo de energía eléctrica.

En algunos casos, Profeco le informaron a quienes iban a presentar quejas por estos hechos, que mientras no se llegara a una resolución tenía la opción de no pagar y no se haría acreedor al corte del servicio, porque si cubría los montos estaba aceptando que eran correctos; a muchos de quienes atendieron tal sugerencia –no pagar– les quitaron el servicio aunque la CFE no debe suspender el servicio de electricidad mientras una queja está en proceso. Situación que indudablemente deja en total incertidumbre a los usuarios quejosos.

Con la aprobación de la reforma energética en México se abrió el camino para que diferentes empresas privadas pudieran suministrar energía eléctrica. Sin embargo, sólo algunos usuarios calificados, como los del sector industrial, pueden elegir entre alguna de las 43 suministradoras de servicios calificados que hay en el país, según datos del Centro Nacional de Control de Energía. Pero aquellos que consumen poca energía eléctrica, como el sector comercial y doméstico están atados a la CFE aunque en agosto de 2018 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó diversos permisos a empresas para prestar el servicio de suministro básico, sólo una de estas tiene firmado un contrato con el gobierno, pero no ha entrado en operaciones.6

Ante esta problemática, al mes de julio pasado, alrededor de 4 mil veracruzanos, habitantes del Puerto de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, buscaron ampararse, con apoyo del Colegio de Abogados de Veracruz, con la finalidad de dejar de pagar, al menos durante la pandemia, en virtud de los drásticos incrementos, aunados a los incrementos por concepto de agua y otros servicios, habiendo perdido sus empleos o viendo considerablemente menguados sus ingresos durante la contingencia sanitaria.7

La situación que padecen los veracruzanos ante estos cobros excesivos por energía eléctrica es, por demás inverosímil si consideramos que en el estado de Veracruz de la Llave se encuentra la termoeléctrica Adolfo López Mateos, ubicada en el municipio de Tuxpan; es considerada como una de las tres plantas generadoras de energía más grandes del país, cuya labor tiene un destacado papel en la generación de la energía que requiere el país para su desarrollo; y sin embargo, las familias y negocios veracruzanos son de los más afectados en el país por los abusos de la CFE.

Para Acción Nacional es una prioridad la defensa de los mexicanos y, específicamente para mí la de los veracruzanos, ante estas injusticias que tanto afectan a las familias y comerciantes que ya de por sí, han visto gravemente menguada su economía como consecuencia de la pandemia que tanto ha afectado a nuestro país, y por la contingencia sanitaria como medida de prevención de propagación del Covid-19.

Las precarias condiciones en que los más necesitados se encuentran les impiden en muchas ocasiones cubrir el pago de los servicios básicos, que en ocasiones incluye hasta la adquisición de alimentos. Situación que se ve agravada con actos ilegítimos como el abuso relativo al cobro excesivo por concepto de energía eléctrica, aún cuando las condiciones generadas por la contingencia han ocasionado descargas y sobrecargas que han afectado el suministro de energía eléctrica de manera frecuente.

Por lo descrito, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que lleve a cabo de forma oportuna y precisa, la lectura de medidores análogos y digitales a fin de calcular los montos correctos a facturar por concepto de consumo de energía eléctrica, tanto doméstico como comercial y, en consecuencia, abstenerse de realizar cobros excesivos, sobre todo en esta época de contingencia sanitaria que ha ocasionado graves afectaciones económicas a las familias mexicanas.

Segundo . Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a dar cumplimiento al Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17/04/2020, mediante el cual se acordó que, en apoyo a las familias en esta época de pandemia y confinamiento sanitario, se eliminarían los límites del alto consumo eléctrico; y, en consecuencia, abstenerse de considerar el consumo de energía eléctrica de usuarios del servicio doméstico con fines de reclasificación a la Tarifa DAC-Alto Consumo.

Tercero . Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a no realizar cortes de servicio de energía eléctrica, por falta de pago, durante la tramitación de quejas presentadas por ciudadanos ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Cuarto . Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a brindar la atención oportuna, en ejercicio de sus facultades, para resolver conforme a derecho las quejas interpuestas con motivo del cobro excesivo por el servicio de energía eléctrica y vigilar que la suspensión de pago permitida durante el procedimiento de la queja, no genere el corte injustificado del servicio.

Quinto . Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación , para que en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, se incluya la revisión, auditoría y seguimiento a la medición y cálculo de tarifas eléctricas para uso doméstico y comercial por la Comisión Federal de Electricidad y proceda, conforme a derecho, en caso de encontrar presuntas irregularidades.

Notas

1 https://www.contrareplica.mx/
nota-Pese-a-cierre-por-Covid-19-negocios-de-la-CDMX-denuncian-cobros-excesivos-de-luz20202759

2 https://eldemocrata.com/siguen-las-quejas-por-cobros-excesivos-contra-c fe/

3 http://novedadesdetabasco.com.mx/2020/08/25/presentan-quejas-contra-cfe -por-cobros-excesivos/

4 https://www.elimparcial.com/mexico/Aceptan-errores-por-140-mdp-en-recib os-de-luz-20190705-0002.html

5 idem.

6 https://www.elimparcial.com/mexico/Aceptan-errores-por-140-mdp-en-recib os-de-luz-20190705-0002.html

7 https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/cobros-excesivo s-de-cfe-4-mil-veracruzanos-se-amparan/

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y los ayuntamientos a implantar medidas orientadas a prohibir la entrada o participación de menores de edad en cualquier tipo de actos, espectáculos o festividades con prácticas o hechos de violencia contra animales, como las corridas de toros, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las niñas, niños y adolescentes no pueden ser testigos de accidentes y muertes de animales, por eso, es primordial que no tengan acceso a espectáculos como las corridas de toros, donde la crueldad contra los animales es evidente.

Como lo ha afirmado categóricamente la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la presencia de niños y niñas en eventos taurinos, atenta contra su derecho a una vida libre de violencia.

El Comité de los Derechos de los Niños del organismo dice que es un “ejercicio violento” que los más pequeños presencien o participen en corridas de toros.

A fin de prevenir los efectos dañinos de la tauromaquia en niños, el Comité recomienda que el Estado “prohíba la participación de personas menores de 18 años como toreros y espectadores en corridas de toros”, ha pedido este órgano de la ONU.

La ONU alertó a otros países donde se practica la tauromaquia, como Colombia, Ecuador, España, Francia, Perú y Portugal, mientras que en México los estados de Baja California, Campeche y Veracruz reformaron sus leyes de protección por una infancia sin corridas de toros. Sin embargo, se trata de una obligación de los tres niveles de gobierno que tendría que tomar en cuenta artículos constitucionales como el 133, sobre la incorporación de los tratados internacionales a la norma interna, y el 4, sobre el interés superior de la niñez.

Cada vez son más los psicólogos que se plantean las posibles repercusiones de los espectáculos taurinos en la formación y educación de los menores. Así, el doctor en psicología de la Universidad de Lisboa, Vítor José F. Rodríguez, cree que los niños que asisten a corridas, ya sea en directo o por televisión, están siendo “testigos de violencia” y eso nunca es bueno.1

Además, la violencia que se muestra en el ruedo no es gratuita, sino que es públicamente recompensada por los aplausos de la multitud. Al niño, por lo tanto, se le lleva a “apreciar” aquello que sus ídolos educativos, los encargados de su educación, les dicen que es bueno: la corrida de toros. Los menores ven cómo los toreros exhiben una inmensa dosis de violencia festejada y recompensada de varias maneras en un ambiente festivo. “Como si la violencia pudiese ser una cosa hermosa, loable y fuente de alegría. El mensaje implícito y explícito es, desde luego, el siguiente: es bueno ser violento, es bueno ser torero, da prestigio, dinero y es merecedor de aplausos”, manifiesta Rodríguez.

Los niños son muy sensibles a todo lo que les transmita la idea de que, si hacen esto o aquello o tienen esta o aquella idea, serán apreciados. Sin duda, se les está transmitiendo la idea de que si imitan los modelos adultos de los toreros, con su violencia, su afirmación sanguinaria de virilidad, su pomposidad exhibicionista, serán apreciados. Es enseñar algo que en realidad es totalmente erróneo.

Es un error educativo llevar a un niño a una corrida de toros, porque equivale a enseñar que la violencia es buena en sí misma y que torturar animales para nuestro deleite personal es satisfactorio. “No olvidemos que, además de los toros, también se les obliga a los caballos a soportar niveles de tensión inmensa, contrarios a su normal espíritu de herbívoros, y de que muchos caballos sufren lesiones graves”.

Los psicólogos creen que los niños criados en ambientes pacíficos con amor y cuidado se muestran más resistentes, seguros de sí mismos y fuertes psicológicamente, cuando llegan a la etapa de adultos. Al contrario que aquellos que viven en ambientes cerrados y sórdidos donde se ensalza la violencia (aunque sea contra un toro) y que pueden sufrir traumas psicológicos en el futuro. El mensaje que se transmite al niño de que se puede ser violento e incluso matar animales en determinadas circunstancias, si ello nos proporciona placer, no es la mejor manera de educar a un menor.

Se sabe que 56.3 por ciento de las niñas y niños que suelen asistir a las corridas revelan indiferencia al presenciarlas. Niños indiferentes a la violencia que son enseñados a aceptarla como normal y legítima. Sin embargo, otros muestran una mayor puntuación en los test de agresividad, siendo estos efectos más fuertes en los niños.

Exponer a los niños a las corridas es exponerlos a la violencia; enseñarles que la “crueldad” con los animales es legítima; inculcarles que la fiesta del sacrificio y la muerte es “una alegría y una diversión”; decirles que ser violento trae recompensa (riqueza y fama); y poner al matador y torturador de animales en la cúspide del machismo “para admiración y deseo de las hembras” es enaltecer la violencia sobre otros sentimientos y actitudes.

En el fondo, estamos hablando de un espectáculo donde se torturan seres vivos por diversión. Una práctica que filosóficamente resulta aberrante. Normalizar este tipo de violencia representa un gran riesgo para que los niños se insensibilicen y de que generen efectos postraumáticos como ansiedad, depresión y estrés, además de conflictos para diferenciar los actos inmorales.

Resulta fundamental prohibir expresamente la exposición de personas con menos de 18 años como espectadores o perpetradores de actos violentos, en este caso concreto del sufrimiento, dolor y muerte de un ser vivo, toda vez que la evidencia científica señala que la huella y el daño originado en las niñas, niños y adolescentes tiene repercusiones negativas en su comportamiento, así como en su adecuado desarrollo físico, mental, emocional y espiritual, llegando a ser este daño irreparable.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIV Legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales y municipales a implementar medidas a efecto de que se prohíba la entrada o participación de menores de edad a cualquier tipo o celebración de eventos, espectáculos o festividades, en los que se lleven a cabo actividades, prácticas o hechos de violencia hacia los animales, como las corridas de toros.

Nota

1 http://andacentral.org/2019/09/18/las-corridas-de-toros-una-mala-escuel a-para-los-ninos/

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a investigar a la titular del DIF Oaxaca por actos de corrupción, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Par1amentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el art culo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1,fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública se investigue a la titular del DIF Oaxaca por actos de corrupción, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fue creado de la fusión de Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI) y el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN) en 1977, en 1986 se creó la Ley del SNDIF en donde se amplían sus facultades en los tres órdenes de gobierno, entre instituciones y organismos públicos y privados vinculados con los servicios de asistencia social.

Actualmente es un organismo público descentralizado que se encarga del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, que promueve los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como del desarrollo integral del individuo, de la familia y la comunidad, atendiendo su salud física, mental y social hasta lograra una vida plena y productiva.

Este organismo se acostumbraba que fuera dirigido por las esposas de los presidentes, que desde este nuevo gobierno ya no es la figura que dirige esta institución, además de que esta dependencia se reprodujo en cada una de las entidades federativas, por lo que existe un DIF estatal y algunos siguen siendo dirigidos por las esposas de los gobernadores en rumo, tal es al caso del DIF Oaxaca, en donde lvette Morán de Murat la esposa de Alejandro Mural Hinojosa gobernador del estado, es la directora de este organismo.

Este organismo en su página de internet menciona su Misión y su Visión:

‘“Misión:

Instrumentar, promover, ejecutar programas y acciones de excelencia en materia de asistencia social que aseguren la protección integral de la familia.

Visión:

Ser un Sistema Estatal DIF OAXACA renovado que funcione como una institución profesional de excelencia con calidez. Fortalecer los procesos de colaboración y sistemas administrativos ágiles para dar respuesta oportuna a las necesidades y demandas que en materia de asistencia social presentan los oaxaqueños.

Asegurar la adecuada implementación de programas asistenciales.

También se brindan diversos programas en las áreas que conforman al DIF a saber.

• El área de Capacitación forma en temas de Desarrollo Humano, Derechos Humanos, Salud y Equidad de Género.

• En el área de Desarrollo Familiar y Social tiene programas como el de Aprender a Ser, Personas mayores, Estancia Infantil, el Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI) y el Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC).

• En el área Jurídica los programas que ofrece en Asesoría Jurídica, Constancia de Actividades y Apoyo a Sujetos Vulnerables.

• Cuenta con Servicios Itinerantes con programas como atención Ginecológica, Médico Infecciosa, medicina general, Odontología, Oftalmología, Pediatría, otorgamiento de vitaminas, reparación y mantenimiento a sillas de rueda y Ludoteca móvil.

• Cuenta con el área de Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (PRODENNAO).

• En el área de Bienestar tiene Apoyos Funcionales, el Centro de Atención para Niños y Niñas con Autismo (CANNA), el Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales (CECYD), Credencialización, órtesis y Prótesis, Sensibilización, Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), Unidad Deportiva y el programa vamos a • Aprender a Leer Escribiendo (VALE).

• En el área de Delegaciones Regionales, cuenta con los programas Solidaridad Familiar, Calidez en Familia, Apoyo a DIF Municipales.

Además de contar con un área de Voluntariado y Atención Ciudadana, cuenta con Asisten cla Alimentaria, la cual incluye programas como Cocinar Comedor Nutricional, Desayunos Escolares, Asistencia Alimentaria a Personas de Atención, asistencia Alimentaria a perdonas en situación de Emergencia o Desastre y Orientación Alimentaria, esta última área presenta problemas de corrupción debido a que las empresas encargadas del suministro de los alimentos tienen antecedentes de presentar comida en mal estado.

Se han otorgado licitaciones directas a la empresa Prometeo Proyectos Ejecutivos SA de CV desde 2017 por parte del DIF de Oaxaca y hasta 2019 para que abastezca el Programa de Asistencia Alimentaria, sin importar que en

Para la licitación del 2020 se le entregó el contrato a la empresa Abastos y Distribuciones

Institucionales S.A de C.V ligada al Corporativo Kosmos, quienes ocasionaron que en 2014 un total de 683 reos se intoxicaran en el Penal de Puente Grande, Jalisco con los alimentos suministrados por esta compañía .

A pesar del exhorto que hizo el Congreso del estado de Oaxaca el pasado 25 de mayo, que a la letra dice:

LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTAOO LIBRE Y SOBERADO DE OAXACA.

ACUERDA:

ÚNICO. SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES VIGILE QUE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN LPN-SA-SD-0007-0412020, PARA LA ADQUISICIÓNY SERVICIODE REPARTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LAS 8 REGIONES DEL ESTADO DE OAXACA, REALIZADA POR LA SECRETARIA DEADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SEA APEGADO A DERECHO, YA QUE INVOLUCRA A UNA EMPRESA DE DUDOSA REPUTACIÓN. DE IGUAL FORMA; SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA, QUE INVESTIGUEN Y ANALICEN LA SITUACIÓN LEGAL Y FISCAL DE LA EMPRESA REGISTRADA EN LA LICITACIÓN LPN-SA-SD-0007-04/2020 AL MOMENTO DE EMITIR EL FALLO CORRESPONDIENTE.

El DIF es una institución de gran importancia en los Estados ya que es la que brinda apoyo a las familias que más lo necesitan así como la atención a los menores de edad quienes son el futuro del país, por lo que no podemos permitir que empresas que se dedican a entregar alimentos de mala calidad sean quienes alimenten a nuestra población, y se les sea otorgando contratos por millonarios que no valen el servicio que prestan, al entregar productos caducados y de mala calidad.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que investigue a la titular del DIF Oaxaca por los contratos entregados a las empresas de Prometeo Proyectos Ejecutivos SA de CV y de Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que investigue la situación legal y fiscal de las empresas Prometeo Proyectos Ejecutivos SA de CV y de Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de septiembre de 2020.

Bibliografía

Página Oficial del Sistema Nacional DIF () Página Oficial de DIF Oaxaca (httos:Udifoaxaca .gob.mx/)

Gaceta del 27 de mayo de 20202 dela Sesión: GP-119 Sesión Ordinaria dela Diputación Permanente.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade y la SEP a hacer pública la fecha de entrega del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe Ernesto Vargas Contreras, diputado federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Conade es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal conductor de la política nacional en materia de cultura física y el deporte, contando con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Como organismo descentralizado desarrolla sus atribuciones de conformidad con el marco establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte, su Reglamento y Estatuto Orgánico, aplicando también el Acuerdo por medio del cual el organismo descentralizado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte queda agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública.

Adicionalmente, como entidad de la Administración Pública Federal, toma como base normativa la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, lo cual permite el adecuado desarrollo de la política nacional en materia de cultura física y deporte, así como el vínculo y el desarrollo ordenado de acciones por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en relación con dichas materias.

De la misma manera, es importante tomar en consideración la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental para el ejercicio, control y evaluación del gasto público federal.

Asimismo, al formar parte de la Administración Pública Federal, la Conade también tiene que respetar lo establecido en la Ley de Planeación que, es el conjunto de normas de orden público e interés social, que tiene por objeto establecer los principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación nacional de desarrollo, y encauzar en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal.

Esta Ley contiene las bases de integración y funcionamiento del sistema nacional de planeación, necesarios para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, y de esta manera se promueva y garantice la participación democrática de los diversos grupos sociales en la elaboración del plan y los programas; logrando que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades señaladas en ellos.

De la Ley de Planeación, se desprende la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento en el que el Gobierno de México explica cuáles son sus objetivos prioritarios durante un sexenio.

En este sentido, es importante destacar lo contenido en el artículo 22 de la Ley de Planeación, que establece lo siguiente:

Artículo 22.- El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados conforme a este capítulo, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes o que determine el Presidente de la República posteriormente.

Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor.

Como se observa, el Plan Nacional de Desarrollo debe de indicar cuales son los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se deben de elaborar conforme lo establecido en las leyes o por determinación del ejecutivo.

Para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2019, se contempla en el anexo V.2 denominado “Programas derivados del PND 2019-2024”, los programas que habrán de elaborarse, dentro de los cuales se incluye el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte.

Ahora bien, la importancia de los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo, se enmarca en lo que establece el artículo 23 de la Ley de Planeación, que a la letra dice:

Artículo 23.- Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán, asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución.

Por otro lado, el artículo 24 de la multicitada ley, señala que los programas institucionales y sectoriales, además de sujetarse a la propia ley, deberán observar las disposiciones que regulen su organización y funcionamiento. En este caso, a lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo 24.- Los programas institucionales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en el programa sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales, se ajustarán a lo previsto en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto, en lo conducente, por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y, en su caso, por las disposiciones que regulen su organización y funcionamiento.

Lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto en el artículo 9 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que establece lo siguiente:

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte, considerando las disposiciones previstas en la presente Ley y su Reglamento.

El Ejecutivo Federal a través de Conade procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, los objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el deber de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el deporte.

La Conade, en coordinación con la SEP, integrará el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte con base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal, debiendo contener al menos:

I. Una clara definición de objetivos y metas;

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el aprovechamiento de los recursos públicos y privados;

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad deportiva nacional, y

IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión pública de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución; así como, su rendición de cuentas.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se adoptarán las acciones y estrategias pertinentes, se dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar y se formularán los planes operativos anuales que garanticen su ejecución.

Asimismo, el artículo 10, 30 y 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, hacen alusión al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte en los siguientes términos:

Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del deporte en todas sus manifestaciones existirá un Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte que tendrá como objeto asesorar en la elaboración del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, coordinar, dar seguimiento permanente y evaluar los programas, acciones y procedimientos que formen parte de la ejecución de las políticas públicas para promover, fomentar y estimular la cultura física y la práctica del deporte, tomando en consideración el desarrollo de la estructura e infraestructura deportiva y de los recursos humanos y financieros vinculados a la cultura física y al deporte en el país.

Artículo 30. La Conade tiene las siguientes atribuciones:

I.... a III. ...

IV. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte;

Artículo 55. Las Asociaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar registradas como tales por la Conade, cumplir con lo previsto en la presente Ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se les imponga como integrantes del SINADE y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria, incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente expida la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como las Reglas de Operación correspondientes.

Con lo anterior, se hace notoria la obligación que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en Coordinación con la Secretaría de Educación Pública, tiene de elaborar con base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte.

Sin embargo, a más de un año y medio de haber asumido las funciones que por ley le corresponden, la actual administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, no ha presentado su Programa Nacional, ni tampoco ha dado alguna fecha posible de entrega o siquiera si hay avances en cuanto a su construcción.

Esto representa un grave problema para el deporte nacional, pues como se ha visto, este programa sirve para definir las acciones que serán prioritarias para el desarrollo de la cultura física y deporte en el sexenio, así como para especificar las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados.

En consecuencia, el deporte mexicano se desarrolla sin una estrategia, sin objetivos, sin metas y sin un diagnóstico de la situación actual, lo que hace más que imposible superar los problemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Lo que se vuelve más grave considerando que las competencias, entrenamientos, concentraciones y todo lo que envuelve el mundo del deporte, se ha visto afectado y modificado por la pandemia de Covid-19.

La clara muestra de la falta de dirección por la que atraviesa el deporte nacional, la podemos encontrar en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en el que se le da un peso muy importante al deporte, algo que está muy bien, pero al mismo tiempo enciende las alarmas sobre el compromiso que la actual administración de Conade tiene con la planeación y estrategias para la cultura física y el deporte.

En el Programa Sectorial de Educación, se puede ver que su objetivo prioritario número 5 es el deporte para todas y todos, y tiene por objetivo garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en México, con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables.

Sin embargo, sin el apoyo de la Conade como institución encargada de la conducción de la política nacional en materia de cultura física y deporte y sin el instrumento de planeación, o sea el Programa Nacional de Deporte, las buenas intenciones de la SEP, quedarán en eso, buenas intenciones, que no se verán reflejadas en más apoyos, ni en mejores resultados para los atletas.

Aquí cabe hacer un paréntesis, para hacer una reflexión, hemos estado en un periodo de inactividad de alrededor de 4 meses, a causa de la pandemia del Covid, por lo que al menos en Conade, han tenido el tiempo que quizá no tuvieron meses anteriores para trabajar en la elaboración del Programa de Deporte, cosa que evidentemente no ha sucedido, no hay pretextos válidos para no tener ni siquiera avances, entre los meses de mayo, junio y julio, se han publicado en el Diario Oficial de la Federación la mayoría de los programas sectoriales que contempla el Plan Nacional de Desarrollo, pero el de deporte lo seguimos esperando.

Aunado a lo anterior, nos encontramos con que la no presentación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, representa una clara violación al artículo 30 de la Ley de Planeación, ya que este señala lo siguiente:

Artículo 30.- Los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, en los plazos previstos por las disposiciones que al efecto emita el Ejecutivo Federal. En el caso de los programas sectoriales y los especiales que determine el Ejecutivo Federal, deberán publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del plan.

Como se observa, el artículo citado otorga un plazo máximo de seis meses posteriores a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo, para publicar los programas sectoriales, es decir, en el caso del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte existe un desfase legal, ya que se debió haber presentado el pasado mes de enero, dado que el Plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019.

Por lo anterior, para Encuentro Social es urgente tomar medidas en favor de los atletas y deportistas mexicanos, es verdad que el problema deportivo en México existe desde hace muchos años, no es un problema reciente, pero la actual estructura, marco legal y sistema de las Federaciones abre las puertas a la corrupción, malos manejos, actos autoritarios y por ende negligencia, injusticias deportivas, falta de recursos y otros males, que ya de por sí son difíciles de resolver, pero sin una planeación, sin una estrategia y sin un Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, se entrevé imposible.

Se necesita una estrategia que encause y de orden a la cultura física y al deporte en México, de otra forma el deporte nacional se seguirá viendo tristemente desgastado por los problemas administrativos y la falta de visión de las autoridades deportivas, se seguirá viendo saqueado por las personas que contribuyen a éste sistema ineficaz.

Para Encuentro Social, es muy importante poner el tema sobre la mesa para que todos desde nuestros distintos campos de acción, pongamos nuestro granito de arena, para hacer que el deporte de nuestro país salga de ese letargo en el que se encuentra y también y quizá más importante, para que el deporte sirva en la recomposición del tejido social, para que cada vez más, los niños y jóvenes se acerquen al deporte y aprendan y transmitan a la sociedad valores de esfuerzo, de compañerismo, de disciplina, de respeto, de honestidad y transparencia donde se reflejen los objetivos y metas plasmados en los programas sectoriales.

En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema que perjudica de manera directa a los deportistas mexicanos, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Secretaría de Educación Pública, a hacer pública la fecha de entrega del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, así como las razones por las que no se entregó en los tiempos establecidos por la Ley de Planeación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Ernesto Vargas Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Oaxaca y diversas autoridades a realizar las investigaciones conducentes a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del feminicidio de Fátima Palacios Moreno y la desaparición Casandra Ramírez Salomón, así como de otras jóvenes y mujeres reportados en los últimos meses, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca y a diversas autoridades a que a la brevedad, realicen las investigaciones que resulten conducentes para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del feminicidio y desaparición de la ciudadanas Fátima Palacios Moreno, de Casandra Ramírez Salomón y de otras jóvenes y mujeres que se han reportado en los últimos meses, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Antes de ser legislador federal, soy padre de familia, por ello, entiendo perfectamente y comparto la preocupación que tiene toda madre y padre y por los que oramos cada día para que a nuestras hijas e hijos no les suceda nada malo y que estén libres de peligro.

Es sumamente devastador darnos cuenta de que todos los tipos de violencia, incluyendo la de género o contra las mujeres, los feminicidios, homicidios en general, las adicciones al alcohol, a las drogas, la trata de personas, el secuestro, el tráfico de órganos, la desaparición de personas y sobre todo, el aumento de la criminalidad son fenómenos que acechan a diversos sectores de la población de todo el mundo, incluyendo a México, desgraciadamente en los últimos años estos se han exacerbado.

Resulta triste enterarse por medios noticiosos, por reportes, cifras e información generada por Organismos internacionales y nacionales que los delitos violentos y homicidios van a la alza, esta situación se replica en varias entidades de la república mexicana y por ende en sus municipios, en donde la violencia de género y los feminicidios también van en aumento.

El pasado 14 de junio del año en curso, se dio a conocer a través de diversos medios noticiosos que derivado de una investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se había detenido a un sujeto de nombre Omar B G vinculado a proceso por la desaparición de la joven Casandra Ramírez Salomón, de 23 años de edad, que había sido vista por última vez el 6 de mayo de 2020, en la colonia San Antonio, del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

De acuerdo a la información de los medios noticiosos y por un video subido a redes sociales por la madre de la jovencita de nombre Fátima Palacios Moreno de 18 años, que también se encontraba desaparecida desde el 2 de marzo del año en curso, el probable responsable de estas desapariciones, al emitir su declaración ante el juez de control y una vez que la fiscalía del estado aportó datos de prueba, confesó sobre dichas desapariciones y que había privado de la vida a la joven de nombre Fátima Palacios.

El presunto feminicida se valió del engaño, de la simulación y aprovechando las redes sociales como Facebook, fingía ofrecer empleo a jovencitas en una ferretería, situación que utilizaba como anzuelo para atraer a sus víctimas, se hace notar que hay más jovencitas desaparecidas de nombres Isabel Pérez López e Itzel González y que pueden ser víctimas del mismo feminicida.

Los padres de Fátima Palacios Moreno fueron contactados el 13 de junio de 2020, por personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quienes les informaron que el cuerpo sin vida de la jovencita había sido encontrado en una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento “Los Álamos” de dicho municipio, y que su hija había sido asesinada el mismo día en que había desaparecido por el sujeto que también había privado de su libertad a la joven Casandra Ramírez Salomón.1

En los meses que han transcurrido del presente año, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha hecho público el reporte de 5 mujeres desaparecidas en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, la mayoría de las desaparecidas son mujeres jóvenes, entre ellas se encuentra Fátima Palacios Morenos quien desapareció el 2 de marzo del 2020, en la Colonia Santa Fe, otra desaparecida es la joven de nombre Wendy D.L., de 19 años de edad, estudiante de enfermería de la UNPA, quien desapareció el 12 de marzo del 2020, localizada 3 días después, con huellas de tortura, se hace notar que por su desaparición hay un hombre y una mujer detenidos señalados como probables responsables del delito de secuestro.

Otra desaparecida es la ciudadana Isabel Pérez López, quien desapareció el 9 de abril de 2020, que lamentablemente su cuerpo fue localizado el 14 de abril y presentaba huellas de tortura, incluso las autoridades reportan que le fue arrancado el cuero cabelludo y una motocicleta que al parecer era de su propiedad, fue encontrada el viernes 14 de junio en una fosa clandestina en la comunidad de El Porvenir juntos con restos humanos.

Otra chica desaparecida responde al nombre de Itzel González González, de 20 años de edad, también estudiante de enfermería en la UNPA, quien desapareció el 14 de abril de 2020 y otra víctima más de desaparición es la ciudadana Kassandra Ramírez Salomón de 22 años de edad, quien desapareció el 6 de mayo del año en curso y fue vista por última vez en la parada de camiones urbanos de la tienda comercial Lores en el Residencial del Sur.

Podemos conjeturar que las jóvenes Itzel, Wendy y Kassandra tienen tez morena, una estatura similar y su edad oscila entre los 19 y 22 años, son mujeres muy jóvenes, lo preocupante que para una Región como lo es la del Papaloapan o de Tuxtepec quien cuenta con un número grande de mujeres de esas edades, es que las desapariciones han sucedido en tres meses, situación que nos debe poner en alerta a todos los pobladores de la zona y sobre todo, obliga a las autoridades a realizar acciones inmediatas para evitar que sigan desapareciendo mujeres.

Si bien es cierto que las tasas de homicidio y sus causas varían ampliamente entre las regiones del mundo y dentro de ellas, la Organización de las Naciones Unidas ha elaborado documentos que establecen que la tasa de homicidios promedio en 2017 que era de 6.1, oculta dramáticas variaciones y aumento regionales.

El Estudio mundial sobre el homicidio 2019, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), que pretende establecer las causas y efectos de los asesinatos por motivos de género, por violencia entre pandillas y otros desafíos, para apoyar en la prevención y las intervenciones destinadas a reducir las tasas de homicidio, ha establecido que en 2017 unas cuatrocientas sesenta y cuatro mil personas en todo el mundo fueron víctimas de homicidio, superando con creces las ochenta y nueve mil que perdieron la vida en conflictos armados en el mismo período.2

El mencionado estudio establece que el número total de personas que sufrieron una muerte violenta como consecuencia de un homicidio aumentó en el último cuarto de siglo, de trescientas noventa y cinco mil quinientas cuarenta y dos en 1992 a cuatrocientas sesenta y cuatro mil en 2017, y que la delincuencia organizada fue responsable de 19 por ciento de los homicidios en todo el mundo en dicho año.

Desde el comienzo del siglo XXI, las organizaciones criminales han causado la muerte de un número de personas igual al de todos los conflictos armados del mundo, de la misma forma que los conflictos armados desestabilizan a los países, la delincuencia organizada también lo hace y daña en gran medida el desarrollo socioeconómico y el estado de derecho.

De acuerdo a las Naciones Unidas la tasa de homicidios del continente americano es de 17.2, que es la más alta registrada en la región desde que se iniciaron los registros confiables en 1990, mientras que África tiene una tasa de 13.0, ambas regiones están por encima de la media mundial, en comparación con Asia, Europa y Oceanía que mantienen tasas por debajo de la media mundial del 2.3, 3.0 y 2.8, respectivamente.

Las tasas de homicidio son muy altas en el continente americano, pero la situación cambia dentro de cada país, ya que Centroamérica concentra la tasa de homicidios más alta de 62.1, mientras que Sudamérica la tasa de homicidios es de 56.8, dentro de los países del continente, los altos niveles de homicidio están agrupados en algunas poblaciones locales que enfrentan tasas de homicidio comparables a las tasas de mortalidad en zonas de conflicto.

Si bien es cierto que las estadísticas mundiales establecen que la mayoría de las víctimas de homicidio son hombres, el número de feminicidios y de violencia de género también es considerable, desgraciadamente en la mayoría de los casos, las mujeres suelen ser asesinadas por sus familiares y parejas íntimas.

El 81 por ciento de las víctimas en todo el mundo de homicidio registradas en 2017 eran hombres y niños, y más de 90 por ciento de los sospechosos de homicidio eran hombres, por lo que hace a las niñas y los niños de entre 9 y 12 años, así como los menores de edad estos son asesinados en tasas aproximadamente iguales, contrastando con todos los demás grupos de edad, en los que los hombres constituyen más de 50 por ciento de las víctimas, según datos de 41 países.

En todas las regiones, la probabilidad de que los niños sean víctimas de homicidio aumenta con la edad, aunque este proceso ocurre en diferentes etapas, los hombres y los adolescentes de sexo masculino de entre 15 y 29 años corren el mayor riesgo de ser víctimas de homicidio en todo el mundo.

De acuerdo al estudio de las Naciones Unidas, las mujeres y las niñas representan una proporción menor de víctimas de homicidio en comparación con los hombres, pero siguen siendo las que soportan la mayor carga de los homicidios cometidos por sus parejas íntimas y por su familia.

Entre los factores que impulsan la comisión de homicidios que se destacan en el estudio figuran la desigualdad, el desempleo, la inestabilidad política, la prevalencia de los estereotipos de género en la sociedad y la presencia de la delincuencia organizada.

Es muy lamentable qué de doscientos veintiún países monitoreados, América Latina y el Caribe tenga catorce de los veinticinco países del mundo en donde más se cometen feminicidios, y lo más indignante es que de cien casos que se registran, solo dos responsables de la agresión son sujetos a juicio y sentenciados.

En el estudio denominado “Carga de Violencia Armada 2015” emitido por Naciones Unidas Mujeres y la Cepal, se contiene la lista de los 25 países con mayor prevalencia de violencia feminicida en el 2007-2012, misma que se reproduce a continuación:

Tasas muy altas de violencia feminicida (6 por cada 100 mil mujeres)

1. El Salvador: 14 por cada 100,0002. Honduras: 11 por cada 100,0003. Sudáfrica: 10 por cada 100,0004. Guatemala: 9 por cada 100,0005. Bahamas: 7 por cada 100,0006. Rusia: 7 por cada 100,0007. Guyana: 6.5 por cada 100,000

Tasas altas de violencia feminicida (3-6 por cada 1000 mil mujeres)

8. Belice: 5 por cada 100,0009. Venezuela: 5 por cada 100,00010. Colombia: 5 por cada 100,00011. Antillas Menores: 5 por cada 100,00012. Kazajstán: 4 por cada 100,00013. Brasil: 4 por cada 100,00014. Moldavia: 4 por cada 100,00015. Bielorrusia: 4 por cada 100,00016. República Dominicana: 4 por cada 100, 00017. Letonia: 4 por cada 100,00018. Ucrania: 4 por cada 100,00019. Panamá: 4 por cada 100,00020. Lituania: 3 por cada 100,00021. Fiyi: 3 por cada 100,00022. Puerto Rico: 3 por cada 100,00023. México: 3 por cada 100,00024. Surinam: 3 por cada 100,00025. Filipinas: 3 por cada 100,000Los organismos internacionales mencionados, señalan que a la lista no se integraron algunos de los países en los que más muertes se registran como es el caso de Irak, Somalia, Libia, Sudán del Sur, Yemen, Bahamas y República Centroafricana, debido a que no remitieron cifras que diferencien homicidios por género.

Como se puede apreciar del informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 2017, la evidencia estadística muestra que la violencia feminicida continúa creciendo pese a los esfuerzos públicos de programas con perspectiva de género y México se encontraba en la posición 23, calificado con una tasa alta de feminicidios.

Durante el 2017, fueron asesinadas al menos 2 mil 795 mujeres en la región latinoamericana (sólo los casos registrados) a causa de la reproducción de patrones de violencia en la sociedad y con un creciente círculo de agresiones de tipo emocional, física y sexual en contra de mujeres y niñas.

En 2018, al menos tres mil quinientas veintinueve mujeres perdieron la vida por razones de género en veinticinco países de América Latina y el Caribe, de acuerdo a los datos oficiales que genera anualmente el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y las Naciones Unidas en su Capítulo Mujeres, han identificado que en Latinoamérica los dos países con la tasa más alta de feminicidios son El Salvador y Honduras que tienen tasas calificadas como muy altas de 14 y 11 asesinadas por cada 100 mil mujeres.

En 2018, México penosamente seguía ocupando el lugar 23 en la lista de países de todo el mundo con más feminicidios, con una tasa de 3 feminicidios registrados por cada 100 mil mujeres y en el continente americano, ocupaba el lugar 14 con una tasa en 2018 de 1.4 por cada 100 mil mujeres.3

Derivado de la información generada por los organismos internacionales que han sido mencionados, en México la tasa de feminicidios se incrementó 1.4 por ciento de 2012 a 2016, mientras que datos generados en 2018 por el Inegi muestran que la tasa se elevó a 4.4 feminicidios por cada 100 mil mujeres.

Por información formulada por el Inegi contenida en el documento “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)” de 2019, reflejan que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.4

También, se establece que 43.9 por ciento de las mujeres ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0 por ciento), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7 por ciento).

En 2018 se registraron 3 mil 752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.

Las diez entidades federativas que presentaron las tasas más altas de feminicidios en México de enero a septiembre de 2019, son las siguientes5 :

ENTIDAD    NÚMERO DE FEMINICIDIOS

Veracruz          146
Estado de México    81
Nuevo León    53
Puebla    47
Ciudad de México    40
Jalisco    37
Sinaloa    34
Sonora    30
Chihuahua    29
Morelos    28

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, del intento de subordinar y someter a las mujeres, desafortunadamente, este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos.

La Organización de las Naciones Unidas define a la Violencia contra las Mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o pueda tener como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada. (Declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer, Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.)

En muchos hogares no sólo de México, sino de diversos países, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y los generadores de violencia la ejercen sobre las mujeres ya sea porque existe un vínculo o sin existir consideran que tienen el poder de someter a una persona del sexo femenino.

El objetivo de un generador de violencia contra las mujeres y de un feminicida es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, en el caso de aquel que lleva a cabo cualquier tipo de violencia de género, la afectación se puede dar de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia el sometimiento y vejación del individuo del sexo femenino.

Dentro de los distintos tipos de violencia de género o contra las mujeres que existen, sin duda el feminicidio es el más grave y el que genera en la víctima el mayor grado de daño, ya que afecta a niñas y mujeres de todas las edades y no distingue el estrato social, el nivel educativo, cultural o económico, ni el color de piel.

Pese a que el Estado mexicano ha implantado diversos mecanismos para proteger la vida de las y los ciudadanos, considerando esta protección como un derecho humano, por ello, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar este derecho de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, encontrándose obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al mismo, existen diversos factores que no permiten alcanzar esa prevención, erradicación y eliminación de la violencia de género.

Se han realizado por parte de las autoridades federales y de los estados acciones para combatir la violencia contra las mujeres, pero diversos sectores de la población se encuentran renuentes a no generar esa discriminación y permitir el empoderamiento de las mujeres.

Dentro del sistema jurídico mexicano contamos a nivel federal con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que data del 1 de febrero de 2007 y que ha sido replicada en la mayoría de las entidades federativas, disposiciones que buscan garantizar el acceso a una vida libre de violencia que favorezca el desarrollo y bienestar de las mujeres conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, desafortunadamente estos derechos no se han podido establecer del todo y con la eficacia necesaria, ya que aspectos culturales, la corrupción en los procesos de investigación de dichas conductas violentas y la poca concientización de la sociedad sobre este problema no permiten avanzar en la solución a este problema.

La asociación civil denominada “Consorcio para el Diálogo y la Equidad”, ha reportado que la violencia feminicida en la región de Tuxtepec en Oaxaca ha ido incrementándose desde 2018 a la fecha, ya que refiere que suman 66 mujeres desaparecidas en dicha región del Papaloapan y que es la tercera región con más casos.

De acuerdo a un diagnóstico elaborado por esta asociación civil, se informa que cinco regiones representan 81 por ciento del total de casos de desaparecidas en Oaxaca, siendo las siguientes: Valles Centrales con 391, Istmo con 84, Papaloapan con 66, Mixteca con 58 y la Costa con 54 casos.

La información generada por Consorcio para el Diálogo y la Equidad señala que los municipios con más casos de mujeres desaparecidas son San Juan Bautista Tuxtepec, Acatlán de Pérez Figueroa, San Pedro Ixcatlán, Loma Bonita y San Miguel Soyaltepec y que la cifra de desaparecidas y no localizadas incrementó a partir del segundo año del gobierno del licenciado Alejandro Murat, alcanzando los 326 casos en 2018, 259 casos en 2019 y que tan sólo en lo que va de 2020 han registrado 118 casos.

Esta asociación civil hace mención de que no se observan acciones del Estado para investigar los contextos en los que existe el mayor riesgo de ser víctima de una desaparición, no se establece con seriedad cuales son los móviles de estos delitos, así como cuál es el perfil de los presuntos agresores, ni cómo se lleva a cabo el seguimiento a las carpetas de investigación, sobre todo en municipios que cuentan con Alerta de Género desde 2018.6

En el caso del feminicidio de Fátima Palacios Moreno y Casandra Ramírez Salomón, jovencitas oriundas del Municipio de Tuxtepec, Oaxaca, al igual que los casos de otras niñas y jovencitas desaparecidas, se encontraban en la plenitud de la vida, ciudadanas de bien que fueron agraviadas por la violencia de género convertida en violencia feminicida a manos de un individuo que no tuvo la menor compasión por ellas.

Sin duda, este presunto criminal debe pagar de manera ejemplar por la comisión de esos delitos tan dañosos para la sociedad, aún y cuando su castigo no le devolverá la vida a estas dos jovencitas que lo único que buscaban era un trabajo para solventar sus necesidades y salir a adelante, ni tampoco les restituirá la paz y tranquilidad a los familiares de las víctimas.

Como ciudadano y parte de la comunidad que vive en la región de Tuxtepec, también conocida como región de la cuenca del Papaloapan, estoy preocupado por la inseguridad que existe en la zona y en general, la que existe en el país.

Comparto con los padres de Fátima, de Casandra y de todos aquellos padres de niñas, niños, jovencitas, jóvenes y personas desaparecidas, la indignación por la comisión de tan cruel crimen y junto a ellos formulo la exigencia para las autoridades estatales de procuración y en su momento, a las autoridades de administración de justicia, para que al responsable de estos feminicidios se le aplique todo el peso de la ley y de la justicia.

De igual manera, solicitamos se esclarezcan los hechos a efecto de determinar el móvil de los delitos, así como si en su comisión existe la participación de más responsables, incluso, para que se investigue si existe una red de feminicidas o de tratantes en la entidad federativa y en caso de que exista, sea desarticulada y sujeta a proceso a la brevedad, concluyendo con una sentencia que establezca una condena ejemplar que sirva para inhibir la futura comisión de dichas conductas antisociales, así como para reparar el daño a los deudos de las víctimas.

Asimismo, se solicita al gobernador de Oaxaca instruya a sus secretarios de Seguridad Pública y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a que remitan a esta soberanía un informe detallado sobre el cómo se ejercen los recursos públicos que recibe la entidad federativa de la federación y que se destinan a la seguridad pública y a la prevención del delito, que a su vez contenga el tipo de acciones que el gobierno estatal está realizando para inhibir la inseguridad y criminalidad.

Por último, propongo exhortar al gobernador de Oaxaca y a las autoridades municipales a efecto de que implanten una campaña en el estado, de prevención, inhibición y erradicación de todos los tipos de violencia, dando énfasis a inhibir la violencia de género y los feminicidios.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y a los tres niveles de gobierno, formula atento exhorto al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a efecto de que implemente a la brevedad, una campaña estatal de prevención, inhibición y erradicación de todos los tipos de violencia, dando énfasis a inhibir la violencia de género y los feminicidios y cuente con la participación de los 570 Ayuntamientos de dicha entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y a los tres niveles de gobierno, formula atento exhorto al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, así como los Poderes Legislativo y Judicial, a la Fiscalía General del Estado y los 570 ayuntamientos de la entidad a efecto de que se implanten diversas acciones para investigar, inhibir y erradicar la violencia de género, la desaparición de niñas, jóvenes y mujeres, y feminicidios, así como para sancionar a los responsables de dichas conductas antijurídicas y en caso de que existan redes de tratantes de personas, secuestradores o feminicidas, sean desarticuladas y sujetas a proceso a la brevedad, concluyendo con sentencias que establezcan condenas ejemplares que inhiban la futura comisión de dichas conductas antisociales, así como una efectiva reparación del daño a las víctimas y a sus deudos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y a los tres niveles de gobierno, formula atento exhorto al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a efecto de que instruya a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de dicha entidad federativa, a que remitan a esta soberanía a la brevedad, un informe detallado sobre cómo se han ejercido durante su gestión las participaciones federales que deben ser aplicadas a la seguridad pública y a la prevención del delito, conteniendo además el tipo de acciones que su administración está realizando para inhibir el aumento de la inseguridad y de la criminalidad en dicha entidad federativa.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y a los tres niveles de gobierno, formula atento exhorto al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, encargados de la procuración y administración de justicia respectivamente, a que en el ámbito de sus atribuciones y con total apego al debido proceso, esclarezcan los hechos relacionados con el feminicidio de la joven Fátima Palacios Moreno, así como de la desaparición de la ciudadana Casandra Ramírez Salomón y de todo aquel feminicidio y desaparición por motivos de género que tengan lugar en esa entidad federativa, determinando el móvil de dichos delitos e imponiendo al responsable o responsables una sanción ejemplar para inhibir la futura comisión de dichos ilícitos y fijando la reparación del daño más alta que en derecho proceda.

Notas

1 Información recabada de la nota periodística denominada "Fátima y Casandra, jovencitas desaparecidas en Tuxtepec, fueron asesinadas y enterradas en fosa clandestina; autor material confesó crímenes", nota de Roberto Polo en El Piñero, publicada el 14 de junio de 2020 en el portal de Julio Astillero y que se puede consultar en el siguiente
link:https://julioastillero.com/fatima-y-casandra-jovencitas-desaparecidas-en-tuxtepec-fueron-asesinadas-y-enterradas-en-fosa-clandestina-autor-material-confeso-crimenes/

2 Información tomada de "El estudio mundial sobre el homicidio 2019", publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) está disponible en línea: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homici de.html, dicho documento consta de cinco folletos temáticos, cada uno de los cuales ofrece una visión de las facetas y dimensiones específicas de este complejo fenómeno: tendencias y patrones de homicidio; impulsores, mecanismos y tipologías de homicidio; homicidio y desarrollo sostenible; asesinatos de mujeres y niñas relacionados con el género; y asesinatos de niños y adultos jóvenes. Un sexto folleto adicional consiste en el resumen ejecutivo y las implicaciones para las políticas públicas.

3 Información consultada en el documento denominado: La medición del feminicidio o femicidio: desafíos y ruta de fortalecimiento en América Latina y el Caribe, elaborado en noviembre de 2019 por Naciones Unidas y Cepal y que se puede consultar en el siguiente apartado:

https://oig.cepal.org/sites/default/files/femicidio_web. pdf

4 Información consultada en el documento denominado "Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)", publicitada el 21 de noviembre de 2019 y que se puede consultar en el siguiente apartado:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2019/Violencia2019_Nal.pdf

5 Las diez entidades federativas con mayor número de presuntas víctimas de feminicidios de enero a septiembre de 2019 información emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

6 Esta información se puede consultar en el siguiente link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=261927849498 3679&id=1764969853747885

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre de 2020.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a incluir la doxiciclina y el cloranfenicol en el compendio nacional de insumos para la salud, y garantizar su existencia permanente y disponibilidad a efecto de estar en condiciones de atender de manera oportuna y adecuada a los enfermos de Rickettsia, a cargo del diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Alonso Riggs Baeza, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición, con base en las siguientes

Consideraciones

Las rickettsiosis son zoonosis causadas por bacterias del género Rickettsia, las cuales se dividen en los grupos tiffus y fiebres manchadas. La Rickettsia rickettsii es el agente causal de la fiebre manchada de las Montañas Rocosas (FMMR), es la especie más patógena del género Rickettsia, la cual ha provocado una alta mortalidad en los últimos años, en especial en países como México.

La rickettsia o rickettsiosis se transmite por sangre infectada. El vector de esta enfermedad es la garrapata y la bacteria se transmite a la progenie por un mecanismo de transmisión transovárico.

La enfermedad que causa la picadura de garrapata es la fiebre manchada de las Montañas Rocosas o FMMR (causada por Rickettsia rickettsii). Esta es de mayor interés debido a la cantidad de complicaciones que presenta en su evolución clínica. Puede presentar una alta mortalidad en casos no tratados (80-90 por ciento), en especial entre niños, adolescentes y personas inmunológicamente comprometidas. Esta bacteria se puede diseminar por vía linfática o sanguínea; en el caso de la primera, se cree que la respuesta inmune permitiría un mejor control de la enfermedad, en comparación con la propagación por la sangre, debido a que las bacterias se diseminan más rápido hacia los órganos.

El principal vector transmisor de FMMR es la Rhipicephalus sanguineus (garrapata café del perro). En México esta garrapata se encuentra distribuida en todo el territorio nacional, y es infectante durante todo su ciclo vital.

Ahora bien, el medicamento de primera línea para su manejo es la doxiciclina oral o parenteral, el cual es de difícil acceso en México.

La Guía de Práctica Clínica en nuestro país recomienda el uso de Doxiciclina como medicamento de primera línea, 100 mg cada 12 horas por 7 a 10 días en adultos.

En caso de niños la dosis irá de 4.4 mg por kg de peso en 2 dosis cada 12 horas por 7 a 10 días.

El medicamento de segunda línea para estos pacientes es el cloranfenicol.

Los síntomas de la rickettsia son dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor muscular, sangrados leves de encías, náuseas, vómito y erupciones cutáneas que parecen manchas rojizas en la piel.

Debido al alto grado de mortalidad de esta enfermedad es necesario que se incluya dentro del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, antes cuadro básico, a estos medicamentos que son de bajo costo. La doxiciclina y el cloranfenicol son medicamentos que pueden salvar la vida de las personas que resultan infectadas por la picadura de garrapata.

En el caso de Chihuahua, año con año se presentan casos de niños, adolescentes y adultos de mayores que no pudieron recibir la atención médica adecuada debido a que, como ya se mencionó, estos medicamentos son de difícil acceso. No son caros, son de difícil acceso, pues están fuera del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, cuyo fin es garantizar la equidad en el acceso a medicamentos y tener mayor cobertura en la atención médica, por eso el llamado va en el sentido de que se incluyan en el mismo, para poder atender de manera oportuna y adecuada a todos aquellos que se vean afectados por esta enfermedad.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud Jorge Alcocer Varela a efecto de que se incluya en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud a la doxiciclina y al cloranfenicol, y que se garantice su existencia permanente y disponibilidad para estar en condiciones de atender de manera oportuna y adecuada a los enfermos de rickettsia.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa y la Sener a investigar la contaminación por la refinería de Pemex situada en Cadereyta, NL, y analizar su posible cierre por su afectación al entorno, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un 18 de marzo de 1979, en pleno auge petrolero en México, fue inaugurada la refinería Héctor Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León, en su momento fue una de las más modernas de su época. Cuarenta años más tarde, sigue siendo la instalación en su tipo “más joven” de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Con la refinería de Cadereyta, son seis las que operan en el país: la Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca; la Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz; la Antonio Amor, en Salamanca, Guanajuato; la Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo y la Francisco I. Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas.1

Desde el inicio de sus operaciones, su producción abastece de combustibles y derivados del petróleo a los estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua y parcialmente a las entidades de Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Ubicada a 36 kilómetros al noreste de la zona conurbada de Monterrey y a las afueras del municipio de Cadereyta, en sus plantas de procesamiento se producen gasolinas y diésel ultra bajo en azufre, asfalto, azufre, coque, propileno y gas LP entre otros petrolíferos. Su equipamiento, en teoría, le permite procesar una mezcla de petróleos crudos tipo Istmo y Maya, de 34 y 22 grados API, ligero y pesado respectivamente.2

En una superficie de 767 hectáreas, tiene 39 plantas, nueve calderas, dos turbogeneradores, dos unidades desmineralizadoras, nueve torres de enfriamiento y dos plantas de tratamiento de aguas negras. Sus instalaciones tienen una capacidad de refinación de 275 mil barriles diarios, aunque hasta junio de 2020 procesaba 104 mil 424 unidades de petróleo lo que significa, que funciona actualmente a 37.97 por ciento de su capacidad.3

Desde su inauguración, la contaminación del aire, subsuelo y arroyos de la zona es una constante que se ha padecido a lo largo de las décadas; la contaminación del aire que genera, no sólo afecta a los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, sino que en ocasiones llega hasta el estado vecino de Coahuila de Zaragoza. En términos de impacto ambiental, es un serio foco de contaminación a escala nacional e internacional.

Greenpeace ubica a esta refinería como una de las peores fuentes globales de contaminación por SO2, esto con base en la información de puntos críticos de emisiones y fuentes contaminantes 2018, identificados por el satélite Aura de la NASA. Un análisis de la contaminación por PM.2.5 en Monterrey realizado por el Centro Mario Molina, determinó mediante trabajos de modelación y análisis de datos históricos de dirección predominante en la que se desplaza el aire, que este se dirige del este y sureste hacia el norte, por lo que los municipios ubicados hacia esta dirección, son en buena parte del año, sitios receptores de emisiones de aire cargados de contaminantes atmosféricos que se emiten desde el área circundante a Monterrey (Cadereyta y Pesquería), donde se ubican la refinería de Pemex y la Central Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respectivamente.4

De acuerdo con el Programa de Gestión para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en el estado de Nuevo León (Pro Aire NL) 2016-2025, en el área metropolitana de Monterrey, las fuentes fijas constituyen el principal origen de dióxido de azufre (97 por ciento), de partículas suspendidas con un diámetro aerodinámico menor a 2.5 micras (PM 2.5) (67 por ciento), y son el segundo emisor de partículas suspendidas con un diámetro aerodinámico menor a 10 micras (PM10)5 (45 por ciento), y óxidos de nitrógeno (34 por ciento).

De Cadereyta proviene 80 por ciento de emisiones de azufre; 16 por ciento de PM2.5 y 10 por ciento de PM10; de bióxido de azufre la refinería emite 97.7 del que produce el estado; en cuanto a la emisión de óxidos de nitrógeno, el municipio emite 6.7 por ciento y toda esta contaminación proviene de instalaciones petroleras. Estos contaminantes contribuyen a deteriorar la calidad del aire de la ciudad de Monterrey y su área conurbada donde viven cerca de 4.7 millones de personas.

ProAire Nuevo León, refiere que el deterioro de la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey, se debe a las altas concentraciones de partículas PM10 Y PM2.5, además de las altas concentraciones de ozono. De acuerdo con la norma actual, los días que se superaron los índices de contaminación, comprendiendo el periodo 2009-2014, ésta fluctuó entre los 224 y 275 días al año en cuanto a PM10, y entre 21 y 58 días en partículas PM2.5.

El área metropolitana de Monterrey constantemente ha incumplido con la norma de la calidad del aire para partículas PM10 y PM2.5 y de partículas de ozono, lo que ha llegado a situaciones límite. En 2009 fue considerada la zona metropolitana más contaminada en cuanto a estos niveles de PM10 y PM2.5, de una lista de 576 ciudades en todo el mundo. Estimaciones en el país, refieren que la exposición poblacional a este tipo de partículas PM, generó en 2013 un aproximado de 26, 484 decesos.

Sobra decir que existe evidencia sólida sobre los impactos negativos en la salud a corto y largo plazo de las PM2.5 en estudios epidemiológicos y toxicológicos en todo el orbe. Entre los más documentados están los referentes a la mortalidad y la hospitalización de pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), exacerbación de los síntomas y aumento de la necesidad de terapia en asmáticos, mortalidad y hospitalización de pacientes con enfermedades cardiovasculares, con diabetes mellitus, aumento del riesgo de infarto al miocardio, inflamación de los pulmones, inflamación sistémica, disfunción endotelial y vascular, desarrollo de aterosclerosis, aumento en la incidencia de infecciones y cáncer de pulmón.6

Los principales efectos sobre la salud causados por SO2, es la afectación a las funciones pulmonares, además de causar irritación ocular; otro efecto importante es la inflamación del sistema respiratorio que provoca tos, secreción mucosa, agravamiento del asma y bronquitis crónica. Esto se relaciona significativamente con los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumenta en aquellos días en que los niveles de SO2 se elevan.7

De acuerdo con estimaciones del gobierno de Nuevo León, si disminuyeran los niveles de PM2.5 al límite permitido por año de 12 mg/m3 (microgramos por metro cúbico)8 en el área metropolitana de Monterrey, se evitarían anualmente un total de 316 casos de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, por EPOC y por cáncer de pulmón, cuyos beneficios económicos ascenderían los 7 mil 560 millones de pesos.

Independientemente de las quejas interpuestas por el secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno de Nuevo León, y los escritos dirigidos a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), tanto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Fiscalía General de la Republica (FGR), y el recurso interpuesto ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por violar el derecho humano a un medio ambiente sano, lo que se requiere es cumplir con los habitantes de la ciudad de Monterrey y estados vecinos que sufren de esta contaminación.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIV Legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Energía, para que en el ámbito de sus competencias valoren la contaminación que emite la refinería de Cadereyta, Nuevo León, y la afectación que ésta provoca en su entorno.

Notas

1 Canal 6 de Multimedios, Refinería de Cadereyta cumple 40 años, publicado el 18 de marzo de 2019.

2 Petróleos Mexicanos (Pemex), Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” cumple 39 años de servicio, publicado el 16 de marzo de 2018.

3 Periódico El Economista , Cadereyta, su refinería y cuatro décadas de pasivos ambientales, publicado el 9 de agosto de 2020.

4 Ibídem.

5 De acuerdo con su diámetro aerodinámico, estas pueden clasificarse en menores o iguales a 10 micras (PM10), en menores o iguales a 2.5 micras (PM2.5) y menores o iguales a 0.1 micras (PM 0. 1). El tamaño es determinante para caracterizar su comportamiento en la atmosfera y subsecuentemente la concentración a la que puede estar expuesta la población, determinando la capacidad de penetración y retención en diversos puntos de las vías respiratorias; consúltese la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014, Salud ambiental. Valores límite permisibles para la concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios para su evaluación, dirección en internet: bit.ly/3jxjN77, fecha de consulta: 28 de agosto de 2020.

6 Las PM10 se depositan en la región extratorácica del tracto respiratorio (nariz, boca, naso, oro y laringofarínge); contienen principalmente materiales de la corteza terrestre y se originan en su mayoría por procesos de desintegración de partículas más grandes. También pueden contener material biológico como polen, esporas, virus o bacterias o provenir de la combustión incompleta de combustibles fósiles. Las PM2.5 están formadas primordialmente por gases y por material proveniente de la combustión, una gran proporción de esta fracción, son secundarias. Se depositan fundamentalmente en la región traqueobronquial (tráquea hasta bronquiolo terminal), aunque pueden ingresar a los alvéolos; Ibídem.

7 Partículas Suspendidas, dirección en internet: bit.ly/3hMI34M, fecha de consulta: 28 de agosto de 2020

8 El valor límite para las partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) promedio de 24 hrs., es de 45 µg/m3; su límite anual promedio será de 12 µg/m3. Para las partículas menores a 10 micrómetros (PM10) el promedio de 24 hrs., será de 75 µg/m3 y como límite anual promedio, será de 40 µg/m3: véase Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014, Salud ambiental. Valores límite permisibles para la concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y...op.cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora a aplicar y reforzar las medidas de prevención de violencia contra las mujeres; y a la Fiscalía General de Justicia local, a agilizar las investigaciones sobre feminicidios y esclarecer con la mayor brevedad el cometido contra Rosalía Yazmín Duarte Canevett, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados; así como, el artículo 10, numeral 2, del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, somete a su consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Existe una normalización de la violencia contra la mujer en varias entidades federativas. Históricamente, la mujer es sometida, desde este punto, el colectivo social no actúa ante la violencia contra las mujeres, en su forma psicológica, física, cometida hacia sus hijos y, por lo general se dejan de lado los abusos de féminas.

En este contexto, a las mujeres se les culpa de su condición que resulta en fatalidad para el colectivo, sólo por el hecho de ser del sexo femenino. Las justificaciones misóginas sobran: qué si estaban solas, que le pasó por la ropa que llevaba puesta, por salir de noche, por viajar sola, por tomar alcohol, por divertirse, miles de excusas que lastiman y denigran a todas las mexicanas; dicha violencia es generada casi siempre por hombres.

En México se mantiene la sobrevaloración del hombre, como ente poderoso, fuerte, único, que da vida, que toma decisiones, que conoce y dirige; es en ese orden de ideas se subvalora la mujer, se le pone debajo, tratándola como posesión y por ende, se violan sus derechos humanos.

La tolerancia y normalización de la violencia contra la mujer, conlleva a la comisión de faltas administrativas y de tipos penales, incluido el que atenta contra la vida y contra el equilibrio y paz social de la sociedad mexicana, que es el feminicidio.

No podemos continuar en esa ruta; porque en esta transformación, nos obligamos a recomponer el tejido social, ejecutando las leyes y las políticas públicas para retomar el estado de derecho con orden y paz social.

En múltiples ocasiones, la mujer decide no denunciar o pedir auxilio por temor a que el hombre continúe con el daño psicológico o físico que le pueda provocar; por lo que, si pensamos en este contexto existe una falta u omisión por parte de la autoridad estatal.

Los recientes casos de feminicidios, despertaron la rabia, indignación, preocupación y un sinfín de sentimientos en la mayoría de la población. Estas carpetas de investigación, son ejemplos del México real y actual, donde prevalece un olvido de las autoridades locales que previenen, administran o procuran justicia; aunado a una normalización de la violencia en la psique social.

El reciente feminicidio en Empalme, Sonora, de Rosalía Yazmín Duarte Canevett, joven de 24 años y estudiante de la carrera de administración en el Instituto Tecnológico de Sonora, prende de nueva cuenta las alertas en la sociedad por el crimen cometido contra una mujer que ya había sido violentada en un asalto y que alzó la voz en redes sociales para prevenir ataques de delincuentes, lo que terminó en tragedia que sigue sin resolverse por la Fiscalía del estado y por ende, sin castigo a los responsables.

La violencia contra las mujeres aumenta y no para en Sonora, muchos son los discursos y estadísticas que presenta el Gobierno del Estado de Sonora; pero en las calles permea la inseguridad, sobre todo para las mujeres sonorenses.

Continúan las voces ciudadanas para que la violencia contra las mujeres no vuelva a suceder, realizándolo desde diversas trincheras, como la calle, las redes sociales, las instituciones públicas y privadas; hoy, existe una deuda con las mujeres sonorenses, una deuda de prevención del delito, una deuda de seguridad, una deuda de investigaciones de feminicidios que son una deuda que reclama la sociedad.

El sábado 5 de septiembre y al grito de ¡ni una más! En memoría de Rosalía Yazmín, se realizó una marcha para solicitar que paren los feminicidios; el reclamo es fuerte y la estadística real rebasa a la oficial, por lo que, urge que las autoridades encargadas de prevenir e investigar los delitos contra mujeres, actúen en consecuencia.

En 2019 y 2020, la tasa de feminicidios aumentó en Sonora, sumado a marchas, reclamos, omisiones, olvido institucional, son una constante en la vida social en Sonora que ve con tristeza como siguen las desapariciones, muerte de niñas y mujeres que lastiman el entorno familiar y dejan claro que Sonora está entre las entidades con más feminicidios en México.

Desgraciadamente, también el martes pasado fue privada de su libertad otra mujer de 22 años, de nombre Cindy Priscilla en Guaymas y hasta el momento se desconoce su paradero, lo que indica que la inseguridad y violencia contra las mujeres no cesa en Sonora.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Sonora para que aplique y refuerce las medidas de prevención de violencia contra las mujeres y, solicita a la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora para que agilice las investigaciones sobre feminicidios y esclarezca a la brevedad el cometido contra Rosalía Yazmín Duarte Canevett.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
8 de septiembre del 2020.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a emitir y publicar en el DOF los lineamientos de operación de las cooperativas escolares y fomentar mediante éstos la dieta saludable, mediante la prohibición de la venta de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutritivo en planteles públicos y particulares, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que a la brevedad emita y publique en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de operación de las cooperativas escolares y para que, a través de los mismos, se fomente la alimentación saludable, prohibiéndose la venta de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutritivo en los planteles escolares públicos y particulares, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Antes de ser legislador federal, soy un ciudadano que busca proponer reformas e iniciativas que contribuyan a fortalecer y que sean afines a las políticas públicas del nuevo gobierno, sobre todo aquellas que estén enfocadas en mejorar el nivel de vida de los mexicanos, entre las que se encuentran todas las acciones para mejorar la salud y el bienestar de toda la población.

Como padre de familia y miembro de una comunidad, veo con preocupación los altos índices y el aumento día con día del sobrepeso, la obesidad y la diabetes y que tantas afectaciones generan a la población mexicana, y que no hacen distinción, ya que perjudican tanto a niñas, niños y adolescentes, como a adultos jóvenes, personas maduras y de la tercera edad, es decir, son un problema de salud que afecta a todos los sectores de la población.

Si a este problema de salud pública le sumamos el daño y expansión acelerada que ha tenido la pandemia del virus SARS-CoV2 (Covid-19), microorganismo de alta letalidad y que ha infectado a aproximadamente a 18 millones de personas y cobrado la vida de más de 700 mil personas en todo el mundo,1 que día con día cobra más y más víctimas y que las personas que han sido las más afectadas son aquellas que presentan sobrepeso u obesidad, diabetes o presión arterial alta, o que cuentan con un sistema inmunodeprimido o bien que sufrían ya de otras afecciones en su salud.

La diabetes, la obesidad y el sobrepeso son tres de los más grandes problemas de salud que enfrenta actualmente la humanidad a nivel internacional, resultan alarmantes las cifras que estos trastornos han alcanzado en la población adulta y en menores de edad, y desgraciadamente México se ubica en el primer lugar de obesidad infantil a nivel global.

De acuerdo a información generada, el 12 de noviembre del 2019, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (conocido como UNICEF), la obesidad se ha triplicado en América Latina por un mayor consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados y por la comida rápida.2

Dicha organización internacional ha documentado que en América Latina, 105 millones de personas padecen obesidad, es decir un 24 por ciento de la población de dicha región, lo que la coloca como la parte del mundo en donde más se consumen excesivamente calorías.

Por su parte, en el informe de Naciones Unidas denominado , emitido por cuatro agencias de dicha organización internacional, destaca que la obesidad en adultos en América Latina y el Caribe se ha triplicado desde los niveles que había en 1975 a consecuencia de tener una alimentación con un mayor consumo de comida rápida y ultraprocesada.

Ha quedado evidenciado el aumento exponencial de la obesidad que afecta a 105 millones de personas de los 600 millones que hay en América Latina, pero esto no sólo tiene enormes costos económicos, sino que amenaza la vida de miles de personas, ya que dicha región es la que presenta más casos en todo el mundo de desnutrición por el exceso del consumo de alimentos grasos y altamente calóricos, estimando que el sobrepeso se ha duplicado desde la década de los setenta, y afecta hoy al 59,5 por ciento de los adultos de esta región, un aproximado de 262 millones de personas.

Continuando con la información contenida en el citado informe de las Naciones Unidas, cada año mueren en América Latina y el Caribe más de 600 mil personas debido a enfermedades relacionadas con la mala alimentación y con la obesidad, como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Es un hecho que la mala alimentación está asociada con más muertes que cualquier otro factor de riesgo, lo que representa una gran amenaza para las futuras generaciones, ya que la obesidad tanto en la niñez como en la adolescencia se ha triplicado entre 1990 y 2016, y desgraciadamente en América Latina y el Caribe por cada persona que sufre hambre, más de seis padecen sobrepeso u obesidad.

El aumento de las cadenas de supermercados y la importancia que han cobrado las grandes industrias procesadoras de alimentos ha permitido que los alimentos y bebidas ultraprocesados estén disponibles en todas partes, a toda hora y en cualquier momento, y a menores precios que la comida nutritiva.

Debemos tomar en cuenta que los alimentos y bebidas procesadas son elaborados a partir de sustancias derivadas de alimentos o que son sintetizados de otras fuentes orgánicas y la mayoría de estos productos contienen poco o ningún valor nutricional, incluso muchos de estos productos se adquieren para ser consumidos sin necesidad de procesos de cocción o cocinado, pero dichos alimentos y bebidas contienen cantidades excesivas de azúcar, sodio y grasas que perjudican la salud humana. De acuerdo al estudio de las Naciones Unidas se ha establecido que entre el 2000 y 2013, el consumo de productos ultraprocesados creció más de 25 por ciento, y el consumo de comida rápida creció casi un 40 por ciento.

Por su parte, la ha calificado la venta excesiva de alimentos y bebidas altamente procesados como el principio de una epidemia y afirma que los sectores más pobres de dicha región son los más afectados por el consumo de este tipo de alimentos, ya que para dicho sector resulta más caro comer sano que comer mal, sumado a este factor, el alto costo de los alimentos puede afectar a la cantidad y calidad de la dieta a la que accede un determinado grupo familiar.

Volviendo al informe de las Naciones Unidas, refiere que en América Latina y el Caribe un gran número de niñas, niños y adolescentes consumen muy poca comida saludable, pero que consumen demasiados alimentos y bebidas procesados, por ello, 1 de cada 5 niñas y niños menores de 5 años están desnutridos o tienen sobrepeso, aspecto que altera su sano crecimiento.

El 7 de marzo de 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que México es el mayor consumidor de alimentos y bebidas procesados y azucarados en América Latina, situación que generó que nuestro gobierno federal anunciará la adopción de medidas más estrictas de etiquetados para estos productos, ya que se exigirá que se señale de forma clara y precisa el exceso de calorías, azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans, así como si los mismos contienen cafeína y edulcorantes naturales o artificiales, para que las familias puedan decidir de manera informada, el evitar su consumo, o bien los consuman con mucha moderación.3

Desde hace más de cuatro meses, la UNICEF ha advertido que la obesidad infantil en México es una emergencia de salud pública que requiere cambios inmediatos toda vez que afecta el sano y normal crecimiento de las y los niños y que las tasas más altas de este consumo se encuentran entre los niños en edad preescolar que comen alrededor del 40 por ciento de sus calorías de esta manera, además de que la tercera parte de los adolescentes mexicanos tienen sobrepeso u obesidad.

Dicha organización internacional de protección a la infancia señala que la comercialización y la publicidad agresiva de productos alimenticios dirigidos a niñas y niños y la alta exposición a alimentos y bebidas ultraprocesados ??en hogares, escuelas y mercados conducen a un ambiente poco saludable que promueve la obesidad y afecta a millones de mexicanos, lo que llevo al gobierno federal mexicano en 2016 a declarar una alerta epidemiológica debido a las altas tasas de diabetes y obesidad.

Por diversos estudios médicos científicos se ha podido establecer que el exceso de peso durante la infancia afecta el crecimiento y el desarrollo de las y los niños y puede aumentar las posibilidades de enfermedades en la edad adulta, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Las Naciones Unidas y la UNICEF ??han determinado que si no se controla la epidemia por el consumo excesivo de alimentos y bebidas procesados con alto valor calórico, el aumento de las tasas de niñas y niños con sobrepeso tendrá un impacto negativo en la economía, la productividad y el bienestar general de la población mexicana.

Es sumamente alarmante que la diabetes sea la cuarta causa de muerte en México y que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de 2016, se ha señalado que el 73 por ciento de la población adulta de nuestro país padecía sobrepeso u obesidad.

Como ya se señaló en párrafos anteriores, la Secretaría de Salud tuvo que declarar en 2016 una emergencia sanitaria, por el alto índice de personas con diabetes, enfermedad que provocó 98 mil 450 muertes en 2015, la mayor mortalidad de América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud, así como por los efectos del sobrepeso y de la obesidad.

El sector salud tan sólo en 2017 destinó 11 mil 600 millones dólares a la atención de diabetes, obesidad y sobrepeso, por lo que de implementarse con mayor efectividad las acciones de prevención y control de estas enfermedades se podrá evitar que en 2050 haya más de 114 millones de mexicanos con obesidad, además de que ya se cuentan con instituciones públicas como el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles que analiza y evalúa la política pública de dichas enfermedades, así como diversas instituciones de salud que implementan programas de atención a dichos padecimientos.

La Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registraron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018 que hay más de 15 millones de mexicanos mayores de 20 años que ya están diagnosticados medicamente con diabetes, siendo el sexo masculino el que más presenta este diagnóstico y que hay 24.5 millones de mexicanos de más de 20 años diagnosticados con hipertensión y que también los varones representan el porcentaje más alto.

En dicha encuesta de 2018, se asentó que el 22.2 por ciento de la población de 0 a 4 años se identificaba con riesgo de sobrepeso y a nivel nacional el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es de 75.2 por ciento (39.1 por ciento sobrepeso y 36.1 por ciento obesidad), porcentaje que en 2012 fue de 71.3 por ciento y desde hace dos años, el 73 por ciento de la población adulta en México padece sobrepeso u obesidad, por lo que 7 de cada 10 adultos, 4 de cada 10 jóvenes y 1 de cada tres niños padecen de este tipo de condición.

Aunque dichos trastornos de la salud que hemos mencionado, ya habían sido declarados por nuestro país desde 2016 como un problema de salud pública, la población en general no ha tomado la conciencia, ni las acciones debidas para disminuir o evitar el consumo de dichos alimentos y bebidas “chatarra”.

En estos momentos de emergencia sanitaria que vive nuestro país y más de cien naciones más a causa del virus SARS-CoV2 (Covid-19), el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, de la Secretaría de Salud Federal, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, el 18 de julio del 2020, señaló que es necesario dejar el consumo de refrescos y otros productos industrializados, particularmente aquellas personas que se han contagiado de Covid-19.4

Dicho funcionario de salud federal mencionó que resultaba necesario tener una buena alimentación para hacer frente a los trastornos en la salud que genera el virus, y que se fortalezca la salud de los mexicanos, indicando que no es necesario el consumo de refrescos, donas, pastelitos, papitas y otros productos que son alimentos tóxicos.

De igual forma, el subsecretario de Salud señaló que las “enfermedades silenciosas” como la hipertensión, la obesidad o la diabetes, pueden complicar la situación de los pacientes con Covid-19 y que pueden generar grandes afectaciones a su salud e incluso la muerte, indicando que las personas que tengan diabetes deben cuidarse todos los días, y no sólo con medicamentos, sino cuidando mucho su alimentación, limitando la ingesta de sal y evitando el consumo de bebidas azucaradas.

Desde hace más de 20 años se ha establecido que los pacientes con diabetes presentan varios trastornos de inmunidad, sobre todo cuando existe descontrol glucémico crónico y deterioro celular generalizado; por otro lado, algunos virus, bacterias y hongos se vuelven más letales en un entorno con alto contenido de glucosa y tienen una mayor adherencia a las células de este tipo de pacientes en comparación con las células de personas sanas.

Por otro lado, ante este problema de salud, es preciso generar mayor conciencia entre la población ya que la diabetes, la obesidad y el sobrepeso son enfermedades prevenibles, no infecciosas que se han incrementado en las últimas dos década debido al estilo de vida, al consumo de alimentos procesados y altamente calóricos, al sedentarismo y a los altos niveles de estrés, por ello, es imperioso que podamos realizar todas las acciones que sean necesarias para cuidar la alimentación y la nutrición de nuestras hijas e hijos.

Ante la preocupación por el aumento en la población de las afectaciones que generan estos problemas de salud pública y sobre todo, ante el daño que le está ocasionando la comida “chatarra” a las menores de edad, es que el suscrito, en mi carácter de diputado federal, he impulsado diversas reformas a la legislación nacional, entre las que se encuentra el diseño de normas que inhiban el consumo de alimentos con poco o nulo valor nutrimental para niñas, niños y adolescentes, conocidos como alimentos “chatarra”, así como por el fomento en los núcleos familiares y en las escuelas de una mayor activación física y del ejercicio.

Entre estas reformas que he impulsado, algunas tuvieron a bien ser integradas a la nueva Ley General de Educación, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, y en lo que interesa, en materia de activación física y de inhibición del consumo de alimentos y bebidas con nulo o poco valor nutricional, propuse lo siguiente:

“La educación impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios además de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promoverá y fomentará la educación física, la activación física y la práctica reiterada del deporte.

Les corresponderá a las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, de manera concurrente, promover, fomentar y difundir la práctica reiterada de actividades físico-deportivas en todas sus manifestaciones.

La Secretaría de Educación Pública, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, prohibiendo la venta de aquellos que por su alto contenido calórico constituyan afectación a la salud de los educandos o no la favorezcan, dentro de toda escuela se fomentará la venta y consumo de alimentos que generen y promuevan la buena nutrición, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.

Dentro de las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela se encuentra la de inculcar e infundir en sus hijas, hijos o pupilos, hábitos de activación física y de predilección por el consumo de alimentos de alto valor nutritivo.

Se considerarán dentro de las infracciones de quienes prestan servicios educativos, el realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo o cuyo consumo constituya riesgo de afectación a la salud de los educandos o no la favorezca.”

En el dictamen por el que se aprobó la expedición de la nueva Ley General de Educación, misma que se basó en diversas iniciativas presentada por diputados federales de distintos grupos parlamentarios, entre las que se encuentra algunas presentadas por el suscrito, fueron integradas a las consideraciones de dicho documento y a las normas jurídicas contenidas en dicha ley, en concreto las que se refieren a la activación física y a la inhibición de venta de alimentos y bebidas con poca o nulo valor nutricional se incorporaron a los artículos 18, fracción IX, 29, 30, fracción VII, 75, 102 y 113, fracción XVI de la Ley General de Educación vigente.

De estos preceptos normativos he de recalcar la prevención contenida en el quinto párrafo del artículo 75 de la nueva Ley General de Educación, mismo que señala que “las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y su operación será con apego a los lineamientos que establezca la Secretaría y a las demás disposiciones aplicables.”

Dicha disposición obliga a la Secretaría de Educación Pública a emitir y publicar los lineamientos a los que deberá de sujetarse la operación de las cooperativas escolares, mismas que funcionen en escuelas del ámbito público, como aquellas que sean particulares, haciendo notar que la nueva Ley General de Educación entro en vigor el día 1 de octubre de 2020, toda vez que así lo ordenaba el artículo primero transitorio de dicha ley, mismo que correlacionado con su artículo quinto transitorio establece que dicha dependencia del gobierno federal debe emitir y adecuar reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general que se mencionen en dicho decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles contados a partir de su entrada en vigor.

Derivado de ese plazo, la Secretaría de Educación Pública debía haber emitido y publicado los mencionados lineamientos de operación de cooperativas escolares en los últimos días del mes de marzo del año en curso, sin que hasta este momento haya tenido verificativo dicho acto jurídico.

Es por ello que ante la necesidad de contar con dichas disposiciones que protegen la salud y nutrición de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas, que el suscrito solicita a través del presente exhorto, que la Secretaría de Educación Pública emita y publique, a la brevedad, en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos de operación de las cooperativas escolares y para que a través de los mismos, se fomente la alimentación saludable, prohibiéndose la venta de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutritivo en los planteles escolares.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, formula atento exhorto al titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciado Esteban Moctezuma Barragán, para que, a la brevedad, emita y publique en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de operación de las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa y para que a través de los mismos, se incluya y se exija el fomento a la alimentación saludable, prohibiéndose la venta de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutritivo en los planteles escolares públicos y particulares.

Notas

1 Información recabada de la nota periodística "Casos de Covid-19 en el mundo superan los 18 millones", publicada el 2 de agosto de 2020, a las 19:03 horas, por la Agencia AFP, difundida en México por La Jornada el 3 de agosto del mismo año, misma que se puede consultar en el siguiente apartado:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/08/02/
casos-declarados-de-covid-19-en-el-mundo-superan-los-18-millones-553.html

2 Información recopilada del comunicado de la UNICEF denominado La obesidad se triplica en América Latina por un mayor consumo de ultraprocesados y comida rápida, publicado el 12 de noviembre de 2019, dentro del apartado Salud de la página electrónica de UN y que se puede consultar en el siguiente apartado: https://news.un.org/es/story/2019/11/1465321

3 Información recopilada del comunicado oficial de UNICEF denominado La obesidad infantil en México: una emergencia que requiere medidas inmediatas, publicado el 7 de marzo de 2020, en el portal de noticias de las Naciones Unidas y que se puede consultar en el siguiente apartado:

https://news.un.org/es/story/2020/03/1470821

4 Información tomada del boletín de prensa "El duro mensaje de López-Gatell contra el consumo de refresco: '¿Para qué necesitamos el veneno embotellado?'", emitida por la Presidencia de la República el 19 de julio de 2019 y que se puede consultar en el siguiente apartado:

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/19/el-dur o-mensaje-de-lopez-gatell-contra-el-consumo-de-refresco-para-que-necesi tamos-el-veneno-embotellado/

Dado en el salón de sesiones de la
Cámara de Diputados, a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a garantizar que todo mexicano tenga acceso gratuito a la vacuna contra el Covid-19, a cargo del diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Alonso Riggs Baeza, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición, con base en las siguientes

Consideraciones

El Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus Covid-19.

Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el Covid-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. En el caso de México, a la fecha, más de medio millón de personas padecen este mal y la cifra de fallecidos supera los 65 mil.

Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen Covid-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, como hemos podido constatar, cualquier persona puede contraer Covid-19 y caer gravemente enferma.

Como se sabe, una persona puede contraer Covid-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

Actualmente, existen varios laboratorios y universidades trabajando en el desarrollo de vacunas para combatir el Covid-19, nuestro país participara activamente con uno de estos laboratorios a efecto de contribuir al desarrollo de estas vacunas para que estén disponibles para el mundo en el menor tiempo posible.

México, un país de 120 millones de habitantes, se estima que necesitara 200 millones de dosis de esta vacuna para inmunizar a sus habitantes. Las vacunas tendrán precios que oscilarán, de acuerdo a la información proporcionada por los desarrolladores, desde los 37 dólares hasta los 3 dólares. En ese sentido, es sumamente importante que en el Paquete Económico 2021, que se envió a esta Cámara para su discusión y aprobación, se contemplen las partidas presupuestales necesarias a efecto de que se garantice que las mexicanas y los mexicanos contaremos con vacunas suficientes y gratuitas para todos.

La salud es un tema que debe ser prioritario para cualquier gobierno y debe estar alejada de la manipulación política. Hoy más que nunca es imperativo que este gobierno asegure los recursos necesarios para garantizar el abasto de vacunas para la población en general. Por eso hacemos un llamado al Secretario de Hacienda a que ajuste las partidas y destine los recursos necesarios para atender el problema de salud que ya tenemos enfrente. Habrá que priorizar programas, eliminar algunos y reducir otros, pero debemos asegurar los recursos necesarios para que cada mexicano y mexicana cuente con una vacuna contra el Covid-19 de manera gratuita.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, para que los recursos que apruebe esta soberanía para garantizar que cada mexicano y mexicana tenga acceso a la vacuna contra el Covid-19 de manera gratuita, se utilicen de forma expedita para la compra, distribución y aplicación de dicha vacuna de forma equitativa en todo el territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a esta soberanía a emprender una campaña informativa de toma de conciencia sobre la “Ley Olimpia”, con objeto de que las mujeres del país conozcan los medios de protección y las acciones para prevenir la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cynthia Iliana López Castro, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguientes

Consideraciones

La denominada “Ley Olimpia” constituye un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, por sus características y repercusiones también conocida como ciberviolencia.

Entre las acciones que sanciona se encuentra el videograbar, audio, fotografías y elaboración de videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento mediante engaño, ya que con estas acciones se violentan sus derechos humanos y se generan repercusiones permanentes e irreparables para su pleno desarrollo, no importando edad, condición económica o social.

También castiga de manera ejemplar el exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico, por lo que exige mayor difusión y compromiso por parte de las autoridades de procuración de justicia para erradicar estos hechos contra las mujeres.

La Ley Olimpia es un pilar esencial para hacer respetar el derecho a la privacidad y garantizar la seguridad de las mujeres, sin embargo, aún no se ha dado a conocer con amplitud entre la sociedad, por lo que todos los días siguen siendo violentadas niñas y mujeres sin que los culpables sean castigados.

Dentro de las redes sociales existen cuentas y portales clandestinos donde se comercian y comparten los llamados “packs”, que son archivos con contenido íntimo y sexual de mujeres y niñas que han sido convencidas de compartir fotos o videos a sus parejas, dicho contenido es difundido y comerciado sin su consentimiento.

A siete meses de la entrada en vigor de la Ley Olimpia, se han presentado 233 denuncias en todo el país, lo que equivale a una acusación diaria, sin embargo, sólo una persona ha sido procesada por el delito de violencia sexual digital.1

La falta de información y difusión de la ley es una de las causas por las que aún sigue siendo violentada la intimidad de niñas y mujeres, las cuales no saben a quién acudir, qué argumentos esgrimir y el proceso legal para hacerlo, mientras que las autoridades no han sido capaces de atender los casos con eficacia y de atender a las víctimas integralmente.

En ocasiones los victimarios borran el contenido de sus redes sociales y dispositivos electrónicos antes de que las autoridades puedan actuar, lo que dificulta el acceso a la justicia.

Para la ciudadana Olimpia Coral Melo, quien inició un movimiento nacional para la aprobación de la ley contra la violencia digital, es la falta de conocimiento sobre la custodia de las pruebas lo que ha hecho que las mujeres borren fotos, videos y archivos que sirven como medios de prueba, lo que dificulta que proceda la denuncia. Sin evidencia toda acusación se cae. Se necesita promover más educación legal al respecto.

Realizar reformas a los códigos penales de las entidades federativas, así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reconocer la violencia digital como un tipo de delito, tendrá nulos resultados si las mujeres no tienen conocimientos de sus implicaciones e importancia para sancionar estos delitos, de ahí la importancia de llevar a cabo una campaña informativa cuyo resultado sea el acceso a la justicia de las víctimas y su prevención en nuestro país.

En el Grupo Parlamentario del PRI asumimos la protección de los derechos como una prioridad, más aún cuando se trata del derecho a la intimidad personal y el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las personas.

La Ley Olimpia fue un triunfo para el derecho a la intimidad y el respeto a las mujeres, es también punta de lanza en el desarrollo de instrumentos legales contra el acoso contra las mujeres en todo el mundo, sin embargo, sin una adecuada difusión y conocimiento sus motivos se quedarán sólo en el papel, sin que tenga una verdadera trascendencia.

En México la atención a la violencia de género ha sido un componente clave para el desarrollo de la mejora de las acciones de gobierno, políticas públicas y la trayectoria de las instituciones. En este sentido, es crítico que el Estado amplíe la utilización de las herramientas que están a su disposición para continuar moldeando el desempeño del espacio público a beneficio de la vida privada y el bienestar de la población.

La violencia digital debe ser atendida de manera multidimensional para dar certeza, no únicamente a la penalidad de los hechos, sino estructurar un marco de acciones encaminados a acortar la brecha de desigualdad de género. En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos a las entidades federativas que, desde las demandas ciudadanas y una participación activa de la sociedad civil, han modificado su marco legal para dar respuesta a un problema derivado de una desatención de la conducción de políticas en materia de género.

Por ello, hacemos un exhorto para que el Poder Legislativo, en su representación de ambas Cámaras, utilice sus medios de comunicación y difusión oficial para que en esta LXIV Legislatura de la Paridad de Género, se comunique de manera afirmativa los avances y acciones emprendidas en contra de la ciberviolencia y la defensa a la dignidad de las mujeres.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que emprenda una campaña informativa de concientización sobre la denominada Ley Olimpia, a fin de que las mujeres del país, tengan conocimiento sobre los medios de protección y acciones para prevenir la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual, con el objeto de salvaguardar sus derechos humanos.

Nota

1 Sólo un procesado por difundir packs tras 7 meses con la Ley Olimpia, La Razón, en: https://www.razon.com.mx/ciudad/6-meses-ley-olimpia-233-denuncias-proce sado-404393

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a analizar y emitir la alerta de violencia de género en diversos municipios de Sonora, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados; así como, el artículo 10, numeral 2, del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, somete a su consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Conforme a datos de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que dependiendo el país, entre el 35 y el 70 por ciento de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual por parte del compañero sentimental durante su vida, lo que demuestra que las mujeres que sufren violencia por parte de la pareja presentan tasas más altas de depresión y más posibilidades de tener un aborto o de contraer VIH, sobre las que no han experimentado violencia.

En México prevalece una cultura sexista, misógina, que incluye una normalización de la violencia contra la mujer en varias entidades federativas, con millones de mujeres sometidas porque prevalece la sobrevaloración del hombre, lo que conlleva a la violación de sus derechos humanos.

La insensibilidad social y normalización de la violencia contra la mujer, conlleva a la comisión de delitos, incluido el que atenta contra la vida y contra la paz social de la sociedad mexicana, que es el feminicidio.

No podemos continuar en esa ruta; porque en ésta transformación, nos obligamos a recomponer el tejido social, ejecutando las leyes y las políticas públicas para retomar el estado de derecho con orden y paz social.

Conforme a estadísticas del año 2018 del Instituto Sonorense de las Mujeres, el recuerdo de imagen de campañas del Instituto en mención, el primer lugar fue para mujeres violentadas, golpeadas o humilladas con 30.2 por ciento.1

El elevado incremento en casos de feminicidios, han despertado la rabia, indignación y preocupación en la mayoría de la población sonorense. Las carpetas de investigación sin resolver y la falta de prevención de delitos contra las mujeres son ejemplos claros del olvido institucional en materia de política criminal en el Gobierno del Estado de Sonora y la Fiscalía General de Justicia.

El reciente feminicidio en Empalme, Sonora, de Rosalía Yazmín Duarte Canevett, joven de 24 años y estudiante de la carrera de administración en el Instituto Tecnológico de Sonora, enciende de nueva cuenta las alertas en la sociedad por el crimen cometido contra una mujer que ya había denunciado la violencia de la que fue víctima en un asalto y que alzó la voz en redes sociales para que todas se previneran de ataques de delincuentes, lo que terminó en una tragedia que sigue sin resolverse por la Fiscalía del estado y por ende, sin castigo a los responsables.

La violencia contra las mujeres aumenta en Sonora y en las calles permea la inseguridad. El sábado 5 de septiembre y al grito de ¡ni una más! En memoría de Rosalía Yazmín, se realizó una marcha para solicitar que paren los feminicidios; el reclamo es fuerte y la estadística real rebasa a la oficial, por lo que, urge que las autoridades encargadas de prevenir e investigar los delitos contra mujeres, actúen en consecuencia.

En 2019 y 2020, la tasa de feminicidios y de violencia contra la mujer aumentó en Sonora, alzando la voz ciudadana en marchas, en reclamos y como respuesta las omisiones y el olvido institucional, que son una constante en la vida sonorense que ve con tristeza como siguen las desapariciones, muerte de niñas y mujeres que lastiman el entorno familiar y dejan claro que Sonora está entre las entidades con más feminicidios en México.

Son varias las organizaciones civiles sonorenses que han solicitado implementar la alerta de violencia de género en el Estado, dichas organizaciones han señalado que los municipios con mayor incremento de violencia contra las mujeres son: Hermosillo, Nogales, Cajeme, San Luis Río Colorado, Guaymas y Empalme.

Las recomendaciones que la Secretaría de Gobernación emitió para Sonora en 2017 han mostrado poco resultado y la negativa para emitir la alerta de género en 2017 sobre el municipio de Cajeme, constrasta y dista de la realidad que se está viviendo en varios municipios de Sonora en este 2020.

Tan sólo en el estado vecino de Sinaloa, son cinco municipios que tiene la alerta de género; entre ellos, Ahome que es vecino de Sonora y cercano a Navojoa y Ciudad Obregón, lo que implica que es un fenómeno social de expansión y que no es creíble que no tengan que considerarse políticas criminales y públicas que forman parte de la alerta de violencia de género para implementarse en Sonora.

Hoy, son necesarias las acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida para garantizar la seguridad de mujeres y niñas y terminar con la violencia en el estado.

Las desapariciones de mujeres en el estado continúan, las vejaciones, maltratos y violencia psicológica o física, es el día a día en muchos hogares, agravándose por el incremento de violencia en las calles; es tiempo de responder positivamente desde la Federación.

La Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres, es un perfecto aliado que diseña las políticas que promueven el respeto y permiten la igualdad de género, lo que puede abonar a la solución en el estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad analice y emita la alerta de violencia de género en diversos municipios del estado de Sonora.

Nota

1 Tomado de
http://ism.sonora.gob.mx/images/ISM/ResultadosEncuestasM ujeresLibresDeViolencia.pdf el 5 de septiembre del 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de septiembre del 2020.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a emitir un acuerdo modificatorio de las Reglas de Operación del programa Producción para el Bienestar correspondientes a 2020 e incluir así como beneficiarios y población objetivo a los medianos y pequeños productores plataneros, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esa honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a emitir un acuerdo modificatorio de las Reglas de Operación del Programa Producción para el Bienestar para el Ejercicio Fiscal de 2020, para incluir a los productores plataneros de mediana y pequeña escala como beneficiarios y población objetivo del referido programa , de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

El plátano o banano (Musa paradisiaca) es uno de los cultivos más importantes en la agricultura mexicana, ocupa el segundo lugar de la producción en frutas tropicales, es un alimento que cuenta con características nutricionales altas, tiene un precio económico aceptable y es una fuente importante de empleos, ya que genera más de 120 mil empleos directos y más de 180 empleos indirectos, hay más de 5 mil productores en las entidades federativas que lo producen y este agrosector ocupa más de 90 mil jornales en la producción y empaque.

El plátano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido desde el año 650, la especie llegó a las Canarias en el siglo XV y se introdujo al continente americano en 1516. Su cultivo comercial se inició a finales del siglo XIX y principios del XX.

El plátano es considerado el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas del suroeste asiático. Los consumidores del hemisferio norte lo aprecian como postre, sin embargo, en muchos países tropicales y subtropicales constituye una parte esencial de la dieta diaria de sus habitantes.

Existen distintas variedades de plátanos o bananos que van desde las más grandes como el plátano macho, que llega a pesar unos 200 gramos o más cada unidad, hasta los más pequeños como el bananito, cuyo peso oscila entre los 100 y 120 gramos.

El plátano y el bananito destacan porque su sabor es dulce, intenso y perfumado, mientras que el plátano macho tiene una pulpa con consistencia harinosa y su sabor, a diferencia del resto de plátanos de consumo en crudo, no es dulce ya que contiene hidratos de carbono sencillos.

El plátano se distingue de otras frutas por su alto contenido de hidratos de carbono, por ello, su valor nutricional como alimento y su índice calórico es elevado, sus nutrientes más representativos son el potasio, magnesio, ácido fólico y sustancias de acción astringente; sin pasar por alto su elevado aporte de fibra, del tipo fruto-oligosacáridos.

En nuestro país se cultivan una amplia gama de variedades, entre las que destacan el plátano Tabasco o Roatán (enano-gigante), Valery, Manzano, Dominico, Macho, Blanco y Morado, de estos, sólo el Tabasco en mayor medida así como, el dominico y macho en menor medida se dedican a satisfacer el mercado externo, mientras que las variedades restantes se destinan exclusivamente a cubrir el consumo interno.

La mayoría de las variedades comerciales son bananos, con excepción del plátano macho, las distintas especies y variedades de plátano se diferencian por su tamaño, la disposición y dimensiones de las hojas, la forma y tamaño de los frutos, pero principalmente por la conformación del racimo.

Los plátanos se pueden cosechar todo el año, y son más o menos abundantes dependiendo de las estaciones. Se cortan cuando alcanzan su completo desarrollo y cuando empiezan a amarillear, en invierno, se anticipa la recolección y se dejan madurar los frutos suspendiéndolos en un lugar cerrado, seco y cálido conservado en la oscuridad.

De acuerdo a información elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se estima que el consumo diario de plátano tabasco por habitante en la zona urbana es de 34.7 gramos, mientras que en la zona rural es de 32.5 gramos.

El plátano es el tercer fruto más importante del mundo, además de ser considerado un producto básico y de exportación, constituyendo una importante fuente de empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo.

Estados Unidos y la Unión Europea son los principales importadores de plátano fresco, producto que se destina para satisfacer la demanda de sus comunidades latinas y, en menor proporción, africanas.

En México se produce plátano en 16 estados y son Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Morelos, Ciudad de México e Hidalgo, de estos, tres los encabezan por su gran producción siendo Chiapas el que concentra 30 por ciento de la producción nacional, le sigue Tabasco con el 26.9 por ciento, y Veracruz con 9.3 por ciento de la producción total nacional.

Se estima que anualmente en México se cosechan alrededor de 2 millones 229 mil 519 toneladas de la fruta y cada una se vende por alrededor de 3 mil pesos, en 2018 Chiapas, Tabasco y Veracruz contribuyeron con el 29, el 26 y el 12 por ciento, respectivamente, de los 2 millones 355 mil toneladas que se produjeron en el país, según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, de las entidades que se dedican a dicha actividad, sólo cinco (Chiapas, Veracruz, Tabasco, Michoacán y Colima) han concentrado en lo que va de la década, entre 76 a 78 por ciento de la superficie sembrada y cosechada, así como entre 81 a 88 por ciento de la producción total del país.

En Tabasco el valor de producción agrícola fue de aproximadamente de 7 mil millones de pesos en 2018, de los cuales el 30 por ciento correspondió a la producción de plátano, por ello, fomentar esta actividad productiva, incluyendo las exportaciones, pueden contribuir a incentivar la economía de las entidades federativas productoras de plátano en México y ponerlo en una mejor posición como proveedor de dicho agroproducto.

El estado de Oaxaca, produjo 62 mil 311.1 toneladas de plátano en 2018, colocándose como el octavo productor de las dieciséis entidades federativas que producen dicha fruta.

Para su comercialización, el envasado se realiza en cajas de cartón con un peso aproximado de 12 a 15 kilogramos y esta fruta se transporta en vehículos refrigerados con una temperatura aproximada de 14ºC, para su envasado, este fruto se clasifica en tres categorías: Extra, Primera y Segunda, según la normativa europea para el plátano.

Los plátanos clasificados en la categoría “Extra” son de calidad superior: los dedos no deben presentar defectos, a excepción de muy ligeras alteraciones superficiales que no sobrepasen en total un centímetro cúbico del volumen del dedo.

Para su consumo en fresco los plátanos deben estar intactos, sin golpes ni magulladuras, el color de la piel es indicativo del grado de madurez.

Los plátanos no requieren condiciones especiales de conservación, basta mantenerlos en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol, si se conservan en refrigeración la cáscara se torna obscura lo que altera su aspecto externo, pero no se afecta su calidad nutritiva y también se pueden congelar por lo que se pueden conservar hasta dos meses.

El plátano es un fruto muy versátil, que se puede comercializar en fresco, deshidratado y en harina, en su industrialización se pueden emplear diversas técnicas para su procesamiento con la finalidad de obtener productos como la harina de plátano para concentrado animal o para consumo humano, hojuelas de plátano secas o fritas o en los llamados tostones.

Si la producción del plátano se destina a los mercados europeos, por ejemplo, los frutos de Gros Michel se deben embarcar desde los trópicos americanos cuando estén las 2/3 partes de su tamaño maduro, con las costillas bien visibles. Si su destino es Estados Unidos los frutos pueden estar casi redondos.

Los dedos seleccionados para exportación se acomodan en una caja adecuada, usando un plástico protector y tapándola adecuadamente, el peso de la caja depende de su destino final.

Los grandes productores en México tienen integrado el proceso de comercialización, pues tienen bodegas en la Central de Abastos de la Ciudad de México por lo que 80 por ciento de la producción de los principales estados productores, se comercializa por este medio y los medianos productores venden su producto a los comerciantes mayoristas, vía comisionista, que compiten con los grandes productores, entregando su producto en bodega establecida o entrando al mercado de subasta. El precio se negocia ya puesto en la central, absorbiendo el costo del transporte y empaque.

El sector más desprotegido de los productores plataneros son los pequeños y medianos productores o ejidatarios que para vender su producto tienen que recurrir al acopiador local, quién a su vez lo vende al comisionista de la Central de Abasto y éste al comerciante mayorista.

En el plano internacional, India es el principal país productor de plátano, con un poco más de 30 millones de toneladas en 2017, mientras que México, con 2 millones 230 mil toneladas, se ubicó en el lugar número 12 entre las naciones productoras, posición que debemos mejorar en la presente administración con acciones decididas de fomento a este agrosector.

Entre los 12 primeros productores mundiales destacan cinco países de América Latina (Brasil, Ecuador, Guatemala, Colombia y Costa Rica), y son importantes competidores de México en los mercados internacionales, particularmente en el de Estados Unidos.

El mercado más importante para el plátano o banano mexicano es Estados Unidos, aunque también se exporta el producto para cocinar, “plátano macho” como se le llama en nuestro país.

En 2018 se exportaron alrededor de 9 millones de dólares en plátano macho, de los cuales un poco menos de 60 por ciento tuvieron como destino a Estados Unidos, mientras que 40 por ciento se remitió a Guatemala, de igual forma se vendieron 10 mil 600 dólares de este producto a El Salvador y Emiratos Árabes Unidos conjuntamente.

En 2018 se enviaron a Estados Unidos de América 10 mil 379 toneladas mientras que a Guatemala fueron 7 mil 76 toneladas de plátano macho. Las ventas a El Salvador y Emiratos Árabes Unidos contabilizaron 22 toneladas, aunque las exportaciones más representativas fueron de banana.

Las exportaciones mexicanas de plátano o banana han crecido significativamente de 2015 a 2018, de 174 millones a 250 millones de dólares, es decir 43 por ciento y en 2018, 75 por ciento de los 250 millones de dólares exportados tuvieron como destino Estados Unidos; sin embargo, también se vendió banana mexicana en Japón (5 por ciento), Países Bajos (4 por ciento), Italia (2 por ciento) y Rusia (2 por ciento), entre otros países.

En volumen se remitieron a los mercados internacionales 552 mil 398 toneladas, de las cuales 413 mil 671 toneladas, 75 por ciento, tuvieron como destino Estados Unidos, mientras que las restantes 138 mil 727 toneladas, 25 por ciento, fueron vendidas a otros países, entre los que se encuentran los antes citados (Japón, Países Bajos, Italia y Rusia).

En 2018 México gano por la venta de productos a China alrededor de 23 millones 725 mil dólares y exporto 323 millones 651 mil dólares, los principales productos primarios que se enviaron a China en ese año fueron cerveza, frutos secos, aguacates y pectinas, pero no se exportó plátano, por lo que la firma del protocolo abre un nuevo mercado, lo cual beneficiaria principalmente a los estados del sur del país, tales como Chiapas y Tabasco que son los principales productores de plátano.

Por información generada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se ha podido establecer que la producción de plátano en México ha aumentado a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 1.3 por ciento de 1980 a 2018 con fluctuaciones al pasar de los años.

En 2018 Chiapas, Tabasco y Veracruz contribuyeron con el 29, el 26 y el 12 por ciento, respectivamente, de los 2 millones 355 mil toneladas que se produjeron, siendo los principales estados productores en el país y los otros once estados aportaron 33 por ciento restante de la producción.

En 2017, la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicaban a México en el lugar número 12 entre las naciones productoras de plátano, con 2 millones 230 mil toneladas, mientras que la India fue el principal país productor, con 30 millones de toneladas.

La exportación de plátano conocido como banano que se consume crudo y no requiere cocción se ha incrementado sobre todo a Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, no así las exportaciones de plátano macho que no han sido muy significativas.

México tiene una fuerte competencia con otras naciones de América Latina en el mercado de Estados Unidos, en 2018 exportamos 250 millones de dólares en banana, de los cuales un poco más 187 millones de dólares, el 75% por ciento, tuvieron como destino Estados Unidos y también se vendió el producto a Japón (13.1 millones de dólares), Países Bajos (10.7 millones de dólares), Italia (5.8 millones de dólares) y Rusia (5.7 millones de dólares).

Estados Unidos es el principal mercado para el plátano o banana mexicana, pero México no es su principal proveedor, dicho país en 2018 importó 4 millones 774 mil toneladas del producto, 41 por ciento se lo vendió Guatemala, Costa Rica le vendió 17 por ciento, Ecuador 14 por ciento y Honduras 11 por ciento, mientras que México le abasteció 9 por ciento, ubicándonos como el quinto proveedor de este fruto.

Si bien el volumen de plátano mexicano enviado a Estados Unidos ha fluctuado a través de los años se ha registrado un incremento de 1993 a 2018, de 308 mil 365 toneladas a 418 mil 996 toneladas, para lo cual el precio unitario de exportación ha sido determinante.

En 2007 las exportaciones de México a Estados Unidos habían caído a un mínimo histórico de 31 mil 508 toneladas, debido a que el precio del plátano mexicano era significantemente mayor al de otros proveedores como Guatemala y Colombia, sin embargo, en los últimos años el valor unitario de los envíos de México ha sido relativamente más competitivo, se ha dado un repunte en las ventas a Estados Unidos.

El lunes 13 de mayo de 2019 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Administración General de Aduanas de la República Popular China firmaron el protocolo de requisitos fitosanitarios para el plátano mexicano, con lo cual los productores y exportadores nacionales podrán iniciar los procesos de exportación de esa fruta ese país asiático.

China es un mercado potencialmente atractivo para el plátano mexicano, ya que cuenta con una población de más de mil 300 millones de personas y un ingreso per cápita promedio de 8 mil dólares anuales.

México está buscando más mercados para comercializar plátano, ejemplo de ello es que hace un año la Sader y la Administración General de Aduanas de la República Popular China firmaron el protocolo de requisitos fitosanitarios para el plátano mexicano, con lo cual los productores y exportadores mexicanos podrán iniciar los procesos de exportación de esa fruta al gigante asiático.

Ante esto, nuestro país debe realizar esfuerzos similares para cumplir con requisitos fitosanitarios, acordar tarifas preferenciales y llevar a cabo actividades de promoción y fomento del consumo, entre otras, para buscar nuevos mercados y consolidar los existentes, tales como venderle más plátano a Estados Unidos y otros productos agroalimentarios, así como a otras naciones que actualmente pueden ser consumidores potenciales de dicho fruto.

Los pequeños y medianos productores de plátano mexicano tienen que enfrentar muchos desafíos para poder subsistir, si bien existe un ataque constante de plagas, así como afectaciones y daños ocasionados por lluvias, tormentas y fenómenos naturales, la contaminación de los mantos acuíferos y por el cambio climático, también tienen que enfrentar el abaratamiento de su producto al tratar de comercializarlo y su mano de obra, pese a estar calificada no goza de una buena situación económica.

Resulta desafortunado que varias de las entidades federativas productoras de plátano son los estados más pobres de México, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados con mayor pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al reporte “10 años de medición de la pobreza en México, 2008-2018”, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la población que vive en Chiapas, entidad que ocupa el primer lugar de producción platanera, también tiene 83 por ciento de carencia de acceso a la seguridad social y una ausencia de servicios básicos en la vivienda de 57 por ciento, además de un rezago educativo de 29 por ciento.

Guerrero es el segundo estado de la república mexicana con el mayor número de población que vive en pobreza, ya que 26 por ciento de su población vive en esas condiciones y 35 por ciento de su población carece de acceso a la alimentación.

Por lo que hace a Oaxaca, es el tercer estado con mayor porcentaje de su población en condiciones de pobreza, 23 por ciento de su población vive en pobreza extrema y es la tercera entidad con más habitantes con carencias por debajo de la línea del bienestar.

De acuerdo al mencionado reporte del Coneval, Veracruz, Puebla, Tabasco, Morelos, Estado de México y Campeche también se encuentran entre los diez estados más pobres de México.

Por ello, consideramos que esta pobreza y las condiciones de rezago y desigualdad se pueden disminuir o revertir, si se integra a los pequeños y medianos productores de plátano al padrón de beneficiarios del Programa Producción para el Bienestar, como se ha hecho con algunos sectores de productores de caña y de café que para incrementar la competitividad de sus cultivos, el gobierno federal autorizó para el Ejercicio Fiscal de 2019, la entrega de incentivos a productores a través de la estrategia de incorporaciones al padrón de productores del Programa Producción para el Bienestar con montos de apoyo de 7 mil 300 pesos a cañeros y 5 mil a cafetaleros por cada productor.

De acuerdo a información generada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta el día de hoy, se tiene un avance en la entrega de apoyos a productores de caña, de más de 5 millones 891 mil pesos correspondientes a 807 trámites, beneficiando 807 productores y 4 mil 693 hectáreas.

Las y los mexicanos del campo enfrentan una condición difícil de precios internacionales y nacionales, pese a estos elementos, debemos avanzar en la autosuficiencia alimentaria en granos y agroproductos, multiplicar los esfuerzos y la producción del café, de la caña de azúcar y del plátano, apoyando a sus productores a través del programa social de Producción para el Bienestar implantado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la presente administración, pero sobre todo, debemos hacer que nuestro campo sea cada vez más competitivo y autosuficiente para el abasto interno y sobre todo muy atractivo para el mercado internacional.

Inicialmente el Programa Producción para el Bienestar tenía por objeto incrementar la producción nacional de granos para contribuir al aumento del grado de autosuficiencia alimentaria nacional, así como para dotar de liquidez y vincular al acceso a servicios, para su inversión en actividades productivas con enfoque sustentable en los predios de los pequeños y medianos productores.

El objeto del programa tiende a tratar de corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado, impulsando su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.

Por ello, es de interés público y social el desarrollo rural sustentable, incluyendo la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, así como de los demás bienes y servicios, integrando acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural que es uno de los sectores más desfavorecidos.

Para la cuarta transformación es imperativo implantar acciones en el medio rural, bajo criterios de equidad social, de género, integralidad, productividad y sustentabilidad, así como la implementación de estrategias para la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo mexicano, pero sobre todo, en la producción de los alimentos básicos de consumo de la población, así como de insumos para la agricultura, con sustentabilidad, equidad, bienestar y respeto a los derechos de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y pueblos indígenas y afrodescendientes.

El Programa de Producción para el Bienestar es uno de los principales programas que ejecuta y opera la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con un monto de 11 mil millones de pesos para contribuir al incremento del grado de autosuficiencia alimentaria, dotando de liquidez y fomentando el acceso a servicios de vinculación productiva a productores de pequeña y mediana escala, para colaborar en el aumento de la productividad sustentable de sus predios, a través de un subsidio económico, del acompañamiento técnico y vinculación con servicios productivos, en cultivos, regiones, entidades o localidades específicas.

Como ya se ha dicho, la población objetivo de este programa son los productores de pequeña y mediana escala con predios inscritos en el Padrón, que cultiven preferentemente granos como maíz, frijol, trigo panificable, arroz, amaranto, chía, sistema milpa, entre otros, así como café y caña de azúcar, con superficies de hasta 20 hectáreas en tierras de temporal y de hasta cinco hectáreas en riego, por lo que se considera necesario integrar a dicho programa y padrón a los pequeños y medianos productores de plátano.

Esta integración de este agrosector platanero al referido programa, generara efectos positivos para el campo mexicano, para el consumo interno y para poner a México en una de las primeras posiciones de proveedores y abastecedores internacionales de este fruto, pero sobre todo, se podrá ayudar a los productores plataneros que viven en las entidades federativas que presentan más rezago social y pobreza, a tener mejores condiciones de vida, no podemos pasar por alto, que todos los Mexicanos nos encontramos en deuda con el sector rural por la importancia que reviste y con los más pobres de México, ya que mientras no se mejoren sus condiciones de vida, México no podrá considerarse como un país desarrollado.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, formula atento exhorto al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula a efecto de que emita un acuerdo modificatorio de las Reglas de Operación del Programa Producción para el Bienestar para el Ejercicio Fiscal de 2020, para que los productores plataneros de mediana y pequeña escala sean incluidos como beneficiarios y como parte de la población objetivo del referido programa y esta inclusión se lleve a cabo para los ejercicios fiscales subsecuentes.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre de 2020.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a solicitar por el representante de México ante la ONU ayuda humanitaria para la República Libanesa debido a la trágica explosión sucedida en Beirut el 4 de agosto de 2020, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez y las diputadas y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través del representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, se solicite ayuda humanitaria para la República Libanesa con motivo de la trágica explosión sucedida el 4 de agosto de 2020, en su capital Beirut, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado martes 4 de agosto, una explosión de enormes proporciones cimbró Beirut, Capital del Líbano.

“Una fuerte explosión en un almacén de la zona del puerto de Beirut sacudió este martes la capital libanesa, sobre la que se elevó una gran columna de humo de color rojizo, mientras los servicios de emergencia se activaron.

“La explosión generó una enorme onda expansiva, se pudo sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia. ‘Hiroshima’ libanés o ‘una bomba atómica’ fueron alguno de los comentarios de quienes estuvieron presentes durante la explosión en Líbano.

“La explosión tuvo lugar en la tarde del martes en un almacén del puerto de Beirut, donde había ‘material altamente explosivo confiscado desde hacía años’, según el director de la Seguridad General Libanesa, Ibrahim Abbas”.1

En esta tesitura, Beirut es el principal puerto marítimo del Líbano. Es el centro comercial, bancario, financiero y académico del país. Es una de las ciudades más importantes y diversas de Oriente próximo, dividida entre diferentes ramas cristianas y musulmanas. Su población, de alrededor de 1 millón de personas, es parte de la gobernación de Beirut, y una quinta parte de sus habitantes son refugiados, procedentes, en su mayoría, de Palestina y de Siria.

Habiendo dicho lo anterior, esta tragedia tendrá importantes consecuencias económicas para el Líbano, la destrucción del principal puerto del país dificultará el suministro de alimentos en el futuro, lo que se suma a la ya existente crisis financiera que vive el país, la hiperinflación y la imposición del confinamiento de la población tras dispararse los casos de coronavirus.

“Maya Terro, fundadora de Food Blessed, una ONG libanesa que distribuye alimentos, teme ahora una explosión de la inseguridad alimentaria porque el puerto es el principal punto de entrada de productos importados, Líbano importa el 80 por ciento de su comida. Lo primero que pensé fue: ‘estanterías de supermercados vacías, aumento de precios a causa de la escasez’”.2

Por lo antes mencionado, el primer ministro solicitó la ayuda de los países “amigos y hermanos” del Líbano, que atraviesa la peor crisis económica desde el final de la guerra civil (1975-1990).

Esta tragedia se produce en un momento en el que el país atraviesa su peor crisis económica en décadas, marcada por una depreciación monetaria inédita, hiperinflación, despidos masivos y drásticas restricciones bancarias.

Muchos países propusieron ayuda al Líbano, sobre todo Francia, que envía el miércoles varias toneladas de material sanitario.3

El presidente Emmanuel Macron anunció en Twitter el envío de un destacamento de seguridad civil y varias toneladas de material sanitario a Beirut.4

“Estados Unidos también ofreció ayuda, al igual que Alemania, que cuenta con miembros del personal de su embajada en Beirut entre los heridos.

“Incluso Israel ofreció ‘ayuda humanitaria y médica’ a su vecino libanés, con el que se halla todavía técnicamente en guerra.

“El gobierno holandés envió la madrugada de este miércoles a Beirut a 67 trabajadores humanitarios holandeses, incluidos médicos y enfermeros, para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate de las víctimas de la explosión en el puerto de la capital libanesa, que dejó al menos un centenar de fallecidos”.5

Rusia anunció el envío de cinco aviones con médicos, rescatistas y equipos sanitarios a Beirut para ayudar a mitigar las consecuencias de la explosión en el puerto de la capital libanesa que ha causado al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos.

“Cinco aeronaves del Ministerio de Emergencias de Rusia se enviarán a Beirut en calidad de ayuda humanitaria y para paliar las consecuencias de la fuerte explosión ocurrida la víspera”, indicó el ministerio en un comunicado.

Según la nota oficial, citada por la agencia RIA Nóvosti, “todos los especialistas rusos estarán equipados con medios de protección contra la Covid-19 y tendrán a su disposición un laboratorio móvil para hacer pruebas de coronavirus en el lugar.

Además, los aviones que partirán a Beirut llevarán a la capital libanesa un hospital móvil, precisó la cartera de Emergencias”.6

Por lo antes expuesto, México y Líbano somos naciones hermanadas desde 1878, cuando miles de libaneses abandonaron sus hogares para emigrar a México. Hoy en día, más de 500 mil personas en México son de origen libanés, y nuestro país ocupa el cuarto lugar en el mundo que alberga la mayor comunidad libanesa fuera del Líbano.

Es por lo anterior que surge la necesidad de México apoye ya que está comprometido con la ONU desde su creación en 1945. México participa activamente en los órganos, agencias, organismos, fondos y programas que la integran, consciente de que la Organización debe adecuarse a los desafíos y retos del milenio.

Por ende, México mantiene un compromiso para favorecer la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de la Asistencia Humanitaria (OCHA).
Para tener claro lo que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de la Asistencia Humanitaria realiza, es parte del Secretariado de la Organización de las Naciones Unidas y es responsable de conjuntar a los actores humanitarios para asegurar una respuesta coherente y coordinada ante emergencias.
A nivel de atención de emergencias/asistencia humanitaria, México colabora con la OCHA, participando en diferentes mecanismos: Equipos de Evaluación en Casos de Desastres (), y de Búsqueda y Rescate () en 2009 y 2010 respectivamente. Desde 2005, México aporta al Fondo de Respuesta a Emergencias ().

Por lo anterior quiero destacar que México “es cuna y espacio para florecimiento de un vinculo especifico que brinda elementos de unidad para quienes al identificarse con ella, supera toda división temporal, geográfica o de origen étnico”.7

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través del representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, se solicite ayuda humanitaria para la República Libanesa con motivo de la trágica explosión sucedida el 4 de agosto de 2020 en su capital, Beirut.

Notas

1 https://www.elpais.com.uy/mundo/paso-beirut-libano-explosion-fallecidos -coronavirus-zona-asia.html

2 https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/08/04/5f298bdce2704e11978b 45c7.html

3 https://www.adn40.mx/internacional/nota/notas/2020-08-05-12-42/envio-fr ancia-brigadistas-a-libano-para-ayudar-a-la-busqueda-y-rescate-de-perso nas

4 https://twitter.com/EmmanuelMacron?ref_src=
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5 https://www.unotv.com/internacional/al-menos-4-mil-personas-heridas-tra s-explosiones-en-beirut/

6 https://www.lavanguardia.com/vida/20200805/482682732595/
rusia-enviara-cinco-aviones-con-medicos-y-rescatistas-para-ayudar-al-libano.html

7 https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/
toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf, nación y mundialización, página 6.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2020.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y de Oaxaca a instruir a las autoridades sanitarias sobre el establecimiento de acciones para expeditar la obtención de los resultados de las pruebas de detección del Covid-19 realizadas a la población de la cuenca del Papaloapan, o región de Tuxtepec, y a instalar ahí hospitales móviles, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al gobernador del estado de Oaxaca a que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, instruyan a las autoridades sanitarias y de salud a implementar acciones para expeditar la obtención de los resultados de las pruebas de detección del virus SARS-CoV2 (Covid-19) que se realizan a la población de la región de la Cuenca del Papaloapan, conocida como región de Tuxtepec, y a instalar en los municipios que la integran hospitales móviles para atender Covid-19, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Hay un refrán popular muy antiguo y que ha sido utilizado por diversas generaciones, incluyendo la de nuestros abuelos y padres que dice “nadie experimenta en cabeza ajena”, esto quiere decir que los humanos somos la única especie que somos capaces de aprender de nuestras propias experiencias y no de las de los demás.

Utilizo este refrán para describir los grandes errores que actualmente están cometiendo un gran número de personas en todo el mundo y en nuestro país, que han minimizado el daño y la mortandad que ha generado la epidemia del virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Para el suscrito resulta sumamente triste, e incluso me genera un sentimiento de impotencia, el observar que aunque han transcurrido más de ciento veinte días de que la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (Covid-19) era una pandemia ante el incremento en el número de casos existentes en diversos países, por lo que se calificó como una emergencia de salud pública de relevancia internacional por las afectaciones severas que sufriría la población mundial, algunos sectores de la población de diversos países, pese a que han sufrido con severidad el embate de dicho virus, han relajado o han incumplido con el acatamiento de las medidas sanitarias por lo que no se han disminuido los contagios ni el número de muertes como se debería de haber ya logrado.

Aún y cuando esta nueva enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) ha alterado el orden mundial, la vida económica y social de los habitantes de los países afectados, entre los que se encuentra México y su población, pareciera que tenemos urgencia por olvidarnos de la observancia de las distintas medidas de prevención que han sido diseñadas y decretadas por las autoridades sanitarias y de salud internacionales y de nuestro país.

Aunque este virus ha afectado gravemente nuestras vidas y nuestras actividades cotidianas, dejando de manifiesto la vulnerabilidad de la raza humana y los problemas que enfrentan los sistemas de salud de todo el mundo, ante el aumento de enfermos que lo contraen, muchas personas en diversas latitudes han minimizado el peligro de contraer la enfermedad e incluso, hay quienes se han atrevido a decir que esto es una mentira o que sus efectos ya han terminado.

Resulta difícil de creer que existan grupos o sectores de la población que no se encuentren conscientes de la gravedad de la situación, para el suscrito y para muchas de las personas con las que he tenido oportunidad de comentar el tema en conversaciones a través de comunicación vía remota o por medios electrónicos, una de nuestras principales preocupaciones es protegernos a nosotros mismos para que podamos proteger a nuestras familias o seres queridos y evitar caer enfermos, incluso el temor más grande, radica en el miedo latente de que si se contagia uno del virus y no se encuentra en óptimas condiciones de salud, el riesgo de que sobrevenga la muerte puede llegar a ocurrir.

Si algo ha demostrado este nuevo virus es que es sumamente letal, por eso, resulta irracional que muchas personas ya no acaten las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias y de salud del gobierno federal o que se opongan a que las mismas sigan teniendo vigencia, incluyendo a las emitidas por los gobernadores y autoridades sanitarias de las entidades federativas.

En el ámbito nacional, este incumplimiento de las medidas oficiales para evitar el contagio y contener la enfermedad que genera el virus SARS-CoV2 (Covid-19), se ha visto materializada en muchos municipios de las entidades federativas de la república mexicana que han presentado más casos de contagios y de muertes.

Actualmente la humanidad está atravesando por tiempos de suma inquietud, aflicción y desesperación ante la amenaza de contraer esta nueva enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), que por su rápida dispersión y gran letalidad, se ha convertido en problema de salud pública mundial que ha afectado a más de cien países, entre los que se encuentra México.

Esta nueva enfermedad ha alterado el orden mundial, así como la vida económica y social de las poblaciones de los países a donde ha llegado, sin duda, afirmamos que ha afectado a la humanidad de una manera no vista desde hace más de cien años, después de la última pandemia de 1918, a causa de la “Gripe Española” que dejó entre 20 y 50 millones de personas fallecidas en todo el mundo.

Si bien esta enfermedad fue importada a varios países por visitantes que estuvieron o tuvieron contacto con personas de la provincia de Wuhan, o de otras partes de China y que en pocos días lo diseminaron en todo el mundo, muchos gobiernos no actuaron con la inmediatez que demandaba la situación, o pasaron por alto las medidas que la Organización Mundial de la Salud insistía en que se debían tomar.1

Ahora sabemos que el contagio del virus de persona a persona se produce a través del contacto o la exposición con secreciones infectadas, principalmente a través del contacto con gotitas de saliva que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar que son despedidas por una persona y que pueden pasar directamente a otra mediante la inhalación, además de que también puede ocurrir a través del contacto con una superficie u objeto contaminados por dichas secreciones.

Diversos investigadores y científicos médicos de todo el mundo han recabado información sobre las características, efectos y la propagación del coronavirus y han podido observar que su transmisión es más fuerte que la del Síndrome Respiratorio Agudo Severo, conocido como SARS por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory Syndrome), que es una neumonía atípica que apareció por primera vez en noviembre del año 2002 en la provincia de Cantón, también en China.2

Por ello, la propagación del Covid-19 es similar a la de la gripe, toda vez que tanto las personas infectadas, como las que presentan síntomas mínimos o aquellas que no presentan síntomas, pueden transmitir la enfermedad generada por dicho virus, situación que dificulta que el brote se pueda controlar.

Las personas que se encuentran en lugares con alta densidad de población, o los segmentos de la población que tienen edad avanzada o aquellos sectores de la población que sufren de enfermedades crónico degenerativas o de trastornos médicos previos corren un mayor riesgo de transmisión y de contagio, pero sobre todo, a causa del virus pueden tener complicaciones y puede sobrevenir la muerte.

Ante la facilidad de contagiarse, las acciones y medidas para evitar o detener la propagación de manera local, regional y global del virus Covid-19 son sumamente necesarias, como son la cuarentena, el aislamiento social, el sanitizar y desinfectar superficies, áreas y objetos, así como el lavado de manos constante con agua y jabón.

Se ha podido establecer que las personas con Covid-19 pueden tener pocos síntomas o ninguno, pero algunas enferman gravemente y mueren, las personas que presentan los síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar pueden empeorar su condición si tienen un nivel bajo de linfocitos y el sistema inmunológico deprimido ya que el virus puede causarles una neumonía con un tiempo de incubación de uno a catorce días, por lo que el riesgo de enfermar gravemente y morir por Covid-19 aumenta con la edad,3 y lamentablemente hasta este momento no se dispone de ninguna vacuna, fármaco antiviral u otro tratamiento específico para curar la infección que este virus genera.

En el mes de abril del año en curso, se tenían cuantificados casi 3.5 millones de personas contagiadas por Covid-19 en todo el mundo, mientras que la cifra de decesos superaba los 248 mil y la cifra de aquellos que se habían recuperado ascendía a un millón de personas en todo el mundo, siendo los países más afectados Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia, Turquía y Brasil, por haber superado la barrera de los 100 mil casos en cada nación.4

En el mes de junio de 2020, a través de un balance recopilado por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia ha provocado al menos 482 mil 802 muertos en el mundo, 14 millones 348 mil 858 personas en 196 países o territorios han contraído la enfermedad, de éstas 4 millones 672 mil 300 se recuperaron de la misma y tan sólo Estados Unidos ha registrado al menos 121 mil 979 muertos y 2 millones 381 mil 369 contagiados; le siguen Brasil con 53 mil 830 muertos y 1 millón 188 mil 631 casos de contagiados; Reino Unido con 43 mil 81 muertos, 306 mil 862 casos; Italia con 34 mil 644 muertos, 239 mil 410 casos; y Francia con 29 mil 731 muertos y 197 mil 755 casos; China, excluyendo a Hong Kong y Macao, registró un total de 83 mil 449 enfermos, de los cuales 4 mil 634 murieron y 78 mil 433 recuperaron la salud.

Al 18 de junio de 2020, Europa registraba 194 mil 459 defunciones, con 2 millones 585 mil 203 contagiados; Estados Unidos y Canadá, 130 mil 509 muertos y 2 millones 483 mil 610 contagiados; mientras que América Latina y el Caribe registraban 103 mil 188 muertos y 2 millones 229 mil 860 contagiados; Asia con 31 mil 251 muertos y 1 millón 123 mil 774 contagiados; Medio Oriente con 14 mil 441 muertes y 681 mil 857 contagiados; África con 8 mil 821 muertes y 336 mil 813 contagiados; y Oceanía con 133 muertos y 8 mil 999 contagiados.5

En el plano nacional, desde el 19 de marzo del presente año, el gobierno de México, a través del Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, ha emitido diversos acuerdos y decretos mediante los cuales se reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria.

Por ello, se establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, así como las medidas preventivas que se tenían que implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus Covid-19, así como las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por dicho virus, determinando las regiones amenazadas y que por tal motivo estarían sujetas a la acción extraordinaria en materia de salubridad general, los plazos de aplicación de dichas acciones y medidas, así como sus ampliaciones.

A continuación se mencionan las medidas de prevención y mitigación que el gobierno federal ha instrumentado:

1. El distanciamiento social a través de “la Jornada Nacional de Sana Distancia” para disminuir el número de contagios de persona a persona.

2. La suspensión de actividades escolares en todos los niveles.

3. La suspensión de labores y actividades de los sectores público, social y privado consideradas como no esenciales.

4. El lavado frecuente de manos.

5. Estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo.

6. No saludar de beso, de mano o abrazo.

Estas acciones para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (Covid-19), así como para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte a causa del aumento de contagios en el territorio nacional, fueron complementadas con la suspensión inmediata de las actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de mayo del 2020, por lo que solo se autorizó la realización de actividades y labores de empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos en los que se lleven a cabo actividades esenciales, necesarias para atender la emergencia sanitaria, medidas que se han ido extendiendo por que la curva de contagios no se ha disminuido o controlado como calculaban los expertos.

Dentro de las actividades esenciales se consideraron las siguientes:

Servicios médicos y de salud; actividades de abasto, servicios y proveeduría del sector farmacéutico; manufactura de insumos, equipamiento y tecnologías médicas; recolección de residuos peligrosos biológicos-infecciosos, limpieza y sanitización de unidades médicas; actividades de seguridad pública y protección ciudadana, de defensa nacional, de procuración e impartición de justicia; actividad legislativa federal y estatal; servicios financieros; recaudación tributaria; distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación; servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles); operación de programas sociales del gobierno; conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica para asegurar la producción y distribución de servicios indispensables.

De igual forma, se estableció que en todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, obligatoriamente se debían instrumentar las siguientes prácticas:

No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; lavarse las manos frecuentemente; estornudar o toser cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo; aplicar medidas de sana distancia evitando contacto físico; la permanencia o resguardo de la población en sus domicilios, siendo más estricta para adultos mayores de 60 años, embarazadas, personas con hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión, insuficiencia renal o hepática.

El gobierno federal dispuso que estas medidas de prevención y control de la epidemia por Covid-19, así como la ejecución de mecanismos para reducir la movilidad de la población entre municipios y alcaldías, se replicaran por los gobiernos de las entidades federativas haciendo uso de sus atribuciones como autoridades sanitarias.

Al 13 de julio de 2020, México registra 35 mil 491 muertos y 304 mil contagiados por Covid-19, cifra desafortunada que coloca a nuestro país como la cuarta nación con el mayor número de defunciones a nivel mundial, superando a Italia que durante muchos meses se consideraba la nación donde el virus había atacado con más severidad.

Las cuatro entidades de la República Mexicana que más concentran casos de contagios son Ciudad de México con 58 mil 114; estado de México con 42 mil 753; Tabasco con 15 mil 330 y Puebla con 14 mil 349; y los estados que más muertes han registrado son Ciudad de México con 7 mil 722; estado de México con 5 mil 237; Baja California con 2 mil 276 y Veracruz con mil 987.6

En el caso específico del estado de Oaxaca, la obligación de instrumentar acciones para evitar la propagación del virus Covid-19 ha sido cumplida a cabalidad por el gobernador constitucional, el maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, quien ha emitido diversos decretos para aplicar acciones y medidas urgentes para la conservación de la salubridad pública en dicha entidad federativa y para enfrentar la enfermedad generada por este virus.

El gobernador de Oaxaca replicó en sus decretos las exigencias, acciones y medidas decretadas por el gobierno federal para evitar el contagio y diseminación del virus Covid-19, y ha exhortado a la población a través de diversos medios de comunicación y difusión, así como con brigadas de servidores públicos, a permanecer en sus casas, además de ordenar el uso obligatorio de cubrebocas o cubierta facial para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público o realizando actividades esenciales, debiendo portarlo en todo momento en dichos lugares y al utilizar el transporte público.

En el estado de Oaxaca el gobernador autorizó el funcionamiento bajo estrictas medidas sanitarias de farmacias, bancos, gasolineras y gaseras; establecimientos del sector salud; mercados; supermercados; tiendas de autoservicio; abarrotes; expendios de productos de limpieza; aeropuertos y terminales de autobuses, restaurantes y lugares donde se vendan alimentos que sólo podían operar en modalidad de servicio a domicilio y la no interrupción de la prestación de servicios de transporte público, de carga y de emergencia, mientras que las actividades consideradas como no esenciales quedaron suspendidas mientras durara la emergencia sanitaria o las autoridades federales dispusieran el levantamiento de dichas medidas.

El gobierno del estado en su momento ordenó que en los establecimientos mercantiles en los que se realizarán trámites o compras deberían contar con dispensadores de gel antibacterial con alcohol al 70 por ciento; el personal que atienda el establecimiento deberá usar cubrebocas, guantes de látex y tener buen estado de salud; deberán limpiar cada 30 minutos superficies, mostradores, mobiliarios, espacios de alojamiento para usuarios, superficies automatizadas como elevadores, cajeros automáticos con desinfectantes o legía; ventilar las áreas que sean utilizadas con mayor frecuencia; evitar el contacto físico entre trabajadores y usuarios del establecimiento; evitar aglomeraciones y mantener una distancia mínima de metro y medio entre personas; permitiendo el ingreso de una persona por familia al establecimiento y cumpliendo la sana distancia, la contravención de dichas medidas da lugar a la imposición de sanciones administrativas, incluyendo multa o arresto hasta por 36 horas.

Aunado a las anteriores medidas implementadas por el gobernador de Oaxaca, a partir del mes de abril se puso en marcha a través de las Secretarías de Finanzas, de Economía y de Turismo de la entidad, el Programa de Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Económica de Oaxaca, comprendiendo una inversión de mil 270 millones de pesos para superar la etapa de contingencia del Covid-19 y favorecer a las familias oaxaqueñas.

Dichos apoyos se formularon en primera instancia para conservar la salud y la vida de las y los oaxaqueños para que se mantuvieran en casa y para no sucumbir ante la crisis económica y mediante los cuales se esperaba apoyar a 5 mil 200 empresas, hoteles, restaurantes, cafeterías y otros negocios afectados por la contingencia sanitaria, así como para preservar cerca de 20 mil empleos directos.

Dentro de estas acciones se condonaron el 50 por ciento en el impuesto sobre nómina a todas las empresas, negocios y establecimientos, así como la condonación total del impuesto al hospedaje, y para preservar las fuentes de empleo de las pequeñas y medianas empresas, hoteles y restaurantes, se generaba un fondo de 100 millones de pesos para créditos en condiciones preferenciales, disponiendo de créditos, empleos temporales, más de 30 millones de pesos para la entrega de 200 mil canastas de alimentos de primera necesidad en las zonas más vulnerables de las ocho regiones del estado.

Pese a las medidas decretadas tanto por el gobierno federal como por el gobernador de Oaxaca para evitar la propagación de la epidemia de Covid-19 y a la participación de un gran sector de la población en dichas acciones, con preocupación el suscrito ha observado que al día de hoy en diversos lugares de la entidad, muchos de los prestadores de servicios o de las actividades consideradas como esenciales y las personas que acuden a los lugares donde se llevan a cabo los mismos, no acatan de forma debida las medidas preventivas para evitar el contagio, incluso en muchos establecimientos no se aprecia que se realice la limpieza adecuada.

Esta situación de falta de observancia de las medidas de prevención, han propiciado que en Oaxaca al día 14 de julio de 2020, sea considerada como la novena entidad federativa con más casos de contagios, ya que registra 7 mil 778 casos de personas contagiadas por Covid-19 y lamentablemente ocupa la posición número diez de la lista de estados con mayor número de defunciones, ya que en nuestra entidad han sucedido 730 muertes asociadas a esta enfermedad, pero se ha podido observar un aumento exponencial de contagios más lo que pueda generar el hecho de que no se cumplan adecuadamente las medidas de prevención.7

Al suscrito le genera preocupación el hecho del peligro latente en el que se encuentra toda la población y mi familia, ya que el municipio de Tuxtepec que es la segunda ciudad más importante de la entidad, así como la Cuenca del Papaloapan en la que vive un gran número de población, estén considerados por los servicios de salud como zonas de mayor letalidad en el estado de Oaxaca y de muy alta transmisión,8 incluso el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, lugar que concentra el mayor número de contagios de Covid-19 en la región, ha sufrido la pérdida de su presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, quien falleció el jueves 16 de julio del 2020 en el Hospital del Puerto de Veracruz a causa de esta enfermedad, después de haber interrumpido sus labores públicas a mediados de junio de este año.9

Pese a las acciones de las autoridades municipales y estatales, Tuxtepec se encuentra actualmente en alerta máxima por el aumento acelerado de contagios del virus y la saturación de los hospitales de la ciudad, de acuerdo a las cifras registradas por los servicios de salud de Oaxaca (SSO), la Jurisdicción Sanitaria de Tuxtepec acumula mil 167 casos y 170 muertes, así como 186 nuevos casos reportados en la fecha del fallecimiento del edil y 88 se registraron en dicho municipio de la cuenca.

Ante dicha preocupación, el suscrito en mi carácter de diputado federal y oriundo de Oaxaca, el 30 de abril del año en curso, emití en distintos medios de difusión un boletín informativo mediante el cual hacia diversas recomendaciones a la población e invitaba a la ciudadanía y específicamente a las personas que prestan servicios o desarrollan actividades consideradas como esenciales o que venden productos de consumo durante la emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19, a que adoptaran en sus establecimientos o locales comerciales medidas de sanitización permanentes.

Derivado del aumento de contagios en el estado de Oaxaca, considero imperante que la población oaxaqueña debe reforzar su compromiso de cumplir a cabalidad con las medidas de prevención para reducir las posibilidades de contagio del Covid-19, y que todos seamos más conscientes sobre los efectos de la dispersión de la infección, ya que en caso de contraerla puede devenir un hecho desafortunado como lo es la muerte.

Es importante disminuir y detener el número de contagios que en menos de un mes ha crecido de manera exponencial en nuestra entidad, al 13 de julio del 2020, de acuerdo a reportes de los servicios de salud de Oaxaca la entidad acumulaba 7 mil 778 casos positivos de los cuales 584 están activos y se han registrado 745 fallecimientos asociados al virus, a estos datos le sumamos un mil 102 casos que se consideran sospechosos y que están a la espera de los resultados de laboratorio, mientras que 3 mil 686 personas que se han realizado la prueba se han descartado y se ha registrado que 6 mil 449 pacientes se han recuperado.

Los servicios de salud de la entidad reportan que 5 mil 77 personas que se han contagiado de Covid-19 se ubican en Valles Centrales, la Mixteca reporta 446 casos, el Istmo con 656, que suman un mil 132 casos en la Cuenca del Papaloapan, mientras que la costa reporta 313 casos y la Sierra Norte reporta 154 casos, por ello, el sector salud presenta el 51.8 por ciento de ocupación de camas de observación y el 36.1 por ciento de espacios con pacientes que se encuentra utilizando un mecanismo de respiración artificial, los municipios que presentan el mayor número de contagios son San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Pedro Mixtepec y Loma Bonita, entre otros.10

De igual manera, los servicios de salud del estado de Oaxaca reportan que un mil 477 profesionales y personal que labora en los servicios de salud en la entidad se han contagiado de Covid-19, además de que se han registrado por lo menos 4 brotes entre trabajadores de los centros hospitalarios y dependencias públicas por lo que se han tenido que implementar cercos sanitarios.

Ante el aumento indiscriminado de contagios y muertes, el gobernador del estado de Oaxaca, decretó un periodo de confinamiento voluntario a partir del 20 y hasta el 29 de julio del año en curso, medida implementada para tratar de frenar el aumento de contagios en dicha entidad, ya que el mismo mandatario estatal a través de un mensaje grabado y transmitido en redes sociales y en el canal de televisión oficial, hizo notar que la Cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec son las dos zonas con el mayor número de contagios y decesos, la Jurisdicción Sanitaria número 2 que abarca la zona del Istmo de Tehuantepec tenía hasta el domingo 19 de julio, 778 casos confirmados de Covid-19 y 824 defunciones, en tanto la Jurisdicción Sanitaria 3 que tiene a la Cuenca del Papaloapan, arrojó la cifra de 179 decesos y 961 contagiados, región que cuenta con aproximadamente medio millón de habitantes.

El encontrarnos en semáforo naranja, significa que estamos en alto riesgo, situación que nos obliga como población de la entidad a actuar con responsabilidad y sumarnos a las acciones ejecutadas por las autoridades estatales, autoridades regionales y municipales, por lo que todos debemos ser corresponsables para evitar que el virus se continúe propagando en nuestro estado con la rapidez que lo está haciendo, por ello, no debemos relajar el acatamiento de las medidas sanitarias y sanitizantes, debemos seguir lavándonos las manos, nuestros utensilios, ropa y objetos con los que tenemos más contacto, redoblar las medidas higiénicas en nuestros hogares y centros de trabajo, usar el cubre bocas y evitar tener contacto con más personas en la medida de lo posible.

Es un hecho que en Oaxaca han aumentado los casos de contagios, pero también han aumentado los casos de sospechosos, si bien es cierto que diariamente el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca (LESP) y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos del gobierno federal (IDRE) realizan pruebas a la población de nuestro estado, el resultado de las mismas se obtiene de manera tardía ya que estos le llegan a la persona que se las realiza tres o cuatro días después de que se las aplico lo que da lugar a que si están contagiados y ante la falta de certeza de que den positivo pueden seguir contagiando a más personas, y las pruebas realizadas en sangre son poco efectivas para determinar si una persona da positivo al virus.

Ante esta situación, de la manera más atenta, se solicita mediante el presente exhorto que tanto el gobierno federal como el gobernador del estado de Oaxaca instruyan a los servicios de salud a implementar campañas y acciones inmediatas ante la emergencia sanitaria para realizar más pruebas a la población de la región de Tuxtepec, redoblando esfuerzos en dicha región que es la segunda con mayor población y cuyos municipios presentan un alto grado de marginación y pobreza, pero sobre todo, para que se ordene que los resultados de las pruebas sean emitidos y entregados a quienes se las realizan entre las 12 a 24 horas después de que se las practiquen.

Tengo pleno conocimiento de que esta campaña y acciones generan costos económicos elevados, pero con la obtención en menor tiempo de los resultados se podrá disminuir y controlar la diseminación y contagio del virus, lo que se reflejará en un menor número de ocupación de camas en los centros hospitalarios, de los servicios de terapia intensiva y de soporte respiratorio, lo que sin duda a largo plazo reportarán un beneficio económico a nivel federal como para la entidad federativa al no saturar los sistemas de salud.

También es importante señalar y por este medio se solicita, que el gobernador del estado de Oaxaca emita un decreto como medida de contención, para la realización de mapeos de casos de contagiados, así como la aplicación masiva de pruebas de detección de Covid-19 en la región de Tuxtepec con resultados emitidos durante las 12 a 24 horas posteriores a su realización , ordenando además a través de un plan regional que presenta un aumento de casos de contagios y de sospechosos que presentan los síntomas del virus, se de la permanencia o resguardo forzoso de la población en sus domicilios, incluso que esa medida se implemente para todos los integrantes de la familia , lo que sin duda permitirá disminuir el número de defunciones y de contagiados, es decir, evitará que una persona que pueda ser sospechosa por contar con los síntomas o incluso que sea asintomática contagie personas de otra u otras regiones, pero para evitar que los núcleos familiares tengan que salir de sus casas, el gobierno estatal deberá implementar la entrega de canastas de alimentos en las regiones que presentan más contagios y fallecidos.

De igual manera, se solicita al gobierno federal y al gobernador de Oaxaca instalen en la región de Tuxtepec, hospitales móviles para atender Covid-19, ya que los centros hospitalarios que actualmente atienden la enfermedad que genera el virus no se dan abasto con el incremento de casos, se han reportado el cierre de hospitales por saturación, y la necesidad de instalar hospitales móviles Covid-19.

Sin duda, el que seamos responsables en la aplicación de las medidas para prevenir y evitar el contagio del coronavirus Covid-19 puede significar la diferencia entre la vida y la muerte y sobre todo, el contagio de nuestros seres queridos.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y a los tres niveles de gobierno, formula atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, implementen a la brevedad la aplicación de una campaña enfocada a la región de la Cuenca del Papaloapan conocida como región de Tuxtepec para realizar un mayor número de pruebas de detección del virus SARS-CoV2 (Covid-19), redoblando esfuerzos en los municipios que presentan mayor número de contagios, mayor densidad de población o con mayor grado de marginación y de pobreza, ordenando que los resultados de las pruebas sean emitidos y entregados con expedites a quienes se las realicen en un plazo de 12 a 24 horas posteriores a que se hayan practicado dicha prueba.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y a los tres niveles de gobierno, formula atento exhorto al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a efecto de que implemente a la brevedad, un plan para la región de la Cuenca del Papaloapan conocida como región de Tuxtepec para disminuir los casos de contagios y de sospechosos de haber contraído el virus SARS-CoV2 (Covid-19), además de que se exija la permanencia o resguardo forzoso de la población en sus domicilios, medida que deberá incluir en los casos que así lo ameriten, a todos los integrantes de la familia, ya que dicha contención permitirá disminuir el número de defunciones y de contagiados que en los últimos días se ha elevado de manera exponencial en dicha región, combinando dicha medida, con la entrega de canastas de alimentos, lo que permitirá la subsistencia de las familias durante dicho confinamiento.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y a los tres niveles de gobierno, formula atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, instruyan a las autoridades sanitarias y de salud a que realicen mapeos de casos de contagiados del virus SARS-CoV2 (Covid-19) de las ocho regiones del estado de Oaxaca para evitar que personas que ya presenten el contagio o aquellas que sean sospechosas de tenerlo diseminen el virus con personas de otras regiones o entidades federativas.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y a los tres niveles de gobierno, formula atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa para que en ámbito respectivo de sus atribuciones y competencias instruyan la instalación en región de la Cuenca del Papaloapan conocida como región de Tuxtepec, de hospitales móviles para atender Covid-19, ante el incremento de casos registrados y por la saturación y el limitado número de los centros hospitalarios que existen en dicha región que no se dan abasto para atender la enfermedad.

Notas

1 Información tomada de la nota periodística denominada "Coronavirus de Wuhan: cómo se compara la cepa actual con el SARS y qué puede aprender China de la mortífera epidemia de hace 17 años", publicada por la redacción de BBC News Mundo el 25 de enero de 2020 y que se puede consultar en el siguiente link: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51215128.

2 Información recabada de un artículo "Similitudes y diferencias entre la Covid 19 y la gripe", emitido por la Organización Panamericana de la Salud y publicado en su página oficial, misma que se puede consultar en el siguiente link:

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15760:similarities-and-differences-covid-19-and-in fluenza&Itemid=1926&lang=es

3 Información generada por el "Center for Disease Control and Prevention" contenida en el documento "Resultados graves entre los pacientes con enfermedad por coronavirus (Covid-19)", Estados Unidos, del 12 de febrero al 16 de marzo de 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 69: 343-346, 2020. doi: 10.15585/mmwr.mm6912e2external icon.

4 Información recabada de la nota periodística "El mapa mundial del coronavirus: casi 3,5 millones de casos y más de 248.000 muertos en todo el mundo", publicada el 4 de mayo de 2020 en el portal RTVE noticias, España, y que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.rtve.es/noticias/20200504/mapa-mundial-del-coronavirus/1998 143.shtml

5 Información recopilada de la nota periodística "Cifras del coronavirus en el mundo al 25 de junio", publicada el jueves 25 de junio de 2020, a las 7:59 horas, con datos de la AFP de París, publicada en el portal electrónico de La Jornada, por lo que dicha nota se puede consultar en el siguiente apartado: https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/06/25/cifras-del-coronavi rus-en-el-mundo-al-25-de-junio-7165.html

6 Información recopilada del diario nacional Milenio, publicación impresa, del 14 de julio de 2020, año 21, número 7498, en la sección Al Frente, Emergencia Sanitaria, y se puede consultar en el siguiente apartado electrónico: www.milenio.com.

7 Información recabada de las siguientes notas periodísticas: 1. "Aumentan a 163 los casos positivos de Covid-19 y 22 muertes en Oaxaca", formulada por el ciudadano Christian Jiménez y publicada el 2 de mayo de 2020 en la página electrónica del diario "El Universal, Oaxaca", se puede consultar en el siguiente enlace: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/02-05-2020/aumentan-163-los-c asos-positivos-de-covid-19-y-22-defunciones-en-oaxaca

2. Información recopilada del diario nacional Milenio, publicación impresa, del 14 de julio de 2020, año 21, número 7498, en la sección Al Frente, Emergencia Sanitaria y se puede consultar en el siguiente apartado electrónico: www.milenio.com.

8 Información recabada de la nota periodística "Tuxtepec, segundo municipios con más contagios de Covid-19 y el de mayor letalidad en Oaxaca", publicada el 1 de mayo de 2020 en la página electrónica del diario "El Universal Oaxaca", se puede consultar en el siguiente enlace:

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/01-05-2020/ tuxtepec-segundo-municipio-con-mas-contagios-de-covid-19-y-el-de-mayor

9 Información recabada de la nota periodística "Fallece por Covid-19 Fernando Bautista Dávila, edil de Tuxtepec", elaborada por el periodista Fernando Miranda el 16 de julio de 2020 y publicada a las 10:41 horas en el portal electrónico de El Universal, sección Oaxaca, y que se puede consultar en el siguiente link: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/16-07-2020/fallece-por-cov id-19-fernando-bautista-davila-edil-de-tuxtepec

10 Información recopilada de la nota periodística "Reportan 745 muertes y 7 mil 778 casos de Covid-19 en Oaxaca; 584 están activos", elaborada por Christian Jiménez, en Oaxaca de Juárez, el 13 de julio de 2020, publicada a las 8:52 horas y publicada en el portal electrónico de El Universal, sección estatal Oaxaca y que se puede consultar en el siguiente apartado:

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/13-07-2020/rep ortan-745-muertes-y-7-mil-778-casos-de-covid-19-en-oaxaca-584-estan-act ivos

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a reorientar el préstamo otorgado por el Banco Mundial a la creación y protección del empleo, y la reactivación de las Mipyme, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputada Saraí Núñez y las diputadas y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a reorientar el préstamo de los mil millones de dólares, otorgado por el Banco Mundial a la creación y protección del empleo, así como a la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), y no a la construcción de los Bancos del Bienestar, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, “nos indigna la herida innecesaria de opresión y miseria que unos seres humanos infligen a otros”1 .

En relación con lo anterior, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destacó el pasado 5 de abril de 2020, su pobre y reumático Plan de Reactivación Económica para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia global del Covid-19.

Con este escenario envía el mensaje de incertidumbre respecto a los efectos económicos que tendrán las medidas de contención del coronavirus en territorio nacional, incluyendo aquéllas que puedan limitar aún más la movilidad social, la contracción del consumo interno y sus consecuencias en los sectores productivos.

Este Plan de Reactivación Económica que dio el presidente es un claro ejemplo de la ignorancia y la mezquindad hacia el pueblo de México, la situación actual en la que está México, empezó como una emergencia sanitaria, ahora cobra tintes de emergencia económica, que va acompañada por otro tipo de factores como la pobreza en la que se encuentra casi 50 por ciento de la población mexicana y la informalidad en la que se encuentran 6 de cada 10 trabajadores así como el desempleo.

En esta tesitura, varios analistas en la materia económica, empresarios y diputados federales de oposición recomendamos la eliminación o posponer los tres grandes proyectos de esta 4T.

En su mañanera el presidente expresó no posponer los tres proyectos que son el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas, proyectos que en este momento no son prioritarios para el país y en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó y dio respuesta a sus detractores, dijo que no habrá “ningún paso atrás” en la construcción de sus proyectos, pues indicó que no se está sorprendiendo a nadie, pues se está aplicando un proyecto que en las pasadas elecciones estuvo respaldado por millones de mexicanos”2 .

De nuevo, el gobierno federal tiene otro error sale que México ha solicitado un préstamo por mil millones de dólares, con una comisión inicial de 0.25 por ciento del monto total del préstamo, este fue solicitado el pasado 19 de mayo del 2020 ante el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial el cual fue y aprobado el 31 de mayo de 2020.

Lo anterior el periódico El Economista menciona que tuvo acceso a la propuesta de Financiamiento de Políticas de Desarrollo (DPF), “que es el documento que acompaña al acuerdo, y consta en el reporte número PGD158, el objetivo es respaldar parte de la respuesta de las autoridades a la crisis económica y social desencadenada por la pandemia global Covid-19. Más allá de las consecuencias para la salud y la vida humana.

Ambos documentos tienen un sello que aclara “para uso oficial solamente”. Ahí evidencian que “es igualmente importante contar con liquidez en el sistema financiero y canales y plataformas financieras digitales eficientes para transferir soporte mientras se eliminan los cuellos de botella que obstaculizan el acceso fluido y la intermediación de recursos”.

En el artículo III del acuerdo firmado por el funcionario de Hacienda referente al programa, precisan en el párrafo “A”, que “ocasionalmente se pueden intercambiar puntos de vista sobre el marco de política macroeconómica del prestatario (México) y el progreso logrado en la ejecución del Programa”.

Previo al encuentro, el titular de la Unidad de Crédito Público debe suministrar al Banco Mundial información detallada sobre el progreso del programa.

En el detalle del préstamo, localizado en el artículo II, precisan que las fechas de pago son el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año.

Se trata del primer financiamiento con un organismo internacional, solicitado por la administración de Andrés Manuel López Obrador en el marco de la respuesta de las autoridades al efecto financiero del Covid-19.

Que no engrosa deuda, dice Hacienda

Tras conocerse los detalles del préstamo, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado donde explicó que el crédito que aprobó Banco Mundial es “relacionado con acciones de política pública que forman parte del financiamiento general y no van ligados a ninguna actividad en específico”3 .

El credito mencionado no financiará el programa de respuesta del Covid-19 . Este crédito no es adicional al techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y se ubica dentro de los límites de endeudamiento externo autorizados para el gobierno federal en la Ley de Ingresos de la Federación 2020”.

De tal suerte que lo anterior lo confirma el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio en su cuenta de twitter el cual cito:

Gabriel Yorio @GabrielYorio·Jun 7, 2020

Replying to @GabrielYorio

Estas instituciones tienen dos tipos de créditos. Uno es dirigido a una actividad sectorial especifica como agricultura o infraestructura. Otro son los llamados DPL que forman parte del financiamiento general y no van ligados a ninguna actividad especifica.

Gabriel Yorio @GabrielYorio

El crédito que se hace referencia en las notas de medios es un DPL y no tienen destino específico. En resumen este crédito no es adicional a la deuda autorizada por el congreso y no va a financiar el programa de respuesta al Covid-19. 4

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional exigimos que ese dinero sea utilizado para cuidar el empleo de las y los ciudadanos, para evitar el hambre y la pobreza que genera la ausencia de este. Una manera para nosotros de defender el empleo es apoyando a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, para buscar que estas tengan liquidez y puedan subsistir y me refiero a los negocios como tortillerías, tintorerías, restaurantes y fondas, imprentas, despachos entre otros, que no están adscritos a ningún programa federal o condicinado como lo aplico el presidente el llamado préstamo a la palabra para negocios el fin es que este no tenga tintes electoreros.

En la administración de Acción Nacional es fácil medirlo, se generó crecimiento, desarrollo económico y se protegió los empleos y se redujo la pobreza. Por ello sabemos qué se puede, por ello le pedimos al gobierno de López Obrador que aplique el recurso público adecuadamente porque es de todos los mexicanos que sea responsable con miras de altura para aplicar dicho recurso a los sectores que si lo necesita y no en proyectos banales que sólo genera más pobreza y cultivo de votos para Morena.

Tenemos que recordar que en campaña y en su toma de protesta como presidente constitucional López Obrador se comprometió a no endeudar al país durante su mandato el cual fue una de su bandera política, sin embargo, en lo que va de su gobierno, en menos de dos años, ha adquirido créditos por más de 2 mil millones de dólares, casi la misma cantidad que adquirió el gobierno neoliberal que tanto critica de Peña Nieto en todo su sexenio.

Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional exigimos tres puntos muy claros y contundentes:

• El gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador debe transparentar el endeudamiento al país que ya asciende a 2 mil 130 millones de dólares.

• Que reoriente el préstamo de mil millones de dólares, otorgado por el Banco Mundial a la creación y protección del empleo, así como a la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme).

• Que el presidente y su gabinete trabaje de la mano con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para buscar mecanismos conjuntos en beneficio de mejorar la economía.

Por lo antes expuesto es imperante que “la economía social de mercado supone una política fiscal responsable, con finanzas públicas sanas que permita el crecimiento sólido y estable de la actividad económica y equilibren el beneficio de las generaciones actuales y futuras”5 .

Es urgente un rescate económico porque el Covid-19 y las malas decisiones del gobierno federal en materia económica y empleo ha dejado en más de “1 millón 30 mil 366 desempleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante marzo, abril y mayo”6 .

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal que reoriente el préstamo de mil millones de dólares, otorgado por el Banco Mundial a la creación y protección del empleo, así como a la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), y no a la construcción de los Bancos del Bienestar.

Notas

1 https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf, pag 4.

2 https://www.informador.mx/mexico/
De-que-quieren-su-nieve-dice-AMLO-a-quienes-piden-cancelar-megaproyectos-20200330-0035.html

3 https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Mexico-obtiene-un-prestamo-por-1000-millones-de-dolaresdel-BM-para-enfrentar-efectos-del-Covid-19-20200607-0003.html

4 https://twitter.com/GabrielYorio/status/
1269722260379766786?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1269722260379766786
&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx%2Feconomia%2FMexico-obtiene-un-prestamo
-por-1000-millones-de-dolaresdel-BM-para-enfrentar-efectos-del-Covid-19-20200607-0003.html

5 https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/
toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf, Humanismo Economico, pag 9.

6 https://expansion.mx/economia/2020/06/12/mexico-pierde-1-millones-de-empleos-en-tres-meses

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2020.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, la SCT y Capufe a cancelar la caseta de cobro número 29, Puente Caracol, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ante su falta de rentabilidad por las afectaciones que genera al comercio de la zona, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), para que se cancele el funcionamiento y el peaje que se recauda en la caseta de cobro número 29 Puente Caracol, ubicada en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ante su falta de rentabilidad, por las afectaciones que genera al comercio de la zona, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

El peaje de acuerdo a la definición contenida en el Diccionario de la Lengua Española, significa en primer término “derecho de tránsito”, una segunda acepción nos refiere que es el “lugar donde se paga el peaje”.

Por ello, cuando escuchamos o nos referimos a la palabra peaje, lo asociamos casi inmediatamente al pago de una tarifa o cuota para tener derecho a poder circular, transitar, o hacer uso de infraestructura en alguna vía de comunicación.

Tenemos varios ejemplos de este tipo de infraestructura como lo son caminos, carreteras, autopistas, puentes, así como en vías fluviales como canales o rutas de navegación, etcétera, ya que dicha infraestructura se construye con el objetivo de reducir el tiempo de viaje o reducir costos de operación.

En nuestro país, le corresponde a Capufe, organismo público descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el operar y dar mantenimiento mayor y menor a los caminos y puentes federales, así como participar en proyectos de inversión y coinversión para la construcción y operación de vías generales de comunicación.

La cabeza de sector de dicho organismo descentralizado, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el máximo órgano rector de Capufe es su consejo de administración que actualmente es presidido por el secretario de Comunicaciones y Transportes.

Capufe opera los siguientes tipos de redes carreteras:

1. La red propia, integrada con autopistas y puentes que fueron concesionados a Capufe por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para su operación, conservación, mantenimiento y explotación.

2. La red contratada, consistente en las autopistas y puentes concesionados a terceros por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de gobiernos estatales o municipales o empresas privadas para su operación, conservación, mantenimiento y explotación, por lo que Capufe es contratado para brindar los servicios de operación y mantenimiento a los concesionarios; y

3. La Red del Fondo Nacional de Infraestructura integrada por las autopistas y puentes concesionados por el gobierno federal al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para su operación, conservación, mantenimiento y explotación, que fueron rescatadas por el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas al quebrar los concesionarios privados originales, en este caso Capufe es contratado para la operación y mantenimiento de esta red, desde 2008 los fondos de este fideicomiso se integraron al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Entre los objetivos para los que fue creado Capufe se encuentran el mejorar la prestación de servicios de los Caminos y Puentes Federales de Ingresos Conexos de México, hacer más eficiente el flujo diario de usuarios, y fortalecer los sistemas de seguridad vial a los usuarios que transitan por estas vías operadas por este organismo, así como incrementar la eficiencia, productividad y autosuficiencia financiera del organismo para mejorar el servicio prestado a las y los mexicanos.

Pese a esto, en el caso que nos ocupa, se estima que no se tomaron en cuenta diversos aspectos que ocurrirían derivados de la operación y funcionamiento de la caseta de cobro número 29 Puente Caracol que se encuentra ubicada en los límites de los estados de Oaxaca y de Veracruz, en la Carretera Federal 175, Buenavista Tuxtepec Kilómetro 11+300, Mundo Nuevo, 68376 San Juan Bautista Tuxtepec.

El funcionamiento de dicha caseta de cobro ha generado diversas problemáticas que pueden ser atendidas y solucionadas por diversas autoridades federales por las razones que se esgrimirán en los párrafos siguientes.

La operación de esta plaza de cobro que pertenece a la red que administra Capufe, está generando diversas afectaciones a los comercios y servicios que se prestan en San Juan Bautista Tuxtepec, municipio que alberga a la segunda ciudad más poblada del estado de Oaxaca, toda vez que derivado de la exigencia de pagar peaje por pasar por dicho punto de la carretera Buenavista Tuxtepec, ha generado que las personas, automovilistas y transportistas en sus distintas modalidades, ya no quieran visitar o transitar por San Juan Bautista Tuxtepec, además de que el Puente Caracol sirve de medio de conexión terrestre entre Oaxaca y Veracruz.

Esta inhibición se ha reflejado en mayor medida en la disminución de la visita de pobladores que vive cerca de dicha región y que antes de la existencia de la caseta de cobro acudían con más frecuencia San Juan Bautista Tuxtepec, lo que genera afectación económica para los prestadores de servicios y para los comerciantes que venden sus productos en dicha zona, incluyendo al sector hotelero.

El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con dos casetas de cobro de peaje administradas por Capufe, la ubicada en el Puente Caracol y otra ubicada en el Papaloapan, pero la que más genera afectación para la población es la primera en mención, si bien es cierto que el municipio de Tuxtepec recibe aportaciones por el funcionamiento de dicha caseta de cobro, los recursos económicos obtenidos se utilizan sólo para rehabilitar la carpeta asfáltica de la carretera que conduce de Santa Rosa a Papaloapan,1 es decir, los beneficios para la población del lugar son muy limitados, ya que la operación de dicha caseta de cobro se ve afectada reiteradamente cuando diversas agrupaciones la toman para forzar a autoridades locales a que les cumplan las condiciones que se les ocurra exigirles.

Mediante diversas notas periodísticas y denuncias formuladas en diversos medios de comunicación, se ha recogido el reclamo público de muchos comerciantes y habitantes de la zona para desaparecer la caseta ubicada en puente Caracol, ya que refieren que la existencia de una caseta de cobro de peaje en esa zona no ha generado efectos positivos, y como ya se ha expuesto, constantemente dicha caseta es tomada por organizaciones sociales evitando el paso vehicular y permitiéndole a dichas agrupaciones que impongan discrecionalmente el monto que les cobran a los conductores de vehículos particulares que va de los 50 pesos, así como discrecionalmente fijan lo que cobran a los transportistas en sus distintas modalidades que puede ser entre 100 a 200 pesos por cada camión o tráiler que transitan por dicha vía, situación que es un abuso para los usuarios de dicha carretera y una violación a las leyes.

Otro perjuicio que se ocasiona a los usuarios de esa caseta de cobro, es que cuando es tomada por diversos grupos de personas, situación que es muy frecuente, al quedarse con el dinero que les cobran, al usuario no se le emite un comprobante, ni tampoco los cubre el seguro de viaje que se adquiere al pagar la tarifa oficial y recibir el comprobante respectivo, lo que deja expuesto a los usuarios de esa vía de comunicación, además de que no se puede deducir fiscalmente, ni se puede solicitar el reembolso de dicho gasto como parte de viáticos, por no poder comprobarse su existencia, sumado a otras afectaciones que sufren los automovilistas que no pueden transitar con libertad por dicha zona cuando la caseta de cobro se encuentra tomada.

De igual forma, cuando se evita el normal funcionamiento de la caseta de cobro Puente Caracol por diversos grupos sociales o por el magisterio, se afecta gravemente la movilidad de vehículos en la zona, generándose parálisis durante muchas horas del tránsito vehicular que fluye de Oaxaca a Veracruz y viceversa.

Dichas acciones negativas no sólo causan afectaciones a los usuarios de la carretera que cruzan dicho punto, sino que también afectan a los habitantes, comerciantes y prestadores de servicios de San Juan Bautista Tuxtepec, así como a los habitantes del lado de Veracruz.2

Es un hecho que el problema que más afecta a la población de San Juan Bautista Tuxtepec, e incluso, a habitantes de otros municipios y pueblos cercanos, es que para poder ir de Oaxaca a Veracruz tienen como única opción transitar por la carretera federal en la que se encuentra la caseta de cobro de Puente Caracol, es una caseta que sirve de frontera con Veracruz, ya que no hay vías alternas sin peaje, están forzados a pasar por dicha caseta y pagar el peaje, o pagar transportes públicos que a su vez en la tarifa del servicio incluyen el costo de la caseta, esto se debe a que existe poca infraestructura carretera en la región del Papaloapan de Oaxaca.

Otro aspecto que afecta la movilidad y la economía de los oaxaqueños que tienen que pasar a diario por dicha caseta hasta dos ocasiones, es que muchos de los habitantes de Acatlán de Pérez Figueroa, San Miguel Soyaltepec, Cosoapa, entre otros municipios que conforman la región del Papaloapan, trabajan o prestan servicios en el estado de Veracruz, por lo que el pago constante de peaje les genera una afectación económica difícil de seguir sosteniendo, más en estos momentos en que tiene lugar la pandemia por Covid-19.

De igual manera, hay otro aspecto que debe tomar en cuenta Capufe y es el hecho de que el funcionamiento de la caseta de cobro de Puente Caracol inhibe que habitantes de Veracruz quieran pagarla para visitar San Juan Bautista Tuxtepec y municipios cercanos al mismo aunque en los mismos exista comercio y se presten servicios de primera calidad, situación que afecta la estabilidad económica de los habitantes cercanos a la caseta del lado de Oaxaca o que tienen que pasar por ella del lado de Oaxaca, situación que ha propiciado que en el lado de Veracruz al no haber casetas de cobro embudo como la de Puente Caracol, su comercio tenga más desarrollo.

Los prestadores de servicios, propietarios y empleados de establecimientos mercantiles que se encuentran en la zona, han referido a diversos medios noticiosos que la presencia de los grupos sociales que constantemente se apoderan de la caseta de cobro de peaje, ha hecho que los clientes que por algún motivo acuden para que se les preste alguno de los servicios o adquirir productos que venden en la zona, regresen cada vez menos, con los efectos perjudiciales en su patrimonio, a causa de la disminución de la clientela que prefieren ya no transitar ni visitar dicha zona.

Estas acciones afectan gravemente negocios de los ramos turístico, bancario, comercial, industrial, agrícola, restaurantero, ganadero, entre otros, por ello, ha sido un reclamo reiterado de los ciudadanos de San Juan Bautista Tuxtepec que se realice la cancelación del peaje y del funcionamiento de la plaza de cobro de Puente Caracol.3

El acceso principal para la ciudad de Tuxtepec es la mencionada carretera 175, en las coordenadas 18°07’59.4”N+96°08’12.2”W, que es donde se encuentra la caseta 29, la distancia de esta caseta a la zona urbana de Tuxtepec es de 908 metros en donde se ubica el Centro de Distribución Tuxtepec de la empresa Coca Cola y frente a este, se ubica la estación de servicio Las Mariposas, a los 2.7 kilómetros desde la caseta 29 en la ruta 175 encontramos el boulevard Sóstenes Bravo, que es la vía de acceso para colonia y fraccionamientos como El Trigal, Residencial del Sur, El Diamante, Tuxtepec Dorado, Hacienda Real y el Santuario.

Actualmente el peaje en esta caseta es el siguiente:

Moto       $11.00
Autos       $22.00
Autobuses 2, 3 Y 4 Ejes   $40.00
Camión de 4 Y 5 Ejes       $86.00
Camión de 6, 7, 8 Y 9 Ejes   $123.00
Eje excedente ligero   $11.00
Eje excedente carga   $20.00

Los habitantes deben cubrir estos costos para poder entrar o salir de la ciudad y municipio de Tuxtepec, ya que si no pagas, no entras o sales del estado de Oaxaca, o no sales del estado de Veracruz, robustece la necesidad de inhabilitar el funcionamiento de la caseta de Puente Caracol, lo manifestado por el licenciado Rafael González Crivelli, quien fuera en los ochenta director de Operaciones de Capufe, quien en un documento signado el 26 de febrero de 1982, indicó que la Caseta 29 debía liberarse y ubicar al personal en la caseta 28 de Puente Papaloapan.

Al ser Tuxtepec, la ciudad más desarrollada de la región y en crecimiento, el retiro de la caseta de Puente Caracol ofrecerá acceso libre a todos aquellos que deseen realizar actividades de comercio, turismo, escolar, salud, etcétera, convirtiéndose en un detonante positivo para el crecimiento no sólo de la ciudad y municipio, sino también para toda la región de los pueblos del alto y bajo Papaloapan.

Ante dicha situación, resulta apremiante y sobre todo, derivado de las afectaciones económicas que ha traído consigo la pandemia del Covid-19 a todo el país y a muchos países del mundo, que al pasar la emergencia sanitaria, se fomente arduamente el apoyo al comercio, al desplazamiento, a la accesibilidad, así como del turismo en San Juan Bautista Tuxtepec, así como en todos los municipios y regiones de México.

Se hace notar que las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueden realizar la cancelación del cobro de peaje, motivadas por las afectaciones que se generan al comercio de la zona y por la falta de rentabilidad económica de la caseta de cobro Puente Caracol, ya que es tomada reiteradamente por diversas agrupaciones sociales, además de la afectación a la movilidad y el tránsito vehicular que se genera en la zona.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de Poderes, formula atento exhorto a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes y al Consejo de Administración del Órgano desconcentrado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se cancele el funcionamiento y el peaje que se recauda en la caseta de cobro número 29 Puente Caracol, ubicada en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ante la falta de rentabilidad por ser tomada reiteradamente por agrupaciones sociales, así como por las afectaciones que la misma genera al comercio en la zona desde que comenzó su operación.

Notas

1 Nota periodística: "Tuxtepec recibe 7 mdp de casetas de peaje", elaborada por el periodista Édgar Perea el 7 de marzo de 2018 y publicada en la página de "El Imparcial De la Cuenca", misma que se puede consultar en el siguiente link:

https://imparcialoaxaca.mx/cuenca/133260/tuxtepec-recibe -7-mdp-de-casetas-de-peaje/)

2 Información tomada de nota periodística "Organización "23 de Octubre" toma caseta de cobro "El Caracol".", elaborada por la reportera Marlén Paz el 24 de agosto de 2019 y publicado en el portal de noticias de "El Imparcial de la Cuenca" y que se puede consultar en el link:

https://imparcialoaxaca.mx/cuenca/346209/organizacion-23 -de-octubre-toma-caseta-de-cobro-el-caracol/

3 (Información contenida en la nota periodística del 30 de diciembre de 2019, denominada "Piden que desaparezca caseta de puente Caracol", elaborada para el portal "Noticias, Voz e Imagen de la Cuenca" Oaxaca/Tuxtepec, misma que se puede consultar en el siguiente link: https://www.nvinoticias.com/nota/134691/piden-que-desaparezca-caseta-de -puente-caracol)

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades sanitarias a emprender acciones para atender el cáncer infantil, suscrita por los diputados Adriana Dávila Fernández y Éctor Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Adriana Dávila Fernández, Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios. Este conjunto de principios deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia.

En congruencia con el mandato constitucional, en 2012 se incluyó por primera vez en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación un anexo de atención de niños, niñas y adolescentes, a fin de etiquetar recursos para otorgar servicios a ese segmento de la población y, con ello, promover que cuenten con las mismas oportunidades y condiciones de igualdad que el resto de la población.

Por ello debemos asumir el compromiso de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente mediante la articulación de políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de la vida de la población y con ello, promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en materia de salud, alimentación, educación y cultura, por medio de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

El cáncer infantil en México es un problema de salud pública, al ser la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad, cobrando más de 2,000 vidas anuales. Comparado con las enfermedades neoplásicas en los adultos, el cáncer en la infancia y adolescencia representa una proporción baja, ya que solo el 5 por ciento de los casos de cáncer ocurren en niños. Sin embargo, esta enfermedad representa una de las principales causas con mayor número de años de vida potencialmente perdidos, ya que se estima que cada niño que no sobrevive al cáncer pierde en promedio 70 años de vida productiva. Además de ser un factor negativo para la salud emocional y la dinámica familiar.

En México murieron mil 615 menores con cáncer en casi nueve meses, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) con corte hasta este sábado.

El conteo indica que desde diciembre de 2019 a la fecha hay 4 mil 308 nuevos casos de cáncer detectados y 3 mil 231 niños tienen un diagnóstico en fase avanzada.

Las mil 615 muertes de menores se registran mientras familiares de niños con cáncer exigen el abasto de medicamentos oncológicos tras casi dos años de escasez en diferentes instituciones públicas del país.

Los padres de niños con cáncer han denunciado, entre otras cosas, que no existe un padrón de pacientes pediátricos oncológicos.

Esta semana, familiares de niños con cáncer se manifestaron frente al Hospital General de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para denunciar la falta de fármacos por más 672 días.

Debido a la escasez de medicamento para niños con cáncer, 27 organizaciones y asociaciones de México se unieron para alzar la voz y exigir al gobierno federal que actúe de una vez por todas, más niños han muerto ante la falta de quimioterapias y el nulo apoyo de las autoridades.

Desde hace meses, padres y madres de familia se manifiestan para denunciar el desabasto de medicamentos oncológicos para sus hijos en varios hospitales y unidades médicas del país. Sin embargo, contrario a esto, el gobierno federal ha afirmado mil veces que sí hay medicinas y que sí hay abasto.

En un comunicado de prensa, publicado el 1 de julio pasado1 y que empieza con “Ante la campaña de rumores que desde hace meses circula en redes sociales y diversos medios” la Secretaría de Salud, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), afirma que los pacientes con cáncer seguirán recibiendo “puntualmente” sus tratamientos en los hospitales del país, ya que se encuentra garantizado el abasto de los medicamentos que requieren.

En el mencionado comunicado, la Secretaría de Salud afirma que la compra de medicamentos oncológicos se ha realizado a cinco empresas en Argentina, Cuba, Brasil, India y Alemania, por lo que no se prevé ninguna escasez.

Explican que, de mayo a junio de 2020, el Insabi distribuyó un total de 58 mil 170 piezas de medicamentos oncológicos y para julio se tenía previsto entregar 137 mil piezas más.

Ya al final afirman que el Insabi continuará garantizando el abasto de estos medicamentos porque los niños y las niñas son una prioridad para el gobierno de México.

La falta de tratamiento se replica en varios estados del país, mientras que el gobierno federal argumenta que el desabasto de medicamentos oncológicos es un problema mundial.

Desde hace varios años el desabasto de medicamentos ha sido una constante en México, pero esta crisis se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el gobierno federal, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018 y ha señalado corrupción en las compras de anteriores administraciones.

En medio de la pandemia por Covid, el sector salud ha dejado de gastar hasta julio de este año, 11 mil 300 millones de pesos con respecto al presupuesto aprobado, es decir, presenta un subjercicio del 3 por ciento respecto a lo aprobado para este 2020.

En el último año y medio varios pacientes de cáncer y padres de familia de niños con esta enfermedad se han enfrentado en múltiples ocasiones con el desabasto de medicamento confrontando más de una vez al gobierno federal por demandar esta situación y solicitar que se regularice el suministro.

El cáncer es la tercera causa de muertes en México y está creciendo, sobre todo el cáncer de mama y el cáncer de próstata, que son los de mayor incidencia.

Un reto contra el cáncer en la infancia y adolescencia es fortalecer la atención integral, universal y gratuita de los menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer, mediante políticas públicas y educativas que permitan la referencia temprana y tratamiento oportuno de los enfermos, con la intención de incrementar la supervivencia, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

El generar un enfoque de atención primaria con énfasis en prevención y diagnóstico temprano del cáncer pediátrico representa un gran desafío al Sistema de Salud, ya que la mayoría de las acciones están enfocadas a prevención secundaria, es decir, a minimizar el daño y los estragos de la enfermedad una vez diagnosticada. Existe una serie de medidas de prevención primaria que, si bien no disminuyen la incidencia de cáncer en la infancia y adolescencia, pueden ser implementadas para prevenir la aparición de cáncer en la vida adulta.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que hagan públicos, accesibles, transparentes y asequibles los mecanismos que permitan monitorear el otorgamiento oportuno en tiempo y forma, de tratamientos oncológicos de pacientes pediátricos atendidos en los Sistemas Públicos de Salud.

Segundo. - La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que para que, con pleno respeto a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, realicen un censo o padrón actualizados de las niñas y los niños sujetos a tratamientos oncológicos en las unidades médicas.

Tercero. – La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hagan públicos los protocolos y criterios cuantitativos y cualitativos para la cobertura y vigilancia de los tratamientos oncológicos de las niñas y los niños de pacientes pediátricos con cáncer atendidos en los Sistemas Públicos de Salud.

Cuarto. – La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hagan públicos y transparentes los protocolos de reinicio para la atención médico-quirúrgica y los servicios de atención en niñas y niños con cáncer diferidos por la medidas preventivas implementadas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), en las unidades médicas.

Quinto. – La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia explique ampliamente a la opinión pública los mecanismos de control y supervisión que se lleva a cabo, a fin de garantizar la adecuada planeación y programación de los recursos presupuestados a la atención a las niñas y niños con cáncer.

Nota

1 https://www.gob.mx/salud/prensa/141-esta-garantizado-el-abasto-de-medic amentos-oncologicos-insabi?idiom=es

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 8 de septiembre de 2020.

Diputados: Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Éctor Jaime Ramírez Barba.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Oaxaca a implantar un programa de capacitación dirigido a propietarios, encargados y empleados de lugares o establecimientos donde se prestan servicios prioritarios o actividades consideradas esenciales o donde se comercializan productos de consumo durante la urgencia sanitaria, a efecto de instruirlos en técnicas y métodos para desinfectar y esterilizar las respectivas áreas, superficies, enseres u objetos, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, en nombre propio y de las y los diputados del estado de Oaxaca, e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a implementar un programa de capacitación dirigido a propietarios, encargados y empleados de lugares o establecimientos en donde se prestan servicios prioritarios o actividades consideradas como esenciales o en donde se comercializan productos de consumo durante la emergencia sanitaria, para instruirlos en técnicas y métodos para sanitizar y desinfectar las áreas, superficies, enseres u objetos que se encuentren en los mismos, como parte de las medidas de prevención y mitigación de la transmisión del virus SARS-CoV2 (Covid-19), de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Actualmente la humanidad está atravesando por tiempos de suma inquietud, aflicción y desesperación ante la amenaza de contraer una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), recientemente descubierto, por su rápida dispersión y caracterizándose por su gran letalidad, se ha convertido en una pandemia que afecta a más de cien países, entre los que se encuentra México.

Esta nueva enfermedad denominada como SARS-CoV2 (Covid-19) ha alterado el orden mundial, así como la vida económica y social de los países afectados y de sus poblaciones, ha afectado a la humanidad de una manera no vista desde hace más de cien años, después de la última pandemia más significativa que tuvo lugar en 1918, a causa de la “Gripe Española” y que propició la muerte de entre 20 y 50 millones de personas en todo el mundo.

Si bien es cierto que en lo que va de este siglo XXI y del siglo XX hemos padecido otras pandemias a causa de distintos tipos de virus como el de la influenza A H1N1, este nuevo coronavirus Covid-19 ha mostrado una mayor tasa de letalidad que otros virus.

El virus ha afectado gravemente nuestra vida normal y nuestras actividades cotidianas, ésta pandemia nos ha hecho ver nuestra fragilidad, la vulnerabilidad de la raza humana y hace patente la preocupación que tienen la mayoría de las personas de que en caso de contraer la infección y el padecimiento se complique, aún y cuando se cuente con tratamiento médico y accesibilidad a terapia intensiva con el uso de ventilador, nada garantiza la curación.

El no caer enfermos es una de las principales preocupaciones de las y los mexicanos, ya que si esto sucede, existe el riesgo de que sobrevenga la muerte en cualquier momento, situación que aumenta nuestros miedos y temores, lo que nos puede orillar a actuar irracionalmente.

Resulta casi imposible de creer que hace apenas unos meses la humanidad coexistía en aparente normalidad, situación que cambió en diciembre de 2019, cuando se supo por primera vez sobre la existencia de brotes de una enfermedad que primeramente se dio en la provincia de Wuhan, China y que rápidamente se extendió en el resto de dicho país.

Este nuevo coronavirus denominado SARS-CoV2 (Covid-19) puede causar en pocos días una enfermedad respiratoria aguda que de complicarse por distintos factores puede generar la perdida de la vida, dicha infección pronto se exportó a otros países a través de personas que habían viajado por diversas razones a China y que en pocos días lo diseminaron en todo el mundo.1

De acuerdo a información generada por agencias de noticias internacionales, ahora se sabe que los primeros casos de Covid-19 se relacionaron con un mercado en donde se vendían animales vivos para consumo humano ubicado en Wuhan, China, por lo que se estima que el virus se transmitió inicialmente de los animales a los seres humanos.

El contagio del virus de persona a persona se produce a través del contacto o la exposición con secreciones infectadas, principalmente a través del contacto con gotitas de saliva que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar que son despedidas por una persona y que pueden pasar directamente a otra mediante la inhalación, pero también puede ocurrir a través del contacto con una superficie u objeto contaminados por dichas secreciones.

Aunque todavía los investigadores y científicos médicos están recabando más datos e información sobre las características, efectos y la propagación del nuevo coronavirus, han podido constatar que su transmisión es más fuerte que la del Síndrome Respiratorio Agudo Severo conocido como SARS por sus siglas en inglés (severe acute respiratory syndrome ), que es una neumonía atípica que apareció por primera vez en noviembre del año 2002 en la provincia de Cantón, también en China.2

La propagación del Covid-19 es similar a la de la gripe, ya que tanto las personas infectadas como aquellas que presentan síntomas mínimos o las que no presentan síntomas, también pueden transmitir la enfermedad generada por dicho virus, situación que dificulta que el brote se pueda controlar.

Las personas que se encuentran en lugares con alta densidad de población, o los segmentos de la población que tienen edad avanzada o aquellos sectores de la población que sufren de enfermedades crónico degenerativas o de trastornos médicos previos, son los que corren un mayor riesgo de transmisión y de contagio.

Por ello, la implementación de acciones y medidas para evitar o detener la propagación de manera local, regional y global del virus Covid-19 son sumamente necesarias, entre dichas medidas se encuentran la cuarentena, el aislamiento social, el sanitizar y desinfectar superficies, áreas y objetos, así como el lavado de manos constante con agua y jabón, sin duda el cumplimiento estricto de estas medidas puede dar resultados satisfactorios en el control de la propagación de la infección.

Las personas con Covid-19 pueden tener pocos síntomas o ninguno, pero algunas enferman gravemente y mueren, las personas que presentan los síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar pueden empeorar su condición si es que sufren de un nivel bajo de linfocitos y de un sistema inmunológico deprimido, por lo que el virus puede causarles una neumonía y se calcula que el tiempo de incubación va de uno a catorce días y que el riesgo de enfermar gravemente y morir por Covid-19 aumenta con la edad.3

Ante el peligro de contagio al que estamos todos expuestos, resulta vital aplicar y mantener las medidas de salud pública para evitar y detener la propagación del Covid-19, ya que hasta este momento no se dispone de ninguna vacuna, fármaco antiviral u otro tratamiento específico para curar la infección que este virus genera.

Ante la gravedad de la enfermedad, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (Covid-19) se consideraba como una pandemia ante el incremento en el número de casos existentes en diversos países, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional, ya que la población mundial sería afectada severamente.

En el mes de abril del año en curso se tenían cuantificados a casi 3.5 millones de personas contagiadas por Covid-19 en todo el mundo, mientras que la cifra de decesos superaba los 248 mil y la cifra de aquellos que se habían recuperado ascendía a un millón de personas en todo el mundo, siendo los países más afectados Estados Unidos de América, España, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia, Turquía y Brasil, por haber superado la barrera de los 100 mil casos en cada nación.4

Ante la declaratoria emitida por la Organización Mundial de la Salud por la que se consideraba al virus Covid-19 como una emergencia de salud pública, el 30 de enero de 2020, en reunión extraordinaria del Comité Nacional para la Seguridad en Salud se formularon las acciones de preparación y respuesta para la protección de la salud en México.

Desde el 19 de marzo del presente año, el gobierno de México, a través del Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, ha emitido diversos acuerdos y decretos mediante los cuales se reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria.

De igual manera, se establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, así como las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus Covid-19, así como las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por dicho virus, determinando las regiones amenazadas y que por tal motivo estarían sujetas a la acción extraordinaria en materia de salubridad general, así como los plazos de aplicación de dichas acciones y medidas, así como sus ampliaciones.

Dentro de las primeras medidas de prevención y mitigación que el gobierno federal ha instrumentado, se encuentran las siguientes:

1. El distanciamiento social a través de “La Jornada Nacional de Sana Distancia” para disminuir el número de contagios de persona a persona.

2. La suspensión de actividades escolares en todos los niveles.

3. La suspensión de labores y actividades de los sectores público, social y privado consideradas como no esenciales.

4. El lavado frecuente de manos.

5. Estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo.

6. No saludar de beso, de mano o abrazo.

Estas acciones para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (Covid-19), así como para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte a causa del aumento de contagios en el territorio nacional, fueron complementadas con la suspensión inmediata de las actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, por lo que sólo se autorizó la realización de actividades y labores de empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos en los que se lleven a cabo actividades esenciales, necesarias para atender la emergencia sanitaria.

Dentro de estas actividades calificadas como esenciales se encuentran las siguientes:

Servicios médicos y de salud; actividades de abasto, servicios y proveeduría del sector farmacéutico; manufactura de insumos, equipamiento y tecnologías médicas; recolección de residuos peligrosos biológicos-infecciosos, limpieza y sanitización de unidades médicas; actividades de seguridad pública y protección ciudadana, de defensa nacional, de procuración e impartición de justicia; actividad legislativa federal y estatal; servicios financieros; recaudación tributaria; distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación; servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles); operación de programas sociales del gobierno; conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica para asegurar la producción y distribución de servicios indispensables.

De igual forma, se estableció que en todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, obligatoriamente se deben instrumentar las siguientes prácticas:

No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; lavarse las manos frecuentemente; estornudar o toser cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo; aplicar medidas de sana distancia evitando contacto físico; la permanencia o resguardo de la población en sus domicilios, siendo más estricta para adultos mayores de 60 años, embarazadas, personas con hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión, insuficiencia renal o hepática.

El gobierno federal dispuso que estas medidas de prevención y control de la epidemia por Covid-19, así como la ejecución de mecanismos para reducir la movilidad de la población entre municipios y alcaldías, se replicaran por los gobiernos de las entidades federativas haciendo uso de sus atribuciones como autoridades sanitarias.

En el caso del estado de Oaxaca, la obligación de instrumentar acciones para evitar la propagación del virus Covid-19 ha sido cumplida a cabalidad por el gobernador constitucional, el maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, quien ha emitido diversos decretos para aplicar acciones y medidas urgentes para la conservación de la salubridad pública en dicha entidad federativa y para enfrentar la enfermedad generada por este virus.

El gobernador de Oaxaca replicó en sus decretos las exigencias, acciones y medidas decretadas por el gobierno federal para evitar el contagio y diseminación del virus Covid-19, y ha exhortado a la población a través de diversos medios de comunicación y difusión, así como con brigadas de servidores públicos, a permanecer en sus casas, además de ordenar el uso obligatorio de cubrebocas o cubierta facial para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público o realizando actividades esenciales, debiendo portarlo en todo momento en dichos lugares y al utilizar el transporte público.

En el estado de Oaxaca el gobernador autorizó el funcionamiento bajo estrictas medidas sanitarias de farmacias, bancos, gasolineras y gaseras; establecimientos del sector salud; mercados; supermercados; tiendas de autoservicio; abarrotes; expendios de productos de limpieza; aeropuertos y terminales de autobuses, restaurantes y lugares donde se vendan alimentos que sólo podrán operar en modalidad de servicio a domicilio y la no interrupción de la prestación de servicios de transporte público, de carga y de emergencia, mientras que las actividades consideradas como no esenciales quedaron suspendidas mientras dure la emergencia sanitaria.

El gobierno del estado ordenó que en los establecimientos mercantiles en los que se realicen trámites o compras deberán contar con dispensadores de gel antibacterial con alcohol al 70 por ciento; el personal que atienda el establecimiento deberá usar cubrebocas, guantes de látex y tener buen estado de salud; deberán limpiar cada 30 minutos superficies, mostradores, mobiliarios, espacios de alojamiento para usuarios, superficies automatizadas como elevadores, cajeros automáticos con desinfectantes o legía; ventilar las áreas que sean utilizadas con mayor frecuencia; evitar el contacto físico entre trabajadores y usuarios del establecimiento; evitar aglomeraciones y mantener una distancia mínima de metro y medio entre personas; permitiendo el ingreso de una persona por familia al establecimiento y cumpliendo la sana distancia, la contravención de dichas medidas dará lugar a la imposición de sanciones administrativas, incluyendo multa o arresto hasta por 36 horas.

Pese a las medidas decretadas por el gobernador de Oaxaca para evitar la propagación de la epidemia de Covid-19 y a la participación de un gran sector de la población en dichas acciones, con preocupación el suscrito ha observado que en diversos lugares de la entidad, muchos de los prestadores de servicios o de las actividades consideradas como esenciales y las personas que acuden a los lugares donde se llevan a cabo los mismos, no acatan de forma debida las medidas preventivas para evitar el contagio, incluso en muchos establecimientos no se aprecia que se realice la limpieza adecuada en los mismos.

Esta situación de falta de observancia de las medidas de prevención, han propiciado que en Oaxaca se hayan registrado al 2 de mayo del año en curso, 163 casos de personas contagiadas por Covid-19 y lamentablemente han sucedido 22 muertes asociadas a esta enfermedad, los servicios de salud del estado han señalado que hasta esa fecha se tienen 63 casos sospechosos y se ha descartado el contagio de 606 personas, pero se teme un aumento exponencial de contagios si no se cumplen adecuadamente las medidas de prevención.5

Al suscrito le resulta muy alarmante que el municipio de Tuxtepec y la Cuenca del Papaloapan, ya que el primero de los mencionados es en donde el suscrito reside con su familia y en donde llevo a cabo mis actividades cotidianas, estén considerados por los servicios de salud como zonas de mayor letalidad en el estado de Oaxaca y de muy alta transmisión, además de tener registrados 18 casos de contagiados por Covid-19 y cuatro defunciones de pacientes que adquirieron el virus.6

Ante dicha preocupación el suscrito en mi carácter de diputado federal y oriundo de Oaxaca, el 30 de abril del año en curso, emití en distintos medios de difusión un boletín informativo mediante el cual hacia diversas recomendaciones a la población e invitaba a la ciudadanía y específicamente a las personas que prestan servicios o desarrollan actividades consideradas como esenciales o que venden productos de consumo durante la emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19, a que adoptaran en sus establecimientos o locales comerciales medidas de sanitización permanentes.

Ante el aumento de contagios en el estado de Oaxaca, considero imperante que la población oaxaqueña refuerce su compromiso de cumplir a cabalidad con las medidas de prevención para reducir las posibilidades de contagio del Covid-19, y que seamos todos más conscientes sobre los efectos de la dispersión de la infección y que en caso de contraerla puede devenir un hecho desafortunado como lo es la muerte.

Se estima que el cumplimiento de toda las medidas dictadas con el propósito de evitar y frenar el contagio de dicho virus pueden ser fortalecidas con la implementación por parte del gobierno del estado de Oaxaca de un programa de capacitación enfocado a los propietarios, encargados o empleados de establecimientos o lugares en los que se prestan servicios prioritarios o actividades consideradas como esenciales durante la emergencia sanitaria para instruirlos en técnicas y métodos de sanitización y desinfección de las áreas, superficies, enseres u objetos.

Hago notar que existen diferencias entre sanitizar y desinfectar, de acuerdo a explicaciones emitidas por el médico Alexander Aiken de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, sanitizar reduce la cantidad de bacterias, virus y otros microbios en una superficie, por lo que los sanitizantes como el cloro y los productos con amonia sólo reducen el número de gérmenes en una superficie, si bien no matan a estos organismos, aplicar dichos productos puede ayudar a prevenir el esparcimiento de los mismos, reducen el riesgo de infección y sus efectos empiezan casi inmediatamente.

En cambio, los desinfectantes matan casi todos los virus, bacterias y microbios en una superficie, ya que contienen químicos como peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) que descontaminan una superficie o un objeto atacando los componentes de una célula, los desinfectantes tardan en actuar aproximadamente 10 minutos, el gel para manos es desinfectante ya que su base es el alcohol.

Si bien es cierto que el agua y el jabón no son desinfectantes o sanitizantes, estos dos elementos matan el virus SARS-CoV2 (Covid-19) porque disuelven la membrana protectora exterior de este organismo, además de remover proteínas y grasas que pueden albergar bacterias, por ello, el método más efectivo para prevenir el SARS-CoV2 (Covid-19) consiste en el lavado constante de manos con agua y jabón, así como lavar y tallar las áreas, superficies, enseres u objetos que se encuentren en los establecimientos mercantiles.

De acuerdo a recomendaciones emitidas por los Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos de América, primero se deben limpiar y después desinfectar las superficies o los objetos, toda vez que el virus SARS-CoV2 (Covid-19) permanece en superficies u objetos durante varias horas, incluso días dependiendo del material.

La mejor forma de prevenir el esparcimiento del virus SARS-CoV2 (Covid-19) es limpiar la suciedad visible y después aplicar desinfectante, especialmente las superficies, áreas u objetos que puedan tener contacto con partes del cuerpo, ejemplo de estos son los pisos, manijas de puertas, agarraderas, barandales, puertas, mesas, mostradores, escritorios, sillas, ropa, inodoros, etcétera.

Es un hecho que las enfermedades se propagan de muchas maneras, como tosiendo, estornudando, por contacto directo de piel a piel, y tocando un objeto o superficie que contiene gérmenes y estos son los causantes de una infección y pueden estar presentes en los desechos humanos (orina, excremento) y los fluidos corporales (saliva, mocos, supuración de lesiones o heridas, supuración de los ojos, vómito y sangre).

Las personas infectadas pueden ser portadores de enfermedades contagiosas sin tener ningún síntoma, y pueden estar contagiosas antes de experimentar algún síntoma.

El personal que labora en los locales comerciales o que brindan algún servicio o desarrollan actividades consideradas como esenciales durante la emergencia sanitaria, necesitan protegerse ellos mismos y proteger a los consumidores o a la población limpiando y desinfectando rutinariamente las áreas expuestas, priorizando que las manos se deben lavar siempre que entren en contacto con fluidos corporales.

La limpieza rutinaria con un detergente líquido para todo uso o con un limpiador abrasivo y agua elimina la suciedad del establecimiento o local, al tallar las distintas áreas o superficies se reduce el número de gérmenes, el desinfectar con cloro no es efectivo a menos que la superficie se haya limpiado cuidadosamente previamente, también hay que tener cuidado con los vapores tóxicos, la corrosión y el descoloramiento de las superficies.

El que seamos responsables en la aplicación de las medidas para prevenir y evitar el contagio del coronavirus Covid-19 puede significar la diferencia entre la vida y la muerte y sobre todo, el contagio de nuestros seres queridos.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de Poderes y a los tres niveles de gobierno, formula atento exhorto al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, tenga a bien instruir a los titulares de las Secretarías de Salud, de Seguridad Pública, de Movilidad y de Protección Civil de dicha entidad federativa, para que implementen a la brevedad, un programa de capacitación dirigido a propietarios, encargados y empleados de lugares o establecimientos en donde se prestan servicios prioritarios o actividades consideradas como esenciales o en donde se comercializan productos de consumo durante la emergencia sanitaria, para instruirlos en técnicas y métodos para sanitizar y desinfectar las áreas, superficies, enseres u objetos que se encuentren en los mismos, como parte de las medidas de prevención y mitigación de la transmisión del virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Notas

1 Información tomada de la nota periodística denominada "Coronavirus de Wuhan: cómo se compara la cepa actual con el SARS y qué puede aprender China de la mortífera epidemia de hace 17 años, publicada por la Redacción de BBC News Mundo el 25 de enero de 2020 y que se puede consultar en el siguiente link: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51215128".

2 Información recabada de un artículo "Similitudes y diferencias entre la COVID 19 y la gripe"emitido por la Organización Panamericana de la Salud y publicado en su página oficial misma que se puede consultar en el siguiente link:

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15760:similarities-and-differences-covid-19-and-in fluenza&Itemid=1926&lang=es

3 Información generada por el "Center for Disease Control and Prevention" contenida en el documento: "Resultados graves entre los pacientes con enfermedad por coronavirus (Covid-19)", Estados Unidos, del 12 de febrero al 16 de marzo de 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 69: 343-346, 2020. doi: 10.15585/mmwr.mm6912e2external icon.

4 Información recabada de la nota periodística "El mapa mundial del coronavirus: casi 3,5 millones de casos y más de 248.000 muertos en todo el mundo", publicada el 4 de mayo de 2020 en el portal RTVE noticias, España y que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.rtve.es/noticias/20200504/mapa-mundial-del-coronavirus/1998 143.shtml

5 Información recabada de la nota periodística "Aumentan a 163 los casos positivos de Covid-19 y 22 muertes en Oaxaca", formulada por el C. Christian Jiménez y publicada el 2 de mayo de 2020 en la página electrónica del diario El Universal, Oaxaca, se puede consultar en el siguiente enlace:

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/02-05-2020/aum entan-163-los-casos-positivos-de-covid-19-y-22-defunciones-en-oaxaca

6 Información recabada de la nota periodística "Tuxtepec, segundo municipios con más contagios de Covis-19 y el de mayor letalidad en Oaxaca", publicada el 1 de mayo de 2020 en la página electrónica del diario El Universal, Oaxaca, se puede consultar en el siguiente enlace:

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/01-05-2020/tuxtepec-segundo-municipio-con-mas-contagios-de-covid-19-y-el-de-mayor

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión del Agua de Veracruz a establecer convenios con ciudadanos deudores para proporcionarles facilidades de pago según los respectivos ingresos personales y evitar así el corte del suministro, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz a realizar convenios con los ciudadanos deudores del pago del agua, a fin de proporcionar facilidades de pago de acuerdo a los ingresos personales de cada consumidor del agua, para evitar el corte del suministro del vital líquido, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el Grupo Parlamentario de Morena nos enfocamos en la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los más desprotegidos. En esta ocasión buscamos apoyar a las personas que por su condición económica no han podido pagar el agua, vital líquido para subsistir.

La promoción y protección de los derechos humanos son el eje central de cualquier sistema democrático. Los derechos humanos son la fuente de legitimidad moderna de las autoridades y por ello están presentes en todos los quehaceres y ámbitos del Estado, es decir, que toda legislación y política pública debe estar construida y sustentada a partir de los contenidos de los derechos fundamentales.

El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292,1 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general número 15 sobre el derecho al agua.2 El artículo I.1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La observación número 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Reconocer formalmente un derecho humano al agua y expresar la voluntad de dar contenido y hacer efectivo dicho derecho, puede ser una manera de estimular a la comunidad internacional y a los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua3 por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud.

El agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe ser saludable; es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Las medidas de seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares nacionales y/o locales de calidad del agua de boca. Las guías para la calidad del agua potable de la OMS proporcionan las bases para el desarrollo de estándares nacionales que, implementadas adecuadamente, garantizarán la salubridad del agua potable.

El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos, personal y doméstico. Todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad.

Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones académicas, en el lugar de trabajo o las instituciones de salud.

El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos. Algo que es importante resaltar y sobre todo aplicar es que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)4 sugiere que el costo del agua no debería superar 3 por ciento de los ingresos del hogar.

Con base en el concepto de no discriminación, el Comité establece que el agua salubre y los servicios deben estar al alcance físico y económico de todas las personas y especialmente de aquellas que históricamente no han podido ejercer este derecho por motivos de raza, religión, origen nacional, o cualquier otro de los motivos que están prohibidos.

Ahora bien, con respecto a la legislación en nuestro país, mediante una reforma constitucional al párrafo sexto del artículo 4o., publicada el 8 febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, dicho precepto a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Asimismo, debemos recordar que el 10 de junio de 2011 se reformó el artículo 1o. constitucional, para establecer que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Los principales instrumentos que regulan la administración del recurso hídrico en nuestro país son la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, ordenamientos jurídicos reglamentarios del artículo 27 de nuestra Constitución.

Asimismo, existen diversas normas oficiales mexicanas en materia de agua, que son definidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación (artículo 3, fracción XI).

En consecuencia, la política pública en materia de satisfacción del derecho al agua para los municipios veracruzanos debe estar enfocada y diseñada, por tanto, desde el estándar más alto de protección y ese estándar está delimitado por la observación general número 15 El derecho al agua (OG 15) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es decir que dicha política tiene que estar estructurada desde los elementos del derecho al agua como son la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad. Esto es muy importante porque el agua en Veracruz es un espejismo, el estado es el tercer lugar en la República con mayor biodiversidad en México, sólo después de Oaxaca y Chiapas.

Las cuencas que cruzan territorio veracruzano reciben 30 por ciento del escurrimiento nacional (121,000 hm3 por año),5 lo que representa alrededor de 12.8 por ciento del agua superficial embalsada del país.

El enfoque del suministro de agua potable y de servicios de saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos puede servir para impulsar la movilización de las personas, en particular de los pobres y los marginados, informarlas sobre los derechos que las asisten por ley y empoderarlas para que los ejerzan. El enfoque basado en los derechos humanos aporta un nuevo paradigma al sector de los recursos hídricos: el abastecimiento de agua potable deja de ser una obra de beneficencia, para convertirse en un derecho legal, con el ser humano como elemento central.

Un marco de derechos humanos no resuelve automáticamente las difíciles cuestiones normativas de la financiación, la prestación del servicio o la reglamentación, pero aporta normas internacionales que pueden orientar las decisiones políticas y económicas sobre la asignación de los recursos hídricos, hace que las personas sean escuchadas en la adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento, y puede fortalecer la rendición de cuentas de los Estados sobre la prestación de esos servicios.

Ahora bien, si es cierto que la ciudadanía tiene este derecho al agua, también tiene la responsabilidad de cumplir con su pago correspondiente conforme a derecho corresponde, ya que con estos recursos se brindan las mejoras necesarias para mantenimiento y mejoras de la infraestructura.

No obstante, este año 2020 particularmente, existe una gran crisis económica en todo el mundo, debido a la pandemia mundial del Covid-19. Muchas personas en el estado de Veracruz han perdido empleos, los negocios han tenido que cerrar y en muchas ocasiones ha quebrado. En consecuencia la economía de buena parte de los veracruzanos y de mucha gente en el país y el mundo, ha causado que no puedan cumplir con diversos compromisos económicos, entre ellos el del pago del agua correspondiente.

Debido a que no cuentan con los recursos en este momento para el pago correspondiente, los ciudadanos han sufrido de cortes de agua, en otras ocasiones han recibido amenazas de que si no pagan el agua, el servicio les será suspendido hasta su pago correspondiente.

Muchos ciudadanos han pedido que se les permita pagar su deuda en plazos divididos a dos o tres años, dado las circunstancias, debido a que la pandemia, a la fecha no tiene para cuando concluir, no obstante, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz no cedido a la mencionada petición.

El derecho al agua no prohíbe el corte del servicio, pero pone límites y condiciones a esta medida. En general, los cortes deben efectuarse respetando la ley y de un modo que sea compatible con el pacto.

En la observación general número 156 se subraya además que en ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua. Por consiguiente, la cantidad de agua potable de que dispone una persona puede reducirse, pero el corte total sólo es admisible si existe otra fuente que pueda proporcionar la cantidad mínima de agua potable necesaria para prevenir las enfermedades.

Sin embargo, la participación de la comunidad puede a veces acallar la voz de los miembros vulnerables de ésta, como las mujeres o las personas con discapacidad. Por consiguiente, debe velarse porque todas las personas de la comunidad puedan ejercer sus derechos y tengan un espacio para hacer oír su voz en el proceso de adopción de decisiones sobre el agua y el saneamiento.

La falta de acceso a agua potable y servicios de saneamiento afecta a las mujeres de modo particular. Cuando no hay agua potable en las viviendas, el acarreo de agua corre a cargo principalmente de las mujeres y las niñas. Ir a recoger y acarrear el agua lleva tiempo, y es una pesada carga.

Con gran frecuencia, las mujeres están excluidas de la adopción de decisiones relativas al agua y el saneamiento. Como consecuencia de ello, sus necesidades y circunstancias específicas no se toman en consideración al elaborar los programas de suministro de agua y saneamiento o al ampliar estos servicios.

La falta de agua potable aumenta la vulnerabilidad de los niños a las enfermedades. Su sistema inmunitario y sus mecanismos de desintoxicación no están plenamente desarrollados, por lo que tienen menos defensas ante las infecciones relacionadas con el agua. Los niños también tienen menos masa corporal que los adultos. Esto significa que las sustancias químicas transportadas por el agua pueden ser peligrosas para ellos a concentraciones que son relativamente inocuas para un adulto.

La posibilidad de acceder a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento es crucial también para las personas con discapacidad, que históricamente han sufrido marginación y discriminación debido, entre otras cosas, a que sus necesidades especiales no se han tenido en cuenta al diseñar los edificios, los servicios y la infraestructura. Sin embargo, el acceso a agua y a servicios de saneamiento es indispensable para una vida independiente y para el respeto de la dignidad.

La mayoría de los que no tienen los recursos suficientes para pagar el agua son personas pobres de zonas tanto urbanas como rurales.

Es por ello que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz a realizar convenios con los ciudadanos deudores del pago del agua, a fin de proporcionar facilidades de pago de acuerdo a los ingresos personales de cada consumidor del agua, para evitar el corte del suministro del vital líquido.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz a realizar convenios con los ciudadanos deudores del pago del agua, a fin de proporcionar facilidades de pago de acuerdo a los ingresos personales de cada consumidor, para evitar el corte del suministro del vital líquido.

Notas

1 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf

2 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

3 https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/wsh0302/es/

4 https://humanidadymedio.wordpress.com/2020/06/28/los-derechos-del-agua-dulce/

5 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992013000300001

6 https://agua.org.mx/biblioteca/observacion-general-15-onu-derecho-al-agua-2002/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2020.

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el ISSSTE y Servicios de Salud de Pemex a considerar enfermedad laboral el padecimiento por Covid-19 para pagar a los respectivos trabajadores salario completo en tanto convalecen durante la cuarentena, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud federal, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, a considerar la enfermedad del Covid-19 como enfermedad de trabajo, a fin de que se les pague a sus respectivos trabajadores el cien por ciento de su salario, en tanto se encuentren convaleciendo durante la cuarentena, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad social es todo programa de protección social establecido por una ley o por cualquier otro acuerdo obligatorio que ofrezca a las personas un cierto grado de seguridad de ingresos cuando afrontan las contingencias de la vejez, supervivencia, incapacidad, invalidez, desempleo o educación de los hijos. También puede ofrecer acceso a cuidados médicos curativos o preventivos.

La seguridad social, tal y como la define la Asociación Internacional de la Seguridad Social, puede incluir programas de seguridad social, programas de asistencia social, programas universales, programas de mutuas, cajas de previsión nacionales y otros sistemas, incluidos los enfoques orientados al mercado que, de conformidad con la legislación o práctica nacional, formen parte del sistema de seguridad social de un país.

Los primeros programas de seguridad social basados en el seguro obligatorio fueron establecidos en Europa, a finales del siglo XIX. No obstante, fue durante el siglo XX cuando los programas nacionales se desarrollaron de manera más general en todo el mundo, en gran medida como consecuencia de la descolonización y la institución de nuevos estados independientes después de la Segunda Guerra Mundial.

Diversas convenciones e instrumentos internacionales han respaldado el desarrollo de la seguridad social, y el reconocimiento de la seguridad social como un derecho humano fundamental fue consagrado en la Declaración de Universal de los Derechos Humanos de 1948.

En algunos países, la seguridad social es un derecho garantizado por la Constitución, por ejemplo, Alemania y Brasil. Actualmente, la mayoría de los países tienen algún tipo de sistema de seguridad social. En todo el mundo, los programas más comunes son los de las pensiones de vejez, invalidez y supervivencia, seguidos por programas de prestaciones por accidentes laborales y enfermedades profesionales, por enfermedad y maternidad, subsidios familiares y prestaciones por desempleo.

De conformidad con las estimaciones disponibles, cerca de 50 por ciento de la población mundial tiene acceso a algún tipo de seguridad social,1 aunque sólo 20 por ciento de la población dispone de una cobertura adecuada de la seguridad social.

La necesidad de extender la cobertura es, por lo tanto, un desafío clave para las organizaciones de seguridad social en todo el mundo. No obstante, sólo se podrá afrontar este desafío si se encuentran soluciones para cuestiones políticas más generales, incluido el envejecimiento demográfico de la población, las estructuras familiares cambiantes, el impacto de la globalización económica, el crecimiento de los mercados de trabajo informales y las evoluciones epidemiológicas y medioambientales.

Los derechos humanos se integran por aquellas normas que consagran libertades y prerrogativas básicas de las personas. Estos derechos surgen a partir de la necesidad de establecer condiciones elementales que aseguran la existencia y favorezcan el desarrollo de la persona, se sustentan en la dignidad humana, y también constituyen límites contra el uso arbitrario o irracional del poder; pueden ejercerse desde las dimensiones individual y social o colectiva, es el caso de los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a la protección de la salud, a la educación y los derechos culturales.

Se caracterizan por ser universales, es decir, que todos los seres humanos son titulares de estos derechos, sin limitaciones; inalienables, lo que significa que no es posible transferirlos; indivisibles, interdependientes e interrelacionados, estas cualidades se traducen en que los derechos humanos están vinculados entre sí de tal modo que la satisfacción o la afectación a alguno de ellos, necesariamente impacta a otros derechos; poseen un carácter progresivo, es decir que una vez alcanzado un determinado nivel o estándar, la protección que brinda este derecho debe ampliarse; y en su ejercicio, alcances y dimensiones, los derechos humanos son transversales, pues cada bien jurídico que protegen abarca e impacta múltiples instrumentos, ámbitos y problemáticas.

La seguridad social puede entenderse como las medidas que establece el Estado para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y apropiada protección para salud, a la seguridad social deben contribuir, patrones, obreros y el Estado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece en el artículo 22 lo siguiente: “Toda persona tiene derecho, como miembro de la sociedad, a la seguridad social...”.2 Evidentemente, no es el único instrumento internacional que reconoce este derecho. El derecho a la seguridad social, es hoy un derecho plenamente reconocido por el Derecho Internacional de los derechos humanos.

El 10 de junio del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las reformas constitucionales más trascendentales en los últimos años en nuestro país, principalmente lo que refiere al artículo primero, al resguardar a partir de ese momento los principios inherentes de los derechos humanos, y ponderar a su vez la obligatoriedad inexcusable por parte del Estado mexicano de reconocer los derechos humanos contenidos en la propia Constitución, así como aquellos desprendidos de los tratados internacionales ratificados por el Senado de la Republica.

Con lo anterior, se pretendió dotar de eficacia al reconocimiento de los derechos inseparables a la naturaleza humana, como lo han hecho distintos países en el orbe, entre ellos Argentina en el año 1994, Ecuador en 2008, Bolivia en 2009, los cuales han adoptado una perspectiva global del derecho, al dotar de exigibilidad a aquellos derechos derivados de los instrumentos jurídicos internacionales adoptados por ellos mismos.

Así las cosas, en nuestro país el artículo 1o. constitucional, quedó de la siguiente manera:

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Consecuentemente la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos no sólo será para los organismos públicos del sistema Ombudsman, sino también para el Estado mexicano y principalmente para aquellas instituciones que se dedican a la impartición y administración de justicia, las cuales además deberán velar por promover, garantizar y respetar tales derechos inseparables a la naturaleza humana.

Asimismo, se considera imprescindible abordar el principio pro persona inserto en la reforma constitucional, toda vez que permite la interpretación de los derechos humanos conforme a la propia Constitución y con los tratados internacionales ratificados, cuya finalidad es ponderar aquellos derechos que más beneficien al individuo, permitiendo la aplicabilidad de los derechos humanos por autoridades jurisdiccionales nacionales.

Con lo anterior, pretendemos demostrar que a partir de la citada reforma, aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos incluyendo cartas, convenios, protocolos, pactos y declaraciones, son vinculatorios para el Estado mexicano, por constituir derecho positivo vigente, y que precisa al Estado de su cumplimento, con independencia de los compromisos adquiridos frente a otras instancias internacionales.

Es así que la seguridad social es un derecho humano, reconocido en tratados internacionales y la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, cuyo término aún no ha sido del todo definido, pero que es desentrañado por la Organización Internacional del Trabajo, en la obra “Seguridad Social: Guía de Educación Obrera” (OIT.1995:6) de la siguiente manera, a saber:

“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionaría la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.

Como se advierte de la definición anterior, la seguridad social se posiciona como un elemento relevante en la política social de un país, debido a que históricamente el hombre ha buscado compensar y superar la inseguridad con la que vive cotidianamente, surgiendo los primeros esbozos de la seguridad social en las corporaciones mutualistas y las sociedades gremiales, dado que estas buscaban en un ánimo de solidaridad, hacer frente a las inclemencias que pudieran surgir a sus agremiados.

De tal modo que el objeto de la seguridad social en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la consecución del bienestar general mediante el otorgamiento de prestaciones en dinero y en especie a la población derechohabiente, donde los institutos de seguridad social se vuelven un elemento facilitador para allegar a la población de dichos beneficios.

La seguridad social hace frente a aquellas contingencias en las cuales el ser humano se ve involucrado, ya sea de manera contingencial o previsional, debido a los riesgos acontecidos por motivos de salud, edad, trabajo o de aquello que le aleje de la vida productiva, situación que representa a la justicia social, por existir conexión con las necesidades y condiciones naturales y sociales del ser humano, a través del manto protector de la Seguridad Social, traducido en prestaciones en dinero (ayudas, pensiones o subsidios) o en especie (atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, etcétera) a efecto de lograr la dignificación de la naturaleza humana y consecuentemente la elevación de la calidad de vida de la sociedad misma.

Precisamente una gran contingencia a nivel mundial ha sido la pandemia del Covid-19. Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del virus SARS-CoV2 (Covid-19) como pandemia, en consecuencia, México hace lo propio, reconociendo desde el 23 de marzo dicha enfermedad como grave de atención prioritaria.

Esta pandemia ha traído consigo grandes retos para el personal de salud. El personal de salud son todas las personas involucradas en actividades para mejorar la salud y comprende a quienes proporcionan los servicios (médicos, enfermeras, parteras, odontólogos, trabajadores comunitarios y trabajadores sociales, personal de laboratorio, gabinete, farmacéuticos, personal auxiliar). También se incluye a quienes dirigen y organizan el funcionamiento del sistema de salud como gerentes, administradores o directivos.

El trabajo del personal de salud es mucho más que la atención directa a los enfermos de Covid-19. Sus tareas también consisten en cuidar la salud de la población a través de actividades de educación, prevención y promoción; además, realizan tareas como identificar casos, buscan sus contactos, toman y analizan pruebas diagnósticas, entro otras actividades adicionales a su trabajo diario, tanto en clínicas y hospitales como en la comunidad.

En la atención a la pandemia por Covid-19, el personal de salud enfrenta muchos retos, de entre los cuales, se han identificado tres como prioritarios: pandemónium, derivado de la celeridad del avance de la pandemia y del caos inicial para responder a la emergencia; la precariedad del sistema de salud para responder a un problema de salud pública de gran magnitud, y la paranoia derivada de la respuesta social del temor ante lo desconocido.

Pandemónium. Desde el inicio, el personal de salud ha estado como primera línea de atención, expuesto a circunstancias extremas para desempeñar su trabajo, a mayor riesgo de infección, largas jornadas laborales, en muchos casos sin el equipo apropiado y enfrentando angustia, fatiga, agotamiento ocupacional, incertidumbre, dilemas éticos e inusitadamente, estigma, que se manifiesta en violencia física y psicológica por parte de la población.

Precariedad. Existe insuficiencia de personal de salud y ante la pandemia, esta necesidad se ha exacerbado. La velocidad en el incremento del número de pacientes detonó medidas urgentes para equilibrar la capacidad de oferta de los servicios. La insuficiencia de personal de salud ha sido tangible, no únicamente en términos de cantidad, también de sus competencias.

Por otra parte, el temor ante lo desconocido por parte de la población ha generado la paranoia, una conducta agresiva y discriminatoria hacia los profesionales de la salud. La sociedad requiere de información clara, precisa y entendible acerca de la importancia y valor del personal de salud ante la pandemia. Algunos ciudadanos han reaccionado de forma atípica ante el personal de salud, se han documentado agresiones físicas, verbales y discriminación. Esta conducta agresiva detonó que el gobierno asignara personal de la guardia nacional para resguardar la seguridad del personal en los hospitales. No obstante, la mayor parte de la sociedad reconoce la labor del personal de salud que atiende a los pacientes con Covid-19.

En estas condiciones, es cierto que el personal de salud merece reconocimiento, pero lo que requiere es la respuesta cabal del sistema de salud para brindar condiciones laborales más apropiadas que ayuden a contender con un problema de salud pública que ha puesto a prueba a los sistemas de salud a nivel global.

Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó los criterios bajo los cuales se calificará como enfermedad de trabajo al Covid-19, sobre todo para los trabajadores que están expuestos en primera línea (sector salud), pero también para todos aquellos que continúan laborando al encontrarse en sectores prioritarios de las actividades económicas.

Lo anterior, implicaría que, una vez que sea declarado como enfermedad de trabajo, se cubra el pago de incapacidad al cien por ciento a partir del día uno, considerando el salario base de cotización. Cabe señalar que cuando se trata sólo de enfermedad se paga 60 por ciento del salario, y esto se realiza al cuarto día.

En la circular número 09 90 01300000/2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló el procedimiento que deberán seguir en medicina del trabajo para determinar la infección del coronavirus como enfermedad del trabajo.

En ese sentido, detalla la circular que se toman en cuenta las actividades que establecieron las autoridades de la Secretaría de Salud como son las unidades de primero, segundo y tercer nivel de atención y en general los integrantes del equipo de salud del sector público y privado en los cuales se encuentran: médicos, enfermeras, de los servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio y gabinete), asistentes médicos, de trabajo social, terapia respiratoria y dietología, servicio de intendencia, auxiliares del servicio de patología y cualquier otro puesto de trabajo que tenga contacto con pacientes en los servicios de consulta externa, urgencias, admisión continua y terapia intensiva.

Asimismo, aquellos puestos donde se demuestra que el trabajador estuvo expuesto a la infección del coronavirus en el ejercicio o con motivo de su trabajo, es decir, que cuenten con mayor riesgo de contagio que el de la población general, sobre todo si se desempeñan en actividad laboral esencial, como periodistas, personal de supermercados, farmacias, limpieza y demás actividades consideradas como esenciales.

El IMSS es un ejemplo a seguir respecto a brindar la seguridad social que requieren sus trabajadores, es por ello que invitamos a que también se sumen las demás instituciones de salud para que hagan lo propio. Por ello se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud Federal, ISSSTE y Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, a considerar la enfermedad del Covid-19 como enfermedad de trabajo, a fin de que se les pague a sus respectivos trabajadores el cien por ciento de su salario, en tanto se encuentren convaleciendo durante la cuarentena.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud federal, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, a considerar la enfermedad del Covid-19 como enfermedad de trabajo, a fin de que se les pague a sus respectivos trabajadores el cien por ciento de su salario, en tanto se encuentren convaleciendo durante la cuarentena.

Notas

1 https://news.un.org/es/story/2019/03/1453401

2 https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2020.

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a analizar la importancia de invertir en la primera infancia y las oportunidades que ello traerá, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Samuel Herrera Chávez, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, para que en el ámbito de su competencia analicen la importancia de invertir en la primera infancia y las oportunidades que traerá esta inversión.

Consideraciones

Sin duda, México es uno de los países que más ha trabajado para garantizar el bienestar infantil. Se han creado mecanismos legales e institucionales para vigilar el respeto a los derechos de nuestros menores. Tenemos una Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, una Procuraduría Federal de Protección de Menores de 18 años y se puso en marcha la Estrategia Nacional de Primera Infancia y de su Ruta Integral de atenciones para la Primera Infancia (ENAPI).

Sin embargo, este compromiso no se ha reflejado en materia presupuestal, ya que en nuestro país se continúa con una deuda histórica con los niños y niñas de la primera infancia (0 a 5 años), misma que debe abatirse mediante asignaciones presupuestales que aseguren la calidad y equidad de manera sostenida.

Aunado a lo anterior, este año la pandemia por Covid-19 no sólo ha mermado la economía global, tendrá un impacto negativo severo en nuestra población infantil, ya los especialistas la han calificado como la “generación perdida”, no sólo por los recortes presupuestales que se han realizado en los últimos años a la primera infancia, también por la epidemia de Coronavirus que los mantiene asilados. Se habla de unos 12.5 millones de niños de 0 a 5 años que este año no cuentan con servicios de salud, educativos y por si esto no fuera suficiente, están expuestos, hoy más que nunca a la violencia intrafamiliar.

Con base en los estudios presentados durante la Primera Semana del Pacto por la Primera Infancia y en la que tuvo importante participación la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de esta Cámara de Diputados, las inversiones para asegurar el desarrollo integral de la primera infancia son más redituables que ninguna otra inversión y el costo de invertir en esta primera etapa, tanto en cobertura como en calidad, es menor que el costo total de intentar remediar sus consecuencias en todas las siguientes etapas de la vida.

Tanto el gobierno federal como el estatal y municipal deben trabajar en conjunto para apoyar a las familias y que éstas puedan llevar a cabo sus funciones para una buena crianza, asegurándoles todos los derechos de la infancia. El derecho de prioridad que legalmente tienen los niños y las niñas debe estar presente en todas las decisiones políticas y presupuestarias, dando prioridad a sus derechos antes que a otros grupos de la población. Los niños y niñas en primera infancia son las tercera parte (33 por ciento) de la población de 0 a 18 años y sólo reciben 10 por ciento de los recursos del presupuesto de egresos.

Los estudios demuestran que los niños y niñas que viven en pobreza y/o pobreza extrema en sus primeros años de vida, se verán afectados en mayor medida y vivirán las consecuencias el resto de sus vidas. Por este motivo, es imprescindible invertir en la primera infancia, debemos destinar recursos suficientes de los presupuestos anuales que garanticen la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia. En el caso de la educación inicial, si queremos que ésta tenga éxito debemos invertir para asegurar que sea de alta calidad y cubra a este grupo etario en todo el país.

Es fundamental dividir en los presupuestos de egresos los ciclos de edad de la población, integrando a la primera infancia con todos sus derechos, no sólo por mandato constitucional, también por ser el grupo más vulnerable, el apoyo que le debemos será redituable para ellos y por ende para México.

Por lo que respecta a los gobiernos estatales y municipales, éstos tienen la obligación de invertir, vigilar y transparentar los recursos que destinan para el desarrollo de la primera infancia, así como el ejercicio efectivo de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, para que, en su ámbito de competencia, analicen la importancia de invertir en la Primera Infancia y las oportunidades que traerá esta inversión.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Puebla a esclarecer de manera pronta y completa la debida impartición de justicia en el caso de la menor identificada como Yaz, de siete años, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada federal Julieta Kristal Vences Valencia , integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales con el propósito de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, uno de los más importantes es la Convención sobre los derechos del niño que en su artículo segundo establece que:

“1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”

Asimismo en el artículo tercero estable que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos internacionales y organizaciones civiles para garantizar una viva plena de las niñas y niños, la violencia hacia las infancias aun persiste, convirtiéndose en un enemigo silencioso que vive muchas veces dentro de los senos familiares.

De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), mil millones de niños sufren cada año alguna forma de violencia emocional, física o sexual; y un infante muere cada cinco minutos como resultado de la violencia, a pesar del derecho de los niños y niñas a la protección contra la violencia, estipulado en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Según el estudio sobre el informe mundial sobre violencia de el Unicef menciona que sólo una pequeña proporción de los actos de violencia contra los niños y niñas es denunciada e investigada y pocos autores son procesados. En muchos lugares del mundo no hay sistemas responsables de registrar e investigar a fondo las denuncias de violencia contra los niños y niñas. En los casos en los que existen estadísticas oficiales basadas en denuncias de violencia en el hogar y otros entornos, éstas subestiman dramáticamente la verdadera magnitud del problema. Existen varias razones por las que se da esta falta de denuncia. Los niños y niñas más pequeños que sufren violencia en sus hogares carecen de la capacidad de denunciar. Muchos niños y niñas tienen miedo de denunciar los incidentes de violencia por temor a sufrir represalias por parte de los autores o por temor a que la intervención de las autoridades pueda empeorar su situación.

Ante esta realidad el Unicef ha propuesto diversas acciones y medidas para disminuir y contrarrestar la violencia contra infantes, entre las que se destacan las siguientes:

-La promulgación y aplicación por parte de los gobiernos de leyes nacionales efectivas contra la violencia que incluyan la prohibición del castigo corporal, así como la introducción de penas estrictas para el abuso sexual, la exigencia de información y seguimiento para los asistentes sociales y trabajadores sanitarios, códigos de conducta para maestros, oficiales de policía, guardas y otras personas que trabajen en estrecha proximidad con niños y niñas.

-La apertura del debate sobre este tema en la sociedad. La violencia contra los niños y las niñas no es un asunto privado, y es necesario llevarla a la atención del público a través de los medios de comunicación, a fin de fomentar conductas y prácticas más protectoras, y ayudar a los niños y niñas a expresarse sobre la violencia.

-La ayuda a los niños y las niñas a identificar, evitar y, si es necesario, afrontar situaciones potencialmente violentas, ofreciéndoles información sobre sus derechos y sobre cómo deben comunicar de una forma segura información sobre abusos a quien pueda tomar medidas.

-La formación de maestros, asistentes sociales, personal médico y otras personas que estén en estrecha proximidad con las niñas y los niños, sobre medidas de prevención y protección, para que puedan detectar el abuso a tiempo y ofrecer respuestas apropiadas.

En países como México, el nivel de violencia intrafamiliar no debe desestimarse, particularmente en contextos como el actual. Las llamadas a refugios reportando violencia han registrado un incremento del 60 al 80 por ciento y las solicitudes de asilo en estos espacios ha incrementado un 30 por ciento, según datos de la Red Nacional de Refugios.

Desde el inicio de la contingencia, se han registrado 115 mil 614 llamadas de emergencia al 911 por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar, mostrando un incremento del 28 por ciento en marzo en relación a enero, por ejemplo.1

La realidad de la violencia infantil no está alejada de nuestra realidad social, basta recordar que desde hace algunos días diversos medios de comunicación daban a conocer la terrible situación por la que pasaba una menor que fue identificada como “Yaz”.

La menor fue ingresada al hospital La Margarita del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) el 21 de agosto, presentando lesiones graves.

El Sol de Puebla mencionó que: “Con tan sólo 7 años de edad esta pequeña ha sido víctima de brutales agresiones físicas, abuso sexual y maltrato psicológico y hasta ha enfrentado la muerte de su pequeña hermana, al parecer todo a manos de sus propios padres”.2

Ante esta realidad es necesario que se investigue y se castigue a las y los responsables de estos terribles hechos, tanto de las personas encargadas de su cuidado, como de las autoridades que posiblemente fueron omisas ante estos hechos, ya que la menor fue ingresada dos ocasiones anteriores.

Según El Sol de Puebla , la Fiscalía de Puebla ya conocía del caso, incluso a través de un boletín de empresa publicado la noche de ese mismo jueves reconoció que “El 22 de agosto, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, tomó conocimiento por parte del Hospital del IMSS de La Margarita, sobre el ingreso de la afectada”.

Después de darse a conocer las notas; colectivos, usuarios y usuarias en redes sociales, activistas y medios de comunicación, han solicitado que se esclarezcan los hechos, y veo necesario sumarme a estas exigencias sociales, como legisladora me preocupa que se garantice el interés superior de la niñez.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta para que, en el ámbito de las atribuciones, funciones y responsabilidades la Fiscalía General del Estado de Puebla, esclarezca de manera pronta, completa y se garantice la debida impartición de justicia en el caso de la menor identificada como Yaz, de siete años, en el estado.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Puebla para que, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan los protocolos para prevenir y atender de manera oportuna la violencia infantil y establezcan las medidas necesarias para garantizar el interés superior de la niñez.

Notas

1 Cifras actualizadas al 31 de marzo de 2020. Disponible en: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

2 El Sol de Puebla, recuperado el 30 de agosto de 2020, disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/policiaca/el-infierno-en-casa-la-histo ria-de-la-nina-yaz-que-ha-cimbrado-a-puebla-maltrato-infantil-5684910.h tml

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a emitir un acuerdo modificatorio de las Reglas de Operación del programa Sembrando Vida correspondientes a 2020 para incluir en la región Oaxaca-Chiapas el territorio del Papaloapan, donde pueden implantarse con efectividad sistemas productivos agroforestales, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Irineo Molina Espinoza , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esa honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Bienestar a emitir un acuerdo modificatorio de las Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida para el Ejercicio Fiscal 2020, para incluir dentro de la Región Oaxaca-Chiapas a la Región del Papaloapan, por ser una zona en donde se pueden implementar con efectividad sistemas productivos agroforestales , de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

Un gobierno democrático como el que actualmente tiene México, considerado promotor y generador de bienestar social, ha dado prioridad a terminar con las desigualdades sociales que afectan en mayor medida a los sectores vulnerables, entre los que se encuentra la población de las localidades rurales.

En la actual administración se están implementando diversas acciones para impulsar el desarrollo rural integral, prueba de ello, es el Programa Sembrando Vida que pretende potencializar la sustentabilidad de las zonas rurales que concentran recursos naturales, biodiversidad y pueblos originarios.

Desafortunadamente, en las zonas rurales es donde se concentran los mayores índices de pobreza y rezago social, situación que el gobierno actual ha identificado y que pretende revertir a través de la autoproducción alimentaria para satisfacer sus necesidades básicas, la comercialización de sus excedentes y sobre todo, generar empleo y bienestar para los hogares de la población rural.

Los gobiernos anteriores no dieron la importancia que este sector de la población reviste, ya que las zonas rurales si cuentan con los mecanismo idóneos y el apoyo del gobierno, pueden convertirse en actores sumamente estratégicos para el desarrollo del campo y en general para toda la nación.

Ante dicha situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con esa visión de hombre de Estado que lo caracteriza, como parte de sus acciones y políticas públicas para romper la inercia y vicios del pasado que subvaloraron al agro mexicano, instruyó la implementación del Programa Sembrando Vida con el objetivo principal de empoderar a la población campesina e incorporarla de manera efectiva al desarrollo nacional.

Dicho programa instrumentado a través de la Secretaría de Bienestar, sirve de medio a corto, mediano y largo plazo para fomentar la actividad agropecuaria y forestal optimizando el uso y aprovechamiento de la tierra, incluyendo obras de infraestructura, insumos, créditos, capacitación y asistencia técnica, por lo que se considera al Programa Sembrando Vida como uno de los principales programas del Ramo 20 para impulsar la participación social, la inclusión productiva y el desarrollo comunitario estableciendo sistemas de producción agroforestales.

Lo vanguardista de este programa social, radica en que se generan apoyos para los sujetos agrarios que no cuentan con los recursos y conocimientos necesarios para producir alimentos derivados de cultivos para convertirlos en sistemas agrícolas sustentables.

Con dichas acciones, se pretende la recuperación de suelos, revirtiendo la deforestación, permitiendo mejorar el medio ambiente y, sobre todo, alcanzar la suficiencia alimentaria.

A través de este programa se incentiva a los sujetos agrarios a combinar la producción de los cultivos tradicionales con árboles frutícolas y maderables, utilizando un sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales, con lo que se podrá recuperar la cobertura forestal de un millón setenta y cinco mil hectáreas en el país.

De igual manera, se promueve la participación igualitaria de hombres y mujeres en la generación de sistemas productivos agroforestales, lo que permitirá fortalecer el tejido social de las comunidades rurales.

El Programa Sembrando Vida, de acuerdo a las Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal 2020, tiene cobertura en 20 entidades federativas, entre las que se encuentran: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

La población objetivo del Programa que reciben el apoyo económico mensual de $5,000 (Cinco mil pesos 00/100 M.N), son sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales de las entidades federativas mencionadas en el párrafo que antecede, cuyo ingreso sea inferior a la línea de bienestar rural y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajada en un proyecto agroforestal, también se brindan apoyos en especie para dicha producción agroforestal como plantas, insumos, herramientas, así como asesoría técnica para la implementación de sistemas agroforestales.

Otro aspecto importante del programa social es que atiende localidades rurales priorizando aquellos con población indígena y afromexicanos con rezago social que se ubiquen en regiones con alto potencial ambiental, forestal y de producción de alimentos, para mejorar sus ingresos, derivado de la implementación de sistemas agroforestales en sus parcelas.

En las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, se estableció en el numeral 4.1., integrado al apartado denominado “Mecánica Operativa”, que las 20 entidades federativas en las que se aplica el Programa Sembrando Vida se agruparan en cinco regiones:

1. Región Veracruz-Huastecas: Acayucan, Papantla, Córdoba, Tantoyuca, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí.

2. Región Oaxaca-Chiapas: Palenque, Ocosingo, Pichucalco, Tapachula Istmo y Mixteca-Sierra Norte.

3. Región Tabasco-Península: Comalcalco, Teapa, Balancán, Xpujil y Othón P. Blanco.

4. Región Altiplano-Pacífico: Sinaloa, Colima, Chihuahua, Nayarit, Guerrero y Durango.

5. Región Centro: Puebla, Tlaxcala, Morelos y Michoacán.

Como se puede apreciar, en la Región Oaxaca-Chiapas, integrada por Palenque, Ocosingo, Pichucalco, Tapachula Istmo y Mixteca-Sierra Norte, no se incluyó a la Región del Papaloapan o Región de Tuxtepec, Oaxaca, situación que se considera desafortunada, toda vez que es una de las más importantes regiones hidrológicas del país, por los doce ríos que la componen (Salado, Grande, Trinidad, Valle Nacional, Playa Vicente, Santo Domingo, Tonto, Blanco, San Juan, Tesechoacán, Papaloapan, Llanuras del Papaloapan).

De igual manera, dicha Región del Papaloapan abarca una superficie de 8 mil 496.79 kilómetros cuadrados, la conforman los distritos de Tuxtepec y el de Choápam, integrados por los municipios Acatlán de Pérez Figueroa, Ayotzintepec, Cosoapa, Loma Bonita, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San José Chiltepec, San José Independencia, San Juan Bautista Tuxtepec, San Lucas Ojitlán, San Miguel Soyaltepec, San Pedro Ixcatlán, Santa María Jacatepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Comaltepec, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, Santiago Choapam, Santiago Jocotepec y Santiago Yaveo.1

La Región del Papaloapan o de Tuxtepec es muy prospera y dinámica, con valiosa importancia en la economía de Oaxaca, ya que representa la cuarta concentración de población en el estado y constituye 12.2 por ciento de su población total con 482, 149 habitantes, tiene mil 233 localidades,2 en esta región se ubica la tercera zona metropolitana de mayor importancia en Oaxaca y un poco más de la mitad de su población vive en comunidades rurales, pequeñas y dispersas, principalmente en zonas serranas.

En la Región del Papaloapan predomina la población indígena de los grupos Chinanteca, Cuicateca y Mazateca, el 38 por ciento de la población habla alguna lengua indígena, el 65.5 por ciento de su población se considera indígena, el 35.6 por ciento de su población son trabajadores agropecuarios, por otro lado, el 11 por ciento de la población que tiene entre 3 a 14 años no asiste a la escuela y el 12 por ciento de su población entre 6 a 14 años no sabe leer ni escribir.3

Por otro lado, los principales productos de la región de acuerdo al valor de la producción son primeramente la caña con 48 por ciento del valor de la producción, seguido del pasto con 24 por ciento y la piña con 7 por ciento, así como producción de limón y litchi, además de producir hule natural.4

Por todos estos aspectos, se estima que la Región del Papaloapan debe integrarse a la Región Oaxaca-Chiapas de aplicación del Programa Sembrando Vida para este ejercicio fiscal 2020 y para los subsecuentes, ya que tiene muchas potencialidades para que en ella se implementen con efectividad los Sistemas Agroalimentarios, además de ser una región estratégica e importante para ampliar y diversificar la producción agroindustrial de diversos productos del campo, sumado a que cuenta con grandes recursos hídricos, una excelente ubicación geográfica y cuenta con sectores de población indígena y afrodescendientes que principalmente viven en zonas rurales y serranas y cuyo nivel de marginación y pobreza es alto.

Por ello, se solicita a la autoridad ejecutora del Programa Sembrando Vida que se modifiquen las Reglas de Operación de dicho programa para el ejercicio fiscal 2020 y se integre a la población rural de la Región del Papaloapan en Oaxaca como beneficiarios del mismo, considerando al padrón de beneficiarios de dicha región en los subsecuentes ejercicios fiscales.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, formula atento exhorto al titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, para que tenga a bien emitir un acuerdo modificatorio del primigenio por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, para incluir en la Región Oaxaca-Chiapas a los municipios que integran la Región del Papaloapan, toda vez que por las características de su flora, su infraestructura hidráulica, así como por el número de su población indígena y afrodescendiente puede consolidarse como una zona estratégica para la implementación de sistemas productivos agroforestales e incluirla en su padrón de beneficiarios para los ejercicios fiscales subsecuentes.

Notas

1 Información tomada de la Enciclopedia de los Municipios de México, referente a la Región del Papaloapan del Estado de Oaxaca y que se puede consultar en el siguiente link: https://web.archive.org/web/20110616190754/http://www.e-local.gob.mx/wo rk/templates/enciclo/oaxaca/20reg05.html

2 Información contenida en el Censo de Población y Vivienda 2010.

3 Información generada por el INEGI en la encuesta intercensal 2015

4 Información generada por el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a investigar la posible violación en materia de seguridad en las concesiones de Aleatica, a cargo del diputado Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Agustín García Rubio , diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y artículo 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a investigar la posible violación en materia de seguridad de las concesiones de la empresa Aleatica , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Algunos automovilistas desconocen que cuentan con los servicios que se tiene por el pago del uso de dicha vía, ya que contempla el seguro y vehículos de emergencia y de auxilio vial.

El problema de la seguridad vial es un tema de atención prioritaria por parte de los gobiernos, principalmente por tres tipos de razones: humanitarias, de salud pública y económicas. La importancia de atender este problema se basa en argumentos como los siguientes: según datos de nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se tiene arriba de un millón de muertes por año en el mundo por accidentes viales y más de 20 millones de personas lesionadas, para una población del orden de 6 mil millones de habitantes. La mayoría de esas víctimas ocurre en los países en desarrollo, y las cifras aumentan en la medida en que su parque automotor crece.

El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) ha estimado el costo directo de los accidentes en carreteras federales del orden de los mil 200 millones de dólares, es decir, alrededor de 0.3 por ciento del producto interno bruto (PIB). Se estima que si se considerasen todos los ocurridos en las redes de otras jurisdicciones, como las urbanas y las estatales, se tendría que en el país representan del orden de 1 por ciento del PIB. En Estados Unidos, estimaciones de 2014 indicaron que el costo de los accidentes viales ascendió a alrededor de 2 por ciento de su PIB.

A partir de una revisión bibliográfica internacional, se ha observado que en muchos países, incluyendo a México y a otros latinoamericanos, la atención de esta problemática ha sido exitosa a través de un proceso de planeación estratégica constituido por los siguientes pasos: I) Formulación de una visión o filosofía; II) Análisis del problema; III) Definición de metas; IV) Desarrollo de medidas de mejoramiento; y V) Mecanismos de evaluación y monitoreo.

Como resultado del proceso de planeación estratégica deben generarse planes integrales multianuales, que incluyan programas dentro de los siguientes cinco tipos de estrategia: control de exposición; prevención de accidentes a través de la ingeniería; prevención de accidentes por modificación de la conducta; control de lesiones y manejo de lesionados.

Lo anterior para construir programas de mejoramiento de la seguridad vial, es decir, buscar modos de transporte más seguros; tratar de reducir los accidentes a través de mejores vehículos y carreteras más seguras; pero también mejorando los sitios conflictivos; se debe modificar la conducta de todos los usuarios (peatones, ciclistas, motociclistas y conductores), donde juega un papel muy importante el cumplimiento de las regulaciones; trabajar en el control de velocidades, en que cada vez vayan mejor equipadas las personas en los vehículos y, finalmente, que el manejo de los lesionados sea oportuno y adecuado.

En los países más avanzados en la atención de esta problemática, el mejoramiento de la seguridad vial se efectúa a través de los denominados Sistemas de Administración de la Seguridad. Se basan en un mecanismo constituido por un Comité Directivo General y grupos de trabajo subordinados a dicho Comité, dirigidos a identificar, evaluar, implementar y dar seguimiento a toda oportunidad de mejorar la seguridad.

En el caso de México, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instrumentó desde 1997 el Comité Nacional de Prevención de Accidentes en Carreteras y Vialidades (Conaprea), que tiene jurídicamente el carácter de cuerpo colegiado, sesiona cada tres meses, revisando los avances de los grupos de trabajo y definiendo nuevas directrices y planes para dichos grupos.

Existen dos tipos de actuaciones que se pueden hacer en esta materia: una son las auditorías en seguridad carretera, que básicamente son un intento formal de revisión de un proyecto de construcción o de rehabilitación de una carretera, de reordenamiento del tránsito o de cualquier otro proyecto que afecte las condiciones de seguridad, con el fin de identificar posibles problemas; el otro tipo de enfoque es el tratamiento de sitios de alta concentración de accidentes o “puntos negros”.

Las auditorías son enfoques en donde un experto o equipo de expertos revisan un proyecto y van determinando sus insuficiencias en materia de seguridad, además de recomendar las mejoras correspondientes, ya que si la carretera se construyese con esas fallas o problemas, entonces sería mucho más caro incidir en ellas, incluyendo el costo de los accidentes y sus consecuencias en heridos, muertos y daños materiales

Un programa para el tratamiento de sitios de alta concentración de accidentes o “puntos negros” tiene como objetivos: identificar esos sitios con un inherente alto riesgo de pérdidas por accidentes y una oportunidad económicamente justificable de reducir el riesgo, e identificar opciones de mejoramiento y prioridades que maximicen los beneficios económicos.

Este programa consta de tres fases principales:

1. Fase de identificación de los sitios. Consiste en la ubicación de los sitios con alta incidencia de accidentes.

2. Fase de investigación. En esta fase se tienen dos capítulos importantes: el primero, se refiere a la identificación y diagnóstico de problemas de colisión; el segundo, a la selección de medidas de mejoramiento de acuerdo con el diagnóstico anterior.

3. Fase de aplicación del programa. Se jerarquizan los sitios para su tratamiento, se preparan los planos de diseño y todo lo relacionado con la propuesta para implementar la medida.

Las tres fases del programa de identificación y tratamiento de sitios de alta concentración de accidentes. Tanto para la integración de los programas de acciones en la atención de los puntos negros, como para la integración de los programas globales de seguridad, debe hacerse una evaluación económica de las alternativas de mejoramiento que se hayan contemplado: se deben identificar los costos y los beneficios relevantes.

Los beneficios estarán representados fundamentalmente por la reducción de los accidentes y sus consecuencias, es decir, sería la diferencia entre el costo de los accidentes antes y después de la mejora.

Otro tipo de evaluación es la estimación de la efectividad de las medidas implantadas mediante estudios de “antes y después”. Básicamente, a lo que estos estudios se refieren es a la comparación del comportamiento de la seguridad en un sitio, antes y después de haberlo tratado. Sin embargo, es importante considerar que los resultados de los estudios pueden estar contaminados por algunos efectos, como la regresión a la media, la migración de accidentes y la compensación del riesgo, que pueden dar conclusiones falsas.

El factor humano, que es el aspecto más importante de la seguridad vial, pues en la mayoría de los partes (reportes) se registra que por el factor humano se alcanza el 70 por ciento de los accidentes en México, citando como causa principal el exceso de velocidad, la violación de las regulaciones de tránsito y diversos factores más; entonces mejorar la infraestructura es muy importante, de hecho es fundamental, pero atender el factor humano es tan significativo como mejorar la infraestructura y quizás lo sea más.

En general, las autopistas de peaje brindan a los automovilistas mayores beneficios al transitar por estas, como lo seria contar con una vía segura, moderna, de calidad con servicios de auxilio y aseguranza para todos los usuarios.

Para poder transitar por dichas autopistas y contar con estas garantías es necesario realizar el pago mediante un Tag, gracias a ese pago de peaje, es posible mantener dichas autopistas en buen estado, como lo es el recarpeteo y pintura, y dar servicios diversos, ya sea de orientación o de auxilio mecánico y proteger al usuario con un seguro contra daños que puedan ocurrir en un accidente en la autopista.

El seguro es necesario que lo brinde la empresa que tiene la concesión para que cubra a los conductores y a los acompañantes en caso de requerirlo, también otro de los servicios que reciben los usuarios es el de asistencia quienes auxilian a conductores a reparar las fallas mecánicas que pueda sufrir su vehículo, lo que les da seguridad y confianza.

Algunos automovilistas desconocen que cuentan con los servicios que se tiene por el pago del uso de dicha vía, ya que contempla el seguro y vehículos de emergencia y de auxilio vial.

Ahora bien, la semana pasada diversos medios de comunicación publicaron diversos artículos en lo que se logra apreciar el momento exacto en que la persona que iba a bordo de un vehículo Sonic, se encontraba sobre el Viaducto Bicentenario, otro auto a gran velocidad lo impactó y proyectó hacia la parte baja de la carretera Tequexquináhuac Reyes Heroles, a una persona que había experimentado una falla mecánica, lamentablemente perdió la vida, como lo muestra un video que esta circulando en las redes sociales, en dónde no se logra apreciar la existencia de personal para ayudar a prevenir tan lamentable suceso.

Otro lamentable hecho ocurrido en los primeros días de agosto aproximadamente a las 15:35 horas en el km 9 + 140 fase tres, un trabajador que al momento realizar el acomodo de trafitambos siente un impacto de la camioneta de 3 1/2 toneladas, conducida a exceso de velocidad, que le pasa por encima de su costado izquierdo, ocasionándole la fractura de su hombro derecho.

Los diputados de Morena estamos convencidos que las cosas no pueden seguir igual en el país.

Es por ello que se considera que es momento de que tomen cartas en el asunto para garantizar la seguridad de las personas en dichos tramos de peaje.

Así, se exhorta para que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revise de manera minuciosa la posible violación en materia de Seguridad de las Concesiones de la empresa Aleatica.

Esto es, en una situación como la que se hace referencia, puede haber violaciones que impliquen un daño en perjuicio de las personas que lamentablemente han perdido la vida a falta de un esquema de seguridad en dichas autopistas.

Por lo anterior, el argumento para realizar inversiones en seguridad no sólo es humanitario los accidentes viales también representan pérdidas económicas cuantiosas y de vidas humanas.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a investigar la posible violación en materia de Seguridad de las Concesiones de la empresa Aleatica.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que haga público el seguimiento y resultado de las investigaciones que realicen en el ámbito de su respectiva competencia, en relación con el punto que antecede.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Agustín García Rubio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Indaabin a no autorizar la enajenación del bien inmueble situado en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, que era centro de acopio y beneficio de frijol; y solicitar que se integre una mesa donde se analice dicha situación, a cargo del diputado Óscar Rafael Novella Macías, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Óscar Rafael Novella Macías , diputado en la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) para que no se autorice la enajenación del bien inmueble ubicado en el municipio industrial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, el cual era el centro de acopio y beneficio del producto frijol, en tanto, el gobierno del estado de Zacatecas no haga público los beneficios económicos y sociales de dicha venta y se remita a la Comisión Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para que formule la opinión correspondiente; asimismo, se solicita al gobierno del estado de Zacatecas a que integre una mesa de trabajo con organizaciones de productores, autoridades federales y estatales, así como legisladores federales y locales para analizar y revisar la situación actual del inmueble, así como las diversas alternativas para conservar su propiedad o bien los beneficios de su enajenación para el campo de Zacatecas , con base en las siguientes

Consideraciones

En 2018 de las 24.6 millones de hectáreas cultivables de México, el 44 por ciento fue sembrada con maíz grano, frijol, sorgo grano o trigo grano. Razón suficiente para que estos cultivos sean considerados como productos básicos y estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En este caso y por la situación que están demandando diversas organizaciones de productores del estado de Zacatecas y además por ser esta entidad quien tiene el primer lugar en producción de frijol a nivel nacional, es que el tema que argumento es de gran relevancia y lo someto a su consideración.

Las variedades usadas en el estado de Zacatecas por los productores son diversas, podemos encontrar entre los claros a los flor de junio y flor de mayo que a diferentes tonalidades encontramos variedades de estos o bien a tamaños, así existen los media oreja, Marcela, sol, entre otros; dentro también de los claros están los bayos, manzano y los canarios, así como, el peruano y el tejano; para los negros están los negros San Luis y negro Zacatecas.

Es importante aclarar que entre algunos productores existe un frijol de tamaño grande y el cual es llamado patol, la superficie sembrada de este por lo regular es poca solo 2 o 3 surcos entre las plantaciones comerciales y solo algunos productores tienen esta variedad.1

De acuerdo al Atlas Agroalimentario 2019, en el ciclo 2018, la superficie sembrada con la oleaginosa que se siniestró alcanzó 79 mil hectáreas. No obstante, el daño no impactó el nivel de producción nacional, el cual resultó 1 por ciento mayor al conseguido en el 2017; en ese periodo contamos con un consumo anual per cápita por el orden de los 10.5 kilogramos, lo que nos lleva a una participación del 75 por ciento en la producción de legumbres secas.

En 2018, el estado que más ingresos generó por la venta de frijol fue Zacatecas con 3 mil 765 millones de pesos en 2018.

Podemos apreciar en la siguiente gráfica, que esta entidad es de gran relevancia en el cultivo del frijol a nivel nacional, ya que tiene un volumen de producción por el orden de 423 mil 394 toneladas, por lo que es vital en la alimentación de millones de mexicanos.

Gráfica del Atlas Agroalimentario 2019

El agricultor zacatecano cultiva el frijol en la modalidad hídrica de temporal y en ciclo primavera verano. Una quinta parte de las cosechas de frijol en Zacatecas se conserva para autoconsumo; los municipios más importantes que no comercializan la leguminosa son Sombrerete y Fresnillo.

En el ranking mundial, la producción del frijol ocupa el sexto lugar, con rendimientos superiores a los del líder productor mundial de la leguminosa, los agricultores mexicanos generan 3.8 por ciento del volumen total del grano.

Con los anteriores datos debemos cuidar que la comercialización no se vea afectada por decisiones que se toman en el escritorio, me estoy refiriendo a la posible venta del centro de acopio y beneficio de frijol (CABF) en el estado de Zacatecas, el cual ha tenido la resistencia de diversas organizaciones campesinas que a continuación detallo:

El 12 de noviembre de 2019, el secretario de Administración del gobierno del estado envió oficio a la Dirección de Administración del Patrimonio Inmueble Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para la enajenación del inmueble ubicado en el municipio industrial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, que fuera transmitido en su momento por la extinta Productora Nacional de Semillas Pronase.

Posteriormente, el 28 de enero de 2020, el Congreso local del estado aprueba dicha desincorporación y el 19 de febrero de 2020 se publica en el periódico Oficial del Estado de Zacatecas, la autorización de manera condicionada al Ejecutivo del estado para desincorporar de su patrimonio el inmueble con superficie de 40 mil 314.79 m2 (Cuarenta mil, trescientos catorce metros y setenta y nueve centímetros cuadrados), con las medidas y colindancias señaladas en la parte considerativa del decreto, ubicado en el lote uno, manzana tres del Parque Industrial de Calera, Zacatecas; y su posterior enajenación en la modalidad de compraventa, previo el agotamiento de la licitación pública abierta que al efecto se convoque.2

Dicha situación ha provocado que diversas organizaciones campesinas salieran a manifestarse el 19 de agosto pasado, posteriormente a la marcha dichas organizaciones de acuerdo al diario Página 24 ofrecieron una conferencia de prensa, en donde Cuauhtémoc Espinoza Jaime, presidente de la Unión de Colonias Agropecuarias de Zacatecas, indicó que según las cláusulas de la entrega de estas propiedades indican que solamente podría ser vendida si la Dirección de Enajenación de Bienes Nacionales lo autoriza. Consideró que quieren vender la planta de Calera “porque quieren hacer negocio”, por malbaratar en 400 pesos el metro cuadrado, cuando al estar instalada en la zona industrial, el metro cuadrado supera los 20 mil pesos.

Por lo anterior y debido a la importancia del producto frijol para nuestro estado, es que presentamos este punto de acuerdo para que dicha enajenación no se lleve a cabo mientras no se justifique a cabalidad la misma y se haga con total transparencia para los productores de Zacatecas.

Con base en lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al instituto de administración y avalúos de bienes nacionales (Indaabin) para que no se autorice la enajenación del bien inmueble ubicado en el municipio industrial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, el cual era el centro de acopio y beneficio del producto frijol, en tanto, el gobierno del estado de Zacatecas no haga público los beneficios económicos y sociales de dicha venta y se remita a la comisión desarrollo y conservación rural, agrícola y autosuficiencia alimentaria para que formule la opinión correspondiente.

Segundo. Se solicita al gobierno del estado de Zacatecas a que integre una mesa de trabajo con organizaciones de productores, autoridades federales y estatales, así como legisladores federales y locales para analizar y revisar la situación actual del inmueble, así como las diversas alternativas para conservar su propiedad o bien los beneficios de su enajenación para el campo de Zacatecas.

Notas

1 Información obtenida de:

http://transparencia2.zacatecas.gob.mx/admpanel/files/20 15/04/0-1-p_rector_de_frijol.pdf

2 Gobierno del Estado de Zacatecas, Periódico Oficial, TOMO CXXX, Núm. 15 Zacatecas, Zac., miércoles 19 de febrero de 2020, Decreto No. 377.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Óscar Rafael Novella Macías (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la SHCP y esta soberanía a llevar a cabo una renivelación salarial de los trabajadores del área química del sector salud, a cargo de la diputada Hilda Patricia Ortega Nájera, del Grupo Parlamentario de Morena

Hilda Patricia Ortega Nájera , diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al secretario de Salud, al secretario de Hacienda y Crédito Público del Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que se lleve a cabo una renivelación salarial a favor de los trabajadores del área química del sector salud , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 127 que los servidores públicos de la Federación recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Y al efecto establece también que dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, entendiéndose por remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Por su parte, el artículo 123 constitucional, en su apartado B, fracción IV, establece que los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose precisamente a lo dispuesto en el artículo 127 de nuestra Constitución General de la República.

No omito señalar y destacar que nuestra carta magna establece con toda claridad que a trabajo igual deberá corresponder un salario igual, lo que se encuentra previsto en la fracción V del apartado B del artículo 123 constitucional.

Como puede observarse, la Ley Suprema de la Nación es muy clara en su pretensión de garantizar que los trabajadores al servicio del Estado tengan acceso a una vida laboral justa y digna, pero también una justicia laboral equitativa e igualitaria en materia de remuneraciones, todo lo cual de manera desagregada y puntual se encuentran contenido en diversas leyes, fundamentalmente la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

En esta ocasión, vengo a poner a la consideración de esta soberanía la problemática por la que se encuentra transitando un sector de trabajadores al servicio del Estado que realizan diversas funciones en áreas que requieren de estudios especializados en materia de química, dentro del sector salud.

En efecto, se trata de trabajadores con diversos códigos funcionales que requieren necesariamente de estudios especializados y de nivel profesional del área química, incluyendo a citotecnólogos, laboratoristas, microscopistas, etcétera.

Sin embargo, la recategorización en los tabuladores salariales llevada a cabo, lejos de ubicarlos en el nivel adecuado tomando en cuenta la naturaleza y desempeño de sus funciones especializadas y profesionales, los ha venido a perjudicar, lo que es a todas luces injusto y contrario a la concepción constitucional y legal.

Es por ello que en este acto consideramos que es necesario llevar a cabo estudios y acciones que permitan introducir las modificaciones administrativas indispensables, encaminadas a la obtención de una renivelación salarial, y de ser necesario la recodificación de las categorías o puestos de trabajo que permitan asignar de manera homologada al Código Funcional “MO2001” con el que se reconoce al puesto de trabajo denominado “Químico A” por ser lo correcto, lo adecuado y lo laboralmente justo, solicitando respetuosamente la aprobación de esta soberanía.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y de Programación y Presupuesto del Poder Ejecutivo federal, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se lleven a cabo los estudios tendientes a establecer una renivelación salarial a favor de los trabajadores del área química del sector salud.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión para que, con base en los estudios que se realicen, se modifique el catálogo de puesto y tabuladores de sueldos a favor de los trabajadores del sector salud que laboran en funciones relacionados con el área química.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputada Hilda Patricia Ortega Nájera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a iniciar por la Unidad Técnica de Fiscalización una revisión de los gastos de campaña del PRI en el proceso electoral federal de 2011-2012 por la recepción de recursos de la compañía Odebrecht y, en su caso, iniciar el procedimiento a efecto de quitarle el registro por recibir fondos del extranjero; y a la FGR, a abrir de oficio una carpeta de investigación contra los entonces diputados del PAN en la LXII Legislatura por recibir sobornos para aprobar la “reforma energética”, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

Rubén Cayetano García, en mi calidad de diputado de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primero. La reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral de febrero de 2014, fue establecer que los partidos políticos serían sujetos obligados directos del régimen de transparencia.

Este nuevo estatus también se ve reflejado en la Ley General de Partidos Políticos, la cual entró en vigor en mayo de 2014 como parte de la implementación de dicha reforma.

Dada la naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público, estos se colocan como intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía. Esta posición especial los obliga a que transparenten el financiamiento público, la elección de directivos y candidatos, así como los indicadores para rendir cuentas de los resultados.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros puntos, señala que:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

....

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

...

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

...”

Segundo. La Ley General de Partidos Políticos, vigente al partir de la Reforma Política Electoral de 20141 es la norma que establece los derechos y obligaciones de los Partidos Políticos, de sus dirigentes, candidatos y militantes. La legislación electoral refiere expresa y puntualmente las diversas instancias públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que están impedidas legalmente para realizar, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, aportaciones o donativos a los partidos políticos, sea esto en dinero o en especie, de manera directa o indirecta.

Entre las fuentes de financiamiento expresamente prohibidas se encuentran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, los estados y los ayuntamientos; los partidos políticos, las personas físicas o morales extranjeras; los organismos internacionales de cualquier naturaleza; los ministros de culto, las asociaciones, las iglesias o las agrupaciones de cualquier religión o secta; las personas que vivan o trabajen en el extranjero y las empresas mexicanas de carácter mercantil.

De igual manera, la ley electoral dispone que los partidos políticos no pueden solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades, ni aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública. En relación al financiamiento de los Partidos Políticos, la multimencionada Ley General de Partidos Políticos a la letra señala:

Artículo 3.

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;

b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y

c) Cualquier forma de afiliación corporativa.

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas. ...”

Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b)... a g)...

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

j)...

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

l)... a y)...”

Artículo 37.

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

b)... Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el solicitante;

c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos;

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática;

e)... a g) ....”

Tercero. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, junto con otros 10 países de América Latina sobre la constructora brasileña Odebrecht, en las que se detalla que esta compañía habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México , Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones de obra pública.2

En el informe del Departamento de Justicia de EE.UU. establece que “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”.

Estamos hablando de 788 millones de dólares que fueron pagados bajo este concepto en Brasil y once países más, asociados con más de cien proyectos, no sólo de Odebrecht sino de todas las entidades asociadas. Y ese pago le generó beneficios a Odebrecht y a los beneficiados en esas naciones, durante todo ese tiempo, por más de 3.000 millones de dólares.

Solamente en Brasil, los sobornos de Odebrecht alcanzaron los 349 millones de dólares, mientras que, en los otros 11 países, ascendieron a 439 millones de dólares. En otros países las cifras son: en Argentina, se pagaron 35 millones de dólares en coimas, en Colombia, más de 11 millones de dólares; en Ecuador, más de 33,5 millones de dólares; en Guatemala, 18 millones de dólares; en México, Odebrecht llegó a pagar 10,5 millones de dólares; en Panamá, más de 59 millones de dólares; en Perú habrían sido 29 millones de dólares; en República Dominicana, con más de 92 millones de dólares; y Venezuela, donde se pagaron 98 millones de dólares.

En específico para México, en el periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, es decir, durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, Odebrecht estuvo vinculado a sobornos por valor de $10.5 millones de dólares para ganar contratos de obras públicas mexicanas. Odebrecht participó en la reconfiguración de tres refinerías: Minatitlán (Veracruz), Tula (Hidalgo) y Salamanca (Guanajuato), para la actual empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex). En todas ellas hubo adjudicación directa, pagos con sobreprecio o ampliaciones presupuestales irregulares.3

La empresa brasileña Odebrecht, involucrada en el pago de sobornos a funcionarios de una docena de países de América Latina, logró contratos en México que le significaron ganancias por 1,429 millones de dólares, de acuerdo con una investigación publicada este miércoles por mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).4

Tales contratos le fueron otorgados durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, gracias a un esquema en el que hubo corrupción a servidores públicos, adjudicaciones directas, pagos superiores a los precios de mercado e incluso plazos ampliados para favorecer a la compañía, señala el reporte.

Como consecuencia directa del escándalo el 16 de febrero de 2017, la anterior Procuraduría General de la República (PGR) acudió a una reunión de procuradores latinoamericanos convocada por la Procuraduría General de la República Federativa de Brasil, el objetivo de la misma fue la firma de un acuerdo de cooperación jurídica internacional contra la corrupción a fin de dar seguimiento a las investigaciones y acciones penales contra Odebrecht y sus filiales. Sin embargo, las investigaciones durante la administración pasada fueron prácticamente nulas.

Cuarto. La revista brasileña Veja reveló que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, está incluido en esa red de corrupción. De acuerdo con la publicación, Emilio Lozoya habría recibido en 2014 un soborno de 5 millones de dólares de la constructora brasileña, a cambio de beneficios indebidos por parte de la empresa petrolera.5

El artículo de Veja, que cita una declaración de Hilberto Mascarenhas, responsable de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, destaca que el soborno le habría sido solicitado durante una reunión programada en noviembre de ese año por Luis Weyll, director de Odebrecht México, con la autorización de Luiz Mameri, director de Odebrecht en América Latina.

Según el acuerdo de admisión de culpabilidad ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, difundido en diciembre del año pasado, Odebrecht aceptó sobornar a funcionarios mexicanos por 10.6 millones de dólares, de los cuales 6 millones fueron para un alto funcionario de una paraestatal. La versión que difundió “Veja” basándose en documentos judiciales de la investigación en Brasil conocida como Operación Lava-Jato menciona directamente a Emilio Lozoya.

Emilio Lozoya, principal implicado en México en la trama internacional de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España, en el primer arresto de un funcionario mexicano de alto nivel en torno a este escandaloso caso.

Una orden de captura pesaba sobre Lozoya y tres de sus familiares desde julio de 2019 y se presumía que permanecía prófugo en Alemania. En noviembre pasado, la fiscalía mexicana dictó prisión domiciliaria preventiva contra su madre. La extradición de Emilio Lozoya, y su familia a México, se llevó a cabo de la siguiente manera:6

1. A Lozoya se le señala por la adquisición de dos empresas cuando ocupó el cargo de director de Pemex: Agro Nitrogrenados y Fertinal.

2. Ambas compras fueron cuestionadas en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

3. El 28 de mayo de 2019, un juez federal giró la primera orden de aprehensión en contra del exfuncionario de Pemex.

4. Un juez federal citó presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht para esta acción.

5. Si bien la defensa de Lozoya obtuvo el 5 de junio de 2019 una suspensión definitiva contra dicha orden, la magistrada Luz María Ortega Tlapa anuló ese recurso días más tarde.

6. El 22 de junio del año pasado, un juez federal ordenó suspender el bloqueo de una de las cuentas bancarias de Lozoya.

7. La FGR obtuvo después, el 5 de julio de 2019, una nueva orden de aprehensión contra Lozoya por el caso Odebrecht.

8. Junto con ella, se giraron otras tres contra familiares de Lozoya: Marielle Helene Eckes (esposa), Gilda Austin (madre) y Gilda Susana (hermana).

9. El extitular de la petrolera fue detenido el 12 de febrero de 2020 en las inmediaciones de una urbanización en Málaga, España, por elementos de la Policía.

10. Según Javier Coello Trejo, quien en ese momento aún era su abogado, Lozoya aseguró que no había pruebas en su contra.

11. Un día después, un juez español le dictó prisión preventiva sin derecho a fianza.

12. El 2 de marzo, fue trasladado de la prisión en la que se encontraba en Málaga al Centro Penitenciario Madrid IV Navalcarnero, señaló en su momento el Ministerio del Interior de España.

13. El 24 de marzo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que había pedido de manera formal al Gobierno de España la solicitud de detención formal con fines de extradición.

14. Fue hasta el 30 de junio cuando Lozoya Austin aceptó su extradición a México.

“Emilio Lozoya presentó ayer formalmente ante la Sala Penal del Reino de España su solicitud por escrito donde acepta la extradición requerida por esta Fiscalía y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos que le han sido imputados”, dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero en conferencia de prensa.

15. La Audiencia Nacional de España informó el 6 de julio que se había cumplido todos los requisitos para la entrega del exdirector de Pemex a México.

16. La dependencia finalizó los trámites necesarios y giró la instrucción a Interpol España el 10 de julio para que se procediera con la extradición.

17. La aeronave mexicana que traería de regreso a Lozoya a México despegó el martes de la capital del país y arribó a España el miércoles.

18. Fue el jueves cuando el exdirector de Pemex inició su viaje hacia México, acompañado por agentes de la FGR y por el agregado de la Fiscalía en España y Europa, Luis Alejandro Cervantes Vázquez.

19. Lozoya aterrizó en la madrugada del viernes 17 de junio de 2020 en la Ciudad de México. Momentos después de haber ingresado al Reclusorio Norte, fue trasladado a un hospital.

Quinto. Ahora bien, en 2014, el gobierno de México, encabezado en ese entonces por el expresidente Enrique Peña Nieto, habría pagado sobornos por más de 52 millones de pesos a legisladores panistas para que apoyaran las reformas estructurales del llamado Pacto por México. Esta información, de acuerdo con el diario Reforma, fue brindada a las autoridades mexicanas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien está acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Según Reforma, Lozoya señaló que en total se habrían pagado 52 millones 380 mil pesos en diversos sobornos, a importantes personajes panistas como Ricardo Anaya.7

Los presuntos pagos fueron hechos a través de terceros a los legisladores panistas, entre diciembre de 2013 y abril de 2014. La presunta red de sobornos habría sido orquestada por el expresidente Peña Nieto y quien era su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. De acuerdo con esta información, Videgaray pidió a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya, antes de que se discutiera la reforma energética entre finales de 2013 y marzo 2014.

En ese periodo, Anaya era el presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente fue nombrado secretario general del PAN. De 2015 a 2017 se desempeñó como presidente nacional del PAN. Según Reforma, Lozoya dijo a las autoridades que los 6.8 mdp para Anaya fueron entregados el 8 de agosto de 2014 a una persona no identificada y que existen dos números telefónicos con los que se tuvo contacto para la entrega del dinero. Además de Anaya, otros personajes panistas que habrían recibido sobornos, según lo dicho por Lozoya, son los exsenadores Ernesto Cordero y Salvador Vega. Así como Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. El exdirector de Pemex también mencionó a José Luis Lavalle Maury que se desempeñó como presidente de la Comisión de Administración del Senado.8

Luego de darse a conocer las supuestas declaraciones de Lozoya, el mismo Ricardo Anaya envió un comunicado a Reforma negando las acusaciones en su contra. El excandidato presidencial aseguró que la información que lo implica en el caso es “absolutamente falsa”, y agregó que él jamás ha cometido un acto indebido. En una carta dirigida al medio, califica las acusaciones en su contra como absurdas pues tanto él como el PAN llevan años impulsando la reforma energética. Por otro lado, el Partido Acción Nacional también emitió un comunicado para fijar su postura en contra de la corrupción.9

En una serie puntos, el PAN señala que no tolerará ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona, como tampoco “que se use la justicia como instrumento de propaganda para dañar al partido”. En el texto, el PAN exige a las autoridades encargadas del caso que se conduzcan con legalidad y que hagan justicia de manera pronta y expedita, para deslindar responsabilidades.

Al igual que Anaya, refieren que los legisladores de Acción Nacional “no tenían que ser convencidos de la Reforma Energética, ni de su legislación secundaria”, ya que el partido siempre ha estado a favor impulsar la competitividad del sector energético. Para finalizar aclaran que el partido está a favor de acabar con la corrupción del pasado, pero también piden los asuntos actuales “de presunta corrupción por parte de miembros del equipo cercano al presidente y en todos los casos el gobierno se ha hecho ‘de la vista gorda’”.

Reforma también tuvo acceso a un documento hecho por Lozoya antes de ser extraditado de España donde asegura que en 2012 la empresa Odebrecht dio 4 millones de dólares para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Con ese monto, el coordinador de campaña, Luis Videgaray, habría contratado a consultores extranjeros que asesoraron al candidato priista.

El exdirector de Pemex detalló que, por órdenes de Videgaray, una entrega de ese monto la recibió él en una panadería ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, de manos del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses. En el texto, Lozoya señala que, pasadas las elecciones, Odebrecht depositó otros 6 millones de dólares al gobierno de Peña Nieto para garantizar contratos, así como el pago de sobornos que permitieran la aprobación de la reforma energética. Gracias a ese pago Odebrecht obtuvo un contrato de 3 mil millones de pesos para hacer trabajos en la refinería de Tula, Hidalgo, a través de una asociación con una empresa constructora mexicana.10

Sexto. Por su parte el Instituto Nacional Electoral, como “organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios”, y en el ejercicio de la función estatal de “organización de las elecciones”, y teniendo como principios rectores “la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”, en términos de lo señalado por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la obligación de velar para que se cumplan la Ley General de Partidos Políticos en lo que respecta a las obligaciones de los de Partidos Políticos, entre ellas, la prohibición en la intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; así como en que los Partidos Políticos rechacen toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros.

Dentro de las fortalezas institucionales del INE se encuentra la Unida Técnica de Fiscalización: Las facultades y competencias de la Unidad Técnica de Fiscalización , se encuentran previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y el Reglamento Interior del Instituto.

Artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE)

• Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar.

• Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización los proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.

• Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos.

• Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos.

• Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos.

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

• Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores.

• Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro.

• En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en vía pública.

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización.

• Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

• Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de contabilidad que garanticen la publicidad y el acceso por medios electrónicos, en colaboración con las áreas del Instituto que se requieran para el desarrollo del sistema respectivo.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.

Artículo 72 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, párrafo 8:

• Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los Partidos Políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar.

• Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización los proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.

• Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de sus objetivos.

• Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los Partidos Políticos y sus candidatos.

• Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías a las finanzas de los Partidos Políticos.

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los Partidos Políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

• Verificar las operaciones de los Partidos Políticos con los proveedores.

• Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los procedimientos de liquidación de los Partidos Políticos que pierdan su registro.

• En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en vía pública.

• Por conducto de la Dirección Jurídica solicitar información, para la sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, referente a datos que los ciudadanos proporcionaron al Registro Federal de Electores de conformidad con lo establecido por el artículo 126 numeral 3 de la Ley Electoral.

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización.

• Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como Partido Político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en la Ley Electoral y demás disposiciones aplicables.

• Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de contabilidad que garanticen la publicidad y el acceso por medios electrónicos, en colaboración con las áreas del Instituto que se requieran para el desarrollo del sistema respectivo.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.

• Desarrollar los mecanismos aprobados por el Consejo para el funcionamiento del Sistema en Línea de Contabilidad.

Séptimo. El artículo 102 inciso A párraxfo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 11

Adicionalmente, los párrafos cuarto y quinto de este mismo artículo a la letra rezan:

“Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.”

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República contempla la organización del órgano persecutor de los delitos federales y así como de las facultades de sus órganos internos. Entre ellas nos encontramos al menos lo siguiente:

“Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal

La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos:

I. Titular de la Fiscalía General de la República;

II. Titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;

III. Titulares de las Fiscalías Especializadas;

IV. Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal;

V. Titular de la Coordinación General, en sustitución o suplencia del Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, y

VI. Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento.

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura:

I. Fiscal General;

II. Coordinación General;

III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;

IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;

V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;

VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal;

VIII. Coordinación de Métodos de Investigación;

IX. Coordinación de Planeación y Administración;

X. Órgano Interno de Control;

XI. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera;

XII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y

XIII. Las Fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal.”

Artículo 28. Funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará despliegues operativos en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los Fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía.

Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso.

Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General de la República, al Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último sólo en los casos en que exista correlación entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

Por su parte la Ley General en Materia de Delitos Electorales, entre otros puntos, señala:

Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además, tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley.

Capítulo II

Delitos en Materia Electoral

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I... a XVII...

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral;

XIX... a XXI...

“Artículo 9 . Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I... a VI...

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades;

VIII...

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente , o

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.”

“Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello , o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.”

Finalmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contiene un capítulo de sanciones para el cual señala:

“Artículo 442.

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley:

a) Los partidos políticos;

b)... a m)...

2...”

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;

b)...

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley;

d) ... a o)...”

Artículo 456.

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I... IV...

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley,

especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, con la cancelación de su registro como partido político.

b... a i)”

Es decir, el marco jurídico actual otorga, tanto a la autoridad electoral como al órgano persecutor de los delitos en materia electoral, las atribuciones suficientes para poder hacer efectiva la prohibición de la utilización de recursos provenientes del extranjero a favor de un partido político o candidato, en todo momento y en especial durante las campañas electorales, así como para proceder “de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley. (Ley General de Delitos en Materia Electoral).

Octavo. La corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.11

Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.

Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.

Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.

Para la democracia mexicana el combate a la corrupción resulta un asunto de sobrevivencia institucional, el anticipar y detener cualquier intentona de que recursos de procedencia ilícita penetren en el sistema de partidos políticos mexicano y mucho menos que a través de ellos se pretenda acceder al ejercicio del poder público.

Por ello debe sancionarse a cualquiera que cometa estos ilícitos, sin importar filiación partidista, cargo o nivel en la administración pública.

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto Nacional Electoral para que en pleno uso de facultades y obligaciones, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, inicie una revisión de los gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional durante el proceso electoral federal del 2011-2012 por la recepción de sobornos de parte de la compañía extranjera Odebrecht y, en su caso, inicie el procedimiento para quitarle el registro por la recepción de fondos del extranjero.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que en pleno uso de sus atribuciones y facultades, inicie de oficio una carpeta de investigación en contra de los dirigentes y el candidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, durante el proceso electoral federal del 2011-2012 por la recepción de sobornos de parte de la compañía extranjera Odebrecht.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Fiscalía General de la República, para que, en pleno uso de sus atribuciones y facultades, inicie de oficio una carpeta de investigación en contra de los exdiputados integrantes de la LXII Legislatura del Partido Acción Nacional por la recepción de sobornos para la aprobación de la llamada reforma energética.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en pleno uso de facultades y obligaciones, inicie de oficio un procedimiento especial sancionador en contra de los exdiputados integrantes de la LXII Legislatura del Partido Acción Nacional por la recepción de sobornos para la aprobación de la llamada reforma energética.

Notas:

1. DOF. 10-02-1 2014. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma política-electoral. Crea el Instituto Nacional Electoral. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122.

2. CNNEspañol.com. 22 de diciembre de 2016. . Por Gabriela Matute Urdaneta.

3. EXPANSIÓN. 16 de febrero de 2017. .

4. Idem.

5. Proceso. 13 de abril de 2017. Emilio Lozoya, implicado en la red de sobornos de Odebrecht.

6. El Financiero. 17/07/2020. Paso a paso: así se fraguó la extradición de Emilio Lozoya.

7. Animal Político. 24 de julio de 2020. Lozoya revela que EPN y Videgaray sobornaron a panistas para apoyar reformas estructurales; ellos lo niegan.

8. Ibid.

9. Ibidem

10. Idem.

11. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

12. Secretaria de la Función Pública. Definición de Corrupción.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Rubén Cayetano García

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP a instaurar los procesos administrativos conducentes a sancionar a los respectivos servidores públicos por el incumplimiento del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre y resarcir cualquier daño al erario, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

Rubén Cayetano García, en mi calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario Morena, en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primero. La reforma Constitucional a los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de junio de 2013,1 dio paso a considerar a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como derechos fundamentales, ampliando el espectro del derecho a la información y la libertad de expresión, así mismo, estableció los fundamentos constitucionales y legales para crear una nueva arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión.

De acuerdo con los cambios constitucionales, el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo banda ancha e Internet, se considera como un derecho fundamental para la población mexicana (Art. 6). Además, en la Constitución se hace énfasis en el derecho del pueblo mexicano a acceder a pluralidad de información y de manera oportuna, y, por tanto, que el Estado tiene la obligación de garantizar el paso a una sociedad basada en la información y el conocimiento, mediante la elaboración de una política universal de inclusión digital que comprenda objetivos anuales y sexenales. Además, las telecomunicaciones y la radiodifusión son considerados por la Constitución como servicios públicos de interés general, lo cual supone para el gobierno de México el deber de garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin interferencias arbitrarias. El Estado tiene la obligación de asegurar que dichos servicios se presten en condiciones competitivas y con calidad, y que traigan beneficios culturales a toda la población, conservando la pluralidad y veracidad de la información, así como el fomento de los valores de identidad nacional.

Por su parte, en el artículo 7o. constitucional se estableció que la libertad de expresión no se puede restringir por vías o medios indirectos, tales como como el abuso de controles, imprentas, frecuencias radioeléctricas o de equipos, públicos o privados, usados para la difusión de información, mediante el uso de Tecnología de la Información y Comunicación con la intención de impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones, o por cualquier otro medio.

Así mismo, dentro de los cambios Constitucionales, también se mandató la TRANSICIÓN PARA LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT), misma que debería realizarse como máximo el 31 de diciembre de 2015. Así quedó establecido en el artículo quinto transitorio, tercer párrafo, que a letra señala:

“QUINTO . A la entrada en vigor del presente Decreto se permitirá la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite.

Se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente.

La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.

A este proceso transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), se le conoce como APAGÓN ANALÓGICO, y que es el cese de las emisiones analógicas de los operadores de televisión y radio.2

Segundo. En este orden de ideas, el 13 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), el cual establecía como objetivo principal “Promover la implementación de equipos receptores y decodificadores para la adopción de la televisión digital Terrestre y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Este Programa de Trabajo, entre otros puntos, establecía:

“5.1 Objetivos

Objetivo 1: Promover la implementación de equipos receptores y decodificadores para la adopción de la televisión digital terrestre y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Descripción del objetivo: La Reforma Constitucional mandata que a más tardar el 31 de diciembre de 2015 deberán haberse apagado la totalidad de las señales analógicas de televisión radiodifundida del país, para lo cual los Poderes del Unión están obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno.

La implementación de equipos receptores requiere una intensa campaña para informar a los usuarios de los beneficios de la transición a la TDT, así como de la necesidad de que cambien o adecúen sus equipos receptores, ya sea adquiriendo un nuevo televisor o un decodificador. En este sentido, se considera necesaria que la campaña, por una parte, esté dirigida a los estratos socioeconómicos que cuentan con el poder adquisitivo suficiente para cambiar sus equipos receptores y que tienen acceso a sistemas de financiamiento. Para ello, será necesario promover temporadas de descuentos en equipos receptores durante el proceso de transición, garantizando su adecuado abasto.

Por la otra, atienda a la población de escasos recursos que no cuenta con los medios económicos suficientes para cambiar o actualizar sus equipos receptores. En este sentido, resulta necesario que el Estado genere un programa de cobertura social para adquirir televisores digitales y dotar a estos segmentos de la población con los equipos receptores adecuados.

Adicionalmente, y a fin de que la población cuente con la información posible, se requiere contar con “Ventanillas de atención a los usuarios” durante y después de los apagones.

Objetivo 2: Proteger al medio ambiente de los impactos negativos que pudieran ocasionar el manejo y destino final inadecuados de los televisores analógicos desechados producto de la transición a la televisión digital terrestre y la reducción de efectos ambientales derivado de los ahorros en el consumo de energía.

Descripción del objetivo: El proceso de transición a la TDT ocasionará que millones de televisores analógicos dejen de utilizarse, convirtiéndose en basura electrónica. Algunos componentes de los televisores analógicos contienen químicos que pueden dañar el medio ambiente si éstos no son acopiados y confinados adecuadamente, mientras que otros como los plásticos y vidrios pueden reciclarse. Por ello el Estado debe tomar acciones para que la “chatarra electrónica” que se generará en el proceso de transición a la TDT sea acopiada y confinada adecuadamente, y en su caso, entren a un proceso de reciclado.

Asimismo, con esta medida también se generan beneficios al medio ambiente derivado de los ahorros en el consumo de energía atribuidos al cambio tecnológico.

5.2 Estrategias y líneas de acción

Objetivo 1: Promover la implementación de equipos receptores y decodificadores para la adopción de la televisión digital terrestre y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Estrategia 1.1: Informar a la población sobre los beneficios de la transición a la televisión digital terrestre para que voluntariamente cambien o actualicen sus equipos receptores.

Líneas de acción:

Realizar una campaña nacional de información sobre la política de la transición a la televisión digital terrestre, así como de las acciones que debe tomar la población en general ante el “apagón” analógico.

- Promover el adecuado abasto de equipos receptores y decodificadores en el país.

- Vigilar que no se comercialicen televisores analógicos.

Estrategia 1.2: Implementar mecanismos para que los hogares de escasos recursos cuenten con equipos receptores de señales de televisión digital terrestre.

Líneas de acción:

• Implementar un programa de cobertura social para dotar de televisores digitales a los hogares de escasos recursos.

• Integrar un padrón que identifique a los hogares de beneficiarios del programa de cobertura social.

Estrategia 1.3: Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación entre los beneficiarios de equipos receptores.

Líneas de acción:

• Asegurar que los equipos receptores que se entreguen a los beneficiarios estén habilitados para acceder a Internet, mediante la utilización de un dispositivo con conectividad.

• Acordar con los concesionarios de telecomunicaciones programas de cobertura social que consideren condiciones de servicio de conectividad y precios más favorables para la población de escasos recursos.

• Desarrollar aplicaciones de educación y productividad en las plataformas operativas de los equipos receptores.

Estrategia 1.4: Promover la producción de televisores digitales y decodificadores.

Líneas de acción:

• Establecer incentivos para los productores de televisores digitales y decodificadores.

Estrategia 1.5: Mantener una estrecha comunicación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el proceso de transición a la televisión digital terrestre.

Líneas de acción:

• Establecer los mecanismos de coordinación con dependencias, entidades y el Instituto Federal de Telecomunicaciones para alcanzar la transición a la televisión digital terrestre.

Objetivo 2: Proteger al medio ambiente de los impactos negativos que pudieran ocasionar el manejo y destino final inadecuados de los televisores analógicos desechados producto de la transición a la televisión digital terrestre y la reducción de efectos ambientales derivado de los ahorros en el consumo de energía.

Estrategia 2.1 Asegurar el manejo y destino final ambientalmente correctos de los televisores analógicos desechados.

Líneas de acción:

• Establecer un plan de manejo para los televisores analógicos desechados producto de la transición a la TDT que considere el acopio y reciclaje.

5.3 Ejecución de las líneas de acción

Para la ejecución de las líneas de acción contenidas en el presente Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitará la cooperación técnico-administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y/o cualquier otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que pudiese verse involucrada en el mismo, para lo cual se establecerán los mecanismos de colaboración en cuyo contenido se especificarán los compromisos adoptados por cada una de las partes a fin de que se dé cabal cumplimiento a la política de transición a la TDT en el territorio nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2015.”

Para la ejecución de la segunda línea de acción (Estrategia 1.2: Implementar mecanismos para que los hogares de escasos recursos cuenten con equipos receptores de señales de televisión digital terrestre ), se definió que debía existir coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la Secretaría de Desarrollo Social, por lo cual se firmó un Convenio de colaboración para implementar un programa de cobertura social que dotara de televisores digitales a los hogares de escasos recursos, por medio de la integración un padrón que identificara a los hogares beneficiarios con programas de cobertura social.

Es decir, en mayo de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, inició la entrega de televisores digitales de conformidad al cronograma determinado en el Programa de Trabajo para la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Tercero. Para completar este marco normativo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada el 14 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación,3 estableció en su artículo Décimo Noveno Transitorio que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sería la encargada de implementar los programas y acciones vinculados con la política de la Transición a la Televisión Digital Terrestre, es decir, la entrega y distribución de los equipos receptores o decodificadores; mismo que la letra reza:

“Décimo noveno. La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implementará los programas y acciones vinculados con la política de transición a la televisión digital terrestre, para la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores a que se refiere el tercer párrafo del artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27,28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir la transmisión de señales analógicas de televisión radiodifundida en todo el país, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, una vez que se alcance un nivel de penetración del noventa por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social, con receptores o decodificadores aptos para recibir señales digitales de televisión radiodifundida.

Para lo anterior, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir las señales analógicas de televisión radiodifundida anticipadamente al 31 de diciembre de 2015, por área de cobertura de dichas señales, una vez que se alcance, en el área que corresponda, el nivel de penetración referido en el párrafo que antecede.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizarán campañas de difusión para la entrega o distribución de equipos y para la conclusión de la transmisión de señales analógicas de televisión, respectivamente.

Los concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida estarán obligados a realizar todas las inversiones e instalaciones necesarias para transitar a la televisión digital terrestre a más tardar el 31 de diciembre de 2015. El Instituto Federal de Telecomunicaciones vigilará el debido cumplimiento de la obligación citada.

En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión radiodifundida por área de cobertura o de que al 31 de diciembre de 2015, los actuales permisionarios que operen estaciones de televisión radiodifundida con una potencia radiada aparente menor o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para canales de UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestre, y/o no se hubiere alcanzado el nivel de penetración señalado en los párrafos tercero y cuarto de este artículo, ya sea en alguna región, localidad o en todo el país; el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general, en tanto los permisionarios inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración señalados en este artículo.

Se derogan las disposiciones legales, administrativas o reglamentarias en lo que se opongan al presente transitorio.”

Cuarto. Sin embargo, a pesar de esta planeada distribución masiva de 10 millones de aparatos televisivos devenía de la reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, y por tanto, para ese momento, ya estaban vigentes las reformas en materia de telecomunicaciones que establecían que “El derecho a la información será garantizado por el Estado” (párrafo primero del artículo 6o. de la CPEUM, reformado DOF 11-06-2013); y que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna...” (párrafo segundo del artículo 6 de la CPEUM), y además que “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”, e inclusive que en “materia de radiodifusión y telecomunicaciones, el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales”, el proceso de compra y distribución de los dispositivos de televisión, estuvo plagado de irregularidades, actos de corrupción, y delitos que han sido ampliamente documentados, sin que hasta el momento se haya realizado un deslinde de las responsabilidades administrativas y penales.

Es a partir del 7 de julio de 2015, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remitió al Congreso de la Unión informes trimestrales correspondientes al periodo enero-marzo, abril-junio, junio-septiembre y octubre-diciembre a efecto de rendir cuentas de los recursos asignados al Programa para la TDT y las reglas para la entrega de televisores.

Es aquí cuando se da cuenta de una de las principales fallas de este programa de la administración de Enrique Peña Nieto, para mitigar los efectos dañinos del apagón analógico, puesto que desde el Gobierno Federal se indujo la puesta en práctica un manto de opacidad para no publicar el padrón completo de beneficiarios de la transformación de la Televisión Digital Terrestre, lo que tuvo como consecuencia que, sólo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) supieron a quién se le entregaron los televisores.

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2014 , la Auditoría Superior de la Federación emitió 13 observaciones, 16 recomendaciones, una solicitud de aclaración, y un pliego de observaciones al Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.4

La Auditoría evidenció que los datos contenidos en el padrón de beneficiarios no garantizaron la entrega de un televisor por hogar, en concordancia con los fines del programa. Dicha aseveración se fundamentó en visitas domiciliarias que realizó el órgano fiscalizador donde se constató que había más de un beneficiario por hogar visitado.

Asimismo, entre las observaciones que hace la Auditoría al Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre se encuentran la asignación de siete contrataciones en forma directa, de las cuales una no cuenta con justificación de excepción a la licitación, por lo cual no cumplió con la normativa, mientras que de otras tres adjudicaciones directas no se cuenta con los expedientes respectivos.

Sumado a todo lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la entrega y adquisición de 398 mil 775 pantallas que formaban parte de la Transición Digital Terrestre (TDT), con un valor promedio de 2 mil 471.66 pesos cada una. De acuerdo al Informe de la Cuenta Pública del 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “perdió o no sabe el paradero” de 398 mil 775 televisiones porque si bien existe el registro de la adquisición, no se pudo comprobar que fueran entregadas a los hogares correspondientes, no cuenta con un registro de su ubicación ni de inventario físico al cierre de 2014, por lo que la Auditoría solicitó documentación que comprobara el gasto por un monto de 985 millones 636 mil 216.50 de pesos equivalentes al número de televisiones de las que no se conoce su paradero.

Esto sin contar las 120 mil pantallas que se compraron para Baja California, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Colima, Michoacán, Jalisco, Nuevo león, Querétaro, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas, y de las cuales sólo se pudo comprobar la entrega de 89 mil. Además de ello, la Auditoría menciona que existieron deficiencias en la evaluación del seguimiento a las actividades del Programa, por lo que no se contó con información confiable sobre los avances de éste.

En suma, la Auditoría Superior de la Federación determinó 13 observaciones, que generaron 16 recomendaciones, una solicitud de aclaración, 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones derivados de la auditoría financiera y de cumplimiento al programa, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:5

Finalmente, la ASF también señaló que no hubo un plan integral para llevar a cabo la transición, ya que, por ejemplo, no sé pensó en un programa eficaz para la recolección de televisiones analógicas que fueron desechadas por el apagón.

Por otra parte, al realizar el informe sobre la revisión de la Cuenta Pública 2015 6 , la Auditoria Superior de la Federación señaló que encontró 380 mil 695 televisores entregados que no funcionaban, pues eran deficientes a la hora sintonizar y reproducir la señal digital.

Esto equivale a 3.7 por ciento de los televisores digitales que regaló la dependencia en el proceso del apagón analógico. La ASF señaló en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2015, que la Profeco realizó pruebas de las pantallas entregadas y encontró que no tenían funcionalidad. Dicho organismo explicó que los televisores eran deficientes a la hora de sintonizar y reproducir la señal digital terrestre, y apunto:

“No se tiene la garantía de la funcionalidad de todos los televisores recibidos, ya que, conforme a la prueba de la Profeco, se estima que 380,695 televisores presentarían la deficiencia técnica de sintonizar y reproducir señales de televisión digital, bajo el estándar A/72 de ATSC, lo que limitaría el uso de los televisores para los planes de modernización en materia de telecomunicaciones”.

Finalmente, al dar a conocer los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2016, 7 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó la pérdida , en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de 11 mil 533 televisores, con un posible daño patrimonial de 29.2 millones de pesos.

Según la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, indicó la Auditoría, no pudo proporcionar la documentación que acreditara el destino final de los aparatos que serían repartidos en 29 entidades federativas. En Guerrero se perdieron mil 795 equipos, en Nuevo León 2 mil 232, en Querétaro mil 944, en Oaxaca mil 274 y en Tabasco 904, entre las entidades con los volúmenes más altos. Otros 16.4 millones de pesos fueron observados por la ASF debido a la omisión en reclamaciones oportunas para la indemnización por 6 mil 492 televisores siniestrados.

Quinto. Desde el arranque del Proceso de Transición a la Televisión Digital Terrestre en 2014, el programa ha sido sujeto a una gran cantidad de señalamientos, además de los descritos por la Auditoria Superior de la Federación, por las diversas irregularidades que se cometieron durante su implementación e incluso después de finalizado.

En primer término, la entrega de estos recursos derivó en varias acusaciones de propaganda debido a la cercanía de esta campaña social con las elecciones del 2015.

En segundo lugar, en enero de 2018, es decir, más de dos años después de finalizado el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre, el 31 de diciembre de 2015, se dio a conocer la noticia que la misma empresa mexicana encargada de fabricar las televisiones digitales, Synnex de México, ha estado vendiendo televisores que debían ser entregados a las familias mexicanas, por el apagón analógico. La noticia la dio a conocer inicialmente el periódico Reforma, asegurando que se están vendiendo exactamente los mismos modelos que se regalaron hace unos años como parte de los programas sociales de la administración de Enrique Peña Nieto.8

Synnex, una empresa mexicana que presume ventas por hasta 10 billones de dólares en años anteriores, ha estado vendiendo estos mismos modelos con una placa metálica encima de donde se encuentra el logo del programa social Mover a México. La placa tiene el nombre falso de la marca Fuze, lo que atenta en contra de los derechos del consumidor, al no mencionar en ningún momento, ya sea en el producto, en el instructivo o el empaque, que el televisor formó parte de un programa federal, conducta que a todas luces constituye un delito.

El 26 de noviembre del 2015, la empresa Synnex de México recibió 577 millones de pesos por parte del gobierno federa l para entregarles un total de 250 mil televisores digitales que habrían de ser regalados entre familias de escasos recursos. En total, la administración peñista gastó 25,992 millones de pesos en este programa.

En total fueron entregados cerca de 8.2 millones de televisiones digitales como parte de la actualización derivada del apagón analógico en México, llevado a cabo a principios del 2016. Cada televisor está siendo vendido a un precio entre 1,600 y 2,200 pesos.

Es necesario resaltar que durante los tres años siguientes a la finalización del programa para la transición a la Televisión Digital Terrestre, es decir durante el segundo trienio de la administración de Enrique Peña Nieto, ni la empresa Synnex ni el Gobierno Federal o la hoy extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a cargo del programa, emitieron alguna declaración sobre la venta de productos destinados al mencionado programa social, ni tampoco se inició procedimiento administrativo o penal alguno en contra de la empresa.

Sexto. Con respecto de los resultados obtenidos por la entrega de pantallas digitales en diversas comunidades del territorio nacional, para reemplazar las viejas televisiones análogas, podemos señalar que el cúmulo de irregularidades que se presentó duranta el desarrollo de este programa, como lo son: 1) la desaparición de cientos de miles de televisores; 2) la falta de entrega de aparatos en los hogares; 3) el reparto de miles dispositivos que no cumplían con los requerimientos de calidad mínimos aceptables; y, 4) la reventa fraudulenta de los dispositivos destinados a las personas de menores ingresos, no solo ha ocasionado un daño a la hacienda pública, y a la credibilidad de las instituciones, sino que adicionalmente ha dejado a miles de familias de bajos recursos, en todo el territorio nacional, sin la posibilidad de acceder a las señales digitales de televisión.

Esto ha traído como consecuencia que miles de mexicanos tengan un serio obstáculo para que hacer efectivo el ejercicio de sus derechos a “la información” que debería ser garantizado por el Estado su “derecho al libre acceso a información plural y oportuna, a buscar y recibir información”, y al “derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.

Con ello se amplía la brecha digital, entre quienes tienen un acceso diario, oportuno, sencillo y barato a las tecnologías de la información y comunicación, y entre quienes no pueden acceder a ellas, lo que a su vez tiene un impacto directo en los niveles educativos y de ingreso.

Sin embargo, a casi cinco años de la implementación del programa social para la transición a la Televisión Digital Terrestre, el conocido como apagón analógico, aún existen miles de personas que no han logrado conectarse a la era digital, especialmente aquellas de más bajos ingresos, y que por tanto han visto ampliarse la brecha tecnológica en su contra y no han podido acceder a la señal digital.

Por ejemplo, los habitantes de comunidades de escasos recursos como Chacalapa, en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero no lograron conectarse y se quedaron con las pantallas como adornos “modernos” en sus casas. Esto se traduce en discriminación y exclusión. Queda claro que un asunto de carácter técnico tiene implicaciones en el ejercicio de los derechos informativos de los habitantes de estas comunidades.

En el momento actual, esta falta de cobertura y de acceso a la señal digital, tiene el efecto de no poder acceder a la educación a distancia, como ahora lo ha marcado el Consejo de Salubridad General, con motivo de la pandemia del coronavirus SARS-coV2, causante de la enfermedad de Covid-19.

La presente contingencia por la pandemia del coronavirus que, entre otras medidas, ha impuesto la suspensión temporal de clases presenciales en todas las escuelas del país, hará que la brecha digital que ya existía en México se convierta en una brecha de aprendizaje.

Debido a que para continuar con la enseñanza y el aprendizaje de su alumnado diversas instituciones educativas están haciendo frente al aislamiento y distanciamiento social a través de la tecnología, con la impartición de clases “en línea”, quedando en una enorme desventaja los educandos que no cuentan con conexión a internet, computadoras en sus casas y zonas de residencia.

Un peor escenario es para aquellos que no cuentan ni siquiera con televisión digital y que se encuentran prácticamente aislados y sin oportunidad de tomar clases por televisión. Televisión y radio ayudarían a enriquecer los ambientes de las y los niños que carecen de los recursos necesarios para tener internet y computadoras en sus hogares, y de esta manera continuar aprendiendo, y de mejor manera, con cierta independencia del contexto en el que se encuentran.

La educación primaria y la secundaria, podrían resultar más afectados por la contingencia, ya que, por su edad, los estudiantes de esos niveles, los inferiores, se aburren al estar confinados en sus casas; razón por la cual necesitan tener días muy balanceados en cuanto a las actividades que realizan, de manera de que tengan tiempo para jugar, para ejercitarse físicamente y para concentrarse en sus actividades de aprendizaje escolar. Caso contrario es el de las y los alumnos de educación media superior y superior, que, al tener una mayor edad, tienen una m autorregulación y autodisciplina, que les hacen más capaces de organizar, ellas y ellos mismos, su tiempo de manera más inteligente o más coherente.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 20199 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señala que los televisores son los bienes de mayor penetración en los hogares, ya que en 2019 el 92.5% cuenta con al menos uno.

Respecto del tipo de televisor disponible en los hogares, la ENDUTIH 2019 revela que el 76.5% de ellos cuentan con al menos uno de tipo digital, lo que representó un aumento de 3.6 puntos porcentuales respecto de 2018.

Tomando en cuenta que todos los hogares con televisor digital están habilitados para recibir señales abiertas, otro conjunto de interés es aquel que, aunque sólo dispone de televisor analógico, cuenta con señal de televisión de paga que le permite recibir señales digitales; los resultados de la ENDUTIH 2019 arrojaron que éstos representan un 8.7% de los hogares con acceso a la señal digital.

Por su parte, los hogares que cuentan con un televisor analógico y reciben señal por medio de un decodificador representan un 5.1 por ciento del total. De esta manera, el 96.0% de los hogares del país reciben la señal de televisión digital a partir de alguno de los tres medios mencionados anteriormente: televisor digital, señal de televisión de paga o decodificador.

Es preciso señalar que este 4% de los hogares a los que les falta tener acceso a la televisión pública es el resultado de la poca planeación para la implementación del apagón analógico. Es un error de omisión, por la falta de un diagnóstico para desarrollar el programa de transición a la Televisión Digital Terrestre, situación que detonó que decenas de miles de personas se quedara sin servicio.

Si tomamos en cuenta que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018,10 estima que en México hay 34.7 millones de hogares, con 3.6 integrantes por hogar en promedio y que la población nacional estimada asciende a 125 millones de personas: 51.4% mujeres y 48.6% hombres, y sobre esta cifra calculamos el número de hogares que no tiene acceso a la televisión pública, tenemos que el 4 por ciento de los hogares a nivel nacional, dan un gran total de 1,388,000 (un millón trescientos treinta y ocho mil) hogares no cuentan con el acceso a los servicios de telecomunicaciones .

Si a esta cifra, la multiplicamos por el 3.6 integrantes, que en promedio tiene cada hogar, tenemos que 4,996,800 (cuatro millones novecientos noventa y seis mil ochocientas) personas no tiene acceso a la televisión digital.

Una situación que resulta inaceptable porque en los hechos, excluye y margina a millones de mexicanos del desarrollo nacional.

Séptimo . En agosto de 2016, el Mtro. Adolfo Cuevas Teja, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicó el documento “Análisis del Proceso de Transición a la Televisión Digital Terrestre (“apagón analógico”): Cálculo del número de Telehogares afectados; eficacia de la entrega de televisores digitales, e impacto presupuestal.”, el cual entre, otros puntos, señala:

“- A partir de datos oficiales de INEGI (ENIGH 2014 y ENDUTIH 2015) ajustados según se describe, el presente análisis concluye que el “Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre” (en adelante “Programa TDT”) llevado a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por mandato legal, redujo los hogares que hubieran sido afectados por el llamado “apagón analógico” de 2015. Sin la entrega de las TVs digitales, 11,259,937 (37.45%) hogares con TV (o telehogares) habrían perdido el servicio por no haber estado preparados para dicho apagón. Los 10,112,261 televisores digitales que la SCT reportó haber entregado, habrían disminuido el número de telehogares afectados a aproximadamente 6,697,988 telehogares, equivalente a 22.28%, que habrían quedado sin servicio de TV radiodifundida tras la conclusión de transmisiones analógicas de TV.

- Sin embargo, al analizar por grupos de deciles, encontramos que el conjunto de los 5 deciles de ingreso bajo habría tenido una afectación del 32.10% de los telehogares; mientras que en el de los cinco de más alto ingreso, habría sido del 13.31% de los telehogares. Sin el Programa TDT la afectación habría sido de 58.35% y 18.37%, respectivamente.

- En el nivel nacional, el cálculo de afectación realizado resultó de proyectar un padrón de los programas de la Sedesol, a partir de los hogares que en ENIGH 2014 reportaron recibir transferencias de programas sociales, cifra ligeramente inferior a 9.5 millones. Dicho número se ajustó para ser consistentes con una entrega de 10,112,261 que, hemos supuesto, correspondiera al 95% del Padrón, lo que daría un universo base de 10,644,485.

- Como elementos relevantes que determinan los hallazgos del presente estudio, identificamos:

• Los programas sociales conforme a los cuales se habría integrado el padrón de beneficiarios de TVs digitales elaborado por la SEDESOL (en adelante padrón SEDESOL-TDT) no atienden exclusivamente los deciles de menor ingreso, ni cubren totalmente cada uno de ellos. Por el contrario, en ENIGH 2014 hogares de los deciles de mayor ingreso reportaron haber recibido transferencias de programas sociales.

• De ENIGH 2014, ENDUTIH 2015 y otras fuentes de información pública se tiene que en los diferentes deciles de ingreso hay hogares que no cuentan con receptor de televisión, algunos dentro de la huella de las señales radiodifundidas. Este tipo de hogares habrían recibido TVs digitales de SCT en el porcentaje que se explicará, lo que llamamos ineficacia tipo 1.

• ENIGH 2014 y ENDUTIH 2015 (ponderada) acreditan que en los diez deciles de ingreso hay hogares que cuentan con servicio de televisión y audio restringidos (STAR o TV de paga) y/o TV digital y/o decodificadores, en distintas proporciones, como consecuencia de lo cual se tiene que cierto porcentaje de las TVs digitales entregadas por SCT, que se buscará determinar en este estudio, fueron recibidas por telehogares que no las requerían para continuar recibiendo el servicio de televisión radiodifundida. A esto llamamos en la presente ineficacia tipo 2.

• Asumimos que ocurrieron las ineficacias 1 y 2 antes descritas, porque no se encontró evidencia de que se haya realizado algún ejercicio de discriminación que permitiera identificar, dentro de los hogares los telehogares, y dentro de los telehogares aquellos que precisaban de la TV digital para continuar recibiendo el servicio.

- Lo anterior es relevante porque en las normas legales y administrativas relativas a la entrega de equipos con motivo de la transición a la TDT, el objetivo expreso reiteradamente señalado era el de mantener la continuidad del servicio de TV radiodifundida.

- En este sentido es probable que la entrega de TVs haya sido parcialmente ineficaz en dos formas:

• la ineficacia 1, causada por entregas a hogares que no tenían el servicio de TV y, sin embargo, recibieron una TV digital, resultaría en 640,399 TVs, cifra que representa el 6.33% del total de las TVs repartidas, y

• la ineficacia 2, causada por TVs repartidas a hogares que antes del apagón ya contaban con STAR y/o TV digital y/o decodificador, resultaría en 4,909,912 aparatos, cifra que representa el 48.55% del total de las TVs entregadas.

La suma de las ineficacias 1 y 2 da un total de 5,550,311 TVs, cifra que representa el 54.88% de las entregadas. Se reconoce la diferencia cualitativa de las dos ineficacias apuntadas, por el beneficio evidente de incorporar hogares al servicio mediante la primera de ellas.

- Con base en el cuarto reporte trimestral de SCT sobre el Programa TDT, se tiene que el gasto total de entregar 10,112,261 TVs digitales habría sido de $28,446,582,479.23 (Veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y seis millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 23/100 M.N.)

• Este monto considera un costo unitario por TV de $2,813.08 (dos mil ochocientos trece pesos 08/100 M.N.) I.V.A incluido, que comprende 7.4% de gastos operativos, reportado en el mismo informe.

- Así, conforme a los modelos desarrollados en el presente, las entregas ineficaces 1 y 2 explicadas anteriormente habrían supuesto un gasto de $15,613,459,704.70 (Quince mil seiscientos trece millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos cuatro pesos 70/100 M.N.)1.

• El gasto por la ineficacia 1 habría sido de $1,801,492,561.67 (Mil ochocientos un millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos sesenta y un pesos 67/100 M.N.).

• El gasto por la ineficacia 2 habría sido de $13,811,967,143.03 (Trece mil ochocientos once millones novecientos sesenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos 03/100 M.N.).

- La importancia de evaluar el uso del presupuesto es que, al modelar los efectos que habría tenido realizar una encuesta que permitiera distinguir los hogares preparados de los desprotegidos, utilizando los mismos $28,446.5 millones de pesos que costó el Programa TDT, se muestra que la afectación nacional se habría reducido de manera importante. Concretamente, se ilustra que al encuestar a los hogares dentro y fuera del padrón SEDESOL-TDT, con un costo de $1,749,902,517.96 (6.15% del presupuesto total) se habrían entregado 9,490,201 televisores, lo que habría permitido cubrir la totalidad de los telehogares dentro y fuera del padrón SEDESOL-TDT que requerían del subsidio para la continuidad del servicio dentro de los primeros cinco deciles, y 68.58% del sexto decil, logrando con ello reducir la afectación nacional total de un 22.28% a un 5.89%.

- Adicionalmente, la modelación presupuestal alternativa demuestra que, eliminando las entregas ineficaces mediante una encuesta, habría sido posible llegar al mismo nivel de afectación lograda por el programa TDT (22.28%) gastando únicamente 13 mil 703 millones de pesos equivalente al 48.17% del presupuesto erogado, esto es un ahorro de 14 mil 742 millones de pesos, equivalente al 51.83%.

- En un escenario alternativo – e hipotético – distinto del anterior, hemos modelado la afectación del apagón analógico si la entrega de las 10,112,261 TVs digitales se hubiera concentrado en los tres primeros deciles de ingreso y parte del cuarto. En este caso, los hogares que se hubieran quedado sin servicio en los cuatro deciles de más bajo ingreso habrían sido 1,290,413, equivalente al 11.46% los telehogares en estos deciles. Aunque en este modelo también hemos encontrado ineficacias del tipo 1 y 2 de 8.82% y 35.48%, respectivamente; la afectación total hubiera sido de 5,627,846 telehogares, lo que representaría el 18.72% del total de telehogares.

- Es importante notar que en el escenario hipotético en el que la entrega de TVs digitales se hubiere concentrado en los hogares de menor ingreso, se habrían atendido al 95.39%, 94.62% y 93.83% de los hogares dentro de la huella radiodifundida del decil primero, segundo y tercero de más bajo ingreso, respectivamente. En este escenario la afectación de los conjuntos de cinco deciles de bajo y alto ingreso habría sido similar (22.81% y 18.37%, respectivamente).

En suma, podemos decir que las ineficiencias detectadas, tuvieron un costo de más de la mitad del presupuesto autorizado.

Por las razones y argumentos antes expuestos, es que presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública para que instaure los procesos administrativos a que haya lugar para sancionar a los funcionarios públicos que corresponda por el incumplimiento del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública para que presente, ante la Fiscalía General de la República, las denuncias correspondientes por hechos presumiblemente constitutivos de delito durante el desarrollo del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que presente un informe público de las acciones llevadas a cabo para solventar los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-09100-02-0321 al Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública para que haga público informe sobre las acciones emprendidas derivadas de los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-09100-02-0321 al Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

Quinto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente, a la Fiscalía General de la República, para que inicie de oficio una carpeta de investigación en contra de la empresa denominada Synnex de México, por la reutilización y venta de los televisores digitales que formaron parte del programa social para la transición a la Televisión Digital Terrestre, dirigido a las familias de escasos recursos.

Notas:

1. DOF. 11 de junio de 2013. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_re f_208_11jun13.pdf

2. Wolters Kluwer. Apagón Analógico.

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/
Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDUwtDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAGlsvAzUAAAA=WKE

3. DOF: 13/05/2014. Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344585&fecha=13/05/2014

4. DOF: 14/07/2014. Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014

5. Auditoria Superior de la Federación. Informe General Cuenta Pública 2014. Página180.

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos /InformeGeneral/ig2014.pdf

6. Ob. cit. página 180.

7. Auditoría Superior de la Federación (ASF). Informe General Cuenta Pública 2015, paginas 128 y 198.

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos /InformeGeneral/ig2015.pdf

8. Auditoria Superior de la Federación. (ASF). Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016.

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/feb/ASF-20180222.pdf

9. Breaking. 17 enero 2018. Una empresa está vendiendo las televisiones gratuitas del programa

"Mover a México". https://breaking.com.mx/2018/01/una-empresa-esta-vendiendo-las-televisi ones-gratuitas-del-programa-mover-mexico/

10. INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los

Hogares 2019 (ENDUTIH),

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2020/OtrTemEcon/ENDUTIH_2019.pdf

11. INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2018.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2 018/doc/enigh2018_ns_presentacion_resultados.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Rubén Cayetano García



Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a iniciar por la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización una revisión de los gastos excesivos de Libertad y Responsabilidad Democrática, AC, en la realización de sus asambleas distritales constitutivas como partido político nacional, así como por el presunto empleo de recursos de procedencia ilícita en su formación, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

Rubén Cayetano García, en mi calidad de diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primero. El derecho de asociación en general y más específicamente el derecho de asociación en materia política electoral está garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 9o; 35 fracción III; y 41 fracciones I párrafo segundo in fine y IV; y 99 fracción V. Así lo ha señalado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su jurisprudencia:

“DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 1 .- El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de asociación, que subyace a ese derecho, constituye una conditio sine qua non de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas. Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9o.; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo in fine, y IV; y 99, fracción V, de la Constitución federal, así como 5o., párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la ley. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución federal. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el proceso electoral.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001.-José Luis Amador Hurtado.-30 de enero de 2002.-Mayoría de cinco votos.-Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001.-Sandra Rosario Ortiz Noyola.-30 de enero de 2002.-Mayoría de cinco votos.-Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-128/2001.-Dora Soledad Jácome Miranda.-30 de enero de 2002.-Mayoría de cinco votos.-Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 63-64, Sala Superior, tesis S3ELJ 25/2002.”

Este derecho de libre asociación, incluye la garantía para conformar partidos políticos. Cabe mencionar que los partidos políticos para poder funcionar deben contar con un registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Hoy en día, pueden reunirse libremente personas en una organización ciudadana y buscar su registro como partido.

Segundo. El artículo 41, párrafo primero, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra señala que:

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

En México existen siete partidos nacionales con registro vigente: Morena, PAN, PT, MC, PRD, PRI, PVEM y dos en proceso de extinción (PES y NA). Además, hay 43 partidos políticos locales con registro vigente ante los Organismos Públicos Locales (OPLES), que participan para la elección de Gobernadores, Jefe de Gobierno, Diputados locales, Presidentes Municipales, integrantes de Ayuntamientos y Alcaldías. Cabe mencionar que entre 1991 y el 2018 perdieron su registro 22 partidos políticos nacionales en México.

TERCERO. La Ley General de Partidos Políticos, vigente al partir de la Reforma Política Electoral de 20147 , es la norma que permite a los órganos electorales regular las disposiciones Constitucionales aplicables a los partidos nacionales y locales. Así mismo determina las competencias en los ámbitos federal y local sobre la creación de partidos; requisitos y fechas de registro; derechos y obligaciones de los militantes; lineamientos básicos de los órganos directivos de los partidos, así como el funcionamiento interno de los mismos.

En relación a la creación de Partidos Políticos, la multimencionada Ley General de Partidos Políticos a la letra señala:

“TÍTULO SEGUNDO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

De la Constitución y Registro de los Partidos Políticos

Artículo 10. 1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, que corresponda.

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes:

a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley;

b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales , los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate, y

c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Artículo 11. 1 . La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de partidos políticos locales informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local.

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes .

Artículo 12. 1. Para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar lo siguiente:

a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará:

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea nacional constitutiva;

II. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político.

b) La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará:

I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales;

II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo;

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y

V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.

Artículo 14.

1. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto o del Organismo Público Local competente. Los servidores públicos autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes.

2. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada.

Artículo 15.

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto o el Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos: a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados; b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley. Esta información deberá presentarse en archivos en medio digital, y c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente.

Artículo 16. 1. El Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido nacional, verificará el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen correspondiente.

2. Para tal efecto, constatará la autenticidad de las afiliaciones al partido en formación, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, en los términos de los lineamientos que al efecto expida el Consejo General, verificando que cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados requerido inscritos en el padrón electoral; actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo, dentro del partido en formación.

Artículo 18.

1. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación.

2. En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, el Instituto o el Organismo Público Local competente, dará vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá al ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste, subsistirá la más reciente.

Artículo 19.

1. El Instituto o el Organismo Público Local que corresponda, elaborará el proyecto de dictamen y dentro del plazo de sesenta días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente.

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección.

3. La resolución se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial de la entidad federativa de que se trate, según corresponda, y podrá ser recurrida ante el Tribunal o la autoridad jurisdiccional local competente.

Cuarto. De acuerdo al Informe que rinde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos relativo al Desarrollo del Proceso de Constitución de Nuevos Partidos Políticos Nacionales 2019 - 2020, al 21 de febrero de 2020, el proceso de constitución de Partidos Políticos Nacionales 2019- 2020 se encuentra en el siguiente estado:

Quinto. Entre las solicitudes recibidas por el Instituto Nacional Electoral destacan dos: El grupo denominado Libertad y Responsabilidad Democrática, Asociación Civil, registrada por la excandidata a la Presidencia, Margarita Zavala, y Redes Sociales Progresistas, AC, impulsado por Fernando González y René Fujiwara, yerno y nieto de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

Margarita Zavala sentó las bases de este nuevo partido en agosto de 2018 al presentar, con el apoyo de su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática.

Los rumores de que la pareja presidencial estaba trabajando en la fundación de un nuevo partido aumentaron surgieron cuando Felipe Calderón abandono, en noviembre de 2018, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) formación política en la que militó por espacio de tres décadas y que lo llevo a la Presidencia de la República entre 2006 y 20122 .

Un año antes, en 2017, fue Margarita Zavala quien abandonó su militancia en el PAN tras mantener una disputa con el entonces líder del partido, Ricardo Anaya, quien impidió que la ex primera dama fuera la candidata de los conservadores a las elecciones presidenciales de 20183 .

Finalmente, a más de un año de haber presentado su solicitud de intención, el 21 de enero de 2019 , para conformar un Partido Político Nacional, el 28 de febrero de 2020, Margarita Zavala y el ex presidente de México, Felipe Calderón, presentaron ante el INE , la solicitud de registro para fundar su nuevo partido político. Según sus propios dichos, se entregó a la autoridad electoral la constancia que acredita que la organización cuenta con más de 317 mil afiliaciones, 253 asambleas distritales realizadas, así como los demás requisitos exigidos por la Ley.

Sexto. Cabe hacer notar que el propio Instituto Nacional Electoral ha señalado, a través del documento denominado “Informe que Rinde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos Relativo al Desarrollo del Proceso de Constitución de Nuevos Partidos Políticos Nacionales 2019 - 2020, del 21 de febrero de 2020” 4 , que el proceso de conformación de nuevos partidos políticos nacionales no ha concluido y que será hasta el mes de junio de 2020 cuando se determine que organizaciones cumplieron con los requisitos y se proceda a declarar la procedencia del registro, tal y como aparece en el siguiente calendario.

Es el caso que la organización registrada por la ex pareja presidencial presenta diversas anomalías, tales como el gasto excesivo en la realización de las asambleas distritales efectuadas, así como de la procedencia lícita de los recursos económicos y financieros utilizados en la conformación de esta agrupación como Partido Político Nacional.

Tales anomalías provienen de diversas fuentes:

1) El involucramiento de Felipe Calderón Hinojosa, impulsor de esta agrupación, en diversos juicios realizados en Cortes de los Estados Unidos América , particularmente en los procesos contra el Chapo Guzmán, donde Jesús “el Rey Zambada”, testigo protegido del Gobierno de los Estados Unidos de América, nombra a Felipe Calderón, de manera directa, como quien recibió sobornos millonarios de sus propias manos para dejarlos trabajar.

En la primera semana del juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera en la Corte Federal de Nueva York (EU), su abogado y “El Rey Zambada”, han dado declarados sobornos millonarios a funcionarios mexicanos5

El martes 20 de noviembre de 2018, Jeffrey Lichtman, defensor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante la audiencia en una corte norteamericana, dijo que Felipe Calderón Hinojosa recibió sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa durante su gobierno (2006-2012)6

En otra información, ahora fechada en Nueva York, el 17 de enero de 20197 en el juicio que se le seguía en Nueva York al capo mexicano Joaquín “El Chapo ” Guzmán, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes señaló éste habría sobornado al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, lo mismo que a Enrique Peña Nieto.

El ex socio de El Chapo Guzmán fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2013, desde donde testifico contra el líder del Cártel de Sinaloa en el juicio que tiene lugar en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn. Cifuentes aseguró que los ex presidentes recibían sobornos a cambio de protección al “El Chapo ” Guzmán8

2) Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal del Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, fue detenido el 10 de diciembre de 2020 en Dallas, Texas, en los Estados Unidos de América , acusado de tres cargos de conspiración para traficar, distribuir drogas a cambio de sobornos del Cártel de Sinaloa para proteger las operaciones de esa organización, y de cometer perjurio durante un proceso judicial en una corte, por ello está siendo sometido a proceso en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.

El proceso en la Corte de Brooklyn lo encabeza el Juez Brian Cogan, el mismo que llevó el proceso de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y quien fue condenado a cadena perpetua en ese mismo recinto el 12 de febrero de 20199

El Gobierno de EU acusa al mexicano de aceptar millones de dólares en sobornos de Guzmán Loera. Según la acusación, entre 2001 y 2012 aceptó sobornos a cambio de brindar protección al cartel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico10

Entre 2002 y 2005 García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox que lo nombro en el cargo) y de 2006 a 2012 fue el Secretario de Seguridad Pública que controlaba la Policía Federal, durante la presidencia de Felipe Calderón. Fue detenido tras testimonios de varios narcotraficantes durante el juicio a “El Chapo” Guzmán, que se celebró entre noviembre de 2018 y febrero de 2019.

Para nadie es creíble que, la persona más informada de México, como lo es el presidente de la República, no estuviera enterado lo que sucedía en su círculo más cercano, precisamente en lo que fue su principal bandera durante su mandato. “La Guerra contra las drogas”.

3) El Gasto excesivo en la realización de asambleas distritales para acreditar los requisitos necesarios para poder registrarse como Partido Político Nacional.

Para muestra basta un botón: Durante la realización de la asamblea en el Distrito 11 Federal en la Ciudad de México, ubicado en la Alcaldía de Venustiano Carranza, el cual se realizó en el conocido hotel de lujo Holiday Inn del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se rentaron TRES SALONES CONTIGUOS, se puso servicio de cafetería, se contrataron edecanes, sonido, pantallas, y se hizo esperar a la gente, para su traslado, hasta que juntaron a las personas necesarias.

Un evento de estas características no se puede realizar a consto menor de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) . Luego entonces, considerando que Margarita Zavala ha señalado que se realizaron 253 asambleas distritales, podremos calcular que para realizar estas reuniones para acreditar el número de asambleas y número de militantes afiliados esta agrupación habrá gastado alrededor de $25,300,000.00 (Veinticinco millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) solo en estos eventos; esto sin considerar gastos de oficinas, como la renta, teléfonos, personal contratado, brigadistas, y profesionistas.

Esta cantidad exorbitante debe ser aclarada, tanto en el monto como en su origen lícito. Según lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos, “A partir del momento del aviso ” de intención para constituir un Partido Político Nacional, y “hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes. ”

Por su parte el Instituto Nacional Electoral, como “organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios” , y en el ejercicio de la función estatal de “organización de las elecciones” , y teniendo como principios rectores “la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad” , en términos de lo señalado por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la obligación de realizar la revisión para que se cumplan los requisitos señalados por la Ley General de Partidos Políticos en la constitución de Partidos Políticos, entre ellas, la de constatar los informes sobre el “origen y destino de sus recursos” de esta organización.

Dentro de las fortalezas institucionales del INE se encuentra la Unidad Técnica de Fiscalización: Las facultades y competencias de la Unidad Técnica de Fiscalización , se encuentran previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y el Reglamento Interior del Instituto.

Artículo 199 de la LEGIPE

• Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar.

• Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización los proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.

• Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos.

• Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos.

• Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos.

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

• Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores.

• Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro.

• En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en vía pública.

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización.

• Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

• Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de contabilidad que garanticen la publicidad y el acceso por medios electrónicos, en colaboración con las áreas del Instituto que se requieran para el desarrollo del sistema respectivo.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.

Artículo 72 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, párrafo 8:

• Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los Partidos Políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar.

• Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización los proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.

• Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de sus objetivos.

• Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los Partidos Políticos y sus candidatos.

• Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías a las finanzas de los Partidos Políticos.

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los Partidos Políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

• Verificar las operaciones de los Partidos Políticos con los proveedores.

• Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los procedimientos de liquidación de los Partidos Políticos que pierdan su registro.

• En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en vía pública.

• Por conducto de la Dirección Jurídica solicitar información, para la sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, referente a datos que los ciudadanos proporcionaron al Registro Federal de Electores de conformidad con lo establecido por el artículo 126 numeral 3 de la Ley Electoral.

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización.

• Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como Partido Político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en la Ley Electoral y demás disposiciones aplicables.

• Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de contabilidad que garanticen la publicidad y el acceso por medios electrónicos, en colaboración con las áreas del Instituto que se requieran para el desarrollo del sistema respectivo.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral.

• Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.

• Desarrollar los mecanismos aprobados por el Consejo para el funcionamiento del Sistema en Línea de Contabilidad.

Séptimo . El artículo 102 inciso A párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio .11 ”

Adicionalmente, los párrafos cuarto y quinto de este mismo artículo a la letra rezan:

“Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.”

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República contempla la organización del órgano persecutor de los delitos federales y así como de las facultades de sus órganos internos. Entre ellas nos encontramos al menos lo siguiente:

“Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal

La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos: I. Titular de la Fiscalía General de la República;

II. Titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales , de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;

III. Titulares de las Fiscalías Especializadas;

IV. Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal;

V. Titular de la Coordinación General, en sustitución o suplencia del Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, y

VI. Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento.

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura:

I. Fiscal General;

II. Coordinación General;

III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;

IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;

V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;

VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal;

VIII. Coordinación de Métodos de Investigación;

IX. Coordinación de Planeación y Administración;

X. Órgano Interno de Control;

XI. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera;

XII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y

XIII. Las Fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal.”

Artículo 28. Funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará despliegues operativos en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los Fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía.

Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso.

Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General de la República, al Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último sólo en los casos en que exista correlación entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

Por su parte la Ley General en Materia de Delitos Electorales, entre otros puntos, señala:

Artículo 1 . Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además, tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley.

CAPÍTULO II
Delitos en Materia Electoral

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I... a XVII...

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral;

XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados;

XX... a XXI...

“Artículo 9 . Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I... a VI...

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades;

VIII...

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente, o

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.”

Como puede observarse el marco jurídico actual otorga, tanto a la autoridad electoral como al órgano persecutor de los delitos en materia electoral, las atribuciones suficientes para poder “fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.” como para proceder “de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley (Ley General de Delitos en Materia Electoral).

Luego entonces, ante la evidencia señalada, es imperativo que se realice de inmediato una verificación a la agrupación Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C. respecto del gasto excesivo en la realización de sus asambleas, así como por el origen y destino de sus recursos.

Para la democracia mexicana resulta un asunto de sobrevivencia institucional, el anticipar y detener cualquier intentona de que recursos de procedencia ilícita penetren en el sistema de partidos políticos mexicano y mucho menos que a través de ellos se pretenda acceder al ejercicio del poder público.

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Instituto Nacional Electoral para que en pleno uso de facultades y obligaciones, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, inicie una revisión de los gastos excesivos de la agrupación Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C. en la realización de sus asambleas distritales, constitutivas como Partido Político Nacional, así como por la presunta utilización de recursos de procedencia ilícita en su conformación.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que, en pleno uso de sus atribuciones y facultades, inicie de oficio una carpeta de investigación en contra de los dirigentes y funcionarios de la agrupación Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C. por la presunta comisión de actos constitutivos de delitos electorales.

Notas:

1. DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS Tesis:15. Apéndice (actualización 2002) Tercera Época. Sala Superior.

Tomo VIII, Jurisprudencia Electoral. Pág. 22. Jurisprudencia (Electoral).

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2 .aspxID=922634&idRaiz=2&idTema=31&Clase=DetalleTesisBLTemat ica

2. DOF. 10-02-1 2014. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma política-electoral. Crea el Instituto Nacional Electoral. Incorpora la reelección consecutiva de senadores y diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos. Dota de autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Modifica la fecha de inicio del cargo de Presidente de la República. Faculta a las Cámaras del Congreso para ratificar a determinados Secretarios de Estado. Crea la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_re f_216_10feb14.pdf

3. INFORMADOR.MX 21 de enero de 2019. Felipe Calderón y Margarita Zavala registran nuevo partido político

https://www.informador.mx/mexico/
Felipe-Calderon-y-Margarita-Zavala-registran-nuevo-partido-politico--20190121-0089.html

4. Ibid.

5. Informe que Rinde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos Relativo al Desarrollo del Proceso de Constitución de Nuevos Partidos Políticos Nacionales 2019 - 2020, del 21 de febrero de 2020.https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456 789/113605/CGor202002-21-ip-10.pdf

6. Expansión-Política. Miércoles 21 de noviembre de 2018. https://politica.expansion.mx/mexico/2018/11/21/los-politicos-salpicado s-en-el-juicio-contra-el-chapo

7. Ob. Cit.

8. El Sur. 17 de enero de 2019. Involucran también al ex presidente Calderón en juicio de El Chapo.

https://suracapulco.mx/2019/01/17/involucran-tambien-al- ex-presidente-calderon-en-juicio-de-el-chapo/

9. Idem.

10. Sin embargo, 3 de enero de 2020. Hoy es el día: sólo si García Luna se declara culpable evitará que salga el cochinero en el juicio.

https://www.sinembargo.mx/03-01-2020/3705982

11. Expansión Política, viernes 17 de enero de 2020. EU dice tener "voluminosa evidencia" contra Genaro García Luna. https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/17/eu-dice-tener-voluminos a-evidencia-contra-genaro-garcia-luna

12. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020.

Diputado Ruben Cayetano García (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, a cargo de la diputada Hilda Patricia Ortega Nájera, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Hilda Patricia Ortega Nájera, diputada por el estado de Durango integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción XI del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente efeméride con motivo del 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Proclamación y objetivo

Desde el año 2003 se proclamó el día 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio por iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de hacer conciencia a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse y para fomentar compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios.

Planteamiento del problema

El suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. Los trastornos mentales (especialmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol) son un importante factor de riesgo de suicidio en el mundo.

El suicidio es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. El suicidio figura entre las 20 causas de defunción más importantes a todas las edades a nivel mundial.

Estadísticas a nivel mundial

• La Organización Mundial de la Salud estima que

• Cada año se suicidan casi un millón de personas; es decir, un promedio de 3000 personas al día pone fin a su vida, lo que equivale a una persona cada 40 segundos.

• Se estiman que al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue.

• En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial.

• Se estima que a nivel mundial el suicidio supuso el 1,8% de las causas de muerte en 1998, y que en 2020 representará el 2,4% en diferentes países.

• De acuerdo con la OMS, es la tercera causa de muerte para jóvenes entre 15 y 19 años.

Estadísticas en México

En México el suicidio ocupa el lugar 22 entre las principales causas de muerte en la población mexicana. Los siguientes datos los hizo públicos el INEGI el 10 de septiembre de 2019 y son con base en estadísticas de mortalidad de 2017:

• En 2019, la tasa de suicidio en México fue de 5.2 por cada 100 mil habitantes, afectado en mayor medida a población entre 20 a 24 años (9.3 por cada 100 mil en esas edades) y 15.1 por cada 100 mil son hombres.

• Entre los 15 y 29 años es la segunda causa de muerte en el país.

• Chihuahua es el estado con mayor incidencia, seguido de Aguascalientes y Sonora.

• Los que menos: Oaxaca, Veracruz y Guerrero. La CDMX es el lugar 29.

• De 2010 a 2013 subieron los casos, de 2014 a 2017 el Inegi los reporta estables entre 5.1 y 5.2 de tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes.

• Tasa de hombres: 8.7 por cada 100 mil.

• 1.9 mujeres por cada 100 mil.

• 9.3 jóvenes entre 20 y 24 años ocupan la tasa más alta.

• La estimación es de un promedio de 8 mil suicidios al año.

Estos datos hacen visible la gravedad de la problemática y, sobre todo, la necesidad de tomar medidas y realizar acciones encaminadas a la detección y diagnósticos oportunos, para prevenir y reducir los índices de mortalidad por esta causa.

Factores de riesgo

Las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio.

Incidencias de las crisis de salud y económica por la Pandemia en el suicidio

Se estima que la crisis de salud y la crisis económica generalizadas pueden tener incidencia y ser factores de riesgo importantes en las causas de suicidio.

Los cuadros de depresión han aumentado durante los meses de contingencia y es previsible que los casos se profundicen con el retorno lento a las actividades y hasta un posible regreso al semáforo verde después de octubre.

La incertidumbre sobre el futuro, la permanencia en casa por aislamiento voluntario, el temor a contagiarse de coronavirus y los miedos a perder empleo e ingreso son causas que deben atenderse de manera inmediata por instituciones públicas y organizaciones civiles dedicadas a prevenir suicidios.

Según reportes de la asociación civil de la ONU “Confianza e Impulso Ciudadano”, de marzo a julio de 2020, hubo un promedio de dos casos diarios de suicidio durante la contingencia por la pandemia de COVID-19, por lo cual se ha concluido que el aislamiento social, las pérdidas humanas por COVID-19, las pérdidas laborales y las complicaciones económicas generadas por esta crisis sanitaria significan un importante factor de riesgo para esta causa de muerte.

El suicidio Sí se puede prevenir

La misma asociación civil de la ONU “Confianza e Impulso Ciudadano” estima que alrededor de 260 casos de intento de suicidio han sido evitados durante el periodo que comprende marzo a julio de este año, gracias a la intervención en tiempo real, consulta y/o tratamiento, gratuitos, de psicólogos y terapeutas profesionales. Esta asociación ha atendido:

• 427 casos por ideas suicidas de personas que piden primeros auxilios emocionales gratuitos por considerar la posibilidad de atentar contra sí mismos.

• 3 casos diarios en promedio durante el periodo de pandemia que reciben atención inmediata, consulta y apoyo a toda la familia, a través de un sistema de “contrato de vida” para que la persona pueda seguir en tratamiento junto con sus seres cercanos.

• Esto representa un caso atendido y evitado cada dos horas vía telefónica o en línea.

• 390 consultas de casos de riesgo por posibles ideas suicidas o de intentos de suicidio.

En resumen, durante los más de 150 días de pandemia, se han brindado 1,077 intervenciones relacionadas con suicidio, que son 7 casos al día, uno cada hora, en promedio.

Acciones y medidas que deben implementar los países

Todos los países deben mejorar sus políticas públicas en materia de prevención de suicidio, así como redoblar esfuerzos para:

• Mejorar la disponibilidad de acceso a los servicios de salud mental y asistencia social en general para la identificación y tratamiento de las personas que sufren trastornos mentales y por consumo de sustancias, especialmente, en los ámbitos escolares;

• Incrementar la cooperación entre las diversas organizaciones e instituciones de la sociedad;

• Realizar campañas educacionales para la práctica sistemática de ejercicios y la adecuada utilización del tiempo libre;

• Promover la realización de eventos intersectoriales y multidisciplinarios sobre la conducta suicida en sus diversos aspectos;

• Cobertura responsable de las noticias sobre suicidios en los medios.

• Restricción del acceso a los medios de suicidio, como sustancias tóxicas y armas de fuego,

Reflexiones sobre la importancia de la sensibilización y concientización

La prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido a la falta de sensibilización sobre el impacto negativo de esta causa de muerte y debido al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello.

Sólo unos cuantos países en el mundo han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades. En México necesitamos redoblar esfuerzos para mejorar nuestras políticas de atención.

La prevención del suicidio requiere la intervención de sectores además del de la salud y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial, con la participación del sector de la educación, el laboral, el político y de los medios de comunicación, cuando menos.

Hay que tener en cuenta que cada vida perdida representa a un amigo, padre, hijo, abuelo o compañero de alguien. Por cada suicidio producido, muchas personas alrededor sufren las consecuencias.

También es importante mencionar que no solamente los jóvenes son víctimas de padecimientos que los orillen a cometer suicidio, sino también niñas y niños.

Como diputadas y diputados federales debemos contribuir a la salvaguarda del Principio del Interés Superior de la Niñez en este sentido y coadyuvar a proteger el mayor bien del que goza el ser humano: la vida.

Necesitamos sensibilizar a la gente sobre esta grave situación e informar a la población sobre las formas en que pueden contribuir para la detección y prevención temprana de este padecimiento, para salvar muchas vidas en el mundo cada año.

Por las razones expuestas, el día de hoy presento esta efeméride dedicada a conmemorar a las personas que han fallecido por causa del suicidio, pero también para conmemorar a todas y todos aquellos familiares y amigos que continúan en la lucha del duelo por la pérdida de sus seres queridos.

Referencias

https://www.who.int/mental_health/prevention/es/

https://www.excelsior.com.mx/nacional/suicidio-durante-l a-pandemia-por-covid-19/1397483

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/sui cideprevent/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de septiembre de 2020

Diputada Hilda Patricia Ortega Nájera (rúbrica)