Proposiciones

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y estatales a revisar y ampliar la oferta de actividad laboral y capacitación en los centros penitenciarios y celebrar convenios con el sector privado para comercializar los productos y las artesanías elaborados por reclusos, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar y sus homólogas locales a promover programas de apoyo para personas en situación de calle y las desalojadas de hoteles o viviendas debido a la emergencia sanitaria por Covid-19; y acondicionar y operar espacios públicos como albergues, refugios urgentes o centros de atención de dicho grupo poblacional, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE y los organismos públicos locales electorales de Hidalgo y Coahuila a fortalecer y actualizar las medidas sanitarias para salvaguardar la salud de los trabajadores, de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla y de votantes en los respectivos comicios frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los organismos operadores de agua en los estados y municipios a promover programas de descuentos, prórrogas y diferimiento y condonaciones en el pago por suministro a la población para apoyar la economía y garantizar el abastecimiento, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua y los respectivos organismos operadores en los estados y municipios a garantizar a la población el suministro continuo y suficiente de agua potable, como insumo vital para la subsistencia humana y cumplir así las medidas de higiene ante la contingencia sanitaria por el SARS-Cov2, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el IMSS y sus homólogos locales a reactivar los programas y las campañas de vacunación para infantes y adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a tomar medidas para que los vehículos de servicio comunitario que presten auxilio en siniestros, urgencias o desastres queden exentos de peaje, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSC, la Semar, la Conapesca y el gobierno de BC a tomar medidas inmediatas de seguridad y solución tras los conflictos y enfrentamientos recientes entre cooperativas pesqueras y la posible participación de la delincuencia organizada en el estado, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, la Profepa y la Conafor a implantar medidas para salvaguardar el ambiente y la tala desmedida del guayacán, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a tomar medidas para proteger al jaguar, derivado de la construcción del Tren Maya, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a investigar y, en su caso, sancionar los posibles hechos delictivos por la construcción del inmueble en el parque nacional Tulum, así como suspender y clausurar la obra, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a instruir a la CNPC con objeto de que publique la declaratoria de emergencia en el DOF para que el Guerrero pueda tener acceso a los insumos y recursos del Fonden, y proteger así la vida y salud de los damnificados por la tormenta tropical Hernán, así como restablecer las vías de comunicación y los servicios básicos, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo y los congresos estatales a armonizar su legislación, establecer fiscalías especializadas para investigar y perseguir los delitos de desaparición e instalar los respectivos consejos ciudadanos en materia de búsqueda de personas, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar al SIPINNA a fundar el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sedena a mantener coordinación con las autoridades del sector salud de Tecámac y las encargadas del hospital municipal licenciado César Camacho Quiroz para seguir colaborando en la atención de personas con Covid-19 a través del plan DN-III-E, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Puebla a adecuar su normativa para permitir a los trabajadores afiliados al ISSSTE hacer retiros parciales del fondo de pensión, a cargo del diputado Fernando Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a verificar por las entidades de fiscalización correspondientes el correcto ejercicio de los recursos públicos de origen estatal por los ayuntamientos, en el marco de su autonomía, a cargo del diputado Fernando Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a coordinarse con sus 32 homólogas locales y establecer acciones preventivas del delito urgentes y concretas para frenar la desaparición de jóvenes en el país, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los tres órdenes de gobierno a fortalecer sus mecanismos de coordinación para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de los periodistas, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los 32 gobiernos locales a adoptar por los titulares del Registro Civil de su competencia medidas para agilizar los procesos de corrección de errores en la digitalización de actas de nacimiento, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a incluir la atención integral de cáncer de mama como un padecimiento prioritario en el Programa Sectorial de Salud y los ejecutados por los institutos de seguridad social, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Profepa, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla y la Sedema de Amozoc a informar sobre el parque estatal Flor del Bosque, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales y de los 32 estados a fortalecer coordinadamente las estrategias y acciones para incentivar el consumo de leche entre niños, adolescentes y jóvenes a efecto de nutrirlos con vitaminas, sales y minerales, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, los ayuntamientos y los gobiernos locales a impedir que las personas mayores de 60 años que laboran en el sector público sean despedidas, a cargo de la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de SLP a pedir a la Auditoría Superior estatal una investigación pública y transparente sobre el proceso de licitación pública nacional número MSLP-OM-LPN-05-2020, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP y la SCT a llevar a cabo con el gobierno de Jalisco acciones para reactivar las obras federales en materia de infraestructura carretera en Cihuatlán y La Huerta, específicamente en los tramos El Tuito-Melaque, de la carretera 200, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a realizar estudios y acciones preventivas para construir los bordos de protección y corrientes del cauce de los ríos situados en la región Costa Sur de Jalisco, así como atender la falta de infraestructura y prevenir así afectaciones por la tormenta tropical Hernán, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Efemérides

• Con motivo del 2 de septiembre, Día Nacional del Cacao y el Chocolate, a cargo de la diputada Maricruz Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT

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Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y estatales a revisar y ampliar la oferta de actividad laboral y capacitación en los centros penitenciarios y celebrar convenios con el sector privado para comercializar los productos y las artesanías elaborados por reclusos, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Nayeli Salvatori Bojalil, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2017, dan a conocer las cifras de aquel momento, señalan que en México existían 267 establecimientos penitenciarios estatales registrados al cierre de 2016, mismos que estaban distribuidos de la siguiente manera: 92 recintos para hombres, 17 femeniles, 157 mixtos y un centro de alta seguridad para delitos de alto impacto, albergando a 188 mil 262 personas privadas de su libertad. Para 2018 el Censo referido muestra que existen 255 establecimientos penitenciarios a los cuales ingresaron 99 mil 445 personas.

Por su parte, el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional reporta que hasta el mes de junio de 2020 existen 295 establecimientos penitenciarios, de los cuales 263 pertenecen a los gobiernos estatales, 13 al gobierno de la Ciudad de México y 19 al gobierno federal, en cuanto a la población privada de su libertad reporta que 198 mil 971 hombres y 11 mil 316 mujeres ingresaron a algún establecimiento penitenciario, es decir un total de 210 mil 287 personas.

Cabe destacar que el principal objetivo de estos centros penitenciarios es la reinserción social de la persona sentenciada mediante el trabajo, la capacitación, la educación, la salud, el deporte y el respeto a sus derechos fundamentales.

Muestra de ello es el análisis realizado por el Inegi titulado “Estadísticas del sistema penitenciario estatal en México”, donde se señala que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que invertir en la reinserción social ayuda a reducir el número de personas que vuelven a delinquir, incrementando los niveles de seguridad en los países. Razón por la cual, es fundamental poner especial atención en los planes y estrategias de reinserción social de los sistemas penitenciarios.

De acuerdo con los resultados del análisis realizado por el Inegi, se muestra que en promedio histórico, 51 por ciento de las personas privadas de la libertad, ejercieron una actividad ocupacional. Mientras que sólo 29 por ciento estudió o recibió alguna capacitación. Y de 2011 a 2016, realizar alguna actividad ocupacional fue la principal elección de las personas internas1 .

A pesar de que la capacitación para el trabajo pretende brindar a las personas internas la posibilidad de obtener conocimientos y “tiene como propósito prepararlas para su integración o reintegración al mercado laboral una vez obtenida su libertad”, ya que por ley en México las modalidades existentes son: el autoempleo, las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción y las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros, las cuales en ningún momento deben ser consideradas como medidas o correctivas o que atenten contra la dignidad de los reclusos, la realidad es que en los centros penitenciarios de nuestro país no se brinda a las personas internas una capacitación para el trabajo.

Una clara prueba de esto es lo reportado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2019 donde muestra que 66.67 por ciento de los Centros Estatales visitados, así como 13 de los 17 centros federales y las 3 prisiones militares tienen insuficiencias o carencias en lo que respecta a actividades laborales y de capacitación.

De acuerdo con el Censo del Inegi, en 2016, 97 por ciento de los centros penitenciarios estatales tenían espacios deportivos, 88 por ciento contaban con espacios físicos para impartir y o recibir talleres, 82 por ciento contaban con aulas escolares y 71 por ciento disponían de un espacio designado como biblioteca, como se muestra en la siguiente gráfica:

Como se observa, los espacios deportivos son los que más presencia tienen en las cárceles por lo que en consecuencia es previsible que las actividades que se impartan ahí dependan y se basen principalmente en la infraestructura disponible en ellas.

En este sentido, a partir de los resultados presentados por el Inegi y la CNDH luego del censo y diagnóstico en comento, se deduce que algunas de las causas por la que las personas reclusas no se interesen en la misma proporción por la capacitación laboral sean por la carencia de espacios para actividades relacionadas con la capacitación para el trabajo y que no se proporciona a la población reclusa una oferta de actividades que consideren útil para su futura vida en libertad. Razón por la cual es fundamental fomentar la creación de estos espacios lo cual ayudaría directamente a fomentar una reintegración social exitosa luego del cumplimiento de la pena de cada recluso.

En consecuencia, una reintegración exitosa, disminuirá que las y los delincuentes vuelvan a prisión y con ello, que crezca la población en las cárceles de nuestro país. De tal modo que una estrategia integral que incluya educación, capacitación laboral y un enfoque para la venta y distribución de las artesanías y artículos que se generen en las cárceles y centros penitenciarios provocará que no solo se incida en el aumento de la seguridad, sino que también se contribuya en la disminución del costo del sistema penitenciario21

En este sentido, como legisladora, mujer y madre, es que me permito presentar esta proposición con punto de acuerdo, porque si bien, las mujeres no representan una mayoría en la población penitenciaria, sí configuran un grupo vulnerable dentro de la misma, ya que aún cuando estas mujeres hayan sido privadas de su libertad, y tengan restricciones a algunos derechos como por ejemplo el libre tránsito, y a votar y ser votadas en elecciones populares; es deber del estado garantizarles otros como lo son la salud, la educación, el deporte y el trabajo.

Como representantes populares debemos asegurar que existan mayores posibilidades de educación y de capacitación laboral para las personas privadas de su libertad que las ayuden a recuperar su autoestima y las hagan conscientes de que son capaces de salir delante por una vía legal.

En nuestro país, la Carta Magna establece que la finalidad de la pena privativa de libertad es la reinserción social a través del trabajo, la capacitación para el mismo, educación, salud, deporte y respeto a los derechos humanos, y a su vez, la Ley Nacional de Ejecución Penal regula, las bases de la reinserción social las cuales deberán contemplarse en el Plan de Actividades diseñado para las personas reclusas, en la cual se hace referencia a que durante la estancia de estos en las cárceles y centros penitenciarios, las personas tendrán acceso a actividades físicas y deportivas tienen el propósito de servir como esparcimiento y ocupación.

De igual forma, se menciona que respecto a la impartición de las actividades educativas, estas deben ser gratuitas, laicas, y en caso de ser indígena, se debe impartir la educación bilingüe, para que quienes sean partícipes de las mismas, puedan obtener grados académicos.

Desgraciadamente, en cifras presentadas por el Inegi, en 2016, se percibió que las actividades relacionadas con la certificación de habilidades laborales fueron de las que en menos centros impartieron a las personas recluidas: es decir, sólo 43 por ciento de los centros penitenciarios las ofrecieron certificación de habilidades laborales, y en menor grado, sólo el 33 por ciento, implementaron campañas de empleo.3

En nuestro país, el artículo 18 de la Constitución, prevé en su segundo párrafo que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.4

En cuanto a la regulación de los tratados internacionales México ha suscrito diversos instrumentos que se refieren a los derechos de las y los presidiarios, entre los que se encuentran:

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos,

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos; y

- Los Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (ONU 1998);

- Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente celebrado en Ginebra en 1955. Que fueron posteriormente revisadas y actualmente conocidas como las “Reglas de Nelson Mandela” las cuales, establecen en la regla 106 que:

“Las mujeres privadas de su libertad constituyen un grupo particularmente vulnerable al aislamiento y a la desintegración familiar; en comparación con los hombres que cumplen una pena privativa ya que estos tienen visitas más frecuentes que las mujeres lo que lleva a perder paulatinamente el contacto con sus hijos y con el resto de sus familiares con las consecuencias sociales que esto representa.5 ”

En el PES, estamos convencidos de que una correcta reinserción social de cualquier persona y con especial énfasis en las mujeres privadas de su libertad, es de suma importancia para la reconstrucción de los lazos familiares, a través de la formación educativa y el trabajo.

Además consideramos que no solo se debe garantizar una correcta reinserción social, sino que esta debe ser integral y debemos darle continuidad a la labor que ya se realiza en algunos de los centros penitenciarios, donde las y los reclusos realizan principalmente actividades relacionadas con carpintería, electricidad y artesanías, pero las cuales no son comercializadas en el exterior.

Falta apoyar a que estas personas reclusas también puedan vender los productos que realizan durante su estancia en los centros penitenciarios de nuestro país. Con esto, estaríamos haciendo lo socialmente correcto y ayudando a que estas personas privadas de su libertad, estén en condiciones de generar ingresos propios que les permitan solventar sus necesidades básicas y las de sus familias.

Es urgente la búsqueda y creación convenios de colaboración entre el sector público y privado que ofrezcan alternativas de mercado para los productos elaborados por las personas reclusas y con ello, ayudarlas a recuperar la confianza en sí mismas, con una base de respeto y dignidad como seres humanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a las personas titulares de los Poderes Ejecutivos de la federación y de las 32 entidades federativas, para que a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sus homologas en las entidades federativas encargadas de los sistemas penitenciarios, con el fin de garantizar la reinserción social de las personas sentenciadas, a que:

a) Revisen y amplíen la oferta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo en los centros penitenciarios de su competencia.

b) Destinen recursos para dotar de la infraestructura necesaria a los centros penitenciarios, para que las personas reclusas puedan realizar dignamente actividades laborales y de capacitación para el trabajo.

c) Incentiven a las personas reclusas a participar en actividades laborales y de capacitación para el trabajo, poniendo énfasis en las mujeres.

En el ámbito de su competencia, celebren convenios de colaboración con el sector privado para ofrecer alternativas de mercado para la comercialización de los productos elaborados por las mujeres reclusas, a fin de estimularlas a recuperar la confianza en sí mismas, como forma de respeto a su dignidad.

Notas

1 http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01/en_nu meros2.pdf

2 http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01/en_nu meros2.pdf

3 http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01/en_nu meros2.pdf

4 https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-pol itica-de-los-estados-unidos-mexicanos

5 Comisión Estatal de Derechos Humanos, Nuevo León; "Estudio sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en Nuevo León". Disponible en:

https://www.cedhnl.org.mx/imagenes/publicacionesespecial es/estudio_mujeres_privadas_de_la_libertad.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de septiembre de 2020.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar y sus homólogas locales a promover programas de apoyo para personas en situación de calle y las desalojadas de hoteles o viviendas debido a la emergencia sanitaria por Covid-19; y acondicionar y operar espacios públicos como albergues, refugios urgentes o centros de atención de dicho grupo poblacional, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La pandemia por el virus SARS-CoV2 produjo problemas sanitarios, humanitarios y económicos a nivel mundial. Cada país impulsó medidas para evitar la expansión del Covid-19 y para proteger su economía.

Sin embargo, la situación económica en México implica que cierta parte de la población pueda confinarse y seguir trabajando desde casa. Para otras, representa tener que salir, arriesgarse y seguir trabajando en sus comercios o empresas; en un panorama desalentador, hay personas que les disminuyeron el sueldo, perdieron empleo y cerraron negocios.

Segunda. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el Covid-19 hará que la tasa de desempleo en nuestro país alcance hasta 7.5 por ciento al cierre del año. Es decir, equivaldrá a 4.26 millones de desempleados mexicanos. Cifra mayor a la registrada en 2019.1

Esta enorme cantidad trae consigo miles de posibilidades de que la gente modifique bruscamente su condición de vida. Prueba de ello, es la población se queda sin hogar derivado de la situación económica por el confinamiento.

Tercera. De la misma suerte las personas que se encuentran en situación de calle han sido un sector impactado por la pandemia. No obstante, lo anterior las autoridades no han puesto atención en este sector.

Cuarta. La Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México señaló en 2017 que 6 mil 754 personas forman parte de la población callejera en la capital.1 Sin embargo, estos datos no están actualizados a la situación que se vive en el país.

Esto implica un desfase atroz de la realidad con los datos de las dependencias gubernamentales. En otras palabras, existen personas de toda la República Mexicana que se quedaron sin trabajo y perdieron su vivienda derivado de la situación que atraviesa el país por la contingencia sanitaria y que se omiten dentro de las estadísticas oficiales.

Quinta. De la misma forma es necesario poner atención de la situación que atraviesan las personas que se vieron forzados a abandonar su hogar o bien el lugar donde pernoctaban por la crisis económica que produjo la contingencia nacional.

Un ejemplo claro es el trabajo de campo que realizó la asociación civil “El Caracol” que encontró que por lo menos 150 personas que pagaban al día un hotel, posada o cuarto, se quedaron sin esta posibilidad porque el hospedaje cerró o porque se quedaron sin ingresos para la renta y no tuvieron opción más que irse a vivir a las calles. Se estima que solo en la capital del país hay una población de más de 7 mil personas que se quedaron sin hogar por esta situación, sumándole todas a aquellas que perdieron su techo al interior de la República.3

Si bien hay lugares como albergues para estos efectos, en estos momentos ya resultan insuficientes, además que no se han impulsado ningún tipo de apoyo o programa para estas personas.

Información oficial arroja que, en los programas y acciones institucionales emergentes por la emergencia sanitaria, se ha destinado presupuesto a nivel federal y local entre las diversas instancias. Se trata de apoyos a micro empresas, personas de bajos recursos, comerciantes informales, beneficiarios de otros programas sociales, estudiantes, entre otros. Pero ningún tipo de apoyo para las personas en situación de calle o para quienes tuvieron que abandonar hoteles, viviendas o lugares donde pernoctaban.

Por lo expuesto, la suscrita somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar federal, y a sus homólogas en las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan programas de apoyo para personas en situación de calle y para quienes fueron desalojados de hoteles o viviendas derivado de la emergencia sanitaria del virus SARS-CoV2, así como para que habilite y opere espacios públicos en función de albergues, refugios emergentes o centros de atención para la población en esta situación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar federal, y a sus homologas en las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente medidas precautorias tendientes a impedir que se propague el virus SARS-CoV2, así como salvaguardar el estado físico de la población que se encuentre alojada en albergues y refugios.

Notas

1 El Heraldo de México. (2020, 7 julio). Covid-19 dejará más de 2.2 millones de desempleados en México: OCDE.

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/covid-19-dejara-m as-de-2-2-millones-desempleados-mexico-ocde-crisis-empleo-mercado-labor al/

2 Montañez, R. (2020, 19 julio). ¿Cómo es perder la casa y empleo en México por Covid? El Diario de Yucatán.

https://www.yucatan.com.mx/mexico/como-es-perder-la-casa -y-empleo-en-mexico-por-covid

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/de-61-programas-por-cov id-19-en-cdmx-ninguno-es-para-indigentes-5270394.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE y los organismos públicos locales electorales de Hidalgo y Coahuila a fortalecer y actualizar las medidas sanitarias para salvaguardar la salud de los trabajadores, de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla y de votantes en los respectivos comicios frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 30 de julio el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las elecciones de Hidalgo y Coahuila, previstas para el 7 de junio, pospuestas por un repunte del Covid-19, se celebrarán el domingo 18 de octubre.1

Las elecciones que se realizarán en Hidalgo y Coahuila conllevan una gran responsabilidad frente a la pandemia en razón que se deben de garantizar dos derechos e manera primigenia a la salud y los derechos político electorales.

Estos procesos electorales servirán como, antecedente para las elecciones que se realizarán en 2021, en razón que, como lo han señalado las autoridades sanitarias, la pandemia se alargara durante un periodo más amplio de lo que se esperaba.

Las elecciones de Hidalgo y Coahuila serán parteaguas para futuras elecciones en donde tengamos un escenario con problemas similares al que vivimos actualmente.

Las autoridades electorales federal y locales deben de como prioridad salvaguardar la integridad y la salud de los trabajadores electorales, funcionarios de casilla y los ciudadanos votantes. En ese contexto se deben de cuidar los protocolos sanitarios de principio a fin, desde los actos preparatorios de los procesos electorales hasta el día de la jornada electoral.

Las autoridades electorales deberán emplear una estrategia que vaya más allá de la convencional para que el proceso electoral se llevé a cabo sin contratiempos.

El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales deberán de promover cualquier tipo de herramientas que hagan del conocimiento de los protocolos de medidas sanitarias que se implantaran en esas elecciones, desde el uso de redes sociales, hasta la capacitación online, con el fin de evitar en lo posible el contacto físico, entre quienes participan en este proceso electoral.

Con el fin de evitar rebrotes y ayudar a incrementar el número de contagios, se deben seguir todos los protocolos y medidas sanitarias que dicten las autoridades de salud.

Los procesos electorales que se desarrollan en México, implican una serie de actos que en esencia pudieran poner en riesgo la salud de quienes participan en ellos. Las reuniones de los órganos colegiados es un claro ejemplo, de un punto vulnerable en el cual existe la posibilidad de generarse algún contagio, la concurrencia en lugares cerrados de un número de personas sin las condiciones suficientes de seguridad podría dar lugar a la propagación entre los asistentes, por lo que resulta necesario que dichas reuniones se realicen en espacios abiertos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado reconociendo que la transmisión aérea del coronavirus es posible, principalmente en “ciertos lugares cerrados, tales como restaurantes, clubes nocturnos, lugares de rezo u oración, zonas de trabajo donde la gente estaba gritando, hablando o cantando”. Inclusive, (por sus términos en inglés, refiriéndose a las “Tres concentraciones”) para denotar lugares y situaciones de alto riesgo. Closed spaces (espacios cerrados), crowded places (lugares con mucha gente) y close-contact settings (situaciones con contactos cercanos). La suma de dos de esas C (espacios cerrados más lugares con mucha gente) reflejan la aerotransmisión viral.2

Por ello, el uso de cubre bocas, caretas, guantes, gel antibacterial, lavado de manos, sana distancia, sanitización de casillas y entre otras son protocolos que han ayudado en países como Mali, Singapur, República Dominicana, algunos estados de Estados Unidos, Corea, Francia o Polonia.3

En Corea del Sur se llevaron elecciones legislativas este año en medio de la pandemia y entre las medidas de prevención de contagios, el día de la jornada electoral, temperatura se midió en la entrada de los colegios electorales para todos los votantes que también debían usar una máscara. Las personas con fiebre iban a una cabina de votación especial que se desinfectaba después de cada uso. Los votantes también debían ponerse guantes de plástico después de frotarse las manos con gel hidro-alcohólico y no debían pararse a menos de un metro de los demás.4

Otro ejemplo es República Dominicana, que eligió presidente. Las elecciones habían sido pospuestas desde el 17 de mayo hasta el 5 de julio, justo el día en que el país registró una cifra récord de casos de contagio diarios con mil 241. Las medidas fueron la obligación de portar mascarilla, higienización de manos a la entrada de los recintos electorales, distanciamiento de dos metros marcado en el piso, y la desinfección de las superficies y los lápices.5

Si bien el Instituto Nacional Electoral ha emitido algunos protocolos de medidas sanitarias para las elecciones próximas, ha habido pronunciamientos de la OMS que reconoció que existe “evidencia emergente” de la posible transmisión del coronavirus por aire, luego de que un grupo de científicos pidió al organismo a actualizar sus guías respecto a cómo se transmite la enfermedad. Además, la institución alertó que la pandemia está lejos de terminarse. “No se puede descartar la posibilidad de una transmisión por vía aérea en lugares públicos, sobre todo en condiciones muy específicas de lugares abarrotados, cerrados y mal ventilados que han sido descritos. No obstante, se tienen que reunir las pruebas e interpretarlas”, señaló en una conferencia Benedetta Allegranzi, jefa técnica de prevención y control de enfermedades de la OMS.6

De todo lo anterior resulta necesario actualizar y fortalecer los protocolos de seguridad sanitaria para trabajadores electorales, funcionarios de casilla y personas que votaran en la elección próxima.

Por ello, se proponer exhortar al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales para fortalecer y actualizar los protocolos sanitarios para el proceso electoral de 2020 y que servirá como referencia para 2021 y así salvaguardar los derechos político electorales y de salud de quienes participen en el proceso electoral de dichas entidades.

Por lo expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales de los estados de Hidalgo y Coahuila, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan y actualicen los protocolos y las medidas sanitarias para salvaguardar la salud de los trabajadores electorales, ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla y ciudadanos votantes que participarán en las elecciones de esas entidades, frente a la emergencia sanitaria por el virus del Covid-19.

Notas Notas

1 https://www.milenio.com/politica/ine-martin-faz-elecciones-coahuila-hid algo

2 https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/08/12/covid-19- estrategias-de-ventilacion-y-desinfeccion-de-lugares-cerrados-para-evit ar-contagios/

3 https://politica.expansion.mx/voces/2020/08/03/
la-emergencia-sanitaria-y-el-derecho-al-voto-elecciones-en-coahuila-e-hidalgo

4 https://www.dw.com/es/surcoreanos-votan-en-legislativas-bajo-dr%C3%A1st icas-medidas-sanitarias/a-53127986

5 https://www.latercera.com/mundo/noticia/
elecciones-en-pandemia-las-medidas-que-toman-los-paises/MMUS2FFU2JAMZLASS23MMELXP4/

6 https://latinus.us/2020/07/07/hay-evidencia-covid-se-transmite-por-aire-oms/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los organismos operadores de agua en los estados y municipios a promover programas de descuentos, prórrogas y diferimiento y condonaciones en el pago por suministro a la población para apoyar la economía y garantizar el abastecimiento, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por ello, su suministro y abastecimiento del agua es de suma importancia para la población y así garantizar su salud.

Por lo expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos:

La pandemia que ha azotado al mundo ha generado estragos en la actividad económica que han impactado de manera importante el ámbito económico, laboral y familiar.

Las medidas sanitarias que se impulsaron en el primer trimestre del año y que tuvieron como fin el aislamiento en casa de las personas trabajadores ocasionaron aproximadamente la pérdida de 12.5 millones de empleos.

Encuesta realizada por la empresa consultora Gabinete de Comunicación Estratégica señala que por lo menos siete de cada 10 mexicanos consideran que la emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus Covid-19 afectó ya su economía familiar.

De estas afectaciones económicas, el 86.5 por ciento está relacionado con cuestiones laborales (26.2 por ciento), menores ingresos (24.9 por ciento), situación económica general (18.6 por ciento), incremento de precios (9.1 por ciento) y reducción de ventas en comercios (7.7 por ciento).1

De igual manera la UNICEF ha señalado que los hogares con niños y adolescentes en México vieron sus ingresos reducidos en 73.5 por ciento de febrero a mayo de este año mientras que los hogares sin niños en 57.9 por ciento. Sólo 3 de cada 10 hogares con niñas, niños o adolescentes reciben apoyo de algún programa gubernamental de bienestar. Christian Skoog, funcionario de la UNICEF, ha señalado la preocupación que en un contexto en el que los ingresos familiares en general se están viendo afectados negativamente a lo largo y ancho de México, las familias con menores de edad sean las más perjudicadas debido al alto nivel de vulnerabilidad tanto en lo referente a alimentación como a salud y seguridad que ya padecían millones de niños, niñas y adolescentes en el país antes de la pandemia y que podrían agravarse si no se actúa con rapidez y eficacia inmediatas.2

Si bien el gobierno federal ha impulsado algunas medidas para paliar el impacto económico en los bolsillos de las familias, estos no han sido suficientes. No obstante, lo anterior, es de señalar que los gobiernos locales y municipales también pueden participar de manera activa para apoyar y evitar aminorar la economía de las personas, esto es, a través de programas y apoyos para las familias mediante los cuales se puedan realizar descuento o en su caso la condonación del pago por suministro de agua, a fin de mantener de manera constante el servicio.

Aunado a lo anterior, ONU-Hábitat ha señalado que el acceso a servicios de agua potable y saneamiento es fundamental para detener la propagación y reducir el impacto de Covid-19 en entornos urbanos. Las necesidades de agua, saneamiento e higiene de las personas que viven en asentamientos informales y barrios marginales requieren atención específica.3

De la misma manera es indispensable maximizar el acceso al agua potable, especialmente para las comunidades vulnerables. Mantener, cuando sea posible, la continuidad del servicio de agua, el tratamiento adecuado y la consideración de accesibilidad para todos, asegurando que la asequibilidad nunca sea una barrera. Para áreas no atendidas, se pueden tomar medidas temporales para facilitar el acceso al agua potable o para facilitar el tratamiento del agua en el hogar. Sin acceso a agua potable, las personas corren un mayor riesgo de contraer otras enfermedades transmitidas por el agua y, por lo tanto, son más susceptibles a enfermarse gravemente si se infectan con COVID-19.4

En tal contexto, con la presente propuesta, se pretende exhortar a los organismos operadores de agua en las entidades federativas y municipios, a fin de impulsar y promover programas de descuentos, prorrogas, diferimientos de pagos y condonaciones en el pago del servicio por suministro de agua.

Con estas acciones se pretende enfrentar dos de las problemáticas que aquejan a una gran parte de las familias, el garantizar el suministro de agua y el de aminorar el impacto en detrimento de la economía de las familias.

Es necesario que desde el gobierno se envíen mensajes positivos para ampliar los programas y apoyos de protección social y bienestar para los hogares mexicanos, con la finalidad de garantizar el acceso a los servicios, así como para dar incentivos a las familias y que tengan la capacidad de hacer frente a la problemática que atraviesa el país.

Por lo expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los organismos operadores de agua en las entidades federativas y municipios para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan programas de descuentos, prorrogas y diferimientos de pagos y condonaciones en el pago por suministro de agua a la población, a fin de apoyar la economía y garantizar el servicio de abastecimiento del vital líquido.

Notas

1 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/15/7-de-cada-10-mexicanos- dicen-que-el-covid-19-ya-afecto-su-economia

2 https://coronavirus.onu.org.mx/unicef-covid-19-impacta-mas-a-hogares-co n-ninos-y-adolescentes

3 https://onuhabitat.org.mx/index.php/agua-saneamiento-y-covid19

4 https://onuhabitat.org.mx/index.php/agua-saneamiento-y-covid19

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua y los respectivos organismos operadores en los estados y municipios a garantizar a la población el suministro continuo y suficiente de agua potable, como insumo vital para la subsistencia humana y cumplir así las medidas de higiene ante la contingencia sanitaria por el SARS-Cov2, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 28 de julio de 2010, a través de la , la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para garantizar los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.1

El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la colada, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud.2

El 8 febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma mediante la cual se elevó a rango constitucional el derecho humano de acceso al agua, el artículo 4to constitucional en su parte conducente señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Ante la contingencia sanitaria declarada en marzo del presente año, y la cual fue provocada por el coronavirus, el acceso al agua se volvió vital, en razón que una de las medidas indispensables para inhibir los contagios es la higiene personal, y así evitar la propagación del virus.

Expertos de la ONU han señalado que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el Covid-19, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables. De la misma forma señalaron que la lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2 mil 200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable.3

La Conagua ha reconocido que el agua fue un elemento fundamental para combatir las pandemias de cólera en 1992, la de influenza AH1N1 de 2009 y también juega un papel central para enfrentar al coronavirus.

En México entre las recomendaciones que ha emitido la Secretaría de Salud para evitar el contagio del Covid-19 son: lavado de manos con jabón durante al menos 20 segundos, no tocar tus ojos, nariz o boca si tus manos no están limpias, cuando se tosa o estornude, tapar la nariz y la boca con el brazo o un pañuelo desechable, que deberá ser colocado en la basura o en una bolsa de plástico y mantener una sana distancia con las demás personas.4

No obstante, esta recomendación es imposible llevarse a cabo si hay zonas en donde el carente suministro de agua es innegable. Para ejemplificar, aproximadamente un millón de mexicanos enfrentan la pandemia sin acceso a agua potable. Itzhuauhtli Zamora, investigador de la UNAM, plantea, que esa cantidad de personas es 15 por ciento de la población de la Ciudad de México.5

Esto se traduce, a un sector vulnerable que por el escaso suministro de agua es susceptible ante los contagios del coronavirus por una posible falta de sanidad en consecuencia de ausencia del agua.

De igual manera La pandemia de Covid-19 evidenció que, aunque México elevó a rango constitucional el derecho humano al agua en 2012, más de 10 millones de personas de bajos ingresos carecen de acceso al líquido que resulta un elemento central para garantizar el lavado constante de manos. En el informe “Reflexiones derivadas del coronavirus”, elaborado por el Programa Hidrológico Internacional-Sección México, que es encabezado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se enfatiza que el elemento central para evitar la propagación de la pandemia, es la higiene personal y el lavado constante de manos con agua y jabón.6

El informe señala que más de 10 millones de personas de bajos ingresos carecen de acceso a sistemas mejorados de agua y son, en su mayoría, habitantes del medio rural y de zonas periurbanas.

Derivado de todo lo anterior, la intención del presente punto de acuerdo es que el acceso y suministro de agua como derecho humano, sea continuo y suficiente para la salud y bienestar de todas y todos los mexicanos. Es necesario impulsar medidas que garanticen el suministro del vital líquido y que esté al alcance de todas y todos.

Así en esta pandemia, contar con el agua como primordial elemento para la salubridad ante la cuarenta.

Resultando así, una oportunidad para proteger y amparar la salud de cada familia que se encuentra en una situación de insuficiencia de agua.

Por ello, su suministro y abastecimiento del agua es de suma importancia para la población y así garantizar su salud.

Por lo expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a los organismos operadores de agua en las entidades federativas y municipios, para que, en el ámbito de sus competencias, garanticen el suministro de agua potable de manera continua y suficiente a la población, como insumo vital para la subsistencia humana y para cumplir con las medidas de higiene para prevenir enfermedades ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2.

Notas

1 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtm l

2 Ídem.

3 https://www.onu.org.mx/
no-se-podra-parar-el-covid-19-sin-proporcionar-agua-a-las-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-dicen-expertos-de-la-onu/

4 https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/

5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/28/un-millon-de-capi talinos-enfrentan-pandemia-sin-agua-potable-3701.html

6 https://aristeguinoticias.com/2904/mexico/brechas-en-el-acceso-al-agua- obstaculizan-combate-a-covid-19/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
el 2 de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el IMSS y sus homólogos locales a reactivar los programas y las campañas de vacunación para infantes y adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En su artículo 24, la dispone que los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud, así como a combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente.1

Segunda. De la misma manera el artículo 4o. constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, a fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.2

Tercera. Como se observa el derecho a la salud está garantizado en ordenamientos internacionales y nacionales, y es una de las garantías a las que se les debe de dar mayor prioridad. No obstante, lo anterior, la pandemia por coronavirus en México ha hecho que el sector salud del país se centre especialmente en la atención a los pacientes con Covid-19.

A pesar de que se han implementado estrategias para quienes necesitan atención médica en general, varios aspectos de la salud pública se han visto afectados como es el caso de los esquemas de vacunación infantil.3

Cuarta. En una estimación, cerca de 700 mil niños en el país han visto retrasado su esquema de vacunación, con lo cual se pone en riesgo su salud, a consecuencia de no contar con los insumos inmunológicos básicos que requiere el organismo de un menor de edad y que se encuentran considerados dentro de los programas de vacunación con los que cuenta el sector salud.

Quinta. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la señalaron que hay una disminución alarmante en el número de niños en el mundo que reciben vacunas esenciales debido a las disrupciones causadas por la pandemia de Covid-19.

Asimismo ha señalado que números preliminares para los primeros cuatro meses de 2020 apuntan a una caída sustancial en el número de niños que completan tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Se trata de la primera vez en 28 años que el mundo podría ver una reducción en la cobertura de esa inmunización.4

Sexta. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus señala que inmunización es uno de los instrumentos de prevención de enfermedades más importantes y esenciales en la historia de la salud pública, y que la interrupción de los programas de vacunación debida a la pandemia de Covid-19 amenaza con deshacer décadas de progreso contra enfermedades prevenibles por vacunación como el sarampión.5

Por todo lo anterior, se exhorta a la a la Secretaría de Salud federal, al Instituto Mexicanos del Seguro Social y a sus homologada en las entidades federativas a reactivar los programas y campañas de vacunación en la población infantil y adolescente, a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud de nuestras niñas, niños y jóvenes.

Por lo expuesto, la suscrita somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus homologas en las entidades federativas, a fin de reactivar los programas y campañas de vacunación para la población infantil y adolescente.

Notas

1 http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/
derecho-humano-la-salud-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes#:~:text=En%20su%20art%C3%ADculo%2024%2C%20la,la%20rehabilitaci%C3%B3n%20de%20la%20salud.

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.p df

3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/28/coronavirus-en-mexico -retraso-700-mil-vacunas-para-ninos/

4 https://news.un.org/es/story/2020/07/1477491

5 https://news.un.org/es/story/2020/05/1474912

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a tomar medidas para que los vehículos de servicio comunitario que presten auxilio en siniestros, urgencias o desastres queden exentos de peaje, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Protección Civil define el auxilio como la “respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables”1 .

El auxilio en primera instancia es brindado por parte de los grupos especializados locales (bomberos, grupos de rescate, servicios médicos, entre otros), sin embargo cuando la magnitud del siniestro, emergencia o desastre rebasa la capacidad de respuesta de los grupos locales, la autoridad de protección civil solicita el apoyo de los municipios y o entidades federativas adyacentes al lugar del siniestro para que contribuyan en las labores auxilio. Como ejemplo de lo anterior se encuentran en los siguientes siniestros:

- Incendio de la Central de Abasto de Oaxaca, 28 de mayo de 2020. Los cuerpos de bomberos de los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, Tlalixtac de Cabrera, Santa Lucía del Camino y San Jacinto Amilpas apoyaron al Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio de Oaxaca de Juárez2 .

Explosión de polvorín en el municipio de Tultepec, estado de México, 5 de julio de 2018. Cuerpos de Bomberos de los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, Ecatepec y Melchor Ocampo brindaron apoyo a los bomberos de Tultepec1 3

- Fuga en gasoducto de Pemex en el municipio de Nextlalpan, estado de México, 2 de agosto de 2019. Bomberos de Zumpango y de Pemex provenientes de la Ciudad de México apoyaron a los bomberos de Nextlalpan4 .

- Choque múltiple en el kilómetro 52 de la autopista Monterrey-Saltillo, 31 de diciembre de 2019. Elementos de Protección Civil del estado de Nuevo León y de los municipios de Monterrey, Santa Catarina y de Ramos Arizpe del estado de Coahuila acuden a prestar auxilio5 .

- Explosión en toma clandestina en ducto de Pémex en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, 19 de enero de 2019. Cuerpos de Bomberos y de rescate de diversos municipios del estado de los estados de Hidalgo, México y de la Ciudad de México, acudieron en apoyo a las autoridades del municipio de Tlahuelilpan.

El desplazamiento de un municipio a otro o de una entidad federativa a otra, requiere que se haga en el menor tiempo posible a fin de prestar auxilio de manera inmediata a quien lo requiera, por lo que los grupos de emergencia y atención (especializados), deben utilizar las autopistas de cuota concesionadas o a cargo de Capufe, pasando por las plazas de cobro.

Si bien es cierto que el inciso a) fracción II del artículo 91 del Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, determina que se otorgará el cruce libre de pago en todas las autopistas y puentes del Fideicomiso, sin restricción de horario y fecha a los Vehículos al Servicio de la Comunidad1 , esto no siempre se cumple6

En razón de lo anterior, resulta fundamental que las plazas de cobro a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) cumplan con lo establecido en la normatividad antes mencionada, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, a fin de que los Vehículos al Servicio de la Comunidad no paguen la tarifa correspondiente por cruzar dichas plazas de cobro.

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emita oficio a los administradores de plaza de cobro a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que den cumplimiento a lo establecido en el inciso a) fracción II del artículo 91 del Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instruya a los administradores de plaza de cobro a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a instalar lonas en cada cabina de cobro en donde se transcribe lo establecido en el inciso a) fracción II del artículo 91 del Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que gire oficios a los titulares de las Coordinaciones Estatales y/o Secretarías de Protección Civil de las 32 entidades federativas en donde se les informe que los vehículos de Servicio a la Comunidad de conformidad con lo establecido en el inciso a) fracción II del artículo 91 del Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se encuentran exentos del pago de la tarifa.

Notas

1 Artículo 2, fracción V, Ley General de Protección Civil.

2 https://www.eluniversal.com.mx/estados/fuego-sollozos-y-reclamos-devora n-central-de-abasto-en-oaxaca

3 https://lasillarota.com/tultepec-explosion-pirotecnia-muertos-lesionado s/233406

4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Desalojan-a-habitantes-de-Nextlalpan-por-fuga-en-gasoducto-de-Pemex-20190802-0055.html

5 https://www.informador.mx/mexico/
Accidente-deja-varios-heridos-en-la-autopista-Monterrey-Saltillo-20191231-0073.html

6 Se considerados Vehículos al Servicio de la Comunidad (VSC) los siguientes:

1. Ambulancias: Cruz Roja, Cruz Verde, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, DIF, Pemex, Protección Civil, Capufe u Operador.

2. Semefo: Servicio Médico Forense plenamente identificable.

3. Bomberos: Sin importar la localidad a la que pertenezca.

4. Policía Federal: Sólo vehículos oficiales.

5. Policía Local: Únicamente patrullas.

6. Fuerzas Armadas Nacionales: Sólo vehículos oficiales de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fuerza Aérea Nacional en cualquier tarifa

7. Ángeles Verdes: Vehículos de apoyo en carreteras de la Secretaría de Turismo.

8. Grúas del Operador.

9. Transporte de indocumentados: Aquellos vehículos debidamente acreditados, por la autoridad correspondiente, para tal efecto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de septiembre de 2020.

Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSC, la Semar, la Conapesca y el gobierno de BC a tomar medidas inmediatas de seguridad y solución tras los conflictos y enfrentamientos recientes entre cooperativas pesqueras y la posible participación de la delincuencia organizada en el estado, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada integrante de la LXIV Legislatura por el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gobierno del estado de Baja California se encuentra nuevamente en el centro del debate por la falta de atención y de solución a conflictos que ponen en riesgo la gobernabilidad en el estado, aunado al distanciamiento con las clases populares que confiaron en las urnas y se pronunciaron por un gobierno honesto, transparente y comprometido con las causas populares.

Desde el inicio de su mandato, el gobernador ha asumido una postura insultante para la democracia y para el anhelo de la sociedad de contar con un gobierno diferente en el que se termine con la histórica corrupción que empaña el ejercicio del poder y donde imperan los intereses de distintos grupos que basan su poderío político y económico en el influyentismo y el abuso de poder.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la entidad es la inseguridad que se detonó en las últimas administraciones del PRI y que ha tenido un crecimiento exponencial en todas las administraciones encabezadas por el Partido Acción Nacional. Tan sólo en 2019 el Estado se colocó como una de las entidades más inseguras del país ocupando el nada deseable quinto lugar en nivel de inseguridad sólo superado por el estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato. Para nadie es un secreto que los niveles de violencia en el estado fronterizo están ligados principalmente a las actividades relacionadas con el narcotráfico donde los homicidios alcanzaron según cifras oficiales un total de tres mil cincuenta y nueve homicidios.

Es claro que la estrategia en materia de seguridad de las administraciones del PAN resultaron un fracaso rotundo en el estado, sin embargo, en la gestión del actual gobernador, el panorama no es nada alentador pues en lo que va de su administración, ha crecido la tasa de homicidios de manera alarmante.

Una de las principales preocupaciones de la sociedad baja californiana es que en la administración del gobernador Jaime Bonilla, se ha colocado en puestos clave a funcionarios que han sido duramente cuestionados por sus posibles nexos con grupos delictivos de la zona y que mantienen la red de privilegios, corrupción y protección a grupos de la delincuencia organizada que generan zozobra y miedo en los habitantes del estado.

Entre todos los conflictos que ahora se presentan en Baja California, se suman las recientes agresiones y enfrentamientos entre cooperativas pesqueras, suscitados desde hace varios meses y que han desencadenado una serie de disputas entre pescadores que legalmente ejercen su actividad en campos pesqueros y otros aglutinados en ciertos grupos de choque que, de manera ilegal, pretenden apoderarse las zonas sin contar con las autorizaciones correspondientes emitidas por la Conapesca quien es la dependencia encargada de otorgar las concesiones para la pesca legal de varias especies, entre las que destaca la langosta, cuya importancia gastronómica representa una fuente de sustento para cientos de pescadores de la zona.

La explotación de este recurso natural se ha visto afectado por la depredación de varios grupos que de manera ilegal buscan explotarla para la comercialización principalmente ilegal, lo que ha dado paso a un conflicto donde los principales afectados han sido las comunidades pesqueras.

Hace más de cuatro meses, la que suscribe solicitó la intervención del Secretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaño y la del gobernador del Estado, tras las agresiones, extorsiones y amenazas de muerte de un grupo auto proclamado como parte de “la mafia” que desplazó de manera violenta a legítimos pescadores de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC). Este grupo manifiesta pertenecer a una empresa de seguridad privada denominada “crecimiento Jalisco” y estar bajo las ordenes de la Sociedad Cooperativa Ensenada, quiénes haciendo uso de violencia ingresaron al campo pesquero de San Carlos donde se encuentra la empresa Kachigi S.P.R. de R.I. así como al Campo Nuevo donde se halla la Mortera de Leyva, destruyendo equipos, materiales, mobiliario y cámaras de seguridad.

Lo inaudito de este caso es que la supuesta empresa de seguridad privada condicione a los trabajadores a adherirse mediante un contrato a la Sociedad Cooperativa Ensenada para poder realizar sus actividades, manifestando contar con el respaldo del gobierno del estado, de la fiscalía y de la policía municipal y estatal.

No obstante la petición realizada ante el secretario de Seguridad Ciudadana y al gobernador Jaime Bonilla de garantizar la seguridad de los pescadores, el pasado 5 de agosto, arribaron al campo pesquero ubicado en Punta San Carlos, delegación de El Rosario, Baja California, personas fuertemente armadas quiénes realizaron detonaciones reclamando el campo pesquero como propiedad de la cooperativa Ensenada. Todo esto ha sido formalmente denunciado ante las instancias correspondientes además de que han circulado videos en los que se demuestra la acción de este grupo armado y del riesgo que corrieron mujeres y niños que se encontraban en el lugar.

Ante estos hechos, es inconcebible que, ante las amenazas y actos violentos en contra de los pescadores, el gobierno del estado de Baja California actúe de manera facciosa beneficiando a grupos que deben ser investigados por el uso de armas de fuego de distintos calibres, algunas de ellas presumiblemente de alto poder y de uso exclusivo del ejército. Es condenable que una empresa de seguridad privada utilice este tipo de armamento para amedrentar y disparar en un campo pesquero en el que se encuentran decenas de mujeres y niños. Es de extrañarse esa actitud del gobierno frente a los hechos, sobre todo porque la cooperativa Ensenada estuvo ligada a las administraciones panistas, actuó siempre bajo su amparo y ahora hacen gala de los recursos y diversos apoyos que dicen haber entregado a la campaña del actual gobernador, lo que les hace actuar de manera impune violentando el estado de derecho.

Es claro que los actos de violencia pretenden generar un ambiente de miedo entre la comunidad pesquera y obligarlos a desplazarse de su zona de trabajo a pesar de contar con los permisos otorgados por la Conapesca, por esa razón y, ante estos hechos, solicito del gobierno del estado sea congruente con las políticas del gobierno federal y atienda de inmediato este conflicto conforme a derecho corresponda y no bajo la consigna de “pagar” favores de campaña beneficiando a quiénes sostienen estar bajo su amparo. De lo contrario aumentarán los enfrentamientos entre las cooperativas lo que abre paso a la posibilidad de que se cumplan las amenazas de muerte. En mi carácter de diputada federal, exhorto al gobierno del estado para que realice las gestiones necesarias para instaurar una mesa de diálogo entre las partes involucradas y las dependencias ligadas al sector como la Conapesca para que se evite a toda costa elevar el nivel de conflicto y se lleguen a lamentar la pérdida de vidas humanas. Un gobierno emanado de la 4T está obligado a garantizar la gobernabilidad y la estabilidad social de la región.

Como pueden constatar esta situación es alarmante para todos, es sumamente grave la violencia que prevalece y que se haya amenazado de muerte a los pescadores si daban aviso a las autoridades, como suele ser una práctica común en este tipo de extorsiones, pero más preocupante aún es el hecho de que las autoridades del estado protejan a grupos delictivos que no cuentan con autorización alguna para realizar la actividad pesquera.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Pesca y al gobierno del estado de Baja California a tomar medidas inmediatas de seguridad y de solución derivado de los conflictos y enfrentamientos acontecidos en los últimos meses entre cooperativas pesqueras ante las amenazas de grupos autodefinidos como parte de la delincuencia organizada en el estado de Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, la Profepa y la Conafor a implantar medidas para salvaguardar el ambiente y la tala desmedida del guayacán, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, Profepa y a Conafor para que implementen las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente y la tala desmedida del guayacán, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario Encuentro Social

La que suscribe, diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Cada primavera el guayacán se convierte en todo un espectáculo para observar; las hojas verdes se esconden y en su lugar resaltan las flores azul púrpura que adornan el árbol durante aproximadamente dos meses en Hermosillo, la tala desmesurada, así como la recolección de su flor para ornamentas, han puesto al árbol en estado de vulnerabilidad.

Además de que está protegida, tiene diversos usos y el más tradicional es la medicina herbolaria del tronco del guayacán, que es una madera muy dura y que produce una goma muy parecida a la del mezquite.

Esta goma ha sido utilizada durante muchos años por etnias sonorenses como un producto natural para tratar artritis, problemas respiratorios, diuréticos, como tónico laxante, lo preocupante es que hay un impacto muy severo sobre su madera y la colecta de plantas pequeñas con fines ornamentales porque tiene una flor muy bonita y cabe señalar que el guayacán exclusivamente se da en el estado de Sonora.

Al día de hoy no existe un monitoreo exacto que determine cuántos ejemplares de guayacán existen en Sonora, pero sí se sabe que en el casco urbano de la capital sonorense el número es reducido y se localiza en puntos específicos sobre algunos camellones, cerros o terrenos privados.

La especie que tenemos en Sonora tiene su límite de distribución norteña en el estado y en el desierto de Sonora, a pesar de que es una planta subtropical porque vive en el desierto, mientras que las otras se distribuyen en la zona de la selva baja, bosques.

La tasa de recuperación de un guayacán en el ecosistema es muy baja, algo que suma a la poca cantidad de este árbol en la entidad, se tienen estimaciones de que el número de ejemplares en un lugar determinado; es la densidad y otras especificaciones para determinar que tipo qué especies de flora deben ser protegidas.

Cabe señalar que la densidad es el número de ejemplares por unidad de espacio. Y de acuerdo con la norma NOM-059 es la que determina si está sujeta a protección especial, si está amenazada, si es vulnerable o si está en peligro de extinción.

Según datos del ecólogo Francisco Javier Higuera Martínez, integrante de Ser Natura Fundación Verde y de ProFauna A.C., señala que la tasa de recuperación de un guayacán en el ecosistema es muy baja, algo que suma a la poca cantidad de este árbol en la entidad, por lo que no se produce con tanta frecuencia ni en viveros oficiales ni en viveros particulares, por lo que hay poca disponibilidad de la especie para reforestaciones urbanas.

Se desconoce un estudio que se haya hecho respecto a cuántos individuos de esta especie hay en la ciudad, pero comparando con otras especies como mezquite y palo fierro, no es significativa su presencia, toda vez que los recientes incendios han afectado de gran manera las poblaciones de flora que existen en Sonora y el guayacán no ha sido la excepción, pues en los últimos incidentes registrados, se perdieron guayacanes, palo fierro y mezquites.

En ese sentido, es importante tomar conciencia de este tipo de talas exageradas para beneficio de unos cuantos, pero desafortunadamente nuestro ecosistema cada día va perdiendo terreno a los impulsos de los humanos, esto implica que debemos de tomar conciencia de ello y procurar un poco más de cariño, adoptarla en camellones, en reforestaciones, el hogar, en espacios públicos, seguramente con la demanda se comenzarán a producir, inclusive desde casa también es fácil producirlos

Solo es cuestión de tener un poco más allá de una cultura y ver por nuestro planeta que día a día lo estamos acabando, por ello debemos de colectar la semilla solo cuando esté madura, con un tono amarillo o casi naranja, la secamos un poco y la ponemos en remojo de 24 a 48 horas; después de ese tiempo, ya la podemos pasar a algún sustrato .

Por otra parte según un estudio de la Comisión Nacional Forestal “Inventario Estatal Forestal y de Suelos” en 2014, en las 8.9 millones de hectáreas de superficie árida y semiárida que existen en Sonora, el guayacán ocupa apenas una proporción del 5.8 por ciento, por ello debemos de tomar conciencia.

Qué pasaría si se extingue el guayacán en los próximos años ? El impacto al ecosistema sería ineludible, dado que cada especie desarrolla una función específica con su existencia.

En Sonora habita el guayacán guaiacum coulteri , que alberga una especie de mariposa que deposita sus huevecillos solo en las hojas de este tipo de árbol; si escasea o desaparece el guayacán, se generará un impacto ecológico en la población de esta mariposa, afectando a un gran número de poblaciones de otros animales polinizadores que llegan a estos ejemplares, como los murciélagos.

Desgraciadamente siempre hemos visto cómo son arrancados estos guayacanes de raíz en plena floración por las máquinas de las constructoras, y es muy frustrante y triste no poder ni tener los medios para impedir tal atropello y lo peor de todo es que estos no son reubicados en otra parte tales como camellones por ser un árbol tan hermoso, por otro lado se encuentra también el árbol llamado palo blanco qué florece al mismos tiempo que este árbol, da una flor blanca muy hermosa y grande, florece al mismo tiempo que el guayacán.

Derivado de lo anterior, es necesario combatir la tala desmedida de esta especie que se encuentra en peligro de extinguirse si no actuamos razonablemente

En mérito de lo expuesto, someto a consideración la presente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional Forestal, para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan sus políticas públicas, así como su labor de vigilancia e inspección a fin de evitar la tala ilegal del guayacán.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen la posible comisión de delitos y en su caso sancione a los responsables por la tala del guayacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de septiembre de 2020

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a tomar medidas para proteger al jaguar, derivado de la construcción del Tren Maya, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II; del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Hago un enérgico exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y que derivado de la construcción del tren maya un total de dos mil jaguares, de los cuales mil habitan en la reserva de la biósfera de Calakmul, se encuentran en riesgo por la construcción de este proyecto. Es por ello que la planeación del proyecto, bajo ninguna circunstancia deberá impactar las zonas núcleo y de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas de la península de Yucatán.

La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, externan su preocupación respecto a que el proyecto no cumple con la legislación ambiental debido al trazo original propuesto y que atraviesa la reserva de la biósfera de Calakmul, no cumple con el impacto ambiental y el trazo no respeta los límites de las áreas naturales protegidas federales, estatales y municipales, tal y como está pasando con el Parque Nacional Tulum (Quintana Roo), las reservas de la Biosfera Yum Balam y Sian Ka’an (Quintana Roo) y Calakmul (Campeche), y las áreas naturales protegidas estatales de Balam-Ku y Balam-Kin (Campeche), entre otras. Bajo ninguna circunstancia deberán impactarse las zonas núcleo y de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas.

Si bien es cierto, que, en los últimos 12 años, se ha logrado el incremento de la población del jaguar a nivel nacional, que pasó de 4 mil a 4 mil 800 del 2010 a la fecha de acuerdo con los dos censos que han realizado en ese ínter y gracias al trabajo conjunto con instituciones como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Semarnat, Conabio, la Alianza WWF – Fundación Telmex/Telcel y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.

Por otro lado, todo estudio de impacto ambiental debe ser especialmente riguroso para verificar la factibilidad de cada proyecto, toda vez que la reserva de la biósfera de Calakmul, el hábitat natural del jaguar, es uno de los tres macizos forestales más importantes que le quedan al país, por lo que es fundamental llevar a cabo los pasos de fauna, eso es lo que importa el paso de fauna como puentes naturales.

Es importante señalar que la reserva de la biósfera de Calakmul es casi dos veces mayor que la de Chimalapas, y dos veces y media mayor que la selva Lacandona, son las áreas forestales del país más importantes y Calakmul es una de las 20 selvas más extensas que quedan en el planeta y el trabajo de conservación que se ha venido haciendo y este proyecto es preocupante.

En ese sentido, es sumamente importante consolidar la conservación del jaguar, las áreas naturales protegidas y las selvas de la región, así como impulsar un desarrollo sostenible regional para la conservación del jaguar y su hábitat”.

Por ello exhorto a la Semarnat, Conanp y Profepa, a considerar la planeación del proyecto del Tren Maya, y que este cuente con todos los estudios ambientales necesarios para determinar su factibilidad ambiental, debiendo acatar plenamente la legislación ambiental vigente en materia de impacto ambiental, forestal, vida silvestre y aguas nacionales.

Como legisladores es fundamental que podamos evaluar todos y cada uno de los impactos relativos a la protección del jaguar, así como a la diversidad biológica regional y determinar las medidas de mitigación y conservación en las zonas que aún conservan selvas extensas y que no se encuentran en alguna área natural protegida, los cuales funcionan como corredores biológicos para el jaguar y otras especies animales.

Por otro lado, las características del tren maya, deberán determinar el número y ubicación de pasos de fauna elevados a lo largo del trazo del tren, para fauna mayor como jaguares y tapires. Además, deberán adecuarse los viaductos, obras de drenaje y pasos para que funcionen como pasos de fauna de especies de menor tamaño como ocelotes y osos hormigueros.

De igual forma, se deberá evaluar cómo consolidar las áreas naturales protegidas de la región con un adecuado diseño del tren, así como su correcta evaluación lo que puede representar una valiosa oportunidad para ordenar el desarrollo que ocurre en la periferia de las áreas naturales protegidas como Calakmul y Tulum.

Por último, es necesario priorizar los esquemas de manejo sustentables bajo diferentes modalidades de conservación para ampliar en la región donde se encuentran las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y el pago por servicios ambientales de Conafor , siguiendo al pie de la letra los tratados nacionales e internacionales vigentes, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Derivado de lo anterior, el Tren Maya se convierte en una barrera física de introducción genética dentro del hábitat del jaguar y una solución podría ser a través de los Pasos de Fauna para proteger a más de 2,000 jaguares en México por la construcción del Tren Maya.

Es decir, puentes que pueden superar los 40 metros de ancho, pues este tipo de jaguar necesita un rango hogareño entre 30 y 50 kilómetros que les pueda permitir algunas actividades como cazar presas, reproducirse o cuidar a sus crías.

Por lo que es convenientes realizar entre 12 o 15 pasos de fauna a lo largo de la vía, para que los jaguares no tengan miedo al cruce, y así los costos de un solo paso de fauna cuesta más de medio millón de dólares, pero que en una obra de esa magnitud no debería representar un problema.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de sus atribuciones, emitan la Manifestación de Impacto Ambiental por la construcción del Tren Maya.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen y hagan pública una opinión y recomendación respecto a la construcción del Tren Maya.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan y vigilen la protección de las especies que habitan en el lugar de la construcción del Tren Maya, en especial la del jaguar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 2 de septiembre de 2020.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a investigar y, en su caso, sancionar los posibles hechos delictivos por la construcción del inmueble en el parque nacional Tulum, así como suspender y clausurar la obra, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II; del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Hago un enérgico exhorto a estas autoridades, por permitir la construcción de un inmueble el cual se encuentra en un Área Natural Protegida y forma parte del patrimonio de la nación, particulares construyeron una mansión dentro del Parque Nacional Tulum, toda vez que la misma rodea la zona de monumentos arqueológicos de dicho parque, dicha vivienda, se encuentra en un predio de alrededor de ocho hectáreas, la cual fue construida sin ningún tipo de permiso, violando todas las normas y programas vigentes.

En ese sentido es importante mencionar que todo tipo de obras de construcción se requiere del permiso correspondiente y más aún que estas obras fueron hechas clandestinamente, es una vergüenza que las obras de construcción fueran detectadas por el mes de noviembre pasado, cuando aún estaban en etapa de cimentación, ante estos hechos la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debió de haber clausurado y emitido las sanciones correspondientes a los particulares por este daño ambiental, es inconcebible que a pesar de ser un área de difícil acceso, las autoridades dieron cuenta hasta este mes de mayo y eso por motivo de la esperada temporada de anidación de tortugas marinas.

Ante estos hechos vergonzosos y que, después del niño ahogado quieren tapar el sol con un dedo, mencionar que, a través de una caminata, se percataron que la obra ya estaba concluida y, que, además, es vigilada por sujetos armados y lo peor del caso es que esta zona forma parte de la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano y es una zona prioritaria para la anidación de tortugas marinas, especies en peligro de extinción y protegidas por la Norma Oficial Mexicana 159-SEMARNAT-2010.

Por otra parte el Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano prohíbe colocar cualquier tipo de infraestructura en zona de reserva por lo que esta construcción invade la franja de Zona Federal Marítimo Terrestre, destinada para su gestión a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con fines de preservación. ¿Que han hecho las autoridades en esta situación?, nada absolutamente nada, tal pareciera como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la pandemia les quedo como anillo al dedo para dar por terminada esta construcción que violentaron los derechos de las especien marítimas.

Ahora bien, ante estos hechos han quedado atrás como fieles testigos los documentos de la Nacionalización de 1981 y la sentencia de la propia corte, donde establece que los terrenos del Parque Nacional Tulum fueron nacionalizados para fines de conservación desde 1981, cuando se emitió el decreto como Área Natural Protegida. Sin embargo, posterior a ello se comercializaron lotes en la línea de costa y por ende la venta posterior a la expropiación la cual se encuentra inmersa en una disputa legal entre la Conanp y los habitantes de esta edificación por el despojo del parque nacional.

Cabe destacar que en 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN ) resolvió una controversia constitucional con respecto a los alcances del municipio en el polígono, en la cual se determina que el único propietario y poseedor de esos terrenos es la Federación a través de la supervisión de la Conanp.

Y ante todo esto, por obvias razones el único propietario y poseedor legítimo del área natural protegida es la Federación, y por tratarse de un bien de dominio público de la nación expropiado para uso público y conservación de sus recursos naturales, es inalienable e imprescriptible, por lo que los particulares no pueden adquirir válidamente derechos sobre él, pero sobre todo este tipo de hechos por demás vergonzoso, las leyes salen sobrando para ellos.

Tan es así, que de conformidad a la sentencia de la SCJN, el ayuntamiento de Tulum está impedido para otorgar cualquier tipo de licencia de construcción en el interior del Área Protegida y tal parece que existe de nueva cuenta el influyentísimo en los tiempos del partido que gobernó durante más de 71 años , y así digan personajes que como todos sabemos y conocemos su historia en la política (sic)... el empresario Roberto Palazuelos, dueño del hotel Diamante K que se encuentra también dentro del Parque Nacional, afirmó que todo el conflicto legal se debió a la mala gestión que hizo la Conanp desde el inicio, pues señala que no se delimitaron los predios correctamente ni se afectaron ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, lo que permitió a sus dueños originales seguirlos comercializando esto por si no lo saben es una burla para nosotros los mexicanos y que estamos conscientes de este delito, así pues este empresario manifiesta que él es el único posesionario que cuenta con un amparo que exime a su terreno del decreto de expropiación y reconoce que los predios que fueron expropiados es debido a la omisión de la Conanp por no hacer los registros correspondientes.

Más allá de lo que manifieste este empresario habría que analizar conforme a lo que establece la Ley y ver si dichas obras de construcción fueron detectadas y siguieron laborando para finalizar dicho inmueble desde noviembre pasado, cuando aún estaban en etapa de cimentación, es inaudito que la propia autoridad Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), haya permitido y hacer caso omiso de este tipo de irregularidades, que quede claro que nosotros como diputados debemos y tenemos que salvaguardar los terrenos de la nación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de su competencia investigue y en su caso sancione los posibles hechos delictivos por la construcción del inmueble en el interior del Parque Nacional Tulum.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus atribuciones suspenda y clausure la construcción del inmueble en el interior del Parque Nacional Tulum.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Áreas Protegidas para que en el ámbito de sus facultades emita una opinión respecto a la construcción del inmueble en el interior del Parque Nacional Tulum.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de septiembre de 2020.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a instruir a la CNPC con objeto de que publique la declaratoria de emergencia en el DOF para que el Guerrero pueda tener acceso a los insumos y recursos del Fonden, y proteger así la vida y salud de los damnificados por la tormenta tropical Hernán, así como restablecer las vías de comunicación y los servicios básicos, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 27 de agosto del 2020, el estado de Guerrero se vio envuelto por la noche del jueves, por la tormenta tropical Hernán, la cual presentó una gran extensión de nubosidad y lluvias a su paso por Guerrero, la misma dejo decenas de árboles y espectaculares derribados, deslaves carreteros tales como Santa Rosa de Lima a el Parotal, daños en la comunidad el Palomar donde se destruyó por completo la carretera, así como también San Luis, San Pedro-Bajitos de la Laguna de Tecpan, el tramo carretero de Petatlán, Ocote de Peregrino, así como los Municipios de Petatlán, Zihuatanejo, Tecpan de Galena Atoyac y San Jerónimo y el peor municipio fue Petatlán con daños a más de 100 casas.

Así mismo se registraron daños en 18 municipios del Estado, una persona desaparecida, tres viviendas con daño estructural, 102 casas inundadas, 35 derrumbes, la caída de 36 árboles, seis deslizamientos de rocas, el colapso de un puente, el corte de una carretera, los desbordamientos de 10 ríos que dejaron 211 personas evacuadas y trasladadas a seis refugios temporales, en la Costa Grande, en Tecpan 30 personas fueron evacuadas y trasladadas a un refugio temporal y 100 resultaron viviendas inundadas a consecuencia del desbordamiento de un río; las lluvias causaron un corte carretero.

En el caso de Atoyac de Álvarez, las lluvias causaron el desbordamiento de tres ríos, que dejaron una persona desaparecida, deslizamiento de rocas y 10 derrumbes, Zihuatanejo se desbordó un río y hubo 10 derrumbes y 13 árboles caídos, en Benito Juárez se cayó un árbol y el desbordamiento de un río, en Petatlán, se desbordaron dos ríos; y la caída de cuatro árboles.

Por otra parte en Coyuca de Benítez hubo desbordamiento de un río; quedando viviendas inundadas.

En La Montaña, en el municipio de Malinaltepec una vivienda resultó con daño estructural y hubo ocho derrumbes, mientras que en Tlacoapa fueron dos viviendas con daños en sus estructuras, en San Jerónimo, y las regiones de Acapulco y Costa Grande son las más afectadas por las lluvias de la onda tropical 31, las cuales, contabilizan unas 900 casas afectadas, principalmente por inundación ocasionada por el desborde de ríos.

La mayor cantidad de daños se presentó en el municipio de Benito Juárez, en la comunidad de Hacienda de Cabañas, donde unas 400 viviendas fueron afectadas por inundación causada por la creciente del río Atoyac, donde el agua alcanzó hasta 1.20 metros de altura.

Así también en carreteras, se registraron 17 derrumbes y cinco deslaves, en la colonia Emiliano Zapata de Acapulco, una casa se incendió tras caerle un rayo, las lluvias ocasionaron que los afluentes crecieran vertiginosamente y estuvieran a punto de desbordarse, en Coyuca de Benítez, en la región Costa Grande, cuatro personas y un perro que también intentaban cruzar un río fueron rescatados por marinos y en el municipio de San Marcos, en la región Costa Chica, un vehículo quedó en medio de la creciente de un arroyo y tuvieron que ser evacuados sus ocupantes.

Al día de hoy se encuentran evaluando los daños en su mayoría en los municipios de Petatlan, Benito Juárez, Zihuatanejo los cuales fueron los más dañados por las inundaciones y cortes en las carreteras fueron algunas de las afectaciones que sufrió la región de la Costa Chica, en Guerrero, tras el paso de la lluvia tropical HERNAN ya se trabaja en conjunto con instancias federales, estatales y municipales, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

En ese sentido, solicito que a partir de la solicitud de la declaratoria de emergencia se proporcione ayuda a la población, de tal manera que la población reciba los insumos de ayuda.

Esto debido a que las lluvias, en los caminos y tramos carreteros se encuentran severamente dañados con deslaves y sin acceso por el momento de vehículos para la entrega de víveres para los habitantes de Costa Chica donde se encuentran viviendas que se anegaron y se tuvo que recurrir a refugios temporales, mientras se normaliza la situación.

Las lluvias torrenciales que afectaron los municipios guerrerenses traen consigo acumulados de hasta 300 mm cúbicos, los cuales se han venido registrando en Oaxaca y Guerrero este fin de semana.

Al día de hoy, la tormenta tropical interacciona con el meteoro que recorre el sureste del país la cual se encuentra muy cerca de la costa centro de Sinaloa con vientos sostenidos de entre 75 km/h, teniéndose previsto que siga moviéndose muy cerca de dicho estado, donde tocaría tierra e incluso, continuará con su desplazamiento.

El pronóstico de lluvias mantiene acumulados dentro de las próximas 24-48 horas de 25-50 mm en promedio sobre Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit y Jalisco por efectos de la circulación de Hernán, siendo probables puntuales de 100-200 mm en zonas montañosas de dichos estados y en costas de Sinaloa, manteniendo la probabilidad de efectos negativos mencionados. Por lo anterior es muy importante estar al pendiente de las actualizaciones y atender recomendaciones de las autoridades locales y evacuar en caso de ser necesario. Asimismo, la población que habita cerca de ríos, arroyos y barrancos debe revisar constantemente el nivel del agua.

Los estados de Oaxaca y Guerrero solicitaron la declaratoria de emergencia por el fenómeno climático, así como la suspensión de clases en Guerrero, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Michoacán, dejando rezago en viviendas puentes y caminos rurales principalmente en estado de indefensión para los habitantes toda vez que los ríos se desbordaron y no hay camino, al día de hoy que permita el acceso de automóviles y autobuses, por lo que los alimentos y comestibles están a merced de unos cuantos.

En ese sentido y de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), destaca que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento durante las tormentas. Además de incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Es por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Proposición con

Punto de acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que instruya a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que se publique la Declaratoria de Emergencia en el Diario Oficial de la Federación debido a la presencia de la lluvia tropical Hernán a fin de que el estado de Guerrero pueda acceder a los insumos y recursos del Fondo de Atención de Emergencias, Fonden y proteger la vida y la salud de la población damnificada, así como reestablecer las vías de comunicación y de los servicios básicos.

Dado en el Palacio Legislativo, 2 de septiembre de 2020

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo y los congresos estatales a armonizar su legislación, establecer fiscalías especializadas para investigar y perseguir los delitos de desaparición e instalar los respectivos consejos ciudadanos en materia de búsqueda de personas, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General), y entró en vigor el 16 de enero de 2018.

De acuerdo con su artículo 2 esta Ley General tiene por objeto:

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley;

II. Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;

III. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

IV. Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de comisiones locales de búsqueda en las entidades federativas;

V. Garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;

VI. Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y

VII. Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

Esta Ley General es muy importante, pues durante muchos años, nuestro país ha enfrentado un grave problema en materia de desaparición de personas, por lo que diversos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendaron a México adoptar una Ley General para prevenir y sancionar las desapariciones

Asimismo, este ordenamiento legal es producto de las demandas de la sociedad civil que por muchos años pidieron la expedición de una ley general ante la lamentable desaparición de familiares y amigos. Por ello, preocupa que a la fecha varias entidades federativas del país:

1) No hayan armonizado su legislación local con la Ley General.

2) No cuenten con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición.

3) Carezcan de Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas.

Conforme al artículo Noveno del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud publicado en el DOF el 17 de noviembre de 2017(DECRETO), las entidades federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

El DECRETO entró el vigor el 16 de enero de 2018 (60 días después de su publicación) y el plazo para que las entidades federativas armonizaran su legislación conforme a la Ley General, venció el 16 de julio de 2018.

A poco más de 2 años de que venciera el plazo para que las entidades federativas armonizaran su legislación en materia de desaparición de personas, en 15 se ha aprobado una ley en la materia, en 8 hay una iniciativa en discusión y en 9 no hay armonización de acuerdo con información del Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas.

Entre los estados que no han armonizado su legislación se encuentran los siguientes: Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Campeche y Yucatán.

Las entidades en las cuales está pendiente el proceso legislativo para su aprobación se encuentran: Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo.

De acuerdo con un criterio del Poder Judicial de la Federación cuando hay un mandato constitucional o legal que obligue a una autoridad a expedir una disposición de carácter general; y éste no se ha ejecutado, se incurre en omisión legislativa. Por lo que las entidades federativas señaladas han incurrido a todas luces en flagrante omisión legislativa.

En otro aspecto, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley General, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y las Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas; deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas.

Conforme al Artículo Tercero del DECRETO, las Fiscalías Especializadas debieron entrar en funcionamiento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del DECRETO.

A pesar de que este plazo de 30 días venció el 15 de febrero de 2018, a más de 2 años 6 meses, en Sonora, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán no se cuenta con esta Fiscalía Especializada, según información del Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas.

Lo que resulta altamente preocupante pues las Fiscalías Especializadas deben contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

A las Fiscalías Especializadas les corresponde la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, no contar con ellas incrementa la impunidad, lo que da lugar a tres efectos: primero, quien comete un acto ilícito y no recibe el castigo no duda en repetir su acción; segundo, quien observa un ilícito no sancionado tiende a imitar ese hecho, y el más grave es el tercero, pues las víctimas de los ilícitos no castigados recurren a hacerse justicia por propia mano, de acuerdo con el jurista Raúl Cervantes Ahumada.

Por su parte, el último párrafo del artículo 62 de la Ley General, dispone que las Entidades Federativas deberán crear consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales de Búsqueda.

Estos Consejos Estatales Ciudadanos se deben integrar como el Consejo Nacional Ciudadano, por familiares de personas desaparecidas, especialistas de reconocido prestigio en la materia y representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas, en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango , Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán no hay información disponible sobre los Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas y en Jalisco y Michoacán no existen estos Consejos.

Las funciones que desempeñan las Comisiones Locales de Búsqueda, en el ámbito de sus competencias, son análogas a las previstas para la Comisión Nacional de Búsqueda, con la cual deben coordinarse, entre sus funciones destacan: informar sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda y diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

Al ser los Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas órganos de consulta de la Comisiones Locales de Búsqueda, resulta fundamental su creación pues los familiares de personas desaparecidas, especialistas de reconocido prestigio en la materia y representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que los integran, cuentan con los elementos necesarios para enriquecer el trabajo de las Comisiones Locales de Búsqueda de las personas desaparecidas.

La falta de cumplimiento por las entidades federativas señaladas a lo dispuesto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pone en riesgo el esclarecimiento de los hechos; la prevención, investigación, sanción y erradicación de los delitos en materia de desaparición y la localización de las víctimas.

Esta falta de cumplimiento afecta a familiares y amigos que sufren por la ausencia de sus seres queridos y que piden a las autoridades su búsqueda, justicia y reparación del daño ante un total de 73 mil 218 personas desaparecidas o no localizadas en el país, de las cuales 27,871 fueron reportadas del 1 de diciembre de 2018 a la fecha.

Tal es la importancia de la correcta aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que en enero de este año, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó “al Estado mexicano a redoblar los esfuerzos para avanzar en su implementación efectiva, asegurando en todo momento la participación real de las familias de personas desaparecidas”.

ONU-DH destacó que a dos años de la entrada en vigor de esta Ley General, aún es necesario continuar impulsando la armonización legislativa y la consolidación institucional, debido a que faltan 23 entidades federativas por aprobar su legislación local armonizada con la Ley General; 28 no cuentan con ley armonizada de declaración especial de ausencia; siete aún deben conformar su fiscalía especializada en delitos de desaparición y tres tienen pendiente crear su comisión local.

La falta de implementación de las autoridades estatales de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pone en riesgo el compromiso del Gobierno Federal con las familias de víctimas en su búsqueda, localización e identificación y la sanción a los responsables de los delitos.

El 4 de febrero de 2019 el Gobierno Federal anunció su Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el cual consta de 11 puntos:

1. Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB)

2. Nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

3. Comisiones locales de búsqueda.

4. Presupuesto

5. Protocolo de Investigación y de Búsqueda.

6. Coordinación y Células de Búsqueda en Vida.

7. Atención a Víctimas.

8. Instituto Nacional de Identificación Forense.

9. Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI).

10. Asistencia Técnica Internacional.

11. Justicia y Tipificación del Delito.

Este Plan no podrá aplicarse al 100 por ciento, si las entidades federativas no implementan a cabalidad la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Es innegable que el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho de búsqueda de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y erradicar los delitos de desapariciones.

Por lo anterior, las entidades federativas señaladas en este Punto de Acuerdo deben a la brevedad:

1) Armonizar su legislación local con la Ley General,

2) Contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición y

3) Instalar los Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas.

Es urgente que las autoridades estatales tengan presente que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue producto de la reiterada exigencia y la participación de las familias de las víctimas, con el objetivo de contar con las bases legales necesarias para poner fin a la desaparición de personas en el país y que su falta de implementación en sus ámbitos territoriales viola los derechos humanos de madres, padres, hijas e hijas que sufren por la ausencia de sus seres queridos.

Para Encuentro Social, lo socialmente correcto es tratar a las víctimas de personas desaparecidas o no localizadas con respeto y con dignidad; para ello, es imprescindible que las autoridades estatales cumplan cabalmente con sus obligaciones legales, para hacer efectivo su derecho humano de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Es una motivación necesaria para recuperar la convivencia social y garantizar el desarrollo humano de las personas.

El Grupo Parlamentario de Encuentro social se solidariza con la dolorosa búsqueda y localización de más de 73 mil esposas, esposos, madres, padres, hijas e hijos en el país y por ello presenta este Punto de Acuerdo, para solicitar a las autoridades acciones que coadyuven en el logro de resultados efectivos a nivel estatal que repercutan favorablemente en la población.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta a los Congresos de los Estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo para que en ejercicio de sus atribuciones, implementen de manera urgente las acciones correspondientes para armonizar su legislación local con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, con la finalidad de garantizar el derecho humano de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño en favor de las víctimas, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición en su ámbito territorial.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, a los Congresos de los Estados de Sonora, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán para que lleven a cabo las modificaciones legales necesarias para que sus Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia cuenten con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, a fin de dar cumplimiento a los artículos 68 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango , Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán para que hagan pública la información sobre la creación, organización y funcionamiento de los Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas, a fin de garantizar el derecho constitucional de acceso a la información, atendiendo al principio de máxima publicidad.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta a las personas titulares del Poder Ejecutivo de los Estados de Jalisco y Michoacán, para que adopten las medidas legales que sean necesarias para que se constituyan los Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas, a fin de dar cumplimiento al artículo 62 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de septiembre de 2020.

Diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al SIPINNA a fundar el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, diputada a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) se ha incrementado en el país, en los últimos años y meses, ya no sólo se comete en el hogar, también abarca entornos como la escuela, el trabajo, la comunidad, el entorno digital y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Lo que más preocupa es que la violencia contra la niñez ha escalado, atentando contra su vida, pues se registran al menos cuatro homicidios de niñas y niños al día de acuerdo con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).1

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en su informe anual 2019 Infancia y adolescencia en México, entre la invisibilidad y violencia , señala que desde el año 2000 al 2019 hay cerca de 21 mil niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y más de 7 mil casos de niñez desaparecida.

La forma como se violenta a niñas y niños es variada, los datos de 2016 del Sistema de Justicia Penal muestran que alrededor de 50 por ciento de los delitos cometidos contra NNA se relacionan con actos que atentan contra su integridad física (lesiones, abusos sexuales, violaciones, homicidios) y patrimonial (robos simples o en la vía pública). Al observar las diferencias por sexo, las mujeres fueron preponderantemente víctimas de abuso sexual, amenazas y violación; los hombres de lesiones, robos y homicidio. Entre 2010 y 2015 se cuantificaron 68 mil 211 lesiones intencionales contra NNA a causa de actos de violencia. 57 por ciento de las lesiones fueron dirigidas contra mujeres y 43 por ciento contra hombres.2

Conforme al Informe Anual México 2019 de la UNICEF3 en el país hay 39.8 millones de NNA, de los cuales 63 por ciento de entre 1 y 14 años de edad hay sufrido algún tipo de violencia en el hogar; 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han sufrido alguna agresión psicológica o castigo físico por algún miembro del hogar; 32.8 por ciento de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido alguna forma violencia sexual en su comunidad; 4 de cada 10 probables violaciones sexuales sucedieron en sus entornos más cercanos; 4 niñas, niños y adolescentes son asesinados diariamente en el país; 2 de cada 10 personas desaparecidas en el país son NNA, de los cuales 80 por ciento son adolescentes entre 12 y 17 años.

Según el estudio Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México 2019 de la UNICEF, sobre la “violencia en el hogar” destaca que las formas más comunes de violencia están asociadas a prácticas disciplinarias violentas, descuidos y maltratos psicológicos, con respecto al “entorno escolar”, las formas de violencia más cotidianas son agresiones psicológicas (discriminación, exclusión o acoso) y daños patrimoniales (ocultamiento o robos sin violencia), sobre la “violencia en la comunidad”, los datos sugieren que los principales agravios contra NNA son de tipo físico (golpes, lesiones intencionales, abusos sexuales, violaciones y homicidios) y patrimonial (robos sin y con violencia).

La violencia tiene consecuencias graves en el futuro de NNA y es resultado de la descomposición social que se vive en el país, por ello debemos adoptar todas las acciones que sean necesarias para combatirla. Es necesario proteger a nuestras niñas y niños.

Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente.4

De acuerdo con el estudio Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México 2019 de la UNICEF los datos sobre violencia contra NNA son escasos, incompletos o se encuentran fragmentados entre las distintas instituciones encargadas de recogerlos.

Señala el estudio que con excepción de las mujeres de entre 15 y 17 años, los datos o estimaciones que dan cuenta del número y/o porcentaje de personas que son víctimas de diversos tipos de violencia entre los 0 y 17 años son prácticamente inexistentes, sobre todo en las encuestas.

La ausencia de un sistema veraz y fiable de información sobre las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia y las consecuencias de ésta, dificulta la tarea de hacerla visible, desnaturalizarla y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención y erradicación.5

En consecuencia, no podemos permanecer pasivos ante la dolorosa violencia que sufren nuestros NNA. Urge que desde los Poderes de la Unión adoptemos acciones para protegerlos.

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño6 dispone que los estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

De acuerdo con los artículos 6o. y 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) es un principio rector “el acceso a una vida libre de violencia” y es un derecho de los niños, niñas y adolescentes el “Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal”.

En términos del artículo 125 de la LGDNNA para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Conforme al artículo 125, fracción XIV de la LGDNN, el SIPINNA tiene como atribución “conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables”.

De acuerdo con el Reglamento de la LGDNNA, el Sistema Nacional de Información (SIN) se encargará de recopilar datos sobre características sociodemográficas y condiciones de vulnerabilidad, violencia familiar, escolar y comunitaria, discapacidad, así como la información pertinente para monitorear y evaluar la implementación del Programa Nacional de Protección de NNA y sus respectivos indicadores.

En el mismo SNI se recabará información estadística que provenga de los registros coordinados por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes acerca de las NNA susceptibles de adopción, bajo custodia, en centros de asistencia social, migrantes y el registro de profesionales involucrados en procesos de adopción. El SNI se integrará tanto por datos de carácter cualitativo como cuantitativo, con desagregación nacional, estatal y municipal, así como por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros.

Es necesario contar con información veraz sobre las formas en que se ejerce violencia contra la infancia, su ausencia dificulta la tarea de hacerla visible y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención y erradicación.

Por ello, con el presente punto de acuerdo se propone exhortar al SIPINNA para que dentro del Sistema Nacional de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (Infosipinna) se cree el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra NNA, atendiendo a la recomendación de UNICEF.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que dentro del Sistema Nacional de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (Infosipinna) se funde el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo a la recomendación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Notas

1 México registra cuatro homicidios de niños al día, alertó la UNICEF,

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/07/11/mexico -registra-cuatro-homicidios-de-ninos-al-dia-alerto-la-unicef/

2 https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20
PanoramaEstadistico.pdf

3 https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2020-07/
UNICEF%20Me%CC%81xico_Informe2019%20FINAL.pdf

4 https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm

5 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17045.html

6 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sedena a mantener coordinación con las autoridades del sector salud de Tecámac y las encargadas del hospital municipal licenciado César Camacho Quiroz para seguir colaborando en la atención de personas con Covid-19 a través del plan DN-III-E, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS),1 después de diversas evaluaciones, de manera permanentes del brote del virus SARS-CoV-2, declaró que la epidemia del virus fue una emergencia de salud pública de importancia internacional; y cuya expansión mundial ha provocado una pandemia.

En marzo de 2020, la OMS indicaba que ya existían 118 mil casos notificados en 114 países; sin embargo, aproximadamente 90 por ciento de los casos se concentraban en sólo cuatro países. La propagación del virus se desató en muy poco tiempo en diversos países, a pesar de que se consideraba como controlable. Ante esta situación, la OMS realizó de manera inmediata un llamado a tomar medidas urgentes, que permitan frenar la propagación del virus, en todos los países.

La Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, éste es parte de una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.

En los humanos, puede causar infecciones respiratorias, que van desde un resfriado común hasta síntomas y complicaciones más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).2

De acuerdo con la OMS, algunos de los síntomas más habituales de la Covid-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio; aunque hay síntomas menos frecuentes que afectan a algunas personas como molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de la mano y los pies.3

Cualquier persona puede contraer la Covid-19 y caer gravemente enferma; alrededor de 80 por ciento de personas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario, y 1 de cada 5 personas presenta un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores, las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves.4

Con base en las cifras de la OMS, el número de muertes hasta principios de agosto de 2020 es aproximadamente de 750 mil, por lo que el director general5 señaló la importancia de que los mandatarios o autoridades tomen las riendas de la pandemia; es decir, la aplicación rápida de medidas específicas y centrar las medidas de control en los lugares que más se requiere de atención.

En México, el 28 de febrero se anunció de tres caos de la Covid-19 e inmediatamente la Secretaría de Salud implementó las medidas para combatirlo de acuerdo al protocolo de Fase 1, que se refiere a los casos de contagio importado. El 24 de marzo de 2020, se declaró la Fase 2, que son contagios locales; en esta fase se previeron las medidas de jornada de sana distancia; cierre temporal de las escuelas; suspensión de eventos masivos; suspensión de actividades laborales que no fueran de primera necesidad y la aplicación del Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional. El pasado 21 de abril, el gobierno federal declaró la entrada a la Fase 3, debido a que la epidemia alcanzó a miles de personas en amplia zonas geográficas del país.6

El Plan DN-III-E es el instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano, optimizando el empleo de los recursos humanos y materiales para su atención oportuna, eficaz y eficiente; apoyando además, en la preservación de sus bienes y entorno.7

En el momento que se activó el Plan DN-III-E, el secretario de Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, informó que esa institución contaba con cinco hospitales de alta especialidad, 36 hospitales y 272 clínicas; con una capacidad de hospitalización de 2 mil 523 camas, 50 camas de terapia intensiva y 23 cuartos para aislamiento. Asimismo, el Ejército cuenta con mil 738 médicos cirujanos: mil 727 enfermeras; 884 oficiales de sanidad; 649 cirujanos dentistas, así como 3 mil 600 militares que brindan apoyo constante a partir de la declaración de esta pandemia.

También la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición 100 ambulancias de terapia intensiva; 470 ambulancias de traslado; aproximadamente 2 mil 337 vehículos de carga y 34 aeronaves, para el traslado de pacientes de todo el país.8

El plan militar contra la propagación de la Covid-19 se sumó al plan de atención a enfermos de la Secretaría de Salud, coadyuvando con las autoridades y coordinándose con los municipios y los estados para enfrentar la pandemia que sufren los mexicanos, a través de tres Fases del Plan DN-III contra la Covid-19.9

- Fase de prevención: coordinación con autoridades y distribución de equipo, personal y medicamentos.

- Fase de auxilio: activación y empleo de las instalaciones, compra y distribución de medicamentos, equipo e insumos.

- Fase de recuperación: limpieza y desinfección de instalaciones, vehículos y equipo, autoevaluación e informe final.

La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan de Contingencia Covid-19, en el que complementa las capacidades del Sistema Nacional de Salud para atender la contingencia provocada por la Covid-19; además, firmó con las autoridades correspondientes del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) un convenio de colaboración en el que se establecieron los recursos económicos destinados a las instalaciones sanitarias destinadas a atender Covid-19, así como personal médico para la atención de los personas con padecimientos de Covid-19.

A partir del inicio de la contingencia, la Secretaría de la Defensa Nacional ha estado informando de la situación que guardan la instalaciones que habilitaron para atender pacientes con Covid-19, cuántas personas han atendido en casos graves, leves y recuperación de los enfermos; asimismo, se encargó de operar 32 hospitales del Insabi. 1 Igualmente, elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han trasportado vía a0érea y terrestre a mil 244 toneladas de equipo e insumos médicos para hospitales del Sector Salud federal y para instalaciones militares empeñadas en atender esta pandemia en todo el país.

Los trabajos que se han realizado por parte de las autoridades correspondientes para enfrentar a la Covid-19 ha sido constante y celebro que la Sedena, Semar, Insabi, Secretarías de Salud estatal y municipales, sobre todo el gobierno mexicano se han mantenido en coordinación para fortalecer a los estados y municipios que han presentado mayor contagio del virus.

La Zona Metropolitana Cuautitlán-Texcoco está conformada por 59 municipios, en la que habitan 12 millones 656 mil 686 personas. Tecámac se sitúa en esta zona con un total de 489 mil 70 habitantes de los cuales 238 mil 685 son hombres y 250 mil 385 son mujeres.11 El estado de México ha sido uno de los estados más afectados por la Covid-19, manteniéndose en semáforo naranja por lo que se debe mantener el apoyo, coordinación y servicio entre todas las instancias autorizadas de los tres órdenes de gobierno de todas los insumos médico, personal y todo aquello que se necesita para brindar un servicio a las personas que adquieran el virus.

Actualmente, en el estado de México, el décimo lugar de casos positivos de Covid-19, lo ocupa el municipio de Tecámac con mil 594 personas y 206 muertes,12 a pesar de las acciones que se emprendieron en el marco de las disposiciones estatales y federal al cierre de espacios públicos y el uso obligatorio de cubrebocas; asimismo, se implementó la suspensión de puestos ambulantes de alimentos, cuidados de agua potable, clausura de restaurantes con comensales al interior, impulsó de campañas de información a través de vídeos interactivos.

El hospital municipal de Tecámac Licenciado César Camacho Quiroz, ante el aumento de contagios en la zona, requiere de mayor apoyo en insumos médicos, equipo y personal médico, para enfrentar y atender a los ciudadanos tecamaquenses; asimismo, ha impulsado campañas de información sobre la Covid-19, sus síntomas y qué hacer cuando se presenta el virus.

Lamentablemente, el hospital municipal no cuenta con los insumos suficientes, en infraestructura, ni personal médico y carece de medicamentos para atender a los pacientes que sufren de Covid-19; además de ser el único nosocomio en la zona y fue designado para la atención de enfermos con el virus.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Defensa Nacional, a mantener la coordinación con las autoridades del sector salud del municipio de Tecámac, estado de México; asimismo, con la autoridad encargada del hospital general Licenciado César Camacho Quiroz, con la finalidad de seguir coadyuvando en la atención a personas con Covid-19 a través del Plan DN-III-E.

Notas

1 https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid -19

2 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/q-a-coronaviruses

3 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/q-a-coronaviruses

4 Idem

5 https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-openin g-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---10-august-2020

6 https://noticieros.televisa.com/historia/coronavirus-cuales-son-fases-c ovid19-mexico/

7 https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/que-es-el-plan-dn-iii-e

8 https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/03/24/en-que-consiste-el -plan-dn-iii-e-contra-el-coronavirus

9 https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/fases-del-plan-dn-iii-e

10 https://coronavirus.gob.mx/2020/05/17/
estrategia-contra-covid-19-inicia-insabi-distribucion-de-1226-camas-para-hospitales/

11 https://coespo.edomex.gob.mx/zonas_metropolitanas

12 http://iapem.edomex.gob.mx/sites/iapem.edomex.gob.mx/files/files/
Acciones%20COVID-19%20MUNICIPIOS_25_05_2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Puebla a adecuar su normativa para permitir a los trabajadores afiliados al ISSSTE hacer retiros parciales del fondo de pensión, a cargo del diputado Fernando Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las consecuencias más grandes que ha provocado la pandemia en nuestro país es el desempleo. En junio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la tasa de desempleo en México alcanzó casi el 25 por ciento de la población, a través de una encuesta telefónica de ocupación y empleo. En el estado de Puebla se reportaron cerca de 40 mil pérdidas laborales,1 a principios de agosto; y a pesar de que la tasa de ocupación tiene una tendencia de recuperación, el escenario deja claros aprendizajes a tomar en cuenta en las normativas del estado.

A pesar de que se prevé la superación de la crisis sanitaria en el corto plazo, la contracción económica del país será un tema que acompañará a los mexicanos al menos un año más. El Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó que 170 países experimentarían crecimiento negativo este año, y que la recuperación económica en 2021 será parcial.2

La misma institución internacional proyectó una contracción en la economía mexicana del 10.5 por ciento en el producto interno bruto (PIB) para el 2020, pronosticando la caída más drástica dentro de los países de América Latina.1 Dichas proyecciones se complementan con el pronóstico que hizo el Banco de México (Banxico), donde se expone una contracción de hasta el 8.8 por ciento en el 2020, con una insuficiente recuperación de 4.1 por ciento para 2021.4

Ante este desafortunado escenario las y los mexicanos que se encontraban, o se encuentran, en situación de desempleo han recurrido a diversos mecanismos que les permitan subsistir. Ejemplo de ello ha sido el retiro anticipado y parcial de los fondos para el 3etiro, por parte de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dicho retiro anticipado está contemplado dentro de los derechos velados por la Ley del Seguro Social, donde en su artículo 191 señala que “durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a retirar parcialmente por situación de desempleo los recursos de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez”.

Los requisitos que se solicitan para ser beneficiario de esto son: i) tener 46 días naturales de estar desempleado; ii) haber estado registrado al menos durante tres años con una Afore; iii) tener dos o más años cotizados en el Seguro Social; y iv) no haber efectuado retiros de su cuenta individual en los últimos cinco años.

Una vez cumplidos los requisitos, lo único que hay que hacer es presentarse en la Afore y solicitar la realización del trámite; hecho esto, la Afore validará que efectivamente se cumpla con las condiciones del trámite y el IMSS validará y certificará en su caso el derecho al Retiro Parcial por Desempleo.

La disposición parcial de los recursos de la cuenta individual se podrá realizar con base en dos modalidades: en la primera, si la cuenta individual tiene al menos tres años de haber sido abierta y la persona tiene un mínimo de dos años de cotización al IMSS, entonces se puede retirar un monto equivalente a 30 días del último salario base de cotización registrado con un límite de 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La segunda modalidad es aplicable cuando la cuenta individual tiene más de cinco años de haber sido abierta; en estos casos, el monto a retirar corresponde a lo que resulte menor entre el importe correspondiente a 90 días del salario base de cotización de las últimas 250 semanas o el 11.5 por ciento de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV).

Así, en julio, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) registró la cantidad de 10 mil 562 millones de pesos en retiros de estos fondos, una cifra record e histórica que proyecta la difícil situación que han enfrentado los mexicanos. Si bien existen claros menoscabos en la pensión de una persona al retirar anticipadamente dinero de su Afore, no cabe duda que fue un mecanismo que ayudó a sobrellevar la crisis y el confinamiento.

Por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también existe un mecanismo de protección. En este se permite que si un afiliado queda desempleado puede retirar parcialmente recursos de su cuenta individual, a partir del día 46 del desempleo; la cantidad que se puede retirar es de hasta 75 días de su último sueldo básico o el 10 por ciento del saldo registrado en tu subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.5

Dicho beneficio está estipulado en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que en su artículo 77 establece que:

Artículo 77. Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, éste tendrá derecho a:

I...

II. Retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la cantidad que resulte menor entre setenta y cinco días de su propio sueldo básico de los últimos cinco años, o el diez por ciento del saldo de la propia subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado.

El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo los trabajadores, que acrediten con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada. El trabajador deberá presentar la solicitud correspondiente.

De tal manera que las y los afiliados de esta institución podrán tener la tranquilidad de sobrellevar un tiempo de crisis en lo que inician un nuevo camino laboral, o son reinstalados en sus centros de trabajo.

Sin embargo, a nivel estatal existe poca certidumbre respecto a este tipo de mecanismos. Ejemplo de ello, es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), en la cual no existen mecanismos de protección en caso de que un afiliado quede desempleado temporal o definitivamente.

En el artículo 12 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla se establece lo siguiente:

Artículo 12 . Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones:

I. Servicios médicos:

1. Medicina preventiva.

2. Atención de enfermedades en general y maternidad.

3. Atención de riesgos de trabajo.

II. Socioeconómicas:

1. Pensiones por:

a) Jubilación.

b) Retiro por edad y tiempo de servicio.

c) Inhabilitación.

d) Fallecimiento.

- Viudez.

- Orfandad.

- Ascendencia en primer grado.

2. Pago póstumo.

3. Reintegro del valor de sus aportaciones al fondo de pensiones por separación.

4. Créditos a corto, mediano y largo plazo.

5. Estancias infantiles.

Dentro de dichas prestaciones, no se considera un retiro anticipado y parcial por desempleo, ni se contempla un seguro de desempleo que proteja a los trabajadores que se separen de su función.

En lugar de ello, el capítulo V de la mencionada ley establece que:

Artículo 122 . El trabajador que sin tener derecho a ser pensionado se separe definitivamente del servicio por cualquier causa, podrá solicitar la devolución de su aportación al fondo de pensiones.

Artículo 123 . Esta devolución será cubierta por el instituto dentro de los primeros 30 días siguientes a la fecha de la solicitud respectiva. Al realizarse el pago correspondiente se extinguirán los derechos y obligaciones del trabajador y del instituto consignados en esta ley.

Artículo 124 . Sólo podrán efectuarse descuentos a la cantidad correspondiente cuando el servidor público tenga algún adeudo con el instituto.

Artículo 125 . En el caso de que el trabajador que hubiere retirado su aportación al fondo de pensión, en términos de los artículos anteriores y reingrese al servicio público, podrá solicitar que el tiempo durante el que laboró con anterioridad se le compute, para efectos de esta ley, como tiempo efectivo de servicios, para lo cual deberá de reintegrar al instituto, dentro del primer año de su reingreso, el monto recibido por este concepto más los intereses correspondientes, cuya tasa porcentual conforme a la cual se calculen, será determinada por la Junta Directiva.

En los anteriores supuestos, se deja en vulnerabilidad económica al trabajador, ya que sólo tienen la opción de retirar la totalidad de los recursos en caso de separarse de sus funciones, obligándolos a reintegrar la totalidad del ahorro (más los intereses) si regresaran a laborar en una entidad de orden público del estado de Puebla.

Analizando las leyes del IMSS y del ISSSTE, en comparación con la normativa del ISSSTEP, se hace evidente la necesidad de incorporar disposiciones claras en torno a situaciones de desempleo para los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

Dichas disposiciones pueden ser similares a las del ISSSTE y el IMSS, estableciendo mecanismos para crear un seguro de desempleo o para asegurar la disposición de recursos por parte del trabajador que se encontrare en situación de desempleo. Lo anterior, con la finalidad de que la persona separada de su función, pueda optar por el componente dado en el capítulo V de la ley del ISSSTEP o, en su caso, hacer los retiros parciales correspondientes, que no le obliguen a regresar el monto total de sus ahorros.

Bajo estos mecanismos de protección, el estado de Puebla tiene la oportunidad de fortalecer la previsión social y el trabajo libre, derecho humano protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece que:

Artículo 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2...

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada , en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

Ante el escenario que se encuentran las y los mexicanos como resultado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, es necesario que el Estado mexicano por medio de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno implemente mecanismos que sirvan como apoyo para la población y, con ellos, puedan hacer frente a los efectos negativos que tendrá esta pandemia en la economía de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero .- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las reformas necesarias a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para garantizar la protección contra el desempleo en los trabajadores al servicio de los poderes del estado, tomando en consideración los siguientes puntos:

A. Implementar un mecanismo que sirva como seguro de desempleo a las personas que hayan sido separadas de su cargo, sin que sea necesario el retiro de la totalidad de los ahorros resguardados en su fondo de pensión.

B. Establecer las disposiciones necesarias para que se incorpore la posibilidad de disponer de recursos económicos, por parte del trabajador, de su fondo de pensión en caso de encontrarse en situación de desempleo.

Segundo .- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 32 Congresos de las entidades federativas, y a las y los titulares del Poder Ejecutivo estatal, a analizar y, en su caso, realizar las reformas necesarias a las leyes de seguridad social aplicables a las y los trabajadores de las entidades federativas, a fin de impulsar mecanismos de seguridad ante el desempleo, así como la posibilidad de realizar disposiciones emergentes de recursos en sus fondos de pensiones y ahorro, sin afectar o comprometer los derechos de la planta laboral.

Notas

1 Violeta García Rojas. Puebla perdió 40 mil empleos a causa de la pandemia por Covid-19. Fecha: 7 de agosto de 2020, consultado en: http://retodiario.com/noticia/GOBIERNO/Puebla-perdio-40-mil-empleos-a-c ausa-de-la-pandemia-por-Covid-19/192751

2 BBC Mundo. Coronavirus: las oscuras proyecciones del FMI sobre la economía mundial por los efectos del coronavirus. Fecha: 9 de abril de 2020 consultado en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-5222591 8

3 Leticia Hernández. Economía mexicana será de las más golpeadas del mundo por Covid-19, según el FMI. Fecha: 24 de junio de 2020, consultado en:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-hunde-prono stico-de-economia-de-mexico-en-2020-proyecta-caida-de-10-5

4 Informe Trimestral de Banco de México. (Enero-marzo)

5 Página Oficial del Gobierno de México. Consultado en: https://www.gob.mx/consar/articulos/retiro-por-desempleo-para-trabajado res-issste

Dado en el Palacio Legislativo del honorable Congreso de la Unión, a 2 de septiembre de 2020.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a verificar por las entidades de fiscalización correspondientes el correcto ejercicio de los recursos públicos de origen estatal por los ayuntamientos, en el marco de su autonomía, a cargo del diputado Fernando Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio en México tiene un papel de suma importancia en el funcionamiento de la federación. Los presidentes municipales a través de los ayuntamientos son los que gobiernan a estas entidades. De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), éstos cuentan con atribuciones específicas, como es la atención de temas como el agua potable, drenaje, alumbrado público, calles y parques, entre otras.

Resulta evidente que los municipios padecen de escasez crónica, dependencia política y financiera, subordinación excesiva a diferentes instancias gubernamentales locales y nacionales o excesiva centralización, además de atraso o disparidad social.1 Incluso, a diferencia de la federación o de los gobiernos estatales, los municipios tienen un presupuesto que llega a ser bastante reducido.

Las autoridades municipales, al ser las más cercanas a la población, deberían ser más receptivas a las necesidades de los ciudadanos. Las decisiones de los ayuntamientos afectan o benefician a las mexicanas y mexicanos de manera más directa. Sin embargo, en ocasiones se llega a desatender las demandas de la población y las autoridades municipales no invierten el presupuesto municipal en aquello que deberían conforme a la CPEUM y las Constituciones locales.

Aunque en el Diagnóstico de la implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del desempeño se identificó que, en promedio, los municipios mostraron un avance tan sólo de 39.3 por ciento. Es decir, no hay un buen progreso en la capacidad institucional del ciclo presupuestario en materias de planeación, programación, presupuesto, ejercicio y control, seguimiento y rendición de cuentas en los municipios del país.2

Para conseguir que los ayuntamientos en los gobiernos municipales hagan un ejercicio adecuado de los recursos, existen distintos mecanismos. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está facultada para fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones, así como la verificación de que las operaciones sean conforme a la Ley de Ingresos y la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.3

A nivel local, los gobiernos de las entidades federativas cuentan con diversas leyes que permiten vigilar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de los municipios. Por ejemplo, en las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Estatales se señalan cómo se deben manejar los recursos de procedencia federal y estatal bajo las autoridades municipales. Otro ejemplo son las Leyes de Contaduría Mayor de Glosa o de Hacienda de los estados que se encargan de vigilar el presupuesto otorgado a los municipios.

En el caso de los cabildos, los Comités de Planeación para el Desarrollo municipal y Consejos de Desarrollo Municipal, son los encargados de supervisar a los municipios, para que ejerzan de manera correcta el presupuesto.4

En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, (Imco) y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en 2013 realizaron el estudio Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparenci5 1 , con la finalidad mostrar el estado de los sistemas de fiscalización superior en las entidades federativas en México.

En este estudio la calificación promedio (escala de 0 a 100) de las entidades federativas respecto a la calidad de su ordenamiento jurídico en materia de fiscalización y rendición de cuentas fue de 78.3, siendo Colima la entidad con mayor puntaje respecto a la calidad de su ordenamiento jurídico, obteniendo 98.0, y Tamaulipas se posicionó como la entidad con menor puntaje obteniendo 60.5. En cuanto al Estado de Puebla su puntaje se encontró por debajo de la media nacional obteniendo un puntaje de 73.5.6

Una de las razones principales para la elaboración de dicho estudio fueron los constantes escándalos de endeudamiento y malversación de fondos en las entidades federativas, los cuales evidencian la necesidad de fortalecer las instituciones responsables de vigilar el ejercicio de los recursos públicos, ejemplo de esto son las manifestaciones ciudadanas en el municipio de Cañada Morelos en el Estado de Puebla, donde se denuncia la inactividad de obras públicas y gastos en festividades que no benefician a todos los habitantes.

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 del Estado de Puebla mostró que, en 15 de las 32 regiones del Estado, el 70 por ciento de los habitantes viven en condiciones precarias, lo cual se ve acentuado en los municipios de la Sierra Norte de Puebla y los municipios que pertenecen al denominado Triángulo Rojo.7

Uno de los municipios que se encuentran en esta región es Cañada Morelos, el cual además de ser considerado zona de atención prioritaria debido a los altos índices de carencia en materia de vivienda, salud, servicios de drenaje y rezago educativo8 , también se enfrenta a una alta tasa de incidencia delictiva de 731 por cada 100 mil habitantes.9

Debido a la precaria situación en la que se encuentran algunos municipios, resulta necesario hacer énfasis en que los ayuntamientos son el orden de gobierno más cercano a los ciudadanos, estos representan un componente fundamental del grado de gobernabilidad del país, por eso los recursos asignados y recaudados por estos deberían ser utilizados en todo momento en beneficio de la ciudadanía, no en beneficio de pocos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales para que, en el contexto de las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias de confinamiento, procuren el cumplimiento de los servicios públicos básicos establecidos en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los honorables Congresos de las entidades federativas, para que, a través de las entidades de fiscalización local, verifiquen el correcto ejercicio de los recursos públicos de origen estatal, por parte de los gobiernos municipales, en el marco de su autonomía constitucional.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al honorable Congreso del estado de Puebla para que, a través de la Auditoría Superior del Estado, verifique que los 217 municipios de la entidad garanticen el debido cumplimiento de los servicios públicos básicos establecidos en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se verifique el correcto ejercicio de los recursos públicos de origen estatal.

Notas

1 Municipios, enfrentan problemas graves. (10 de noviembre de 2014). Alcaldes de México. Disponible en:

https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/munic ipios-enfrentan-problemas-graves-anac/

2 Cancún, primer lugar nacional en transparencia y eficacia en manejo presupuestal. (12 de mayo de 2020). El Universal. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/cancun-primer-lugar-nacional-en- transparencia-y-eficacia-en-manejo-presupuestal

3 Artículo 1 de la Ley de Fiscalización y de Rendición de Cuentas de la Federación, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf

4 Ugalde, L. La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales. Disponible en:

https://www.asf.gob.mx/uploads/63_Serie_de_Rendicion_de_ Cuentas/Rc4.pdf

5 Auditorías Superiores Locales en México: Evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia, Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (Imco) y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, fecha: 2013, fecha de consulta: 12 de junio de 2020, disponible en:

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/5/resumen_ej ecutivo_imco_udg.pdf

6 Ídem.

7 "Pobreza de Puebla se concentra en Triángulo Rojo y Sierra Norte", fecha: noviembre 2019, fecha de consulta: 12 de junio de 2020, disponible en: http://www.poderes.mx/2019/11/29/pobreza-de-puebla-se-concentra-en-tria ngulo-rojo-y-sierra-norte/

8 "Informa anual sobre la situación de pobreza y rezago social, 2017", Sedesol, fecha: 2017, fecha de consulta: 12 de junio de 2020, disponible en:

http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Puebla_099.pdf

9 "Pobreza de Puebla se concentra en Triángulo Rojo y Sierra Norte", fecha: noviembre 2019, fecha de consulta: 12 de junio de 2020, disponible en: http://www.poderes.mx/2019/11/29/pobreza-de-puebla-se concentra-en-triangulo-rojo-y-sierra-norte/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a coordinarse con sus 32 homólogas locales y establecer acciones preventivas del delito urgentes y concretas para frenar la desaparición de jóvenes en el país, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Édgar Guzmán Valdez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que en coordinación con sus homologas de las 32 entidades federativas establezcan acciones de prevención del delito urgentes y concretas para frenar la desaparición de jóvenes en el país, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Un hecho que conmocionó a México en el año 2014 fue la desaparición de los 43 estudiantes en el municipio de Iguala, Estado de Guerrero. Al paso de la historia reciente la situación de los jóvenes desaparecidos puede ser valorada a partir de ampliar el marco contextual, social y político de México, solo así, se logra comprender que existen casos e historias de las y los jóvenes cuyo paradero desconocido afecta a las familias y comunidades del país.

La cifra de personas desaparecidas en México no se detiene, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Gobernación más reciente, desde el primer caso registrado en la década de 1964, a la fecha suman 177 mil 863 desapariciones, de los cuales 73 mil 201 permanecen en calidad de víctimas o no localizadas, no obstante las cifras también demuestran que el repunte de estas desapariciones se dio a partir del año 2006,1 como se puede apreciar en la siguiente gráfica elaborada por el Registro Nacional de Personas Desparecidas.

En estas cifras también se incluyen a los migrantes que han desparecido en México, la mayoría centroamericanos en su tránsito hacia los Estados Unidos.

De los 73 mil 201 desaparecidos, el 75% tiene entre 15 y 30 años de edad. Se trata de una cifra alarmante.

“La juventud se está desapareciendo”, dijo la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBP), Karla Quintana en entrevista con la periodista Denise Maerker.

Ante esta situación nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué están ocurriendo estas desapariciones?

La interpretación de este fenómeno es multifactorial, las autoridades apuntan a vínculos con el crimen organizado, la condición de género, región del país en la que habitan, estratos sociales en los que se desarrollan los jóvenes o simplemente por encontrarse en el momento y en el lugar menos indicado.

En efecto, no existe una razón comprobada del por qué están desapareciendo los jóvenes en ese rango de edad, sin embargo lo que si nos dicen las cifras es que, actualmente son un grupo poblacional con un alto grado de vulnerabilidad.

En México ser joven es peligroso y resulta muy usual que las propias autoridades revictimicen a los desaparecidos al asegurar que estos están involucrados en alguna actividad ilegal.

El mismo reporte histórico de personas desaparecidas, de este mes de julio, en conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas aseguró que durante el primer semestre de 2020 hubo una disminución en el número de denuncias por desaparición en comparación con el mismo periodo del año pasado.2

En contraste Tania Reneaum Panszi, quien es presidenta de Amnistía Internacional en México, menciona que “en el contexto de la pandemia, hoy la cifra negra podría ser más elevada que antes, las fiscalías no están en condiciones de recibir las denuncias como antes o las familias no tienen las condiciones para poder salir a denunciar”.3

En dicho informe también se aclaró que entidades como Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Durango y Campeche, no habían reportado el total de su información.

Lo cierto es que esfuerzos para combatir este fenómeno de desapariciones de jóvenes y de la población de general no han sido menores, pues en 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esta ley federal ordena la creación de las fiscalías especializadas en la materia, se instaló también, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y se han articulado análisis y diseñado protocolos de homologación, entre otras acciones, por lo que en el presente inmediato se necesita poner en práctica todo ese andamiaje jurídico y con ello lograr conocer el paradero de miles de personas a lo largo y ancho del país.

Sabemos que para esclarecer la verdad y la justicia se requiere de una mayor cooperación entre familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, los poderes ejecutivo y legislativo, así como de los gobiernos estatales para que ante esta grave problemática se logre alcanzar el objetivo fundamental que es el de encontrar a las víctimas y hacer justicia.

Por su parte los colectivos enfocados a la búsqueda de personas han formado una red muy importante a lo largo del país, teniendo una función muy significativa: ”Desde hace más de 3 años el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, una plataforma de víctimas que agrupa actualmente 59 colectivos de familiares de personas desaparecidas de 20 entidades del país y tres naciones Centroamericanas, así como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, ha trabajado intensamente para establecer condiciones de verdad y justicia que permitan la localización de nuestros seres queridos y a la erradicación de la desaparición en México”4 estos colectivos, se han convertido en piezas claves en los casos de desaparición.

Dichos colectivos de personas desaparecidas consideran que una de las principales razones por las que las cifras de desaparecidos van en aumento es porque existe un alto grado de impunidad.

Es de vital importancia para el país, erradicar cualquier tipo de violencia hacia los jóvenes, pues estos representan un recurso humano indispensable, económico y de cambio social para nuestro país.

El Estado mexicano se encuentra ante un gran reto, ya que no solo consiste en la localización de los jóvenes y de cualquier persona desaparecida, pues se debe garantizar el derecho a la justicia a través del esclarecimiento de los hechos y así evitar que estos actos se repitan, y queden impunes.

Las herramientas de búsqueda por parte del Gobierno federal también resultan fundamentales para avanzar en la búsqueda de las y los miles de jóvenes desaparecidos en el país. Al respecto el pasado 13 de julio del presente año, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en conjunto con la Secretaría de Gobernación dieron a conocer la versión pública de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, representado un avance en la integración de información de las fiscalías locales y federales así como la posibilidad de que los particulares avisen de manera anónima la desaparición de una persona sin la necesidad de realizar una denuncia ante la autoridad ministerial.

Al respecto de esta presentación, existe una exigencia de parte de los familiares y los colectivos de búsqueda, al considerar que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas debe realizar ajustes en la plataforma ya que hay áreas de oportunidad en el manejo de la información y cuidado de los datos personales, por citar un caso ejemplificador, las bases de datos pueden mejorar sus restricciones para la consulta ciudadana y de las personas familiares de las víctimas, en la actual búsqueda no es posible localizar la información con filtros de referencia, como son: por fecha, ubicación (estado, municipio, localidad y colonia), sexo, nacionalidad e incluso por delito, además de que dicha plataforma no permite conocer la metodología de la obtención de los datos que se manejan, ya que no es lo mismo: personas no localizadas y personas desaparecidas.

“Tenemos el derecho a acceder a esta información que es de relevancia pública y que permite corroborar lo que están publicando, lo que están mencionando en las conferencias, por ejemplo, están diciendo que las denuncias de personas desaparecidas disminuyeron, bueno cómo podemos confirmar esto, cómo podemos comprobarlo (...) es como la forma que tenemos de escrutar el trabajo y los compromisos a los que se están adscribiendo” mencionó Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, una organización civil especializada en el análisis de datos.5

La base de datos anterior del Registro Nacional de Personas Desaparecidas si permitía realizar esta búsqueda, sin embargo la última información se actualizó en el mes de abril de 2018.

Son necesarias también las investigaciones que involucren en conjunto a la academia, el gobierno y la saciedad civil, así como los familiares de las personas desaparecidas, de lo contrario las hipótesis sobre las personas desaparecidas no podrán ser esclarecidas con puntualidad, quiero subrayar que, en las investigaciones, todos los grupos poblacionales son importantes, y por ello, la necesidad de mencionar el procedimiento general. Sin embargo, el grave daño hacia los jóvenes hace que enfatice de manera particular sobre dicho grupo.

Ante estas desapariciones que permean en todo el país, resulta indispensable tomar medidas que garanticen seguridad y justicia para todos esos jóvenes víctimas de desaparición y es por ello que a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a su autonomía, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en coordinación con las Fiscalías o Procuradurías de Justicia de las 32 entidades federativas, se establezca un plan de trabajo para agilizar las acciones de búsqueda, la investigación y persecución de los casos de desaparición de jóvenes en México, debido a que de los 73 mil 201 desaparecidos, el 75 por ciento tiene entre 15 y 30 años de edad, a fin de garantizar el derecho humano de acceso a la verdad y a la justicia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a su autonomía, exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas establezcan, en el ámbito de su competencia, acciones de prevenciones del delito urgentes y concretas para frenar la desaparición de jóvenes en el país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas haga pública y accesible a la ciudadanía, la base de datos y metodología para recabar la información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobernadores de las entidades federativas de Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Durango y Campeche para que completen su información de búsqueda, localización e identificación de personas, en la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Notas

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/15/
mas-de-73000-personas-han-desaparecido-y-la-mayoria-son-jovenes-de-entre-15-y-30-anos/

2 https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-73000-personas-desaparecidas- segob/

3 https://www.forbes.com.mx/actualidad-nueva-normalidad-oportunidad-forta lecer-busqueda-desaparecidos/

4 https://movndmx.org/movimiento-desaparecidos-en-mexico-saluda-plan-busq ueda-localizacion-personas-desaparecidas-anunciado-gobierno-federal/

5 https://www.proceso.com.mx/638157/presentan-plataforma-de-personas-desa parecidas-pero-no-abren-datos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los tres órdenes de gobierno a fortalecer sus mecanismos de coordinación para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de los periodistas, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Édgar Guzmán Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La libertad de expresión es un derecho humano que, además, guarda estrecha relación con los derechos colectivos, en cuanto al derecho de la sociedad, en general, a recibir información y opiniones sobre diversos temas políticos, sociales, culturales, del comercio o publicitarios.

La libertad de expresión y su ejercicio permiten a los ciudadanos comprender los asuntos de relevancia política y participar ampliamente en la construcción de cualquier sistema democrático y permite desarrollar el esencial principio democrático de la rendición de cuentas, hacer visibles los actos del gobierno y discutir sobre las mejores alternativas en materia de políticas públicas.1

La libertad de prensa es fundamental para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión y es un elemento esencial de toda democracia. Su ejercicio requiere de medios de comunicación libres de censura y del control estatal. Sin ella, la posibilidad de contar con ciudadanos informados para la discusión de los asuntos públicos es nula. En este contexto, es importante garantizar condiciones adecuadas para su práctica.2

Desafortunadamente México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras en el país no se ha logrado detener la espiral de violencia contra los periodistas ni poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra ellos.3

Los periodistas mexicanos realizan su trabajo entre amenazas y agresiones sin la protección adecuada del Estado. En 2019 fueron privados de la vida 10 periodistas y según el informe anual 2019 “Disonancia: Voces en disputa” de Artículo 19, durante el año pasado se registraron 609 agresiones contra periodistas.1 54 por ciento de las agresiones al gremio se dio por cubrir información relacionada con la corrupción y la política del país.

De 2018 a 2019 las agresiones contra la prensa pasaron de 544 a 609, mientras que los homicidios aumentaron de nueve a diez.

Este año no ha sido mejor para quienes ejercen el periodismo, con el asesinato del periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos, dueño de los periódicos Tiempo y Medios Obson, en Ciudad Obregón, Sonora, ya suman seis periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados en lo que va de 2020 y 159 de 2000 a la fecha.5

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil durante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, las agresiones contra periodistas no han cesado en México, incluso se han incrementado.

El Director del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ha señalado que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, dicho organismo ha identificado que al menos 44 comunicadores han sido amenazados o agredidos.6

Las agresiones en perjuicio de periodistas y comunicadores en nuestro país son preocupantes, no sólo porque se trata de agravios a la integridad y vida de personas, sino porque también se lesiona a toda la sociedad, al vulnerarse el derecho a la información.

En México, existen disposiciones legales que garantizan la libertad de prensa y la protección a los periodistas.

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé la libertad de expresión al señalar que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

El artículo 6° constitucional, párrafo primero, reconoce como un derecho humano la libre manifestación de las ideas y que ésta no será objeto de inquisición judicial o administrativa; asimismo, en el artículo 7°, primer párrafo, prevé la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, por lo que ninguna ley o autoridad pueden establecer la previa censura, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Las autoridades se encuentran obligadas a prevenir las situaciones en las cuales se cometan violaciones a los derechos humanos de los periodistas y, en caso de que éstas se actualicen, debe investigarlas, con la finalidad de identificar a los responsables, imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima la adecuada reparación del daño.

El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, detectó tres grandes problemas para el ejercicio periodístico en el país: ineficacia de las instituciones para resolver ataques a los periodistas; la persistencia y crecimiento del número de agresiones; y la ampliación de las zonas de silencio, donde los medios de comunicación ya no reportan informaciones de inseguridad, derechos humanos y violencia por miedo a represalias.7

Al Grupo Parlamentario de Encuentro Social le preocupa la integridad de quienes ejercen el periodismo y pedimos a las y los titulares del poder ejecutivo de los tres órdenes de gobierno fortalezcan sus mecanismos de coordinación para garantizar su vida, seguridad e integridad personal, pues dichas agresiones ponen en riego el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en nuestro país.

Asimismo, con la presente proposición se propone exhortar respetuosamente al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y a sus homólogos en las 32 entidades federativas para que fortalezcan las acciones de prevención del delito, a fin de disuadir las agresiones contra los integrantes del sector periodístico, a efecto de evitar un mayor incremento en los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados cometidos contra instalaciones de medios de comunicación.

También se considera necesario exhortar a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas para que realicen una investigación exhaustiva de los homicidios perpetrados contra periodistas y trabajadores de la comunicación para dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponda, para que los homicidios no queden impunes.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes y al sistema federal, exhorta al titular del Ejecutivo federal y a las y los gobernadores de las 32 entidades federativas a que, a través de la Secretaría de Gobernación, fortalezcan sus mecanismos de coordinación para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y los periodistas, pues dichas agresiones ponen en riego el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a su autonomía, exhorta al fiscal general de la República y a las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas a que realicen una investigación exhaustiva de los homicidios perpetrados contra periodistas para dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y reciban la sanción que en derecho corresponda, para que los homicidios no queden impunes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes y al sistema federal, exhorta a las y a los titulares del Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, para que, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y sus homólogos en las 32 entidades federativas, fortalezcan las acciones de prevención del delito, a fin de disuadir las agresiones contra los integrantes del sector periodístico, a efecto de evitar un mayor incremento en los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados cometidos contra instalaciones de medios de comunicación.

Notas

1 https://www.centrocarbonell.mx/la-libertad-de-expresion-en-la-democraci a-constitucional/

2 https://www.milenio.com/opinion/gabriel-corona/paideia-politica/liberta d-de-prensa-y-democracia-en-mexico

3 https://www.rsf-es.org/news/clasificacion-2020-el-horizonte-se-oscurece -para-la-libertad-de-prensa-en-america-latina/

4 https://www.informador.mx/mexico/Agresiones-contra-periodistas-persiste n-en-Mexico-20200526-0100.html

5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/17/van-seis-periodi stas-asesinados-en-mexico-en-2020-442.html

6 https://www.jornada.com.mx/2020/05/21/politica/009n2pol

7 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/el-75-de-periodistas-d el-pais-se-sienten-vulnerables-ante-ataques-encuesta-4222190.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los 32 gobiernos locales a adoptar por los titulares del Registro Civil de su competencia medidas para agilizar los procesos de corrección de errores en la digitalización de actas de nacimiento, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado federal Édgar Guzmán Valdez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Saber con precisión cuantas personas viven sin documentos de identidad en nuestro país es muy complicado, ya que no aparecen en ninguna estadística o base de datos. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar, es la magnitud del problema. En 2014, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, presentó un trabajo en el cual se muestra que en México existen alrededor de 14 millones de personas sin acta de nacimiento.1

Situación que resulta sumamente alarmante si recordamos que fue desde 1857 durante el mandato del presidente, el C. Ignacio Comonfort, cuando se decretó la Ley Orgánica del Registro Civil. En la cual, se estableció por primera vez la obligatoriedad de todos los habitantes de la República mexicana a inscribirse en el Registro Civil.

El Registro Civil, es la instancia que se encarga de dar fe mediante actas, de todos los nacimientos, la adopción y arrogación de personas, los matrimonios, los votos religiosos y los fallecimientos; y ponía las bases para la expedición de las actas correspondientes que debían estar a cargo de un oficial del estado civil.

Posteriormente, el 28 de julio de 1859, bajo el mandato del presidente Benito Juárez, subrayó la idea de separar el Estado de la Iglesia, delimitando el papel que le corresponde a cada uno y reafirmando las tareas que son inherentes al Estado como la más alta organización de la sociedad. Y estableciendo, por lo tanto, el derecho humano a la identidad individual, al nombre, al estado civil de las personas y a la seguridad jurídica.

En años más recientes, el UNICEF ha señalado que el acta de nacimiento es además un documento fundamental para dar fe de la identidad ciudadana y jurídica de las personas, el ejercicio de sus derechos y obligaciones y, por lo tanto, un instrumento de protección de la ésta.2

Posteriormente, el 17 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional por la cual se adicionó un párrafo octavo al artículo cuarto de nuestra Carta Magna, que en sí dice qué:

“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. Y que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.”

A su vez, el Código Civil Federal, señala que el padre y la madre, cualquiera de ellos, o ante su ausencia, los abuelos paternos o los maternos, deberán declarar el nacimiento de cualquier menor, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que este ocurriera.

Ante esto, dependencias del gobierno federal, entre ellas, la Secretaria de Gobernación (SEGOB), han tomado diversas acciones, con el objetivo de facilitar el trámite del acta de nacimiento, evitar filas y agilizar su expedición. Por lo que las autoridades federales y estatales encargadas del registro de población han aplicado a nivel nacional el Programa de Expedición de Actas de Nacimiento por Internet, a través de su página de internet1 la cual también cuenta con el programa: Expedición d3 la copia certificada del acta de nacimiento en línea.

En esta página se señala que, para tramitar la copia certificada del acta de nacimiento en línea, se requieren los siguientes datos: CURP, nombre completo fecha de nacimiento, entidad de registro, sexo, nombre completo de madre o padre, y el pago en línea, que se puede realizar mediante tarjeta de crédito o débito o contar con impresora para imprimir el formato de pago.

Este documento, adquirido vía internet es válido en todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal.

Por otro lado, se llega a dar el caso que en algunas ocasiones las actas presenten algún error en la digitalización en el documento, y en estos casos, los Registros Civiles de las 32 Entidades Federativas son las encargadas de hacer las modificaciones pertinentes .

Para ello, es necesario enviar un correo al enlace correspondiente donde la persona fue registrada colocando en el asunto el título “corrección de acta” y en el cuerpo del correo, la o el interesado debe proporcionar los siguientes datos:

CURP

Nombre completo (nombre(s), primer apellido, segundo apellido)

Sexo (femenino/masculino)

Fecha de nacimiento

Entidad de registro

Municipio de registro

Oficialía de registro

Número de acta

Libro

Imagen escaneada del acta de nacimiento

Breve descripción de la corrección que se debe hacer

En la misma página de Segob, se publican los datos de contacto4 de los enlaces da cada Entidad Federativa. Pero de no ser el caso o de no tener la posibilidad de realizarlo vía remota, se puede acudir a las oficinas de los Registros Civiles correspondientes.5

En México, de acuerdo al artículo 94 de la Ley General de Población, se establece que: “Las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro de población”.

Por lo que, en la misma página de internet, se señala que, el proceso que toma la corrección en la digitalización de las actas depende del Registro Civil de la entidad federativa donde se hizo el registro, por lo que los tiempos pueden variar.

En este sentido, y derivado de la pandemia causada por Covid-19, la duración de estos trámites ha aumentado considerablemente, haciendo que cientos de ciudadanos se queden en una incertidumbre importante con respecto a este proceso.

En Encuentro Social, somos conscientes del derecho humano que representa tener todos tus documentos de identidad en orden y sin ningún error. Ya que estos resultan fundamentales para poder realizar cualquier otro trámite de carácter legal.

Por lo anterior, es que me permito mediante este punto de acuerdo, exhortar respetuosamente a los enlaces de los Registros Civiles de las 32 Entidades Federativas a que, en el ámbito de sus posibilidades, den celeridad al trámite de corrección de las actas de nacimiento de las y los mexicanos.

Es nuestro deber propiciar que toda la población mexicana cuente con todos sus documentos oficiales vigentes y en orden. El derecho a la identidad es el segundo derecho más importante, solamente después de la vida; ya que este es la llave que abre al resto de los derechos humanos. “Sin éste no existes, eres un mexicano invisible”.6

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a las personas titulares del poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, para que a través de las personas titulares del Registro Civil de su competencia:

Adopten todas las medidas que sean necesarias, para agilizar los procesos de corrección de errores en la digitalización de actas de nacimiento, por ser un documento fundamental para el ejercicio de otros derechos.

Los enlaces encargados de correcciones en la digitalización de las actas de nacimiento por entidad federativa redoblen los esfuerzos en esta tarea, cumpliendo con las medidas sanitarias necesarias e indispensables acordadas por el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/06/22/sin- acta-14-millones-de-mexicanos-0

2 https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6991.htm

3 https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-copia-certificada-de l-acta-de-nacimiento-en-linea/RENAPO187

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569360/Directorio_de_enl aces_de_correcciones__Registros_Civiles_11-08-2020.pdf

5 https://www.gob.mx/actas/articulos/digitalizacion-y-correccion-de-actas

6 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/06/22/sin- acta-14-millones-de-mexicanos-0

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de septiembre de 2020.

Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a incluir la atención integral de cáncer de mama como un padecimiento prioritario en el Programa Sectorial de Salud y los ejecutados por los institutos de seguridad social, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, y las suscritas, Adriana Lozano Rodríguez, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Claudia Báez Ruiz, Nayeli Salvatori Bojalil, María del Carmen Cabrera Lagunas, y Carolina García Aguilar, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el cáncer más frecuente entre las mujeres es el de mama. A nivel mundial representa 16% de todos los cánceres femeninos1 y se estima que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos.2

2. En América Latina, el Cáncer de Mama (CaMa) es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer, con 43,208 defunciones y una tasa de mortalidad promedio de 13 en la región, que varía de 5.0 en Guatemala a 22.6 defunciones, por cada 100,000 mujeres, en Uruguay.3

3. En México, el cáncer de mama ha tenido un incremento constante tanto en su incidencia como mortalidad en las últimas tres décadas. Acorde al reporte del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la incidencia se incrementó entre 2000 y 2013 llegando de 10.76 casos por 100,000 habitantes a 26.1 por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años, estimando 23,873 nuevos casos en 2013.4

4. De acuerdo con la Tarjeta Temática: Morbilidad y Mortalidad, que forma parte del Sistema de Indicadores de Género del Instituto de las Mujeres, en México, en el año 2018 ocurrieron 7,311 defunciones de mujeres por tumor maligno de mama en México, de los cuales, en 54 casos fueron hombres los que fallecieron.5

5. Según el Consenso Mexicano de sobre diagnóstico y tratamiento de cáncer mamario en su versión del año 2019, el cáncer de mama en México se diagnostica a una media de edad de 52.5 años, una década inferior a la población de América del Norte y Europa occidental, la incidencia aumenta proporcionalmente al incremento en la edad, lo que nos hace prever que solamente por el envejecimiento de la población, habrá también un aumento sustancial en el número de casos de cáncer de mama en los próximos años.

6. El Instituto Nacional de Salud Pública calculo? que cada mujer que muere por cáncer de mama equivale a 21 años de Vida Saludable Perdida (AVISAP), lo que representa un costo económico significativo para el país, sin tomar en cuenta el impacto familiar y social de la falta de una madre con hijos habitualmente adolescentes o jóvenes.

7. De acuerdo con los expertos médicos, se ha determinado que el estilo de vida influye directamente en la incidencia de cáncer de mama. La adopción de la vida urbana donde las mujeres en general logran niveles de escolaridad más altos, con independencia económica, también optan por mayor ingesta de grasas animales, tabaco y alcohol, sedentarismo y sobrepeso, así como el retraso en el primer embarazo (mayores de 30 años), la baja práctica de la lactancia materna y el uso de agentes hormonales en la menopausia, aumenta la aparición de casos.

8. Es importante destacar que en las comunidades rurales donde la dieta de las mujeres es baja en grasas animales y realizan trabajos físicos, además de tener hijos a temprana edad y amamantados por periodos prolongados, el cáncer de mama es menos frecuente, sin embargo, paradójicamente la falta de información y el acceso a métodos de prevención secundaria y diagnóstico, ocasiona que el padecimiento sea identificado de manera más avanzada y eso abona a que la mortalidad sea más elevada.

9. El pasado 23 de julio de 2020, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell señaló la preocupación que existe alrededor de la epidemia de obesidad y los padecimientos relacionados en nuestro país, y su impacto en la salud,6 por ello es importante destacar que en el Consenso se ha señalado que:

El factor de riesgo más importante relacionado con el estilo de vida es la obesidad y, dado que en México esta condición está presente en un porcentaje muy elevado de la población, esto representa un serio problema de salud pública con alto impacto en la sociedad.

Adicionalmente, las supervivientes de cáncer de mama que desarrollan obesidad tienen un mayor riesgo de recurrencia o de segundos primarios.

10. La mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados, debido a la falta de sensibilización sobre la detección temprana y los obstáculos al acceso a los servicios de salud.7

11. Cuando el cáncer de mama se detecta de manera tardía difícilmente se puede ofrecer un tratamiento curativo, es por ello que se considera de relevancia la atención integral que incluya prevención secundaria, detección oportuna, tratamiento adecuado, acompañamiento emocional, reconstrucción mamaria, tratamiento del linfedema y, en su caso, cuidados paliativos.

12. Dentro de los esfuerzos de esta administración, se ha incluido en el Programa Nacional de Normalización 2020 la revisión de la Norma Oficial Mexicana de la materia, en cuyo Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de cuello uterino y cáncer de mama8 se determinó la importancia de considerar que las pacientes sean informadas de las técnicas y posibilidades de reconstrucción mamaria, además de los tiempos en los que se puede realizar el procedimiento como parte de su derecho a la información y al consentimiento informado.

13. Las distintas instituciones de seguridad social en nuestro país han llevado acciones muy relevantes para combatir el cáncer de mama. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con diez Unidades de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama ubicadas en Ciudad de México, Baja California, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Yucatán, mientras que el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anualmente diagnostica a más de 6 mil 800 mujeres, de las cuales 79.4 por ciento son mayores de 50 años.

14. En el año 2019, durante el evento con motivo del Mes de Sensibilización sobre Cáncer de Mama, el Director IMSS, el Maestro Zoé Robledo, señaló que en hospitales rurales y clínicas del Instituto se realizan más de 5.6 millones de exploraciones anuales para prevenir esta enfermedad, afirmando que:

“Datos del IMSS indican que, gracias a la cobertura en detección y tratamiento oportuno para cáncer de mama, el riesgo de muerte por esta enfermedad se redujo en 23 por ciento en los últimos 20 años en las derechohabientes del Instituto.

Además, la tasa de mortalidad ha disminuido de 21.5 a 16.7 por ciento entre 1998 y 2017, en comparación con la población no derechohabiente donde se ha incrementado entre 15.6 a 22.6 casos por cada 100 mil personas.”9

15. El ISSSTE por su parte, el 21 de octubre de 2019, mediante su Director Normativo de Supervisión y Calidad, Sergio Barragán Padilla, señaló que para atender el cáncer de mama se han implementado las siguientes acciones institucionales:

Para dar mayor accesibilidad a las mujeres a las pruebas de tamizaje de cáncer de mama el Instituto implementó el Sistema de Cita Telefónica para Mastografía (SCITMA), a la cual se accede a través de ISSSTETEL marcando al 4000 1000 sin costo, opción 1 para programar una cita médica y posteriormente opción 2 para programar cita para mastografía.

La programación de cita para mastografía está vigente en 34 unidades médicas del país donde se cuenta con mastógrafos de alta productividad en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”; 16 hospitales generales, 12 clínicas hospitales, 2 clínicas de especialidades, 2 clínicas de medicina familiar y un centro de atención diagnóstica. Con presencia en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

En regiones donde no es posible acceder este servicio mediante cita programada, las derechohabientes pueden solicitar en su clínica su referencia a las unidades médicas que cuenten con el servicio diagnóstico.10

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

“Artículo 4º. ...

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá? un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”

Segundo. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Tercero. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido con el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6o., numeral 1, fracción I; mismo que señala:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo siguiente:

“Artículo 79.

1. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

1. a 3. ...”

Quinto. Que la presente proposición con Punto de Acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...

1. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...”

Sexto. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es materia de salubridad general:

“Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a X. ...

XI. Educación para la salud;

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XV. ...

XVI.. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVI. a XXVIII. ... ”

Séptimo. Que el Capítulo II “Educación para la Salud” de la Ley en cita señala que:

“Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.”

Octavo. Que de conformidad con el Título VIII Prevención y Control de enfermedades, en su Capítulo III Enfermedades No Transmisibles del mismo ordenamiento, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen, así como las acciones necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.

Noveno. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) en su apartado No dejar a nadie atrás no dejar a nadie fuera señala que el Gobierno de México propugna por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, incluyendo el acceso a los servicios básicos que brinda el Estado, así como la igualdad efectiva de derechos como lo es el acceso a la protección de la salud.

Décimo. Que el presente exhorto se encuentra en correspondencia al apartado dedicado al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar del PND, donde se señala que se priorizarán las acciones encaminadas a la prevención de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción en programas escolares de temas de nutrición, hábitos saludables y salud sexual y reproductiva, siendo el cáncer de mama parte de las estrategias de las autoridades encargadas de salud sexual y reproductiva.

Décimo Primero. Que el objetivo del presente documento se encuentra colaborar en el cumplimiento del Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su Objetivo prioritario 1. Coordinar y promover la implementación de la Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres para contribuir al bienestar, la justicia y a una vida libre de violencia para mujeres y niñas, establece como en la Estrategia Prioritaria 1.2 Promover vínculos de colaboración con los poderes de la unión, órdenes de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y academia para fomentar el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluye como Acción Puntual: Promover iniciativas ante el Senado de la República y la Cámara de Diputados para legislar con perspectiva de género e interculturalidad.

Décimo Segundo. Que el Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2020-2024 11 menciona que el cáncer de mama forma parte de las enfermedades que tienen un impacto negativo relevante en la economía del país por su alto costo en tratamiento, además de la afectación a la calidad de vida de las personas, implicando una carga significativa para el Sistema Nacional de Salud y para la productividad laboral, en ese mismo sentido menciona que:

Para tomar decisiones de cómo atender estos problemas de salud se deben buscar las causas de los mismos. Cuantificar la pérdida de salud provocada por las enfermedades y lesiones, así como los determinantes sociales, ambientales y factores de riesgo, colectivos e individuales, permitirá planear las acciones para mejorar la salud y eliminar desigualdades.

Por lo tanto, el principal reto de los servicios de salud es evitar que la población enferme y, cuando aparezca alguna enfermedad, contribuir a que se restablezca su salud en el menor tiempo posible.

Décimo Tercero. Que el Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado12 establece la Estrategia prioritaria 1.6 Transitar hacia un modelo de atención de la salud oportuno, seguro, accesible, equitativo e incluyente que privilegie la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación; por lo que es necesario que dichos objetivos se plasmen en un Programa de atención derivado del mismo con objetivos e indicadores propios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que dentro de los programas derivados del programa sectorial de salud se contemple la atención integral de cáncer de mama como un padecimiento prioritario, así como la inclusión de la reconstrucción mamaria como parte del tratamiento integral.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a que dentro de los programas derivados de su programa institucional se contemple la atención integral de cáncer de mama como un padecimiento prioritario, así como la inclusión de la reconstrucción mamaria como parte del tratamiento integral.

Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a que dentro de los programas derivados de su programa institucional se contemple la atención integral de cáncer de mama como un padecimiento prioritario, así como la inclusión de la reconstrucción mamaria como parte del tratamiento integral.

Notas

1 Cáncer de mama: prevención y tratamiento, OMS.

2 Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, OMS.

3 Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018, Secretaría de Salud. Consulta aquí

4 Consenso Mexicano de sobre diagnóstico y tratamiento de cáncer mamario 2019. Colima, México. Consulta aquí

5 Tarjeta Temática: Morbilidad y Mortalidad. Sistema de Indicadores de Género, Instituto de las Mujeres. 2019. Consulte aquí?

6 Versión estenográfica. Conferencia de prensa. Informe diario sobre coronavirus COVID-19 en México. 23 de julio 2020. Consulta aquí

7 OMS. (2019). “Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”. Disponible en: . Consultado el 26 de agosto de 2019.

8 Consultar Anteproyecto aquí

9 Más de 5.6 millones de exploraciones anuales para prevenir cáncer de mama se realizan en el IMSS: Zoé Robledo. Comunicado de Prensa No. 397/2019. Consulta aquí

10 Con diagnóstico oportuno es posible evitar que diariamente mueran 17 mujeres por cáncer de mama en México: el ISSSTE. Comunicado de Prensa. 21 de octubre de 2019. Consulta aquí

11 Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2020-2024. Consulta aquí

12 Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2020-2024. Consulta aquí

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de septiembre del año 2020.

Diputadas: Olga Patricia Sosa Ruiz, Adriana Lozano Rodríguez, Laura Érika Garza Gutiérrez, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Claudia Báez Ruiz, Nayeli Salvatori Bojalil, María del Carmen Cabrera Lagunas, Carolina García Águila (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Profepa, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla y la Sedema de Amozoc a informar sobre el parque estatal Flor del Bosque, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Édgar Guzmán Valdez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción I, del numeral 1, del artículo 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Puebla y a las autoridades del municipio de Amozoc a informar sobre el parque Flor del Bosque al tenor de las siguientes

Consideraciones

La actual administración dentro del Primer Informe de Gobierno 2019 hace mención que el alcanzar el desarrollo sostenible con equidad y justicia a nivel nacional, es imperativo e indispensable para alcanzar el bienestar.

“El crecimiento económico debe considerar los efectos ecológicos y el impacto ambiental, ... y no se debe poner en riesgo la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones”1

Por otro lado, derivado de este Primer Informe, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó inspecciones, operativos y recorridos, teniendo como principales reportes de diciembre de 2018 y junio de 2019, los siguientes:

1. En materia de prevención y contención de la tala ilegal, donde se aseguraron 380 metros cúbicos de madera, además de la imposición de 52 multas por 2.8 millones de pesos.

2. En materia de vida silvestre y se aseguraron 744 ejemplares de flora silvestre, 2,254 ejemplares de fauna silvestre y 15,882 productos y subproductos de vida silvestre, además de remitir a siete personas ante el MPF.2

Esto es importante de resaltar ya que aún hay bosques y reservas que siguen arrastrando conflictos que llevan años.

Como es el caso del Parque Ecológico Lázaro Cárdenas, mejor conocido como Flor del Bosque ubicado en la Ex Hacienda San Bartolo Flor del Bosque, Col. Casa Blanca, Amozoc de Mota del Estado de Puebla, el cual fue adquirido en una subasta de gobierno, alrededor del año 1933 por el ingeniero Ernesto Kurt Feldman, quien era administrador de la Hacienda de Amalucan y se encargó de la reforestación.3

De acuerdo con datos históricos la reforestación del parque atrajo a grandes de la época como el expresidente Lázaro Cárdenas y de Miguel Ángel de Quevedo, quien era un fuerte promotor forestal, inauguraron en 1935 el Día del Árbol para todo el país.

Fue hasta 1987 que la familia Kurt Petersen, donó al gobierno del estado de Puebla, cerca de la mitad de la superficie del bosque, con la promesa de construir un Museo de Ecología y Arqueología Regional dadas todas las piezas halladas en la zona.

Pasaron muchos años sin atenderse este bosque, es hasta el mandatario de José Antonio Gali Fayad, con la puntual pretensión de construir un desarrollo inmobiliario, pero dadas las obligaciones como el pago de impuestos la enajenación registrada el 1 de septiembre de 2018, que no se concretó.

Para 2019, el Parque Flor del Bosque se cuenta con un polígono cercano a las 700 hectáreas de bosque, con más de un centenar de especies de fauna y flora en peligro de extinción, se tenía un recuento de los siguientes ejemplares:

Cabe señalar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo ha considerado como el espacio público de educación ambiental con mayor importancia en México, además de ser un pulmón para el Estado de Puebla.

Si bien el actual Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha solicitado a la Semarnat, hacer que la Flor del Bosque sea una Reserva Natural Protegida, es necesario puntualizar que el ayuntamiento de Amozoc ha realizado cambios en el uso de suelo.

Razón por la cual tanto residentes como asociaciones ambientalistas han buscado interponer un amparo para frenar el proceso de lotificación de la reserva ecológica.

Entrevista con Enrique Hernández Álamos, quien es vecino de Haras, mencionó que “el cambio de uso de suelo autorizado por el gobierno de Amozoc forma parte de un entramado que también tiene que ver con la permuta de las 42 hectáreas que el gobierno de José Antonio Gali Fayad entregaría a Haghenbeck”.4

Un dato relevante es que el pasado 1 de julio, el gobierno de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta emitió un Decreto que echó abajo la permuta de tierras que beneficiarían a Carlos Haghenbeck, dado que todo el mal manejo inverosímil se desarrolló por el anterior gobierno .

Si bien, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Sur del Municipio de Amozoc, Haras Flor del Bosque, avalado el pasado 12 de octubre de 2018, contempla 42 hectáreas para ser vendidas, las cuales fueron adquiridas por el empresario inmobiliario Carlos Haghenbeck, no se realizó acorde a los términos legales ni con las licencias emitidas por las autoridades como lo es Semarnat y Profepa.

La Flor del Bosque representa una gran riqueza de biodiversidad, pero no cuenta con un plan de protección ni de desarrollo ecológico, esto complica su situación ante los graves efectos de lotificación también ante la atención de los incendios forestales.

Del gasto federal 2019, no se contempla una asignación al rubro de Áreas Naturales Protegidas, Forestal y de Medio ambiente, esto es relevante ya que no habría suficientes recursos para hacer frente a los incendios forestales.

No se pueden predecir los desastres naturales, pero con un plan de protección se pueden preservar las áreas protegidas.

Por ello, es necesario contar con el reporte de las autoridades y del municipio sobre el avance del programa de educación ambiental y de cuidado de las zonas forestales, así como la licencia de uso de suelo con opinión favorable en materia de Impacto Ambiental emitido por la dependencia correspondiente y la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales emitida por la SEMARNAT. Además de la publicación sobre el proceso de consulta pública, sin estos los procesos que se lleven a cabo carecerán de validez.

Dada la importancia de la Flor del Bosque, el Punto de Acuerdo que se propone, es con el objetivo de exhortar a las autoridades ambientales estatales y municipales a actualizar su Programa de Ordenamiento Ecológico, ya que sólo se considera el polígono a los criterios urbanos, esta importante área ecológica tarde o temprano será devastadas, aunado a que es necesario contar con un Plan de Protección.

Dada la pertinencia del tema, se presenta un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado y la Dirección de Ecología de Amozoc para que informen a esta Honorable Asamblea el expediente que contenga el avance del programa de educación ambiental y de cuidado de las zonas forestales, así como la licencia de uso de suelo con opinión favorable en materia de Impacto Ambiental emitido por la dependencia correspondiente, con las autorización de cambio de uso de suelo emitida por la Semarnat, así como la consulta pública y el Plan de Protección Ambiental de la Flor del Boque.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado y como representante popular del Distrito 7 del Estado de Puebla, en el que se incluye el municipio de Amozoc es que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea y con la finalidad de que sea analizada y discutida, la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en la esfera de su competencia hagan públicos los avances en el expediente y licencias de cambio de uso de suelo que corresponde al Parque Flor del Bosque en el municipio de Amozoc, el Estado de Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa, a la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado Libre y Soberano de Pueblo y a la Dirección de Ecología del Municipio de Amozoc para hacer público el expediente de Impacto Ambiental y el Plan de Protección Ambiental del Parque Flor del Bosque, en el municipio de Amozoc, el Estado de Puebla, con la finalidad de conservar y proteger el bosque.

Notas

1 Primer Informe de Gobierno 2019.

2 IDEM

3 Flor del Bosque, historia de casi un siglo en Puebla, 11 de julio del 2020

4 “Autoriza Programa de Desarrollo Urbano de Amozoc fraccionar Flor del Bosque”; “Favorece al inmobiliario Haghenbeck”, La Jornada de Oriente, 10 de agosto 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales y de los 32 estados a fortalecer coordinadamente las estrategias y acciones para incentivar el consumo de leche entre niños, adolescentes y jóvenes a efecto de nutrirlos con vitaminas, sales y minerales, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación conmemora cada 1 de junio el Día Mundial de la Leche, con la finalidad de incentivar el consumo de leche en el mundo.

La misma organización, conmemora el Día Mundial de la Leche Escolar el último miércoles de septiembre de cada año y agrupa países de todo el mundo que reafirman los beneficios del consumo de leche.

Segunda. La leche fortalece el metabolismo al producir energía, crecimiento de músculos y tejidos del cuerpo, además fortalece la función cerebral y visual; contiene propiedades antioxidantes y evita el desgaste de huesos y órganos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señala que la alimentación en la niñez es clave para crecer sano, además de coadyuvar para prevenir padecimientos como anemia, deficiencia de vitamina A, yodo, problemas de crecimiento, déficit de atención en clase, falta de energía para hacer actividades recreativas y deportivas, estudiar.

Tercera. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es fundamental que ingieran leche debido a la gran cantidad de nutrientes y vitaminas que son necesarias incorporar en la alimentación diaria para que esta sea sana y de calidad. Por lo que, es importante trabajar coordinadamente en estrategias y acciones para incentivar el consumo de leche en la etapa escolar para que adquieran hábitos saludables y les permita fortalecer su sistema inmunológico.

Cuarta. MSD Salud Animal en México, refiere que, un vaso de leche aporta 300 mg de calcio; las proteínas que aporta la leche son necesarias para la formación de tejidos y mantenimiento del organismo; 80 por ciento de la composición de la leche corresponde a agua, mientras que el 20.0 por ciento restante a lactosa, vitamina A, D, B1, B2 y sales minerales. Antes de 1964, la leche era distribuida en botellas de vidrio; aproximadamente 80 por ciento de los productos lácteos en el mundo están hechos de leche de vaca.

Quinta. Indica que, en promedio las familias mexicanas compran leche 87 veces al año, una vez cada cuatro días. Las mexicanas y los mexicanos consumen cerca de 147 litros al año, donde 2 de cada 100 toneladas de leche que se producen en el mundo son de origen mexicano. Refiere que, en México se produjeron 12 mil millones de litros de leche en 2018.

Sexta. Al respecto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló que al tercer trimestre de 2019, México ocupa la octava posición en la producción mundial de leche de bovino, siendo los principales productores nacionales, Jalisco con 20.3 por ciento, Coahuila 11.3 por ciento y Durango 10.2 por ciento.

Séptima. EL Grupo Parlamentario del PES, tiene el compromiso con la salud, la nutrición y la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país, por ello, vemos la necesidad de solicitar a las autoridades correspondientes y a las 32 entidades federativas a que fortalezcan coordinadamente las estrategias y acciones para incentivar el consumo el consumo de leche que contiene vitaminas A, D, B1, B2, sales y minerales, las cuales son necesarias para su desarrollo físico y mental.

Por lo expuesto, fundado y motivado se propone ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud, y Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que en el ámbito de sus competencias fortalezcan coordinadamente las estrategias y acciones para incentivar el consumo de leche en niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la finalidad de nutrirlos con vitaminas A, D, B1, B2, sales y minerales, las cuales son necesarias para su desarrollo físico y mental.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de septiembre de 2020.

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, los ayuntamientos y los gobiernos locales a impedir que las personas mayores de 60 años que laboran en el sector público sean despedidas, a cargo de la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Adriana Lozano Rodríguez, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia derivada del SARS CoV-2, además de la crisis sanitaria, ha traído consigo una crisis laboral y económica sin precedente, la cual afecta de manera particular a los sectores más vulnerables de la población, como es el de las personas adultas mayores, fundamentalmente porque constituyen uno de los grupos de mayor riesgo de contagio al coronavirus cuyas consecuencias resultan más graves por su edad y comorbilidades asociadas, así como porque son quienes mayor precariedad económica presentan en comparación con el resto de los grupos etarios.

Riesgos los anteriores que han sido señalados de manera enfática por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por las Organización Panamericana de la Salud, entre otros organismos internacionales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 del Inegi, en México residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas; únicamente el 41.4 por ciento son económicamente activas, y 69.4 por ciento presentan algún tipo de discapacidad; el 36.7 por ciento de las personas adultas mayores adultos mayores que viven solas reciben jubilación o pensión; 21.7 por ciento están ocupadas, pero no reciben prestaciones, el 15.7 por ciento reciben aguinaldo y sólo 13.4 por ciento tiene vacaciones con goce de sueldo.

Desafortunadamente la realidad anterior ha llevado a muchas personas adultas mayores a vender productos en la calle para sobrevivir, por lo que no pueden mantener el confinamiento para evitar el contagio del Covid-19, lo cual las coloca en un riesgo mayúsculo.

Además, para muchas familias la presencia de una persona mayor es vivida como una carga, de ahí que los índices de violencia en el hogar también han aumentado considerablemente las personas de la tercera edad, violencia que generalmente es invisibilizada.

Por otro lado, quienes tienen la posibilidad de quedarse en sus casas, atraviesan por una serie de problemas derivados del confinamiento que afecta severamente su salud física y emocional, ya que pasan prácticamente todo el día recluidos en sus habitaciones, camas o sillones con nula o escasa movilidad, prisioneros del miedo a contagiarse y condenados al olvido de sus familias. No podemos soslayar que mayoritariamente no son receptores de muchos de los beneficios de las nuevas tecnologías, lo que les impide comunicarse o realizar diversas actividades básicas y fundamentales como pagos o compras a distancia, de ahí que el estrés, la depresión y la ansiedad actúan sobre las personas adultas mayores con mayor fuerza y crudeza.

Hace algunas semanas, el Coneval subrayó que el mayor cambio porcentual de pérdida de empleos durante la pandemia se observó en los grupos etarios de jóvenes y adultos mayores, situación que evidentemente se vislumbra mucho más crítica para los segundos, ya que sus posibilidades de tener un empleo son mucho menores que para una persona joven, lo cual los coloca como grupo poblacional en una situación de altísima vulnerabilidad, lo que debe ser atendido de manera integral por el estado.

Bajo el anterior orden de ideas, resulta altamente preocupante que, a lo largo y ancho del país, cada vez son más las personas mayores de 60 años que laboran en el sector público, ya sea en el ámbito municipal o estatal, que están siendo despedidas, se les ha disminuido el sueldo o no están siendo recontratadas, colocándolas en un estado de absoluta indefensión: sin empleo, sin salario y sin posibilidades de subsistencia, lo que pone en riesgo su alimentación, salud y vivienda, y en muchos casos también la de sus parejas.

El argumento generalizado para los despidos es que no pueden acudir físicamente a los lugares laborales por su edad o condición de salud y que requieren de personal que sí pueda laborar en in situ , que no están haciendo el uso adecuado de las nuevas tecnologías de la comunicación o de la información, o bien, que es necesario un recorte de personal. Es decir, lo que tanto se ha condenado y criticado en el sector privado, hoy está sucediendo en el ámbito público.

Cabe precisar que las solicitudes de apoyo y denuncias que me han llegado como representante popular, me exigen hacerlo del conocimiento de esta soberanía, para que, desde el ámbito de nuestra competencia, realicemos lo necesario para detener esta inaceptable situación.

Más allá de filiaciones políticas, es fundamental que respondamos de manera solidaria y humana a esta problemática, la cual no debe tomar sesgos partidistas o derivar en señalamientos políticos, sino en acciones contundentes y efectivas que contribuyan a dar solución a la problemática de los hombres y mujeres mayores de 60 años a quienes representamos, y quienes con su esfuerzo, dedicación, talento y experiencia han servido a la sociedad desde sus áreas laborales durante una gran parte de su vida.

En tal virtud, someto a consideración de esta soberanía con la finalidad de que le otorguemos a esta proposición el tratamiento necesario para ser discutido de forma responsable y se vote en favor de la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de la Administración Pública Federal y a las dependencias homologas de las 32 entidades federativas del país, para que de manera conjunta y coordinada realicen de forma inmediata las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los empleos y derechos de las personas mayores de 60 años de edad que laboran en las distintas dependencias y organismos de las administraciones públicas de las entidades federativas y municipios del país, así como para que quienes hayan sido despedidas puedan volver a sus empleos lo antes posible, a efecto de evitar que durante la crisis sanitaria y económica derivada del SARS CoV-2 caigan en la vulnerabilidad extrema.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas y municipios del país para que con responsabilidad social y de manera solidaria propinen un trato respetuoso y humano a las personas mayores de 60 años que laboran en las distintas dependencias y organismos, garantizándoles con ello la conservación de sus empleos, salario y prestaciones laborales, así como la seguridad de que permanezcan en sus casas hasta en tanto las autoridades sanitarias con motivo del SARS CoV-2 no determinen lo contrario, salvaguardando con ello los derechos fundamentales y prerrogativas que le son intrínsecos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputada Adriana Lozano Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de SLP a pedir a la Auditoría Superior estatal una investigación pública y transparente sobre el proceso de licitación pública nacional número MSLP-OM-LPN-05-2020, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los siputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe del Grupo Parlamentario de Morena integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 numeral 1, fracción I; 65 numeral 4 y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el mes de enero del presente año el presidente municipal del ayuntamiento de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, anunció la intención de llevar a cabo un proyecto de instalación de 50 mil luminarias en la zona metropolitana de San Luis Potosí.1

Con fecha 27 de febrero se publicó por parte del H. ayuntamiento de San Luis Potosí la convocatoria a la licitación pública nacional No. MSLP-OM-LPN-05-2020 descrita como: renovación de alumbrado público en diferentes zonas del municipio de San Luis Potosí con volumen de la obra de 50,000 piezas y la siguiente calendarización:

Visita al sitio de los trabajos: jueves, 5 de marzo de 2020.

Junta de aclaraciones: viernes, 6 de marzo de 2020.

Presentación y apertura de propuestas: jueves, 19 de marzo de 2020.

Fecha de fallo: martes, 31 de marzo de 2020.

Firma de contrato: martes, 14 de abril de 2020.

Inicio y terminación de la obra: 15 de abril al 31 de diciembre de 2020.

Fuente de financiamiento: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y con recursos propios.2

De acuerdo a lo previsto, el 31 de marzo de 2020 se emitió el fallo de la referida licitación en la que resultó electa la empresa Trafficlight de México, S.A. de C.V celebrando el contrato por un monto de $395,500,059.32. (Trescientos Noventa y Cinco Millones Quinientos Mil Cincuenta y Nueve pesos 32/100 M.N.)3

Desde el inicio del procedimiento, distintas voces incluidas entre ellas el vocero de nuestro partido en San Luis Potosí, Alejandro García Moreno, han denunciado irregularidades en la licitación ya que algunos proveedores se percataron de diversas anomalías, requisitos inducidos y han documentado que la licitación estuvo orientada para que el ganador fuera quien ofrecía luminarias de la marca Philips, lo cual no se menciona en las bases porque no es un requisito legal, pero por las especificaciones técnicas coinciden con ellas, para que de esta manera pudiera ser elegida la empresa Trafficlight de México, S.A. de C.V4

Según se puede constatar con una simple búsqueda en internet, cada luminaria de las adquiridas tiene un costo de 3400 pesos, sin embargo el Ayuntamiento las está comprando casi tres veces más su valor, por lo que 170 millones de pesos habría sido el costo real de esta licitación pero, de acuerdo a la propia información proporcionada por el Ayuntamiento, el monto ascendió a casi a los 400 millones, 230 más de lo que debería.5

En el mismo sentido, la organización civil, Ciudadanos Observando denunció irregularidades en la licitación de las luminarias del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el vocero de la organización, Guadalupe González Covarrubias aseguró que se advierte un sobreprecio en el costo unitario por luminaria.

De acuerdo con su página de internet mediante la investigación “El lado oscuro de las luminarias” esta organización ha hecho pública las irregularidades detectadas mismas que se transcriben a continuación de manera literal:6

El Ayuntamiento de San Luis que encabeza el alcalde Xavier Nava Palacios realizó la licitación pública nacional, número MSLP-OM-LPN-05-2020 para la renovación de alumbrado público en diferentes zonas del municipio de San Luis Potosí. Para fines de facturación, las luminarias existentes generan un cargo adicional de energía del 25% por el uso del balastro. Con esto, el consumo de un luminario con potencia nominal de 100 watts de vapor de sodio es facturado como 125 watts y el de un luminario de 150 watts de la misma tecnología es facturado como 187.5 watts.

Bajo este criterio simple, el ahorro de energía eléctrica generado por cada luminario LED debería ser del 68%. El alumbrado público de San Luis Potosí se compone principalmente de luminarias de tecnologías no eficientes, siendo la mayor parte de vapor de sodio de alta presión (luz amarilla) de 100 y 150 watts, teniendo estas una proporción aproximada de 75% de 100 watts y 25% de 150 watts.

El consumo promedio de energía eléctrica mensual del sistema completo de alumbrado de la capital potosina actualmente es de alrededor de 2, 550,000 kw ? h, lo que representa aproximadamente 9.8 millones de pesos. Sin embargo al consultar al Ayuntamiento de San Luis menciona que el pago mensual a la Comisión Federal de Electricidad es de 12 millones de pesos.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, aseguró que entre el alumbrado actual y el nuevo, existirá un ahorro anual de 11,669 MW-hora anual y que el nuevo sistema tendrá un consumo de 20,917 MW-hora al año. Además sostiene que se tendrá un ahorro del 64%, que equivale a 94 millones de pesos anuales. Calculado al valor presente.

Pero veamos si estos datos son reales. Para obtener el %, se obtiene de dividir el nuevo ahorro (11,669) con el actual (32,586), dando un resultado real del 35% de ahorro y no del 64% como asegura el ayuntamiento.

En relación al costo de instalación por luminaria, detectamos que se pudieron haber ahorrado 13.8 millones de pesos, ya que el precio expresado en la licitación está por encima del precio real.

Los requerimientos de la licitación, señalan que el volumen será de 50,000 luminarias, más la instalación, obra eléctrica, estructuras, obra civil y el censo y almacenamiento de información por un monto de $395,500, 059.00. Las luminarias deberán contar con al menos un IP65, que se refiere a la protección de polvo, lluvia y humedad y de un IK09, que es una prueba de impacto y resistencia.

¿Quién es Trafficligth de México?

La empresa ganadora de la licitación fue Trafficligth de México S.A de C.V. Fue inscrita el 27 de febrero de 2006 en Puebla. Los socios son Alberto Martínez Barrientos y Víctor Manuel Adrew Andrade. Es una empresa filial de Citelum México S.A de C.V de origen francés que ha obtenido contratos con el ayuntamiento de Puebla por 2 mil millones de pesos, durante las últimas cuatro administraciones.

De acuerdo a la información que publica Philips en su sitio oficial, señala que esta luminaria está compuesta de 4 componentes principales: Módulo Led, Sistema Óptico, Disipador de Temperatura y Controlador. La luminaria cuenta con un disipador de calor construido en el cuerpo de la luminaria, diseñado para asegurar alta eficacia, con un sistema de refrigeración estático en la parte superior de la luminaria el cual disipa el calor hacia arriba.

El desventaja de esta luminaria Philips, es que necesitan mucha potencia para dar el mismo resultado que otras de mayor vanguardia. Con otros equipos se puede obtener menos gasto de energía y la misma iluminación, generando al ayuntamiento un ahorro importante en los próximos cinco años.

Constructora y Urbanizadora Capellanía S.A. de C.V. con el dólar a $19.11 ganó la Licitación Pública Nacional LPN-MPN-022-VAM-2019 en el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila por 3,600 luminarias en el Ayuntamiento de Piedras Negras, a un precio luminaria promedio de $5,269.00 sin IVA mientras que Trafficligth de México S.A. de C.V. en marzo del 2020 con el dólar a $23.90 ganó la licitación Pública Nacional MSLP-0M-LPN-05-2020 en el Ayuntamiento de San Luis Potosí a un precio promedio por luminaria a $ 5,921.30 sin IVA, la diferencia se explica, considerando el incremento que tiene el dólar actual, por lo que el precio de la luminaria a esta fecha sería muy parecido.

Cuestionamientos .

La empresa Representaciones Parga S. A de C.V, solicitó se le indicaran los contratos máximos a evaluar o en los años máximos a acreditar, a lo que se contestó que sería una experiencia máxima de 10 años, avalado con 2 contratos por año y el número de contratos a evaluar sería de 20.

Por su parte Construcciones Vargas S.A de C.V indicó que la compra de las luminarias está dirigidas hacia los modelos de luminarias de LED de la marca Philips, lo cual puede constatarse al revisar las constancias de ahorro PAESE. La respuesta del ayuntamiento fue que ellos solicitan valores mínimos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos y los licitantes pueden proponer los productos que satisfagan dichas características. La respuesta del ayuntamiento fue que ellos solicitan valores mínimos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos y los licitantes pueden proponer los productos que satisfagan dichas características. El mismo participante insistió en solicitar el proyecto de iluminación para determinar la cantidad de luminarias de cada partida, porque a su juicio, pareciera que están intentando adquirir un lote de luminarias que fue fabricado hace años para las concesiones de los municipios de Zapopan, Jalisco y Veracruz y que no fueron instaladas. Ante este duro cuestionamiento el ayuntamiento asegura que las luminarias son nuevas y se están fabricando en la planta de Philips en Camargo, Chihuahua y en su momento entregarán los documentos que lo avalen.

Comparativo contra luminaria Ray Hunters.

Si nos basamos en este hipotético comparativo, la diferencia en el costo de la luminaria RayHunters que fue contratada por el Ayuntamiento de Ciudad Valles contra la luminaria Philips es de 111 millones de pesos. Pero ya se mencionó que la empresa decidió no participar en la licitación en San Luis Potosí. La empresa Cesty Construcciones S.A de C.V cuenta con una luminaria de la marca Ray Hunters a un precio luminaria promedio de $ 3,431.00 sin IVA sin embargo decidió no participar en la licitación.

Trafficligth de México S.A. de C.V. con el dólar a $23.90 ganó la licitación Pública Nacional MSLP-0M-LPN-05-2020 en el Ayuntamiento de San Luis Potosí a un precio promedio por luminaria de $ 5,650.00. La luminaria Ray Hunters anda en un promedio entre 140 y 150 lúmenes por watts mientras que la luminaria Philips Road Focus anda en un promedio de 100 lúmenes por watts.

Es precisamente en estos momentos difíciles cuando más cuidadosos debemos ser con los recursos públicos, y ser vigilantes que en todo momento el gasto se encuentre justificado.

También debe considerarse un elemento importante relacionado a la existencia de una relación real entre el precio comercial y el precio adquirido, pues ante operaciones que implican grandes volúmenes de compras no es una práctica común que se adquieran a un precio más elevado, sino al contrario es muy común que se acceda a un precio inferior al del mercado.

Bajo ese orden de ideas, existen suficientes elementos para solicitar que la compra de las luminarias se investigue por la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí pues se puede advertir que en dicha operación existen diversas irregularidades que pueden derivar en posibles actos de corrupción en detrimento del erario público.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Ùnico. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de San Luis Potosí para que a su vez exhorte a la Auditoría Superior del Estado de San Luis a que realice una investigación exhaustiva, pública y transparente sobre el proceso de licitación No. MSLP-OM-LPN-05-2020 en la que se determine la justificación de la erogación del monto de $395, 500,059.32. (Trescientos Noventa y Cinco Millones Quinientos Mil Cincuenta y Nueve pesos 32/100 M.N.) a favor de la empresa Trafficlight de México, S.A. de C.V. En razón de que se han hecho públicas la existencia de posibles irregularidades en la referida operación por adquisición a sobreprecio.

Notas:

1 Véase : El universal. Metrópoli. San Luis Potosí. Ayuntamiento publica prebases para licitación de luminarias en la capital. Disponible en : Fecha de consulta : 27 de agosto de 2020

2 Véase: H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Oficialía mayor, licitación pública nacional No. MSLP-OM.-LPN-05-2020 Disponible en ; fecha de consulta: 27 de agosto de 2020.

3 Véase: H. Ayuntamiento de San Luis Potosí Administración 2018-2021, Oficialía Mayor, coordinación de costos y concursos de obra pública. Fallo de la Licitación Pública Nacional N. MSLP-OM-LPN.-05-2020 Disponible en: Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020.

4 Véase: Potosí Noticias, ASE debe revisar con lupa el caso de las luminarias en la capital: PVEM. Disponible en: Fecha de consulta : 27 de agosto de 2020.

5 Véase : Código San Luis periódico en línea. Denuncia Ricardo Gallardo corrupción de Xavier Nava en negocio de luminarias. Disponible en : Fecha de consulta : 27 de agosto de 2020.

6 Véase: Ciudadanos Observando. El lado Oscuro de las luminarias. Disponible en: Fecha de consulta : 27 de agosto de 2020.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020

(Rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP y la SCT a llevar a cabo con el gobierno de Jalisco acciones para reactivar las obras federales en materia de infraestructura carretera en Cihuatlán y La Huerta, específicamente en los tramos El Tuito-Melaque, de la carretera 200, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente pproposición con punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Comunicaciones y Transportes para que de forma coordinada con el estado de Jalisco, lleven a cabo las acciones necesarias para reactivar las obras federales en materia de infraestructura carretera en los municipios de Cihuatlán y La Huerta, específicamente en los tramos de la carretera 200 que van de El Tuito-Melaque, en consideración de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México existe la Red Nacional de Caminos, al año 2019 ésta cuenta con una longitud total de 772,427.98 kilómetros (km) y se divide en 50 mil 519 km de carreteras federales, 101 mil 924 km son carreteras estatales, 20 mil 366 km municipales y/o particulares, tan sólo 10 mil 698 km son carreteras de cuota, 75 mil 305 km vialidades urbanas e infraestructura de enlace, 21 mil 735 km de veredas y lo que parecería más alarmante, de este gran total solamente 172 mil 809 km son carreteras pavimentadas, en contraste con los 502 mil 577 km caminos no pavimentados.1

Cabe resaltar que la mayor longitud de carreteras y caminos, por entidad federativa, corresponde en orden decreciente a: Chihuahua, Sonora, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, Durango, y Guerrero, siendo estados que representan una gran cantidad de extensión territorialmente hablando, pero que no los vuelve menos relevantes en la inversión pública de infraestructura carretera.

El pasado 11 de junio, el diario El Informador de Jalisco realizó un reportaje sobre el avance de las obras federales en carreteras jaliscienses, en el que detalla una serie de anomalías en los avances de dichas obras, además de una confirmación de recorte presupuestal por parte del gobierno federal, con lo que se dejarían inconclusas obras que representan un importante medio de comunicación mismo que se traduce en desarrollo económico y empleos2 además de haberse convertido en deudas históricas en materia de infraestructura carretera para los ciudadanos del estado.

De los proyectos que se verán afectados existen 2 que son de particular preocupación como lo es el caso de la carretera Villa Purificación-Autlán y el tramo El Tuito-Melaque que tiene un avance del 63.52 por ciento con una estimación de 3 mil 907 millones de pesos, pero con cero pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020 y cero ejercidos en el mismo año,3

En ese orden de ideas, la política pública en materia de infraestructura carretera debe ser prioritaria para la administración, sin embargo, se obtiene una gran muestra de la desatención de los caminos por parte del gobierno federal al encontrarse totalmente detenida la obra en materia presupuestal y por tanto física, cabe resaltar que estas obras generarían un importante desarrollo en las regiones aledañas al camino por tratarse de una zona altamente turística.

En ese sentido, es importante señalar que la derrama económica que deja al país la actividad turística en Jalisco es de más de 42 mil 89 millones de pesos, esto tan sólo en el año 20181 , tan sólo en la zona sur de4costa alegre hubo una afluencia de total de 581 mil 940 personas recorriendo esta zona turística, esto según registros de la Secretaría de Turismo de Jalisco5 , dicha zona es donde se encuentran detenidas las obras en comento, esto nos da una clara muestra de la importancia que tiene el contar con carreteras terminadas y en óptimas condiciones para esta región del país.

Es por esto que resulta imperante que las obras federales en las carreteras del estado de Jalisco, particularmente las que corresponden a los municipios de Cihuatlán y La Huerta sean reactivadas a la brevedad, ya que representan una importante vía de comunicación que potenciaría el desarrollo regional y económico de dichas poblaciones que se encuentran en un rezago en materia de infraestructura muy grave.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de manera atenta y respetuosa exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Comunicaciones y Transportes para que, de forma coordinada con el estado de Jalisco, lleven a cabo las acciones necesarias para reactivar las obras federales en materia de infraestructura carretera en los municipios de Cihuatlán y La Huerta, específicamente en los tramos de la carretera 200 que van de El Tuito-Melaque.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/GrfiaMd oAmte/RNC2019.pdf

2 https://www.informador.mx/Recorte-federal-frena-cuatro-proyectos-en-car reteras-de-Jalisco-l202006110001.html

3 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ficha_opa#1109634 0005

4 https://secturjal.jalisco.gob.mx/sites/secturjal.jalisco.gob.mx/files/u 16/anuario-2018.xlsx

5 https://secturjal.jalisco.gob.mx/sites/secturjal.jalisco.gob.mx/files/u 16/anuario-2018.xlsx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a realizar estudios y acciones preventivas para construir los bordos de protección y corrientes del cauce de los ríos situados en la región Costa Sur de Jalisco, así como atender la falta de infraestructura y prevenir así afectaciones por la tormenta tropical Hernán, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar de manera atenta y respetuosa al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que realice los estudios y acciones preventivas para la construcción de los bordos de protección y corrientes del cauce de los ríos que existen en la región Costa Sur del Estado de Jalisco, con especial atención en los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, Autlán de Navarro, Tomatlán y Cabo Corrientes; para atender la falta de infraestructura y así prevenir afectaciones con motivo de las crecientes de los ríos ante los efectos devastadores ocasionados por la tormenta tropical Hernán , lo anterior con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de los habitantes de la región ante futuros fenómenos hidrometeorológicos en consideración de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, inciso XXIV, define a un fenómeno hidrometeorológico como un agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados.1

De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), un bordo de protección es “una estructura hecha por la humanidad, usualmente un terraplén de tierra o suelo compacto, diseñada para contener, controlar o desviar el flujo de agua a fin de proporcionar protección frente a inundaciones temporales”.

Por otro lado, la Conagua define a los bordos de protección como “estructuras de gran longitud, colocadas dentro del cauce, construidas normalmente con materiales arcillosos, de arena o materiales pétreos, cuya sección transversal es trapecial y el talud en contacto con la corriente del río es formado de manera similar a los recubrimientos marginales”. Se utilizan cuando se quiere formar una nueva orilla que permita encauzar al flujo en forma más adecuada o cuando se desea reducir el ancho del río (Conagua, 2011).

Los componentes de un bordo pueden generalizarse en los siguientes elementos:

• Terraplén: Estructura de tierra diseñada para retener o desviar el agua.

• Corona: Superficie en la parte superior del bordo, la cual es más estrecho que la bases.

• Pie del bordo: Lugar donde el talud del bordo se encuentra con el terreno natural.

• Talud exterior: Superficie plana con inclinación que limita al cuerpo del bordo, localizada del lado del cuerpo de agua a contener.

• Talud interior: Superficie plana con inclinación que limita al cuerpo del bordo, localizada del lado contrario al cuerpo del agua.

• Bordo libre: Espacio de agua entre la corona y el nivel de agua para controlar un nivel particular.

Entre los tipos de bordos de protección que comúnmente se construyen para reducir inundaciones causadas por los desbordamientos de los ríos se distinguen dos tipos: i) bordos longitudinales a lo largo de una o ambas márgenes de un río y ii) bordos perimetrales a poblaciones pequeñas o construcciones de importancia.

En días pasados en la región Costa Sur del Estado de Jalisco se presentó la tormenta tropical “Hernán” mismo que ha dejado daños en los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Cabo Corrientes y Cuautitlán de García Barragán por lo que el Comité Estatal de Emergencias de Jalisco realizó la declaratoria de emergencia para los municipios mencionados, esto debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias generadas por la tormenta tropical.

Para dar solución y seguridad a los habitantes de esta región ante las presentes y futuras afectaciones por este tipo de fenómenos naturales es indispensable que las obras de protección y encauzamiento de los ríos sean ejecutadas en estricto apego a los lineamientos técnicos que la Conagua pueda generar y con ello se eviten daños ocasionados por el desbordamiento de corrientes naturales, a las diferentes áreas productivas y centros poblacionales. De tal forma es indispensable contar con estudios topográficos, hidrológicos, fluviales y geotécnicos de las zonas por las cuales se pueda generar una afectación social.

Por otro lado, la Conagua cuenta con las facultades para tender dicho asunto tal como lo detalla el artículo 9, fracciones XL y XLIII de la Ley de Aguas Nacionales que a la letra dice lo siguiente:

“Artículo 9. (...)

...

...

...

...

...

Son atribuciones de la Comisión en su nivel nacional, las siguientes:

...

XL. Participar en el sistema nacional de protección civil y apoyar en la aplicación de los planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos;

...

XLIII. Realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y elaborar los atlas de riesgos conducentes;

...”

Es por ello que a través del presente punto de acuerdo promovemos se gire atento y respetuoso exhorto a la Conagua, a efecto de que en el ámbito de su competencia y responsabilidad realice estudios y acciones preventivas de los bordos de protección y corrientes del cauce de los ríos de la región Costa Sur, en el estado de Jalisco; con el objetivo de atender la falta de infraestructura para prevenir afectaciones con motivo de las crecientes de futuros fenómenos meteorológicos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera atenta y respetuosa al titular de la Comisión Nacional del Agua a que realice los estudios y acciones preventivas para la construcción de los bordos de protección y corrientes del cauce de los ríos que existen en la región Costa Sur del estado de Jalisco, con especial atención en los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, Autlán de Navarro, Tomatlán y Cabo Corrientes; para atender la falta de infraestructura y así prevenir afectaciones con motivo de las crecientes de los ríos ante los efectos devastadores ocasionados por la tormenta tropical Hernán, lo anterior con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de los habitantes de la región ante futuros fenómenos hidrometeorológicos.

Nota

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

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Con motivo del 2 de septiembre, Día Nacional del Cacao y el Chocolate, a cargo de la diputada Maricruz Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Maricruz Roblero Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente efeméride referente al 2 de septiembre, Día Nacional del Cacao y el Chocolate, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“En ningún otro producto la naturaleza ha concentrado un alimento tan valioso y saludable en un espacio tan reducido como en una semilla de cacao.”

Humboldt

El cacao es uno de los más grandes legados que México le ha aportado al mundo. Según diversos estudios arqueológicos su uso se remonta a la época olmeca. En el curso de los siglos, la cultura del cacao se extendió a la civilización maya y posteriormente a la azteca, quienes le daban una significativa importancia simbólica, social, religiosa, política y económica.

Fueron los mexicas quienes preparaban una bebida agria de cacao fermentada en agua, que denominaron ‘xocoatl’ (‘xococ’ – agrio / ‘atl’ – agua), siendo de ahí el origen de la palabra ‘chocolate’. El cultivo del cacao en México estaba esparcido en aquella época, en toda la zona templada y caliente del país. Desde los actuales territorios de Tabasco, hasta Michoacán, Colima, Chiapas y Campeche. Se producía de manera espontánea, pero también se cultivaban cuatro variedades principales de la planta: Quauhcahuatl, Xochicahuatl y Tlacacahuatl. Los cacaos más apreciados eran los de la zona de Tabasco y del Soconusco en Chiapas, por el gran tamaño de sus semillas por su sabor y aroma.

A partir de la conquista, el uso del cacao dejó de estar reservado para las clases altas, como en las épocas precolombinas y se consolidó como una bebida popular en México. Fue durante el Porfiriato y la influencia francesa que comenzó a ser utilizado en la preparación de repostería.

A pesar de que el cacao fue descubierto en América, su consumo se ha expandido por todo el planeta. Hoy en día cuando se piensa en cacao, lo primero que viene a la mente es Tabasco y Chiapas, ya que son considerados los estados con mayor producción de este fruto en el país. No obstante, también puede encontrarse en Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Asimismo, es importante destacar que el cacao y su principal derivado, el chocolate, son elementos esenciales en la comida regional en platillos como el chilate en Guerrero; el popo, punzuque, tascalate, chemole, polivi, en Chiapas; el pozol, en Tabasco; chocolate de apompo, en Veracruz, así como el champurrado o los distintos tipos de mole.

En este contexto, es que nuestro país ocupa el decimotercer lugar a nivel mundial en producción, ya que somos de las pocas regiones que cuentan con las características aptas para el cultivo. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, esta industria en México tiene un valor de 51 millones de pesos al año y genera 55 mil empleos directos; sin embargo, las potenciales ventajas comparativas no están siendo aprovechadas del todo.

Esta situación no solamente es preocupante por el legado cultural que representan el cacao y el chocolate, sino que, de acuerdo con datos de diversas organizaciones, existen aproximadamente 37 mil productores que sostienen su economía en la producción del cacao, quienes desde hace ya varios años se han visto afectados económicamente por la baja producción, la falta de políticas públicas eficientes y eficaces, plagas y enfermedades, etcétera.

Es en este contexto es que surge el Día Nacional del Cacao y el Chocolate, pues además de ser parte de la historia, la cultura y la economía de México, cada 2 de septiembre es el escenario perfecto para mantener e impulsar su presencia en el mercado nacional e internacional.

Bibliografía consultada:

Inforural, 2018. https://www.inforural.com.mx/productores-buscan-denominacion-de-origen- para-cacao-carmelo-1/

Museo del Cacao

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/el-cacao-de- chiapas-de-cara-a-un-mejor-futuro-3116291.html

Sagarpa, 2017. Planeación Agrícola Nacional 2017-2030. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256425/B_sico-Cacao.pdf

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2017. Atlas Agroalimentario 2018. Disponible en:

https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/20 18/Atlas-Agroalimentario-2018

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.

Diputada Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica)