Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de QR a desechar la iniciativa en materia de educación que contiene el “pin parental”, promovida por el diputado del GPPAN Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación de dicha soberanía, pues contraviene diversas disposiciones sobre derechos humanos de niños y adolescentes, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Mildred Concepción Ávila Vera, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracciones I y II, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la cual se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Quintana Roo a que deseche la iniciativa en materia de educación que contiene el “Pin Parental”, promovida por el diputado estatal Eduardo Martínez Arcila, del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Comisión de Educación del Congreso del estado de Quintana Roo, por contravenir diversas disposiciones en materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, con base en las siguientes

Consideraciones

El 27 de julio del presente año, el diputado del Congreso del estado de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, presentó una iniciativa que reforma la Ley de Educación del estado de Quintana Roo, señalando en el Capítulo II sobre el Ejercicio del Derecho a la Educación en su artículo 7, párrafo quinto que

[...] Asimismo la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones.

La iniciativa que a todas luces violenta los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes ha sido ingresada en la Comisión de Educación, sin tomar en cuenta otras comisiones relacionadas con el tema, como es la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión de Igualdad de Género.

Resulta lamentable que a 30 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Organización de las Naciones Unidas y de las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño a México, se presente en Quintana Roo una iniciativa en la Comisión de Educación del Congreso del estado, para establecer el llamado “Pin Parental”, el cual pretende condicionar el ejercicio del derecho a la información sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva, a la autorización previa y expresa de sus madres, padres y personas que ejercen la tutela para que puedan recibir esos contenidos en las escuelas.

Lo anterior no solo contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño por la Organización de las Naciones Unidas, sino también el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, de 1994, al cual está suscrito México y que específicamente señala que la educación sobre la salud sexual y reproductiva, a fin de ser efectiva, se debe iniciar en la escuela primaria y continuar a lo largo de todos los niveles de educación formal y no formal.

No obstante de que la iniciativa propuesta por el PAN en Quintana Roo violenta de manera dolosa los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pretende además pasar por encima de la declaración ministerial conocida como “Prevenir con Educación”, firmada y reconocida en la Ciudad de México, en 2008 por México y los países de América Latina y el Caribe, cuyo propósito central radica en institucionalizar la educación integral de la sexualidad en el sector educativo.

En la citada Declaración Ministerial de la Ciudad de México, “Prevenir con Educación” antes del fin de 2010, los Ministerios de Educación habrán actualizado los contenidos y metodologías del currículo educativo de modo que reflejen la mejor evidencia científica, prácticas óptimas y estándares del más alto nivel. Además, todos los programas de formación magisterial habrán incorporado, para el año 2015, los contenidos del nuevo currículo de educación integral en sexualidad, con base en una revisión y actualización minuciosas de los estándares de capacitación del personal docente.

En concordancia con lo anteriormente citado, en el año 2016, México se suscribe a una ambiciosa y nueva agenda mundial, denominada agenda 2030, que entre sus objetivos resalta, el impulso del desarrollo significativo de adolescentes y jóvenes durante los próximos 15 años. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ofrece nuevos objetivos y compromisos de los países parte, incluido México, para reducir la mortalidad materna, lograr acceso universal a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva; garantizar los derechos reproductivos; y lograr la igualdad de género como un asunto de derechos humanos de mujeres y niñas. Para lo anterior establece la meta 3.7, la cual señala que, para el 2030, es necesario garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación , y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

Dados los antecedentes aquí señalados, es que el pasado 3 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 46 demandas de acción de inconstitucionalidad que buscan proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes del llamado Pin Parental, lo que pone en evidencia la urgente necesidad de defender a los niños, niñas y adolescentes de flagrantes violaciones a sus derechos promovidas por los propios congresos locales, obligando a interponer recursos jurídicos que se sustentan en compromisos ratificados por México en materia de derechos humanos.

La iniciativa que pretende incorporar el llamado Pin Parental, según diversos medios, ha sido rechazado por representantes del sector educativo como es el SNTE en Quintana Roo, pues aseguran que lo consideran discriminatorio, ya que todos los niños y niñas deben tener acceso pleno a los contenidos aprobados por las autoridades educativas, e impedir su acceso se constituye en un factor de desigualdad.

Tenemos que ser congruentes entre el discurso que exige un cese a la pedofilia y a la violencia sexual contra niñas y adolescentes, incluido el embarazo no planeado, pero por el otro lado impidiendo que niñas, niños y adolescentes accedan a información científica que permita prevenirles de dichas violencias, la mayoría de las veces, provocada dentro de esos hogares donde padres o tutores determinarán si es conveniente o no recibir tal información.

Según fuentes de la Organización Internacional de las Migraciones, México ocupa el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil, además de que se encuentra entre los primeros lugares en producción de pornografía infantil.

De acuerdo con ECPAT (Organización para Acabar con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines Sexuales), Playa del Carmen y Cancún se encuentran entre los principales destinos para el turismo sexual infantil.

Muchas de estas víctimas se encuentran atrapadas en la normalización de la violencia sexual y de un modelo de consumo sexual, a veces consentido por familiares, que se ha ensañado contra las niñas y adolescentes y que no solo las empuja a la explotación sexual, sino que les impide recibir información científica en sexualidad para prevenirles de estos ilícitos, de los que no podemos ser cómplices.

Dada la argumentación construida a lo largo de 30 años, en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, además de los lamentables antecedentes de violencia sexual que han caracterizado a Quintana Roo, muchas veces ocurrida dentro de los propios hogares y fundada en la pobre educación sexual, es que se observa la necesidad de someter a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero : Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Quintana Roo para que deseche cualquier iniciativa que pretenda incorporar el Pin Parental de manera explícita o implícita en el marco de la legislación educativa estatal.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos para que, en el ejercicio de las facultades a su alcance, lleven a cabo las acciones que impidan la inclusión del Pin Parental en las reformas educativas de la entidad a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de las niñas y niños y adolescentes de Quintana Roo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2020.

Diputada Mildred Concepción Ávila Vera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Tabasco a reunirse con la CFE y la Conagua para analizar y evaluar las afectaciones causadas por las inundaciones derivadas del frente frío número 4 en el estado, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que más de 600 mil personas han resultado afectadas en 405 localidades de los 17 municipios de Tabasco por las lluvias e inundaciones causadas por el frente frío número 4.Esta cifra equivale a casi 25 por ciento de los 2 millones 200 mil habitantes de la entidad; además, de que ya se han registrado hasta dos muertes por ahogamientos en el municipio de Jalpa de Méndez.1

Segunda. Que, con el propósito de emprender acciones de prevención y auxilio a la población afectada por las inundaciones ocasionadas por el frente frío número 4 y las que están en riesgo por el desfogue de la presa Peñitas, principalmente Centro, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca, el gobierno del estado emitió una Declaratoria de Emergencia que incluye a los 17 municipios de la entidad. Dicha declaratoria autoriza al gobernador a tener acceso a los 4 millones de pesos del Fondo de Contingencia de Tabasco para la inmediata atención de los problemas causados por estos fenómenos naturales.2 Aunado a esto, el gobernador aseguró que esta declaratoria de emergencia le permitiría solicitar recursos de recién desaparecido Fondo de Desastres Naturales que, expuso, servirán para reparar infraestructura dañada por las lluvias e inundaciones.3

Tercera. Que, desde entonces, la Secretaría del Bienestar comenzó con el levantamiento de un censo para determinar las viviendas más afectadas a la cuales se les serían entregados los primeros apoyos; mismos que consisten en un apoyo directo en efectivo de aproximadamente 10 mil pesos.4 No obstante, distintas críticas han surgido en torno al levantamiento de dicho censo, con distintas autoridades de las fuerzas políticas de oposición calificándolo como “irregular, disparejo y parcial”.5 Incluso sucedió que el 13 de octubre por la mañana, habitantes de la ranchería La Manga bloquearon la carretera Villahermosa-Macuspana en demanda para ser censados por la Secretaría de Bienestar.6

Cuarta. Que, aunado a esto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció el inicio de un programa de vivienda para los afectados por las inundaciones en Tabasco, mismos que llegaría a beneficiar hasta 30 mil viviendas afectadas.7 Al anunciar dicho apoyo, el titular del Ejecutivo señaló que buena parte de las inundaciones en el estado se relacionan con el mal manejo de las presas ya que, según expuso, se privilegiaba que las empresas particulares vendieran la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad.8

Quinta. Quelas críticas sobre el manejo de las presas, particularmente de la presa Peñitas, en medio de esta crisis causada por las lluvias e inundaciones han sido recurrentes. Por un lado, el Gobernador del Estado anunció que presentaría una demanda penal en contra de la Comisión Federal de Electricidad por las inundaciones y afectaciones causadas por el desfogue de dicha presa.9 Sin embargo, dicho desfogue fue aprobado por el Comité Nacional de Grandes Presas, un órgano colegiado integrado por expertos de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las Secretarías de Marina, y de Defensa Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, entre otros, por lo que distintos expertos han calificado dicha acción como improcedente.

Sexta. Que, a su vez, la recomendación de los expertos ha sido que se lleve a cabo una reunión entre el gobierno del estado, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, con el propósito de que se coordinen los esfuerzos para atender las necesidades de los damnificados y prever un plan que ayude a mitigar el problema de las inundaciones en el estado.10

Por todo lo expuesto se procede a emitir los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno de Tabasco a llevar a cabo una reunión con las Comisiones Federal de Electricidad, y Nacional del Agua para analizar y evaluar las afectaciones causadas por las inundaciones derivadas del frente frío número 4 en el estado y, posteriormente, hacer pública la información referente a las acciones por emprender para atenderlas.

Segundo. Se exhorta al Comité Nacional de Grandes Presas a hacer del conocimiento público todas las acciones tomadas en el marco del frente frío número 4, que causó diversas inundaciones en Tabasco.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/10/05/casi-600-mil-afec tados-en-tabasco-por-las-lluvias-6731.html

2 https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/declaran-emergencia-en-los- 17-municipios-de-tabasco-5838375.html

3 http://www.xeva.com.mx/nota.cfm?id=120826&t=solicitara-gobernador-d e-tabasco-nueva-declaratoria-de-emergencia-para-acceder-a-recursos-del- fonden&tw=1

4 https://www.tabascohoy.com/dara-amlo-10-mil-pesos-a-inundados/

5 https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/censo-a-damnificados-dispar ejo-y-parcial-prd-5878399.html

6 https://www.xevt.com/tabasco/bloquean-habitantes-de-la-rancheria-la-man ga-la-villahermosa-macuspana-en-demanda-para-ser-censados—/116013

7 http://www.xeva.com.mx/nota.cfm?id=121419&t=anuncia-amlo-programa-d e-vivienda-para-los-afectados-por-las-inundaciones-en-tabasco&tw=1

8 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/09/buena-parte-de-las-in undaciones-en-tabasco-tienen-que-ver-con-el-mal-manejo-de-las-presas-lo pez-obrador/

9 https://www.eluniversal.com.mx/estados/mafiaopera-cfe-dice-adan-augusto -lopez

10 http://www.xeva.com.mx/nota.cfm?id=121372&t=una-demagogia-accion-pe nal-de-aalh-contra-cfe-critica-el-diputado-federal-del-pri-enrique-ocho a&tw=1

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 15 de octubre de 2020.

Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la STPS a atender y resolver de manera expedita las demandas laborales de los trabajadores de la agencia Notimex, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PRD, PAN y PRI

Los suscritos, diputados Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 21 de febrero estalló la huelga de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), 80 por ciento de las personas en huelga son mujeres, muchas de ellas madres jefas de familia. La huelga derivó de dos emplazamientos: uno por revisión contractual; otro, por violaciones al contrato colectivo de trabajo y despidos injustificados.

A casi 8 meses de huelga las trabajadoras y los trabajadores de Notimex han señalado que las negociaciones se encuentran completamente rotas, debido a la negativa de la directora general, esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de dialogar y resolver el conflicto de forma definitiva, para ello pidió que la Secretaría de Gobernación facilitara la resolución del conflicto, sin que hasta ahora se haya dado una mesa de negociación con esta dependencia como intermediaria.

La medida viene después de la instrucción en el mismo sentido al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, misma que no prosperó, por el contrario desató la oleada de desprestigio no sólo para los trabajadores sino para los propios funcionarios federales, por parte de San Juana Martínez.

A este respecto la organización Artículo 19 que tiene como propósito la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. ?Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entrevistó a 10 personas entre el 3 de abril y el 9 de mayo de 2020, bajo condiciones de anonimato por razones de seguridad, relataron que fueron contratadas y despedidas de la agencia durante la dirección de Sanjuana Martínez, con excepción de dos, que siguen laborando en dicha agencia.

Artículo 19 señaló que es muy preocupante que la Agencia de Noticias del Estado utilice mecanismos para emitir sistemáticamente mensajes a favor o en contra de “la reputación de personas”, por un lado, y por el otro que “se silencian voces por medio del acoso laboral y el abuso de autoridad”.1

Signa Lab, que es un laboratorio de análisis de comportamiento digital adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), a petición de Artículo 19, recopiló el informe “Ataques selectivos: estrategias de desprestigio y descalificación: El caso de experiodistas de Notimex”,2 en el cual explica que el análisis arroja evidencia técnica de que en este caso, estamos frente ataques coordinados a periodistas y que las cuentas utilizadas para atacar, no son algoritmos, son personas que operan de manera intencional y coordinada contra extrabajadores de Notimex, las cuentas identificadas sólo publican y difunden información específica y se trata de ataques a quienes critican la gestión de la actual directora al frente de Notimex y para atacar al Sindicato de Notimex.

La directora de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor ha violado el derecho constitucional de huelga (que fue declarada legalmente existente desde el 4 de marzo). De igual forma ha incumplido con el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el 14 de mayo en el que se le apercibe a suspender labores y respetar el derecho de huelga de los trabajadores o de lo contrario será acreedora a una multa de hasta por 434 mil 400 pesos.3

La Agencia mantiene una operación parcial en una sede alterna ilegal, que no cuenta con la debida autorización de la Junta de Gobierno para su arrendamiento y no cumple con las condiciones de higiene, seguridad y protección civil para la operación.

Al tema de la huelga y el ataque contra las trabajadoras y los trabajadores en redes digitales, se suma la renuncia de dos vocales propietarios de la Junta de Gobierno y de 5 integrantes del Consejo Editorial Consultivo de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, el pasado 19 de junio de 2020.4

“Existen varias denuncias presentadas al día de hoy que pesan sobre directivos de Notimex, algunas que son del conocimiento público y que refieren presuntas actuaciones muy delicadas y posiblemente constitutivas de diversos delitos. Como vocales propietarios de esta honorable Junta de Gobierno solicitamos en tiempo y forma, en ejercicio de nuestros derechos, que debido a la súbita reprogramación de la sesión ordinaria anunciada para este 18 de junio de 2020, y diferida hasta el 26 de junio de 2020, esta honorable Junta de Gobierno solicite una amplia investigación de los hechos que se imputan, para esclarecer las conductas y sucesos denunciados formalmente. Que se realice una investigación imparcial, que implica necesariamente la separación temporal de los aludidos, hasta que se concluya las averiguaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades, si llegaran a existir.

Finalmente, ante la falta de diálogo, de atención por parte del presidente de la honorable Junta de Gobierno, de respeto a nuestros derechos y de garantías para realizar con libertad y en apego a la norma la responsabilidad como vocales propietarios, los que suscribimos el presente comunicado hacemos pública nuestra renuncia como integrantes de la Junta de Gobierno y del Consejo Editorial Consultivo de Notimex, cargos honoríficos que hemos tratado de cumplir en apego a la ley y responsablemente, con el firme propósito de coadyuvar en la mejora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex.

En solidaridad con nuestros compañeros consejeros Gabriel Torres y José Luis López, las integrantes y los integrantes del Consejo Editorial Consultivo de Notimex concordamos con los argumentos expuestos anteriormente y, en consecuencia, también suscribimos y hacemos pública nuestra renuncia al Consejo Editorial Consultivo de Notimex, al no encontrar las condiciones y garantías para realizar adecuadamente nuestras funciones en este órgano consultivo.

El 8 de junio pasado, la Junta de Gobierno obligó a la directora a suspender las operaciones de la Agencia para dar cumplimiento a la resolución de la autoridad laboral. Sin embargo, esta acción sólo se limitó a la transmisión de información por los diferentes canales de difusión de Notimex. Asimismo, ha mantenido la operación de las áreas de administración y producción. Por un lado, se siguen pagando salarios a mandos medios y superiores, incluida la directora Sanjuana Martínez, así como personal de confianza y de honorarios.

Durante el mes de julio, por instrucción del presidente, el vocero Jesús Ramírez y a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, reanudaron las mesas de negociación. Se llevaron a cabo 4 reuniones; en las dos primeras se tuvieron avances y puntos de acuerdo, que la directora no quiso firmar, en las últimas dos reuniones, los directivos de Notimex no se presentaron, en su lugar enviaron a un abogado de rango menor, quien se levantó de la mesa sin argumentos; el diálogo se rompió el 13 de agosto.

Tras romper las mesas de diálogo, comenzó una ola de denuncias administrativas contra la secretaria general del SutNotimex, Adriana Urrea, quien fue acusada de desvío de recursos por 2,400 pesos (dos mil 400 pesos) de viáticos que no le permitieron comprobar y un daño patrimonial de 8,000 pesos (ocho mil pesos) de gastos que en su momento fueron comprobados y validados.

Asimismo, se abrieron carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República contra los trabajadores en huelga, por presunto robo de equipos celulares que fueron dados a resguardo para ejercer su labor.

La Guardia Nacional tuvo un intento por sustraer, sin las debidas autorizaciones de la autoridad laboral, autos que estaban bajo resguardo de la Agencia. Existe una denuncia más por secuestro contra los trabajadores en huelga, lo que implicó la movilización de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes acudieron al edificio oficial de Notimex y corroboraron que se trató de una falsa alarma y que no había nadie secuestrado.

Los intentos por romper la huelga por medio de la confrontación de trabajadores de confianza con los trabajadores en huelga han sido recurrentes, sin que hasta ahora tenga éxito.

El 19 de marzo de 2020, se presentó una demanda de juicio político contra la directora Sanjuana Martínez en la Cámara de Diputados, la cual se ratificó ese mismo día. El motivo de esta denuncia fue la continua violación a las leyes mexicanas, a la Constitución, Convenios Internacionales y el recién firmado T-MEC.

El 27 de marzo se presentó una denuncia contra Notimex ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por el incumplimiento del laudo y violar el derecho a la huelga; también se envió una carta directa a la presidenta de la JFCA, María Eugenia Navarrete, para que intervenga de manera directa y se detengan las operaciones de la Agencia.

Se han interpuesto más de 45 denuncias contra la directora de Notimex en la Secretaría de la Función Pública, las cuales tienen carácter de reservadas y no han procedido por orden de la titular de dicha dependencia Irma Eréndira Sandoval, quien es amiga de la directora.

Recordemos que el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades administrativas mandata a la Secretaría de la Función Pública la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas. En ese sentido está obligada a dar una respuesta a las y los trabajadores. La Dirección de Notimex ha mantenido una simulación ante las autoridades laborales, debido a que ha presentado propuestas que establecen renuncias de derechos de los trabajadores e intromisión en la vida sindical, lo cual es violatorio de la ley y de la Constitución. Además, Martínez usa el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para respaldar sus acciones ilegales y arbitrarias, sin que hasta ahora reciba una sanción al respecto.

Ha violado los artículos 57, 63 y 71 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los que claramente se establece el abuso de funciones y cometer actos arbitrarios en perjuicio de los trabajadores; desacato a la orden presidencial y uso indebido de recursos públicos, al hacer uso de la Agencia para beneficio personal y de amigos.

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 71. Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos. También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos.

A estas violaciones se suma una lista larga, formó un sindicato blanco, con participación activa de los directivos quienes ejercieron amenazas de despidos hacia los trabajadores, con lo que también viola los artículos 357, 357 Bis, 358 de la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 87, 98 y 135 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), así como lo acordado en materia laboral dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De del mes de marzo de 2019 a la fecha, suman 245 personas despedidas de forma injustificada, de un total de 320 contratadas cuando asumió la dirección; de esas, más de un centenar son sindicalizadas con un salario promedio de 12 mil pesos, con lo que se incumplió con la instrucción presidencial de no afectar a la base trabajadora con la política de austeridad. Entre los despidos destacan los casos de una mujer con ocho meses de embarazo, a quien se le negó la licencia por maternidad; además de una trabajadora con problemas auditivos y otra con discapacidad física generada en el ejercicio de sus funciones en Notimex.

Por el contrario, a la fecha ha contratado alrededor de 200 personas y se advierte un doble gasto.

Hay al menos 95 demandas contra Notimex por despido injustificado y falta de cumplimiento de pago de prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo (CCT). Se advierte un problema financiero para el erario público porque dichos despidos no tienen sustento y continúan, lo que ocasionará la obligación, de liquidar conforme a la ley a estas decenas de trabajadores, cuya antigüedad va desde los tres hasta 35 años.

Contrariando la instrucción presidencial de no afectación a los derechos laborales de las y los trabajadores, las liquidaciones conforme a ley, fueron el número menor de casos, la mayoría recibió solamente 40, 50 o 60 por ciento del monto que les corresponde conforme derecho.

Se han violado más de 30 cláusulas del contrato colectivo del trabajo, entre ellas las económicas, lo que redujó hasta en un 40 por ciento el ingreso de la base trabajadora.

En un total contrasentido se identificaron diferentes contratos millonarios adjudicados a personas cercanas a la directora, entre ellos, un contrato de “Servicio de cobertura periodística” por 1 millón 739 mil 652 pesos, realizado a través de Compranet número IA-006AYG001-E23-2019, para un periodo de tres meses a una sola persona procedente de Nuevo León, entidad de dónde es originaria la directora y la mayoría de sus colaboradores.

La Agencia de Noticias del Estado Mexicano fue creada por decreto presidencial en el año de 2006; el artículo 1o. de su ley de creación señala que será un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica y de gestión, con el objeto de coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial.

El Artículo 41, de la misma ley establece que las relaciones de trabajo de la Agencia y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por su contrato colectivo de trabajo.

Con la modificación publicada el 30 de noviembre de 2018 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la atribución exclusiva de formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información, quedó dividida entre la Secretaría de Gobernación y la Oficina de la Presidencia.

Artículo 8

Las unidades señaladas en el párrafo anterior podrán estar adscritas de manera directa a la Presidencia o a través de la oficina referida y desarrollarán, entre otras funciones, las siguientes:

II. Formular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal con la intervención que le corresponda a la Secretaría de Gobernación conforme la presente ley. Para tal efecto establecerá mediante disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las unidades administrativas que realicen actividades en esta materia.

Artículo 27, a la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VIII. En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) ha mantenido una postura de apertura al diálogo y ha manifestado estar dispuesto a alcanzar un acuerdo en beneficio de las y los trabajadores que apoye la operación de la Agencia. Sin embargo, hasta ahora, no ha encontrado respuesta por parte de la funcionaria que dirige Notimex.

Las demandas del Sutnotimex son muy claras:

• Que se respete la bilateralidad entre la empresa y el Sindicato.

• Reinstalación de las personas despedidas de forma injustificada.

• Que se detengan los despidos injustificados, sobre todo que no haya represalias contra quienes están en huelga.

• Que se respete el contrato colectivo de trabajo y se paguen las prestaciones no devengadas.

• Revisión seria del contrato colectivo de trabajo y su aplicación retroactiva.

Salvaguardar el derecho a la información de las y los mexicanos debe ser prioritario para mantener una democracia saludable, por ello es prioritario atender la grave situación por la que atraviesa la Agencia de noticias del Estado mexicano.

Es urgente que la directora general de la Agencia reconozca la huelga e instale las mesas de negociación para destrabar la grave crisis en la que se encuentra Notimex.

Por lo anteriormente fundado, ponemos a la consideración de esta soberanía la proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, a que en su carácter rector de la política de comunicación social del gobierno federal atiendan y revisen las diversas violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas personas trabajadoras de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las titulares de las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, para que en el ámbito de sus competencias instrumenten las medidas necesarias para facilitar la instalación de las mesas de diálogo y negociación para que, de manera pronta y expedita, se atiendan las demandas de los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano a quienes les han sido violentados sus derechos laborales.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la directora general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Sanjuana Martínez Montemayor, a reconocer la huelga emplazada por el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y a acatar el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para alcanzar una solución de expedita, a la situación por la que atraviesa la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

Notas

1 Neldy San Martín , Sanjuana Martínez, directora de Notimex, usa bots para atacar a periodistas: artículo Proceso 12 mayo, 2020, disponible en: https://www.proceso.com.mx/629714/sanjuana-martinez-notimex-bots-period istas/ Recuperado: 13 de octubre de 2020.

2 Signa Lab, Ataques selectivos: estrategias de desprestigio y descalificación. El caso de experiodistas de Notimex. 12 de mayo de 2020. Disponible en: https://signalab.mx/2020/05/08/ataques-selectivos/ Recuperado: 11 de octubre de 2020.

3 Neldy San Martín, La JFCA ordena a Notimex respetar la huelga y suspender labores, Proceso digital, 13 mayo 2020. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/629982/la-jfca-ordena-a-notimex-respetar-la- huelga-y-suspender-labores/ Recuperado: 11 de octubre de 2020.

4 Comunicado de los vocales propietarios de la honorable Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, 19 de junio de 2020. Documento electrónico.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 15 de octubre de 2020.

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Verónica Juárez Piña, Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez Cisneros, Martha Tagle Martínez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a reformar las respectivas legislaciones en materia de abandono animal y licencia laboral por cuidados de mascotas, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Carolina García Aguilar, diputada federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PES, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La crueldad animal es uno de los actos más atroces que puede cometer un ser humano, máxime cuando se tratan de animales a los que les fue quitada su naturaleza salvaje para ser domesticados; y, por ende, pierden muchas veces la capacidad de defenderse.

Crueldad no solo significa golpear, mutilar o herir a un ser vivo, también abandonarlo. Todo ser vivo, por el hecho de existir tiene el mismo y legítimo derecho a una vida libre de violencia de cualquier tipo.

México aún tiene un estrecho sendero qué recorrer antes asumirse como un país libre de violencia.

Ciertamente, se han dado pasos importantes como la reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y a la Ley de Protección del Ambiente y Vida Silvestre, a través de la cual quedó expresamente prohibido el uso de animales en circos. Y a quienes no respeten este mandato legal serán sancionados con multas de entre 50 y 50 mil salarios mínimos.1

Cabe destacar que este fue un avance en materia de protección a los animales, sin embargo, se presentaron dificultades en su aplicación que terminó siendo contraproducente en el momento, pues muchos animales fueron liberados en sus hábitats naturales; situación que ocasionó la muerte de muchos de ellos.

Esto remite a lo que se mencionó en un principio, al “domesticarlos” o “amaestrarlos”, el ser humano les quita habilidades y capacidades naturales de supervivencia. Lo que lleva a su inminente muerte.

La prohibición de las corridas de toros también es otro ejemplo de los esfuerzos que se tienen para luchar en contra del maltrato animal. Actualmente cuatro estados en México han prohibido las corridas de toros: Sonora, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo.2

De la misma forma en que se ha ejercido violencia en contra de los animales en los circos o en las corridas de toros, con los perros no es distinto. Desde peleas de perros y gallos, hasta “bromas” hacia distintos tipos de animales que tienen el descaro de video grabar y subir a las redes sociales mofándose del dolor de esos seres.

Tan solo en 2019, la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México recibió mil 700 denuncias de maltrato animal.3

En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, consideramos al abandono como una forma de violencia en contra de los animales. Por ello, presentamos esta proposición con punto de acuerdo, en para que se incluya como un delito el abandono animal y sea castigado.

La contraparte a quienes deciden no abandonar a los animales que los acompañan en sus vidas, son las personas que deciden hacerse responsables de ellos y darles los cuidados necesarios para que tengan una vida digna.

Creemos relevante que a las personas que trabajan, les puedan ser otorgadas licencias laborales para ausentarse en caso de que alguna de sus mascotas tenga algún padecimiento.

En Italia recientemente se dio un caso que sentó un precedente, en el que se otorgó licencia laboral a una persona para cuidar de su mascota.4 Esta es una oportunidad para que México de un gran paso en el respeto de los derechos de cualquier ser vivo, pues las mascotas no son solo animales, son seres vivos que forman parte de nuestras familias.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar este

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con respeto a las soberanías de las 32 entidades federativas, exhorta respetuosamente a los Congresos estatales, para que en el desarrollo del trabajo legislativo ordinario reformen las legislaciones local en materia de abandono animal y licencia laboral por cuidados de mascotas.

Notas

1 https://cnnespanol.cnn.com/2015/01/10/
el-gobierno-mexicano-pone-en-marcha-la-reforma-que-prohibe-animales-en-los-circos/

2 https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201907101087955377
-mexico-avanza-en-la-prohibicion-de-las-corridas-de-toros/

3 https://openrevista.com/social/maltrato-animal-en-mexico-en-cifras/

4 https://zoocloud.co/el-permiso-laboral-para-cuidar-a-tu-animalito-ya-es -una-realidad/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2020.

Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al respeto irrestricto del proceso de selección de consejeras y consejeros electorales del INE, llevado a cabo por esta soberanía, a cargo del diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Alejandro Viedma Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción 1 y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, eleva a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce el trabajo de las consejeras y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral recientemente nombrados por esta soberanía y exhorta al respeto irrestricto de sus investiduras, al tenor de lo siguientes:

Antecedentes

1. Mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se creó el Instituto Nacional Electoral, como órgano constitucional autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, y cuyos principios rectores son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2. El 13 de febrero de 2020 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en sesión ordinaria, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al proceso para la integración del respectivo comité técnico de evaluación, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha, y en el Diario Oficial de la Federación el viernes 14 de febrero de 2020.

3. Mediante oficio de fecha 19 de febrero de 2020, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó a esta Cámara la designación de los ciudadanos Ana Laura Magaloni Kerpel y José Roldán Xopa como integrantes del Comité Técnico de Evaluación.

4. Mediante oficio de fecha 25 de febrero de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó a esta Cámara la designación de los ciudadanos Sara Lovera López y John Mill Ackerman Rose como integrantes del Comité Técnico de Evaluación.

5. El 26 de febrero de 2020 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la designación de los ciudadanos Blanca Heredia Rubio, Diego Valadés Ríos y Silvia Eugenia Giorguli Saucedo como integrantes del Comité Técnico de Evaluación.

6. El 27 de febrero el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la modificación de la convocatoria pública para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y al proceso para la integración del respectivo Comité Técnico de Evaluación, mismo que se publicó en esa misma fecha en La Gaceta Parlamentaria y el 28 de febrero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

7. El día 28 de febrero de 2020 quedó instalado el Comité Técnico de Evaluación con las personas anteriormente designadas, luego de haber tomado protesta de su cargo ante los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados.

8. El proceso de inscripción y registro de aspirantes se llevó a cabo a partir del día 18 de febrero de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2020, habiéndose inscrito 390 ciudadanos.

9. El 4 de marzo de 2020 el Comité Técnico de Evaluación emitió el acuerdo de prevenciones del Comité Técnico de Evaluación para el proceso de designación de Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral que notifica a los aspirantes los documentos faltantes.

10. El 5 de marzo de 2020 el Comité Técnico de Evaluación emitió el Alcance del acuerdo emitido por el Comité Técnico de Evaluación para el proceso de designación de Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral que notifica a los aspirantes los documentos faltantes.

11. El 6 de marzo de 2020 fue la fecha máxima para atender la prevención en caso de no presentar toda la documentación.

12. El 10 de marzo de 2020 se publicó el acuerdo del Comité que contiene la lista de aspirantes cuya solicitud de registro se tuvo por admitida por cumplir los requisitos constitucionales y legales para participar en el proceso de evaluación establecido en la Convocatoria y por lo tanto pasaron a la fase de examen.

13. Fueron 329 personas aspirantes quienes presentaron su examen en el Pleno de la Cámara de Diputados el día 11 de marzo de 2020. El examen sirvió como base para evaluar los conocimientos de las y los aspirantes, a través de preguntas y análisis de textos.

14. El Comité Técnico de Evaluación llevó a cabo la calificación de los exámenes, a efecto de integrar la lista de aspirantes que obtuvieron hasta 50 por ciento de los puntajes más altos, asegurando la paridad de género.

15. Con base en el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación publicado con fecha 11 de marzo de 2020, se emitió la lista de aspirantes que continuarán a la Tercera Fase de “Revisión Documental para la Evaluación de Idoneidad”, y se invitó a los aspirantes que así lo desearan, a solicitar por escrito una revisión del examen el jueves 12 de marzo de este año.

16. Una vez realizada la calificación y atendidas las solicitudes de revisión presentadas por los aspirantes, el Comité Técnico de Evaluación emitió la lista definitiva de los 164 aspirantes que obtuvieron las más altas puntuaciones en su género.

17. A fin de garantizar la máxima objetividad en la evaluación de la Tercera Fase, cada expediente fue revisado por dos integrantes del Comité Técnico de Evaluación seleccionados por un método aleatorio y excluyendo de esa revisión a cualquier que presentase una excusa por causa de posible conflicto de interés. La regla de distribución aleatoria de expedientes, además evitó que los evaluadores fueran de una misma institución de procedencia. La evaluación de cada aspirante se obtuvo mediante el promedio de las calificaciones emitidas por los dos integrantes del Comité Técnico de Evaluación.

18. Con el propósito de contar con criterios y escalas de evaluación claros y compartidos, el Comité Técnico de Evaluación generó, conjuntamente, guías de evaluación para cada uno de los documentos a ser calificados. Tales guías incluyeron, de acuerdo con su relevancia para cada documento, los siguientes rubros: 1. Autonomía e independencia; 2. Trayectoria profesional; 3. Logros y participación en materia democrática; 4. Valores democráticos, de género y de inclusión; 5. Claridad y calidad en la expresión escrita; 6. Capacidad de argumentación; 7. Capacidad de detección de problemáticas y soluciones del sistema electoral.

19. De tal manera, el 17 de marzo de 2020, se publicó el “acuerdo del comité técnico de evaluación para el proceso de elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que emite la lista de aspirantes que continuarán a la cuarta fase de entrevista, de acuerdo con los puntajes más altos, asegurando la paridad de género”.

20. El 18 de marzo de 2020, el Comité Técnico de Evaluación en aras de garantizar la seguridad y la salud ante la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad Covid-19, de quienes participaban en el proceso, se solicitó a la Junta de Coordinación Política, modificar el calendario de fases establecidas en el acuerdo de fecha 6 de marzo de 2020; asimismo solicitó la suspensión de la cuarta fase relativa a “Entrevistas” hasta que existan las condiciones necesarias para realizarlas.

21 . El 20 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica el resolutivo tercero del acuerdo relativo a la convocatoria pública para la elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Proceso para la integración del respectivo Comité Técnico de Evaluación”; mediante el cual se modificaron las fechas establecidas en el resolutivo tercero del acuerdo relativo a la Convocatoria Pública para la elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Proceso para la integración del respectivo Comité Técnico de Evaluación, a partir de la etapa siete.

22 . El 27 de mayo de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-174/2020, SUP-JDC-175/2020, SUP-JDC-177/2020, SUP-JDC-178/2020, SUP-JDC-180/2020, SUP-JDC-182/2020, SUP-JDC-185/2020, SUP-JDC-187/2020 y SUP-JDC-193/2020, promovidos por diversos aspirantes; en los que determinó modificar el “acuerdo del Comité Técnico de Evaluación para el proceso de Elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que emite el listado de aspirantes que continuarán a la cuarta fase de entrevista, de acuerdo a los puntajes más altos asegurando la paridad de género”, ordenando al Comité Técnico de Evaluación entre otro, que a la brevedad, publique la lista de las sesenta personas (30 hombres y 30 mujeres) que obtuvieron los puntajes más altos en su evaluación para pasar a la etapa de entrevista, acompañada de los puntajes correspondientes a la ponderación realizada en cada caso.

23 . El 30 de junio de este año, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados emitió el acuerdo por el que se reanuda el proceso de elección de Consejeras y Consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las actividades del Comité Técnico de Evaluación y se modifican las fechas y los plazos establecidos en la convocatoria.

24 . El 6 de julio de este año, se publicó el acuerdo del comité técnico de evaluación para el proceso de elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que modifica el diverso acuerdo que emite el listado de aspirantes que continuarán a la cuarta fase de “entrevista”, de acuerdo con los puntajes más altos, asegurando la paridad de género.

Consideraciones

I. Las normas constitucionales reformadas en virtud del decreto referido establecen que el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral se integrará por un Consejero Presidente y diez Consejeros Electorales, quienes serán electos por el voto de las dos terceras partes de las legisladoras y los legisladores presentes de la Cámara de Diputados.

II . El artículo 41, Base V, apartado A, párrafo quinto y sus incisos a) al e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios y reglas a que debe sujetarse el proceso de elección, en virtud de que el Consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos y serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

III . La Cámara de Diputados emitió el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de la Constitución.

IV . Para el debido desempeño de las labores encomendadas al Comité Técnico de Evaluación y con la finalidad de garantizar los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el ejercicio de la función estatal para la organización de las elecciones, sus integrantes deberán ser personas de reconocido prestigio y que no hayan sido postuladas o ejerzan algún cargo de elección popular o hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales y en agrupaciones políticas nacionales o locales, en todos los casos, en los últimos cuatro años previos a la designación a que se refiere la Convocatoria; siendo designados: John Mill Ackerman Rose, Silvia Elena Giorguli Saucedo, Blanca Heredia Rubio, Sara Lovera López, Ana Laura Magaloni Kerpel, José Roldan Xopa, Diego Valadés Ríos , personas con gran prestigio.

V . De acuerdo con la constitución y la ley, el Comité Técnico de Evaluación seleccionó a las y los aspirantes mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante.

VI . Además, las y los aspirantes a ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplieron con lo dispuesto en artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece los requisitos que deben reunir las y los Consejeros Electorales, así como lo establecido en la Convocatoria.

VII . El comité recibió la lista completa de los aspirantes que concurrieron a la convocatoria pública, evaluó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionó a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitió la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados

VIII. El 22 de julio de este año, con mayoría calificada de 399 votos, la Cámara de Diputados aprobó la elección de Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona , como consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para el periodo comprendido del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029.

IX. La legitimidad del proceso de elección de las consejeras y consejeros mencionados, se corrobora en los posicionamientos de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados en la sesión pública del día 22 de julio de este año, tal como se advierte de la versión estenográfica de esa fecha, en donde se manifestó:

• Que el Comité Técnico de Evaluación, se conformó por personas honorables, independientes, con antecedentes y credenciales intachables, con gran prestigio y aportaciones sustanciales en el proceso de selección.

• Que las y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, tuvieron amplio reconocimiento de los grupos parlamentarios, por su imparcialidad y profesionalismo, porque empeñaron su honorabilidad y prestigio en largas jornadas de trabajo para la selección de las personas que, por su profesionalismo, experiencia e imparcialidad, forman parte de las quintetas.

• Que en un proceso de elección inédito por su transparencia y trascendencia, por la certeza que brinda a la ciudadanía, porque ha garantizado la paridad entre los géneros, apegado a la constitucionalidad y legalidad.

• Que el proceso previsto en la convocatoria se acordó por unanimidad, y todos los plazos y criterios ahí establecidos se cumplieron, durante las sesiones que tuvo la Jucopo con el Comité nunca hubo reclamo por las reglas pactadas ni reclamo alguno sobre la inconveniencia de tomar las decisiones por consenso.

• Que la integración de las quintetas es resultado del ejercicio libre e imparcial de la mayoría de los integrantes del Comité Evaluador.

• Que las mujeres y hombres que integraron las quintetas, todos son honorables y con merecimientos propios producto de su desempeño personal y profesional, todos cumplen con los parámetros legales para ser electos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, no le deben nada a nadie son electos exclusivamente por su honestidad, capacidad profesional, e independencia.

• Que las consejeras y los consejeros que se integran al Consejo General del Instituto Nacional Electoral no sólo participarán en la organización de los comicios más grandes de nuestra historia, sino que generarán las condiciones para que nuestro país transite con civilidad y confianza, con estabilidad y fortaleza de la vida política, por lo que tendrán esa enorme responsabilidad que hoy todas y todos, ponemos sobre sus hombros.

• Que la decisión tomada en la elección de Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona , trascendió públicamente cuando todos los grupos parlamentarios realizaron entrevistas y diálogo con los electos, representando el acuerdo de designación una unidad de todos los partidos políticos y no de uno solo.

X. Pese al amplio consenso de todas las fuerzas políticas del Estado Mexicano y al reconocimiento público del proceso de selección de las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en las últimas semanas se ha reproducido un discurso de desprestigio en contra de la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña , señalando inconsistencias en el valioso proceso de selección antes mencionado. En tal sentido, realizar acusaciones de tal magnitud, ponen en tela de juicio el trabajo y consensos llevado a cabo por esta H. soberanía en la selección de las y los nuevos consejeros electorales.

XI. Ante el señalamiento expresado, es necesario mencionar que los tratados internacionales signados por nuestro país, específicamente las Convenciones Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); de los Derechos Políticos de la Mujer; y sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); reconocen que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

XII. Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el principio de igualdad y el derecho de toda la ciudadanía de participar en la dirección de los asuntos públicos, en condiciones de igualdad, de su país.

XIII. La Constitución federal reconoce también el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35, en relación con el artículo 1 y 4 del mismo ordenamiento.

XIV. Los principios rectores del ejercicio de la función electoral, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, deben interpretarse apegándose a las directrices de los Derechos Humanos, es decir a los mandatos de optimización pro persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

XV. Que, en los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

XVI. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoce que la discriminación representa un obstáculo para el bienestar de las familias y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de las mujeres para contribuir en el desarrollo de sus países y de la humanidad.

XVII. En su Recomendación General 19, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés), reconoce que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades.

XVIII. Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel nacional e internacional.

XIX . La Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana.

XX. El 13 de abril de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

XXI. Lla violencia contra las mujeres, trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y/o de ingresos, cultura, edad o religión y, por tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

XXII. Las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

XXIII . Las elecciones 2020-2021 será el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia, entre otros temas, debido a la pandemia ocasionada por la enfermedad Covid-19, en el cual se requiere el compromiso democrático de todas y todos; el compromiso de convivencia pacífica y la vía civilizatoria como la mejor forma de organización social y política.

XXIV. Serán convocados cerca de 95 millones de electores registrados en la lista nominal, se prevé instalar 164 mil 550 casillas, ocho mil más que en la última elección federal, más de 12 millones de ciudadanos serán visitados en sus domicilios para poder reclutar a un millón 480 mil funcionarios de casillas y así renovar más de 21 mil cargos de elección popular.

XXV. Las elecciones permitirán que la ciudadanía elija a las y los 500 diputados federales de la 65 legislatura, 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones en 30 congresos locales y mil 926 ayuntamientos en 30 estados.

XXVI. Se requerirá de un trabajo coordinado de todas áreas del Instituto Nacional Electoral, de las 32 juntas locales, de las 300 juntas distritales, así como de los 32 organismos públicos locales electorales junto con sus respectivos consejos distritales y municipales; y culminar con una gran jornada electoral el 6 de junio de 2021.

XXVII. No queda lugar a dudas de la pulcritud de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación en el proceso de elección multicitado, respetando en todo momento la paridad de género, por lo que la Cámara de Diputados hace un reconocimiento pleno del trabajo del Comité. Y en consecuencia, tampoco hay lugar a dudas respecto del trabajo llevado a cabo por esta soberanía y avalado por todas las fuerzas política que le integran.

Por lo anterior, esta soberanía exhorta a todas las autoridades y ciudadanía en general, para que se proteja y respete el ejercicio de la función electoral, su independencia e imparcialidad, evitando presiones de cualquier tipo, incluso aquellas actitudes o señalamientos que constituyen violencia política en razón de género.

Y, en este tenor, se solicita respetuosamente se respete de forma irrestricta el cumplimiento del mandato constitucional que llevó a cabo esta soberanía, al nombrar con el consenso de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, a nuevas Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Por las consideraciones expuestas, se somete a esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al respeto irrestricto de su investidura y de su trabajo, al realizar el nombramiento de nuevas consejeras y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, por ser este trabajo el reflejo de un acuerdo unánime entre las fuerzas políticas de esta soberanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2020.

Diputado Alejandro Viedma Velázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al DIF y el Sipinna a fortalecer las acciones y los programas encaminados a la protección y el ejercicio pleno de los derechos humanos de niños y adolescentes, ante los casos de violencia infantil en diversas entidades federativas, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Sara Rocha Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El principio del interés superior de la niñez, se refiere a garantizar un conjunto de condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y se pueda alcanzar un máximo de bienestar. Sin embargo, aún prevalecen problemáticas como el trabajo infantil y la desnutrición, así como carencia de acceso a derechos como vivienda, educación y salud, pero particularmente actos de violencia.

Para contar con un contexto general, basta mencionar que el Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señala que casi 40 por ciento de las madres y 20 de los padres declararon pegar a sus hijos cuando sintieron enojo; de los 3 a los 9 años reciben la mayor cantidad de agresiones psicológicas o castigos físicos y que 0.4 de los infantes de entre 10 y 17 años presentaron daños a la salud a consecuencia de violencia en el hogar.1

Lamentablemente hay indicios de que estas agresiones se han incrementado durante el confinamiento. En este sentido, medios de comunicación han hecho públicos casos de maltrato y violencia infantil, entre ellos destaca el documentado el pasado 25 de septiembre en la colonia María Cecilia, en el municipio de San Luis Potosí, donde dos niños fueron rescatados con muestras de tortura.

De acuerdo con los primeros reportes de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género los infantes presentaban grave desnutrición y lesiones en tórax, espalda y piernas por lo que fueron trasladados a un nosocomio para su revisión médica.2

Además, esa misma semana se apoyó a otros dos niños quienes eran agredidos verbal y físicamente por personas adultas quienes resultaron ser sus padres. Dichos acontecimientos se suscitaron en la calle 20 de Noviembre y Los Bravo, en la zona centro.

Los hechos descritos son una clara violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien en su artículo cuarto establece que el Estado cumplirá con el interés superior de la niñez asegurando sus derechos. Asimismo, que este sector poblacional tiene que tener garantías para la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.3

También se transgrede la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, en su artículo 46 contempla que tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable en el que se aseguren elementos para su bienestar físico, mental y social.4

Para su protección, el Estado mexicano cuenta con instituciones y mecanismos creados para trabajar en pro de sus derechos y mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, el Sistema Nacional DIF está encargado de contribuir a la defensa de niñas, niños y adolescentes para que puedan vivir en un clima óptimo para su pleno desarrollo.5

Para cumplir sus objetivos de creación, dispone con las atribuciones de diseñar y llevar a cabo programas de asistencia para que los infantes superen alguna condición de vulnerabilidad, pero también se identifique algún detonante de violencia que ponga en riesgo su integridad y vida.6

Por su parte el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes tiene facultades para impulsar espacios libres de violencia y discriminación, siendo un mecanismo para exigir y ejercer sus derechos. Por tal motivo, el pasado 26 de mayo junto emitió con la Secretaría de Gobernación una serie de acciones para la atención y protección de los infantes durante la emergencia sanitaria causada por el SARS-Cov2.

Entre las acciones de prevención y atención de violencia destaca promover información para madres, padres y personas cuidadoras de una crianza positiva libre de violencia; optimizar las líneas de emergencia sin desestimar las llamadas que realicen niñas, niños y adolescentes, además de apoyar “extraordinariamente” a las Procuradurías de protección con el objeto de asegurar la continuidad de sus servicios.7

A varios meses de que se dieron a conocer estos compromisos, se desconoce sus resultados, las autoridades involucradas y las entidades beneficiadas, pero principalmente los presupuestos aprobados y el origen de los fondos, por lo que deben transparentarse en beneficio de la población.

Queda claro que resulta imperativo ampliar las políticas gubernamentales de difusión y coordinación entre los órdenes de gobierno que tengan como finalidad garantizar la procuración e impartición de justicia y la reparación integral de daños a víctimas de violencia.

Es necesario contar con recursos suficientes para la generación de capacidades institucionales en brindar atención psicosocial, así como infraestructura suficiente y adecuada para el cuidado de quienes en el núcleo familiar o social reciban castigos corporales, agresiones psicológicas y abusos sexuales, ya que además de ser delitos que deben ser castigados duramente, generan afectaciones en muchos casos irreparables.

Contar con una infancia sana es fundamental para el desarrollo humano, ya que es durante esa etapa en donde se adquieren valores, relaciones sociales con otros individuos y personalidad.

Por lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a fortalecer las acciones y los programas encaminados a la protección y el ejercicio pleno de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, ante la prevalencia de casos de violencia infantil en diversas entidades federativas del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a transparentar las medidas realizadas y los resultados obtenidos como parte de las acciones para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el SARS-Cov2, dadas a conocer el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2019). Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, 12 de octubre de /2020, de UNICEF. Sitio web: https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadist ico.pdf

2 El Universal (2020). “Rescatan en SLP a dos menores con autismo; estaban en condiciones de abandono”, 12 de octubre de 2020. Sitio web: https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/25-09-2020/rescatan-en-slp- dos-menores-con-autismo-estaban-en-condiciones-de-abandono

3 Congreso de la Unión (última reforma DOF: 8 de mayo de 2020). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de octubre de 2020, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

4 Congreso de la Unión (última reforma DOF: 17 de octubre de 2019). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 12 de octubre de 2020. Diario Oficial de la Federación. Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_17101 9.pdf

5 Sistema Nacional DIF (2020). ¿Qué hacemos?, 12 de octubre de 2020, de gobierno de México. Sitio web: https://www.gob.mx/difnacional/que-hacemos

6 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2019). Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 12 de octubre de 2020, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581023&fecha=05/12/2019

7 Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (2020). Acuerdo número SIPINNA/EXT/01/2020, por el que aprueban acciones indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el SARS-Cov2 (Covid-19), 12 de octubre de 2020, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593790&fecha=26/05/2020

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a implantar campañas dirigidas a los conductores en materia de cultura vial, toma de conciencia y respeto de los ciclistas urbanos, derivado de la cotidiana vulnerabilidad y el incremento de las muertes de éstos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1 y numeral 2 Fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito han sido declarados un problema de salud pública1 . Cada vez que se conduce un vehículo se deben tener en cuenta todas las condiciones de seguridad y la calidad de conductores que vamos a ser en la vía.

México no cuenta actualmente con una legislación vigente que resuelva la problemática que representan los accidentes de tránsito.

En el primer trimestre de 2019, un total de 673 peatones y ciclistas murieron atropellados en las calles. La Ciudad de México encabeza la lista con un total de 49 casos, de acuerdo con datos recopilados por la organización #ManuVive.

La organización, creada después de la muerte de Emmanuel Vara, quien era director de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla y fue atropellado el año pasado por una unidad de transporte público, destacó que las 10 entidades con más fallecidos en el 2019 fueron2 : la Ciudad de México (49), el estado de México (46), Guanajuato (43), Chihuahua (39), Puebla (38), Veracruz (34), Nuevo León (28), Tamaulipas (27), Michoacán (25), Jalisco y San Luis Potosí ocupan la décima posición (24).

México ocupa el noveno lugar mundial en muertes por accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a peatones, de acuerdo con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) en colaboración con los Institutos de Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los gobiernos capitalino y mexiquense.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), los accidentes de tránsito le cuestan al país alrededor del 1.7 por ciento del PIB, equivalente a 150 mil millones de pesos. Incluyen pérdida de productividad, daños materiales, así como atención médica y hospitalaria.

En México, los accidentes de tránsito siguen encontrándose entre las diez principales causas de muerte, según estadísticas de Conapra. En 2016, fallecieron 16 mil 185 personas por esta causa (el 43.2 por ciento del total de lesiones accidentales durante este año). Con ello, se calcula una tasa de 13.2 muertos por cada 100 mil habitantes.

Por otro lado, 2019 fue un año particularmente peligroso para los ciudadanos que se transportan en bicicleta.

De acuerdo con el portal de datos abierto del gobierno de la Ciudad de México, en 2019, se registraron 717 accidentes de ciclistas3 .

De acuerdo con especialistas en movilidad, la Ciudad de México es una ciudad que privilegia a los automóviles, ha sido planeada para los automovilistas y el crecimiento de su infraestructura en los últimos 100 años lo demuestra.

En la capital mexicana, debido a la falta de regulación de este tipo de vehículos, existe una clara tendencia de omisión de las normas.

Un ejemplo de esto, es que recientemente se suscitó por medio de las redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde se lamentó el sensible fallecimiento de Alexia Fernanda Ordóñez Mejía, integrante del Equipo Oficial de Ciclismo de la máxima casa de estudios, quien fue atropellada este domingo en la autopista México-Pachuca.

Alexia Fernanda, falleció luego de que como comúnmente lo hacía, saliera en compañía de su padre Emilio Ordóñez Amador, quien también habría perdido la vida en este accidente, para pedalear y entrenar en su bicicleta como tanto le gustaba.

El caso reciente, detona la ya urgente necesidad de poner un énfasis especial por parte de las autoridades para la protección del gremio ciclista, como legisladores tenemos que velar por el bien aquellos a quienes representamos. Es momento de exhortar a las autoridades pertinentes a sensibilizarse ante este delicado problema que tantas muertes causa en el país.

Este sería un gran paso para acercarnos a convertirnos en un país de valores, de respeto y sobre todo de unidad, estas campañas favorecerían a erradicar un problema que a cualquiera de nosotros podría ocurrirnos.

Por los argumentos expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar campañas dirigidas a los conductores, en materia de cultura vial, concientización y respeto de los ciclistas urbanos, derivado de la situación de vulnerabilidad que viven día a día y la alza en las muertes de estos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, a emitir las recomendaciones a las distintas rutas de transporte público, así como capacitar a los conductores en materia de cultura vial, con el fin de reducir el alto número de accidentes provocados con los ciclistas, los cuales suelen terminar con algún deceso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los 15 días del mes de octubre de 2020.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a solicitar a los organismos y los acreedores privados internacionales la condonación de la deuda externa o, en su caso, el consentimiento de un proceso inmediato de reestructuración con una mora absoluta de dos años sin intereses, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a que solicite a los organismos multilaterales y a los acreedores privados internacionales, la condonación de la deuda externa o en su caso acepten un proceso inmediato de reestructuración que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La grave crisis económica que padecemos, acentuada por la pandemia, está generando que la deuda pública aumente sin control, propiciando que los pagos por su servicio se tornen cada día más onerosos para nuestro país y, se desvíen para pagarla, valiosos recursos que mucho más útiles serían al pueblo mexicano al destinarse a reactivar la economía nacional, generar empleos y aumentar el gasto social a fin de, por lo menos, paliar la creciente pobreza.

La deuda pública neta total, aumentó de 10.6 millones de millones de pesos en diciembre de 2018, a 12.1 millones de millones de pesos en junio de 2020, lo cual equivale a un incremento de 20 por ciento. Tan solo en el primer semestre de 2020 aumentó en 7.3 puntos del PIB, al pasar de 44.8 por ciento en diciembre de 2019 a 52.1 en junio de 2020. El resto del año seguirá creciendo y, con ello, su costo financiero, su manejo (intereses, comisiones y gastos) también será mayor.

En 2020 el costo financiero de la deuda pública establecido en el Presupuesto de Egresos aprobado por los diputados es de 727 mil 374 millones de pesos, monto que equivale a 3 por ciento del producto interno bruto (PIB). Ese costo es más grande que el gasto presupuestado de la Secretaría de Educación (326 mil 283 millones de pesos), de la Secretaría de Salud (128 mil 826 millones de pesos) y muchas otras secretarías. Este costo de la deuda pública supera, incluso, a la suma de todos los recursos destinados para todos los principales programas sociales en 2020 que es de 275 mil millones de pesos, que equivalen a 38 por ciento de lo que se paga por el servicio de la deuda tanto interna como externa.

Para el ejercicio fiscal de 2021, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establece que se destinarán para el pago la deuda pública los siguientes montos:

Anexo 8. Costo financiero de la deuda y otras erogaciones (pesos)

Si se dejara de pagar tan sólo un año el servicio de la deuda pública, se tendrían los recursos suficientes y sobrados para aumentar en más del doble el gasto en los programas sociales; para reactivar la economía nacional, o para establecer la renta básica universal, se trata de dinero de vital importancia para la inversión pública principalmente en salud, fundamentalmente para la lucha contra el Covid-19 y otras enfermedades crónico degenerativas, la asistencia económica y estructural a las personas, familias y comunidades afectadas, vulnerables y marginadas, con ello se estaría en mayores posibilidades de combatir la pobreza en México, creando un sistema más justo y equitativo.

La pandemia del Covid-19 en México provocó que por lo menos 16 millones de personas cayeran en situación de pobreza extrema por ingresos, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicado el 11 de julio de 2020, los factores como la pérdida de empleos y de los consiguientes ingresos, debido a las medidas de distanciamiento social, medidas que detuvieron a la economía y considerando la peor situación, el volumen de pobres extremos por ingreso habría alcanzado en mayo de 2020 la cantidad de 38 millones de personas, esto es 16 millones más que en febrero del mismo año.

Por otro lado, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indica que para el año 2018, 41 por ciento de la población vivía en pobreza, lo que representa 52. 4 millones de personas, es ese mismo año la pobreza extrema se ubicó en 7.4 por ciento lo que representa 9.3 millones.

Por eso se propone el presente punto de acuerdo para no pagar el costo financiero de la deuda pública, renegociar sus pagos por varios años, declarar una moratoria, y obtener “quitas” es una necesidad urgente, un derecho del pueblo mexicano y una responsabilidad del gobierno.

La deuda pública nos afecta a todos, porque el sólo no pago de su manejo por un año nos daría amplios recursos para reactivar la economía nacional y, porque puede hacerse, es urgente conseguir una suspensión de pagos temporal y su renegociación.

Por todo ello, se considera que los recursos de la deuda pública y sus intereses son onerosos para el país, es cierto que se agravó con la crisis sanitaria que se vive, pero recordemos que estas deudas fueron contraídas por los saqueadores de la nación, lo neoliberales que hundieron a México en la pobreza en que nos encontramos.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 62 numeral 3, 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ese honorable pleno el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a que solicite a los organismos multilaterales y a los acreedores privados internacionales, la condonación de la deuda externa o en su caso acepten un proceso inmediato de reestructuración que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, de ser el caso, aplicar los recursos obtenidos del no pago de deuda pública o de la condonación de intereses, a inversión pública principalmente en salud, infraestructura hospitalaria, insumos, fundamentalmente para la lucha contra el Covid-19 y otras enfermedades crónico degenerativas, a la asistencia económica y estructural a las personas, familias y comunidades afectadas, vulnerables y marginadas, así como para apoyar a los emprendedores, y al sector de Ciencia y Tecnología para el incentivar el desarrollo del país.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2020.

Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a ampliar los criterios e incluir al personal médico previamente contagiado con SARS-Cov2 a las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por Covid-19 en la reapertura de actividades en los centros de trabajo, a cargo de la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Miroslava Sánchez Galván, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para ampliar los criterios incluyendo al personal médico previamente contagiado con SARS-CoV2 a las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por Covid-19 en la reapertura de actividades en los centros de trabajo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La protección al derecho a la salud en estos momentos cruciales de la pandemia es de suma importancia y no por el sólo hecho de encontrarnos en contingencia internacional, sino porque se debe de atender las necesidades que van surgiendo con sujeción al marco jurídico de nuestro país, debido a que el derecho a la salud es un derecho fundamental, debe de ser garantizado en todo momento por todas las autoridades de nuestro país, desde su respectiva competencia y de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad1 , está obligado a garantizarlo para todas las personas sin distinción alguna con atento apego a lo previsto en el derecho nacional e internacional.

No obstante, la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 coloquialmente conocido como Covid-19, que tuvo su origen en la ciudad de Wuhan por primera vez con un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida, el pasado 31 de diciembre de 2019, identificándose como el posible causante de dicho síndrome.

Posteriormente el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus Covid-19, por la cantidad de los registros de contagios en diversos países afectados emitió una serie de recomendaciones para contener su desplazamiento alrededor del mundo, sin embargo, dichas recomendaciones no fueron suficientes, puesto que la ola de contagios llego a nuestro país trayendo consigo acciones ejecutadas por el Poder Ejecutivo Federal, para mitigar los efectos de la Pandemia, replicándose en todas y cada una de las Entidades Federativas, siendo un claro ejemplo el titular de la Secretaria de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, en su numeral II, Salud para toda la población, en el que señala que “el derecho a la protección de la salud no puede ser denegado parcial o totalmente, en especial, a los sectores más desprotegidos de la población mexicana”; al ser considerado el Covid-19, como una enfermedad grave de atención prioritaria y en virtud de lo previsto en el artículo 134, fracción XIV, de la Ley General de Salud, acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19),2 del que se destaca para efectos del tema que me ocupa me permito citar lo siguiente:

a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; 3

Siendo de suma relevancia lo anterior debido a que se hace referencia a los centros de trabajo y a las personas que podrán ingresar a ellos dependiendo a la situación de salud con la que cuenta, siendo menester hacer un especial énfasis a los “grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes, en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente” puesto que algunos de los médicos que atienden a los pacientes con gran dedicación y amor por el servicio público en las áreas denominadas “áreas Covid”.

Lamentablemente los integrantes del sector salud, se han contagiado de esta terrible enfermedad, viéndose en la necesidad de laborar por la modificación a la fracción I, del artículo primero del acuerdo por el que se establecen medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, que quedo como sigue:

Artículo Primero. ...

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid-19 en la población residente en el territorio nacional;

II. a VIII. ... 4

Por esta razón el personal médico que ha regresado a trabajar se encuentra con la incertidumbre de un rebrote en del virus Covid-19 en su sistema inmunológico, seguidamente del temor no sólo contagiase de nueva cuenta sino de contagiar a sus seres queridos, porque de acuerdo con el último reporte por parte de la Dirección General de Epidemiologia, se tiene un estimado de 821 mil 45 casos confirmados, 83 mil 945 defunciones y 25 mil 492 casos activos, en referencia de su última actualización a nivel nacional5 dando a todo el país una lección de lo significa el servir a los demás con dedicación.

De los cuales 122 mil 41 son casos confirmados del sector salud, siendo 42 por ciento de enfermeras, 29 por ciento de otros trabajadores de salud, 26 por ciento médicos, 2% laboratoristas y 1 por ciento de dentistas, con comorbilidades en los casos confirmados por obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, asma, otra condición, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica, EPOC y VIH o sida6 , siendo esto realmente preocupante, porque no se les puede dejar de visualizar como seres humanos que merecen que sus derechos humanos sean debidamente garantizados, apegándonos a lo previsto por las leyes que como legisladores nos hemos encargado de modificar para que este objetivo se vea materializado en todo el país, asegurando que las medidas que se impusieron en el inicio de la pandemia prevalezcan para tanto para la población en general como para todo el personal médico que se haya contagiado de Covid-19, en atención especial a las de miles de voces que han luchado para minimizar de los efectos esta terrible enfermedad.

Por otro lado, no podemos dejar de reconocer las acciones que han empleado para contrarrestar los efectos de la pandemia, basadas en evidencia científica, como la expedición de los Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por Covid-19, en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo7 , que contempla cuales son las personas que tiene vulnerabilidad, enlistando a las personas en estado de embarazo, personas lactantes, personas con obesidad mórbida, personas adultas mayores sin comorbilidades, personas que viven con hipertensión arterial sistémica descontrolada, personas que viven con diabetes mellitus descontrolada, personas que viven con enfermedades pulmonar obstructiva crónica (EPOC), personas con asma, personas con enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, personas con enfermedad renal crónica, personas con estados patológicos con tratamientos inmunosupresor, personas que viven con VIH, personas que viven con cáncer, personas que viven con más de una comorbilidad8 ; de las cuales las personas con mayor complicación por padecer comorbilidades son las personas con hipertensión alcanzando 14.0 por ciento; obesidad con 13.41 por ciento; diabetes con 10.77 por ciento y tabaquismo con 7.1 por ciento9 creándose por primera vez en la historia de nuestro país criterios enfocados en el cuidado integral de la salud de las y los mexicanos.

Dichos criterios son de carácter general y tienen como objetivo orientar a las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Salud, así como a las personas y centros de trabajo con la finalidad de proteger la vida y la salud en de vulnerabilidad, integrándose en una segunda versión que destaca la precisión del concepto de área no Covid, sustituyéndolo por áreas de no atención a pacientes con SARS-CoV2, agregándose los conceptos de vulnerabilidad y valor de vulnerabilidad, se especifica quién podrá evaluar el estado de salud de estos trabajadores y los criterios para su revaloración, entendiéndose como vulnerabilidad lo siguiente:

En la determinación de los criterios se ha considerado la condición de vulnerabilidad tanto en términos de propensión a tener complicaciones en su estado de salud como el riesgo epidemiológico que muestra el semáforo en las regiones del país para esta población vulnerable.

Y por el valor de vulnerabilidad:

Grado de aquellas condiciones de salud que provocan que las personas sean más propensas a desarrollar una complicación o morir por Covid-19 10

Siendo menester, mencionar que además dicho documento aporta que las valoraciones para la determinación de la vulnerabilidad se realizaran por las Unidades de Medicina Familiar IMSS, Personal médico del centro de trabajo y si lo desean mediante Consulta médica privada, haciéndose una valoración periódicamente con el lapso del tiempo que se determina por la gravidez de la enfermedad.11 Sin embargo, en ambos documentos no se contempla al personal de salud que se contagió de Covid-19 en cumplimento de sus actividades laborales siendo esto necesario y de carácter urgente toda vez, que aún nos encontramos en semáforo naranja y los lineamientos a seguir en este color son que las actividades económicas se puedan dividir en esenciales y las no esenciales, pudiéndose operar de manera reducida según correspondan, no obstante, si bien, las actividades desempeñadas por el sector de salud, son esenciales para el funcionamiento de la sociedad, se debe de tener a consideración que aún la vacuna se encuentra en ensayos clínicos en distintas fases, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales.

La Organización Mundial de la Salud está coordinando la labor de desarrollo de vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la Covid-19 y seguirá proporcionando información actualizada a medida que se disponga de los resultados de las investigaciones12 no pudiendo poner en riesgo al personal que labora en los hospitales que se han contagiado a regresar a las áreas que fueron las que propiciaron el riesgo a su salud.

En ese tenor, se informó recientemente por parte del canciller Marcelo Ebrard “que México entrara al mecanismo Covax de la OMS para el acceso en tiempo y forma a la vacuna, añadiendo que gracias a esto el país tiene el acceso garantizado a medicamento, debido a que se trata del primer contrato vinculante”13 . Sin embargo, hasta que ésta sea una realidad palpable es que podremos volver a la normalidad y el personal médico como de otros sectores podrá laborar sin inconveniente alguno.

Por lo expuesto, solicito ante esta soberanía se considere de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal para ampliar los criterios incluyendo al personal médico previamente contagiado con SARS-CoV2 a las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por Covid-19 en la reapertura de actividades en los centros de trabajo.

Notas

1 Véase en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1o. ...

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

2 Véase en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/ 2020

3 Véase en: https: ídem

4 Véase en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020

5 Véase en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/. Última actualización 12 de octubre de 2020, revisión 13 de octubre de 2020

6 Véase en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/583562/COVID-19_Personal _de_Salud_2020.10.05.pdf

7 Véase en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Criterios_vulnerabilidad_27Julio2020 .pdf

8 Véase en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Criterios_vulnerabilidad_27Julio2020 .pdf

9 Véase en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/, última actualización 12 de octubre de 2020, revisado 13 de octubre de 2020.

10 Véase en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/Criterios_Vulnera bilidad_12Ago2020.pdf

11 Véase en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/Criterios_Vulnera bilidad_12Ago2020.pdf

12 Véase en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses?gclid=CjwKCAjwh7H7BRBBEiwAPXj
adldcerJnkw8r86ZjIaAhu7-F7Jib_dJ8JyPBGkoL3YOv1obmgkYAthoCakcQAvD_BwE

13 Véase en: https://www.forbes.com.mx/
politica-mexico-firmara-el-primer-contrato-vinculante-de-acceso-a-la-vacuna-contra-covid-19-ebrard/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2020.

Diputada Miroslava Sánchez Galván (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales1 . El objetivo de esta conmemoración es reconocer sus contribuciones al desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y reducción en los índices de pobreza y marginación.

Con la resolución A/RES/62/1362 , se hizo palpable el compromiso de las naciones por mejorar sus condiciones de vida por medio de programas de capacitación, vivienda, alfabetización y salud sexual con un enfoque de género y derechos humanos que faciliten su empoderamiento.

En nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, existen 125 millones de personas siendo 61.1 millones hombres y 63.9 millones mujeres3 , de las cuales al menos 23 por ciento habitan en una localidad rural.

El campo tiene rostro de mujer. Debido a las acciones que realizan constituyen 34 por ciento de la fuerza laboral y son responsables de producción de más de la mitad de los alimentos que llegan nuestros hogares derivado de las actividades agrícola, ganadera, acuícola y de explotación forestal.

Los últimos resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo arrojaron que se dedican más al trabajo de autoconsumo o producción de bienes para el propio hogar, a diferencia del medio urbano.4

Pese a la relevancia que tienen en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Agenda 2030, las mujeres y niñas rurales continúan siendo objeto de actos de discriminación para ejercer sus derechos humanos debido a la invisibilidad en la que aún persisten debido a prácticas arraigadas en la sociedad y replicadas desde el mismo Gobierno Federal que minimiza sus problemáticas.

La tenencia de la tierra es uno de sus principales obstáculos5 , ya que al no contar con su titularidad incumplen los requisitos para ser beneficiarias de los programas enfocados al equipamiento, infraestructura agrícola y comercialización de alimentos, pero también créditos o apoyos económicos canalizados a la educación, mejoramiento de la vivienda y herramientas para el trabajo.

Las mujeres rurales laboran hasta por 16 horas diarias sin recibir remuneración económica, desempeño que complementan con los quehaceres domésticos, educativos con sus hijos y hasta de comercialización de los productos agrícolas o de animales de traspatio.

Los problemas de salud se agudizan al no disponer de un hospital cercano y continúan muriendo de padecimientos tratables con un diagnóstico oportuno. Los medicamentos son insuficientes y el personal de salud básico no cuenta con condiciones para asegurar su permanencia, por lo que en el mejor de los casos son intermitentes, pero en su mayoría inexistentes.

Aún son insuficientes las escuelas y lugares de capacitación para la vida y el trabajo por lo que son excluidas de los beneficios de la educación, la tecnología y la innovación aplicada a la vida diaria.

Aunado a estas limitaciones, la crisis sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 generará retrocesos a los logros obtenidos en la lucha contra la pobreza y el hambre, así como a los derechos conquistados en los últimos años. Reducir los fondos y programas para esta población los deja en total desamparo y los condena a un mayor rezago e inequidad social.

Emprender medidas integrales para subsanar sus necesidades es necesario hoy más que nunca, particularmente porque su protección derivará en una adecuada gestión ambiental y conservación de nuestros recursos naturales, asimismo, en la defensa de prácticas inherentes a nuestra identidad y sistemas alimentarios de nuestro país.

La mejor manera de celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales es legislando en favor de concretar un marco jurídico propicio para su acceso a la propiedad de la tierra, la disposición de la tecnología, educación y mayores ingresos, pero también de salud, acceso a la justicia y respeto a sus libertades tuteladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y convenios internacionales de los que México forma parte.

Sirva esta fecha para reafirmar nuestra convicción y trabajo para impulsar espacios de desarrollo de capacidades con perspectiva de género para reducir las brechas del desarrollo, fomentar la independencia económica y pleno crecimiento personal o profesional para cumplir con las expectativas de vida de ellas y sus familias.

No se pude ser omiso ante el panorama de vulnerabilidad en la que viven, ante ello, las instituciones del Estado mexicano vinculadas a la protección de sus derechos deben fortalecer sus políticas para identificar, erradicar y sancionar de manera ejemplar toda manifestación de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial como detonantes de desigualdad en los núcleos agrarios.

El presupuesto del próximo año es una oportunidad para fortalecer las políticas públicas de apoyo al campo y a las mujeres rurales, de hacerlo mejorarán sus mecanismos de organización y capacitación con lo que tendrán más capacidades en el manejo de sus productos e inocuidad de los alimentos, fundamentales en la promoción de estilos de vida y sana alimentación.

Las mujeres rurales son trabajadoras, entregadas y grandes luchadoras que ya no pueden vivir en el anonimato, se les debe reconocer por lo que son: jefas y apoyo para la familia, transmisoras de cultura y factor de transformación social, bienestar y desarrollo nacional desde el campo mexicano.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas. (2020). Día Internacional de las Mujeres Rurales 15 de octubre. 10/10/2020, de ONU Sitio web: https://www.un.org/es/observances/rural-women-day/background

2 Organización de las Naciones Unidas. (2008). Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2007. 10/10/2020, de ONU Sitio web: https://undocs.org/es/A/RES/62/136

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Población (11 de Julio) Datos Nacionales. 10/10/2020, de Inegi Sitio web:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Poblacion2020_Nal.pdf

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). ENUT 2019. 10/10/2020, de Inegi Sitio web: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ENUT/En ut_Nal20.pdf

5 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2019). Mujeres rurales, protección social y seguridad alimentaria en ALC. 10/10/2020, de FAO Sitio web: http://www.fao.org/3/ca5092es/ca5092es.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados, a 15 de octubre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con motivo del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, a cargo de la diputada Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Hace 9 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, el fin es “reconocer sus derechos y dar a conocer los problemas excepcionales que afrontan en todo el mundo, principalmente en países no desarrollados”.

El mejorar las condiciones de vida de las niñas se ha convertido en unos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 “Objetivo 5. Igualdad de Género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, pues es de reconocer que su papel en la sociedad interfiere en los diversos entornos en los que se desarrolla.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las niñas de 0 a1 4 años de edad, representan 26.3 por ciento del total de mujeres, sin embargo, no todas ellas viven en igualdad de oportunidades, sumando a ello la ola de violencia y discriminación con la que viven día con día.

Algunos datos escalofriantes sobre nuestras niñas, son los siguientes:

• Alrededor de 9 millones 602 mil niñas viven en condición de pobreza.

• Tan solo en 2018, 10 mil 420 niñas entre 10 y 14 años fueron madres, de las cuales, el 15.5 por ciento no terminaron de estudiar la primaria.

• De acuerdo al Módulo de Trabajo Infantil, 102 mil 575 niñas de entre 6 a 11 años realiza algún tipo de trabajo.

• Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2019, 9 de cada 10 niñas de 15 años o más, han experimentado algún tipo de violencia, ya sea emocional, económica, física o sexual.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en nuestro país, cada 3.7 días una niña es víctima de feminicidio.

Estos datos, son datos que nos recuerdan lo que significa ser niña en este país, este día no es para conmemorarlas, es para crear conciencia sobre las condiciones en las que se encuentran, es para fortalecer los mecanismos de protección, reparación y restitución de sus derechos de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2020.

Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica)

Con motivo del 67 aniversario del reconocimiento del derecho de las mexicanas al voto, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Hace casi siete décadas, en 1953, las mexicanas fuimos reconocidas legalmente como ciudadanas. Tras una incesante lucha, a favor de nuestros derechos políticos y electorales, llegaría la reforma constitucional que concretó dicho reconocimiento y, con ello, el derecho a votar, ser votadas y electas. Sin embargo, esta última prerrogativa, aún en 2020, sigue presentando múltiples resistencias de varios sectores de la sociedad, principalmente de aquellos que históricamente han detentado la toma de decisiones públicas.

Resistencias que para hacerle frente han requerido un marco normativo robusto y de un trabajo interinstitucional a fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres. Tal es el caso de las recientes reformas en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género que en esta Cámara aprobamos hace apenas un par de meses y que, con certeza, brindarán mayores mecanismos a favor de las mexicanas, sobre todo de cara al proceso electoral federal y locales donde se renovarán más de 21 mil cargos de elección.

Hoy, en esta LXIV Legislatura de la paridad, las mujeres estamos representadas paritariamente, ocupamos el cincuenta por ciento de las posiciones y, por segundo año consecutivo, contamos con una mujer al frente de los trabajos de la Mesa Directiva. Sin embargo, nunca hemos tenido a una mujer ejerciendo el cargo de presidenta de la República, solo seis entidades han sido gobernadas por una mujer y a nivel municipal, el porcentaje de alcaldesas sigue lejano a la paridad.

Lo anterior porque persiste un techo de cristal que nos imposibilita, por ejemplo, como legisladoras, ejercer nuestros cargos en igualdad de circunstancias que nuestros compañeros.

Y esto, solo tiene un responsable: el sistema patriarcal que ha derivado en una relación jerárquica de poder entre mujeres y hombres, donde nosotras –de forma histórica– hemos ocupado el escalón inferior de la ecuación, lo que a su vez nos ha impuesto ciertos roles y tareas basadas en estereotipos y sesgos de género.

Las tareas de cuidado son un claro ejemplo de cómo estas asignaciones genéricas impactan en el desarrollo de las mujeres en el ámbito privado y en el público. La falta de una política de conciliación laboral-familiar imposibilita que nosotras las mujeres, desempeñemos nuestros cargos o posiciones, llámense legisladoras, profesoras, científicas, académicas, policías, trabajadoras del hogar, médicas o cualquier profesión que ejerzamos.

Mientras la relación asimétrica de poder y la distribución del trabajo entre las mujeres y los hombres no cambie, difícilmente podremos ejercer de forma plena nuestros derechos políticos y electorales, incluido el de votar, ser votadas y ser electas.

No basta con llegar a los espacios de poder, es necesario que las mujeres ocupen tales espacios, pero con poder. Con poder real de transformar y de incidir en las decisiones que irremediablemente impactan en la calidad de vida de las y los mexicanos. La paridad numérica, entendida como un mecanismo a favor de la igualdad política, debe traducirse en paridad sustantiva, es decir en que las mujeres ocupen –al menos– la mitad de todos los espacios y que estos sean ejercidos cabalmente y en igualdad.

Transformar esto desde la raíz es la mejor forma de conmemorar el sexagésimo séptimo aniversario de la reforma constitucional que concretó décadas de lucha para que las mexicanas fuéramos reconocidas como ciudadanas.

Avancemos en ello.

Nunca más una decisión sin nosotras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2020.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez

El 15 de octubre del 2008 se conmemoró por primera vez el Día Internacional de las Mujeres Rurales, luego de una ardua lucha por reconocer los derechos de las comunidades rurales, sobre todo de las mujeres que forman parte de éstas.

La intención de esta conmemoración es crear conciencia sobre la situación que enfrentan las mujeres rurales en su día a día y en consecuencia generar acciones afirmativas que propicien una mejor calidad de vida en su contexto.

Es indispensable destacar que las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y regionales de los sistemas de producción. Empoderar a este colectivo es imprescindible para el bienestar de las personas, familias y de sus comunidades.

Es urgente replantear las políticas públicas dirigidas al campo y desarrollar estrategias con perspectiva de género que permitan el diseño y aplicación de programas encaminados a disminuir las desigualdades y propiciar un mejor desarrollo en las regiones rurales que en muchas ocasiones además son parte de territorios que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas.

Aunado a lo anterior, recordemos que México tiene un campo feminizado debido a los fenómenos de migración, por lo tanto, es necesario que el Estado reoriente los recursos, sobre todo los dirigidos al campo y en particular los que se destinan a las mujeres rurales.

Por otra parte, el tema de las mujeres, el género y su participación en los asuntos públicos debe reflejar resultados de manera inmediata debido a que las mujeres deben estar en los órganos de incidencia donde se toman las decisiones de la comunidad. En nuestro país, la representación de mujeres en comunidades rurales no ha alcanzado la paridad, sin embargo, en las elecciones del 2018 de los mil 613 ayuntamientos en disputa, 440 mujeres resultaron electas, lo que representa el 27 por ciento, una proporción sin precedentes. Asimismo, destacar la participación para contender por la Presidencia de la República de María de Jesús Patricio Martínez quien no logró recabar las firmas que se requerían para su candidatura ciudadana, sin embargo, colocó en la coyuntura nacional al sector indígena que siempre ha estado invisibilizado, y que habita particularmente en zonas rurales, agregando causas de desigualdad a las que ya persisten en estas personas, lo cual nos indica que aún tenemos una deuda histórica con ese sector.

En ese mismo sentido, recordar que son las mujeres rurales organizadas quienes han trabajado de manera constante para reconstruir las comunidades afectadas por los sismos ocurridos en 2017 en las entidades de Oaxaca, Guerrero, Morelos y Puebla, lo cual es una labor que debe ser reconocida y fortalecida por las instituciones del Estado.

Recientemente la organización Fondo Semillas ha iniciado el proyecto #MujeresReconstruyendo mismo que busca visibilizar la ardua tarea que el Estado dejó pendiente, es en ese espacio en el que las mujeres intervinieron y asumieron la responsabilidad de poner los cimientos hacia la reconstrucción de sus comunidades.

Ante esta disyuntiva como legislativo no podemos hacer caso omiso, sino que debemos generar las condiciones que propicien una mejor calidad en estas comunidades. No podemos seguir haciendo política mediática, sino involucrarnos en los problemas que enfrentan las comunidades rurales, debemos entender que somos el puente conector entre los problemas sociales y su solución.

A una década de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales hago un llamado a que nos sensibilicemos y reconozcamos la importancia que representan las mujeres rurales en la actualidad, siendo estas agentes clave para el desarrollo económico, político y social de los países.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2020.

Diputadas: Lourdes Celenia Contreras González, Martha Tagle Martínez (rúbricas).