Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a realizar acciones conducentes a reparar y mejorar las carreteras Reforma-Dos Bocas y Comalcalco- Paraíso, Tabasco, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a realizar por la Sedeco y el Invea las acciones de verificación y cumplimiento del artículo 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF, sobre la obligación de los restaurantes de proporcionar agua potable gratuita, a cargo de la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a autorizar la creación de una comisión especial sobre la conmemoración de los 200 años del establecimiento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a respetar y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y atender, sancionar y erradicar la violencia obstétrica en los hospitales de la Ciudad de México, en específico en el hospital Emiliano Zapata, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos a hacer pública la información referente a los operativos nocturnos realizados en el último mes, a cargo del diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conapesca a establecer un diálogo con la SHCP y reconsiderar la aplicación de estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel utilizados en el sector pesquero, a cargo del diputado Carlos Enrique Martínez Aké, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Zacatecas a reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, a fin de restringir la venta de comida chatarra a menores, a cargo de la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a autorizar la creación de una comisión especial sobre la conmemoración de los 200 años del establecimiento de la Secretaría de Marina-Armada de México, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales a implantar y fortalecer campañas de toma de conciencia, adopción, tenencia responsable y esterilización de perros y gatos para combatir la sobrepoblación e investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de envenenar a esos animales de la calle, a cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la SEP y sus 32 homólogas locales a fortalecer la detección de trastornos mentales derivados del confinamiento durante la pandemia por el SARS-Covid-19, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a corregir irregularidades en el tiempo de espera para realizar operaciones bancarias y establecer con la Ssa y la Segob mecanismos para fortalecer acciones de las instituciones financieras, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Infonavit a presentar públicamente los lineamientos técnicos y las reglas de operación del nuevo programa ConstruYoInfonavit, a cargo de la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a reactivar en todos los niveles educativos de manera virtual, a través del uso de las TIC, los mecanismos de registro, recepción de documentos, expedición de certificados y evaluaciones referentes a la acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral establecidos en el acuerdo número 286, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT y la CFE a programar y ejecutar estrategias para cumplir la meta de alcanzar la cobertura universal de internet, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a garantizar por diversas autoridades del estado de México que la gasera de Joaquín Montenegro y Avenida 2 de Marzo, en El Quemado, Tultepec, no represente un riesgo para la integridad y el patrimonio de vecinos y usuarios, pues se encuentra cerca del mercado de artesanías pirotécnicas San Pablito, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, por el que se condenan las agresiones de elementos de la fuerza civil de NL contra trabajadores de una finca en Los Cristales, al sur de Monterrey, la madrugada del 26 de septiembre de 2020, donde perdieron la vida Gregorio Santiago Margarito y Claudio Francisco Martínez, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

Efemérides

• Con motivo de octubre, Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a realizar acciones conducentes a reparar y mejorar las carreteras Reforma-Dos Bocas y Comalcalco- Paraíso, Tabasco, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano, diputada por Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La red vial de un país es fundamental para su desarrollo y crecimiento, ya que es el único medio que posibilita el transporte de las personas y las mercancías; formando parte de esta la red de carreteras que permite satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación y salud; estas necesidades son primordiales para poder llevar a cabo actividades de todo tipo en una nación.

La , representa en nuestro país más de 30 por ciento de la inversión pública y privada en infraestructura dentro del sector transporte. Esto la posiciona en el segundo lugar después de la infraestructura portuaria. Es decir, es nuestro segundo medio más relevante para la actividad no sólo comercial, sino también de la vida diaria de totas y todos los habitantes.

Tabasco cuenta con más de 10 mil 710 kilómetros de carreteras, entre pavimentados, revestidos y de terracerías.1

Se encuentra en la región sureste de México; desde la planicie costera del Golfo de México hasta las montañas del norte de Chiapas, puede delimitarse geográficamente entre los 17°15’ y 18°39’ de altitud norte y los 91°00’-94°07’ de longitud oeste. Constituye con Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán la región sureste de la república.2

Tiene una superficie de 24 mil 661 kilómetros cuadrados, que representa 1.3 por ciento de la superficie del país y en ella se asientan los 17 municipios que integran la división política del estado. Posee una longitud de red carretera por superficie de rodamiento de 10 mil 637 kilómetros, de los cuales 58.9 por ciento es pavimentado, 28.0 revestido, 10.2 terracería y 2.9 brechas mejoradas.3

Hace unas semanas, la Junta Estatal de Caminos reportó que de los 5 mil 200 kilómetros que forman la red estatal de carreteras, el 30 por ciento se encuentra en malas condiciones, es decir, un promedio de mil 560 kilómetros dañados.4

Las redes estatales cumplen una función de gran relevancia para la comunicación regional, para enlazar las zonas de producción agrícola y ganadera y para asegurar la integración de extensas áreas en diversas regiones del país.

Hoy en día, Tabasco ha adquirido una gran relevancia comercial y económica a nivel nacional ya que dentro de su territorio se encuentra el Puerto de Dos Bocas, uno de los puertos que posee grandes ventajas competitivas y comparativas para llevar a cabo actividades especializadas con la industria Petrolera, ya que actualmente el gobierno de la república lleva a cabo la construcción de una refinería, la cual tiene por objetivo ser una detonante de la economía mexicana a nivel nacional e internacional, así como contribuir a la autosuficiencia energética, maximizar el beneficio económico y social e impulsar fuertemente el desarrollo en el sureste del país.

Dos de las vías de transito más importantes y transitadas en el estado son la carretera Reforma - Dos Bocas y Comalcalco-Paraíso, mismas que conecta a los municipios de Paraíso, Comalcalco y Cunduacán, siendo unas de las principales rutas de acceso para el transporte de carga al puerto de Dos Bocas, en Paraíso.

Estas carreteras son diariamente transitadas ya sea de día o de noche por vehículos particulares, transporte público y transporte de carga, mismos que por sus dimensiones y velocidad, ante la falta de iluminación, delimitación de carriles, señalizaciones y el deterioro en la carpeta asfáltica de la misma, puede llegar a ocasionar graves accidentes o una gran disminución en la eficiencia de esta importante vía para transitar en ella.

Derivado del mal estado de la carretera y la falta de señalamientos pueden ocasionar gran cantidad de accidentes, generando lesiones e incluso la muerte de la población que circula por ahí. Un ejemplo de esto se suscitó el 19 de abril de dos mil diecinueve, hecho en el cual debido a la falta de señalamientos y delimitación de cotas un vehículo se incendió al impactarse en la barra de división de carriles y otro más se salió de la carretera, repercutiendo fuera de ella.

Testimonios de ciudadanos y de transportistas que circulan por esta vía indican que se han ocasionado daños físicos en sus vehículos debido a la enorme cantidad de baches que se han formado en estas importantes rutas.

El mal estado de las carreteras genera no sólo la pérdida de patrimonio para muchos automovilistas, sino también pérdidas económicas muy importantes para la nación, ya que al realizar un mantenimiento adecuado y en los tiempos correspondientes, evitaría el deterioro temprano en las carreteras del país.

Es necesario que México cuente con una adecuada red carretera, ya que esta es imprescindible para el desarrollo y crecimiento de un país.

La red de carretera tiene un papel muy importante en cualquier parte del mundo ya que tanto el transporte de materias primas al interior del país, como parte importante de la dispersión de exportación de productos generan un gran crecimiento económico a lo largo y ancho del territorio en que se distribuyan.

México actualmente están siendo encaminados a obtener un alto desarrollo en el crecimiento económico en los siguientes años, por ello es de suma importancia tener una base fuerte dentro del país, y esto significa tener una red de carreteras adecuada.

Por esa razón, las carreteras Reforma-Dos Bocas y Comalcalco-Paraíso, deben ser rehabilitadas y mejoradas en el cambio de carpeta asfáltica, delimitación de carriles, señalizaciones e iluminación en toda su longitud, para poder brindar seguridad y eficiencia a la ciudadanía que por ahí transita.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar acciones para reparar y mejorar las carreteras Reforma-Dos Bocas y Comalcalco-Paraíso, en Tabasco

Notas

1 Infraestructura vial en materia de vías de comunicación [en línea]. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2020. Disponible en https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/M4/35/195545.pdf

2 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Infraestructura carretera [en línea]. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2020. Disponible en http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/CAP-04.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Longitud de la red nacional de carreteras según superficie de rodamiento. Serie anual de 1995 a 2017 [en línea]. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2020. Disponible en https://www.inegi.org.mx/

4 "Reportan daños en 30 por ciento de red carretera de Tabasco" [en línea]. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2020. Disponible en https://www.diariopresente.mx/tabasco/reportan-danos-en-30-de-red-carre tera-de-tabasco/262755

Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2020

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a realizar por la Sedeco y el Invea las acciones de verificación y cumplimiento del artículo 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF, sobre la obligación de los restaurantes de proporcionar agua potable gratuita, a cargo de la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Jacquelina Martínez Juárez , diputada de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, realice las acciones de verificación y cumplimiento del artículo 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, sobre la obligación de los restaurantes a proporcionar agua potable gratuita , conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

En México existe un problema de cultura ambiental, el consumo de PET se ha ido incrementando con el paso de los años, hoy en día, por cada habitante, se producen 200 botellas de plástico.

8 millones de toneladas de PET se tiran al año; en el mundo se producen cinco mil millones de bolsas de plástico por minuto y se venden 1 millón de botellas de plástico, todo como resultado de un modelo económico lineal de consumir y desechar.

Es un tema que no puede dejar de atenderse, hay una contaminación muy importante debido a que solo se recicla el 20 por ciento de los PET y la mayoría de estas toneladas de plástico que se producen terminan en nuestros mares y ríos afectando desmedidamente la salud de las especies que viven en ellos.

Hemos avanzado en esta materia en algunos estados de la república, como la pasada reforma a la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México en 2019, para prohibir el uso y comercialización de bolsas de plástico de un solo uso para 2020 y en 2021, que se aplicará también para popotes, platos, cubiertos y globos.

Sin embargo, hemos dejado del lado otros aspectos de establecimientos donde se utilizan e incluso se comercializan, por ejemplo, las botellas de agua.

La Ciudad de México es la principal consumidora de agua potable en envases.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un derecho humano que todas las personas tengan acceso a disposición y saneamiento de agua para su consumo personal y doméstico.

Actualmente, cuando un cliente solicita agua, la mayoría de los restaurantes o establecimientos que expenden alimentos, le entrega una botella de agua de plástico, que tiene un costo, y no un vaso con agua, que además debe ser gratuito.

En 2013 fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la reforma al artículo 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, en la que se obliga a que en los restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados y establecimientos mercantiles de impacto zonal, se deberá proporcionar, de manera obligatoria y gratuita, agua potable a los clientes que así lo soliciten.

También se establece que los restaurantes que incumplan con la obligación del agua potable gratuita deberán pagar una multa de entre 25 y 125 días de salario mínimo vigente.

Debemos fomentar prácticas como esta, en la podamos cuidar la salud de los mexicanos, su calidad de vida y por supuesto, reducir el impacto ambiental que el uso de botellas de plástico genera.

Hasta 2019, México era el primer consumidor de refresco en el mundo, estimándose que, en promedio, una persona consume 163 litro al año.

El refresco y las bebidas elaboradas con jugos de fruta, contribuyen con el mayor aporte energético en la población mexicana, lo cual sin lugar a duda afecta directamente en la salud de los mexicanos. Y, aunque la obesidad es causada por diversos factores, hay cada vez más estudios que comprueban que el consumo de bebidas azucaradas está relacionado con el aumento de peso sobre todo en adultos, sin dejar de lado a las niñas y niños.

Asimismo, el consumo de bebidas azucaradas como los refrescos, no producen saciedad, comparado con alimentos con azúcar en forma sólida, lo cual estimula el consumo excesivo de las mismas.

Por tal motivo, debe ser de nuestro interés fomentar en las familias mexicanas así como en los establecimientos como restaurantes principalmente, el consumo de agua, que además es un derecho constitucional, el brindarlo de manera gratuita; así como que se verifique la realización de dicha actividad de acuerdo a la ley.

Es por eso, que, siendo un asunto de salud pública, pido su apoyo para para aprobar este punto de acuerdo en beneficio de las y los mexicanos, pero sobre todo de las generaciones futuras:

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, realice las acciones de verificación y cumplimiento del artículo 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, sobre la obligación de los Restaurantes a proporcionar agua potable gratuita.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de octubre de 2020.

Diputada Jacquelina Martínez Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a autorizar la creación de una comisión especial sobre la conmemoración de los 200 años del establecimiento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado federal doctor Manuel Huerta Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete para su urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Antes de la iniciación del movimiento de Independencia en México, la aparición de una institución social como la Cámara de Diputados estaba precedida y supeditada a acontecimientos originarios de suma importancia en los que los ideales políticos proyectados para instaurar el ejercicio de una soberanía, estaban asociados a los esfuerzos libertarios de nuestro pueblo y a las condiciones socioeconómicas prevalecientes por las diversas disputas que llevarían a constituir el imperio.

El primer modelo conocido en México para el ejercicio legislativo a través de una asamblea de representantes, fue la Corte de Cádiz de septiembre de 1810 en España. Este acontecimiento, aunque tuvo efecto en suelo español y en momentos en los que el gobierno virreynal se enfrentaba a la lucha armada que encabezaban Hidalgo y Allende, se constituyó con 17 diputados provenientes de la Nueva España de los cuales 16 eran nacidos en la colonia y uno en la madre patria, estando encabezada por don José Belle Cisneros de Puebla, Miguel Guridi y Alcocer de Tlaxcala, José Miguel de Gordoa de Zacatecas, y don Miguel Ramos Arizpe de Coahuila, cuya aprobación de credenciales fue a partir del 27 de febrero de 1811 y desde ese momento entraron en funciones, encontrando serios obstáculos, dada la abrumadora mayoría de diputados españoles; y a pesar de ello, algunos de los representantes americanos hicieron planteamientos legislativos que favorecían a la colonia, sin mayores beneficios en esa gestión, más que la apertura a la libre manifestación de ideas y escritos promovida por el inquieto fraile republicano fray Servando Teresa de Mier, quien sin formar parte del cuerpo legislativo formuló polémicas y acerbas críticas a diputados de la Nueva España, obligándolos a apuntalar hacia la libertad de expresión y de prensa.

Otro antecedente histórico importante del Poder Legislativo en México, es la Suprema Junta de Zitácuaro, convocada y establecida por don Ignacio López Rayón, quién el 15 de abril de 1811, reunió a todas las corporaciones de la ciudad de Zacatecas para la formación de un “Congreso de Diputados elegidos por los ayuntamientos, el clero y otro cuerpos”, perfilando de esta forma, en territorio mexicano, el primer fenómeno representativo de carácter político.

Esto, dio lugar a la entrada victoriosa de Rayón a la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, en dónde erigió una Junta o cuerpo colegiado de representantes bajo el nombre de la Suprema Junta Nacional Americana, dando origen al primer y rudimentario cuerpo formal de legisladores, coordinados por José María Liceaga y José Sixto Verduzco, quienes a sugerencia de López Rayón, el 15 de abril de 1812 enviaron al generalísimo Morelos, un proyecto de Constitución que según dimanaba inmediatamente del pueblo y que fue decisivo para que Morelos revisara detenidamente sus propósitos, propiciando que se constituyera a la postre, en plena auge de la lucha por la independencia, el Primer Congreso Constituyente de los mexicanos, con sede en la entonces provincia de Tecpan, hoy, Ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, llamado también el “Congreso de Anáhuac”.

El 14 de septiembre de 1813 se instaló dicho Congreso como Poder Legislativo Constituyente y éste, bajo la presidencia de don Carlos María Bustamante, diputado por México, se trasladó a Uruapan, Tiripitio, Tlalchapa, Apatzingán y Tehuacán; figurando como diputados el propio Ignacio López Rayón por Guadalajara, José Sixto Verduzco por Michoacán, José María Liceaga por Guanajuato, Andrés Quintana Roo por Puebla, Carlos María Bustamante por México, José María Murguía por Oaxaca, José Manuel de Herrera por Tecpan, José María Cos por Veracruz y el licenciado Cornelio Ortiz de Zárate como secretario del Congreso.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial para conmemorar los doscientos años de la creación de la honorable Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la comisión especial será el de definir y organizar actividades como: ediciones especiales, encuentros de historiadores, intelectuales y cronistas; difusión masiva, lecturas públicas, exposiciones artísticas y demás similares, en torno a la creación de la honorable Cámara de Diputados.

Tercero. La comisión especial estará integrada por cinco diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, con un presidente y cuatro secretarios. La Junta de Coordinación Política determinará la integración correspondiente.

Cuarto. La comisión especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.

Quinto. La comisión especial tendrá vigencia desde la aprobación de su creación y hasta el 30 de agosto de 2021, debiendo entregar un informe final de actividades y resultados.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de octubre de 2020.

Diputado Manuel Huerta Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a respetar y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y atender, sancionar y erradicar la violencia obstétrica en los hospitales de la Ciudad de México, en específico en el hospital Emiliano Zapata, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Martha Tagle Martínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género que atenta contra la dignidad y los derechos humanos y reproductivos de las mujeres durante y después de un embarazo. Es decir, en el embarazo, parto y puerperio. Retomando a Laura F. Belli, la violencia obstétrica es “aquella ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresándose en mayor medida, en el trato deshumanizado, la patologización de los procesos reproductivos naturales y en otras manifestaciones que resultan adversas en el contexto de la atención a la salud sexual y reproductiva”.1

Para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), algunas expresiones de esta violencia son2 :

• Practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

• Obligar a parir acostada y/o inmovilizada;

• Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé o la bebé inmediatamente al nacer; y

• No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.

En este contexto, hace unos días tuve conocimiento de la denuncia de una mujer de origen indígena la cual constituye la base de las presentes consideraciones. Ella dio a luz el pasado mes de agosto y –sin su consentimiento– le fue colocado un dispositivo intrauterino (DIU) por parte del personal de salud de la secretaría capitalina.

La mujer denunciante nació, creció y reside en la alcaldía de Iztapalapa. Al inicio de su embarazo, en enero de este año, recibió atención en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez de la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, a la llegada de la pandemia de Covid-19 a este país, esa unidad se reconvirtió para recibir sólo a personas afectadas por dicha enfermedad. Destaca que para las mujeres gestantes sin seguridad social de Iztapalapa y sus alrededores la única opción es la Clínica Hospital Comunitario Emiliano Zapata, ubicada en la colonia del mismo nombre.

El parto de esta mujer debió ser vía cesárea, pues desarrolló preclamsia desde la semana 35 y su hija nació a la semana 39. Antes de internarla, el personal médico le preguntó qué método anticonceptivo elegía: una operación, el implante subdérmico o el DIU. Ella respondió que ninguno y firmó un documento en el que quedó asentada esa decisión.

Debido a la complicación de su estado de salud, permaneció hospitalizada otros tres días. En ese tiempo, según lo narrado por ella, se sintió acosada por la constante insistencia para utilizar los métodos anticonceptivos que el personal le sugería. A pesar de que el DIU le fue colocado durante la cesárea sin su consentimiento, cada enfermera o enfermero de los tres turnos continuaban preguntándole qué anticonceptivo iba a utilizar, así como también el personal médico de todos los turnos. A manera de ejemplo, en una ocasión el jefe de enfermería le reiteró que podrían operarla para que ya no tuviera más hijos o hijas, a lo que ella respondió: “Que se operen los hombres”. Con asombro y molestia él replicó: “Mejor nos operamos todos, porque tú todavía puedes tener más”.

En la hoja de alta, el personal del hospital informó que le habían colocado un implante subdérmico. Ante dicha situación, ella se revisó y posteriormente un médico también la revisaría. Al no hallar este dispositivo, se sintió tranquila creyendo que fue error administrativo. Sin embargo, posterior a la cesárea tuvo un sangrado constante y dolores en el vientre. El día 38 de la cuarentena tuvo una fuerte hemorragia, la cual fue atendida por una médica particular, pero no le pudo dar un diagnóstico.

A los pocos días de concluida la cuarentena, la trabajadora social del centro de salud del pueblo donde vive, Ejidos de Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, le buscó vía telefónica para decirle que debía llevar a su hija para un chequeo del Programa Niño Sano.

Al iniciar la consulta, la médica le señaló que había habido una confusión y que la razón por la que le pedían que acudiera era para invitarla a usar los mismos métodos anticonceptivo que le insistieron en el hospital. Ella le informó sus dudas sobre la posibilidad de que tuviera un implante y acerca de las hemorragias. En ese momento le tomaron una placa de rayos X.

El diagnóstico fue que tenía colocado un DIU. Como este fue colocado de manera incorrecta, la médica no pudo extraerlo, pues no pudo llegar a donde se encuentra alojado. Así que le remitió al mismo hospital donde violaron su derecho a la libre e informada elección de un método anticonceptivo, e incluso podría necesitar otra intervención quirúrgica para retirarlo.

En aquel día esta mujer que me ha hecho llegar su denuncia, conoció en ese centro de salud a una mujer con discapacidad motriz, quien acudió a esa unidad por molestias en el vientre. Le dieron el mismo diagnóstico: un DIU mal colocado y sin su consentimiento. Hacía unos días había dado a luz también en la Clínica Hospital Comunitario Emiliano Zapata.

Desafortunadamente, no fue el único caso del que se enteró. Durante su estancia en esa clínica pudo hablar con una mujer que gritaba de dolor debido a una infección en el útero. Según le contó, no le limpiaron correctamente los restos de placenta luego de la cesárea. Por ello, ahora le tenían que extirpar ese órgano.

Como este testimonio, el Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE) ha documentado diversos casos de violencia obstétrica en el país, partiendo del hecho de que “es una forma específica de violencia contra las mujeres que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos y privados y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género”.3

En este sentido, se hace necesario que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México informe a las mujeres sobre los métodos anticonceptivos, tomando en cuenta no sólo las ventajas que éstos ofrecen, sino los efectos adversos que podrían presentar. Además de la urgencia para instruir a su personal a respetar la decisión de las mujeres respecto al método anticonceptivo que quieran utilizar.

Como se observa en el caso expuesto es menester que las autoridades correspondientes investiguen las malas prácticas quirúrgicas en que esté incurriendo el personal médico en las cesáreas o partos vaginales y sancionar a las personas responsables; así como eliminar las prácticas normalizadas de violencia verbal en contra de mujeres embarazadas o que recién dieron a luz. Pues además de que atenta contra sus derechos y dignidad, se encuentra en una situación vulnerable.

Asimismo, las unidades de salud deben eliminar toda práctica de acoso para que las mujeres elijan el método anticonceptivo que el personal quiere que sea utilizado; así como eliminar toda práctica que tenga un sesgo de clasismo contra las mujeres en situación de pobreza. La manera en la que están llevando a cabo las políticas de planificación familiar en las zonas empobrecidas de esta ciudad, da la idea de que lo que se busca no es fomentar la libre e informada decisión de las mujeres, sino que, por ser mujeres en situación de pobreza, es mejor que no se reproduzcan.

Por último, los hechos narrados denotan la importancia de implementar un programa de capacitación al personal médico en temas de género e interculturalidad para que respeten los derechos reproductivos de las mujeres. En este sentido y por lo antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a respetar y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y a atender, sancionar y erradicar la violencia obstétrica en los hospitales de la Ciudad de México, en específico en la Clínica Hospital Comunitario Emiliano Zapata.

Notas

1 Citada en: CEAV (2017). Diagnóstico sobre victimización a causa de violencia obstétrica en México, [en línea], México, p. 25. Recuperado el 29 de septiembre de 2020 de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194701/Diagno_stico_VO_port.pdf

2 Conavim (2018). ¿Sabes en qué consiste la #Violencia obstétrica?, Gobierno de México [en línea]. Recuperado el 29 de septiembre de 2020 de:

https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-en-que-consis te-la-violencia-obstetrica?idiom=es

3 GIRE. Violencia obstétrica. México. Recuperado el 30 de septiembre de 2020 de: https://gire.org.mx/violencia-obstetrica/

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de octubre de 2020.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos a hacer pública la información referente a los operativos nocturnos realizados en el último mes, a cargo del diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Francisco Javier Saldivar Camacho, diputado de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con fundamento en el artículos 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos a presentar un informe respecto a los operativos nocturnos que se han realzado recientemente en la demarcación con base en las siguientes

Consideraciones

Es lamentable saber que México está sumido en una ola de violencia y delincuencia que afecta no solamente la percepción que tiene la ciudadanía en materia de seguridad, sino también la imagen de nuestro país ante turistas e inversionistas.

Si bien la estrategia de seguridad del gobierno federal es contraria a la militarización que se utilizaba en los sexenios anteriores y planea mejorar las condiciones de seguridad para la ciudadanía, la realidad es que en lugar de disminuir la violencia y la delincuencia han aumentado y sumado a las afectaciones económicas generadas por la crisis sanitaria de Covid-19 no se descarta que empeorará.

Un claro ejemplo de esto es lo mostrado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que revela que durante el primer trimestre de este año 34.5 por ciento de la población mayor de 18 años considera que la delincuencia seguirá igual mientras que el 32 por ciento considera que empeorará en los próximos 12 meses, además de que la delincuencia es la segunda problemática identificada a nivel nacional.1

Si bien a nivel nacional la prevalencia delictiva ha ido en aumento en los últimos tres años, la Ciudad de México no se ha quedado atrás en lo que respecta a la incidencia delictiva.

En el caso de la Ciudad de México, de acuerdo a los datos registrados del año 2018 en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 la convirtieron en la entidad federativa más insegura del país y al poniente de la capital conformado por las alcaldías Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en la zona más peligrosa del país, esto debido a los altos números de prevalencia delictiva y cifra negra de delitos registrados.2

De igual modo, si bien ha habido una reducción de delitos de acuerdo a lo mostrado en el boletín estadístico de la incidencia delictiva emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el mes de agosto donde se han registrado 16 mil 846 delitos, es decir un promedio de 543 delitos diarios, de los cuales la mayoría se han registrado en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero no se descarta que una vez que se normalicen las actividades los delitos aumenten.3

En lo que respecta a la alcaldía de Cuajimalpa la situación no es nada distinta, ya que a pesar de que se han adquirido más patrullas para reforzar la seguridad de los habitantes de esa demarcación, la realidad es que poco a poco la delincuencia ha avanzado hasta el grado de que los delincuentes no respeten sexo, edad y horario como en los recientes asaltos en el parque “La Mexicana” a plena luz del día y el edificio Downtown Santa fe denunciados por vecinos de esa alcaldía en redes sociales.

Esto muestra que a pesar de que esa demarcación fue catalogada en 2019 como una de las más seguras de todo el país, la realidad es que aún hay inseguridad ya que en el primer trimestre de este año 47.5 por ciento de la población mayor de 18 años que habita en esa alcaldía considera que vive insegura de acuerdo a la ENSU, lo cual se refleja en los 270 delitos registrados en agosto de este año en el boletín estadístico de la incidencia delictiva.

Cabe destacar que ante esta situación el alcalde de esa demarcación ha decidido solicitar más recursos al Congreso de la Ciudad para invertirlos en materia de seguridad además de realizar operativos nocturnos para poder reforzar la seguridad, sin embargo, aunado a la exigencia de más seguridad se han acumulado una serie de quejas en contra de estos operativos nocturnos por parte de los habitantes debido a que las patrullas llevan la sirena encendida a altas horas de la noche mientras recorren las calles.

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien una de las obligaciones de los gobiernos es brindar seguridad a la ciudadanía también es una de sus obligaciones dar resultados y mantener a la ciudadanía informada, de ahí que es indispensable que el titular de la alcaldía de Cuajimalpa presente un informe de los resultados de estos operativos y de igual manera supervise que los elementos policiacos no tengan encendida la sirena de las patrullas a altas horas de la noche mientras hacen sus recorridos.

Al mismo tiempo, es importante que se disminuyan los índices de inseguridad ya que con ello se puede mejorar la imagen que el mundo tiene de nuestro país logrando atraer más inversiones y turismo que a largo plazo permitirá el desarrollo de nuestra economía y para ello también es indispensable fortalecer el estado de derecho.

Dicho en otras palabras, siempre y cuando las situaciones de violencia, impunidad y corrupción que afectan a millones de mexicanos prevalezcan no se podrá garantizar el cumplimiento de la ley, de ahí que es necesario fortalecer a las instituciones públicas con la finalidad de superar los retos que enfrenta nuestro país en materia de corrupción y justicia.

Es por ello que ante mi compromiso con los cuajimalpenses y producto de una solicitud formal de las y los vecinos de la Alcaldía y como parte de mi labor como representante popular es que ingreso esta proposición con punto de acuerdo para atender a sus demandas, entendiendo que la seguridad de nuestro habitantes, es un tema prioritario.

Es por lo anterior que someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos para que haga pública la información referente a los operativos nocturnos que se han estado realizado en el último mes, dentro de la demarcación, en la que se detalle:

a) Horarios de realización.

b) Número de elementos de seguridad participantes.

c) Número de patrullas que circulan en la demarcación y que circulan con las torretas encendidas durante el recorrido.

d) Logística y finalidad.

e) Número de operativos realizados.

f) Calles dónde se realizan o se han realizado los operativos.

g) Número de personas detenidas en flagrancia y consignadas al ministerio público o juez cívico.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2020_marzo_presentacion_ejecutiva.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf

3 https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2020/08-boletin-agosto-2020.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de octubre de 2020.

Diputado Francisco Javier Saldivar Camacho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conapesca a establecer un diálogo con la SHCP y reconsiderar la aplicación de estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel utilizados en el sector pesquero, a cargo del diputado Carlos Enrique Martínez Aké, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Carlos Enrique Martínez Aké, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. México es privilegiado por la amplia variedad de ecosistemas y su acceso a vías marinas como ríos, lagos y océanos, esta última distribuida en la región del Océano Pacífico (incluyendo los Golfo de California y Tehuantepec) y en el Océano Atlántico (con el Golfo de México y el Mar Caribe), a su vez el Golfo de México contiene al Golfo de Campeche; lo anterior da lugar a una amplia variedad de ecosistemas y de especies, así como procesos ecológicos. Nuestro país tiene las condiciones climáticas y territoriales idóneas para el acceso a una gran variedad de peces como el atún, la mojarra y el camarón.

El atún y camarón se encuentran en todas las costas de nuestro país siendo los principales productos a nivel nacional, también destacan el pulpo, langosta, sardina, guachinango o el robalo entre otras especies.

Por otro lado, es importante destacar que, la pesca se realiza en mares, lagos, ríos y lagunas, a diferencia de la acuicultura, la cual se caracteriza por la cría de especies en ambientes controlados, como estanques o piscinas, principalmente en entidades alejadas del mar.

A pesar del potencial pesquero, las familias mexicanas destinan únicamente 2.8 de su gasto a la compra de alimentos pesqueros.

Segunda. De acuerdo con los censos económicos de 2019, del Inegi, en el territorio nacional hay 23 mil 293 establecimientos dedicados a las actividades pesqueras y acuícolas. Se estima que a escala nacional 213 mil 246 personas trabajan en esta industria.

Comparada con otros sectores de la economía, la actividad pesquera ocupa el quinto lugar por el número de personas que trabajan en ella; en esta industria, el número de hombres es mayor que el de mujeres, 12 por ciento mujeres, 88 hombres.

En particular, Campeche es el séptimo lugar en producción, con 3 mil 851 establecimientos dedicados a dicho sector y una producción total registrada de 69 mil 26 toneladas, de las cuales 95 por ciento (65 mil 792) son captura siendo el pulpo, camarón, robalo y mojarra sus principales pesquerías.

Tercera. De acuerdo con la información de Pemex, el diésel marino especial es un combustible utilizado en procesos de combustión para la propulsión de las embarcaciones dedicadas a las actividades de la marina mercante (de altura o para cruceros turísticos), las cuales requieren para su funcionamiento dos tipos de combustibles: 1. Diesel Marino: para los equipos auxiliares (bombas y generación), 2. Intermedios o IFO: para máquina principal o de propulsión. 3. Combustible para embarcaciones. En promedio 45 mil litros de diésel requieren cada embarcación camaronera para salir al primer viaje.

Con el objetivo de fomentar la producción y capacidades competitivas de la pesca, el gobierno federal ha sido participe a través de subsidios de dicho combustible.

Cuarta. Debemos recordar que, el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2, en su artículo primero numeral II “solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales:

b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal;

c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos,

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece en su artículo 17, fracción I, que “el Estado mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son sustento de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas”.

De igual forma, la pesca naturalmente forma parte de la industria de alimentos y genera un impacto directo en los mercados de alimentos.

Quinta. El 29 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020, el cual informa que los porcentajes de los estímulos fiscales aplicables en todo el territorio nacional, en el mes de junio del presente año, serán del 00.00 por ciento; es decir, serán suprimidos. Entre las causas que motivan esta decisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destaca las siguientes:

De acuerdo con los “Pre-Criterios 2021” de política económica, uno de los retos de las finanzas públicas en México durante 2020 y 2021, será la caída de los ingresos presupuestarios con respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020;

El mecanismo de estímulos fiscales a la gasolina ribereña y el diésel pesquero de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es ineficiente, pues los beneficiarios son las unidades económicas, atendiendo, entre otros criterios, al tamaño de las embarcaciones o las instalaciones de producción, por lo que no siempre benefician directamente a los pescadores o acuicultores de menores recursos.

Los precios bajos en el mercado internacional del crudo han generado una reducción en los precios de las gasolinas y el diésel, por lo que se ha reducido el diferencial de precios con los Estados Unidos, principalmente.

El gobierno de México reorienta los apoyos otorgados a diversos sectores de la población con el fin de mejorar su focalización en beneficio de la población que menos recursos tiene; en este sentido, mediante el Programa de Fomento de la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en 2019, se estableció el Subcomponente Bienpesca, a efecto de brindar apoyo económico directo para pescadores ribereños, de aguas continentales, tripulantes de embarcaciones mayores y trabajadores operativos de unidades de producción acuícolas, ligados a unidades económicas pesqueras y acuícolas activas e inscritas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura;

Asimismo, en 2020, mediante el Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, se estableció el Componente Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores, dirigido a pequeños productores pesqueros/acuícolas inscritos en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura, consistente en un apoyo directo de 7 mil 200 pesos por beneficiario, que es entregado en una o más ministraciones;

En consecuencia, es necesario reducir los porcentajes de los estímulos fiscales aplicables en todo el territorio nacional a la gasolina menor de 91 octanos (Magna) y el diésel para uso en el sector pesquero, en tanto las condiciones enumeradas prevalezcan.

Sexta. Es de suma importancia cuidar las fuentes naturales que abastecen la pesca nacional, es así como se utilizan las vedas espacio-temporales, siendo una medida de manejo y administración que contribuyen al aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros, ordenando las actividades de las personas que intervienen en ella y estableciendo las condiciones en que deberán realizarse las operaciones pesqueras.

En pleno uso de sus facultades, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2020 el “acuerdo por el que se modifica por segunda ocasión el similar por el que se establecen las épocas y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe para el 2020”, destacando el numeral II del artículo primero estableciendo la veda de las 00:00 horas del 1 de junio de 2020 y hasta las 24:00 horas del 30 de septiembre de 2020, en la franja costera frente a Campeche y Tabasco.

El impacto de la crisis económica desatada por la pandemia ha mermado las actividades alternas de los empleados del sector pesquero. Con el término de la veda, las actividades marítimas inician sus trabajos, la medida de retirar el subsidio afecta significativamente a la flota pesquera del estado de Campeche agudizando la problemática social, además de contraponer los acuerdos emitidos por el Ejecutivo y desincentiva la actividad económica local.

Para dar cumplimiento con el objetivo establecido para la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Ejecutivo Federal en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que con base en el artículo 5o, segundo párrafo de la Ley de Energía para el Campo, deben analizar las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional para la aplicación de estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel utilizados en el sector pesquero y agropecuarios.

Por las razones expuestas someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a buscar en función de sus atribuciones un diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reconsiderar la publicación de un nuevo acuerdo que prevea la aplicación de estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel utilizados en el sector pesquero.

Notas

Mares Mexicanos: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mares-mexicanos

Inegi:
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/pesca/default.aspx?tema=E

Pemex
https://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/refinados/diesel-marino-especial.aspx

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/ 2020&print=true

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594050&fecha=29/05/2020

Acuerdo por el que se establecen las épocas y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe para el 2020:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592547&fecha=30/04/2020

Pesca de Camarón en Ciudad del Carmen en Incertidumbre: https://www.poresto.net/campeche/2020/9/1/pesca-de-camaron-en-ciudad-de l-carmen-en-incertidumbre-por-precio-del-diesel-marino-7675.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2020.

Diputado Carlos Enrique Martínez Aké (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Zacatecas a reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, a fin de restringir la venta de comida chatarra a menores, a cargo de la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Jacquelina Martínez Juárez , diputada de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso del estado de Zacatecas a fin de reformar la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes para restringir la venta de comida chatarra a menores , conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Las cifras de obesidad que existe en México siguen ocupando los primeros lugares a nivel mundial: 33 por ciento de los mexicanos económicamente activos son obesos y casi 58 por ciento de la población no practica ejercicio; el presupuesto público para la prevención del sobrepeso, obesidad y diabetes para este año se redujo 2.4 por ciento.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 el Programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, de la Secretaría de Salud, recibiría 519 millones 841 mil 453 pesos; lo que significó una reducción de 2.4 por ciento, luego de asignarle en 2019 más de 533 millones de pesos.

En su más reciente reporte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 57.9 por ciento de los mexicanos de 18 años y más es inactivo físicamente por múltiples razones, desde la falta de tiempo hasta pereza, según encuesta anual.

El porcentaje para el año pasado sigue siendo muy similar al de 2018, cuando 58.3 por ciento de la población declaró no hacer ejercicio físico, de acuerdo con los resultados del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico realizado por dicho instituto, cifras preocupantes para obtener beneficios a la salud que son necesarios, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En semanas pasadas, el Congreso del estado de Oaxaca aprobó la reforma para prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad.

Es claro que, aunque el comportamiento de la Covid-19 en cada persona es diferente, también lo es que México padece una epidemia de diabetes y obesidad que hace a su población doblemente vulnerable a esta pandemia.

México es el primer consumidor de refrescos a escala mundial, con 163 litros por persona al año, un consumo un 40 por ciento mayor que el estadounidense promedio, según un estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con unos 10 millones de diabéticos -número que va en ascenso debido a que un 73 por ciento de la población adulta tiene problemas de obesidad y sobrepeso.1

A finales del año pasado, aprobamos el etiquetado de alimentos “chatarra”, altos en azúcares, sodio, y grasas saturadas, una medida que también fue apoyada en Senado, a la cual aún le falta aún ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor.

Es necesario que todos nos sumemos a esta práctica de re-educación alimentaria para nuestras niñas, niños y adolescentes, ya que es la etapa en la que se definen las preferencias alimenticias.

No se trata de una prohibición total, sino de un acceso a la “comida chatarra” más estricto, más restringido. Se trata de equilibrar y cuidar la alimentación de los niños, mediante hábitos que se adquieren desde pequeños. Y esto es algo en el que debemos involucrarnos todos, crear una conciencia en los padres de los niños y por nuestra parte crear políticas públicas que permitan tener un mayor control para el apoyo de este proceso.

En nuestro país, 3 de cada 10 niños padecen obesidad, lo cual es una de las principales causas de la diabetes, y México hasta 2019 ocupaba el sexto lugar a nivel mundial de este padecimiento.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de 2019, la diabetes es la segunda causa de más muertes a nivel nacional y se estima que para el año 2045, habrá más de 20 millones de mexicanos con esta condición crónica.

Y, aunque Zacatecas no se encuentre entre los estados con mayor índice de diabetes infantil, es el momento oportuno de unirnos a quienes ya han legislado en esta materia y así fomentar y forjar la cultura de una correcta alimentación para nuestros niños que son el futuro de mañana.

Es por eso, que, siendo un asunto de salud pública, pido su apoyo para para aprobar este punto de acuerdo en beneficio de las y los mexicanos, pero sobre todo de las generaciones futuras:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Congreso del estado de Zacatecas a fin de que se reforme la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del estado para restringir la venta de comida chatarra a menores.

Nota

1 Dw.com, 20 de agosto de 2020, México le declara la guerra a la obesidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de octubre del 2020.

Diputada Jacquelina Martínez Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a autorizar la creación de una comisión especial sobre la conmemoración de los 200 años del establecimiento de la Secretaría de Marina-Armada de México, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Manuel Huerta Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete para su urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El 4 de octubre de 1821, tras conseguir su Independencia, México sentó las bases de la Secretaría de Marina-Armada de México, con la creación del primer Ministerio de Guerra y Marina, bajo el mando del teniente de Navío Antonio de Medina.

El 24 de abril de 1822, el Congreso informaba que se había producido la exitosa llegada de la goleta imperial de guerra “Iguala”, al puerto de Alvarado, Veracruz, misma que fue adquirida a Estados Unidos de América y conducida a México, al mando del teniente coronel John Davis Bradburn, siendo el primer buque de la Armada que enarboló el pabellón tricolor del México Independiente y con el que se inició la formación de la Marina de Guerra Nacional.

El 23 de noviembre de 1825, tras el creciente fortalecimiento de la Armada, el capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, al mando de la primera Escuadrilla Naval Mexicana, puso de manifiesto que con una estrategia naval era posible la capitulación de las últimas fuerzas españolas acantonadas en la fortaleza de San Juan de Ulúa, consolidándose así la Independencia Nacional.

Entre 1825 y 1867, México enfrentó varias intervenciones extranjeras, entre ellas, las dos más importantes son:

En 1838, fuerzas francesas atacaron el territorio mexicano. La Fuerza Naval del país les hizo frente desde el castillo de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, destacando en la defensa el capitán Blas Godínez Brito.

En la guerra entre México y Estados Unidos, de 1846 a 1848, sobresalieron por su participación y valor en la defensa del puerto de Veracruz, el primer teniente Sebastián Holzinger y el capitán Tomás Marín.

En la segunda invasión norteamericana, los cadetes de la Escuela Naval, comandados por el comodoro Manuel Azueta, participaron con el pueblo veracruzano en la defensa del puerto de Veracruz, el 21 de abril de 1914, acción en la que perdieron la vida el teniente José Azueta Abad y el cadete Virgilio Uribe Robles.

La Constitución Política, promulgada el 5 de febrero de 1917, estableció en su artículo 32 el requisito de ser mexicano por nacimiento para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra. Esta misma calidad se estableció para los capitanes, pilotos, patrones y primeros maquinistas de los buques mercantes mexicanos, así como dos terceras partes de la tripulación.

El 1 de junio de 1917, zarpó del puerto de Veracruz el buque mercante mexicano “Tabasco”, con toda su tripulación compuesta por mexicanos, teniendo al mando al capitán de altura don Rafael Izaguirre Castañares. Este hecho histórico dio lugar a la celebración anual del Día de la Marina Nacional, para rendir homenaje a las personas que se desempeñan en el ámbito marítimo.

En 1939 se estableció el Departamento de Marina Nacional, hasta entonces dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, para fortalecer al sector marítimo del país.

Posteriormente, el 31 de diciembre de 1940, se elevó a secretaría de Estado, creándose la Secretaría de Marina, siendo su primer titular el general de división Heriberto Jara Corona.

Secretaría de Estado de la administración pública federal, encargada de generar las condiciones de seguridad y estabilidad que contribuyan al desarrollo marítimo nacional, a través del despacho de los siguientes asuntos:

• Dirigir la educación naval.

• Organizar, administrar y preparar a la Armada de México.

• Vigilar, visitar e inspeccionar las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios.

• Ejercer la Autoridad Marítima Nacional, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias en las materias siguientes:

- Administrar todas las Capitanías de Puerto.

- Garantizar la seguridad y protección marítima y portuaria.

- Vigilar el cumplimiento de las leyes nacionales y lineamientos internacionales.

- Impulsar el desarrollo del sector marítimo nacional.

• Proteger el medio marino.

• Ejercer funciones de Guardia Costera a través de la Armada.

• Realizar investigación científica y tecnológica en las ciencias marítimas.

• Impulsar la industria naval.

• Ejecutar los trabajos hidrográficos de costas e islas.

• Organizar el archivo de cartas marítimas e integrar el archivo de información oceanográfica nacional, y

• Prevenir y apoyar a la población en zonas de desastre y ayuda humanitaria, a través del Plan Marina.

Para la Secretaría de Marina, su prioridad es promover, proteger y respetar los derechos humanos; su actuar se basa en valores; en igualdad laboral, equidad de género y no discriminación; su prioridad son las y los mexicanos.

El recurso humano constituye el activo más importante de la Secretaría de Marina y como tal, su adecuado desempeño es esencial en las operaciones que cotidianamente realiza para el cumplimiento de su misión; por ello, la educación se considera el principal medio para el desarrollo y evolución del personal naval, lo cual la convierte en el eje rector de la organización.

La Secretaría de Marina contribuye al desarrollo marítimo nacional, a través del impulso a la protección y seguridad marítima y portuaria, la industria naval, la investigación científica marina y la protección al medio marino.

En el afán de incrementar la seguridad y protección marítima, el Ejecutivo federal trasfirió atribuciones a la Secretaría de Marina para ejercer la autoridad marítima nacional, con la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los instrumentos internacionales, acuerdos regionales y la legislación nacional en asuntos marítimos.

Derivado de lo anterior, a partir del 17 de junio de 2017, se ejerce esta autoridad mediante el binomio compuesto por las atribuciones de las Capitanías de Puerto y los medios operativos con los cuales la Armada de México ejerce las funciones de Guardia Costera.

La Secretaría de Marina diseña exitosamente patrullas oceánicas, costeras y buques de aprovechamiento logístico, en pro del Estado mexicano.

Adicionalmente, la Semar cuenta con seis buques de investigación, los cuales son una plataforma de trabajo para el quehacer oceanográfico, además de apoyar programas y contingencias ambientales en las zonas costeras, cuenta con un centro de alertas de tsunamis, el cual opera durante las 24 horas del día los 365 días del año, para difundir información oportuna sobre la generación de tsunamis lejanos, regionales y locales, que afecten las costas del territorio nacional, y que permita salvar y reducir la pérdida de vidas y bienes materiales.

Cuenta con un sistema de salud que proporciona atención médica para el bienestar permanente del personal naval y sus derechohabientes.

La Armada de México es un componente operativo de la Secretaría de Marina.

Institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es “emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país”.

• Como Guardia Costera, se enfoca en mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas y la salvaguarda de la vida humana en la mar.

EI 19 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma a las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal y de la Armada de México, sustituyendo la función de Policía Marítima por la de Guardia Costera; término reconocido en el ámbito del derecho internacional.

Debido a lo anterior, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, tiene presencia en el Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva, al realizar operaciones diferentes a las de guerra, utilizando medios navales para el mantenimiento del Estado de derecho y el cumplimiento del orden jurídico nacional en zonas marinas, costas y recintos portuarios.

Las operaciones anteriores, incluyen pero no se limitan, a:

• La búsqueda y rescate;

• Protección del tráfico marítimo y al medio marino;

• Acciones de vigilancia, verificación, visita e inspección a las embarcaciones tanto nacionales como extranjeras en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios;

• Así como, auxilio a la población en zonas de desastre y ayuda humanitaria.

Cada mando naval cuenta con unidades operativas adecuadas para el cumplimiento de sus funciones, entre las cuales podemos citar:

• Buques de patrulla oceánica, de patrulla costera y patrullas interceptoras;

• Aeronaves de patrulla aérea marítima;

• Helicópteros de búsqueda y rescate, intercepción y apoyo a operaciones terrestres;

• Estaciones navales de búsqueda, rescate y vigilancia marítima;

• Batallones de Infantería de Marina; y

• Unidades de Protección Marítima y Portuaria.

Cuenta con buques de investigación, designados para el quehacer oceanográfico, hidrográfico y meteorológico; además de apoyar en programas y contingencias ambientales en las zonas costeras. Las actividades de investigación se realizan en ambos litorales del país, en coordinación con diferentes entidades del gobierno federal, instituciones educativas y centros de investigación.

La Secretaría de Marina hace uso de todos sus recursos, para consolidarse como una institución que contribuya a alcanzar las condiciones de paz y seguridad en las zonas marinas mexicanas, para favorecer la prosperidad y el bienestar de la nación.

De esta manera, servir a México seguirá siendo prioridad para quienes integramos la Secretaría de Marina-Armada de México, en concordancia con nuestros valores fundamentales: honor, deber, lealtad y patriotismo.

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se crea la Comisión Especial para conmemorar los 200 años de la creación de la Secretaría de Marina Armada de México.

Segundo.- El objeto de la Comisión Especial será el de definir y organizar actividades como: ediciones especiales, encuentros de historiadores, intelectuales y cronistas; difusión masiva, lecturas públicas, exposiciones artísticas y demás similares, en torno a la creación de la Secretaría de Marina Armada de México.

Tercero.- La Comisión Especial estará integrada por cinco diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, con un presidente y tres secretarios. La Junta de Coordinación Política determinará la integración correspondiente.

Cuarto.- La Comisión Especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.

Quinto.- La Comisión Especial tendrá vigencia desde la aprobación de su creación y hasta el 30 de agosto de 2021, debiendo entregar un informe final de actividades y resultados.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de octubre de 2020.

Diputado Manuel Huerta Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales a implantar y fortalecer campañas de toma de conciencia, adopción, tenencia responsable y esterilización de perros y gatos para combatir la sobrepoblación e investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de envenenar a esos animales de la calle, a cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Ariel Rodríguez Vázquez, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que a través de las autoridades competentes implementen y fortalezcan campañas de concientización, adopción, tenencia responsable y esterilización de perros y gatos a fin de combatir la sobrepoblación de estos animales así como para que investiguen y, en su caso, sancionen a los responsables de envenenar a perros y gatos de la calle, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con Boehringer Ingelheim Animal Health , México es el país latinoamericano que más perros callejeros tiene pues alrededor de 70 por ciento de todos los perros que existen en nuestro país, son callejeros.1 Es importante resaltar que 75 por ciento de los caninos en dicha condición no han recibido alguna vacuna o desparasitación en su vida.2

De acuerdo con la empresa Parametría, en nuestro país existen 23 millones de perros y gatos, de los cuales, sólo 30 por ciento son tutelados por algún ser humano.3

Lamentablemente, algunas personas consideran que la solución a la sobrepoblación de estos animales se encuentra en el envenenamiento, en consecuencia, durante los últimos años se han registrado múltiples casos de envenenamiento en todo el país. En las siguientes líneas se citarán algunos casos de probable emponzoñamiento de perros y gatos.

De acuerdo con la asociación Kn Proyecto , el 2 de julio de 2020, en Ciudad Victoria, Tamaulipas se registró un envenenamiento masivo en el que murieron al menos diez perros y gatos.4

Mientras que en el municipio de Valle de Bravo, en el estado de México, la Coordinación de Protección Civil y la Dirección de Ecología de Valle de Bravo registraron el 15 de julio de 2020 un envenenamiento de diez mascotas en la unidad seportiva de Monte Alto.5

El pasado 19 de julio de 2020, en una loma del municipio de Mineral de Pozos en Guanajuato se encontraron a más de 20 perros muertos entre los cuales se encontraba “Zeus” perteneciente a la unidad K9 de la Policía Municipal.6 Tan sólo tres días después, es decir, el 22 de julio del presente año, en el mismo municipio, la Dirección de Protección al Ambiente encontró a 17 caninos muertos. Los pobladores del lugar denunciaron que los perros perdieron la vida por emponzoñamiento.7 Además, los habitantes apuntaron que esta problemática no es reciente, ya que lleva años ocurriendo.8

En tanto que, a principios de diciembre de 2019, habitantes de Irapuato, Guanajuato, denunciaron que al menos tres perros de la calle comenzaron a morir súbitamente a consecuencia de lo que el veterinario local catalogó como un “veneno muy fuerte que se llama el negro, que en 5 minutos les deshace los intestinos y mueren rápido.”9

Cabe mencionar que en 2018 se registraron diversos casos de envenenamiento animal en León, Guanajuato. Específicamente, en el parque del fraccionamiento Real del Bosque II y en la colonia El Rosario se han denunciado al menos 13 casos de perros que perdieron la vida después de haber ingerido comida envenenada. De acuerdo con Margarita López Mondragón, integrante de la asociación No Maltrato a los Animales, Kiara, una perra pastor alemán, perdió la vida por comer alimento envenenado:

“Esta es la segunda vez que sucede en el Parque de Real del Bosque II y se extiende hasta El Rosario, con Kiara ya van 13 perros asesinados y muchos pajaritos que bajan a comer también. Obviamente las autoridades sin hacer nada como siempre”.10

Según López Mondragón, con la realización de esta práctica, se pone en grave riesgo a los seres humanos, específicamente a niños y niñas, pues pudiesen resultar también envenenados.11

Solución a la sobrepoblación de perros y gatos callejeros

Gabriela Ramírez Díaz, consultora externa del hospital veterinario de la Universidad de Guadalajara (U de G), señala que parte de la problemática de la sobrepoblación de perros y gatos callejeros, radica en que las hembras tienen embarazos, aproximadamente, cada periodo de celo, es decir cada seis meses. En cada periodo nacen al menos cuatro cachorros. Textualmente Ramírez señala que:

“Es bastante sencillo que una perrita se embarace, es cíclico, cada seis meses más o menos, un poco más menos, en cuestión de periodos, una perra puede entrar en celo. Entonces generalmente una perra no tiene una camada menor de cuatro cachorros, ese sería el promedio.”12

Por otro lado, la tesis Campaña de concientización pro adopción de perros callejeros en el sector de Miraflores de la ciudad de Guayaquil, realizada por el licenciado Freddy Xavier Pérez Benalcázar de la Universidad de Guayaquil, la sobrepoblación de perros callejeros se debe a la no adopción de perros callejeros, a la ausencia de tenencia responsable de animales de compañía así como a la no esterilización. A la letra Pérez resalta lo siguiente:

“Los motivos de la sobrepoblación de perros son debido a que la hembra cada 6 meses tiene su celo y en cada ciclo de apareamiento estas pueden tener hasta 12 cachorros, y en “10 años crecer en 85 por ciento ”. Por esta razón es necesario realizar una campaña de concientización en pro de la adopción de perros callejeros en el sector de Miraflores, sitio que hasta la fecha no se ha tomado en cuenta para captar nuevos aspectos con la tenencia responsable de mascotas de compañía . En muchos sectores de la ciudad de Guayaquil ya se han realizado varias campañas para las adopciones de estos animalitos, en los sectores populares que es en donde la presencia de perros abandonados es bastante grande. (...)

La falta de interés de no esterilizarlos hace que en el país y en ciudades grandes como lo es Guayaquil se presente una sobrepoblación de esta especie. ”13

De igual manera, es imperante señalar que Pérez Benalcázar sugiere soluciones conjuntas dentro de las que resaltan campañas de vacunación y esterilización y fortalecimiento de la legislación vigente. Pérez apunta lo siguiente:

“Las soluciones conjuntas que se pretenden pueden incluir campañas de iluminación para dueños de mascotas, leyes específicas, programas de vacunación y esterilización, así como el registro y la reubicación de perros, y también pueden ser una combinación de todos estos esfuerzos.”

Marco jurídico

Actualmente, en distintas entidades federativas se sanciona el maltrato animal. A continuación, se analizará brevemente la legislación de Guanajuato, Tamaulipas y estado de México.

El Código Penal de Guanajuato contempla las sanciones referentes a la mutilación y muerte dolosa de un animal vertebrado con multas y jornadas a favor de la comunidad. El capítulo IV Delitos contra la vida y la integridad de los animales, del Código Penal Guanajuatense establece lo siguiente:

“Capítulo IV
Delitos contra la vida y la integridad de los animales

Artículo 297. Al que dolosamente cause la muerte de un animal vertebrado, se le impondrá de diez a cien días multa y de sesenta a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 298. Al que dolosamente cause la mutilación orgánicamente grave de un animal vertebrado, se le impondrá de cinco a cincuenta días multa y de treinta a noventa jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 299. Son excluyentes de responsabilidad de lo dispuesto en los artículos anteriores:

I. La muerte o mutilación de un animal vertebrado resultado de actividades lícitas.

II. La muerte o mutilación de un animal vertebrado que constituya plaga.

III. La muerte o mutilación de un animal vertebrado por causa justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos técnicos de la materia.

IV. El sacrificio de un animal vertebrado para consumo humano.”14

En el caso del estado de Tamaulipas, la legislación penal local establece sanciones mucho más fuertes que las del estado de Guanajuato para aquellos individuos que maltraten, torturen o provoquen la muerte de un animal. En dicha entidad se castiga hasta con dos años de cárcel a aquellos individuos que realicen dichas conductas. En las líneas siguientes se citan los artículos 467, 468 y 469 del Código Penal de Tamaulipas.

“Artículo 467. Comete el delito de privación de la vida, lesiones, malos tratos, crueldad o tortura contra cualquier especie animal, quien ejecute una o varias de esas conductas, sin fines deportivos, científicos, o bien sin contar con autorización legal de la autoridad competente, y se le sancionará conforme a lo dispuesto por el artículo 469 del presente Código.

Artículo 468. Son considerados actos de crueldad o tortura , además de los establecidos en la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, los siguientes:

I. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice con motivo de evitarle sufrimientos mayores al animal;

II. Intervenir quirúrgicamente a animales sin anestesia, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada;

III. Experimentar con animales pudiendo utilizar otros métodos para obtener el resultado deseado o se utilicen animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza del protocolo de investigación;

IV. Exponer al animal a riesgos que amenacen su integridad física o la de terceras personas;

V. Lastimar o arrollar animales intencionalmente, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el ánimo de perversidad o diversión;

VI. Realizar actos privados de riñas de animales y cualquier acción o espectáculo en que se mate, hiera u hostilice a los animales, salvo el caso de espectáculos debidamente autorizados y que utilicen animales permitidos de conformidad a las leyes generales y locales;

VII. Provocar la muerte por cualquier medio a un animal, sin respetar las disposiciones normativas aplicables en los casos de rastros y lugares destinados al sacrificio de animales por cuestiones alimentarias, sanitarias o de otro tipo que se encuentre debidamente regulada.

En el caso de veterinarios o personas que tengan a su cuidado refugios de animales domésticos que incurran en alguna de las conductas consideradas como maltrato animal, la autoridad judicial ordenará la suspensión de su licencia para ejercer la actividad relativa hasta por dos años, y en caso de reincidencia hasta por cinco años o de manera definitiva.

Artículo 469. Quien incurra en conductas que pongan en peligro a un animal de cualquier especie que no constituya plaga ni se encuentre considerada como riesgo para la salud del hombre, que deriven en maltrato, tortura y/o provocándole la muerte, se le impondrá de dos meses a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, los cuales podrán ser puestos bajo los cuidados de las Asociaciones protectoras de animales debidamente registradas que lo soliciten, hasta en tanto se determine su destino legal.

En el caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá por métodos que provoquen una muerte no inmediata las que prolonguen la agonía del animal, ya sea por las lesiones que provoca o el detrimento de la salud del animal.”15

Asimismo, es menester resaltar que el Honorable Congreso del Estado de México publicó en 2006, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el Código para la Biodiversidad del Estado de México.

Dicho ordenamiento contempla una legislación robusta y completa en relación con el trato digno y respetuoso hacia los animales. Este Código establece sanciones para todos aquellos individuos que causen a un animal: la muerte prolongando agonía o sufrimiento innecesario, mutilaciones, dolor, tortura, privación de aire, agua, luz y alojamiento, entre otras conductas más. Textualmente dicho Código establece lo siguiente:

“Capítulo VII
Del Trato Digno y Respetuoso A Los Animales

Artículo 6.22. Toda persona, física o jurídica colectiva tiene la obligación de brindar un trato digno y respetuoso a cualquier animal.

Artículo 6.23. Se consideran actos de crueldad y maltrato doloso o culposo que deben ser sancionados conforme lo establecido en el presente Libro y demás ordenamientos jurídicos aplicables los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, intencional o imprudencialmente provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos:

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento innecesario ;

II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas y en las normas técnicas estatales;

III. Cualquier mutilación orgánica grave , alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos ‘naturales que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un médico veterinario zootecnista con cédula profesional;

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor o sufrimiento considerable y poner en peligro la vida o salud del animal o que afecten el bienestar del mismo;

V. Descuidar la morada y las condiciones de movilidad, higiene y albergue de un animal al grado de que se le pueda causar un exceso de sed, insolación, dolores considerables, lesiones o se atenté contra su salud por no aplicar en su caso con toda oportunidad sistemáticamente las vacunas correspondientes y desparasitaciones conforme a las especificaciones médicas veterinarias establecidas;

VI. Torturar, golpear o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia grave;

VII. No brindarles atención médica cuando lo requieran o lo determinen las condiciones para la salud y el bienestar animal;

VIII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las peleas provocadas de esa forma un espectáculo público o privado;

IX. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio y abrigo contra la intemperie, cuidados médicos, alojamiento adecuado y que acorde a su especie le cause o pueda causar un daño a la vida del animal;

X. El abandono deliberado de los animales en la vía pública por períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares;

XI. La destrucción injustificada de los huevos de las especies con un fin distinto al consumo;

XII. El no recoger y retirar las heces fecales de sus mascotas en lugares públicos y el no depositarias en lugares adecuados; y

XIII. Las demás que establezcan el presente Libro y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo

6.24. Queda prohibido por cualquier motivo:

I. La utilización de animales en protestas, marchas, plantones o en cualquier otro acto análogo provocando un sufrimiento o maltrato innecesario;

II. El uso de animales vivos como instrumento de entrenamiento en animales de guardia, de ataque o como medio para verificar su agresividad salvo en la cetrería y en el entrenamiento de animales para fines cinegéticos siempre y cuando medie autoridad competente, asociaciones autorizadas o profesionales certificados en la materia;

III. El obsequio, distribución o venta de animales vivos para fines de propaganda política y como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas y loterías;

IV. La venta de animales vivos a menores de catorce años de edad si no están acompañados por una persona mayor de edad quien se responsabilice ante el vendedor por el menor de la adecuada subsistencia, trato digno y respetuoso para el bienestar del animal;

V. La venta de animales en la vía pública;

VI. La venta de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y en cualquier otro establecimiento cuyo giro comercial autorizado sea diferente al de la venta de animales;

VII. Celebrar espectáculos con animales en la vía pública sin previa autorización de las autoridades competentes;

VIII. La celebración de peleas entre animales, así como facilitar inmuebles aún a título gratuito para que tengan lugar dichos combates quedando estrictamente prohibidas las peleas de perros y entre cualquier mamífero, peces o aves;

IX. Hacer ingerir bebidas alcohólicas o suministrar drogas sin fines terapéuticos a un animal;

X . El adiestramiento de perros de guardia y protección en áreas comunes o en lugares en los que se atente contra la integridad física o salud de las personas u otros animales;

XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas que no estén hechas para ese uso y para fines distintos al uso agrícola;

XII. La comercialización de animales enfermos con lesiones, traumatismos, fracturas o heridas;

XIII. El uso de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan afectar el bienestar animal;

XIV. El ofrecimiento de cualquier clase de alimento u objetos a los animales en los centros zoológicos o espectáculos públicos o en cualquier otra situación cuya ingestión pueda causarles daño físico, enfermedad o muerte; y

XV. El trafico ilegal de cualquier especie animal doméstica.

Quedan exceptuadas de sanción las charreadas, lidia de toros, novillos o becerros y el adiestramiento de animales de seguridad y guardia con fines cinegéticos o de rescate y otras actividades contenidas en el presente Libro siempre que no se realicen en lugares ex profesos para cada actividad en particular las que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las leyes reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

(...)

Artículo 6.93. Las infracciones cometidas por la violación de las disposiciones del presente Libro se aplicarán conforme a lo siguiente:

I. Multa de uno a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en el Estado contra quien por segunda ocasión realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior o por violaciones a lo dispuesto por los artículos 6.24 fracción VII, 6.33, 6.34, 6.40, 6.56, 6.66, 6.70 y 6.72 del presente Libro;

II . Multa de ciento cincuenta a mil días de salario mínimo vigente en el Estado por las violaciones a lo dispuesto por los artículos 6.5, 6.24 fracciones III, VI, VIII, IX y X, 6.37 tercer párrafo, 6.38, 6.67, 6.68 y 6.78 del presente Libro; y

III. Arresto inconmutable de treinta y seis horas y multa de mil a dos mil quinientos días de salario mínimo vigente en el Estado por violaciones a lo dispuesto por los artículos 6.23, 6.24 fracciones I, II y IV, 6.25 , 6.48 y del 6.82 al 6.84 del presente libro.”16

Como se pudo apreciar en las disposiciones anteriormente citadas del Código para la Biodiversidad del Estado de México, el legislador estableció una serie de multas e incluso arresto de hasta 36 horas a quienes comentan diversas conductas que maltraten a los animales.

Campañas de esterilización

En León, Guanajuato, la Dirección General de Salud Municipal en colaboración con el Centro de Control y Bienestar Animal, impulsó en marzo de este año una campaña de esterilización de mascotas en distintas colonias de León.17

Por su parte, en Querétaro también se impulsaron campañas de esterilización. De acuerdo con Alejandra Haro, secretaria de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, en el mes de julio del presente año “se lograron hacer 854 esterilizaciones, 293 en la UCAM, 390 en la UMAANQ y 171 en jornadas de coordinación con agrupación protectoras de animales.”1

De 8gual manera, en Ciudad Madero, Tamaulipas, la Dirección Municipal de Salubridad y Protección Animal, informó que, a través del programa Huellitas con Esperanza, de 16 esterilizaciones de caninos en situación de calle en el paseo turístico de dicho municipio.

Por otro lado, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, se impulsó la creación de la Clínica Miguel Hidalgo, la Clínica Parque Salesiano y la Unidad Móvil de Esterilización Canina y Felina.19

Desafortunadamente, Paola Dirzo Bahena, vicepresidenta de la asociación Amigos de los Perros Morelos, en Morelos se ha registrado un incremento de perros callejeros puesto que las campañas de esterilización fueron suspendidas como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Dirzo señala que:

“Para el 2021 se espera un incremento de hasta el 50 por ciento de perros callejeros en el estado de Morelos , esto se debe a la reducción de campañas de esterilización durante este año, además son los albergues de perros los que registran un mayor número de ocupación, pues en los últimos meses se ha notado una disminución de adopción de perros. ”20

Propuesta de solución

Es importante señalar que, pese a la existencia de disposiciones dentro de las legislaciones estatales que sancionan las conductas referentes al maltrato animal, el envenenamiento de perros y gatos ha sido una constante a lo largo de los años. En este sentido, es notorio que la problemática planteada no radica en la norma per se , sino que, reside, por un lado, en los altos índices de impunidad para aquellos individuos que cometen maltrato animal y que no son castigados y, por otro lado, en la ausencia de campañas de concientización, adopción y esterilización de perros y gatos de la calle. En este tenor, resulta crucial la creación y fortalecimiento de las campañas de esterilización y adopción ya existentes con el fin de lograr reducir la sobrepoblación de perros y gatos callejeros sin causarles daño alguno. Con estas campañas se busca que al reducir la sobrepoblación de perros y gatos callejeros, de manera indirecta reduzcan también los casos de envenenamiento de estos animales.

Por lo anteriormente expuesto, y, considerando que en México existen alrededor de 23 millones de perros y gatos y que 70 por ciento de ellos viven en situación de calle; la ausencia de campañas de concientización, adopción y esterilización de perros y gatos de la calle durante la pandemia de Covid-19 y que se han denunciado diversos casos de envenenamiento masivos de perros en varias entidades de la República Mexicana, es que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los 32 gobiernos estatales para que, a través de las autoridades competentes, implementen y fortalezcan campañas de concientización, adopción, tenencia responsable de animales de compañía y de esterilización de perros y gatos de la calle a fin de combatir la sobrepoblación de estos animales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 32 gobiernos estatales para que, a través de las autoridades competentes, investiguen y, en su caso, sancionen a los responsables de envenenamiento masivos de perros y gatos de la calle.

Referencias

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Notas

1 Notimex. (2020). México, país con más perros callejeros en AL. El Universal. México. Recuperado de:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mexico-pais-con-mas-perros-callejeros-en-al

2 Ídem.

3 Hernández, R. (2020). México cuenta con más perros callejeros en AL. El Sol de Cuernavaca. México. Recuperado de:
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-mexico-cuenta-con-mas-perros-callejeros-en-al-5058258.html

4 Galaviz, M. (2020). En menos de una semana envenenan a diez perros en Tamaulipas. 24 Horas. México. Recuperado de:
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5 Aguilar, A. (2020). Vecinos denuncian envenenamiento de perros en Valle de Bravo. El Sol de Toluca. México. Recuperado de:
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6 Edición Periódico Correo. (2020). Hallan a más de veinte perros muertos en la loma de San Juan, Mineral de Pozos. Periódico Correo. México. Recuperado de:
https://periodicocorreo.com.mx/hallan-a-mas-de-veinte-perros-muertos-en-delegacion-mineral-de-pozos/

7 López, R. (2020). Encuentran 17 perros muertos en Mineral de Pozos, aseguran que hay un problema de envenenamiento. Periódico Correo. Recuperado de:
https://periodicocorreo.com.mx/encuentran-17-perros-muertos-en-mineral-de-pozos-aseguran-que-hay-un-problema-de-envenenamiento/

8 Ídem.

9 Ortiz, J. (2020). Piden apoyo para evitar envenenamiento de perros. Periódico AM. México. Recuperado de:
https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Piden-apoyo-para-evitar-envenenamiento-de-perros-20191205-0030.html

10 Álvarez, X. (2018. Alertan por presunto envenenamiento de perros en parque de León. El Universal. México. Recuperado de:
https://www.eluniversal.com.mx/estados/alertan-por-presunto-envenenamiento-de-perros-en-parque-de-leon

11 Ídem.

12 Milenio Digital. (2017). Contenga la reproducción de animales callejeros cercanos. Milenio. México. Recuperado de:
https://www.milenio.com/estados/contenga-la-reproduccion-de-animales-callejeros-cercanos#:~:text=
Las%20hembras%20que%20viven%20en,perra%20puede%20entrar%20en%20celo.

13 Pérez Benalcázar, F. X. (2019). Campaña de concientización pro adopción de perros callejeros en el sector de Miraflores de la ciudad de Guayaquil. Recuperado a partir de
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/47402

14 H. Congreso del Estado de Guanajuato. (2001). Código penal del Estado de Guanajuato. H. Congreso del Estado de Guanajuato. Recuperado de:
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19 Heraldo de México. (2020). Abren crematorio público para mascotas en Panteón Dolores. Heraldo de México. México. Recuperado de:
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/abren-crematorio-publico-para-mascotas-en-panteon-de-dolores-miguel-hidalgo-animales-compania-perros-gatos-victor-hugo-romo/

20 Hernández, R. (2020) Aumentará la población de perros callejeros: Paola Dirzo. El Sol de Cuautla. México. Recuperado de:
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/especial-aumentara-la-poblacion-de-perros-callejeros-paola-dirzo-5509107.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2020.

Diputado Ariel Rodríguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la SEP y sus 32 homólogas locales a fortalecer la detección de trastornos mentales derivados del confinamiento durante la pandemia por el SARS-Covid-19, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Invertir en salud mental, dice la OMS, es vital para garantizar el bienestar general de la población y de la sociedad.

La definición funcional que hace el organismo internacional de la salud mental es, “el estado de bienestar que permite a los individuos realizar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera y hacer una contribución significativa a sus comunidades”.1

De manera conceptual, la salud es una parte integral de la salud, en la OMS se precisa, “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.2

Aun cuando su importancia se ha incrementado a lo largo de los años, la salud mental no se atiende con la misma magnitud que la que recibe la salud física. Al igual que la salud física, si se logra realizar acciones preventivas se puede disminuir la carga a las instituciones de salud y, se puede disminuir la mortandad a causa de trastornos mentales.

En datos recientes, la OMS,3 ha señalado que las acciones en favor de la salud pública así como programas sociales, contribuyen a prevenir los trastornos mentales y de conducta.

El tamaño del problema de la salud mental no es pequeño, por ejemplo anualmente se suicidan entre 800 mil y 1 millón de personas.4 Sin embargo, las tentativas de suicidio son mayores, y esto es así, porque no es siempre es un problema que muestra síntomas visibles. Así, en 2016, entre la población de 15 a 29 años, el suicidio fue la segunda causa de muerte en el mundo.5

El problema de la salud mental no es tampoco un problema ajeno a las dinámicas sociales de las poblaciones y comunidades, la OMS ha señalado que 1 de cada 4 personas en su vida vive afectada por trastornos mentales.6

Al igual de la salud física, la salud mental es un ámbito de convergencia de la economía, el deporte, al igual que las condiciones de vivienda, las posibilidades económicas, culturales, sociales y psicológicas de las personas.

Segunda . La salud mental en la población mayor de 18 años de edad, puede clasificarse entre la que se desarrolla en las diferentes esferas de acción, así, hay trastornos provenientes de las dinámicas estructurales de los hogares (condición parental, presión asociada al deber ser de los hijos e hijas, entornos violentos tanto por violencia psicológica, como física, por parte de los padres, indicadores de pobreza y marginación, así como el rezago educativo, abuso sexual, abandono y otras más) del trabajo (como es la presión para aumentar la productividad, falta de comunicación, inclusión y poco apoyo a los empleados que deriva en la ingesta de alcohol y trastornos mentales como son la ansiedad y la depresión) y la causada por el consumo de sustancias.

Sobre el consumo de drogas la OMS en su informe 2019,7 señaló que su consumo afecta a la salud física (desarrollo de enfermedades como el VIH, cáncer de hígado o cirrosis) que en su grado extremo deriva en la pérdida de vidas de manera prematura; además, reporta que en diversas partes del mundo, han aumentado los tratamientos de salud ocasionado por el consumo de marihuana y los que provienen del policonsumo de diversas sustancias.

Los trastornos en el mundo han ocasionado al menos 35 millones de personas que padecen trastornos mentales, leves, moderados o graves, causados por el consumo de drogas, mismo que requiere tratamiento, atención sanitaria y social y rehabilitación.

Como establece la OMS, los cuidados de quienes padecen trastornos mentales por lo regular recaen en la familia de la persona; en uno de cada cuatro hogares en el mundo, hay una persona miembro de la familia afectada por los trastornos8 el más frecuente es la depresión y los ocasionados por el consumo del alcohol o las drogas como el trastorno bipolar y la esquizofrenia.

A pesar de las diferentes acciones en favor del entendimiento y comprensión de la salud mental aún existe una fuerte carga de discriminación y daños a los derechos humanos que le son inherentes a la dignidad humana.

Quienes padecen trastornos mentales reciben menores ingresos, son más proclives a ser despedidos o no consiguen empleos.

Tercera. Algunas de las estrategias que ha planteado la Organización Mundial de la Salud están enfocadas en la prevención y tienen un carácter intersectorial.9 Algunas de las observaciones se sintetizan en los párrafos a continuación referidos.

El entorno procreativo de la infancia, las intervenciones de atención a las necesidades de salud y nutricional de las y los niños, así como el apoyo emocional y motivacional en entornos pacíficos y de sana convivencia; para los adolescentes ambientes con reducción del acceso al alcohol y armas.

Apoyo a las madres de familia para aumentar sus niveles educativos y socioeconómico; así como programas para las personas en situación de vulnerabilidad, los que provienen de regiones de conflictos y zonas de desastres.

También, el seguimiento a las necesidades geriátricas de la población adulta mayor y políticas sociales para la vivienda, con el fin de generar un desarrollo comunitario incluyente, solidario y justo.

Actualmente, los tratamientos para la depresión son antidepresivos y psicoterapia, la medicalización contra la epilepsia y antispsicóticos, así como los referentes al apoyo social de las personas y la restricción de las bebidas y sustancias al alcance de los y las pacientes.10

Cuarta. En México la carga de salud mental es muy alta, la tasa de mortalidad por suicidios han aumentado en un línea exponencial en los últimos 40 años, como se muestra en la gráfica siguiente:11

Los datos estadísticos refieren que después del primer episodio depresivo le pueden seguir muchos más, no hay número determinado, pero lo que es un hecho es que las nuevas generaciones son más propensos a tener trastornos mentales que en otras generaciones.

Otro factor importante por mencionar es que la atención de los trastornos mentales se da en la salud del tercer nivel y no en el primer nivel; a veces, ocurre que hay manifestaciones físicas que ocultan la verdadera causa de la salud, como es el dolor de cabeza, dolor muscular, debilidad del cuerpo.

Si comparamos a México con otros países, como Brasil, Chile o Costa Rica vemos que hay una diferencia entre la planta de especialistas en la materia.12

El tratamiento de los padecimientos mentales debe darse en el primer nivel de atención a la salud, es un problema fundamental que cada día cobra mayor importancia, para ello, es necesario la acción de políticas integrales e intersectoriales que desde la infancia orienten a la persona, y cuando hay casos detectados realizar tratamientos a tiempo, a través de personal especializado, la prioridad debe ser siempre el cuidado de la salud.

Quinta. Actualmente hay algunas iniciativas que se enfocan en la situación del suicidio13 y otras cuyo enfoque es la salud mental.14 Ambas son importantes dada su materia y trascendencia social y de salud pública.

La Ley General de Salud, en su única mención del suicidio, refiere que es “un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal”15 se refiere al carácter prohibicionista de la eutanasia, en el artículo 166 Bis 21.

La situación es grave pues en México es un problema que afecta mayoritariamente a varones que a mujeres y se debe conocer en su dimensión de una política de salud integral.

El suicidio es una de los trastornos mentales o de la salud mental, que está enmarcado en un capítulo de la Ley General de Salud reformado en 2013 referente a la salud mental.

En el artículo 1 bis de la Ley General de Salud, se señala que la salud es un estado físico, mental y social, y en el artículo 2, I, se recalca que la protección de la salud es principalmente, sobre el bienestar físico y mental y estipula en el artículo 3 que será materia de salubridad general, la salud mental.

Justamente, en el artículo 6.I de la Ley General de Salud se menciona el “impuslo al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez”, y en el 63 se establece que será una facultad de los padres de familia, tutores, Estado y la sociedad, la protección de la niñez.

Será la Secretaría de Salud quien trabajará para aumentar la detención, preferentemente de las niños, los niños y adolescentes de transtornos mentales, como lo dispone en su artículo 73, fracción VIII la Ley General de Salud, esto con la finalidad de que, a través de un diagnóstico oportuno se brinde un tratamiento integral y de rehabilitación. En la detención también confluye las autoridades educativas, como lo marca el artículo 77.

Sexta . Lo anterior es relevante dado que la epidemia del Covid-19, ha puesto en el orden de las prioridades la atención a la salud física y se ha abandonado la salud mental. En al menos trece entidades federativas existen Leyes de salud mental,16 y de ellas, la Ley de Salud de la Ciudad de México, artículo 62, especifica que la prevención y atención de las enfermedades mentales tendrá carácter prioritario; esa es la tesitura sobre la que las autoridades deben considerar.

La Organización Panamérica de la Salud en su declaración del 12 de marzo17 especificó que se estaba viviendo una situación de estrés entre la población, comentaba en su primer inciso que las personas contagiadas por Covid-19 no tienen la culpa, no han hecho algo malo, y merecen el respaldo y compasión de toda la población.

Para evitar causar un daño mayor de las personas que son positivas a Covid, la Organización Panamericana para la Salud, recomendó cambiar el léxico de enfermos por personas en recuperación. Recomendó disminuir la información que produce angustia, ansiedad o cualquier manifestación que altere el ritmo de vida y las preocupaciones diarias.

Según la OMS México tiene un déficit de psiquiatras en su territorio, con cifras del 2019 estimaba un total de 4,600 psiquiatras, pero se requieren 12 mil especialistas. De los 4 mil 600 solo mil 400 laboran en el sector público y el resto son privados y se concentran en las urbes más grandes del país, Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México.18

El Covid-19 en México como en otras partes en el mundo, ha incentivado la creatividad y las alternativas para desarrollar las actividades, uno de los ámbitos que han sufrido modificaciones es la educación. El inicio de clases en la SEP se dio a partir del 24 de agosto y eso ha conllevado a diversos comportamientos atípicos entre la población.

Séptima . Durante el Covid-19, se han registrado en el país, dificultades para alimentarse, dormir, cambios en los patrones de sueño, mayor consumo de sustancias como el tabaco y el alcohol y estrés.

En el mes de agosto, la OPS, recomendó el apoyo de la salud mental como un componente contra la pandemia, en estudios de México, Brasil y EUA, menciona que más de la mitad de los adultos sufren niveles de estrés asociados a la pandemia.19

Así como a personas que han sido pacientes positivos en recuperación, el 56 por ciento de las personas señaló al menos una dimensión clínica del estudio (registró ansiedad, depresión o insomnio).20 Las personas con análisis psiquiátricos previos, elevaron sus niveles del cuadro clínico.

La Unicef21 ha señalado que la infancia es una etapa complicada, y la pandemia lo ha agravado. Ha señalado que las y los jóvenes no están solos, no se debe reprimir las emociones y poder orientar el tiempo en la creación y desarrollo de actividades.

La asociación psiconalítica mexicana ha precisado que con el confinamiento hay una pérdida de la rutina habitual: hogar, trabajo y escuela, que puede generar agravantes en el desarrollo de la conducta.22 Entre los menores hay irritabilidad, nerviosismo, inquietud y otros más.

En cuanto a los menores, la misma Unicef, comenta una serie de puntos de mejora en la dinámica e interacción con las niñas y los niños, en la que solicita que se está en una situación temporal y estar en casa es para protección de los menores, es necesario conservar la calma, para transmitir esa emoción, y poner límites de horarios en el uso de las redes sociales y la televisión.

Octava . Durante el Covid-19 y con la reactivación de las clases en línea, quienes han tenido una presión extra son los menores en hogares de bajos recursos, sin acceso a las tecnologías de la información, de la televisión, es decir, agudiza las brechas de educación, economía y de salud.

Las llamadas a los especialistas en salud mental ha aumentado durante el más reciente mes. El titular del hospital de psiquiatría Infantil Juan Navarro, mencionó que la escuela está causando muchísimo estrés, “hay familias con muchos niños y el compartir la televisión, la computadora, la tableta empieza a agregar estrés”23

El estrés pues, es un componente que también ha obligado a las madres y padres de familia a dividir su tiempo, entre el trabajo y el acompañamiento al menos de edad.

En Tampico, el hospital psiquiátrico,24 recibe a la semana 40 llamadas de madres de familia preocupadas por el estrés de sus hijos, causado por los cursos en línea, los menores aseguran sentirse agotados mental y emocionalmente por el cambio, incluso los han llevado a la desesperación, el temor principal por parte de las madres es que caigan en depresión por la ansiedad que generan las clases en línea.

De manera diaria, el hospital psiquiátrico de Tampico, atiende alrededor de 8 pacientes diarios por llamada o videollamada; y en ello se recalca el papel que han tenido las madres de familia, con síntomas depresivos y de ansiedad, pero no suicidas.

La Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil ha sostenido que la edad y la comprensión entre los menores25 y configura una tabla didáctica que ayuda a entender por lo que pasan los menores, pues, nadie vive el estrés de la misma manera:

Para dar una respuesta y que esta sea efectiva, se requiere las verbalizaciones de padres sean estables, para que las niñas y niños pueden entender, sean ejemplo de acción: hay que guardar descanso, ejercitarse, comer bien, contactarse con amigas y familiares. La obsesión de hablar de la pandemia o de las medidas de higiene no son recomendables.

Así, la salud mental compete a la Secretaría de Salud pero también a la Secretaría de Educación Pública, la necesidad de incorporarla como un eje de atención prioritario y como un mecanismo para fortalecer durante esta epidemia.

Finalmente, el director general de la OMS, Ghebreyesus consideró, “los efectos de la pandemia en la salud mental están siendo sumamente preocupantes: el aislamiento social, el miedo al contagio y el fallecimiento de familiares se ven agravados por la angustia que causa la pérdida de ingresos y de empleos”.26

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, así como sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que fortalezcan la detección de posibles trastornos mentales derivados del confinamiento durante la pandemia por el virus SARS-Covid-19, así como por las clases en línea de educación básica, con la finalidad de recibir atención y en su caso, rehabilitación por parte de las y los especialistas.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas para reforzar la detección y atención de los trastornos mentales, en menores de edad, así reforzar las campañas de prevención e información sobre el consumo de sustancias que afecten la salud mental entre la población adolescente, juvenil, así como en madres, padres de familia y población en general durante este periodo de desconfinamiento.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a los Congresos locales faltantes de legislar en materia de salud mental para que sea considerada una prioridad dentro de la atención a la salud de la población.

Notas

1 https://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf

2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-stren gthening-our-response

3 https://www.who.int/mediacentre/news/new/nw1/es/

4 1 millón, https://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf y 800, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

5 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

6 https://www.who.int/mediacentre/news/new/nw1/es/

7 https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR2019_B1_S.pdf

8 https://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_
final.pdf

9 Véase para mayor información en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-stren gthening-our-response

10 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-stren gthening-our-response

11 http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/estreslaboral/1erjornada/07-Panorama-Trastornos-Mentales.pdf

12 http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/estreslaboral/1erjornada/07-Panorama-Trastornos-Mentales.pdf

13 Entre ellas, diputado César Hernández Pérez, http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190926-III.html#Ini ciativa6 y diputado Juan Espinoza Cárdenas, http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191211-IV.html#Inic iativa9

14 Diputado Fernando Badillo, http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200312-IV.html#Inic iativa22 diputada Dionicia Vázquez, http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191203-III.html#Ini ciativa12 y diputado Miroslava Sánchez, http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200305-III.html#Ini ciativa22

15 https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/10-de-septiembre-dia-mundial-de-la-
prevencion-del-suicidio#:~:text=La%20OMS%20define%20el%20suicidio,expectativa%20de%20su%20desenlace%20fatal.
&text=Es%20responsable%20de%20m%C3%A1s%20de,un%20suicidio%20cada%2040%20segundos.

16 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191203-III.html#Ini ciativa12

17 https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-psicosociales-salud-mental-durante-brote-
covid-19?gclid=CjwKCAjw8MD7BRArEiwAGZsrBdSMw16d0XtiKWY41b4qhtWXQN9qRYFP5RC0BuEMYjFBYvIV3m2vbRoCpicQAvD_BwE

18 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Mexico-es-deficitario-en-cu idar-la-salud-mental-20190409-0163.html

19 https://news.un.org/es/story/2020/08/1479122

20 https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=96529

21 https://www.unicef.org/mexico/salud-mental-de-las-y-los-adolescentes-an te-el-covid-19

22 https://asociacionpsicoanaliticamexicana.org/covid-19-y-salud-mental-lo s-otros-efectos-de-la-pandemia/

23 https://www.heraldo.mx/llaman-a-atender-estres-escolar/

24 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/tampico-psiquiatrico-recibe-40- llamadas-semana-estres-clases-linea

25 http://www.ampi-ac.org/descargas/QUE_SABER_ANTE_LAS_PANDEMIAS_FINAL_AMPI.pdf

26 https://asociacionpsicoanaliticamexicana.org/covid-19-y-salud-mental-lo s-otros-efectos-de-la-pandemia/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2020.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a corregir irregularidades en el tiempo de espera para realizar operaciones bancarias y establecer con la Ssa y la Segob mecanismos para fortalecer acciones de las instituciones financieras, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, diputado federal por el V distrito federal electoral de Morelos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea los presentes puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema financiero en México representa herramienta fundamental para la correcta conducción en el entorno económico del país, ya que es el encargado de captar, administrar y dirigir las inversiones y el ahorro dentro del marco legal correspondiente, mediante la gama de servicios en la diversidad de las operaciones de dinero, que se encuentra a cargo de la banca de desarrollo, la banca comercial, baca múltiple, las casas de bolsa, las sociedades de inversión, las casas de cambio de divisas, las arrendadoras, las aseguradoras, entre otras entidades que se refieren a operaciones de valores.

En las últimas tres décadas ha representado una expansión eficaz, pues se han promocionado y logrado incrementar exponencialmente las operaciones financieras realizadas por los usuarios, esto debido a que los balances financieros del sector público, privado y externo ha dependido en menor grado de los recursos del exterior, pues la sustitución de la deuda externa por deuda interna ha originado mayor flujo de recursos; el sector privado ha reducido su dependencia externa y ha recibido flujos de financiamiento interno.

Adicionalmente el sector financiero que atiende a los hogares y a la sociedad ha visto un vigoroso crecimiento derivado de los ahorros voluntarios, la accesibilidad en los instrumentos bancarios, así como la seguridad que pudiera representar las operaciones electrónicas, ofrecidas cada vez con mayor tecnología por las instituciones del país, dichos ahorros se han visto fortalecidos por los esquemas de los fondos de pensiones.

Simultáneamente a lo anterior, en lo que se refiere a la accesibilidad de los instrumentos financieros que llegan a más población, es preciso señalar que se han superado las restricciones crediticias que enfrentaban las personas en condiciones productivas, para beneficio de sus hogares, médiate la facilidad en la obtención de créditos denominados de Consumo y Créditos Hipotecarios.

Esto es, la banca múltiple en México constituye el intermediario financiero más importante del país, esto derivado del monto de los recursos que administra como por el número de operaciones que realizan diariamente, adicionalmente establecen tecnología que ampara la seguridad sus operaciones.

Sin embargo, dicho crecimiento de bancarización y otorgamiento de créditos se ha reflejado en un proporcional incremento de la cartera vencida, así como en la atención y resolución de incidencias generadas en la operación bancaria.

Dichas operaciones financieras se encuentran debidamente reguladas por las autoridades financieras y organismos de protección, en donde el máximo órgano administrativo para el sistema Financiero Mexicano es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia del gobierno federal centralizada, integrante del Poder Ejecutivo federal, cuyo titular es designado por el presidente de la República, tiene la función y facultad gubernamental orientada a obtener y administrar los recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del país; conjuntamente con la SHCP, otras seis instituciones públicas tienen por objeto la supervisión y regular las entidades que forman parte del sistema financiero, así como la protección de los usuarios de servicios financieros, cada organismo se encarga de atender las funciones específicas que por ley le son encomendadas; dichas instituciones son

1. Banco de México es el banco central del Estado, constitucionalmente autónomo en sus funciones y administración, cuya finalidad principal es proveer a la economía de la moneda nacional, teniendo como objetivo prioritario el de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, también le corresponde fortalecer el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de la propia Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a su cargo se encuentra supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.

3. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuyas funciones son, la inspección y vigilancia de las instituciones y de las sociedades mutualistas de seguros, así como de las demás personas y empresas que determina la ley sobre la materia.

4. Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas con competencia funcional propia en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y tiene como objetivo fundamental el de regular y supervisar la operación adecuada de los participantes del sistema de pensiones, la prioridad de este organismo es salvaguardar y proteger el interés de los trabajadores, asegurando una administración eficiente y transparente de su ahorro, que favorezca un retiro digno y que contribuya al desarrollo económico del país.

5. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, es un organismo público descentralizado, cuyo objeto es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las Instituciones Financieras que operen dentro del territorio nacional, así como también crear y fomentar entre los usuarios la cultura adecuada de las operaciones y servicios financieros.

6. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, su objetivo es proteger los depósitos del pequeño ahorrador y, con ello, contribuir a preservar la estabilidad del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

A efecto de conocer información estadística e indicadores que permitan diagnosticar, diseñar políticas públicas y establecer metas en materia de inclusión y educación financiera, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi), en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realizó el tercer levantamiento de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), la cual se presentó mediante comunicado de prensa número 600/18, publicado el día 23 de noviembre de 2018, informando lo siguiente:

La ENIF de 2018 proporciona también información sobre el acceso y uso de servicios financieros, cuyos datos pueden ser consultados a nivel nacional, por tamaño de localidad, por sexo y, por primera vez, a nivel de seis regiones, hecho que permitirá identificar necesidades específicas por región. La encuesta indaga sobre las características sociodemográficas de la población y el número de dependientes económicos, ingreso por trabajo, derechohabiencia, administración de gastos y comportamientos financieros.

También revela datos sobre ahorro y crédito formal e informal, pagos, seguros, cuenta de ahorro para el retiro, uso de canales financieros, protección de usuarios de servicios financieros, capacidades financieras, toma de decisiones y propiedad de activos.

De acuerdo con la ENIF 2018:

De la población de 18 a 70 años, 68 por ciento (54 millones de personas) tienen al menos un producto financiero,1 lo que representa 2 millones más con respecto al levantamiento de 2015.

La proporción de personas que tienen contratada una cuenta2 en un banco o institución financiera aumentó de 44 a 47, es decir, 3.7 millones de personas adicionales.

En localidades de 15 mil y más habitantes el porcentaje de hombres con cuenta es 55, mientras que el de las mujeres es 48. En localidades con menos de 15 mil habitantes las mujeres con cuenta alcanzan 42 por ciento y los hombres, 36 por ciento.

La cuenta de nómina o pensión es la más numerosa: 6 de cada 10 personas (22.5 millones) que tienen algún tipo de cuenta la contrataron para recibir su nómina o pensión.

La tarjeta de crédito departamental o de tienda de autoservicio es el producto de crédito formal que más personas tienen contratado: 15.1 millones de adultos en México tienen una (61 por ciento de quienes tienen contratado un crédito formal), resultado muy similar a 2015.

Una de cada cuatro personas tiene contratado al menos un seguro. Y 67 por ciento de los adultos de 18 a 70 años que tienen al menos un seguro, cuentan con seguro de vida.

La cuenta de ahorro para el retiro o Afore es el producto financiero que más diferencia presenta entre las regiones. La brecha entre las regiones noroeste y sur es de 29 puntos porcentuales. Asimismo, la diferencia entre hombres y mujeres es de más de 10 puntos porcentuales en todas las regiones, excepto en la Ciudad de México donde son únicamente 6 puntos.

En el último año, 31.5 millones de personas utilizaron un corresponsal o establecimiento comercial para retirar dinero, depositar efectivo, pagar un crédito o servicios, entre otros servicios financieros.

A pesar del uso de nuevos canales financieros, como es el caso de la banca electrónica, 43 por ciento de las personas de 18 a 70 años utilizaron una sucursal para realizar alguna operación financiera el último año.

También en el último año, 35.5 millones de personas ocuparon un cajero automático3 y 22 por cierto de las personas con cuenta en un banco o institución financiera tienen contratado el servicio de banca por celular.

De lo anterior y de acuerdo al incremento de operaciones bancarias que los usuarios realizan, de las cuales reconocemos que la parte instaurada por las Instituciones Financieras en el negocio de la banca electrónica, ha tenido un gran desarrollo tecnológico y en particular en los cinco bancos más importantes de México, a pesar de estos esfuerzos se han mostrado diversas situaciones adversas, principalmente en la disponibilidad de los servicios y en operaciones irregulares, donde los usuarios solicitan atención oportuna en los procesos de aclaración, así como en probarles afectaciones que derivan en las operaciones de recursos de sus cuentas, se ha transitado por diversas problemáticas serias en esperas tortuosas, ya que tienen que permanecer largo tiempo para su atención, esto derivado de la cantidad de personas que acuden a realizar estas gestiones y el poco personal con el que disponen los bancos para esas actividades, a esta situación se adiciona que la mayoría de los ejecutivos de atención a clientes carece de facultades para ofrecer respuestas oportunas y positivas a las personas solicitantes, condición que se ha visto seriamente afectada por el riguroso confinamiento y los protocolos que cada región y negocio establece por los procesos de la pandemia del Covid-19.

Por ello, y a efecto de fortalecer la economía de las personas y del país, así como minimizar las severas afectaciones económicas y molestias en la sociedad y corregir irregularidades por el tiempo de espera y largas filas de personas que esperen su turno para realizar operaciones bancarias, así como diversas aclaraciones de servicios financieros, y con la finalidad de que las Instituciones Financieras honren su compromiso de atención oportuna de sus clientes, mediante el fortalecimiento de acciones que deban crear y llevar a cabo los directivos de las Instituciones Financieras y cumplir con un servicio financiero ágil.

Por lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer mecanismos con el sector financiero, para la apertura de todas sus sucursales del sistema bancario mexicano, y se brinde la atención de los servicios bancarios que demandan los usuarios, a través de la atención ágil y oportuna, la cual genere tiempos razonables de espera para la atención de sus servicios, considerando los protocolos establecidos para la prevención de contagios por el Covid-19, salvaguardando en todo momento los derechos laborales de los empleados bancarios.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Salud, y de Gobernación a establecer mecanismos en colaboración con el sector salud, protección civil y el sector financiero, con el objetivo de la apertura de todas sus sucursales del sistema bancario mexicano, y se brinde la atención de los servicios bancarios que demandan los usuarios, a través de acciones que resulten en la atención ágil y oportuna, la cual genere tiempos razonables de espera para la atención de sus servicios, considerando los protocolos establecidos para la prevención de contagios por el Covid-19.

Notas

1 Se refiere a la tenencia de cuenta con banco o institución financiera (nómina, ahorro, de apoyos de gobierno, entre otras), crédito formal (tarjeta de crédito, crédito de vivienda, personal, entre otros), seguro o cuenta de ahorro para el retiro.

2 Tipos de cuenta para la ENIF de 2018: nómina, pensión, de apoyos de gobierno, ahorro, cheques, plazo fijo y fondo de inversión.

3 Cabe la posibilidad de que una persona que no tenga un producto financiero haya ocupado algún canal para realizar una operación en el último año, por ejemplo, para pagar algún servicio.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de octubre de 2020.

Diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Infonavit a presentar públicamente los lineamientos técnicos y las reglas de operación del nuevo programa ConstruYoInfonavit, a cargo de la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Jacquelina Martínez Juárez , diputada de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la vivienda de los Trabajadores , bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de conformidad con lo establecido por su artículo 3, fracción II, inciso b), prevé dentro de su “objeto”, operar un sistema de financiamiento que permita la construcción de viviendas por parte de los derechohabientes; misma teleología, sigue lo establecido por el artículo 42, fracción II, inciso b), de la Ley del Infonavit, en donde se establece que los recursos se destinarán al otorgamiento de créditos para construcción de viviendas a los trabajadores que sean titulares de los depósitos constituidos a su favor en el Instituto.

No obstante, si bien queda establecido en la ley del Instituto, es un ordenamiento secundario el que llega a establecer los alcances de las condiciones de créditos para la construcción de las viviendas, y que se muestra en la página oficial del Instituto, en el apartado de créditos para construcción, en donde se establecen las condiciones que debe cumplir el terreno.

No obstante, en recientes declaraciones del presidente de la república y del titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, se anunció que se llevará a cabo un nuevo programa que pretende otorgar $528,000.00 (quinientos veintiocho mil pesos) para que los derechohabientes construyan sus viviendas, buscando “reactivar la economía”, tras lo acontecido por la pandemia de Covid-19 en nuestro país.1

En palabras del propio titular de Infonavit:

“Lo aprobamos entre los sectores hace un par de meses, pero va a empezar a operar en la segunda mitad del año a partir de agosto”.

Al momento, no hay reglas de operación ni lineamientos técnicos operacionales claros sobre cómo es que funcionará dicho programa, por ello hay una gran incertidumbre, ya que se pretende implementar como un crédito diferente al ya conocido crédito para construir en casa propia, fundamentado en el inciso b) de la fracción II del artículo 42 de la Ley del Infonavit.

Justo por eso es necesario preguntarse ¿por qué implementar un nuevo programa, si en la base operacional (según lo que el presidente de la república y el titular del Infonavit han dicho a los medios) es parecido a uno ya establecido y que ya cuenta con fundamentos “claros” en su ley?

De acuerdo con lo dicho por el propio titular, en este “crédito” no se constituye una garantía hipotecaria a favor del Instituto, sólo se utiliza el saldo de la subcuenta de vivienda de los derechohabientes, resultado completamente ambiguo todo el entramado contractual y crediticio que el Instituto plantea consolidar con sus derechohabientes, si se revisan los Lineamientos para el Ejercicio Individual de Créditos en Línea III (es decir para construcción de vivienda) sí se constituye una garantía hipotecaria a favor del Instituto, la cual respalda el monto del crédito otorgado, además se toma el saldo de la subcuenta de vivienda del trabajador, como pago inicial.

En el ejercicio del crédito otorgado en línea III por el Instituto al trabajador, se solicita que el trabajador sea el propietario del terreno donde se construirá la vivienda; por otro lado, en este crédito, según la escasa información con la que se cuenta hasta el momento, servirá no sólo para construir en un terreno, sino que también se podrán realizar ampliaciones, tales como construir un cuarto más, etcétera.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no consideramos que sea una propuesta totalmente “transparente”, que permita identificar los beneficios y desventajas del programa, toda vez, que carece de fundamentos técnicos que resulten en una verdadera opción para que los derechohabientes puedan mejorar su vivienda, y, por ende, su calidad de vida.

Ante la implementación de este programa, que podría denominarse “piloto”, ya que no tiene un claro fundamento en la Ley del Infonavit, al igual que Unamos Créditos y otros muchos más que han surgido para realizar “meras pruebas”, no tenemos claro qué es lo que pasará con aquellas personas cuya subcuenta de vivienda no tenga un monto suficiente para adquirir el crédito de 528 mil pesos que otorgará el Infonavit. ¿O acaso el monto de la subcuenta no será determinante? ¿Qué pasará con aquellos derechohabientes cuya subcuenta de vivienda no alcance para determinarse cómo garantía del cumplimiento del pago por el monto total del crédito otorgado por el Instituto?

Son muchas las interrogantes que nos indican que el Instituto no está siendo totalmente honesto con los trabajadores, ya que, según la intención vertida en su planteamiento, se busca eliminar la participación de los “intermediarios”. Y que tal como lo menciona Marcelo Torres Cofiño, en el periódico Zócalo:

“La ocurrencia, que busca activar un mecanismo que existía solo en el papel por su inoperancia, fue justificada con una de sus acostumbradas mentiras que solo reflejan el odio que el presidente siente hacia el sector empresarial. Según el mandatario, los constructores tienen una ganancia de la mitad del valor de la vivienda, de tal forma que, con un crédito de 500 mil pesos, los trabajadores solo compran una propiedad de 250 mil pesos; en cambio, asegura, entregando directamente a los afiliados el dinero, la casa valdrá realmente el medio millón de pesos otorgado.

Al Presidente, como está más que comprobado, no le gusta saber la verdad. De lo contrario, habría solicitado algunos datos que seguramente están en posesión del propio gobierno federal y se habría dado cuenta, entre otras cosas, de que el margen de utilidad del sector de la vivienda apenas ronda el 10 por ciento antes de impuestos (en una empresa debidamente administrada) y que los volúmenes de compra que hacen esos negocios les permiten generar ahorros.

Además, hubiera descubierto que es el propio Infonavit, con sus prácticas equiparables a la usura, el que encarece realmente las viviendas.”

¿El crédito se otorgará a los trabajadores, y ellos mismos realizará procesos de construcción sin la supervisión de un profesional de la construcción? Ya se ha hablado mucho de las desventajas de los procesos de “autoconstrucción” que justamente han creado urbes que no son funcionales, construyendo las personas, viviendas que carecen de los mínimos en seguridad y de los lineamientos técnicos constructivos adecuados para garantizarles una buena calidad de vida.

No estamos hablando de personas de escasos recursos que sólo cuentan con 10 mil o menos pesos para construirse un cuarto; estamos hablando de personas que accederán a un crédito de medio millón de pesos, el cual se pretende, garantice una vivienda con lo mínimo en estándares de calidad.

En el supuesto que el crédito otorgado a los trabajadores les permitiera que ellos mismos realizaran los procesos de construcción de sus viviendas, estaríamos ante el impulso de un mal que ha mermado la calidad de vida de millones de personas. No es de menor importancia que la autoconstrucción en México alcanza el 61.4 por ciento de las viviendas en todo México, por lo cual estaríamos hablando que 6 de cada 10 viviendas fueron construidas bajo procesos de autoconstrucción.

En palabras de César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México:

“Hemos visto también cómo, por el aumento en el número de integrantes de una familia, se construyen pisos extras sin supervisión alguna, y esto afecta la seguridad de las construcciones. Las familias tiran muros y estructuras para adaptarlas a las necesidades y crecimiento de sus integrantes.

La recomendación hacia los propietarios o poseedores de los inmuebles que pretende realizar alguna construcción, modificar la estructura de la construcción existente o construir una nueva estructura en sus inmuebles, es presentarse en la alcaldía para hacer los trámites correspondientes de permisos y licencias para la construcción de que trate; presentar su proyecto arquitectónico y asesorarse necesariamente de un director responsable de obra.”

Por ello, es necesario que el Infonavit diga si el proceso de construcción será “autoconstrucción, autoconstrucción supervisada, o construcción de la mano con un profesional de ese ramo.

Es por todo lo anterior, que consideramos que deben implementarse programas que hayan pasado por un riguroso plan técnico, que permita evaluar las ventajas y desventajas del programa, haciendo públicos todos los lineamientos de su funcionamiento desde mucho antes de que comience a ser operativo, a efecto de que profesionales de los ramos relacionados puedan expresar su opinión y se genere un debate en torno a la viabilidad o inviabilidad de la propuesta, ya que el Infonavit es un Instituto que atiende a millones de derechohabientes y sus resoluciones y decisiones no deben ser tomadas a la ligera.

En razón de ello, sometemos a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a presentar públicamente, a través de los medios institucionales pertinentes, los lineamientos técnicos y reglas de operación del nuevo programa crediticio del Instituto “Construyo Infonavit”, que pretende otorgar más de medio millón de pesos a sus derechohabientes para construir o ampliar su vivienda.

Nota

1 Normatividad del Infonavit. Consultado de: https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/4bb66100-0161-4a07-84 66-f73706429c2e/Lineamientos%2Bpara%2Bel%2Bejercicio%2Bindividual%2Bde% 2Bcr%C3%A9ditos%2Ben%2Bl%C3%ADnea%2BIII.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO= url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4bb66100-0161-4a07-8466-f73706429c2e-mz8T 3B4

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de octubre de 2020.

Diputada Jacquelina Martínez Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a reactivar en todos los niveles educativos de manera virtual, a través del uso de las TIC, los mecanismos de registro, recepción de documentos, expedición de certificados y evaluaciones referentes a la acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral establecidos en el acuerdo número 286, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones reactive en todos los niveles educativos de manera virtual a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, los mecanismos de registro, recepción de documentos, expedición de certificados y evaluaciones referentes a la acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral establecidos en el Acuerdo 286, bajo las siguientes

Consideraciones

Los jóvenes y personas adultas en México que no concluyeron sus estudios en la edad escolar, a la fecha disponen de pocas oportunidades equitativas e inclusivas en el ámbito educativo, lo cual incide en su bienestar y en el desarrollo del país.

La educación es la base para alcanzar mayores niveles de bienestar social y desarrollo individual, por ello se vuelve indispensable que el sistema educativo ofrezca y consolide aquellas opciones que posibilitan a esta población acceder a un nivel educativo determinado.

Una acción destacada para paliar esta problemática es el reconocimiento de saberes adquiridos (RSA) concebidos como los conocimientos obtenidos fuera del recinto escolar, resultado de experiencias personales, sociales o profesionales de la educación formal, no formal, informal y otros medios –como el aprendizaje autodidacta–, en oposición a los resultantes de la formación académica.

La UNESCO1 ha sostenido que el RSA se ha convertido en un componente muy importante de las políticas del aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo cual permite vínculos más sólidos entre el sector de los adultos y el sistema de educación formal y capacitación. De hecho, el RSA es relevante en los temas de reducción de la pobreza, la creación de empleos, así como en la inclusión social. Esto lo cuantifica la misma UNESCO cuando afirma que “...Hoy día se calcula que, por cada año que aumenta el nivel general de educación de la población adulta se produce un aumento del 3.7 por ciento de crecimiento económico a largo plazo y un incremento de 6 por ciento del ingreso per capita”2 .

El RSA ha operado en nuestro país desde el 30 de octubre de 2000, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo (Acuerdo 286).

En dos décadas 1.8 millones de jóvenes y personas adulta31 han tenido la oportunidad de evaluar y, en su caso, acreditar sus estudios de educación básica, media superior y superior, con lo cual se reducen las brechas de desigualdad, socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en las diferentes trayectorias formativas de las personas.

De igual manera, el número de instituciones evaluadoras ha crecido, existiendo a la fecha 11 centros de evaluación que, además de encargarse de aplicar la evaluación, coadyuvan con las autoridades educativas en abordar la evaluación con diversos modelos de intervención serios y pertinentes, en especial porque los procesos de RSA son en esencia rupturistas e intentan derribar barreras antes infranqueables para las personas que, habiendo interrumpido la trayectoria educativa formal, quieran retomarla.

El Ejecutivo federal respalda la importancia del RSA en nuestro sistema educativo, al imponer en el Programa Sectorial de Educación 2020-20244 , el objetivo “1. Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, mediante la “Estrategia prioritaria 1.1 Ampliar las oportunidades educativas para cerrar las brechas sociales y reducir las desigualdades regionales”, con la acción puntual “1.1.8 Incentivar la acreditación de conocimientos adquiridos a partir de la experiencia laboral, la formación para el trabajo o de forma autodidacta, en condiciones de igualdad y equidad, mediante el reconocimiento de saberes adquiridos en cumplimiento de la normatividad específica para cada nivel educativo”.

Sin embargo, esta acción puntual se está postergando, ya que por la emergencia sanitaria derivada de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), la Secretaría de Educación Pública suspendió desde el mes de marzo los plazos y términos relacionados con los trámites y procedimientos administrativos sin que a la fecha se hayan reactivado los mismos, a diferencia de otras dependencias como en la propia Secretaría de Salud, o bien, se hayan brindado alternativas como las que se establecieron para la educación formal5 .

Esta interrupción indefinida en la continuidad de aplicación de evaluaciones para el RSA, ha generado un evidente perjuicio en más de 50 mil jóvenes y personas adultas que aspiraban a ingresar a algún nivel de educación superior o al sector laboral, al imposibilitar la acreditación de sus conocimientos y, en su caso, contar con sus documentos académicos

Si bien es cierto que la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 13/06/20 por el que se dan a conocer los medios de comunicación electrónica para la recepción de solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, así como para la autenticación de certificados de estudios parciales y/o totales, títulos, diplomas y grados de instituciones particulares de educación superior, y su respectiva fecha de apertura, cuyo Segundo Transitorio establece que los trámites relacionados con el RSA permanecerán en esta situación suspensiva “...en tanto no existan medios electrónicos que puedan garantizar la veracidad de los documentos presentados por los solicitantes... por lo que sólo podrán ser solicitados dichos trámites por ventanilla en cuanto existan condiciones sanitarias adecuadas para dicho efecto”, no menos cierto es que se deben contar con dichos esquemas de innovación tecnológica a la brevedad, a efecto de no causar mayores perjuicios a quienes están en posibilidad de acreditar sus saberes en el marco del Acuerdo 286.

En ese contexto, al menos dos de las once instituciones evaluadoras vigentes refieren contar con esquemas exitosos de aplicación en línea desde casa6 , cuyos modelos tecnológicos han sido adoptados por cientos de instituciones públicas de educación superior, permitiendo a más de 300 mil aspirantes ingresar a la educación media superior y superior, ejerciendo así su derecho a la educación, cumpliendo con los requisitos de los procesos de evaluación, sin necesidad de interactuar con otros sustentantes, y con la consecuente eliminación del riesgo de contagio.

Con base en lo expuesto, es de extrema urgencia que la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento del principio de equidad, autorice a las instituciones evaluadoras que cuenten con innovaciones y modelos de evaluación en casa exitosos, a extender los beneficios de sus aportaciones tecnológicas a los jóvenes y personas adultas que requieran acreditar sus conocimientos adquiridos a partir de la experiencia laboral, la

formación para el trabajo o de forma autodidacta, con lo cual no sólo se salvaguarda su integridad física, sino que se privilegia su derecho humano de la educación; de igual importancia es que la Secretaría de Educación Pública implemente esquemas de atención cuidada para la expedición de los respectivos documentos académicos a quienes acrediten sus conocimientos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones reactive en todos los niveles educativos de manera virtual a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, los mecanismos de registro, recepción de documentos, expedición de certificados y evaluaciones referentes a la acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral establecidos en el Acuerdo 286.

Notas

1 https://uil.unesco.org/lifelong-learning/recognition-validation-accredi tation

2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187789 (página 34)

https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/49855/OrigenEvolucionCeneval_2018/
f8406659-7d28-4960-9ec1-964d90c76e4c

4 https://www.gob.mx/sep/documentos/programa-sectorial-de-educacion-2020- 2024

5 Por acuerdo número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo medio superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos, la Secretaría de Educación Pública resolvió cómo efectuar la evaluación de los diversos niveles educativos que permitieran el avance académico de los educandos, arguyendo lo fundamental que resulta cumplir con el servicio público educativo como un derecho humano fundamental. Premisa bajo la cual debe actuar ante esta población de jóvenes y personas que deben rescatarse del rezago en que actualmente se encuentran.

6 https://ceneval.edu.mx/web/guest y http://exbach.com/

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de octubre de 2020.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT y la CFE a programar y ejecutar estrategias para cumplir la meta de alcanzar la cobertura universal de internet, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto, y 79, numerales primero, fracción II, y segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Electricidad y a la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, para que en el contexto de sus atribuciones y facultades, programen y ejecuten estrategias para cumplir la meta de alcanzar una cobertura de internet universal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En agosto de 2019 se creó la Empresa Productiva Subsidiaria, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, con el objetivo de crear una red que garantice el acceso al internet para toda la población. Como un elemento auxiliar y de la mano de la iniciativa privada se tenía prevista la ejecución del proyecto denominado “Red Troncal” para dotar de infraestructura al ambicioso proyecto de conectividad, no obstante, dos semanas después de la creación de la mencionada Empresa Productiva Subsidiaria, en adelante la EPS, la licitación del proyecto de Red Troncal fue cancelada argumentando que:

“Toda vez que el gobierno vislumbra garantizar a toda la población el derecho constitucional de acceso y uso a las tecnologías de la información y el conocimiento con prioridad en situación de pobreza, resulta necesario modificar el diseño del proyecto de la Red Troncal y replantear su objeto para adecuarse a las metas en materia de telecomunicaciones (...) por lo que se determina cancelar ese concurso público internacional”...

El proyecto cancelado preveía un pago del particular que se hiciera acreedor a ella, a la Comisión Federal de Electricidad, además de que debía pagar gastos de operación, mantenimiento, reposición y modernización de la fibra óptica, además se le daba un plazo de seis meses para ofrecer internet gratuito a 8 mil 535 puntos prioritarios. De ahí tendría dos años para avanzar al 70 por ciento de la totalidad de los sitios sin conexión. El 100 por ciento debía estar listo al término de tres años luego de la firma del contrato.1

La red que habría de extenderse por 25 mil kilómetros del territorio nacional era una parte nodal en la ejecución del proyecto y en el cumplimiento de la promesa presidencial de alcanzar una cobertura al 100 por ciento de la población.

Al margen de los hechos, el 2020 ha planteado retos importantes en todos los sentidos por la contingencia sanitaria del virus SARS-Cov-19, comúnmente llamado Covid 19, y por la unilateral decisión del poder ejecutivo de destinar buena parte del erario público a la construcción de los megaproyectos tren Maya, tren Transitsmico, aeropuerto Felipe Ángeles y refinería Dos Bocas, haciendo que los recursos en áreas sustantivas de la administración federal, sean escasos y se proporcionen a cuenta gotas, dejando atrás la oportunidad de llevar a la era digital a todos los mexicanos, especialmente a la niñez y a la juventud que hoy no cuenta con el derecho fundamental que el Estado debe garantizar, de acceso a medios informáticos para continuar sus estudios vía electrónica, por encontrarnos atravesando esta crisis sanitaria, la cual ha tenido consecuencias catastróficas en nuestro país, con mas de 75 mil muertes.

La retórica de la administración actual parece ser contradictoria y el anhelo de la conectividad se ha quedado en una más de las promesas de campaña, que a decir del estudio Connecting Humanity , de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es, con los medios y presupuesto actuales, imposible.

En el citado estudio, México se ubica entre los 25 países a nivel global que requieren de una mayor cantidad de inversión para conectar a quienes no tienen acceso, para lo que calcula una inversión por encima de países como Brasil.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones apunta que México necesita alrededor de 14 mil millones de dólares para conectar al 30 por ciento de la población que aún no cuenta con internet, un presupuesto de inversión para conectividad universal que el país está lejos de alcanzar.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021asigna a la EPS mil 95 millones de pesos, apenas el 0.37 por ciento de lo que se calcula necesario para cumplir la meta de conectividad universal.

Ramiro Tovar, consultor en Regulación Económica y Política de Competencia, señaló que: “La estimación de la UIT es la única con fundamento que pone en dimensión el costo aproximado de conectar a todo el país y de ahí pone en perspectiva que no es un esfuerzo de recursos de un año, debe de ser una inversión sostenida y donde participen tanto el sector público como el privado”2

Pese a los esfuerzos, la conectividad para el 100 por ciento de los mexicanos no será una realidad ni en 2021 y al final del sexenio, mucho menos, ante el escenario actual de pandemia, que dibujó una realidad nueva que no estaba contemplada, comentó por su parte Gonzalo Rojón, socio director de The Competitive Intelligence Unit .3

En el Segundo informe de Gobierno, el primer mandatario reveló que se sigue avanzando en el proyecto de Internet para Todos, donde señaló además que en México ya hay conectividad en 26 mil 789 localidades. Sin embargo, el desmantelamiento de la Subsecretaría de Comunicaciones, la falta de política pública para la conectividad universal y la nula coordinación entre dependencias anticipan un panorama adverso y sin conectividad universal en 2021.

Para Maryleana Méndez, de ASIET, el acceso y la infraestructura son dos caras de la misma moneda. En este sentido, el acceso responde a que la conexión a internet esté disponible para la población y tiene mucho que ver con las políticas públicas, mientras que la infraestructura está del lado de la iniciativa privada en materia de telecomunicaciones, por lo que responde a un plan de negocios.4

Así pues, el hecho de la CFE a través de su EPS, haya tomado las riendas de la distribución y ejecución de la conectividad universal, aleja a nuestro país de sus metas hacia el 2021 y pone en entredicho la eficacia de los programas educativos y demás beneficios que se podrían alcanzar con un presupuesto apropiado y el diseño de políticas públicas coordinadas para alcanzar la meta planteada.

Asimismo, cabe destacar que el acceso de toda la población a internet es un paso ambicioso; en el mundo, ningún país puede presumir de tener al 100 por ciento de la población conectada, quienes más se acercan son: Corea del Sur, con una cobertura del 96 por ciento; Reino Unido, 94.9 por ciento; Suecia, 92.1 por ciento, y Japón, con 91.3 por ciento. México tiene una cobertura del 70.1 por ciento y ahora está en la manos exclusivas del gobierno completar ese 30 por ciento restante.

De igual forma, Méndez añadió que, para enfrentar el reto de la conectividad, es necesario instalar los incentivos correctos, la construcción de marcos municipales consistentes, niveles de transparencia, elegibilidad y accesibilidad por parte de las administraciones; así como avanzar en las alianzas público privadas como herramientas efectivas para el cierre de la brecha.5

Así pues, resulta fundamental exhortar a la Secretaría de comunicaciones y Transportes y la EPS Telecomunicaciones e Internet para Todos a que se diseñe una política clara, alejada de promesas de campaña y ocurrencias que permita trazar un camino que lleve a la conectividad universal.

El desmantelamiento de la Secretaría y movimientos internos de corte político hacen que los objetivos luzcan lejanos, cuando menos.

La política de la acción es fundamental en la ejecución de un proyecto que tiene como meta conectar a más de 30 millones de mexicanos en solo 15 meses, la política de la promesa vacía sólo logrará acrecentar las ya lacerantes desigualdades entre los mexicanos y condena a la exclusión a millones de personas cuando la pandemia ha echado luz a su vulnerabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Electricidad y a la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos a que, en el contexto de sus facultades, planeen y ejecuten estrategias para cumplir la meta de alcanzar una cobertura de internet universal

Notas

1 https://www.xataka.com.mx/legislacion-y-derechos/oficial-amlo-cancela-p royecto-red-troncal-cfe-sera-unico-proveedor-internet-zonas-rurales-mex ico consultado el 23 de septiembre 2020, 18:40

2 https://elceo.com/politica/mexico-tendra-solo-0-37-del-presupuesto-para -dar-internet-sin-garantia-de-dispositivos-ni-uso/ consultado el 24 de septiembre 2020, 13:30

3 https://elceo.com/politica/mexico-tendra-solo-0-37-del-presupuesto-para -dar-internet-sin-garantia-de-dispositivos-ni-uso/ consultado el 24 de septiembre 2020, 14: 18

4 https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/En-Mexico-hace-falta-mas-acc eso-a-internet-que-cobertura-IFT-20190513-0057.html consultado el 24 de septiembre 2020 15:20

5 https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/amlo-asegura-que-todo-mexico-tendra-internet-
2021-paises-desarrollados-existe-100-cobertura-especialistas consultado el 24 de septiembre 2020, 15:35

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2020.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a garantizar por diversas autoridades del estado de México que la gasera de Joaquín Montenegro y Avenida 2 de Marzo, en El Quemado, Tultepec, no represente un riesgo para la integridad y el patrimonio de vecinos y usuarios, pues se encuentra cerca del mercado de artesanías pirotécnicas San Pablito, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El mercado de Artesanías Pirotécnicas San Pablito, ubicado en el municipio de Tultepec, estado de México, es el mercado de pirotecnia más grande del país y posterior al terrible accidente acaecido el 20 de diciembre de 2016, el mercado fue reconstruido y, de conformidad con las pruebas realizadas recientemente por la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy en día es el mercado más seguro de Latinoamérica en el rubro.

El tema de protección civil y prevención de accidentes es una de las prioridades del municipio de Tultepec, de los más de 150 mil habitantes el 70 por ciento depende directa o indirectamente de la actividad pirotécnica por lo que cualquier pretensión de instalar algún tipo de establecimiento con materiales o productos energéticos, combustibles o productos inflamables deben pasar por los más altos estándares de protección civil, en apego a la normatividad vigente.

No obstante, el pasado 1 de octubre de 2020 vecinos de Tultepec realizaron una manifestación pacífica y denunciaron vía redes sociales que la Empresa de Gas Uribe, SA de CV, anunció la apertura de la gasera ubicada en la calle Joaquín Montenegro y avenida 2 de Marzo, colonia el Quemado, Tultepec,1 cercana al Mercado de Artesanías Pirotécnicas San Pablito, misma gasera que hace un año, a raíz de las protestas de vecinos de la localidad, el presidente municipal en aquel entonces, el finado ingeniero Armando Portuguez Fuentes, señaló que solo se trataban de rumores y que no existían los permisos del municipio para el funcionamiento de este centro de distribución de gas, construido sobre una superficie de unos mil metros cuadrados.2

Una estación de gas LP para carburación es la instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el trasiego de gas licuado del petróleo a vehículos automotores con equipos de carburación de gas LP.

El funcionamiento de estas estaciones de gas licuado de petróleo se encuentra reglamentado, mediante diversas normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Energía Federal; sin embargo, en algunas ocasiones, pese a lo reglamentado el funcionamiento de gaseras en el país es permitido al margen de la ley en lugares peligrosos y que ponen en peligro la integridad de la población, en lo particular en el Estado de México, el funcionamiento de gaseras ilegales es constantemente denunciado y que consta en los diversos reportajes periodísticos, como los siguientes:

• Apenas hace unos días, el pasado 28 de septiembre habitantes del municipio de Atizapán de Zaragoza se manifestaron frente al palacio municipal en protesta por la operación de cuatro centros de carburación en zonas habitacionales. Los establecimientos se ubican en ejidos de San Miguel Chalma, en Lomas de San Miguel Norte, fraccionamiento Villas Hacienda y en San Mateo Tecoloapan. Pese a que los cuatro establecimientos habían sido suspendidos por carecer de autorizaciones, uno de los negocios reabrió, relataron los inconformes.3

• Incluso, trabajadores de la empresa Guval Gas, que carece de registros ante autoridades federales, han agredido físicamente a conductores de pipas de otras compañías y han destruido sus unidades para acaparar ilícitamente el mercado.4

• Por su parte, gaseros del estado de México han señalado temer por ataques a sus distribuidores y empleados, pese a denunciar amenazas y ataques ante autoridades mexiquenses, éstos persisten desde hace meses. Los ataques, señalan, tienen como objetivo que las gaseras ya establecidas cierren y dejen de vender el energético, para dejar el mercado libre a ACME. En febrero incluso se solicitó por parte de los gaseros la presencia de la Guardia Nacional, en municipios como Apaxco, en el estado de México, para intentar frenar ataques y amenazas de gaseros irregulares en esa zona.5

• No faltan las denuncias que señalan que autoridades estatales y municipales del Edomex han permitido que casas, escuelas y parques se construyan cerca de gaseras. En Tlalnepantla, la Secretaría de Infraestructura del estado de México construyó junto a una planta de distribución de gas LP un parque temático. Sin embargo, se comprobó que este no es el único caso, pues, de las nueve gaseras asentadas en el municipio, otras cinco fueron envueltas por zonas habitacionales que llegaron después.6

• Por si esto no fuera suficiente, alrededor de esta actividad, ocurren otros fenómenos que tiene por fondo, por ejemplo el monopolio o el “gasicholeo”. El estado de México ocupa el segundo lugar en el hallazgo de tomas clandestinas de gas LP. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía mexiquense, la distribución en Texcoco está controlada por unas 90 pipas de las gaseras Soni, Vela, Multiregional y Josna, así como otra identificada como Gas LP México, que es señalada como empresa fantasma que distribuye gas de tomas clandestinas.7

• El 15 de septiembre de 2020 dos policías municipales de Chapultepec fueron asesinados a tiros afuera de una gasera asegurada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El doble homicidio se registró a un costado de un inmueble identificado como Gas Polar, un sitio que era utilizado para venta del combustible y que en abril de este año se registró un primer ataque en contra de una mujer y sus dos hijos. En el primer atentado, un grupo armado arribó al sitio y disparó en contra de la mujer que cuidaba el sitio y sus dos hijos que la acompañaban.8

En este contexto, la gasera de la empresa “Gas Uribe, SA de CV”, ubicada en la calle Joaquín Montenegro y avenida 2 de Marzo, colonia el Quemado, Tultepec, ha anunciado su apertura pese a los riesgos que representan para los vecinos, usuarios, trabajadores y población en general en virtud del incumplimiento de los diversos requisitos de seguridad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014 Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su operación.

La estación de distribución de gas LP en comento, carece de entradas y salidas obligatorias, ya que solo cuenta con un acceso. De la misma manera, en el caso de ocurrir un siniestro se provocaría una reacción en cadena por estar a pocos metros de del mercado más grande de fuegos artificiales en el país, entre lugares de reunión, comercios, hoteles, salones de eventos, y en una de las principales arterias viales de acceso al municipio de Tultepec.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 14, fracciones II, incisos c) y d), y III, inciso b), ambos del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo,9 es facultad de la Secretaría de Energía del gobierno federal, el otorgamiento de los siguientes permisos:

“[...]

II. De almacenamiento, en alguna de las siguientes categorías:

c) Mediante Estación de Gas LP, para Carburación de Autoconsumo, y

d) Mediante Instalación de Aprovechamiento para Autoconsumo.

III. De distribución, en alguna de las siguientes categorías:

b) Mediante Estación de Gas LP, para Carburación; [...]

En este orden de ideas, el artículo 17 del reglamento referido en el presente considerando, establece, lo siguiente:

Artículo 17.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley, y la fracción XII del artículo 3 de la Ley de la Comisión, los interesados en obtener los permisos a que se refiere el artículo 14 de este Reglamento, deberán presentar una solicitud a la secretaría o la comisión, según corresponda, conforme a lo siguiente:

“[...]

I. En todos los casos:

a) Si es persona física: nombre, domicilio y copia certificada de identificación oficial con firma del solicitante.

Si es persona moral: la denominación o razón social, la marca comercial con la que, en su caso, se identifique, domicilio y copia certificada del instrumento otorgado ante fedatario público que acredite su constitución como persona moral;

b) En su caso, la acreditación de su representante legal, el nombre y domicilio del mismo y de las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones; Tipo de permiso que desea obtener, y

c) Dictámenes técnicos de una unidad de verificación aprobada por la secretaría o la comisión, según corresponda, acreditando que el proyecto y vehículos cumplen con las normas oficiales mexicanas aplicables.

II. Los solicitantes de los permisos establecidos en el artículo 14, fracciones II, y III, incisos a), b) y c), del presente Reglamento, adicionalmente deberán presentar documentación que contenga:

a) En relación con las especificaciones técnicas:

1. Descripción, ubicación y capacidad de almacenamiento del proyecto, incluyendo los planos civil, mecánico, eléctrico, del sistema contra-incendio, planométrico y memorias técnico descriptivas, los cuales deberán incluir el nombre y firma autógrafa del proyectista, del representante legal del solicitante, y de la Unidad de Verificación correspondiente, aprobada por la Secretaría, y

2. Medidas de seguridad con que cuenten.

b) Programas de inversión para la realización del proyecto, de conformidad con las características del servicio que pretende prestar, con excepción de los permisos de almacenamiento para autoconsumo, y

c) Copia simple de los documentos que acrediten la propiedad, posesión o título jurídico que permita hacer uso de los terrenos o predios que se vayan a utilizar, incluyendo, en su caso, Centrales de Guarda, identificando el número oficial.

III. Los solicitantes de los permisos establecidos en el artículo 14, fracciones I, inciso b), y III, inciso d), del presente Reglamento, adicionalmente deberán presentar documentación que contenga:

a) Descripción del proyecto, señalando la capacidad de conducción, la capacidad en instalaciones de recepción, guarda y entrega de Gas LP, conducido, los puntos de interconexión y las fuentes de suministro;

b) Plano básico de localización que muestre las coordenadas y el trazo general del proyecto;

c) Plano general por secciones;

d) Plano de detalle de instalaciones tipo; Memorias técnico descriptivas del proyecto;

f) Procedimientos y condiciones de operación y mantenimiento del Sistema de Transporte por Ductos o Red de Distribución por Ductos, según corresponda;

g) Programa de actividades que especifique cada etapa de desarrollo del proyecto, incluyendo la fecha tentativa para iniciar operaciones;

h) Plan integral de seguridad;

i) Diagrama de flujo de Gas LP;

j) Programas y compromisos de inversión para la realización del proyecto de que se trate;

k) Documentación que acredite la capacidad financiera del solicitante para la construcción, operación y mantenimiento del sistema y redes de que se trate;

l) Documentación que acredite la propiedad, posesión o el título jurídico que le permita al solicitante el aprovechamiento de las instalaciones y equipo. Dichos documentos podrán ser presentados en el aviso de inicio de operaciones correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 85, fracción I, de este Reglamento;

m) Propuesta de Condiciones Generales para la Prestación del Servicio, conforme a lo señalado en el artículo 22 del presente Reglamento, salvo que exista un modelo previamente aprobado por la comisión, y

n) Manifestación de la demanda potencial. [...]”

En este sentido resulta prudente exhortar a la dependencia federal aludida, para que se dé a conocer de manera pública, si la gasera objeto de la presente proposición cuenta con los permisos necesarios para su funcionamiento, ya que es de su entera competencia emitir los permisos para el almacenamiento y distribución de gas LP a fin de que la población de Tultepec tenga la certeza en el supuesto de que no representa un riesgo a su integridad y patrimonio.

No sólo el municipio de Tultepec sino los 125 municipios del estado de México enfrentan diversos tipos de riesgos por siniestros de origen natural o antropogénico, los cuales la Coordinación General de Protección Civil del gobierno del estado de México tiene la responsabilidad de prevenir los riesgos de estos.

En esta tesitura, en el estado de México, en correspondencia a la estricta vigilancia de protección civil de las empresas de carburación de gas licuado de petróleo, en la Sección Cuarta, fracciones VI y XX del Artículo 27 Bis, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, sobre la Coordinación General de Protección Civil,10 se establece:

“Artículo 27 Bis. Corresponden a la Coordinación General de Protección Civil, las atribuciones siguientes:

[...] XX. Implementar acciones, mecanismos y procesos en materia de protección civil, tendientes a facilitar la instalación, operación, ampliación y regularización de giros comerciales, industriales y de servicios en el territorio de la entidad, de conformidad con la legislación aplicable en la materia [...]”

Por su parte, de acuerdo con la fracción XI del artículo 4 y IV del artículo 8 de la Ley que crea el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México,11 al Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México le corresponde:

“[...] XI. Planear, emplear y ejecutar los mecanismos de supervisión y visitas aleatorias que para tal efecto se encuentren contemplados en el Reglamento, con la finalidad de comprobar que las obras, unidades económicas, inversiones o proyectos cuenten con el Dictamen Único de Factibilidad, y en su caso, cumplan con las condicionantes de su expedición; [...]”

“Artículo 8. Son atribuciones de la o el titular de la Dirección General:

IV. Autorizar, coordinar y ejecutar la práctica de las visitas de verificación en las materias competencia del Instituto, para corroborar la permanencia de las condiciones bajo las cuales fue emitido el Dictamen Único de Factibilidad y las evaluaciones técnicas de factibilidad emitidas por las dependencias y organismo auxiliares competentes; [...]”

En este orden de ideas, de acuerdo con la fracción I Ter del artículo 31; XIII Quáter del artículo 48; y, Artículo 167 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,12 a la autoridad municipal le corresponde:

“Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos:

I Ter. Aprobar y promover un programa para el otorgamiento de la licencia o permiso provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo que no impliquen riesgos sanitarios, ambientales o de protección civil, conforme al Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo, consignado en la ley de la materia, mismo que deberá publicarse dentro de los primeros 30 días naturales de cada ejercicio fiscal y será aplicable hasta la publicación del siguiente catálogo.

El otorgamiento de la licencia o permiso a que hace referencia el párrafo anterior, en ningún caso estará sujeto al pago de contribuciones ni a donación alguna; la exigencia de cargas tributarias, dádivas o cualquier otro concepto que condicione su expedición será sancionada en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;

[...]

XXIV Quáter. Otorgar licencias y permisos para construcciones privadas, para el funcionamiento de unidades económicas o establecimientos destinados a la enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes nuevas y usadas, parques y desarrollos industriales, urbanos y de servicios.

Tratándose de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos que requieran dictamen único de factibilidad, la licencia o permiso correspondiente deberá otorgarse, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de que le sea presentado el dictamen único de factibilidad correspondiente, siempre y cuando el solicitante haya presentado el oficio de procedencia jurídica a más tardar diez días hábiles posteriores a la fecha de su recepción; [...]”

Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones:

XIII Quáter. Expedir o negar licencias o permisos de funcionamiento, previo acuerdo del ayuntamiento, para las unidades económicas, empresas, parques y desarrollos industriales, urbanos y de servicios dando respuesta en un plazo que no exceda de tres días hábiles posteriores a la fecha de la resolución del ayuntamiento y previa presentación del dictamen único de factibilidad, en su caso.

Al efecto, deberá someter a la consideración del ayuntamiento la autorización de licencias o permisos de funcionamiento en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de que la persona física o jurídica colectiva interesada presente el dictamen único de factibilidad que, de conformidad con la legislación y normatividad aplicables, se requiera.

La autoridad municipal deberá iniciar los trámites relativos con las autorizaciones, licencias o permisos, a partir de que el solicitante presente el oficio de procedencia jurídica emitido por la Comisión de Factibilidad del Estado de México.

Una vez que el solicitante entregue el dictamen único de factibilidad, de ser procedente, podrá obtener la autorización, licencia o permiso correspondiente. [...]”

“Artículo 167.- Los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones otorgados por autoridades o servidores públicos municipales que carezcan de la competencia necesaria para ello, o los que se dicten por error, dolo o violencia, que perjudiquen o restrinjan los derechos del municipio sobre sus bienes del dominio público, o cualquier otra materia, serán anulados administrativamente por los ayuntamientos, previa audiencia de los interesados.”

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, a pesar de la normatividad existente son de conocimiento público múltiples casos en donde la ciudadanía y no las autoridades son las que detectan y denuncian el funcionamiento de gaseras que no cumplen con ésta, representando un riesgo latente a la integridad de las personas y de su patrimonio por las irregularidades en el transporte, almacenamiento y distribución del gas licuado del petróleo.

De continuar el funcionamiento irregular de la gasera ubicada en la calle Joaquín Montenegro y avenida 2 de Marzo, colonia el Quemado, no sólo representa un riesgo sino también una afectación directa a la percepción de seguridad en materia de protección civil respecto al Mercado de Artesanías Pirotécnicas San Pablito y al municipio de Tultepec en general, cuya principal vertiente económica son la elaboración y comercialización de fuegos artificiales, ocasionando con ello un desincentivo para la población que visita este municipio, desde diversas partes de la república y desde el extranjero, repercutiendo en agudizar la crisis económica de la localidad en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reiteramos nuestro permanente compromiso con las familias en riesgo latente por la amenaza que representa el funcionamiento de gaseras irregulares y exigimos a las autoridades federales y locales responsables no dejen espacio a la corrupción. Bajo ninguna circunstancia podemos normalizar este tipo de acciones que no sólo ponen en riesgo a las familias, sino que repercuten negativamente en el desarrollo de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía del gobierno federal, al titular de la Coordinación General de Protección Civil del gobierno del estado de México, al titular del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y al titular del gobierno municipal de Tultepec para que, en el ámbito de sus competencias, se tomen acciones encaminadas a garantizar que la gasera ubicada en la calle Joaquín Montenegro y avenida 2 de Marzo, colonia el Quemado, Tultepec, no represente un riesgo a la integridad y al patrimonio de los vecinos, usuarios y ciudadanía en general en virtud de que se encuentra cercano al Mercado de Artesanías Pirotécnicas San Pablito.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía del gobierno federal, al titular de la Coordinación General de Protección Civil del gobierno del estado de México, al titular del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y al presidente municipal de Tultepec para que, en el ámbito de sus competencias, se dé a conocer al público los permisos y medidas de seguridad con las que cuenta la gasera ubicada en la calle Joaquín Montenegro y avenida 2 de Marzo, colonia el Quemado, Tultepec, en virtud al alto flujo vehicular y alta concentración de personas en las cercanías de la misma.

Notas

1 @capitantigre Periodista. "Vecinos se oponen a la apertura de una gasera en #Tultepec.". Disponible en: https://cutt.ly/sf5qoUH. Consultado el 3 de octubre de 2020.

2 Milenio. "Habitantes de Tultepec se oponen a estación de gas". Disponible en: https://cutt.ly/0f5qlj5. Consultado el 3 de octubre de 2020.

3 Reforma. Sección Ciudad. "Protestan en contra de gaseras en Atizapán". 29 de septiembre de 2020.

4 Reforma. Primera. "Impone gasera 'patito' su ley a golpes". 1 de julio de 2020.

5 Reforma. Sección Ciudad. "Temen gaseros ataques en Edomex". 4 de junio de 2020.

6 Reforma. Primera. "Tolera Edomex casas junto a gaseras". 17 de febrero de 2017

7 Reforma. Nacional. "Padece Texcoco a cártel de gas LP". 11 de agosto de 2019.

8 Reforma. Sección Justicia. "Asesinan a dos policías en Edomex". 16 de septiembre de 2020.

9 Reglamento de Gas Licuado de Petróleo. Disponible en: https://cutt.ly/Nf5tPmb. Consultado el 3 de octubre de 2020.

10 Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. Disponible en: https://cutt.ly/4oJ3F37. Consultado el 3 de octubre de 2020.

11 Ley que crea el Instituto de Verificación Administrativa del Estado México. Disponible en: https://cutt.ly/4f5h1Rw. Consultado el 3 de octubre de 2020.

12 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Disponible en: https://cutt.ly/Tf5Ry9P. Consultado el 3 de octubre de 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de octubre de 2020.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan las agresiones de elementos de la fuerza civil de NL contra trabajadores de una finca en Los Cristales, al sur de Monterrey, la madrugada del 26 de septiembre de 2020, donde perdieron la vida Gregorio Santiago Margarito y Claudio Francisco Martínez, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una vez más la Fuerza Civil de Nuevo León, vuelve a centrar la atención de la opinión pública por los abusos y excesos que, desafortunadamente, han venido caracterizando su labor en años recientes. La madrugada del 26 de septiembre, en una finca ubicada en Los Cristales, al sur de Monterrey, policías de Fuerza Civil forcejearon con los trabajadores de la construcción de esta finca y les dispararon.1

En el ataque murieron Gregorio Santiago Margarito, de 20 años, y Claudio Francisco Martínez, de 41, mientras que los hermanos Jaime y Venancio Santiago Margarito quedaron heridos. Este último sobreviviente seguía ayer luchando por su vida, pero requiere de transfusiones de sangre y dinero para pagar la cuenta del Hospital Universitario.2

Los cinco trabajadores de la construcción participaban en una convivencia después de concluir su jornada laboral, cuando llegaron al sitio elementos de la Fuerza Civil a bordo de una patrulla. Los albañiles se opusieron a la revisión y tras una discusión se registró una riña teniendo como consecuencia tres personas heridas y dos muertes.3

Venancio, junto con sus hermanos, era guía de turistas en el Sótano de las Golondrinas en Aquismón, San Luis Potosí. Por la pandemia, decidieron trabajar como albañiles en Monterrey, dos semanas antes de lo sucedido con Fuerza Civil.4

En una rueda de prensa realizada en la organización Zihuame Mochilla, AC, que apoya a comunidades indígenas que sufren actos de discriminación en el Estado de Nuevo León, la asociación pidió justicia para los trabajadores, la reparación del daño y la remoción de los elementos de la corporación policiaca del estado.5 Lamentaron la muerte de Gregorio Santiago Margarito y Claudio Francisco Martínez, así como las heridas de Jaime Santiago Margarito, Venancio Santiago Margarito y Felipe Martínez:

“Es un hecho a manos de policías pertenecientes a Fuerza Civil, quienes, en un total abuso de autoridad y uso desmedido de la fuerza, dispararon en contra de las personas que se encontraban desarmadas y conviviendo de manera pacífica, sin que mediara razón alguna para la agresión”.6

Carmen Farías, representante de Zihuame Mochilla, manifestó su repudio total a los hechos sucedidos en contra de los jóvenes originarios de San Luis Potosí, quienes tenían apenas dos semanas en la ciudad de Monterrey, luego de que emigraran por falta de trabajo. Galileo Hernández Reyes, de Procuración de Justicia Étnica, lamentó la falta de conciencia y la deficiente actuación de los policías de Fuerza Civil. “Es un hecho muy grave donde se involucran cuerpos de seguridad que en teoría tienen una capacitación y gastan mucho dinero en capacitación, y no es justo que se estén dando este tipo de situaciones.7

La Secretaría de Seguridad Pública en la entidad, no detalló cómo ocurrieron los sucesos. Sin embargo, emitió un comunicado el 26 de septiembre en el que estableció que Asuntos Internos ya abrió una investigación para establecer la actuación de los policías y saber si estuvo apegada a la legalidad:

“En relación a los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre en la colonia Los Cristales, en el municipio de Monterrey, esta Secretaría colaborará en total coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, y coadyuvará activamente para el esclarecimiento de estos lamentables hechos.

De forma paralela, esta Institución dio inicio a una investigación mediante su Dirección de Asuntos Internos, con el fin de determinar si la actuación de los elementos policíacos fue apegada a la legalidad y protocolos que corresponden a la situación y, en el caso de detectar cualquier anomalía, aplicar las medidas sancionatorias pertinentes.

La Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso con la legalidad, los derechos humanos y el estado de derecho, honrando su deber último de en todo momento Proteger y Servir a la comunidad.”

No obstante, las agresiones citadas no son un caso aislado, sino que son parte de la actuación sistemática que refleja la escasa capacitación y profesionalización de los elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León. Para contar con un panorama general de esta problemática, basta señalar los siguientes acontecimientos suscitados recientemente:

• En febrero del presente año, vecinos de San Bernabé señalaron en redes sociales el presunto abuso policiaco por parte de elementos de Fuerza Civil que perseguían a unos sospechosos y los policías respondieron disparando al aire, golpeando a algunas personas y tratando de ingresar a un domicilio, sin contar con una orden de cateo.8

• Hace apenas unos días, elementos de la Fuerza Civil trataron de someter a un chofer por pasarse un alto, quien se opuso a la detención pues argumentaba que infraccionar le correspondía al Instituto de Movilidad de Nuevo León y no a ellos. Esto en el cruce de Bartolomé Mitre y Aavenida La Esperanza, en Monterrey.9

• El lunes 21 de septiembre, una patrulla de Fuerza Civil protagonizó una persecución por la Avenida Guerrero, en la que murieron un policía y una joven ajena a los hechos que fue arrollada por la patrulla. Los delincuentes que eran perseguidos lograron escapar.10

• A finales de septiembre una familia de comerciantes de Monterrey denunció a elementos de la Fuerza Civil que las golpearon e ingresaron a su domicilio para presuntamente una revisión. De acuerdo con los reportes, al menos unos 25 elementos policiacos fueron los que detuvieron a las personas ocasionando no sólo golpes sino daños a los muebles de la casa. En la denuncia la familia acusa a los policías de robarles pertenencias y dispositivos electrónicos.11

• También a finales de septiembre, una ciudadana publicó por Facebook un video en el que elementos de la Fuerza Civil realizaban una detención a una persona en Monterrey. Al ser exhibidos los uniformados detectaron el video en redes sociales y realizaron una serie de amenazas e insultos a los cibernautas que compartían su opinión.12

En años anteriores ya se había documentado que la Fuerza Civil del Estado de Nuevo León y la Policía de Monterrey encabezan la lista de corporaciones denunciadas por abuso policiaco. Un informe de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León reveló que en 2016 estas dos corporaciones sumaban en ese año 100 carpetas de investigación por la probable comisión del delito de abuso de autoridad y violación a los derechos humanos de los nuevoleoneses. La Policía de Monterrey y Fuerza Civil, además de cometer abuso de autoridad, también incurrieron en otros delitos, como violación, homicidi3o calificado, homicidio culposo y lesiones, entre otros.1

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, De enero a julio del presente año, se han registrado en la entidad mil 058 denuncias por abuso de autoridad.14 Dicha cifra representa un promedio de 5.03 casos diarios y además supera el número de denuncias por robo a persona, que es de 913, en el mismo periodo. En teoría, lo anterior significa que un ciudadano es más propenso a sufrir un abuso de autoridad que un robo.15

Por si esto no fuera suficiente, un informe de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León revela que en el 2019 fueron reportados más abusos policiales que asaltos en la calle y que, de las denuncias contra agentes, casi en el 100 por ciento de los casos no se siguieron las investigaciones hasta consignarlas ante los jueces. Mientras que la Fiscalía en la entidad recibió mil 802 denuncias por robos a personas el año pasado, registró 2 mil 226 casos de abuso de autoridad, en los que hay mil 864 hechos en los que los señalados son oficiales de policía.16

Entre enero y septiembre del 2020 se acumularon 144 quejas, cantidad que ya supera en un 3 por ciento lo registrado en el 2018.18

Tabla 1. Quejas por abusos presentadas en la CEDH contra Fuerza Civil en los últimos tres años19

Año   Quejas   Porcentaje

2018   140     Base

2019   220     +57%

2020   144     +3%

Desde el 2018, Fuerza Civil es la corporación policial preventiva con más quejas por abusos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque también es la que mayor cobertura tiene en Nuevo León, al mantener presencia en toda la entidad.

De manera inconcebible, el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, justifica el abuso policial en Nuevo León señalando que tiene por origen el estrés en los policías, Puntualiza que en una prueba que se aplicó a 8 mil 500 policías, éstos tienen un nivel de estrés muy alto y recomienda cambiar de función a algunos, a otros atenderlos y unos más ya no deben estar en la corporación.20

El secretario aceptó la existencia de excesos que son falta de protocolos y que, las detenciones ilegales son el 2 por ciento y agrega que se mantiene en pláticas con la Fiscalía pues no en todos los casos hay un delito y la sanción es de tipo administrativo.21

En relación con el tema al que se enfoca la presente proposición, activistas por los derechos humanos señalaron que el ataque fue producto del clasismo y racismo que padece en la entidad la población indígena migrante y exigieron una disculpa pública del secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, por declarar que estaba “enojado porque un pleito de borrachos terminó en la muerte de dos personas”, mostrando una total falta de sensibilidad para desempeñar el cargo.22

Resulta evidente que los hechos relatados y continuamente denunciados por la ciudadanía en Nuevo León no sólo constituyen violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Civil de la entidad, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que son conductas delictivas que por ningún motivo deben quedar impunes.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifestamos nuestro absoluto repudio y preocupación por los distintos casos de violencia institucional y abuso policial ocurridos en distintas localidades de Nuevo León, en donde recientemente perdieron la vida dos personas y una más se encuentra en estos momentos en estado delicado. Sin lugar a dudas, confiamos en que la violencia institucional ejercida por elementos de la Fuerza Civil no representa el accionar de toda esta fuerza policial, pero sí, mancha el trabajo de los policías honrados que día a día realizan su labor con seriedad.

El estado de derecho es una construcción permanente que debemos hacer entre todos. Es por ello, por lo que exigimos la actuación urgente del gobierno de Nuevo León, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Fiscalía General de Justicia en la entidad a razón de que la indiferencia mata y la inacción o el silencio son sinónimo de complicidad.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, condena las agresiones realizadas por parte de elementos de la Fuerza Civil del Estado de Nuevo León en contra de los trabajadores de una finca ubicada en Los Cristales, al sur de Monterrey, la madrugada del 26 de septiembre de 2020, en donde policías de la Fuerza Civil les dispararon, ocasionando que perdieran la vida los ciudadanos Gregorio Santiago Margarito y Claudio Francisco Martínez; y, manifiesta su preocupación por la reiterada comisión de conductas abusivas, arbitrarias y violatorias de derechos humanos por parte de esta corporación policiaca.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Nuevo León, el Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón para que, en el ámbito de sus atribuciones, se inicien protocolos de actuación en materia de derechos humanos en todas las instituciones policiales de la entidad, a fin de garantizar en todo momento el acceso a la justicia.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León para que, en el ámbito de sus competencias, se investiguen los posibles delitos derivados del uso excesivo de la fuerza en los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre, en una finca ubicada en Los Cristales, al sur de Monterrey, en los que policías de la Fuerza Civil forcejearon con los trabajadores de esta finca y les dispararon, en donde perdieron la vida los ciudadanos Gregorio Santiago Margarito, de 20 años, y Claudio Francisco Martínez, de 41, mientras que los hermanos Jaime y Venancio Santiago Margarito quedaron heridos de gravedad.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus competencias, se realice una investigación sobre las posibles violaciones a los derechos humanos realizadas la madrugada del 26 de septiembre, en una finca ubicada en Los Cristales, al sur de Monterrey, en donde policías de la Fuerza Civil forcejearon con los trabajadores de esta finca y les dispararon en donde perdieron la vida los trabajadores de la construcción Gregorio Santiago Margarito, de 20 años, y Claudio Francisco Martínez, de 41, mientras que los hermanos Jaime y Venancio Santiago Margarito quedaron heridos de gravedad.

Notas

1 El Norte. Seguridad. "Lucha por vivir tras ser baleado por Fuerza Civil", 4 de octubre de 2020.

2 Íbid.

3 El Universal. "Investigan muerte de dos albañiles a manos de elementos de Fuerza Civil". Disponible en:

https://cutt.ly/Uf3WTzD. Consultado el 30 de septiembre de 2020.

4 Íbid.

5 Milenio. "Dan último adiós a albañiles abatidos por Fuerza Civil". Disponible en: https://cutt.ly/2f3WbZv. Consultado el 30 de septiembre de 2020.

6 Íbid.

7 Íbid.

8 Grupo Reforma. "Denuncian vecinos de San Bernabé abuso de Fuerza Civil, Monterrey". Disponible en: https://cutt.ly/6f3UWae. Consultado el 30 de septiembre de 2020.

9 Milenio. "Chofer de transporte público en Nuevo León denuncia abusos de elementos de la Fuerza Civil". Disponible en: https://cutt.ly/uf3UZOO. Consultado el 30 de septiembre de 2020.

10 El Norte. Local. "Acumulan quejas contra Fuerza Civil". 1 de octubre de 2020.

11 La Silla Rota. "Denuncian a policías que golpearon y detuvieron a familia de Monterrey". Disponible en: https://cutt.ly/jf57QfJ. Consultado el 4 de octubre de 2020.

12 El Horizonte. "Elementos de Fuerza Civil agreden a ciudadanos ¡por redes sociales!". Disponible en: https://cutt.ly/yf55evw. Consultado el 4 de octubre de 2020.

13 Reporte Índigo. "Fuerza Civil y la regia encabezan abusos". Disponible en: https://cutt.ly/Bf3O05C. Consultado el 30 de septiembre de 2020.

14 Publimetro. "Se registran 5 denuncias diarias por abuso policial". Disponible en: https://cutt.ly/Uf3SEgI. Consultado el 30 de septiembre de 2020.

15 Íbid.

16 El Norte. "Abusan policías en NL... y nada". Disponible en: https://cutt.ly/Uf3FRF2. Consultado el 30 de septiembre de 2020.

17 El Norte. Local. "Acumulan quejas contra Fuerza Civil". 1 de octubre de 2020.

18 Íbid.

19 Íbid.

20 El Sol de México. "Estrés de policías provoca abusos, justifica SSP de Nuevo León". Disponible en: https://cutt.ly/6f3JRZY. Consultado el 30 de septiembre de 2020.

21 Íbid.

22 El Universal. "Ataque de racismo y clasismo costó vida de dos albañiles, dice ONG de Nuevo León". Disponible en: https://cutt.ly/wf6yZQf. Consultado el 4 de octubre de 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de octubre de 2020.

Diputada Dionicia Vazquez García (rúbrica)

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Con motivo de octubre, Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama es una conmemoración mundial, la cual se instituyó para impulsar una mayor atención, sensibilización y detección oportuna con tratamientos integrales y acceso universal a los servicios de salud.

Por su letalidad el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres de nuestro país.1 Se trata de un crecimiento anormal y acelerado de las células mamarias, su desarrollo al ser desorganizado daña órganos vitales y compromete su debido funcionamiento, provocando incluso, la muerte.

De acuerdo con el director general del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), a nivel nacional se diagnostican 191 mil casos de cáncer al año, de los cuales lamentablemente más de 84 mil pierden la vida. Entre los padecimientos con mayor frecuencia se sitúa justamente el Cáncer de Mama con más de 27 mil 500 casos anualmente.2

En este 2020, hasta la semana 38 correspondiente del 13 al 19 de septiembre conforme al Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud existen 8 mil 57 casos en mujeres y 135 en hombres, tendiendo una mayor prevalencia en la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.3

El último informe sobre defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojó que las muertes provocadas por tumores malignos en 2018 ascendieron a 85 mil 754 casos, de ellos 27 mil 455 fueron de órganos digestivos, 19 mil 798 por genitourinarios y 11 mil 647 casos por tejido conjuntivo, de la piel y de mama.

De las 7 mil 257 mujeres que perdieron la vida, en su mayoría correspondieron al grupo de edad de los 65 y más años con el 35.2 por ciento, seguido con el 26.6 por ciento de 55 a 64 años y con el 24 por ciento el sector de entre 45 a 54 años.4

Existen diversos factores ligados con el desarrollo de este malestar tales como los hereditarios en la familia o mutaciones de los genes BRCA1, BRCA2, y TP53, asimismo, los reproductivos como terapias de sustitución hormonal, la aparición tardía de la menopausia y el primer embarazo a edad madura.

Como está asociado con factores de riesgo por los estilos de vida, se recomienda la promoción de conductas saludables y sana alimentación, así como el ejercicio y dieta baja en grasas o productos industrializados.5

Entre las medidas más apremiantes para hacer frente a esta situación y reducir los índices de mortandad, se encuentran el realizarse por lo menos una vez al año un chequeo, explorar el cuerpo para identificar alguna anomalía y en su caso, acudir al centro de salud más cercano.

Ante la presencia de un bulto, cambio de tamaño, modificaciones en la pigmentación de la piel o descamación y enrojecimiento es momento de asistir al médico, sin embargo, a pesar de ser un asunto de corresponsabilidad con las instituciones de salud del gobierno federal, éstas no cuentan con la suficiente cobertura para la realización de mastografías y los programa encaminados a esta área de la salud, están siendo objeto de recortes presupuestales y en el peor de los casos cancelados.

Organizaciones internacionales, expertos e instituciones de investigación concuerdan en que la detección temprana es fundamental, por eso se deben ampliar las estrategias de difusión y concientización para asistir con regularidad a los centros hospitalarios, realizarse exámenes y recibir un tratamiento adecuado para salvaguardar uno de los derechos más importantes como es el de la salud.

Los conocimientos actuales sobre esta enfermedad aún son insuficientes, por ello, disminuir los recursos a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación ponen en riesgo los avances alcanzados y comprometen la salud de las mujeres y hombres con este tipo de cáncer.

Octubre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, por tal motivo, la prevención, la detección temprana y el compromiso institucional a través de sus dependencias de salud son elementos torales para afrontar las repercusiones y el alto grado de mortalidad.

Se debe continuar trabajando para consolidar un sistema integral con perspectiva de salud pública, que reduzca la prevalencia de factores de riesgo, asegure acompañamiento, apoyo a la economía familiar, y particularmente, asistencia en todo el proceso que implica el cáncer de mama.

Notas

1 Instituto Nacional de Salud Pública. (2020). Date una mano: explórate, conócete y cuídate. 4 de octubre de 2020, de gobierno de México Sitio web: https://www.insp.mx/infografias/infografia-cancer-mama.html

2 Secretaría de Salud. (2020). 041. Prevención y detección temprana disminuyen mortalidad por cáncer. 4 de octubre de 2020, de gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/salud/prensa/041-prevencion-y-deteccion-temprana-dis minuyen-mortalidad-por-cancer?idiom=e

3 Secretaría de Salud. (2020). Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información. 4 de octubre de 2020, de gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/salud/documentos/boletinepidemiologico-sistema-nacio nal-de-vigilancia-epidemiologica-sistema-unico-de-informacion-231750

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Características de las defunciones registradas en México durante 2018. 4 de octubre de 2020, de Inegi Sitio web: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSoci odemo/DefuncionesRegistradas2019.pdf

5 Instituto Mexicano del Seguro Social. (2020). Prevención y detección oportuna, claves para atender el cáncer de mama: IMSS. 4 de octubre de 2020, de IMSS Sitio web: https://www.gob.mx/imss/articulos/prevencion-y-deteccion-oportuna-clave s-para-atender-el-cancer-de-mama-imss?idiom=es+

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)