Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a impartir en el nivel escolar básico educación obligatoria sobre reciclaje, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

La contaminación ambiental, está afectando de manera alarmante y ascendente a nivel mundial ya que no se cuenta con una cultura ambientalista que permita utilizar las herramientas adecuadas para reducir los índices de daño a nuestro medio ambiente.

En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, dentro de la cual, los productos que compramos cotidianamente vienen envasados, empaquetados o embolsados en plástico, papel, cartón y otros materiales de embalaje que no tienen mayor utilidad y simplemente los desechamos.

La mayoría de los materiales antes mencionados, en realidad solo generan una gran cantidad de basura que multiplica a grandes cantidades los residuos que se liberan en el medio ambiente, produciendo un gran problema de contaminación, afectando negativamente a todos los ecosistemas.

Por esta razón es importante generar una cultura de reciclaje que nos pueda ayudar a mejorar la calidad del medio ambiente.

El reciclaje es el proceso mediante el cual los desechos se convierten en nuevos productos o en recursos materiales útiles, con los cuales se pueden fabricar otros productos. De esta forma, los residuos se someten a un proceso de transformación eco-ambiental para poder ser aprovechados en algún proceso de fabricación, reduciendo el consumo de materias primas y ayudando a eliminar residuos.1

Lo cierto es que prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor puede ser reciclado, desde los residuos electrónicos hasta los desechos biodegradables, vidrio, papel, plásticos, ropa, y un largo listado de objetos y materiales.

Los beneficios del reciclaje son los siguientes2 :

• Preserva los recursos naturales.

• Disminuye contaminación.

• Ahorra energía.

• Ahorra dinero.

• Ahorra petróleo.

Fuente: Ecología verde: https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-de-reciclar-66. html

Ejemplos de beneficios del reciclaje3 :

• 8 cajas de cereales recicladas pueden convertirse en un libro.

• 80 latas de refrescos recicladas pueden convertirse en una llanta.

• 40 botellas de plástico recicladas pueden convertirse en un forro polar.

• Fabricar una lata gasta 95 por ciento más de energía que reciclarla.

• Con cada tonelada de papel que reciclamos ahorramos 4 mil 100 Kwh.

Fuente: Ecología verde: https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-de-reciclar-66. html

Existen varios tipos de reciclaje de acuerdo a su material, clasificados de la siguiente manera:

• Reciclaje de papel.

• Reciclaje de vidrio.

• Reciclaje de baterías y pilas.

• Reciclaje de aluminio.

Actualmente, Europa es líder en reciclaje. Suecia es uno de los grandes jugadores en el tema. Ellos separan su basura en cinco categorías distintas. Del total de desechos producidos en ese país, sólo 1 por ciento termina en basureros, 47 por ciento es reciclado y el resto es quemado para energía que genera electricidad para 250 mil hogares y da calefacción a 1 millón de residencias. Eso no es todo, se estima que al importar basura de otros países para convertirla en energía, Suecia gana alrededor de 100 millones de dólares al año.4

Otro país ejemplar es Alemania. Ahí se recicla 56 por ciento de todos los desechos, y los ciudadanos están involucrados en la separación de basura y en la disminución de plásticos de un solo uso.5

La Unión Europea lleva mucho tiempo con esa acción y hoy recicla 50 por ciento de su basura y genera energía sustentable.6

En México, se crean diariamente hasta 100 mil toneladas de basura7 , uno de los mayores desechos es el plástico, el cual genera alrededor de 8 millones de toneladas al año y sólo se recicla el 32 por ciento. A pesar de los esfuerzos, aún no hay infraestructura suficiente para el reciclaje en el país.8

Como resultado, México e Italia se han comprometido a aumentar la educación en materia de cambio climático y medio ambiente con el fin de equipar a una nueva generación con los conocimientos, la concientización y las competencias necesarias para hacer frente al cambio climático y a otros desafíos ambientales, y han instado a otros países a que sigan su ejemplo.9

La educación ambiental tiene como objetivo formar conciencia entre la población en general sobre la importancia del medio ambiente global y su problemática. Asimismo, este tipo de educación pretende que las personas adquieran los conocimientos, actitudes, motivaciones y competencias necesarias para contribuir de forma individual y colectiva a la resolución de los problemas actuales y a la prevención de otros que pudieran surgir.

De tal manera, que existen países donde en su educación básica imparten educación ambiental o educación sobre el reciclaje, para desarrollar ciudadanos responsables con el medioambiente, como lo son:

Noruega: es una referencia en gestión de residuos, donde la concienciación social comienza desde los primeros años de vida, la mayoría de los niños de 2 a 6 años asisten a escuelas donde el aprendizaje se desarrolla en gran parte a través del juego y el contacto directo con la naturaleza.10

Se les enseña a separar los residuos, un proceso que luego automatizan. Los residuos en el hogar se clasifican en las fracciones papel y cartón, envases de plástico, vidrio y cristal, y por último orgánico. Esto en lo referente en “basura al uso”.

También encontramos contenedores especiales para residuos tóxicos (sprays, fluorescentes, pintura) y electrónica.11

Corea del Sur: El programa de educación ambiental de Corea del Sur se impulsa desde la primera infancia, si bien en el país asiático existe libertad de cátedra, los valores ecológicos se incorporan de manera universal.12

De esta manera, la ley establece un Plan Nacional de Educación Ambiental, que es implementado por etapas de cinco años, es por ello que el plan comenzado durante 2015 se centró en la incorporación de contenidos en los programas de estudios para niñas y niños, donde además de reforzar valores sobre ecología, se enseñan prácticas de reciclaje y eficiencia energética. De igual manera, dicha legislación estableció en 2013 un Centro Nacional para la Educación Ambiental, donde se desarrollan proyectos de actividades recreativas de formación para apoyar a las escuelas.13

En Puebla los hábitos de reciclar y separar los desechos sólidos aún son una práctica ocasional, por lo que la investigadora Sarisol Canales Cueto en la conferencia Manejo de residuos sólidos en México, que realizo la Universidad Iberoamericana Puebla, indico que tres mil toneladas son generadas en dicho estado, es decir 3 por ciento del total que se desecha, en consecuencia, se deben establecer programas de educación sobre el reciclaje de manera obligatoria en la educación básica, y así lograr una cultura ambiental.

El manejo inadecuado de los residuos sólidos es uno de los problemas ambientales de mayor gravedad, por su alto impacto negativo en los recursos naturales y en la salud humana en el estado de Puebla. Derivado de lo anterior, resulta prioritario fomentar, a partir de la educación escolar, una cultura que se oriente a aliviar el problema ambiental y social que ocasiona la basura.

Por esta razón, las escuelas de educación básica en Puebla, debe impartir la educación necesaria para contar con una eficiente cultura del reciclaje. A partir de los tres años de edad, los niños ya pueden aprender a separar los residuos. En este sentido, el proceso de reciclaje se ha convertido en una actividad que ayuda a solucionar muchos de los problemas ocasionados por los millones de toneladas de desechos sólidos que producimos a diario los seres humanos.

Aprender a reciclar todos los residuos, respetar el medio ambiente y conocer las medidas que se deben tomar frente a esta problemática es muy importante. Por ello es que el uso de contenedores de basura reciclaje es un elemento fundamental en las escuelas, puesto que sólo así es posible que los más pequeños del hogar adquieran la cultura de la separación y de reciclaje de los desperdicios.

Es necesario fomentar una actitud de cuidado del medio ambiente, no sólo por el hecho de que cada vez son más notorias las consecuencias de la contaminación atmosférica que deriva en el calentamiento global, sino porque además la contaminación perjudica en la salud y en la calidad de vida de los seres humanos.

Reciclar no sólo es tirar la basura de manera correcta, es conocer lo que podemos hacer para ayudar y mejorar al planeta. Por este motivo, las niñas y niños poblanos, deben aprender a reciclar, así como emprender acciones para disminuir los altos índices de contaminación del medioambiente, del estado de Puebla y tener una cultura ambiental a temprana edad en la educación escolar básica.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a impartir educación del reciclaje en el nivel escolar básico de manera obligatoria.

Notas

1 ¿Qué es el reciclaje?, [En Línea] [Fecha de consulta 9 de febrero 2020] Disponible en:

http://santamartareciclaje.cl/wp-content/uploads/2019/07 /Material-N%C2%B0-1-el-Reciclaje.pdf

2 ¿Cuáles son los beneficios de reciclar? , [En Línea] [Fecha de consulta 17 de febrero 2020] Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-de-reciclar-66. html

3 Ibídem

4 El Economista “Reciclaje en México”, en línea. Fecha de consulta 15 de febrero 2020. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reciclaje-en-Mexico-20191030-00 01.html

5 Ibídem

6 Ídem

7 Milenio, “Puebla el 3 por ciento de basura diaria en México”, en línea. Fecha de consulta 18 de febrero 2020. Disponible en:

https://www.milenio.com/estados/genera-puebla-3-basura-d iari

8 El Economista “Reciclaje en México”, en línea. Fecha de consulta 15 de febrero 2020. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reciclaje-en-Mexico-20191030-00 01.html

9 Llamamiento a todos los países para que se comprometan con la Educación en materia de cambio climático antes de la COP26, en línea. Fecha de consulta 20 de febrero 2020. Disponible en:

https://unfccc.int/es/news/
llamamiento-a-todos-los-paises-para-que-se-comprometan-con-la-educacion-en-materia-de-cambio

10 “El reciclaje en Noruega”, en línea. Fecha de consulta 19 de febrero 2020. Disponible en:

https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-reciclaje-en- noruega

11 Ibídem.

12 El Programa de educación ambiental que Corea del Sur impulsa desde la primera Infancia, en línea. Fecha de consulta 19 de febrero 2020. Disponible en: https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/educacion-ambient al-corea-del-sur

13 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a restablecer de manera permanente en el gobierno federal por la Secretaría de Bienestar el Programa de Estancias Infantiles, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

Dulce Alejandra García Morlan, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79 numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Bienestar, y en beneficio de la niñez mexicana, implante nuevamente el programa de estancias infantiles, como un programa permanente del gobierno federal, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El Programa de Estancias Infantiles surgió ante la necesidad de desarrollar políticas públicas por el gobierno federal pues, ante la falta de oferta de servicios de cuidado infantil, y la incapacidad para pagar por estos servicios, se había tenido como consecuencia una baja participación en el mercado laboral por parte de madres trabajadoras y padres solos, lo que aumentaba su probabilidad de caer, o mantenerse en la pobreza; dicho programa tenía como objetos principales los de contribuir, mediante el aumento de la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan y padres solos, que buscan empleo o estudian, teniendo en todo momento el objeto de mejorar la calidad de vida de las mujeres trabajadoras, padres solos y sus hijos e hijas.

Su objetivo general se basaba en “disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niños o niñas entre 1 y 6 años de edad recae en una Madre Trabajadora o Padre Solo, así como de los hogares en condiciones de pobreza o en riesgo de caer en ésta de no contar con un segundo ingreso, aumentando las posibilidades de éstos de participar en el mercado laboral”.

El programa garantizaba de forma integral los derechos de las niñas y niños y aseguraba el sano desarrollo integral de los menores con la vigilancia y contraloría del Estado a través de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia, las direcciones de protección civil estatal y municipal.

Por ello, al suprimir como beneficiarios en su modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil se transgredió los derechos de ambos beneficiarios y el de los niños; a los considerados beneficiarios en la modalidad de mujeres y hombres solos que trabajan, buscan empleo o estudian, se les limita el ejercicio del derecho al sano desarrollo integral de los niños ya que no cuentan con lugares adecuados para el cuidado de sus hijos; en la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil deja a las mujeres responsables de las estancias y al personal que se desempeñaba en esos lugares sin la posibilidad de percibir un ingreso limitando el derecho de igualdad de género y el de libre desarrollo de las personas y a los niños les quitar de forma unilateral un mecanismo que garantice la educación, sano esparcimiento, desarrollo de capacidades, seguridad, bajo la contraloría, vigilancia, supervisión y rectoría del Estado.

Al respecto, es trascendental la interpretación que realizó el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en la observación general 14 de 2013, en la que se señala al interés superior de la niñez como “un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto, cuyo objetivo es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño y su desarrollo holístico por lo que “ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del niño’”.

En el presente mes, los medios de comunicación dieron cuenta de un lamentable suceso ocurrido en Torreón, Coahuila. Se dio a conocer que un menor de 11 años de edad, con armas de fuego, disparó contra sus maestros y sus compañeros, resultando dos de ellos fallecidos y otros tantos heridos de gravedad.

Retomo esta situación como un ejemplo preciso de la importancia de que el Estado garantice a los menores de edad un efectivo cuidado en áreas debidamente establecidas y que cuenten con la seguridad necesaria.

De conformidad con lo que se estableció el año pasado y en 2020, por el gobierno de la república y específicamente por la Secretaría de Bienestar, se desaparece el programa de estancias infantiles y en su lugar se entrega de manera directa un recurso económico en efectivo para que la madre o padre de familia decidan en donde pueden cuidar a sus hijos o inclusive pueden ejercerlo en cualquier otra cosa distinta al cuidado de sus hijos.

Hoy tenemos el reporte de que hay una gran cantidad de madres y padres de familia que han optado por esa segunda opción: ejercer el apoyo económico para sufragar sus gastos y con ello dejar en la incertidumbre el cuidado de sus hijos.

Es momento de que el presidente de la República reconozca la importancia que tiene que un menor de edad tenga los cuidados necesarios por parte de sus padres y en caso de que no se los puedan dar por la necesidad que tienen de ir a trabajar, se los puedan proporcionar en espacios debidamente establecidos, con las condiciones de seguridad necesarias y con personal debidamente certificado en atención y cuidado de la niñez.

Con base en lo expuesto presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Bienestar, y en beneficio de la niñez mexicana, implante nuevamente el programa de estancias infantiles, como un programa permanente del gobierno federal.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a publicar en el DOF el nuevo ingreso objetivo del maíz de 4 mil 150 pesos por tonelada, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para los agricultores de Sinaloa y del resto de los estados con agricultura comercial o excedentaria, el pasado ciclo agrícola 2018-2019 fue particularmente difícil.

A finales del 2018, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, donde asignaba a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), un presupuesto de sólo 57,343 millones de pesos, es decir, un 20.5 por ciento menos recursos que en el ejercicio fiscal 2018.

Particularmente, al Programa de Apoyos a la Comercialización, ahora llamado Agromercados Sociales y Sustentables, se le asignaban 5,408 millones de pesos, lo que representaba un 44.5 por ciento menos.

Ante esta propuesta de recorte presupuestal a la dependencia más importante para el campo mexicano, las organizaciones de productores agrícolas del sector social y privado de Sinaloa y de más de 20 entidades federativas del país, se movilizaron a lo largo y ancho del territorio nacional, tomaron carreteras, casetas, aeropuertos y la propia Cámara de Diputados para exigir un mayor presupuesto.

Fue así que se logró que a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se le aprobaran 65,435 millones de pesos y al Programa Agromercados Sociales y Sustentables 6,707 millones de pesos. Aun así, en ambos casos, menos presupuesto que el año pasado, para atender las mismas o quizá mayores problemáticas y rezagos del campo mexicano.

En Sinaloa, el sector agrícola representa nuestra vocación productiva, orgullo e identidad. En términos económicos, anualmente genera 54,765 millones de pesos anuales, de los cuales un sólo cultivo, el maíz, aporta el 44 por ciento del valor total de la cosecha. Además, el sector primario representa el 11.0 por ciento del producto interno bruto estatal y en el medio rural, habita el 27 por ciento de la población sinaloense.

Esta estructura económica y social de Sinaloa, implica que, si al campo le va bien, a la ciudad le va mejor, pero si al campo le va mal, esto impacta negativamente el resto de las actividades productivas. El campo tiene pues, un efecto dominó en todas las actividades productivas y económicas.

Por lo anterior, los productores agrícolas encabezados por los líderes del Congreso Agrario Permanente, la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, se reunieron el pasado 9 de abril del 2019, con el titular de Sader, doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, donde se le planteó la necesidad de actualizar el Ingreso Objetivo del maíz, para pasar de $3,960 a $4,150 por tonelada.

Lo anterior para compensar el ajuste inflacionario y el incremento de los precios de los insumos básicos, como la semilla, fertilizantes, seguro y maquila.

De esta manera, y después de varias horas de exponer sus posturas, el titular de Sader firmó junto con los líderes de las organizaciones, Diputados Federales y Senadores, el Acuerdo donde se reconocía como nuevo Ingreso Objetivo del maíz los $4,150 por tonelada.

No obstante, han pasado 10 meses y aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que existe una justificada preocupación e incertidumbre por parte de los productores agrícolas, de que dicho Acuerdo no se cumpla por insuficiencia presupuestal de esa dependencia federal.

Ya que, al no estar publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no lo tiene considerado y no toma las previsiones presupuestales necesarias para cumplirlo, sobre todo considerando que Sinaloa produjo 6 millones de toneladas de maíz en el ciclo otoño-invierno 2018-2019, por lo que el acuerdo representará una importante erogación de recursos federales.

El incumplimiento de este Acuerdo por parte del Gobierno Federal, ha orillado a muchos productores a cartera vencida, lo que les ha complicado sus solicitudes de crédito para el presente ciclo agrícola 2019-2020.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que publique en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo ingreso objetivo del maíz de $4,150 por tonelada, acordado y firmado por el secretario del ramo y los representantes de las organizaciones de productores agrícolas de Sinaloa, desde el pasado 9 de abril del 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de febrero del 2020.

Diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR y el Infonavit a publicar la información sobre los contratos firmados entre éste y la empresa Telra en el lapso 2015-2016; y a la SHCP, a publicar la relativa al procedimiento para llevar a cabo la rifa simbólica del Boeing 787-8, suscrita por las diputadas Martha Angélica Tagle Martínez y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscritas Martha Tagle Martínez y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón , legisladoras del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El lunes 10 de febrero de 2020, el fiscal general de la república realizó una entrega por la cantidad de dos mil millones de pesos a favor del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado mediante un cheque nominativo resultado de un “acuerdo reparatorio” entre la Fiscalía General de la República, y la empresa propiedad de André y Max El-Mann Arazi,así como de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, todos accionistas de Telra Realty, empresa que obtuvo en 2014 un contrato exclusivo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el fin de desarrollar un programa de Movilidad Hipotecaria, conocido como Cambiavit.1

Distintas voces del medio periodístico señalan la existencia de tres contratos entre los años de 2015 y 2016 para que mediante su programa se remodelarán viviendas abandonadas para darles un uso funcional y desarrollarlas mediante venta o arrendamiento.

El 31 de mayo de 2017, el Infonavit estableció que esos contratos lo afectaban, por lo que determinó cancelarlos. Telra no aceptó esto y advirtió acciones legales contra el instituto, lo que implicaba un daño al erario por 15 mil millones.

Tras negociar, Telra pidió 4 mil 800 millones para no ir a juicio.

Entre octubre de 2017 y marzo de 2018 el Infonavit dio seis pagos a Telra que sumaron 5 mil 088 millones. Sin embargo, el cheque presentado el lunes por el presidente López Obrador era por 2 mil millones.2

Derivado de su informe matutino, el titular del ejecutivo y el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, hizo de conocimiento público la recuperación de dos mil millones de pesos, resultado de una denuncia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en la que se iniciaron “acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación” y que “se había trabajado a pesar de las últimas diligencias una noche anterior”.

Los dos mil millones de pesos es la cantidad que Grupo Elman y Zaga Tawil acordaron devolver al Infonavit, con el fin de dar por terminada la mencionada investigación en su contra, de tal suerte que correspondería entonces al Infonavit recibir esa cantidad por el solo hecho de que la víctima en dicha litis es dicho Instituto, cuyo patrimonio depende de cuotas tripartitas y no está incluido en el presupuesto federal.

En este orden de ideas, en un hecho sin precedentes, la Fiscalía, a través de su titular, dispuso de este dinero recuperado a favor del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y argumentan que esto fue gracias a las facultades que le otorga la Ley de Extinción de Dominio, sin embargo, si se hubiera aplicado a cabalidad la acción de extinción de dominio, al primero a quien se le debió resarcir el daño debió ser al Infonavit. Incluso esta ley no es aplicable a fondos que corresponde devolver al Infonavit, esto por una simple y llana razón: las aportaciones del Infonavit son prestaciones laborales.

Para evidenciar aún más este hecho contrario a derecho, la Ley Federal del Trabajo establece que las prestaciones son sociales, y las aportaciones de los trabajadores y los patrones al Infonavit son inembargables y por esta razón no solo la acción de extinción de dominio no aplica al caso concreto, sino que es contrario al ordenamiento jurídico en relación.

En todo caso, el cheque debió provenir de la Tesorería de la Federación declarada como la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de la gestión financiera de los recursos y valores del gobierno federal, incluyendo: recepción de ingresos, ejecución de pagos con cargo al PEF y administración de los recursos disponibles de la Tesofe y el gasto etiquetado en el Presupuesto de Egresos Federal.

Es menester evidenciar que la Fiscalía General de la República dispuso de un recurso, cuando no es su facultad y que dichos recursos provienen del Infonavit, así los trabajadores asumen una minusvalía en sus fondos administrados por dicho Instituto y en la reparación no recuperan nada, pues toda esta maraña de desviaciones de atención y sobretodo de recursos, parte de un litigio entre reclamaciones de privados y una dependencia. Es una clara irresponsabilidad que el fiscal general de la república se preste para indicar con toda seguridad que no puede dar detalles del caso en que se recuperaron los recursos debido a que la investigación sigue en curso y como fiscal pero sí disponga de los multimencionados recursos, sin esclarecer a la ciudadanía la figura jurídica por medio del cual se recuperó ese recurso, pues tendría que tener claro, que hasta que no se tenga una sentencia firme en un juicio, no se puede disponer de ningún recurso que haya quedado como recuperado.

Incluso si se recupera el recurso, no le corresponde al Ejecutivo la disposición de ese recurso para el pago de otra cosa que no sea la devolución del dinero al Infonavit.

Estas arbitrariedades y ocurrencias de la rifa de un avión que no van a vender a precio de mercado porque se debe más de arrendamiento que lo que en verdad cuesta el avión resulta preocupante en las prioridades del Poder Ejecutivo. La Fiscalía otorga así, sin registro de la Secretaría de Hacienda, sin ningún tipo de argumento, recibo o acuse. Ni por la Ley de Extinción de Dominio, el fiscal puede disponer directa y discrecionalmente de esas aportaciones laborales y mucho menos destinarlos a otros programas sociales, así sea la rifa de cualquier cosa que se quiera rifar o al propio Sector Salud.

En virtud de la entrega de este cheque por dos mil millones de pesos a favor del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, resulta que el flamante Instituto le está robando al pueblo que tanto se jactan de defender: sus aportaciones de seguridad social.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a respetuosamente al fiscal general de la república a hacer pública el estado que guarda la investigación respecto a los contratos firmados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la empresa Telra Reality en los años 2015-2016; así como el fundamento con el cual la Fiscalía dispuso del recurso y entregó al Instituto para devolverle al pueblo lo robado.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público a hacer pública la información respecto al procedimiento para llevar a cabo la rifa simbólica del Boeing 787-8(avión presidencial), la naturaleza y monto del recurso recibido, así como el fundamento legal para justificar su destino.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, a pronunciarse respecto a la posible pérdida o afectación del patrimonio de las y los trabajadores en el Fondo de la Vivienda; así como la forma en que será reparado o restituido el posible daño debido a que la empresa ha realizado la devolución de una cantidad a la Fiscalía General de la República.

Notas

1 Galván Ochoa, Enrique. “Dinero”, Sección Opinión. La Jornada [en línea]. México, 12 de febrero de 2020, disponible en: https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/opinion/006o1eco

2 Páramo, Arturo y Flores, Raúl, “Telra recibió 5 mil mdp; regresó 2 mil; contratos leoninos en perjuicio del Infonavit”. Excelsior [en línea]. Ciudad de México, 12 de febrero de 2020, disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/telra-recibio-5-mil-mdp-regreso-2 -mil-contratos-leoninos-en-perjuicio-del-infonavit/1363616

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputadas: Martha Angélica Tagle Martínez y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, la SEP y el Conadis a fortalecer las campañas de información y sensibilización sobre las causas, los efectos, los comportamientos y las acciones para diagnosticar y atender la condición del espectro autista, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que en el ámbito de sus competencias fortalezcan las campañas de información y sensibilización sobre las causas, efectos, comportamientos y acciones para el diagnóstico, atención y tratamiento sobre la condición del espectro autista en México al tenor de las siguientes

Consideraciones

El trastorno del espectro autista, también conocido con las siglas TEA, es una enfermedad relacionada con el desarrollo del cerebro, comienza en la niñez y muy probablemente se manifieste dentro de los primeros años de vida.

Puede llegar a permanecer durante todo el desarrollo de la persona hacia la adolescencia y la edad adulta, afectando la manera en que la persona percibe y socializa con otras personas, provocando dentro de la escuela o trabajo problemas en el lenguaje, en la interacción y comportamiento social y en la comunicación.

Es importante la intervención desde la etapa de la primera infancia, es decir, desde el embarazo hasta los tres años aproximadamente, debido a que los niños con autismo necesitan una adecuada alimentación, protección y estimulación para que su cerebro se desarrolle de la mejor manera posible y poder optimizar su bienestar.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran que:

• “Uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista (TEA).

• Los TEA comienzan en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta.

• Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.

• Las intervenciones psicosociales basadas en evidencias, como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres, pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social, y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las personas con TEA y de sus cuidadores.

• Las intervenciones dirigidas a las personas con TEA deben acompañarse de medidas más generales que hagan que los entornos físicos, sociales y actitudinales sean más accesibles, inclusivos y compasivos.”1

A nivel mundial, las personas con el trastorno del espectro autista sufren estigmatización, discriminación y violaciones de sus derechos humanos, además carecen de apoyo suficiente en los servicios de salud, en educación y oportunidades para participar e integrarlos a sus comunidades.

Por lo que la persona con autismo puede manifestar la presencia de más trastornos o tener otras necesidades asistenciales especiales relacionadas con dicho padecimiento.

Por esta razón, las personas con el trastorno del espectro autista son vulnerables social y económicamente, teniendo más probabilidad de sufrir violencia, lesiones y abusos; también son más propensos a padecer enfermedades no trasmisibles crónicas debido a factores de riesgo como inactividad física o malas elecciones en su alimentación, así como a altos niveles de pobreza.

En este sentido, el trastorno del espectro autista es una enfermedad que no se puede prevenir y la cual no tiene cura, de tal manera que una temprana detección puede hacer una gran diferencia en la vida de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que lo padezcan, logrando y mejorando el desarrollo del lenguaje, las habilidades y la conducta.

Cabe señalar, que el autismo es muy diverso, de ahí que se hable de espectro, cada persona con autismo es única, y cada una de ellas podría identificarse con un color diferente. Sin embargo, muchas personas identifican una pieza de rompecabezas y el color azul como la representación del autismo. 2

En este contexto, en la resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre de 2007, se decidió designar el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que entró en vigor a partir de 2008, con la finalidad de impulsar un diagnóstico precoz, una adecuada investigación y una oportuna intervención para atender a las personas con dicho trastorno.

Este día mundial, también busca concientizar a los estados sobre la prevalencia y la elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo y por los consiguientes problemas de desarrollo que afectan a los programas a largo plazo de salud, educación, capacitación e intervención emprendidos por los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, así como por sus terribles consecuencias en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. 3

En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad refiere que no existen datos actuales sobre la incidencia del autismo, sin embargo, se estima que aproximadamente más de 6 mil personas nacen al año con autismo. Por su parte, la fundación Spectrum Theraphy Center México , aseguró que en el país 1 de cada 115-120 personas presentan algún tipo de trastorno del espectro autista.

Cabe señalar que la misma institución señala que el autismo tiene dos síntomas principales: deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social; patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.

Los indicios que pueden ser indicativo del Trastorno del Espectro Autista en las y los niños son:

• En la escuela, hay falta de interés por los otros niños;

• No comparten intereses (no señalan con el dedo aquello que les llama la atención para compartirlo con los demás);

• Ausencia del juego simbólico (jugar con cosas como si fueran de verdad);

• Poco contacto visual;

• Su lenguaje, si existe, es literal (no entiende las bromas, los chistes, los dobles sentidos ni las metáforas);

• Evita en contacto físico, acostumbran tener hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa u auditiva;

• Intereses inusuales;

• Comportamientos extraños, repetitivos y auto estimulantes como el balance, el movimiento en el aleteo de manos o la forma de caminar; y

• Los que presentan más nivel intelectual, notan que son diferentes y no entienden qué les pasa.4

En este sentido, el 30 de abril de 2015 se expidió la Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición del espectro autista, con el objeto de “impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos.”

De esta manera, se requiere mayor difusión respecto del trastorno del espectro autista, TEA , como es mundialmente conocido, ya que en México no se cuenta con estadísticas que permitan evaluar la dimensión de esta condición, como lo refiere la actual ley en la materia.

Para el gobierno de México y nuestro grupo parlamentario es prioridad atender los sectores vulnerables de la población, a través de garantizar sus derechos sociales como lo son la salud, la educación, entre otros derechos.

Por tal motivo, consideramos necesario fortalecer las campañas de información y sensibilización sobre las causas y acciones que se están implementando en todo el país para el diagnóstico, atención y tratamiento sobre la condición del espectro autista en México, o también conocido a nivel internacional como Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Encuentro Social, busca contribuir para que la sociedad tenga mayor conocimiento, sensibilidad y adaptabilidad social sobre la condición del espectro autista, encaminado a fortalecer la igualdad y el bienestar social en México, derivado de campañas de información sobre las causas, efectos y comportamientos de este sector vulnerable.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que en el ámbito de sus competencias, fortalezcan las campañas de información y sensibilización sobre las causas, efectos, comportamientos y acciones para el diagnóstico, atención y tratamiento sobre la condición del espectro autista en México.

Notas

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-dis orders

2 https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-s obre-el-autismo-2019?idiom=es

3 https://undocs.org/es/A/RES/62/139

4 https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-s obre-el-autismo-2019?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Puebla a respetar la autonomía de la BUAP y cesar el hostigamiento mediante la Auditoría Superior local, suscrita por la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante décadas el control de la universidad pública estatal ha significado una tentación autoritaria por parte de gobernantes que ven en esta institución educativa un espacio de extensión del poder político y económico.

La intromisión del gobierno en la universidad implica el control en la formación del pensamiento analítico que, en gran parte de las ocasiones, desemboca en críticas y posicionamientos que pueden incomodar e incluso ir en contra de los gobiernos en turno, especialmente cuando su gestión carece de rumbo, lo que genera desazón en los titulares del Ejecutivo.

Desde diciembre del año pasado, el gobierno del estado de Puebla a través de su congreso y de la Auditoría Superior del Estado de Puebla ha emprendido una campaña de hostigamiento en contra de las autoridades universitarias bajo el argumento de llevar a cabo una auditoria cuya pretensión, antes de transparentar el manejo de los recursos, implica la búsqueda de control de la universidad por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En el mes de enero, sin la aplicación de los protocolos institucionales correspondientes, la Auditoria Superior del Estado buscó fiscalizar los recursos federales que recibe la institución, hecho que transgrede la autonomía universitaria al no corresponder dentro del ámbito de jurisdicción del órgano estatal, siendo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien de acuerdo con la Constitución Federal, es la única institución facultada para llevar a cabo ese ejercicio.

Bajo el estandarte de la transparencia se está transgrediendo la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así, en días recientes, bajo el mismo argumento, el gobernador Miguel Barbosa propuso la creación de un Órgano Interno de Control de Fiscalización mismo que violenta la autonomía de la universidad al tratarse de una pretensión por parte del gobernador para entrometerse en los asuntos que le corresponden a la máxima casa de estudios del estado, aunque esto implique pasar por encima de la normatividad que protege la autonomía universitaria.

Recordemos, que la autonomía universitaria, es la base de la educación superior que otorga a las universidades públicas estatales independencia en el desempeño de sus funciones, capacidad jurídica y libertad en la formación de pensamiento crítico. Transgredir la autonomía implica someter la universidad bajo el control de un poder político externo para fines ajenos a los educativos, culturales o de vocación social.

Atrás han quedado los años donde la universidad era una institución adherida al gobierno o funcionaba como una extensión más del poder político. Hoy es tiempo de la pluralidad, el respeto y la libertad de ideas, elementos que forjan nuestra democracia actual, por ello, el ejecutivo federal, los ejecutivos estatales, así como, integrantes de los congresos locales y el Congreso federal, deben desechar toda idea o acción que transgreda la autonomía universitaria.

Por el contrario, se debe trabajar en la búsqueda de procedimientos que fortalezcan a las universidades en el ámbito educativo, administrativo y laboral.

El Grupo Parlamentario del PRD históricamente se ha posicionado a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y de las mejores prácticas en materia de fiscalización. Sin embargo, como ya se mencionó en un principio, el actuar de las instituciones involucradas no corresponde con el marco legal vigente lo que enciende focos rojos pues el apego a la legalidad y el respeto a la autonomía universitaria son dos factores clave para evitar que se haga uso las instituciones del estado para incidir en la universidad desde una forma autoritaria de control político.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla y al honorable Congreso del estado de Puebla a respetar irrestrictamente la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla y al honorable Congreso del estado de Puebla para que cesen las acciones de hostigamiento desde la Auditoría Superior del estado de Puebla hacia la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y se lleve a cabo una auditoría con apego a derecho y dentro del marco institucional.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 27 de febrero de 2020.

Diputados: Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Inegi a generar un instrumento que mida integralmente los tipos de violencia directa que sufren niños y adolescentes en sus entornos y etapas de desarrollo, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ante la pandemia del flagelo de la violencia en sus diversas expresiones, las niñas, niños y adolescentes, lamentablemente se encuentran más expuestos en los contextos donde llevan a cabo su desarrollo, ya sea en la escuela, la comunidad, los albergues, e incluso en sus propios hogares; por quienes ejercen la patria potestad, tutoría, guarda, custodia, cuidado y/o protección.

Es difícil que se denuncien estos casos, ya sea por apatía, por temor al perpetrador, por la opinión pública, por el desconocimiento de derechos o por la ausencia de mecanismos para acceder a solicitar ayuda.

Por lo general, la información obtenida en la elaboración de estudios estadísticos relacionada con la percepción de la violencia o experiencias de victimización es obtenida por personas mayores de 18 años, así como los datos obtenidos respecto a la violencia contra , las niñas niños y adolescentes son insuficientes, incompletos o se encuentran dispersos entre las instituciones encargadas de obtenerlos; lo que implica complicaciones para la hechura de políticas de prevención y protección integrales en el tema y en consecuencia para su erradicación.

No podemos percibir el problema de la violencia de una forma aislada, porque se corre el riesgo de que niñas, niños y adolescentes, se duelan nuevamente de estos hechos y se reduzca la posibilidad de que, sus derechos humanos se garanticen, protejan o restituyan.

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, señala que la principal responsabilidad del Estado es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, adicionalmente observará los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad.

Segunda. De acuerdo con el Panorama Estadístico de la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes en México (UNICEF, 2019)1 hasta el primer semestre de 2018, no se cuenta con un instrumento que mida integralmente los diversos tipos de violencia directa que sufren las Niñas, Niños y Adolescentes en sus distintos entornos y etapas de desarrollo.

En ese sentido, las principales fuentes de información estadística sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, incluyendo censos de gobierno, encuestas y registros administrativos generados principalmente por instituciones gubernamentales que prestan servicios de atención y respuesta a la violencia que sufren las Niñas, Niños y Adolescentes en el país; pudieran mejorarse con lo siguiente:

1. Ampliar de la recolección de datos acerca de la violencia contra niñas y niños menores de 12 años, toda vez que por lo general se realiza a partir de la adolescencia como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

2. Desagregar la información según sexo, edad, tipos de violencia y ámbitos de aplicación, así como distinguir entre ámbitos rural y urbano, niñas y niños con discapacidad, migrantes, las niñas niños y adolescentes institucionalizados o víctimas del crimen organizado.

3. Garantizar la periodicidad tanto del levantamiento de la información como de la publicación de sus resultados (cuando se trata de encuestas).

Tercera. El Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es la instancia encargada de coordinar los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones relacionadas con la protección de los derechos de, las niñas niños y adolescentes.

Cuarta. Por su parte, el INEGI compila la información estadística del gobierno y del Sistema de Justicia Penal (policías, procuradurías, órganos judiciales y centros penitenciarios) mediante los censos nacionales de gobierno. A fin de hacer comparables los datos entre entidades e instancias, la información se cataloga utilizando la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos (DOF, 2011).2

Con la anterior clasificación, es posible cuantificar el número de probables víctimas y responsables, así, como los posibles delitos que sufrieron o cometieron las personas involucradas y en lo que nos interesa identificar qué delitos afectan más a las niñas niños y adolescentes, en qué rango de edad es más probable el reporte de estos hechos y cuántos adolescentes se encuentran en conflicto con la ley.

Sin embargo, a pesar de que dicha información brinda elementos para ir montando un sistema de información estadística en la materia, no es suficiente, ni atiende la recomendación del Comité de los Derechos del Niño,3 mediante la cual exhortó al Estado mexicano a recolectar datos desagregados sobre homicidios, violencia sexual, explotación y abuso, delitos relativos a la venta de niños, explotación sexual infantil y su utilización en la pornografía, violencia contra , las niñas niños y adolescentes por medio de Internet y , las niñas niños y adolescentes que pudieron haber sido reclutados o utilizados por grupos armados no estatales. Además, los que identifique casos de, las niñas niños y adolescentes migrantes, refugiados, desplazados, con discapacidad, indígenas y afromexicanos.

De acuerdo con el estudio señalado, los datos sobre violencia contra, las niñas niños y adolescentes en México presentan algunas de las deficiencias siguientes:

A. En las encuestas, los datos o estimaciones que dan cuenta del número y/o porcentaje de personas que son víctimas de diversos tipos de violencia entre los 0 y 17 años son prácticamente inexistentes.

B. La cobertura geográfica de las estadísticas pasa por alto las diferencias entre los ámbitos urbano y rural o entre los estados, áreas metropolitanas, municipios o localidades.

C. No existe información representativa para, las niñas niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

D. La compatibilidad entre definiciones y tipos de violencia es incierta.

E. No es factible establecer cruces de información entre diversos registros administrativos, ya sea porque no cuentan con unidades de medición uniformes o porque no se puede discernir si un mismo caso está siendo doblemente contabilizado entre instituciones.

F. Difícilmente existen datos relacionados con la condición de denuncia o notificación de la violencia, si hubo o no daños a la salud o de otro tipo, y tampoco existe información sobre el tipo de ayuda y seguimiento que se les dio a los casos de violencia reportados.

G. No es posible conocer cuántas niñas niños y adolescentes son sujetos a distintos tipos de violencia en múltiples entornos.

En relación con las distintas manifestaciones de violencia sexual, se necesita:

a) Incorporar en algún proyecto estadístico que incluya tanto a hombres como a mujeres en el listado de las diversas formas de violencia;

b) añadir preguntas que permitan medir tanto la prevalencia como la edad en la que ocurrió por primera vez;

c) adjuntar una sección que propicie recabar la percepción de la población (, las niñas niños y adolescentes, mujeres y hombres) ante la violencia de género en el país.

Quinta. De consolidarse la información estadística sobre violencia contra, las niñas niños y adolescentes en los términos recomendados, facilitara sin duda, el diseño de esquemas de alerta temprana y programas integrales de intervención, manejo y resolución de conflictos, así como la detección de las escuelas, comunidades e instituciones que presentan niveles de riesgo más altos.

Claro está que, el detentar esta información puede redundar en asignaciones de recursos más efectivos, sin embargo, vale la pena el fortalecimiento de la información estadística para el cumplimiento y garantía de los derechos de todas y todos niños niñas y adolescentes privilegiando con ello, el principio de interés superior de la infancia.

Sexta. En México, de conformidad con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, existe un Sistema Nacional de Protección Integral mediante el cual se deben articular y alinear las diversas dependencias y políticas relevantes en la materia y dispone de un Instituto Nacional de Estadística e y Geografía (INEGI), Organismo Constitucionalmente Autónomo encargado de coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Lo que da cuenta que existen condiciones para subsanar las deficiencias de la información estadística.

Séptima. Considerando que el problema de la violencia contra las niñas es perverso, complejo y a su vez, altamente sensible; se debe cuidar que los métodos de recolección de información garanticen en todo momento la confidencialidad debida de las personas encuestadas y evitar revictimizarlas.

En este sentido, se tienen que analizar los métodos de entrevista a seguir para ser evaluadas y ponderadas en espacios técnicos e idóneos de discusión con personas expertas, para lo cual se sugiere el Comité Técnico Especializado en Información sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del INEGI y en sus respectivos Grupos de Trabajo e incluso considerar la posibilidad de crear un nuevo proyecto estadístico que permita generar información para conocer, de la manera más integral posible, las diversas situaciones de violencia que niñas, niños y adolescentes enfrentan en varias etapas de su vida y entornos en donde se desenvuelven.

Por tanto, en atención al interés superior y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, así como a la responsabilidad del Estado y sus instituciones para garantizar, proteger o restituir su protección de forma coordinada, con organizaciones de la sociedad civil, académicas y especialistas en el tema, resulta necesario obtener, en los términos expuestos, la información de calidad, pertinente, veraz y oportuna con la finalidad de que sirva de base para el diseño, implementación y evaluación de la política pública de prevención, detección, atención, tratamiento, sanción y erradicación de la violencia sexual.

Por lo expuesto y fundado, respetuosamente someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con carácter de urgente u obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que tome en cuenta los datos desagregados sobre homicidios, violencia sexual, explotación y abuso, delitos relativos a la venta de niños, explotación sexual infantil y su utilización en la pornografía, violencia contra las niñas, niños y adolescentes por medio de Internet y niñas, niños y adolescentes que pudieron haber sido reclutados o utilizados por grupos armados no estatales; además, los que identifique casos de los , las niñas, niños y adolescentes migrantes, refugiados, desplazados, con discapacidad, indígenas y afromexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de su Comité Técnico Especializado en Información sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en sus respectivos grupos de trabajo, considere la posibilidad de crear un nuevo proyecto estadístico que permita generar información para conocer, de la manera más integral posible, las diversas situaciones de violencia que niñas, niños y adolescentes enfrentan en varias etapas de su vida y entornos en donde se desenvuelven.

Notas

1 Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, UNICEF, 2019, pág. 27

2 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “Clasificación internacional de delitos con fines estadísticos, versión 1.0, n.p., 2015”. Recuperado de: www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_SP ANISH_2016_web.p

3 Comité de los Derechos del Niño, “Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México”, CRC/C/MEX/CO/4-5, Naciones Unidas, Nueva York, 8 de junio de 2015, Párr. 6

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a considerar en los lineamientos y las reglas de operación de sus programas prioritarios de 2020 a los productores de cítricos de Tamaulipas por el efecto económico de éstos en el país, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a contemplar dentro de los lineamientos y reglas de operación de sus programas prioritarios para el ejercicio fiscal 2020, a los citricultores del estado de Tamaulipas en atención al impacto económico que representa este producto agrícola en el país, con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado mes de abril y derivado de la emisión de las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, presentamos en la Cámara de Diputados un punto de Acuerdo mediante el cual solicitábamos se exhortara a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a reconsiderar los lineamientos para la operación del Programa Producción para el Bienestar 2019, así como a instrumentar un programa de apoyo dirigido a los productores de cítricos y cultivos anuales del país, el cual fue aprobado en la Comisión de Agricultura de esta soberanía y posteriormente en el pleno.

En el destacamos que la agricultura es una de las actividades prioritarias de nuestro país, y que el campo mexicano se ubica entre las 12 economías de mayor producción en el mundo, según datos de la Sader (anteriormente Sagarpa) esta actividad se desarrolla en las 32 entidades de país en donde se cultivan 21.9 millones de hectáreas,1 motivo por el cual debe de concentrarse los esfuerzos presupuestales en fortalecerla.

Además de ello, señalamos que en el interior del país se estaban llevando a cabo diversas manifestaciones de campesinos manifestando su inconformidad por no haber sido contemplados en los Programas de la Sader para el ejercicio fiscal 2019, y que era necesario escuchar sus demandas y proporcionarles alternativas, lo anterior, con la finalidad de poder apoyarlos e incentivar su producción.

Así también manifestamos que los citricultores tamaulipecos se encontraban preocupados por no haber sido considerados para aplicar en ningún programa federal, además de detectarse la compra de naranja a otros estados sin los controles fitosanitarios suficientes, con lo cual se estaba debilitando el mercado local y poniendo en riesgo la producción que sí contaba con los controles de calidad requeridos para su consumo nacional y para importaciones.

Como resultado de todo lo anterior, el pasado ejercicio fiscal, se tuvo como consecuencia perdidas millonarias en el sector citrícola tamaulipeco y a la fecha la detección en algunos cultivos de la plaga conocida como “Dragón Amarillo” en los municipios de Hidalgo y Llera, situación que resulta muy preocupante para los productores de todo el estado ya que no se cuenta con apoyos federales para su combate y prevención y se pone en riesgo la cosecha de más de 45 mil hectáreas de producción de cítricos.

En este sentido, considero urgente que se exhorte a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que dentro de los lineamientos y reglas de operación de sus programas prioritarios 2020 se contemple a los citricultores del estado de Tamaulipas en igualdad de circunstancias con los otros estados, por

la importancia que tiene este producto agrícola en el país y por su impacto económico, ello, ya que el año anterior 2019 solo se apoyó a los citricultores de un estado del sur generando así una desventaja competitiva y un abandono al agro tamaulipeco.

En el mismo sentido considero pertinente solicitar a la Sader y a su Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como a organizaciones de productores de cítricos, para que en conjunto con la Secretaría de Agricultura del estado de Tamaulipas generen e implementen un plan integral que permita prevenir, controlar y erradicar la plaga denominada “Dragón amarillo” (HLB) y el virus de la tristeza de los cítricos (VTC) dentro del territorio estatal.

Por todo lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a contemplar dentro de los lineamientos y reglas de operación de sus programas prioritarios para el ejercicio fiscal 2020, a los productores de cítricos del estado de Tamaulipas, ello derivado del impacto económico que tiene este producto agrícola en el país.

Segundo . Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, por conducto del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en conjunto con la Secretaría de Agricultura del estado de Tamaulipas y organizaciones de productores de cítricos tamaulipecos generen e implementen un plan integral que permita prevenir, controlar y erradicar la plaga denominada “dragón amarillo” (HLB) y el virus de la tristeza de los cítricos (VTC) dentro del territorio estatal.

Nota

1 “El gran potencial de la industria agrícola mexicana” Estudio elaborado por Seminis, publicado el 13 de septiembre de 2018, mismo que puede ser consultado en la siguiente página electrónica http://www.seminis.mx/el-gran-potencial-de-la-industria-agricola-mexica na/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y la SRE a transparentar las negociaciones y los acuerdos realizados por el país en foros y reuniones internacionales, así como los avances de los compromisos contraídos en la presente administración, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Héctor Yunes Landa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La política exterior constituye una herramienta estratégica para hacer valer los intereses de nuestra nación en el mundo, así como para posicionar a México en los principales foros internacionales.

Una imagen de nuestro país, positiva y de liderazgo, es esencial para generar mayores sinergias con viejos y nuevos aliados en el escenario global, así como para fomentar nuestras relaciones comerciales y posicionar nuestras posturas en diversos temas prioritarios y de interés mundial.

Históricamente, México se ha caracterizado por tener una política exterior muy activa y en favor de las mejores causas. Hemos sido pioneros en la construcción de mecanismos regionales para la prohibición del desarrollo de armas nucleares; en el desarrollo del derecho marítimo; en el impulso de iniciativas para el combate a la pobreza y el hambre. Asimismo, en los últimos años nuestro país ha sido uno de los principales impulsores de mecanismos para el combate al cambio climático, el combate al tráfico ilícito de armas convencionales, la protección a la biodiversidad y el impulso a la generación de energías renovables.

Hasta el año 2018, México había mantenido una política exterior activa y participativa dentro de los mecanismos multilaterales más importantes del mundo, entre estos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Grupo de los Veinte (G20), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro Económico Mundial, entre otros.

Las relaciones bilaterales también fueron fortalecidas al incrementar las visitas oficiales de los mandatarios mexicanos a otros países, particularmente a la región de América Latina, donde México recuperó su presencia y liderazgo; asimismo, se fortalecieron las relaciones como antiguos socios en Norteamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico, incrementando el intercambio comercial y cultural.

Para ejemplificar, basta señalar que México participó activamente en la XXI Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), que fue el antecedente principal del actual Acuerdo de París, instrumento internacional que busca reducir las emisiones de carbono a la atmósfera. Aun sin ser uno de los principales emisores de contaminantes, nuestro país hizo compromisos muy ambiciosos de reducción de gases de efecto invernadero, ganándose el respeto y la admiración internacional.

En 2015, la ciudad de Cancún fue la sede de la Primera Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas, que busca eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y regular su comercio. La sede fue entregada a México gracias a su activa participación en la elaboración de dicho instrumento.

Asimismo, nuestro país ha sido uno de los principales impulsores del debate en el tema de las drogas, siendo uno de los proponentes para la realización en 2016 de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), donde México propuso transitar de un paradigma prohibicionista hacia una prevención efectiva y una regulación eficaz.

Los diferentes temas que nuestro país ha impulsado en los foros multilaterales y la actividad diplomática bilateral siempre han puesto en alto a México en el exterior y han favorecido el intercambio comercial, la construcción de nuevas alianzas y el fortalecimiento del liderazgo de nuestra política exterior.

Sin embargo, el gobierno actual ha decidido mantener la política exterior en un bajo perfil y dejarla en un segundo plano. A un año de gobierno, el Ejecutivo no ha realizado ningún viaje a otro Estado ni ha acudido a reuniones de Alto Nivel en los foros multilaterales. México ha quedado eclipsado en el escenario internacional y otros países han tomado la iniciativa y el liderazgo en temas en los que nuestro país ya no participa.

Espacios como el G-20, la OCDE, el Foro Económico Mundial y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que son relevantes para la política exterior del país y el intercambio comercial de México han quedado abandonados por el Ejecutivo, mandando en su lugar a representantes.

El actuar de este gobierno en los asuntos de América Latina ha desaparecido el liderazgo de México en la región, alejando a nuestro país de sus principales socios en el hemisferio sur. Las decisiones tomadas en relación a las crisis políticas en Honduras, Venezuela y Bolivia han dejado sólo a México dentro de la OEA.

Al eclipsar la política exterior y ejercerla en la opacidad, los mexicanos no sabemos si se están haciendo acuerdos secretos con países como Estados Unidos o si los acuerdos logrados con otros Estados convienen a nuestros intereses o dejan a México en una posición de desventaja. No sabemos si los compromisos adquiridos en foros internacionales se están cumpliendo o si las políticas implementadas al interior de nuestro país son congruentes con los mismos.

Basta señalar que, a raíz de la política energética implementada por este gobierno, se ha disminuido el apoyo para la generación de energías limpias y sustentables en favor de los combustibles fósiles. Esto no sólo constituye un atentado hacia el medio ambiente y la salud de los mexicanos, sino que pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México en el combate al cambio climático. La ONU ya ha advertido sobre un retroceso en materia ambiental.

Por ejemplo, a los mexicanos nos gustaría saber, cuáles son los avances alcanzados y los compromisos que se han contraído en los diferentes foros multilaterales de alto nivel y las Conferencias de las Partes de las Naciones Unidas a las que se ha asistido en los últimos años y en todos los ámbitos, así como la posición que tendrá México en las próximas reuniones, entre estas:

- Las reuniones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a cuyo periodo de sesiones del presente año no asistió el Ejecutivo federal.

- Las reuniones, asambleas y consultas de los diferentes organismos especializados y órganos subsidiarios de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación u la Agricultura (FAO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), entre otros.

- Las reuniones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

-Las reuniones y sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

- El Foro Económico Mundial, cuya cumbre se realiza en enero de cada año y a la que negó su asistencia el Ejecutivo federal en el presente año.

- Las reuniones del Grupo de los 20, a la que tampoco acudió el Ejecutivo federal en su edición 2019.

- Las diferentes Conferencias de las Partes sobre Cambio Climático, donde México ha contraído compromisos importantes.

- Las Conferencias de las Partes sobre la Diversidad Biológica, cuya próxima reunión se celebrará en China, en octubre de 2020.

-Las Conferencias de las Partes contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde se tratan temas de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

- Las Conferencias de las Partes para el Control del Tabaco cuya última conferencia (COP8), fue celebrada en octubre de 2018 en Ginebra, Suiza. Este tema resulta de gran importancia ante la crisis de muertes por tabaco por la que pasa actualmente nuestro país.

- El papel que México tendrá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, para el periodo 2021-2022, en caso de ser elegido.

En el exterior, la sociedad internacional ve con decepción la ausencia de nuestro país de las discusiones globales prioritarias, así como el posible incumplimiento de sus compromisos internacionales.

Hasta ahora, el actual gobierno no ha dado la importancia que reviste la política exterior para nuestro país y, con el tiempo, esto puede tener implicaciones negativas para el desarrollo económico y social de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que se transparenten la totalidad de las negociaciones y los acuerdos realizados por nuestro país en los distintos foros y reuniones internacionales, así como los avances en los compromisos contraídos, durante el primer año de gobierno de la presente administración.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que en todas las negociaciones y acuerdos realizados por nuestro país en materia comercial, participen los sectores económicos y sociales involucrados, a fin de fortalecer la presencia de México en el mundo y mejores beneficios para la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y sus 32 homólogas locales a fortalecer las estrategias, acciones y campañas de prevención, diagnóstico, atención y tratamiento para disminuir la tasa de prevalencia de anemia, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II; y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que, se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias, acciones y campañas de prevención, diagnóstico atención y tratamiento para disminuir la tasa de prevalencia de anemia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El diccionario de la Real Academia Española, define a la anemia como el estado patológico producido por una disminución del contenido de hemoglobina en la sangre y, generalmente, de los glóbulos rojos.

Segunda: La Organización Mundial de la Salud, señala que la anemia es un trastorno en el cual, el número de eritrocitos es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo; además, indica que este padecimiento varía con base a la edad, el sexo, el embarazo y la altitud y el tabaquismo.

Se refiere que, en países de bajos y medianos ingresos, la anemia es un problema de salud pública, siendo las deficiencias nutricionales y la de hierro, las de mayor prevalencia; no obstante, las enfermedades crónicas en adultos mayores son una causa cada vez más común de que sufran anemia.

Tercera. Datos indican que en el orbe más de 2 mil millones de personas son anémicos, es decir el 30 por ciento de la población mundial .1 Por lo que, esta afectación es de las más comunes e intratables del mundo. La Organización Mundial de la Salud, estima que la anemia puede tener un costo aproximado del 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel mundial.

Cuarta. 2 En los países en desarrollo se estima que 1 de cada 2 embarazadas y alrededor de un 40 por ciento de los niños en edad preescolar padecen anemia. Las principales problemáticas que provoca es: embarazo de alto riesgo, problemas de desarrollo físico y cognitivo del menor, mayor riesgo de morbilidad en niñas y niños, reducción de la productividad laboral en los adultos, además que, este padecimiento es causante de alrededor del 20 por ciento de muertes maternas.

Quinta. 3 La prevalencia de la anemia a nivel mundial indica que las niñas y niños en edad preescolar tienen la tasa más alta con 47.4 por ciento; seguido por el sector de mujeres embarazadas con el 41.8 por ciento; mujeres no embarazadas con el 30.2 por ciento; niñas y niños en edad escolar es de 25.4 por ciento; adultos mayores con el 23.9 por ciento, y hombres con el 12.7 por ciento. Cabe señalar, que medir y atender la prevalencia de la anemia es un indicador significativo para el control sanitario de diversas enfermedades en el mundo.

Sexta. La Organización Mundial de la Salud, refiere que la causa más común que provoca la anemia es la carencia de hierro; también la ocasiona la falta de ácido fólico, folato, de vitamina A, vitamina B6 y B12, o padecer de parasitosis, infecciones por anquilostomas y esquistosomiasis, enfermedades hereditarias o adquiridas que afectan a la síntesis de hemoglobina, a la producción y a la supervivencia de los eritrocitos.

Algunos de los síntomas más comunes para las personas que tienen rasgos de anemia son: debilidad, zumbido de oídos, mareos, palpitaciones, palidez, cansancio entre otros.

Séptima. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social indica que alrededor 54 millones de mexicanas y mexicanos están muy cerca de padecer anemia, es decir el 40 por ciento del total de la población.

Octava. El Instituto Nacional de Salud Pública, señala que, el 13.9 por ciento de las niñas y niños menores de 5 años y el 9.3 por ciento de 5 a 11 años tienen de­ficiencia de hierro, lo cual es la causa más común para adquirir anemia. Cabe señalar, que la anemia en menores de 2 años puede tener consecuencias irreversibles en edades más tardías, como: menores habilidades en escritura, lectura, lenguaje y aritmética, por lo que se ve afectado su coeficiente intelectual, desarrollo motor fino y grueso, y capacidad de resolución de problemas.

A nivel nacional, la prevalencia de anemia en menores de 5 años (1 de cada 4) es de 2.1 millones de edad preescolar, es decir, el 23.3 por ciento; en niños de 5 a 11 años (1 de cada 10) es de 1.6 millones de niños en edad escolar, es decir, el 10.1 por ciento.

Por su parte, la Secretaría de Salud señala que, la prevalencia de mujeres embarazadas con anemia es de 17.9 por ciento, la cual es una enfermedad que aumenta el riesgo de tener un parto antes de término.

A su vez, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - MC 2016, refiere que la tendencia en la prevalencia de anemia entre mujeres mexicanas no embarazadas, de 20 a 49 años de edad es de 18.3 por ciento; en el área urbana es de 20.4 por ciento y en rural de 21.4 por ciento; mientras por regiones: Norte 19.5 por ciento; Centro 19.4 por ciento; CDMX y EDOMEX 21.7 por ciento; y Sur 22.3 por ciento

Las mujeres de 12 a 49 años de edad, principalmente de la población más pobre, indígena, en condiciones de bienestar bajo, así como en zonas urbanas marginadas y zonas rurales en todas las regiones, tienen anemia o están más propensas a adquirirla.

El Instituto Nacional de Salud Pública, señala que la anemia por inflamación en adultos mayores es un problema de salud, ya que en México el 45 por ciento de este sector lo padece.

Novena. Cabe señalar, que uno de los objetivos del desarrollo sostenible planteados por la Organización Mundial de la Salud para el 2025 es que la nutrición debe ser asegurada implementando programas que contribuyan a alcanzar una alimentación adecuada, suficiente y de calidad.

En este sentido, en 2016 la Asamblea Mundial de la Salud realizó el Decenio de Acción sobre Nutrición 2016-2025, cuyo fin es alcanzar las metas globales para mejorar la nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño. Entre las metas destacan: prevenir la anemia entre mujeres en edad reproductiva y reducir la prevalencia existente en 50 por ciento, para alcanzar aquellas fijadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

México al ser Estado parte de la Organización Mundial de la Salud y firmante de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está obligado a prevenir la desnutrición, malnutrición y la anemia.

Décima. Encuentro Social, reconoce el esfuerzo del Gobierno de México para combatir desde el primer día de su administración la desnutrición y malnutrición que conllevan de manera desafortunada a padecer anemia. Estamos conscientes, que las causas de su prevalencia son diversas, pero la falta de hierro es la más significativa, la cual puede detonar en otras enfermedades.

Décima Primera. Por estas razones, Encuentro Social impulsa lo socialmente correcto y coadyuva con el Gobierno de México para generar mejores condiciones de vida y mayor calidad en la salud de las y los mexicanos, con la finalidad de garantizar una nutrición, una alimentación balanceada y de calidad que permita el desarrollo y el bienestar de México.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se propone ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias, acciones y campañas de prevención, diagnóstico, atención y tratamiento para disminuir la tasa de prevalencia de anemia en la población de México.

Notas

1 https://www.who.int/nutrition/topics/ida/es/

2 Con datos. Ibídem

3 Con datos de
https://www.who.int/vmnis/database/anaemia/anaemia_data_status_t2/es/

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días de febrero de 2020.

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a establecer por la Semarnat, la Conafor y la Profepa medidas para combatir las quemas agrícolas no controladas, suscrita por el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tan sólo en el año 2019, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en México se registraron un total de 5 mil 622 incendios forestales que afectaron una superficie total de 288 mil 641 hectáreas. Muchos de los incendios antes mencionados se debieron a la alta sequía del año pasado y por el retraso del periodo de lluvia, siendo varios estados de la república los que se vieron rebasados por estos siniestros, entre ellos destacan Michoacán, estado de México, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua y Veracruz.

Ahora bien, de este número tan importante de incendios forestales, las quemas agrícolas constituyen una de las principales causas, debido a que tienen un mal control y a que no son realizadas con el cuidado debido.

Especialistas señalan que esta práctica milenaria es errónea, por lo que representa una amenaza para el medio ambiente y son peligrosas para la flora, fauna y personas que viven en esos lugares, además de que cabe señalar que muchas de estas quemas se realizan en áreas boscosas con la finalidad de generar el cambio de uso de suelo.

Nuestro país tiene dos temporadas de incendios forestales: la primera que inicia en enero y finaliza en junio (abarca la zona centro, norte, noreste, sur y sureste del país); la segunda que inicia en mayo y termina en septiembre (afecta a la zona noroeste), por lo que es importante valorar esta propuesta de exhorto al Ejecutivo federal, y estemos en tiempo para implementar las medidas necesarias para contrarrestar estos incendios. Por citar una cifra, tenemos que en los últimos 15 años hemos llegado a cuatro millones de hectáreas afectadas por incendios, mismos que en su mayoría fueron provocados.

De acuerdo con los censos agropecuarios, se quema 40 veces más superficie por actividades agropecuarias que por los mismos incendios forestales; motivo por el cual, las mismas quemas agropecuarias estarían en un momento dado, incidiendo, participando o contribuyendo en aspectos de contaminación del aire.

Es necesario replantear estas costumbres ancestrales, por citar un ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha trabajado desde hace 10 años en proyectos que permiten transitar de la quema a la práctica de no quema,1 obteniendo logros en países como Guatemala, El Salvador, Perú, Bolivia, Chile, entre otros.

Por ello, este exhorto es para que las autoridades de la materia trabajen junto a esta Cámara de Diputados, en el diseño de estrategias que eviten que en las áreas rurales se sigan realizando estos hechos sin los controles que las leyes señalan como regulares, implementando mayor patrullaje por las autoridades federales en estas zonas, y proponiendo la intensificación de sanciones más severas, entre otras medidas.

Finalmente, el reto de producir en condiciones de inestabilidad climática es compleja. Mantener la producción agrícola para contribuir a la seguridad alimentaria, en especial de las familias rurales de México, será una realidad con el esfuerzo conjunto de las autoridades federales, estatales y municipales, y la población en general.

Por lo anteriormente expuesto, en mi calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dentro de esta LXIV Legislatura, es que propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realicen acciones urgentes, con el objetivo de establecer las medidas que permitan combatir las quemas agrícolas no controladas en el país.

Nota

1 http://www.fao.org/climatechange/34147-0513b607625cf6b489b18b544c345203 8.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica), Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias y gobiernos locales a actualizar su donación de desecho de papel y cartón a la Conaliteg, suscrita por las diputadas Dolores Padierna Luna y Maribel Aguilera Chairez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, Dolores Padierna Luna y Maribel Aguilera Chairez, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que con el propósito de impulsar el compromiso ecológico de la población y obtener a su vez beneficios para la población escolar, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federal el 21 de febrero de 2006 establece que “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República [ahora Fiscalía General de la República], las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles” (Diario Oficial de la Federación, 21 de febrero de 2006. Dirección URL: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2120514&fecha=21/02/ 2006), a fin de que dicha comisión los permute por papel reciclado para que sea utilizado en la producción de libros de texto.

Que se verificaron las donaciones realizadas a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos durante 2017, 2018 y 2019 y se comprobó que

1. De las 19 secretarías de Estado, 4 donaron sólo 2 años: la de la Defensa Nacional (2018, 2019), la de Energía (2017, 2018), la de Salud (2017, 2018) y la de Hacienda y Crédito Pública (2017, 2018). En tanto, la de Bienestar donó sólo 1 año (2018).

2. De las 205 entidades paraestatales según la relación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2019, se encontró que 104 no han realizado donación alguna en los años mencionados. De los organismos descentralizados sectorizados que no han hecho sus donaciones, 2 corresponden a la Secretaría de Gobernación, 12 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 5 a la Secretaría de Bienestar, 2 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 18 a la Secretaría de Energía, 1 a la Secretaría de Economía, 6 a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, 19 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 6 a la Secretaría de Educación Pública, 8 a la Secretaría de Salud y 1 a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Que los avances tecnológicos han posibilitado que la necesidad de fibra virgen sea cada vez menor gracias a la capacidad de reciclado. Cada vez es más viable obtener más y mejor fibra del papel que ya ha tenido un uso como libro o revista, periódico o archivo. En este sentido, las dependencias y las entidades de la administración pública federal, la Fiscalía General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados deben contribuir a que la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos –el principal consumidor de papel de impresión en México– aproveche estas ventajas de reciclado.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados hace un exhorto respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar a que actualicen su donación de desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en los años faltantes correspondientes a 2017, 2018 y 2019.

Segundo. La Cámara de Diputados hace un exhorto respetuosamente a los organismos descentralizados sectorizados correspondientes a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que realicen su donación de papel y cartón de 2017, 2018 y 2019.

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020.

Diputadas: Dolores Padierna Luna, Maribel Aguilera Chairez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a incluir por la APF en sus campañas de comunicación social contenidos pro igualdad entre mujeres y hombres, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En materia de género, la igualdad debe ser efectiva y visible desde todos los ángulos del ejercicio público. Si bien, en México, se ha logrado un avance significativo para alcanzar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, aún persisten retos que dificultan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y el respeto a sus derechos humanos.1

A pesar del balance poblacional de sexo (51.4 por ciento mujeres y 48.6 hombres),2 la radicalización de la violencia de género,3 las condiciones de los mercados laborales, las diferencias salariales,4 entre otros, continúan afectando de manera focalizada y estructural el desarrollo del país.

De acuerdo a la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, también conocida como ONU Mujeres, en los medios de comunicación a nivel global, el 46 por ciento de las noticias diarias promueven algún tipo de estereotipo de género; mientras que simultáneamente, solo el 6 por ciento valora en su mensaje la igualdad sustantiva de género.5

En consecuencia, estos estereotipos suelen perpetuarse en el imaginario social, reforzados por mensajes que pretenden normalizar ciertas conductas e inhibir cualquier objeto o discurso que lo contravenga. Dentro de este imaginario, se contemplan la unión de pensamientos, conceptos, palabras e imágenes compartidos por una sociedad que permiten la comunicación y la práctica de actividades compartidas, dotándolas de sentido abstracto y material. Dicho imaginario muchas veces no es consiente, por lo que su representación puede resultar muy compleja.6

Esta reproducción a través de la construcción de estereotipos, se ha vuelto un problema público que limita la igualdad de género, y que debe ser atendido a través de políticas específicas. Para ello, la comunicación gubernamental es un factor determinante en esta etapa de la solución.

La incidencia de los medios de comunicación en las sociedades, a través de la transmisión y gestación de modelos culturales, los vuelve relevantes en la adopción de herramientas para solucionar problemas públicos. Sin embargo, hoy en día la reproducción de contenidos que no contribuyen a la igualdad de género se puede observar en plataformas digitales, televisión, portales de noticias o la radio.7

Desde 1995, la Plataforma de Acción de Beijing para la promoción de los derechos de la mujer, incorporó el papel de los medios de comunicación como uno de los objetivos estratégicos y prioritarios para erradicar la violencia de género.8 Destacan:

Elaborar, en la medida que no atente contra la libertad de expresión, mecanismos reglamentarios, que permitan a los sistemas de comunicaciones internacionales y a los medios de difusión presentar una imagen equilibrada y diferenciada de la mujer y que fomenten una mayor participación de la mujer y el hombre en las esferas de la producción y la adopción de decisiones.

Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión.

Fomentar la participación e igualdad en las responsabilidades familiares, mediante campañas en los medios de difusión que hagan hincapié en la igualdad de género y en la exclusión de los estereotipos basados en el género de los papeles de mujeres y hombres dentro de la familia, y que difundan información tendiente a eliminar el abuso doméstico de cónyuges y niños y todas las formas de violencia contra la mujer, incluso la violencia en el hogar.

A pesar de que estas medidas fueron consideradas hace 25 años, el uso de las herramientas de comunicación como un habilitador de igualdad no ha sido comprendido en su totalidad como una necesidad.

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su última publicación sobre los retos de los gobiernos frente al inicio de una nueva generación de políticas en la materia, recomienda a los países miembros realizar la integración de la diversidad de género en la comunicación nacional, a fin de influir en políticas de equidad nacional y estrategias de comunicación digital.9

Derivado de la creciente crisis de inseguridad de las mujeres en México,10 es que se deben buscar soluciones que incidan de manera directa e indirecta en la cultura y la sociedad de los mexicanos. Estos espacios mediáticos, que han sido garantes de apertura e información en los últimos año, deben buscar generar más políticas de concientización y representación efectiva en todos sus mensajes.

En este marco, la comunicación gubernamental juega un papel fundamental, pues a través de ésta se pueden dar a conocer los derechos humanos de las mujeres y favorecer un cambio cultural entre la población para lograr un desarrollo más equitativo y democrático de nuestro país.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que las dependencias y entidades de la administración pública federal, incluyan contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en sus campañas de comunicación social.

Notas

1 Referenciado de: http://mexicosocial.org/la-desigualdad-tiene-genero/

2 Consultado en: https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

3 Referenciado de: https://www.nytimes.com/es/2020/02/24/espanol/opinion/mujeres-mexico.ht ml

4 Con datos de: http://mexicosocial.org/la-desigualdad-tiene-genero/

5 Disponible en: https://beijing20.unwomen.org/en/in-focus/media

6 Morales Rubio, Josafat Raúl. Imaginario social y legitimación del poder: propuestas desde las teorías de Castoriadis, Taylor y Maffesoli. Revista Pas. Número 7. Julio-Diciembre (2018), ISSN 2448-5659, páginas 16-26.

7 Consultado en: https://horizontal.mx/la-importancia-de-los-medios-de-comunicacion-para -la-igualdad-de-genero/

8 Disponible en:
https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/09/3625/imagen-de-la-mujer-en-los-medios-educar-para-erradicar-estereotipos

9 Descargable en:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368962.locale=en

10 Con información de:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/van-5-mi l-355-mujeres-victimas-de-distintos-delitos-en-enero-de-2020

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

(Rúbrica.)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Sipinna a elaborar y ejecutar un plan de acción integral y nacional para prevenir la violencia contra niños y adolescentes, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez , integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo , con base en las siguientes:

Consideraciones

La violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) se ha incrementado en el país. Las formas cómo se perpetran los delitos son reprobables y cada caso que se conoce, supera al anterior. De manera diaria en los medios de comunicación se informa mediante estadísticas o testimonios, que nuestra niñez sufre maltrato, abandono, y violencia.

De hecho, la más extrema forma de violencia que es el atentado sobre la vida, homicidio, ha tenido un alza en los registros de las procuradurías y las fiscalías del país, se registran al menos cuatro homicidios de niñas y niños al día de acuerdo con datos de la Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).1

Recientemente ocurrió el brutal asesinato de una niña de 7 años de edad en la Ciudad de México, después de seis días desaparecida, se encontró su cadáver en bolsas de basura y con señales de haber sido violada y torturada.

Este lamentable homicidio refleja una realidad que tristemente estamos viviendo en el país: el incremento de la violencia contra NNA.

En Encuentro Social rechazamos la violencia contra la niñez, pues además de sufrir violencia en el hogar, se ha extendido en los espacios públicos.

Para Encuentro Social es fundamental proteger su integridad física y la vida, sobre todo de los grupos más vulnerables.

Lo que más nos preocupa, y me preocupa de manera especial, es que la violencia contra la niñez ha escalado, atentando contra su vida. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en su informe anual 2019 “Infancia y Adolescencia en México, entre la invisibilidad y violencia”, señala que desde el año 2000 al 2019 hay cerca de 21 mil niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y más de 7 mil casos de niñez desaparecida.

La forma como se violenta a niñas y niños es variada, los datos de 2016 del Sistema de Justicia Penal muestran que alrededor de 50 por ciento de los delitos cometidos contra NNA se relacionan con actos que atentan contra su integridad física (lesiones, abusos sexuales, violaciones, homicidios) y patrimonial (robos simples o en la vía pública).

Al observar las diferencias por sexo, las mujeres fueron preponderantemente víctimas de abuso sexual, amenazas y violación; los hombres de lesiones, robos y homicidio. Entre 2010 y 2015 se cuantificaron 68 mil 211 lesiones intencionales contra NNA a causa de actos de violencia. El 57 por ciento de las lesiones fueron dirigidas contra mujeres y 43 por ciento contra hombres.2

Según el estudio “Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México 2019”, del Unicef, sobre la “violencia en el hogar” destaca que las formas más comunes de violencia están asociadas a prácticas disciplinarias violentas, descuidos y maltratos psicológicos, con respecto al “entorno escolar”, las formas de violencia más cotidianas son agresiones psicológicas (discriminación, exclusión o acoso) y daños patrimoniales (ocultamiento o robos sin violencia), sobre la “violencia en la comunidad”, los datos sugieren que los principales agravios contra NNA son de tipo físico (golpes, lesiones intencionales, abusos sexuales, violaciones y homicidios) y patrimonial (robos sin y con violencia).

De acuerdo con el Informe Anual “México 2018” del Unicef,3 en el país hay 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 63 por ciento, de entre 1 y 14 años de edad, ha sufrido algún tipo de violencia; 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares; 5.1 por ciento de las niñas y niños menores de 5 años reciben cuidados inadecuados, es decir, están solos o al cuidado de otro niño o niña menor de 10 años; la escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años; mientras que el hogar es el tercer lugar en donde los niños están expuestos a la violencia; los golpes, las patadas y los puñetazos son las agresiones más comunes en las escuelas, ya que 1 de cada 2 niños y niñas las han sufrido y 6 de cada 10 mujeres adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido al menos un incidente de violencia, ya sea emocional, física, sexual o económica.

La violencia tiene consecuencias graves en el futuro de NNA y es resultado de la descomposición social que se vive en el país, por ello debemos adoptar todas las acciones que sean necesarias para combatir este flagelo. Es necesario proteger a nuestras niñas y niños.

La violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar e incluso, una causa importante de muertes infantiles.

Miles de niños, niñas y adolescentes en México crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente.4

No podemos quedar impasibles ante la dolorosa violencia que sufren nuestros NNA. Urge que desde los Poderes de la Unión adoptemos acciones para protegerlos.

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño5 dispone que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) dispone que la niñez tiene Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

El artículo 46 de la LGDNNA señala que Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

En términos del artículo 103 de la LGDNN, son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación.

En términos del artículo 125 del multicitado ordenamiento legal para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se creó el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) se formaliza un mecanismo que tiene como una de sus principales atribuciones, generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos.6

De acuerdo con el artículo 125, fracción IX, de la Ley en cita, el Sipinna tiene como atribución:

“asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes.”

En términos de lo expuesto, NNA tienen derecho a una vida libre de violencia y debido a que la violencia contra la niñez se está volviendo normal en el país y dado que los homicidios en los menores de 18 años se han incrementado gravemente en los últimos años, se propone mediante la presente proposición que el Sipinna elabore y ejecute un plan de acción de carácter integral de carácter nacional para prevenir todo tipo de violencia en contra de las niñas, los niños y adolescentes.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, elabore y ejecute un plan de acción de carácter integral y nacional para prevenir todo tipo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 México registra cuatro homicidios de niños al día, alertó el Unicef, https://www.infobae.com/america/mexico/2019/07/11/mexico-registra-cuatr o-homicidios-de-ninos-al-dia-alerto-la-unicef/

2 https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF por ciento20PanoramaEstadistico.pdf

3 https://unicef.org.mx/Informe2018/

4 https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm

5 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.

6 https://www.gob.mx/segob/es/documentos/sistema-nacional-de-proteccion-i ntegral-de-ninas-ninos-y-adolescentes-sipinna

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Segalmex a revisar y proponer una ruta para acopiar granos básicos a precios de garantía de campesinos vulnerables con problemas de acreditación de tenencia de la tierra, a cargo del diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, el diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre, integrante de la LXIV Legislatura federal y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Segalmex es una de las principales apuestas del gobierno de la cuarta transformación para lograr objetivos específicos de desarrollo en el campo mexicano. Uno de los programas más nobles de este gobierno es, sin duda, dar la oportunidad a los pequeños productores, a los campesinos olvidados, la posibilidad de contar con precios de garantía de sus productos básicos en todo el país y centros de acopio sin intermediarios, evitando con ello la corrupción, el coyotaje y el engaño de los productores mexicanos de escasos recursos para apoderarse de su producción agrícola, son una acción que debe felicitarse.

Los mexicanos celebramos con mucho orgullo la implementación de programas como los que maneja Segalmex y celebramos que estos programas sean una realidad en la actualidad del campo nacional.

Sabemos de antemano que la puesta en marcha de programas tan extensos y dar cobertura a todo el territorio nacional es todo un reto para su ejecución, y pensar en los olvidados es un acierto que pronto rendirá frutos.

No dudamos de los resultados de este programa, sin embargo, en la actualidad se han denunciado en diferentes partes de la república, de las cuales, sólo citaremos el estado de Jalisco, como marco de referencia y, en específico, del municipio de San Gabriel, donde los centros de acopio de maíz, aplicando a cabalidad lo dispuesto en la normatividad de las reglas de operación para el acopio, han tenido que postergar el acopio del maíz de los productores de la región en muchos casos, debido a que muchos de los productores no cuentan con la certeza jurídica-legal de los terrenos donde cultivan.

El programa federal Procede para la regulación y tenencia de la tierra no ha concluido y los conflictos agrarios han sido un reto para la administración pública en materia de ministración de justicia y certidumbre de la posesión de la misma.

Mujeres productoras de maíz, viudas, heredadas, o de esposos migrantes, así como jóvenes, medieros o renteros, quedan fuera de lo que enmarcan las reglas de operación para el acopio de su producción y ellos, los campesinos más vulnerables, son en quienes se pensó en gran medida, este noble programa.

Es necesario actuar, debido a que estos campesinos se encuentran en la escala más vulnerable de la escala de los productores. Los mismos casos se replican en casi todas las entidades donde se han abierto estos centros de acopio.

La problemática se ha centralizado en la acreditación de la propiedad del predio, en un país donde el abandono del campo durante décadas, ha generado atrasos significativos para poder tener una regularización de la tenencia de la tierra, y ello deja a miles de mexicanos en condiciones de vulnerabilidad y fuera de los beneficios de los precios de garantía.

El proceso de regularización es un esfuerzo que tendrá que avanzar como una prioridad para regresar la justicia y la dignidad al campo mexicano, sin embargo, sabemos que es complicado y tardado el camino, es por ello que recurrimos a usted, en la facultad de sus atribuciones, para buscar una solución a esta problemática y que los campesinos mexicanos más vulnerables encuentren en este programa el respaldo y apoyo que durante décadas han estado clamando.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de esta honorable asamblea de la LXIV Legislatura federal el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura federal exhorta de manera respetuosa al ciudadano Ignacio Ovalle Fernández, director general de Segalmex , para que en la facultad de sus atribuciones, revise y proponga una ruta para el acopio de granos básicos a precios de garantía, de campesinos vulnerables con problemas de acreditación de tenencia de la tierra.

Ciudad de México a 27 de febrero de 2020.

Diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a investigar, vigilar y restablecer la legalidad de los procesos de licitación para adjudicar, asignar y contratar obra pública otorgada por ella, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Nayeli Salvatori Bojalil, diputada por el Distrito X de Puebla, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando se considere de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La licitación pública es un procedimiento de contratación en que a través de una declaración unilateral de voluntad contenida en una convocatoria pública, el Estado se obliga a celebrar un contrato para la adquisición de un bien o servicio incluyendo la obra pública, con aquel interesado que cumpliendo determinados requisitos solicitados en la convocatoria por el ente público de que se trate.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en su párrafo primero menciona “los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”2 promoviendo una directriz de política general de contratación obligatoria para toda la administración pública federal.

Teniendo lo anteriormente expuesto como referencia, la Secretaría de la Función Pública considera fundamental que los entes públicos privilegien y promuevan la utilización de licitaciones públicas en sus procedimientos de contratación, ya que es un procedimiento instruido por nuestra Carta Magna, asimismo el Estado debe garantizar la obtención de las mejores condiciones de contratación. Por ello, resulta recomendable en extremo se vigile el uso de la adjudicación directa y la invitación a cuando menos tres personas.

Se encuentran diversos antecedentes alrededor de toda la República Mexicana que denotan casos de irregularidades con base en las licitaciones llevadas a cabo por medio de Comisión Nacional del Agua (Conagua), como servidora de la nación rechazó categóricamente estas prácticas.

En el primer mes del presente año 2020 la plataforma informativa Excélsior 3 denuncio irregularidades de las licitaciones de Conagua en el estado de Baja California por procedimientos largos y engorrosos, cometiendo arbitrariedades, favoritismo e incluso conductas de corrupción, dicho medio resaltó que la instancia publica “desecha propuestas solventes sin argumentos válidos” y haciendo caso omiso a lo estipulado en el segundo capítulo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados.

En caso de hacer excepciones en cuanto al proceso de licitación es importante señalar que, de acuerdo con el capítulo tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico, existen procedimientos para llevar a cabo licitaciones directas como se establece particularmente en los artículos 42o. y 43o., 41o. y 42o. de las ya mencionadas.

Los mexicanos necesitamos instituciones sólidas, es momento de exigir a la Conagua seriedad para atender los problemas que aquejan a nuestro país, necesitamos hacer de las licitaciones acciones responsables y con estricta transparencia. No podemos estar siguiéndoles la pista respecto a su actuar en todo momento, deben ser responsables con su forma de tomar decisiones y sustentarlas con estricto apego a los lineamientos de las leyes y la Constitución.

Es nuestro deber impulsar el desarrollo y prosperidad del país con certera transparencia, dejando de lado los intereses particulares y/o favoritismos. Resulta inaceptable seguir cubriendo estas decisiones y no implementar la política del actual gobierno respecto al principio de cero tolerancia a la corrupción.

Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas me permito hacer un llamado a las autoridades para afianzar el pleno cumplimiento de los procesos de licitaciones establecidos en la normatividad antes mencionada.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, haga un llamado a la Comisión Nacional del Agua para cumplir con la normatividad constitucional y legal vigente respecto a las licitaciones públicas para la contratación de obra pública.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf

2 https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/1-3-1-licitacion-publica

3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/denuncian-irregridades-en-licitac iones-de-conagua-en-bc/1358207

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a implantar mecanismos para establecer el cultivo del agave como estratégico y prioritario en las zonas rurales, a cargo del diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre, integrante de la LXIV Legislatura Federal, y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Primera: Breve historia de los cultivos de agave en México

El surgimiento de la agricultura fue un paso clave en el desarrollo de la humanidad. Los historiadores afirman que, en el periodo Neolítico, el hombre pasó de la caza, la pesca y la recolección, a las actividades agrícolas y ganaderas. Esto ocurrió hace más de diez mil años y no fue en un sólo lugar, la agricultura se desarrolló de manera independiente en varios puntos del planeta, en Mesopotamia se cultivó trigo y cebada; en Asia el arroz, en Mesoamérica el maíz (Brambila, 2011).

Los primeros agricultores ocuparon diferentes regiones y en todas surgieron grandes civilizaciones.

En México la agricultura prehispánica se caracterizaba por tener como base el sistema milpa, asociando cultivos como el maíz, frijol, chile y calabaza. Se practicaba la rotación de cultivos para conservar el suelo y se diseñaron sistemas agrícolas adaptados a las condiciones propias que imperaban en Mesoamérica, como terrazas en suelos con pendiente, que se siguen utilizando hasta nuestros días.1

En su estructura agrícola destacaba el agave pulquero asociado con cultivos anuales que además proporcionaba una gran diversidad de productos de importancia para las familias.

Los agaves junto con el maíz fueron fundamentales en la vida de los pueblos del centro de México a lo largo de su historia. Goncalves de Lima, citado por Ruvalcaba (1983) afirmó que “si queremos definir al pueblo mexica, en la fase que corresponde a la capa mítica del periodo de Huitzilopochtli, por un elemento de cultura sacado del dominio etnobotánico, había de convenirse en denominarlo una civilización del maguey”.

Después de la Conquista, el maguey continuó cultivándose y sus múltiples productos se siguieron aprovechando. Al desaparecer las restricciones que prohibían su consumo, la ingesta de pulque se generalizó entre toda la población y a finales del siglo XIX surgió una gran industria pulquera la cual vivió su mayor esplendor durante el Porfiriato con la aparición del ferrocarril y la consolidación de las haciendas.2

Los vestigios encontrados en investigaciones recientes en las regiones centrales del país, dentro del territorio conocido como Mesoamérica y parte sur de Aridoamérica, han llamado la atención por la importancia prehispánica que se tenía el cultivo del maguey en las diferentes culturas de la región, siendo uno de los principales cultivos desarrollados.

Segunda: Caracterización y localización de los agaves

Los agaves pertenecen a la familia Agavaceas. La familia es endémica de América y se distribuye desde los límites de Estados Unidos de América (EUA) con Canadá hasta Bolivia y Paraguay. Incluye 9 géneros (Agave, Beschorneria, Furcraea, Hesperaloe, Hesperoyucca, Manfreda, Polianthes, Prochnyanthes, y Yucca) con cerca de 330 especies.

El centro de mayor riqueza y diversidad de la familia se encuentra en México donde se distribuyen 251 especies (76 por ciento del total), con 177 endémicas (70 por ciento) (García-Mendoza y Galván, 1995; García-Mendoza, 2002).

El género más grande y diverso de la familia es Agave con 210 especies; México tiene 159, es decir, 75 por ciento del total, con 119 de ellas endémicas (García-Mendoza, 2011). El género Agave se distribuye desde el sur de los Estados Unidos de América hasta Ecuador.3

Los agaves pertenecen a la familia Agavaceas. La familia es endémica de América y se distribuye desde los límites de Estados Unidos de América con Canadá hasta Bolivia y Paraguay. Incluye 9 géneros (Agave, Beschorneria, Furcraea, Hesperaloe, Hesperoyucca, Manfreda, Polianthes, Prochnyanthes, y Yucca) con cerca de 330 especies.

Hay una gran variedad de especies silvestres, incluso hay algunas que aún no tienen una clara clasificación y reciben su nombre dependiendo de la localidad donde se encuentren. La jima de este tipo de agaves no es algo sencillo, ya que implica la búsqueda de los agaves, arrancarlos de la tierra, cortarlos y trasladarlos hasta el palenque. Es importante señalar que, con el crecimiento de la industria mezcalera, se ha dado un fenómeno de sobreexplotación de los agaves silvestres. La falta de sustentabilidad ha puesto en riesgo a un alto porcentaje de especies silvestres colocándolas en el contexto de peligro de extinción.4

La dispersión de los agaves en nuestro país tiene probabilidades de prosperar, actualmente con presencia en 28 entidades federativas, solamente Tabasco no tiene variedad de agave nativa, lo cual les permite crecer y producirse en lugares donde otros cultivos no tienen las mejores condiciones para su aprovechamiento, lo que favorece que su crecimiento y desarrollo sea en tierras no destinadas para la producción de granos básicos y por lo mismo, no compite con la superficie agrícola destinada a este fin.

Tercera: El mercado potencial de los agaves y su aprovechamiento sustentable

El caso de éxito del tequila

El tequila es una bebida alcohólica que se destila a partir de los jugos fermentados obtenidos de la piña de plantas de agave azul tequilana weber, una planta única por su coloración y emblemática de México y, de los mexicanos, los paisajes agaveros de Jalisco han sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde el año 2006.

El cultivo del agave es una tradición emblemática de Jalisco y, de otros estados que se encuentran en la Denominación de Origen. La paciencia de los agaveros es una de las condiciones imperantes en los productores, pues tardan de 6 a 8 años después de la plantación, para cosechar un producto vegetal que tenga las características óptimas para su aprovechamiento, resultando en un tequila de calidad, certificado y revisado por el Consejo Regulador en todo momento, con el fin de que se apegue a las normas oficiales mexicanas y que no pierda su autenticidad en el proceso de producción.

La industria tequilera volvió a romper récord de exportaciones en 2018, al cerrar con 222.7 millones de litros enviados al extranjero, es decir 5.5 por ciento más que el año anterior.5

Estas cifras reflejan que 2018 alcanzó el segundo lugar con mayor producción, sólo por debajo de 2008, cuando se produjeron 312 millones de litros de tequila, informó el Consejo Regulador del Tequila (CRT) en un comunicado.

EUA encabezó la lista de diez de países a los que más tequila se exportó el año pasado, con 82.5 por ciento del total, seguido de Alemania, España, Francia, Reino Unido, Irlanda del Norte, Japón, Canadá, Letonia y Sudáfrica.

“Actualmente el tequila representa 1 por ciento del mercado mundial de bebidas espirituosas, por lo que aún existe una importante posibilidad de crecimiento”, comentó Rodolfo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, citado por el comunicado.

El comportamiento del mercado internacional de consumo de tequila, ha logrado expandir los horizontes de una industria en pleno crecimiento, donde la posibilidad de expansión está sujeta a un mayor apalancamiento del Estado mexicano para sostener el impulso logrado y, que, en materia jurídica, las protecciones a las denominaciones de origen constituyan un eje rector del desarrollo de una industria generadora de empleos y divisas para los Estados Unidos Mexicanos.

El Consejo Regulador del Tequila mantiene una expectativa para 2019 de una exportación aproximada de 230 millones de litros, lo cual es una gran noticia para la economía nacional, generando con ello, presencia en los mercados internacionales, siendo el mercado externo el principal consumidor de la producción nacional.

El caso de éxito del mezcal

Como consecuencia de la alta demanda que ha tenido el mezcal a escala nacional e internacional, la industria cerró 2018 (datos preliminares) con un crecimiento anual de 25 por ciento, adelantó Hipócrates Nolasco, presidente del Consejo Regulador del Mezcal (CRM).

El representante del sector indicó que los crecimientos anuales van al alza, ya que en los últimos siete años la producción de mezcal ha aumentado a un ritmo de entre 20 y 25 por ciento anual.

Detalló que la industria cerró el año con una producción de 5 millones 100 mil litros, es decir, un crecimiento de entre 25 y 30 por ciento comparado con 2017, mientras que el envasado nacional llegó a 2 millones y medio de litros, que significa un crecimiento de 25 por ciento. En cuanto a la exportación, señaló Nolasco, creció a 3.5 millones de litros, lo que significó un incremento de más de 30 por ciento. Agregó que el número de marcas que exportan son 240, gracias a que se agregaron 40 nuevas durante el año pasado “Todo esto ha contribuido a cerrar el año con un crecimiento ponderado superior a 25 por ciento”, dijo el líder del CRM. Expuso que el sector espera que 2019 también sea un año de crecimiento: “Estamos sensibilizando a las autoridades que para tener un mejor efecto en el mercado nacional las bebidas artesanales necesitan un tratamiento distinto, no puedes tratar igual a aquellas que cuesta muy poco producirlas, como las que cuesta mucho”.6

La incursión en los mercados de bebidas destiladas agave y su lucha por mantener una denominación de origen y una permanencia en los mercados

Las bebidas derivadas del aprovechamiento del agave pueden englobarse en un espectro concentrado en dos variantes: destilados de agave y fermentados de agave.

En los fermentados, bebidas como el pulque, en todas sus presentaciones de comercialización y consumo, con saborizantes o naturales, emanadas del “aguamiel”, son el origen histórico de las bebidas de aprovechamiento de los agaves en toda la zona del valle central de lo que actualmente es México.

El pulque es una bebida que se consume en la actualidad y que ha tomado un auge creciente en los mercados regionales, impactando a las economías locales con un desarrollo económico que ha dinamizado las economías de comunidades pulqueras, las cuales han sabido explotar la bebida, en combinación con gastronomía regional y posicionarse en el gusto de los jóvenes de nuestro país, que cada vez buscan el consumo de este producto con una efervescencia creciente.

La economía del pulque en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, estado de México y Querétaro, ha logrado generar un desarrollo económico en comunidades de alta marginación, principalmente en el Valle del Mezquital, donde la economía local se ha fortalecido y, donde han proliferado plantaciones de maguey pulquero, encadenando un sistema de producción que genera empleos en la plantación, cultivo y cuidado del agave, preparación de las tierras, aprovechamiento del agave, comercialización de plantas e implementos agrícolas, así como la comercialización del producto final.

El encadenamiento productivo del pulque, es una economía que revitaliza la zona donde se produce y, arrastra a las economías aledañas al crecimiento regional.

Lo mismo sucede con las bebidas destiladas de agave, la mayoría con denominación de origen e indicación geográfica, poco a poco se posicionan en el mercado nacional como forma del rescate de la cultura y la tradición de la mexicanidad.

El bacanora, el sotol, la charanda, la pulcata, raicilla y tonayan, son bebidas que logran establecer crecimiento económico en sus regiones a través del aprovechamiento del agave y, sus derivados.

Las plantaciones de agave deben ser consideradas como estratégicas por lo siguiente:

a) Bajo consumo de agua en su ciclo agrícola.

b) Alto potencial de cuidado de la capa superficial de la tierra, cuidando de erosión, deslave, contaminación y restituidor de suelos, fijación de nitrógeno y absorción de dióxido de carbono (CO2) y al ser vegetación endémica, las plantaciones se constituyen como corredores biológicos de especies de fauna silvestre y en particular especies polinizadoras.

c) El cultivo de agaves y magueyes no compite con la frontera agrícola alimenticia, utilizando tierras marginales con poca capa de material orgánico.

d) Cultivo aprovechable en un cien por ciento de su biomasa para productos primarios y derivados, hasta el momento se tienen identificados la elaboración de más de cien productos que se localizan en productos terminados para consumo humano, alimenticio, energético, textil, industrial, endulzantes, construcción, energías renovables, cuerdas, harinas, bebidas, artesanías.

Cuarta: El cultivo del agave en México como un potencial de desarrollo sustentable

El cultivo de las agaváceas en nuestro país, en las diferentes regiones donde se cultiva, ha desarrollado economías regionales de alto impacto, generando con ello el desarrollo pleno de actividades económicas orientadas al fortalecimiento de la industria del campo, en todos y cada uno de los rubros donde sea utilizado el agave.

Las regiones con economías deprimidas de nuestro país han encontrado en el cultivo sustentable de los agaves, ingresos económicos que permiten el sustento del ingreso familiar, cuidando los suelos, el medio ambiente y aportando productos novedosos para las diferentes industrias.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, se propone al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura federal, exhorta de manera respetuosa, en la facultad de sus atribuciones, al ciudadano Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, a establecer mecanismos y condiciones de programas de acción para establecer al cultivo del agave en México como un cultivo prioritario y sustentable, sujeto a apoyos gubernamentales para su crecimiento y desarrollo en todo el territorio nacional.

Notas

1 Alberto Ulises Narváez Suárez, Tomás Martínez Saldaña, Mercedes A. Jiménez Velázquez. El cultivo de maguey pulquero: opción para el desarrollo de comunidades rurales del altiplano mexicano.

2 Ibídem.

3 Doctor José Robles. Investigación sobre las agaváceas en México.

4 Ibídem.

5 https://manufactura.mx/alimentos-y-bebidas/2019/01/16/el-tequila-mexica no-cerro-2018-con-record-de-exportaciones

6 https://www.milenio.com/negocios/mezcal-concluyo-2018-alza-25-produccio n

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a construir por la Subsecretaría de Infraestructura paraderos seguros destinados a operadores del autotransporte, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todos los operadores están expuestos a sufrir un accidente después de recorrer miles de kilómetros sin parar, y en donde el cansancio que experimenta el operador se convierte en una verdadera señal de alerta.

Conscientes de esta situación, gobiernos, asociaciones del transporte y transportistas alrededor del mundo han promovido el surgimiento de lo que se conoce como paraderos o estacionamientos seguros. Se trata de un concepto en el que Europa lleva la delantera, aunque países como Estados Unidos y México buscan avanzar en ello.

Hace menos de una década se evaluó la necesidad de ofrecer suficientes zonas de estacionamiento o paraderos seguros a lo largo de la red carretera para permitir que los conductores descansen, estas áreas deberían de ser adaptadas a las necesidades de la logística moderna en términos de capacidad, y a la vez proporcionar un entorno seguro y protegido con instalaciones adecuadas para los conductores y su carga.

Aun cuando la responsabilidad de poner en marcha este proyecto era de los Estados miembros, la comisión emprendió una serie de iniciativas encaminadas apoyar y coordinar los esfuerzos de los mismos para que proporcionaran un número suficiente de estacionamientos y zonas de descanso a fin de satisfacer las necesidades de una industria del transporte en constante crecimiento.

México contempla en La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en artículo 2o .- fracción IV, Paradores: instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a las que se tiene acceso desde las carreteras.

Así también en la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SCT-2-2017 establece los tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios de autotransporte federal.

Para asociaciones como AMOTAC, la Canacar, la Canapat y la Conatram, entre muchas otras, así como para instancias gubernamentales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la misma Policía Federal, el tema de los paraderos seguros ha estado sobre la mesa desde hace muchos años , ya que está íntimamente ligado al desarrollo de una infraestructura carretera moderna.

El proyecto paraderos seguro ya ha dado sus primeros resultados con instalaciones importantes en el estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Guadalajara, aunque todavía hay muchas que se encuentran en proyecto, en desarrollo o fueron canceladas.

La intención, como ocurre en el resto del mundo, es proporcionar instalaciones seguras para los operadores y las mercancías que trasladan, tener un lugar donde estacionar las unidades pesadas de carga e incluso los autobuses de turismo, para que los conductores puedan pernoctar y tener acceso a comida, a una zona comercial y a servicios mecánicos, contando con el apoyo y vigilancia de la Policía Federal.

Considerando que es una obligación legal que deberán acatar operadores de camiones de carga por su propia seguridad y la de los demás usuarios de carreteras, no se cuenta con la infraestructura necesaria para mejorar la dinámica laboral de los operadores.

Una vez que conducen las 5 horas continuas y que la NOM 087 marca un descanso obligatorio de 30 minutos, o después de conducir 14 horas continuas es necesario un descanso de 8 horas, pero por el momento es imposible que los operadores paren media hora, tendrían que hacerlo en lugares despoblados y lugares sin iluminación, por lo que no hay garantía de que pudieran tener un descanso seguro o sin sobresaltos.

Con las condiciones como se encuentran las carreteras a los largo y ancho del país, los operadores serían presa fácil del ataque de la delincuencia que ya de por sí los agobia, y es que ni siquiera las casetas de cobro o puestos de servicios son seguros, pues los asaltos se registran inclusive en estos lugares o cerca de ellos o en las gasolineras de paso.

Derivado de ello, para cumplir con esta disposición se ha pedido a la autoridad federal que sean construidos paraderos seguros y en condiciones de ser utilizados por los operadores para su descanso y entonces sí, poder aplicar esta NOM-087-SCT.

Aunque se ha avanzado, este debería ser un tema prioritario a nivel nacional. Sabemos que contar con caminos seguros es un tema multifactorial, no obstante, el adecuado descanso de los operadores puede disminuir sustancialmente el número de accidentes producto de horas de manejo sin parar.

La suma importancia de todo esto es el costo de las vidas humanas, por los accidentes causados de la conducción continua sin descanso de los operadores, se estima que los accidentes viales en México cobran 17 mil 500 vidas y cuestan alrededor de 170 mil millones de pesos al año, lo cual representa 1.9 por ciento del PIB, de acuerdo con datos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó una encuesta entre operadores del autotransporte federal, en la que detectó que un 56 por ciento conduce más de 9 horas al día y 29 por ciento supera las 14 horas, mientras que en Estados Unidos no superan un máximo de ocho horas al día, con un descanso obligatorio de dos horas, y en Canadá tiene establecido un periodo de conducción de 13 horas, con un mínimo de diez horas de descanso.

En la página oficial del SCT se menciona 48 paraderos en los caminos de cuota y 377 en los caminos libre de peaje, sumando un total de 425, actualizada al 14 de diciembre del 2018, pero cabe mencionar de todos ellos están funcionando al 100 por ciento, por los reportes de los operadores que andan en campo, los que hoy dejan mucho que desear.

Por qué no buscar el apoyo para construcción de paraderos con la ayuda de empresas y la SCT, esto beneficia a las empresas por la seguridad de sus operadores y de su mercancía y lo más importante las vidas humanas.

En virtud de lo anterior, y con el propósito de brindar la importancia y debida atención a este problema que impacta a la seguridad de los usuarios de las carreteras y a una gran cantidad de autotransportistas y en consecuencia a las empresas por la garantía de su mercancía.

Con base en lo expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT se considere la construcción de paraderos seguros para los operadores del autotransporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS a hacer públicos los resultados pormenorizados del Programa Piloto para la Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar, a cargo de la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Ana María Rodríguez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente al director del Instituto Mexicano del Seguro Social a que haga público los resultados pormenorizados del Programa del Plan Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar, relativas a diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El trabajo doméstico, en nuestro país, es el que menos regulaciones laborales tiene, aunque han existido diversos movimientos sociales para que estos tengan similares derechos que cualquier trabajador en nuestro país, lo cierto, es que existe una discriminación social y legal hacia este sector laboral, que principalmente emigra de entidades cercanas a la ciudad para desempeñarse en labores domésticas.1

En las reformas laborales de noviembre del año 2012, no fue considerado este sector de trabajadores que representa casi 2.5 millones de personas en el país; lo anterior debido a la discriminación que había de esta labor por las jefas y jefes de los hogares del país, que las contrataban, y por el nulo reconocimiento institucional que en ese momento existía, de este importante trabajo en los hogares; por todo ello en la reforma laboral se atendió lo relativo al outsourcing , pero se discriminaron totalmente las demandas de las trabajadoras del hogar.

Por ello son históricas las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo que fueron publicadas el 1 de mayo y el 2 de julio de 2019, reformas que permitieron un avance importante en el reconocimiento del trabajo que realizan las trabajadoras del hogar, al reconocer sus horas de descanso semanal de día y medio, las nueve horas de descanso por jornada laboral, garantizar los alimentos, al definir con claridad las obligaciones y derechos de las trabajadoras del hogar, atender los gastos de sepelio, y una avance importante es la de inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para ello fue importante la lucha social de muchos años de las trabajadoras del hogar, contra la discriminación de esta labor que ellos realizaban bajo un esquema discriminatorio y de explotación, y a nivel legal fue importante la resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, relativa al Juicio de Amparo directo 9/201, que votó a favor del proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, el cual señala que no existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, excluyan al trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social , la cual considero los siguiente puntos importantes:

- Es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el IMSS.

- No existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo cual provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras.

- Dejar fuera el trabajo doméstico del régimen obligatorio del IMSS afecta de manera desproporcionada a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por ellas (nueve de cada diez empleados del hogar son mujeres según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi).

- El trabajo doméstico ha sido tradicionalmente objeto de condiciones inadecuadas, extensas jornadas y bajos salarios, expuesto a condiciones que están lejos del concepto de trabajo digno.

- Tal tratamiento impide al trabajador doméstico la oportunidad de un acceso real a prestaciones sociales que les permitan encontrarse protegidos contra circunstancias e imprevistos que afecten sus medios de subsistencia e ingresos, así como poder generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias.

- Por ello se concedió el amparo, entre otros aspectos, para hacer del conocimiento del IMSS esa situación discriminatoria y ordenar que dentro de un plazo prudente (primer semestre de 2019), implemente un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar que a su vez entregue las facilidades administrativas necesarias que permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales.

- Es decir, el régimen social propuesto debe tomar en cuenta las particularidades del trabajo doméstico, como lo es que en algunos casos tenga más de un patrón y que las relaciones laborales usualmente no están establecidas mediante un contrato de trabajo. El régimen especial debe resultar de fácil implementación para los patrones (que en su mayoría son amas de casa o padres de familia) y no puede ser de carácter voluntario, sino obligatorio . Asimismo, se deberá explorar la posibilidad de facilitar la incorporación al nuevo régimen especial, excusando a los patrones de encontrarse inscritos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

- La finalidad de los anteriores lineamientos consiste en que en un plazo no mayor a 18 meses a partir de la implementación del referido programa piloto, el IMSS se encuentre en posibilidades de proponer al Congreso de la Unión, las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar , y en ese sentido, en un plazo no mayor a 3 años, se logre obtener la seguridad social, efectiva, robusta y suficiente a la totalidad de las empleadas domésticas en el país.

Por ello derivado de dicha sentencia resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se ordena al Instituto Mexicano del Seguro Social, que dentro de un plazo prudente, que corresponde al primer semestre del año 2019, implemente un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar que a su vez entregue las facilidades administrativas necesarias que permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales.

Asimismo, fundado en el acuerdo establecido por el Consejo Técnico del IMSS, en fecha 22 de enero del año 2019, relativo al Programa piloto: Incorporación de las personas trabajadoras del hogar, en el que se establecen los lineamientos para la incorporación a las trabajadoras del hogar, al servicio médico y prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también se definen las cotizaciones que habrán de pagar los patrones con base en el salario que devengan las trabajadoras del hogar. 2

En virtud de lo anteriormente expuesto, acudo a esta tribuna para presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social hacer público los resultados pormenorizados a un año de implementado el Programa piloto: Incorporación de las personas trabajadoras del hogar, relativos a diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar, que a su vez otorgue las facilidades administrativas necesarias que permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales, lo anterior en lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 9/2018, el 5 de diciembre del año 2018.

Notas

1 Bensusán Graciela. Perfil del trabajo doméstico remunerado en México. Organización Internacional del Trabajo. 2019, México,

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/437796/PROGRAMA_PILOTO-c omprimido.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputada Ana María Rodríguez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a llevar a cabo medidas para disminuir la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y reforzar las acciones preventivas ante la cercanía del inicio de la temporada de lluvias a escala nacional, a cargo de la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Miroslava Sánchez Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para disminuir la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y refuerce las acciones preventivas que sean necesarias ante la cercanía del inicio de la temporada de lluvias a nivel nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La transmisión de enfermedades por vectores ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, no es desconocido en ninguna latitud del orbe el grave problema de salud que significa una mala atención y una carente política de prevención para enfrentar y/o contrarrestar el contagio de padecimientos que afectan a la población del país en regiones cada vez más extendidas.

Las enfermedades transmitidas por vector como dengue, chikungunya y zika son enfermedades virales provocadas por la picadura de un vector (mosquito) infectado por un virus. El mosquito del género Aedes Aegypti, es el mismo vector que puede transmitir dengue, chikungunya y zika.

La combinación de factores geográficos y climatológicos propios de nuestro país lo hacen propenso a que, durante gran parte del año, la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores sea constante, por no decir permanente. Esta situación se agrava en las temporadas de incremento de temperaturas y de lluvias, pues se favorecen la reproducción de los insectos transmisores, especialmente, de estas enfermedades.

La propagación puede contenerse con efectivas campañas de concientización de la población a efecto de que, entre otras, lleven a cabo las siguientes acciones:

• Lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente que pueda servir para que se acumule agua y los mosquitos se reproduzcan.

• Tapar todo recipiente en el que se almacene agua.

• Voltear cubetas, tambos, tinas, macetas o cualquier objeto en el que se pueda acumular agua, ya que los mosquitos buscan estos lugares para reproducirse.

• Tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan y en los que se puede acumular agua.

• Cambiar el agua de los floreros y bebederos de mascotas cada tercer día.

• Barrer y mantener en orden todos los espacios en los que desarrollamos alguna actividad y/o vivimos.

• Dejar el larvicida que coloca el personal de la secretaría de salud en los contenedores de agua.

Pero también es necesaria la acción de las instituciones de salud, para ejecutar campañas de fumigación y el reforzamiento de las labores de difusión y concientización de la población.

En el año 2019, la incidencia de Dengue a nivel nacional fue de 41505 casos confirmados, de los cuales el 69 por ciento de los casos se dieron en los Estados de Jalisco, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca.i Respecto al Zika, en lo que va de 2020, se han confirmado 12936 casos a nivel nacional, siendo los Estados con mayor incidencia Veracruz y Yucatán.ii En tanto que para el año 2019 se confirmaron 9 casos a nivel nacional de chikungunya.iii

Estas cifras resultan significativas para evidenciar la realidad respecto al alto riesgo de que se incremente la incidencia de estas enfermedades si es que no se llevan a cabo las medidas de prevención necesarias para evitar que la población afectada crezca, especialmente en los meses en los que las lluvias y las altas temperaturas favorecen las condiciones de vida del vector transmisor.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de está soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la secretaria de salud a llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para disminuir la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y refuerce las acciones preventivas que sean necesarias ante la cercanía del inicio de la temporada de lluvias a nivel nacional.

Notas

i Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524262/Pano_dengue_52_20 19.pdf

ii Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536558/Cuadro_Casos_ZIKA _y_Emb_SE07_2020.pdf

iii Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536556/Cuadro_Casos_y_De f_CHIK_SE07_2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero del 2020.

Diputada Miroslava Sánchez Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para otorgar más horarios de despegue y aterrizaje a aerolíneas con origen y destino en el aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rosalinda Domínguez Flores, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Que el aeropuerto de Ixtepec en el Estado de Oaxaca, inicia operaciones en el año de 1957, con vuelos operados por la aerolínea Mexicana de Aviación con la ruta México-Oaxaca-Ciudad Ixtepec-Tuxtla-Tapachula.

Dichos vuelos comerciales dejaron de prestar servicio en la ruta de en Ixtepec en el año de 1979.

Que, el 26 de abril de 2017 a las 8:40 horas se dieron por iniciadas nuevamente las operaciones del aeropuerto ubicado en Ciudad Ixtepec en el Istmo de Tehuantepec.

Que con el inicio de operaciones se buscó generar el desarrollo 12 municipios de Oaxaca, tres de los cuales comprenden la zona metropolitana de Tehuantepec, Salina Cruz y Juchitán.

Se inició con tres vuelos semanales los días lunes, miércoles y viernes a las 6:30 horas saliendo del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

En el año de 2018 se incrementaron a cinco las frecuencias aéreas semanales, bajo el contexto de importancia que representa la zona del Istmo, se buscaba que la conexión beneficiará inicialmente a 30 mil pasajeros al año considerando la región como alta en importancia por ser una zona con gran potencial de crecimiento económico.

El Presidente, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contempla, por la importancia de crecimiento económico que representa el Sur del País, el impulso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como uno de los tres proyectos regionales de la actual administración federal.

Dentro del proyecto del corredor se ha planteado la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; mejora de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca; desarrollo de infraestructura carretera y la red aeroportuaria, todo ello vale resaltarlo, con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones de la zona del Istmo de Tehuantepec y del estado de Veracruz.

Que, el Presidente de la Republica ha sido muy correcto al especificar qué; es inaplazable el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, así como de los pueblos indígenas en la región del Istmo de Tehuantepec, para lo cual la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, son condiciones indispensables.1

La competencia entre distintos agentes abona a alcanzar una más justa prestación de servicios, favoreciendo significativamente a los consumidores finales.

En esencia, competitividad se refiere a la capacidad que tienen estos agentes económicos para permanecer vendiendo bienes o servicios en un mercado.

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la dependencia encargada de otorgar los permisos para la construcción, operación y explotación de los demás aeródromos civiles, así como administrar la operación de los servicios de control de tránsito, de información y seguridad de la navegación aérea.

Con base en lo anterior, la opción de brindar condiciones de igualdad entre los agentes participantes en el sector, así como, la entrada de nuevas compañías propiciaría mejores condiciones para una competencia efectiva en beneficio de la región del Istmo de Tehuantepec y de todos aquellos que requieran el servicio de transporte aéreo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que, con base en las facultades conferidas, se estudie y, en su caso, se otorguen más horarios de despegue y aterrizaje a diferentes aerolíneas que prestan el servicio de aviación en el país, para proporcionarlo en distintas rutas teniendo como origen y destino el aeropuerto de Ixtepec Oaxaca, generando con ello competencia en pro de los usuarios y de la región del Istmo de Tehuantepec.

Nota

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/510834/Decreto_de_Creaci on_CIIT.pdf

Dado en la Cámara de Diputados, a 27 de febrero de 2020.

Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría General de esta soberanía a modificar su patrón de asignación de puestos “femeninos y masculinos” para terminar con los arraigados estereotipos sexistas, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Laura Imelda Pérez Segura, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria General de esta Cámara de Diputados a que aplique la paridad de género en los puestos que han sido catalogados y estereotipados como femeninos o masculinos: edecanes, bomberos, protección civil con el fin de combatir las prácticas discriminatorias y desigualdad que existe en esta Cámara.

Consideraciones

El artículo 1o. Constitucional establece que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 2 se define “La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres”.

En el artículo 3 se señala que: “No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana”.

Dentro del marco nacional están también la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se destacan los derechos de igualdad y no discriminación.

En el marco internacional la CEDAW señala la obligación del estado mexicano de “Seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer; así como a desarrollar acciones en las esferas prioritarias: política, social, económica y cultural, con el objetivo de asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer y garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades en igualdad”.

La recomendación 3 de la CEDAW demanda “Medidas que erradiquen todas las formas de discriminación y a adoptar políticas y programas concretos y eficaces, y medidas que transformen estereotipos de género”.

También hace énfasis en acciones concretas, por ejemplo, el inciso k) llama a fortalecer las campañas de toma de conciencia y capacitación en cuestiones de igualdad de los géneros entre hombres y mujeres, niñas y niños, para eliminar la persistencia de estereotipos tradicionales perjudiciales.

Por su parte la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), establece en su Artículo 6: “El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”. Su Artículo 8 señala que: “Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer”.

La igualdad sustantiva es una búsqueda constante por asegurar que, de manera real y efectiva, sean mujeres y hombres iguales no solamente frente a la ley, sino en general en las prácticas cotidianas de toda la vida pública del país. Por lo anterior, es que la igualdad sustantiva es un tema transversal para todo el trabajo legislativo y, por tanto, representa una lucha permanente por lograr, en todos los espacios que nos compete incidir de tal manera que se vayan menguando todos los estereotipos sexistas y las prácticas fundadas sobre éstos.

A pesar de todos estos compromisos adquiridos por nuestro país, tanto en la legislación nacional como a nivel internacional y siendo esta la casa de elaboración de las leyes, en donde las y los legisladores tendríamos que ser los primeros en fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación, podemos ver varios ejemplos de la estigmatización de los puestos de trabajo en la Cámara de Diputados.

El objetivo de este punto de acuerdo es exhortar a la secretaría general para que en los puestos de trabajo de la Cámara de Diputados se regule lo correspondiente a la designación de personal en la práctica denominado “edecanes” para que estos espacios no sean designados exclusivamente a mujeres, lo cual no se encuentra sustentado en ninguna norma (ni siquiera la nomenclatura “edecán” aparece en el reglamento) pero representa una práctica cotidiana que siempre ha existido.

Los estereotipos sexistas atentan contra la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, es así el caso de la designación de “edecanes” que perpetúa el modelo de asignar labores de “atención a diputados”, trabajo que tienen que ver con “atender” y “servir”, y que se asigna solamente a mujeres.

Y es que seguimos pensando que “Las labores de atender y servir (servir café, servir agua, pasar el micrófono) son de manera natural de las mujeres. Un hombre haciendo esas labores (imaginémoslo) se vería raro”.

Caso muy similar es el puesto de secretaria, que sigue el mismo estereotipo de las edecanes, que también está dentro de las funciones asignadas a mujeres.

Otro de los ejemplos que se observan en las tareas diarias son los puestos asignados como “masculinos”, o sea solo para hombres, como lo es el de seguridad o protección civil. En el caso de los vigilantes, seguridad, o guardias que resguardan un acceso, se pudiera considerar que se necesita mayor fuerza física para imponer orden en el caso de un disturbio o emergencia, pero eso no es más que, de nuevo un estereotipo, ya que no es condición natural que las mujeres “siempre” sean más débiles que los hombres. En este caso se debe de considerar para estos puestos la norma de que se cuente con la capacidad y fuerza física y no sea el sexo una consideración para ello.

Es nuestra obligación como legisladoras y legisladores el modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el patrón de trabajo feminizado o masculinizado que se aplica en esta Cámara, como un medio para alcanzar la igualdad

Es por todo lo anteriormente expuesto, que someto a consideración de esta Comisión Permanente, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a que modifique su patrón de asignación de puestos “femeninos y masculinos”, con el fin de terminar con los estereotipos sexistas que se han venido arraigando en esa Cámara; garantizando que no sean asignados nunca con una restricción basada en el sexo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a que las nuevas contrataciones que se integren al personal se les designe en su puesto de acuerdo al principio de paridad de género, y así se dé cumplimiento a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a armonizar la NOM-007-SSA2-2016, “para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida”, con la reciente reforma en la materia, a cargo de la diputada Claudia López Rayón, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Claudia López Rayón, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena, integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El jueves 28 de noviembre de 2019, en la honorable Cámara de Diputados se aprobó una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de igual manera, se aprobaron diversas modificaciones a la Ley General de Salud. Las modificaciones aprobadas tienen como elemento central visibilizar la violencia obstétrica que viven las mujeres mexicanas.

En este sentido, la violencia obstétrica hace referencia al proceso de atención médica durante el embarazo, parto y puerperio que van desde la falta de información, el maltrato físico, verbal y psicológico durante el tratamiento;1 por ejemplo, se manifiesta en la realización de cesáreas y técnicas de riesgo (maniobra de Kristeller) innecesarias supuestas como rutinas en beneficio de la mujer y el bebé.

Los procedimientos médicos, en México, se encuentran regulados por la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la Atención de la Mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Dicha norma regula la praxis médica para la atención de las mujeres en dicha condición.

Sin embargo, la violencia obstétrica, según el Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, tiene como uno de sus vectores principales la negligencia en la atención médica realizada de manera deshumanizada por el abuso de medicamentos, realización de procedimientos sin consultar a las pacientes y al patologizar los procesos naturales.2 Las diferentes etapas por las que viven las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio es un proceso que sólo ha sido visto por la mirada médica como un tema fisiológico. Es necesario que el tratamiento de la mujer sea multidimensionaldad atendiendo su autonomía, dignidad y derechos humanos. Con lo anterior la CNDH señala la importancia de la perspectiva de la maternidad, que además del aspecto médico, debe ser atendido desde las nociones de la equidad y violencia general.3

Así pues, la norma oficial mexicana NOM-007-SSA2-2016 en sus Disposiciones generales señala sobre el cuidado médico:

5.1 La atención médica que reciban las mujeres en edad reproductiva en los establecimientos para la atención médica públicos y privados y sociales del país deben ser con un enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería.4

Además, se debe contar con un personal capacitado para la atención:

5.1.11 La atención a la mujer (...) debe ser proporcionada con calidad y respeto de sus derechos humanos, principalmente a su dignidad y cultura, facilitando, en la medida de lo posible, apoyo psicológico durante su evolución.

Todas las instituciones deben de capacitar a las licenciadas en enfermería obstétrica. Parteras técnicas y parteras tradicionales para identificar complicaciones del embarazo.5

Es necesario actualizar la norma puesto que en la ENDIREH 20166 se presentan algunos datos alarmante, por ejemplo, en los últimos 5 años 33.4% de las mujeres manifestaron sufrir algún tipo de violencia durante consultas obstétricas, el parto o el puerperio, algunas acciones violentas fueron: esterilización o colocación de métodos anticonceptivos sin consultar a las mujeres, no se administró anestesia a pesar de solicitarla, uso de lenguaje ofensivo y humillaciones, ser ignoradas cuando se preguntaba sobre el estado médico del bebé, gritos y regaños constantes; a la par de esta mala praxis, la encuesta señala que el mal tratamiento prevalece en espacios públicos como IMSS, ISSSTE en un 80%.

Así pues, la NOM-007-SSA2-2016 fue modificada por última vez en 2016. Si bien las normas oficiales mexicanas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,7 deberán ser revisadas cada cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor es de vital importancia del tema de la violencia obstétrica es preponderante que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades sea modificada antes de.

Por tal motivo es necesario que en el marco de la reforma referida a partir de los cambios sociales es importante se priorice la armonización de la NOM-007 para atender el problema de la Violencia Obstétrica.

Punto de Acuerdo

De Obvia Resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud ,que en sus atribuciones armonice la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y que incluya el término de violencia obstétrica como parte del enfoque preventivo, educativo y de orientación con el que debe contar todo el personal médico.

Notas

1http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/
JFYCTQBRF9NQMXR7V5QK3VGY8GKHVXAGCQ8LPNN6BE7C3I3HMU-33047?func=full-set-set&set_number=017063&set_entry=000005&format=999

2 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/nov/20191128-IV.pdf

3 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral _031.pdf

4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07%2F04 %2F2016

5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07%2F04 %2F2016

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

7 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/
revision-quinquenal-de-las-normas-oficiales-mexicanas-23023?state=published

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputada Claudia López Rayón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a finalizar la construcción, la ampliación y el equipamiento del complejo penitenciario de Papantla, Veracruz, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno Federal, a concluir los trabajos de construcción, ampliación y equipamiento del Complejo Penitenciario en Papantla, Veracruz; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El aumento acelerado de la población reclusa ha llevado a precisar que se requiere de una inversión constante que permita construir o ampliar las unidades de albergue, incrementar los programas y personal de tratamiento, aumentar la seguridad y el personal a cargo de ella, así como ampliar los servicios de administración propios de un establecimiento penitenciario, como alimentación, limpieza, mantenimiento, lavandería, control de plagas, entre otros.

Al privar de la libertad a una persona, el Estado detenta un control de sujeción especial sobre quien se encuentra bajo su custodia y que por ley está obligado a cumplir. Ello implica que la persona se encuentre en condiciones dignas de internamiento, en lugares que fueron diseñados ex profeso para la reclusión penitenciaria y, que, bajo un principio de legalidad, la norma les faculte para desempeñar esa labor.

Al ser la organización del sistema penitenciario una facultad exclusiva del gobierno, deben realizarse acciones encaminadas a garantizar los derechos humanos de las personas procesadas y sentenciadas consagrados constitucionalmente y en los instrumentos internacionales en los que México es Estado parte. Por ello, la reclusión de personas sentenciadas en espacios carentes de servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida digna y segura, dentro de los cuales no se cuente con los medios necesarios para lograr su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir deben ser considerados como una pena inhumana y degradante y, por lo tanto, violatoria de derechos humanos.

El origen de las cárceles se pierde en las noches de los tiempos, pues surgieron cuando el hombre tuvo necesidades de poner a buen recaudo a sus enemigos. Las primeras cárceles fueron cuevas, tumbas, cavernas etc. Lugares inhóspitos a donde se enviaban desterrados a los enemigos del Estado.

La constitución de 1857 determinó en su artículo 23 la creación de un sistema penitenciario, en 1874 las prisiones mexicanas se encontraban bajo responsabilidad del ayuntamiento.

Hoy la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 18, párrafo segundo, dice a la letra “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

El tema de las cárceles es muy complejo, basta considerar que tan sólo para delimitar el tema específico a tratar habría de tomarse en cuenta, de inicio, al menos los siguientes binomios: ámbito federal y estatal; menores de edad y adultos; hombres y mujeres; prisión preventiva y penitenciaria; delincuencia común y delincuencia organizada; reincidentes y primodelincuentes y peligrosidad mínima y alta, además de las instalaciones específicas para medidas de seguridad. Todo lo anterior, tomando en cuenta que cada uno de los elementos de cada binomio es un universo que requiere un tratamiento específico, comenzando con las leyes y los reglamentos que han de regirlo.

Uno de los principales problemas en nuestro sistema penitenciario es el hacinamiento. La construcción de espacios siempre ha ido más lenta que el requerimiento de éstos. Esta sobrepoblación origina muchos otros problemas: riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios, que en condiciones normales no serían tales, sino lo común en un centro penitenciario con espacio suficiente y, sobre todo, la falta de seguridad. Desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción directa al hacinamiento.

Esta sobrepoblación origina muchos otros problemas: riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios, que en condiciones normales no serían tales, sino lo común en un centro penitenciario con espacio suficiente y, sobre todo, la falta de seguridad. Desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción directa al hacinamiento.

La población de personas privadas de la libertad en cárceles de nuestro país comenzó a crecer nuevamente1 . Luego de casi cinco años en que se había mantenido una tendencia a la baja, junio de 2019 registró poco más de 200 mil personas recluidas en prisión, tres mil más que las registradas en diciembre de 2018.

Es la primera vez que esto ocurre desde 2014, cuando se alcanzó una población superior a los 255 mil internos. Así lo revelan datos del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador2 , que muestra además que la Fiscalía General de la República (FGR) resuelve y manda al juez menos de 10 por ciento de los casos que indaga, índice muy similar al de la extinta PGR.

En el tema de la población penitenciaria, el Primer Informe detalla que, al corte del 31 de junio pasado, la cifra de población de internos en México ascendía a 200 mil 753 en total, cifra superior a los 197 mil 988 registrados al cierre de 2018.

El incremento se vio impulsado por la población de reos acusados de delitos del fuero común, pues son ellos los que pasaron de 165 a 169 mil de diciembre de 2018 a junio de 2019, mientras que los internos del fuero federal se redujeron de 32 a 31 mil.

De los cuatro mil reos del fuero común que crecieron, 75 por ciento de ellos son internos en prisión preventiva (sin que se haya determinado si son culpables o no de un delito), y el resto son internos sentenciados.

Esto coincide con el crecimiento de la población penitenciaria que diversos expertos habían pronosticado tras la entrada en vigor de la reforma constitucional, que elevó de 6 a 18 el catálogo de delitos prisión preventiva automática, la mayor parte ilícitos del fuero común, como diversos tipos de robo.

El Informe de Gobierno también revela que del total de internos actuales 123 mil 921 son reos con sentencia, y 76 mil 832 son personas bajo un proceso penal que aún no ha concluido. Lo anterior significa que, en promedio, 1 de cada 3 internos en México son “presuntos culpables”, es decir, personas cuya culpabilidad aún no se ha demostrado y siguen sin sentencia.

Como hemos analizado, es urgente e importante contar con centros de readaptación social adecuados para atender a la población penitenciaria en nuestro país, con apego respeto a los derechos humanos.

Ahora, me refiero específicamente al proyecto del Complejo Penitenciario Federal Número 3, ubicado en la comunidad Gildardo Muñoz, Papantla, Veracruz.

Este proyecto fue licitado y ganado en julio de 2009, se programó concluirlo en junio de 2012, con un presupuesto de 2 mil 300 millones de pesos. El monto final de la inversión resultó ser de 2 mil 600 millones de pesos; 300 más de lo previsto.

Se trata de un complejo penitenciario de súper máxima seguridad; con 2 mil 300 espacios y celdas individuales de apertura electrónica, y dotadas de un sofisticado sistema de alarma, seccionados en niveles de leve, media, máxima y súper máxima, en las que los reos pasarán 23 horas encerrados por una hora de sol.

Se construyó sobre una superficie de 28 mil metros cuadrados. Se utilizaron 90 mil metros cuadrados de concreto, 10 mil toneladas de acero y 950 kilómetros de ductos y cables. Cuenta con un hospital con capacidad de 60 camas y una torre de cinco niveles; incluido un helipuerto, áreas de talleres, dormitorios de custodios y servicios generales para la población penitenciaria.

Cuenta con túneles subterráneos que permiten llevar al reo desde su celda hasta el juzgado, a fin de evitar cualquier intento de rescate desde el exterior.

En su edificación trabajaron mil 500 obreros, más 600 bajo el régimen de subcontratación. Una vez en operación, albergará a 2 mil 240 empleados federales, entre personal administrativo, vigilantes y de control de personal.

En ese lugar se instalarán las oficinas del Centro Nacional de Observación y Clasificación de reclusos y la Unidad de Transporte Penitenciario.

El módulo de súper máxima seguridad tiene una capacidad para custodiar 512 reos de la más alta peligrosidad; mientras que el módulo de seguridad máxima permitirá albergar a 592 procesados. Contar con espacios individuales permitirá reducir la formación de redes de complicidad entre aquellos delincuentes que purguen una condena del orden federal.

No obstante que el Complejo cuenta con un avance en su construcción de más del 80 por ciento, la conclusión aún se ve muy distante. Tras el convenio firmado en 2009 y proyectado para que fuera inaugurado en el 2011, el complejo penitenciario que podría competir contra los mejores del país por su modernidad simplemente no ha sido entregado.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2020 del gobierno federal, se etiquetaron 3 mil 958 millones 500 mil pesos para concluir el Complejo Penitenciario Federal número 3. Recientemente mediante una asociación público-privada (APP), se definió que será una empresa la que se encargue de concluirlo.

La integración de la APP, prevé que la empresa constructora pueda operarlo por espacio de 22 años, es decir hasta 2040. El presupuesto programado inicialmente para su construcción era de 2 mil 88 millones de pesos; en 2011 se ajustó a 2 mil 300 millones, y su costo final superará los 6 mil 258 millones.

Según el anexo 5.A del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se contempla la construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del complejo penitenciario.

A esta fecha no han reiniciado las acciones para concluir el Complejo Penitenciario. Por lo anterior expuesto es urgente que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno Federal, reinicie y concluya los trabajos de construcción, ampliación y equipamiento del complejo penitenciario en Papantla, Veracruz.

Con base a lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del gobierno federal, a concluir los trabajos de construcción, ampliación y equipamiento del Complejo Penitenciario en Papantla, Veracruz.

Notas

1 http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/484

2 https://lopezobrador.org.mx/primer-informe-de-gobierno/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud a integrar todos los productos de investigación científica y tecnológica que cumplan los lineamientos científicos, técnicos y de eficiencia desarrollados en los institutos de investigación para la salud, universidades e instituciones de educación superior tendentes a prevenir e inhibir el consumo de tabaco, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal María Marivel Solís Barrera , de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco es la principal causa de muertes evitables en todo el mundo; en lo que respecta a México, cada año mueren 53 mil personas por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, lo que equivale a 147 defunciones cada día por esta causa.1

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, las muertes relacionadas con el consumo de tabaco equivalen al 8.4 por ciento del total de defunciones en el país cada año; además, en México existen 14.9 millones de personas que son fumadores actuales, lo que representa el 17.6 por ciento de la población de entre 12 y 65 años.

De acuerdo a la Encodat, el 85 por ciento de los mexicanos fumadores han intentado dejar de fumar sólo por fuerza de voluntad y sólo el 3.5 por ciento recurrió a algún tipo de tratamiento de farmacoterapia.

La prevención y control del uso de tabaco se encuentra regulado en la Ley General de Salud, artículo 3o., fracción XII:

“Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

(...)

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

(...)”

Asimismo, la Ley General para el Control, de Tabaco establece en su artículo 9, como facultad de la Secretaría de Salud:

“Artículo 9. La Secretaría coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará los servicios de detección temprana, orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el consumo, investigará sus causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de productos del tabaco principalmente por parte de niños, adolescentes y grupos vulnerables.”

Uno de los mecanismos para la consecución del artículo anterior es el desarrollo de opciones terapéuticas, que se consagra en el artículo 10, fracción V, del mismo ordenamiento:

“Artículo 10. Para efectos de lo anterior, la Secretaría establecerá los lineamientos para la ejecución y evaluación del Programa contra el Tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

(...)

V. El diseño de programas, servicios de cesación y opciones terapéuticas que ayuden a dejar de fumar combinadas con consejería y otras intervenciones, y

(...)”

En este sentido, la Ley General para el Control del Tabaco estipula las funciones que tiene el Programa contra el Tabaquismo, en especial acerca de los productos de investigación científica para inhibir el uso de tabaco en las personas:

“Artículo 11. Para poner en práctica las acciones del Programa contra el Tabaquismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

I. La generación de la evidencia científica sobre las causas y consecuencias del tabaquismo y sobre la evaluación del programa;

(...)

IV. La cooperación científica, técnica, jurídica y prestación de asesoramiento especializado.

Artículo 12. Son facultades de la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables:

XI. Proponer al Ejecutivo federal las políticas públicas para el control del tabaco y sus productos con base en evidencias científicas y en determinación del riesgo sanitario.”

Por lo que respecta al Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud se establecen los mecanismos para el desarrollo y fomento de investigación científica que deriven en insumos para el sector salud.

“Artículo 5. La Comisión tiene por objeto elaborar, actualizar y difundir el Cuadro Básico y el Catálogo, mediante un proceso sustentado en criterios de transparencia, de eficiencia, e incorporando la evidencia de los avances de la ciencia y la tecnología en medicina para fomentar la calidad y el uso racional de los insumos en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

(...)

Artículo 7. Corresponde a la Comisión:

(...)

VIII. Fomentar la investigación sobre los insumos que se utilizan o se requieren en las unidades operativas y de servicios de salud, alentando la participación de las instituciones de salud, las instituciones de educación superior, los fabricantes de insumos para la salud y otras instancias relacionadas;”

La sinergia entre el sector salud, universidades e instituciones de educación superior y la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, por generar investigación y evidencia científica, debe aprovecharse para el desarrollo científico y tecnológico que deriven en productos e insumos para combatir el tabaquismo en México.

Resulta indispensable que se atienda a una población fumadora que se encuentra en riesgo de muerte evitable, y de igual manera resulta urgente atender a mexicanos que han intentado dejar de fumar sin el acompañamiento de farmacoterapia con insumos eficientes y que sean resultado de la investigación e innovación científica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, para que en el marco de sus facultades integre en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, todos aquellos productos de investigación científica y tecnológica que cumplan con los lineamientos científicos, técnicos y de eficiencia del Cuadro Básico, que se desarrollan en los institutos de investigación para la salud, universidades e instituciones de educación superior, tendientes a prevenir e inhibir el uso de productos del tabaco.

Nota

1 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-mexico&Itemid=387

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputada María Marivel Solís Barrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a ejecutar acciones para que el científico oaxaqueño Héctor Alejandro Carrera Fuentes reciba la debida defensa consular y jurídica en el proceso instaurado en su contra en EUA por espionaje, suscrita por los diputados Víctor Blas López y Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Víctor Blas López y Daniel Gutiérrez Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 62, numeral 2, 65, numeral 4, 76, fracción IV, 79, numeral 2, fracciones III y IV, 82 numeral 2, fracción I, 100, numerales 1 y 2, y 113, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al secretario de Relaciones Exteriores, y con base en sus atribuciones legales, ejecute las acciones necesarias para que el científico oaxaqueño Héctor Alejandro Cabrera Fuentes reciba la debida defensa consular y jurídica en el proceso instaurado en su contra en Estados Unidos de América por el delito de espionaje, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Héctor Alejandro Carrera Fuentes, nacido en la región del Istmo de Oaxaca, hizo sus primeros estudios y después obtuvo un doctorado de microbiología molecular en la Universidad de Kazán (Rusia), y en cardiología molecular en la de Giessen (Alemania).

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior lo menciona como uno de los connacionales destacados en el extranjero.

Entre sus trabajos está el desarrollo de un tratamiento para regenerar la piel quemada elaborado en el Centro de Biotecnología-Femsa del Instituto Tecnológico de Monterrey.

También desarrolló una técnica para evitar la muerte celular después de un episodio cardiaco, como un infarto, lo cual ayuda a que los pacientes tengan más probabilidades de tener atención de urgencia oportuna y salvar la vida.1

Ahora bien, el 18 de febrero del presente año, diversos medios de comunicación impresos y digítales dieron a conocer la noticia sobre la detención del científico oaxaqueño Héctor Alejandro Carrera Fuentes, el lunes 17 de febrero de 2020, por agentes del Buró Federal de Investigaciones, después de que éstos lo retuvieran un día anterior en el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en el aeropuerto internacional de Miami, Florida,2 por el presunto cargo de espionaje contra el gobierno estadounidense y a favor del ruso.

Sin embargo, la poca información difundida en los medios de comunicación es diversa, y aunque ésta sea cierta, eso no impide que nuestro compatriota reciba la asistencia legal y consular a que como mexicano tiene derecho.

Asimismo, el Estado mexicano tiene la obligación de velar en todo momento por proteger el debido proceso, con base en el derecho inalienable de la presunción de inocencia (en Estados Unidos autoincriminación establecido en la quinta enmienda) y el respeto irrestricto de sus derechos humanos.

No se omite manifestar que en el país vecino del norte se comprenden los principios fundamentales para toda persona acusada por cometer un delito, y éstos se encuentran establecidos en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América.

Estos principios que protegen a una persona acusada de cometer un delito son cuatro:

1. El derecho contra la autoincriminación forzada.

2. El derecho a un gran jurado.

3. El derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito (excepción de cosa juzgada).

4. El derecho al debido proceso.

Aunado a lo anterior, se hace la siguiente manifestación sobre los principios descritos:

Autoincriminación

No puede obligarse a ninguna persona acusada de cometer un delito a declarar contra sí misma. La Suprema Corte de Estados Unidos ha dictaminado que esto se aplica no sólo a los juicios sino, también, a los interrogatorios policiales. Por tanto, una persona que ha sido detenida por la policía puede negarse a responder cualquier pregunta relacionada con el delito del cual se le acusa. Además, si la policía quiere interrogar a un sospechoso, primero debe leerle sus derechos (conocidos en inglés como Miranda warnings) .

Esta norma se aplica sólo en el caso del interrogatorio a un detenido, que es cuando la policía interroga a un sospechoso mientras se encuentra detenido. Si falta alguno de estos elementos, la policía no está obligada a leer los derechos a la persona.

Hay una larga lista de casos de la Corte Suprema en los que se establece claramente qué significan detenido e interrogatorio. En resumen, detenido generalmente significa que el sospechoso ha sido arrestado. Sin embargo, en ciertos casos la Corte Suprema consideró que un sospechoso había sido detenido por la policía sin haber sido arrestado o ni siquiera esposado. El tribunal aplica una norma objetiva, y pregunta si una persona promedio en circunstancias similares hubiese tenido la libertad de abandonar el lugar. Si la respuesta es “no”, entonces se considera que el sospecho estaba “detenido”. El término interrogatorio significa cualquier declaración hecha por la policía que posiblemente provoque una declaración incriminatoria.

Cuando se leen los derechos a los sospechosos, éstos tienen dos opciones: responder a la interrogación y, por consiguiente, renunciar a sus derechos, o invocar sus derechos según la enmienda. Los sospechosos pueden invocar su derecho a permanecer callados de dos maneras: permaneciendo callados y negándose a responder preguntas, o solicitando un abogado. Si los sospechosos invocan sus derechos, la policía debe suspender el interrogatorio de inmediato.

En un juicio, el derecho contra la autoincriminación forzada significa que los acusados no pueden ser obligados a declarar. Sin embargo, si así lo desean, pueden hacerlo. Los testigos, en el juicio o durante los procedimientos del gran jurado, también pueden negarse a hablar si temen incriminarse a sí mismos. Esto se conoce como “invocar la quinta enmienda”.

Gran jurado

Un gran jurado es un grupo de personas que determinan si hay pruebas suficientes para acusar a un sospechoso. La Corte Suprema no ha dictaminado que este requisito se aplique en los estados. Por tanto, sólo cerca de la mitad de éstos utiliza el sistema del gran jurado. Sin embargo, el gran jurado es un requisito en los casos de delitos graves federales.

Durante un procedimiento del gran jurado, el fiscal presenta pruebas contra el sospechoso. Luego, el gran jurado decide formular la acusación o “denegarla”. En el primer caso, el sospechoso será acusado formalmente del delito. En el segundo no será acusado.

Aunque el requisito del gran jurado protege a un sospechoso de ser detenido sin pruebas suficientes, los procedimientos son convenientes para un fiscal por tres razones: Primero. Los procedimientos son secretos. Sólo el fiscal y el jurado están presentes. Al abogado defensor no se permite participar, a menos que el fiscal decida lo contrario, lo cual es poco común. Segundo. La regla de exclusión no se aplica a los procedimientos del gran jurado. Por tanto, es posible presentar pruebas obtenidas ilegalmente ante el jurado, aunque en el juicio sean rechazadas. Tercero. El fiscal puede elegir qué pruebas presentar ante el jurado. Por tanto, si las pruebas tienden a demostrar que posiblemente el sospechoso no cometió el delito, el fiscal puede negarse a presentarlas.

Para acusar formalmente a un sospechoso, el gran jurado debe basarse en una causa probable; es decir, debe creer razonablemente que se ha cometido un delito y que el sospechoso lo cometió.

Excepción de cosa juzgada

“Excepción de cosa juzgada” significa que una persona no puede ser juzgada o castigada dos veces por el mismo delito. La excepción de cosa juzgada es un área compleja del derecho, incluso para la Corte Suprema. Básicamente, protege de tres maneras a un acusado:

Primero. Un acusado no puede ser juzgado por un delito del cual ya ha sido absuelto. Segundo. Un acusado no puede ser juzgado por un delito por el cual ya ha sido condenado. Tercero. Un acusado no puede ser castigado más de una vez por el mismo delito.

Como en la mayoría de las áreas del derecho, hay excepciones a esta norma. La principal excepción es que un acusado puede ser juzgado y castigado dos veces si se inician acciones penales en su contra a escalas federal y estatal por separado. Por ejemplo, si el gobierno estatal acusa a una persona de posesión de drogas, el gobierno federal también puede acusar a esa persona del mismo delito. Esto se debe a que, según la Constitución de Estados Unidos, los gobiernos estatal y federal son entidades separadas y soberanas, con libertad para iniciar una acción penal contra cualquier delito que viole sus respectivas leyes.

Otra excepción se da cuando el acusado solicita la anulación del juicio y ésta se le concede. De este modo, el acusado renuncia al derecho de excepción de cosa juzgada. Lo mismo ocurre en el caso de una apelación: si el acusado apela un veredicto de “culpable”, está renunciando al derecho de excepción de cosa juzgada. Por tanto, si el caso es anulado en la apelación, el acusado puede ser juzgado nuevamente por el mismo delito.

Finalmente, aunque no sea técnicamente una excepción, la excepción de cosa juzgada se aplica a las acciones penales únicamente. Una persona puede ser juzgada penal y civilmente por un mismo delito. Quizá el ejemplo más famoso sea el caso de homicidio en el que estaba involucrado O. J. Simpson, quien fue declarado inocente de los cargos de homicidio, pero más tarde demandado por homicidio culposo. Se lo declaró culpable y fue obligado a pagar los daños. Esta excepción existe porque el gobierno es quien inicia acciones penales ante un delito, mientras que en los casos civiles, una parte debe ser quien entable una demanda contra la otra.

El debido proceso

La quinta enmienda establece que ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso legal. El debido proceso es una garantía que comprende dos aspectos: procesal y sustantivo.

En el primer aspecto, el debido proceso se basa en el concepto de equidad fundamental. Esto significa que se debe notificar a la persona de los cargos y procedimientos en su contra y ésta debe tener la debida oportunidad de responder a la acusación. Esto se lleva a cabo a través de una acusación formal presentada por el gran jurado (o por el fiscal, en el caso de un delito menor), que consiste en un documento formal en el que se detallan los cargos. Además, durante el juicio, el juez debe asegurarse de que el acusado comprenda todas las etapas de los procedimientos a fin proteger el derecho del acusado al debido proceso.

En el aspecto sustantivo, como en el procesal, el debido proceso se aplica a otras cuestiones, además de las relacionadas con las acciones penales. Por ejemplo, aunque no está explícitamente establecido en las primeras diez enmiendas de la Constitución estadounidense, o Bill of Rights, el derecho a la privacidad es un derecho sustantivo de las personas que surge de la cláusula del debido proceso de la quinta enmienda. Sin embargo, en el área del derecho penal, “debido proceso sustantivo” significa que el gobierno no puede iniciar acciones penales contra una persona por una conducta que afecta ciertos derechos fundamentales. La Corte Suprema ha afirmado que los derechos fundamentales incluyen la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de religión.

Por tanto, si el gobierno quiere declarar ilegal cierta actividad que viola un derecho fundamental, debe demostrar que tiene una causa apremiante para hacerlo. Debido a esta norma, las leyes que restringen un derecho fundamental rara vez son ratificadas.

La Corte Suprema ha establecido otra norma para las leyes que infringen derechos que no son fundamentales, como el derecho al suicidio asistido por médico, al aborto tardío y a los viajes internacionales. Si el gobierno declara ilegales estas actividades, basta que demuestre que tiene un fundamento razonable para hacerlo, lo cual es mucho más fácil de justificar. Por tanto, con frecuencia, las leyes que prohíben este tipo de actividades son ratificadas”.3

Por ello se considera que aún estamos a tiempo y en el momento preciso para que se le brinde todo el apoyo consular y jurídico a este científico oaxaqueño, y se tiene la obligación de velar en todo momento por sus derechos fundamentales y humanos dentro y fuera de sus fronteras.

Por lo expuesto, los suscritos, diputados Víctor Blas López, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Relaciones Exteriores para que con base a sus atribuciones legales, ejecute las acciones necesarias para que el científico oaxaqueño Héctor Alejandro Cabrera Fuentes reciba la debida defensa consular y jurídica en el proceso que se la ha instaurado en su contra en Estados Unidos de América por el delito de espionaje.

Notas

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51565947

2 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/arrestan-en-miami-mexicano-que-esp iaba-para-rusia-fuente-de-eu

3 https://www.law.cornell.edu/wex/es/la_quinta_enmienda

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 27 de febrero de 2020.

Diputados: Víctor Blas López, Daniel Gutíerrez Gutíerrez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la SHCP a generar con distintas instituciones educativas y de salud y el Conacyt una estrategia relativa al funcionamiento de centros colaboradores de biotecnología para el desarrollo de investigación de vacunas y tamizaje, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal María Marivel Solís Barrera , de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Derivado de la emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) declarada por la Organización Mundial de la Salud el pasado 30 de enero, por el brote del nuevo coronavirus, identificado inicialmente como 2019-nCoV, y a partir del 12 de febrero como COVID-19, es que la OMS recomendó a la comunidad internacional la adopción de medidas para la detección, aislamiento y manejo de casos, así como la prevención de su propagación.

Entre las recomendaciones realizadas por el Comité de Emergencia de la OMS, destaca la relativa a los esfuerzos de investigación de la comunidad internacional para acelerar el desarrollo de una vacuna.

En este contexto, en respuesta a la declaración de ESPII al brote de 2019-nCoV, el Comité Nacional de Seguridad en Salud (CNSS) sesionó y activó su Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes1 y se informó que se han identificado 9 casos sospechosos en 5 estados de la república, los cuales resultaron negativos al 2019-nCoV.

De igual forma, la Secretaría de Salud emitió el Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de Enfermedad por 2019-NCOV,2 a través del cual se señalan los pasos a seguir para enfrentar eficientemente la posible propagación en territorio nacional.

Las acciones que implica la investigación para la salud están comprendidas en el artículo 96, de la Ley General de Salud, y artículo 3o. del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.

De igual forma se establecen las competencias de la Secretaría de Salud para el desarrollo de investigación para la salud en el artículo 5o., apartado A, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, así como la coordinación de esta dependencia del gobierno federal, en el marco del Sistema Nacional de Salud, en el artículo 7o, del mismo Reglamento.

En este sentido, la Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 1, fracciones I y II, establece las regulaciones para que el gobierno federal impulse, fortalezca, desarrolle y consolide la investigación científica:

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto:

I. Regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país;

II. Determinar los instrumentos mediante los cuales el gobierno federal cumplirá con la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;

(...)”

En virtud de lo anterior, dadas las circunstancias de emergencia determinadas por la OMS ante el brote de 2019-nCoV y las recomendaciones vertidas por el Comité de Emergencia hacia la comunidad internacional en materia de investigación para el desarrollo de una vacuna para esta emergencia, así como las facultades de la Secretaría de Salud, mediante los Institutos Nacionales de Salud en materia de investigación para la Salud así como la Ley de Ciencia y Tecnología , a través de los Centros Públicos de Investigación, es que se vuelve indispensable que las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Púbico, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, brinden de manera urgente recursos financieros para el desarrollo de investigación que coadyuven en el llamado de la OMS.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, para que en el marco de sus facultades genere una estrategia de desarrollo de investigación para el tratamiento del brote de nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que en coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, las universidades e instituciones de educación superior, a través de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, y los institutos de formación de recursos humanos para la salud, en coordinación con el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, generen una estrategia para el funcionamiento de centros colaboradores de biotecnología para el desarrollo de investigación de vacunas y tamizaje.

Notas

1 Secretaría de Salud. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (2019-nCoV). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530288/Comunicado_Tecnic o_Diario_2019nCoV_2020.01.30.pdf

2 https://drive.google.com/file/d/1Ur_ekmkjL69guyY00Z1jJa3J1E1hKf4u/view

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputada María Marivel Solís Barrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua, la CFE y la Secretaría de Protección Civil de Chiapas a realizar un estudio geológico del Cañón del Sumidero para identificar actuales zonas de riesgo y peligros futuros, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, a realizar un levantamiento de un estudio geológico del Cañón del Sumidero para identificar las zonas de riesgo actuales y riesgos futuros al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado 1 de enero de 2020 se dio a conocer un video en redes sociales en el que se podía observar el derrumbe parcial de una de las paredes del Cañón del Sumidero, ubicado a cinco kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, la capital de la entidad federativa de Chiapas. A la fecha, se sabe que se trató de un fenómeno geológico ocasionado por el desgaste natural. Como resultado, los materiales pétreos fueron desprendidos de una de las paredes y, por consiguiente, se registró el derrumbe.1

En un comunicado, el titular de Protección Civil estatal, Luis Manuel García Moreno, señaló que ese tipo de acontecimientos son normales y han ocurrido en otras ocasiones ya que el Cañón es resultado de una falla geológica activa. Se trata de un fenómeno geológico denominado “Caído”, el cual se origina por “la dinámica de las capas de la Tierra y es una forma de liberar energía”2

Diversas fuentes, señalaron que durante los terremotos de los años 2014 y 2017 hubo desprendimientos en las paredes del Cañón que tiene un acantilado cuya altura va un poco más allá de los mil metros sobre el nivel del mar y se levanta sobre el cauce del río Grijalva, que tiene una profundidad de más de 250 metros. La falla geológica que se abrió hace aproximadamente doce millones de años.

Fernando González Villarreal, coordinador general de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Hidráulica, propuso un grupo especial de estudios tras el informe dado por el Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua , en el que destacó, por seguridad de los turistas, la suspensión de la navegación en la zona durante 24 horas.3

Hace 15 millones de años la erosión del agua formó lo que actualmente conocemos como Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas. Esta imponente belleza natural se levanta sobre el cauce del río Grijalva y en 1980 fue declarado parque nacional.4

El Cañón del Sumidero abarca cuatro municipios de Chiapas: Nuevo Usumacinta, Chiapa de Corzo, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez, ésta última es la ciudad más cercana, a sólo cinco kilómetros de distancia del acceso al Parque Nacional Cañón del Sumidero.

México se encuentra en el Cinturón Circumpacífico, una zona en la que constantemente hay movimientos de las placas tectónicas. Geográficamente, Chiapas se encuentra dentro de los estados con mayor actividad sísmica, junto a Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. Así, los reacomodos naturales de las placas tectónicas también pudieran estar generando el desprendimiento de rocas en el Cañón del Sumidero.

El Cañón es un área natural protegida bajo la categoría de parque nacional, donde habitan especies en peligro de extinción, las cuales puedes observar durante los paseos en lancha: monos araña, cocodrilos de río (los más grandes de Mesoamérica), ocelotes, pericos verdes, pelícanos cafés y osos hormigueros, forman parte la lista de protección.

Hasta 1960, era un coloso impenetrable, con rocas, rápidos y cascadas de hasta 30 metros de altura. En ese mismo año, un grupo de chiapanecos llamados Pañuelo Rojo se internó en el cañón por ocho días para convertirse en los primeros expedicionarios en atravesarlo desde la ribera del río Cacahuaré, en Chiapa de Corzo, hasta la playa grande del Usumacinta.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, a realizar el levantamiento de un estudio geológico del Cañón del Sumidero para identificar las zonas de riesgos actuales y futuros.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a publicar los estudios geológicos referentes a los deslizamientos del Cañón del Sumidero que se tengan a la fecha.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas para que se coordinen entre sí para la publicación de un documento sobre la situación actual del Cañón del Sumidero así como las acciones preventivas que se deban implementar.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/01/se-derrumba-pared -del-canon-del-sumidero-6511.html

2 https://www.nvinoticias.com/nota/135645/estudios-en-canon-del-sumidero- deben-enfocarse-la-prevencion

3 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/01/se-derrumba-pared -del-canon-del-sumidero-6511.html

4 https://www.eluniversal.com.mx/destinos/13-cosas-que-debes-saber-del-ca non-del-sumidero

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2020.

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a fortalecer por la Sader las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normativa relacionada con la compraventa de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para consumo animal, ante su presunta comercialización irregular, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, fortalezca las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la compra-venta de químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para consumo animal, ante su presunta comercialización irregular, situación que pone en riesgo la salud animal y, por ende, la de la población en general en el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) considera la sanidad animal una herramienta necesaria para una producción ganadera más sostenible. Los productos de origen animal no sólo representan una fuente de alimentos de calidad, sino que son también una fuente de ingresos para muchos pequeños agricultores y criadores de ganado en los países en desarrollo. El crecimiento económico va acompañado de un aumento del consumo de productos de origen animal.

Asimismo, destaca que los cambios en la producción ganadera aumentan el potencial de que surjan, crezcan y se propaguen nuevos agentes patógenos desde los animales a los seres humanos a escala mundial. Los animales sanos están estrechamente relacionados con las personas sanas y un medio ambiente sano.1

En el caso de México, la Ley Federal de Sanidad Animal tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos Tipo Inspección Federal; fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud, de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social.

El artículo 105 de dicha ley establece que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaria expedirá las disposiciones de sanidad animal, que establezcan las características, condiciones, procedimientos, operación y especificaciones zoosanitarias o las relativas a buenas prácticas pecuarias, que deberán reunir y conforme a las cuales se instalarán y funcionarán los siguientes establecimientos:

I. Aquellos en donde se concentren animales, con motivo de ferias, exposiciones o eventos similares;

II. Unidades de producción;

III. Los Tipos de Inspección Federal, rastros y los demás dedicados al sacrificio de animales para consumo humano;

IV. Los que procesen bienes de origen animal y que impliquen un riesgo zoosanitario;

V. Los destinados a la fabricación, almacenamiento o expendio de alimentos procesados para consumo de animales que representen un riesgo zoosanitario;

VI. Aquellos en donde se fabriquen o expendan productos para uso o consumo animal;

VII. Los hospitales, clínicas veterinarias, laboratorios de constatación o diagnóstico, instituciones de educación superior, institutos de investigaciones y demás establecimientos en donde se estudie o se realicen experimentos con animales y demás que presten servicios zoosanitarios;

VIII. Estaciones cuarentenarias;

IX. Instalaciones de cuarentena guarda-custodia;

X. Puntos de verificación e inspección interna;

XI. Puntos de verificación e inspección zoosanitaria federales;

XII. Puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación;

XIII. Plantas de rendimiento o beneficio;

XIV. Aquellos establecimientos nacionales que presten servicios de sanidad animal; y

XV. Plantas que pretendan exportar bienes de origen animal a los Estados Unidos Mexicanos y que determine la Secretaría.2

Pese a la relevancia del tema de la sanidad animal y de la importante normatividad con la que cuenta nuestro país, se presume de la existencia de establecimientos dedicados a la compra-venta de químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para consumo animal que no cumplen con la misma en distintas entidades federativas, lo que pone en riesgo la vida de los propios animales, así como la salud de las personas en general.

Como ejemplo de esta situación, cabe señalar el caso del estado de Tabasco, específicamente, los municipios del centro y Cárdenas, donde existen evidencias de que dueños de establecimientos dedicados a la compra-venta de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimentos para consumo animal, se quejan de que otros establecimientos violan la Ley Federal de Sanidad Animal y su Reglamento, quienes deben contar con su aviso de inicio de funcionamiento (AIF) y su MVZ.

De acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Animal –señalada anteriormente– en sus artículos 105, fracciones V, VII, y 110, Reglamentos de la Ley Federal de Sanidad Animal, artículos 197, 207, 208 y 212, los establecimientos que deben dar aviso de inicio de funcionamiento son importadoras de productos terminados alimenticios para animales y comercializadoras de productos alimenticios para animales.

De igual manera, conforme a los artículos 105, fracciones VII y XIV, y 110, Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, artículos 197, 207, 208 y 212, los establecimientos que deben dar tal aviso son estéticas, cuando comercialicen o apliquen biológicos (vacunas y otros), desparasitantes externos o internos, productos químicos, farmacéuticos, higiene y belleza, así como desinfectantes; y unidades móviles que comercialicen o apliquen biológicos (vacunas y otros), desparasitantes externo o internos, productos químicos, farmacéuticos, higiene y belleza, así como desinfectantes.

La Sader tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuarios, en el Plan Nacional de Desarrollo.3

Con el propósito de hacer más eficientes las labores de verificación, certificación, diagnóstico y constatación en materia de sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y pesquera, operación orgánica y bioseguridad de organismos genéticamente modificados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emitió un acuerdo a través del cual se establecen los criterios para la población de órganos de coadyuvancia. Su objetivo es regular las funciones y responsabilidades de estos órganos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para verificar y certificar que los productos de origen animal, pecuario, acuícola y pesquero cumplan con los requisitos y especificaciones sanitarias y de inocuidad, establecidas en las disposiciones, en beneficio de los consumidores.

Con la finalidad de realizar esas labores con suficiencia y garantizar su condición sanitaria, el Senasica tiene dentro de sus facultades aprobar organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba, así como autorizar terceros especialistas, que coadyuven en la verificación y certificación de productos, procesos, servicios e instalaciones.4

Se trata, pues, de un asunto de suma importancia, del cual las autoridades federales y estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, no pueden ser omisas. De allí el objetivo central de esta proposición con punto de acuerdo, a través del cual se exhorta al gobierno federal para que, mediante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, fortalezca las acciones de supervisión de los establecimientos dedicados a la compra-venta de diversos productos para animales, que el incumplimiento de la normatividad en materia de sanidad animal pone en riesgo la salud y vida de los propios animales, así como de la de la población en general.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fortalezca las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la compra-venta de químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para consumo animal, ante su presunta comercialización irregular, situación que pone en riesgo la salud animal y, por ende, la de la población en general.

Notas

1 http://www.fao.org/animal-health/es/

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf

3 https://www.gob.mx/agricultura

4 https://www.gob.mx/senasica/prensa/
el-senasica-refuerza-normas-para-garantizar-alimentos-sanos-e-inocuos-a-los-consumidores

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 27 de febrero de 2020.

Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 27 de febrero, aniversario del natalicio de José Vasconcelos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

“Le hablaré de Vasconcelos el Ateneo, de Vasconcelos Caballero de Alfabeto. Fue el representante de la filosofía antioccidental, que alguien ha llamado la filosofía molesta. La mezclaba ingeniosamente con las enseñanzas extraídas de Bergson, y en los instantes que la cólera civil le dejaba libres, esbozaba ensayos de una rara musicalidad ideológica, no verbal. Es dogmático: Oaxaca, su estado natal, ha sido cuna de las tiranías ilustradas. Es asiático: tenemos dos océanos a elección; algunos están por el Atlántico; él, por el Pacífico”. Alfonso Reyes

Paisano oaxaqueño nacido el 27 de febrero de 1882, pasó parte de su infancia en el norte del país, siendo testigo de ataques de apaches y de la voracidad norteamericana; aunque tuvo que estudiar en Texas, ya que en Piedras Negras no había escuela, en donde defendió a golpes su patria contra los niños norteamericanos, quienes se sentían superiores al “semisalvaje mexicano”, como lo llamaban.

A los 13 años llega a la Ciudad de México, por medio del ferrocarril, de cuyo viaje escribió en sus memorias por la gran impresión que le causó; en la ciudad se comenzó a forjar en la ambición de saber y la necesidad de demostrar su inteligencia, ya que se dio cuenta que lo aprendido en su anterior escuela no era suficiente, se vio superado en conocimientos; sin embargo, dos meses después se mudó a la ciudad de Toluca, ya que se había terminado el permiso de su padre en la aduana y unos meses más tarde su familia cambia su residencia a Campeche, continuando sus estudios en el Instituto Campechano, describe su vida escolar como agridulce, ya que criticaba el hecho de que lo obligaran a memorizar conocimientos que él consideraba inútiles, pero disfrutaba el acceso a la biblioteca creciendo su amor por la lectura.

En su época de preparatoria sufrió el fallecimiento de su madre, y comenzó su rechazo al Porfiriato, debido a la opresión tiránica en contra de los individuos superdotados como él. Al terminar la preparatoria entró a la facultad de Leyes.

José Vasconcelos fue testigo del desarrollo industrial de nuestro país, con la aparición de fábricas modernas, extracción de nuevos minerales en las minas, nuevos servicios de comunicaciones y de transportes, y aunque estos ramos eran mejor pagados, los trabajadores no se encontraban en las mejores condiciones.

Vasconcelos fue parte del Ateneo de la Juventud, en donde comenzó el disgusto hacia Porfirio Díaz, el cual aumentó después de la represión que hubo contra los mineros de Río Blanco y Cananea.

Conoce a Madero en un viaje a la Ciudad de México para distribuir los ejemplares del libro La sucesión presidencial en 1910 , y desde esa primera plática decidió unirse a él, convirtiéndose en uno de los fundadores del Centro Antirreeleccionista de México.

En noviembre de 1911, cuando Madero llega a la presidencia, Vasconcelos fue presidente electo del Ateneo de la Juventud; desde ese momento comenzó su vida pública, ya que posteriormente se desempeñó como titular de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato presidencial, secretario de Educación Pública y miembro fundador del Colegio de México.

A José Vasconcelos se le reconoce con diversos calificativos. Como Vasconcelos el revolucionario, el hombre sentimental, el esteta, el educador, el poeta, y el hombre político, fue uno de los personajes más destacados de la política y de la cultura de México, hombre polémico y controvertido, brillante pensador y educador quien nos heredó una extensa obra por escrito para nuestro conocimiento.

Escribía ideas, no literatura, no proclamada discursos grandilocuentes ni vacíos al servicio de los políticos; las ideas que pregonaba, las había vuelto realidad en la Secretaría de Educación Pública.

En este 138 aniversario del nacimiento de José Vasconcelos, qué mejor que le hayamos regresado el espíritu ideológico que plasmó a la Educación en México, con las reformas que aprobamos el año pasado en esta materia.

Diputada Margarita García García (rúbrica)