Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5455-VII, martes 11 de febrero de 2020

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a impulsar y promover con el Sistema Nacional de Salud y las secretarías de salud locales una campaña nacional permanente de toma de conciencia sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para trasplantes, a cargo de la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a facilitar la coordinación y comunicación entre las áreas con funciones de ciberseguridad de dependencias y organismos federales, ante la falta de un plan nacional en la materia, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a realizar con la empresa Roadis, concesionaria de la autopista Saltillo-Monterrey, las adecuaciones necesarias para instalar señalamientos y videovigilancia, y garantizar así la seguridad de los usuarios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales y del estado de México a revisar tanto el uso que la empresa Bionatur realiza en Jocotitlán de cañones antigranizo y avionetas para dispersar nubes e inhibir las lluvias como los respectivos efectos ambientales, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Auditoría Superior de Puebla a observar la distribución de competencias constitucionales entre ella y la ASF, suscrita por los diputados Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a los Congresos de Baja California, Campeche, Guanajuato y Nayarit a legislar o modificar el tipo penal de discriminación, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar al SNSP a fortalecer las acciones en materia de prevención del delito de extorsión, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las instituciones de salud estatales y federales a impulsar y fortalecer acciones para prevenir y atender de forma oportuna los padecimientos visuales derivados de la diabetes mellitus, a cargo de la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la Administración General de Aduanas a incrementar los montos de la franquicia fiscal en las aduanas y homologarlos, sin importar el lugar de origen o residencia, ante la relevancia económica de la zona fronteriza, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a formular e implantar por la Ssa una estrategia integral para prevenir y atender el cáncer de próstata que padece un sector importante de la población, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales y del estado de México a implantar políticas públicas eficientes y evaluables en el corto, mediano y largo plazos para sanear el río Lerma y frenar los efectos ambientales, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a revisar un probable conflicto de interés entre el magistrado Francisco José Huber Olea Contró, su hermano Jean Paul Huber Olea Contró y el demandante del académico Sergio Aguayo Quezada, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade y la SEP a informar sobre la fecha de entrega del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, la Sedena, la SSPC y la SRE a establecer una campaña permanente de control de tráfico y portación ilegal de armas de fuego, suscrita por los diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez y Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a implantar por el INM un programa o herramienta que permita la correcta protección y registro de migrantes, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar la presencia de unidades policiales en carreteras y autopistas de alto riesgo, el funcionamiento de botones de ayuda y cabinas telefónicas de línea directa, y el desarrollo de una aplicación de consulta, denuncia y solicitud de ayuda integrada al programa Paisano, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios y garantizar que cumplan su normativa para no poner en riesgo su operación y funcionamiento, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a establecer mecanismos para asegurar las condiciones de vida, mediante el fomento de la educación de menores que viven con sus madres reclusas en los centros de readaptación social, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y el IFT a fortalecer y actualizar los protocolos para proteger a niños y adolescentes del acceso indiscriminado a videos, imágenes e información con alto contenido de violencia criminal, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a regular en sus códigos penales el delito de pederastia, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a hacer públicos los resultados del plan Carretera Segura y redoblar los operativos de prevención en las vías turísticas de mayor afluencia vehicular, suscrita por los diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez y Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNDH a dar seguimiento para concretar la recomendación número 005/2018; y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a resolver la reparación integral del daño al ciudadano David Vargas Araujo, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a implantar medidas eficaces de prevención, control y solución de ataques informáticos del gobierno federal ante un escenario de constantes vulneraciones a instituciones públicas y la debilidad derivada de la ausencia de un plan nacional en la materia, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a implantar con el Conacyt acciones que fortalezcan la investigación científica y tecnológica en el país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE y el INAH a reforzar los instrumentos internacionales de protección de que México es parte para combatir la venta de piezas arqueológicas en el extranjero, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Profepa a evitar la construcción de fraccionamientos cerca de Minera México, en SLP, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a elaborar por la Semarnat y la Ssa un programa nacional sobre los efectos ecológicos y de salud derivados de la industria textil moderna, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a Capufe y la SCT a analizar la aplicación de descuentos en las plazas de cobro de autopistas en mal estado o en reparación, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE a revisar, emitir o, en su caso, modificar los acuerdos de clasificación y codificación de mercancías, a fin de simplificar y eliminar los trámites relativos a la importación de insumos para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación en el país, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a informar a la opinión pública sobre la falta de apoyo al campo y, en su caso, las acciones por emprender ante la grave problemática del sector, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Fiscalía General de Guanajuato a realizar una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial y expedita para esclarecer el homicidio de la lideresa comerciante de pirotecnia Sanjuana Razo Murillo, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, a reconstruir con celeridad la parte del mercado Revolución afectada por un incendio el pasado 31 de enero, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a informar a la opinión pública sobre el monto total y por dependencia, las causas y el destino por dar a los recursos producto del subejercicio correspondiente a 2019, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implantar un programa especial de infraestructura básica y equipamiento de los Cecati, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a adquirir 10 unidades médicas móviles para cada uno de los estados más pobres y marginados del país, y mejorar el programa de fortalecimiento de la atención médica, a cargo del diputado Lucio de Jesús Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a informar a la opinión pública sobre el monto, las causas y el destino por dar a los recursos producto del subejercicio de la CFE y Pemex en 2019, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a fundamentar, motivar y justificar la cancelación y sustitución de las NOM correspondientes a la inspección, la evaluación y el mantenimiento de la infraestructura de recolección y transporte de hidrocarburos, publicadas en el DOF el 6 de agosto de 2019, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la Ssa a fortalecer los mecanismos de salud mental en las escuelas de nivel básico e instituciones de salud pública en las unidades de atención de primer nivel, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Conafor a presentar la evaluación técnica que detalle la propiedad y el régimen de tenencia de la tierra y las acciones implantadas para proteger los derechos de ejidatarios, comuneros y pueblos indígenas, a cargo de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a emitir excitativa a la comisión encargada de dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, recibida el 18 de febrero de 2014, a cargo de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a las universidades públicas a colaborar con la Comisión de Vigilancia de la ASF y con ésta en la revisión y aclaración exhaustiva correspondiente a los ejercicios fiscales de 2017 a 2019 respecto a la utilización de los presupuestos públicos, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México y la Comisión de la Cuenca del Río Lerma a difundir un informe sobre la obra de drenaje intermunicipal que afectará a pobladores de Almoloya del Río, a cargo del diputado Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE y la Ssa a implantar acciones para fomentar una campaña de salud y evitar así contagios del coronavirus en el país, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena

Con motivo del 9 de febrero, aniversario del Día de la Marcha de la Lealtad, a cargo del diputado Benito Medina Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI
Con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
Con motivo del 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, a cargo del diputado Benito Medina Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a impulsar y promover con el Sistema Nacional de Salud y las secretarías de salud locales una campaña nacional permanente de toma de conciencia sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para trasplantes, a cargo de la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada federal María Isabel Alfaro Morales , integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, conforme lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley General de Salud, consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen con fines de ser trasplantados.

La propia ley en comento establece que la donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes y esta no puede ser revocada por terceros, al menos que se trate de un menor de edad o bien, el propio donante revoque su consentimiento expreso.

También existe la donación con consentimiento tácito, el cual aplica sólo para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirma la pérdida de la vida del disponente. En tal situación, si en vida la persona no ha manifestado su negativa por escrito o en un documento público que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes cuando ocurra su fallecimiento, pero sí hay consentimiento por el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, podrá realizarse la donación.

En ambos supuestos, es importante hacer énfasis que la donación implica meramente una decisión de carácter personal que se debe regir por los principios de altruismo y la ausencia de ánimo de lucro, además de la factibilidad de condiciones que deberán existir para una donación exitosa con fines de trasplante.

En vida, se pueden donar pulmones, sangre, médula ósea, hueso, células madre, placenta, riñón, hígado, una porción de intestino y el páncreas.

En caso de fallecimiento por paro cardiaco, se pueden donar córneas, piel, huesos, ligamentos, tendones, válvulas cardíacas y vasos sanguíneos.

En caso de muerte cerebral, se pueden donar ambos riñones, el intestino, tendones, el hígado, córneas, el corazón, la piel, los vasos sanguíneos, ambos pulmones, los ligamentos, el páncreas y los huesos.

Aún falta mucho por hacer entre la sociedad mexicana a efecto de generar mayor conciencia entre la población de que la donación de órganos, tejidos y células es un acto de generosidad, pero, sobre todo, es un acto de esperanza por la vida misma, la esperanza de vida de una o muchas personas que, con un solo donador, en caso de fallecimiento, se puede ayudar a preservar la existencia de muchas otras.

No obstante, teniendo una ley que es clara en regular la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes aún no permea por completo la cultura de la donación entre la sociedad mexicana.

La capacidad técnica y médica que tiene México, a través del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), como órgano responsable, desde el año 2001, de impulsar y coordinar los procesos desde la donación hasta el trasplante de órganos, tejidos y células, hace posible que miles de personas al año puedan preservar su vida gracias a la voluntad de muchos donadores.

Al cierre del primer semestre de este 2019, el Cenatra tiene registrados 546 establecimientos autorizados con licencia sanitaria: 416 con capacidad de extracción o procuración de órganos, tejidos y células, 408 para trasplante y 58 bancos.1

Con los últimos datos del Cenatra, con corte al 3 de julio de este año, hay en el país 22 mil 290 pacientes receptores en lista, en espera de un órgano. Desafortunadamente, el 71.5 por ciento son pacientes que están en espera de la donación de un riñón y el 26.8 por ciento de una o ambas córneas.2

A nivel dependencia, el IMSS tiene al 68 por ciento de receptores en espera; el sector salud privado, 11.9 por ciento; y el Issste, 4.7 por ciento.3 Ante este panorama, se requiere sensibilizar más a la sociedad mexicana con el fin de fomentar y propiciar la donación, pues no existen suficientes órganos para atender la gran demanda de pacientes que están en la necesidad de ser receptores de un trasplante.

La fracción V del artículo 313 de la Ley General de Salud establece que será competencia de la Secretaría de Salud elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos.

Es por ello por lo que el presente exhorto está orientado a solicitarle, de manera respetuosa a la Secretaría de Salud del gobierno de México, sea la instancia que coordine los esfuerzos de concientización entre la población en materia de donación de órganos, tejidos y células, actividad que es parte de sus atribuciones, prevista en la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de las Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno de México para que, en coordinación con las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Salud y las secretarías de Salud de los gobiernos de las entidades federativas, impulse y promueva una campaña nacional permanente de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/476798/1erSemestre2019.p df

2 Estadísticas sobre donación y trasplantes. Cenatra. Julio de 2019. https://www.gob.mx/cenatra/documentos/estadisticas-50060

3 Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes. Julio de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de febrero de 2020.

Diputada María Isabel Alfaro Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a facilitar la coordinación y comunicación entre las áreas con funciones de ciberseguridad de dependencias y organismos federales, ante la falta de un plan nacional en la materia, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, a Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y a Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, para facilitar la coordinación y comunicación entre las diversas áreas con funciones de ciberseguridad de dependencias y organismos federales, ante la falta de un plan nacional en la materia, la fragmentación de los esfuerzos para mitigar el problema y el incremento de la participación delictiva en el mundo digital, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El salto tecnológico traído por la introducción de los computadores personales abrió una especie de “Caja de Pandora” al posibilitar a los usuarios un campo inexplorado por cualquier individuo, organización o gobierno. Con la puesta a disposición de casi cualquier persona de la población a un “mundo sin reglas”, conocido por algunos periodistas digitales como la Wild West Web,1 la posibilidad de crecimiento y desarrollo parecían ilimitadas, donde los sectores público y privado hicieron uso de estas plataformas para poder eficientar sus actividades y cumplir sus objetivos, mientras que los individuos comenzaron a tener acceso a información, fotografías, videos y demás productos audiovisuales, los cuales estaban previamente confinados a las colecciones personales o las bibliotecas públicas de unos cuantos países en el mundo.

Esta especie de utopía digital, si bien era utilizada para aspectos sumamente positivos, como la divulgación y la colaboración en línea, algunos sujetos y organizaciones comenzaron a emplearlo como una herramienta de seguimiento y espionaje de los usuarios. Sea un ciudadano de a pie o algún funcionario de mucha relevancia política, los usuarios han comprometido mucha de su información personal ante la fugaz adopción de estas herramientas en las últimas dos décadas, pero el nulo análisis de riesgos, respecto a la construcción de un perfil en línea y los mecanismos de seguridad existentes para proteger la información personal que los acompaña, ha derivado en un escenario donde las vulnerabilidades de sujetos e instituciones son tantas, que muchas de ellas no han sido posible de ser observadas hasta después de acontecimientos de gran magnitud en la materia. Igualmente, ante la falta de especialistas en el rubro, aquellos con conocimientos técnicos en la materia se han logrado posicionar, de manera legal o ilegal, en posiciones privilegiadas, logrando consolidar una industria multimillonaria que ha desbancado a la actividad petrolera como la más prolífera en nuestros tiempos, donde la frase “data is the new oil”2 ha sido del gusto de muchos de los empresarios del ramo, lo que refleja el peso que éste tiene para un sector político y empresarial, más allá de si éste dicho es verdad o no.

Ante un atractivo como éste, dilucidar el presente panorama muestra una mayor cantidad de riesgos que de beneficios, los cuales se han ido canalizando y focalizando con el incremento de la intervención estatal en el mundo digital, debido a las exigencias sociales y éticas, al igual que las oportunidades económicas, que el mundo digital ha gestado en tiempos recientes.

Por tal motivo, resulta sorpresivo que el gobierno mexicano no haya logrado concentrar en un organismo las actividades en el rubro, donde las funciones se encuentran fragmentadas en diversos organismos, públicos o privados (como la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad o los cuerpos de ciberseguridad de instituciones bancarias), que colaboran en hacerle frente a la problemática desde sus múltiples frentes, lo que denota una muy importante deficiencia en la materia, ya que la ciberseguridad es uno de los principales rubros para la protección de la seguridad nacional en un contexto de digitalización total de la vida cotidiana. Los problemas, explicitados por mí en exhortos anteriores, al igual que por legisladores de otras bancadas, como la iniciativa de Ley de Seguridad Informática de la Senadora Jesu?s Luci?a Trasvin?a Waldenrath de MORENA, presentada en marzo de 2019,3 denotan un problema común observado por distintos frentes ante un vacío que no puede ser dejado de lado, ya que éstas tecnologías están permutando cada uno de los rincones de las actividades que realizamos, incluyendo las gubernamentales, al mismo tiempo que están cambiando a velocidades inconcebibles, donde los propios países desarrollados están encontrando problemas para mantenerse a la par de las exigencias en seguridad que el mundo digital demanda.

Las respuestas actuales, como los Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT),4 como el de la UNAM y la Policía Federal,5 o la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,6 operan como paliativos ante un escenario que demanda una respuesta institucional de mucha mayor envergadura, que no solamente se enfoque a actividades de seguridad de manera reactiva, sino que comience a desarrollar código, tecnologías y métodos propios para nuestra seguridad de carácter preventivo, donde el hecho de depender del desarrollo de mecanismos de seguridad privados o extranjeros puede derivar en un escenario de mayor riesgo si alguno de los usuarios de estas herramientas es vulnerado, ya que los errores y debilidades se tornan compartidos al depender de los mismo instrumentos.

Sobre esto, facilitar la coordinación y comunicación entre las diversas áreas con funciones de ciberseguridad de dependencias y organismos federales, organizada por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o de alguna otra secretaría, al igual que un órgano encargado de articularlo del lado del ejército, la Marina y las Fuerzas Armadas mexicanas, como la Secretaría de la Defensa Nacional, se vuelven opciones plausibles ante la falta de un plan claro en la materia y la inducción de programadores, usualmente conocidos como “hackers”, en las actividades delictivas del crimen organizado, ya sea por cuenta misma,7 como el famoso caso del grupo “Bandidos Revolution Team” (conocidos por su intervención al SPEI en 2018), o por medio de los cárteles nacionales, donde existe evidencia de su participación con grupos como el Cártel de Sinaloa.8

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a ?Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, y a Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, para reconfigurar la red de telecomunicaciones militares, de la Policía Federal y la Guardia Nacional, para facilitar la coordinación y comunicación entre las diversas áreas con funciones de ciberseguridad de dependencias y organismos federales, ante la falta de un plan nacional en la materia, la fragmentación de los esfuerzos para mitigar el problema y el incremento de la participación delictiva en el mundo digital.

Notas

1 Sonia Livingstone. (2018). It’s time to end the wild west of the web, 2 de diciembre de 2019, de London School of Economics. Sitio web:

https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2018/09/ 14/its-time-to-end-the-wild-west-of-the-web/

2 The Economist. (2017). The world’s most valuable resource is no longer oil, but data, 2 de diciembre de 2019, de The Economist. Sitio web:

https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds- most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data

3 Jesu?s Luci?a Trasvin?a Waldenrath. (2019). Que reforma y deroga diversas disposiciones del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal Federal y se expide la Ley de Seguridad Informática, 2 de diciembre de 2019, de Gaceta Parlamentaria. Sitio web: sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=9244d87bea c0b562ae899ea2729229bd&Clave=3836691

4 Rodrigo Riquelme. (2018). ¿Qué es un Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT)?, 2 de diciembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Que-es-un-Equipo-de-Respuest a-ante-Emergencias-Informaticas-CERT-20180122-0009.html

5 Ídem

6 Redacción Milenio. (2019). México y EU intercambian datos sobre ciberseguridad, 2 de diciembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/politica/comunidad/mexico-y-eu-intercambian-dat os-sobre-ciberseguridad

7 Rubén Mosso. (2019). Así operaba el grupo de hackers detenidos en León, 2 de diciembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/policia/hackers-leon-operaba-cartel-bandidos-re volution-team

8 Redacción. (2019). Hackers reclutados por cárteles: la alianza delictiva en la red, 2 de diciembre de 2019, de La Silla Rota. Sitio web: https://lasillarota.com/nacion/hackers-reclutados-por-carteles-la-alian za-delictiva-en-la-red-hackers-beltran-levya/255890

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a realizar con la empresa Roadis, concesionaria de la autopista Saltillo-Monterrey, las adecuaciones necesarias para instalar señalamientos y videovigilancia, y garantizar así la seguridad de los usuarios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos diputados federales de los estados de Nuevo León y Coahuila de Zaragoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en coordinación con la empresa Roadis titular de la concesión de la autopista Monterrey-Saltillo, realice las adecuaciones necesarias para la instalación de señalamientos y videovigilancia, a efecto de garantizar la seguridad de los usuarios de dicha autopista, así como se reconsidere el incremento a la tarifa de la autopista Saltillo-Monterrey que entró en vigor el pasado 15 de enero, solicitar que no entre en vigor hasta en tanto no se garantice la seguridad de sus usuarios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La autopista Monterrey-Saltillo cuenta con una longitud aproximada de 50 kilómetros, cuatro carriles construidos con concreto hidráulico, acotamientos laterales y una barrera central, fue inaugurada en 2009 con el fin de agilizar la conexión carretera entre los estados de Coahuila y Nuevo León y reducir los tiempos de traslado entre las dos capitales a solo 40 minutos. Dicha autopista se concesionó a la empresa Roadis encargada de las actividades de la operación, explotación, conservación y mantenimiento.

Como suele suceder en temporada invernal, debido a condiciones climáticas adversas, el 31 de diciembre del año pasado se suscitaron dos accidentes sobre la autopista Monterrey-Saltillo, uno en el kilómetro 61 y otro en el kilómetro 64 muy cerca de la entrada del municipio de García en Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de protección civil de los municipios de Ramos Arizpe, Coahuila y de Santa Catarina, Nuevo León, alrededor de las 16:00 horas un tráiler se volcó y bloqueó los carriles en ambos sentidos provocando un choque múltiple en el que se involucraron más de 50 autos.

De forma lamentable, dicho accidente dejó dos muertos, además de 48 heridos y múltiples daños materiales a autos y a la infraestructura carretera. En virtud de estos lamentables accidentes, dicha carretera estuvo cerrada entre 22 y 24 horas, del 31 de diciembre al 1 de enero.

Cabe destacar que tres días después tuvo lugar otro percance en donde el conductor de un tractocamión impactó a cuatro vehículos causando caos nuevamente en la autopista Saltillo-Monterrey; afortunadamente no se reportaron lesionados, aunque sí quedaron varadas largas filas de vehículos de carga y de particulares, lo anterior porque de acuerdo con ellos “no había señalamientos de prevención sobre la fila kilométrica de vehículos varados”.

Debido a fenómenos climáticos que prevalecen en la zona y a la falta de señalizaciones que permitan evitarlos, en esta autopista en temporada invernal se han registrado de forma reiterada, diversos accidentes, por lo que, tanto usuarios como diversas asociaciones, como la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila A.C., se han manifestado por mayores medidas de seguridad en dicha vía.

Muestra de lo anterior, son los datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su anuario estadístico correspondiente al 2018, los cuales señalan que tan solo en ese año ocurrieron 58 colisiones, dejando un saldo de 29 lesionados y 9 muertos, así como daños materiales por el orden de más de 10 millones de pesos.

A pesar de las deficiencias señaladas en dicha autopista, la dirección de Caminos y Puentes Federales recientemente anunció un incremento en los costos de peaje para este 2020, los cuales rebasan el índice inflacionario previsto. Sólo por ejemplificar, los costos por el uso de la autopista para los vehículos compactos y pick-ups pasaron de $92 a $103 pesos. Este incremento representa cerca de 12.7 por ciento en comparación con el peaje del año pasado, por lo que dicho aumento para este año es casi tres veces mayor a la inflación registrada.

En atención a los antecedentes enunciados, creemos que no se justifica dicho incremento hasta en tanto no se realicen las obras que brinden mayor seguridad a los usuarios y justifiquen un aumento en la tarifa.

Por todo lo anteriormente citado, acudimos a esta tribuna para solicitar el respaldo a la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en coordinación con la empresa Roadis titular de la concesión de la autopista Monterrey-Saltillo, realice las adecuaciones necesarias para la instalación de señalamientos y videovigilancia, a efecto de garantizar la seguridad de los usuarios de dicha autopista.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconsidere el incremento a la tarifa de la autopista Saltillo-Monterrey que entró en vigor el pasado 15 de enero, en virtud de no estar acorde a la inflación registrada en el año anterior, así como solicitar que no entre en vigor hasta en tanto no se garantice la seguridad de sus usuarios.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de febrero de 2020.

Diputados: Martha Hortencia Garay Cadena, Ivonne Liliana Álvarez García, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Fernando Donato De las Fuentes Hernández, Juan Francisco Espinoza Eguia (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales y del estado de México a revisar tanto el uso que la empresa Bionatur realiza en Jocotitlán de cañones antigranizo y avionetas para dispersar nubes e inhibir las lluvias como los respectivos efectos ambientales, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT

Exposición de Motivos

Bionatur México, es una empresa de invernaderos biológicos dedicada al cultivo de tomate de gran calidad, que se ubica en el kilómetro 109 de la carretera panamericana, México- Querétaro, Pasteje, Jocotitlán, estado de México. De acuerdo a su sitio de internet https://www.bionaturmexico.com, cuenta con 830000 metros cuadrados de construcción divididos en 8 invernaderos de 10 hectáreas cada uno y un semillero de 3 Hectáreas con una inversión cercana a los 120 millones de Dólares. Su método de cultivo es hidropónico, libre de pesticidas. La producción de tomates se destina al mercado de Estados Unidos, Canadá y México.

Desde hace aproximadamente 9 años pobladores del municipio de Jocotitlán han venido manifestando su inconformidad en que dicha empresa utilice cañones antigranizo y avionetas que dispersan las nubes para provocar que no llueva en esa zona donde está establecida, lo siguiente tiene como consecuencia que los agricultores de la zona que dependen de la lluvia para el cultivo de maíz no puedan sembrar o bien una vez que siembran su cultivo no se logra por falta de agua.

De acuerdo con información recabada en Jocotitlán, hace algunos meses se llevó a cabo una reunión con la empresa Bionatur para tratar asuntos relacionados con la problemática de las lluvias, que afectan al sistema agropecuario. A Lo cual la empresa reconoció que si ha utilizado tecnología para dispersar las nubes y así disipar las lluvias; durante la temporada de lluvias las avionetas que pasan por parte de la industria Bionatur afectan el ciclo de lluvia. Los pobladores han notado que las avionetas pasan de día, noche y madrugada, el daño más significativo es que han cambiado su tiempo de cultivo pues el clima es cambiante, y la cosecha se ve afectada. La población solicita investigación sobre las avionetas que sobrevuelan en el municipio de Jocotitlán. Vecinos organizados han recolectado firmas de inconformidad contra la empresa solicitando el apoyo de las autoridades locales para que la empresa no siga afectando sus cosechas.

Jocotitlán, San Felipe del progreso, Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, San José del rincón, Jiquipilco, Atlacomulco, Villa victoria entre otros Municipios se han visto afectados por estas prácticas realizadas por la empresa Bionatur; el uso de estas técnicas para evitar las lluvias no solo tiene un impacto directo sobre las cosechas sobre las comunidades aledañas, también han expuesto que la presa se ha visto afectada, ya que hace más de nueve años no se han llenado, por lo que les preocupa pudieran llegar a tener escases a largo plazo.

La empresa cuenta con un antecedente del año 2009 en donde se comprometió a dejar de utilizar las bombas antigranizo para no seguir afectando a las comunidades, los pobladores se han percatado nuevamente que la empresa ha retomado esas prácticas que atentan contra sus actividades en el campo, repercutiendo en su economía familiar.

Los hechos fueron denunciados por pobladores del lugar ante los medios de comunicación y ante las autoridades del estado de México, tal y como quedo registrado en la grabación que puede consultada en la página: https://www.facebook.com/Noticieros,TelevisaEdoMexico/videos/vb.1857523 677826802/424221454851027/?type=2&theater.

Los diputados de la LX Legislatura del estado de México, exhortaron por unanimidad de votos a los titulares de la secretaría del Medio Ambiente, de Desarrollo Agropecuario y de Salud, así como al procurador de Protección al Ambiente del estado de México, para evaluar los mecanismos del sistema antigranizo que aplica la empresa Bionatur en ese lugar del Estado de México, y le sea prohibido el uso de avionetas y otros instrumentos hasta en tanto no se cuente con estudios sobre sus efectos secundarios sobre el medio ambiente, las personas y la agricultura. No obstante, dicho exhorto la empresa continúa con la utilización de las prácticas que alteran el medio ambiente de la región.

En virtud de que es competencia federal el otorgamiento de permisos para el vuelo de avionetas con el itinerario de vuelo, así como las actividades que se realicen tratándose de aviación aplicada a lo agrícola, por ello es que se pide la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice una verificación de las actividades y permisos de dicha empresa sobre sus aeronaves. Así mismo es pertinente la intervención de la Secretaría de medio ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, para evaluar el impacto ambiental de las actividades de las cuales se quejan los pobladores.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Víctor Manuel Toledo Mazur; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, del gobierno federal; al secretario de Medio Ambiente del estado de México, Jorge Rescala Pérez; al ayuntamiento de Jocotitlán, estado de México; para que realicen una revisión sobre el uso que realiza la empresa Bionatur en el municipio de Jocotitlán estado de México, de cañones antigranizo y avionetas para dispersar las nubes y con ello inhibir las lluvias y el impacto al medio ambiente que esto causa, incluyendo revisar la documentación que ampare las autorizaciones de vuelo a las avionetas de dicha empresa y el objeto por el cual se les autoriza volar en la zona del municipio de Jocotitlán y municipios aledaños. Asimismo, si detectan irregularidades en la revisión que realicen procedan conforme a las leyes aplicables.

Segundo. Se solicite a todas las autoridades citadas las acciones que realicen para el seguimiento de dicho exhorto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada María Teresa Marú Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Auditoría Superior de Puebla a observar la distribución de competencias constitucionales entre ella y la ASF, suscrita por los diputados Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados Itzóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Mucho puede hablarse de la historia de la autonomía universitaria, ríos de tinta se han esparcido para documentar sus orígenes constitucionales desde 1924, pasando por los decretos que la extinguen de 1833 y 1857, los que la reestablecen el 23 de enero de 1857, los proyectos de leyes secundarias en materia de instrucción pública hasta llegar a 1916.

El 11 de diciembre de 1916 se emitió el dictamen de la comisión del artículo 3o. del Constituyente de Querétaro en la que sólo se hacía referencia a la libertad educativa, al que sucedieron los debates del 13, 14 y 16 de diciembre de 1916. En realidad el debate se centró en el carácter laico de la educación y fue finalmente aprobado por 99 votos contra 58 tal y como fue dictaminado.

Especial atención resulta analizar lo ocurrido en 1929 para entender el alcance de lo que se otorga y se demanda de una universidad dotada de autonomía: el 3 de junio de 1929 se aprobó la solicitud del presidente Portes Gil, presentada ante el honorable Congreso de la Unión con el objeto de solicitar se convoque a un periodo extraordinario de sesiones y debatir la autonomía universitaria, en los siguientes términos:

“El Consejo Universitario, en sesión extraordinaria celebrada el 1 de los corrientes, acordó por unanimidad de votos y como órgano de la Universidad Nacional, elevar el presente memorial a ese honorable Congreso de la Unión con el fin de manifestar su adhesión a la iniciativa presentada por el señor presidente de la República para solicitar facultades extraordinarias a ese honorable Congreso, con el fin de expedir esa ley que otorgue autonomía a la Universidad.

“Al mismo tiempo, el Consejo Universitario acordó que se hicieran del conocimiento del Congreso de la Unión los antecedentes que existen sobre la autonomía universitaria y se muestren como ésta ha sido el anhelo constante de todos los componentes de la Universidad desde su fundación.

“En efecto, puede decirse que desde la creación de la universidad por la Ley de 1910, un germen de autonomía fue admitido, pues en esa ley se consideraba que la universidad no era una simple dependencia administrativa del Estado, si no que le concedía personalidad moral y, como consecuencia, la posibilidad de que poseyera bienes propios y los manejara a su arbitrio, lo que es incompatible con la organización de un departamento puramente administrativo.”

“La Constitución de 1917, que restableció el orden legal en la República, admitía, como un ideal, que las instituciones de cultura superior fueran autónomas y libres, y fue precisamente cuando se trató de hacer de la universidad una simple dependencia de Hacienda, cuando los universitarios, profesores y alumnos, protestaron elevando un memorial al Congreso de la Unión, pidiendo la autonomía de la universidad, para solucionar la cuestión que entonces se presentaba y consiguiendo que subsistiera el Departamento Universitario, independiente de todas las secretarias de Estado.”

“Esta situación se prolongó hasta 1921 en que la Constitución fue reformada, creándose nuevamente la Secretaría de Educación Pública, y en varias ocasiones el secretario de Educación indicó que la universidad debería ser autónoma.”

“...

Todos esos antecedentes demuestran hasta qué punto la autonomía universitaria ha sido para los universitarios un ideal...”

“Casi no es necesario insistir más sobre las razones que tiene la Universidad, y que ha tenido siempre, para solicitar su autonomía. Sólo con ella la Universidad podrá considerarse responsable de la educación superior de la República y aparecer responsable ante el pueblo de la forma en que se desarrolla y oriente... ”

“Por esa razón consideramos que al conceder autonomía económica, técnica y administrativa, podrá exigírsele más tarde a la universidad responsabilidades, si no ha sabido cumplir con las responsabilidades que el pueblo le ha encomendado”.

Luego vendrán las reformas de 1934, 1946, 1980, 1992, 1993, 2002, 2011, 2012, 2013, 2016 y 2019 hasta alcanzar el texto vigente del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En materia de rendición de cuentas, el Poder Judicial de la Federación se ha encargado de dar sentido a la coexistencia de esta obligación y la autonomía al establecer:

1. Es claro que la Universidades se encuentran obligadas a la rendición de cuentas y a las consecuencias atribuibles a los fallos al realizar la gestión. La autonomía no las convierte en islas ajenas al orden jurídico vigente.1, 2

2. Paralelamente los entes fiscalizadores tienen del deber de apegarse al orden jurídico vigente, como un requisito indispensable para entender el respeto a la autonomía universitaria.3

3. La autonomía universitaria lleva implícito el concepto de autogobierno, lo que excluye toda injerencia indebida del mismo.4

Siempre ha resultado alarmante que los órganos encargados de la fiscalización, dediquen sus esfuerzos, recursos y administren el orden en el que se concluye una revisión de cuentas públicas, con el fin de someter a las entidades fiscalizadas y obtener beneficios que nada tienen que ver con la alta responsabilidad que les confiere la Constitución de la República.

He comenzado por hacer las indispensables precisiones sobre la autonomía universitaria con el objeto de que se pueda dimensionar lo que ocurre en el Estado de Puebla:

1. Apenas iniciada la gestión del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), el contador público Francisco José Romero Serrano, elegido el 27 de noviembre de 2019, ordenó realizar un auditoría denominada “preventiva” a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

2. Más allá de que este tipo de auditoría no se encuentra prevista en el artículo 116 constitucional y lo absurdo que significa pretender realizar una auditoria en tiempo real, es decir durante el mismo año en que se administran los recursos de todo el ejercicio presupuestal, en lo que atañe a esta Cámara de Diputados, la ASE ordenó fiscalizar los recursos federales del ejercicio 2019.

3. Todos sabemos que a partir de la reforma constitucional del 2015 y 2016 al artículo 79 constitucional, la facultad de fiscalizar los recursos federales es directa y atribuible únicamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

4. La BUAP habría respondido solicitando a la ASF atraer la auditoría, a lo que hoy se sabe públicamente, se dio respuesta mediante el oficio UHLPTS/DGPE/DPPA/006/2020 en el sentido de que la auditoría de los recursos que administra la BUAP son considerados en el proceso de planeación y programación de auditoría para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2019. Dicho en otras palabras, la ASF ha confirmado que cuenta con las facultades legales para llevar a cabo la revisión de la administración de los caudales públicos federales, por ser su competencia.

5. Resulta aún más preocupante que el presidente del Congreso del Estado de Puebla, tenga acceso a la información que le proporciona la ASE en torno a esta auditoría, situación que violenta el procedimiento de auditoría, lo dispuesto en el artículo 114 de la propia Constitución del Estado de Puebla, que en su antepenúltimo párrafo dispone:

“La Auditoría Superior del Estado guardará reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que entregue los informes del resultado de la fiscalización superior de los sujetos de revisión, la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición...”

Pero esa información proporcionada indebidamente le ha servido para fijar una postura mediática en torno a la fiscalización de recursos federales.

6. Debo reiterar que la facultad de revisar la Cuenta Pública relativa al erario federal, es exclusiva de la Cámara de Diputados, tal y como lo establecen los artículos 74 y 79 constitucionales y no hay razón alguna para legisladores locales fijen posturas que corresponden a esta soberanía.

7. No menos preocupante resulta que los miembros de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, del Congreso del Estado de Puebla, reconozcan que en ejercicios anteriores no hayan realizado la revisión de cuentas y lo que es peor, esto ocurra cuando la reforma constitucional a la que me he referido data de los años 2015 y 2016.5

Es claro, ajeno a todo debate que la BUAP se encuentra obligada a rendir cuentas, sin embargo, no encuentro ninguna razón para pensar que la universidad tiene una postura distinta, cuando su llamado ha sido al respeto al orden constitucional y con ello a que la fiscalización se lleve a cabo por las autoridades competentes, conforme a procedimientos estandarizados y homogéneos apegados a normas profesionales y respetando el marco jurídico que regula a la institución local responsable de ella.

Es claro que la violación constitucional del ámbito de competencia de la ASF y los pronunciamientos sobre el trabajo de la auditoría local provenientes de los diputados y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, parte integrante del Congreso de Puebla, violan también la facultad que es exclusiva de esta Cámara de Diputados.

Si el Poder Judicial Federal ha sido claro, en el sentido de que la coexistencia entre rendición de cuentas y autonomía es posible a partir del respeto a la ley, en el caso que nos ocupa, el desvió de recursos en que incurre la Auditoría Superior del Estado de Puebla, al autorizar, solicitar y realizar actos para la asignación de personal, recursos materiales y financieros para llevar a cabo una auditoría sin fundamento jurídico y en contraposición a las normas aplicables, viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viola la Ley General de Responsabilidades Administrativas, viola la Constitución Política del Estado de Puebla, viola la propia Ley de Fiscalización de Puebla y lo más grave, es que con todo esto, viola la autonomía universitaria.

Y todo para concluir cancelando la “auditoría preventiva” iniciada, es decir, que no concluyó en nada, solamente se desviaron recursos humanos, materiales y financieros para qué¸ muy lamentable sería pensar, que esa actuación busqué mermar o subordinar a las autoridades de la BUAP, pues estaríamos en presencia de algo más grave que la ignorancia de la ley y el desconocimiento técnico de la auditoría gubernamental.

Por lo previamente manifestado, con la única pretensión de garantizar el respeto al límite de competencias constitucionales entre las Auditorías Superiores de la Federación y del Estado de Puebla y, entre esta Cámara de Diputados y el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, es que someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado Libre y Soberano de Puebla, a observar la distribución de competencias constitucionales, entre dicha auditoria local y la Auditoría Superior de la Federación.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de que se abstenga de auditar recursos federales, invadiendo el ámbito de competencias de la Auditoría Superior de la Federación y, en consecuencia, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de que se abstenga de realizar actos de fiscalización tendientes a violar la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, instrumentando actos de fiscalización contrarios al orden constitucional.

Notas

1 Época: Novena Época Registro: 185819 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Octubre de 2002 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. CXXI/2002 Página: 396 Autonomía universitaria. No se viola por la verificación que haga la entidad de fiscalización superior de la federación (antes contaduría mayor de hacienda) de los subsidios federales que se otorgan a las universidades públicas.

2 Época: Novena Época Registro: 199398 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.194 A Página: 809 Universidad Nacional Autónoma de México. La autonomía de que goza no la excluye de la aplicación de las leyes que conforman el estado de derecho.

3 Época: Décima Época Registro: 2019287 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. X/2019 (10a.) Página: 1099 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le resultan aplicables las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción.

4 Época: Novena Época Registro: 184349 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Mayo de 2003 Materia(s): Administrativa Tesis: 1a. XI/2003 Página: 239 Autonomía universitaria. Su alcance.

5 https://www.periodicocentral.mx/2020/politica/item/555-comision-inspect ora-del-congreso-de-puebla-defiende-auditoria-de-la-ase-a-la-buap

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputados: Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Congresos de Baja California, Campeche, Guanajuato y Nayarit a legislar o modificar el tipo penal de discriminación, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Edgar Guzmán Valdez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social reafirmamos la necesidad de luchar por los derechos fundamentales del ser humano, sin que su ejercicio sea motivo de discriminación o exclusión.

De conformidad con el artículo 2o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ésta señala:

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Por lo cual, en el escenario internacional, los derechos y libertades fundamentales del ser humano deben ejercerse sin distinción alguna, que tenga por objeto menoscabar las prerrogativas del ser humano, o bien, tener un trato diferenciado por condiciones subjetivas.

Además, en el escenario nacional, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Los actos discriminatorios están prohibidos por la cúspide constitucional, y deben erradicarse de nuestra sociedad, ya que dichos actos solo generan un trato diferenciado y la anulación parcial o total de derechos fundamentales.

No obstante, la realidad social es todavía más compleja, ya que de conformidad con la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS 2017), el 20.2% de la población nacional ha sido discriminada.1 Las entidades con las más altas tasas de discriminación son Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos; y las facetas de discriminación son principalmente: el tono de piel, la manera de hablar, el peso, la estatura, la forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde se vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.

Aunado a la realidad social que se vive en el país, la discriminación en algunos supuestos legales puede convertirse no solo en una práctica, sino en un delito, cuando éste se comete por un servidor público, que tenga por objeto negar un servicio público, restrinja derechos laborales o de salud, o bien, niegue o restrinja derechos educativos.

De lo anterior, el artículo 149 ter del Código Penal Federal tipifica el delito de discriminación “al que, por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas”.

A pesar de la tipificación de este delito en el ámbito federal, aún falta realizar esfuerzos legislativos en materia local, cuya competencia corresponde única y exclusivamente a los congresos de las entidades federativas.

Al respecto, se hace un comparativo de los congresos locales que cuentan con la tipificación de delito de Discriminación, y en aquellos que deberán ajustar su legislación interna de conformidad con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De las 32 entidades federativas que conforman nuestra nación, cuatro de ellas: Baja California, Campeche, Guanajuato y Nayarit no contemplan en sus respectivos códigos penales locales el tipo penal de Discriminación; y las veintiocho entidades federativas restantes que sí contemplan el tipo penal de discriminación, no existe uniformidad en la redacción jurídica.

Lo anterior imposibilita que los gobernados puedan acceder a oportunos procesos judiciales locales, reduciendo su esfera judicial a aquellas entidades federativas donde sí está previsto dicho delito, y perdiendo la acción judicial donde se carece del tipo penal de discriminación.

Además, la vía para la reparación del daño por constituirse en delitos es la vía judicial de tipo peal. Al respecto, sobre los principios de Igualdad y no discriminación, el Pleno del máximo tribunal ha señalado:

Principio de igualdad y no discriminación. Algunos elementos que integran el parámetro general.

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.2

Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las facetas de la discriminación tienen como objeto afectar derechos reconocidos por nuestro sistema jurídico, por lo cual, se debe hacer un análisis exhaustivo sobre los alcances discriminatorios en las entidades federativas, y lograr una mejor igualdad.

Por lo cual, es necesario armonizar nuestro sistema jurídico para que las entidades federativas tipifiquen en sus respectivos códigos penales el delito de discriminación; y aquellas donde ya existe el tipo penal de discriminación, se armonice con la definición de discriminación establecida en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En consecuencia, los congresos locales deben modificar su legislación interna, a fin de garantizar la eliminación de la discriminación, y tipificar el tipo penal donde aún no está contemplado.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales de las entidades federativas de Baja California, Campeche, Guanajuato y de Nayarit, a legislar el tipo penal de discriminación e incorporarlo en sus respectivos Códigos Penales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales de las entidades federativas, que prevén el delito de discriminación, se modifique, a fin de ajustar su definición conceptual de conformidad con lo establecido en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación.

Notas

1 Conapred-Inegi-UNAM, Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS 2017), disponible en

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/PtcionENADIS 2017_08.pdf, consultado el 29 de enero de 2020.

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, 10ª época, Jurisprudencia constitucional, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, pág. 116.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los once días del mes de febrero de dos mil veinte.

Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al SNSP a fortalecer las acciones en materia de prevención del delito de extorsión, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Alfredo Antonio Gordillo Moreno, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El fenómeno delictivo se ha multiplicado en nuestro país en las últimas décadas derivado del contexto económico y social en el que nos encontramos, agravando la crisis de seguridad en la que vivimos y vulnerando la estabilidad social.

La pérdida de valores es uno de los elementos por lo que las prácticas antisociales se multiplican y se diversifican, permitiendo el surgimiento de nuevos tipos de delitos y dinámicas más violentas para su realización.

Es pertinente mencionar que la violencia no solo está vinculada al uso de la fuerza física, también se relaciona de forma directa con la violencia psicológica que, si bien puede ser a simple vista imperceptible, puede dejar secuelas importantes que impiden el desarrollo normal de la vida y las actividades de quien la padece.

La extorsión es un delito que se encuentra tipificado en nuestro Código Penal Federal, el cual se define de acuerdo a lo establecido dentro del artículo 390 de la siguiente manera:

“Artículo 390 .- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.

...”1

Lo anterior nos permite establecer que este tipo de delito se puede cometer en diversas modalidades como son la directa (Ocurre cuando el delincuente se presenta físicamente en el establecimiento o domicilio particular, para amenazar al propietario o al personal que ahí labora.) y la indirecta (es cuando la conducta antisocial se realiza con ayuda o por conducto de un medio tecnológico y sin que la amenaza necesariamente derive en consecuencias reales).

La extorsión es una práctica que se ha extendido en México y va desde el cobro de derecho de piso (es cuando se condiciona el desarrollo de una actividad principalmente económica a cambio de un monto económico para no sufrir algún daño físico o en la propiedad de quien es víctima), hasta la realización de llamadas telefónicas donde se amenaza a la víctima de que en caso de no entregar un monto económico o un bien, se atentará contra la vida o integridad de quien recibe la llamada o de alguno de sus familiares o conocidos.

Previo a la creación de la Guardia Nacional, la Policía Federal, clasificó de la siguiente manera a la extorsión:

“Extorsión directa

Ocurre cuando el delincuente se presenta físicamente en el establecimiento o domicilio particular, para amenazar al propietario o al personal que ahí labora.

En esta modalidad, es común que el delincuente se identifique como integrante de una organización delictiva. Pretende realizar un cobro para brindar seguridad o no hacer daño; por ello, amenaza con privar de la vida a algún familiar o a la probable víctima, así como causar afectaciones materiales si no se entrega una cantidad periódica de dinero.

En ocasiones, los delincuentes dejan una tarjeta con un número telefónico y la instrucción de comunicarse para acordar la cantidad de dinero a entregar.

Para intimidar a la víctima, la delincuencia puede realizar distintas acciones como dañar el inmueble o enviar paquetes con mensajes que asusten a la víctima.

Extorsión indirecta Se detectan seis versiones de este tipo de delitos, en el que es frecuente el uso del servicio de telefonía.

1. Premio: se recibe una falsa notificación sobre la obtención de un premio que consiste en un viaje, un vehículo, una televisión o dinero en efectivo. El delincuente condiciona la entrega a cambio de un depósito bancario e insiste que el valor del premio es mucho mayor al monto solicitado.

2. Secuestro virtual de un familiar: en un tono violento, el delincuente indica que tiene a un familiar secuestrado y transmite la grabación de una persona, que por lo general es una mujer o un niño llorando. Luego, exige una cantidad de dinero a cambio de no hacer daño y dejarle en libertad.

3. Familiar proveniente del extranjero detenido: el delincuente se hace pasar por un familiar lejano con el que hace mucho tiempo no se tiene contacto. La retórica utilizada busca que la víctima se emocione, se confunda o dude, lo que permite al extorsionador obtener aún más datos a través de la plática. Por ejemplo, espera que se le proporcione el nombre del supuesto pariente “¿eres tú tío Pepe?”, a lo que el delincuente contestará “sí, soy tu tío Pepe”. El siguiente argumento del supuesto familiar es que trae muchos regalos y productos, pero que fue detenido por la autoridad aduanal y al no contar con dinero en efectivo, requiere que le envíen el dinero.

4. Amenaza de muerte o secuestro: el delincuente llama utilizando el tono más agresivo e incluso vulgar que le sea posible y así, le dice a la persona que contestó el teléfono que su familia y vivienda se encuentran vigiladas. En muchas ocasiones el delincuente utiliza datos reales que obtuvo previamente del directorio telefónico, página de internet o red social. Esto provoca que la persona que contesta se ponga más nerviosa, al grado de que en ocasiones se produce un bloqueo mental. El delincuente argumenta que, de no depositar cierta cantidad de dinero en una cuenta bancaria, secuestrará o asesinará a una persona, aunque en muchas ocasiones ni siquiera se sabe de quién se trata. En muchos casos el delincuente se encuentra en un lugar lejano o confinado y dice formar parte de una organización delictiva; en un menor número de casos el delincuente si conoce o ubica el domicilio de la probable víctima y brinda información más detallada.

5. Amenaza de supuestos funcionarios: el delincuente llama identificándose como una autoridad, vinculada a la seguridad o procuración de justicia e informa que tiene detenido a un familiar de la probable víctima. Con habilidad en el manejo de la conversación, buscará conseguir más datos, como por ejemplo nombres de familiares. Intenta convencer de que está haciendo un favor al dar la opción de recibir un pago para no remitir al supuesto familiar a las autoridades competentes; es decir, exige dinero a cambio de la liberación.

6. Deudas contraídas: se llama a un domicilio designado al azar y se informa a quien contesta que es una llamada telefónica de servicio de una institución bancaria o compañía encargada del cobro de cuentas. Se intenta convencer con argumentos y términos financieros que, si la deuda no se paga, se puede generar una situación de embargo. El tono va de agresivo a más amable, con la promesa de evitar un daño mayor si se hace un pago mucho menor de la supuesta deuda”.2

En nuestro país, este delito se ha incrementado de forma alarmante de acuerdo a lo que se señala en diversas fuentes oficiales, sin embargo, hay una importante cifra negra (delitos que no son denunciados), que impiden conocer de forma real la magnitud del problema y del impacto económico negativo que genera en las víctimas.

Como podemos observar, las cifras por año muestran un incremento considerable en este delito, y si comparamos por mes entre cada periodo, se observa de igual forma esta tendencia, por lo que es importante fortalecer las acciones en la materia para hacerle frente.

Es pertinente mencionar los datos revisados, únicamente analizan de forma global la tendencia de este delito, sin hacer distinción de la variedad de modalidades que existen, por lo cual es difícil saber con este primer ejercicio, a qué porcentaje del total corresponde cada modalidad de extorsión.

“Uno de los problemas asociados a la crisis de impunidad que se vive en México es la extorsión. Acabar con ella es un gran reto, pues toma diversas formas que no siempre son fáciles de reconocer y combatir: no sólo extorsiona el crimen organizado a través de la violencia, amenazas o cobros de cuotas, también lo hacen los franeleros, los líderes sindicales sin representación real, los funcionarios que cobran por hacer trámites burocráticos y las personas que cobran por servicios públicos (como la recolección de la basura), sometiendo a la población a casos de extorsión. La extorsión es uno de los crímenes de mayor impacto en México y, sin embargo, el 98.3% de los casos no se denuncian, posicionando este delito con la cifra negra más alta de acuerdo con la ENVIPE 2017.”3

La extorsión a través de llamadas telefónicas es una práctica que se ha multiplicado en las últimas décadas, como consecuencia del alta efectividad del mismo por el contexto de anonimato en el que se encuentra quien la realiza.

De acuerdo a lo que se señalan cifras oficiales, se han detectado un importante número de teléfonos relacionados a este ilícito, por lo que en los últimos meses se tomó la decisión de elaborar un registro nacional de números telefónico relacionados a la extorción para poder implementar acciones efectivas para su combate.

“En una prueba piloto elaborada hace unas semanas por el Centro Nacional de Información (CNI), los ciudadanos denunciaron al 089 casi 90 mil números telefónicos desde donde se cometieron las extorsiones en el país, lo que revela la eficacia del sistema”.4

Si bien es cierto que se han puesto en marcha diversas acciones para inhibir la utilización de números telefónico para este ilícito, (como es la creación de un registro nacional de números telefónico, así como la implementación en los centros penitenciarios de aparatos que bloquean la señal de celular) las mismas no han sido efectivas, por lo que se deben de diseñar e implementar nuevas medidas que permitan erradicar esta problemática.

Es por lo anterior que, a pesar de reconocer que se ha trabajado de forma importante en el combate de este delito, es necesario que se siga fortaleciendo las estrategias en beneficio de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que de acuerdo a las funciones y facultades que le otorga el artículo 21 de nuestra Carta Magna y el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortalezca las acciones en materia de prevención del delito de extorsión en sus diferentes modalidades, así como las que se dan a través de llamadas telefónicas.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación. (14 de agosto de 1931). CÓDIGO PENAL FEDERAL. Obtenido de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_081119.pdf

2 Policía Federal. (s.f.). La Extorsión. Obtenido de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388352/QUE_ES_LA_EXTORSI_N.pdf

3 De la Calle, L. (febrero de 2019). Economía de la extorsión: Ideas para aprovechar la revolución digital. Obtenido de

https://www.impunidadcero.org/
articulo.php?id=101&t=economia-de-la-extorsion-ideas-para-aprovechar-la-revolucion-digital

4 EXCELSIOR. (21 de diciembre de 2019). Así sería la nueva base de datos para combatir extorsión. Obtenido de https://www.dineroenimagen.com/hacker/asi-seria-la-nueva-base-de-datos- para-combatir-extorsion/117675

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las instituciones de salud estatales y federales a impulsar y fortalecer acciones para prevenir y atender de forma oportuna los padecimientos visuales derivados de la diabetes mellitus, a cargo de la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Isabel Alfaro Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguiente

Consideraciones

En México, el 14 por ciento de los adultos padecen diabetes mellitus. La diabetes por sí misma es una de las principales causas de mortalidad en el país, con aproximadamente 80 mil muertes al año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública.

En el estado de Hidalgo, la diabetes mellitus es la principal causa de mortalidad y ocupa la quinta posición en casos notificados de pacientes con diabetes.

La prevalencia de diabetes por diagnóstico en la entidad es de 8.2 por ciento y de acuerdo con la Coordinación Estatal de Obesidad y Riesgo Cardiovascular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, aproximadamente 24 mil 458 personas fueron diagnosticadas con diabetes en el año 2017.

Dicho padecimiento también da origen a discapacidades severas durante periodos prolongados de tiempo, lo que implica grandes costos económicos y sociales. Las discapacidades visuales son las afecciones más frecuentes originadas por la diabetes y los padecimientos de mayor impacto son la retinopatía diabética y el edema macular diabético. El 30 por ciento de los pacientes con diagnóstico de diabetes cuentan con retinopatía diabética y de ellos, 30 por ciento presenta edema macular diabético y no lo saben.

La retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera en el mundo, pero la primera en personas de edad laboral en países en vías de desarrollo. Este padecimiento es tratable y se puede estabilizar cuando se tiene una detección oportuna.

El edema macular se puede presentar en cualquier etapa de la retinopatía diabética y es la causa más importante de pérdida visual en la población en edad económicamente activa, la cual también es tratable y reversible si se identifica a tiempo.

El estado de Hidalgo se encuentra 3.3 por ciento arriba de la tendencia nacional en cuanto a los casos de retinopatía. En el primer nivel de atención en los servicios de salud de la entidad, se detectó una prevalencia de retinopatía en pacientes diabéticos del 33.3 por ciento.

Ahora bien, tomando en cuenta únicamente los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Hidalgo habitan 106 mil personas con diabetes, si tomamos en cuenta que de éstos 30 por ciento presentará retinopatía diabética.

De acuerdo con las estadísticas nacionales, potencialmente más de 30 mil personas podrían padecer retinopatía diabética y 30 por ciento presentaría edema macular diabético. A ello, habría que añadir los casos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud de Hidalgo y la población atendida bajo el esquema del Seguro Popular.

Si se contara con un esquema integral –preventivo, educativo, con diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento correcto– para este padecimiento, la carga económica a causa de las indemnizaciones y pensiones sería mucho menor.

Es imperante que el Estado mexicano, en sus niveles de gobierno, realice políticas que garanticen la prevención, sin dejar de lado el tratamiento oportuno y adecuado para la población diagnosticada con diabetes.

Dada la gran cantidad de personas que padecen enfermedades de salud visual, es importante concientizar a esta población de los cuidados que debe tener para evitar complicaciones mayores.

Con la aplicación de un tamizaje oftalmológico al momento del diagnóstico de los pacientes con diabetes tipo 2 y hasta los primeros cinco años de que éstos hayan sido diagnosticados con diabetes tipo 1, así como con el fortalecimiento a la atención de la retinopatía y con el acceso oportuno, los costos económicos, sociales y personales se reducirían con un impacto importante.

Actualmente existen tratamientos indicados específicamente para los padecimientos visuales de las personas con diabetes, los cuales no sólo pueden frenar la progresión de las enfermedades, sino que la pueden revertir. Estos son los tratamientos antiangiogénicos, los cuales combaten el problema sin dañar la retina, propiciando una mejora importante en los pacientes.

En México es posible acceder a este tipo de opciones, toda vez que han sido aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y por el Consejo de Salubridad General. Tanto la Secretaría de Salud, como el Seguro Popular y el ISSSTE cuentan ya con tratamientos antiangiogénicos, y en el caso del IMSS, se está realizando un esfuerzo importantísimo para la salud visual a través de los Centros de Excelencia Oftalmológica, mismos que ayudan a un gran número de la población, y con la integración de este tipo de tratamientos, pudiera potenciarse aún más los resultados de estos centros.

Con estos esfuerzos, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben de fortalecer en sinergia sus acciones de políticas públicas que coadyuven a revertir la tendencia al alza de los padecimientos visuales derivados de la diabetes mellitus en todo el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de las Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a impulsar y fortalecer acciones para prevenir y atender de forma oportuna e integral los padecimientos visuales derivados de la diabetes, y así frenar o revertir las discapacidades visuales contando con todas las opciones terapéuticas aprobadas por el Consejo de Salubridad General.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de las Unión, exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Hidalgo, así como a las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a impulsar y fortalecer las acciones para prevenir y atender de forma oportuna e integral los padecimientos visuales derivados de la diabetes, y así frenar o revertir las discapacidades visuales contando con todas las opciones terapéuticas aprobadas por el Consejo de Salubridad General.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada María Isabel Alfaro Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la Administración General de Aduanas a incrementar los montos de la franquicia fiscal en las aduanas y homologarlos, sin importar el lugar de origen o residencia, ante la relevancia económica de la zona fronteriza, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Ricardo Ahued Bardahuil, Administrador General de Aduanas, para que se incrementen los montos de la franquicia fiscal en las aduanas y se homologuen los montos sin importar lugar de origen o residencia, ante la relevancia económica de la zona fronteriza, las proyecciones de incremento poblacional y el respeto a los derechos de la ciudadanía en general, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La relevancia de las zonas fronterizas se sostiene a partir de las relaciones únicas que se entablan con las naciones colindantes. Sean la zona norte o la zona sur de nuestro país, el intercambio político, económico y cultural se vuelve tan influyente que podríamos hablar de “áreas híbridas”, donde cada comunidad se identifica con su propia nación, pero que han dado paso a una cooperación sin igual entre naciones, al mostrar que los lazos comunitarios nacionales no necesariamente están llenos de sentimientos de temor, rechazo o desprecio hacia los otros, sino que siempre se han sostenido mediante ideales de colaboración entre partes debido a problemáticas comunes, las cuales se derivan de una realidad en la que se tiene que compartir un espacio común y existe una codependencia comercial.

Por tal razón, la frontera norte de nuestro país cuenta con un amplio historial de cooperación con el sur de los Estados Unidos durante el siglo XX, donde los beneficios mutuos han caracterizado a las políticas bilaterales entre los diversos niveles de gobierno de ambas naciones, consolidando mercados, creando dinámicas culturales y garantizando la co-creación de bienestar, por medio de instituciones públicas o privadas, a través de políticas públicas o decisiones empresariales, y por medio de los intercambios mencionados, donde los intereses de cada una de las ciudadanías han derivado en el crecimiento conjunto y la creación de dinámicas culturales propias de las fronteras.

Por dar un ejemplo notorio de éxito económico y nexos culturales, la relación entre Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, y Laredo, en el estado de Texas, muestra que las relaciones comerciales y culturales1 han generado trabajo conjunto ante la función que ambas localidades cumplen en relación con el desempeño del comercio exterior de México y los Estados Unidos. Derivado de dichos lazos, los cruces y puentes fronterizos de ambas entidades se han consolidado como los más importantes para sus economías, al ser los de mayor afluencia e intercambio terrestre de mercancías.

En el caso de los Estados Unidos, para 2018 se registró un monto de 740,000,000,000 de dólares2 por concepto de comercio exterior en el estado de Texas, de los cuales 408,000,000,000 de dólares representaban el total de lo comerciado a través de la frontera con México, es decir, el 55.2 por ciento del primer monto mencionado. A su vez, del total comerciado con nuestro país, 234,000,000,000 de dólares fueron a través de la frontera de Laredo y Nuevo Laredo, representando el 57.6 por ciento de los ingresos por tráfico terrestre de mercancías.

Sobre estas cifras, no sorprende que Laredo haya superado a Los Ángeles como el punto de internación más relevante de los Estados Unidos3 en mayo pasado, derivado de la guerra comercial de nuestro país vecino con China, lo que nos posicionó como su mayor socio en el comercio exterior.4

Así, la dependencia y actividad económica de carácter bilateral queda bastante explícita, donde dejar el argumento en cuestiones económicas sería un error, ya que los efectos de tales índices, en sus consecuencias concretas, se reflejan en la vida diaria de la ciudadanía que habita la frontera, quienes, en sus actividades cotidianas, cuentan con lazos comerciales y culturales con las localidades estadounidenses que componen el otro lado de ésta.

Por lo tanto, las actividades diarias de las localidades implican cruces y visitas constantes a ambas partes por motivos variados. Ya sea por intereses de consumo (compras de bienes o alimentos), comerciales (visitas de negocios o transporte de mercancías) o culturales (asistencia a eventos y lugares o visitas por cuestiones de amistad o familia), el flujo se torna incesante ante la codependencia de ambas entidades en tanto colindantes. Igualmente, con una presencia amplia de afluencia, el traspaso de objetos, personales o comerciales, es algo usual, por lo que centrar la atención acerca de las restricciones que hoy en día cuentan los habitantes de la frontera en términos de las franquicias es sumamente relevante al no acotarse a las demandas actuales de nuestra ciudadanía.

De acuerdo a lo estipulado, la franquicia fiscal es el derecho con el que uno cuenta para introducir mercancías adicionales al equipaje personal y al listado de objetos aceptados por persona o vehículo,5 la cual está situada, para introducción por tierra, en 300 dólares en periodos regulares y en 500 dólares durante la vigencia del Programa Paisano (el cual operó del 17 de junio al 19 de agosto de 2019).6 En el caso de la introducción por aire o por mar, el monto se queda en los 500 dólares, sin importar si es periodo regular o extraordinario. La única excepción va enfocada a los residentes de la región fronteriza, quienes todo el año cuentan con la restricción de solamente poder introducir mercancías por tan sólo 150 dólares (la mitad de lo que se puede introducir por tierra en periodo regular y menos de una tercera parte del periodo extraordinario), el cual no tiene beneficio alguno para la población de la zona.

Dicho monto, establecido en 2013,7 está desfasado de acorde a las necesidades culturales (codependencia como región) y los cambios derivados de la inflación ocurrida con el pasar de los años, que en 2013 fue del 3.8 por ciento, en 2014 del 4 por ciento, en 2015 del 2.7 por ciento, en 2016 del 2.8 por ciento, en 2017 del 6 por ciento y en 2018 del 4.9 por ciento.8 Los montos establecidos, en sus motivaciones iniciales, corresponden a la protección y promoción del comercio interior, al igual que evitar cualquier clase de desventaja en relación con la variabilidad de precios que ambos lados de la frontera presentan en sus bienes y servicios.

En su alcance, los montos son tan ínfimos que la preocupación por la introducción de mercancías con objetivos de comercialización tiene una justificación un poco “alarmista”, donde las restricciones ejercidas únicamente merman el bienestar de la ciudadanía, especialmente la fronteriza, al condicionarla en sus libertades sobre su patrimonio y la búsqueda por la satisfacción de necesidades personales y laborales. Las necesidades de introducir mercancías, por otra parte, no solamente corresponden a un beneficio económico, sino que van de la mano con aspectos como necesidades físicas (tecnologías de la salud) o afectivas (como objetos heredados y con una carga emocional grande), dejando en claro que las restricciones empleadas requieren de un reajuste ante los cambios que el presente otorga y el objetivo de mejorar el bienestar de la ciudadanía en general y aquella que habita en la zona fronteriza, vital para la economía nacional.

Sobre esto, considerar el incremento de las franquicias resulta necesario, al igual que nivelar los montos establecidos entre el tipo de medio de ingreso, ya que se excluye a la población fronteriza y se les da un trato diferente al del resto de la ciudadanía en sus derechos como mexicanos.

Igualmente, ante las proyecciones del crecimiento poblacional en las fronteras, derivado de los fenómenos migratorios y la natalidad de la región, se espera que para mediados de la década del 2040 la población de la franja fronteriza se duplique,9 lo que se concatena con el crecimiento del otro lado de la frontera y que obliga a repensar las normatividades enfocadas a ésta relación bilateral que tenemos con las localidades estadounidenses, dando paso a mayor afluencia en el tráfico entre países y dejando en claro que las prácticas comerciales se seguirán sosteniendo, incrementando con las dinámicas poblacionales y dejando en claro que las restricciones de esta clase únicamente perjudican al ciudadano promedio, el cual no cuenta con los grandes beneficios que las grandes empresas nacionales e internacionales sacan de los tratados de libre comercio que nuestro país firma y justifica a partir del bienestar general de la población.

Así, pugnar por un incremento de la Franquicia a 500 dólares, al igual que homologarla, es la respuesta pertinente como medida inicial para darle tratamiento a la cuestión, la cual debería devenir en un replanteamiento de la definición de estos montos, donde una tasa fija no es garantía de beneficio, donde el juicio último recae en el “expertise” de las autoridades involucradas para el establecimiento de estas cuotas.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Ricardo Ahued Bardahuil, Administrador General de Aduanas, para que se incrementen los montos de la Franquicia Fiscal en las aduanas a una cantidad generalizada de 500 dólares, ante la relevancia económica de la zona fronteriza, las proyecciones de incremento poblacional y el respeto a los derechos de la ciudadanía en general.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Ricardo Ahued Bardahuil, Administrador General de Aduanas, para que se homologuen los montos sin importar lugar de origen o residencia, ante la relevancia económica de la zona fronteriza, las proyecciones de incremento poblacional y el respeto a los derechos de la ciudadanía en general.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Ricardo Ahued Bardahuil, Administrador General de Aduanas, para que se replanteen los criterios de definición de los montos de las Franquicias Fiscales en las aduanas, ante la variabilidad de las divisas, el poder adquisitivo y las necesidades fiscales de nuestra nación.

Notas

1 Lorena Ríos. (2019). Cities Laredo And Nuevo Laredo Maintain Close Relationship Despite Border Separation, 2 de diciembre de 2019, de National Public. Radio Sitio web:

https://www.npr.org/2019/02/23/697297565/
cities-laredo-and-nuevo-laredo-maintain-close-relationship-despite-border-separa

2 Glenn Hegar. (2019). Port of Entry: Laredo, 2 de diciembre de 2019, de Texas Comptroller of Public Accounts. Sitio web: https://comptroller.texas.gov/economy/economic-data/ports/laredo.php

3 Javier Amieva. (2019). Supera Laredo a Los Ángeles como el puerto comercial más grande en EU, 2 de diciembre de 2019, de El Financiero. Sitio web:

https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/supera-laredo- a-los-angeles-como-el-puerto-comercial-mas-grande-en-eu

4 Reynaldo Leaños Jr. (2019). Laredo, Texas, Now No. 1 U.S. Trade Hub, Braces For Trump’s Mexico Tariffs, 2 de diciembre de 2019, de National Public Radio. Sitio web:

https://www.npr.org/2019/06/01/728954514/as-trump-tariff s-threat-looms-mexico-trade-city-prepares-for-importer-influx

5 Instituto Nacional de Migración. (2019). Bienvenido a casa, Paisano, 2 de diciembre de 2019, de Secretaría de Gobernación. Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447402/Gu ia_paisano.pdf

6 Servicio de Administración Tributaria. (2019). El SAT informa los beneficios del programa Bienvenido a México, 2 de diciembre de 2019, de Servicio de Administración Tributaria. Sitio web: https://www.gob.mx/sat/prensa/el-sat-informa-los-beneficios-del-program a-bienvenido-a-mexico-031-2019-204973

7 Servicio de Administración Tributaria. (2013). SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013, 2 de diciembre de 2019, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324394&fe cha=04/12/2013

8 Banco Mundial. (2019). Inflación, precios al consumidor (% anual) – Mexico, 2 de diciembre de 2019, de Banco Mundial. Sitio web:

https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG? end=2018&locations=MX&start=2013

9 Rosalina Nieves. (2017). Estos son los lugares por los que miles de personas cruzan a pie legalmente la frontera entre México y EE.UU., 2 de diciembre de 2019, de CNN. Sitio web:

https://cnnespanol.cnn.com/2017/06/02/estos-son-los-luga res-por-los-que-miles-de-personas-cruzan-a-pie-la-frontera-entre-mexico -y-ee-uu/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a formular e implantar por la Ssa una estrategia integral para prevenir y atender el cáncer de próstata que padece un sector importante de la población, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes:

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud es un derecho fundamental y uno de los instrumentos necesarios para la protección y bienestar de las personas. Elemento que en todo momento debe de incluir el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de calidad suficiente.1

No obstante, millones de personas a escala mundial padecen enfermedades terribles como el cáncer, que atenta contra su salud y bienestar general. Para poner en su justa dimensión esta problemática, basta señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la segunda causa de muerte ya que se estima que alrededor de una de cada seis muertes obedece a tal enfermedad.

En 2018 se registraron 9.6 millones de muertes por cáncer, de las cuales cerca del 70 por ciento ocurrieron en países de ingresos bajos y medio.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la Región de las Américas, el cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que 3.8 millones de personas fueron diagnosticadas y 1.4 millones murieron por dicha enfermedad.2

Es importante mencionar que, dentro de los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia entre los hombres, se encuentra el de próstata (21.7 por ciento), seguido por el de pulmón (9.5 por ciento), colorrectal (8 por ciento), vejiga (4.6 por ciento) y estómago (2.9 por ciento), principalmente.

México no escapa a las graves consecuencias de esta enfermedad. Se diagnostican 191 mil casos de cáncer al año, de los cuales 84 mil fallecen. Estas cifras lo ubican como la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica.

El cáncer más frecuente es el de mama, con 27 mil 500 casos por año; seguido del de próstata con 25 mil; colon, 15 mil; tiroides, 12 mil; cervicouterino, 7 mil 870; y de pulmón con 7 mil 810. El cáncer de mama ocasiona 7 mil defunciones al año, el de próstata 6 mil 900; colon, 7 mil; tiroides, 900; cervicouterino, 4 mil; y pulmón, 6 mil 700.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más mortífero entre los hombres (9.8 muertes por cada 100 mil hombres).3

Según datos de Mortalidad del Inegi, en 2017 las defunciones en hombres alcanzaron la cifra de 394,322, las principales causas fueron las enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus. Dentro del total de los tumores malignos, que ascendieron a 41,088, el de próstata fue el que más decesos ocasionó, con un 6,676. De dicho total, 89 por ciento se dieron en hombres de 65 años y más.

Conforme a la revista Consumer Eroski, revista española sobre temas de consumo, a partir de los 40 años el hombre pueden tener problemas prostáticos; a los 50 años más de la mitad presentan síntomas y por encima de los 80 afectan al 90 por ciento.

Conforme a la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, A.C., la próstata es un órgano exclusivo de los varones cuya función principal es la aportación de nutrientes para los espermatozoides formando parte del líquido seminal (semen).

La próstata presenta dos tipos de crecimiento: uno fisiológico que es parte de la maduración de dicho órgano, el cual se presenta durante la pubertad o juventud temprana, y otro que es de tipo degenerativo el cual se da después de los 45 años y que es el causante de trastornos urinarios o motivo de enfermedad de dicho órgano. El crecimiento de la próstata puede ser de dos tipos, Benigno: conocido como Hiperplasia Prostática o maligno como lo es el Cáncer Prostático.

Las enfermedades más frecuentes que pueden afectar la próstata, son las siguientes:

Prostatitis: Es cuando la próstata puede inflamarse secundario a un proceso infeccioso y se puede presentar por infecciones de transmisión sexual o infecciones urinarias. Tiene curación, pero amerita tratamiento a largo plazo. Su complicación mayor es el desarrollo de un absceso (colección de pus) en la próstata.

Prostatodinia: No tiene un principio infeccioso sino irritativo generado por diversos factores inmunológicos, hormonales y humorales, produce los mismos síntomas que la prostatitis, tiene curación, pero amerita de tratamientos prolongados. El factor estrés es importante en quienes lo padecen.

Hiperplasia prostática (HPB): Es el tumor causante en la mayoría de los casos de los molestos síntomas miccionales (prostatismos) que se presentan después de los 40 años. Estos síntomas, conforme va avanzando la enfermedad se van empeorando en intensidad y frecuencia pudiendo llegar a la imposibilidad de orinar lo que se conoce como retención urinaria, puede causar daño en la función renal y producir piedras en la vía urinaria por la obstrucción urinaria o sangrado urinario.

Cáncer de próstata: Es uno de los tres cánceres más frecuentes y causa de muerte en varones. Se presenta generalmente después de los 50 años y su detección oportuna permite lograr su curación, ya sea por medio de cirugía o en algún otro tipo de procedimiento. La falta de información adecuada y las actitudes machistas impiden que se pueda curar a la gran mayoría de los pacientes que lo padecen, ya que no acuden con el urólogo a un chequeo rutinario después de los 40 años.4

Solo el 10 por ciento de todos los tumores están asociados al factor hereditario y dentro de esta categoría se encuentran el cáncer de mama, de próstata, colon y cuerpo uterino (endometrio).

El programa OPUS para detección de cáncer de próstata, ha logrado detectar 40 por ciento de casos en etapa temprana.

De acuerdo con especialistas, la detección oportuna de cáncer de próstata permite la curación. Los síntomas de crecimiento prostático o inflamación de la próstata y el número e intensidad de los mismos dependerá del grado de avance de la enfermedad, lo que se clasifican en signos y síntomas irritativos y obstructivos entre los que se encuentra: disminución de la fuerza y calibre del chorro urinario; pujar o hacer fuerzas para orinar; goteo frecuente al terminar de orinar; chorro intermitente o “entrecortado” presencia de pausas de micción, “no orinar de corrido”; sensación de vaciamiento incompleto de vejiga; urgencia urinaria “deseos inminente de orinar que es difícil de controlar”; y orinar por rebosamiento “seudo incontinencia urinaria”; retención Urinaria, “no poder orinar”.

La carga del cáncer se puede reducir mediante la implementación de estrategias basadas en la evidencia para su prevención, tamizaje, detección temprana, tratamiento y también para mejorar el acceso a los cuidados paliativos. En este sentido la OMS y la OPS, señalan que los factores de riesgo modificables más comunes para el cáncer, son compartidos con los de otras enfermedades no transmisibles, e incluyen: el consumo de tabaco, baja ingesta de frutas y verduras, el uso nocivo del alcohol y la falta de actividad física.

El pasado 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer, bajo el lema “Yo soy y voy a”, a través del cual se hace un llamado al mundo, a nivel colectivo e individual, para fortalecer las acciones dirigidas a reducir el impacto del cáncer, lo cual puede lograrse mediante la reducción de los factores de riesgo para el cáncer, impulsando el tamizaje y detección en etapas tempranas y la mejora en el acceso al diagnóstico, tratamiento adecuado y cuidados paliativos.

El 11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad e informar de la importancia del diagnóstico precoz y de los recursos y posibilidades para su tratamiento.

Como se mencionó, el cáncer de próstata representa el tipo de cáncer más comúnmente diagnosticado en hombres, por delante del cáncer de pulmón y el colorrectal. Para su prevención es fundamental el diagnóstico precoz para poder tratarla en su estado inicial. Para tal fin, se recomienda realizar pruebas de cribado a partir de los 45-50 años, sobre todo, si existen antecedentes familiares. Dichas pruebas consisten en un análisis de sangre para medir el nivel de PSA (antígeno prostático específico) y la realización de un tacto rectal. En caso de que se observe alguna anormalidad, se debe proceder a la realización de pruebas diagnósticas de confirmación.

El tratamiento de la próstata dependerá del tipo de enfermedad que presente y su grado de avance. Aplicar medidas generales como evitar agentes que causen inflamación en dicho órgano, el tener una adecuada ingesta de líquidos y el uso de medicamentos específicos o la realización de cirugías son las alternativas de tratamiento.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud, formule e implemente una estrategia integral para la prevención y atención del cáncer de próstata que padece un sector importante de la población, debido el incremento sostenido de esta enfermedad, en perjuicio de su salud y calidad de vida.

Notas

1 https://www.who.int/es

2https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15687:world-cancer-day-2020-i-am-and-i-will&I temid=39809&lang=es

3 https://www.gob.mx/profeco/documentos/cuida-tu-prostata-y-regalate-vida

4 https://www.smu.mx/Pacientes.php

Dado en el Palacio Legislativo, sede de la Cámara de Diputados, a 11 de febrero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales y del estado de México a implantar políticas públicas eficientes y evaluables en el corto, mediano y largo plazos para sanear el río Lerma y frenar los efectos ambientales, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada María Teresa Marú Mejía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo 6, numeral 1, fracción I y VIII; artículo 76, numeral 1, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la directora de la Comisión Nacional del Agua, doctora Blanca Jiménez Cisneros; al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Víctor Manuel Toledo Mazur; al secretario de Salud doctor Javier Tapia Vega, todos los citados del gobierno federal; al director de la Comisión de Agua del estado de México, licenciado Alfredo Pérez Guzmán; a los ayuntamientos de Almoloya del Río, San Antonio la Isla, Santiago Tianguistenco, Texcayacac, Atizapán de Santa Cruz, Capulhuac, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Toluca, Otzolotepec, Temoaya, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo, del estado de México; y los municipios restantes de la república mexicana, por donde pasa el caudal del río Lerma, para que implementen políticas públicas eficientes y evaluables a corto, mediano y largo plazo, para el saneamiento del río Lerma y frenar los impactos medioambientales y los riesgos a la salud, que representa el alto grado de contaminación de dicho caudal hídrico, en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en la materia, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El río Lerma, nace en el municipio de Almoloya del Río y cruza por San Antonio la Isla, Santiago Tianguistenco, Texcalyacac, Atizapán de Santa Cruz, Capulhuac, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Toluca, Otzolotepec, Temoaya, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo. Este cuerpo hídrico se origina en los manantiales de Almoloya del Río, en el Estado de México, atraviesa hacia el noroeste del Valle de Toluca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y desagua en el lago de Chapala en Jalisco.

Desde un punto de vista histórico el río Lerma resulta fundamental, puesto que fue la ruta que siguió la tribu nahuatlaca, para llegar al Valle de México. Las leyendas sobre el origen de esta tribu nos ubican en un lugar de tierra colorada, que pudiera ser el valle inferior del río Colorado. Lo cierto es que se asentaron en Aztatlán o Aztlán, que significa “lugar de garzas” o “Lugar de la blancura”. Su localización exacta es desconocida, pero según algunos estudiosos, es posible que el lugar esté localizado en una laguna situada en la desembocadura del río San Pedro, en Mexcatitlán, Nayarit. La leyenda señala que salieron del “lugar de las garzas”, por mandato divino de Huitzilopochtli, quien les indicó que encontrarían un lugar mejor en donde estuviera un águila devorando una serpiente, posando sobre un nopal. Se cree que salieron de Aztlán entre el año 890 y el 1111, para emprender su migración hacia el Sur, en búsqueda de la señal. Vagaron durante años, según cuenta la leyenda, en búsqueda de la señal en donde debían fundar su ciudad, peregrinaron durante siete siglos.

Se cree que pasaron por los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y el actual estado de México, en un recorrido de norte a sur; es altamente probable que siguieran el caudal del río Lerma, que desemboca en la Laguna de Chapala y nace en Almoloya del Río en el Estado de México. Lo anterior es muy sencillo de deducir puesto que fueron esencialmente pescadores y cazadores y el río les ofreció el sustento alimenticio y de agua para sobrevivir. También tenemos que considerar que Nayarit, lugar de donde provenían, está cerca del hoy estado de Jalisco, en donde se ubica la laguna de Chapala. En el Códice conocido como la Tira de la Peregrinación, en el cual se dibuja parte de la mítica peregrinación, en uno de los gráficos finales se aprecia un cerro con un chapulín dibujado en la parte de arriba, lo que nos indican que llegaron al actual cerro de Chapultepec, provenientes del Valle de Toluca.

Pero la mayor importancia del río Lerma y la cuenca del mismo nombre, estriba en que es un recurso natural básico para las actividades humanas, y también en que sirve como fuente de energía eléctrica que surte a la ciudad de México y también provee agua potable por un acueducto que atraviesa la sierra de las Cruces, Por otra parte, se utiliza para riego de los cultivos de las zonas agrícolas situadas en sus márgenes. Como ejemplo, la zona maicera del norte del estado de México, Querétaro y el Valle de Santiago en el estado de Guanajuato, el cual ocupa un lugar importante dentro de las zonas agrícolas del país.

En Lerma, San Mateo Atenco, Toluca y sus alrededores, el río Lerma es sinónimo de mal olor y contaminación. Hace algunas décadas, antes de que comenzara la migración capitalina a Toluca, el río Lerma era uno de los lugares para visitar durante fines de semana. La gente caminaba a orillas del río mientras disfrutaba del paisaje de árboles llorones y de la flora que incluía patos mexicanos, ajolotes, polla acuática y charales que eran pescados por los lugareños. En la actualidad tiene todo tipo de desechos en el río: llantas, pañales, garrafones de agua, juguetes viejos y grandes cantidades de PET. A pesar de haber mucho desperdicio material, lo más preocupante es el desperdicio que no se puede ver, pero sí oler. Lo anterior supone que la contaminación es esencialmente proveniente de las descargas provenientes de las industrias asentadas en la zona y de las descargas de drenajes de los municipios aledaños al río, que vierten sus descargas sin tratamiento alguno.

En nota publicada por el periódico Milenio en 2007, ambientalistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaran que el río Lerma es una cloaca que está biológicamente muerto.

“Ambientalistas de la UNAM lo describen como una cloaca enorme y maloliente y sin posibilidades de sanear... No hay oxígeno a lo largo de los primeros 15 kilómetros del río Lerma que cruza el Estado de México”.

La Cuenca Alta de río Lerma es la zona con mayor desarrollo económico del país. Se localizan alrededor de 2 mil 500 industrias.

Existe contaminación de todo el afluente. Un diagnóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), muestra que, del total de kilómetros del curso del afluente, un “cero por ciento, no está contaminado”, es decir, presenta diferentes grados de suciedad, entre residuos tóxicos industriales y domésticos.

Reducción de acuíferos. Por la sobreexplotación de los mantos friáticos para abastecer a la Ciudad de México. Antes podía localizarse el agua a una profundidad de 10 metros, hoy se tienen que perforar pozos de hasta 160 y 200 metros de profundidad”.1

En un informe del 2014 de la ONG internacional ambientalista Greenpeace , no sólo lo señala como contaminado sino tóxico para la población por la presencia de metales pesados, cito parte de dicho informe: “En ambos ríos (Lerma y Atoyac) se encontraron metales pesados: cadmio y cromo . Ambos metales tienen la calificación más alta en la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC). Los metales pesados representan un riesgo para la salud por su alta toxicidad y que la mayoría están clasificados como cancerígenos o probables cancerígenos para los seres humanos.

Presencia de compuestos orgánicos volátiles y semi-volátiles:

Se detectaron 51 compuestos orgánicos volátiles (COV) y semi-volátiles (sCOV ), algunos de los cuales son clasificados como potencialmente cancerígenos para vertebrados y probables cancerígenos para humanos . La mayoría de las sustancias presentes en las muestras son consideradas disruptores hormonales , es decir, que tienen efectos directos sobre el sistema endócrino y en la reproducción . Lo anterior los hace potencialmente riesgosos ya que por sus propiedades fisicoquímicas son fácilmente dispersados en el aire y en consecuencia el riesgo de exposición es alto”.2

El problema ambiental toma dimensiones de gravedad cuando amenaza la salud pública de los pobladores que viven cercanos a los márgenes del río y aún de aquellos consumidores de productos que son regados con aguas del contaminado río. Enfermedades gastrointestinales, dermatitis y conjuntivitis son los principales padecimientos a los que están expuestos los menores de edad y adultos mayores. La problemática aumenta durante la temporada de lluvias, debido a los desbordamientos de aguas negras. Actualmente estamos en esa temporada y al parecer el periodo de lluvias estará cargado de grandes cantidades de agua que ponen en riesgo latente a la población del desbordamiento y la consecuente contaminación con el agua que se vierta de los caudales del río.

Laura Velásquez a escrito sobre los problemas de cáncer en niños que viven cerca del río Lerma:

“Datos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), señalan que el índice de niños que enfrentan algún cáncer se presenta con mayor frecuencia en municipios que colindan con el río Lerma, el número de casos diagnosticados entre niños ha ido en incremento, derivado de diversas condiciones, entre ellas la alimentación y en el caso del Valle de Toluca, la cercanía con los agentes patógenos del río, por lo que han detectado “focos rojos”, y aunque, si bien la enfermedad es un fenómeno multifactorial, tiene mayor incidencia entre pequeños de entre cinco y nueve años de edad, principalmente en varones y en su variedad de leucemia, que representa 60 por ciento de los cánceres infantiles.”

A decir de la Especialista en Oncología Pediátrica adscrita al Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), Norma Araceli López Facundo, los casos de cáncer pediátrico han aumentado en los últimos años, ya que, del total de estos, el 40 por ciento corresponden a cáncer por factores ambientales y han detectado que son casos de niños que viven en las cercanías de los canales de aguas negras en el río Lerma.

“Está comprobado el papel que juegan los contaminantes ambientales, en el riesgo de algún tipo de cáncer sobre todo de la sangre, sobre todo con cáncer pediátrico”, señaló.3

Incidencia de cáncer

El profesor investigador del Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol), Pedro Ávila Pérez, indicó que a bajas concentraciones de contaminantes hay riesgo de que se incremente la incidencia normal de cáncer con la población, pero, todos los cánceres tienen un nivel de incidencia normal, sin embargo, cuando éstas se exponen a concentraciones de contaminantes ambientales que pueden ser en el agua o en el aire, lo que ocurre es que de repente se incrementa esa tasa normal.

El experto, ejemplificó que, si la tasa normal de incidencia de cáncer de próstata es de 8 individuos por cada millón de habitantes, cuando los niveles de contaminación aumentan, en relación con cáncer, en lugar de ser 8 el número de casos, estos pueden aumentar a 9, 10, 11 y esa es la tasa de incidencia que incrementa, dijo.

Dado este contexto, el investigador del Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol), precisó que sin ser un factor cien por ciento total, el aumento en el número de casos pueden ocurrir justamente a problemas de exposición de contaminantes, sin embargo, el hecho de que se propicien meramente en las comunidades cercanas al río Lerma y que tengan una relación causal ya sea por realizar alguna actividad cerca de ahí, que se alimenten con vegetales o animales que toman de las aguas del río Lerma o que hayan estado expuestos a la contaminación, aún no es totalmente comprobable.

Principal problema del Río Lerma

El también Doctor en Ingeniería Ambiental, señaló que el principal problema del río Lerma es la contaminación del tipo orgánica, aguas residuales sin tratar de las ciudades urbanas y las que se producen en casa, por lo que mencionó que se tendría que analizar si el aumento de los casos se da o no ante una relación causal a la contaminación de este río.

Externó que, aunque la contaminación de este espacio tiene mucho tiempo, la solución es sencilla para erradicar el problema, el cual, radica en que todas las descargas que provienen de las ciudades y que se dirigen al río Lerma, se traten completamente, “ya que no todas las aguas residuales se están tratando”.

Calculó que aproximadamente, solo el 40 por ciento de las aguas residuales que se descargan a este espacio hídrico se tratan y añadió que desafortunadamente, el 60 por ciento de las industrias también están descargando sus aguas residuales sin tratamiento alguno, sobre todo las micro y pequeñas empresas, ya que las grandes tienen sus propios sistemas de tratamiento.

También resulta importante señalar que las presas, represas, bordos y demás vasos de almacenamientos de agua, que forman parte de la cuenca del Lerma, también son contaminados con descargas ilegales con la entera complacencia de autoridades federales, estatales y municipales; tal es el caso de lugar conocido como las presa Santa Elena en la comunidad de los Reyes en Jocotitlán, estado de México, - municipio al cual represento - y en donde las descargas de drenaje de tres comunidades: Los Javieres y Los Reyes, han contaminado las aguas de dicho vaso receptor de agua y a pesar de esta contaminación, en tiempo de riego utilizan estas aguas para riego de parcelas, se cultivan peces que se comen y comercializan por los lugareños con los riesgos que implican para la salud.

Aunque la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEMARNAT-1996, NOM-002. SEMARNAT-1996 Y LA NOM-003-SEMARNAT-1997, establecen límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, la verdad es que aún no han logrado las autoridades en su conjunto que todas las aguas residuales se traten y con esto hacer respetar la norma. Tanto descargas de drenajes como de las industrias y comercios impunemente siguen cometiendo el ecocidio sin que las autoridades de los diversos niveles hagan respetar las normas vigentes por lo que puede presumirse de manera fundada que la impunidad tenga su origen en otros vicios mayores.

Es oportuno señalar que año con año desde hace décadas se destinan recursos federales, estatales y municipales con el propósito de lograr el saneamiento de dicho Río Lerma, pero la mejoría no se ha hecho evidente, por lo que con toda seguridad no han tenido una aplicación adecuada, lo cual también sería importante su revisión.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta a la directora de la Comisión Nacional del Agua, doctora Blanca Jiménez Cisneros; al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Víctor Manuel Toledo Mazur; al secretario de Salud doctor Javier Tapia Vega, los citados anteriormente, del gobierno federal; al director de la Comisión de Agua del estado de México, licenciado Alfredo Pérez Guzmán; a los ayuntamientos de Almoloya del Río, San Antonio la Isla, Santiago Tianguistenco, Texcayacac, Atizapán de Santa Cruz, Capulhuac, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Toluca, Otzolotepec, Temoaya, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo, del estado de México; y los municipios restantes de la República Mexicana, por donde pasa el caudal del río Lerma, para que implementen políticas públicas eficientes y evaluables a corto, mediano y largo plazo, para el saneamiento del río Lerma y frenar los impactos medioambientales y los riesgos a la salud, que representa el alto grado de contaminación de dicho caudal hídrico, en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en la materia y procedan a realizar una revisión de todos aquellos casos en los que se está violentando la normatividad en perjuicio del referido río y como consecuencia de ello del medio ambiente y de las personas, y procedan conforme lo disponen las leyes para sancionar a los responsables.

Segundo. Se solicite a todas las autoridades citadas, las acciones que han realizado las dependencias a su cargo, en el saneamiento del multicitado río Lerma, durante los 6 años anteriores a la fecha. así mismo en caso de haber recibido recursos para tal fin, informe los montos y las acciones en que se gastaron dichos recursos.

Notas

1 Periódico Milenio, 2017.

2 Greenpeace, 2014.

3 Velásquez, Laura. Río Lerma, fuente de contaminación y enfermedades. periódico El Heraldo. Martes, julio 30, 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero del 2020.

Diputada María Teresa Marú Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a revisar un probable conflicto de interés entre el magistrado Francisco José Huber Olea Contró, su hermano Jean Paul Huber Olea Contró y el demandante del académico Sergio Aguayo Quezada, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México a revisar un probable conflicto de interés entre el magistrado Francisco José Huber Olea Contró, su hermano Jean Paul Huber Oléa Contró y el demandante del académico Sergio Aguayo Quezada.

Consideraciones

Fortalecer la impartición de justicia en nuestro país a través de la transparencia, la rendición de cuentas y un diseño institucional orientado a desterrar la impunidad, los conflictos de interés y la corrupción ha sido una de las aspiraciones más coincidentes entre la sociedad civil, la academia y la representación popular a lo largo de los últimos 25 años.

Derivado de esa aspiración se han hecho una gran cantidad de esfuerzos en el ámbito local y en la esfera federal y se han generado avances de distintos símbolos y alcances, desde la reforma al Poder Judicial Federal, legislada en 1995, con la que se creó el Consejo de la Judicatura Federal, entre otras modificaciones, hasta los esfuerzos en la presente legislatura por establecer un marco de paridad de género en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el camino de dichos avances, se han generado reformas para corregir y ajustar los mecanismos, se han impulsado instituciones como los consejos de la judicatura locales que han surgido en casi todas las entidades federativas, se han mejorado los presupuestos de gasto para la justicia federal y se han desarrollado avances importantes en la profesionalización, tanto local como federal, de los servidores públicos de la judicatura.

Desafortunadamente todos estos avances no han sido suficientes y aún hay mucho que mejorar en los planos locales y federal. Sin embargo, uno de los ámbitos que indiscutiblemente han evolucionado en alguna medida es la implementación de la información pública, vertida en medios de comunicación, sobre actores de los poderes judiciales locales y federales, para que la sociedad civil, la academia y otros actores políticos puedan señalar posibles irregularidades, conflictos de interés, probables actos deshonestos, ejemplos de ilegalismos1 y áreas de mejora en general.

En esta tesitura, en los últimos meses hemos seguido el caso del académico Sergio Aguayo Quezada quien ha sido sentenciado por tribunales locales por una denuncia relacionada con un presunto acto difamatorio. Este caso es importante, entre otras cosas, por plantear un debate en el que convergen elementos presentes en nuestro estado de injusticia como la impunidad, la corrupción y la protección del individuo, la libertad de expresión, el interés general o la fama pública de los individuos.

Derivado de todo lo anterior, de la relevancia pública de los actores involucrados en la citada demanda y considerando que resulta importante para la nación poder definir en el plano de la justicia federal el debate que surgió de la justicia local, del cual se derivarán o confirmarán parámetros de comportamiento y libertades para nuestra república, resulta imperativo generar la mayor certidumbre posible y propiciar la mayor transparencia que las instituciones puedan ofrecer.

En este sentido, el magistrado autor de la sentencia referida ha dado respuestas a entrevistas solicitadas en las que se ha hecho pública su identidad como Francisco José Huber Olea Contró, tal y como aparece en la carta publicada por el periodista Federico Arreola en el medio electrónico SDP,2 el 4 de febrero de 2020. Ello podría ser relativamente irrelevante si no existiera información en medios de comunicación que señala un probable conflicto de interés en el hermano del magistrado, Jean Paul Huber Olea Contró, quien aparentemente era colaborador o prestador de servicios jurídicos del exgobernador coahuilense y, siendo originario de la Ciudad de México, se convirtió en notario en Coahuila durante la administración del gobernador inmiscuido en este asunto jurídico de acuerdo con lo que consigna el portal Aristegui Noticias.3

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a revisar la actuación del magistrado Francisco José Huber Olea Contró en el caso relacionado con el académico Sergio Aguayo Quezada ante un posible conflicto de interés derivado de la relación jurídica que en los últimos años tuvo el hermano del magistrado, Jean Paul Huber Olea Contró, con Humberto Moreira, exgobernador del estado de Coahuila y demandante en el caso contra Aguayo Quezada.

Notas

1 Término acuñado por Michel Foucault para designar a acciones éticamente reprobables, pero legalmente aceptables a partir de desarrollarse en la frontera de la ley y la ilegalidad.

2 Disponible en: https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-sergio-aguayo-lib ertad-de-expresion-magistrado-huber-corte.html

3 Disponible en https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/
nepotismo-y-conflictos-de-interes-acusaciones-contra-magistrados-que-favorecieron-a-moreira-en-demanda-contra-aguayo/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade y la SEP a informar sobre la fecha de entrega del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Ernesto Vargas Contreras, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Conade es un organismo descentralizado de la administración pública federal conductor de la política nacional en materia de cultura física y el deporte, contando con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Como organismo descentralizado desarrolla sus atribuciones de conformidad con el marco establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte, su Reglamento y Estatuto Orgánico, aplicando también el acuerdo por medio del cual el organismo descentralizado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte queda agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública.

Adicionalmente, como entidad de la administración pública federal, toma como base normativa la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, lo cual permite el adecuado desarrollo de la política nacional en materia de cultura física y deporte, así como el vínculo y el desarrollo ordenado de acciones por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal en relación con dichas materias.

De la misma manera, es importante tomar en consideración la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental para el ejercicio, control y evaluación del gasto público federal.

Asimismo, al formar parte de la administración pública federal, la Conade también tiene que respetar lo establecido en la Ley de Planeación que es el conjunto de normas de orden público e interés social, que tiene por objeto establecer los principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación nacional de desarrollo, y encauzar en función de ésta, las actividades de la administración pública federal.

Esta ley contiene las bases de integración y funcionamiento del sistema nacional de planeación, necesarios para que el Ejecutivo federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, y de esta manera se promueva y garantice la participación democrática de los diversos grupos sociales en la elaboración del plan y los programas; logrando que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades señaladas en ellos.

De la Ley de Planeación, se desprende la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento en el que el gobierno de México explica cuáles son sus objetivos prioritarios durante un sexenio.

En este sentido, es importante destacar lo contenido en el artículo 22 de la Ley de Planeación, que establece lo siguiente:

Artículo 22.- El plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados conforme a este capítulo, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes o que determine el presidente de la República posteriormente.

Estos programas observarán congruencia con el plan, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor.

Como se observa, el Plan Nacional de Desarrollo debe de indicar cuales son los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se deben de elaborar conforme lo establecido en las leyes o por determinación del Ejecutivo.

Para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2019, se contempla en el anexo V.2 denominado “Programas derivados del PND 2019-2024”, los programas que habrán de elaborarse, dentro de los cuales se incluye el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte.

Ahora bien, la importancia de los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo, se enmarca en lo que establece el artículo 23 de la Ley de Planeación, que a la letra dice:

Artículo 23.- Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán, asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución.

Por otro lado, el artículo 24 de la multicitada ley señala que los programas institucionales y sectoriales, además de sujetarse a la propia ley, deberán observar las disposiciones que regulen su organización y funcionamiento. En este caso, a lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo 24. Los programas institucionales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en el programa sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales, se ajustarán a lo previsto en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto, en lo conducente, por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y, en su caso, por las disposiciones que regulen su organización y funcionamiento.

Lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto en el artículo 9 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que establece lo siguiente:

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte, considerando las disposiciones previstas en la presente Ley y su Reglamento.

El Ejecutivo federal a través de Conade procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, los objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el deber de las dependencias y entidades de la administración pública federal en relación con la cultura física y el deporte.

La Conade, en coordinación con la SEP, integrará el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal, debiendo contener al menos:

I. Una clara definición de objetivos y metas;

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el aprovechamiento de los recursos públicos y privados;

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad deportiva nacional, y

IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión pública de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución; así como, su rendición de cuentas.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se adoptarán las acciones y estrategias pertinentes, se dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar y se formularán los planes operativos anuales que garanticen su ejecución.

Asimismo, el artículo 10, 30 y 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, hacen alusión al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte en los siguientes términos:

Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del deporte en todas sus manifestaciones existirá un Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte que tendrá como objeto asesorar en la elaboración del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, coordinar, dar seguimiento permanente y evaluar los programas, acciones y procedimientos que formen parte de la ejecución de las políticas públicas para promover, fomentar y estimular la cultura física y la práctica del deporte, tomando en consideración el desarrollo de la estructura e infraestructura deportiva y de los recursos humanos y financieros vinculados a la cultura física y al deporte en el país.

Artículo 30. La Conade tiene las siguientes atribuciones:

I. a III. ...

IV. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte;

Artículo 55. Las Asociaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo federal, deberán estar registradas como tales por la Conade, cumplir con lo previsto en la presente ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se les imponga como integrantes del Sinade y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria, incluyendo el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente expida la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como las reglas de operación correspondientes.

Con lo anterior, se hace notoria la obligación que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en Coordinación con la Secretaría de Educación Pública, tiene de elaborar con base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte.

Sin embargo, a más de un año de haber asumido las funciones que por ley le corresponden, la actual administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, no ha presentado su programa nacional, ni tampoco ha dado alguna fecha posible de entrega o siquiera si hay avances en cuanto a su construcción.

Esto representa un grave problema para el deporte nacional, pues como se ha visto, este programa sirve para definir las acciones que serán prioritarias para el desarrollo de la cultura física y deporte en el sexenio, así como para especificar las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados.

En consecuencia, el deporte mexicano se desarrolla sin una estrategia, sin objetivos, sin metas y sin un diagnóstico de la situación actual, lo que hace más que imposible superar los problemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años.

Aunado a lo anterior, nos encontramos con que la no presentación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, representa una clara violación al artículo 30 de la Ley de Planeación, ya que este señala lo siguiente:

Artículo 30.- Los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, en los plazos previstos por las disposiciones que al efecto emita el Ejecutivo federal. En el caso de los programas sectoriales y los especiales que determine el Ejecutivo federal, deberán publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del plan.

Como se observa, el artículo citado otorga un plazo máximo de seis meses posteriores a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo, para publicar los programas sectoriales, es decir, en el caso del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte existe un desfase legal, ya que se debió haber presentado el pasado mes de enero, dado que el plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019.

Por lo anterior, para Encuentro Social es urgente tomar medidas en favor de los atletas y deportistas mexicanos, es verdad que el problema deportivo en México existe desde hace muchos años, no es un problema reciente, pero la actual estructura, marco legal y sistema de las federaciones abre las puertas a la corrupción, malos manejos, actos autoritarios y por ende negligencia, injusticias deportivas, falta de recursos y otros males, que ya de por sí son difíciles de resolver, pero sin una planeación, sin una estrategia y sin un Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, se entrevé imposible.

Se necesita una estrategia que encause y de orden a la cultura física y al deporte en México, de otra forma el deporte nacional se seguirá viendo tristemente desgastado por los problemas administrativos y la falta de visión de las autoridades deportivas, se seguirá viendo saqueado por las personas que contribuyen a éste sistema ineficaz.

Para Encuentro Social es muy importante poner el tema sobre la mesa para que todos desde nuestros distintos campos de acción, pongamos nuestro granito de arena, para hacer que el deporte de nuestro país salga de ese letargo en el que se encuentra y también y quizá más importante, para que el deporte sirva en la recomposición del tejido social, para que cada vez más, los niños y jóvenes se acerquen al deporte y aprendan y transmitan a la sociedad valores de esfuerzo, de compañerismo, de disciplina, de respeto, de honestidad y transparencia donde se reflejen los objetivos y metas plasmados en los programas sectoriales.

En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema que perjudica de manera directa a los deportistas mexicanos, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Secretaría de Educación Pública para hacer pública la fecha de entrega del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, así como las razones por las que no fue entregado en los tiempos establecidos por la Ley de Planeación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputado Ernesto Vargas Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, la Sedena, la SSPC y la SRE a establecer una campaña permanente de control de tráfico y portación ilegal de armas de fuego, suscrita por los diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez y Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

El que suscribe, diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez, Arturo Escobar y Vega en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; así como el artículo 79, numeral 3, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia en nuestro país, durante los últimos años ha crecido constantemente, pues se han presentado en diversos estados de nuestro país, debe de movernos a una seria reflexión sobre la construcción de una política de control de armas de fuego eficaz y eficiente.

En materia de percepción de la inseguridad en nuestro país, las estadísticas son muestra irrefutable de lo anterior, basta citar que, de acuerdo con cifras oficiales, al primer trimestre de este año 2019, al menos 74.6 por ciento de la población de 18 años o más declaró que vivir en su ciudad es inseguro; lo que significa 0.9 por ciento mayor en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año pasado, el 2018.1

En concordancia con las cifras oficiales, en el primer semestre de 2019, se han registrado 20 mil 599 homicidios, lo que significa 22 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra que va en aumento y es 6 por ciento mayor a la que, en el mismo lapso de tiempo, se registró en el año 2018.2

Por otro lado, cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña), muestran que en el primer semestre de 2019 se registró la venta o existencia ilegal de 30 mil 724 armas en el país,3 ello a pesar de que ha habido campañas de canje de armas o desarme voluntario en todo el territorio nacional. Basta mencionar que se calcula que la venta de armas registrada en el primer semestre de este año es un 35.3 por ciento mayor a la de todo el año pasado, el 2018.4 Esto significa que el número de armas vendidas o registradas por la Sedena en lo que va de este año 2019, es el mayor volumen del que se tenga registro en al menos los últimos cuatro años.5

En conclusión, tenemos que México es un país conformado por una sociedad pistolizada, en la que hay al menos 1 arma legal por cada 3 mil 912 habitantes.6

Pese a los esfuerzos de distintas administraciones federales, la ola de violencia por armas de fuego ha provocado las cifras más altas de viudez en México durante 2018. Así lo ha señalado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que registró que 5 mil 796 personas casadas perdieron la vida por el ataque de una pistola o rifle, nivel similar al registrado en 2011, uno de los años más sangrientos en la historia del país, cuando se reportaron 5 mil 437 asesinatos de población desposada.

La posesión y uso de armas de fuego son algunos de los aspectos que se consideran están detrás de los altos niveles de violencia observados en muchos países de América Latina y del mundo y México no es la excepción. Los altos índices de criminalidad provocan el interés de los ciudadanos por portar armas de fuego.

Si bien nuestra legislación es estricta en lo concerniente a poseer y portar armas de fuego, también se regula el derecho a su posesión bajo ciertas restricciones (relacionadas con el tipo y calibre del arma y si es o no de uso exclusivo del ejército) y tras ser registradas en la Secretaría de Defensa Nacional.

Sin embargo, se ha documentado un cuantioso ingreso ilegal de armas de fuego al país a través de ambas fronteras, lo que ha propiciado que exista una amplia disponibilidad de todo tipo de armas en las calles, de cada vez de mayor calibre, reflejando un incremento de hechos delictivos cuyo propósito no era, en principio privar de la vida a una persona, tales como robos o peleas.

El uso de armas de fuego en el país para cometer homicidios dolosos se incrementó en octubre pasado a rangos sin precedente, según muestra la compilación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y lo que es congruente con el aumento de la posibilidad de adquirir fácilmente un arma de fuego.

Si bien nuestra Constitución establece en su artículo 10 la posibilidad de que los habitantes de este país posean armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, estableciendo la salvedad de las armas prohibidas por la ley de la materia y las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Al respecto, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que los ciudadanos podrán poseer o portar pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior al .38 (9mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Súper y .38 comando y las Magnum, Mausser, Luger, Parabellum y Comando y los modelos similares a éstas.

En cuanto a la relación de actos delictivos y armas de fuego, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que entre 2013 y 2018 el número de carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos y culposos en el país, tuvo un incremento de 102 por ciento. De la misma manera, la organización México Evalúa ha señalado que en México se registraron 34 mil homicidios a nivel nacional, de los cuales 70 por ciento fueron perpetrados con armas de fuego.

En 2018 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) mostró que 818 mil 843 hogares poseían un arma de fuego para protegerse de la delincuencia y que al menos 25.7 millones de personas en el país han escuchado frecuentemente detonaciones cerca de su hogar, situación que contrasta con los 21 millones que habían reportado esa situación en 2017.

La cada vez más fácil disposición de armas de fuego necesariamente se encuentra relacionada con una mayor disposición en el mercado negro; por el tráfico ilícito y el contrabando.

Entre enero de 2018 y marzo de 2019 las 49 aduanas mexicanas han embargado y entregado a las autoridades competentes 77 mil 110 cartuchos de diferente calibre que los delincuentes buscaban internar al país de manera ilegal a través de los pasos vigilados, lo que deja en promedio 170 balas aseguradas por día.

Debido a nuestra cercanía con Estados Unidos de América (EUA), primer productor de armas de fuego a nivel internacional, existe gran movimiento ilícito de armas. Datos de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, indican que más de 90 por ciento de armas de fuego aseguradas en México provienen de EUA.

Si bien los gobiernos de México y EUA anunciaron en semanas recientes, implementar acciones conjuntas y reforzar los esfuerzos de inteligencia para frenar el tráfico de armas a través de un operativo conjunto denominado “Frozen”, este operativo no será efectivo si no se impulsan verdaderas acciones coordinadas en nuestro país para detener el uso indiscriminado de armas de fuego en los llamados delitos de alto impacto.

Es urgente que las autoridades federales establezcan una campaña coordinada para controlar el flujo de armas ilegales en nuestro país, iniciando por su ingreso a territorio nacional, pero también inhibiendo su portación ilegal.

Se requiere de una estrategia conjunta y bien definida que involucre a las distintas instancias de gobierno involucradas a brindar seguridad a nuestro país. Estamos ante un tema de seguridad nacional que requiere estrategia, cooperación, información de inteligencia y acciones contundentes para detener el tráfico ilegal y uso de armas de fuego en nuestras calles.

En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación; a la Secretaría de la Defensa Nacional; a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a establecer coordinadamente una campaña permanente de control de tráfico y portación ilegal de armas de fuego, ante el aumento de los índices de crímenes con armas de fuego.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Reporte primer trimestre 2019.

2 Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNDSP).

3 Secretaría de la Defensa Nacional. Sedena. Reporte enero-junio 2019.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Rubio Montejo Roberto Antonio, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a implantar por el INM un programa o herramienta que permita la correcta protección y registro de migrantes, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rosalinda Domínguez Flores diputada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

En el artículo 1o. de nuestra carta magna se establece el derecho, de manera amplia, a gozar de los derechos del estado mexicano;

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.1

Estas líneas del derecho, nos obligan a velar por los derechos humanos y el fortalecimiento a la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, puesto que el artículo en mención ya los reconoce como sujetos de derecho.

Asimismo, lo establece el artículo 1o. de la Ley de Migración que reza;

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.

El Estado mexicano en esta administración se ha caracterizado por ensalzar la igualdad y no discriminación como un principio jurídico irreductible en materia de protección de los derechos humanos.

La comisión nacional de derechos humanos ha establecido que México se ha convertido, por ubicación y fronteras, en un referente del tránsito de personas migrantes a nivel mundial.2

Debe reconocerse que las personas migrantes viven, en su país de origen, necesidades que motivan su movilidad y, por ello es necesario reconocer sus derechos, con independencia de su estatus legal en el país, en el instante de dejar su país, y afrontar peligros y grandes trayectos, tienen un sueño, encontrar nuevas oportunidades de vida.

El flujo migratorio se ha incrementado año con año, en la presente grafica podemos ver el aumento de personas migrantes que han solicitado refugio en nuestro país, según datos del Observatorio de Migración Internacional (OMI), de 2002 a 2017 se pasó de 221 solicitudes de refugio a 14 mil 596 respectivamente.3

En el cierre de 2019, el flujo de personas migrantes incrementó en 232 por ciento con respecto a 2018, es decir se pasó de 138 mil 612 a 460 mil, personas migrantes en calidad de indocumentados que pasaron por territorio mexicano.

En los primeros ocho meses de 2019, 48 mil 254 migrantes de países de todo el mundo han solicitado refugio en México, según registros publicados este lunes por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Al cierre del segundo trimestre de 2019 se habían aceptado 23, 064 solicitudes de ciudadanos de Honduras, 6 mil 671 de El Salvador, 5 mil 371 de Cuba, 4 mil 882 de Venezuela, 2 mil 876 de Haití, 2 mil 361 de Guatemala, mil 722 de Nicaragua, 336 de Colombia, 290 de Brasil, 189 de Chile y 492 de otros países.4

Con base en los datos anteriores es que debe considerarse como conveniente que, se aplique un programa o herramienta que permita la correcta Protección y Registro de Personas Migrantes, lo anterior debería contemplar como datos necesarios para dicho fin como;

• Registro biométrico de los migrantes que ingresan al país a través de datos grabados en dispositivos de radio frecuencia;

• Crear puntos de acceso tales como estaciones de migración móvil, para el apoyo de migrantes y protección de los derechos humanos;

• Protección de bandas del crimen organizado, con delimitación de áreas de trabajo y rutas de desplazamiento;

• Producción de conocimiento práctico que puede ser difundido como, material preventivo para el ciudadano migrante e instituciones;

Asimismo, este tipo de programa o herramienta debería vincular un correcto registro y control de las personas migrantes, con todo el respeto a sus derechos humanos y, sin pasar por alto algún beneficio en favor de ellos, tal como se ha caracterizado el trabajo, hasta ahora, de las dependencias de la administración pública encargadas de esa loable labor, se puede alcanzar esta ruta a través de;

• Crear puntos de acceso tales como, estaciones de migración móvil para el apoyo de migrantes y protección de los derechos humanos.

• Contar con un registro y captura de datos de los migrantes en y desde su país de origen.

Con base en ello podremos llevar un registro a través de medios electrónicos y de operación para apoyar a los migrantes para un adecuado control y protección en contra de las bandas criminales que les hostigan, así como para crear una zona franca de detonante económica Centroamericana.

Por lo expuesto y fundado y para dar cabal cumplimento al objeto del Instituto Nacional de Migración de que; “En cumplimiento con las leyes mexicanas y tratados internacionales aplica de manera permanente diversas disposiciones, para otorgarles a todos los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso y estancia en territorio nacional con estricto apego a proteger los derechos humanos”5 presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, se implemente un programa o herramienta que permita la correcta Protección y Registro de Personas Migrantes, con la finalidad de garantizarles el total respeto a sus derechos humanos.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/

2 https://www.cndh.org.mx/

3 http://www.omi.gob.mx/

4 https://www.excelsior.com.mx/

5 https://www.gob.mx/inm/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar la presencia de unidades policiales en carreteras y autopistas de alto riesgo, el funcionamiento de botones de ayuda y cabinas telefónicas de línea directa, y el desarrollo de una aplicación de consulta, denuncia y solicitud de ayuda integrada al programa Paisano, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, para garantizar la presencia de unidades policiales en carreteras y autopistas de alto riesgo, el funcionamiento de botones de ayuda y cabinas telefónicas de línea directa, al igual que el desarrollo de una aplicación de consulta, denuncia y solicitud de ayuda, que se integre al Programa Paisano, y vaya más allá de la vigencia de éste, ante el contexto de inseguridad y la necesidad de actualización de los servicios de protección ciudadana , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los problemas de seguridad que atraviesa el país no son una cuestión nueva. La constante presencia de actividades delictivas, desgraciadamente, se ha vuelto una de las dificultades recurrentes al hablar de los pendientes políticos, de manera común, en las administraciones de los niveles de gobierno que componen nuestra estructura gubernamental, especialmente en la última década.

Ello ha derivado en una situación de desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, especialmente las policiales, lo que dio paso a la entrada en funciones de seguridad, de manera oficial y acompañada por su correspondiente legislación, de la Guardia Nacional, debido a la falta de resultados por parte de las organizaciones policiales. De acorde a la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana de septiembre de 2019,1 71.3 por ciento de la población de más de 18 años considera a su localidad como insegura, especialmente en lugares riesgosos del espacio público como lo son los cajeros de los bancos o el transporte público.

Esto ha generado un panorama pesimista a futuro, donde una tercera parte de los participantes consideró que las cosas “seguirán igual de mal” en los próximos 12 meses, mientras que el 26.4 por ciento consideró que será peor la situación de delincuencia, es decir, uno de cada cuatro participantes de la encuesta observa un descontrol respecto al tema de la seguridad, lo que consolida en el imaginario social a una mayoría que no ve una mejoría en el futuro, representando un 59.4 por ciento de los participantes, juntando a aquellos que lo ven igual o peor.2

De aquí, las interpretaciones podrían ser varias, pero contemplar que las personas ven un panorama igual o peor a futuro deriva en un conflicto directo con la aceptación social generalizada de las funciones de seguridad del Estado, al no cumplir con las expectativas de salvaguarda y construcción de espacios de confianza para la ciudadanía. En consecuencia, la necesidad de seguridad, como demanda obligatoria para siquiera pensar en el bienestar, siempre busca ser satisfecha, por lo que ejemplos, como las autodefensas, son evidencia clara de que, en muchos casos, la ineficiencia de las fuerzas de seguridad local, estatal y federal, han dejado en vulnerabilidad a la población y ésta ha tenido que tomar la labor por propia mano, donde ninguno de los dos resultados es deseable, ya que la existencia de elementos de seguridad eficientes es el ideal para autoridades y ciudadanía, por lo que resaltar la relevancia de la Guardia Nacional recae en la obligación, ante un historial de ineficiencia, de reestablecer el orden público y darle certidumbre a la población respecto a la existencia de una estrategia de seguridad adecuada, la cual pueda facilitar la relación entre la sociedad y el gobierno, donde los primeros usen y confíen en las instituciones, y los segundos sean cercanos, transparentes y eficientes en la realización de sus labores.

Así y sobre un escenario como éste, nuestros paisanos llegan a nuestro país con una noción elaborada a partir de la información que proveen medios internacionales y aquella percepción de sus familiares en nuestro país, ya que las experiencias de gran parte de la población se asocian al temor generado por la violencia que hemos atravesado a lo largo de la década, donde las estadísticas no mienten. En 2018 se registraron 36 mil 685 homicidios dolosos, cuatro veces más que en 2007, lo que muestra un incremento constante en un periodo de tan sólo 11 años.3 Esto ha originado estrategias diversas por parte de la ciudadanía ante un panorama de desconfianza, donde la organización familiar y vecinal ha sido clave.

Es en estos contextos que el arribo de connacionales requiere de una tarea doble para poder ser realizada con éxito: una respuesta eficiente de las autoridades y un trato digno para aquellos que nos visitan, derivado del atractivo que cuenta un grupo que aportará cerca de 35 mil 460 millones de dólares para finales de 2019 mediante remesas,4 uno de los principales ingresos de las familias en gran parte del territorio nacional. Con la preocupación de la inseguridad existente en ciertos pasajes de carreteras, en ciertas poblaciones o ciudades, la necesidad de establecer mecanismos eficientes y confiables genera una responsabilidad que recae en nuestras autoridades, las cuales han empleado programas de ayuda, como el Programa Paisano por décadas, el que moviliza a elementos policiales y autoridades migratorias para brindarle un servicio cercano a la ciudadanía. A pesar de ello, dentro de las estrategias planteadas, como la publicación de una guía, el establecimiento de paraderos y módulos de información, los métodos para contactar a las autoridades parecieran rezagados ante las oportunidades que las tecnologías contemporáneas posibilitan.

Así, la necesidad de contar con las unidades necesarias, al igual que los mecanismos indispensables para comunicarse con ellas, es prioritario. Aumentar la presencia de autoridades policiales y migratorias corresponde al programa que entró en vigencia en éste mes de noviembre5 de 2019, pero la cual no es la única medida que facilitaría la obtención del objetivo, es decir, la salvaguarda de nuestros connacionales. Por tal razón, garantizar la presencia y utilidad de botones de auxilio, al igual que cabinas telefónicas de línea directa, en las principales carreteras y autopistas empleadas por paisanos, es prioritario, ya que las denuncias o apoyos en esta clase tienen un punto crítico sobre los tiempos de respuesta, los cuales pueden implicar la vida o muerte de nuestros ciudadanos y visitantes, especialmente en los parajes donde las líneas telefónicas (usualmente de compañías extranjeras y sujetas a los convenios que tengan con las empresas nacionales en relación con la cobertura) y las redes celulares no cuentan con señal alguna.

Acompañando a esto y de acorde a nuestros tiempos, el desarrollo de aplicaciones se ha mostrado como una manera eficiente de realizar trámites y obtener información focalizada, donde la disponibilidad de ambas cosas en tiempos cortos es su característica central. Por tal razón y en un contexto de riesgo para los paisanos, se puede manifestar a través de actos de extorsión por parte de autoridades (acciones ratificadas como reales por parte del presidente de la república en su conferencia “mañanera” del 28 de noviembre de 2019),6 del ejercicio de violencia por parte de delincuentes o por accidentes carreteros, sorprende que el Programa Paisano no haya planteado el desarrollo de una aplicación que opere en tiempos del programa y más allá de él, en la cual se pueda canalizar a la población para el desarrollo de denuncias o las solicitudes de apoyo, labor que ya se realiza por línea telefónica y la que podría automatizarse en favor de otorgar servicios rápidos en áreas con señal a la espera de que el proyecto de cobertura del 96 por ciento de la población nacional pueda ser cumplido en un corto plazo,7 sentando un antecedente para el desarrollo y mejoría del servicio a través de la experiencia que se pudiera acumular en años próximos mediante su puesta en operación.

Ya sea para este programa o para el del próximo año, ambas medidas requieren ser tomadas con la mayor brevedad posible si se pretende que el Programa Paisano realmente alcance su potencial como una política pública pertinente, ya que el historial realza su valía, pero demanda su actualización para tiempos mucho más violentos, en su lado negativo, y con mejores herramientas para poder combatirlos, en su lado positivo.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para garantizar la presencia de suficientes unidades policiales en la red carretera y en autopistas de alto riesgo durante la vigencia del Programa Paisano, ante los cambios en los flujos carreteros y la necesidad de salvaguardar la integridad de nuestros connacionales.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para garantizar el funcionamiento de botones de ayuda y cabinas telefónicas de línea directa en las principales autopistas y la red carretera del país que cuenten con una alta fluctuación de paisanos, ante los riesgos de seguridad y la necesidad de salvaguardar la integridad de nuestros connacionales.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, para el desarrollo conjunto de una aplicación de consulta, denuncia y solicitud de ayuda, que se integre al Programa Paisano, y vaya más allá de la vigencia de este, ante el contexto de inseguridad y la necesidad de actualización de los servicios de protección ciudadana derivado de la existencia de autoridades que realizan extorsiones de manera cotidiana.

Notas

1 Inegi. (2019). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana: ENSU Tercer Trimestre 2019, 2 de Diciembre de 2019, de Inegi. Sitio web:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2019_septiembre_presentacion_ejecutiva.pdf

2 Ídem

3 Alberto Nájar. (2019). Familia LeBarón: ¿es realmente vivir en México cada vez más peligroso?, 2 de Diciembre de 2019, de BBC Mundo. Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50341687

4 Expansión. (2019). México recibe más remesas en octubre, 2 de Diciembre de 2019, de Expansión. Sitio web:

https://expansion.mx/economia/2019/12/02/mexico-recibe-m as-remesas-en-octubre

5 Enrique Sánchez. (2019). Inicia Programa Paisano; prevén recibir 3 millones de connacionales, 2 de Diciembre de 2019, de Excélsior. Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/inicia-programa-paisano-preven-re cibir-3-millones-de-connacionales/1346222

6 Presidencia de la República. (2019). Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina. Jueves 28 de noviembre, 2019, 2 de diciembre de 2019, de Presidencia de la República Sitio web: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/89119

7 Jannet López Ponce. (2019). Internet llegará a 96 por ciento de los pueblos de México: AMLO, 2 de Diciembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/politica/internet-llegara-96-ciento-pueblos-mex ico-amlo

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios y garantizar que cumplan su normativa para no poner en riesgo su operación y funcionamiento, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes:

Consideraciones

En la Ciudad de México se han presentado diversos hechos que atentan contra la tranquilidad y seguridad de los habitantes. Existe evidencia de que los reclusorios presentan una serie de irregularidades que atentan contra la seguridad de los internos y de la población en general.

Al respecto, se han exhibido hechos relacionados con la forma en que opera la extorsión telefónica por parte de los reclusos; la manera en que las personas privadas de su libertad y las autoridades establecen cuotas para tener y usar teléfonos celulares en los dormitorios; y se ofrece droga y alcohol. Asimismo, cabe agregar las condiciones de inseguridad que persisten al interior de los centros penitenciarios, en perjuicio de la seguridad de los propios reclusos.

A estas problemáticas, cabe agregar la fuga de diversas personas privadas de su libertad, que evidencia la ineficacia de los protocolos de seguridad de dichos centros. Para poner en su justa dimensión esta problemática, basta señalar que el pasado 29 de enero, se fugaron tres personas de alta peligrosidad del Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Esta fuga es la más reciente en una larga lista que el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Antonio Hazael Ruiz Ortega, ha presenciado.

Según diferentes medios, acumula 13 fugas de cárceles de la Ciudad de México y, tras las últimas tres, el funcionario repartió responsabilidades a jueces federales.1

En agosto pasado se presentó un incendio en el Reclusorio Oriente, en el cual murieron tres personas y otras siete resultaron con quemaduras graves. El subsecretario Hazael Ruiz descartó que el incendio se haya suscitado por un riña o acto de violencia.2

En mayo de 2016, dos internos de alta peligrosidad sentenciados a 60 y 100 años por secuestro, salieron caminando del Reclusorio Oriente, quienes se evadieron por una reja de la zona de juzgados del penal luego de desahogar diligencias.3 El funcionario solo informó que se iba a investigar si los custodios habían cometido alguna omisión.

Entre octubre de diciembre de 2013, siete presos responsables de robo, homicidio y asociación delictuosa se fugaron de Santa Martha Acatitla; mientras que en 2008 se fugó el Reclusorio Norte, Luis Gonzaga Castro Flores, acusado de narcotráfico, ligado con Ismael, El Mayo , Zambada.4

No obstante, varios son los señalamientos por corrupción de la administración de Ruiz Ortega, no todas relacionadas con fugas. De Mauleón cita un estudio del CIDE, el cual concluye que en los reclusorios que se hallaban bajo la responsabilidad del funcionario, el 82 por ciento de los familiares pagaba por llevarle cosas a los internos, que el 80 por ciento de cobraban por meter comida, que 57 por ciento pagaba por entrar al penal, y que al 33 por ciento le cobraban la visita conyugal.5

Asimismo, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que en materia de gobernabilidad existe un común denominador en los Reclusorios de la Ciudad de México: insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad. Condiciones de autogobierno/cogobierno, y presencia de actividades ilícitas y cobros.6

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad e integridad de toda la población. En este contexto, es fundamental que el gobierno de la Ciudad de México fortalezca los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios de la capital del país, a efecto de garantizar la integridad de los internos y de la población en general, así como fortalecer la gobernabilidad del sistema penitenciario.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios y garantizar que cumplan con la normatividad que los regula a fin de no poner en riesgo su operación y funcionamiento, ante la desafortunada evasión de tres personas privadas de la libertad el pasado mes de enero en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y las diversas irregularidades que se han denunciado en otros centros penitenciarios de las capital del país.

Notas

1 https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/art iculo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/acumula-13-fugas -el-jefe-de-penales/ar1864138?v=1&__rval=1

2 https://www.animalpolitico.com/2019/08/incendio-reclusorio-oriente-inte rnos-muertos-heridos/

3 https://www.animalpolitico.com/2016/05/dos-secuestradores-se-fugan-del- reclusorio-oriente-uno-lo-hace-por-cuarta-vez/

4 https://lasillarota.com/nacion/antonio-hazael-ruiz-la-constante-en-las- fugas-de-la-cdmx-fuga-reclusorio-sur-ruiz-ortega-el-vic/357377

5 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/nueva-fuga-un- mismo-funcionario

6 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNS P_2019.pdf

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, sede de la Cámara de Diputados, a los días 11 de febrero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a establecer mecanismos para asegurar las condiciones de vida, mediante el fomento de la educación de menores que viven con sus madres reclusas en los centros de readaptación social, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; por la LXIV Legislatura y con fundamento en los artículos 6, numeral 1; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; me permito someter ante esta soberanía, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante los últimos años el número de mujeres en prisión se ha incrementado, sin que exista un cambio sustancial en las políticas públicas en la materia a efecto de proporcionar mejores medios para garantizarles condiciones de estancia digna.

Resultado de lo anterior, son los niños que despiertan junto a sus madres, separados de la sociedad, y en consecuencia; derivado de este aumento sustancial en la población femenil, se observa un incremento de menores viviendo con sus madres en los diferentes reclusorios del país, se ha dejado a un lado la protección a los derechos de este sector, ya que la obligación no solo corresponde a la madre, sino también al Estado y la sociedad civil de brindar atención desde los diversos ámbitos de desarrollo, razón por la cual, resulta indispensable que este aislamiento no provoque una afectación a los derechos de estas niñas y niños, ya que en este momento se encuentren en un estado de indefensión derivado de una falta grave, al no garantizar su educación en centros de atención y desarrollo infantiles en estas instituciones de readaptación social.1

Por lo anterior, es de gran importancia señalar el siguiente dato: el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Amalia Solórzano de Cárdenas, ubicado en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, atiende a 61 menores de seis años, 27 niñas y 34 niños, de los niveles lactante, maternal y preescolar que viven con sus madres al interior del Centro y pueden ser atendidos desde los cuarenta días de nacidos hasta los cinco años con once meses.

“Hazael Ruiz, subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, mencionó que además el centro escolar cuenta con las instalaciones y programas que fijan las autoridades educativas de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública” (SEP).2

Esta tarea se encuentra a cargo del personal de la Subsecretaría, pues los infantes cuentan con atención profesional de educadoras, pedagogas y psicólogas, así también con organizaciones no gubernamentales que contribuyen al desarrollo de los menores que viven en el centro penitenciario con sus madres en reclusión.

Es responsabilidad del Estado la rectoría e impartición de la educación, además los principios rectores establecidos señalan la obligatoriedad, universalidad, que sea inclusiva, pública, gratuita y laica, en este caso entendiéndose como educación básica a la educación inicial y preescolar para los menores que se encuentran internos con sus madres, así entonces, la obligación de garantizar este derecho a estas niñas y niños que viven en reclusión junto a sus madres.

Es imperativa la existencia de un modelo de educación accesible que prevea el desarrollo de un sistema de educación inclusiva que satisfaga las necesidades de niños y niñas que se encuentran en desventaja con los demás menores.

Lo anterior, derivado de la última reforma al artículo tercero de nuestra constitución en mayo de este año, que establece; “El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria conforman la educación básica. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizado de manera plena sus derechos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017, en el año 2016 había 542 menores de 6 años viviendo con su madre en los centros penitenciarios en el país, de los cuales 275 son niños y 267 niñas.3

Así también, el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana señala la falta de apoyo para que los menores de edad accedan a los servicios de guardería y educación básica mientras permanecen con sus madres, estudio que señala un total de cincuenta y tres establecimientos que permiten la estancia de menores de edad con sus madres y no ofrecen este derecho de acceso a los servicios educativos.

Al respecto, las Reglas de Bangkok, en los numerales 42, párrafo 2, y 51, párrafo 2, recomiendan que en las prisiones se habiliten servicios o se adopten disposiciones para el cuidado del niño. “Es por ello que los establecimientos penitenciarios que alojen menores de edad, deben garantizarles el acceso a guarderías, centros de desarrollo infantil (Cendi) y los servicios de educación básica, los cuales son fundamentales para su desarrollo integral”.4

Que, al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas le preocupa la adopción oportuna de los lineamientos que pueden revisar la situación de cada madre reclusa en lo que se refiere a la situación emocional de sus hijos, la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral es el principio que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Como parte de los compromisos adquiridos al ratificar la Convención de los derechos de las niñas y niños, El Estado mexicano adquirió el compromiso de adoptar oportunamente los lineamientos y observaciones sobre sus derechos para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho tratado internacional.

El Estado mexicano se comprometió a presentar informes ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por lo anterior; en su observación número cuarenta y cuatro, de fecha ocho de julio del dos mil quince, refiere que las niñas y niños que viven con sus madres en prisión.

“El comité recomienda al estado parte a que... También debe de contemplar la revisión de los lineamientos relacionados con niñas y niños que viven con sus madres en prisión y que los implemente de manera efectiva para asegurar que sus condiciones de vida, incluyendo el acceso a alimentos, salud, higiene y educación, sean los adecuados para el desarrollo físico, mental, moral y social de niñas y niños, y que sean protegidos de todo tipo de violencia”.5

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, la siguiente, proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a establecer mecanismos para asegurar las condiciones de vida, fomentando la educación, de las niñas y niños que viven con sus madres reclusas en los centros de readaptación social, encaminadas a implementar centros de desarrollo infantiles (Cendi) adecuados para el desarrollo físico, mental y social de los menores, salvaguardando el interés superior de las niñas y niños.

Notas

1 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspeci al_20161125.pdf

2 https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cendi-del-penal-de-san ta-martha-acatitla-concluye-ciclo-escolar

3 https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/
general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=cngspspe2017_pobcentpenit;p=cngspspe2017

4 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2015_IE_Mujer esInternas.pdf

5 http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y el IFT a fortalecer y actualizar los protocolos para proteger a niños y adolescentes del acceso indiscriminado a videos, imágenes e información con alto contenido de violencia criminal, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Lourdes Celenia Contreras González, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que fortalezcan, actualicen y/o desarrollen protocolos y mecanismos para proteger a niñas, niños y adolescentes del acceso indiscriminado a videos, imágenes e información con alto contenido de violencia criminal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La violencia criminal que priva en México en los últimos diez años, cada vez cobra más víctimas entre la población de niñas, niños y adolescentes. Las modalidades en que la violencia criminal impacta en niñas, niños y adolescentes son diversas, incluyendo el reclutamiento para obligarlos a participar en actividades delictivas. Uno de los efectos más nocivos de este fenómeno es la sobre exposición de los niños a la información, videos e imágenes de violencia criminal exacerbada, que difícilmente puede ser procesada, entendida y criticada por personas en ese rango de edad. Cabe mencionar que se ha elevado sensiblemente el número de homicidios en contra de la población menor de 18 años de edad, lo cual es inaceptable porque significa la pérdida de la vida y, por ende, la vulneración de todos sus derechos. Esta ola de violencia que ya impacta a los niños, tiene también el efecto de generar en éstos percepciones de “normalización” o indolencia ante acciones de violencia letal.

Segunda. Los trágicos hechos ocurridos el 10 de enero de 2020 en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, en donde un niño de 11 años de edad introdujo dos armas de fuego a la escuela y posteriormente disparó en contra de una maestra y de algunos compañeros, ameritan una reflexión profunda sobre las causas de esta tragedia y la responsabilidad que deben asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las escuelas, las familias, los medios de comunicación y la sociedad en general, porque no debemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que un niño pueda llegar a la determinación de una acción de esa naturaleza.

Como es sabido, a consecuencia de esa acción murió una maestra del Colegio Cervantes, varios alumnos resultaron heridos de bala y el niño de 11 años disparó contra sí mismo, quitándose la vida. Estos hechos conmovieron a todo el país, porque constituyen un poderoso indicador de que, como sociedad, como colectivo humano, estamos experimentando un proceso de descomposición que se traduce en violencia indiscriminada y pérdida de sensibilidad ante las tragedias humanas derivadas de ésta.

Tercera. La información que se ha conocido sobre los hechos en el Colegio Cervantes de Torreón, indican que el niño que llevó a cabo las acciones antes referidas, pudo haberse inspirado en la llamada “masacre de Columbine”, acontecimiento ocurrido en 1999, en Colorado, Estados Unidos. En Columbine, dos adolescentes dispararon armas de fuego en su escuela, matando a 12 estudiantes y a un profesor.

A través de imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la escuela estadounidense, así como en películas que recrean la masacre de Columbine, se puede observar que uno de los adolescentes que ejecutaron la agresión, vestía de determinada forma: playera blanca con la leyenda “Natural Selection”, tirantes negros, pantalones negros.

En este contexto, las imágenes que se han difundido sobre la escena de la tragedia en el Colegio de Torreón, muestran que el niño que realizó los hechos vestía una playera blanca con la misma leyenda que la del estudiante de Columbine, así como tirantes y pantalones bastante parecidos. Esto ha permitido establecer la hipótesis de que el niño de Torreón podría haberse “inspirado” en el adolescente de Columbine.

Cuarta. Diversos estudios, así como la constatación cotidiana de las familias indican que niños, niñas y adolescentes dedican muchas horas a ver videos e imágenes en las redes sociales y en diversas páginas de Internet. “Más de 54 por ciento de los jóvenes en México de entre 10 y 19 años pasan la mitad del día, prácticamente 12 horas diarias, con su celular en la mano para comunicarse con amigos, escuchar música, buscar información, jugar o hacer la tarea, reveló una encuesta de Motorola. En un comunicado, la firma en electrónica y comunicaciones explicó que la relevancia del celular en la vida cotidiana de los jóvenes es clara pues 20 por ciento de los encuestados aseguró tener el teléfono al alcance de su mano las 24 horas.”1

Esta nota periodística, da cuenta de una realidad que reclama la mayor atención de autoridades, familias y sociedad, porque niñas, niños y adolescentes, están expuestos, prácticamente sin controles ni filtros, a todo tipo de información, videos e imágenes que tienen el potencial de ocasionarles perturbaciones y percepciones distorsionadas de la realidad, sobre todo en lo relativo a los valores en torno a la dignidad de la vida humana, la violencia y el crimen.

En este orden de ideas, es altamente probable que el niño de Torreón haya tenido acceso a las imágenes de la masacre de Columbine, así como a alguna o algunas de las películas que recrean esos hechos. Tanto las imágenes reales como las películas sobre Columbine deberían ser de acceso restringido, de tal forma que niñas, niños y adolescentes no puedan acceder a esos contenidos. Es verdad que la naturaleza de las redes sociales dificulta enormemente establecer filtros y controles, sin embargo, ante hechos como la tragedia de Torreón, las autoridades competentes deben llevar a cabo las acciones necesarias, con base en sus atribuciones, para impedir que las personas menores de 18 años tengan acceso libre a contenidos de alto componente de violencia. Las autoridades que deben incidir más en esta problemática son la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

En función de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a que, en el ámbito de sus atribuciones legales, fortalezcan, actualicen y/o desarrollen protocolos y mecanismos para proteger a niñas, niños y adolescentes del acceso indiscriminado a videos, imágenes e información con alto contenido de violencia criminal, anteponiendo en todo momento el interés superior de la niñez.

Nota

1 https://www.forbes.com.mx/los-adolescentes-mexicanos-pasan-12-horas-al- dia-en-sus-celulares/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a regular en sus códigos penales el delito de pederastia, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en ejercicio de la facultad que le confiere lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 209 Bis del Código Penal Federal, se define a la pederastia como el aprovechamiento de confianza, subordinación o superioridad sobre un menor de dieciocho años, derivado del parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guardia o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole que obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin el consentimiento del menor o contra personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo.

De igual forma, dicho ordenamiento establece que para quienes sean imputados por el delito recibirán una condena de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil quinientos días de multa y en caso de ser servidor público la separación del cargo, así como la reparación del daño ocasionado a la víctima de acuerdo al dictamen solicitado y al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el que se estipula que las autoridades federales y locales deberán tomar medidas para prevenir, sancionar y atender a las víctimas de estas conductas.1

Si bien el delito se sanciona en el Código Penal Federal, la bisagra del delito tiene su mayor incidencia, principalmente, en el ámbito local. Actualmente, producto de la revisión y análisis de los códigos penales estatales, 24 de las 32 entidades federativas carecen de la tipificación de la pederastia como un delito.

En el cuadro que se muestra a continuación, se aprecian las entidades federativas que tipifican la pederastia como delito dentro de sus Códigos Penales, así como las penas otorgadas a quienes comentan dicho ilícito:

De acuerdo con psicólogos especialistas, las víctimas pueden tardar hasta 20 años en poder hablar del abuso que sufrieron, mientras que especialistas que trabajan con detenidos por delitos sexuales mencionan que uno de cada cinco niños se convierte en agresor al crecer y 40 por ciento de estos agresores fueron violados en su infancia2 .

A su vez, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) establece que de cada 100 denuncias 10 llegan a juicio y del total registrado, sólo se condena 1 denuncia, por lo que 99 por ciento de los casos queda impune.3

A partir de estas cifras, algunos especialistas consideran que las denuncias de los niños víctimas de abuso son verídicas en 93 por ciento de las ocasiones y se reduce a 30 por ciento si hay manipulación por alguno de los padres en caso de divorcio, por lo que puede llegar a desestimarse el proceso legal del menor al considerarse que los menores mezclan fantasía.

Lo expuesto es preocupante debido a que la problemática se presenta tanto en la infancia como la adolescencia y en todo tipo de entornos, por ejemplo: en la primera infancia el agresor puede ser el padrastro en 30 por ciento de los casos, los abuelos en otro 30 por ciento y tíos, primos, hermanos o cuidadores en 40 por ciento, por otro lado, en edad escolar los agresores son maestros en un 30 y sacerdotes en otro 30 por ciento, mientras que en la adolescencia 80 por ciento de los casos se presenta en entornos sociales como fiestas, vía pública o escuelas.4

Por otro lado, cabe destacar que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señala que nuestro país es el primer lugar en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de 14 años.5

Clara muestra de la problemática son las cifras del Inegi, hasta agosto de 2019 la tasa de violación a menores es de mil 764 por cada 100 mil habitantes, de los cuales cinco mil de cada 100 mil sufren tocamientos; transformando en números relativos, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son víctimas de violación antes de cumplir la mayoría de edad; las tres entidades federativas con más incidencia son: Querétaro, Tlaxcala y Chihuahua.6

De igual forma, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que en los últimos 10 años se han registrado 426 casos de pederastia clerical de los cuales 176 siguen en proceso y 253 han sido completados.7

Por otro lado, de acuerdo con la Asociación para la Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia (Aspasi) las niñas y niños que son víctimas de abuso sexual infantil a largo plazo desarrollan baja autoestima, miedo, sentimiento de suciedad, vergüenza, culpabilidad, hipersexualización o temor al sexo, anorexia, depresión, psicosis, dificultad para relacionarse, dependencia, drogadicción, autolesiones, o tentativa de suicidio; en otras palabras, las víctimas crecen con miedo, desconfianza y angustia. Los puntos enunciados son resultados del trauma en que vivieron los infantes y adolescentes, en las ocasiones más favorables, las personas deciden olvidar, sin embargo, en un porcentaje alto, el trauma los conduce al consumo excesivo de alcohol y de drogas.

En caso de que la víctima haya sido una niña puede desarrollar fobia al sexo o bien conductas sexuales riesgosas, sumado a que son más propensas a sufrir abusos en la edad adulta, mientras que si la víctima resulta ser un niño puede llegar a desarrollar problemas de identidad sexual, falta de satisfacción o alteración en la motivación sexual8 .

Es por todo lo anterior, que se han presentado diversas iniciativas para regular la pederastia, sin embargo, se han quedado pendientes desde las últimas siete legislaturas, por ello es importante tomar medidas contra este ilícito como se ha mencionado con tal de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.9

Por ello, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los congresos locales de las entidades federativas que no tengan tipificado el delito de pederastia en sus códigos penales a que, en ejercicios de sus atribuciones constitucionales y legales evalúen la necesidad de su tipificación, dados los altos índices de casos que se han presentado en este delito.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los congresos locales de Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Querétaro, Tabasco y Veracruz a que, en ejercicio de sus atribuciones legales, consideren el aumento de las penas a quienes cometen el delito de pederastia.

Notas

1 Código Penal Federal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_081119.pdf

2 https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexic o/

3 https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexic o/

4 https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexic o/

5 https://www.reporteindigo.com/piensa/abuso-sexual-mexico-pederastia-hos tigamiento-homicidio-delitos/

6 https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexic o/

7 http://mujeresmas.mx/2020/01/14/investigan-a-426-sacerdotes-por-pederas tia-en-mexico/

8 https://www.lavanguardia.com/vida/20190213/46411211442/abusos-sexuales- infancia-consecuencias-trauma.html

9 https://www.razon.com.mx/mexico/congelan-legisladores-al-menos-15-inici ativas-contra-pederastia/

Dado en el Palacio Legislativo, el 11 de febrero de 2020.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a hacer públicos los resultados del plan Carretera Segura y redoblar los operativos de prevención en las vías turísticas de mayor afluencia vehicular, suscrita por los diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez y Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

El que suscribe, diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 3, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Sobre las carreteras de México circulan anualmente 75 millones de personas y en temporadas vacacionales 16 millones de personas en forma adicional, por lo que ante esta saturación de usuarios de la red carretera nacional, la delincuencia opera en el anonimato. Se requiere combatir, mediante una estrategia interinstitucional, los asaltos y robos en las carreteras de México y con ello disminuir sensiblemente los siniestros.

Durante el año pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la presentación del “Plan Carreteras Seguras”, con el objetivo de combatir, mediante una estrategia interinstitucional y con la participación del sector privado, los asaltos y robos en las carreteras del país.

En dicho evento se resaltó la importancia de haber modificado el artículo 19 Constitucional, que permite robustecer el marco jurídico para combatir, entre otros, el robo en carreteras, instrumento imprescindible para materializar la estrategia integral para combatir el robo a autotransporte de carga y pasajeros.

Este esfuerzo gubernamental buscó sumar recursos tecnológicos para generar la información necesaria en contra de la inseguridad. Pretendía no sólo ampliar la capacidad para generar información sobre la incidencia delictiva, sino para analizar esa información e incluso para generar inteligencia evite los robos al autotransporte

Es importante resaltar que la incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría General de la República en el fuero federal.

Por otro lado, el “Plan Carreteras Seguras” se centró en los tramos carreteros con más alta incidencia delictiva: carretera 150D de la Ciudad de México al Puerto de Veracruz; carretera 37D de la Ciudad de Morelia al Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; carretera autopista 57D en su tramo Ciudad de México-Querétaro y autopista 45D en su continuación del trayecto Querétaro-Salamanca-Irapuato; autopista 95D en su tramo Ciudad de México-Cuernavaca-Chilpancingo, y autopista 40D en su tramo Monterrey-Reynosa.

En estos tramos carreteros se pondría en operación la aplicación electrónica de la División Científica APP “PF Carreteras”, una herramienta de información y denuncia ciudadana vinculada al 088, que permite reportar un hecho delictivo como el robo en carreteras, además de informar de incidentes carreteros y rutas seguras para los usuarios.

También el “Plan” contempló la creación de “Paraderos Seguros” donde los operadores contarían con bahías de descanso, servicios sanitarios, e inspecciones aleatorias de mercancías y vehículos en diferentes puntos, y se fortalecería el intercambio de información con los C3, C4 y C5 de las entidades federativas así como las fiscalías y procuradurías.

El “Plan” también buscó coordinar esfuerzos con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, AC (Con México); la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar); la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), y la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, AC (AMCIV).

Por parte del gobierno federal, en el “Plan Carreteras Seguras” participan las secretarías de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad y Protección Ciudadana, y el Centro Nacional de Inteligencia; de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria, Administración General de Comercio Exterior y Administración General de Aduanas; de Comunicaciones y Transportes, a través de Caminos y Puentes Federales, y de Turismo, a través de Ángeles Verdes.

Además, el gobierno federal presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública en donde se señala que se llevarán a cabo las siguientes acciones:

• Operaciones específicas de revisión y supervisión del transporte en rutas identificadas con mayor incidencia delictiva.

• Vinculación con centros de distribución, centrales de carga, cámaras del transporte y organismos del sector privado para intercambio de información sobre incidencias y eventos en carreteras.

• Establecer filtros de revisión y arcos en centrales de autobuses.

• Revisar las afectaciones de tramos carreteros y blindar los accesos a las autopistas.

• Uso de arcos gamma para la detección de armas y drogas.

• Acceso a las cámaras de video vigilancia para detectar vehículos sospechosos o dedicados a actividades delictivas. Los tramos carreteros donde se iniciará este Plan de Carreteras Seguras serán:

• Carretera 1500 de la Ciudad de México al Puerto de Veracruz.

• Carretera 370 de Morelia al puerto de Lázaro Cárdenas.

• Carretera autopista 570 en su tramo Ciudad de México-Querétaro y autopista 450 en su continuación del trayecto Querétaro-Salamanca-Irapuato.

• Autopista 950 en su tramo Cuernavaca-Chilpancingo.

Sin embargo, estas estrategias no han sido útiles en el combate a los robos a autotransportes de pasajeros. Las cuatro autopistas en las que se roban cinco de cada 10 camiones son la de peaje México-Veracruz (MEX-150D) que conecta a la Ciudad de México con las playas del puerto de Veracruz, a través de sus 400 kilómetros es el tramo más peligroso, ya que concentra 18 por ciento de los robos; la segunda es la de México-Saltillo (MEX-57D) con el 11 por ciento; la México-Nogales (Maxipista o MEX-15D) que suma 10 por ciento, y el Circuito Exterior Mexiquense, con 9.0 por ciento.

Los hechos que ponen en riesgo la vida y seguridad de los usuarios de transporte de pasajeros, lamentablemente son frecuentes, lo que hace necesario que se implementen medidas urgentes para la atención de esta problemática, un hecho reciente fue el registrado en la carretera México-Pachuca1 donde fueron heridas de bala dos personas.2

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) denunció que este año han sido asaltados más de 900 camiones de pasaje en las carreteras del país, está cifra es prácticamente semejante a la registrada en 2018.

En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a hacer públicos los detalles sobre los resultados del Plan Carretera Segura, y a redoblar los operativos preventivos en las carreteras turísticas de mayor afluencia vehicular.

Notas

1 Una de las más inseguras del país según https://criteriohidalgo.com/destacado/en-tizayuca-balean-a-dos-personas -durante-asalto-a-autobus-odt

2 Ídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputados: Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlén Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNDH a dar seguimiento para concretar la recomendación número 005/2018; y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a resolver la reparación integral del daño al ciudadano David Vargas Araujo, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena

María del Rosario Merlín García, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de este Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que el señor David Vargas Araujo fue detenido injustamente por la Policía Federal y por agentes del Ministerio Público de la Federación de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el día 17 de mayo de 2013, en la Ciudad Oaxaca y acusado falsamente por los delitos de Delincuencia Organizada y secuestro. Estando encarcelado en el Penal de máxima seguridad de Puente Grande Jalisco por 5 años 7 meses. Fue liberado el 28 de diciembre del 2018.

En el momento de su detención se desempeñaba en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión como asesor en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. Aquí, promovía proyectos productivos para la población vulnerable o de escasos recursos. De igual forma, realizaba los trámites correspondientes a dichos proyectos ante diversas instancias, municipales, estatales y federales.

Segunda. David Vargas Araujo fue detenido arbitrariamente e ilegalmente y estuvo durante 2 días desaparecido y torturado por 5 días; un día en las oficinas de la Policía Federal de la ciudad de Oaxaca y los otros en las oficinas y sótanos de La SEIDO de la Procuraduría General de la República. Torturado hasta casi morirse. Tortura donde se implementó toda la metodología de la escuela de fabricación de culpables, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte fueron parte de este caso ominoso e impune.

Tortura donde se impuso las bolsas de plástico para asfixiarlo por casi una docena de veces, lo que producía que tuviera un sin fin de desmayos. Tortura donde le aplicaron muchas veces toques eléctricos en los testículos, lo cual tenía como consecuencia desmayos y estar al borde de la muerte. En estos desmayos fue inyectado cinco veces en la parte izquierda de la espalda para resucitarlo, inyección conocida entre los torturadores como la “la levanta muertos”.

En el momento de su traslado en un avión de la Policía Federal de la ciudad de Oaxaca a la Ciudad de México la tortura continuó, hincándolo en la puerta de emergencia, sobre la amenaza de que se hiciera culpable de un secuestro que nunca cometió y si no se autoincriminaba lo iban a aventar del avión. Como en los tiempos de la guerra sucia el señor David Vargas Araujo sufrió los famosos “Vuelos de la Muerte”.

En los demás días, las oficinas y los sótanos de la SEIDO fueron el escenario para continuar con la tortura. Continuando esposado de pies y manos. El dolor físico y psicológico, los golpes y las amenazas a su familia, de que las iban a violar y matar frente a él, fueron parte del interrogatorio, que incluía preguntas de carácter político.

El único delito del señor David Vargas Araujo, fue el de ser un luchador social y tener un pensamiento de izquierda desde sus 14 años. Ideas que fueron aprendidas en su natal Chiapa de Corzo, Chiapas.

Tercera. El señor David Vargas Araujo desde hace más de 30 años sufre una afección cardiaca, que es una cardiopatía hipertrófica en el ventrículo izquierdo, siendo paciente desde ese tiempo por el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” teniendo su registro con el número 258255. Dada la falta de atención médica a su enfermedad en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y desde luego por la tortura, por las violaciones a sus derechos humanos, y por los tratos crueles, degradantes e inhumanos, tuvo un infarto el 8 de octubre del 2018 en la cárcel. Esto provocó que el día de hoy el padecimiento no sólo tenga un sólido diagnóstico, sino que esta enfermedad se ha profundizado debido a la falta de acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y desde luego por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La cardiopatía representa además una carga económica adicional. Debido a los estudios médicos que debe realizarse y los medicamentos que debe comprar para sobrevivir, los cuales alcanzan los 5 mil pesos mensuales, así como los estudios que él lo sigue pagando.

Por tortura y el encarcelamiento en un penal de máxima seguridad, se suma otra enfermedad que es el Estrés Postraumático Crónico, la cual fue definida y determinada por el Protocolo de Estambul. Esta enfermedad le fue diagnosticada por el psiquiatra del penal de Puente Grande, por la coordinadora de Psicología del mismo penal en febrero del 2014. Por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y hoy es atendido en el Instituto Nacional de Psiquiatría “Juan Ramón de la Fuente”.

Cuarta. Su libertad se dio gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, el 28 de diciembre de 2018. El señor David Vargas fue el Primero de la lista de los presos políticos que el presidente de la República definió para que, junto a los maestros de la sección 22 de la CNTE, que estaban en el mismo proceso jurídico, obtuvieran su libertad.

Para que esto sucediera el Fiscal Gertz Manero se desistió de la acción penal y por consiguiente la libertad se pudo llevar acabo.

Quinta. A más de un año de su libertad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no le ha dado cumplimiento y seguimiento a la Recomendación 5/2018 y por la tanto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha sido omisa, negligente, discriminatoria, revictimizante, burocrática e inhumana, haciendo que la Reparación Integral del Daño de Señor David Vargas Araujo se encuentre detenida en un limbo burocrático. Esto ocasiona que en estos momentos el señor David Vargas Araujo, no reciba la Ayuda de Medidas Inmediatas que estipula la Ley General de Víctimas, la cual le corresponde por derecho.

Por el contrario, esta Ley ha sido violada por la propia CEAV. Ley que le dio vida y origen a la CEAV, la viola constantemente y por consiguiente el señor David Vargas Araujo ha visto afectada su salud y economía de manera profunda e irreversible. El deterioro de su salud sigue avanzando; el deterioro por la cardiopatía que sufre hoy viene acompañado desgraciadamente con el riesgo de muerte súbita.

Sexta. La legislación mexicana en la materia protege a las víctimas como el señor David Vargas Araujo mediante el artículo 1° de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los artículos 8, 28, 29, 30, 44 y 60 de la Ley General de Víctimas. Más aún, consideramos que este gobierno ha demostrado continuamente su compromiso con el respeto a los derechos humanos y con la justicia.

Séptima. La recomendación de la CNDH 5/2018, que es por violaciones a los derechos humanos; por retención ilegal; por detención arbitraria; por desaparición forzada; a la integridad personal por uso excesiva de la fuerza; por violación a la seguridad jurídica; por exhibición indebida de las fotografías en los medios de comunicación en la CDMX, y en el estado de Oaxaca y por la falsedad del parte informativo de la Policía Federal.

El señor David Vargas Araujo, cuenta con número de registro de RENAVI/16672/2018 y de REFEVI/CEAV/9/15919/2018 para su Reparación Integral del Daño.

Octava. En congruencia humana y política esta Cámara de Diputados reinstaló desde el 15 de mayo de año pasado al Sr. David Vargas Araujo, continuando sus labores como trabajador con su mismo registro 24239, por lo que para el mes de diciembre de ese mismo año fue reinstalado con el mismo cargo que había desempeñado en la LXII Legislatura del año del 2012.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, de conformidad a lo que establece la legislación aplicable, emita a la brevedad posible el seguimiento y la concreción de la recomendación 05/2018, para que el señor David Vargas Araujo, se le otorgue una justicia, pronta, imparcial y expedita, y que le sea garantizado su derecho a la verdad, la reparación del daño, y las medidas de no repetición, como lo establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que de conformidad a lo que establece la legislación aplicable y dado que en términos administrativos el señor David Vargas Araujo ha cumplido con todos los requerimientos que se le han pedido, emita a la brevedad posible lo siguiente:

• La Reparación Integral del Daño en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades administrativas de la misma, para que al señor David Vargas Araujo se le otorgue de manera inmediata el pago de salarios caídos desde su detención ilegal del día 17 de mayo del 2013 hasta el 31 de diciembre de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada María del Rosario Merlín García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a implantar medidas eficaces de prevención, control y solución de ataques informáticos del gobierno federal ante un escenario de constantes vulneraciones a instituciones públicas y la debilidad derivada de la ausencia de un plan nacional en la materia, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla , diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de Hacienda y Crédito Público, para la creación de una partida especial para el ejercicio fiscal 2020 que cumpla con el objetivo de no desatender las tareas de ciberseguridad del gobierno federal ante un escenario de constantes vulneraciones a instituciones públicas y la vulnerabilidad derivada de la ausencia de un plan nacional en la materia , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los intentos de vulneración a la seguridad nacional se han tornado en una actividad constante por parte de diversos grupos delictivos, nacionales y extranjeros, que pasan por encima de la ciudadanía ante la expectativa de generar ganancias a cualquier costo. Al interior de nuestro territorio, el crimen organizado ha logrado sembrar el terror en localidades de diferentes regiones del país mediante su operación en actividades como el secuestro o el narcotráfico, expandiendo sus redes de reclutamiento y mermando el impacto positivo que las políticas gubernamentales pretenden obtener, especialmente en poblaciones vulnerables, las principales víctimas de esta clase de agrupaciones.

En paralelo al aumento de la violencia y las actividades criminales en el país, la adopción de las tecnologías de la información, como la internet, abrieron un mundo de posibilidades a la ciudadanía, las empresas y los gobiernos del mundo, al facilitar muchas de sus tareas mediante una red de comunicación remota, que puede ser actualizada en tiempo real, no demanda conocimientos técnicos complicados y puede ser utilizada desde dispositivos portátiles, lo que le da muchísimas ventajas respecto a otros medios, como la televisión o la radio.

Por desgracia, esta ampliación del “abanico de posibilidades” que las tecnologías nuevas siempre generan, también aumenta sus potenciales efectos negativos derivados de su empleo, como lo ha sido el uso de las frecuencias de radio por parte del narcotráfico o de las antenas de telecomunicaciones para la realización de sus respectivas actividades delictivas. Igualmente, la ciudadanía, con el paso del tiempo, se ha vuelto mucho más dependiente de estas tecnologías, donde cada aspecto de su vida diaria, como el manejo de su cuenta bancaria, la realización de trámites burocráticos y hasta el acceso a documentos de identificación personal, han sido digitalizados y almacenados en algún dispositivo conectado a la red, lo que vuelve ese contenido (data) muy atractivo para empresas y gobiernos, aunque ellos no sean los únicos interesados.

Con la intromisión a la privacidad que caracteriza a herramientas de esta clase, la delincuencia ha encontrado un nicho enorme a través de su forma digital, donde el robo sigue siendo una de las actividades predilectas entre los cibercriminales. Al año, los ataques perpetuados por el cibercrimen generan una pérdida alrededor de los 8 mil millones de dólares,1 ante un escenario en el que el gobierno mexicano carece de un organismo especializado en labores de ciberseguridad. La falta de interés y la “austeridad republicana”, en sus consecuencias no buscadas, han creado un panorama desfasado para las necesidades de seguridad nacional, al omitir la relevancia de la ciberseguridad respecto a amenazas internas y externas. Para septiembre de 2019, de acorde a información provista por El Universal , se estimaba que en lo que iba de la administración federal, se reportaron 45 millon 9 mil 188 intentos de intervención,2 cantidad que coloca a México como el segundo país con mayor cantidad de ciberataques entre los países latinoamericanos,3 sólo detrás de Brasil.4

Al llevarlo al plano del peso de estos ciberataques, la ciudadanía es el principal objetivo, aunque hay ejemplos sumamente graves en la materia respecto a la seguridad digital de instituciones gubernamentales, con pasajes decepcionantes como la intervención al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios del Banco de México (SPEI) en abril de 2018,5 la filtración de información confidencial de la embajada de México en Guatemala en abril de 20196 y el reciente ataque que Petróleos Mexicanos sufrió en noviembre de 2019,7 donde se solicitó la cantidad de 565 bitcoins (5 millones de dólares) para poder liberar los equipos secuestrados por ciberdelincuentes.

La razón de dichas vulneraciones están asociadas a la falta de mecanismos serios y eficientes de ciberseguridad, donde la falta de una agenda nacional integral en la materia es una de las principales casusa de ello, al igual que uno organismo especializado para el cumplimiento de ésta función. La existencia de Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT),8 como el de la UNAM o la Policía Federal,9 ya no son suficientes para la realización de la labor, donde esfuerzos desarticulados de los sectores público y privado no devendrán en resultados consistentes en la materia. Ante un escenario de amenazas digitales de origen global, donde la procedencia de los intentos de intervención han provenido de países tan variados como Rusia, China, Croacia, India, Cuba,10 muestran que nuestra estrategia debe de ser implementada de la manera más pronta posible, donde no podemos presentar esquicio alguno de rezago con los métodos, medidas y herramientas usadas por países potencia en el ramo, ya que la ofensiva de la delincuencia será tan buena como la mejor invención disponible o desarrollable, donde las desigualdades en el acceso y uso de estas tecnologías podrían dejar vulnerable a México.

Sobre esto, la necesidad de contar con los recursos necesarios para cumplir con labores de ciberseguridad resulta indispensable, los cuales hoy en día son limitados ante una postura de eficiencia y austeridad en las actividades gubernamentales, por lo que garantizar la salvaguarda de los fondos disponibles y la operación adecuada de cada una de estas instituciones es prioritario, lo que genera un ambiente de codependencia entre una lógica de austeridad y la protección de los fondos planeados. Así, demandar la existencia de un monto dedicado exclusivamente a labores de ciberseguridad, requiere de que ésta sea el presupuesto suficiente para gestar y consolidar un trabajo serio en la materia, el cual debe de ser considerado en el ejercicio fiscal del año 2020, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe de comprometerse para asignar la cantidad indispensable para garantizar las funciones, donde la exposición de una justificación, más allá de la previamente realizada, parece trivial ante la obviedad del problema y los muchos problemas que hoy en día estamos travesando ante la constante vulneración de nuestra seguridad por parte actores públicos y privados que sacan ventaja de estas tecnologías con total impunidad.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de Hacienda y Crédito Público, para que implemente medidas eficientes y eficaces de prevención, control y solución de ataques informáticos del gobierno federal ante un escenario de constantes vulneraciones a instituciones públicas y la vulnerabilidad derivada de la ausencia de un plan nacional en la materia.

Notas

1 Itzel Castañares. (2019). Ciberataques cuestan alrededor de 8 mil mdd a México, 2 de Diciembre de 2019, de El Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/tech/ciberataques-cuestan-alrededor-de- 8-mil-mdd-a-mexico

2 Pedro Villa y Caña. (2019). Hackers acechan información del Estado; van 45 millones de intentos, 2 de Diciembre de 2019, de El Universal. Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hackers-acechan-in formacion-del-estado-van-45-millones-de-intentos

3 Karen Julibeth. (2019). México, de los más vulnerables a ciberataques por falta de cultura e inversión, 2 de Diciembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/negocios/mexico-uno-de-los-paises-mas-vulnerabl es-a-ciberataques-en-al.com.mx/nacion/hackers-acechan-informacion-del-e stado-van-45-millones-de-intentos

4 Ídem

5 Cristóbal Martínez Riojas. (2018). Caso SPEI: la cronología del hackeo al sistema financiero mexicano, 2 de Diciembre de 2019, de Expansión. Sitio web:

https://expansion.mx/economia/2018/05/18/caso-spei-la-cr onologia-del-hackeo-al-sistema-financiero-mexicano

6 Redacción. (2019). Hackea embajada de México y publica datos de pasaportes en Twitter, 2 de Diciembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/tecnologia/hackea-embajada-mexico-publica-datos -pasaportes-twitter

7 Redacción de Reuters. (2019). “Plantas operan, pozos trabajan”; mexicana Pemex no pagará a hackers: secretaria Energía, 2 de Diciembre de 2019, de Reuters. Sitio web: https://mx.reuters.com/article/petroleo-mexico-hackers-idMXL2N27T1EL

8 Rodrigo Riquelme. (2018). ¿Qué es un Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT)?, 2 de Diciembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Que-es-un-Equipo-de-Respuest a-ante-Emergencias-Informaticas-CERT-20180122-0009.html

9 Ídem

10 Pedro Villa y Caña. (2019). Hackers acechan información del Estado; van 45 millones de intentos, 2 de Diciembre de 2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hackers-acechan-informacion-del-e stado-van-45-millones-de-intentos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a implantar con el Conacyt acciones que fortalezcan la investigación científica y tecnológica en el país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) indica que la ciencia, tecnología e innovación son elementos centrales para el desarrollo de sociedades del conocimiento sostenibles, siendo un importante motor de crecimiento económico y desarrollo social.1

Durante 2019, en el mundo surgieron varias innovaciones científicas y tecnológicas que han cambiado la vida de millones de personas, por ejemplo, la lucha contra el virus del ébola, pues algunos científicos pudieron identificar dos medicamentos que redujeron drásticamente las tasas de mortalidad causadas por esta enfermedad.2

También se pudo capturar la primera imagen de un agujero negro a través de la conexión de señales de ocho radiotelescopios repartidos por todo el planeta, con lo que se pudo formar un telescopio virtual del tamaño de la tierra, logrando una ortografía con sensibilidad y resolución sin precedentes.

Se logró la aprobación de un tratamiento eficaz para la mayoría de los casos de fibrosis quística, una enfermedad potencialmente mortal que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, tubo digestivo y otras áreas del cuerpo.

Un equipo internacional logró reforzar el intestino para revertir la desnutrición de millones de personas en el mundo, especialmente de los niños. Dicha investigación logro crear un suplemento de bajo costo y fácil obtención que estimula el crecimiento de las bacterias beneficiosas del intestino.

Estos ejemplos antes mencionados solo muestran la importancia que tiene la formación de nuevas científicas y científicos en el planeta, ya que todos los días hay cientos de nuevos descubrimientos en todas partes, pero por falta de apoyos o de políticas públicas que los ayude con sus investigaciones, estos las abandonan.

La Unesco indica que en 2013 había aproximadamente en todo el mundo 7.8 millones de personas empleadas de tiempo completo en actividades de investigación, cifra que representa el 0.1 por ciento del total de la población mundial. China, la Unión Europea, Japón, la Federación Rusa y Estados Unidos son los principales países que representan el 72 por ciento de la población investigadora del mundo.3

No obstante, se estima que menos del 30 por ciento de los investigadores de todo el mundo son mujeres y que hay muy pocas mujeres en puestos de toma de decisiones y en los empleos mejor remunerados de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.4

En este sentido, menos de un tercio de las estudiantes mujeres eligen carreras vinculadas a ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, y que un 3 por ciento escoge carreras relacionadas con la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Esta desigualdad en las ciencias se produce por varias razones, desde priorizar este tipo de educación en los niños hasta los prejuicios de género y estereotipos.

En este sentido, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y con ello lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar en 2016 el 11 de febrero de cada año como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.5

En México la situación no es diferente. De acuerdo con el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) indica que para 2017 se tenía registro de 27 mil 186 investigadores en total, de los cuales solamente el 36.6 por ciento eran mujeres.6

Se estima que el país está aún por debajo del promedio de los países de Latinoamérica en relación a mujeres investigadoras. Según la Unesco (2015), sólo el 29 por ciento de los investigadores en el mundo son mujeres, siendo América Latina y el Caribe la región con este indicador más alto, 45 por ciento, y la más baja Asia, con 23 por ciento.

En 2018 de las más de 63 mil becas que se otorgaron a través de Conacyt, 46.5 por ciento fueron para mujeres; en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), había alrededor de 7 mil, que representaban el 37 por ciento y en el programa de Cátedras para la Investigación, 42 por ciento eran mujeres.7

Es importante mencionar que la comunidad científica del Conacyt ha denunciado una falta de fondos desde el inicio de la presente administración, a pesar de haber más de 70 fondos dispuestos para la investigación científica en nuestro país.8 Tan solo para 2020 el presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es de 25 mil 658 millones de pesos, 1 mil 500 millones de pesos menos que en 2018.

Esta situación de precariedad por la que está pasando la comunidad científica debe ser revertida lo antes posible, porque un país sin ciencia y sin igualdad de género limita su desarrollo, por lo que es necesario que se implementen acciones que fortalezcan la investigación científica y tecnológica en el país, así como garantizar que se incorpore la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación en los espacios de ciencia y tecnología.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, implemente acciones que fortalezcan la investigación científica y tecnológica en el país, así como brindar mayores espacios educativos y laborales para que todas las mujeres puedan acceder a participar en la innovación de México.

Notas

1 http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/natural-sciences/scie nce-technology-and-innovation/

2 https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/los-10-avances-cientific os-mas-trascendentales-de-2019

3 https://es.unesco.org/node/275017

4 https://news.un.org/es/story/2019/02/1451051

5 https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day

6 https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/corredor-fronterizo/muje res-y-ciencia-en-mexico

7 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cuantas-cientificas-mexican as-conoces-20180206-0147.html

8 https://laverdadnoticias.com/tecnologia/
Crisis-en-el-Conacyt-sin-recursos-y-muy-pocos-investigadores-20191230-0058.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días de febrero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE y el INAH a reforzar los instrumentos internacionales de protección de que México es parte para combatir la venta de piezas arqueológicas en el extranjero, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El saqueo es desafortunadamente, uno de los principales enemigos del patrimonio cultural de los pueblos, ya que impide la investigación para conocer el contexto real de los materiales culturales, desgraciadamente, estos tesoros y en especial los constituidos por metales preciosos, jade y porcelana, ocasionaron dejar como mudos testigos los magníficos frescos de sus paredes.

Sin embargo, el afán por coleccionar sigue causando grandes daños al patrimonio arqueológico, personas ambiciosas sin escrúpulos estafan con falsificaciones o fomentan el saqueo de sitios arqueológicos por campesinos pobres, que en esa actividad encuentran un complemento a su precaria economía.1

Con el paso del tiempo, estos vestigios llegaron a consolidarse como magníficas colecciones privadas, que llegaron a ser parte de grandes museos para disfrute de todo público visitante o que acudía, convirtiéndose en patrimonio para toda la humanidad.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos vigente, refiere que es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, además de que la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Así también, el tercer párrafo del artículo 16 del mismo ordenamiento, refiere que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, promoverá la recuperación de los monumentos arqueológicos de especial valor para la nación mexicana, que se encuentran en el extranjero, aplicando de manera supletoria los tratados internacionales y las leyes federales.

En este contexto y para responder a tales situaciones, en 1970 se estableció la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales.2

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 16a reunión, celebrada en París, del 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970, menciona la importancia que tiene la cooperación cultural a nivel internacional entre los países.

Los bienes culturales son uno de los elementos fundamentales de la civilización y de la cultura de los pueblos, y que sólo adquieren su verdadero valor cuando se conocen con la mayor precisión su origen, su historia y su medio, ya que el intercambio de bienes culturales entre las naciones con fines científicos, culturales y educativos, aumenta los conocimientos sobre la civilización humana, enriquece la vida cultural de todos los pueblos e inspira el respeto mutuo y la estima entre las naciones.

Así también, menciona que todo Estado tiene el deber de proteger el patrimonio constituido por los bienes culturales existentes en su territorio contra los peligros de robo, excavación clandestina y exportación ilícita, para evitar esto; es necesario evitar esos peligros, es indispensable que todo Estado tenga cada vez más conciencia de las obligaciones morales inherentes al respeto de su patrimonio cultural y del de todas las naciones.

La importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales, dificultan la comprensión mutua de las naciones, que la UNESCO tiene el deber de favorecer, entre otras formas, recomendando a los Estados interesados que pacten convenciones internacionales con ese objeto, que, para ser eficaz, la protección del patrimonio cultural debe organizarse tanto en el plano nacional como en el internacional, y que exige una estrecha colaboración entre los Estados.

Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en vigor, señala los objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del instituto.

En los últimos cinco años el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha presentado 21 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la venta ilegal de piezas arqueológicas que se ofertan y subastan en páginas de internet o incluso en redes sociales, donde se ofertan las piezas arqueológicas sin ninguna restricción.

Por mencionar algunos, en Jalisco la página de subastas www.ebay.com por la venta en subasta de 41 objetos arqueológicos en dicho portal, en facebook “Bazar Pulga” el INAH detectó una venta ilegal de una figura antropomorfa en Colima, así como en varios estados de la república.

El pasado 18 de septiembre, la casa de subastas francesas Millon puso en venta 95 piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas teotihuacana, olmeca y maya, así como de Guerrero y Oaxaca, colección que superó el millón 200 mil euros, es decir, alrededor de 25.6 millones de pesos.3

De ahí la importancia para que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establezca de inmediato comunicación con los órganos internacionales correspondientes para hacer valer los instrumentos en los cuales México es parte, señalando además que Francia es parte de los países que signan esta convención, ratificándolo en enero de 1997.

Por lo anterior, el artículo segundo, fracción primera, del instrumento citado, refiere: Los Estados parte en la presente Convención reconocen que la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales constituyen una de las causas principales del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes, y que una colaboración internacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos.4

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, la siguiente, proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, refuercen y hagan valer los instrumentos internacionales de protección de los que México es parte, para combatir la venta de piezas arqueológicas en el extranjero.

Notas

1 https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-saqueo-arqueologico

2 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit-trafficking-of-cult ural-property/1970-convention/

3 https://almomento.mx/denuncias-del-inah-por-venta-ilegal-de-piezas-arqu eologicas/

4 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 11 de febrero de 2020.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Profepa a evitar la construcción de fraccionamientos cerca de Minera México, en SLP, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado José Ricardo Delsol Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para evitar la construcción en suelos contaminados cercanos a la Minera México, ubicada en el estado de San Luis Potosí, SLP, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano a un medio ambiente saludable, que a la letra dice:

“(...) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quién lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley (...)”:

En consecuencia, el objetivo que persigue la presente proposición atiende una justa problemática en pro de velar por el bienestar de las personas que deseen formar parte del desarrollo urbano que se pretende construir en el Estado de San Luis Potosí, SLP.

Afectando el acceso a un entorno saludable que imposibilita el pleno desarrollo de las y los habitantes, provocando así consecuencias graves a nivel ecológico, ambiental y salubridad.

De igual forma la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí asevera en su Artículo 7° fracción XV:

“(...)La prevención, regulación, control, vigilancia e inspección del aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la acción de la federación que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición, que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras, así como de aquellas actividades, cuya explotación se realice preponderadamente por medio de trabajos a cielo abierto y de la contaminación generada por éstas, asimismo abrir, conservar y llevar para su consulta los registros de los bancos de materiales y de las autorizaciones que emita la SEGAM (Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental) (...)”.

Por lo anteriormente expuesto, se fija la importancia de llevar a cabo un proceso de regulación e inspección de cada construcción de depósitos que implique un impacto contaminante, que deba ser observado y controlado por las mismas instancias encargadas de vigilar la contaminación generada.

Además, el artículo 12 fracción V de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, contempla el compromiso de prever no sólo las condiciones a corto plazo, sino también a largo plazo.

Artículo 12. La política ambiental del Estado responderá a las peculiaridades ecológicas de la Entidad y guardará concordancia con los lineamientos de acción nacionales que establezca la federación, para lo cual observará los siguientes principios:

(...) V. La responsabilidad respecto al ambiente comprende tanto las condiciones presentes como las que se determinen para la calidad de vida de las futuras generaciones (...).

De tal manera que, dicho artículo no sólo prevé las condiciones a corto plazo, sino también a largo plazo. Y tratándose de un tema tan delicado, como lo es la contaminación que genera el arsénico, así como sus consecuencias en la salud de las personas que se mantienen expuestas a este químico altamente nocivo para la salud.

Ahora bien, las intenciones de construir en terrenos cercanos a la Minera México, que antes fueron usados como suelos de depósitos contaminados por la fundidora de arsénico, solo manifiestan la falta de responsabilidad al no garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de fraccionamientos, parques recreativos que involucran la construcción de lagos y que estos a su vez implican la excavación en subsuelos.

Y cuando el arsénico entra al medio ambiente a través del suelo, agua y aire, tal y como lo expone el Resumen de Salud Pública sobre el arsénico, investigación llevada a cabo por la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades (ATSDR) menciona que muchos compuestos comunes de arsénico pueden disolverse en agua. Por lo tanto, el arsénico puede pasar a lagos, ríos o al agua subterránea disolviéndose en el agua de lluvia o la nieve o en desagües industriales. Cierta cantidad de arsénico se adherirá a partículas en el agua o a sedimento del fondo de lagos o ríos , mientras que otra porción será arrastrada por el agua.

Asimismo, la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades (ATSDR), menciona que la concentración de arsénico en agua de superficie o subterránea es aproximadamente 1 parte de arsénico por billón de partes de agua (1 ppb), pero puede exceder 1,000 ppb en áreas de minería o donde los niveles de arsénico en el suelo son naturalmente elevados. Generalmente, el agua subterránea contiene niveles de arsénico más altos que el agua de superficie .

Siendo así un proyecto de alto riesgo, querer desarrollar construcciones urbanas que impliquen tomar como punto de construcción terrenos usados como zonas de depósitos contaminantes.

Sin dejar de lado las repercusiones que manifiesta el arsénico en el cuerpo humano

El arsénico fue clasificado por la International Agency for Research on Cancer (IARC), como un agente carcinogénico para humanos con base en estudios epidemiológicos que relacionan la ingestión de arsénico en el agua de bebida y cáncer en la piel y estudios ocupacionales que relacionan la exposición al arsénico y cáncer de pulmón .

De acuerdo a señalamientos de la OMS: Los primeros síntomas de la exposición prolongada a altos niveles de arsénico inorgánico (por ejemplo, a través del consumo de agua y alimentos contaminados) se observan generalmente en la piel e incluyen cambios de pigmentación, lesiones cutáneas y durezas y callosidades en las palmas de las manos y las plantas de los pies (hiperqueratosis). Estos efectos se producen tras una exposición mínima de aproximadamente cinco años y pueden ser precursores de cáncer de piel.

Además de cáncer de piel, la exposición prolongada al arsénico también puede causar cáncer de vejiga y de pulmón. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha clasificado el arsénico y los compuestos de arsénico como cancerígenos para los seres humanos; el arsénico presente en el agua de bebida también ha sido incluido en esa categoría por el CIIC.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este pleno de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para hacer uso de sus competencias en la revisión del proyecto de construcción de fraccionamientos y parques recreativos, cercanos a la Minera México, ubicado en el Estado de San Luis Potosí, SLP. Siendo así una zona contaminada que representa altos riesgos para la salud, manifestando una falta de responsabilidad construir sin antes valorar la viabilidad de los proyectos, poniendo en riesgo el bienestar de las personas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades locales para realizar y hacer público el informe, los documentos e investigaciones de contaminación necesarios para valorar si es o no factible llevar a cabo el uso de dichos terrenos.

Notas

Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades. (06 de mayo de 2016). Obtenido de ATSDR:

https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs2.html

Carabantes, AG (2003). Arsénico en el agua de bebida: un problema de salud pública. Revista Brasileña de Ciencias Farmacéuticas, Vol.39 No.4.

Organización Mundial de la Salud. (15 de febrero de 2018). Sitio web mundial OMS. Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/arsenic

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero del 2020.

Diputado José Ricardo Delsol Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a elaborar por la Semarnat y la Ssa un programa nacional sobre los efectos ecológicos y de salud derivados de la industria textil moderna, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

La fabricación de productos que están a la moda es una de las industrias que cuentan con grande alcance a nivel internacional, esto después de la consolidación de la apertura económica en los primeros años del siglo XXI.

Hoy en día, las prendas de vestir y los textiles representan 5 por ciento del comercio mundial de los productos de manufactura, siendo la cuarta industria más representativa.

Dicho crecimiento de la industria y sus grandes volúmenes comercializados, combinado con la necesidad de innovar y presentar las últimas tendencias de la moda, derivó en la consolidación del concepto “fast fashion” o “moda rápida”.

EL concepto fast fashion, son productos diseñados que están hechos bajo parámetros de producción inmediata, cuentan con una durabilidad de dos semanas en una tienda de ropa, con la finalidad de crear un ciclo de consumo; generando en el consumidor la necesidad de comprar prendas de ropa en periodos cortos de tiempo. De este modo, las tiendas comerciales se dedican a confeccionar colecciones de ropa de forma acelerada, a bajo costo y de mala calidad.

El sistema de producción fast fashion o moda rápida, se ha asociado al concepto de moda desechable, consecuencia derivada de las industrias textiles que fabrican este tipo de ropa, a precios flexibles, sin garantizar la durabilidad y calidad de las prendas.

La Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), durante el año 2019 manifestó que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Al considerar que el ramo del vestido utiliza cada año 93 mil millones de metros cúbicos de agua, volumen suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas. En consecuencia, cada año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibra, lo que equivale a 3 millones de barriles de petróleo.1

Se ha detectado que en el lavado de prendas sintéticas se pueden liberar más de mil 900 fibras de microplásticos, que llegan a los océanos a través de los afluentes de aguas residuales.

Por otro lado, en la fabricación y procesamiento de las prendas de vestir se recurre al uso de tóxicos y metales pesados como el plomo, cromo, níquel, alquifenoles y sustancias perfluoradas, ftalatos o colorantes que ocasionan partículas cancerígenas; insumos químicos y vertimientos que, al liberarse y tener contacto en la producción, consumo y desecho de los textiles son peligrosos para el medio ambiente y el ser humano.2

Los textiles que son desechados de las prendas de vestir, al final de su vida útil, contaminan de igual manera que los popotes, las botellas de PET, y el polipropileno derivado de los electrodomésticos y componentes de vehículos.

Cadenas de moda a nivel internacional que comercializan sus productos en México, confeccionan ropa desechable con materiales de baja calidad, que reducen su durabilidad por mencionar algunas: Zara, Bershka, H&M, Pull and Bear, Mango; entre otras; siendo éstas últimas las marcas más vendidas del mercado.

Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha advertido de las distintas cadenas o industrias de moda, como las mencionadas anteriormente, utilizan fibras sintéticas derivadas del petróleo para elaborar sus colecciones, materiales que tardan cientos de años en biodegradarse.3

En la industria de la moda se debe tomar conciencia sobre su consumo debido a que su utilización en la actualidad es considerable. Es frecuente que existan ofertas sobre los precios dejándolos a menor precio, lo que provoca que la gente consuma hasta 60 por ciento más ropa que hace quince años.

En México la Profeco emitió acciones que se deben tomar en cuenta para la agenda 2030, entre ellas se encuentran: asegurar el agua y cuidado del medio ambiente, promover el crecimiento económico; para obtener mejor desarrollo sostenible, mediante una producción y consumo de manera responsable y así garantizar a largo plazo el bienestar mundial.4

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud elaboren un programa a nivel nacional sobre los impactos ecológicos y de salud derivados de la industria textil moderna, a fin de concientizar a la población sobre el consumo de los productos derivados del fast fashion (moda rápida) o moda desechable.

Notas

1 http://www.onunoticias.mx/el-costo-ambiental-de-estar-a-la-moda/

2 http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/detox.pdf

3 https://www.gob.mx/profeco

4 Profeco. (2019). Fast Fashion, la Moda Desechable. Revista del Consumidor

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Capufe y la SCT a analizar la aplicación de descuentos en las plazas de cobro de autopistas en mal estado o en reparación, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena , diputada federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento

Consideraciones

Las autopistas del país son un mal necesario. Dicho de esa forma concebimos a una carretera pequeña, que muchas veces no cumple las condiciones para las que fue creada y generalmente tiene tramos en reparación, por diversos factores, ya sea por desgaste de la carpeta asfáltica o por fallas geológicas.

El uso que las empresas hacen de las carreteras de cuota aumenta cada día, lo que conlleva a su desgaste; otras en cambio, fueron mal planeadas desde su construcción.

El costo por kilómetro lineal de las autopistas tiene precios de primer mundo, es justo pagar por recibir un servicio y que éste solamente aumente conforme lo hace la inflación.

Lo que no es correcto, es pagar por malos servicios, es decir, carreteras con baches, derrumbes, reparaciones, falta de señales, falta de sanitarios, tiendas de autoservicio, paso de animales, entre otros.

Además que hoy, es vital y necesario el uso de las autopistas, derivado de la inseguridad que permea en el país. Ante ello, no podemos castigar los bolsillos de las y los mexicanos que usan dichas carreteras en mal estado.

Muchas carreteras de peaje pasan por ciudades, otras tienen tráfico en sus casetas de cobro que hacen trayectos cansados para el usuario. Recientemente en tramos carreteros de peaje y de afluencia de transporte de mercancías, se observa que prevalece la inseguridad, robos, secuestros y otros delitos de fuero federal y común.

El llamado al Fonadin, a Capufe y a la SCT es a que revisen dicha alza inflacionaria y tomen como partida el estado que guarda las carreteras de peaje del país, para no generar descontento generalizado en la población.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Fondo Nacional de Infraestructura, a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que coordinadamente, analicen la aplicación de descuentos en las plazas de cobro de autopistas que se encuentran en mal estado o en reparaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de febrero del 2020.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE a revisar, emitir o, en su caso, modificar los acuerdos de clasificación y codificación de mercancías, a fin de simplificar y eliminar los trámites relativos a la importación de insumos para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación en el país, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe María Marivel Solís Barrera , diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación es piedra angular del bienestar económico y social de cualquier país del mundo. Las naciones más desarrolladas, han alcanzado y elevado sus niveles de bienestar y desarrollo económico gracias a la generación de conocimiento y al aprovechamiento social y productivo del mismo.

México hoy día enfrenta grandes retos para detonar sus políticas de ciencia, tecnología e innovación, mismos que deben ser solucionados mediante la vinculación y coordinación de todos los sectores del país. Las acciones para impulsar el quehacer científico nacional se basan en gran medida, por la revisión del marco legal bajo el cual se desarrollan.

La investigación, como cualquier otra actividad, está sujeta a una regulación cuya finalidad debe ser apoyarla y estimularla, desafortunadamente, hay ocasiones en que esta regulación tiene justamente el efecto contrario, con consecuencias negativas reales para el desarrollo científico y tecnológico nacional.

La comunidad científica en nuestro país debe importar una gran cantidad de los insumos requeridos para desarrollar sus investigaciones, pues la mayoría de estos productos y equipos no se comercializan en el país y, cuando los hay, no siempre tienen precios competitivos o no cuentan con las características requeridas para la investigación (por ejemplo, la pureza de las sustancias).

La regulación actual de la importación de insumos para el quehacer científico ocasiona pérdidas económicas y dificulta el trabajo de investigadores, innovadores y tecnólogos mexicanos, por otra parte, retrasa en gran medida la publicación de resultados y la formación de recursos humanos, que son indicadores internacionales del estado de la ciencia y la tecnología de las naciones.1

Cualquier estimación conservadora indica que los costos de importación por concepto de trámites llegan a representar hasta un 30 por ciento del total de un proyecto, lo cual sin duda representan un costo muy elevado que es absorbido por nuestras universidades y centros de investigación.

De este modo, es claro que el actual modelo incide negativamente y de manera injustificada en la importación de insumos para la investigación, por lo que consideramos que articular acciones desde el gobierno federal permitiría reducir sustantivamente dichos costos. Con ello, no sólo se reorientaría el gasto de cientos o miles de millones de pesos al desarrollo sustantivo de los proyectos, sino que también eliminaría los obstáculos burocráticos que retrasan y detienen la generación del conocimiento y, por extensión, su aprovechamiento eficiente para beneficio de la sociedad.

Actualmente, las excesivas medidas impositivas y restrictivas dificultan la labor de los científicos para poder adquirir e importar insumos biológicos para la experimentación biomédica; infraestructura científica altamente especializada y materiales y reactivos químicos para los laboratorios químicos, físicos y biológicos, por mencionar algunos, impactando la capacidad de desarrollo competitivo en ciencia, tecnología e innovación, tanto a nivel estatal como federal.

La necesidad de esta mejora regulatoria es una demanda histórica del sector científico nacional, pues resulta medular disminuir restricciones para insumos a la investigación por lo que se requiere que las normas que aplican Sader, Semarnat y Cofepris, contengan criterios flexibles para la importación de equipos, e insumos para el quehacer científico tales como instrumentos de laboratorio, reactivos químicos, animales para la experimentación, organismos unicelulares y tejidos orgánicos que establezcan la posibilidad de obtener permisos por tiempos prolongados o por número de piezas a importar. En este orden de ideas, también es importante la facilitación de trámites aduaneros para la liberación de equipos e insumos a la investigación.2

Aunado a esto, una gran parte de los insumos biológicos que se importan como tejidos orgánicos, animales para la experimentación y cultivos con organismos unicelulares requieren de procedimientos termorreguladores específicos que son altamente susceptibles al tiempo y temperatura. Es por ello, la necesidad de acelerar los procedimientos administrativos en las aduanas para evitar la descomposición de las muestras biológicas.

Mediante este punto de acuerdo se busca que la Secretaría de Economía revise los acuerdos de clasificación y codificación de mercancías, con la finalidad de impulsar e implementar acciones que permitan eliminar las barreras administrativas y burocráticas que al día de hoy bloquean e incrementan de manera injustificada, los costos de la investigación científica en nuestro país.

Lo anterior, con fundamento en lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en las fracciones V y VI de su artículo 34, que a la letra dicen:3

“Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a IV.

V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación , y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior;

VI. Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación , y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados;

VII. a XXXIII. ....”

Si se toman las acciones y medidas pertinentes se lograría un impacto positivo que permitiría agilizar la investigación y formación de recursos humanos y el ahorro de recursos públicos tan necesarios en este sector.

La simplificación y desregulación de la importación de insumos para la investigación científica es necesaria ya que no solo otorga beneficios económicos y presupuestarios significativos, sino que además el conocimiento se generaría a mayor velocidad, situación indispensable para el paso de México a una economía del conocimiento. La propuesta está basada en principios de mejora regulatoria que forman parte de nuestro régimen legal.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Economía, con sustento en las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que revise, emita o en su caso modifique los Acuerdos de clasificación y codificación de mercancías con la finalidad de disminuir, y en su caso eliminar los trámites necesarios para la importación de insumos para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación en nuestro país.

Notas

1 “Importación de insumos para la investigación”. Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Disponible en: http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/incytu/14.pdf

2 “Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación” disponible en : http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/agenda_nal_cti_extenso_2609 12.pdf

3 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, disponible en línea:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_220120.p df

Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2020.

Diputada María Marivel Solís Barrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a informar a la opinión pública sobre la falta de apoyo al campo y, en su caso, las acciones por emprender ante la grave problemática del sector, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas , en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al gobernador constitucional del estado de Veracruz informe a la opinión pública la falta de apoyo al campo y, en su caso, las acciones a emprender ante la grave problemática que padece este sector, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Secretaría de Finanzas y Planeación señaló en diciembre pasado que - pese a las imperantes necesidades del estado y en virtud de la inexperiencia, ineficiencia y complicidad de los funcionarios públicos del actual gobierno -se cerraría el 2019 con un subejercicio de más de 18 millones de pesos.

Dentro de las instituciones veracruzanas que gracias a la administración de la 4T encabezada por Cuitláhuac García Jiménez presentaron subejercicio que traerá como consecuencia la devolución al erario de los recursos que fueron aprobados y entregados para fines específicos, se encuentra el Fideicomiso para Desastres Naturales ¡que no ejerció ni un sólo peso de sus 81 millones de pesos!, pese la sequía que padecieron los ganaderos en la zona centro del estado.

En el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado de Veracruz de la Llave para 2019, se asignaron al Fideicomiso Fondo para Desastres Naturales 81 millones 282 mil 653 pesos y se estableció que la entidad federativa podría utilizar el remanente que le corresponda para acciones de prevención y mitigación.

Es de señalarse que el fallecido diputado al Congreso del estado de Veracruz, Juan Carlos Molina -quien lamentablemente fuere asesinado en noviembre pasado- hizo un llamado a las autoridades para que atendieran la problemática derivada de la grave y devastadora sequía que trajo como consecuencia, tan solo en la zona norte del estado, al menos, 2 mil campesinos y 20 mil hectáreas afectadas, así como 15 mil cabezas de ganado muertas.

Ante esta problemática, el gobierno del estado comentó que daría un apoyo de $100.00 (cien pesos M.N.) por vaca muerta a consecuencia de la sequía que azota el norte del estado; ofrecimiento que, sin lugar a dudas fue recibido por el sector ganadero como una burla total.

Sin embargo, las autoridades estatales no destinaron un solo peso de este Fideicomiso, que a diciembre de 2019 permanecía intacto, para mitigar el gran daño que, como hemos expresado, la sequía causó a miles de familias veracruzanas.

En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa la falta de aplicación de dichos recursos para la atención de las necesidades de las familias veracruzanas, en materias tan sensibles como es el Campo dada su gran incidencia en el desarrollo económico y social de los veracruzanos.

Nos preocupa la falta de atención a las necesidades y problemas de nuestro Estado, en virtud de la inexperiencia, ineficiencia y complicidad de los funcionarios públicos del actual gobierno. Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Veracruz para que informe y explique a la opinión pública, la falta de aplicación de los recursos del Fideicomiso para Desastres Naturales para apoyo al campo veracruzano y, en su caso, las acciones a emprender para atender la grave problemática que padece este sector.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Fiscalía General de Guanajuato a realizar una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial y expedita para esclarecer el homicidio de la lideresa comerciante de pirotecnia Sanjuana Razo Murillo, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se realice una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y expedita para hacer el esclarecimiento del homicidio de la líder de comerciantes de pirotecnia, Sanjuana Razo Murillo, bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 7 de febrero del presente, Sanjuana Razo Murillo, una mujer líder de comerciantes de pirotecnia en Salamanca, en el estado de Guanajuato, fue cobardemente asesinada, por parte de, al menos, cuatro sujetos quienes le dispararon en varias ocasiones.

De acuerdo a los primeros reportes a los que tenemos acceso, una de las líneas de investigación está ligada con la extorsión a comerciantes.

Al respecto de la inseguridad y la violencia que se vive en aquella entidad, el Observatorio Ciudadano de Salamanca señaló que hubo un incremento de los homicidios dolosos y violencia familiar en el año pasado. Por su parte, de acuerdo al número de denuncias presentadas ante la autoridad investigadora en el estado de Guanajuato se incrementó en un cien por ciento de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. De enero a agosto de 2013 se reportaron 44 mil 989 delitos, en el mismo periodo de 2019 la cifra se incrementó a 92 mil 460. Es decir se registró un aumento de más del doble de denuncias.1

Por si esto no fuera suficiente, para inicios de este 2020, estadísticas elaboradas por el periódico Reforma, que a través de un recuento de ejecuciones ligadas al crimen organizado, mediante informes oficiales, se destaca que Guanajuato se encuentra a la cabeza de esta estadística, con 376 homicidios presuntamente vinculados al crimen organizado -unas doce ejecuciones diarias en promedio-2 durante el mes de enero.

La comisionada para la Seguridad Ciudadana del estado de Guanajuato, Sophia Huett López, señaló recientemente que la mayoría de los homicidios que ocurren en la entidad están relacionados con la delincuencia organizada,3 y, recientemente, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre de 2019 se recibieron en el estado de Guanajuato 6 mil 267 llamadas de extorsión, un promedio de 18 diarias.4

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo resulta apremiante que el gobierno fortalezca las medidas de seguridad para que los comerciantes y ciudadanos en general puedan realizar sus actividades cotidianas sin temor de ser víctimas de la delincuencia. Nos negamos a aceptar la violencia y la inseguridad como parte de la normalidad en el país. Exigimos acciones contundentes, eficientes e integrales por parte del gobierno del estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se exhorta a la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se realice una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y expedita para hacer el esclarecimiento del homicidio de la líder de comerciantes de pirotecnia Sanjuana Razo Murillo.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en el caso del homicidio de Sanjuana Razo Murillo, se brinde protección a sus familiares.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo acciones y operaciones de inteligencia para erradicar la inseguridad y la violencia en el estado de Guanajuato.

Notas

1 Milenio, “En seis años se duplican denuncias por delitos en Guanajuato”, Disponible en http://bit.ly/31JoOSd, consultado el 10 de febrero de 2020.

2 Reforma, “Ejecutómetro”, disponible en http://bit.ly/31GUdVu, consultado el 10 de febrero de 2020.

3 24 horas, “El crimen organizado vulnera a Guanajuato”, disponible en http://bit.ly/2UG1l2Q, consultado el 10 de febrero de 2020.

4 Am, “Es Guanajuato 5to en extorsión”, disponible en http://bit.ly/31EvXDB, consultado el 10 de febrero de 2020

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, a reconstruir con celeridad la parte del mercado Revolución afectada por un incendio el pasado 31 de enero, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Juan Martínez Flores, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la presidenta municipal de Córdoba, Veracruz, a efecto de que en el ámbito de sus facultades lleve a cabo con celeridad la reconstrucción de la parte afectada del mercado “Revolución”, mismo que el pasado de 31 de enero fuera consumido por un incendio; al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El municipio de Córdoba cuenta con un importante potencial económico debido, entre otros aspectos, a que posee diversos centros de distribución y mercados públicos, donde se comercializan alimentos frescos, de calidad y a precios asequibles, sobre todo frutas, verduras, carnes, pescados y productos lácteos. Representan una significativa fuente de ingreso familiar y un detonador de la economía local.

Es el caso del mercado “Revolución”, que es el más importante de la Ciudad de Córdoba, debido a su punto de ubicación, a su antigüedad y que cuenta con carnes rojas, pollo, locales de ropa y zapatos, artículos para el hogar, pan, verduras y frutas, artículos religiosos y espirituales, por mencionar algunos, pero sobre todo al mejor precio del rumbo.

Lamentablemente, este importante mercado se incendió durante la madrugada del pasado 31 de enero, inició cerca de las 2:30 horas, que logró ser controlado hasta cerca de las seis de la mañana.

Al punto acudieron a atender el incidente elementos de Bomberos de Córdoba, Nogales, Huatusco, Río Blanco, Amatlán de los Reyes, Cuitláhuac, Orizaba, Coscomatepec y Fortín. Así como de Protección Civil y fuerzas policiales municipales, estatales y federales.

No obstante, y a pesar de los esfuerzos de los bomberos, más del 80 por ciento de los locales fueron consumidos por el fuego, es decir aproximadamente dos mil 500 metros cuadrados dañados por las llamas.

La Secretaría de Protección Civil informó que en el mercado había 795 locales, a causa del incendio fueron destruidos poco más de 300, además de 50 puestos semifijos externos, asimismo una estructura interior que colapsó.

Con esta tragedia, a partir del 31 de enero, muchas familias han quedado en el desamparo, toda vez que su modus vivendi es mediante las ventas que realizan en sus puestos en el mercado.

Además, la gente que viene de diversas partes a comprar al mercado Revolución, ahora tendrá que ir a buscar sus productos a otros mercados más lejanos y aprecios más elevados.

Las situaciones de emergencia se pueden producir de manera inesperada; ninguna persona cree que le vaya a suceder nada en el lugar en que vive, a ella o a las personas cercanas; pero las emergencias ocurren y nos afectan a todos de manera directa o indirecta.

Para los locatarios que resultaron afectados, el saber qué decir, cómo, cuándo, quién, a quién, de qué manera, empleando qué medio o qué soporte... puede convertirse en una situación difícil, si no se cuenta con una previsión o un esquema de actuación claro. Si además hay muchas personas implicadas y sus respectivos familiares, la situación se complica considerablemente.

Para cada familia que perdió su negocio, en consecuencia, pierde sus ingresos y, por tanto, produce cambios en el estilo de vida. Se producen cambios radicales en la forma de vivir, pues se vive con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará esa situación. En tales circunstancias, se tiende a ser precavidos y reducir drásticamente los gastos.

Tienen una gran repercusión en el ámbito familiar, intensificando las relaciones existentes con anterioridad. Puede producir gran tensión y desestabilizar las relaciones familiares perjudicándolas o, por el contrario, la familia puede ser el gran apoyo y encontrar en ella el empuje y ayuda necesaria para buscar otro empleo, transmitiéndole confianza y seguridad.

La pérdida de un negocio también produce una reducción de las relaciones sociales. Inevitablemente se pierde el contacto con aquellas personas que son imprescindibles para poder desarrollar el trabajo. Además, es un medio para relacionarse y hacer grandes amistades. Por otro lado, las dificultades económicas disminuyen los contactos sociales, no hay tanta disponibilidad para salir a cenar o realizar actividades que supongan un gasto.

La pérdida puede traer consecuencias psicológicas negativas como disminución de la autoestima, depresión, ansiedad, etcétera. Produce un empobrecimiento del concepto que se tiene de uno mismo.

No obstante, hay una serie de sentimientos comunes que sufren quienes han perdido su negocio. Entre ellos destacamos los siguientes:

Sentimiento de vergüenza. La persona suele sentirse avergonzada por esa situación, responder a la simple pegunta “¿en qué trabajas?”, les produce malestar. Este sentimiento surge tanto por el hecho de estar sin su negocio, como por tener que buscar dinero para llevar a casa. La intensidad en que se sufre dependerá de diversos factores como la edad o el tiempo que lleve recuperar su negocio.

Sensación de fracaso. Es frecuente encontrar personas con sensación de fracaso, con la sensación de haber fallado.

El sentimiento de culpa también es frecuente ante estas situaciones. Muchas veces la propia persona llega a culparse por esa situación, pensando que no ha sido lo suficientemente válido en el desarrollo de sus funciones y no ha sabido mantener su negocio, sin tener en cuenta los factores externos que han podido generar esa situación.

Los niños son víctimas también del hecho que los padres hayan perdido su negocio. Los problemas económicos, el divorcio y muchas otras dificultades familiares derivados de esta problemática les afectan directamente. Según una investigación (https://psicologiaymente.com/clinica/desempleo-padres-provocadepresion -ansiedad-en-hijos), los hijos de padres y madres en que perdieron su negocio son más propensos a sufrir depresión, concretamente tienen 56 por ciento de probabilidades de desarrollar trastornos como ansiedad o depresión.

Por ello la urgencia de atender a todas estas familias que en este momento han perdido todo su negocio de la noche a la mañana, inclusive quizá con deudas, etcétera.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, dice en su párrafo tercero que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

El trabajo es condición humana. Por medio de éste, se busca asegurar las necesidades básicas, e incluso lograr una buena vida. Es una operación retribuida, resultado de la actividad humana; y también es conceptualizable como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza.

Es por ello que los locatarios del mercado “Revolución”, cuentan con ese derecho plasmado en nuestra Carta Magna, para que, en este caso, el municipio de Córdoba, pueda brindar el apoyo necesario para la restauración de este mercado lo antes posible, a fin de proteger el derecho humano a trabajar de los locatarios y ganar de manera honrado el sustento para sus familias.

Durante el segundo Informe de gobierno de la presidenta municipal de Córdoba, hizo un énfasis importante de procurar el bienestar de las familias cordobesas con distintas acciones, manifestando que es una prioridad para su administración.

Es en este momento donde apelamos a ese compromiso de la presidenta municipal para demostrar a los locatarios del mercado “Revolución”, su consideración, a fin de prestar el apoyo urgente que se requiere para la reconstrucción del mercado, y de esta manera, apoyar a éstas familias cordobesas.

Con base en lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la presidenta municipal de Córdoba, Veracruz, a efecto de que en el ámbito de sus facultades lleve a cabo con celeridad la reconstrucción de la parte afectada del mercado “Revolución”, que el pasado de 31 de enero fuera consumido por un incendio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputado Juan Martínez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a informar a la opinión pública sobre el monto total y por dependencia, las causas y el destino por dar a los recursos producto del subejercicio correspondiente a 2019, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al gobernador constitucional del estado de Veracruz informe a la opinión pública el monto total y por dependencia, las causas y el destino que se dará a los recursos producto del subejercicio correspondiente al ejercicio 2019, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Resulta por demás grave y consternante la situación que vive el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no solo con un alto grado de corrupción e inseguridad, sino que, además, la Administración de la 4T encabezado por Cuitláhuac García Jiménez no ha cumplido las metas de su Gobierno, lo que conlleva a la devolución de los recursos - que fueron aprobados y entregados para fines específicos - al erario público.

Es así que la propia Secretaría de Finanzas y Planeación señaló en diciembre pasado que, pese a las imperantes necesidades del Estado y en virtud de la inexperiencia, ineficiencia y complicidad de los funcionarios públicos del actual gobierno, se cerraría el 2019 con un sub ejercicio de más de 18 millones de pesos.

El reporte en cuestión refiere que la Secretaria de Educación Pública y la propia Secretaría de Finanzas y Planeación, son las dependencias que presentan los mayores sub ejercicios.

Veamos: De un total de $46,929,449,930.00 otorgados a la Secretaría de Educación Pública para 2019, ésta no ejerció $10,356,846,572.03, lo que corresponde al 22 por ciento; así mismo, de $9,254,607,031.00 para la Secretaria de Finanzas y Planeación, se detectó un sub ejercicio de $3,409,229,914.13 que equivale a cerca del 37 por ciento; de $2,233,557,033.00 para la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, lo no ejercido ascendió a $1,920,373,816.71 equivalente nada más y nada menos que al 86 por ciento de su presupuesto; y la Secretaría de Seguridad Pública; no ejerció $1,312,115,676.49 de los $5,528,068,898.00 que le fueron otorgados, lo que corresponde a casi el 24 por ciento de sus recursos.

Así, muchas otras dependencias, como Protección Civil que solo ejerció la mitad de su presupuesto y el Fideicomiso para Desastres Naturales - ¡que no ejerció ni un sólo peso de sus 81 millones de pesos! - pese la sequía que padecieron los ganaderos en la zona centro del Estado y la pérdida de hogares por derrumbes originados por lluvias en Zongolica, por ejemplo.

Y, aun así, argumentando no tener dinero para enfrentar los gastos de diciembre, al Gobernador y su equipo se les ocurrió pedir préstamos a la banca.

En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa, sobre todo, la aplicación de recursos para la atención de las necesidades de las familias veracruzanas, en materias tan sensibles como educación, seguridad pública, salud, desarrollo social, desarrollo económico y portuario, turismo y protección civil, entre otras.

Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del estado de Veracruz para que informe a la opinión pública y transparente el monto total y por dependencia, las causas y el destino que se dará a los recursos producto del subejercicio correspondiente al ejercicio 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implantar un programa especial de infraestructura básica y equipamiento de los Cecati, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputado federal Armando Reyes Ledesma en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea legislativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad a lo establecido a Ley General de Educación y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), es una Unidad Administrativa adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Dicha Dirección General, tiene entre otras atribuciones, el de la formación para y en el trabajo que se imparte en los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). Los cursos y talleres que imparten los CECATI se destacan debido a que tienen un carácter práctico del 80 por ciento y 20 por ciento teóricos, asimismo su amplitud y flexibilidad en modalidades presenciales, semipresenciales y en línea, hacen de los CECATI una institución generadora del “constructivismo social”, tal y como es definido por la propia Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, caracterizándose por promover la construcción de conocimientos, habilidades y valores por parte de las personas que cursan los talleres.

La “Formación para el Trabajo” , palabras que engloban la actividad de los CECATI, imparten cursos, talleres y especialidades a toda persona de 15 años y más que lo requiera, bajo los principios de equidad, justicia, transparencia, pertinencia y calidad, con la finalidad de facilitarles a las personas que concluyen los cursos, una posibilidad real de acceso al empleo, al desarrollo económico, social y al mejoramiento de su calidad de vida.

Los CECATI presentan variedad de opciones educativas de muy buena calidad, dirigidas a los diferentes sectores sociales y económicos del país, que van desde cursos y talleres regulares impartidos en las instalaciones de los planteles, en horarios fijos, cursos de extensión y capacitación acelerada, hasta cursos en línea que se adaptan a las necesidades de cada persona y a los requerimientos empresariales, esto último, elemento fundamental para acceder a un empleo.

Sin embargo, todo lo anterior se ve afectado por una realidad que se debe tomar en consideración: el estado físico de las aulas, baños, y en general las instalaciones de la mayoría de los CECATI, principalmente en los Estados con alta marginalidad, se encuentran en malas condiciones, y así en esa misma medida se encuentra el equipamiento de los talleres, esto en lo mejor de los casos cuando se cuenta con ello. Esta realidad hay que decirla también, es una problemática que está desde la creación de los CECATI, en el país se puede constatar que dichos Centros no reciben recursos de la federación vía Secretaría de Educación Pública y tampoco de los gobiernos de las entidades federativas, los argumentos de uno y otro de acuerdo a acercamientos que se han sostenido con varios Directores son los siguientes:

• Por parte de la Secretaría de Educación Pública, basta con que se cubra con las remuneraciones de los trabajadores administrativos, maestros y directores, debido a que la entidad federativa se ve beneficiada por el simple hecho de que los CECATI están en sus áreas geográficas y el gobierno local estatal debería hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones y equipamiento.

• Por parte de los gobiernos estatales, indican que los CECATI son de ámbito federal y no pueden estar contemplados en los programas de apoyo de recursos a instalaciones y equipamiento, como lo hacen con sus subsistemas de bachillerato estatal.

Ambos argumentos que son una lamentable realidad desde hace años, ponen en un impasse a los CECATI, dejándolos operar únicamente con los recursos que se obtienen por las inscripciones a los talleres y cursos que se imparten, generando con ello una disparidad abismal entre los CECATI a nivel nacional, esto es así porque va a depender de cuánta es la oferta de cursos y talleres y su matrícula, por lo tanto, en México contamos con CECATI con instalaciones en situaciones críticas y sin equipamiento y otros en mejores condiciones pero que no basta para brindar de manera óptima los cursos y talleres.

Por lo anterior, es que Directores y Directoras de los CECATI, emprenden actividades y gestiones con organizaciones de la sociedad civil para conseguir recursos, ejemplo de ello es en el Estado de Baja California, donde a través de gestiones hechas por legisladores locales y federales del Partido del Trabajo, se pudo suscribir un convenio para que al finalizar el fondeo correspondiente, el CECATI No. 21 en la Ciudad de Mexicali, inicie la construcción del primer Centro de Entrenamiento de Soldadura Subacuática en el Estado, y que sería el segundo en su tipo a nivel nacional, aprovechando la posición geográfica con Estados Unidos y ofrecer regionalmente e internacionalmente cursos de especialización competitivos que cuenten con equipos analógicos y digitales con tecnologías de última generación en soldadura de superficie y húmedos, y laboratorio de pruebas y análisis metalográficos, contemplado abarcar entre otros procesos, los siguientes:

1. Reparación de componentes

2. Soldadura multiprocesos

3. Control de calidad en soldadura

4. Ciencia de los materiales

5. Tratamientos térmicos

6. Soldadura húmeda

7. Soldadura en aluminio con arco

8. Soldadura en aluminio con micro-alambre

9. Soldadura en acero inoxidable con protección de cámara

10. Inspección de soldadura

Este tipo de proyectos diputadas y diputados, se podría detonar en cada caso particular de cada región en el país si existiese un recurso formal por parte de la federación y las entidades federativas que fuese canalizado a los CECATI para las instalaciones y equipamiento, y dejar de esa forma, esa lamentable disparidad que al final de cuentas afecta a la sociedad y a nuestro México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, a que implemente un programa especial de infraestructura básica y equipamiento de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, a efecto de que a través de convenios de coordinación con las entidades federativas, se destinen recursos de manera compartida para que dichos Centros puedan contar con instalaciones dignas y el equipo necesario para fortalecer y dar continuidad a los cursos y talleres que imparten, esto en el marco del “constructivismo social” que enarbola la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a once de febrero de 2020.

Diputado Federal Armando Reyes Ledesma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a adquirir 10 unidades médicas móviles para cada uno de los estados más pobres y marginados del país, y mejorar el programa de fortalecimiento de la atención médica, a cargo del diputado Lucio de Jesús Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Lucio de Jesús Jiménez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una parte central del trabajo de la seguridad del paciente de la OMS está relacionada con los desafíos de nuestra Campaña Mundial de la Seguridad del Paciente. Estos retos son las campañas internacionales que reúnan la experiencia y las pruebas sobre aspectos importantes de la seguridad del paciente y formular recomendaciones para garantizar la seguridad de los pacientes que reciben atención a nivel mundial.

De las garantías humanas de mayor importancia sin lugar a duda es la salud, sin salud es imposible que una sociedad pueda funcionar.

De las grandes preocupaciones de enfermedades a nivel mundial se menciona gripe pandemia, cólera, difteria, paludismo, meningitis, fiebre amarilla, malnutrición e intoxicación alimentaria, no por ello debemos dejarlo de considerar también como peligro latente de nuestro país.

En México no son los mismos problemas de salud afortunadamente, pero sí con riesgos latentes de enfermedades propias de las localidades, en tanto es menester estar pendiente cubriendo con las campañas de salud en las poblaciones a lo largo de la República Mexicana.

De nuestra Carta Magna en el párrafo cuarto del artículo 4 que a la letra dice:

Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decir de manera libere, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y a un medio ambiente sano. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyo y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hidráulicos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Los programas de fortalecimiento y atención medica llamadas Unidades Médicas Móviles (UMM), del fortalecimiento de la atención médica, dentro del marco de la ampliación de cobertura se concibe, como una estrategia de planeación y operación de los servicios básicos de la salud, que articulan recursos institucionales, comunitarios y presupuestarios, con el propósito de ofrecer acciones prioritarias e integrales para la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que carece de una atención sistemática, suficiente y oportuna para el cuidado de la salud.

Las Unidades Médicas Móviles están integradas por médicos, enfermeras y promotor/operador. Cada equipo de salud itinerante (ESI), apropiado para cubrir su ruta de atención, existiendo 4 tipos UMM, 01, II, III, las cuales atienden a localidades sin acceso a centros de salud, siguiendo una ruta y cronograma previamente establecidos, de tal manera que cada localidad la visitan dos veces por mes.

La situación actual de la Unidades Médicas Móviles y equipo de salud itinerante (ESI), que pocas veces visitan las regiones de pobreza y pobreza extrema, que viven entre montañas y caminos de difícil acceso que refleja las serie de problemas de atención médica a sus enfermedades. Asimismo se puede resolver las actuales limitaciones que aún prevalecen en los municipios de los estados más pobres de México, considerados de muy alta marginación social, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz por nombrar algunos.

La prestación de servicios itinerantes de atención primaria a la salud, ésta se rige por proceso de reformas que inicio por la década de los ochenta, este proceso trata de transformar un sistema de presentación desde un modelo individual (médico-enfermo) con actividades que realizan sobre las personas (prevención, curación, rehabilitación), un modelo basado en el trabajo de equipo interdisciplinario, con el firme propósito de mejorar la atención del individuo, la familia y la comunidad desde una práctica de actividades integrada por médicos, enfermeras, psicólogos, radiólogos y odontólogos.

En México hay 2.1 millones de personas que no pueden ejercer su derecho a la salud, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud, toda vez que no están adscritos a alguna institución de seguridad social.

El establecimiento de segundo y tercer nivel para la atención de pacientes, de una o varias especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas que presta servicios de urgencia, consulta externa, hospitalización y que deberá realizar actividades de prevención, curación y rehabilitación.

Existen convenios específicos de colaboración en materia de transferencia de los recursos presupuestarios de la federación con los estados:

1. Aguascalientes
2. Baja California
3. Baja California Sur
4. Campeche
5. Chiapas
6. Chihuahua
7. Ciudad de México
8. Coahuila
9. Colima
10. Durango
11. Estado de México
12. Guanajuato
13. Guerrero
14. Hidalgo
15. Jalisco
16. Michoacán
17. Morelos
18. Nayarit
19. Nuevo León
20. Puebla
21. Oaxaca
22. Querétaro
23. Quintana Roo
24. San Luis Potosí
25. Sinaloa
26. Sonora
27. Tabasco
28. Tamaulipas
29. Tlaxcala
30. Veracruz
31. Yucatán
32. Zacatecas

El artículo 9 de la Ley General de Salud especifica lo siguiente:

Artículo 9o. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el sistema nacional de salud.

La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, en las acciones de descentralización en los municipios que aquéllos lleven a cabo.

También en el inciso B del artículo 13 de dicha ley dice:

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaria de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de la salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento.

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXV y XXVII del artículo 3o. de esta ley, así como respecto de aquellas que se acuerden con los gobiernos de las entidades federativas, organizar u operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con las entidades de su sector.

III. Organizar y operar, por sí o en coordinación, con las entidades de su sector coordinado, los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas se los soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren al efecto.

IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las políticas nacionales en la materia.

V. Ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general.

VI. Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento.

VII. Coordinar el Sistema Nacional de Salud;

VII Bis. Se deroga

VIII. Realizar la evaluación general de la prestación de servicios de salud en materia de salubridad general en todo el territorio nacional.

IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y demás normas aplicables en materia de salubridad general.

X. Las demás que sean necesarias para ser efectivas las facultades anteriores y las que se establezcan en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales.

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables.

I Bis. Acordar con la Secretaría de Salud que ésta, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, se haga cargo de organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere la fracción anterior, en los términos que se estipulen en los acuerdos de coordinación y demás instrumentos jurídicos que al efecto se celebren;

II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud procurando su participación programática en el primero;

III. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;

IV. Llevar a cabo programas y acciones que en materia de salubridad local les competan;

V. Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales competentes;

VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables, y

VII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta ley y demás disposiciones generales aplicables.

C. Corresponde a la federación y a las entidades federativas la prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud en los términos del artículo 474 de esta ley.

La Secretaría de Salud y sus alcances en el 2018

Cierre de productividad programa FAM 2018

El acceso a los servicios de salud es la privación que más se ha reducido en los últimos años, sin embargo, en el país aún hay 172 municipios donde una de cada cuatro personas o más tienen esta privación, así lo manifestó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al conmemorarse el Día Mundial de la Salud.

Los 172 municipios con privaciones de la salud están distribuidos en 18 entidades del país, destacando Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México, Chiapas y Guerrero.

Son considerables los alcances, pero todavía falta por atender mayor número de población.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018 se destinó al fortalecimiento a la Atención Medica la cantidad de $285,697.954, sin embargo se necesita reforzar el programa, en nuestras comunidades, en lugares aledaños y marginados nos han abordado los ciudadanos solicitando atención médica.

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 el fortalecimiento a la atención médica se incrementó a $306,183,954, con lo que ahora sí pueda comprarse Unidades Médicas Móviles, y del aseguramiento que comprende, el equipamiento con cobertura en caso de desastres naturales en los términos de los artículos 9 y 13 del apartado B de la Ley General de Salud.

El programa de fortalecimiento de la atención médica, debe cumplir con la atención de salud y de medicamentos gratuitos a las poblaciones dispersas de comunidades que residen en zonas de difícil acceso y que no tienen posibilidad de la red de servicios de salud.

Que se destine el presupuesto necesario para la compra de 10 unidades médicas móviles para cada uno de los estados más pobres y marginados del país. Que la Unidades Médicas Móviles sean de tipo III, equipada con consultorio de medicina general, consultorio dental, equipada con enlace satelital para telemedicina, equipo de video, conferencia, ultrasonografía y

Electrocardiografía, un laboratorio de química seca y sanguínea, toma de muestras para cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama.

Que su estancia en cada localidad sea de tres días la primera semana y tres días la última de cada mes, y no como actualmente dos veces al mes.

Recordando la frase del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrados, “Por el bien de todos primero los pobres”.

En virtud de lo anterior y con el propósito de brindar la atención médica continua a las zonas de mayor marginación, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión el siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honórale Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a través de los gobiernos estatales, la adquisición de 10 unidades médicas móviles para cada uno de los estados más pobres y marginados del país, con el fin de mejorar el programa de fortalecimiento de la atención médica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputado Lucio de Jesús Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a informar a la opinión pública sobre el monto, las causas y el destino por dar a los recursos producto del subejercicio de la CFE y Pemex en 2019, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al gobierno federal que informe a la opinión pública el monto, las causas y el destino que se dará a los recursos producto del subejercicio correspondiente a la CFE y a Pemex, respecto del ejercicio 2019, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El observatorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) da seguimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de acuerdo con el balance obtenido con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió desde julio pasado, que Petróleos Mexicanos (Pemex) solo había ejercido un 21 por ciento del presupuesto que le fuere aprobado para 2019, por 271 mil 656 millones, mientras que al mes referido el monto contratado ascendía a tan solo 56 mil 707 millones, monto muy por debajo de lo programado, por lo que se estimaba un déficit de 79 por ciento.

Situación que no era exclusiva de Pemex ya que CFE también había ejercido un monto mínimo ya que a ella se le aprobaron 41 mil 460 mdp y solo tenía contratado al mes de julio 5 mil 711, es decir, apenas tenía un 14 por ciento contratado.

Cabe precisar que estos números se refieren al presupuesto de obra de las dependencias. No contempla el gasto corriente, donde ahorrar, por lo general, es una buena práctica.

El subejercicio sin duda alguna genera gran incertidumbre y, al no haber inversión, obstaculiza la oportunidad de trabajo para los empresarios. La falta de ejecución de recursos es producto de la política de austeridad - y que todo cataloga como corrupto - del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una de las causas de semejante subejercicio es la denominada curva de aprendizaje por la dificultad para conformar los equipos técnicos para poder integrar los expedientes de cada licitación, toda vez que 2019 fue el primer año de la presente administración; pero aún no sabemos si para 2020 ya estarán capacitados para ejercer el presupuesto que recibieron, para estar en condiciones de ejercer responsablemente el presupuesto que les ha sido asignado. De prevalecer dicha política, se tendrán graves complicaciones para reactivar la economía y generar empleos, lo que, sin duda alguna, se verá reflejado en los bolsillos de todos los mexicanos.

Para septiembre, de acuerdo con el análisis y reporte - integrado con los números tomados de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público - de la CMCI, que encabeza el Ing. Eduardo Ramírez, también se puso en evidencia el enorme subejercicio en el gasto público ocurrido en el primer año de gobierno; reiterando que los rezagos más importantes se encuentran en Pemex y en la CFE.

Se resaltó que al mes de octubre ambas dependencias ejercieron menos de la mitad del presupuesto autorizado para la inversión pública: , de los 271 mil 656 millones asignados a Pemex como referimos al principio de este instrumento, se habían licitado alrededor de 76 mil 153 millones equivalentes, ahora, al 28 por ciento de lo presupuestado para 2019; en cuanto a la CFE encabezada por Manuel Bartlett Díaz, a este mes solo había ejercido 8 mil 501 mdp, es decir, 20.5 por ciento de su presupuesto.

En el ámbito de lo privado tener dinero y no gastarlo puede ser una medida sana. En tratándose del presupuesto público, es un grave problema, una omisión por demás irresponsable y de fatales consecuencias

De acuerdo con lo expresado por el Dr. José Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)1 es indispensable diseñar mejores políticas para dar a los mexicanos una vida mejor; el entorno internacional ha sido en épocas recientes muy malo y difícil, pues se ha vivido la peor crisis económica, financiera, laboral, de nuestras vidas.

Refirió que hace como 18 meses pensamos que creceríamos al 4 por ciento. En mayo de 19 presentó la perspectiva de la economía mexicana y con cifras del Inegi tenemos un crecimiento del 1.2, y si bien nos va, para 2020 se esperaría tan solo un 1.6. Precisó que “la inversión es la semilla del crecimiento”.

Como ya hemos expresado el subejercicio genera incertidumbre y ante la incertidumbre se inhibe la inversión, lo que propicia que caiga el crecimiento. El Secretario General de la OCDE también manifestó, en este orden de ideas, que los gobiernos chiquitos gastan poquito.

Tras la crisis económica internacional y particularmente la que enfrenta nuestro país, se esperaría que Pemex se convierta en un detonador del crecimiento económico y el desarrollo regional. “Es la mayor empresa de México y el presidente López Obrador apuesta por revivirla a través de la inyección de miles de millones de pesos. Para que esto ocurra, la empresa debe ejercer en tiempo y forma el presupuesto que le fue asignado. Si no gasta los recursos, en vez de motor, se convierte en un freno de mano. El presupuesto sirve para activar la economía, cuando se gasta o invierte eficientemente. No sirve de nada si se queda guardado en las arcas o languidece en alguna cuenta bancaria.

El monto subejercido por Pemex suma decenas de miles de millones de pesos. Se traduce en empleos no generados, infraestructura física que no se actualiza y proveedores que no pueden crecer.”2

Con la CFE el patrón se repite: para octubre, cerca del 80 por ciento del presupuesto no se había asignado o ejercido

Es comprensible que en un primer año el gasto no se ejecute con celeridad ante los nuevos servidores públicos que requieren de un periodo de tiempo para conocer los procedimientos administrativos, lo que ya hemos referido como curva de aprendizaje, natural en el primer trimestre e incluso en el segundo; el problema es que habiendo terminado ya el primer año de administración, el subejercicio en tan importantes dependencias nos señala que el aprendizaje aún no concluye.

Lo importante sería saber si el subejercicio es un efecto secundario del “austericidio” o un objetivo deliberado para darle la vuelta a la Ley y no ejercer los recursos públicos donde se necesitan y donde aprueba el Congreso de la Unión a través del Presupuesto de Egresos de la Federación sino, habiendo regresado los recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación, destinarlos a donde unilateralmente al presidente se le ocurra.

Ese afán ahorrador de los recursos públicos en el gasto corriente puede ser sano, pero hay que entender la gran diferencia entre ello y cerrar la llave a la inversión y las obras

En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa la falta de ejercicio oportuno del Presupuesto 2019 y más aun la que pudiera ocurrir en 2020. Consideramos que si Pemex y la CFE hubieran ejercido eficientemente sus recursos tal vez podríamos hablar de un año de mínimo crecimiento positivo y no de recesión técnica. Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe y transparente a la opinión pública el monto total, las causas, el destino que se dará a los recursos producto del subejercicio correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, respecto del ejercicio 2019 y, en su caso, las medidas que habrá de tomar la actual administración para evitar que ello vuelva a suceder en 2020.

Notas

1 En la conferencia “La inclusión, la sustentabilidad y el bienestar como imperativos del Crecimiento”, dictada por el Secretario General de la OCDE Dr. José Ángel Gurría, el 9 de enero de 2020 en el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados.

2 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Primer-ano-de-AMLO-cuanto-costo -el-subejercicio-20191204-025.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a fundamentar, motivar y justificar la cancelación y sustitución de las NOM correspondientes a la inspección, la evaluación y el mantenimiento de la infraestructura de recolección y transporte de hidrocarburos, publicadas en el DOF el 6 de agosto de 2019, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Sandra Paola González Castañeda , diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamentos en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados , somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que motive, fundamente y justifique la cancelación y sustitución de las normas mexicanas correspondientes y publicadas en el Diario de la Federación el martes 6 de agosto de 2019 , al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de julio de 1992, pretendía uniformar los procedimientos de normalización y medición, estableciendo esquemas uniformes que permitieran superar los problemas de discrecionalidad y legalidad que subsistían en la ley de 1988 (derogada).

La ley menciona distintos tipos de normas, entre las que encontramos las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas de emergencia y las normas de referencia. Pero aun con la creación de las mencionadas, se encuentran algunas lagunas en nuestro ordenamiento jurídico; lo cierto es que, en las últimas décadas, este tipo de disposiciones han proliferado en todos los ámbitos con diversos objetivos y regulando situaciones diversas. Una gran diferencia entre las primeras normas técnicas y las actuales es que las más antiguas fueron expedidas por el presidente de la república, en uso de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución.

Un claro ejemplo en el cual aún existe un vacío legislativo es la Ley de Petróleos Mexicanos, ya que no indica la seguridad industrial con la que debe contar una planta para prevenir la integridad física de las personas, instalaciones y protección de medio ambiente.

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de identificar, reducir, evaluar, prevenir, mitigar, controlar y administrar los riesgos en el sector, mediante conjunto de normas que incluyen directrices técnicas sobre las instalaciones, y de las actividades relacionadas con aquellas que tengan riesgos asociados, cuyo principal objetivo es prevenir la integridad física de las personas, de las instalaciones, así como la protección del medio ambiente.

El artículo 3 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos nos hace mención de que se debe regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del sector, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así también nos menciona que se debe emitir las bases y criterios para que los regulados adopten las mejores prácticas de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente que resulten aplicables a las actividades del sector.

Por lo anterior, se solicita a la Secretaría de Economía que motive, fundamente y justifique la cancelación y sustitución de las normas mexicanas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el martes 6 de agosto de 2019, ya que no se hace mención de cuáles serán las modificaciones o cuáles serán las normas que entraran en vigor de las normas que se están sustituyendo y en relación a la cancelación se tiene como antecedente la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía para que motive, fundamente y justifique la cancelación y sustitución de las normas mexicanas correspondientes a la inspección, evaluación y mantenimiento de la infraestructura para la recolección y transporte de hidrocarburos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día martes 6 de agosto de 2019.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de febrero 2020.

Diputada Sandra Paola González Castañeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la Ssa a fortalecer los mecanismos de salud mental en las escuelas de nivel básico e instituciones de salud pública en las unidades de atención de primer nivel, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Derivado del suceso ocurrido en el estado de Coahuila el 10 de enero del 2020, donde lamentablemente un estudiante del Colegio Miguel de Cervantes disparó en contra de sus compañeros y profesores. Nos obliga a prestar mayor atención a las situaciones por las que atraviesan nuestros niños, niñas y jóvenes de México, ya que el esclarecimiento de los hechos que lo llevaron a ejecutar dicho acto aún no es claro.

No es la primera vez que sucede un acontecimiento de esta naturaleza en nuestro país: en 2001 en la Ciudad de México, un estudiante de 14 años sacó una pistola de su mochila para matarse frente a sus compañeros; en la alcaldía Álvaro Obregón en el año 2007 un padre de familia asesina a la directora de un colegio bajo la influencia de drogas; en 2013 un menor muere en el estado de Jalisco debido a que un compañero le sumerge el rostro en el inodoro; mientras que en el 2014 un estudiante mató a su compañero en el estado de México, por sufrir bullying; estado de Monterrey en el año de 2017, un niño saca un arma de su mochila y dispara a sus compañeros de clase; en 2019 una estudiante del ITAM en la Ciudad de México, se suicida debido a la supuesta carga de trabajo que tenía.

Estos sucesos no son acontecimientos aislados, todo lo contrario, son un reflejo de la problemática de salud que enfrenta el país y la descomposición del tejido social.

Es pertinente mencionar que el 26 de mayo del 2017, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el foro Retos de la psicología en el campo de la salud mental, desafíos del siglo XXI donde varios expertos manifestaron su preocupación en el incremento en la prevalencia de personas con problemas en su salud mental, coincidiendo que la sociedad más vulnerable son los jóvenes, debido a múltiples factores, como la cercanía con sustancias psicoactivas y el entorno social en el que se encuentran. Se abordaron los temas que más afectan a los jóvenes como lo son: la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias tóxicas y el suicidio.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2017, determinan que, en nuestro país, el suicidio en la población de 15 a 29 años, es la segunda causa de muerte, sólo superado por accidentes viales. Estadísticas del mismo instituto, indican que el 32.5 por ciento de la población se ha sentido deprimido, mientras que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encoded) realizada en 2016-2017, indica que 8.4 millones de personas de 12 a 65 años de edad señalaron haber consumido al menos una vez drogas ilegales.

Durante el foro se destacó, la necesidad urgente de implementar un primer nivel de atención, que tenga la posibilidad de realizar diagnósticos tempranos y con modelos terapéuticos individuales. Acciones que evidentemente deben ubicarse en dos instancias primordiales, que serían, las instituciones de salud pública en el primer nivel de atención y las instituciones educativas.

En caso del sector salud, el Estado mexicano debe garantizar que dentro del personal médico básico se encuentre un psicólogo o psicóloga; mientras que en las instituciones de educación básica en segundo, se debe contemplar la intervención psicopedagógica, cuestión vinculada principalmente a la planificación de procesos educativos generando un análisis de necesidades, establecimiento de objetivos, metas, diseño y evaluación, tanto grupal como individual, contemplando todas aquellas áreas socioafectivas y de implicación psicológica en el alumnado.

Atención que debe brindarse desde instituciones básicas, con objeto de prevenir acciones futuras y con un modelo guiado a la previsión en el desarrollo humano, encaminado a que nuestros niños y niñas vivan una adolescencia libre de violencia, procurando la salud mental.

Teniendo en cuenta que las niñas y niños de nuestro país no solo sufren de violencia física o psicológica, sino de otro tipo de acciones que pueden dañar la integridad emocional de los mismos, es necesario contemplar las necesidades socioafectivas, de recreación y de crecimiento emocional.

Por lo cual se requiere que haya una supervisión continua, proponiendo la institución educativa básica y a la institución de salud pública en sus unidades de atención de primer nivel cómo pilares en la supervisión de este tenor, por la cercanía que se presenta con las y los niños en su desarrollo y con la ciudadanía en general, de aspectos tanto físicos como emocionales.

Cómo lo indicó el director de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Víctor Santos Higuera Castro, quien lamentó que exista un déficit de psicólogos trabajando en el ámbito educativo, señalando que:

“Es necesario que se tenga mayor apertura en las escuelas de todos los niveles para contratar psicólogos, hay una carencia de demanda formal por parte de las instituciones. La oferta de psicólogos es suficiente...”, enfatizó.

En una entrevista con La Jornada, la escritora Alaíde Ventura Medina habla de su novela: Entre los rotos; aborda el tema de maltrato intrafamiliar desde la visión de una menor y sus secuelas en la cual manifiesta que la violencia es un fractal y de una u otra forma la reproducimos.

Si bien existen ya protocolos y guías para la prevención, detección y reacción ante la presencia de armas en las escuelas, así como de actuación frente al bullying, o algún tipo de maltrato, que tienen por objeto coadyuvar en las tareas de prevención para construir comunidades escolares seguras, saludables y libres de violencia.

Es importante fortalecer mecanismos de detección temprana, lo que permitirá una atención oportuna, con la finalidad de evitar complicaciones, que en un determinado momento puedan desembocar en tragedias.

Así mismo, es preciso generar estrategias gubernamentales que fortalezcan la salud mental de los alumnos a partir de la canalización de estos a los psicopedagogos integrados en las unidades educativas, así como la dirección a pacientes a las unidades de salud mental donde psicólogos y psicólogas brindan sus servicios.

Aunado a las posteriores razones, considero que nuestra tarea como legisladores es contribuir a la atención de la salud mental de los niños y niñas en las escuelas, así como a nuestros pacientes en hospitales que acontecen en nuestro país, ya que nuestra Carta Magna tutela todas estas acciones a través del interés superior del menor y la protección que brinda a los ciudadanos en materia de salud, como un derecho humano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para fortalecer los mecanismos de salud mental en las escuelas de nivel básico.

Documentos de consulta:

• http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg /ET_2013/09_MJAEB.pdf

• https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/01/14/menor-amenaza-po r-redes-sociales-con-tiroteo-en-secundaria-de-nl-1695.html

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/342152/G uia_prevencion_de_armas_en_las_escuelas.pdf

• https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/suicid ios2019_Nal.docx

• https://reaccioninformativa.com/noticias/sinaloa/sur/
hay-psicologos-suficientes-pero-no-los-contratan-en-escuelas-director-de-la_
5hrQ0CA3Cqft8JSuG1RqtN?fbclid=IwAR1aF3qlPxAvyRaXFXPxTHUK0rN6WFhEjJFy4sbXwFVSJwOj5DcMfoMsBjg

• http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/
2017/Mayo/26/3680-Incrementan-trastornos-mentales-en-Mexico-poblacion-entre-15-y-20-anos
-la-mas-vulnerable?fbclid=IwAR2wnnQZAi60FFbHHOqcraf_jQYd71sCEBLIn-ZOTlnT4bERJB_m9YM5TmI

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/477564/Informe_sobre_la_ situacio_n_de_las_dro_gas_en_Me_xico_.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputado Jorge Luis Montes Nieves (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Conafor a presentar la evaluación técnica que detalle la propiedad y el régimen de tenencia de la tierra y las acciones implantadas para proteger los derechos de ejidatarios, comuneros y pueblos indígenas, a cargo de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los bonos de carbono cuya interpretación general para muchos se relaciona con acciones bursátiles de gran interés para empresas e industrias, de ninguna manera debe poner en riesgo y a la venta los derechos de las tierras, bosques y selvas del planeta, menos aún, el gobierno puede desconocer los derechos indígenas de propiedad ejidal y comunal o utilizarlos como herramienta de control para facilitar el despojo y desplazar a estos sectores acusándolos de ser narcotraficantes.

Las comunidades indígenas, comunales y ejidales, por este factor no pueden perder derechos de propiedad, capacidad de dominio y decisión sobre lo que debe hacerse o dejar de hacer en las tierras donde habitan.

La comercialización de los bonos de carbono provenientes de emisiones capturadas por bosques a cargo de comunidades dentro de los cinco proyectos piloto del programa de Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD), implica la demostración de la titularidad legal de dicho carbono y presentar un mecanismo de reparto de beneficios acorde con leyes internacionales.

Esa es la condición que impone el Banco Mundial y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) para que el país acceda a un financiamiento por unos 60 millones de dólares a cambio de los bonos emitidos.

Consecuentemente, el documento Iniciativa de reducción de emisiones (IRE),1 señala que “la propiedad de las emisiones evitadas no está determinada por la propiedad o tenencia de la tierra y no puede ser adjudicada a los pequeños propietarios, comunidades o ejidos, pues la deforestación es un delito grave”.

En ese sentido, el gobierno tiene la capacidad legal de transferir los permisos de reducción de emisiones al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) establece que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para el arreglo del dividendo de réditos se catalogará en los planos nacional, estatal y local.

En el primer caso, la Conafor, como responsable de ejecutar la iniciativa, recibirá los recursos generados por los pagos por resultados a cuenta de las emisiones reducidas, que captará vía fondos nacionales como el de cambio climático o el forestal.

Los recursos serán distribuidos a los estados de acuerdo con el desempeño de éstos en las emanaciones recortadas y finalmente figuran los propietarios o titulares de derechos de suelo boscoso, como ejidos, comunidades o privados.

El gobierno federal recibirá ese pago y será canalizado a los estados, estableciendo los mecanismos para garantizar que esos beneficios lleguen a los dueños y habitantes de las áreas involucradas, sin embargo, el gobierno debe, por un lado, demostrar la capacidad del programa para transferir los derechos del carbono al fondo respectivo, y por otro acreditar que ha respetado los derechos de propiedad a la tierra y los recursos de los potenciales titulares en las áreas contabilizadas.

La iniciativa de referencia, IRE, no aborda cómo cumplirá con el marco legal internacional, y tampoco establece los parámetros de respeto a los derechos de los potenciales titulares de la tierra y los recursos naturales.

Al no existir una fundamentación específica que defina tanto la naturaleza legal de las reducciones de emisiones como de su propiedad en el marco legal mexicano, el país optó por adoptar una posición interpretativa de la Constitución y las leyes civiles y penales para asegurar que goza de tal titularidad, ya que de acuerdo con la Ley Federal de Entidades Paraestatales se le otorga jurisdicción a la Conafor para realizar negociaciones, pero esto no se refiere necesariamente a la propiedad de la reducción de emanaciones.

La estrategia nacional REDD+ (Enaredd+) para aplicar ese programa, enmarcado dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y el gobierno han firmado diversos acuerdos al respecto.

Se trata de un plan de acción que financia programas nacionales en países en desarrollo para combatir la deforestación, reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y fomentar el acceso de los países participantes al apoyo técnico y financiero con esos fines.

La iniciativa pertenece al Programa Conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques y actualmente abarca a 64 naciones.

México tiene unos 88 millones de hectáreas cubiertas de árboles que son parte de los territorios de unas dos mil 300 comunidades, las cuales poseen unas 600 empresas forestales, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

México, donde hay al menos 11 proyectos REDD+ y otras 38 iniciativas forestales, pierde anualmente unas 150 mil hectáreas, según el Observatorio Global de los Bosques, entre 2000 y 2010, las emisiones de CO2 por deforestación totalizaron 45 millones de toneladas.

Nuestro país adoptó la meta de cero deforestaciones para 2030, en ese orden de ideas, el manejo de los bonos de carbono ha puesto en conflicto a las comunidades forestales con el gobierno, pues los tenedores de la tierra señalan que los beneficios corresponden a las comunidades.

En cuanto al ingreso por la venta de reducción de emisiones, se espera que los pagos por los resultados de disminución sean recibidos a través del Fondo de Carbono, pero la suma dependerá del volumen y el precio acordado en el contrato.

La IRE estipula una línea base de emisiones de 24 millones de toneladas de CO2, las emanaciones serán reducidas en 80 por ciento durante los primeros cuatro años de la iniciativa, a una tasa anual de 20 por ciento y equilibrada a 80 por ciento en el quinto año.

El problema radica en la propiedad del CO2, pues el gobierno puede reclamar el CO2 de las áreas naturales protegidas o de las áreas núcleo, por ser de jurisdicción federal, pero no de las comunidades o los ejidos.

La (Enaredd+) señala que la distribución de beneficios a nivel nacional se hará considerando las reducciones efectivas de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera derivadas de la disminución de la deforestación y degradación forestal, la conservación y gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas forestales de carbono en cada estado y región.

En cuestión de salvaguardas sociales y ambientales, la propuesta, a la cual sólo falta la aprobación de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, estipula la distribución equitativa de beneficios para los propietarios de los terrenos forestales y la certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos naturales de los propietarios y legítimos poseedores de la tierra.

Si Conafor insiste en apropiarse del derecho a comercializar los bonos, el trato corre el riesgo de ventilarse en cortes internacionales, como el mecanismo de quejas del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques FCPF. El gobierno debe demostrar su titularidad legal para proceder con el contrato de venta.

El carbono capturado es de los ejidos y tenemos que encontrar la manera de dar continuidad al proyecto, los propietarios tienen derecho a recibir un porcentaje por la venta del CO2.

Es fundamental que el gobierno clarifique y explique a detalle no sólo la propiedad y el régimen de tenencia de la tierra, sino también la capacidad de emitir legalmente unidades de reducción de emisiones evitadas, de acuerdo con el marco legal nacional, y de alcanzar un contrato de venta, de transferir esas unidades al Fondo del Carbono y de recibir y distribuir los recursos financieros. El mecanismo para la distribución de beneficios aún no ha sido definido y se desconoce cómo será transferido de la esfera nacional a la estatal.

De acuerdo la estrategia nacional Enaredd+ para aplicar este programa, enmarcado dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), siendo este un plan de acción que financia reducir las emisiones de dióxido de carbono y fomentar el acceso de los países participantes.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, haga pública una evaluación técnica que explique a detalle la propiedad y el régimen de tenencia de la tierra, las acciones implementadas para proteger los derechos de ejidatarios, comuneros y pueblos indígenas, su capacidad para emitir unidades de reducción de emisiones evitadas, los contratos de venta que se tienen considerados para transferir dichas unidades al fondo del carbono, así como la distribución de esos recursos financieros, de acuerdo con la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE).

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, haga pública cuál es la distribución equitativa de beneficios en los estados donde se implementa, ya que el mecanismo para la distribución de beneficios aún no ha sido definido y se desconoce cómo será transferido.

Nota

1 Documento Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), 3 de noviembre 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a emitir excitativa a la comisión encargada de dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, recibida el 18 de febrero de 2014, a cargo de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que, a través de su Mesa Directiva, emita excitativa a la comisión ordinaria que esté encargada de dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que recibieron con fecha 18 de febrero de 2014 y fue aprobada como iniciativa por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fecha 13 de febrero del 2014. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la sesión celebrada por el pleno de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fecha 29 de abril de 2013, la Mesa Directiva recibió de la entonces diputada federal Yesenia Nolasco Ramírez una iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía reformar la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objeto establecer entre los objetivos de la citada ley, garantizar y no sólo procurar, el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, de los lugares que ocupen y habiten.

Para su análisis, valoración y elaboración del respectivo dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Pesca, quien con fecha 13 de febrero de 2014 presentó ante el pleno el dictamen en sentido positivo, es decir, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para establecer que la ley de la materia tiene entre sus objetivos garantizar y no sólo procurar el acceso, uso y disfrute preferente de los pueblos indígenas a los recursos naturales de los lugares que ocupen y habiten. Este dictamen fue aprobado por esta Cámara de Diputados en lo general y en lo particular, con 397 votos a favor y 3 en contra.

La siguiente tabla comparativa muestra con claridad en qué consistió la reforma aprobada a la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Continuando con el proceso legislativo ordinario establecido en el artículo 72 de nuestra Constitución federal, el 18 de febrero de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República recibió la minuta y dispuso que fuera turnada a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, para la elaboración del dictamen respectivo. Desde entonces, la minuta sigue pendiente de ser dictaminada por parte de la colegisladora.

Son más de cuatro años los que han pasado sin que la colegisladora se pronuncie respecto de un asunto que fue aprobado por esta Cámara de Diputados, violentando lo dispuesto en la normatividad interna del honorable Congreso de la Unión, que establece un tiempo prudente de 30 días hábiles para el dictamen de una minuta, mismos que pueden ser prorrogables hasta 30 días hábiles más.

Pero los más de cuatro años que han transcurrido no sólo violentan la normatividad interna, sino que transcurren en perjuicio del derecho de los pueblos y comunidades indígenas al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que ocupan y habitan, que si bien se encuentra establecido en el texto del artículo 2o., apartado A, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no ha querido ser establecido y reconocido en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Una de las principales consideraciones expuestas en esta Cámara de Diputados para la aprobación de la reforma fue que con la aprobación de ésta no se buscaba una medida de favoritismo, sino que representaba una fuerte obligación para los pueblos y comunidades, que están obligados a preservar el hábitat y mantener la integridad de sus tierras, como punto clave y estratégico para su desarrollo y sostenimiento. Además, se dijo que la explotación de los recursos naturales genera conflictos por la competencia y las desigualdades, afectando principalmente a las comunidades y pueblos indígenas, por ser uno de los grupos más vulnerables ante el imponente mercado, pero sobre todo porque a menudo, los territorios con gran diversidad de recursos naturales coinciden con zonas habitadas por indígenas.

Con la aprobación de la reforma constitucional en materia indígena, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de agosto de 2001, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos continuó sosteniendo en su artículo 2o. que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; por su importancia, me permito reproducir a la literalidad los primeros cuatro párrafos:

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias con sus usos y costumbres.”

Como puede observarse, en el tercer párrafo del citado artículo se estableció que la conciencia de la identidad indígena deberá ser un criterio fundamental para determinar “a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”. Esta última disposición cumple dos funciones: primera, fijar un criterio de pertenencia o adscripción de ciertos individuos como indígenas y, de esa forma, de identificación de ciertos individuos como indígenas; segunda, avanza la idea de que existen disposiciones sobre pueblos indígenas, lo que significa, necesariamente, la confirmación de los pueblos como sujetos de derecho.

La reforma constitucional también contempló, en la fracción VI del apartado A del artículo 2o. de la ley fundamental, dentro de los derechos de autodeterminación para los pueblos indígenas, reconocer y garantizar el acceso, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, así como los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas.

Por su importancia me permito transcribir a la literalidad lo dispuesto en la fracción VI del apartado A del artículo 2o. constitucional para robustecer el argumento mediante el cual sostengo que reconocer y garantizar el acceso preferente de los pueblos indígenas a sus recursos naturales, ya se encuentra reconocido a nivel constitucional y la minuta detenida en el Senado de la República sólo tiene por objeto armonizar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con la Constitución federal.

Artículo 2o. ...

...

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. a V. ...

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.”

En concordancia con lo dispuesto por la Constitución federal, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece en su artículo 2o., fracción V, que tiene como objetivo procurar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, de los lugares que ocupen y habiten. Sin embargo, esta disposición legal resulta insuficiente para la plena aplicación de las disposiciones constitucionales, toda vez que, con sólo procurar, no se garantiza este derecho constitucional en beneficio de los pueblos indígenas.

El reconocimiento de garantizar este uso y disfrute preferente para los pueblos indígenas de los lugares que ocupen y habiten, tiene un impacto fundamental para este grupo vulnerable, que representa algo más que el diez por ciento de la población total del país.

Al respecto, considero pertinente mencionar la información emitida en 2000 por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Culturas Populares, cuando publicó el denominado “mapa de la diversidad cultural en México”. Al respecto, los investigadores encargados de elaborar este mapa consideraron que no toda la población indígena podía ser identificada por el uso de su idioma materno; que muchos indígenas sólo hablaban español, pero conservaban otros elementos culturales distintivos.

Los investigadores estimaron que en este caso se encontraban cerca de cuatro millones de habitantes. Por tanto, la población indígena en México debía estimarse en una cifra aproximada de 10.5 millones de habitantes, cifra que representa más de cuatro por ciento arriba que el considerado por el Inegi como porcentaje en la población nacional.

El mapa también informó que México es el país con mayor población indígena del continente americano.

Por otra parte, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, la comunidad internacional abordó el reto de articular un modelo de desarrollo global que, sin restar independencia a las decisiones nacionales, fuera capaz de trazar parámetros comunes para asegurar, conjuntamente con el desarrollo económico, el bienestar social y ambiental de la humanidad. Durante ese foro, se planteó el desarrollo sustentable como la única estrategia a seguir para asegurar un desarrollo ambientalmente adecuado y de largo plazo.

Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, tratando de basarse en ella, con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, proclamó entre sus principios:

Principio 22

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.

La Cumbre de Río (o Cumbre de la Tierra) se llevó a cabo del 3 al 14 de junio de 1992. En ella participaron 172 países (con 108 jefes de Estado) y 2 mil 400 representantes de organizaciones no gubernamentales. Durante la cumbre se trataron los temas de medio ambiente y desarrollo sostenible.

Por otra parte, durante la septuagésima sexta reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, realizada el 27 de junio del año de 1989, en la ciudad de Ginebra, Suiza, se adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por el Senado de la República con fecha 11 de julio de 1990, y publicado como decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de agosto del mismo año.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo establece:

Artículo 15.

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 26, numerales 1, 2 y 3, establece lo siguiente:

Artículo 26.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos que esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas que se trate.

Por la relevancia que las comunidades indígenas, como sujetos de derecho, tienen en la zona, también estimo pertinente citar los resultados de la “Consulta a los pueblos indígenas de la zona costera del Golfo de California” en relación con el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California (POEMGC). La consulta se realizó entre los días 27 de abril al 28 de junio del año 2006, con los pueblos mayos de Sonora y Sinaloa, yaquis y seris de Sonora, cucapá de Baja California y Sonora, wixaritari de Nayarit. Participaron 460 indígenas, en su mayoría dedicados a la pesca ribereña, con excepción del pueblo wixarika.

En términos generales, se expone en el documento final de la “Consulta”, los pueblos consultados consideran que la propuesta del POEMGC, y específicamente de las unidades de gestión ambiental, son necesarias y se muestran dispuestos a participar activamente para que el ordenamiento ecológico sea una realidad.

Asimismo, están de acuerdo en que deben tomarse medidas conjuntas que incluyan tanto a los pescadores ribereños como a los industriales para procurar una conservación más eficaz y una explotación más sustentable del medio marítimo. Los pescadores indígenas, agrega el documento, tienen gran conocimiento de los ciclos marinos y respecto a los efectos que, a corto, mediano y largo plazo, representan los diferentes problemas ambientales; y están de acuerdo en que deben tomarse medidas conjuntas que incluyan tanto a los pescadores ribereños como a los industriales, para procurar una eficaz y sustentable explotación del medio marino.

De lo anterior, se desprende que los pescadores indígenas tienen toda la voluntad de ingresar en un sistema de ordenación pesquera, que garantice su derecho preferente al uso y disfrute de sus recursos naturales, específicamente, pesquero y acuícolas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República para que a través de su Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, emita excitativa a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para que presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que fue recibida con fecha 18 de febrero de 2014 y fue aprobada como iniciativa por la Cámara de Diputados con fecha 13 de febrero del 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las universidades públicas a colaborar con la Comisión de Vigilancia de la ASF y con ésta en la revisión y aclaración exhaustiva correspondiente a los ejercicios fiscales de 2017 a 2019 respecto a la utilización de los presupuestos públicos, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Sandra Paola González Castañeda, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a las universidades públicas para que, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones coadyuven con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación así como con la propia Auditoría Superior de la Federación en la revisión y aclaración exhaustiva que corresponda a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019 respecto a la utilización de los presupuestos públicos conferidos para tal efecto, incluyendo la lista de los proveedores de las mismas al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual entró en vigor el 6 de marzo de 1997.

Segunda. Esta convención, es el primer instrumento jurídico internacional en su tipo. Reconoce expresamente la trascendencia internacional de la corrupción y la necesidad de contar con un instrumento que promueva y facilite la cooperación entre los países para combatirla. Los propósitos de esta convención son:

• Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

• Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

Tercera. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), también conocida como la Convención de Mérida, por haber sido adoptada en esa ciudad de México, en diciembre de 2003, entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, al reunir las 30 ratificaciones requeridas. Actualmente, se integra por 126 Estados miembros y sus objetivos son:

• Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes.

• Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción.

• Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.

Cuarta. Derivado las Convenciones anteriormente citadas, y principalmente la “Convención Mérida”, resultaron acciones que han permitido trabajar en el desarrollo en el marco legal y operativo en materia de combate a la corrupción en nuestro país, con una atenta participación de la sociedad y gobierno.

Quinta. Por tanto, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción”, el cual instituyó en el artículo 113 de nuestra Carta Magna, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.

Sexta. En ese sentido, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos emitió el Decreto para la expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

Séptima. En el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció que el SNA contaría con un Comité Coordinador, integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; del presidente del organismo garante de transparencia y protección de datos personales, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que debería integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, designados en los términos que estableciera la ley de la materia.

Octava. Derivado de la reforma a la Constitución Política del Estado de Nuevo León en su artículo 109, con fecha 6 de julio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial de Estado el Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León. Por lo cual, el 1 de octubre de 2018, se realizó la instalación formal del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en su primer Sesión Ordinaria.

Novena. México tiene altos niveles de corrupción, se ubica en el lugar 135 de 180 países, se percibe y se sufre en las calles, oficinas gubernamentales, empresas, de eso nadie duda, la pregunta central sería ¿existe solución? Se ha intentado erradicar este problema con leyes, pero no se debe olvidar que cuando se han corrompido los principios del gobierno, las mejores leyes se hacen malas y se vuelven contra el Estado, de tal manera que su eficacia es lenta y la instrumentación se ve influenciada por los poderes fácticos de este país.

Décima. En la misma línea argumentativa, se sostiene el máximo tribunal de la nación al establecer dentro del razonamiento jurisprudencial en materia constitucional 54/2008 del Pleno 54/2008, el cual hace una disección puntual sobre los elementos categóricos del derecho al acceso a la información y su naturaleza como garantía individual y social. Cabe destacar que el citado criterio se encuentra armonizado en la recepción jurídica y legislativa de nuestro marco normativo en atención a la citada convención internacional y el cual se materializa en los organismos públicos nacionales y estatales especializados en los temas de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados y Diputadas del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Universidades Públicas para que, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, coadyuven con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación así como con la propia Auditoría Superior de la Federación en la revisión y aclaración exhaustiva que corresponda a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019 respecto a la utilización de los presupuestos públicos conferidos para tal efecto, incluyendo la lista de los proveedores de las mismas.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de febrero de 2020.

Diputada Sandra Paola González Castañeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México y la Comisión de la Cuenca del Río Lerma a difundir un informe sobre la obra de drenaje intermunicipal que afectará a pobladores de Almoloya del Río, a cargo del diputado Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Sergio Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de México se encuentra ubicada la cuenca del río Lerma, la cual se caracteriza por ser una región de extraordinaria riqueza, una gran biodiversidad que resguardan un valioso acervo arqueológico, arquitectónico y artesanal.

El río Lerma es de gran importancia para las actividades de agricultura, pecuaria y pesca para las poblaciones que habitan alrededor de ella.

Sin embargo, el crecimiento poblacional e industrial, ha propiciado la modificación del entorno, deteriorándose a consecuencia de las descargas de aguas residuales, domésticas, industriales, y desechos sólidos, que afectan la salud de los habitantes de la región.

Desde hace 50 años las poblaciones e industrias aledañas al río Lerma comenzaron a verter sus desechos directamente, creando un deterioro ambiental, afectando a la flora, a la fauna y a la población, provocando, a estos últimos, enfermedades particularmente en niños y personas vulnerables de la tercera edad.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, el río Lerma cuenta habitan más de 500 mil habitantes a su alrededor y están establecidas más de 500 industrias de diversos giros (químico, metal-mecánico, curtiduría, textil, farmacéutico, plásticos, alimenticio, automotriz) en el corredor Toluca-Lerma, siendo la segunda zona industrial más importante del país, pero uno de los ríos más contaminados.i

Al ser una región muy activa con una importante producción agrícola e industrial, trae consigo un acelerado crecimiento poblacional, provocando una sobreexplotación del agua y la contaminación de los cuerpos de agua superficiales por aguas residuales, teniendo como consecuencia la desaparición de manantiales y otros cuerpos de agua potable.

Es alarmante la calidad del agua del río Lerma, ya que las descargas de aguas residuales industriales y urbanas no tratadas provocan el aumento de la materia orgánica residual.

Los pobladores que habitamos en el municipio de Almoloya del Río, además de la afectación por la fuerte contaminación de la cuenca del río Lerma, tenemos un gran descontento debido a que hace alrededor de ocho meses nos enteramos de que el gobierno del estado de México y la Comisión de la Cuenca del río Lerma, pretenden realizar una obra de drenaje intermunicipal que conectará a los municipios de San Mateo Texcalyacac y Santa Cruz Atizapán para llevar las aguas negras a la población de Almoloya del Río.

Cabe señalar que los trabajos que se realizan, no contemplan un emisor o un lugar donde se descargue todas estas aguas negras. Asimismo, se desconoce si la obra cuenta con los permisos necesarios y con el estudio de impacto ambiental.

Sabemos que las plantas tratadoras de agua pueden ser un jugoso negocio para unos cuantos, por lo que, pedimos que en caso de que la obra se encuentre dentro de la legalidad y cuente con las autorizaciones ambientales, la planta tratadora, en dado caso de poderse realizar, sea operada por el municipio o bien por la Comisión del Agua del estado de México.

En caso de que esta obra, que ya inició y están a marchas forzadas, no cuenten con los permisos necesarios, solicitaremos la destitución de los funcionarios que estén involucrados en dicha obra, que hasta el momento se ha tornado opaca.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de México y a la Comisión de la Cuenca del Río Lerma, para que haga público un informen sobre las posibles irregularidades e incumplimientos con la normatividad sobre sobre la obra de drenaje intermunicipal que conectará a los municipios de San Mateo Texcalyacac y Santa Cruz Atizapán para descargar aguas negras al municipio de Almoloya del Río.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar las investigaciones pertinentes sobre la obra de drenaje intermunicipal que conectará a los municipios de San Mateo Texcalyacac y Santa Cruz Atizapán para descargar aguas negras al municipio de Almoloya del Río, con el fin de detectar posibles irregularidades e incumplimientos con la normatividad en materia de descarga de aguas residuales.

Nota

i Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, Estrategia general para el rescate ambiental y sustentabilidad de la Cuenca Lerma-Chapala. Informe final, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ,http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaci ones/Publicaciones/EGRASCLCH.pdf Octubre, 2013

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputado Sergio Pérez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE y la Ssa a implantar acciones para fomentar una campaña de salud y evitar así contagios del coronavirus en el país, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II y fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud, a implantar acciones que fomenten una campaña de salud, así como el uso de cubre bocas en la población, con la finalidad de evitar contagios del coronavirus en nuestro país, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena.

Consideraciones

El pasado 30 de enero la Organización Mundial de Salud1 declaro el nuevo brote de coronavirus 2019-nCoV como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Con un nivel de contagio de parámetros importantes, dado que las últimas estimaciones científicas oscilan que entre 1.4 y 5.5,2 son el número de personas contagiadas por cada paciente infectado, siendo esta una tasa más elevada que la gripe invernal (de 1.3) y comparable al SARS (3).

Es por ello importante mencionar que, al momento de la declaratoria del pasado 30 de enero por la OMS, en China, se tenían cifras confirmadas de más de 7 mil 700 casos y 170 personas muertas, y adicional a ello, se tenían 82 casos confirmados en 18 países.

En contraste al 4 de febrero, con sólo 5 días de diferencia, se han contagiado más de 20 mil 400 personas y 426 personas muertas en China, adicional a ello 176 personas contagiadas en el resto del mundo, siendo ya 26 países los que están contagiados, para ilustrarlo, dejo una tabla con los países contagiados con cifras de infectados y muertes, a continuación.

Es por ello que la OMS está enviando máscaras, guantes, respiradores y trajes, así como equipos de tests para agilizar el diagnostico de las personas con el virus, además de las recomendaciones que dio en materia de higiene, como:

• Lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de alcohol;

• Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo;

• Usar cubre bocas.

• Evite el contacto físico con cualquier persona que tenga fiebre y tos;

• Si tiene fiebre, tos y respira con dificultad, busque atención médica lo antes posible e informe a su médico de los lugares a los que ha viajado anteriormente;

• Si visita mercados de animales vivos en zonas donde se han registrado casos del nuevo coronavirus, evite el contacto directo sin protección con animales vivos y con las superficies en contacto con dichos animales;

• Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados.4

Situándonos en nuestro país, una ficha técnica de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal del pasado 1 de febrero, indica que un individuo, de nacionalidad china y de 38 años de edad, el cual es portador de coronavirus, confirmado en EU puso en riesgo de contagio de coronavirus a personas en la Ciudad de México, ya que comenzó con sintomatología el pasado 21 de enero, estando en la capital del país, donde comió tacos, visitó la Catedral Metropolitana y se hospedó en el Hotel Hilton en el Centro Histórico, su estancia por la capital fue del 20 al 22 de enero. Periodo que está dentro del margen de contagio 5 .

Es por ello que, dada la situación actual del virus, viendo la rapidez con la que se contagia y siendo conscientes de que será muy difícil impedir que alguna persona infectada con el coronavirus ingrese al país, como ya sucedió, considero que se debe implantar una campaña de salud por la Secretaria de Salud en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues como ya lo mencionó Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, la llegada del coronavirus 2019-nCoV a México es inminente, sin embargo, se pueden tomar medidas que prevengan y ayuden a disminuir el avance de la enfermedad infecciosa, como lo serían campañas en medios de difusión donde se fomente el uso de cubre bocas, así como las medidas de higiene recomendadas por la OMS para con ello prevenir el número de contagios, dado que es inevitable que llegue a México.

Por lo expuesto expongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

De obvia y urgente resolución

Único. Por el que se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Secretaria de Salud, a implementar acciones que fomenten una campaña de salud, así como el uso de cubre bocas en la población, con la finalidad de evitar contagios del coronavirus en nuestro país.

Notas

1 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=
15706:statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-2005-
emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov&Itemid=1926&lang=es

2 https://www.informador.mx/internacional/
Coronavirus-como-se-estima-la-tasa-de-mortalidad-y-el-nivel-de-transmision-20200203-0059.html

3 http://www.rtve.es/noticias/20200204/mapa-coronavirus-infectados/199814 3.shtml

4 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public

5 https://aristeguinoticias.com/0302/mexico/este-es-el-caso-del-portador- del-coronavirus-que-se-paseo-por-la-cdmx/

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)

Efemérides

Con motivo del 9 de febrero, aniversario del Día de la Marcha de la Lealtad, a cargo del diputado Benito Medina Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

La fecha que hoy acontece, se da el 9 de febrero de 1913, cuando la capital se vio sacudida por un pronunciamiento militar encabezado por los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, en contra del Presidente Constitucional Francisco I. Madero.

En esos tiempo llenos de traiciones y deslealtades, los alumnos del Colegio Militar le proporcionaron seguridad al Presidente Francisco I. Madero desde el Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional en donde relevaron la guardia en prevención, permanecieron ese domingo, todo el lunes y hasta la media noche del martes, en vivac de alarma en la calle de la Corregidora y Acequia (Cuartel de Zapadores) cubriendo también las bocacalles que dan a Pino Suárez y Correo Mayor, durante esa noche de este último día se ordenó que se retiraran a Chapultepec, donde los alumnos, permanecieron en situación de alarma, teniendo sus puestos establecidos sobre los linderos del bosque hasta que finalizó esta etapa de nuestra historia.

Las acciones realizadas, del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, por parte de los cadetes leales al Presidente Madero el 9 de febrero de 1913, demostraron su lealtad ante el Presidente de la República, anteponiendo sus intereses personales, caracterizados de valor, honor y rectitud, para defender la paz interior de las instituciones legalmente constituidas y tratar de derrotar al régimen que existía en esos momentos, dejando una huella en la historia del instituto armado.

Este episodio trascendental quedó escrito en la historia de nuestro país como “La Marcha de la Lealtad”, reconociendo así las nobles tradiciones de lealtad de los alumnos del Colegio Militar, Madero los llamó para que lo escoltaran desde este lugar en donde se encontraban a la sede del Poder Ejecutivo, para demostrar al pueblo mexicano que se había derrotado a los infidentes y desleales.

La lealtad puede expresarse como una definición, pero lo más importante es su manifestación en las actitudes y en el trabajo de las personas.

En ese sentido, para todos los militares, la lealtad es cumplir cabalmente con el deber de manera desinteresada, aún a costa de la propia vida.

Porque con lealtad, las Fuerzas Armadas trabajan unidas por el bien de la nación, preservando su integridad, soberanía e independencia.

Porque con lealtad las fuerzas armadas contribuyen a la seguridad nacional, interior y pública en todo el territorio y realizan labores eminentemente sociales.

En conclusión, esta fecha es de relevancia y de orgullo para los soldados de la República, porque la conmemoración de este acto de lealtad, aunado a muchos otros que se han dado a lo largo de la historia, dignifica a la institución militar y es claro ejemplo de lo que significan el respeto y la subordinación a la institución presidencial legalmente constituida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

(Rúbrica)

Con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

En diciembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), estableció el 11 de febrero como la fecha para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología.

A nivel mundial, menos del 30 por ciento de las personas que se dedican a la investigación son mujeres.1 La UNESCO señala que la brecha de género en el ámbito científico, en las asignaturas de la tecnología, la ingeniería y las matemáticas aún persiste, a pesar del incremento de las mujeres en las carreras de grados superiores.

¿Qué está pasando en nuestras sociedades por el que aún se sigue considerando que ciertas actividades o profesiones no son propias para las mujeres? La complejidad de este asunto exclusión lamentablemente trasciende a las disciplinas científicas. De acuerdo al estudio que The Guardian publicó en 2016, “The dark side of Guardian comments”, se señala que, de acuerdo a esta investigación que abarca un periodo de 10 años, de los diez escritores más agredidos, ocho son mujeres.2 En donde, se ve con precisión que las mujeres tienen más dificultades para exponer sus puntos de vista.

Para la ONU, la ciencia y la igualdad de género son requisitos fundamentales para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030, no obstante, a 5 años de la aprobación de esta agenda, observamos que no se están cumpliendo estos objetivos.

El horno no está para bollos, la situación por la que atraviesa el mundo, las crisis sociales, económicas, ambientales, en salud, etcétera, requieren de la participación de ambos géneros para hacerles frente. Esto implica trabajar por que los mecanismos institucionales de las instancias gubernamentales y educativas atraigan a más mujeres a los campos tecnológicos y científicos.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo resulta impostergable la adopción de herramientas y acciones que contribuyan a la reducción de la brecha tecnológica de género y nos parece que son de los temas que debemos abanderar en nuestras plataformas legislativas. Insistimos, la situación por la que atraviesa nuestro país y el mundo entero, no puede ser enfrentada desde la misma visión de exclusión. O se nos deja participar a las mujeres o no habrá oportunidad de enfrentar los retos sumando talentos en condiciones de igualdad. Para ello debemos de seguir luchando en nuestras esferas de actuación, desde el seno familiar, desde nuestros trabajos, desde las escuelas, desde las organizaciones de la sociedad civil, y por supuesto, desde los espacios de diseño e implementación de las políticas públicas para cambiar esta tendencia de exclusión de género.

Notas

1 UNESCO, “International Day of Women and Girls in Science”, Disponible en http://bit.ly/39ieJyr, consultado el 9 de febrero de 2020.

2 The Guardian “The dark side of Guardian comments”, Dispobible en http://bit.ly/2ScX9Gk, consultado el 9 de febrero de 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con motivo del 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, a cargo del diputado Benito Medina Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

Hace 105 años, Venustiano Carranza emitió el decreto para la creación del Arma de Aviación Mexicana; una vez concluida la Revolución Constitucionalista, este instrumento inició su proceso de profesionalización, como parte del proyecto de defensa nacional.

El 10 de febrero de 1944, con el presidente Ávila Camacho emitió el decreto en el que se establecía que el Arma de Aviación Militar se elevaba al nivel de una Fuerza Armada. Posteriormente, el 8 de marzo de 1944, el presidente dio a conocer la intención de enviar tropas al frente de guerra (segunda guerra mundial), lo que fomento que en julio de ese año se creara y adiestrara el Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico, lo que dio formación a lo grupo de mexicanos que conocemos como el “Escuadrón 201”, la participación y el hecho histórico más importante de la Fuerza Aérea Mexicana.

Por otra parte, en 1975 se creó por decreto presidencial la Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, formando así un órgano que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tendrá la misión de formar profesores, realizar investigaciones científicas, para que se obtengan los benéficos de la cultura a los componentes del Ejército y Fuerza Aérea, a efecto de ampliar su formación, así como sus conocimientos militares, con el objetivo de que los educandos tengan una formación espiritual acorde con los altos intereses de la patria.

Finalmente, el 10 de febrero de 1992, fecha que hoy conmemoramos, por decreto presidencial, se estableció oficialmente este día como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

Desde su origen, el Ejército y la Fuerza Aérea han sido garantes de la integridad del Estado mexicano. Han sido también baluartes en el esfuerzo de velar por la paz, la seguridad interior y la soberanía del territorio.

Además de custodiar el espacio aéreo nacional, este instituto armado cumple una vocación social y humanista. Ante las emergencias y catástrofes naturales que ha padecido la población, las Fuerzas Armadas han sido fundamentales para enfrentarlas y superarlas.

Igualmente, siempre han estado al lado de la población civil. Han auxiliado en situaciones de urgencia, llevando alimentos y medicinas, trasladando heridos y salvando vidas.

En pocas palabras, no se puede comprender la actualidad de México sin reconocer el legado de las instituciones de gran valor como la Fuerza Aérea Mexicana, que siempre ha defendido y sirve a México poniendo en riesgo su integridad física e, incluso, su vida.

Por último, es de gran importancia recordar y honrar hoy, 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, porque a través de quienes representan nuestra honorable Institución nuestra Fuerza Aérea siempre estará lista para extender sus alas por México, haciéndonos sentir orgullosos de ellos, ya que el Ejército Nacional siempre será el pueblo uniformado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.

Diputado Benito Medina Herrera (rúbrica)