Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar el programa social A Toda Máquina, instaurado en Jalisco, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o., fracción II, y 14, fracción II, inciso a), de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a realizar una auditoría al programa social A Toda Máquina, de Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En Jalisco se está viviendo un clima de incertidumbre política y falta de credibilidad derivado de la poca transparencia y pulcritud en la ejecución del proceso de licitación del programa estatal Módulos de Maquinaria a Municipios”, conocido popularmente como “A Toda Máquina”, 1 implantado por la actual administración, encabezada por el mandatario Enrique Alfaro Ramírez , a principios de 2019.

A fin de hacer posible la ejecución del programa A Toda Máquina, en enero de 2019 se inició el proceso de adquisición de maquinaria en la modalidad de licitación pública local, identificada con el número LPL 01/2019, denominada “Servicio de arrendamiento puro de maquinaria, pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural”.

En el proceso de licitación participaron las empresas: Operadora de Servicios Mega, SA de CV, Sofom ER; Avancap, SA de CV, Sofom ER; Mañarina, SAPI de CV, Sofom ENR; y Promotora Diesel, SA de CV.

En febrero de 2019, el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo de Jalisco resolvió, mediante el citado proceso de licitación, adjudicar recursos para maquinaria, capacitación y otros bienes conexos, únicamente en favor de Operadora de Servicios Mega, SA de CV, Sofom ER, hasta por un monto de 3 mil 634 millones 47 mil 329.90 pesos, que constituyen el monto total de la licitación pública y que se ministrará en parcialidades, a lo largo del periodo de gobierno estatal en turno.

Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado por distintos actores económicos y políticos,2 en virtud de las siguientes observaciones:

a) El proceso de licitación tiene la presencia de posibles actos de nepotismo y conflictos de interés que involucra la presencia de vínculos familiares y/o profesionales entre servidores públicos del gobierno estatal y miembros de la empresa ganadora de la licitación.

b) El programa A Toda Máquina será cubierto con recursos federales, aprobados por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal y hasta 2024.

c) Los montos asignados a Operadora de Servicios Mega, SA de CV, Sofom ER, en la licitación referida, agotan la totalidad de los recursos previstos para el programa A Toda Máquina.

Al respecto, desde abril de 2019, los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Jalisco denunciaron ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la entidad la presencia de posibles irregularidades referentes a la presencia de conflictos de interés en el proceso de licitación, sin que hasta la fecha se conozca avance alguno.3

A fin de generar un clima de transparencia en los recursos públicos destinados a los programas sociales , así como fortalecer la credibilidad de nuestras instituciones y funcionarios públicos, es necesaria y pertinente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del programa A Toda Máquina para revisar que la aplicación de los recursos públicos federales que le fueron asignados para el presente ejercicio fiscal (PEF de 2019), se han ejercido conforme a ley.

Tal situación se encuentra prevista en los artículos 1o., fracción II, y 14, fracción II, inciso a), de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que facultan a la ASF para verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas y a realizar auditorías del desempeño de estos, corroborando la eficiencia, la eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de programas.

Por lo expuesto y fundado, a fin de dotar de transparencia y credibilidad a todas las instituciones públicas, en especial a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, y generar en cada jalisciense certeza presupuestaria en relación al uso correcto de los recursos, bajo el principio de que “Al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie”, la suscrita diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación para que, con la mayor brevedad, dentro del marco de su autonomía técnica y de gestión, realice una exhaustiva auditoría respecto de los recursos ejercidos para el programa social A Toda Máquina, instaurado en Jalisco.

Notas

1 Véase la página oficial:
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/programa/737

2 A la fecha se identifican cinco denuncias vigentes: la de la Asociación Contraloría Ciudadana, el Comité Estatal del PRI, de los particulares Álvaro Quintero y Jorge Ruiz y del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Jalisco.

3 Nota: Proceso, “Diputados de Morena denuncian por corrupción al gobernador de Jalisco”, consultado el 18 de julio de 2019. Disponible en

https://www.proceso.com.mx/592680/diputados-de-morena-de nuncian-por-corrupcion-al-gobernador-de-jalisco

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a presentar a la opinión pública por la Ssa una estrategia de contención sanitaria contra el coronavirus 2019-nCov, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que presente a la opinión pública, con carácter de urgente, un estrategia de contención sanitaria contra el coronavirus 2019-nCov, con base en las siguientes

Consideraciones

En el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se señala que existen pocos datos sobre la forma de transmisión, gravedad e impacto clínico del coronavirus, indicando que:

Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales.

Coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV)

Esta cepa de coronavirus se identificó por primera vez en Arabia Saudita en 2012. Hasta ahora solo se ha descrito un pequeño número de casos, y los datos sobre su transmisión, gravedad e impacto clínico son muy reducidos.

Asimismo, en otra de sus publicaciones la OMS refiere respecto de la cepa del coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) la siguiente información:

Datos y cifras

El síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) es una enfermedad respiratoria vírica provocada por un nuevo coronavirus (el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS-CoV) que fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012.

Los coronavirus son una extensa familia de virus causantes de enfermedades que van desde el resfriado común al síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

Los síntomas típicos del MERS son fiebre, tos y dificultades respiratorias. Es habitual que haya neumonía, pero no siempre. También se han registrado síntomas gastrointestinales, en particular diarrea. Algunos casos de infección por MERS-CoV no presentan síntomas, aunque den positivo para el virus en las pruebas de laboratorio. La mayoría de estos casos asintomáticos se han detectado tras exhaustivos rastreos de los contactos de casos confirmados.

Aproximadamente el 35% de los casos de MERS-CoV notificados han desembocado en la muerte del paciente.

Si bien la mayoría de los casos humanos de MERS se han atribuido a la transmisión de persona a persona en entornos sanitarios, los datos científicos actuales indican que los dromedarios son un importante reservorio de MERS-CoV y una fuente animal de infección humana. Sin embargo, se desconocen la función específica de los dromedarios en la transmisión del virus y cuáles son exactamente las vías de transmisión.

No parece que el virus se transmita fácilmente de una persona a otra a menos que haya un contacto estrecho, por ejemplo, al atender a un paciente sin la debida protección. Ha habido brotes asociados a la atención sanitaria en varios países. Los más importantes se han producido en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y la República de Corea.

Es notorio que la propia OMS carece de información suficiente para poder emitir, con algún grado de certeza, el grado de peligrosidad, alcances y fuente de contagio del coronavirus causante del brote epidemiológico que afecta a China y que ha sido denominado 2019-nCov.

Una vez que el gobierno chino hizo publicó el brote de la epidemia, las autoridades sanitarias mexicanas informaron que existían en el país, dos casos no confirmados de coronavirus; rápidamente descartaron el primero al resultar negativo, y el pasado jueves 23 de enero, las autoridades de salud, anunciaban que el segundo caso de contagio de coronavirus también había resultado negativo, con lo cual confirmaban que en México no había ningún caso registrado de dicho virus.

Minutos después las mismas autoridades informaban de la existencia de otros tres casos de posible contagio de coronavirus en el estado de Jalisco, se trataba de un hombre que había viajado a China y a su regreso había tenido contacto con otras dos personas.

Por la tarde del mismo jueves 23 de enero la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud daba a conocer que se identificó un posible nuevo caso de coronavirus, conocido como 2019-nCov, en una mujer de 28 años que reside en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, quien viajó a Wuhan, provincia de Hubei, China, lugar donde se originó el brote.

Asimismo, se confirmaba otro posible caso en la ciudad de Morelia, se trata de un hombre de 31 años quien había viajado recientemente a China y el 19 de enero comenzó a presentar síntomas de la enfermedad.

Hasta el pasado miércoles 22 de enero, las autoridades chinas informaban que el número de muertos por el nuevo coronavirus de la neumonía de Wuhan ascendía a 17 y confirmaban 444 casos de personas contagiadas.

Asimismo, la autoridad sanitaria de aquel país advertía que el virus podría mutar rápidamente y propagarse con mayor facilidad hacia otros países, solo en un día se habían confirmado 69 nuevos casos en la provincia china de Hubei, 62 de los cuales se detectaron en la ciudad de Wuhan, donde se presumía había surgido el brote epidemiológico.

Ese mismo día habían perdido la vida en China, ocho personas a causa de la enfermedad, surgida en el mercado de venta de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan.

Ya para el jueves 23 de septiembre, el gobierno chino contabilizaba 894 casos confirmados de personas contagiadas y 26 muertos a causa de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias internacionales aún no conocen los mecanismos de contagio; sin embargo, se sabe que afecta más a hombres y personas mayores de 45 años.

Hasta antes del 24 de enero pasado, fuera de China, solo se habían diagnosticado 18 casos: cinco en Tailandia, tres en Singapur, dos en Vietnam, Japón y Corea del Sur y Estados Unidos y uno en Taiwán y Nepal; todos los enfermos habían contraído la enfermedad en China.

El viceministro chino de la Comisión Nacional de Sanidad señalaba “todavía falta por entender por completo la vía de transmisión del virus, existe la posibilidad de que mute y que con ello el riesgo de una mayor propagación” y externaba su preocupación en el sentido de que las festividades del Año Nuevo chino podían agravar la situación al crear las condiciones para propagar rápidamente el contagio dentro y fuera de China.

Ante tal situación, el gobierno chino decreto cuarentena en varias ciudades contiguas a la de Wuhan, imponiendo medidas para controlar o cerrar el transporte público y los trenes, igualmente decretaron el cierre de lugares públicos -centros comerciales, cafeterías, cines, clubes deportivos, teatros y estadios-.

Ante la gravedad de la emergencia sanitaria, China anuncio la cancelación de los festejos públicos del Año Nuevo lunar, con la finalidad de evitar un mayor número de contagios.

Las autoridades de salud de nuestro país han mostrado ineficacia y falta de coordinación; son innumerables los casos en los que ha sido evidente la falta de planeación para afrontar eventos programados como fueron la entrada en operación del Instituto de Salud para el Bienestar, el 1º de enero pasado, o la falta de medicamentos para niños con cáncer en diversos hospitales de todo el país, solo por mencionar los dos casos más recientes de improvisación de la Secretaria de Salud.

En este sentido, es necesario que esta soberanía exhorte al Poder Ejecutivo para que presente a la brevedad la estrategia que habrán de emprender las autoridades sanitarias para contener un brote epidémico de coronavirus en el país.

La estrategia deberá prever procedimientos para la contención del contagio; la detección, atención y aislamiento de los casos de coronavirus que se presenten en el país y garantizar el abastecimiento de los medicamentos necesarios para atender un posible brote en nuestro territorio; todo lo anterior, con la finalidad de salvaguardar la salud de todas y todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Al tenor del siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que presente a la opinión pública, con carácter de urgente, una estrategia de contención sanitaria contra el coronavirus 2019-nCov.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero 2020.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a instruir a los centros de salud y los hospitales públicos y privados de su jurisdicción para establecer un protocolo integral de atención de mujeres que lleguen con lesiones físicas encuadradas en el supuesto de violencia de género, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Ximena Puente de la Mora, diputada Federal de la LXIV Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida. Los hechos demuestran que las mujeres que han sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental presentan tasas más altas de depresión y más posibilidades de tener un aborto o de contraer el VIH que las que no han experimentado este tipo de violencia.1

En 1993, tras el reconocimiento de la violencia como un problema de salud pública, el XXXVII Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los gobiernos a que adoptaran políticas y planes para la prevención y el control de este problema siendo México uno de los Estados parte. Derivado de la inserción de la violencia contra las mujeres en las convenciones internacionales y en las políticas públicas se ha contribuido a la creación de nuevas modalidades de intervención en las políticas sociales, en la promoción de los derechos humanos y de manera especial en el área de salud.2

En 2007 el Estado mexicano promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una forma de implementar acciones para combatir la violencia contra las mujeres.

Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció que el acceso a la justicia para las mujeres es un programa de prioridad nacional para alcanzar los ejes estratégicos de dicho Sistema, “con la finalidad de concentrar servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género”.3

Los protocolos de actuación en esta materia encuentran sustento en los artículos 1o., 4o. y 20 constitucionales; y artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El apartado C del artículo 20 de la Constitución señala los derechos de las víctimas, entre los que se encuentran: recibir asesoría jurídica e información sobre sus derechos y el desarrollo del procedimiento penal; recibir atención médica y psicológica de urgencia; obtener la reparación del daño, obtener medidas cautelares y providencias necesarias para su protección y restitución de derechos.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia señala la manera en que se deben brindar a la víctima los servicios de atención. Así establece que la atención debe ser integral, interdisciplinaria y con perspectiva de género; identificando cuál es el propósito de esta atención: empoderar a la mujer que vive violencia y restituir sus derechos.

La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder de la ONU menciona tres rubros de servicios que son necesarios para mejorar los procesos de atención a víctimas:

1. Servicios legales. No se limitan al ámbito penal, sino que también se incluyen otros como los de tipo civil.

2. Servicios de acompañamiento para la víctima durante el proceso. Asegurando en todo momento el principio de igualdad entre las partes y el acceso a la justicia de las víctimas.

3. Servicios de protección a las víctimas y testigos. Otorgar protección oportuna y adecuada a las víctimas y a los testigos.

A lo largo de los años se han desarrollado un número importante de protocolos de actuación para intervenir los casos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, en general, se trata de procedimientos inacabados en función de las dificultades e imprevistos que los casos de violencia conllevan.

La paciente/usuaria se presenta susceptible a todos los estímulos y relaciones que surgen en el contexto hospitalario, en una atención que se reconoce como despersonalizada y falta de privacidad, lo que puede convertirle en una potencial víctima de actos violentos.

Por la importancia que reviste otorgar una atención en salud basada en el respeto y la dignidad hacia las usuarias, se hace necesario estudiar el fenómeno de la violencia género que desde la óptica de las pacientes pudiera encontrarse en los centros de salud; con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la atención y cuidado que le es otorgado en los centros hospitalarios.

Se trata de un fenómeno multifactorial, lo mismo en su origen que en su tratamiento, tienen influencia decisiva la formación cultural y la conducta personal de quienes lo enfrentan. Hecho que lo torna, durante su atención, en un proceso sumamente lento y, en no pocas ocasiones, reactivo.

Es prioridad contar con instrumentos que contribuyan al conocimiento real de esta injusta condición que las víctimas de violencia de género viven. Por esta razón, la formulación y aplicación de protocolos de actuación deben desarrollarse a partir del conocimiento completo de la problemática, pues su finalidad será no sólo resolver un caso aislado o particular, sino también desarticular los mitos y creencias que naturalizan la violencia de género contra las mujeres.

Ningún protocolo de actuación resolverá esta problemática si no existe compromiso, responsabilidad y profesionalismo por parte de quienes establecen el primer contacto con las víctimas de violencia de género.

Las características de la atención a las mujeres víctimas de violencia serán:

I. Proporcionados por personal que cuente con entrenamiento sobre aspectos relacionados con la atención a víctima, incluyendo servicios de: intervención en crisis; acompañamiento terapéutico; asesoramiento y representación legal; apoyo durante la investigación del delito; apoyo durante el proceso y el juicio y servicios de prevención de la violencia.4

II. Interdisciplinarios e integrales, con una visión de análisis que permite, respecto de un caso o supuesto sometido a estudio, conocer las posibilidades más adecuadas de atención y tratamiento, con el propósito de brindar una solución complementaria a partir de la lógica propia de varias especialidades en aras de una solución que tienda a complementarse desde diversos enfoques, a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa o fraccionada. Integral, porque demanda el conocimiento del objeto de estudio de forma sistémica,5 esto, a su vez, “obliga a abrir líneas de comunicación entre sectores que actuaban independientemente en base a la especialización y sectorización de los servicios”.6

III. Con perspectiva de género transversalizada en la atención, superando la fragmentación de las áreas del conocimiento, en una forma de ver los diferentes aspectos de la realidad, pero con un eje vertebrador, de esta manera que la perspectiva de género no solamente debe ser transversal en la atención a las víctimas que proporcionen toda institución como tal. Por lo tanto, los abusos de autoridad o el hostigamiento laboral o el sexual deberán ser prácticas que no se deben presentar.

IV. Encaminada a lograr el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia. Si ellas no son empoderadas, muy probablemente regresarán al círculo de la violencia, por lo que se perpetuará su vulnerabilidad y la posibilidad de ser lastimadas.

V. De manera imparcial, cualquier tipo de servicio que proporcionen los Centros de Salud, deben ser otorgados de manera completamente imparcial y sin prejuicios respecto de las usuarias.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del GPPRI de la de la LXIV Legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el cual exhorta a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus facultades y de los causes reglamentarios internos que la rigen, instruya a los Centros de Salud, hospitales públicos y privados de su jurisdicción a establecer un protocolo integral de atención para toda mujer que a ellos llegue con lesiones físicas que se encuadran en el supuesto de violencia de género, y con ello mejorar los procesos de atención en este tipo de violencia.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas. Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud, página 2. ONU Mujeres Base de datos mundial sobre violencia contra las mujeres.

2 United Nations. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW). 1979. Disponible en

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention .htm (última fecha de consulta 19/01/2020).

3 Fracción VII del artículo 2 del anexo III del acuerdo de la XXXI. Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Diario Oficial de la Federación del 18 de noviembre de 2011, visible en http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecuti vo/ Resource/908/1/images/Acuerdos_trigesima_primera_sesion.pdf (última visita 7 de agosto de 2012).

4 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder de la ONU.

5 Tamayo y Tamayo, Mario. Diccionario de la investigación científica, segunda edición, México, Limusa, 2004, página 172.

6 Acero Achirica, Alicia. “Atención a mujeres víctimas de malos tratos: una propuesta de Programa de Intervención”, mayo de 2004, visible en (última visita 27 de septiembre de 2012).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Ximena Puente de la Mora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Monterrey, NL, a establecer un descuento de 50 por ciento a adultos mayores en la adquisición de calcomanías de los parquímetros en la localidad, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal Santiago González Soto, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los sectores más vulnerables de la sociedad lo son las personas adultas mayores, es decir aquellas cuya edad rebasa los 60 años; de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 13.8 millones de personas de 60 años y más, lo que representa un crecimiento de 8.6 por ciento respecto a las cifras del 2014 (1.1 millones más de adultos mayores).

Las cifras del 2016 indican que este segmento de la población representa a la fecha 11.3 por ciento del total de la población; es decir, uno de cada 10 mexicanos es adulto mayor de 60 años. Si se revisan las cifras con respecto del género, se observa que la composición poblacional prevalece incluso en las personas adultas mayores, 53.8 por ciento del total de adultos mayores es mujer y 46.2 por ciento es hombre.

La condición económica que caracteriza a los adultos mayores es el alto índice de desocupación entre ellos. De acuerdo con datos de la ENIGH, la cifra asciende a 68.2 por ciento. Si bien es cierto que tal como lo muestra la Encuesta Ahorro y Futuro 2013, 83 por ciento de los adultos mayores que trabaja lo hace porque requiere el dinero, 16 por ciento lo hace para mantenerse activo.

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo), en México existen 15 millones y medio de mexicanos mayores de 60 años, de los cuales, poco más de medio millón habita en Nuevo León.

En la entidad la cifra va en incremento: en los últimos 8 años, la población de adultos mayores de 60 años de edad ha aumentado un 39 por ciento.

El número de personas adultas mayores pasó de 412 mil 903 en 2010, a 574 mil 848 actualmente.

Por otra parte, el municipio de Monterrey tiene establecidos parquímetros en algunas zonas de la ciudad como parte del reordenamiento urbano, si bien el pago tradicional es con monedas, el ayuntamiento con el propósito de agilizar el pago ha establecido la modalidad de venta de calcomanías las cuales se adhieren a los automotores lo que les permite estacionarse en lugares con parquímetros sin que se efectué el pago en efectivo; las tarifas actuales de estas calcomanías son las siguientes:

Si bien esta modalidad puede representar un ahorro para quienes frecuentemente utilizan estos espacios públicos para estacionarse, no lo es para quienes tienen bajos salarios, menos aún para los adultos mayores que viven con pensiones que apenas les alcanza para cubrir sus gastos en alimentación, salud, o que son dependientes económicos de sus hijos o familiares.

En este sentido, y con el propósito de atender a este segmento de la ciudadanía regiomontana -adultos mayores- es que hago la propuesta al ayuntamiento de este municipio para condonar el 50 por ciento del costo de la calcomanía mediante la cual se puede hacer uso de los espacios en los que se encuentran colocados los parquímetros; derecho que cobra el municipio de Monterrey.

Lo anterior cómo una manera de propiciar el disfrute de satisfactores de bienestar para las personas adultas mayores, retribuyéndoles de esta manera un poco de lo que mucho que han aportado a la sociedad a lo largo de su vida productiva.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores señala, como uno de sus principios rectores, el referente a la equidad en la que se busca un trato proporcional a las condiciones de estos mexicanos, en su artículo 4o., fracción V, señala atención preferente , lo que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.

Considero que los beneficios que adicionalmente se puedan otorgar a los adultos mayores, constituyen acciones afirmativas que propician la progresividad de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al municipio de Monterrey, Nuevo León, para que establezca descuento del 50 por ciento a los adultos mayores en la adquisición de calcomanías de los parquímetros establecidos en las diferentes colonias de este municipio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputado Santiago González Soto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua y la Profepa a atender y ejecutar acciones correctivas y preventivas para el saneamiento integral de los arroyos El Rosario, Agua Azul y El Tempisque, en Tonalá, Jalisco, a cargo del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la LXIV Legislatura, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a atender y ejecutar acciones correctivas y preventivas para el saneamiento integral de los arroyos El Rosario, Agua Azul y el Tempisque, ubicados en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco, al tenor de las siguientes;

Consideraciones

La contaminación de los arroyos en el Municipio de Tonalá en el Estado de Jalisco, afecta las personas que viven en las cercanías y que viven en condiciones humildes, quedan expuestos a contraer enfermedades como parasitosis, hepatitis B, diarreas estivales y dengue entre otras y obliga a los pobladores a convivir con olores insoportables que ni siquiera permite tener las ventanas abiertas, cuando se viene la noche y empieza a caer el roció, el olor es insoportable, la contaminación en dichos arroyos es de alto nivel y deteriora significativamente la calidad de vida de los habitantes del Municipio Tonalá en Jalisco.

Como legisladores y representantes populares nuestros esfuerzos entre otras cosas van enfocados en el bienestar y la mejora continua de la sociedad en este caso es alzar la voz en una situación de Salud pública, mejora del entorno y del tejido social.

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas, tal y como se consagra en al párrafo quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen:

Artículo 4. ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

“Además existe la resolución 64/292 proveniente de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos”.1

Las reformas recientes son un reconocimiento de que la salud no es meramente un asunto biomédico, sino que tiene dimensiones que se extienden a todos los segmentos de la sociedad y a todas las políticas que conforman el entorno social.

A principios de la década de los ochenta el municipio de Tonalá se vio inmerso en un fuerte crecimiento urbano, debido al vínculo y la cercanía que se tiene con el Municipio de Guadalajara, incrementando con ello de manera considerable los asentamientos humanos, particularmente de alta densidad, incrementando con ello la incidencia en cuanto a la contaminación de los arroyos y las consecuencias antes mencionadas.

Más de 50,000 habitantes del Municipio de Tonalá en Jalisco, tienen sus viviendas en las cuencas y cercanías de los arroyos son quienes padecen en su día a día las afectaciones de esta situación, lo que se platea es ese deseo humano fundamental de tener una vida mejor, como también lo están las perspectivas de arrancar a miles de personas de condiciones insalubres y proclives a enfermar por condiciones del ambiente en el que nos rodea.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a atender y ejecutar acciones correctivas y preventivas para el saneamiento integral de los arroyos El Rosario, Agua Azul y el Tempisque ubicados en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco.

Nota

1 El Agua Fuente de Vida.
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right _to_water.shtml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Semar a supervisar el almacenaje de salmuera residual a cielo abierto en el complejo de la laguna Ojo de Liebre, en Guerrero Negro, BCS, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe María del Carmen Cabrera Laguna diputada del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En nuestro país tenemos una de las salineras más grandes del mundo, con un volumen de producción superior a los 8 millones de toneladas anuales, con capacidad para recibir y cargar barcazas hasta de 180 mil toneladas. La empresa minera de mayor producción de sal, se encuentra en la región de Guerrero Negro, Baja California Sur, a través de la empresa Exportadora de Sal, SA de CV.

El proceso por medio del cual se obtiene la sal consiste en bombear agua de mar a los vasos de evaporación, donde el contenido de sales se concentra para posteriormente pasar a otra etapa en donde los vasos denominados cristalizadores desechan la fracción líquida sobrante conocida como “salmuera saturada”, dicha salmuera está compuesta principalmente por cloruro de sodio, cloruro de magnesio y potasio entre otras, una concentración de 29°Baumé (referencia a una disolución gaseosa de cloruro de sodio (NaCl) al 10% en masa), equivalentes aproximadamente a 290 gramos de sales totales por kilogramo de salmuera, es decir, 29 por ciento de sales en solución.

La sal de cloruro de sodio es producida en los vasos cristalizadores a partir de una salmuera saturada rica en cloruro de sodio, pero contiene también otras sales en solución como cloruros de magnesio y potasio entre otras, consideradas como impurezas del producto. Para asegurar la calidad se diseñó un sistema de lavado para remover las impurezas que trae la sal desde el vaso, mediante la aplicación de salmuera de lavado y agua de mar, a contracorriente del flujo de sal. La sal cosechada es descargada en una tolva con capacidad de 1,100 Ton. y alimenta 12 unidades de lavado por sumersión que requiere del suministro de salmuera para lavado producida por disolución en el Vaso Cristalizador de la Planta y de salmuera residual del Vaso Clarificador.1

El principio de lavado consiste en eliminar la salmuera atrapada que trae la sal desde el vaso cristalizador, esta salmuera contiene la mayor parte de las impurezas. A través de un flujo a contra corriente la salmuera de lavado y agua de mar desplazan a la salmuera atrapada que viene con la sal desde el vaso de cosecha. Después de esta etapa de lavado por sumersión, la sal es alimentada a 12 bandas metálicas de acero inoxidable, donde recibe un lavado adicional por aspersión, se facilita el drenado y que se descarga a una banda transportadora que apila o carga la sal directamente en barcazas.2

Considerando los niveles de producción de sal en Guerrero Negro, los diques donde se deposita la salmuera residual están al límite de su capacidad y la superficie que ocupan sobrepasa las 5,000 hectáreas, (Cloruro de magnesio -MgCl2- más otros componentes) más los fondos sólidos asentados en los vasos de almacenamiento de forma líquida y a estos habrá que agregar entre 10 a 17 millones de toneladas al año.

Debido a que la producción, obtención, aparición de salmuera residual es inevitable, anualmente se producen alrededor de 10 millones de toneladas más, lo convierte en un problema ambiental por acumulación de salmuera a cielo abierto y tenerla almacenada sin ningún beneficio. Pero a contrario sensu, la salmuera es un producto de oportunidad de comercialización para empresas que la reutilizan, lo cual se reflejaría en una captación importante de recursos económicos para nuestro País, a través su comercialización.

Cabe precisar, que las altas concentraciones del soluto que contiene la salmuera son nocivas y venenosas para los seres vivos, e impiden en la presencia de vida, no restamos importancia a los compuestos químicos o sea su estructura molecular que es utilizada en la preservación de alimentos que evitan la descomposición por microorganismos.

Debido a que la salmuera residual contiene altas concentraciones de MgCl2, compuesto mineral con múltiples usos para la industria, la cual se utiliza en la fabricación de productos textiles, papel, agentes ignífugos, cemento y en la refrigeración. De ahí que esta oportunidad económica en beneficio del País, no se puede desaprovechar. Pero si en vez de comercializar la salmuera esta se regresa al mar o a la laguna, se ocasionaría un daño al ecosistema y el medio ambiente. Este proceso significaría una erogación onerosa para la empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V., independientemente de que la Empresa ha “reconocido que es posible venderla”. Por medio de la respuesta a la solicitud de información número 1010100026716, “sobre pregunta expresa del por qué ESSA en lugar de tirar la salmuera que anualmente se produzca, no la vende, esta empresa reconoció que el venderla era una opción para deshacerse de la salmuera”, lo cual se vería reflejada en ingreso para la empresa.

Lo que se considera un residuo, resulta ser un producto que puede venderse, el precio de la salmuera en el mercado internacional oscila entre los 4 a 6 dólares más el impuesto al valor agregado por tonelada lo que se convertiría en un activo no en un pasivo para la Empresa ESSA, considerando que por la salmuera acumulada la Empresa podría obtener cuando menos 1,200 millones de dólares y de la que se acumula anualmente 40 millones de dólares lo cual debiera estar incluido contablemente como parte de su patrimonio.

Cabe resaltar que en nuestro País tenemos uno de los complejos lagunares que por las especies que lo habitan, de forma temporal o permanente, está considerado como uno de los más importantes del mundo, conocido como complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela, en donde anualmente migra la ballena gris, para cumplir su ciclo biológico, constituyendo un refugio para diversas aves acuáticas migratorias y residentes, como el ganso de collar el águila pescadora que tienen las más altas poblaciones invernales y de anidación a nivel mundial, además de que albergan una enorme riqueza faunística.

Igualmente en la Laguna el Vizcaíno durante el invierno se convierte en un santuario donde las ballenas llevan a cabo su apareamiento y la crianza, como el ganso de collar (Branta bernicla), cuya subespecie nigricans se encuentra amenazada, en México y en las aguas del complejo lagunar el 25 por ciento de su población inverna, junto con otras especies, como pelicanos grises y blancos, águilas pescadoras, entre otras especies se llegan a encontrar más de 270 mil aves playeras de distintas especies.

En términos generales, son alrededor de 20 especies en peligro de extinción, entre ellas cuatro especies de tortugas marinas: laúd, la tortuga verde, tortuga carey, y golfina, las que encuentran refugio en sus aguas, por lo que no es de extrañar que el Sistema Lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela cuente con la protección de la Ley.

En la laguna de Ojo de Liebre, parte de la Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno, en el noroccidente de México, se teme que se esté cocinando un desastre ambiental por el vertido durante años de los residuos de la explotación de la salina más grande del mundo por una empresa mixta.3

Exportadora de Sal (ESSA), propiedad en 51 por ciento del estatal Fideicomiso al Fomento Minero y el resto de corporación japonesa Mitsubishi, lanza los desechos líquidos en un depósito en esa laguna, sitio de invernada y reproducción de las ballenas gris y azul, la foca del puerto, el león marino de California y cuatro especies de tortugas marinas en riesgo de extinción.4

Es importante mencionar que el peligro ambiental que ocasionaría al complejo lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, de concretarse la disposición final de que la salmuera residual al verterla en las aguas de las lagunas, lo cual llevaría a alteraciones en las propiedades fisicoquímicas como son; afectaciones en la salinidad en la proporción de los iones principales y alteraciones asociadas a los cambios de salinidad que se reflejan con cambios en la densidad y en la capacidad de retención del oxígeno disuelto; el daño que ocasionaría a la vida marina, los impactos biológicos potenciales asociados básicamente a los cambios osmóticos severos a los que se verían expuestos los organismos por una exposición directa y prolongada del residuo salmuera así como los impactos adicionales en su fisiología producto del desbalance iónico de los compuestos principales en la mezcla resultante de la salmuera en el agua, principalmente el ion magnesio. Otros impactos no toxicológicos se asocian a las bajas concentraciones de oxígeno disuelto que caracterizan a este residuo.

Cabe precisar que si la Empresa Exportadora de Sal S.A de C.V argumenta que la disposición final de la salmuera en Guerrero Negro será controlada con relación al impacto ambiental, se estaría hablando de que el proyecto consiste en diluir de 100:1 la salmuera residual en estado líquido que genera el proceso de producción de sal industrial, por el proceso de evaporación de agua de mar. Pero para lograrlo, se requiere instalar una infraestructura de estaciones de bombeo fijas y portátiles, canales, diques, vaso regulador, tendido de tuberías de alta densidad, sistema de descarga, difusores, etcétera, para transferir la salmuera residual del proceso de producción de sal industrial desde las áreas de almacenamiento hasta el puerto Venustiano Carranza, Baja California, en la laguna Guerrero Negro. Por lo que en este sitio se establecerá un vaso regulador y un sistema de difusión para reincorporar al mar la salmuera de manera controlada para la vida marina, lo cual ocasionaría un egreso y no un ingreso que beneficia más a la empresa reflejándose en un daño al erario público federal.

Independientemente de ese proceso de disolución controlada, no se elimina el riesgo el peligro de un accidente que dañe severamente el valioso ecosistema que representa el Sistema Lagunar Ojo de Liebre– Guerrero Negro-Manuela. Alguna eventualidad en el sistema de desecho aumentaría significativamente la salinidad del agua de la laguna. El daño ambiental y la afectación a las especies protegidas serían muy severo, como se ha podido constatar por los derrames accidentales de salmuera que acontecieron a finales del siglo pasado, mismos que ocasionaron la mortandad de tortugas marinas, peces y otros organismos.

Por otra parte, en materia de transparencia la salmuera residual que le hicieron a ESSA, por medio de la solicitud de información número 1010100026716 fue la siguiente: “¿Tiene permiso para tirar 17 millones de toneladas anuales?” A lo que la empresa respondió: “Sí, otorgado por Semarnat, mediante oficio número S.G.P.A.- DGIRA.-DIA-0977/03, fechado 22 de mayo de 2003, y prorrogado hasta junio del 2018, mediante oficio número DGPA/DGIRA/DG/03360 del 16 de mayo de 2016.”

En ese sentido, ESSA obtuvo un permiso por parte de la Semarnat para desechar en el complejo lagunar, este conforme a la normatividad vigente en 2003 sin llevarlo a cabo, consiguió una prorroga en el 2016 ante la misma autoridad, en el año de 2016 la autoridad facultada para autorizar el desechar la salmuera residual en alguna laguna costera es la Secretaría de Marina (Semar), esto por efectos de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas (LVZMM), publicada en el DOF del 17 de enero de 2014.

Conforme a lo que regulan las leyes mencionadas en el párrafo anterior, no tiene el permiso de la autoridad facultada para otorgarlo y por efectos tanto de la Ley Federal del Mar, como la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, no podría obtenerlo para llevar acabo el derrame de salmuera residual, de tal manera que a la fecha la Empresa ESSA ha incumplido en ejecutar los actos o supuestos que le fueron autorizados en desechar el residuo salmuera, cuando le concedió permiso Semarnat ni cuando le concedió la prórroga, aunque ya estaba vigente la LVZMM, además que ahora no tiene el permiso de la autoridad facultada para otorgarlo por lo dispuesto en la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, no podría obtenerlo.

Aún más si tomamos en cuenta los Comentarios de Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales:

“Existe una emergencia ambiental cuando la contaminación del sitio derive de una circunstancia o evento, indeseado o inesperado, que ocurra repentinamente y que traiga como resultado la liberación no controlada, incendio o explosión de uno o varios materiales o residuos peligrosos que afecten la salud humana o el medio ambiente, de manera inmediata”.

“Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente”.

Con base en lo anterior, la empresa Exportadora de Sal, SA de CV, no puede realizar la disposición final de la salmuera residual en las aguas del sistema lagunar, a costa del daño que ocasionaría al ecosistema ambiental aunado a grandes gastos en infraestructura y operación, contraviniendo la normatividad vigente, toda vez que está prohibido el derrame que dañe, además que la salmuera realmente se puede convertirse en un activo y o en un pasivo para la empresa, convirtiéndose en un detrimento económico para el erario público.

Cabe destacar, que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene la obligación de fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

Por otro lado, la Secretaría de Economía le corresponde conducir la política nacional en materia minera y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional.

Y, por último, a la Secretaría de Marina le corresponde la vigilancia, visita, inspección u otras acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y ejercer la autoridad sobre el vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio y en la argumentación expresada en las consideraciones del presente, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y Secretaría de Marina para que lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de supervisar el almacenaje de salmuera residual a cielo abierto en el complejo de la laguna Ojo de Liebre en Guerrero Negro, Baja California Sur, con el propósito de tomar las medidas correctivas para evitar algún daño ambiental al ecosistema y afectación a las especies protegidas de la zona, por la alta concentración de salmuera, derivada de la actividad minera.

Notas

1 http://www.essa.com.mx/proceso_prod_lavadoytransporte.aspx

2 Ídem

3 http://www.ipsnoticias.net/2016/02/se-cuece-en-sal-un-ecocidio-en-refug io-ballenero-de-mexico/

4 Ídem

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH, el Sipinna y la Segob a implantar medidas encaminadas a prevenir, erradicar y sancionar administrativa y penalmente el abuso sexual cometido por la congregación Legionarios de Cristo, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada federal Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 27 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante comunicado de prensa, condenó la violencia sexual que viven niñas, niños y adolescentes y realizó un llamado a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para implementar medidas que prevengan, erradiquen y sancionen todo acto que atente contra su integridad y vulnere sus derechos.

Lo anterior en relación con el informe dado a conocer por la organización religiosa “Los Legionarios de Cristo”, el pasado 22 de diciembre, en el que revela estadísticas de casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de sacerdotes de esa congregación, entre los años 1941 y 2019. La CNDH presentó el manifiesto en el que exhorta a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación a que, de forma coordinada con las instancias competentes, se implementen las siguientes acciones para prevenir y atender ese fenómeno:

1. Se garantice que las actividades de las agrupaciones religiosas se apeguen a los estándares constitucionales, convencionales y legales en materia de respeto, promoción y protección de los derechos de la población menor de edad, sensibilizándoles sobre la importancia de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.

2. Promover con líderes y organizaciones religiosas la adopción de medidas para prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y se establezcan mecanismos de denuncias ante las autoridades competentes, evitando procedimientos de carácter conciliatorio.

3. Implementar protocolos de prevención y atención a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, señalando obligaciones a sus líderes y adeptos, y las consecuencias de omitir brindar atención a víctimas de cualquier tipo violencia.

4. Implementar dichas actividades de prevención y protección en escuelas, albergues, estancias infantiles, centros de asistencia social comedores, casas de retiro, o cualquier otro lugar relacionado con su objeto social.

5. Implementar registros donde se compilen datos desagregados sobre la incidencia de delitos sexuales por ministros o integrantes de cultos religiosos.

6. Asegurar prácticas que eviten la victimización secundaría y la difusión de datos personales de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

7. Coordinarse con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para implementar acciones de capacitación para la población menor de 18 años y a las organizaciones religiosas.

Es importante recordar que, en el 2019, se conmemoró el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual se aprobó el 20 de noviembre de 1989 con el objetivo de garantizar y proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en todo el mundo. Esta Convención fue ratificada por el Estado mexicano en 1990, asumiendo con ello el compromiso de implementar medidas reforzadas que protejan a toda persona menor de 18 años contra cualquier forma de discriminación o abuso, quedando obligado a informar periódicamente al Comité de los Derechos del Niño respecto de las acciones para el cumplimiento de ese instrumento internacional.

Debemos añadir que el 10 de junio del 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante a la Constitución General de la República en materia de derechos humanos. Entre los cambios trascendentes que se realizaron, se encuentra la modificación del artículo 1o., que reconoce constitucionalmente a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales al mismo nivel que los consagrados en la norma fundamental, introduciendo en nuestra legislación un nuevo concepto: la convencionalidad.

Asimismo, el artículo 4o. noveno párrafo de la Constitución, establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Es importante mencionar que el Grupo Parlamentario del PRD considera relevante que la Secretaría de Gobernación, de manera coordinada con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, garantice el apoyo a las víctimas menores de niñas, niños y adolescentes de delitos en contra de su desarrollo personal, cometidos por integrantes de la organización “Legionarios de Cristo”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos de las niñas y los niños de nuestro país, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias pero de manera coordinada, se implementen las medidas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar, administrativa y penalmente, los casos de abuso sexual cometidos por la congregación Legionarios de Cristo, perteneciente a la asociación religiosa conocida como Iglesia Católica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a incorporar en las actividades prioritarias de la Guardia Nacional la salvaguardia de los ecosistemas naturales, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo (de urgente u obvia resolución) para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a incorporar dentro de las actividades prioritarias de la Guardia Nacional la salvaguarda de los ecosistemas naturales en territorio nacional, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

México es uno de los países más diversos en el mundo gracias a nuestra gran extensión territorial y a la privilegiada zona geográfica que poseemos, formando parte de las entre 12 y 20 naciones que concentran alrededor del 70 por ciento de todas las especies (seres vivos) conocidas por la ciencia. Derivado de esto, México tiene una gran diversidad de ecosistemas, desde altas montañas hasta profundos mares, pasando por desiertos, bosques y lagunas.

Los ecosistemas son definidos como un conjunto de especies que cohabitan en un área determinada, aunado a esto, representan para las y los mexicanos un suministro de alimentos y materia prima. Además de funcionar como procesos de reciclaje de nutrientes que forman y fertilizan el suelo y generar el proceso de fotosíntesis que es la base de la producción primaria del mundo vivo y generadora de oxígeno.1

Desde ecosistemas marinos hasta los bosques y selvas, los mexicanos somos beneficiados ya que es de donde provienen alimentos, plantas curativas, madera y vegetación, además de proveer a los seres humanos de los dos elementos vitales, oxígeno y agua. Aunado a esto, los ecosistemas naturales son los generadores del balance hidrológico que logra un equilibrio entre la cantidad y la calidad del agua; de la captura de carbono que regula los cambios climáticos; y del mantenimiento de la biodiversidad.

Todo ello es de suma importancia para los seres humanos, pues nos da la oportunidad de satisfacer necesidades culturales y económicas humanas, pero también la de enfrentar enfermedades o cambios climáticos.

Recientemente se han perdido especies silvestres en forma masiva debido a la acción modificadora inmoderada del ser humano sobre los ecosistemas naturales. Los principales impactos antropogénicos están en: la destrucción y fragmentación de los hábitats, contaminación de los recursos abióticos de los sistemas, introducción de especies exóticas, tráfico ilegal de especies y sobreexplotación de recursos tanto bióticos como abióticos.2

Estos actos ilícitos se han convertido en una problemática creciente a nivel mundial por ser actividades con alta rentabilidad y bajo riesgo. Entre las actividades más comunes de este están:

• La explotación ilícita de la flora y la fauna donde se encuentran el tráfico de animales salvajes que ya es considerado por la Interpol como el tercer tipo de negocio ilícito más importante del mundo (sólo por debajo del tráfico de estupefacientes y de armas) y la tala indiscriminada

• La eliminación de residuos peligros donde se encuentra la mala gestión de residuos electrónicos en la cual no se toman las medidas adecuadas de reciclaje y los vertidos indiscriminados en los que participan empresas e industrias que liberan residuos fecales o tóxicos de manera descontrolada en el medio ambiente, contaminando ríos, lagos, etcétera.

Un ejemplo claro es el Río Grande Santiago, que atraviesa varias entidades de la República Mexicana, principalmente al estado de Jalisco. Dicho río es considerado uno de los más contaminado del mundo, debido a que recibe descargas de más de 200 industrias del corredor industrial Ocotlán-El salto, uno de los corredores industriales más importantes del país.

Este suceso se ha dado por la falta de sistemas de saneamiento de las aguas industriales, pero, sobre todo por la falta de mecanismos para controlar y prevenir la contaminación del agua.

Otro caso concreto fue el abuso a 573 hectáreas que eran de uso forestal por parte de los aguacateros que causaron daño al ecosistema por la deforestación de estas zonas en 14 municipios del sur del estado de Jalisco, dicho evento fue denunciado por el Secretario General de Gobierno del Estado.3

Asociado a esto, el nivel de consumo y producción creciente en la sociedad han propiciado altos índices de contaminación que afectan a los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas naturales, así como también, han generado sobreexplotación de los recursos naturales.

Es por este tipo de casos que urge sumar esfuerzos para bloquear cualquier posibilidad de actividad delictiva que afecten al contexto natural que nos provee de elementos vitales, se requieren de medidas que ayuden a controlar las actividades humanas ya que son el factor más significativo de los desequilibrios y pérdida de ecosistemas.

La salvaguarda de los ecosistemas es una tarea que nos compete a todos los mexicanos, así como a las autoridades con la facultad y finalidad de salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, recursos que son vitales para la vida del ser humano.

En sentido de lo anterior expuesto, es necesario que la Guardia Nacional (GN) como la principal institución para salvaguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos, tome medidas extraordinarias para proteger el uso, daño y abuso ilícito de los ecosistemas naturales, ya que estos son parte del patrimonio nacional. Con fundamento en el fin plasmado en el Artículo 6, fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional, que estipula que es una de las funciones de la GN el salvaguardo de los bienes y recursos de la Nación.

Es por esto que someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el ámbito de sus atribuciones a incorporar dentro de las actividades prioritarias de la Guardia Nacional la salvaguarda de los ecosistemas naturales en territorio nacional.

Notas

1 Instituto de Ecología: https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/
2013-06-05-10-34-10/17-ciencia-hoy/344-por-que-es-importante-para-mexico-mantener-su-biodiversidad

2 Universidad virtual del Estado de Guanajuato: Los Ecosistemas de México y su importancia http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/180/LosecosistemasdeMxi coysuimportancia.pdf

3 El Financiero, Autoridades de Jalisco denuncian a aguacateros por daños al ecosistema y materiales:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
autoridades-de-jalisco-denuncian-a-aguacateros-por-danos-al-ecosistema-y-materiales

Palacio Legislativo San Lázaro, a 5 de febrero del 2020.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus homólogas locales a fortalecer los programas destinados a la detección y el tratamiento tempranos de cáncer, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Margarita Flores Sánchez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades, el cual se caracteriza por el proceso de multiplicación, crecimiento y diseminación incontrolados de células normales, lo cual genera el desarrollo de tumores o masas anormales que pueden aparecer en prácticamente cualquier lugar del cuerpo y que suele invadir el tejido circundante, proceso al cual se le denomina metástasis.

De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud (OMS), el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, enfermedad a la que se le atribuyeron tan solo en 2015 la muerte de aproximadamente 8.8 millones de personas.1 Casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad.

Los cánceres que causan un mayor número anual de muertes son el de pulmón, hígado, estómago, colon y mama.

Cifras de Informe Mundial sobre el Cáncer 2014, de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) en sus siglas en inglés, refieren que en 2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos y se prevé que el número de nuevos casos aumente en un 70 por ciento en los próximos 20 años.

En México el cáncer es la tercera causa de muerte y según estimaciones de la Unión Internacional contra el Cáncer, cada año se suman más de 128,000 casos nuevos de mexicanos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2013 fallecieron 78,582 personas a causa del padecimiento de alguno de los 100 tipos de cáncer que se conocen. Durante 2014 el cáncer en órganos hematopoyéticos es el de mayor presencia en hombres (59.2 por ciento) y mujeres (61.1 por ciento) menores de 20 años de edad.2

Aproximadamente un 30 por ciento de las muertes por cáncer se deben a cinco factores de riesgo comportamentales y alimentarios dentro de los cuales se encuentra el sobrepeso, el consumo insuficiente de frutas y verduras, la falta de actividad física, así como consumo de tabaco y alcohol, los cuales podrían prevenirse reduciendo dichos factores de riesgo.

El 4 de febrero en el marco del Día Mundial contra el Cáncer la Organización Mundial para la Salud, bajo el lema “Nosotros Podemos yo Puedo”, hizo un llamado a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil a fin de promover acciones e inversiones en áreas como el control del tabaco, la promoción de estilos de vida saludables, el tamizaje y detección temprana del cáncer y la mejora de los servicios para el tratamiento del cáncer, así como de los cuidados paliativos cuando la cura no es posible.

Entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar. Para ello, es necesario reducir los factores de riesgo conductuales y dietéticos como: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol, y aplicar estrategias preventivas de base científica. La prevención abarca también la detección precoz de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperación para muchos tipos de cáncer son excelentes.

La Sociedad Mexicana de Oncología considera que además las elevadas cifras de muertes por cáncer se deben a los diagnósticos tardíos. El 60% de los casos de cáncer en México es detectado en etapas avanzadas.3

Es por lo anteriormente expuesto, que sometemos a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer los programas destinados a la detección y tratamiento temprano de cáncer.

Notas

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer 2018_nal.pdf

3 https://www.smeo.org.mx/descargables/COPREDOC_GUIA.pdf

Dado en la Cámara de Diputados, a los 5 días de febrero de 2020.

Diputada Margarita Flores Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a encabezar y coordinar los trabajos en seguridad preventiva para dar mejores resultados y disminuir la comisión de delitos, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia actualmente es entendida como un acto cotidiano, que forma costumbre negativa en la psique de todos, daña a la sociedad en el colectivo; es impensable los niveles que se suscitan en diferentes puntos del País. Más aún, si conlleva la afectación de los infantes que cursan la educación básica, como sucedió recientemente en una escuela de Torreón, Coahuila.

Ello, compromete al Estado Mexicano, entendido en sus tres niveles de Gobierno y poderes, a la aplicación efectiva de políticas criminales y públicas, que contengan los actos ilícitos y prevengan este tipo de hechos.

Las razones que llevaron al fatal resultado, estará sujeta a la investigación y a la correcta aplicación del derecho; pero ello, no otorga tranquilidad al colectivo, quien está opinando, señalando y tomando acciones en torno a la emergencia.

Diversas estadísticas señalan que la depresión aumenta en menores de edad, por ende, se eleva la tasa de suicidio infantil y juvenil, mucho debido a una sobreestimulación de objetos materiales, pero privados de cariño de familia, de juegos creativos, interacción social, de una nutrición equilibrada y sueño adecuado.

En las acertadas palabras de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, todos somos responsables y debemos tener la mochila segura desde casa.

“Lamento mucho que perdieran la vida inocentes en una escuela de #Torreón. Condenar el hecho es importante, solidarizarse con los deudos y amigos, aún más, pero, evitar que se repita, es un apremio.

Mamás, papás, tíos, abuelos y todos aquellos responsables de un menor: por favor, no den por hecho que sus hijos son ‘incapaces’ de hacer tal o cual cosa. Todo es posible. Son muchas las influencias, mucha la curiosidad de un niño, de un joven. Supervisen, constaten, revisen, pero sobre todo dialoguen con ellos y compréndanlos. Hagan todo por ellos.

La seguridad comienza en casa. Por ejemplo, #mochilasegura no hasta la escuela, sino desde el domicilio”.

#noArmas #NoViolencia #Paz por favor1

En la debida tarea que corresponde a todas las instituciones de México, se deben generar sinergias que permitan que no suceda otro trágico evento como el de Torreón, Coahuila. Es menester y urgente que toda esa descomposición y descomunicación que no fue atendida por las anteriores administraciones se detenga.

Fortalecer la paz, el bien común, la justicia y recuperar el tejido social es prioridad de todos, por lo que, debe existir una comunicación efectiva traducida en política pública que incida en la psique ciudadana, que se masifica con el uso de televisión, radio e internet, para llegar a la mayor población.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, con el propósito de generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2018, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el periodo marzo-abril de 2019, para proveer información a la sociedad y a quienes toman decisiones de política pública en estas materias.

La ENVIPE permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público. Asimismo, robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos sexuales), dejando de lado delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas.2

Lo que arrojó los siguientes resultados:

• Se estima en 24.7 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2018.

• El 33.9 por ciento de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima del delito.

• En 93.2 por ciento de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación.

En un clima de violencia, en zonas urbanas y rurales, urge que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordine los esfuerzos de la Federación y Entidades Federativas que tengan como finalidad contener y disminuir la comisión de diversos delitos, sobretodo, los que atentan contra la vida y libertad sexual de las personas.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

I. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

En la aplicación del operativo mochila que se dará en algunos Estados de la República y ante la determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre que, la anterior administración de la Ciudad de México violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica, por lo cual dirigió la Recomendación 48/2019 al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.3

Ante ello, y prevenidos de las faltas que tuvo el anterior Gobierno de la Ciudad de México, se debe garantizar la suma de los comités de padres de familia, y contar con la experiencia de criminólogos adscritos a la Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de los Municipios y Entidades Federativas del País.

La profesión criminológica se diversifica y enriquece para hacer política criminológica (que no criminal), asesorar en prevención, atender víctimas, ser mediadora, realizar planes de desarrollo, intervenir en programas de alternativas de prisión, desempeñar un papel activo en los cambios institucionales y reformas legales, en la readaptación social de delincuentes, y actuar en las diversas formas de resolución alternativa de conflictos.4

Es de conocimiento público que son cada día más los menores de edad que llevan armas cortas y largas de uso exclusivo del ejército a sus escuelas, con diversos fines, lo que implica una desatención familiar y una advertencia al entorno social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, a encabezar y coordinar los trabajos en seguridad preventiva para dar mejores resultados, que logren disminuir la comisión de delitos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de las entidades federativas, a reforzar la concientización social para el canje de armas y, en aquellos Estados donde se ejecute el operativo “mochila”; éste, se realice junto a los comités de padres de familia y criminólogos, siendo la madre, padre o tutor del menor, quien debe revisar la mochila en la institución educativa, evitando lesionar derechos humanos de infantes.

Notas

1 Tomado de https://www.milenio.com/politica/beatriz-gutierrez-pide-atencion-ninos- tiroteo-torreon el 13 de enero del 2020.

2 Tomado de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSegPub/envipe2019_09.pdf el 13 de enero del 2020.

3 Tomado de https://www.cndh.org.mx/palabras-clave/3207/operativo-mochila-segura el 13 de enero del 2020.

4 Tomado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3064/24.pdf el 13 de enero del 2020.

Palacio Legislativo, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a fortalecer las políticas públicas y los programas sociales encaminados a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar y sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las políticas públicas y los programas sociales encaminados a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pobreza constituye un problema persistente que presenta cifras alarmantes como es el caso del sureste del país, en entidades como Chiapas, Tabasco y Campeche, sobre todo entre la población de los pueblos indígenas, los adultos mayores, la población con discapacidad y entre los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2018 4 de cada 10 personas mayores –que representan 41.1 por ciento– estaban en situación de pobreza; 34.6 por ciento vive en pobreza moderada y 6.6 en pobreza extrema. Se vuelve pobreza extrema cuando en condición de pobreza, ni siquiera todos los ingresos que percibe bastan para satisfacer al menos las necesidades alimentarias.

Esos números nos indican que se debe trabajar para mejorar las condiciones sociales de la población adulta mayor que sufre violencia física, psicológica, económica o peor aún abandono, en todo el país.

El ingreso de las familias y la seguridad social son los dos retos más importantes, por tal motivo es necesario proporcionar elementos enfocados a mejorar las políticas públicas encaminadas a disminuir la pobreza, puesto que aún existen retos en infraestructura, calidad y gratuidad de los servicios que hay que combatir.

Los tres órdenes de gobierno pueden identificar las áreas en las que se requiere redoblar los esfuerzos institucionales de manera transversal, así como las regiones del país donde es necesario fortalecer la atención prioritaria de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad económica o social.

El tema debe ser prioritario en términos de atención, donde además se requiere avanzar en el respeto de sus derechos humanos relacionados con su cuidado, no abandono, la prevención de la violencia y la atención oportuna en las formas de presentación más frecuentes de las enfermedades en el adulto mayor a las que están expuestos. Donde en la actualidad uno de cada 3 procedimientos quirúrgicos se realiza a pacientes mayores de 65 años.

Por ser un tema prioritario para el gobierno de México combatir la pobreza, se debe de continuar con las acciones que se han implantado, definiendo con mayor claridad el problema de este grupo de población a través de un diagnóstico más amplio, permitiendo identificar las necesidades de los adultos mayores por grupos de edad y localidades.

Como no se tiene bien identificado el problema, no se cuenta con evidencia para analizar si el monto del apoyo económico es el adecuado

Por ello es necesario fortalecer las políticas públicas dirigidas hacia personas adultas mayores, políticas que las ayuden a obtener acceso a la salud, empleos bien remunerados con prestaciones y condiciones de seguridad mínimas.

Reconozco la gran tarea que el gobierno de México realiza a través del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 68 años en todo el país, en las zonas indígenas a partir de 65 años, lo cual contribuye al bienestar de la población adulta mayor a través del otorgamiento de una pensión no contributiva.

Esta política pública era necesaria, ya que según datos oficiales sólo 23 por ciento de las mujeres y 40 de los hombres tienen acceso a una pensión contributiva. Pero lo más grave es que 26 por ciento de las personas adultas mayores no tienen pensión contributiva ni apoyo de programas sociales (https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-para-el-bie nestar-de-las-personas-adultas-mayores).

Por ello involucrarnos y dar voz de manera permanente a las personas adultas mayores es nuestro compromiso como grupo parlamentario, y lo es porque los derechos sociales son prioridad para que México se consolide como un país de igualdad social donde la discriminación sea erradicada.

Por lo expuesto, fundado y motivado se propone ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar y sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las políticas públicas y los programas sociales encaminados a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Tabasco a garantizar los derechos como personas en desarrollo de niños y adolescentes víctimas de violencia doméstica, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 28 de enero, la prensa del estado de Tabasco dio cuenta del caso de una pequeña niña que, siendo víctima de violencia doméstica y por defender a su madre de una brutal golpiza, dio muerte a su padre. Esta es una situación que, lamentablemente, se repite cada vez con mayor frecuencia y evidencia las condiciones de violencia cotidiana a la que se encuentran sujetos las y los niños en nuestro país.

Como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, el ambiente de violencia generalizada que vivimos en nuestro país ha victimizado, de manera preocupante, a la niñez. Esta violencia impacta de manera fundamental en su formación y afecta su percepción respecto a la forma de convivencia diaria entre las personas. Desde el inicio del año 2020, la Red por los Derechos de la Infancia señaló que en nuestro país, mueren “al día en promedio 3.6” niñas, niños y adolescentes a causa de la violencia, añadiendo que, en lo que va de este siglo, desde el año 2000 y hasta el 2019, “hay cerca de 21 mil niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y más de 7 mil casos” de desapariciones.

De la misma manera, la Red por los derechos de la infancia señala que, aparejado al incremento de la violencia contra las mujeres, los feminicidios contra las niñas y adolescentes aumentaron 13.5 por ciento únicamente del mes de enero a julio del 2019. Esta situación también se ve reflejada en el incremento del número de feminicidios infantiles por mes que pasaron de siete en 2018, a ocho en 2019, es decir, uno de cada diez feminicidios que se cometen en el país, es en contra de niñas y mujeres adolescentes. En este sentido, el documento indica que los estados con mayor incidencia en estos delitos para este segmento etario son el estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas al registrar 55, 33, 23 y 21 víctimas, respectivamente, de enero de 2015 a julio de 2019. Complementando estas cifras, la organización indicó que, en promedio, durante los primeros meses de ejercicio del Presidente López Obrador, doce niñas, niños y adolescentes son víctimas de trata y, de ellos, más de dos terceras partes son mujeres, es decir, una cuarta parte de las víctimas de trata, corresponde a niñas, niños o adolescentes; y en siete de cada diez de estos casos, la víctima es una niña o mujer adolescente.

Es en este sentido que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben incrementar las acciones y diseñar políticas públicas que nos permitan garantizar que niñas y niños puedan vivir una vida libre de violencia. En el caso en particular, resulta imprescindible la atención integral inmediata de la niña, brindándole los servicios sicológicos que requiera y, principalmente, sin criminalizarla porque, resulta evidente, que se trata de una víctima.

Es por ello hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que se implementen las medidas urgentes tendientes a garantizar los derechos de la niñez, especialmente, el derecho a una vida libre de violencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidas y comprometidos con la niñez en nuestro país, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al gobierno del estado, a la Fiscalía General, al Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Procuraduría de Protección de la Familia y los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, todas instancias del estado de Tabasco, así como a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar los derechos que, como personas en desarrollo, tienen las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia doméstica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Mónica Almeida López, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos de Sonora a atender urgentemente el artículo transitorio segundo de la Ley de Protección a los Animales del estado y emitir los reglamentos correspondientes en la materia, a cargo de la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , bajo las siguientes

Consideraciones

En el año 1977, la Liga Internacional de los Derechos del Animal adoptó una declaración que fue posteriormente aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés) y por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se parte de la premisa de que todo animal posee al menos los derechos naturales más básicos, en particular, derecho a la existencia, al respeto, a la atención, a los cuidados y a la protección por parte del ser humano.

Sin embargo, desafortunadamente es común que los animales sean víctimas de actos repudiables como el abandono por causas como cambios de domicilio, factores económicos, comportamiento problemático de la mascota, alergias de algún miembro de la familia, o bien la pérdida de interés en la mascota, hasta llegar a actos de crueldad.

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México de 18 millones de perros, sólo 30 por ciento tienen dueño, mientras 70 por ciento restante se encuentran en las calles en abandono directo, ocupando así uno de los primeros lugares respecto al maltrato o crueldad animal. En el caso de Hermosillo, capital del estado de Sonora, actualmente suman más de 30 denuncias por maltrato animal, lo que resulta alarmante.

En esta entidad, un gran número de organizaciones no gubernamentales que participan en movimientos en pro del bienestar animal, han sumado esfuerzos con el paso del tiempo, demandando se legisle para proteger, salvaguardar y garantizar el bienestar de los animales. Lo anterior, toda vez que desafortunadamente no hay existe la suficiente conciencia y sensibilización en la ciudadanía y las autoridades con respecto a este tema.

Por lo anterior, desde 2018 se encuentra vigente la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora, pretende más allá de ser una legislación, motivar, promover e implementar una relación justa y respetuosa entre los seres humanos y los animales.

No obstante lo anterior, a pesar de contar con un marco legal vigente en la materia, no se ha dado un cumplimiento puntual a la referida Ley de Protección a los Animales, por lo que se considera importante que todas las autoridades competentes observen de manera puntual esta legislación.

Al respecto, se considera necesario exhortar a los 71 de los 72 ayuntamientos del estado de Sonora a que cumplan a cabalidad con una obligación legal como lo marca la ley en la materia, ya que únicamente el ayuntamiento de Nogales cuenta con el reglamento en la materia, por lo que es de suma importancia recalcar que en el artículo transitorio segundo de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora, establece que los ayuntamientos elaborarán el reglamento respectivo de conformidad con la ley multicitada, en un término que no exceda de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la ley. Observando que dicha ley fue publicada el 3 de diciembre de 2018, por lo que desde el 2 de enero de 2019, todos los ayuntamientos del estado de Sonora, deberían tener el reglamento respectivo, sin embargo, ello no ha ocurrido.

En marzo de 2018, se fijó como precedente la primera sanción en todo el estado de Sonora con motivo de maltrato animal, sin embargo, tenemos que seguir construyendo en nuestra sociedad, una cultura de respeto y responsabilidad. No podemos incurrir en omisiones ante esta problemática. Esta petición se hace con el objeto de dar cumplimiento a un marco normativo vigente, que busca sentar las bases de una relación sana, larga y feliz, asumir las tareas y responsabilidades que tenemos como sociedad con los animales.

A lo anterior se suma que una sociedad que incentiva una convivencia libre de violencia con los animales manda un mensaje de civilidad y armonía. En ese sentido, generar condiciones para que los animales sean respetados en su integridad es un ejemplo para que niñas, niños y adultos sonorenses respeten las normas de convivencia que generan armonía y paz social.

El exhortar a los ayuntamientos del estado de Sonora para adecuar o bien implementar reglamentos para la protección de los animales, nos permitirá ser un modelo para otros estados, pudiendo aplicar artículos en el mismo sentido que se han aplicado en la ley en materia.

Contamos con programas que van dirigidos a la mejora en nuestras calles, para el turismo, para los ingresos, entre otros, no podemos dejar de lado un tema tan importante como éste, tenemos que frenar actos dolosos y que no han sido castigados como debe de ser dentro del marco legal.

Por lo anterior, solicito a la Junta de Coordinación Política de esta LXIV Legislatura y al pleno de la Cámara, se considere el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto proteger y garantizar el bienestar de los animales, evitando que se les maltrate o martirice.

Con fundamento en los artículos 33, 34, 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como artículos 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a 71 ayuntamientos del estado de Sonora, para que a la brevedad se atienda con carácter de urgencia lo dispuesto en artículo transitorio segundo de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora y emitan los reglamentos correspondientes en la materia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Sonora, para que se vigile y supervise de manera diligente la aplicación de la Ley de Protección Animal del Estado, con la finalidad de garantizar el bienestar de los animales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a autorizar por la STPS en la suscripción de su convenio de coordinación para la operación del Programa de Apoyo al Empleo que se incluyan los programas de capacitación, autoempleo y fomento del autoempleo ejecutados con recursos estatales y se permita emplear las reglas de operación aplicadas en 2019, a cargo de la diputada Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María Sara Rocha Medina, así como las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 26 de diciembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), que regirán durante el ejercicio fiscal de 2020.

Las reglas de operación del PAE establecen que para el año 2020 el programa operará sólo con tres subprogramas, uno menos que en el año 2019. A partir del 1 de enero, sólo existirán los servicios de “Capacitación para la empleabilidad”, “Movilidad laboral de jornaleros agrícolas” e “Intermediación laboral”; desapareciendo así el subprograma de “Fomento al autoempleo” que se implementó en 2019.

El subprograma de fomento al autoempleo consistía en otorgar apoyos en especie como mobiliario, maquinaria, equipo o herramientas de trabajo a personas emprendedoras con una Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) que tuvieran los conocimientos, habilidades y experiencia laboral para desarrollar su proyecto. Los bienes se entregaban en comodato a los beneficiarios por un periodo de doce meses, lapso en el que la IOCP era verificada para garantizar el funcionamiento de la iniciativa y el buen uso de los apoyos; por lo que, en caso de cumplir satisfactoriamente el periodo de observación, el equipo se entregaba en propiedad de los beneficiarios, recibiendo el “Acta de bienes en propiedad”. Este subprograma no seguirá operando a partir de 2020.

Con el recorte presupuestal para el ejercicio fiscal del año 2020, y su desaparición en las respectivas reglas de operación, se frenan los apoyos que servían para generar autoempleo cuyo propósito era buscar alternativas de emprendimiento para la ciudadanía potosina. Por todo ello, consideramos necesario retomar este mecanismo para que las personas que más lo necesitan, sigan siendo apoyadas con cursos de capacitación en autoempleo en las zonas especialmente desprotegidas, principalmente zonas rurales, cuyos habitantes tienen las menores oportunidades de conseguir empleo.

Es de hacer notar, que la suscrita ha sido testigo de que la implementación de los programas de capacitación para el autoempleo y programas de proyectos productivos brindan una base en la que las familias puedan sostenerse económicamente con su propio trabajo y esfuerzo.

Dado lo anterior y con la cercanía de la firma del Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de Apoyo al Empleo con el gobierno del estado de San Luis Potosí; es de inmediata necesidad hacer una llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que en atención a las necesidades de los habitantes potosinos, apruebe que en la suscripción del convenio mencionado o, en su caso, la adenda correspondiente, se contemplen los programas de capacitación, para el autoempleo y fomento al autoempleo en zonas rurales, los cuales funcionarán con recursos estatales y que para ello se creará una bolsa a nivel estatal para sustituir los recursos que llegaban de la federación los cuales han sido cancelados.

Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que autorice en la suscripción de su Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de Apoyo al Empleo o en su caso la adenda correspondiente con el gobierno del estado de San Luis Potosí, que se incluyan los programas de capacitación para el autoempleo y fomento al autoempleo, ejecutados con recursos estatales y se le permita emplear las reglas de operación que se aplicaron en el año 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE a modificar su estatuto y reglamento en materia de elección de dirigentes, suscrita por los diputados Jesús Fernando García Hernández, Emilio Manzanilla Téllez y José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Jesús Fernando García Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación a modificar su estatuto y reglamento en materia de elección de cargos de dirigencias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación establece entre otras disposiciones que tiene por objeto regular el proceso correspondiente, a través del voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible de los miembros del organismo con derecho a emitir sufragio.

Tiene como fundamento lo mandatado en la XLVIII sesión extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE y es expedido por mandato de la XLIX sesión extraordinaria de la propia organización sindical, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La exposición de motivos del reglamento en referencia pondera que se trata de un ordenamiento que cumple la nueva legislación laboral, al crear “las bases para elegir a las directivas seccionales sindicales mediante el voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible”.

Precisa asimismo que en “este contexto” se cumple “el objetivo de armonizar la libertad de organización sindical de los trabajadores burocráticos, en congruencia con las reformas a leyes laborales y a los parámetros convencionales”.

Indica también que se trata de un ordenamiento que “profundiza la democracia del SNTE, al reglamentar el párrafo segundo del artículo 249 del Estatuto sindical, que establece la elección por voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible de los miembros con derecho a voto con lo cual, además, se cumple lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional”.

En la sección primera, el reglamento determina que la convocatoria para la elección de la renovación de las directivas seccionales sindicales será emitida por el Comité Ejecutivo Nacional y se “dará a conocer a todos miembros de la sección del sindicato donde se desarrollará el proceso electoral, cuando menos, con 15 días de antelación a la elección en asamblea delegacional electiva, mediante publicación en el diario de mayor circulación estatal o en la gaceta u órgano oficial del sindicato o en las sedes de los comités seccionales correspondientes”.

En tanto, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional preceptúa en el artículo 69 entre otras disposiciones que “la elección de las directivas sindicales se hará mediante voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados, previa convocatoria que se emitirá con una anticipación no menor a quince días y que se difundirá entre todos los miembros del sindicato”.

Si bien la ley en referencia preceptúa que la convocatoria para la elección de directivas sindicales se emita “con una anticipación no menor a quien días” y el reglamento respectivo del SNTE determina “cuando menos, con 15 días de antelación a la elección”, queda abierta la opción de que este plazo pueda ampliarse, de suerte tal que la base sindical disponga de mayor tiempo para conocer propuestas de planillas y aspirantes en contienda.

Es de estimarse que la medida contribuiría a la consolidación de un “sindicalismo reivindicativo, representativo comprometido de manera irrenunciable con su materia de trabajo y que por decisión propia y autónoma decide profundizar su vida plural y sus prácticas democráticas”, según se fundamenta en la exposición de motivos en que se sustenta el reglamento correspondiente.

Todavía más si se quiere abonar a los principios de “objetividad, equidad, certeza, autonomía sindical” y desde luego “unidad sindical”, de acuerdo con las disposiciones generales contenidas en el reglamento.

El estatuto que rige la vida del SNTE determina en el capítulo II que para efectos de ser electos a ocupar cargos de dirigentes, los integrantes de la organización deberán cubrir, entre otros requisitos, “tener al menos 1 año de antigüedad como miembro del sindicato para el cargo de representante de escuela o centro de trabajo, 3 años para el ámbito delegacional, 5 años para el seccional y 8 años para el nacional para cualquier cargo”, con la excepción de que “para el de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Seccional se requieren 8 años de antigüedad y haber ocupado un cargo a nivel seccional”, en tanto que “para ocupar la Presidencia del SNTE o la Secretaría General se requiere un mínimo de 11 años de antigüedad y haber ocupado un cargo dentro de la dirigencia nacional”.

El mismo estatuto establece que “para los aspirantes a ocupar un cargo en la dirigencia en los ámbitos Seccional y Nacional”, estos deben “haber desempeñado algún cargo de representación sindical” y “no ser candidato ni desempeñar cargos de elección popular, con excepción de quien ocupe la Presidencia del SNTE”, además de “no ser dirigente de partido político alguno” y de que “quien ocupe la Presidencia del SNTE no podrá volver a desempeñar ningún otro cargo de dirigente sindical”.

Es de considerarse que estas determinaciones son contrarias al espíritu democrático y participativo del SNTE, toda vez que contravienen precisamente los principios que nutren y sustentan su democracia interna, que al estar “fundada en su legalidad y vida estatutaria” han de constituirse en “la mayor fortaleza tanto para la integración de nuestros órganos de dirección, como para la deliberación interna y la definición de nuestra estrategia y programas de acción”.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación a emitir las convocatorias respectivas para la elección de directivas seccionales, en términos de que los procesos electorales por desarrollar ocurran en un plazo que no se limite al mínimo de días establecido en la ley y el reglamento correspondientes.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación a modificar su estatuto, de manera tal que los miembros que aspiren a ocupar cargos de dirigentes no se vean impedidos para participar por estar limitados a la antigüedad que al efecto se determina en el ordenamiento.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación a modificar su estatuto, de manera tal que quede sin efecto la determinación que establece –para los aspirantes a ocupar un cargo en la dirigencia en los ámbitos seccional y nacional– que éstos no sean candidatos ni desempeñen cargos de elección popular, como tampoco dirigente de partido político alguno; de suerte que no sea disposición de excepción únicamente para quien ocupe la Presidencia del SNTE.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación a garantizar que los procesos para la elección de directivas seccionales y nacionales estén a cargo de un órgano electoral neutral, con auxilio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde se permita la participación de observadores nacionales e internacionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputados: Jesús Fernando García Hernández, Emilio Manzanilla Téllez, José Luis Montalvo Luna (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena y la Guardia Nacional a reforzar las medidas de seguridad y erradicar la falta de ésta en Chilapa de Álvarez, Guerrero, a cargo de la diputada María del Carmen Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, como asunto de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al día de hoy la inseguridad sigue en aumento y se está convirtiendo en una amenaza para la sociedad e incluso existen grupos de niños que se han levantado en armas en Chilapa, Guerrero, para sumarse a la lucha que mantienen en esa comunidad con el propósito de “desmantelar a los grupos delictivos... cabe señalar que la masacre que provocó que se armaran a los niños en Chilapa y fue la gota que derramó el vaso, el asesinato de diez músicos indígenas el viernes 17 de enero dejando ocho viudas y 23 huérfanos.

La mayoría de ellos son los mismos niños que ayer empuñaron los fusiles para defender a sus familias y la estrategia de armar a los niños para defenderse de los criminales, ocurre luego del asesinato de músicos todos ellos originarios del municipio de Chilapa, las víctimas, que trabajaban en el grupo Sensación Musical, habían tocado en un poblado vecino, cuando fueron emboscados mientras viajaban en dos camionetas La sangre sigue siendo derramada día a día y los efectos violentos son ya impredecibles, con un alto salvajismo criminal ocasionando una guerra civil, que ha golpeado particularmente las zonas débiles como en los municipios de, Chilapa de Álvarez, Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez y otros más de Costa Grande.

Para muestra baste un botón, pues este miércoles se difundieron a través de los medios de comunicación, imágenes y videos que mostraron a niños indígenas de entre 6 y 15 años empuñando rifles de asalto. La mayoría de ellos son huérfanos de la violencia, y acaban de ser presentados como nuevos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Chilapa, en el estado de Guerrero.

En concreto pues, se trata de un aviso puntual a nuestro presidente es un mensaje desesperado que surge a raíz de la falta de apoyo del gobierno federal y estatal ante la demanda de seguridad de los pueblos de aquella región, que ya es considerada como una de las más peligrosas del país.

Pues como ustedes saben, la gota que derramó el vaso fue el asesinato de diez músicos indígenas el viernes 17 de enero. Aquello dejó ocho viudas y 23 huérfanos. La mayoría de ellos son los mismos niños que ayer empuñaron los fusiles para defender a sus familias.

En conclusión, se debe de tener por objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la seguridad para toda la población determinando los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de inseguridad a través de políticas públicas que permitan acabar con esta incertidumbre de todos y cada uno de los habitantes que día a día estamos en la zozobra y sobre todo de nuestros niños que sin duda serán ellos quizás los que tomen la fuerza por sus propias manos y no queremos que con esto se llegue a fortalecer.

La movilización de estos niños tiene como objetivo solicitar la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la comunidad para desbloquear esta carretera de Chilapa-José Joaquín de Herrera, “queremos que atienda nuestras demandas”.

Pues todo comenzó con una llamada al 911, la voz al otro lado del teléfono reportaba un vehículo incendiado en un camino rural de Chilapa de Álvarez una brecha del camino Mexcalzingo-Tlayelpa, en donde se encontraron dos camionetas incendiadas, una de ellas atravesaba el camino y estaba completamente calcinada. La otra fue encontrada en el fondo de una barranca de cien metros de profundidad. Dentro de cada una había cinco cadáveres. La mitad de ellos habían quedado completamente irreconocibles, los cinco cuerpos que viajaban en la camioneta desbarrancada quedaron esparcidos en el trayecto hacia el fondo, por otro lado, los músicos volvían de tocar en una fiesta en Tlayelpa cuando fueron interceptados por sicarios.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que ocurre un despliegue de esta naturaleza. En mayo de 2019 los niños marcharon por las calles de los poblados de Ayahualtempa y Alcozacán como parte de su presentación oficial ante la comunidad. En esta ocasión, casi 2,000 personas participaron en la marcha.

Desde entonces, Chilapa se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del país: 136 homicidios por cada cien mil habitantes.

En mérito de lo expuesto y derivado de lo anterior, y con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Como asunto de urgente y obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Sedena y a la Guardia Nacional a que tomen mecanismos efectivos y Drásticos para revertir la inseguridad y la violencia en el municipio de Chilapa de Álvarez del Estado de Guerrero, en donde la delincuencia ha rebasado todos los estándares de seguridad haciendo suya su propia ley.

Palacio Legislativo, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Maricarmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la CRE a determinar un cálculo y ajuste de tarifa especial ponderada respecto a la ubicación geográfica, la entidad correspondiente, el clima y las carencias sociales de propietarios de hogares con ingresos menores de cinco UMA que habiten en zonas costeras del país que rebasen la temperatura media anual, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad conferida en la fracción I del artículo 6 y en el artículo 79, inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se permite poner a consideración de esta asamblea legislativa proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto enviar atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y la Comisión Reguladora de Energía a determinar un cálculo y ajuste de tarifa especial ponderada con relación a la ubicación geográfica, la entidad a que pertenecen, su clima y las carencias sociales de su población, en hogares cuyos propietarios tengan ingresos menores de cinco UMA que habiten en las zonas costeras del país que rebasen la temperatura media anual, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El uso de la energía eléctrica está presente en prácticamente todas las actividades humanas. Su disponibilidad es un requisito imprescindible para el desarrollo y la posibilidad de llevar una vida digna. La energía eléctrica es necesaria casi en la misma medida que se dispone de un adecuado aprovisionamiento de agua. También con electricidad se pueden dotar de recursos hídricos a los grandes y pequeños conglomerados humanos en las debidas condiciones de salubridad. Agua y energía son el germen para conseguir las condiciones sanitarias adecuadas y coadyuvar a optimizar en la producción de alimentos (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, El acceso universal a la energía eléctrica, Cámara de Diputados, José de Jesús Gobzález Rodriguez).

Según lo ha afirmado la fundación Energía sin Fronteras, la universalización del acceso al suministro de energía eléctrica, denota un elemento clave para facilitar mejoras exponenciales en el bienestar de las sociedades, una palanca para el desarrollo económico.

La universalización del acceso al suministro abre la vía para la mejora de las condiciones de salubridad y confort de las viviendas, para incrementar la productividad de la agricultura, paliar las condiciones de mujeres y niños en muchas áreas, y para abrir el camino hacia nuevas actividades artesanales o empresariales.

El estudio denominado “El acceso universal a la electricidad y su papel en la lucha contra la pobreza”, ha estimado que desde 2000 cerca de dos tercios de las personas que han tenido acceso a la electricidad, lo han hecho en áreas urbanas, y la población sin acceso a la electricidad se encuentra concentrada en áreas rurales. Con respecto a las previsiones a futuro, se calcula que el número de personas sin acceso a electricidad se espera que disminuya en más de un quinto en 2030 (unos 970 millones, o 12 por ciento de la población mundial). Esta cifra es fruto de que se espera que consigan acceso a la electricidad cerca de mil 700 millones de personas, pero, por otra parte, la población se espera que crezca en mil 400 millones.

Al respecto, se ha mencionado que en todas las sociedades ha existido siempre cierto grado de vulnerabilidad y exclusión social que se ha tratado de paliar mediante la implementación de políticas públicas. Sin embargo, la crisis económica ha supuesto una importante merma en los recursos económicos disponibles de la mayoría de los hogares, que los ha dejado en un mayor grado de exposición y vulnerabilidad a la hora de hacer frente al pago de necesidades básicas como las mencionadas.

Los estudiosos del tema han señalado que la baja competitividad del sector eléctrico en México se explica no sólo por la baja interconexión geográfica, el desgaste de instalaciones y la inversión mal focalizada sino, también, por las altas tarifas del sector, por las pérdidas en la transmisión y distribución, por la concentración de la generación de energía a partir de los hidrocarburos, de manera que la competitividad en el sector eléctrico, se fundamenta en sus capacidades de generación, pero sobre todo, en su eficiencia en la transmisión, transformación y distribución, de manera que los costos de transmisión y distribución, varían de acuerdo al origen de la generación de la electricidad, es decir, los costos cambian según el origen termoeléctrico, hidroeléctrico, carbo-eléctrico u otros, influyendo también la distancia, las condiciones de las subestaciones eléctricas y de las líneas de transmisión.

En los últimos años, el país ha mejorado en cuanto a la cobertura de viviendas con energía, pero aun existen rezagos importantes principalmente en las zonas rurales y económicamente menos activas, teniendo diversos deficir en el acceso universal a la energía eléctrica que está por resolverse, acentuándose además esta problemática en diferencias porcentuales muy marcadas, entre los estados con mayor y menor número de viviendas sin energía eléctrica, tal y como se muestra en la gráfica siguiente:

En razón de lo anterior, los hogares mexicanos gastan gran cantidad de los recursos con los que cuentan para poder sufragar los gastos derivados de energías en sus hogares, esto sin contar la energía utilizada para transporte, teniendo que además resulta honeroso para un gran numero de familias, poder acceder a la energía eléctrica tal y como se muestra a continuación:

En el país hay zonas de alta vulnerabilidad economica, donde se acentúa la pobreza energética, primeramente por los en razón de los pocos medios monetario y además por el alto gasto energético que se necesita para poder hacer frente a las altas temperaturas a las que se enfrentan derivado de su ubicación geográfica como las costas del país, donde se rebasa la temperatura media anual, y que en prácticamente todos los temporales del año se tienen altas temperaturas, como se muestra en el siguiente mapa:

A mayor abundamiento, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Asimismo, el artículo 26, Apartado A, de la Constitución dispone que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

La Ley de la Industria Electrica establece en el artículo 139 que la CRE aplicará las metodologías para el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del Suministro Básico y que además el Ejecutivo federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales para determinados grupos de usuarios del suministro básico.

En razón de lo anterior se tienen como sujetos responsables de la determinación de tarifas a dichos entes, quienes tienen la facultad para poder realizar o fijar mecanismos de fijación de tarifas distinto, razón por la cual, se fundamenta y dirige este punto de acuerdo en los términos descritos para que tomando en consideración la ubicación geográfica, la entidad a la que pertenecen, su clima, y las carencias sociales de su población, se puedan ver favorecidas las zonas afectadas por las altas temperaturas, con tarifas adecuadas para los ingresos de los habitantes, a quienes se les dificulta acceder a la energía eléctrica, en razón del alto consumo derivado del clima.

Con objeto de no causar un menoscabo en las finanzas, de la CFE y por tanto del país, es necesario precisar el objeto del presente punto de acuerdo tiene por objeto beneficiar a aquellas familias que realmente no pueden acceder a la energía eléctrica en razón de que sus ingresos, siendo necesario que los esfuerzos se encuentren dirigidos a todos aquellos beneficiarios que tengan un ingreso mensual menor de cinco UMA.

Derivado de lo anterior podemos constatar que existe el sustento jurídico y la estructura presupuestal para lograr apoyos directos a la población en pro de lograr las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de energía.

Por ello observamos la gran necesidad existente en los las zonas mencionadas, donde los ingresos de la población en gran porcentaje son precarios y que además las condiciones climatológicas los obligan a tener electrodomésticos de enfriamiento prácticamente de manera permanente, lo cual debido a las condiciones eocnomicas cuentan con equipos de alto consumo de energía eléctrica y de poca eifciencia debido a la antigüedad de los mismos, además de un incremento considerable en el pago del servicio.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ordena enviar atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Comisión Reguladora de Energía a determinar un cálculo y ajuste de tarifa especial ponderada en relación a la ubicación geográfica, la entidad a la que pertenecen, su clima, y las carencias sociales de su población, en hogares cuyos propietarios tengan ingresos menores de cinco UMA que habiten en las zonas costeras del país que rebasen la temperatura media anual.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 5 de febrero de 2020.

Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia reyes montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales a recibir y atender a la comisión de representantes populares de la zona oriente del estado de México para tratar temas relativos al efecto de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal César Agustín Hernández Pérez, integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 59, 65, numeral 4, 79, numeral 1, fracción III, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante el sexenio 2012 - 2018, se dio inició a la planeación y construcción del proyecto conocido como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (NAICM), el cual estaría ubicado en el vaso del antiguo Lago de Texcoco, con una participación mayoritaria del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

El documento intitulado Informe al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las opciones posibles para la solución del problema de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México refiere que “el programa estaba definido para poner en operación el nuevo aeropuerto, primero en 2018 y después de las modificaciones al plan maestro, en octubre de 2020.”1

A mediados del mes de octubre de 2018, el licenciado Andrés Manuel López Obrador invitó a todas y todos los ciudadanos del país a participar en la consulta nacional nuevo aeropuerto, la cual se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre en diversos puntos del país.2 Los resultados se dieron a conocer el 29 de octubre en una conferencia de prensa.3 Al respecto, el comunicado 014 Resultados Consulta Nacional, 28oct18, cita que “con más del 98 por ciento de casillas computadas hasta las 22:00 horas de este día, es posible afirmar que 29.08 por ciento de los votantes que participaron en la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto optaron por continuar la construcción de la terminal aérea en Texcoco y 69.95 por ciento manifestaron su preferencia a favor de iniciar las obras en Santa Lucía.”4

Posteriormente, el 3 de enero de 2019, mediante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por voz del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) refirió que “el 27 se hizo un Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y en vista de que ya había resuelto el problema de los bonos, se dio instrucciones al director de ya iniciar la cancelación de los contratos, la terminación de los contratos o la negociación de los contratos. Ya están suspendidos oficialmente la construcción de ese aeropuerto y ya se ha empezado la negociación con los contratos para darlos por terminados anticipadamente o resolver, en consecuencia, con los dueños de los contratos (sic).”5

Los representantes populares que conformamos las senadurías, diputaciones federales y locales, así como las alcaldías de la zona oriente del estado de México somos respetuosos de la decisión de la cancelación del aeropuerto en Texcoco emitida por nuestro presidente de la República, tan es así que de manera solidaria le brindamos nuestro total apoyo y le acompañamos como entes sociales involucrados en su proyecto de gobierno. En razón de ello, en conjunto con gobierno federal, local y municipal, además de empresarios y contratistas, iniciamos desde hace varios meses, diversos trabajos para dar la total suspensión del proyecto, así como para preservar la observancia legal de los derechos adquiridos.

Cabe mencionar que dicha obra proyectaba un sin número de beneficios para la población del Valle de México, además de un impacto positivo para inversiones que desembocarían en un alto desarrollo económico para el país; muy en lo particular queremos destacar que los municipios circunvecinos a la obra se estaban viendo favorecidos con fuentes de empleo, infraestructura, servicios públicos por mencionar algunos. Ahora bien, la cancelación del proyecto revive preocupaciones de certeza jurídica en un gran número de predios, obras de infraestructura pública inconclusas como puentes y colectores de agua que se quedaron pendientes, habilitación de avenidas, calles y servicios públicos elementales, que beneficiarían a la población aledaña, pero sobre todo un gran número de desempleo por las fuentes de empleo antes creadas y hoy canceladas. Una de las peticiones que inquieta a esta comisión es la construcción de una autopista que nada tiene que ver con la cancelación de la obra del aeropuerto en Texcoco, pero sí con la movilidad de los municipios aledaños, la cual permitirá reducir horas hombres y traería grandes beneficios a los usuarios.

Por ende, creemos sumamente oportuno que el gobierno de la república a través de sus diversas dependencias y/o secretarías atiendan mesas de trabajo para buscar concretar la mejor solución a la problemática generada, como es la falta de atención a la mejora de la calidad de vida de las familias que en su momento tenían la esperanza de contar con mejores condiciones de bienestar laboral, social, mejora de servicios e infraestructura.

Por estas circunstancias, diversas organizaciones han buscado acercamiento y/o diálogo con el gobierno de la república en el interés de disipar sus inquietudes y preocupaciones. Hay quien sí ha sido atendida, por citar un ejemplo, una organización pequeña y poco representativa en la región conocida como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).6

Representantes de dicho Frente, el pasado 12 de diciembre, tuvieron una reunión encabezada por el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, según información del portal de prensa de la página de la Secretaría de Gobernación.7

Ahora bien, con fecha 20 de diciembre del 2019, una Comisión de Representantes Populares en la que participamos senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales, de la región oriente del estado de México (de la cual cabe destacar representamos más de 5 millones de habitantes), nos presentamos en la instalaciones de la Secretaría de Gobernación federal ubicada en Abraham González número 48, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, a fin de tener una reunión, previamente agendada y confirmada con el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo, en un horario de las 9 de la mañana; sin embargo, no obstante nuestra puntualidad y la debida diligencia, no fuimos atendidos. Lamentablemente y por segunda ocasión el 20 de enero de 2020 (tan sólo un mes después) vuelve a suceder la misma situación, no obstante, de haber obtenido la cita de viva voz del subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo y siendo confirmada con su personal, el mismo día. Razón por la cual, de manera firme se hace un extrañamiento puntual y contundente a dicho funcionario por la falta de oficio político, tacto y sensibilidad, ya que su actuar pareciere una burla hacía los servidores públicos y las personas que representamos; es decir, los representantes de 5 millones de personas no le merecen el mismo trato y respeto al señor subsecretario Peralta como sí lo tiene para el pequeño grupo de vecinos de Atenco. ¿Acaso necesitamos llevar machetes para que nos pueda atender el señor subsecretario?

Motivo por el cual y en pleno ejercicio de nuestro derecho concebido en el artículo 6, numeral 1, fracciones VIII y XVIII del Reglamento de la Cámara de Diputados:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

...

VIII. Solicitar cualquier información a los Poderes de la Unión o cualquier otra instancia federal;

XVIII. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus representados...”

Así como el artículo 8, numeral 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la Republica:

“Artículo 8

1. Son derechos de los senadores:

...

VII. Solicitar, por sí mismos o por conducto del órgano legislativo competente, a las autoridades y entidades de orden público, la información necesaria para el adecuado desarrollo de la función legislativa;...”

Ante la alta demanda por parte de la población de contar con servicios públicos, así como la imperiosa necesidad de gozar de fuentes de empleo bien remunerados, creemos fundamental se establezcan mesas de trabajo para con los titulares de diversas dependencias del gobierno federal, destacando encuentros con los titulares de la Secretaría de Gobernación; Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Comisión Nacional del Agua, así como por el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, donde la comisión de representantes populares de los municipios de la zona oriente del estado de México, integrada por senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales expongamos diversos temas relativos al impacto por la cancelación del aeropuerto de Texcoco a fin de obtener las mejores soluciones y servicios a nuestros representados.

Finalmente, haciendo alarde de lo establecido en el Plan Nacional de Trabajo 2019-2024, presentado por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados, en donde se enlistan los principios rectores de este gobierno, nos permitimos destacar los siguientes:

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie

Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes, tanto en su espíritu como en su letra, hemos de desempeñar el poder con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto federal, en observancia de los derechos sociales, colectivos y sociales, empezando por los derechos humanos, y el fin de la represión política; nada por la fuerza; todo, por la razón; solución de los conflictos mediante el diálogo; fin de los privilegios ante la ley y cese de los fueros.

El respeto al derecho ajeno es la paz

México ha recuperado los principios que hicieron de su política exterior un ejemplo mundial: no intervención, autodeterminación, relaciones con todos los pueblos basadas en la cooperación para el desarrollo, solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y rechazo a la violencia y a la guerra, respeto a los derechos humanos.”8

El diálogo permite construir puentes de comunicación para la solución de conflictos de manera pacífica, por ello, solicitamos de dichos titulares su pronta atención, así como la debida diligencia para atender nuestra solicitud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación; Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Comisión Nacional del Agua, así como al jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, para que a la brevedad posible sea recibida y atendida una comisión de representantes populares de los municipios de la zona oriente del estado de México, integrada por senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, a fin de tratar diversos temas relativos al impacto por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Notas

1 Informe al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las opciones posibles para la solución del problema de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Consultado el 20 de diciembre de 2019. Visible en https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Informe-entregad o-lic-Lopez-Obrador.pdf

2 Consulta Nacional Nuevo Aeropuerto. AMLO. Consultado el 20 de diciembre, 2019. Visible en https://lopezobrador.org.mx/temas/consulta-nacional-nuevo-aeropuerto/

3 Conferencia de prensa sobre los resultados de la Consulta Nacional. 29, octubre de 2018. Consultado el 20 de diciembre, 2019. Visible en

https://www.youtube.com/watch?v=jmWohJlbShU

4 70 por ciento de participantes en consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto votaron por iniciar construcción en Santa Lucía, anuncia Fundación Rosenblueth. 29, octubre de 2018. Consultado el 20 de diciembre, 2019. Visible en

https://lopezobrador.org.mx/temas/consulta-nacional/

5 Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 3 de enero de 2019. Visible en

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-pre nsa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-3-de-enero-de-2019

6 El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) es una organización campesina cuya presión detuvo la construcción del nuevo aeropuerto de México, DF, en 2001 y que sufriría una violenta represión en 2006, luego de su participación en unos incidentes violentos en el pueblo de San Salvador Atenco. El FPDT es adherente a La Otra Campaña y mantiene alianzas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con grupos como el Frente Popular Francisco Villa (FPFV).

7 Instalarán mesa en 2020 para atender a personas afectadas por extinto aeropuerto en Texcoco. 12 de diciembre, 2019. Visible en

https://www.gob.mx/segob/prensa/
instalaran-mesa-en-2020-para-atender-a-personas-afectadas-por-extinto-aeropuerto-en-texcoco?tab=

8 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. DOF: 12/07/2019. Consultado el 20 de diciembre, 2019. Visible en
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar por el STC y la SSC acciones para dar seguridad a los usuarios del Metro, violentados en las últimas semanas por grupos delictivos en las instalaciones, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro es el principal medio de transporte que mueve a cientos de capitalinos diariamente, ya que traslada al año a más de mil 600 millones de personas en toda la Ciudad de México. Desde hace cinco décadas el Sistema de Transporte Colectivo se convirtió en uno de los principales espacios públicos de transporte.1

De acuerdo con el tercer informe trimestral de avance del programa de mejoramiento del metro, la zona poniente–oriente de la Ciudad, que comprende las delegaciones de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, presenta el más alto porcentaje de viajes, en concreto 8.4 millones de viajes diarios que se originan o tienen como destino esta zona, cifra que representa 66 por ciento de los viajes diarios que se originan o se producen en la Ciudad de México.2 Estas delegaciones también presentan el mayor número de denuncias por diversos hechos delictivos.

Datos oficiales de incidencia delictiva de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México indican que en 2019 se denunciaron en la Ciudad de México un total de 242 mil 850 delitos, y el 10 por ciento de todos ellos se concentró en sólo seis colonias de la capital.3

Las colonias Centro, Del Valle y Roma se ubicaron entre las de mayor cantidad de denuncias, mientras que la colonia Morelos, donde se encuentra el Barrio de Tepito, que es la que tiene el mayor número en homicidios.

En promedio, durante 2019 se denunciaron 665 posibles delitos diariamente, cerca de la mitad de ellos se concentraron en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

La alcaldía de Cuauhtémoc es la que registra la mayor cantidad de casos, con 6 mil 996 carpetas de investigación abiertas, ya que es una de las colonias más transitadas y visitadas de la ciudad, pues en ella se encuentran el Centro Histórico y lugares de comercio. La segunda colonia con más denuncias es la Doctores, en la misma alcaldía, con tres mil 929 ilícitos reportados en 2019.

En tercer sitio se encuentra la colonia Del Valle Centro, en la alcaldía de Benito Juárez, con tres mil 121 delitos denunciados. Y le siguen otras tres colonias, todas de Cuauhtémoc: Roma Norte, con 2 mil 589 delitos; Morelos con 2 mil 460, y Buenavista con 2 mil 38.

De acuerdo con cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre enero y agosto de 2019, el robo con violencia en el transporte público de la Ciudad de México subió 73 por ciento respecto al año 2018. Por robo con violencia en transporte público individual se abrieron 283 carpetas de investigación, 42.7 por ciento más que en 2018.4

En el Sistema Colectivo de Transporte Metro de enero a agosto de 2019 se abrieron 59 averiguaciones por delitos contra la salud, según información de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas.5

También se abrieron alrededor de 230 averiguaciones por abuso sexual de acuerdo con informes de la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de los Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia.

El robo al interior del Metro es uno de los delitos que más padecen los pasajeros: de enero a agosto de 2019, se registraron 2 mil 485 denuncias. Por ese ilícito en 2018 se abrieron 4 mil 586 carpetas de investigación, según información proporcionada por la Dirección General de Política y Estadística Criminal.

Pese a estas cifras de inseguridad dentro de las instalaciones del Metro, durante el primer mes del año se han manifestado más casos de violencia y de inseguridad, que va desde robos y delitos sexuales hasta la infiltración de células criminales de alta peligrosidad que solicitan cobros de piso.

De acuerdo con medios periodísticos varios testimonios de vendedores ambulantes o vagoneros que aún siguen funcionando en las instalaciones, han mencionado que personas que pertenecen a grupos delictivos los extorsionan con alrededor de 35 pesos diarios como cobro de piso, además, les exigen una renta semanal de 235 pesos.6

A través de redes sociales una usuaria del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro denunció en redes sociales que un hombre amenazó con un arma de fuego a todas las mujeres que viajaban en uno de los vagones exclusivos para mujeres de la Línea 9, sin que hubiera una sola víctima, sólo pánico entre las pasajeras.7

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha recibido varias denuncias en contra de una banda de estafadores que utilizan el nombre, logos e incluso fotografías del Sistema de Transporte Colectivo Metro para delinquir, los cuales ofertan desde plazas laborales hasta la venta de vehículos.8

El personal que labora dentro de las instalaciones, incluyendo los de seguridad, no son ajenos a ser víctimas de la violencia, puesto que un elemento de la policía en función de sus deberes fue agredido por un infractor quien lo golpeó, forcejeó y mordió, lo que ocasionó que se le desprendiera un pedazo de su nariz.9

El Plan Maestro del Metro informa que, para cubrir los requerimientos de seguridad del servicio, se cuenta con un total de 872 vigilantes, pero que resultan insuficiente, ya que sólo 404 están distribuidos directamente en las líneas y estaciones de la red de servicio, limitando considerablemente la respuesta oportuna a los incidentes que diariamente ocurren en las instalaciones.

Ante este panorama, resulta necesario y urgente implementar acciones para brindar seguridad a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, sobre todo en aquellas líneas que tienen una mayor afluencia de personas y que hacen uso de este transporte diariamente.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementen acciones urgentes para brindar seguridad a todos los usuarios del Sistema de Transporte Metro, puesto que en las últimas semanas se han visto violentados por grupos delincuenciales dentro de las instalaciones.

Notas

1 http://data.metro.cdmx.gob.mx/imagenes/organismo/varios/elmetroesdetodo s.pdf

2 https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Fideicomiso/
INFORME%20FIMETRO/2019/TERCER%20INFORME%20TRIMESTRAL%202019.pdf

3 https://www.animalpolitico.com/2020/01/colonias-cdmx-mas-denuncias-2019 /

4 https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/09/23/alerta-en-la-cdmx-el-robo -con-violencia-en-transporte-publico-sube-73

5 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/12/08/
metro-de-la-cdmx-59-denuncias-por-narcomenudeo-y-231-por-violencia-sexual/

6 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/
la-union-de-tepito-impone-derecho-de-piso-en-el-metro-de-la-ciudad-de-mexico/1360578

7 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/quien-se-quiere-morir-hombre-ame naza-a-mujeres-en-el-metro/1361346

8 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/identifican-banda-que-utiliza- logos-del-metro-para-estafar

9 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/joven-orina-en-metro-ermi ta-y-le-arranca-pedazo-de-nariz-policia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a crear por diversas secretarías de Estado un registro de víctimas de ataques con ácido y realizar un protocolo que garantice atención médica, legal y psicológica inmediata y gratuita, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se cree un registro de víctimas de ataques con ácido y se realice un protocolo de atención a víctimas por este tipo de ataques, que les garantice la inmediata atención médica, legal y psicológica de manera gratuita, bajo las siguientes

Consideraciones

En México, cualquier persona y de cualquier edad puede comprar productos corrosivos. Sin requerir algún permiso o cubrir requisitos que permitan tener un registro de la compra. Por ejemplo, por internet se puede conseguir en diferentes cantidades y precios. (Ver tabla 1 )

El ácido sulfúrico es un compuesto químico muy corrosivo cuya fórmula es H2SO4.1 Es un compuesto químico que puede ser utilizado como limpiador de desagües, para el proceso de refinación del petróleo, en fertilizantes o en baterías de automóviles.2 Este tipo de productos son los que se han usado no sólo en México, sino en otros países en crímenes de odio. Productos de fácil acceso que han sido utilizados en ocasiones para acabar con la integridad de mujeres –en su mayoría–, truncando sus sueños, su vida y la de sus familias.

El lamentable y más reciente ataque del que se tiene conocimiento en nuestro país, es el caso de la joven saxofonista del estado de Oaxaca, la ciudadana María Elena Ríos Ortiz, quien fue atacada con ácido sulfúrico el pasado 9 de septiembre de 2019 en el municipio de Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que un sujeto le envió un mensaje a María Elena Ríos Ortiz “para citarla en determinado lugar y aproximadamente a las 10:10 horas arribó el presunto autor material, quien después de cruzar unas palabras con la víctima, le rocío ácido sulfúrico sobre el rostro y cuerpo”.3

En la Legislatura de la Paridad de Género no podemos ser omisos y no atacar este tipo de fenómenos desde la raíz, con medidas preventivas, acciones interinstitucionales y legislación pertinente. De conformidad con la organización internacional Acid Survivors Trust International (A.S.T.i.) a nivel mundial cada año se registran más de mil 500 casos de ataques con ácido, en donde más de 80 por ciento es en contra de mujeres. Lo que es aún más grave es que se estima que alrededor de 60 por ciento de estos casos no son denunciados. Los efectos de los ácidos en la piel son devastadores e inmediatos, con irreparables consecuencias físicas y psicológicas en las víctimas. Incluyen largos y traumáticos procesos de recuperación, las víctimas requieren de largos servicios médicos y psicológicos para su recuperación.4 Entre los países con mayores índices de estos ataques con ácidos son Reino Unido, la India, Colombia, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Uganda y Camboya.5

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su publicación Suplemento del Manual de Legislación sobre la Violencia contra la Mujer: prácticas perjudiciales contra la mujer ”,6 señala que los ataques con ácido son una modalidad de agresión violenta. Recomienda que la legislación debe definir como ataque con ácido cualquier acto de violencia consistente en una agresión en la que se utiliza un ácido, así como:

• Tipificar como delito específico los ataques con ácido;

• Ilegalizar la venta sin licencia de cualquier tipo de ácido;

• Regular la venta de cualquier tipo de ácido; y

• Obligar al personal médico a comunicar a la policía todos los casos de lesiones causadas por ácidos.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la ONU, se establece en el artículo 1:

“A los efectos de la presente declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

No fue hasta 1995 cuando en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, se establece el término violencia de género , señalando que “La violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. La violencia contra la mujer viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales”7

México ha suscrito y forma parte de algunos compromisos internacionales para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Entre ellos se encuentra, la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).8 Esta convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981 y es considerada la carta internacional de los derechos de la mujer. Promueve la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres convocando a los estados parte a encontrar medidas que aseguren la supresión de todas las formas de violencia.

Esta convención, emite en 1992 la recomendación general 19, que señala: “La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de convenios específicos de derechos humanos”.9 Y recomienda que:

“...

a) Los estados parte adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia basada en el sexo, ejercida mediante actos públicos o privados.

b) Los estados velen porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer proteja de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y dignidad. Deben proporcionarse servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios públicos a fin de lograr la aplicación efectiva de la convención.

c) Los estados alienten la recopilación de estadísticas y la investigación acerca del alcance, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a la violencia.

d) Se adopten medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan el respeto de la mujer.

e) En los informes presentados por los estados parte individualicen la índole y el alcance de las actitudes, costumbres y prácticas, y el tipo de violencia que engendran. Se debe informar sobre las medidas que hayan tomado los estados para eliminar la violencia y sobre los resultados obtenidos.

f) Se adopten medidas eficaces para superar estas actitudes y prácticas. Los estados deben introducir programas de educación y de información pública que ayuden a eliminar los prejuicios que obstaculizan la igualdad de la mujer (recomendación número 3, 1987).

g) Se adopten medidas preventivas y punitivas concretas para eliminar la trata de mujeres y la explotación sexual.

h) En los informes de los estados se describan la magnitud de todos esos problemas y las medidas, incluidas las disposiciones penales, y medidas preventivas y de rehabilitación que se hayan adoptado para proteger a las mujeres que ejerzan la prostitución o sean víctimas de trata y de otras formas de explotación sexual. También debe informarse sobre la eficacia de tales medidas.

i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, incluida la indemnización.

j) Los estados incluyan en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual y sobre las medidas adoptadas para proteger a la mujer del hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o coacción en el lugar de trabajo.

k) Los estados establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, ataques sexuales y otras formas de violencia contra la mujer, incluido el establecimiento de refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento.

l) Los estados adopten medidas para poner fin a esas prácticas y tengan en cuenta las recomendaciones del comité sobre la circuncisión femenina (recomendación número 14) al presentar información sobre cuestiones relativas a la salud.

m) Los estados procuren que se apliquen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para asegurar que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, tales como los abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad.

n) Los estados informen sobre la amplitud de esos problemas e indiquen las medidas que hayan adoptado y sus resultados.

o) Los estados garanticen que las mujeres en las zonas rurales tengan acceso a los servicios para víctimas de la violencia y que, de ser necesario, se presten servicios especiales a las comunidades aisladas.

p) Las medidas destinadas a proteger de la violencia incluyan la capacitación y las oportunidades de empleo y la supervisión de las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas.

q) Los estados parte informen acerca de los riesgos para las mujeres de las zonas rurales, el alcance y la índole de la violencia y los malos tratos a que se las somete y su necesidad de apoyo y otros servicios y la posibilidad de tener acceso a ellos, y acerca de la eficacia de las medidas para erradicar la violencia.

r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia figuran las siguientes:

i) Sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de violencia en el hogar;

ii) Legislación que elimine la defensa del honor como justificativo para atacar a las mujeres de la familia o atentar contra su vida;

iii) Servicios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia en la familia, incluidos refugios y programas de asesoramiento y rehabilitación;

iv) Programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el hogar;

v) Servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso de incesto o de abuso sexual.

s) Los estados informen acerca del alcance de la violencia en el hogar y el abuso sexual y sobre las medidas preventivas, punitivas y correctivas que hayan adoptado.

t) Los estados adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para prestar protección eficaz a las mujeres contra la violencia dirigida a ellas, incluidas entre otras:

i) Medidas jurídicas eficaces, incluidas sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de indemnización para proteger a la mujer contra todo tipo de violencia, incluida la violencia y los malos tratos en la familia, el ataque sexual y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;

ii) Medidas preventivas, incluidos programas de información pública y de educación para modificar las actitudes relativas a las funciones y la condición del hombre y de la mujer;

iii) Medidas de protección, incluidos refugios, servicios de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.

u) Los estados informen sobre todas las formas de violencia contra la mujer, e incluyan todos los datos de que dispongan acerca de la frecuencia de cada forma de violencia y de los efectos de esa violencia sobre las mujeres víctimas.

v) En los informes de los estados se incluya información acerca de las medidas jurídicas, preventivas y de protección que se hayan adoptado para superar el problema de la violencia contra la mujer y acerca de la eficacia de esas medidas...”.10

En la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, del 20 de diciembre de 1993, se detalla que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades, y se externa la preocupación por el descuido de la protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia contra la mujer. Asimismo que los estados parte deberán adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres especialmente vulnerables.11

Por su parte, con la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Para , en su artículo 7 se establece que los estados parte condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.12 Igualmente, a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.13

En nuestro país, con La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6, se establecen los tipos de violencia en contra de las mujeres: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual; así como cualquier forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.14

A pesar de los avances en materia de combate a la violencia de género en nuestro país aún no existe un registro oficial sobre las víctimas de ataques con ácido; tampoco un protocolo de actuación que le otorgue los servicios legales, médicos y psicológicos a estas víctimas; asimismo, el “arma”, el ácido o producto corrosivo que es usado en estos casos se puede adquirir libremente y sin dejar algún registro de quién la vende y quién compra. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), “sólo tiene en su base de datos 30 empresas especializadas en la importación, exportación y comercialización de esta sustancia (ácido sulfúrico)”.15

Algunos casos dan cuenta de este tipo de ataques en donde tenemos que actuar a tiempo antes que el fenómeno crezca. El 20 de febrero 2014 en la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez fue atacada con ácido en su casa por su expareja tras negarse a regresar con él. El 12 de noviembre de 2018, en la delegación Iztacalco, de la Ciudad de México, Helena Saldaña Aguilar fue atacada con ácido por una supuesta vendedora de gelatinas a las afueras de su casa. El 2 de diciembre de 2018, Esmeralda Millán y su señora madre, originarias de Cuautlancingo, Puebla, fueron atacadas con ácido corrosivo por su pareja. En mayo de 2019, en Aguascalientes, el hijo de Sandra Verónica Aguilar y ella fueron agredidos con ácido por su ex pareja.

Más recientemente, el caso de la joven María Elena Ríos Ortiz que describimos al inicio de la presente exposición de motivos, nos obliga a atender desde todas las trincheras y espacios de decisión no sólo el rubro de las sanciones hacia estos criminales ataques con ácido. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos urgente la creación de un registro de víctimas de estos ataques; la creación de un protocolo de atención que le brinde a las víctimas de estos ataques los servicios médicos y psicológicos de carácter urgente y gratuito; así como la regulación de la venta de productos corrosivos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se cree un registro de víctimas de ataques con ácido y se realice un protocolo de atención a víctimas por este tipo de ataques, que les garantice la inmediata atención médica, legal y psicológica de manera gratuita.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Oaxaca, para que se brinden los servicios médicos gratuitos que aún requiere la ciudadana María Elena Ríos Ortiz para su rehabilitación.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos locales las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se emprendan los estudios, acciones parlamentarias y legislativas encaminadas a regular la venta de ácidos y demás productos corrosivos.

Cuarto . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al doctor José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se lleven a cabo mesas de trabajo con la industria del ácido sulfúrico y demás productos corrosivos a efecto de buscar los mecanismos que permitan la regulación de su venta, así como el fortalecimiento de las campañas de vigilancia e inspección y la creación de un padrón y un registro de venta de estos productos.

Quinto. Se exhorta a la Fiscalía General de la República, para que, atraiga de manera urgente el caso de relacionado con el ataque con ácido sufrido por la ciudadana María Elena Ríos Ortiz para evitar cualquier tipo de impunidad, a fin de aplicar las sanciones correspondientes.

Notas

1 Enciclopedia química de quimica.es, Disponible en:
https://www.quimica.es/enciclopedia/, Consultado el 30 de enero de 2020

2 ¿Cuáles son los principales usos del ácido sulfúrico?, Disponible en: http://bit.ly/2u6TAbn, Consultado el 30 de enero de 2020

3 “Justicia, a prueba”, por agresión a saxofonista,

4 Acid Survivors Trust International, “A worldwide problem”, disponible en:
https://www.asti.org.uk/index.html, Consultado el 30 de enero de 2020.

5 Ibíd.

6 UN (2011), Suplemento del Manual de Legislación sobre la Violencia contra la Mujer: Prácticas Perjudiciales contra la Mujer, UN, New York, Disponible en: https://doi.org/10.18356/75ab77f1-es, consultado el 31 de enero de 2020

7 ONU (1995), Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Disponible en: http://bit.ly/31cB0Lj, Consultado el 31 de enero de 2020

8 ONU Mujeres, “Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)” Disponible en: http://bit.ly/2RNGSas, Consultado el 31 de enero de 2020

9 CEDAW, recomendación general número 19, Disponible en: http://bit.ly/31foRFk, Consultado el 31 de enero de 2020

10 Ibíd.

11 ONU, “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, Disponible en: http://bit.ly/2RL4dtn,

12 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belem Do Para), Disponible en: http://bit.ly/2Oj3ddZ, Consultado el 31 de enero de 2020.

13 Ibíd.

14 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponible en: http://bit.ly/2S4DbMI, Consultado el 1 de febrero de 2020

15 http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1077877.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CRE a modificar la NOM-016-CRE-2016 para permitir el uso de etanol desde 10 por ciento en las áreas metropolitanas del valle de México, Guadalajara y Monterrey, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que le otorga la fracción I del artículo 6o., así como el artículo 79, inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la que suscribe diputada Mónica Almeida López integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se permite poner a consideración de esta asamblea legislativa, el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto la exhorto al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, efecto que, dentro del ámbito de su competencia y con base en el informe del Instituto Mexicano del Petróleo denominado: “Evaluación de gasolina E10 en automotores”, se realice la modificación a la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, a efecto de permitir el uso de Etanol desde un 10 por ciento en las áreas metropolitanas de valle de México, Guadalajara y Monterrey ejercitando además las acciones legales que procedan a efecto que las personas puedan hacer uso de los diversos bioenergéticos disponibles, al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se explayan en las siguientes:

Consideraciones

Antecedentes :

I. Con fecha 10 de enero de 2017, como resultado de la reforma energética, se aprobó por el Congreso de Jalisco, el exhorto que tiene por objeto aplazar la liberación de los precios del petróleo, convocando a un Debate Nacional con expertos a fin de fortalecer la Democracia Energética.

II. Con fecha 3 de febrero de 2017 se elevó a la consideración del honorable Congreso de Jalisco, a fin de ser remitido al honorable Congreso de la Unión, la reforma al artículo 12 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Biocombustibles, con la finalidad de que la población pueda acceder de manera libre a éstos, impulsando así una democracia energética a nivel nacional y se contribuya al desarrollo de una política económica sustentable de los cuales destacan los siguientes puntos:

• Que se otorguen los estímulos fiscales y económicos así como demás apoyos necesarios para que las modalidades de autotransporte puedan acceder a los bioenergéticos, y las empresas puedan producir de manera eficaz y eficiente los insumos necesarios para que se pueda diversificar el mercado.

• La implantación de medidas por parte de la Secretaría de Energía para prevenir el alza de precios a la canasta básica mediante el uso de bioenergéticos.

• Además, se propone impulsar y fomentar a nivel nacional de manera conjunta el uso de biocombustibles como medio para el desarrollo económico de la nación, sobre todo en el sector agroalimentario e industrial, implementando para tal efecto mecanismos de economía social, solidaria y alternativa que sean sustentables.

III. En ese sentido con fecha 3 de febrero de 2017, se exhortó al Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que instruya que se elimine la restricción contenida en la norma oficial mexicana NOM-016- CRE-2016 que limita el uso de etanol y la proscripción de su uso en las zonas metropolitanas de: Guadalajara, Valle de México y Monterrey, a efecto de implantar en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para permitir la transición hacia modelos de democracia energética por el cual se permita a nivel nacional el acceso libre de los bioenergéticos. En el cual se tuvo contestación por parte de la Secretaría de Gobernación a través de la Sub secretaría de enlace legislativo, señalando que se analizará y evaluará la propuesta.

IV. Asimismo con fecha 30 de marzo de 2017, se aprobó por el H. Congreso del Estado de Jalisco, exhortar al gobernador constitucional de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval en conjunto con las universidades públicas y privadas, así como los centros de investigación en el estado elaboren el Plan Estatal de Transición Energética de Jalisco para buscar una menor dependencia de fuentes de energía fósiles en el sector de autotransporte y así mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de economías solidarias atendiendo a las características de cada región del Estado y que sean las propias comunidades en las regiones las que generen el combustible de manera sustentable.

V. Desde que se reformó en agosto de este año la NOM-016-CRE 16, Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, en Jalisco se establecieron varios foros con expertos, y diversas universidades como es el caso de la Universidad de Guadalajara, ITESO, Universidad Panamericana, Cinvestav y Ciatej para mostrar la importancia que tienen los bioenergéticos para coadyuvar a mitigar el cambio climático; impulsar el desarrollo regional y mejorar la calidad del aire.

VI. En los trabajos señalados en la fracción IV y IV de los antecedentes señalados con anterioridad se persiguen los siguientes objetivos:

• Que lleve a cabo las reformas necesarias para implementar las políticas públicas así como demás medidas para que las personas puedan producir y acceder a diversos tipos de bioenergéticos que permitan disminuir la dependencia de fuentes de energía fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero;

• Realice los convenios y actos jurídicos necesarios con las Universidades y centros de investigación en el Estado, a efecto de diseñar en conjunto el Plan Estatal de Transición, Soberanía y Democracia Energética para el Desarrollo Regional que se ha de implementar para consolidar la soberanía energética del Estado, favoreciendo la generación y desarrollo de economías solidarias acordes a lo contemplado en el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Se lleven a cabo las gestiones necesarias con el gobierno federal y diversas dependencias como la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, y demás entes públicos análogos, para desarrollar el potencial del sector bioenergético del Estado de Jalisco.

VII. Con fecha 24 de mayo de 2018, se aprobó por el honorable Congreso de Jalisco, el exhorto al titular de la Secretaría de Energía, licenciado Pedro Joaquín Coldwell, a efecto que emita la norma oficial mexicana señalada en el inciso c) del segundo transitorio del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, estableciendo características y calidad en las mezcla de bioenergéticos con gasolina y diésel.

VIII. En estos distintos acercamientos se logró mostrar que hoy se utilizan gasolinas de baja calidad y con altos índices de azufre, situación que se puede y debe contrarrestar, buscando contar con gasolinas de alta calidad como es la de California en una primera fase, a efecto de producir energía por mexicanos para mexicanos, que sea más limpia y económica.

Contexto de la problemática nacional: judicialización del etanol

I. Las nuevas directrices en materia de etanol, fueron motivo que el pasado 23 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciera que no es posible otorgar ninguna suspensión en juicios de amparos y controles de constitucionales en relación a las normas oficiales en la materia.

II. El 13 de septiembre de 2017, Francisco Javier Rebolledo, juez sexto de distrito en materia administrativa otorgó la suspensión provisional ante uno de los amparos presentados por Gabriel Cuadri, entre otras personas como es el caso del abogado Juan Pedro Machado, pese a que ya se había negado dicha suspensión en otros cuatro amparos que había promovido, inclusive por un Tribunal Colegiado en materia Administrativa;

III. Entre las razones por las que el juez de distrito otorgó la suspensión provisional destaca la siguiente:

Se ha reconocido por diversas instituciones que el uso de gasolinas con etanol impactará el medio ambiente y la salud, al generar emisiones evaporativas que son promotoras de la formación de ozono que produce enfermedades agudas y crónicas en el sistema respiratorio.1

IV. Pese a los lineamientos en la materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de octubre dicho juzgado sexto de distrito otorgó la suspensión definitiva con lo cual se pone en riesgo las modificaciones que coadyuvarían a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, violando con ello el derecho humano a la salud y al medio ambiente adecuado2 .

V. Esta resolución a su vez vino a desconocer la línea jurisprudencial que se había sentado en materia energética, toda vez que detrás de esta directriz está de por medio el orden público. Es por ello que resulta problemático que un juez de distrito haya dictado dichos lineamientos, cuando está de por medio el futuro del medio ambiente en todo nuestro país.

VI. De los diversos antecedentes que se han podido recabar sobre este asunto, que de los medios de comunicación han logrado señalar que a los quejosos se les han negado ya hasta en cuatro ocasiones, siendo convalidado dicho sentido por un tribunal colegiado en materia administrativa3 .

VII. Pese a ello, la Comisión Reguladora de Energía, logró vía recurso de revisión el que se revocara la suspensión definitiva, vía la sentencia que emitió el Poder Judicial de la Federación con fecha 15 de junio. Entre los argumentos que se han señalado con los medios, se logró establecer que no se mostró que existiera un daño tangible como lo pretendía el quejoso en su momento, para lograr la suspensión.

VIII. Es decir, aún falta la determinación del fondo del asunto en contra del uso de las mezclas de gasolinas con etanol en 10 por ciento en zonas metropolitanas, en donde se establecerá si se está o no afectando el derecho humano al medio ambiente.

IX. Tras este acontecimiento, y diversas solicitudes a través de Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el 3 de octubre de 2018 el Instituto Mexicano del Petróleo avaló el uso del etanol en un 10% en las mezclas de gasolina, a través del estudio que verifica y confirma que no existen diferencias significativas con las emisiones de las gasolinas tradicionales4 utilizando como oxigenante el etanol a 10 por ciento respecto del MTBE, oxigenante actualmente utilizado. Con este estudió además de avalar el uso de etanol, se muestra la necesidad de seguir investigando y promoviendo el uso de bioenergéticos atendiendo que entre otras energías renovables, se lograría coadyuvar a garantizar un medio ambiente sano.

Desarrollo de la problemática:

I. Como Grupo Parlamentario consideramos contraproducente el grado de inseguridad jurídica que se ha venido manejando por algunos operadores jurisdiccionales, como fue el caso de este juez sexto de distrito en materia administrativa; en donde, pese a los estudios que se han venido recabando, se haya puesto en riesgo diversos principios constitucionales así como aquellos contenidos en varios tratados internacionales como es el caso de in dubio pro natura, y precautorio a sabiendas que inclusive la agencia de energía de EUA avalan el uso de etanol, y se desdeña en casi todos los países el uso del MTBE a nivel internacional; el cual se emplea actualmente en México5 .

En tanto no se dilucide con celeridad el fondo del asunto en la materia, existe la posibilidad que se dicte una resolución contraproducente que; así como la suspensión definitiva, afecte el desarrollo sustentable en el país, sin que se dé la oportunidad para otras energías alternativas, desaprovechando capitalizar su potencial.

Si se ha mostrado que atendiendo al principio precautorio el etanol implica una solución que pudiera tender a mejorar el medio ambiente, es imprescindible que estos hallazgos científicos sean motivo de dilucidación por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito; si no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se podría argumentar en contra de esta línea de fundamentación el que actualmente sólo se tienen esbozos que tanto la mezcla de gasolina E10 y la gasolina regular tienen los mismos efectos; sin embargo, también el estudio señala que existen diferencias; si bien no considerables que muestran ventajas del uso del etanol. Además de los beneficios económicos y de desarrollo rural, que representa su uso, se podría reducir el ozono, lo cual podría tener aún mayores repercusiones de lograr una mayor investigación científica en la materia.

Propuesta

I. Es por ello que ante esta disyuntiva, sostenemos como propuesta el que como Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, se pronuncie exhortando a la Comisión Reguladora de Energía a efecto que, dentro del ámbito de su competencia, haga valer la investigación del Instituto Mexicano del Petróleo; ejercitando además las acciones legales que procedan a efecto que las personas puedan hacer uso de los diversos bioenergéticos, informándonos de las actividades que se han desplegado en torno a esta controversia.

II. Además, se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda atraer la revisión del amparo por colmarse los extremos de los artículos 107, fracciones V y VIII y penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6 , así como los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo7 . Esto, toda vez que se trata de un asunto de trascendencia y de interés para poder fijar inclusive un precedente que pueda coadyuvar a que México transite a una democracia energética que le permita garantizar una seguridad y soberanía energéticas acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas8 .

III. Cómo Cámara de Diputados, contamos además con la facultad de que se resuelvan amparos que se establezcan de manera prioritaria, tal como lo establece el artículo 4o., fracción III, consistentes en aquellos que pudieran implicar un menoscabo al daño ecológico. Consideramos importante el que atendiendo al principio precautorio ya señalado, se podría estar ante esta circunstancia, por lo que es importante que la Suprema Corte resuelva dicho asunto y determine la importancia de esta medida. A continuación se cita dicho artículo para mayor claridad:

Artículo 4o. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley.

La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando:

....

III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico...

IV. Con esta propuesta no estamos denostando en manera alguna la capacidad de nuestro Poder Judicial Federal; en todo caso, sólo estamos haciendo valer la visión que consideramos importante que se tome en cuenta para coadyuvar a consolidar una visión dialógica de nuestra democracia9 .

V. Cabe resaltar a su vez que esta busca hacer valer los hallazgos que se han encontrado, así como contextualizar la problemática que se presenta, resaltando que es importante que la sentencia logre una ponderación que colme un grado de razonabilidad y que sea pertinente para que se defina así un desarrollo energético en el país acorde los principios constitucionales y convencionales, reforzando la toma de decisiones en estudios técnicos como el que se hace referencia sin dejar de observar en todo momento los beneficios correlacionados que representa.

Repercusiones económicas, jurídicas y sociales del acuerdo legislativo

I. De aprobarse este punto de acuerdo tendrá en lo económico una repercusión favorable, ya que con esto los entes competentes podrán fijar una nueva perspectiva en el desarrollo energético, logrando reducir los costos de la gasolina, contar con oxigenantes de origen mexicano y detonar la producción del campo mexicano.

II. En este aspecto, este punto de acuerdo, lejos de generar una repercusión presupuestaria negativa, lo sería positiva, al prever el que a nivel nacional se vaya generando consciencia para que se busque en los bioenergéticos soluciones económicas a favor de la población para que hagan del uso de biocombustibles una herramienta para incidir positivamente en el desarrollo de las regiones.

III. En lo jurídico, este punto de acuerdo tiene la pertinencia de buscar a nivel nacional el que los operadores jurisdiccionales otorguen seguridad jurídica, la cual, ante los hechos vertidos, han mostrado un rompimiento que puede amenazar el diseño de las políticas públicas en perjuicio de la población, y contraviniendo el marco jurídico internacional en la materia.

IV. En lo técnico se hace referencia a un estudio realizado por el Instituto Mexicano del Petróleo, que es un organismo público descentralizado de la administración pública con personalidad jurídica y autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, encargada de realizar las investigaciones, el desarrollo tecnológico, la innovación, el escalamiento de procesos y productos, la prestación de servicios tecnológicos orientados a optimizar los procesos de producción y transformación, tanto en exploración y extracción como en la transformación industrial y comercialización nacional e internacional, razón por la cual se considera el ente jurídica y técnicamente calificado para posicionar una determinación de este calado.

V. En lo social, se debe de buscar aprobar este punto de acuerdo, ya que su pertinencia radica en fortalecer la legitimidad de las instituciones públicas y el capital social, al mantener la coherencia que como Poder Legislativo hemos mostrado en pasadas ocasiones y que aquí quedaron plenamente documentadas. Sobre todo, se requiere que seamos coherentes ante un imperativo ético jurídico que se nos impone de hacer guardar la dignidad humana y velar por conservar el medio ambiente y salud de los mexicanos.

Por lo expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Gírese atento y respetuoso exhorto a la Comisión Reguladora de Energía, a efecto que, dentro del ámbito de su competencia y con base en el Informe del Instituto Mexicano del Petróleo denominado: “Evaluación de gasolina E10 en automotores”, se realice la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, a efecto de permitir el uso de Etanol desde 10 por ciento en las áreas metropolitanas del valle de México, Guadalajara y Monterrey ejercitando además las acciones legales que procedan a efecto que las personas puedan hacer uso de los diversos bioenergéticos disponibles.

En ese sentido realizar las acciones necesarias para lograr que la gasolina cuente con calidad similar a la mezcla utilizada en el estado de California y se disminuya la cantidad de azufre y otros agentes contaminantes en las gasolinas Premium y Magna así como del diésel.

Segundo. Gírese atento y respetuoso exhorto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto que de conformidad con el artículo 4o., fracción III, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien, dentro del ámbito de su competencia, ejercer la facultad de atracción correspondiente frente a los asuntos promovidos respecto de la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, a efecto de sentar el precedente que ha de coadyuvar a que se garantice el derecho humano al medio ambiente, y a la salud, atendiendo a las investigaciones que para tal efecto se hayan realizado sobre esta materia a nivel nacional, tomando como base el Informe del Instituto Mexicano del Petróleo denominado, “Evaluación de gasolina E10 en automotores”.

Notas

1 Víctor Fuentes. (2017) Frena Juez aumento de etanol en Gasolinas. (octubre 2017) Reforma. Sitio Web: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx

2 Oficina del Alto Comisionado. (1966) Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. (Octubre 2017) Naciones Unidas. Sitio Web: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

3 Víctor Fuentes. (2017) Frena Juez aumento de etanol en Gasolinas. (Octubre 2017) Reforma. Sitio Web: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx

4 Secretaría de Energía et al. Informe Técnico. (2018) Evaluación de gasolina E10 en automotores. 63 páginas.

5 Riesgo Ambiental y principio precautorio: breve análisis y proyecciones a partir de dos casos de estudio. Valentina Duran Medina y Dominique Hervé Espejo. Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

6 Cámara de Diputados. (2017) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Octubre 2017) Honorable Congreso de la Unión. Sitio Web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

7 Ibíd. (2016) Ley de amparo, Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Octubre 2017) Sitio Web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_170616.pdf

8 Naciones Unidas. (2017) Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Octubre 2017) Naciones Unidas. Sitio Web:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

9 Roberto Gargarella. (2014). Por una justicia dialógica. Argentina: Siglo Veintiuno Editores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 5 de febrero de 2020.

Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a investigar el posible conflicto de intereses del magistrado Francisco José Huber Olea Contró, y de los demás jueces y magistrados implicados en el caso instaurado por el ciudadano Humberto Moreira Valdés contra el periodista Sergio Aguayo Quezada, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, 158, fracción VIII, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 16 de enero de 2016, el periodista y columnista Sergio Aguayo Quezada publicó una columna en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón , así como en su cuenta de Twitter, por los hechos relacionados con la acusación y posterior detención que realizaron las autoridades judiciales españolas en Madrid, en contra del ciudadano Humberto Moreira Valdés en Madrid

En dicho artículo editorial, el citado periodista y columnista al manifestar sus ideas sobre los sucesos ocurridos en España, hizo uso del derecho fundamental a la libertad de expresión contemplado en nuestra Carta Magna, el cual, en todo momento observó los máximos estándares en materia de periodismo y límites a la libertad de expresión reconocidos por nuestra Suprema Corte de Justicia, sin atentar, en ningún momento, contra la persona del ciudaddano Humberto Moreira Valdés.

La afirmación anterior, se esgrime debido a que es evidente que los argumentos en que fue basada la opinión del periodista fueron sustentados en hechos exactos que resultaban de trascendencia, relevancia e interés público; ello por tratarse de un ex gobernador investigado e implicado posiblemente en la comisión de diversos delitos y actos de corrupción, es decir, el periodista y columnista no pretendió en ningún momento descreditar al ex servidor público.

En relación con el párrafo que antecede, debe manifestarse que la Suprema Corte de Justicia de la Unión ha establecido que los límites a la crítica, por ende a la libertad de expresión, son más amplios cuando recaen sobre personas que realizan actividades públicas, circunstancia que ocasiona que en una sociedad democrática quienes tienen esta calidad sean expuestas a un control más riguroso de sus quehaceres, por ello las manifestaciones que se esgriman hacia personas que tengan un rol público o político no pueden ser restringidas, pues ellas son resultado del cargo que desempeñan o desempeñaron, el cual, es de relevancia pública.1

Dicho lo anterior, en julio de 2016, Humberto Moreira Valdés instauró un procedimiento judicial en contra del periodista Sergio Aguayo Quezada, por la manifestación de ideas plasmadas en un artículo editorial en el que opinó “Humberto Moreira se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos...Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.2

Por las opiniones transcritas en el párrafo anterior, en la demanda presenta por el exgobernador se exige el pago de 10 millones de pesos por daño moral. Se resalta que, en los medios periodísticos, el proceso judicial ha sido señalado y cuestionado, por presentar vicios e irregularidades, principalmente se ha imputado que uno de los magistrados que instruye el caso tiene conflicto de intereses debido a su cercanía con el exgobernador Humberto Moreira.

El referido es el magistrado Francisco José Huber Olea Contró, integrante de la Sexta Sala Civil de la Ciudad de México, quien es hermano del notario Jean Paul Huber Olea Contró y el cual se ha visto favorecido por su cercanía con Rubén Moreira Valdés.

Dicho magistrado condenó al columnista y periodista Sergio Aguayo al pago de 10 millones de pesos en favor de Humberto Moreira por presunto daño moral, siendo que el juzgador tenía lo obligación de manifestar, en términos de la Ley vigente aplicable, su impedimento para conocer del caso debido a la existencia de un conflicto de intereses por la relación de su hermano y él con el exgobernador, por ello debió excusarse de conocer del asunto por la relación afectiva entre ambos. Sin embargo, se abstuvo de recusarse y continuó teniendo conocimiento del juicio y generó una circunstancia que lleva a entender que hay una probable persecución, intimidación y acoso contra de Sergio Aguayo Quezada, por influir y ser determinante en el procedimiento, así como en la sanción desproporcionada de 10 millones de pesos.

Por lo anterior, es necesario que este órgano legislativo ejecute los actos que estén a su alcance a fin de que las autoridades competentes investiguen el actuar de los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México en comento, con la intención de esclarecer los hechos ocurridos y evitar que suceda una posible persecución política, intimidación y acoso en contra de Sergio Aguayo Quezada y de cualquier otra persona que sea parte en un procedimiento judicial, toda vez que dichas autoridades judiciales tiene la obligación de ser imparciales y garantizar el debido procesos de los juicios sometidos a su jurisdicción.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, para que investiguen el posible conflicto de intereses del magistrado Francisco José Huber Olea Contró, así como de los demás jueces y magistrados implicados en el caso instaurado por el ciudadano Humberto Moreira Valdés en contra del columnista y periodista Sergio Aguayo Quezada.

Segundo. Se exhorta al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, para que tomen las medidas necesarias a fin de frenar los posibles actos de persecución política, intimidación y acoso en contra del periodista y columnista Sergio Aguayo Quezada derivado de la manifestación de ideas en ejercicio de la libertad de expresión.

Tercero. Se exhorta al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, para que realicen los actos necesarios a efecto de que sea observada y cumplida la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de libertad de expresión en el caso en comento.

Notas

1 “Libertad de expresión. Sus límites a la luz del sistema de protección dual y del estándar de malicia efectiva”, Jurisprudencia, Décima Época, Primera Sala, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Registro 20003303.

2 https://aristeguinoticias.com/2801/mexico/juez-de-la-cdmx-autoriza-emba rgar-a-aguayo-por-demanda-de-moreira/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 febrero de 2020.

Diputada Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a dejar sin efectos el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6o., así como el artículo 79, en su inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se deje sin efectos el “decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Con fecha 1 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, con el objeto de regular la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera al territorio nacional, cuya vigencia se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2019, mediante el diverso publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 28 de diciembre de 2017;

Que con fecha 29 de marzo de 2019, se publicó el decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, motivándose en que el gobierno federal continúa implementando estrategias que permitan mejorar el bienestar de la población, la seguridad y proteger el patrimonio familiar, por lo que se estima necesario prorrogar la vigencia del mismo al 31 de diciembre de 2019, a fin de contar con un marco regulatorio que otorgue certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados.

Ante esta situación las medidas o estrategias van más allá de la protección familiar, e inciden directamente en materia económica, de seguridad, salud y bienestar social, ya que hay que dar vista al pasado para darse cuenta que los autos “chocolate”, surgieron con la intención de que las personas pudieran adquirir vehículos a mejores precios, sin embargo, debido a la poco o nula supervisión y regulación, se desencadenaron diversos efectos negativos a raíz de esta decisión y que aún siguen sin solucionarse.

La falta de monitoreo y vigilancia ha orillado a que ni siquiera se tengan las cifras que permitan visualizar la magnitud del problema, ya que se tiene registro que entre 2005 y 2011 se importaron casi seis millones de autos usados, la mayoría provenientes de Estados Unidos, con lo cual se paralizó la expansión del comercio de automóviles nuevos en México, esto a pesar de los pronósticos favorables en la industria.

En materia de seguridad, existe un amplio índice de impunidad en los delitos cometidos con vehículos de esta naturaleza, ya que al hacer imposible la localización de la propiedad de los mismos se genera que sean un insumo de alta demanda de los grupos delictivos, además de que estos no están sujetos al pago de contribuciones como pago de placas, tarjeta de circulación, entre otros.

Es por ello que en tanto no se tenga la previsión económica, ambiental, de seguridad y de garantía del sector automotriz, se debe frenar y dejar sin efectos este decreto ya que durante el segundo mes del año se vendieron 103 mil 679 vehículos ligeros nuevos, 5.5 por ciento menos que las unidades vendidas en febrero 2018, con esto suman 214 mil 891 vehículos comercializados en el 2019, 1.9 por ciento por debajo de lo registrado en el primer bimestre del 2018, por lo tanto el sector de la industria automotriz en México está teniendo dificultades y con una decisión de esta índole podría generar una crisis importante, por lo que hay que tomar en cuenta que este sector aporta el 3.0 por ciento del producto interno bruto (PIB) total y el 17.2 por ciento del PIB manufacturero.

Principalmente en la zona fronteriza existe un mayor número de vehículos chocolate, estos no están registrados y por lo tanto no están sujetos a la legislación estatal aplicable, en materia de verificación vehicular, por lo tanto además de la afectación ambiental no se cuenta con información que permita realizar estudios de cómo la contaminación afecta a la salud de los habitantes y el gasto que se debe generar para atender las enfermedades ocasionadas.

Es necesario primeramente resolver el problema de los autos chocolate que ya existen en el país y que actualmente se calcula que ascienden a más de seis millones, el país no puede improvisar y aventurarse a que este decreto surta sus efectos sin solucionar la situación jurídica de los que ya se encuentran en el país. La sensatez y la seguridad de los mexicanos debe ser prioridad para la toma de decisiones, y en estos momentos aún estamos a tiempo de aprender de los errores del pasado.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Por el que exhorta al Ejecutivo federal para que se deje sin efectos el “decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”.

Primero. Se deje sin efectos decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados publicado el 1 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, así como el “decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados publicado el 29 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . Se implementen acciones tendientes a regularizar la situación jurídica de los vehículos que han ingresado al país a partir de la entrada en vigor del decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados publicado el 1 de julio de 2011 en el Diario oficial de la Federación.

Tercero . Se publique en datos abiertos la estadística correspondiente a la existencia de vehículos importados y su situación jurídica, que permita implementar políticas publicas tendentes a mejorar la seguridad, incorporar al pago de derechos estatales por concepto de movilidad, disminuir la contaminación y los efectos causados en la salud por la falta de verificación y medidas medioambientales.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 5 de febrero de 2020.

Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a brindar medidas de protección a las menores denunciantes en la carpeta de investigación número CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/19270/09-2019 y atender la denuncia interpuesta por presunta agresión sexual contra el actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia local, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío Del Pilar Villarauz Martínez, Sandra Paola González Castañeda, Julieta Kristal Vences Valencia , María Elizabeth Diaz Garcia, Beatriz Rojas Martínez, Laura Martínez González, Dorheny García Cayetano y Carmen Patricia Palma Olvera , del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, a fin de que el caso bajo carpeta de investigación número CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/19270/09-2019 sea investigado y en su caso juzgado con pleno apego a los derechos humanos transversalizando la perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia, tomando en cuenta la condición de sus denunciantes como menores hijas del presunto inculpado , bajo las siguientes:

Consideraciones

-Que, de acuerdo al Quinto Objetivo del Desarrollo Sostenible a nivel mundial, México se ha comprometido a “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Reconociendo la violencia contra la mujer como una pandemia que afecta a todos los países e instituye una serie de metas para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual.

-Que, de acuerdo al párrafo tres del artículo 1 de la Ley General de Víctimas obliga a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas a velar por la protección a víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral que comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Y de acuerdo al artículo 5 de la misma normatividad, los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos bajo el marco de esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando entre otros, el principio Enfoque diferencial y especializado que consiste en reconocer grupos de población con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad otros. Reconociendo que ciertos daños requieren de una atención especializada que corresponda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. Así como el principio del interés superior de la niñez, el cual deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

-Que en México, en 2018, había 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE); es decir el 30.1 por ciento de la población total.

-Que México ocupa el primer lugar mundial de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes y en el 95 por ciento de los casos el crimen es perpetrado por alguien conocido.1

- Que, de acuerdo con datos de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas (Adivac), en nuestro país hay cerca de 4.5 millones de casos de abuso sexual durante la infancia y se estima que en alrededor de 10 por ciento hay denuncia y de ésos sólo 1.5 por ciento llega a juicio.

-Que, de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, capítulo octavo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal con el fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Además, señala que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados.

En este tenor, cabe señalar que de acuerdo a información señalada en medios de comunicación y ratificada por familiares de las víctimas, un magistrado en materia penal del Poder Judicial de la Ciudad de México, fue acusado de haber agredido sexualmente a sus dos hijas menores de edad destacando que la madre de las niñas interpuso la denuncia respectiva desde el pasado 23 de septiembre de 2019.

En ese sentido, se inició la carpeta de investigación, CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/19270/09-2019 misma que cuenta con pruebas periciales médicas; valoraciones psicológicas; declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público y psicólogos especializados y audios en los que las menores narran a la madre las presuntas agresiones y cuya judicialización ha sido lenta hasta el momento.

No obstante lo anterior, el referido magistrado está a punto de iniciar su proceso de ratificación como impartidor de justicia, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que en su artículo 11 versa. “A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo de la Judicatura.”

Por la gravedad del asunto en comento donde se encuentra implicado el magistrado, que contraviene el artículo 21 del mismo ordenamiento sobre los requisitos para continuar con el cargo de magistrada o magistrado, para lo cual se requiere cumplir con: “Gozar de buena reputación, para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética.” (subrayado propio)

Cabe destacar que, a la fecha de presentación de esta proposición con punto de acuerdo y conforme a la información proporcionada por la madre de las afectadas, no se le ha notificado avance alguno respecto a la investigación del caso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la proposición del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México , para que brinde las medidas de protección necesarias a las menores denunciantes en la carpeta de investigación número CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/19270/09-2019 y se atienda con la debida diligencia, considerando el interés superior de la niñez y con perspectiva de género la denuncia interpuesta por presunta agresión sexual ejercida por su padre actual magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto al Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México para que reconsidere la ratificación como impartidor de justicia del presunto agresor, hasta que se emita una resolución judicial del caso.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto al Consejo de la Judicatura De la Ciudad de México para que inicie o en su caso dé seguimiento al proceso correspondiente respecto al magistrado que ha sido señalado como agresor en este caso.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto al Congreso de la Ciudad de México , para que prepondere el interés superior de la niñez y bajo una perspectiva de género la propuesta de ratificación del magistrado implicado en la carpeta de investigación número CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/19270/09-2019.

Nota

1 https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/abuso-sexual-infantil-mexico -ocde/ consultado el 23 de enero de 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de febrero de 2020.

Diputadas : María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica), Rocío del Pilar Villarauz Martínez (rúbrica) Sandra Paola González Castañeda (rúbrica), Julieta Kristal Vences Valencia, María Elizabeth Díaz García, Beatriz Rojas Martínez, Laura Martínez González, Dorheny García Cayetano y Carmen Patricia Palma Olvera (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emprender por la Sader y la SE acciones tendentes a certificar el producto apícola mexicano para generar un valor agregado que permita constatar su autenticidad y calidad, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6o., así como el artículo 79, en su inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito poner a consideración de esta asamblea legislativa el siguiente punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía, emprendan acciones tendientes a certificar el producto apícola mexicano a fin de generar un valor agregado que permita constatar su autenticidad y calidad, impulsando su consumo y los mecanismos de exportación, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Es de todos conocida la disminución de polinizadores en todo el país, pero donde existen cifras más alarmantes es en las regiones focalizadas y dedicadas a la producción apícola, ya que se integran uno o más factores de deterioro al medio ambiente que están afectando a los polinizadores y donde nos encontramos con el infortunio de que no existen acciones concretas de reacción para mejorarlo, es así que actualmente en promedio existe una disminución de entre el 40 por ciento y 50 por ciento de colmenas de abejas domésticas, las cuales han venido colapsando de manera trágica desde el año 2012 y la tendencia sigue siendo negativa.

Por otro lado, más del 90 por ciento de los frutos y semillas tienen incidencia directa en su producción con los polinizadores, por lo que su disminución afecta al sector productivo, tan solo en México la Conabio, señala que el 80 por ciento de las especies de plantas de nuestro país, dependen de un polinizador para su producción.

Además de lo anterior, investigadores de la UNAM estimaron que el valor anual de la polinización en México es de 43 mil millones de pesos, ya que la polinización ayuda a la reproducción de las plantas que generan oxigeno suficiente para incrementar el rendimiento de cultivos e insumos agropecuarios.

Se tienen identificados diversos factores que están afectando a los polinizadores entre ellos, pesticidas, deforestación, quemas clandestinas, enfermedades, ácaros, cambio climático, entre otros, por lo que las abejas están bajo la gran amenaza de los efectos combinados mencionados con anterioridad, resaltando que se debe propiciar una coordinación y colaboración entre los sectores involucrados para contar con una mayor cooperación con productores apícolas, que les permita acceder a mejores condiciones de desarrollo, coordinar al sector agrícola y apicultor para que ambas actividades tengan un mayor control y no se afecten entre sí, trayendo como resultado una mayor derrama económica, seguridad laboral para los apicultores y un medio ambiente sustentable; sin duda es un trascendental reto y una necesidad lograr que la existencia de las abejas no esté en riesgo.

En lo particular el sector apícola mexicano es uno de los principales a nivel mundial, su nivel de competitividad en el mercado es alto y sólo es superado por China, Nueva Zelanda y Argentina en los indicadores de trazabilidad y especialización internacional, no así con relación a la ventaja comparativa revelada en cuanto a la calidad de sus productos donde de manera histórica la mayor parte de sus ventas al exterior se han orientado a Europa.

Desde los años noventa, y debido al efecto de diversos eventos agroambientales, la producción nacional de miel ha experimentado una clara disminución, mientras que la generación de los saldos exportables, que representa casi la mitad de la oferta primaria, no depende de este hecho, sino que se ha visto influenciado principalmente por la limitada demanda interna y por la sustitución de edulcorantes de menor precio conocido actualmente como “Miel Pirata”, la cual ha ganado mercado por su bajo precio, desencadenando que la competitividad de la miel mexicana se encuentre en una gran problemática, tanto por la disminución de la producción, de la demanda y la competitividad en precios de exportación y mercado interno.

El mercado de la Unión Europea representa precios unitarios de exportación por encima del promedio internacional y una demanda segura. No obstante, esta tendencia mantiene una situación de concentración hacia destinos que representan un modelo de comercialización que torna difusos los efectos positivos de la agregación de valor en origen y que en el contexto internacional la miel mexicana pierde cada vez más terreno. China mantiene el primer lugar entre los países exportadores, con una participación de mercado de 12.4 por ciento, lo que representa más de 288 millones de dólares, con productos de bajo precio ganando terreno a los demás productores donde se presume la mayor parte de sus productos son “Miel Pirata”.

La miel mexicana es un producto poco diferenciado en su calidad, y su cotización apenas alcanza el promedio internacional, la miel se comercializa a granel en contenedores de 300 kilogramos, sus productores no disponen de un sistema de control de calidad estandarizado ni de diferenciación de marca que permita distinguirlos como una miel de alta calidad; sin embargo, tiene aceptación en países como Alemania por empresas mayoristas que son capaces de acopiar la miel de pequeñas unidades productoras, pero comprando la miel a bajos precios deja un margen mínimo de ganancia a los productores que sumado a la disminución de exportaciones tiene al borde del colapso al sector apícola.

Estimulados por la demanda de Estados Unidos, Alemania, así como la de Japón, Singapur y otros países asiáticos, los requerimientos de miel a nivel mundial están en un permanente crecimiento, sin embargo, las exigencias de calidad por los consumidores también están aumentando junto a la emergencia de nuevos proveedores mundiales de miel diferenciada por su calidad e inocuidad y que lamentablemente nuestro país no ha avanzado en ese sentido, teniendo venta de miel de alta calidad en venta, la cual compite con productos de menor calidad en los mismos precios.

Resulta así necesario, por los argumentos vertidos con anterioridad que nuestro país a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, emprenda acciones integrales y concretas para lograr una campaña de certificación de productos apícolas que genere un valor agregado y permita constatar la autenticidad y calidad de los productos frente a los mercados de miel internacional de menor calidad, en los cuales se destaquen las características de los productos apícolas mexicanos, así mismo se genere una estrategia adecuada de impulso a la apicultura a escala regional en la cual se destinen los recursos necesarios para generar y aplicar herramientas de gestión de la calidad, buenas prácticas apícolas y de manejo, de trazabilidad, sanidad e inocuidad que permitan atender los requerimientos de los mercados de exportación de alto valor.

En ese orden de ideas, la Secretaría de Economía realice campañas de concientización sobre los beneficios de la miel y la importancia de consumir productos certificados, que garanticen la autenticidad de la miel de abeja, incentivando el consumo de los productos apícolas y resaltando la calidad de exportación de los productos apícolas mexicanos, además emprender acciones tendientes a mejorar los mecanismos de exportación a Estados Unidos y la Unión Europea.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Por el que exhorta el Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía emprendan acciones tendentes a certificar el producto apícola mexicano a fin de generar un valor agregado que permita constatar su autenticidad y calidad, impulsando su consumo y los mecanismos de exportación.

Primero. Se implementen por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, acciones integrales y concretas para lograr una campaña de certificación de productos apícolas que genere un valor agregado y permita constatar la autenticidad y calidad de los productos frente a los mercados de miel internacional de menor calidad, en los cuales se destaquen las características los productos apícolas mexicanos.

Segundo . Se lleve a cabo por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, una estrategia adecuada de impulso a la apicultura a escala regional en la cual se destinen los recursos necesarios para generar y aplicar herramientas de gestión de la calidad, buenas prácticas apícolas y de manejo, de trazabilidad, sanidad e inocuidad que permitan atender los requerimientos de los mercados de exportación de alto valor.

Tercero. Se implemente por parte de la Secretaría de Economía campañas de concientización sobre los beneficios de la miel y la importancia de consumir productos certificados, que garanticen la autenticidad de la miel de abeja, incentivando el consumo de los productos apícolas y resaltando su calidad, así como emprender acciones tendentes a mejorar los mecanismos de exportación a Estados Unidos y la Unión Europea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a ofrecer una disculpa a la comunidad china mexicana por la campaña desatada en su contra por los gobiernos de Sonora y Sinaloa a principios del siglo XX, que derivó en persecución, vejaciones, homicidios y desapariciones forzadas, a cargo del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno federal a ofrecer una disculpa a la comunidad china mexicana, por la campaña desatada en su contra por los gobiernos de los estados de Sonora y Sinaloa a principios del siglo XX, que derivó en persecución, vejaciones, homicidios y desapariciones forzadas , al tenor de los siguientes:

Exposición de Motivos

Las disculpas públicas de un pueblo a otro dignifican más al que las ofrece que al que la recibe y no son ni raras ni excepcionales. Hace poco el presidente francés ofreció disculpas al pueblo argelino por el sufrimiento causado durante la colonia; o la ofrecida también por el gobierno estadounidense al pueblo japonés por los hechos acontecidos en su contra en la segunda guerra mundial; o la disculpa del gobierno alemán al pueblo polaco por el ghetto de Varsovia.

Desde el siglo IXX hasta nuestros días, en México han existidos diversas corrientes migratorias que han contribuido al enriquecimiento de nuestra cultura, tradiciones, valores e historia, tal es el caso de los españoles republicanos, chilenos, argentinos, libaneses, judíos entre otros; sin embargo, ninguna fue tratada con el desprecio y la humillación a la que fue sometida la comunidad china desde 1894 hasta el período del presidente Lázaro Cárdenas.1

En los años 90 del siglo XIX, China era para muchos de sus habitantes una gran cárcel, donde lo único que tenían seguro era que, después de dejar morir a sus hijas mujeres, que resultaban muy caras y no servían para trabajar, les esperaba una muerte lenta por el hambre y las enfermedades. Traficantes de personas, hicieron reclutamientos prometiéndoles, comida, tierra y riquezas que al llegar a México tendrían sin mayor problema, así como la promesa de un viaje cómodo, en grandes y lujosos barcos, y que, además, no habría enfermedades. La realidad fue muy distinta, los lujosos barcos resultaron ser unos vapores de quinta en donde los chinos se apretujaban para ganar un espacio en las bodegas y donde lo único que sobraban eran los golpes a la hora de repartir la comida. En el viaje muchos de ellos murieron por enfermedades. Al llegar a México se encontraron con una realidad muy distinta a lo prometido, ya que fueron sometidos a una cruel segregación, discriminación, racismo, xenofobia y malos tratos.

Su llegada a México se dio entre finales del siglo XIX y principios del XX, obedeciendo principalmente, al grave clima de violencia y pobreza que se vivía en la provincia china de Cantón por las guerras del Opio (1839-1842 y 1856-1860) y la Rebelión Taiping (1850-1864), y atraídos por las noticias de que en México se requería mano de obra para la minería y los ferrocarriles.

La persecución que sufrieron los chinos en el país, se dio principalmente en los estados de Sonora y Sinaloa, debido al racismo, las campañas xenofóbicas y el resentimiento de la clase que se venía construyendo entre el empresariado mexicano contra los chinos; sin embargo, la limpieza étnica no sólo se limitó a esos dos estados.

La comunidad china en Torreón era mediana, con poco más de 600 habitantes, pero con una vida económica muy por encima del promedio de la migración china en México, la cual se empezó a formar desde antes de la revolución, con decenas de familias chinas. Algunos otros escaparon de la persecución racial en los Estados Unidos, particularmente del estado de California; también había algunos grupos seguidores de los hermanos Flores Magón, llamados los “magonistas”, quienes “se pronunciaron abiertamente contra los chinos por considerarlos una migración indeseable, una competencia a los trabajadores mexicanos”.

Según Pedro Salmerón, en la Toma de Torreón, en mayo de 1911, al entrar y tomar la plaza, Benjamín Argumedo permitió que sus soldados saquearan los principales comercios que pertenecían a los chinos y los mataran a todos. Preguntó a los vecinos por azoteas desde donde los francotiradores del ejercito porfirista habían disparado contra sus tropas. Una de las principales azoteas señaladas fue la del banco chino Wah-Yick o “Banco Chino” donde se ubicaban las oficinas de la Asociación Reformista del Imperio Chino, partidaria de Sun Yat-Sen, conocida como “Club Chino”.

Benjamín Argumedo ordenó a sus hombres saquear el edificio y matar a los que estuvieran dentro. De ahí, los soldados se dirigieron al contiguo Puerto de Shangai, que fungía como almacén de ultramarinos y telas finas, en donde la matanza de chinos que había empezado como algo casual, se volvió sistemática.

De estos lamentables acontecimientos se tienen registros del asesinato de 303 chinos en la ciudad de Torreón el 15 de mayo de 1911, de los 600 habitantes de la colonia; es decir, un poco más de la mitad de la comunidad asentada en Torreón fueron asesinadas por las fuerzas revolucionarias, cifra que pudo ser mayor si los altos mandos maderistas, no hubieran ordenado detener la masacre.

En 1915, ocurrieron saqueos a los negocios chinos en el puerto de Guaymas. En Nacozari, una turba hizo desfilar desnudos por el centro de la ciudad a los chinos propietarios de tiendas y comercios. En Hermosillo sucedían hechos similares; decenas de chinos fueron lapidados y otros sufrieron indignidades iguales a las de Nacozari. A partir de estos hechos, se volvería común un ritual, cortar la coleta que los varones chinos solían utilizar con orgullo como recuerdo de su origen étnico.

El odio anti chino se fincó en la idea de la supremacía de las razas, donde el mestizaje mexicano era visto como la raza pura y en donde los chinos no deberían de tener cabida porque la degenerarían.

Plutarco Elías Calles, al que le apodaban “El Turco” por su origen libanés, aseguró que se encargaría de resolver de raíz el problema chino, ese lastre del Porfiriato con el que había que terminar. Es muy probable que con su apoyo se hayan comenzado a formar los primeros comités “Pro Raza”.

El movimiento anti chino tuvo influencia nacional porque uno de sus promotores Plutarco Elías Calles, en ese momento, Presidente de México. Posteriormente ya como líder del Partido Nacional Revolucionario (PNR) designó algunos lugares en el Congreso de la Unión, y nombró como diputados a representantes de este grupo xenófobo.

Por la década de los 20s, también sucedió en Sinaloa que, el Comité anti chino salía a cazar chinos, los atrapaban, los metían en jaulas y los llevaban a una casa por la Calle 2 de abril, frente al Hotel del Mayo. La casa no tenía ventanas y estaba vigilada por hombres armados, era una cárcel clandestina que operaba con el disimulo y la complacencia de las autoridades. Los chinos cazados eran amarrados y amontonados ahí para ser trasladados, como si fueran bultos de maíz, en furgones de ferrocarril, hasta Acaponeta Nayarit, y para asegurarse que llegaran a su destino y no regresaran, siempre iban acompañados por un miembro del comité.

Teniendo como propósito el exterminio de esta comunidad, se creó el movimiento denominado “anti chino” que se desarrolló entre 1911 y 1934, donde la mayoría de sus logros fueron plasmados en una lista de restricciones publicada bajo el gobierno de Álvaro Obregón en 1923, donde se estipulaba entre muchas cosas que:

-Los chinos no podían vender comestibles.

-Los chinos no podían entrar a restaurantes ni museos.

-Se prohibían los matrimonios entre mexicanos y chinos (en caso de que alguna mexicana se casara, perdería su nacionalidad inmediatamente).

-Se prohibía a los chinos acceder a puestos públicos.

-Se les prohibía a los chinos a salir de sus barrios después de las 12 de la noche.

Durante los primeros años de las campañas, en México había una población de 24 mil 218 hombres y mil 772 mujeres de esta nacionalidad. Para el año 1940, cuando terminó la campaña “unidos deschinatizaremos México”, tan sólo existían 4 mil 856 hombres y 110 mujeres, lo que muestra una caída demográfica de chinos en México que significó el triunfo del racismo y la xenofobia en México.2

Las motivaciones de la persecución y discriminación de los chinos no fueron solo económicas o xenofóbicas sino también raciales, ya que también se les describía como sucios y antihigiénicos. Se les culpó de las epidemias y brotes de enfermedad que sufría la población, con ese pretexto, se les empezó a confinar como una medida de prevención de salud pública.

En la década de 1920, el gobierno mexicano prohibió la entrada al país de trabajadores chinos, y se ordenó que los que ya vivían en México fueran concentrados en barrios especiales. En ese año, el expresidente y exgobernador de Sonora Adolfo de la Huerta los acusó de transmitir la sarna, la lepra, el tracoma y la tuberculosis.3

Las mujeres mexicanas que contrajeron nupcias con chinos padecieron las mismas indignidades que sus maridos. Los nacionalistas fueron implacables con ellas, en la calle les gritaban chineras y les prohibían caminar por las aceras sobre las banquetas, los más radicales se metieron a la fuerza a sus hogares, provocando daños en sus propiedades, robando pertenencias, destruyendo el mobiliario, tomaron sus joyas y también secuestrándolas.

Es de resaltar la estoica tenacidad de una comunidad que a pesar de haber sido denigrada, discriminada, vejada y en el peor de los casos asesinada, no existan registros de haber recurrido a la violencia como medio de presión, defensa o resistencia; sin embargo, la resistencia no fue pasiva, la comunidad aportó algo muy importante, hizo su defensa a través de la poesía, el combatir el odio con la poesía es una lección invaluable que nos dejó esta generosa trabajadora y solidaria comunidad.

Años antes de la masacre en Torreón, México y China habían firmado un pacto de amistad y comercio que se tambaleó tras este incidente.

En cuanto el gobierno chino tuvo conocimiento de lo sucedido, les demandó a sus pares en México a investigar lo ocurrido, castigar a los responsables y expresar sus condolencias por lo ocurrido e indemnizar a los deudos de las víctimas;4 sin embargo, el gobierno de Madero ofreció resarcir el daño, pero al final éste no se pagó pues el mandatario fue asesinado en 1913.

Finalmente, fue hasta la década de los años 2000, cuando las autoridades mexicanas emprendieron actos de desagravio hacia la comunidad china. Ese año, en el Museo Memoria y Tolerancia de Ciudad de México se montó una muestra fotográfica sobre racismo donde se evocó esta matanza.5

Ante todo lo ocurrido, nos honra extender una amplia disculpa pública y hacer una indemnización histórica al gobierno chino por los actos del pasado, la discriminación, despojo, infundios y matanzas contra la comunidad, ya que el dolor y la vergüenza que este capítulo significa, nos hace traer a la mente una de las etapas más obscuras y tristes de las que podamos tener memoria, es quizás la muestra más condenable e indigna de las actitudes xenófobas nacionales y que representan una parte importante de la historia nacional que pocos países se atreven a recordar.

En mérito de lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a ofrecer una disculpa a la comunidad china mexicana, por la campaña desatada en su contra por los gobiernos de los estados de Sonora y Sinaloa a principios del siglo XX, que derivó en persecución, vejaciones, homicidios y desapariciones forzadas.

Notas

1 https://culturacolectiva.com/historia/el-movimento-anti-chino-en-mexico -y-la-matanza-de-los-303-en-torreon

2 https://culturacolectiva.com/historia/el-movimento-anti-chino-en-mexico -y-la-matanza-de-los-303-en-torreon

3 https://redaccion.nexos.com.mx/?p=4915

4 https://www.elacabose.com.mx/vernoticiasmasleidas.php?artid=26773

5 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150507_mexico_masacre_chinos _olvidada_torreon_an

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de febrero de 2020.

Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y el Senasica a modificar la NOM-064-ZOO-2000, a cargo de la diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

Mirna Zabeida Maldonado Tapia, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79 numeral 2, fracciones III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en uso de sus facultades y atribuciones modifiquen la norma oficial mexicana NOM-064-ZOO-2000 al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México mantiene relaciones comerciales con Estados Unidos de América, uno de sus principales socios, la Unión Europea es otro socio comercial de suma importancia para nuestro país.

Las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea de carne de equino antes del 2014 representaban un ingreso anualmente de 1,071,022,500 de millones de pesos para el país1 , debido a que la carne que se exportaba contenía medicamentos tóxicos para el consumo humano, lo anterior derivado de las inconsistencias en las normas oficiales mexicanas, por ello, la exportación de carne de equino a la Unión Europea fue cancelada por autoridades europeas.

En 2014 representantes del gobierno de la Unión Europea realizaron visita de trabajo en México con la finalidad de realizar un proceso de auditoría para evaluar las operaciones de las plantas de sacrificio de ganado equino para la producción de carne para consumo humano y para auditar los controles que realiza el gobierno Federal (Sagarpa/Senasica) en los proceso de inocuidad con la finalidad de establecer si estos controles son correctos y puedan garantizar la misma inocuidad de la carne producida para la Unión Europea.

Dicha auditoria fue llevada del día 24 de junio al 04 de julio del año 2014, esta auditoria se enfocó en 4 puntos principales:

1. Revisar los sistemas de controles de salud pública en relación a la producción de carne fresca de equinos con la intención de exportarla a la Unión Europea, incluyendo el bienestar animal durante el sacrificio, programas de muestreo y test de Trichinella Spirallis.

2. Revisar los sistemas de trazabilidad en el lugar para la producción de la carne de equino incluyendo la certificación, los controles y manutención de los registros, identificación de los animales en acuerdo a las regulaciones europeas (EU No. 206/2010).

3. Revisar el sistema en lugar, sobre el monitoreo de residuos y contaminantes en la carne de equino y productos cárnicos, incluyendo los controles de los productos de los medicamentos veterinarios.

4. Revisar el sistema de certificación de los animales y la carne en relación a los requerimientos del consejo de la directiva 96/93/EC.

Derivado de la auditoria (punto 3) en el rubro de medicamentos las autoridades europeas realizaron la siguiente recomendación:

“Para garantizar que las sustancia prohibidas para su uso en animales productores de alimentos de acuerdo a la Directiva 96/22/CE del Consejo no se utilicen en caballos desde los cuales la carne está destinada a la exportación a la Unión Europea.” 2

Dicha recomendación es uno de los problemas centrales y de mayor preocupación de la Unión Europea, mismo problemas que a México se le ha dificultado enormemente, por no contar con controles más estrictos de medicamentos, que conlleven a un real manejo y control de medicamentos de uso veterinario, estos problemas van desde el uso desmedido y sin un respaldo del profesional de los medicamentos provocando un sinfín de problemas relacionados la salud pública, como la resistencia a los fármacos de las enfermedades causadas por microorganismos, hasta incluso el uso por la delincuencia organizada para cometer actos ilícitos sobre las personas.

Asimismo, las autoridades europeas pudieron constatar que, en una farmacia veterinaria elegida de manera aleatoria, la carencia de controles de venta de medicamentos de los grupos I y II, así como la venta de manera indiscriminada de estos fármacos a cualquier persona, aunado a esto no cuentan con una trazabilidad de los mismos fármacos.

Estos resultados fueron desastrosos, de tal manera que las autoridades determinaron retirar la autorización de exportación de carne de equino destinada para consumo humano a la Unión Europea por parte de México, hasta en tanto no se controle por una parte los medicamentos y por otra parte la trazabilidad.

Si bien ahora se ha estado trabajando en el control de medicamentos, este no ha sido suficiente para el control interno de México, aún falta mucho por hacer, se deben tener acciones que generen controles más estrictos en toda la cadena desde la elaboración hasta la venta al público, como la comercialización de estos productos en su etapa inicial {(Fabricante-Distribuidor)(Fabricante- Comercializador)(Farmacias Veterinarias y/o Clínicas veterinarias)}, además deberá observarse con mayor restricción la venta de medicamentos veterinarios importados.

Asimismo muchos de ellos ingresan al país de manera ilegal y son puestos en venta por internet u otros medios sin ningún tipo de restricción.

Deben establecerse restricciones en la comercialización de productos, de tal manera que solo se puedan comercializar los de uso exclusivo del médico veterinario con cedula profesional con receta con folio de la secretaria, así como al público en general de los productos del grupo I y II respectivamente, en farmacias y clínicas veterinarias, estar debidamente registradas ante la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

Por otro lado, deberán realizarse mayores verificaciones por parte de la secretaría a los comercializadores de medicamentos, ya que estos aun venden muchos medicamentos de los grupos I y II sin recetas médicas tanto los de uso exclusivo del Médico Veterinario, así como las recetas de simples.

Se deben buscar los mecanismos adecuados para que se logre lo anterior, por ello; es necesario que se establezca de manera clara en la norma oficial mexicana NOM-064-ZOO-2000 la restricción de venta de medicamentos y el registro respectivo ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que es preocupante la existencia de negocios que tienen venta libre de medicamentos veterinarios sin ningún control, verificación y / o sanción alguna y esto es igual a que si no existiera nada.

El objetivo principal a la adecuación a las regulaciones de medicamentos veterinarios en México, tendrá beneficios directos sobre la salud pública en el país de tal manera que se podrá garantizar la inocuidad de los productos destinados a consumo humano, tanto para el mercado nacional como para el internacional, que cada día tiene mayores exigencias, y que deben ser atendidas existiendo múltiples alternativas para un mejor control de fármacos veterinarios, estas medidas deberán ser más estrictas en el sentido de mejores controles que sean obligatorios y sanciones más estrictas.

Es por eso, que se propone, que a la norma oficial mexicana NOM-064-ZOO-2000 se añada el numeral 4.5.1. para quedar como sigue:

4.5.1 Los productores, distribuidores y comercializadores deberán estar registrados ante la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, y solo podrán comercializar productos del grupo I y II, a farmacias y clínicas veterinarias que cuenten con registro ante la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; además deberán contar con médico veterinario responsable autorizado en farmacias veterinarias.

Estoy segura que, con esa modificación, daremos mayor certeza a la población nacional e internacional en el consumo de carne mexicana y esto sin duda traerá grandes benéficos tanto en la salud como en materia económica.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 62, numeral 3, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ese honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a modificar la norma oficial mexicana NOM-064-ZOO-2000.

Notas

1 Consenso estadístico de ANETIF (Asociación Nacional de Establecimientos TIF).

2 www.eur-lex.europa.eu

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y el Senasica a modificar la NOM-001-SAG/GAN-2015, a cargo de la diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

Mirna Zabeida Maldonado Tapia, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en uso de sus facultades y atribuciones modifiquen la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 establece las características, especificaciones, procedimientos, actividades y criterios para la identificación individual, permanente e irrepetible de los bovinos y colmenas, a efecto de fortalecer el control sanitario, asegurar la rastreabilidad, trazabilidad y apoyar el combate contra el abigeato de bovinos y colmenas.

La falta de una Norma Oficial Mexicana que se encargue de establecer las características, especificaciones, procedimientos, actividades y criterios para la identificación individual, permanente e irrepetible de los equinos ha hecho que existan diversos problemas para nuestro país, entre otros como el suscitado con la Unión Europea.

Solo por mencionar un dato, las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea de carne de equino antes del 2014 representaban un ingreso anualmente de $1,071,022,500 de millones de pesos para el país,1 debido a que la carne que se exportaba contenía medicamentos tóxicos para el consumo humano, la exportación de carne de equino a la Unión Europea fue cancelada por autoridades europeas.

En el año 2014 representantes del gobierno de la Unión Europea realizaron visita de trabajo en México con la finalidad de efectuar un proceso de auditoría para evaluar las operaciones de las plantas de sacrificio de ganado equino para la producción de carne para consumo humano y para auditar los controles que realiza el gobierno federal (Sagarpa/Senasica) en los procesos de inocuidad con la finalidad de establecer si estos controles eran correctos y puedan garantizar la misma inocuidad de la carne producida para la Unión Europea.

La auditoría llevada del 24 de junio al 4 de julio de 2014, se enfocó en 4 puntos en el que destaca el siguiente:

Revisar los sistemas de trazabilidad en el lugar para la producción de la carne de equino incluyendo la certificación, los controles y manutención de los registros, identificación de los animales en acuerdo a las regulaciones europeas (EU No. 206/2010).

Derivado de la auditoria las autoridades europeas realizaron la siguiente recomendación:

“Adoptar medidas para garantizar la validez y autenticidad de las declaraciones juradas para los caballos de origen mexicano sacrificados para la exportación a la Unión Europea vinculadas a su rastreo. Esto es con el objetivo de garantizar que se apliquen las normas

equivalentes a aquellas proporcionadas por la Regulación de la Comisión (EC) No 504/2008 y la Directiva del Consejo 96/93/EC.

Garantizar que los registros de tratamiento se mantengan en las propiedades de los caballos de conformidad con el artículo 10 de la Directiva del Consejo 96/23/EC y el anexo I, parte A, III, 8(b) de la Regulación (EC) No 852/2004 y que los caballos estén debidamente identificados para este fin, ya sea individualmente o como lote.

Adoptar medidas para garantizar que son correctos los datos registrados en las diferentes bases de datos relacionadas a los caballos mexicanos sacrificados para la exportación a la Unión Europea. Esto con el propósito de poder verificar el rastreo de los caballos y certificar el origen de los caballos de manera correcta como se prevé en el punto 11.2 del certificado “EQU” en la parte 2 del anexo II para la Regulación (UE) No. 206/2010.” 2

El problema radica en que México no cuenta con una NOM que regule la trazabilidad adecuada que conlleven a un real manejo y control de identificación y trazo de los equinos desde su origen.

La trazabilidad es una herramienta necesaria para poder acceder a la exportación de productos equinos a muchos otros países y como resultado mayores beneficios para el país.

Hasta el día de hoy no se han tenido avances en la trazabilidad, por ello, es necesario la modificación a la NOM para que sea obligatoria en todo el territorio nacional y dar certeza del origen del animal y toda la cadena desde la elaboración hasta la venta al público de los equinos.

Debe establecerse la trazabilidad desde al origen del animal con su debida identificación con el microchip, así como todo el mecanismo de sus controles documentales para su movilización para cualquier destino o caso ya sea para abasto, deporte, repasto, reproducción, etcétera, de manera que se pueda conocer que sucedió durante la vida del animal, si padeció de alguna enfermedad, si fue tratado con algún medicamento que pudiese impedir que este sea destinado al abasto para ser destinado a consumo humano, etcétera...

Por otro lado, deberán de establecerse los controles precisos en la plataforma de SINIIGA para ingresar los equinos y en su momento darlos de baja o realizar los cambios de las unidades de producción (UPP).

Asimismo, las Uniones Ganaderas Regionales a través de las asociaciones ganaderas locales serán las responsables de certificar la posesión legal de los equinos a través del carnet de identificación único de equinos para poder movilizados para cualquier situación anteriormente mencionada.

La SADER deberá de realizar las verificaciones correspondientes al SINIIGA y las asociaciones ganaderas, que estas estén realizando los trabajos establecidos.

Se deben buscar los mecanismos adecuados para que se logre lo anterior; por ello es necesario que se establezca de manera clara en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 la trazabilidad normada y su registro respectivo ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que es preocupante que México no cuente con una trazabilidad normada y obligatoria para equinos, sin ningún control, verificación y / o sanción alguna y esto es igual a que si no existiera nada.

El objetivo principal a la adecuación a las regulaciones de trazabilidad en México tendrá beneficios directos sobre el control de enfermedades como ejemplo, la que se detectó en el transcurso de este año en el mes de abril de la presencia de encefalitis equina del oeste, que se pudo haber sido controlada de forma más rápida a través de una trazabilidad y haberla contenido más rápidamente y asimismo no haber puesto en cuarentena zonas o regiones innecesariamente por la falta de la trazabilidad misma que afecto económicamente a muchos productores, esta enfermedad pudo haber representado un problema mayor de salud animal y salud pública.

Es por eso, que se propone, que a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 se añadan los siguientes numerales para quedar como sigue:

1.1 La presente Norma Oficial Mexicana establece las características, especificaciones, procedimientos, actividades y criterios para la identificación individual, permanente e irrepetible de los bovinos, equinos y colmenas, a efecto de fortalecer el control sanitario, asegurar la rastreabilidad, trazabilidad y apoyar el combate contra el abigeato de bovinos y colmenas.

2.11. Acuerdo por el que se establece la Campaña Nacional para el Control de la Garrapata Bophillus spp.

3.16.1. Criador de equinos: Persona que se dedica a la reproducción tanto de razas puras como razas comerciales, quien dará inicio a la cadena de identificación de los equinos al aplicar el identificador correspondiente, bajo esta normatividad.

6.5 Para equinos, el criador es quien debe dar inicio a la cadena de identificación a esta Norma Oficial Mexicana.

6.5.1. Todo equino en posesión de acopiadores debe contar con el dispositivo de identificación de origen durante el periodo que permanezca bajo su propiedad, tenencia o responsabilidad, registrando los movimientos de ingresos y salida de los mismos de sus instalaciones.

6.5.2. Todo establecimiento de sacrificio de animales equinos, deberá requerir la identificación oficial, de todo animal que ingrese para su proceso, conforme al criterio que establezca la Secretaría.

6.5.3. El administrador de los establecimientos de sacrificio de ganado equino, resguardara los transponders de identificación oficial de los animales sacrificados para que el personal designado por el SINIDA los recolecte al menos una vez al mes y proceda a su baja en el BCI.

6.5.4. Todos los equinos destinados para la exportación deberán de contar con el dispositivo de identificación oficial.

6.5.5. Microchips (transponders)

Asimismo, es de relevancia para complementar estas adecuaciones, adicionar un apéndice “C” que establezca lo siguiente:

Apéndice C (normativo)

Características y especificaciones generales de los dispositivos de identificación oficial para la especie equina

I. Generales:

Los transpondedores deberán cumplir con las normas internacionales ISO 11784 y 11785.

A) Código de identificación oficial SINIIGA:

A.1 Sistema de identificación electrónico o de radiofrecuencia (RFID)

La estructura del código será idéntica a lo estipulado por la norma ISO 11784. Los transpondedores para el SINIDA deberán contener en la información del código del país (Bit No. 17-26) y el Código Nacional de Identificación (Bit No. 27-64) la siguiente estructura al momento de su lectura:

Código del País:

Los primeros tres caracteres corresponden al país de origen del animal. Para el caso de los Estados Unidos Mexicanos será “MEX” o “484”, de acuerdo a ISO 3166-1 numérico e ISO 3166-1 alfa 3.

Código Nacional de identificación:

Nota : Estos doce dígitos conforman un solo bloque según la norma ISO 11784 (Bits 27-64), para fines internos del SINIIGA este bloque será interpretado de la siguiente manera:

Los siguientes dos dígitos es el código que identifica a la especie que para el caso de equinos es 04. Los siguientes dos dígitos identifican a la entidad federativa correspondiente al lugar de origen del animal, de acuerdo al “Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el caso particular de esta especie y por consideraciones específicas de la población, se utilizarán exclusivamente los siguientes códigos:

a. Equinos identificados en centros de acopio, número 50.

b. Equinos de importación, número 51.

c. Equinos nacionales, número 52.

Los restantes ocho dígitos identifican al animal en forma individual, a través de un número único e irrepetible.

Los dispositivos luego de colocados no deben modificar el comportamiento del animal, ni provocar lesiones o molestias mayores a las esperadas en las zonas donde se apliquen los dispositivos. La colocación de los mismos deberá producir heridas leves y de fácil cicatrización.

II. Particulares

A) Especificaciones técnicas de los dispositivos de identificación con radiofrecuencia (RFID):

a) Características:

Composición del material: biocompatible e inocuo.

La superficie del identificador será lisa.

b) Tamaño:

Diámetro 2.12 ± 0.1 mm

Largo: 12 ± 0.4 mm

Transponder

Diseño del dispositivo

c) Peso total máximo del dispositivo: 1.5 gr.

d) Especificaciones técnicas para los dispositivos RFID.

Cumplir con la Normas ISO 11784 e ISO 11785 y presentar certificación basada en ISO 24631-4.

Los dispositivos de radiofrecuencia deberán ser estériles de acuerdo a la norma ISO 11135.

Cero tasas de error (Transmisión y lectura).

La referencia mínima de distancia de lectura del identificador (en su mejor orientación y bajo condiciones contraladas) deberá ser de:

Lector portátil: entre 0 cm y 10 cm.

Cumplir con los requerimientos de control de calidad establecidos por la Norma de la Comisión Electromecánica Internacional ( IEC, por sus siglas en inglés: International Electrotechnical Commission) 68 o similares para las siguientes características:

Temperatura: Norma IEC 68.2.1, 68.2.2 y 68.2.14 o similares (operar en un rango de temperatura de por lo menos 0 a 70°C).

Humedad: Norma IEC 68.2.3, o similares.

Golpes mecânicos: Norma IEC 68.2.27 o similares.

Vibración: Norma IEC 68.2.6, o similares.

Caída libre: Norma IEC 68.2.32, o similares.

Inmersión: Norma IEC 68.2.18, o similares.

Duración: resistir un millón de lecturas.

e) Especificaciones técnicas para los lectores de información

1. Lectores manuales para dispositivos RFID.

Los lectores manuales deberán cumplir con las siguientes características:

Cumplir con la Norma ISO 11785.

Cumplir con los requerimientos de control de calidad establecidos por la norma IEC 68 o similar, para las siguientes características:

Temperatura.

Humedad.

Golpes mecánicos.

Vibración.

Caída libre.

Inmersión.

Ensayos ambientales (IEC 68.2.1, 68.2.2, 68.2.78).

Protección (IP67).

Adaptado para uso en condiciones de campo, a la intemperie.

Fuente de energía autónoma, en base a baterías recambiables o recargables, con una autonomía mínima con el equipo operando de 8 horas. Para el caso de baterías recargables, la recarga deberá estar permitida para hacerse desde una línea de corriente alterna disponible en México.

Contar con una memoria de almacenamiento de datos, debiéndose indicar la misma.

Contar con posibilidad de transmisión de datos, debiendo indicar si la misma se puede realizar vía cable y/o inalámbrica.

Indicar compatibilidad con otros accesorios o periféricos (Ejemplo, Computadoras, PDA´s, impresoras, etcétera).

Contar con capacidad para separar lotes de lectura.

Indicar condiciones para la operación del aparato.

Indicar vida útil estimada.

Contar con manual de operación.

Especificaciones técnicas de los transpondedores de re-identificación

Los transpondedores de re-identificación deberán ser iguales a los entregados en primera instancia.

Estos deberán incluir en los bits del segundo al cuarto un contador de re-identificación, de acuerdo a Norma ISO 11784.

Aplicadores:

Los transpondedores deberán venir acompañados de su aplicador específico.

Los aplicadores deberán ser estériles de acuerdo a la norma ISO 11135.

No ocasionará daños mayores a los esperados.

Deberá ser de fácil operación y permitir ser operado con una sola mano.

Deberá ser desechable después de la aplicación del transpondedor.

La presentación del producto deberá venir acompañada por un juego de 6 etiquetas adhesivas impresas con el código de barras y el Código de Identificación Oficial SINIIGA correspondiente.

Estoy segura que, con esa modificación, daremos mayor certeza a la población nacional e internacional en el consumo de carne mexicana y esto sin duda traerá grandes beneficios tanto en la salud como en materia económica.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 62 numeral 3, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de ese honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015.

Notas

1 Consenso estadístico de ANETIF (Asociación Nacional de Establecimientos TIF).

2 www.eur-lex.europa.eu

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Zacatecas y el Issstezac a realizar el pago correspondiente a pensiones y la segunda parte de aguinaldo adeudados a trabajadores y pensionados de la entidad, a cargo del diputado Óscar Rafael Novella Macías, del Grupo Parlamentario de Morena

Óscar Rafael Novella Macías, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas ha sido el encargado de la protección y ejercicio del derecho a la seguridad social de los servidores públicos, en el concurren las aportaciones de la entidad y las cuotas de los trabajadores.

La Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas contiene un conjunto de medidas públicas que regulan la prevención o reparación de riesgos que se individualizan con el otorgamiento de prestaciones económicas a cada persona con derecho a ello. Siendo las pensiones los beneficios en dinero más importantes y comúnmente aplicados por el Estado, al proveer ingresos a las personas adultas mayores para vivir en la vejez, por medio de las aportaciones que realizan los trabajadores en activo.

Por tanto, esta institución es de vital importancia para la ciudadanía, sin embargo, en los últimos años se ha visto sumergida en la opacidad a tal grado que se le ha denominado la caja chica del gobierno.

Por otro lado, hay un tema que me preocupa como legislador por Zacatecas. Me refiero al adeudo que tiene el Issstezac con los 4 mil 200 jubilados y pensionados, uno de ellos, es el SNTE 58 con 1764 agremiados, de acuerdo con el periódico NTR Zacatecas, tan sólo de adeudo de aguinaldo éste asciende a 41 millones 700 mil pesos, situación que preocupa, pues miles de jubilados y pensionados no han recibido el pago correspondiente a enero, así como la segunda parte del aguinaldo.

En rueda de prensa, trabajadores jubilados y en activo, así como la diputada local Alma Gloria Dávila, mencionaron: “Por años enteros, ex gobernadores como Miguel Alonso no aportaron al fondo de pensiones lo que le correspondía al gobierno y mientras tanto a los trabajadores nos subieron del 6 al 12 por ciento del salario al fondo y hasta la fecha no sabemos en qué se ha utilizado ese dinero” (información obtenida de https://www.agoradigital.com.mx/piden-que-gobernador-limpie-el-isssteza c-de-corrupcion/).

Asimismo, explicaron que en 2010 las aportaciones de 2 mil trabajadores al Issstezac eran por 144 millones de pesos, mientras que en 2018 la cifra se elevó a 925 millones en los más de 4 mil trabajadores. También explicaron que a la fecha, los jubilados y pensionados siguen sin recibir el aguinaldo de 2019, aunque les siguen descontando del salario para las aportaciones.

Éste no es un tema nuevo para el Issstezac, sabemos de los problemas financieros que está pasando la institución, no obstante, es urgente e impostergable que se haga una reingeniería financiera que le de viabilidad económica en el corto y largo plazo, con la finalidad de hacer frente a las pensiones que se tienen que pagar por Ley, de lo contrario los problemas se irán acrecentando y los que pagaran los costos serán los miles de pensionados y jubilados.

Cabe señalar que analistas como Gerardo de Ávila han mencionado que el sistema de pensiones colapsaría si no se toman medidas urgentes de cara a los trabajadores, aunque no conocemos de su propia voz, las rutas de salida al fenómeno que no es nuevo, pero que sí comienza a recrudecerse.

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en el artículo 3, relativo a la finalidad de la seguridad social, menciona lo siguiente:

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por los entes públicos.

De acuerdo con la interpretación jurídica de este artículo, estamos a todas luces ante una violación de los derechos de los pensionados, pues no se garantiza a los pensionados y jubilados el pago de su pensión.

Ahora bien, los artículos 74 y 75 de la ley en comento señalan:

Artículo 74

Derecho al aguinaldo

Los pensionados del Issstezac tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a sesenta días de pensión.

Artículo 75

Pago del aguinaldo

El aguinaldo se pagará en dos parcialidades. La primera parcialidad, equivalente a cuarenta días de pensión, se pagará antes del veinte de diciembre de cada año. La segunda parcialidad, equivalente a veinte días de pensión, se pagará a más tardar el quince de enero de cada año.

Podemos apreciar nuevamente una violación de sus derechos, ya que hasta la fecha el segundo pago del aguinaldo no ha sido remunerado.

Asimismo, hay un criterio del máximo tribunal que a la letra dice:

Novena época.
Registro: 187454.
Instancia: Tribunales colegiados de circuito.
Tipo de tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XV, marzo de 2002.
Materia: Laboral.
Tesis: XIX.4o.2 L.
Página: 1409.

Pensiones jubilatorias. Las normas protectoras del salario son aplicables a ellas.

Si bien el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo establece que salario es la retribución que debe pagar el patrón al empleado por su trabajo, en tanto que la pensión jubilatoria es una prestación extralegal considerada en algunos contratos colectivos de trabajo y reglamentos de ciertas empresas, y que consiste en una determinada cantidad que es entregada a los trabajadores que con motivo de su antigüedad o por haber sufrido alguna enfermedad dejan de laborar. Atendiendo a la teleología contenida en el citado precepto legal, se obtiene que ambas prestaciones tienen la misma finalidad, esto es, garantizar la subsistencia del trabajador, pues mientras el salario es la justa retribución que recibe como contraprestación por sus servicios personales, la pensión jubilatoria tiende a garantizar esa subsistencia a partir de que concluye la relación laboral; ello, como un derecho por haber invertido parte de su vida, con el consecuente desgaste físico o mental, a las órdenes de un patrón que se benefició con su fuerza de trabajo para generar ganancias. En consecuencia, como participan de la misma finalidad tanto el salario como la pensión jubilatoria, es evidente que, por equiparación, a ésta también resultan aplicables las normas protectoras que se prevén en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo.

Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Amparo directo 608/2001. Petróleos Mexicanos. 12 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Amaro Cázarez, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Silvia Dimas Salazar.

De acuerdo con esta tesis aislada, la pensión jubilatoria tiene la misma finalidad que el salario; es decir, ambas garantizan la subsistencia del trabajador. Por tanto, no pagarla a tiempo vulnera los derechos laborales de los jubilados y pensionados de la entidad.

Por lo anterior, y convencido de que es necesario apoyar a los jubilados y pensionados, presento estos puntos de acuerdo para que se les paguen sus quincenas y, además, se les termine de liquidar la segunda parte de su aguinaldo al cual tienen derecho, por lo que someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Zacatecas y la Junta Directiva del Issstezac para que realicen el pago correspondiente a pensiones y a la segunda parte de aguinaldo que se adeuda a trabajadores y pensionados de esa entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a que se integre una mesa de trabajo entre la junta directiva, los pensionados y jubilados del Issstezac y una comisión de diputados locales con el objetivo de que se revise la situación económica del instituto y se llegue a los acuerdos necesarios para su arreglo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputado Óscar Rafael Novella Macías (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y la Agencia Federal de Aviación Civil a difundir el resultado de las verificaciones técnico-administrativas practicadas a los explotadores aeronáuticos nacionales del servicio público regular de pasaje en el periodo 1 de enero-31 de diciembre de 2019, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Federal de Aviación Civil, a que se haga público el resultado de las verificaciones técnico administrativas practicadas a los explotadores aeronáuticos nacionales – AOC, del servicio público regular de pasaje en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 2019, así como aquellas verificaciones que dieron lugar al inicio de un procedimiento administrativo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Cámara Nacional de Aerotransportes informó que la industria aeronáutica en México moviliza un aproximado de 220 mil pasajeros y 1,846 toneladas de carga por día, generando así 18,000 millones de dólares por año, siendo un aproximado del 2.9 por ciento del producto interno bruto de nuestro país, esto se traduce en fuentes de empleos especializados, así como de actividades ligadas al desarrollo de las nuevas tecnologías, mismo que contribuye a impulsar actividades innovadoras y producir un valor agregado mayor a la cadena productiva de este sector en nuestro territorio.

Esta industria en México ha registrado un fuerte e importante crecimiento, impulsando no solo factores por la creciente demanda de aviones, necesarios para los vuelos comerciales, sino que principalmente por parte de las compañías de aviación de bajo costo, así como por el aumento en el número de pedidos para la renovación de la flota de aviones por parte de países asiáticos, principalmente de China.

La presencia de empresas de la industria aeronáutica en México se ha incrementado, y aun continua su crecimiento constante posterior a nueve años, con un registro de crecimiento anual del 17.2 por ciento y aproximadamente 330 empresas existentes en el país, más del doble de lo registrado en 2006, incluyendo empresas líderes en la fabricación de aviones y de partes en el mundo que realizan operaciones de manufactura y/o ingeniería como: Bombardier, Honeywell, Grupo Safran, Eaton Aerospace, Goodrich, ITR, entre otras, de las cuales el 80 por ciento son manufactureras, pero en este sector aún quedan retos por afrontar.

La industria de vuelos en aviones comerciales en México se inició en el año de 1921 al crearse la Compañía Mexicana de Transportación Aérea en la Ciudad de México mejor conocida como “Mexicana de Aviación” o abreviado “Mexicana”, que fue la cuarta aerolínea del mundo y dejó prestar servicios en agosto del 2010. Actualmente México cuenta con 7 líneas de vuelos comerciales, las cuales son: Aeroméxico, Volaris, Interjet, Vivaaerobus, Aeromar, Magnicharters, Transportes Aero Regional, estas cuenta:1

La aerolínea mexicana de mayor importancia en México es Aeroméxico que opera rutas nacionales e internacionales, control el 20.4 por ciento de los vuelos mexicanos y 54 por ciento de los internacionales, esta misma realiza vuelos con una flota de aviones Boeing 737 para rutas cortas y medianas y Boeing 767, Boeing 777 y Boeing 787 para vuelos largos. Subsidiarias de Aeroméxico operan una flota de Embraer ERJ-190 y Embraer E-170. Entre Aeroméxico y Aeroméxico Connect, operan un total de más de 550 vuelos diarios a 90 destinos en América (Norte, Centro y Sur), el Caribe, Europa y Asia (25 países) con una flota total de más de 70 aviones Boeing (pedidos de 63 más) bajo la marca Aeroméxico y 61 aviones (pedidos de 2 más) bajo la marca Aeroméxico Connect.

Volaris es la segunda aerolínea en vuelos comerciales, (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SA de CV), una línea aérea de bajo costo, con una participación de 28.1 por ciento del mercado doméstico (2018). Comenzaron la venta de boletos el 12 de enero del 2006 y el primer vuelo (no comercial) se realizó en febrero del 2006, posterior a la compra del primer avión de la aerolínea. Vuelos comerciales se iniciaron el 13 de marzo del 2006 con un vuelo inaugural entre Toluca y Tijuana, cuenta con una flota de 65 aviones: aeronaves A319; 16 aviones, Aeronaves A320; 42 aviones, Aeronaves A321; 6 aviones, Aeronaves A320 Neo; 1 avión.

Interjet es la tercera aerolínea de México en términos de vuelos y pasajeros una aerolínea mexicana de bajo costo que con un 21.2 por ciento del mercado mexicano y la segunda en transporte de pasajeros internacionales con un 22.4 por ciento del mercado (2018). Maneja 55 destinos desde el Aeropuerto Internacional de Toluca y desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Grupo Alemán es dueño exclusivo de la empresa. Interjet comenzó sus vuelos el primero de diciembre del 2005, con una flota inicial de siete aviones Airbus 320, que anteriormente pertenecían a Volare Airlines de Italia.

Actualmente cuenta con 84 aviones en servicio y pedidos por otros 52 más (2018) inició sus operaciones el primero de diciembre del 2005, con una flota de siete Airbus A320 que habían sido propiedad de la Línea Aérea Volare Airlines en Italia. Se pidieron 16 nuevos Airbus A320-200 para reemplazar los aviones usados, pedido al que se le agregó otro de 10 aeronaves más el 10 de enero del 2010. Para octubre del 2016 la compañía tenía una flota de 68 aviones.

VivaAerobus (Aeroenlaces Nacionales, SA de CV) es una Aerolínea regional de México de muy bajo costo. Comenzó sus actividades en el 30 de noviembre de 2006. Es la cuarta aerolínea nacional y movió un 17.2 por ciento de los pasajeros, misma que cuenta con una flota de 20 aeronaves: Airbus A320 Neo; 1 avión y Airbus A320-200; 20 aviones.

Aeromar (Transportes Aeromar, SA de CV) es una aerolínea mexicana que opera vuelos domésticos e internacionales a Estados Unidos de América. Vuela a 22 destinos en México y 2 en Estados Unidos de América, con unos 100 vuelos diarios. Posee una flota de 16 aviones, entre los que se cuentan los turboprop ATR 42 (14 unidades) con capacidad para 48 pasajeros. Son aviones construidos por la compañía Francesa-Italiana ATR (Aerei da Trasporto Regionale o Avions de Transport Régional).

Magnicharters (Grupo Aéreo Monterrey, SA de CV), es una Aerolínea Mexicana fundada en 1994 con inicio de operaciones en 1995, con su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Actualmente llega a nueve destinos en la República Mexicana. Cuenta con bases secundarias en Guadalajara y Monterrey. Cuenta con una flota de 12 aviones; 11 avión Boeing 737-300 y 1 avión Boeing 737-500.

Uno de los retos más importantes que enfrentan las aerolíneas mexicanas es el mantenimiento de las flotas de aviones con las que cuenta cada compañía, ya que es importante porque esto otorga la seguridad y confianza que ofrecen, entendiendo que todas las piezas y los componentes tienen un nivel de vida útil y determinada. Para poder asegurarse del correcto funcionamiento es necesario realizar por periodos establecidos chequeos que indiquen el tipo de mantenimiento que dicha aeronave necesita, ya que su uso constante causa desgaste.

Las autoridades de aviación controlan la seguridad y aeronavegabilidad de la aeronave en su jurisdicción revisando y aprobando los Programas de Mantenimiento del Operador (OMP). Los operadores de aeronaves utilizan la información de los documentos de planificación de mantenimiento (MPD), que proporcionan los fabricantes de las aeronaves y otros documentos técnicos para definir los OMP que envían a las autoridades de aviación para su aprobación:2

Documentos de planificación de mantenimiento

Los documentos de planificación de mantenimiento los proporcionan los fabricantes de aeronaves para describir las tareas repetitivas necesarias para el mantenimiento de su aeronave. Los ingenieros de planificación de mantenimiento utilizan la información de los MPD para desarrollar programas de mantenimiento de operador que, a continuación, se envían a la autoridad de aviación para su aprobación.

Programas de mantenimiento de operador

Los operadores de aeronaves definen los programas de mantenimiento de operador y las comprobaciones de mantenimiento asociadas para cada tipo de aeronave de su flota. Cuando la autoridad de aviación aprueba el programa de mantenimiento, se activa el OMP y pasa a ser el documento de control para el mantenimiento de la aeronave

Biblioteca de tareas de mantenimiento

Los registros de la biblioteca de tareas de mantenimiento contienen listas de registros de tarjetas de tarea que se importan desde los documentos de planificación de mantenimiento, los programas de mantenimiento del operador o desde otros documentos técnicos. Se pueden utilizar registros de MTL para configurar las tareas para los registros de OMP.

Creación de un programa de mantenimiento del operador

Un registro de programa de mantenimiento del operador (OMP) especifica los modelos y los activos relacionados a los que se aplica el OMP. Las tareas del OMP representan las tarjetas de tarea maestra que agrupan tareas relacionadas. Las comprobaciones organizan grupos de tareas OMP, que se llevan a cabo en el mismo intervalo, en una jerarquía de comprobaciones relacionadas.

Importación de tarjetas de tarea maestra en la biblioteca de tareas de mantenimiento

Los registros MTL contienen listas de tarjetas de tarea maestra que se aplican a los modelos y activos asociados. La información de las tareas se importa desde los documentos de planificación de mantenimiento, desde las copias de los programas de mantenimiento del operador o desde otros documentos técnicos.

Las actividades de mantenimiento de las aeronaves se deben ajustar a una normativa estricta y deben cumplir con los estándares establecidos para el sector de aviación.

En abril de 2019, México y Canadá firmaron un acuerdo técnico de mantenimiento de aeronaves, con el que se busca el intercambio de estos servicios con una mayor eficiencia a aeronaves mexicanas y canadienses en cumplimiento a los estándares y normativa. Además, ayudará a fortalecer, desarrollar y ampliar la cooperación entre ambos países, en el ámbito de los servicios que brindan las organizaciones aprobadas de mantenimiento, certificadas por las autoridades aeronáuticas.3

Sin embargo, el pasado 3 de enero del año en curso, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, la aeronave M120 MEX-GDL de la compañía de Aeroméxico, operado en un equipo Boeing 737-800, sufrió la ponchadura de cuatro llantas del tren principal de aterrizaje mismo que causó humo, la situación fue controla de inmediato por personal del aeropuerto, no hubo lesionados, pero aún se desconoce las razones del percance.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Federal de Aviación Civil, a que se haga público el resultado de las verificaciones técnico administrativas practicadas a los explotadores aeronáuticos nacionales – AOC, del servicio público regular de pasaje en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre 2019, así como aquellas verificaciones que dieron lugar al inicio de un procedimiento administrativo.

Notas

1 https://aerolineasmexicanas.mx

2 BM Maximo for Aviation MRO, versión 7.6.1

3 Acuerdo México y Canadá en materia aeronáutica. https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Mexico-y-Canada-firman- acuerdo-de- mantenimiento-de-aeronaves-20190424-0098.htlm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero del 2020.

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a investigar los hechos de violencia en Chilapa y José Joaquín Herrera, Guerrero, y garantizar el derecho de los niños a la seguridad y la cultura de paz, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

Claudia Tello Espinosa, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En 1954, la Asamblea General de la ONU recomendó el Día Universal del Niño, para fomentar la fraternidad entre ellos y promover su bienestar. El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea aprobó los Derechos de los Niños. Los Derechos de los Niños encierran dos conceptos claves, bienestar y fraternidad. Bienestar que les permita crecer sanos y seguros, en un ambiente confiable, honesto y pacífico. Fraternidad para buscar el bien común, la igualdad, la tolerancia y el respeto a las diferencias.

Los Derechos de los Niños son una puerta abierta a la cultura de paz. Estos derechos otorgan al niño una identidad propia, un sentido de pertenencia, ofrecen libertad de expresarse y estudiar, le brindan la oportunidad de ser niño, de tener derecho al descanso y al juego, a no ser explotado de ninguna forma y bajo ninguna autoridad, le da el derecho a tener una familia y a ser diferente, le da derecho a vivir libre de violencia. Los Derechos de los Niños les dan derecho a exigir una cultura de Paz. Es urgente subrayar las obligaciones del Estado y el respeto a la Legalidad para realmente forjar una cultura de paz, que brinde completa y total protección a los niños en donde quiera que se encuentren.

En los últimos meses diversos medios de comunicación han dado información de hechos violentos en el Municipio de Chilapa en el Estado de Guerrero, como el enfrentamiento del día 27 de enero de 2019 entre guardias comunitarios de la Montaña Baja guerrerense y el grupo delictivo Los Ardillos. La violencia ha provocado decenas de muertes, el desplazamiento de pobladores y desapariciones de personas de las comunidades de Rincón de Chautla, Alcozacán, Xochitempa, Xicotlan, El Paraíso de Tepila, Zacapexco, Tula, Buenavista, San José Jerónimo, Xolotepec, Terrero 1, Tepozonalco, Papaxtla y Acahuehuetla en el municipio de Chilapa, así como en las comunidades de Ayahualtempa y Amatitlán del municipio de José Joaquín Herrera, en el Estado de Guerrero.1

En el Informe Especial sobre la situación que en materia de desaparición de personas y delitos vinculados impera en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero,2 al mes de septiembre de 2018, se reportan 211 personas en calidad de desaparecidas; 248 homicidios dolosos; y la localización de diez fosas clandestinas. La violencia es sistemática en contra de la población. Recientemente, el diez de enero de este año, fueron asesinados diez indígenas de Chilapa.

Como parte de la respuesta a la violencia, las guardias comunitarias de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC-PF) han publicado en redes sociales videos en los que se adiestran niños en el manejo de armas advirtiendo que confrontarán a Los Ardillos. Situación que los coloca en un estado de vulnerabilidad grave que pone en riesgo sus vidas e integridad física y emocional.

Considerando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene atribuciones para conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de autoridades de carácter federal, cuando se cometen ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad en conductas que afectan la integridad física de personas, de impulsar la observación de los Derechos Humanos en el país, así como de presidir y garantizar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Mecanismo Nacional de Prevención, en términos de lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos y degradantes. Es procedente que esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte se realice una investigación en las comunidades afectadas por la violencia en la que se involucra a menores de edad en el adiestramiento del uso de armas de fuego.

Como legisladores tenemos la obligación de impulsar acciones que garanticen los derechos de las y los niños en todas las regiones de nuestro país. El Estado debe realizar acciones que prevengan la violación de sus Derechos y garantizar su integridad física y psicológica con dignidad, su Derechos a la Salud, a la educación, a una cultura de paz y a la seguridad.

Por ello se presenta a esta asamblea proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue los hechos violentos que en los últimos días se han presentado en las comunidades Rincón de Chautla, Alcozacán, Xochitempa, Xicotlan, El Paraíso de Tepila, Zacapexco, Tula, Buenavista, San José Jerónimo, Xolotepec, Terrero 1, Tepozonalco, Papaxtla y Acahuehuetla en el en el municipio de Chilapa, así como en las comunidades de Ayahualtempa y Amatitlán del municipio de José Joaquín Herrera, en el estado de Guerrero.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que adopte medidas cautelares necesarias para garantizar los derechos de los menores a la cultura de paz y a la seguridad en las comunidades señaladas.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que publique las acciones realizadas en el cumplimiento de las recomendaciones, a las autoridades federales, estatales y municipales contenidas en el Informe Especial sobre la situación que en materia de desaparición de personas y delitos vinculados impera en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, así como de las medidas cautelares señaladas en el punto anterior, en un plazo de noventa días, contados a partir del día de la aprobación del presente exhorto.

Nota

1 Chilapa: Los niños entraron a la guerra/Ezequiel Flores Contreras. Revista Proceso número 2256, 26 de enero de 2020. Página 8.

2 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/
Informe-Especial-Personas-Desaparecidas-Chilapa-Guerrero.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Claudia Tello Espinosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semar a realizar por la Unicapam una revisión detallada de las cuotas de los certificados de seguridad marítima para reducir la cuota impuesta, a cargo del diputado Miguel Prado de los Santos, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado federal Miguel Prado de los Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena en la LXIV legislatura en esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral II, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con el punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Capitanía de Puerto es la autoridad marítima en cada puerto habilitado que ejerce las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren. En ese sentido se reconoce que depende de la Secretaria de Marina y que la consolidación de la misma representa un beneficio tanto para el Estado Mexicano como para la comunidad internacional, pues se fortalece la protección y seguridad en los puertos mexicanos y se brinda certeza jurídica a la comunidad marítima.

Sin embargo, más allá de las atribuciones y funciones necesarias para regular estas actividades, cabe mencionar que para este 2020 se han visto incrementos en los certificados de seguridad marítima en el Estado de Chiapas, mismos que desde hace tiempo existen y deben ser cubiertos en las capitanías de puerto.

En ese sentido los pobladores han manifestado que, de pagar 95 pesos por embarcación pasaron a pagar 418 pesos, lo cual representa un aumento del 440% al monto inicial. El argumento principal que responde al cuestionamiento de los pescadores del por qué el alza en la cuota se debe a los lineamientos generales que les han sido enviados, a pesar de ello, a la fecha, no hay algún documento que establezca dichas cuotas.

Considerando lo anterior, es importante atender estas cuestiones pues debe recordarse que la política de la actual administración privilegia el desarrollo en todas sus vertientes por lo que tiene especial enfoque en la población de menores recursos. “Economía para el bienestar”, “Por el bien de todos, primero los pobres”, “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, son preceptos favorables para el desarrollo social y económico ya que identifican una problemática histórica en un país rico en recursos, pero no tanto así en la distribución de la riqueza y las oportunidades.

Reconocer aspectos sujetos a mejora es fundamental para el emprendimiento de programas y acciones de gobierno encaminados a cumplir cabalmente con los objetivos de guiar a México hacia el progreso. El discurso del futuro no puede trascender a la práctica con aumentos excesivos que además de afectar directamente a los productores de esta actividad económica, tendrá consecuencias en un sector que representa buena parte del PIB en nuestro país.

La producción pesquera representa buenos dividendos para México quien según el Atlas Agroalimentario 2018 ocupa el lugar número 17 en materia pesquera y acuícola a nivel mundial, siendo del mismo modo el Estado un gran aportador en dicha actividad de conformidad con estadísticas de CONAPESCA.1

En puntos concretos los conceptos de eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia rigen los principios básicos para todo gobernante y servidor de la Nación en el desempeño de la profesión y la vocación de servicio. En términos reales, Chiapas es el Estado con menor crecimiento económico y de acuerdo con cifras emitidas por CONEVAL en 2018, el 76.4% de su población se encuentra en situación de pobreza, misma que durante décadas no ha visto mejoras en su situación y que con determinaciones como las que se exponen en materia significarían un obstáculo más para su calidad de vida.2

De acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los trabajos y acciones van acordes con el principio del desarrollo sostenible mismo que, enmarca un cambio de paradigma con el desarrollo sustentable pues, este último tiene como bases las ideas de preservar, conservar y proteger, mientras que lo sostenible va enfocado a las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano, todo esto sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones actuales y futuras.3

En este punto es importante mencionar que el término de la sustentabilidad se retoma de un acuerdo internacional en el que participo México, y donde se comprometieron a obtener sus primeros resultados positivos este año; la llamada Agenda 2030.

El primer punto de dicha agenda es justamente el fin de la pobreza que en relación a dicho acuerdo se busca crear marcos sólidos en el plano nacional a base de estrategias de desarrollo en favor de grupos en situación de vulnerabilidad.4

Expuestos estos argumentos, puede notarse que el aumento a las cuotas en los certificados de seguridad marítima, lejos de ser una medida que favorezca a esta población, representa un obstáculo más para su desarrollo conforme a lo que han manifestado los productores del sector pesquero en el Estado de Chiapas.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Marina para que, a través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, realice una revisión detallada a las cuotas de los certificados de seguridad marítima, a fin de, reducir la cuota impuesta.

Notas

1 Servicio de información agroalimentaria y pesquera. Atlas agroalimentario. México. 2018.

2 Coneval. Entidades federativas- Chiapas 2018. México. 2018. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Chiapas/Paginas/Pobre za_2018.aspx

3 México Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024. México. 2019

4 México Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. México. 2019. http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputado Miguel Prado de los Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades federales a abstenerse de formular declaraciones públicas respecto a las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción mientras no se determine la responsabilidad del acusado, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Juan Martínez Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los funcionarios públicos federales, particularmente a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, y de Seguridad Pública, así como de la Fiscalía General de la República, a abstenerse de emitir declaraciones públicas respecto a las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción mientras no se determine la responsabilidad del acusado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La corrupción es un mal generalizado, permanente y hasta hoy inevitable. El enriquecimiento de las autoridades en los últimos tres sexenios y en gran medida en alianza con el sector privado, han provocado el empobrecimiento de ciertos sectores de la población y la quiebra del Estado.

El fenómeno de la corrupción como un problema público que demanda inmediata atención, ha propiciado que ocupe un amplio espacio en los medios de comunicación y genere intensos debates en la opinión pública, ya que al menos durante las últimas dos décadas, el tema es motivo de notas periodísticas, artículos de opinión, estudios y debates entre los círculos intelectuales y académicos.

Esta grave situación actual obliga a tomar conciencia del problema y, por tanto, genera el interés suficiente para que los medios de comunicación se transformen en mecanismos de denuncia y los periodistas se conviertan en una especie de fiscales populares que investigan y difunden grandes actos de corrupción.

En la mayoría de los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en contubernio con el sector privado se multiplicaron en el pasado sin que hasta el momento se produzcan condenas judiciales de ningún tipo y, en consecuencia, se ha fortalecido en la sociedad un estado de hartazgo, aun cuando haya ordenamientos como las Leyes Generales de Responsabilidades Administrativas, y del Sistema Nacional Anticorrupción.

El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 especifica: “La corrupción se puede entender como el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. En el marco de este programa la entenderemos como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía” (Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2019, Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024).

Si bien la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación son ya derechos humanos reconocidos universalmente; en muchas ocasiones los funcionarios públicos y que por la naturaleza de su encargo llevan investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, realizan declaraciones a los medios masivos de comunicación sobre acciones legales en contra de ex funcionarios de administraciones pasadas involucrados en actos de corrupción; de igual manera a compañías y empresarios tanto nacionales como extranjeros.

Ante esta situación, muchos de estos personajes utilizan el recurso del amparo y en el peor de los casos huyen al extranjero, ya que sus nombres fueron mencionados como presuntos culpables y al ser previamente avisados o alertados a través de las declaraciones ante los medios, terminan por burlar la justicia y quedar impunes ante la ley, por tal motivo es importante actuar con la debida secrecía ante la presunción de un delito y llevar a buen término la impartición de la justicia en el país.

Por lo descrito pongo a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los funcionarios públicos federales, particularmente a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, y de Seguridad Pública, así como de la Fiscalía General de la República, a abstenerse de emitir declaraciones públicas respecto a las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción mientras no se determine la responsabilidad del acusado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputado Juan Martínez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de estudiar y, en su caso, promover en el proceso de análisis, discusión y aprobación del PEF de 2021 la creación de un anexo con enfoque de transversalidad relativo al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rosalinda Domínguez Flores, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para que se analice, estudie y, en su caso, se promueva dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, la creación de un anexo con un enfoque de transversalidad para el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Consideraciones

Como lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el estado debe “organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.1

Asimismo, se menciona la importancia del cómo aplicar la nueva visión de la economía nacional, “El objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas sino generar bienestar para la población”, lo cual se logrará con base en la generación y creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación.2

Con la finalidad de alcanzar lo que reza el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador creó el organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para desarrollar uno de los grandes proyectos de infraestructura en beneficio de la zona sur del país, por cierto, abandonada en los últimos sexenios.

Que los objetivos del organismo fueron meticulosamente definidos por el Ejecutivo:

• El Presidente de la Republica estableció como prioridad, garantizar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, así como de los pueblos indígenas en la región del Istmo de Tehuantepec;

• Incrementar el comercio exterior en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, lo que permitirá contar con una infraestructura nodal que eliminará las fallas e ineficiencias en las cadenas de transporte, almacenamiento y distribución, para facilitar la movilidad de bienes entre los puertos señalados;

• Alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares, específicamente el comercio internacional que se efectúa en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en el transporte ferroviario y en la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado;

• Llevar a cabo la instrumentación de una plataforma de logística que permita su interconexión eficaz a través del servicio ferroviario;

• Mediante inversión pública y privada, la construcción de la infraestructura física, social y productiva necesaria para fortalecer la base económica de la región del Istmo de Tehuantepec.3

La base geoestratégica de la zona del Istmo es una ventana de oportunidad, no sólo para la región, lo es para la economía nacional en su conjunto, por ello, la necesidad de que el Istmo de Tehuantepec, se convierta en uno de los ejes de flujos comerciales y logísticos más dinámicos del mundo.

A través de este importante proyecto y una vez analizadas todas las vertientes de desarrollo, se concluyó que la región del Istmo de Tehuantepec tiene el potencial para unir Centroamérica, el comercio entre las costas Este y Oeste de Estados Unidos de América y conectar al Golfo de México con los mercados de la región Asia-Pacífico a través de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Es importante señalar que, desde hace mucho tiempo, el proyecto de unir logísticamente el Golfo de México con el océano Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec se ha considerado, viéndolo como un posible detonador del desarrollo de la región, sin embargo, la apatía y el desinterés por parte de administraciones anteriores no permitió pasara de buenas intenciones.

Bajo la visión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de detonar la economía de la región de manera incluyente y, en beneficio de los estados más desprotegidos por décadas en el país, se prevé como una realidad a través del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec como uno de los programas prioritarios, es algo que apremia.

Que el mayor obstáculo al que se puede enfrentar un proyecto tan ambicioso como el Programa de Desarrollo del Istmo, es el presupuestal, sin embargo, es pertinente señalar que existen herramientas que pueden ser utilizadas y aplicadas en este tipo de circunstancias, más aun, que es un proyecto emblema del PND 2019-2024.

Entre algunos mecanismos se encuentra el denominado presupuesto transversal, éste retoma la noción de que todos los recursos monetarios pueden contribuir a resolver una temática específica o a atender a un grupo de la población.

Estas partidas presupuestarias generan un monto general a través de diferentes ramos de gasto; es una agrupación de recursos en una serie específica y bien organizada de programas y acciones, mismo que queda asentados a través de los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de ejecución, lo que sirve como herramienta para coordinar y organizar las acciones de gobierno de suma importancia.4

La aplicación de un anexo transversal para los logros del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, facilitaría la articulación de la política pública del Estado mexicano, concatenaría los recursos de los programas presupuestarios a la región del Istmo de Tehuantepec, una de las regiones más rezagadas del país, y con ello aumentaría la probabilidad de éxito del programa.

Además de lo anterior permitiría generar una gran certidumbre en torno al programa, con total transparencia puesto que:

• Permitiría conocer la correcta distribución del presupuesto de las dependencias y entidades por unidad responsable y al nivel de desagregación de capítulo y concepto de gasto;

• Se conocería la metodología empleada para determinar la estacionalidad y el volumen de la recaudación por tipo de ingreso, así como la utilizada para calendarizar el gasto según su clasificación económica.

Por medio de la transversalidad se asegura el compromiso efectivo para trabajar de manera coordinada y evitar la duplicidad de esfuerzos, enfocar y canalizar recursos, creando sinergias en beneficio del desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec.

Ofrecer y crear igualdad de oportunidades a lo largo y ancho del territorio nacional, ha sido una bandera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha visto como un acto de justicia que permite la congruencia de esta administración.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, para estar en correspondencia con las acciones y programas que impulsa el Poder Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y, en animo de colaboración entre los Poderes de la Unión y la administración pública federal, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que, en su ámbito de competencia, analicen, estudien y, en su caso, promuevan dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, la creación de un anexo con un enfoque de transversalidad para el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/

2 Ibídem.

3 https://dof.gob.mx/

4 http://www.fundar.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SADER, a evaluar el impacto de los daños ocasionados como consecuencia de las lluvias atípicas registradas en Nayarit en los últimos días y de ser necesario se destinen los recursos para la atención de pequeños y grandes productores afectados, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Margarita Flores Sánchez, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El campo de Nayarit se encuentra en una difícil situación como consecuencia de las lluvias atípicas registradas en los últimos días en el Estado, particularmente los productores de frijol, tabaco, mango, café, sorgo y maíz se han visto afectados en sus cultivos agrícolas debido a las lluvias incesantes.

De acuerdo con información preliminar del titular de la Secretaria de Desarrollo Rural del gobierno del Estado, derivados de la de la revisión al campo, se encontraron graves pérdidas de cultivos de frijol y sorgo principalmente en los municipios de Tuxpan, Acaponeta y Tecuala, las cuales superaban ya las 6 mil 400 hectáreas solo en estos tres municipios.

Cabe mencionar, que entre los demás municipios afectados en sus cultivos y hortalizas a consecuencia de las lluvias registradas se encuentran los municipios Rosamorada, Santiago Ixcuintla, así como parte de Huajicori, San Blas, Compostela y Bahía de Banderas.

Por su parte municipios de la zona sur en la entidad dedicados al cultivo de maíz también han sufrido serias afectaciones al no poder iniciar con la siembra como lo son Ahuacatlan, Santa María del Oro, Jala, Ixtlán del Rio, San Pedro Lagunillas y Compostela.

De acuerdo con estimaciones de organizaciones de agricultores en el Estado se estima que el sector del frijol se ha visto afectado en un 70% de su producción total; sectores como el del mango y el café estiman de igual manera afectaciones en más de un 65% de su producción total y el sector del tabaco hasta en un 20% de su producción.

Cabe mencionar que en la pasada aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se desaparecieron dos programas centrales de apoyo el campo de nuestro país, uno de ellos es la desaparición del seguro de gastos catastrófico y el segundo la desaparición del fondo de desastres naturales para el sector agropecuario, los cuales disminuían las afectaciones a pequeños productores.

La situación que hoy está viviendo el campo nayarita es sumamente grave, de ahí que resulta de la mayor importancia hacer un llamado urgente al gobierno federal y a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural a fin de poner dar respuesta a los miles de campesinos de Nayarit que han quedado muchos de ellos en el desamparo.

Es por lo anteriormente expuesto, que sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que a traves del titular de la Secretaria de agricultura y Desarrollo Rural se evalue el impacto de los daños ocasionados como consecuencia de las lluvias atípicas registradas en Nayarit en los ultimos dias y de ser necesario se destinen los recursos para la atención de pequeños y grandes productores afectados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Margarita Flores Sánchez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea la presente

Efeméride con motivo del 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En México hay un nuevo orden democrático. Después de una etapa obscura en la que el poder sirvió para satisfacer los intereses de unos cuantos, el pueblo logró recuperar el mando del país.

A través de la organización pacífica, sucedió una transformación profunda de nuestra vida pública. El primero de julio de dos mil dieciocho será recordado como un día histórico, que logró articular a millones de personas gracias a un proyecto de justicia.

En el Zócalo de esta Ciudad de México, se reunieron ciudadanas y ciudadanos para festejar una victoria sin igual. Lágrimas de esperanza recorrieron los rostros de quienes acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. El cambio verdadero había ocurrido.

Desde la tribuna popular se convocó a la reconciliación nacional para establecer una auténtica democracia... la felicidad era evidente. No cabía duda de que sucedía algo más que una elección. El pueblo había ganado, por lo que se ponía en marcha un nuevo proyecto de nación.

Se inauguró una nueva etapa para nuestro país a la que hemos llamado “la cuarta transformación”, que tiene como principales objetivos devolver el bienestar a quienes fueron excluidos por el viejo régimen, garantizar un sistema democrático y justo, así como reconocer el derecho del pueblo a tomar decisiones.

Se terminó el viejo régimen y se instituyó un gobierno democrático, por lo que estoy convencido de que la celebración del 103 aniversario de nuestra Constitución, debe estar en sintonía con este hecho histórico.

Hemos recuperado la vigencia de nuestro pacto social, que sin duda debe reflejarse en nuestra norma suprema. La Constitución debe establecer las bases para un pacto de reciprocidad entre el poder institucional y el pueblo, que se instituya a partir del reconocimiento y la garantía de los derechos humanos, de la articulación de un sistema político plural e incluyente, de reglas de equilibrio del poder y del efectivo control de la constitucionalidad.

Sin lugar a duda, se trata de un reto mayúsculo. La herencia del viejo régimen también apareja una cultura de la legalidad que se fundamentaba en la negociación como estilo de gobierno.

Nos toca articular un nuevo significado de nuestra Constitución, que asegure su plena eficacia como el instrumento más relevante para limitar al poder y proteger la autonomía, la libertad y la igualdad de cada individuo.

De eso se trata defender la cuarta transformación, que asume que nadie, ni nada puede estar por encima de la ley. Somos creyentes devotos del estado de derecho.

La Constitución de 1917 fue novedosa por reconocer, como nunca, derechos sociales que dejaron atrás la visión liberal del Estado. En México entendimos muy pronto que el sistema jurídico también era un elemento fundamental de la transformación social. Federalismo y republicanismo fueron acompañados, poco a poco, por reformas que nacieron desde distintas demandas populares: el reconocimiento del voto de las mujeres, la garantía de derechos de los pueblos indígenas, la apertura del sistema electoral, entre otras.

En estos nuevos tiempos, hemos emprendido una serie de modificaciones a la Constitución para que refleje un verdadero sentido popular, como en su momento lo hizo el presidente Venustiano Carranza, que explicó a los diputados constituyentes que el nuevo proyecto establecía una serie de reformas para “asegurar las libertades públicas por medio del imperio de la ley, garantizar los derechos de todos los mexicanos... y llamar al pueblo a participar”.

Hoy ya son una realidad la consulta popular efectiva y la revocación del mandato; la paridad de género en todo; una reforma verdaderamente educativa, así como modificaciones para garantizar la paz en nuestro país.

Falta mucho, pero estamos generando las condiciones para que nuestra Constitución refleje los principios y valores que el pueblo ha definido en la cuarta transformación.

El Partido del Trabajo protegerá en cada momento este proyecto popular. Nos asumimos como un partido cien por ciento obradorista y eso significa que defenderemos el contenido de nuestra Constitución en todo momento.

Hemos terminado con la corrupción y la impunidad. La legalidad y la justicia llegaron para quedarse.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputados: Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz (rúbricas).

Con motivo del 5 de febrero, 103 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

Decir Constitución de 1917, todavía hoy, es decir lucha contra la dictadura y por la democracia. Decir Constitución de 1917 también es decir justicia social, reparto agrario, trabajo digno y soberanía nacional. Conviene recordarlo este 5 de febrero, aniversario número 103 de la promulgación de una Carta Magna democrática, republicana, federal, municipalista, nacionalista, agrarista y obrerista.

Conviene recordarlo porque son por lo menos dos los sentidos de una efeméride: recordar y con-memorar. Recordar querría decir, si atendiéramos a los orígenes, volver a pasar por el corazón. Conmemorar, hacer memoria colectivamente. La mejor forma para ambos actos –la memoria colectiva y para pasar un hecho por el corazón nuevamente– es ir a la historia. Si están instituidas las efemérides, es para que regresemos al principio de las cosas, a su origen y sus valores: es nuestro imprescindible saber de dónde venimos para fijar la mira del porvenir. El momento de México lo requiere definitivamente.

La Constitución de 1917 fue el resultado de una revolución social y política que dio origen a un amplio pacto alrededor de un proyecto de nación, el cual surgió incorporando las inercias progresistas y federales de la Constitución de 1857, pero con un carácter social mucho más avanzado que convirtió el nuevo documento, de hecho, en la primera de las constituciones sociales del siglo XX. Su primera lección es ésa: del pasado se hereda lo positivo, se corrigen las perversiones y se avanza en beneficio de todos.

Su carácter avanzado fue la expresión de vidas empeñadas en más de seis años de lucha armada, y en éste confluyeron la visión del Ejército Constitucionalista triunfante y, de manera esencial, los ideales libertarios expresados por precursores de la Revolución –como el movimiento magonista–, las convicciones demócratas de sus iniciadores –como Francisco I. Madero– y las reivindicaciones de los revolucionarios agraristas como Villa y Zapata, aunque éstas no comenzaran a verse realizadas hasta el sexenio cardenista. Por eso, la Constitución, como producto revolucionario, implicó la transformación del poder, el gobierno, la riqueza y la propiedad.

Han pasado ya sobre la Carta Magna 103 años y cientos de reformas con modificaciones de su texto original. De éstas, unas fueron de carácter progresista y otras definitivamente desvirtuaron el potente carácter social del esfuerzo de los constituyentes de 1917. En ese sentido, debe hablarse hoy de la reversión de las reformas que claudicaron en materia de soberanía o derechos laborales, y de las que hay que hacer para corregir las del salinismo y todas las reformas privatizadoras desde entonces y hasta hoy.

Recordemos: ya desde el inicio de la década de 1950, el general Francisco José Múgica y sus compañeros –cardenistas y miembros de la Asociación de Diputados Constituyentes que fundaron un Partido Constitucionalista– clamaban por el regreso a los ideales de la Constitución de 1917 que juzgaban traicionados. Las conquistas concretas de la Revolución se habían desvirtuado y diluido en un régimen que, para ellos, empezaba a ser oligárquico. Por eso “volver al orden constitucional” se convirtió en un estribillo de demócratas sinceros que veían todavía muy cerca 1917 –pues estaba vivo en su memoria y la de su generación.

Nuestra Constitución no es ya la de 1917, aunque algunos de sus aspectos positivos permanezcan. Como siempre sucede con las leyes (aun las fundamentales), la Constitución es espacio de disputa y, en múltiples artículos, testimonio de la derrota de los ideales de los constituyentes originales. Es, en los mismos espacios, también un testimonio de derrota del pueblo de México.

Quizá no podía ser de otra manera en un país que reúne todas las condiciones para el advenimiento de una crisis política que debe terminar por cambiar el estado de las cosas. La crisis política de que venimos no es menor. Corrupción, lucro desmedido, crimen, violencia y falta de trabajo decente y bien remunerado son signos de los tiempos oscuros que comenzamos a superar.

Quizás ahora más que nunca son ciertas y claras las palabras de Múgica y sus compañeros del Partido Constitucionalista: si la democracia es “un estado donde los hombres libres y los pobres, siendo la mayoría, están investidos con el poder”. Es lo que muestran, entre otras cosas, las reformas de la cuarta transformación de la vida pública de México, y en particular la reforma del artículo 4o. que el presidente ha planteado y que aspira a constitucionalizar el bienestar de los mexicanos. Bienestar; ésa es la palabra del nuevo proceso de transformación.

Conmemoremos la Constitución de 1917 en su aniversario 103 y veamos hacia su revitalización. Recordémosla y reconozcámosla, sin que eso quiera decir querer volver al texto de 1917 sin más. Retomemos, sí, su espíritu fundacional de justicia social, incorporando los avances y retos de este siglo y repudiando las contrarreformas que ha tenido. Las herencias no son nunca para permanecer como quedaron, sino para mejorar la vida de las generaciones venideras, conservando y mejorando lo valioso.

Poner en marcha nuestra herencia como mexicanos implicaría dar un paso hacia la refundación de la república. Es posible y urgente. Nunca como hoy hubo un consenso nacional tan amplio en impulsar una trasformación para revertir el neoliberalismo, esa doctrina que rompió de hecho el pacto social y redujo los avances de la Constitución a formulaciones declarativas sin correlato en mandatos sustantivos. El del salario remunerador es uno de los ejemplos más radicales de este distanciamiento, y también uno de los cambios más palpables de la economía popular con el nuevo gobierno.

Conmemorar quiere decir caminar juntos en el diálogo, pero poniendo un freno a la indecencia y el cinismo. El destino de esta conmemoración, en el sentido más amplio que puede tener la palabra, debe ser la formulación de una Constitución que sea de nuevo un documento social, coherente, donde manden los intereses nacionales populares y las realidades de nuestro tiempo. Recordar el espíritu de 1917 equivaldrá a poner en alto sus ideales originales y los avances conseguidos en su búsqueda a lo largo del siglo XX y lo que va del que corre, como se hizo incorporando al texto constitucional el concepto de democracia del artículo 3o. en 1946 o con los avances recientes en materia de derechos humanos, ambos aportes que deben considerarse para replantear la convivencia social.

Vivimos ahora en los hechos la construcción de un nuevo constituyente de la vida pública de México, uno para un futuro digno, con equidad y patria para todos. Un nuevo constituyente que recupera el espíritu de 1917 y procura justicia social, reparto agrario, trabajo digno y soberanía nacional de acuerdo con las necesidades presentes. Un nuevo constituyente que dispone lo mejor del pasado y del presente para hacer realidad “la democracia, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Un nuevo constituyente que quiere dar pie a la efectividad de la obligación de las autoridades de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Ésa, y aprobando reformas sociales de gran calado como la que se formula para el artículo 4o., es la mejor manera de honrar a precursores, realizadores y consumadores de las gestas que representó la Constitución de 1917, así como a los mexicanos que –durante la Revolución y después de ella– dieron la vida para que sus anhelos se hicieran realidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con motivo del 5 de febrero, 103 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo Parlamentario de Morena

El día de hoy se conmemora el aniversario 103 de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y en el marco de la celebración de un año más de vida de nuestra Carta Magna, destaco brevemente algunos datos del documento jurídico-político más importante de la nación:

En primer lugar, cierto es que fueron mexicanos excepcionales quienes como diputados constituyentes en Querétaro materializaron las demandas de la mayoría en los convulsos inicios del siglo XX, sin embargo, es justo reconocer que el texto constitucional iniciaba en los legítimos ideales del pueblo revolucionario.

Por supuesto para los legisladores no fue tarea sencilla construir consensos entre los distintos grupos ideológicos. Para muestra, los apasionantes debates registrados en los archivos históricos. A pesar de esto, afortunadamente los congresistas coincidieron en lo fundamental: La patria es primero.

Como resultado, los derechos sociales fueron el espíritu del texto. Nació en 1917 la primera Constitución social del mundo. La Constitución Mexicana se convirtió en una ley de avanzada para la época. Ese sería el gran pacto social que consolidaría la Revolución.

Bajo este amplio acuerdo popular como elemento simbólico y material de nuevos tiempos, se consolidó la tercera transformación nacional dando paso a un periodo de estabilidad social y política. Por iniciativa del presidente Venustiano Carranza se afianzaba la vida institucional de la República.

Definitivamente, reflexionar sobre la esencia originaria de nuestra ley de leyes nos permite identificar como fue modificándose al paso del tiempo hasta sumar más de 700 reformas. Pasando de 22 mil palabras a superar las 60 mil. Cabe mencionar que los cambios más destacados fueron ideológicos y una de las peores etapas fue la neoliberal, no solo por no dar justicia a la mayoría, sino por generar 50 millones de personas pobres. Pero a pesar de la amplitud de modificaciones, nuestra Constitución permanece vigente.

En suma, compañeras y compañeros diputados, a quienes que hemos llegado por la coalición Juntos Haremos Historia, nos toca además de revertir las reformas para retornar al espíritu social originario (como lo hemos venido haciendo desde el primer día de esta legislatura) consensuar distintas corrientes de pensamiento para que se edifique, impulse y consolide la pieza jurídica, social, política y simbólica representativa de la cuarta transformación de México, es decir, una nueva Constitución dotada de las legítimas aspiraciones de paz, justicia, democracia, derechos, libertades, desarrollo y bienestar para la sociedad de nuestro tiempo.

Cristalizar un proyecto constitucional social transformador es una responsabilidad enorme, no es fácil, pero hoy como hace 103 años, se debe trascender diferencias políticas pensando que la patria es primero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Melba Nelia Farías Zambrano (rúbrica)

Con motivo del 5 de febrero, 103 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

El 5 de febrero es una fecha sumamente significativa en la historia de México, se conmemora el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece el sistema federal, la separación de Poderes, la no reelección, la división del Poder Legislativo en dos Cámaras y una Comisión Legislativa Permanente.

Esta Constitución se conformó por los títulos de las garantías individuales, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno; de la división de Poderes; de las responsabilidades de los funcionarios públicos; de los estados de la federación; del trabajo y previsión social; prevenciones generales; de las reformas de la Constitución; y de la inviolabilidad de la Constitución.1

Fue una Constitución con fundamentos sociales, actualizada en las demandas del pueblo, con aportaciones para normar las relaciones obrero-patronales, las conquistas agrarias, los alcances sociales y la recuperación del dominio de la nación sobre sus riquezas naturales, y fue el paso fundamental en la consolidación del régimen jurídico-administrativo del país.2

Lo anterior se logró gracias al triunfo del gobierno constitucionalista que obligó al presidente Venustiano Carranza a proponer cambios políticos que trascendieran en la nueva conformación social, política y económica en ese momento. La simple restauración de la Constitución de 1857, no dejaba satisfechos a los ideólogos constitucionalistas, la intención era transformar la Constitución de 1857 y dictar una nueva que velará por los intereses de todos los mexicanos, sobre todo de los más vulnerables.3

Para ello, el 14 de septiembre de 1916, el presidente Venustiano Carranza promulgó en Monclova, Coahuila, el decreto de reformas al Plan de Guadalupe, con la finalidad de llevar a cabo un Congreso Constituyente.

La convocatoria para el Congreso Constituyente fue firmada el 19 de septiembre de 1916 y la elección de los diputados, tuvo lugar el domingo 22 de octubre de ese mismo año, conformado con gente que provenía de distintos sectores sociales.

Carranza expide el decreto por el que se convoca a los constituyentes a reunirse en Querétaro el 20 de noviembre de 1916, para redactar una nueva constitución para México, estando en funciones del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, y que tuvo como sede el teatro Iturbide (hoy De la República), de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro.4

Asistieron a Querétaro 219 diputados constituyentes; las sesiones previas del Congreso Constituyente debieron iniciarse el 20 de noviembre de 1916, pero por falta de quórum tuvieron lugar hasta el día siguiente. Las reuniones de trabajo se realizaron del 21 al 26 en la Academia de Bellas Artes y del 27 al 30 en el antiguo teatro Iturbide, hoy teatro de la República, en Querétaro.5

Como consecuencia de las largas jornadas de trabajo, el 31 de enero de 1917, el Constituyente cerró sesiones. El 5 de febrero se promulgó la nueva Constitución, con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857, la cual entraría en vigor el 1 de mayo y publicada en el Diario Oficial de la Federación, en esa misma fecha.6

Los constituyentes lograron redacción de una Constitución de vanguardia e innovadora en todo el mundo, siendo la primera en establecer los derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123, en materias relativas a la educación, el sector agrario y al laboral.

La Constitución de 1917 es considerada como la aportación mexicana al constitucionalismo universal, es sin duda, una de las primeras constituciones que establece ese principio importantísimo de la laicidad, que es un principio que caracteriza a cualquier estado constitucional contemporáneo.

Además, recoge la tradición del pensamiento liberal del siglo XX, fue la primera que plasmó las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución Mexicana; además, estableció un nuevo orden que asumió como su principal función cumplir con el programa de la Revolución y ser el eje articulador del desarrollo de la nación mexicana en el siglo XX.

Nuestra Constitución ha sido muchas veces reformada para adecuar su texto a los desafíos que los procesos históricos, a lo largo del siglo XX y los primeros años del XXI, han demandado. Sin embargo, es innegable que gracias a la Constitución nuestro país cuenta hoy con un sólido cuerpo legal e institucional para generar progreso y desarrollo en un marco de libertad, gobernabilidad y estabilidad política.

Aunque en el gobierno actual se ha iniciado la construcción del andamiaje jurídico indispensable para el bienestar y el desarrollo de los mexicanos, aún sigue quedando pendiente legislar, algunos temas de relevancia nacional.

Notas

1 http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/constitucion-de-1917

2 Ibídem.

3 García Diego (2017) ¿Cuándo, cómo, por qué y quiénes hicieron la Constitución de 1917? Historia Mexicana. El Colegio de México.

4 Ibídem.

5 Memoria Política de México. “Sesión solemne de clausura del Congreso Constituyente efectuada en el teatro Iturbide la tarde del miércoles 31 de enero de 1917.” Consultado el 11 de septiembre de 2011.

6 Memoria Política de México. “Venustiano Carranza promulga la nueva Constitución Política de México”. Consultado el 11 de septiembre de 2011.

Palacio Legislativo de San lázaro, a 5 de febrero de 2020.

Diputada Beatriz Robles Gutiérrez (rúbrica)