Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a informar a la opinión pública y esta soberanía sobre la falta de apoyo al campo y, en su caso, las acciones por emprender ante la grave problemática del sector, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al gobernador constitucional del estado de Veracruz informe a la opinión pública y a esta Soberanía la falta de apoyo al Campo y, en su caso, las acciones a emprender ante la grave problemática que padece este sector, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Finanzas y Planeación señaló en diciembre pasado que - pese a las imperantes necesidades del Estado y en virtud de la inexperiencia, ineficiencia y complicidad de los funcionarios públicos del actual gobierno - se cerraría el 2019 con un sub ejercicio de más de 18 millones de pesos.

Dentro de las instituciones veracruzanas que gracias a la Administración de la 4T encabezado por Cuitláhuac García Jiménez presentaron sub ejercicio que traerá como consecuencia la devolución al erario público de los recursos que fueron aprobados y entregados para fines específicos, se encuentra el Fideicomiso para Desastres Naturales ¡que no ejerció ni un sólo peso de sus 81 millones de pesos! pese la sequía que padecieron los ganaderos en la zona centro del Estado.

En el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de la Llave para 2019, se asignaron al Fideicomiso Fondo para Desastres Naturales” 81 millones 282 mil 653 pesos y se estableció que la Entidad Federativa podría utilizar el remanente que le corresponda para acciones de prevención y mitigación.

Es de señalarse que el fallecido Diputado al Congreso del Estado de Veracruz, Juan Carlos Molina - quien lamentablemente fuere asesinado en noviembre pasado - hizo un llamado a las autoridades para que atendieran la problemática derivada de la grave y devastadora sequía que trajo como consecuencia tan solo en la zona norte del Estado, al menos, 2 mil campesinos y 20 mil hectáreas afectadas, así como 15 mil cabezas de ganado muertas.

Ante esta problemática, el gobierno del Estado comentó que daría un apoyo de $100.00 (cien pesos moneda nacional) por vaca muerta a consecuencia de la sequía que azota el norte del Estado; ofrecimiento que, sin lugar a dudas fue recibido por el sector ganadero como una burla total.

Sin embargo, las autoridades estatales no destinaron un solo peso de este Fideicomiso, que a diciembre de 2019 permanecía intacto, para mitigar el gran daño que, como hemos expresado, la sequía causó a miles de familias veracruzanas.

En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa la falta de aplicación de dichos recursos para la atención de las necesidades de las familias veracruzanas, en materias tan sensibles como es el Campo dada su gran incidencia en el desarrollo económico y social de los veracruzanos.

Nos preocupa la falta de atención a las necesidades y problemas de nuestro Estado, en virtud de la inexperiencia, ineficiencia y complicidad de los funcionarios públicos del actual gobierno. Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz para que informe y explique a esta Soberanía, la falta de aplicación de los recursos del Fideicomiso para Desastres Naturales para apoyo al Campo veracruzano y, en su caso, las acciones a emprender para atender la grave problemática que padece este sector.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para realizar una sesión solemne en memoria de Jaime Humberto Hermosillo y transmitir por el Canal del Congreso su obra cinematográfica, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río , del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Jaime Humberto Hermosillo, narrador, dramaturgo, actor y guionista del cine mexicano, que falleció el 13 de enero de 2020:

1. Posee una vasta obra cinematográfica: Crimen por Omisión (2018); Un buen sabor de boca (2017); InFielicidad (2015); Juventud (2010); Amor (2005); Rencor (2005); Dos Auroras (2005); El mal logrado amor de Sebastián (2004); El misterio de los almendros (2004); El Edén (2003); eXXXorcismos (2002); Escrito en el cuerpo de la noche (2000); La calle de las novias (2000); De noche vienes, Esmeralda (1997); Danske Piger Viser Alt (1996); Encuentro inesperado (1993); La tarea prohibida (1992); La tarea; El aprendiz de pornógrafo (1989); Intimidades de un cuarto de baño (1989); Un momento de ira (1989); El verano de la señora Forbes (1989); Clandestino destino (1987); Doña Herlinda y su hijo (1984); El corazón de la noche (1983); Las apariencias engañan (1983); Confidencias (1982); María de mi corazón (1979); Amor libre (1978); Idilio (1978); Naufragio (1977); Matinée (1976); La pasión según Berenice (1976); Antes del desayuno (1975); El cumpleaños del perro (1974); El señor de Osanto (1972); La verdadera vocación de Magdalena (1971); Los nuestros (1969); S.S. Glencairn (1969); y Homesick (1965).

2. Sus guiones, películas y cortometrajes son un referente y un parteaguas en el cine mexicano contemporáneo, ya que marcaron una tendencia y una época, particularmente por el análisis psicosocial de las y los mexicanos, el cual pone de manifiesto las muchas realidades y violencias que suceden en el México multifacético de los siglos XX y XXI.

3. Fue un cineasta polémico y original y un activista social que, desde su pluma y lente, contribuyó a defender los derechos de las personas y a denunciar sus reiteradas violaciones.

Su vida merece tener un justo homenaje en este Congreso, al igual que su obra por medio de su difusión, a efecto de hacer del conocimiento de las nuevas generaciones la relevancia de lo creado en nuestro país y la grandeza del talento mexicano, tanto como fuente de inspiración como para dejar una huella imborrable en el tiempo y en la memoria de las y los jóvenes.

En razón de lo anterior, se somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente el presente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que lleve a cabo una Sesión Solemne en conmemoración del fallecimiento de Jaime Humberto Hermosillo, narrador, dramaturgo, actor y guionista del cine mexicano.

Segundo. Se solicita al director general del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Eduardo Fernández Sánchez, que trasmita en el Canal del Congreso la obra cinematográfica de Jaime Humberto Hermosillo, a fin de darle difusión entre las nuevas generaciones y rendirle homenaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputada María de los Ángeles Huerta del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Banxico a generar acuerdos con las instituciones bancarias para disminuir las comisiones por envíos y entregas de remesas transferidas por migrantes mexicanos desde EUA, suscrita por la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos , diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

México es el segundo país de origen de migrantes, por debajo de la India, con casi 12 millones de mexicanos en el exterior, es decir, nuestro país contribuye en 5 por ciento a la población internacional migrante, constituyendo junto con Estados Unidos uno de los principales corredores migratorios del mundo.1

La migración de mexicanos hacia el país vecino del norte ha sido el producto de la falta de oportunidades laborales y educativas, así como la situación de pobreza e inseguridad, agudizados durante las anteriores administraciones del gobierno federal.

Dentro de este contexto, el trabajo y el esfuerzo de los connacionales en el extranjero, han desempeñado un papel fundamental para la economía interna y el combate de las desigualdades, mediante el envío de dinero que realizan los migrantes que residen en Estados Unidos a México.

Primero, las remesas de mexicanos son destinadas principalmente al pago de bienes y servicios como lo son comida y vestido, salud, pago de deudas, vivienda o educación, de acuerdo con datos recolectados por Fundación BBVA Bancomer y el Consejo Nacional de Población (Conapo),2 dotando así de ingresos para generar mejores condiciones de vida y acceso a derechos sociales para sus familias en territorio nacional.

Segundo, las remesas impactan sobre la economía local de las comunidades de origen de los migrantes, a través de la creación de empleos o la construcción de infraestructura social. Tercero, contribuyen al crecimiento del Producto Interno Bruto, tal es el caso, que en 2019 representaron el 2.8 por ciento del PIB mexicano.3

Durante el 2019, se registró un crecimiento notable de 7.4 por ciento en el envío de remesas a México respecto al periodo de enero a noviembre del año anterior, contando con la entrada de 32 mil 686 millones de dólares.4 De esta manera, es que nuestro país se ha posicionado como uno de los principales países receptores de remesas, solo por debajo de Filipinas, China e India respectivamente.5

Cuarto, las remesas permiten redistribuir recursos hacia países en vías de desarrollo, reduciendo de esta manera la desigualdad económica y social entre las naciones y combatiendo las condiciones de pobreza de los mismos. En este punto, es importante resaltar, que el 44 por ciento de hogares receptores de remesas en México pertenecen a comunidades con menos de 2 mil 500 habitantes, ingresos los cuales cubren 48 por ciento de sus gastos en alimentos, por ejemplo, y llegan a beneficiar de entre 2 a 4 personas, que son dependientes económicamente de estas transferencias.6

A pesar de los enormes beneficios que trae el envío de remesas a nuestro país, nuestros paisanos se enfrentan a obstáculos como la falta de acceso a cuentas bancarias en el exterior; el pago de cuotas o el mantenimiento de saldos mínimos; la acreditación de documentos como el número de seguridad social o pasaporte; el dominio de una lengua extranjera para entender y poder realizar el proceso; e incluso, el alto cobro de comisiones por las transferencias desde el extranjero.

En este último punto, destaca que de acuerdo con información actualizada del Banco Mundial, el costo promedio por enviar 200 dólares de Estados Unidos a México es de 8.78 dólares, monto que se encuentra aún por encima del promedio pagado por los países de América Latina y el Caribe como: Ecuador (6.89 dólares), El Salvador (7.07 dólares), Honduras (7.40 dólares), Panamá (7.73 dólares), Nicaragua (8.06 dólares), Perú (8.18 dólares), o Haití (8.77 dólares).7

En el caso de los principales países receptores de remesas, que se encuentran a la par de México en montos recibidos, se muestra que India paga 5.61 dólares y Filipinas 8.16 dólares por el pago promedio de comisiones desde Estados Unidos.

El costo por este servicio, se compone por el costo real del envío de dinero, las comisiones y el tipo de cambio. En el caso de la comisión, su costo total se configura por el pago de ventanilla de atención que envía, la remesadora y los bancos, comercios, tiendas de autoservicio, casas de cambio, farmacias o centrales camioneras que funcionan como pagadores.

Si bien ha existido una disminución paulatina en el cobro de estas comisiones para las remesas mexicanas, la realidad es que estas deberían ajustarse, considerando factores como la ampliación de nuevos servicios; la generación de alianzas entre instituciones financieras; la existencia de mayor competencia con la participación de diversos actores; y el costo promedio que pagan países de la región y los principales receptores de remesas del mundo.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), del total de remesas enviadas a México en 2019, el 98.5 por ciento se llevó a cabo por medio de transferencias electrónicas, mecanismo el cual se ha consolidado como una nueva alternativa de servicio para el envío y entrega de remesas, mismo el cual debería disminuir costos para las instituciones bancarias y comerciales.8

Los altos costos por comisiones afectan a nuestros connacionales que envían pequeñas cantidades de dinero y a los beneficiarios que las reciben, esto debido a que existen comisiones fijas y no proporcionales al monto enviado, y al mismo tiempo estas son enviadas constantemente en el 42 por ciento de las ocasiones de manera mensual.9

La actual administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha sostenido conversaciones con representantes de las instituciones financieras del país, como en la 82 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM) el pasado 22 de marzo de 2019.

En dicha reunión, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, se pronunció a favor de “un diálogo abierto y constructivo” para abordar las alternativas existentes, con la finalidad de llevar a cabo una disminución en el cobro de comisiones a las remesas de migrantes mexicanos.10

En este sentido, la ABM ya ha anunciado que se ha estado trabajando de manera conjunta con el Banxico para disminuir o eliminar comisiones sobre diferentes servicios y productos bancarios, aprovechando nuevas vías como los medios electrónicos.11

A pesar de ello, solamente el Banco Santander México ha mostrado señales claras con este compromiso, siendo este mismo grupo financiero, el que ya ha anunciado junto al titular del ejecutivo federal que eliminarán el cobro de comisiones aplicados a los servicios relacionados al envío de remesas, manteniendo un tipo de cambio competitivo que beneficia a los migrantes mexicanos y a la entidad financiera.

Por ello, sostengo la necesidad de que el gobierno de México y los órganos autónomos constitucionales sean corresponsables con los migrantes mexicanos, toda vez que se evidencia la enorme aportación que tienen al desarrollo económico y social de nuestro país, la cual genera un mayor impacto con el paso del tiempo.

De un lado, al Banxico le corresponde regular las comisiones, y por otro, esta institución puede contar con el acompañamiento y la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica para el ejercicio de dicha facultad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Banco de México a generar acuerdos con las instituciones bancarias, con la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica, mediante la búsqueda de nuevas alternativas de servicio y generación de alianzas regionales en materia financiera, con la finalidad de disminuir el cobro de comisiones por el servicio de envío y entrega de remesas transferidas por migrantes mexicanos desde Estados Unidos.

Notas

1 Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Estadística de la Población Mexicana en el Mundo, 2019. Consultado el 08 de enero de 2020, en http://ime.gob.mx/estadisticas/mundo/estadistica_poblacion_pruebas.html

2 Fundación BBVA Bancomer & Consejo Nacional de Población, Anuario de migración y remesas México 2019, México, BBVA Research, 2019, p. 162.

3 Procuraduría Federal del Consumidor, Quién es quién en el envío de remesa. México, Gobierno de México, 2019, p. 3.

4 Banco de México, Sistema de Información Económica. Remesas, 2020. Consultado el 09 de enero de 2020, en
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/
consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA11&locale=es

5 World Bank, Annual Remittances Data 2019, 2019. Consultado el 09 de enero de 2020, en https://www.worldbank.org/en/topic/labormarkets/brief/migration-and-rem ittances

6 Fundación BBVA Bancomer & Consejo Nacional de Población, op. cit., pp. 161-162.

7 World Bank, Remittances prices worldwide, 2020. Consultado el 10 de enero de 2020, en

https://remittanceprices.worldbank.org/en/corridor/Unite d-States/Mexico

8 Idem.

9 Fundación BBVA Bancomer & Consejo Nacional de Población, op. cit., p. 162.

10 Milenio, Pide AMLO bajar comisiones; lo platicamos, dicen banqueros, 2019. Consultado el 10 de enero de 2020, en

https://www.milenio.com/negocios/pide-amlo-bajar-comisio nes-platicamos-banqueros

11 El Economista, La banca avanza en la eliminación de comisiones: ABM, 2019. Consultado el 10 de enero de 2020, en
https://www.eleconomista.com.mx/
sectorfinanciero/La-banca-avanza-en-la-eliminacion-de-comisiones-ABM-20191209-0070.html

Salón de sesiones, a los 22 días de enero del 2020.

Diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la SE y el gobierno de Guerrero a intervenir en la problemática de contaminación de la microcuenca de los ríos Oxtotitlán y Balsas, derivada de los trabajos de la minera Capela en Apaxtla, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y al gobierno del estado de Guerrero a intervenir en la problemática consistente en la contaminación de la microcuenca del Río Oxtotitlán y del Río Balsas, que está realizando la minera “Capela” en Apaxtla, Guerrero, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Grupo Peñoles, en octubre del 2000, inició operaciones en la mina Rey de Plata (actualmente Capela), ubicada en Teloloapan, Guerrero, a 15 kilómetros del municipio de Apaxtla, con una capacidad de molienda de 360 mil toneladas anuales.

La Industria Peñoles, a finales de 2001, tomó la decisión de suspender la operación de la mina debido a que la importante caída en el precio del zinc no permitía garantizar a los accionistas un rendimiento adecuado sobre la inversión, fue hasta el año 2008 cuando se retomaron los trabajos de barrenación.

Es el caso que a partir de los trabajos que viene desarrollando la Minera Peñoles a través de su filial la Minera Capela se han ocasionado daños al medio ambiente.

El 13 de febrero de 2015, celebraron convenio de colaboración entre la empresa Minera Capela y el presidente municipal de Apaxtla, Guerrero, sobre el impacto ambiental en las cuencas del Río Oxtotitlán y del Río Balsas. En dicho convenio, la minera se comprometió en cuatro puntos:

1. Establecimiento de un vivero forestal.

2. Participación de personal técnico calificado, para el rescate de especies, planes de manejo y desmontes.

3. Monitoreo de agua en la microcuenca del Río Oxtotitlán.

4. Rescate del parque Nanchicahuite.

De los cuatro puntos antes referidos, la empresa ha incumplido en todos, continúa la contaminación de la cuenca de los ríos, debo reconocer que existen empresas mineras de nuestro país que muestran responsabilidad social y para con el medio ambiente. Pero en el presente asunto no es el caso.

Para el Congreso de la Unión es de suma importancia que el medio ambiente sea respetado, en el año 2012 se reformó la Ley Federal de Derechos en donde prácticamente se obliga a las empresas mineras a que contribuyan con el mejoramiento del medio ambiente, el artículo 271 de la referida ley establece:

Artículo 271. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se integrará con los recursos por derechos sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta ley y deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios públicos urbanos;

II. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de instalación y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así como de servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables;

III. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como para el suministro de agua potable;

IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, y

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono.

Es decir, las empresas mineras están obligadas a cumplir con la ley, en este caso la fracción IV del artículo 271 es muy clara al señalar que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se aplicarán en la preservación de áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

El caso que nos ocupa es la contaminación de cuenca de los ríos Oxtotitlán y Balsas, que la empresa minera Capela está generando, por lo que, la minera primero debe dejar de contaminar; segundo debe reparar el daño ecológico; y tercero, una de las posibles soluciones es que el fondo sea aplicado para el saneamiento de la cuenca.

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros actualmente se encuentra a cargo de la Secretaría de Economía, por ello, la necesidad de exhortar a dicha Secretaría, precisamente para que, en su caso, aplique recursos del fondo para el mejoramiento del medio ambiente y se concluya con la contaminación que está generando la Minera Capela en Apaxtla, Guerrero, en la microcuenca de los ríos Oxtotitlán y Balsas.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir para dar solución a la problemática consistente en la contaminación de la microcuenca del Río Oxtotitlán y del Río Balsas, que está realizando la empresa Minera “Capela”, en Apaxtla, Guerrero.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a intervenir para dar solución a la problemática consistente en la contaminación de la microcuenca del Río Oxtotitlán y del Río Balsas, que está realizando la empresa Minera “Capela”, en Apaxtla, Guerrero.

Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guerrero a intervenir para dar solución a la problemática consistente en la contaminación de la microcuenca del Río Oxtotitlán y del Río Balsas, que está realizando la empresa Minera “Capela”, en Apaxtla, Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo a informar a esta soberanía respecto a los motivos y la justificación del cambio de adscripción de centro laboral del ciudadano Óscar Mixtega Morales, a cargo de la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo informar a esta soberanía de los motivos y justificación para el cambio de adscripción del ciudadano Óscar Mixtega Morales de su centro de trabajo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Por medio del oficio 254/16070, con fecha del miércoles 20 de noviembre de 2019, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Subsecretaría de Educación Media Superior, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó al ciudadano Óscar Mixtega Morales acerca de un cambio de centro de trabajo. Ello sin que el ciudadano hubiera realizado solicitud alguna para tal efecto.

Se da cuenta de que el centro de trabajo original del ciudadano Óscar Mixtega Morales es el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) número 153, ubicado en la Ciudad de México; y que se le reasigna al Cecati número 184, ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

En el oficio mencionado se fundamenta en el artículo 55, fracción I, del Reglamento de las Condiciones de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública, así como en el artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El mismo oficio menciona el anexo de un cheque para cubrir los gastos originados por el cambio de adscripción, de lo cual se desprende que, con base en el propio artículo 55 del Reglamento señalado, este cambio no es producto de incompetencia del trabajador ni sanción en contra de éste. De igual forma, el artículo 16 de la Ley también señalada dispone que:

Cuando un trabajador sea trasladado de una población a otra, la dependencia en que preste sus servicios, dará a conocer previamente al trabajador las causas del traslado...

Es importante señalar que el oficio referido no contiene la justificación concreta del traslado del ciudadano Óscar Mixtega Morales.

Esta decisión motivó que el ciudadano referido iniciara un procedimiento de apelación por la vía jurisdiccional y en diversas instancias, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien generó el expediente CNDH/ 6/ 2019/ 9058/ R, en el cual se denuncia que el cambio de adscripción se trata de un posible acto de represalia; esto toda vez que el ciudadano ha promovido ante el Órgano Interno de Control de la SEP una serie de denuncias en contra de autoridades de la dirección de los Cecati.

Como consecuencia de todo lo anterior, la propia visitaduría de la CNDH remitió el expediente al Órgano Interno de Control de la SEP para su respectiva investigación y análisis.

En esta situación, el ciudadano se acercó a la suscrita, para pedir la intervención en el asunto. Toda vez que los diputados y diputadas de Morena somos servidores del pueblo, debemos poner al servicio de los ciudadanos las instituciones. En este sentido, es claro que las denuncias del ciudadano Óscar Mixtega Morales deben ser resueltas por las instancias jurisdiccionales correspondientes. Sin embargo, dada la petición del ciudadano y los antecedentes planteados, esta representación popular debe atenderlo. Es así que se debe pedir a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Subsecretaría de Educación Media Superior comunique a esta soberanía los motivos del cambio de adscripción del ciudadano Óscar Mixtega Morales, para poder contar con los elementos que permitan definir si existe, o no, una violación a los derechos laborales del ciudadano.

Como se dijo, las instancias correspondientes deberán pronunciarse en el ámbito de su competencia en los procedimientos que ha promovido el ciudadano, sin embargo, nosotros debemos responder a las demandas ciudadanas en donde sea posible. En este caso, se considera que las autoridades de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Subsecretaría de Educación Media Superior deben aclarar la justificación del cambio de adscripción del ciudadano y, en todo caso, garantizarle sus derechos, incluido el derecho a disentir.

Desde el Congreso de la Unión debemos hacer votos en favor de la transparencia en la toma de decisiones, así como por la protección de los trabajadores.

Por lo anterior, se pone a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública, informe a esta soberanía de las causas legales y administrativas, así como la justificación del cambio de adscripción del ciudadano Óscar Mixtega Morales de su centro de trabajo ubicado en la Ciudad de México a Saltillo, Coahuila.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Salud mexiquense a instruir para cumplir el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de la Salud, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez , diputado federal integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la protección de la salud es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. por su parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades,” concepto que también es reconocido por la Ley General de Salud en el artículo 1o. Bis.

El artículo 2o. de la Ley General de Salud, señala que el derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Además, el numeral 77 Bis 1 de la citada Ley establece:

“Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección a la salud será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

...”

A pesar de lo anterior, los usuarios del sector salud del estado de México han manifestado su inconformidad, dado el desabasto, falta de infraestructura, personal, medicamentos, materiales de curación, vacunas e insumos, de los que carecen los diferentes Centros de Salud para atender la demanda de la población en materia de salud.

El derecho humano a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de Salud que requiere, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a ningún tipo dificultades.

Los usuarios de los centros de salud distribuidos en el estado de México refieren que están laborado con pésimas instalaciones y a punto de caer en crisis por la falta de personal para la atención médica pues carecen de doctores generales, especialistas, medicamentos, vacunas y medicamentos necesarios para cumplir con sus servicios, lo que está ocasionando que los pacientes no sean atendidos en sus padecimientos, no obstante que conforme a la señalado, el Estado está obligado a brindar servicio de salud con acceso efectivo, oportuno y de calidad.

Por lo anterior, preocupado por la situación del sector salud en el país, y en particular por la de los habitantes del estado de México en donde diversos usuarios han manifestado que los servicios de salud se encuentran en decadencia por la falta de personal, infraestructura, abastecimiento de medicamentos e insumos, lo cual está ocasionando una gran afectación a los mexiquenses en especial a aquellos de bajos recursos que requieren con urgencia la atención en servicios de salud, es por lo que presento este punto de acuerdo ya que los mexiquenses requerimos que el derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea una realidad y se desarrolle a través de un Sistema de Protección Social en Salud que cumpla fehacientemente con lo establecido en el numeral 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, centrado en las necesidades de las personas, capaz de ofrecer servicios de calidad y que respondan con rapidez.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de México para gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se haga una asignación equitativa, oportuna, de calidad y suficiente a todos los distintos centros de salud que se encuentran distribuidos en el estado de México, de servicios médico, quirúrgicos y especialidades, así como; farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, trabajo social, nutrición y psicología para los mexiquenses, cumpliendo con lo establecido el numeral 77 Bis 1 de la Ley General de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno mexiquense a implantar por la Secretaría de Movilidad acciones para regularizar el servicio de transporte público de taxis tolerados, suscrita por el diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Marco Antonio González Reyes , integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el estado de México es donde más circulan taxis tolerados y su operación en las comunidades, se da ante la necesidad y a la mala planeación de rutas del transporte público en la entidad, los taxis tolerados son un medio de transporte inseguro y en el que son comunes los abusos en las tarifas, ya que, al ser irregulares no establecen costos y el precio del viaje lo estipula el chofer.

Cifras del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establecen que en 2018 se cometieron 9 mil 136 robos en transporte público en el estado de México, es decir, un promedio de 25 asaltos diarios.1

Lo que preocupa de esta situación es que los taxis tolerados únicamente están pintados de blanco, se colocan en esquinas de colonias populares bajo la protección de algún líder y empiezan a operar, y por su condición de irregulares, no hay un registro del número total de estas unidades en la entidad, pero se estima que circulan a diario más de 10 mil.

Los autos no cuentan con documentación oficial, cromáticas ni placas de transporte público y los choferes no tienen tarjetones ni uniformes, lo que aumenta el riesgo de inseguridad para los pasajeros, al no tener certeza de quién maneja la unidad.

Sin embargo, esta situación ha incrementado, ya que cada día aumentan sus bases en colonias populares del estado de México.2

El artículo 148 del Código Penal del Estado de México establece que “A quien preste el servicio público de transporte de pasajeros sin concesión, permiso o autorización correspondiente, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa y suspensión por un año del derecho de manejar, en caso de reincidencia privación definitiva del derecho de manejar” asimismo, estipula que “Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las medidas que disponga la legislación administrativa y las sanciones que correspondan, en su caso. Este delito se perseguirá por querella de la dependencia u órgano estatal del ramo.”

Por ello, se hace el llamado al gobernador del estado de México y a la Secretaría de Movilidad, para que atiendan a la brevedad el asunto que hoy nos ocupa, y que con las acciones que implementen para regularizar los taxis tolerados, se garantice el servicio y sea más seguro para los habitantes de la entidad.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que, a través de la Secretaría de Movilidad, implementen acciones para regularizar el servicio de transporte público de taxis tolerados, con la finalidad de brindar un servicio más eficiente y seguro para los habitantes en la entidad.

Notas

1 Autor: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tema: Incidencia Delictiva Fecha de publicación: 25 de mayo de 2019, disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-870 05?idiom=es

2 Autor: Fernando Cruz – Hoy Estado de México, Tema: Sin freno, abusos de los taxis tolerados en el Edoméx, Fecha de publicación: Enero 4, 2017, disponible en;

https://www.hoyestado.com/2018/01/sin-freno-abusos-de-lo s-taxis-tolerados-en-el-edomex/ cfr.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero del 2020.

Diputado Marco Antonio González Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno mexiquense a derogar el acuerdo del 19 de diciembre de 2019 mediante el cual se autoriza el incremento de las tarifas del transporte público en la modalidad de colectivo y mixto, suscrita por el diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Marco Antonio González Reyes , integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 19 de diciembre del 2019, el gobierno mexiquense publicó en la Gaceta de Gobierno un “Acuerdo del secretario de movilidad por el que se autoriza la modificación a las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte, en la modalidad de colectivo y mixto”, en el cual se hace una actualización al transporte público, pasando la tarifa de 10.00 pesos a 12.00 pesos, es decir haciendo un aumento de dos pesos:1

Primero. Se modifican las tarifas máximas de transporte público en las modalidades de colectivo y mixto, como se detalla a continuación:

Estableciéndose en el segundo y tercer transitorio de dicho acuerdo, que entraría en vigor a partir del primero de enero del 2020, quedando sin efectos el acuerdo del ocho de septiembre del 2017.

Con ello, lo único que se ocasionó fue el descontento y la molestia de la mayoría de los mexiquenses, quienes han realizado varias manifestaciones en contra del ejecutivo mexiquense tomando algunas vialidades, y señalándolo como un golpe duro contra su economía.2

Es de señalar que el Congreso local del estado de México votó el día 12 de diciembre del 2019, un punto de acuerdo de urgente resolución, que a la letra dice: “Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad del estado de México, para que no autorice el incremento de las tarifas al transporte público en la entidad; y para el caso de que el aumento se establezca, se sirva informar a la brevedad posible a esta Soberanía, los criterios técnicos y económicos bajo los cuales se autoriza la nueva tarifa.”3

A pesar de ello, el ejecutivo del Estado de México realizó el alza en las tarifas del transporte público.

El transporte público en el Estado de México es considerado como uno de los más caros e inseguros del país, ya que, en promedio un usuario gasta entre 75.00 y 85.00 pesos al día para poder trasladarse a su lugar de trabajo, mientras que, un estudiante se gasta de entre 50 y 60 pesos diarios, de su casa a su plantel educativo, por ejemplificar:

“Un habitante de Cuautitlán Izcalli labora en la zona cercana a la colonia Del Valle, en Ciudad de México. Los transportes que debería utilizar para llegar desde su casa a esa zona serían una combi, el tren suburbano y el metrobús.

Sumando lo gastado en estos tres, al mes destinaría un aproximado de entre mil 450 a mil 500 pesos, aunado a que el salario promedio de un mexicano es de 5 mil 528 pesos, esta persona gastaría el 27 por ciento de su salario para poder ir de su casa al trabajo y viceversa.”4

Asimismo, necesitamos se modernice este sector, ya que urge en el Estado de México, un transporte público con energías renovables, que sean lo suficientemente wficientes y económicos.

“La degradación ambiental es una de las mayores amenazas que se están observando en el mundo actual. Este problema puede ocurrir de varias maneras. En el momento en que los entornos se destruyen o se agotan los activos comunes, se considera que el medio ambiente está corrompido y dañado.

Para contrarrestar esto, existen varias técnicas diferentes, incluyendo soluciones medioambientales y la protección de los recursos ambientales.

Los problemas ambientales se pueden ver por los efectos ecológicos a largo plazo, algunos de los cuales pueden demoler ambientes enteros.”5

“En materia de emisiones, de acuerdo con el Inventario Nacional de GEI, emitido por el INECC en 2015 con datos de 2013, México emite el 1.4 por ciento de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero.

Por sector, contribuye con 26.2 por ciento el transporte; 19 por ciento la generación eléctrica; 17.3, la industria; 12.1, el petróleo y gas; 12, agropecuario; 4.9, el uso de suelo; 4.6, los residuos y 3.9 por ciento el residencial.”6

Sumado a esto, es de resaltar las promesas incumplidas en el transporte del estado de México.

“Durante varios periodos de gobiernos del estado de México se acumula una larga lista de promesas no cumplidas en materia de movilidad y transporte público. En resumen, son tres obras públicas las que siguen en proceso sin que exista claridad de su conclusión en Edomex:

1. El inicio de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca en 2014.

2. La Línea 4 del Mexibus, la obra se inició en el 2014 bajo el gobierno de Eruviel Ávila.

3. Dos nuevas líneas de Mexicable las que se anunciaron como parte de las catorce medidas para reducir la contaminación después de la contingencia de mayo en el Valle de México, aún no inician las obras.

Un buen funcionamiento y aplicación del transporte público no sólo garantiza mejor movilidad, además implica una lista de beneficios urgentes para la sociedad y para el medio ambiente. ¿Qué va a mejorar con estos medios de transporte terminados? El flujo en el tránsito por la reducción del uso del automóvil, la movilidad de las y los usuarios reduciendo su tiempo de traslados y por lo tanto la calidad del aire que respiramos todos.

En un estado como el Edomex donde la calidad del aire llega a un nivel de contaminación alarmante es indispensable exigir claridad en el término de estás obras públicas.7

Ahora bien, si hablamos en temas de seguridad ciudadana, durante todo el 2018, en la entidad se cometieron 9 mil robos en transporte público aproximadamente, es decir, un promedio de 25 asaltos diarios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Es por ello que se considera uno de los transportes públicos más caros y más inseguro del país.

“A nivel nacional el estado de México es una de las entidades más afectadas por el robo a transporte público, en particular en los municipios conurbados con la Ciudad de México.

De 2015 a 2018 El robo a transporte público se incrementó 700 por ciento en Nezahualcóyotl, 234 por ciento en La Paz y 219 por ciento en Chimalhuacán de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este tipo de delito, es muy sensible para la población que durante sus trayectos cotidianos ve afectado su patrimonio e integridad física, lo que además de generar una molestia social, incrementa la percepción de inseguridad en la zona donde se registran los robos.”8

“En la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se señala que en lo que va del 2019, se han cometido en la entidad mexiquense 7 mil 587 robos en transporte público colectivo, de los cuales 7 mil 533 han sido con violencia”.9

“Es de recordar, que dicha incidencia delictiva se refiere únicamente a la presunta ocurrencia de delitos reportados por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas, es decir, estas cifras presentadas excluyen a los ciudadanos que son víctimas de mencionado delito y que deciden no denunciar.

Por otro lado, en los últimos meses ha incrementado el delito de extorción contra los transportistas de la entidad, y ha llegado al punto de quemar unidades de transporte de pasajeros, agresiones físicas y asesinatos a choferes. A pesar de los diversos posicionamientos y acciones que han propuesto las autoridades mexiquenses, los resultados han sido deficientes para garantizar a los choferes y los pasajeros seguridad en el transporte.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, desde mayo han aumentado los casos de combis incendiadas y abandonadas en avenidas principales, el modus consiste en ir en un grupo de varios hombres armados, usar combustible y quemar la unidad para obligar a los choferes a pagar una cuota por transitar por la calles, así mismo es de importancia señalar que las rutas más afectadas son las que corren de Tecámac a Ecatepec, si los choferes se niegan a pagar la cuota sus vehículos sufren las consecuencias.”.10

“Por citar algún ejemplo, de acuerdo con el periódico Milenio el pasado 25 de julio, dos camionetas de transporte público fueron incendiadas en el municipio de Tecámac, estado de México, presuntamente por grupos extorsionadores, de acuerdo a lo informado por la policía local”.11

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que la entidad mexiquense presenta en general una cifra de mil 891 delitos por extorsión en lo que va del 2019.12

Y es de mencionar los diversos bloqueos que han realizado choferes de distintas rutas en varios municipios del estado de México, exigiendo seguridad y justicia por las muertes de sus compañeros.

Ahora bien, la situación laboral de los operadores de unidades sigue siendo la misma. Carente de garantías y de prestaciones, se debe reconocer que existe la necesidad de brindarles prestaciones de ley y poder cambiar sus condiciones de trabajo. No cuentan con un salario fijo, no hay pago de horas extras, están sin seguridad social, no aportan al Infonavit y en algunos casos ni tiempo tienen para tomar sus alimentos.

Por lo que es responsabilidad del Estado implementar acciones para generar las condiciones óptimas de trabajo a los choferes de transporte público.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en su artículo 33, fracciones IV, VII y X, dispone que la Secretaría de Movilidad es la dependencia encargada de autorizar y modificar en todo tiempo rutas, tarifas, itinerarios, horarios, frecuencias al igual que ordenar el cambio de bases, paraderos y terminales y señalar la forma de identificación de los vehículos afectos al servicio público de transporte, así también, autorizar y modificar las tarifas a que se sujete el servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades de colectivo y mixto, así como determinar el medio a través del cual los usuarios realizarán el pago de la misma y los dispositivos con que deberán contar los concesionarios para recabarla.13

Asimismo, el Código Administrativo del Estado de México confirma las funciones señaladas anteriormente, en su artículo 7.25 que a la letra dice: “La Secretaría de Movilidad podrá autorizar y modificar en todo tiempo rutas, tarifas, itinerarios, horarios, frecuencias, así como ordenar el cambio de bases, paraderos y terminales, y señalar la forma de identificación de los vehículos, siempre en atención a la satisfactoria prestación del servicio y a las necesidades públicas”. 14

“El día 1 de septiembre del 2017, la Secretaría de Movilidad emitió la última actualización en cuanto a las tarifas para el transporte público en la entidad mexiquense”:15

Cabe señalar que fue autorizado un aumento a las tarifas del 25 por ciento aproximadamente, con el compromiso de brindar al usuario un servicio de calidad y favorecer la modernización del sector, compromiso que, a la fecha no sea cumplido.

Se debe señalar que los incrementos a las tarifas no han sido claras, ya que, del 2017 a la fecha no se han visto mejoras en el servicio, no se puede considerar como una mejora del sistema de transporte actual cuando las unidades se encuentran en pésimas condiciones, en algunos casos no tienen los asientos completos, algunas unidades pasan de los 10 años de antigüedad y no cuentan con cámaras de seguridad.

Las autoridades del estado de México han hecho caso omiso a las necesidades de la población, no hay justificación para un incremento en las tarifas del servicio de transporte público y para justificar negligencias o corrupción, señalan que los transportistas son quienes piden incremento entre el 38 por ciento y 45 por ciento, quedando el pasaje mínimo de 10.00 a 14.50 pesos aproximadamente.

Por ello, se hace el llamado a las autoridades mexiquenses, para que atiendan a la brevedad el asunto que hoy nos ocupa y que con las medidas que implementen, se evite que haya incrementos que afectan directamente a los bolsillos de los usuarios del transporte público en el estado de México.

Por los elementos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que, a través de la Secretaría de Movilidad, derogue el acuerdo de fecha del 19 de diciembre de 2019, mediante el cual se autoriza el incremento a tarifas del transporte público en la modalidad de colectivo y mixto en la entidad.

Notas

1 Cfr. Gaceta del Gobierno, Estado de México, 19/Diciembre/2019; encontrado en

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edome x.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/dic191.pdf; 13/01/2020

2 Cfr. Seguirán Marchas contra aumento al transporte, consultado https://asisucede.com.mx/continuaran-las-marchas-por-rechazo-al-increme nto-del-costo-del-transporte-publico/15/01/2020

3 Cfr. Gaceta del Gobierno, Estado de México, 23 de diciembre de 2019; encontrado en http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/ files/pdf/gct/2019/dic231.pdf 15/01/2020

4 Cfr. Dinero en Imagen, Excelsior, *livm

https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/cuanto-gastan-l os-mexicanos-en-transporte-publico/98666, consultado 09 de diciembre de 2019

5 Cfr. Quimtia Industrial, Medio ambiente, Ecología y Medio Ambiente, 2018. Disponible en;

http://www.quimtiamedioambiente.com/blog/causas-efectos- degradacion-ambiental/

6 Cfr. Tribuna de los Cabos, 4 de noviembre, 2016, México y su compromiso con el medio ambiente

Disponible en; https://www.tribunadeloscabos.com.mx/mexico-y-su-compromiso-con-el-medi o-ambiente/

7 Cfr. Las promesas incumplidas en transporte del Estado de México, por Abril Dávila, agosto 16, 2019

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/3073/las-promesas -incumplidas-en-transporte-del-estado-de-mexico/

8 Cfr. Robo en transporte público en el Edomex aumentó 700 por ciento en tres años.

https://www.animalpolitico.com/2019/11/robo-transporte-p ublico-edomex-municipios/ consultado el 09 de diciembre de 2019.

9 Cfr. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Actualizado al 20 de Noviembre del 2019,

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/
incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published. Consultado el 09 de diciembre de 2019.

10 Cfr. https://letraroja.com/index.php/extorsionadores-de-tecamac-asesinan-cho feres-y-queman-combis/ consultado el 09 de diciembre de 2019.

11 Cfr. https://www.milenio.com/policia/presuntos-extorsionadores-queman-2-comb is-tecamac consultado el 09 de diciembre de 2019.

12 Ibid. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

13 Cfr. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, encontrada en

http://juntatoluca.edomex.gob.mx/sites/juntatoluca.edomex.gob.mx/
files/files/LEY_ORGANICA_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DEL_ESTADO_DE_MEXICO.pdf

14 Código Administrativo del Estado de México, septiembre de 2001, encontrado en http://probosque.edomex.gob.mx/sites/probosque.edomex.gob.mx/files/file s/marcoJuridico/codigoAdministrativoDelEstadoDeMexico.pdf

15 Cfr. Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno, Número 0011021, Toluca de Lerdo, México a 8 septiembre de 2017, consultado en https://smovilidad.edomex.gob.mx/sites/smovilidad.edomex.gob.mx/files/f iles/pdf/sep084.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputado Marco Antonio González Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Mesas Directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a instruir para que del 24 al 29 de febrero los edificios sede sean iluminados con los colores representativos de las enfermedades raras, suscrita por la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Las enfermedades raras se definen como aquellas que tienen una baja prevalencia en la población. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica sólo puede afectar a un número limitado de personas. Concretamente, cuando afecta a menos de 5 de cada 10 mil habitantes. Sin embargo, las patologías poco frecuentes afectan a un gran número de personas, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7 mil enfermedades raras que afectan al 7 por ciento de la población mundial, de estas enfermedades solo cinco por ciento cuenta con un tratamiento específico. Se estima que, en México, entre siete y 10 millones de personas viven con alguno de estos padecimientos, lo anterior fue señalado por el presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras (Femexer), David Peña.

Enrique Casado, catedrático de Pediatría, ha asegurado que el 80 por ciento de las enfermedades raras tienen un origen genético y están presentes desde antes del nacimiento. La mayoría de estas patologías se manifiestan nada más al nacer, aunque otras se desarrollan pasados unos meses o incluso años de vida. “Con frecuencia el diagnóstico se produce con retraso, lo que supone una enorme carga para los pacientes y sus familias, que recorren numerosos hospitales y consultas de especialistas sin encontrar una respuesta a lo que les sucede y, cuando lo hacen, es probable que no tenga tratamiento”.1

La prueba de tamiz neotal ampliado permite detectar, diagnosticar y tratar oportunamente enfermedades metabólicas en el recién nacido, para prevenir física, mental o incluso la muerte, lo anterior lo puntualizo Jacqueline Tovar miembro fundador de Femexer. En nuestro país, el tamiz neonatal comenzó como una prueba piloto en 1973, buscando la detección de cuatro enfermedades. En la década de los 90 se instituyó como una estrategia de salud pública, desde entonces se han tenido avances. A partir de 2012 se ha incrementado, paulatinamente, el número de enfermedades que se detectan, hasta alcanzar las seis que en la actualidad integran el esquema de tamizaje de la Secretaría de Salud, las cuales son: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística y deficiencia de glucosa 6-fostato deshidrogenasa. Lo anterior da la posibilidad de disponer información para conocer la incidencia de cada una de las seis enfermedades detectadas a través de tamiz metabólico neonatal, lo que da indicios del comportamiento de estas enfermedades en población mexicana.

Otro de los grandes problemas es que estas enfermedades tienen un gran impacto psicológico y social en las personas que las sufren y quienes les rodean. Las familias asumen los cuidados de los enfermos para los que en la mayoría de los casos no existe cura, lo cual es muy frustrante, por lo anterior es necesario que exista mayor conocimiento sobre ellas, que exista mayor investigación de estas patologías poco frecuentes. Uno de los grandes problemas de los pacientes con este tipo de enfermedades es la falta de información para la detección oportuna, debido a que presentan muchos síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades las padecen.

Es importante poner en relevancia la problemática de las enfermedades raras, ya que no existe una cobertura universal en el sector salud, que abarque la promoción de la salud, los servicios de prevención, el diagnóstico, los medicamentos y los servicios curativos y de rehabilitación, lo anterior es bajo el contexto que “de las más de 7 mil enfermedades raras que existen en el mundo, solo 10 por ciento cuentan con un respaldo científico y apenas 550 tienen un tratamiento. De las enfermedades huérfanas, como también se les llama, solo 20 se tratan en México, entre ellas las más recurrentes son los padecimientos del depósito lisosomal”; lo anterior ha sido señalado por el presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, Fexemer.2

Desde el 2008, fue elegido el último día de febrero para celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas, señalando un día inusual como lo es el 29 de febrero, desde entonces más de 90 países participan activamente en todo el mundo, para crear consciencia. En los años no bisiestos, el último día de febrero es el indicado. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras (Femexer) y la Organización Europea de Enfermedades Raras (Eurordis), designan de esta manera, porque únicamente afectan a 1 de cada 2 mil personas, teniendo como origen general una alteración genética, lo que condena a sus portadores a padecerlas de por vida.3

En México, el 11 de abril del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que declara el último día de febrero de cada año, como el “Día Nacional de las Enfermedades Raras” con el propósito de crear sensibilización y visibilizar la existencia de las enfermedades raras.

En la actualidad, la carencia de información y concientización sobre las enfermedades raras ha hecho que las sociedades contemporáneas y el sector salud excluyan a quienes padezcan estas enfermedades. Es por ello qué es tan importante detenerse en esta fecha para evitar que sus derechos humanos sean lastimados y revisar que las políticas públicas vayan encaminadas a la visibilidad de la situación de los pacientes con enfermedades raras.

Este día tiene que servir para crear consciencia y sensibilizar a la población sobre estas patologías pocos frecuentes, y la lamentablemente poco conocidas, las organizaciones civiles enfatizan una lucha para que se reconozca el derecho a la salud, establecido en el artículo 4o. constitucional. Lo señalan como un mes de esperanza para ese 7 por ciento de la población, que padecen enfermedades poco frecuentes y para los cuales, la investigación y detección temprana es de vital importancia.

Vivir con una enfermedad sin diagnóstico puede ser un gran reto. Una importante consecuencia de no tener un diagnóstico acertado es la angustia y el estrés que sienten los pacientes y sus familias, unamos esfuerzos para establecer políticas publicas encaminadas a otorgar atención y tratamiento a estos pacientes. Estos días que se iluminen los recintos sean para dar voz a los enfermos y llamar la atención sobre las grandes situaciones de falta de equidad y las injusticias que viven las familias. Que sea una forma de impulsar la investigación, diagnóstico y tratamiento para quienes tienen estas enfermedades.

El color verde, rosa, azul y morado son los colores que identifican la lucha que sostienen las personas con enfermedades raras y sus familiares.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primera. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados para que, en el ámbito de sus facultades, y en el marco del día mundial de las enfermedades raras, se ilumine de color verde, rosa, azul y morado la honorable Cámara de Diputados, del 24 al 29 de febrero, con el propósito de generar consciencia, establecer mejores políticas públicas y sensibilizar a la población respecto a las enfermedades raras

Segunda. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores para que, en el ámbito de sus facultades, y en el marco del día mundial de las enfermedades raras, se ilumine de color verde, rosa, azul y morado la honorable Cámara de Senadores, del 24 al 29 de febrero, con el propósito de generar consciencia, establecer mejores políticas públicas y sensibilizar a la población respecto a las enfermedades raras.

Notas

https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/la-oms -ha-identificado-5-000-enfermedades-raras-sin-contar-las-ultra-raras-78 46

2 https://www.milenio.com/especiales/enfermedades-raras-7-millones-de-mex icanos-las-padecen

3 https://codigof.mx/dia-mundial-de-las-enfermedades-raras-2019/

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 22 de enero de dos mil veinte.

Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintos congresos locales a actualizar el correspondiente marco normativo en cuanto al matrimonio del mismo sexo según el principio de armonía legislativa y los criterios de la SCJN, suscrita por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración de esta honorable asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las normas civiles1 que definen el matrimonio como celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer”, y/o que establecen entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie”, prevén una distinción implícita entre las parajes conformadas por heterosexuales y las conformadas por las homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a las segundas se les niega la posibilidad. Así para poder establecer si existe una distinción implícita no es suficiente saber quiénes tienen poder normativo en cuestión, sino conocer qué se les permite hacer a personas. Aunque este tipo de normas concedan el poder normativo para casarse a cualquier persona, con independencia de su preferencia sexual, si ese poder únicamente puede ejercitarse para contraer matrimonio con alguien del sexo opuesto, es indudable que sí comparten en realidad una distinción basada en preferencias sexuales, porque una persona homosexual únicamente puede acceder al mismo derecho que tiene una persona heterosexual, si niega su orientación sexual, lo que es precisamente la característica que lo define como tal. De lo anterior se concluye que este tipo de normas se encuentran basadas implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que traza quienes puedes utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las personas, las cuales constituyen uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

El matrimonio entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay, es la institución que reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por dos varones, dos mujeres, o eventualmente dos personas del mismo género, en aquellas culturas que reconocen más de dos géneros.

Si bien los matrimonios entre personas del mismo sexo han existido en diversas culturas a lo largo del tiempo, como en la Antigua Roma o en la provincia china de Fujian hasta el siglo XIX, la occidentalización del mundo llevó a su desaparición en los siglos XIX y XX, volviendo a aparecer en el siglo XXI.

En México, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal actualmente en Ciudad de México y en algunos estados, pero no es reconocido a nivel federal a pesar de la ardua lucha por parte de distintas organizaciones.

Los fallos a favor del matrimonio igualitario implementado en distintos estados del país obedecen a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 43/20152 emitida el 12 de junio de 2015, en la que obliga a todos los jueces federales a seguir este criterio favorable en todos los amparos que se interpongan, en cualquier parte del país, y en donde aún no están legalizados este tipo de matrimonios, además de permitir la adopción de menores y todos los beneficios que ello implica como la seguridad social que otorgan instituciones encargadas de ello como IMSS, Issste, Infonavit, Fovissste.

Si bien a nivel federal existen dos precedentes para que este sea reconocido en el marco jurídico de nuestro país, el camino de la aprobación del matrimonio igualitario se ha recorrido de manera local.

La Suprema Corte de Justicia declaró en la Jurisprudencia 43/20153 que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales. Esta tesis jurisprudencial señala que es incorrecto decir que: el matrimonio tiene como finalidad la procreación, pues en realidad cumple otras funciones sociales. Al definir al matrimonio como unión heterosexual, varias normas estatales discriminan a las personas por su orientación sexual, y por lo tanto contravienen la igualdad de derechos que consagra la Constitución Federal Mexicana.4

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un mensaje a medios en donde dijo que la democracia es parte esencial de la identidad mexicana, por lo que no se puede construir un país democrático si se excluye a una parte de la sociedad.

En México son 16 entidades en donde ya se aceptó el matrimonio igualitario, pero este no es reconocido a nivel federal, la Ciudad de México fue la primera entidad en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Estos son los estados donde el matrimonio igualitario está permitido:

-Ciudad de México (En 2010 se aprobó junto con la adopción homoparental)

-Quintana Roo (En 2012 se aceptó ya que el Código Civil no establecía claramente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer).

-Coahuila (Se aprobó en 2014 junto con la adopción homoparental).

-Chihuahua (Se aprobó hasta 2015 por un decreto del entonces gobernador César Duarte).

Estados que lo aceptan por orden de la Corte La Suprema Corte de Justicia de la Nación.

-Jalisco (La Corte lo ordenó en 2016, aunque organizaciones han denunciado que no se ha respetado el fallo).

-Chiapas (La SCJN invalidó los artículos del Código Civil que consideraba inconstitucionales, pues excluían a las parejas del mismo sexo que querían contraer matrimonio. En julio de 2017, el Congreso Estatal reconoció el matrimonio homosexual, otorgando todos los derechos, incluyendo la adopción).

-San Luis Potosí (El Congreso de San Luis Potosí aprobó el matrimonio igualitario el 17 de mayo del 2019. Además, las parejas conformadas por personas del mismo sexo también tienen el derecho de adopción).

-Baja California Sur (El matrimonio igualitario fue reconocido por el Congreso del Estado el 29 de junio de 2019).

La Ciudad de México tuvo la primera legislatura que modificó el Código Civil y cambió el concepto de matrimonio (celebrado entre un hombre y una mujer) por la “unión de dos personas para hacer una comunidad de vida, en donde ambas se procuran respeto y ayuda mutua”, siguiendo con dicho ejemplo siguen los estados mencionado en la lista anteriormente presentada.

En una pequeña muestra de que el camino para garantizar este derecho. Hay 2 estados donde este proceso ha sido parcial (aunque más lento de lo que debería), hablo de Guerrero y Querétaro, quienes sólo permiten el matrimonio igualitario en algunos de sus municipios. Por un lado, son 8 en Querétaro, sin la necesidad de presentar amparos (en el resto del estado esta la única vía) y 4 municipios en Guerrero (en el resto del estado aplican únicamente los amparos, como ordeno anteriormente la SCJN).

En un oscuro contraste al estado de derecho por el que dicha norma abre paso en el país, aún existen algunos estados que no aceptan y por lo tanto no han aprobado la legalización de estas uniones. Dichos estados son Durango, Guanajuato, estado de México, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas, los cuales no han avanzado en la legislación.5

En estos estados, para que una pareja del mismo sexo pueda casarse, es necesario presentar un amparo, un trámite por demás innecesario ya que es inconstitucional realizarlo para hacer valer un derecho que por ley les corresponde a todos en el territorio nacional.

En un afán por garantizar el derecho a la libre unión para todo el país, misma lucha que no debería si quiera discutirse ya que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dejan en claro que debe permitirse este tipo de uniones como de cualquier otra.

En este sentido, el presente punto de acuerdo exhorta a los congresos estatales de Durango, Guanajuato, estado de México, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas, así como en su totalidad a Querétaro y Guerrero para que organicen su marco jurídico en materia del matrimonio igualitario a fin de cumplir con el principio de armonización de las leyes.

Muchos son los beneficios sociales y nulas son las razones para no hacer esto, si bien es cierto que existen grupos contrarios a dicha idea, estos no cuentan con argumentos objetivos ni mucho menos legales para permitir la libre unión entre personas, a diferencia del marco normativo en México, el cual históricamente ha avanzado en beneficio de garantizar derechos a todos en el país, y esta no es la excepción.

Hoy hago un llamado a la razón, a la libertad y a garantizar los derechos de todos los mexicanos, esta cuarta transformación tiene la enorme virtud de que en ella no existen grupos ni sectores que gocen de más derechos que otros, sino que todos avanzamos en el mismo sentido y con los mimos derechos y obligaciones.

Aunque dicha resolución de la SCJN ha sido un paso enorme a la hora de garantizar este derecho, el camino por recorrer aun es largo y aunque gradualmente las leyes lograran armonizarse en todo el país, es necesario un cambio estructural en la ideología de las personas, no está demás decir que por derecho las personas de la comunidad LGTQ+ no deberían en un principio por pelear que constitucionalmente merecen.

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos de Durango, Guanajuato, estado de México, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Querétaro, Guerrero y Tamaulipas para que actualicen y armonicen su marco normativo en materia de matrimonio igualitario, en función del principio de armonía legislativa de acuerdo con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en un afán de informar a la población en general, realice jornadas por todo el país, específicamente en los estados Durango, Guanajuato, estado de México, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro y Guerrero, a fin de concientizar y sensibilizar a los habitantes de estos estados en materia de garantía de derechos de las personas LGBTQ+.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo a hacer un llamado a los estados de todo el país a fin de armonizar su marco jurídico en materia de matrimonio igualitario como decreto la SCJN.

Notas

1 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis 1ª /J. 84/2015 (10ª), Primera Sala, Libro 25 de diciembre de 2015, Tomo I, Página 186, Jurisprudencia Constitucional Civil. Consultable en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=201067 6&Clase=DetalleTesisBL

2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis 1ª/J. 43/2015 (10ª), Primera Sala, Libro 19 de junio de 2015, Tomo I, Página 536, Jurisprudencia Constitucional Civil. Consultable en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=200940 7&Clase=DetalleTesisBL

3 ídem

4 Forbes Mexico. “Estados que le dieron el “sí” al matrimonio igualitario”. Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/escuela-libre-de-derecho -de-puebla/el-matrimonio-igualitario-en-mexico-1

5 El Universal. “Diez años del matrimonio igualitario en México, avances y retrocesos”. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/english/ocho-anos-de-matr imonio-igualitario-en-mexico-avances-y-retrocesos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de enero de 2020.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Profepa a evitar la construcción de fraccionamientos cerca de Minera México, en el municipio de SLP, suscrita por el diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado José Ricardo Delsol Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para evitar la construcción en suelos contaminados cercanos a la Minera México, ubicada en el estado de San Luis Potosí, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o. del párrafo quinto , el derecho humano a un medio ambiente saludable, que a la letra dice:

“(...) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quién lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley (...)”:

En consecuencia, el objetivo que persigue la presente proposición atiende una justa problemática en pro de velar por el bienestar de las personas que deseen formar parte del desarrollo urbano que se pretende construir en el estado de San Luis Potosí.

Afectando el acceso a un entorno saludable que imposibilita el pleno desarrollo de las y los habitantes, provocando así consecuencias graves a nivel ecológico, ambiental y salubridad.

De igual forma la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí asevera en su Artículo 7o. fracción XV:

“(...) La prevención, regulación, control, vigilancia e inspección del aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la acción de la federación que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición, que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras, así como de aquellas actividades, cuya explotación se realice preponderadamente por medio de trabajos a cielo abierto y de la contaminación generada por éstas, asimismo abrir, conservar y llevar para su consulta los registros de los bancos de materiales y de las autorizaciones que emita la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM ) (...)”.

Por lo anteriormente expuesto, se fija la importancia de llevar a cabo un proceso de regulación e inspección de cada construcción de depósitos que implique un impacto contaminante, que deba ser observado y controlado por las mismas instancias encargadas de vigilar la contaminación generada.

Además, el artículo 12, fracción V de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, contempla el compromiso de prever no sólo las condiciones a corto plazo, sino también a largo plazo.

Artículo 12. La política ambiental del Estado responderá a las peculiaridades ecológicas de la entidad y guardará concordancia con los lineamientos de acción nacionales que establezca la federación, para lo cual observará los siguientes principios:

(...) V. La responsabilidad respecto al ambiente comprende tanto las condiciones presentes como las que se determinen para la calidad de vida de las futuras generaciones (...).

De tal manera que, dicho artículo no sólo prevé las condiciones a corto plazo, sino también a largo plazo. Y tratándose de un tema tan delicado, como lo es la contaminación que genera el arsénico, así como sus consecuencias en la salud de las personas que se mantienen expuestas a este químico altamente nocivo para la salud.

Ahora bien, las intenciones de construir en terrenos cercanos a la Minera México, que antes fueron usados como suelos de depósitos contaminados por la fundidora de arsénico, sólo manifiestan la falta de responsabilidad al no garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de fraccionamientos, parques recreativos que involucran la construcción de lagos y que éstos a su vez implican la excavación en subsuelos.

Y cuando el arsénico entra al medio ambiente a través del suelo, agua y aire, tal y como lo expone el Resumen de salud pública sobre el arsénico , investigación llevada a cabo por la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades (ATSDR) menciona que muchos compuestos comunes de arsénico pueden disolverse en agua. Por lo tanto, el arsénico puede pasar a lagos, ríos o al agua subterránea disolviéndose en el agua de lluvia o la nieve o en desagües industriales. Cierta cantidad de arsénico se adherirá a partículas en el agua o a sedimento del fondo de lagos o ríos , mientras que otra porción será arrastrada por el agua.

Asimismo, la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades (ATSDR), menciona que la concentración de arsénico en agua de superficie o subterránea es aproximadamente 1 parte de arsénico por billón de partes de agua (1 ppb), pero puede exceder 1,000 ppb en áreas de minería o donde los niveles de arsénico en el suelo son naturalmente elevados. Generalmente, el agua subterránea contiene niveles de arsénico más altos que el agua de superficie .

Siendo así un proyecto de alto riesgo querer desarrollar construcciones urbanas que impliquen tomar como punto de construcción terrenos usados como zonas de depósitos contaminantes.

Sin dejar de lado las repercusiones que manifiesta el arsénico en el cuerpo humano.

El arsénico fue clasificado por la International Agency for Research on Cancer (IARC), como un agente carcinogénico para humanos con base en estudios epidemiológicos que relacionan la ingestión de arsénico en el agua de bebida y cáncer en la piel y estudios ocupacionales que relacionan la exposición al arsénico y cáncer de pulmón .

De acuerdo a señalamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS): Los primeros síntomas de la exposición prolongada a altos niveles de arsénico inorgánico (por ejemplo, a través del consumo de agua y alimentos contaminados) se observan generalmente en la piel e incluyen cambios de pigmentación, lesiones cutáneas y durezas y callosidades en las palmas de las manos y las plantas de los pies (hiperqueratosis). Estos efectos se producen tras una exposición mínima de aproximadamente cinco años y pueden ser precursores de cáncer de piel.

Además de cáncer de piel, la exposición prolongada al arsénico también puede causar cáncer de vejiga y de pulmón. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha clasificado el arsénico y los compuestos de arsénico como cancerígenos para los seres humanos; el arsénico presente en el agua de bebida también ha sido incluido en esa categoría por el CIIC.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este pleno de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para hacer uso de sus competencias en la revisión del proyecto de construcción de fraccionamientos y parques recreativos, cercanos a la Minera México, ubicado en el estado de San Luis Potosí. Siendo así una zona contaminada que representa altos riesgos para la salud, manifestando una falta de responsabilidad construir sin antes valorar la viabilidad de los proyectos, poniendo en riesgo el bienestar de las personas.

Segundo La Comisión Permanente exhorta a las autoridades locales para realizar el informe de contaminación pertinente y hacer públicos los documentos e investigaciones que otorguen la información necesaria para valorar si es o no factible llevar a cabo el uso de dichos terrenos.

Fuentes

• Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades . (06 de mayo de 2016). Obtenido de ATSDR:

https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs2.html

• Carabantes, A. G. (2003). Arsénico en el agua de bebida: un problema de salud pública . Revista Brasileña de Ciencias Farmacéuticas , Vol.39 No.4.

• Organización Mundial de la Salud . (15 de febrero de 2018). Sitio web mundial OMS . Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/arsenic

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputado José Ricardo Delsol Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a investigar y sancionar a los servidores públicos involucrados en el asalto y robo de la base de la comisaría de policía en Tonalá, a cargo de Juanita Guerra Mena y suscrita por Katia Alejandra Castillo Lozano, diputadas del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadas Katia Alejandra Castillo Lozano y Juanita Guerra Mena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La madrugada del pasado domingo 5 de enero un hombre llegó a las instalaciones de la base de la Comisaría de Policía del municipio de Tonalá, en la zona metropolitana de Guadalajara, sometió al guardia que se encontraba en prevención y sustrajo 11 armas cortas, 4 armas largas, 20 cargadores y 4 radios portátiles de comunicación.

Si bien el presunto delincuente arribó con un uniforme que le garantizaba el acceso, cuando el guardia que custodiaba las armas fue sorprendido y sometido para llegar a la armería y robarse el armamento.

Esta situación se agrava cuando los presuntos delitos registrados en Jalisco, de enero a noviembre de 2019, hablan de 145 mil 678. El municipio de Tonalá, en donde se produjo el robo de estas armas, se encuentra en el 28 lugar en homicidios dolosos en todo el país, pero no sólo eso, sino que Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan y Tlaquepaque, todos ellos junto Tonalá, parte integrante de la zona metropolitana de Guadalajara se encuentra en primeros lugares de homicidios en el país, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El mismo secretariado ejecutivo señala que Jalisco ocupa el segundo lugar nacional de robo de vehículos, con 15 mil 178 vehículos de enero a noviembre de 2019, así como también, Jalisco ocupa el último lugar en certificación de policías con 2.7 por ciento de sus elementos, mientras que la media nacional es de 46.3 por ciento.

Por otra parte, el robo de estas armas no debió haber sucedido, si la Comisaría de Tonalá o su presidencia municipal se hubiesen preocupado por mantener una armería en condiciones seguras para evitar este tipo de sustracciones ilegales.

Por la naturaleza de sus funciones una armería es el espacio en el que se resguarda armamento, municiones, herramienta especializada, pólvora y algunos elementos químicos para dar mantenimiento a la capacidad de fuego de las corporaciones, mismo que debería contar con especificaciones de seguridad, que le permita a sus empleados contar con equipo de protección, como por ejemplo, tapetes para descarga de electricidad estática, o bien, brazaletes para descarga de electricidad estática, mangueras para agua de determinada presión o extintores, un área para el manejo de pólvora y residuos químico explosivos, y principalmente, un espacio de resguardo de armas, municiones y pólvora, que contenga varios dispositivos de apertura y cierre, incluido con combinaciones de tiempo.

La sospecha rodea este asunto, cuando parece que la disciplina estaba relajada, alejada de la exigencia que debe prevalecer para resguardar implementos con los que la delincuencia puede ampliar su poderío y su capacidad de fuego.

Esto se agrava cuando se trata de armas autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional a una corporación de seguridad, para ejercer las funciones de seguridad a que se refiere la Constitución y demás ordenamientos.

Por estas razones es que expresamos nuestra preocupación por los índices delictivos en Jalisco, y especialmente en su zona metropolitana de Guadalajara, que alteran la vida de los jaliscienses e impactando en sus actividades económico productivas, así como en la paz social.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar al pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a que instruya a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, desahogue todas las diligencias y líneas de investigación para esclarecer el robo de armamento ocurrido en la Comisaría de Tonalá, Jalisco. Y de ser el caso, sancione a los servidores públicos involucrados.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a que instruya a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a denunciar ante la Fiscalía General de la República y erigirse como tercero interesado para conocer los hechos suscitados en la madrugada del domingo 5 de enero pasado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputadas: Katia Alejandra Castillo Lozano (rúbrica), Juanita Guerra Mena.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a remitir a esta soberanía un informe sobre las principales diferencias entre el nuevo modelo de salud impulsado por el gobierno federal a través del Insabi y el antiguo representado por el Seguro Popular, suscrita por la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que remita a esta soberanía un informe sobre las principales diferencias entre el nuevo modelo de salud impulsado por el gobierno federal a través del Instituto de Salud para el Bienestar y el antiguo modelo representado por el Seguro Popular, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Datos generales

El Diario Oficial de la Federación publicó el 29 de noviembre el decreto que crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y desaparece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular. El Insabi comenzó a operar a partir del 1 de enero de 2020 como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de Salud, de acuerdo con el artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud.

Entre los objetivos planteados para este instituto, se proyecta que ofrezca servicios de salud a los 69 millones de personas que no cuentan con seguridad social. Para este fin, los beneficiarios sólo deberán presentar su identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), su Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento. Ya no es necesaria su afiliación o su pertenencia a un padrón ni al pago de cuotas anuales.

De acuerdo con el transitorio décimo tercero del decreto, en un periodo de tres años, el Insabi deberá presentar al Congreso de la Unión un informe del cumplimiento de cobertura de la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, especificando la cobertura a los grupos vulnerables.

En conferencia de prensa, el Presidente López Obrador y el director del Insabi, Juan Ferrer, se comprometieron a que el 1 de diciembre de 2020 haya: abasto y distribución de medicamentos y material de curación, así como suficiente personal médico en los establecimientos de salud y basificación de los trabajadores eventuales y con honorarios por contratos.

II. Diagnóstico del sistema de salud mexicano 1 ()

El sistema de salud mexicano enfrenta tres grandes problemas:

1. La segmentación (la cual se origina porque el acceso a la salud depende de la condición laboral de las personas: entre el sector formal que tiene acceso a las instituciones de seguridad social y el sector informal que no lo tiene) y la fragmentación (las instituciones que dan servicio a los distintos sectores de la población no están integradas ni coordinadas).

2. Los bajos niveles de gasto público recibido. México es el país que menos recursos destina a la salud (3 por ciento) entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

3. La persistencia de barreras importantes al acceso a los servicios para amplios sectores de la población. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se pueden hablar de dos barreras principales.

A. Accesibilidad. En 2018, 30.9 por ciento de las localidades del país y los 3 millones de personas que las habitaban no tenían acceso físico a servicios de salud básicos. Además, hay 19 millones de personas que no están afiliadas a ningún esquema público de atención a la salud.

B. Disponibilidad de recursos humanos (en 2016, México era el sexto país miembro de la OCDE con menor personal médico por cada mil habitantes, con 2.4 médicos, mientras que el promedio de la organización era de 3.4) y materiales (en 2014 el sector privado concentraba 69 por ciento de las unidades hospitalarias, en tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Seguro Popular concentraban apenas 6.3 y 18.3 por ciento respectivamente a pesar de atender a más de la mitad de la población).

III. Apuntes sobre el Insabi

Una de las principales diferencias de fondo entre el Insabi y el Seguro Popular, es que éste último (el Seguro Popular) se inscribe, de acuerdo con la Organización Panamericana de Salud , en las reformas con el objetivo de incrementar la cobertura (la afiliación a sistemas de aseguramiento) y asegurar la protección financiera de las personas, por lo que se establecieron paquetes mínimos de servicios a los que puede acceder la población asegurada.2

En la práctica, esto significó que el Seguro Popular:

a) Se enfocara primordialmente en la afiliación (logrando incrementar la cobertura del sistema de salud, pasando de un millón 564 mil personas en 2004 a 52.7 millones en 2011), sin que esto implicara acceso efectivo a los servicios de salud, dado que, por ejemplo, podía haber gente afiliada pero como en su población no existía infraestructura hospitalaria, no podía acceder a los servicios.

b) Ofreciera el aseguramiento de una cantidad limitada de padecimientos contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

c) Fallara con sus objetivos, porque en 2018, 19 millones de personas no estuvieron afiliadas a ningún esquema público de atención a la salud.

En cambio, la reforma que crea el Insabi parte de la vocación igualitaria e incluyente del gobierno de México y parte de la concepción de la salud como un derecho humano (que es el segundo tipo de reformas, de acuerdo con la Organización Panamericana de Salud). Esto significa que el Insabi:

a) Tiene el objetivo de incrementar el acceso efectivo a los servicios de salud de toda la población que no cuente con seguridad social.

b) Será incluyente porque no limita los servicios de salud, medicamentos o insumos que las personas sin seguridad social podrán recibir de manera gratuita en los dos primeros niveles de atenció n, a diferencia del aseguramiento de una cantidad limitada de padecimientos del Seguro Popular.

c) Será incluyente porque elimina las cuotas familiares y cualquier otro tipo de cobro. Mientras que el Seguro Popular en este sentido sí imponía barreras económicas de acceso.

d) Atenderá las desigualdades regionales en cuanto a infraestructura. En el artículo 77 Bis 29 se señala que el Fondo de Salud para el Bienestar tendrá como fin destinar los recursos que integran su patrimonio a, entre otras cosas, la atención de necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social.

Un elemento fundamental del Insabi es la adopción de un enfoque preventivo y de salud pública. Esto se refleja en la modificación que se propone a la fracción III del artículo 27 de la ley, pues consiste en una definición más clara de la atención preventiva, en la que se incluyen los determinantes físicos, psíquicos y sociales de la salud.

En cuanto al modelo de atención, el esquema de financiamiento del Seguro Popular no estaba acompañado de un modelo de atención a la salud. Es decir, careció de herramientas para responder a las necesidades de salud a nivel población. Por ello, el acceso efectivo creció en mucho menor medida que la afiliación.

En cambio, en la Ley General de Salud reformada, se precisa en el inciso A del artículo 77 Bis 5 que las autoridades del ámbito federal, como la Secretaría de Salud y el Insabi, las que diseñarán el modelo de atención a la salud que oriente los servicios ofrecidos a la población sin seguridad social. Se espera que alguno de sus principios normativos sea la disponibilidad, accesibilidad y calidad.

Existe un esfuerzo por solucionar la fragmentación en la atención a la población sin seguridad social. El 16 de enero, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo mencionó que el Insabi y el IMSS-Bienestar están trabajando de manera conjunta y coordinada tanto para ofrecer atención médica como para evitar duplicar servicios en las diferentes regiones, a fin de poder atender a más población.

El artículo 77 Bis 9 menciona que se promoverá que las unidades médicas, tanto federales como locales, operen como sistemas de redes integradas de atención de acuerdo con las necesidades de las personas beneficiarias.

Es importante señalar que la complicaciones de la fragmentación se ven potenciadas por e l hecho de que ciertas entidades federativas y, en especial los gobiernos provenientes del PAN y Movimiento Ciudadano digan que ellos se encargarán de la provisión de los servicios de salud y se muestren reacios a firmar el Acuerdo de Coordinación con el Insabi , lo cual, implicaría estar frente a una fragmentación mayor : Insabi, IMSS-Bienestar y los sistemas estatales de salud. Esto sin duda dificultaría la comunicación interinstitucional y el acceso efectivo a la salud.

Por ultimo dos elementos a destacar son en primer lugar que el artículo 77 Bis 12 señala que el monto de recursos que deberá aportar el gobierno federal no puede ser inferior al del año fiscal inmediato anterior; y segundo, que el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrados, ha mencionado que se logrará la atención médica gratuita en todos los niveles de atención.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que remita a esta soberanía un informe sobre las principales diferencias entre el nuevo modelo de salud impulsado por el gobierno federal a través del Instituto de Salud para el Bienestar, y el antiguo modelo representado por el Seguro Popular, así como el diagnóstico del estado del sistema de salud mexicano que se tomó como base para reformular el modelo de salud en nuestro país.

Notas

1 Con información otorgada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social https://ciss-bienestar.org/

2 Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Nota Técnica Luces y sombras del Insabi, consultado en: https://ciss-bienestar.org/wp-content/uploads/2020/01/InsabiNT.pdf, p. 3

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a difundir un informe detallado de las presuntas acciones penales iniciadas contra el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En diversos medios de comunicación locales y federales, desde hace algunos años e incluso recientemente, se ha especulado sobre la discrepancia y falta de congruencia respecto de los recursos comprobables del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares , ex gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de diversos integrantes de su familia, respecto de los bienes inmuebles que son de su propiedad, tanto en el país como en el extranjero, de los bienes muebles y las cuentas de inversiones, con cuantías que resultan inexplicables y de procedencia poco clara.

Adicionalmente, en su oportunidad, la periodista Lydia Cacho Ribeiro, denunció en su libro Los demonios del Edén (2004), la vinculación de este personaje a diversos politos y personajes públicos que han sido denunciados por delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y otros presuntas actividades delictivas.1

En los primeros días de enero del presente, se han publicado diversas notas periodísticas2 en las que se informa a la opinión pública, que la Fiscalía General de la Republica cuenta con evidencias y elementos legales que hacen suponer el enriquecimiento ilícito, la existencia de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares y de diversos miembros de su familia.

Situación que se agravó, luego del ejercicio de la gubernatura en el estado de Veracruz, por parte de este político panista, y que según trascendidos periodísticos, que han sido expuestos en espacios informativos como el del periodista Oscar Mario Beteta,3 ya han provocado que el ciudadano Alejandro Gertz Manero, en calidad de titular de la Fiscalía General de la Republica, inicie las acciones legales en su contra y, en breve, un juez federal emita las correspondientes ordenes de aprehensión en contra del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares y de varios miembros de su familia.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de los principios de transparencia y acceso a la información pública, establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública , así como del interés que sobre el particular tiene esta soberanía en los hechos presuntamente delictivos (que faculta en materia presupuestaria a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el artículo 74, fracción IV); del impacto que estos hechos han tenido sobre las finanzas públicas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la traición que implican a la confianza de la ciudadanía que votó en favor del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares , someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ciudadano Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, para que a la brevedad posible y sin poner en riesgo la integridad y confidencialidad de las investigaciones y de los procesos judiciales en curso, haga público un informe detallado respecto de las presuntas acciones penales que por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y/o delincuencia organizada, han sido incoadas hasta la fecha, en contra del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares , exgobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Notas

1 Véase: https://www.periodicocentral.mx/2020/pagina-negra/crimen-y-castigo/
item/611-por-el-caso-lydia-cacho-proximamente-sera-liberada-una-orden-de-aprehension-contra-el-ex-gobernador-de-veracruz-miguel-angel-yunes

2 Véase: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1630 3&c=10#.XiX7PMgzbDd

3 Véase: https://www.periodicocentral.mx/2020/pagina-negra/crimen-y-castigo/
item/611-por-el-caso-lydia-cacho-proximamente-sera-liberada-una-orden-de-aprehension-contra-el-ex-gobernador-de-veracruz-miguel-angel-yunes

Salón de la Comisión Permanente del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a informar a esta soberanía sobre las acciones realizadas para solventar en su totalidad las observaciones formuladas respecto al gasto federal programable asignado entre 2012 y 2016 al gobierno mexiquense, encabezado por el ciudadano Eruviel Ávila Villegas, a cargo de los diputados César Agustín Hernández Pérez, Sergio Gutiérrez Luna, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz y María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena

Los diputados que suscriben, César Agustín Hernández Pérez, Sergio Gutiérrez Luna, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz y María de los Ángeles Huerta del Río, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre 2011 y 2017, el estado de México, gobernado por el ciudadano Eruviel Ávila Villegas, padeció un aumento de la inseguridad pública, de la desigualdad social y de una mala administración de los recursos públicos asignados por el gobierno federal en este periodo.

Por un lado, durante esta administración del gobierno estatal, el estado de México se convirtió en la entidad federativa más insegura del país. Con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE), 92 por ciento de la población de 18 años y más se sentía inseguro en el estado de México, por encima del promedio nacional de 73 por ciento.

La incidencia delictiva en la entidad registró un aumento considerable entre 2012 y 2016 al pasar de 56 mil 752 a 62 mil 751 eventos individuales de victimización delictivas reportadas en este periodo de tiempo, lo cual representó un aumento de 10.5 por ciento.

El estado de México se convirtió en uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. El Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres registra 12 mil 950 casos de agresión entre 2012 y 2015.1

Por otro lado, con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza en el estado de México aumentó entre 2012 y 2016, al pasar de 7 millones 328 mil 735 personas viviendo en situación de pobreza en 2012 a 8 millones 230 mil 200 personas viviendo en esta condición, lo cual representó un incremento del 12.3 puntos porcentuales en dicho periodo.

Finalmente, el estado de México estuvo sujeto a recurrentes observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por la administración irregular de recursos federales entre 2012 y 2016.

El Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2016 revela observaciones al gobierno del ciudadano Eruviel Ávila Villegas por un monto pendiente de solventar al mes de enero de 2018 por 12 mil 234 millones de pesos (mdp) de gasto federal programable, que ubica al estado de México como la cuarta entidad federativa con mayor monto pendiente de solventar en dicho periodo, sólo después de Veracruz con 36 mil 266 mdp, Michoacán con 21 mil 13 mdp y Guerrero con 13 mil 296 mdp.2

Al respecto, el informe indica que, al mes de enero de 2018, la Auditoría Superior de la Federación había presentado denuncias de hechos por un monto de 665.7 millones de pesos.

Por todo lo antes expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ciudadano David Colmenares Páramo , titular de la Auditoría Superior de la Federación , informe a esta soberanía cuáles son las acciones que ha realizado para solventar en su totalidad las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, al gasto federal programable asignado al gobierno del estado de México entre 2012 y 2016 , encabezado por el ciudadano Eruviel Ávila Villegas , por un monto de 12 mil 234 millones de pesos .

Notas

1 https://www.forbes.com.mx/las-muertas-del-estado-de-mexico-una-epidemia -silenciosa/

2 https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020

Diputados: César Agustín Hernández Pérez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Sergio Gutiérrez Luna, María de los Ángeles Huerta del Río (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y el Congreso de Coahuila a mantener una estricta disciplina financiera y bajos niveles de endeudamiento, a cargo de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del poder Ejecutivo del gobierno del estado de Coahuila, así como a su Congreso Local, a mantener una estricta disciplina financiera y bajos niveles de endeudamiento, siguiendo las disposiciones aplicables en la materia, en particular en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y respetando el techo de endeudamiento establecido, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Coahuila ha presentado una situación francamente preocupante en su deuda pública en el último lustro, teniendo su peor momento en el primer trimestre de 2018, al concluir la administración del gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez.

Para explicar cómo quedaron las finanzas del estado al terminar su administración es relevante indicar que al finalizar el sexenio de Rubén Moreira, el 30 de noviembre de 2017, con información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Sistema de Alertas de la Secretaría se resalta que, al cuarto trimestre de 2017, la Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición alcanzaron 195.7 por ciento, la más elevada entre todas las entidades federativas para ese mismo trimestre.

El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas:

(1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición,

(2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, y

(3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos Totales.

De acuerdo con la metodología de medición del sistema de alertas del nivel de endeudamiento de la Secretaría, un ente público con niveles de endeudamiento “sostenible” podrá contratar más deuda, con un techo de endeudamiento equiparable al 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición, que son los ingresos estatales más las aportaciones federales, sin considerar el dinero que los estados les dan a sus municipios.

Sin embargo, cuando un ente público tiene un nivel de endeudamiento “en observación”, el techo de la deuda adicional se reduce al cinco por ciento sobre los Ingresos de Libre Disposición. En caso de contar con “altos” niveles de endeudamiento general, el ente obligado “no podrá contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas”, refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

A partir de la medición del cuarto trimestre de 2017, los resultados del Sistema de Alertas son comparables entre sí, derivado de la reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios publicada el 30 de enero de 2018 al Indicador 3 de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas.

Las cifras utilizadas para el cálculo toman en consideración la información y documentación proporcionada por las entidades federativas, la información contable publicada por las propias entidades conforme a los formatos a que hace referencia la Ley; así como, la información disponible en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría.

De esta manera, como ya se mencionó, a la salida de Rubén Moreira la deuda del estado de Coahuila enfrentó uno de los momentos más dramáticos en las finanzas públicas de la entidad de los que se tengan registro.

Si bien el indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición se mantuvo para el Sistema de Alertas en un “endeudamiento en observación”, en ese mismo trimestre, el estado registró 18.6 por ciento de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición. Este último indicador ya sobrepasó los límites, colocándose en “endeudamiento elevado” y fue también el más alto entre todas las entidades federativas.

Esta situación colocó a Coahuila en un foco amarillo, que como marca la semaforización de la Ley de Disciplina Financiera, a partir de ese momento mantendría un techo de endeudamiento de 5 por ciento de los Ingresos de Libre Disposición del estado.

Para el primer trimestre de 2018, la situación de las obligaciones financieras de Coahuila se agravó y el estado presentó un registro de “endeudamiento elevado”, o foco rojo, en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como no se ha observado en ninguna otra entidad hasta el día de hoy.

Para 2018, el porcentaje de la Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición alcanzó los 200.1 por ciento, siendo la única entidad en alcanzar este porcentaje desde que se tiene este Sistema homologado para todos los estados y marcando una tendencia de urgente atención, motivo por el que fue creado el Sistema.

Respecto a los Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, se reportó un porcentaje de 19.5 por ciento, también el más grande entre todos los estados. A partir de ese momento, el gobierno del estado de Coahuila no podría contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas. Se encontraba en una situación de techo de endeudamiento “cero”.

Por ello, en los siguientes trimestres se notaría una gradual mejoría en todos los indicadores de deuda pública, para lo que se tuvieron que realizar medidas drásticas en las finanzas públicas, una circunstancia extraordinaria que padeció el pueblo de Coahuila y que reflejó el desorden fiscal que experimentaban las finanzas públicas del estado.

Al tercer trimestre de 2019, el gobierno del estado de Coahuila logró reducir la Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición a 153.6 por ciento y los Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición a15.9 por ciento. El primer indicador bajó a amarillo y el segundo, aunque se mantuvo en rojo, ya se encuentra en la frontera del cambio. En conjunto, ambos indicadores devolvieron al estado de Coahuila a un “endeudamiento en observación” o de “rango medio”.

Ello significa que el estado de Coahuila puede volver a un techo de endeudamiento del 5 por ciento de sus ingresos de libre disposición. Para el ejercicio presupuestario de este año, con información de los últimos ingresos del estado de Coahuila, se tendrá un techo de endeudamiento por un monto equiparable a 1 mil 210 millones de pesos.

Sin embargo, en los indicadores de endeudamiento del estado de Coahuila se sigue manifestando la deuda más elevada entre las entidades federativas. Esto quiere decir dos cosas.

1. Que la sostenibilidad del pago de créditos, emisiones bursátiles, deudas, obligaciones derivadas de asociaciones público-privadas y otros deberes financieros programados está en más riesgo que en otras entidades porque absorbe gran parte de los ingresos locales y de las participaciones federales que reciben los estados.

2. Que también está en juego la capacidad de pago de las amortizaciones, intereses, comisiones y demás costos derivados de los adeudos financieros de los estados.

En resumen, no se debe bajar la guardia, porque no se puede dejar que vuelva a pasar por lo mismo el estado, ya que, es el pueblo de Coahuila quien paga el desorden en las finanzas públicas locales cuando se aplican los recortes en el gasto o los incrementos en impuestos.

Por ello, y reconociendo el alto nivel de endeudamiento que ha experimentado el estado de Coahuila en gobiernos anteriores, es necesario seguir con la disciplina fiscal que ordena la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con el objetivo de no volver a padecer una situación similar a la experimentada a principios de 2018 por las malas administraciones anteriores.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo del gobierno del estado de Coahuila, así como a su Congreso Local, a mantener una estricta disciplina financiera y bajos niveles de endeudamiento, siguiendo las disposiciones aplicables en la materia, en particular en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y respetando el techo de endeudamiento establecido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputada Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan tanto los actos de tortura psicológica cometidos contra Julian Assange como su incesante persecución por revelaciones periodísticas, y se solicita respetuosamente a las autoridades británicas la liberación inmediata por razones humanitarias, a cargo de la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena

Érika Vanesa del Castillo Ibarra, en mi calidad de Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 24 de diciembre de 2019, en Reino Unido, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) expreso su alarma por la salud del fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuyo estado se ha deteriorado durante su detención.

La organización pidió su liberación inmediata por razones humanitarias y condena la incesante persecución de Assange por sus actividades periodísticas, lo que sienta un precedente peligroso,1 y señalo:

“La audiencia de extradición de Assange comenzará en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, el 24 de febrero. En Reporteros Sin Fronteras preocupan las informaciones de que Assange no ha tenido suficientes oportunidades para prepararse para esta audiencia y que sus abogados no tienen un adecuado acceso a su defendido en prisión. Ambas medidas violan sus derechos fundamentales. Los representantes de RSF tienen previsto hacer un seguimiento de la audiencia de extradición.

La profunda inquietud de RSF tiene su origen en la declaración emitida por el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, el 1 de noviembre, en la que expresaba su “alarma por el continuo deterioro de la salud de Julian Assange desde su detención y encarcelamiento a principios de 2019”, y decía que “su vida ahora corre peligro”. Un grupo de más de 60 médicos también emitió una advertencia similar en una carta abierta con fecha de 25 de noviembre, expresando preocupación porque la salud de Assange era tan mala que podría morir en prisión sin atención médica urgente.

Assange compareció por videoconferencia en un tribunal de Madrid el 20 de diciembre como parte de una investigación sobre sus acusaciones de que una empresa española lo espió mientras vivía en la embajada ecuatoriana en Londres.

RSF ya condenó el ataque del gobierno de Estados Unidos a Assange por sus actividades periodísticas, pues que los documentos clasificados filtrados por WikiLeaks llevaron a revelaciones periodísticas que eran de interés público. Assange no debe ser procesado por ser un intermediario entre un denunciante y los medios de comunicación. En EEUU, el fundador de WikiLeaks se enfrenta a un total de 18 cargos, 17 de ellos por la Ley de Espionaje, que la administración Trump utiliza cada vez más para cargar contra revelaciones y denuncias de irregularidades en asuntos relacionados con la seguridad nacional.

“Nos alarma el estado actual de la salud de Julian Assange y pedimos su liberación inmediata por razones humanitarias”, solicita el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “Assange está siendo atacado por Estados Unidos por sus actividades periodísticas, lo que sienta un precedente peligroso para la libertad de prensa. A la comunidad periodística de Estados Unidos y del extranjero le preocupa que estos procedimientos lleven a un nuevo nivel la criminalización del periodismo de seguridad nacional. Este precedente podría usarse para enjuiciar a periodistas y editores en el futuro por participar en actividades necesarias para reportajes de investigación de interés público. Estados Unidos debería cesar su persecución a Assange y retirar los cargos por la Ley de Espionaje sin más demora”.

RSF ha expresado su preocupación de que los procedimientos por filtraciones bajo la Ley de Espionaje no protejan adecuadamente a los denunciantes; a los acusados ??no se les permite presentar una defensa de interés público, y los fiscales solo necesitan demostrar que la filtración pudo haber perjudicado a la seguridad nacional, no que realmente lo haya hecho. RSF teme que atacar a Assange bajo la Ley de Espionaje pueda sentar un precedente peligroso.

RSF también ha condenado la decisión del Ministerio del Interior del Reino Unido de dar luz verde a la solicitud de extradición de Estados Unidos. Assange actualmente permanece detenido en la prisión de Belmarsh, en espera de su audiencia de extradición en Estados Unidos, después de recibir una sentencia de 50 semanas en mayo de 2019 por romper la fianza al buscar refugio en la Embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012, donde permaneció hasta su expulsión y arresto en abril de 2019.”

Segunda. Al respecto, el pasado 3 de enero de 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina declaro sobre el caso de Julian Assange:2

“En su momento estos cables mostraron cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria, son como secretos de Estado que se conocieron gracias a esta investigación. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere, y que no se le siga torturando.”

“Es un acto de humildad de la autoridad que tenga que resolver sobre la libertad de este periodista, investigador, que logró extraer estos cables que revelan información de lo que sucedía entre gobiernos... La mayor parte de las cosas aquí expresadas eran violatorias de la soberanía, de las libertades, de la democracia.”

Tercera. El 11 abril 2019 fue arrestado Julian Assange, después de haber pasado 2,487 días en la embajada de Ecuador en Londres, donde buscó refugio desde el 19 junio de 2012; Es decir, fue detenido, casi ocho años después, luego de que el gobierno ecuatoriano le retirara el asilo que le concedió dos meses después de haber cruzado las puertas de su sede diplomática.

“Julian Assange (...) fue arrestado por agentes del servicio de Policía Metropolitana (...) bajo una orden emitida por la Corte de Magistrados de Westminster el 29 de junio de 2012, por no ponerse a disposición de la corte”.3

El tribunal ya ha declarado al australiano culpable de haber violado los términos de la fianza que le había sido concedida mientras combatía una posible extradición a Suecia, lo que lo expone a una pena máxima de 12 meses de cárcel en Reino Unido.

Sin embargo, en un segundo comunicado Scotland Yard informó que “Julian Assange también fue arrestado por solicitud de las autoridades de Estados Unidos”.

La existencia de una solicitud de extradición por parte de EE.UU. por “delitos informáticos” fue confirmada luego por un vocero del ministerio del Interior británico (Home Office) y por el propio departamento de Justicia de EE.UU.

“Julian P. Assange, de 47 años, el fundador de WikiLeaks, fue arrestado hoy en Reino Unido (...) en relación con un cargo federal de conspiración para cometer una intrusión informática por haber aceptado robar una contraseña para entrar en una computadora clasificada del gobierno de EE.UU. “4

Según las autoridades estadounidenses, Assange, quien se ha declarado inocente de todos los cargos, conspiró en 2010 con la ex analista de inteligencia Chelsea Manning y utilizó a WikiLeaks para publicar más de 700.000 documentos secretos, en lo que fue descrito por el propio departamento de Justicia como “una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de los Estados Unidos”.

Esa filtración le valió a Manning, una condena de 35 años de cárcel, dictada en 2013. Sin embargo, la ex analista de inteligencia del ejército de EE.UU., fue perdonada en 2017 por Barack Obama justo antes de abandonar la Casa Blanca.

Según el departamento de Justicia, Assange se enfrenta a una pena máxima de cinco años de cárcel por esos delitos. Empero, también, podría ser objeto de nuevas acusaciones una vez en poder de las autoridades estadounidenses.

Según el departamento de Justicia, Assange ayudó a Manning a descifrar la contraseña necesaria para entrar en computadoras del departamento de Defensa conectadas a SIPRNet, una red del gobierno de EE.UU. utilizada para documentos y comunicaciones clasificadas.5

Las autoridades estadounidenses han dicho en numerosas ocasiones que las acciones de Assange y Manning comprometieron la seguridad de EE.UU. y pusieron en peligro la vida de sus soldados, agentes y colaboradores.

Assange y WikiLeaks, por su parte, insisten en que la filtración ayudó a exponer crímenes de guerra.

Cuarta . El 31 de mayo de 2019, Nils Melzer, Relator Especial sobre Tortura e investigador de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalo que “Julian Assange, ha sufrido tortura sicológica en el transcurso de una campaña de difamación y no debería ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría un espectáculo judicial politizado”.6

Estas declaraciones fueron realizadas después de una visita a Assange en la cárcel de alta seguridad de Londres el 9 de mayo de 2019 junto con dos expertos médicos y afirmó que:

“lo encontró agitado, bajo un estrés severo e incapacitado para soportar este complejo caso legal”

Nuestro hallazgo indica que el señor Assange muestra todos los síntomas de una persona expuesta a tortura sicológica por un prolongado periodo. El siquiatra que acompañó mi misión dijo que su estado de salud es crítico, comentó Melzer a Reuters en Ginebra. Pero entiendo que ha sido hospitalizado ahora y no está capacitado para enfrentar un juicio.”7

El portal de noticias de la Organización de Naciones Unidas dio a conocer un comunicado del Relator Especial sobre Tortura, Nils Melzer, en el que señala que Assange sufre una persecución colectiva que debe cesar,8 y señala:

“Mi preocupación más urgente es que en Estados Unidos Assange estaría expuesto a violaciones graves de sus derechos humanos, incluidos su libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y su derecho a no sufrir tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dijo Nils Melzer.

El experto aseveró que Assange ha sido objeto durante años de abusos concertados y deliberados de sus garantías fundamentales y pidió que se le ponga fin a esa “persecución colectiva”.

“En 20 años de trabajo con víctimas de guerra, violencia y persecución política, nunca había visto a un grupo de Estados democráticos unirse para aislar, demonizar y abusar deliberadamente de un individuo durante tanto tiempo y sin respetar la dignidad humana ni el estado de derecho. ¡La persecución colectiva de Julian Assange debe terminar ahora!”, declaró Melzer.

Desde 2010, cuando Wikileaks empezó a publicar evidencias de crímenes de guerra y tortura cometidos por el ejército estadounidense, varios Estados pusieron en marcha una acción sostenida y concertada para extraditar al comunicador australiano a Estados Unidos para que se le juzgara, en una preocupante criminalización del periodismo de investigación que transgrede la Constitución estadounidense y las leyes internacionales de derechos humanos.

“Desde entonces, se desató una campaña implacable de acoso, intimidación y difamación contra Assange no sólo en Estados Unidos sino también en el Reino Unido, Suecia y, más tarde, en Ecuador.”

Esta campaña incluyó una serie de declaraciones humillantes, degradantes y amenazantes en la prensa y las redes sociales, así como de parte de figuras políticas importantes y de jueces involucrados en los procesos contra Assange.

Manifestó una especial alarma por el reciente anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 17 nuevas imputaciones contra Assange bajo la Ley de Espionaje, que sumarían una pena de hasta 175 años en prisión.

“Esto podría dar como resultado una sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional o incluso una condena de muerte si se añadieran más acusaciones en el futuro”.

Si bien Assange no se encuentra en confinamiento solitario, las limitaciones a la frecuencia y duración de las visitas de sus abogados y la falta de acceso al archivo y documentos del caso le impiden preparar una defensa adecuada ante a los complejos procesos legales que enfrenta.”

Quinto . La tortura es una grave violación a derechos humanos, cuya prohibición es absoluta e inderogable, considerada por algunos tribunales internacionales como una norma de ius cogens ,9 es decir como normas imperativas que no admiten acuerdo en contrario, ya que protegen los intereses fundamentales o esenciales que la comunidad internacional precisa para su supervivencia y, en consecuencia, imposibilitan a los sujetos el sustraerse de las mismas.

Los funcionarios penitenciarios deben evitar considerar a los internos como un número o como seres inferiores que han perdido el derecho de ser respetados por lo que han hecho o han sido sindicados de hacer. El maltrato de los internos es siempre, en todas las situaciones, un acto ilegal que genera responsabilidad individual e institucional. Además, dichas conductas menoscaban la calidad humana del funcionario que actúa de esa manera.

Existe una prohibición total de torturar y de infligir deliberadamente tratos crueles, inhumanos o degradantes; es decir, de violar el derecho absoluto a la integridad personal. Es necesario comprender que esta prohibición no se aplica sólo a los malos tratos o a los abusos verbales o físicos, sino además a las condiciones de habitabilidad de los espacios donde conviven los internos (tamaño de las celdas, ventilación, iluminación, espacios dignos y dotados para dormir, etc.)

La naturaleza cerrada y aislada de las prisiones puede dar oportunidad a que se cometan actos abusivos con impunidad, y existe el peligro de que acciones que constituyen tortura o maltrato, como el uso ilegal y rutinario de la fuerza y los golpes, lleguen a ser considerados por los funcionarios como conductas “normales” o como parte de los procedimientos.

En este sentido, debe tenerse siempre presente que ninguna de las normas reglamentarias o de procedimiento de la prisión puede ser interpretada por los funcionarios como una autorización para infligir malos tratos a un interno. Esto es especialmente aplicable a los reglamentos relativos a internos de alta seguridad y a las personas que se encuentran en unidades de aislamiento.

Al respecto cabe señalar que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros puntos, que:

“Artículo 1

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “ tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia . No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.

Artículo 2

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción .

2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.

3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

Artículo 3

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

Artículo 4

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.

Artículo 6

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.

3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado en que habitualmente resida.

4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.

Artículo 7

1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.

2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 5.

3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4 recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento.

Artículo 8

1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.

2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente a tales delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

4. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.

Artículo 9

1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos.

Artículo 12

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial .

Artículo 13

Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.

Artículo 16

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión.”

Sexta. Adicionalmente la comunidad internacional se ha dotado de distintos instrumentos para prohibir la tortura en todo momento y baja cualquier circunstancia.

En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala, entre otros puntos, que:

“Artículo 7 .

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.”

Por su parte, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 10 adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, ahora también conocidas como Reglas Nelson Mandela11 se establece, entre otros aspectos, que:

“Primera parte

Reglas de Aplicación General

Principio fundamental

6. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios , principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión , de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso.

Disciplinas y sanciones

31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.”

Cabe mencionar que en la revisión de las “Reglas Nelson Mandela” destacó las relacionadas con la salud y la prohibición absoluta de la tortura y maltrato de prisioneros, la aplicación de las regulaciones sobre la incomunicación y aislamiento prolongado, y las restricciones de los cacheos intrusivos.

Los Principios Fundamentales de las Reglas Nelson Mandela 12 establecen como primer principio el de la Dignidad Humana, el cual señala que:

“Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes.”

En razón de lo anteriormente expresado, de los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, y de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respeto la obligación de “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias” para “promover , respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”; no podemos, ni debemos permanecer impávidos ante los señalamientos de tortura cometidos contra de Julian Assange, ni de la preocupación expresada Relator Especial sobre Tortura e investigador de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Nils Melzer por su posible extradición que se pretende hacia los Estados Unidos de América.

Oponerse a la tortura y defender la libertad de prensa y el derecho a la información, son causas que nos unen y se apegan a las mejores tradiciones del pueblo de México.

Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los actos de tortura psicológica que se han cometido en contra Julian Assange, creador de Wikeleaks, así como su incesante persecución por razones periodísticas,

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso solicita respetuosamente a las autoridades británicas la liberación inmediata de Julian Assange por razones humanitarias.

Notas

1 Reino Unido | Reporteros Sin Fronteras pide la puesta en libertad de Assange por razones humanitarias y que retiren los cargos por la Ley de Espionaje de EEUU.

https://www.rsf-es.org/news/reino-unido-reporteros-sin-f ronteras-pide-la-puesta-en-libertad-de-assange-por-razones-humanitarias -y-que-retiren-los-cargos-por-la-ley-de-espionaje-de-eeuu/

2 Presidencia de la República. 3 de enero de 2020. Ojalá que se libere a Julian Assange y no se le siga torturando.

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/
gobierno-federal-realizara-revision-a-comportamiento-de-pensiones-informa-presidente-lopez-obrador?idiom=es

3 News Mundo 11 abril 2019. De qué acusan a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks arrestado en la embajada de Ecuador en Londres y cuya extradición pide EE.UU.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-4789979 2

4 Ibíd.

5 Ibídem.

6 La Jornada , 1 junio de 2019. Assange, con síntomas de tortura sicológica, revelan https://www.jornada.com.mx/2019/06/01/mundo/021n1mun

7 Ídem.

8 Noticias ONU. 31 de mayo de 2019. Assange sufre una persecución colectiva que debe cesar, pide un experto de la ONU. https://news.un.org/es/story/2019/05/1456941

9 Ius cogens (o ius cogens) es una frase en latín que literalmente significa “Ley imperante”. Designa normas a partir de las cuales no se permite ninguna excepción a través de acuerdos particulares. Se deriva de la idea ya conocida en la ley romana de que ciertas reglas legales no se pueden contraer, dados los valores fundamentales que sostienen. https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/.../obo-978019979695 3-0124.x

10 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoner s.aspx

11 Reglas Nelson Mandela, llamadas así después de una revisión de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos fueron presentadas el 15 de octubre de 2015, en Nueva York, en una ceremonia coauspiciada por el gobierno de Sudáfrica y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). https://news.un.org/es/story/2015/10/1341831

12 El 17 de diciembre de diciembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 70/175, aprobó un documento revisado y actualizado de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, instrumento que se había aprobado por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. En homenaje al Expresidente Sudafricano Nelson Rolihlahla Mandela, este nuevo texto se denomina “Reglas Nelson Mandela”.

La versión revisada y aprobada por unanimidad en la 70ª sesión de la Asamblea General de la ONU establece nuevos estándares para el tratamiento de la población privada de su libertad, basándose en los recientes avances de la disciplina penitenciaria y las mejores prácticas internacionales. De ser aplicadas plenamente, podrían transformarse en una oportunidad de desarrollo personal que traiga a su vez beneficios para la sociedad en su conjunto.

Recinto de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputada Erika Vanesa del Castillo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades del estado de México a implantar operativos de seguridad en los alrededores del Mexipuerto Cuatro Caminos, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María de los Ángeles Huerta del Río, integrante del grupo parlamentario de Morena, a la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Centro de transferencia modal de la Zona Norte del Estado de México, mejor conocido como Mexipuerto Cuatro Caminos tiene una afluencia diaria de más de cuatrocientas mil personas al día, lo que da como resultado 90 millones de usuarios al año. Sin embargo, el problema de la seguridad sigue siendo un asunto pendiente.

Las formas de los robos en el Mexipuerto son variadas, desde el robo simple en donde arrebatan bolsas, celulares, mochilas, etc., pasando por grupos de delincuentes que simulan ser conocidos de la víctima, extorsión o asaltos a mano armada, que hace pocos días causo la muerte de una persona a plena luz del día, al ser apuñalado por resistirse a un asalto, sin que nadie haya intervenido y mucho menos los policías. Sin embargo, el número de delitos que se denuncian no corresponde a la cantidad de los cometidos.

Ahora, a los delincuentes civiles se suman los policías del Estado de México y Municipales que, bajo el pretexto de hacer una revisión de las personas, porque según ellos acaban de recibir el reporte de un robo, o bien que es parte de un operativo los revisan, y una vez que se tiene rodeada la persona, de forma salvaje la someten, los esposan y suben a las patrullas, donde lo siguen golpeado para robarle sus pertenecías. Las lesiones son tan graves que envían a la gente al hospital, como es el caso de Ernesto, que es Capitán Segundo de Caballería del Ejercito quien después del robo no pudo denunciar de manera inmediata, en virtud de haber sido hospitalizado durante seis días en el hospital. Pero este es un caso de los más de cuatrocientos que se han cometido de esta forma. Todo esto ya es inaceptable.

Muchas de las denuncias realizadas contra servidores públicos, concretamente policías, ya sean estatales o municipales, no avanzan y la ciudadanía lo percibe como un encubrimiento y denegación de justicia.

Es por ello que, con respeto irrestricto a la autonomía del Estado de México, solicito se exhorte al gobernador, así como a los titulares de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que realicen operativos de seguridad y en específico en contra de los policías que abusando de su investidura, cometen ilícitos en contra de la ciudadanía, en los cuales también participe la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México y la Coordinación de Grupos Tácticos.

En el Mismo sentido se le solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, -respetando el principio de confidencialidad de la investigación-, informe el número de denuncias presentadas contra policías estatales y municipales, así como el estado procesal de las mismas y sus resultados.

Por anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México, a la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que realicen operativos de seguridad y en específico en contra de los policías estatales y municipales que, abusando de su investidura, cometen ilícitos en contra de la ciudadanía, y que participe la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México y la Coordinación de Grupos Tácticos del Estado de México.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, -respetando el principio de confidencialidad de la investigación-, entregue a esta soberanía un informe sobre número de denuncias presentadas contra policías estatales y municipales, así como el estado procesal que guardan de las mismas y sus resultados.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 22 días del mes de enero de 2020.

Diputada María de los Ángeles Huerta del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a adecuar la respectiva legislación penal para considerar el delito de pederastia y su no prescripción, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María de los Ángeles Huerta del Río, integrante del grupo parlamentario de Morena, a la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Penal Federal a efecto de que se considere imprescriptible el delito de pederastia, en virtud del “destructivo alcance inherente a las víctimas de cualquier forma de abuso sexual, en particular de la o el niño víctima, su familia y otras personas involucradas. Aparte de las lesiones físicas, en el o la menor de edad, los efectos psicológicos son enormes, y pueden ir, desde la depresión al postraumático trastorno de estrés y ansiedad e incluso el suicidio.”

Lo anterior en plena concordancia con lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se dispone que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.”

Es de hacer notar que en diversos códigos penales locales no se tipifica el delito de pederastia, como en el de Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca, Zacatecas, estando comprendidas las conductas sexuales con menores de edad, dentro de otros tipos penales, con penalidades bajas y que en la mayoría de los casos no son considerados delitos graves, por lo que el agresor puede seguir el proceso en libertad, con la amenaza que eso representa para las víctimas.

En otros códigos penales si está considerado el tipo penal de pederastia como en la Ciudad de México, Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo Querétaro, Morelos y Jalisco. Sin embargo, es necesario que se visibilice jurídicamente conductas delictivas de índole sexual, cometidas en contra de los menores en las entidades que no lo han hecho, y deben de adecuarse el marco normativo para atender la realidad y proteger a los menores.

El delito de pederastia es un delito que, al cometerse en contra de menores, los deja devastados, por lo cual puede tomar mucho tiempo el animarse a denunciar. El exponer públicamente los agravios sufridos, como está la legislación actualmente beneficia solo al delincuente, y no a la víctima, ya que el delito tiene un plazo de prescripción que en algunos casos no da tiempo siquiera que la víctima cumpla la mayoría de edad, en ese sentido la ley impide implementar la justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales que no tienen considerado el tipo penal de pederastia en su marco normativo a efecto de que adecuen su código penal para incluirlo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos Locales para que consideren imprescriptible el delito de pederastia en sus Códigos Penales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 22 días del mes de enero de 2020.

Diputada María de los Ángeles Huerta del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa y distintas autoridades de Naucalpan de Juárez a informar sobre las acciones realizadas respecto a los hechos denunciados por la construcción de inmuebles en San José Río Hondo, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María de los Ángeles Huerta del Río, integrante del grupo parlamentario de Morena, a la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Naucalpan de Juárez, por ser un municipio metropolitano de la Ciudad de México ha sido escogido por las grandes constructoras inmobiliarias y particulares, para construir y ofertar vivienda, por ser menor el costo del suelo que en la Ciudad de México.

Lo que ha tenido consecuencias desastrosas para los habitantes del municipio, el primero de ellos es el estrés hídrico al que ha sido sometida la cuenca de agua del Valle de México, al grado tal que ahora no existe suficiente agua para los actuales habitantes.

Se ha extraído mucha más agua de la presa Madín que lo recomendable y cada vez el tandeo es más común en todas las colonias. Además del enorme impacto ambiental en la cuenca del Río Hondo por nulo tratamiento de las descargas de aguas residuales, que afecta de manera sanitaria a miles de ciudadanos alrededor de la cuenca.

Los espacios verdes se han reducido al mínimo y constantemente ha habido invasiones, por ejemplo, al Parque Nacional Los Remedios, o a los terrenos federales. Así como ocurre en la avenida primero de mayo, colonia San Luis Tlatilco, sobre las vías férreas, frente a los Juzgados del Poder Judicial del Estado de México, donde particulares se han apropiado de terrenos federales.

Es por ello que los habitantes del municipio han defendido los pocos espacios verdes que quedan interponiendo denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como la PFPA/39.7/2C.28.2/00028-19 por las obras tendientes a construir seis torres habitacionales de 25 pisos en terrenos del Pueblo de San José Rio Hondo, municipio de Naucalpan de Juárez, cuando en el Plan Municipal de Desarrollo no se autorizan más de 15 niveles, y dicha obra además es sobre un afluente de aguas pluviales y servidumbres de paso para los ductos de abastecimiento de la Comisión Nacional del Agua, logrando que el Organismo de Cuencas del Valle de México haya girado un oficio que ordena un dictamen técnico para evitar cualquier tipo de obra en esta zona, hasta no tener un resolutivo de impacto, por lo cual la Profepa clausuro la obra. Sin embargo, el mismo día, la constructora quito los sellos y continuo con la obra sin que hasta el momento la Profepa haya realizado acciones que detengan la construcción de la obra y que salvaguardes los espacios verdes. Tampoco las instancias municipales han hecho algo al respecto para impedir que continúe la obra.

Por anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a los titulares de la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, y la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez a efecto de que informe de las acciones realizadas respecto de los hechos denunciados a causa de la construcción de inmuebles en el Pueblo de San José Río Hondo, municipio de Naucalpan Estado de México, en virtud de que el Organismo de Cuencas de Agua del Valle de México había prohibido cualquier tipo de construcción.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que informe a las autoridades correspondientes sobre las posibles violaciones a la normatividad.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente los titulares de la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, y la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez a efecto de que informe de las acciones realizadas para la protección de las áreas verdes del territorio municipal.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 22 días del mes de enero de 2020.

Diputada María de los Ángeles Huerta del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Michoacán a iniciar una carpeta de investigación y ejecutar las respectivas diligencias de búsqueda y localización del activista Homero Gómez González, en Ocampo, a cargo de la diputada Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Juana Carrillo Luna, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Michoacán para que inicie una carpeta de investigación y haga las diligencias respectivas, a fin de realizar la tarea de búsqueda y localización del ciudadano Homero Gómez González, activista y defensor de los bosques de la mariposa monarca en contra de la tala clandestina, en el Municipio de Ocampo, de la región oriente de Michoacán, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 2018, fueron asesinados 164 defensores del medio ambiente en el mundo, es decir, más de 3 personas por semana.

Sólo en México fueron asesinadas 14 personas, convirtiéndose en el sexto país más peligroso del mundo para los activistas defensores del medio ambiente, de acuerdo con el informe publicado por Global Witness.1

Según Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, aliada con Global Witness a través de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, entre los países que ocupan los primeros lugares en esta materia, cuatro pertenecen a América Latina, esto significa que la región sigue siendo una de las más violentas en temas de criminalización, beneficiando los intereses de quienes quieren acceder a los recursos naturales de manera ilegítima.

Para 2019 la situación no cambió. Amnistía Internacional documentó 24 defensores de derechos humanos asesinados en el país el año pasado, 12 de ellos estaban relacionados con temas ambientales.2

De todos los sectores donde existe presencia de activistas y colectivos en defensa del medio ambiente, el forestal es uno de los más agraviados en los últimos años, principalmente atribuidos a la deforestación asociada con fines ganaderos, expansión de cultivos de aguacate por parte del narcotráfico, la tala ilegal entre otros.

Es así, que en estados como Michoacán o Jalisco ya se observan las consecuencias ambientales de la deforestación provocada por la siembra de aguacate y tala ilegal en zonas de Áreas Naturales protegidas.3

En el estado de Michoacán existen varios colectivos y activistas defensores de los santuarios de las Mariposa Monarca, como el santuario El Rosario de la Mariposa Monarca, ubicado en la zona oriente del estado.

El santuario nació como parte de una estrategia de cuidado ambiental, abatimiento de la tala clandestina y la puesta en marcha de la Policía Turística.

Homero Gómez González es defensor de los bosques de la mariposa monarca e integrante del Santuario El Rosario , quien ha luchado por la preservación de los bosques michoacanos y defendido las condiciones laborales de quienes se dedican a la conservación de la biosfera de la Monarca.

Además, ha realizado una gran labor, en conjunto con ejidatarios, pobladores y autoridades, para conservar el santuario, reforestarlo y cuidarlo de incendios y la tala ilegal.

Sin embargo, desde el pasado 13 de enero se encuentra desaparecido. Fue visto por última vez en la localidad de El Soldado, en el municipio de Ocampo, Michoacán. Como evidencia quedaron una camioneta estacionada en el lugar donde el propio Homero la dejó, mientras que su teléfono celular y una tableta electrónica aparecieron en la presidencia municipal.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán realizó un llamado a las autoridades de la entidad para intensificar la búsqueda del defensor de los bosques. Asimismo, se abrió un expediente identificado con el número MOR/037/2020 a fin de contribuir a las tareas de búsqueda y localización de Homero Gómez González, administrador de El Rosario.

Familiares, integrantes del santuario El Rosario y ejidatarios de la comunidad siguen participando en la búsqueda recorriendo caminos rurales, cerros y brechas para ubicarlo, pero sigue sin aparecer desde la última vez que fue visto en el cierre de la fiesta de la localidad del Soldado.

No obstante, la Fiscalía General del Estado de Michoacán aún no ha informado algún resultado de sus investigaciones, e incluso algunos de los familiares del activista trataron de reunirse el pasado viernes 17 de enero con el gobernador Silvano Aureoles para exigir su localización.4

Este caso, como el de muchos activistas más no puede pasar desapercibido, ya que en muchas ocasiones los defensores del medio ambiente sufren campañas de desprestigio, cargos criminales, órdenes de captura, procesos con irregularidades y la criminalización masiva, que lleva a ataques físicos, encarcelamientos, e incluso desaparición forzada y asesinato.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Michoacán para que inicie una carpeta de investigación y haga las diligencias respectivas, a fin de realizar la tarea de búsqueda y localización del ciudadano Homero Gómez González, activista y defensor de los bosques de la mariposa monarca en contra de la tala clandestina, en el Municipio de Ocampo, de la región oriente de Michoacán.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional Forestal, para que, en coordinación con las autoridades del gobierno del estado de Michoacán, realicen las acciones pertinentes para reforzar la vigilancia y erradiquen las actividades de tala ilegal y clandestina en los santuarios de las mariposas monarcas.

Notas

i https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enem igos-del-estado/ consultado el 20 de enero de 2020

ii https://www.animalpolitico.com/2019/10/oaxaca-chiapas-estados-peligroso s-ambientalistas-defensores/ consultado el 20 de enero de 2020

iii https://www.animalpolitico.com/2019/12/deudas-ambientales-mexico-2019/ consultado el 20 de enero de 2020

iv https://www.milenio.com/estados/familia-homero-gomez-descarta-desaparic ion-labor-michoacan consultado el 20 de enero de 2020.

Sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputada Juana Carrillo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades de Jalisco a hacer pública la política implantada y los resultados obtenidos frente al creciente robo de ganado, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México se consolidó el año 2018 como el séptimo lugar a nivel mundial en la producción de proteína animal, lo que se refleja en un sector pecuario rentable y sustentable que garantiza la producción y abasto de alimentos accesibles, sanos y de calidad.

Con información del Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de México, generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el primer trimestre de 2019 el producto interno bruto (PIB) registró un crecimiento anual de 1.2 por ciento en términos reales.

Sin embargo, el delito de robo de ganado viene al alza y pone en riego esta importante área del sector primario del país.

Con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural al 2018, Jalisco ocupó el segundo lugar en cabezas de ganado bovino para carne y leche con 3 millones 290 mil 786 cabezas, solo por detrás del estado de Veracruz que reportó para el mismo periodo 4 millones 306 mil 215 cabezas.1

Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó sólo 254 casos de robo de ganado en la entidad para el año 2019,2 en términos porcentuales resulta una cifra despreciable contra los poco más de tres millones de animales registrados.

La opinión pública ha manifestado en varios foros que el delito va en ascenso y la percepción de acciones por parte del gobierno no se ven por ningún lado.

Agosto 23, 2019. “A decir del regidor en Lagos de Moreno, el priista Hugo René Ruíz Esparza, el hurto de ganado en la región alteña ha golpeado la economía de familias completas, quienes consideran que las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia”.3

También el modo de comisión ha cambiado, antes se robaban cabezas transportadas, de una ranchería a otra, o al rastro para su sacrificio y posterior comercialización de la carne, en pequeñas unidades. Ahora el robo se da a grandes vehículos que conducen a varias decenas de animales por las carreteras estatales. Y últimamente se han documentado casos en los que los ladrones llegan a los ranchos aprovechando horas nocturnas para someter a los vigilantes. Allí mismos las sacrifican llevándose la carne y dejando solo la piel y las vísceras.

Este delito causa importante quebranto a la economía familiar y de grandes empresas engordadoras.

Por lo que se hace urgente la necesidad de enfrentarlo en forma decidida, con estrategia y voluntad.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que haga del conocimiento público las acciones puntuales que su administración ha implementado para enfrentar el delito de abigeato, así como los resultados que se han alcanzado.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al encargado del despacho de la secretario de Seguridad Pública del estado de Jalisco, Juan Bosco Agustín Pacheco, para que haga del conocimiento público un informe respecto al número de personas que han sido detenidas por el delito de abigeato, así como el de aquellas que han sido puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al fiscal general del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, para que haga del conocimiento público las carpetas de investigación que se han iniciado por el delito de abigeato y por cuántas de ellas se han iniciado proceso por este delito.

Notas

i https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/516353/Inventario_2018_B ovinos.pdf

ii https://drive.google.com/file/d/1F7MFakuXBlNAEJtMFAQWIBxE8quVLjZZ/view

iii http://todoennoticia.com.mx/uncategorized/abigeato-un-delito-comun-que- ha-rebasado-a-la-autoridad-en-jalisco/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días de enero de 2020.

Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al informe presentado por la ASF sobre el Fondo para el Fortalecimiento Financiero ejercido en 2018 por el gobierno de Aguascalientes, a cargo de los diputados Aleida Alavez Ruiz y Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputada Aleida Alavez Ruiz y diputado Marco Antonio Andrade Zavala, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hasta el año 2018, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consideraba la asignación presupuestal de un Fondo denominado “Fondo para el Fortalecimiento Financiero”.

Dicho Fondo tenía como objetivo principal transferir recursos a entidades federativas y municipios para los rubros de pavimentación, infraestructura deportiva e infraestructura de cultura y formaba parte del Gasto Federalizado ministrado y distribuido a las Entidades Federativas, como uno de los Fondos del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.

Al no tener las reglas claras, los recursos se podían usar de manera discrecional, por lo cual desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal 2019 y fue sujeto de observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Es así que en la Auditoría de Cumplimiento 2018-A-01000-19-0520-2019 520-DS-GF, se solicita al Gobierno de Aguascalientes, la debida justificación del empleo de los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, durante el Ejercicio Fiscal 2018.

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 521,671.1 miles de pesos, que representó el 92.3% de los 565,139.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado de Aguascalientes, de lo cual se obtuvo el siguiente dictamen:

“...Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 477,819.6 miles de pesos que representaron el 85.8% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 557,206.5 miles de pesos que representaron 98.6% de los recursos transferidos.

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Servicios Personales, Obra Pública y Ejercicio de los Recursos, entre otras, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74,258.2 miles de pesos (74.3 millones de pesos), que representaron el 14.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 661.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF.

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones en materia de transparencia sobre la gestión del Fortafin, ya que las cifras reportadas a la SHCP no presentaron calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo.

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.”

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, a informar el destino de los recursos pendientes de aclaración en el ejercicio fiscal 2018, correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento Financiero y cuyo monto total asciende a 74.3 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, enero 22 de 2020.

Diputados: Aleida Alavez Ruiz, Marco Antonio Andrade Zavala (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades federales a recibir y atender a una comisión de representantes populares de la zona oriente del estado de México para tratar temas relativos al efecto por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez y suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal César Agustín Hernández Pérez, integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante el sexenio 2012 - 2018, se dio inició a la planeación y construcción del proyecto conocido como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (NAICM); el cual estaría ubicado en el vaso del antiguo lago de Texcoco, con una participación mayoritaria del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

El documento intitulado Informe al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las opciones posibles para la solución del problema de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México refiere que “el programa estaba definido para poner en operación el nuevo aeropuerto, primero en 2018 y después de las modificaciones al Plan Maestro, en octubre de 2020.”1

A mediados del mes de octubre del 2018, el licenciado Andrés Manuel López Obrador invitó a todas y todos los ciudadanos del país a participar en la Consulta Nacional Nuevo Aeropuerto, la cual se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre en diversos puntos del país.2

Los resultados se dieron a conocer el 29 de octubre en una conferencia de prensa.3

Al respecto, el comunicado 014 Resultados Consulta Nacional, 28 oct 18, cita que “con más del 98 por ciento de casillas computadas hasta las 22:00 horas de este día, es posible afirmar que 29.08 por ciento de los votantes que participaron en la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto optaron por continuar la construcción de la terminal aérea en Texcoco y 69.95 por ciento manifestaron su preferencia a favor de iniciar las obras en Santa Lucía.”4

Posteriormente, el 3 de enero de 2019, mediante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por voz del secretario de Comunicaciones y Transportes, (SCT), refirió que “el 27 se hizo un Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y en vista de que ya había resuelto el problema de los bonos, se dio instrucciones al director de ya iniciar la cancelación de los contratos, la terminación de los contratos o la negociación de los contratos. Ya están suspendidos oficialmente la construcción de ese aeropuerto y ya se ha empezado la negociación con los contratos para darlos por terminados anticipadamente o resolver, en consecuencia, con los dueños de los contratos (sic).”5

Los representantes populares que conformamos las senadurías, diputaciones federales y locales, así como las alcaldías de la zona oriente del estado de México somos respetuosos de la decisión de la cancelación del aeropuerto en Texcoco emitida por nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tan es así que de manera solidaria le brindamos nuestro total apoyo y le acompañamos como entes sociales involucrados en su proyecto de gobierno. En razón de ello, en conjunto con gobierno federal, local y municipal, además de empresarios y contratistas, iniciamos desde hace varios meses, diversos trabajos para dar la total suspensión del proyecto, así como para preservar la observancia legal de los derechos adquiridos.

Cabe mencionar que dicha obra proyectaba un sinnúmero de beneficios para la población del valle de México, además de un impacto positivo para inversiones que desembocarían en un alto desarrollo económico para el país; muy en lo particular queremos destacar que los municipios circunvecinos a la obra se estaban viendo favorecidos con fuentes de empleo, infraestructura, servicios públicos por mencionar algunos. Ahora bien, la cancelación del proyecto revive preocupaciones de certeza jurídica en un gran número de predios, obras de infraestructura pública inconclusas como puentes y colectores de agua que se quedaron pendientes, habilitación de avenidas, calles y servicios públicos elementales, que beneficiarían a la población aledaña, pero sobre todo un gran número de desempleo por las fuentes de empleo antes creadas y hoy canceladas. Una de las peticiones que inquieta a esta Comisión es la construcción de una autopista que nada tiene que ver con la cancelación de la obra del aeropuerto en Texcoco, pero sí con la movilidad de los municipios aledaños, la cual permitirá reducir horas hombres y traería grandes beneficios a los usuarios.

Por ende, creemos sumamente oportuno que el gobierno de la república, a través de sus diversas dependencias y/o secretarías atiendan mesas de trabajo para buscar concretar la mejor solución a la problemática generada, como es la falta de atención a la mejora de la calidad de vida de las familias que en su momento tenían la esperanza de contar con mejores condiciones de bienestar laboral, social, mejora de servicios e infraestructura.

Por estas circunstancias, diversas organizaciones han buscado acercamiento y/o diálogo con el gobierno de la república en el interés de disipar sus inquietudes y preocupaciones. Hay quien sí ha sido atendida, por citar un ejemplo, una organización pequeña y poco representativa en la región conocida como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).6

Representantes de dicho Frente, el pasado 12 de diciembre, tuvieron una reunión encabezada por el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, según información del portal de prensa de la página de la Secretaría de Gobernación.7

Ahora bien, con fecha 20 de diciembre del 2019, una comisión de representantes populares en la que participamos senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales, de la región oriente del estado de México, (de la cual cabe destacar representamos más de 5 millones de habitantes), nos presentamos en la instalaciones de la Secretaría de Gobernación federal, ubicada en Abraham González, número 48, colonia Juárez, alcaldía de Cuauhtémoc; Ciudad de México, a fin de tener una reunión, previamente agendada y confirmada con el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo, en un horario de las 9 de la mañana, sin embargo; no obstante nuestra puntualidad y la debida diligencia, no fuimos atendidos. Lamentablemente y por segunda ocasión el 20 de enero de 2020, (tan sólo un mes después) vuelve a suceder la misma situación, no obstante, de haber obtenido la cita de viva voz del Subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, y siendo confirmada con su personal, el mismo día. Razón por la cual, de manera firme se hace un extrañamiento puntual y contundente a dicho funcionario por la falta de oficio político, tacto y sensibilidad, ya que su actuar pareciere una burla hacía los servidores públicos y las personas que representamos; es decir, los representantes de 5 millones de personas no le merecen el mismo trato y respeto al señor subsecretario Peralta como sí lo tiene para el pequeño grupo de vecinos de Atenco. ¿Acaso necesitamos llevar machetes para que nos pueda atender el Señor Subsecretario?

Motivo por el cual y en pleno ejercicio de nuestro derecho concebido en el artículo 6, numeral 1, fracciones VIII y XVIII del Reglamento de la Cámara de Diputados:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

...

VIII. Solicitar cualquier información a los Poderes de la Unión o cualquier otra instancia federal;

XVIII. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus representados...”

Así como el artículo 8, numeral 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la Republica:

“Artículo 8

1. Son derechos de los senadores:

...

VII. Solicitar, por sí mismos o por conducto del órgano legislativo competente, a las autoridades y entidades de orden público, la información necesaria para el adecuado desarrollo de la función legislativa;...”

Ante la alta demanda por parte de la población de contar con servicios públicos, así como la imperiosa necesidad de gozar de fuentes de empleo bien remunerados, creemos fundamental se establezcan mesas de trabajo para con los titulares de diversas dependencias del gobierno federal, destacando encuentros con los titulares de la Secretaría de Gobernación; Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Comisión Nacional del Agua; así como por el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; donde la comisión de representantes populares de los municipios de la zona oriente del estado de México, integrada por senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales expongamos diversos temas relativos al impacto por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco a fin de obtener las mejores soluciones y servicios a nuestros representados.

Finalmente, haciendo alarde de lo establecido en el Plan Nacional de Trabajo 2019-2024, presentado por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados, en donde se enlistan los principios rectores de este gobierno, nos permitimos destacar los siguientes:

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie

Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes, tanto en su espíritu como en su letra, hemos de desempeñar el poder con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto federal, en observancia de los derechos sociales, colectivos y sociales, empezando por los derechos humanos, y el fin de la represión política; nada por la fuerza; todo, por la razón; solución de los conflictos mediante el diálogo ; fin de los privilegios ante la ley y cese de los fueros.

El respeto al derecho ajeno es la paz.

México ha recuperado los principios que hicieron de su política exterior un ejemplo mundial: no intervención, autodeterminación, relaciones con todos los pueblos basadas en la cooperación para el desarrollo, solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y rechazo a la violencia y a la guerra, respeto a los derechos humanos.”6

El diálogo permite construir puentes de comunicación para la solución de conflictos de manera pacífica, por ello, solicitamos de dichos Titulares su pronta atención, así como la debida diligencia para atender nuestra solicitud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación; Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Comisión Nacional del Agua, así como al Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, para que a la brevedad posible sea recibida y atendida una comisión de representantes populares de los municipios de la zona oriente del estado de México, integrada por senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, a fin de tratar diversos temas relativos al impacto por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.

Notas

1 Informe al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las opciones posibles para la solución del problema de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Consultado el 20 de diciembre de 2019. Visible en

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/I nforme-entregado-lic-Lopez-Obrador.pdf

2 Consulta Nacional Nuevo Aeropuerto. AMLO. Consultado el 20 de Diciembre, 2019. Visible en https://lopezobrador.org.mx/temas/consulta-nacional-nuevo-aeropuerto/

3 Conferencia de prensa sobre los resultados de la Consulta Nacional. 29, octubre 2018. Consultado el 20 de diciembre, 2019. Visible en

https://www.youtube.com/watch?v=jmWohJlbShU

4 70% de participantes en Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto votaron por iniciar construcción en Santa Lucía, anuncia Fundación Rosenblueth. 29, octubre 2018. Consultado el 20 de diciembre, 2019. Visible en https://lopezobrador.org.mx/temas/consulta-nacional/

5 Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 3 de enero de 2019. Visible en

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-pre nsa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-3-de-enero-de-2019

6 El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) es una organización campesina cuya presión detuvo la construcción del nuevo aeropuerto de México, D. F. en 2001 y que sufriría una violenta represión en 2006, luego de su participación en unos incidentes violentos en el pueblo de San Salvador Atenco. El FPDT es adherente a La Otra Campaña y mantiene alianzas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con grupos como el Frente Popular Francisco Villa (FPFV).

7 Instalarán mesa en 2020 para atender a personas afectadas por extinto aeropuerto en Texcoco. 12 de diciembre, 2019. Visible en https://www.gob.mx/segob/prensa/instalaran-mesa-en-2020-para-atender-a- personas-afectadas-por-extinto-aeropuerto-en-texcoco?tab=

8 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. DOF: 12/07/2019. Consultado el 20 de diciembre, 2019. Visible en

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de enero 2020.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se manifiesta en relación a los hechos ocurridos el pasado 20 de enero en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

El que suscribe, diputado Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde fines del año 2018, el flujo migratorio en la frontera sur del país ha tenido un incremento significativo, tras el arribo de una serie de “caravanas” compuestas por migrantes provenientes de Centroamérica.

Las condiciones de violencia estructural, la difícil situación económica que enfrentan en sus países de origen y las consecuencias del cambio climático; son algunas de las causas que han orillado a cientos de centroamericanos a tomar la decisión de migrar hacia los Estados Unidos, atravesando territorio mexicano.

A raíz de esta situación, tan sólo entre enero y febrero del año pasado, se incrementó en casi un 200 por ciento el número de personas en busca de asilo en México, si comparamos la cifra con el mismo período del año anterior.1 De forma similar, durante los primeros nueve meses de 2019, 54,377 individuos solicitaron refugio en México.2 Así mismo, de diciembre de 2018 a mayo de 2019, México rescató 80,357 personas y las repatrió a sus lugares de origen, principalmente personas de El Salvador, Guatemala y Honduras.

La política migratoria del Estado Mexicano, definida en la Ley de Migración, cuenta entre los principios que la rigen: “el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria.”3

Con base en este principio, el gobierno mexicano encabezado por el presidente López Obrador, ha reafirmado continuamente su compromiso por facilitar una migración segura, ordenada y regular, particularmente entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Basta con mencionar que México permitió la entrada de migrantes centroamericanos que se vieron afectados por el gobierno de Estados Unidos debido a la medida unilateral de implementar la sección 235(b)(2)(C) del Acta de Inmigración y Naturalización.

A raíz de ello, el 29 de mayo del 2019, México aceptó a 8,835 migrantes retornados, quienes esperan en territorio mexicano una audiencia de asilo en los tribunales norteamericanos. Además, cerca de 18,778 individuos esperan en territorio mexicano para presentar solicitudes de asilo en un punto de entrada de los Estados Unidos.

México fue uno de los primeros países en suscribir el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, un acuerdo para gestionar los flujos migratorios de manera integral y a escala global. El objetivo es que los migrantes tengan seguridad y el respeto irrestricto a sus derechos humanos.4

Por su parte, y tomando en cuenta las causas que originan el fenómeno migratorio, la política del presidente López Obrador ha dado énfasis a que las personas migrantes cuenten con la alternativa de permanecer en el país con visas temporales de trabajo, refugio y asilo. En el primer caso, los migrantes tienen la posibilidad de trabajar en la zona sur del país e integrarse a programas de Bienestar como “Sembrando Vida.”5

El Gobierno Federal, además, está creando 60 mil empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador; a fin de dar oportunidades en los lugares de origen de los migrantes, por medio del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe.6

En relación a los hechos ocurridos el 20 de enero en la frontera con Guatemala, es pertinente señalar que el grupo de alrededor de mil migrantes que integraba la caravana solicitó que todos los miembros del contingente fueran beneficiados con el permiso de movilizarse libremente por tierras mexicanas. La respuesta del Instituto Nacional de Migración fue en los términos que marca la legislación mexicana, que establece que la migración deberá ser regulada, segura y ordenada.7

Frente a esa respuesta, unas 500 personas –en su mayoría de Honduras- ingresaron en condición irregular a territorio mexicano atravesando el Río Suchiate, sin tomar en consideración los riesgos que dicha acción implicaba para niñas, niños y adolescentes que formaban parte del grupo.8

Elementos de la Guardia Nacional (GN) trataron de disuadir a los migrantes, quienes lanzaron piedras. Agentes Federales del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos de la GN rescataron a 402 migrantes, a quienes trasladaron a instalaciones del INM a fin de proporcionarles alojamiento y servicios básicos de salud, agua y alimentos. En la operación, cinco miembros de la GN resultaron lesionados en el ejercicio de apoyo y auxilio a las actividades de verificación migratoria.9

Otras 58 personas migrantes se internaron por caminos no seguros de la selva, y elementos de los Grupos Beta del INM emprendieron su búsqueda, dado el peligro que representa permanecer en la zona. El Instituto ha brindado atención médica a quienes ingresaron de forma indocumentada, pues presentaban cuadros de deshidratación y malestares leves.10

Es de subrayar que, pese a la provocación, en todo momento hubo apego irrestricto al respeto a los derechos humanos de los migrantes, y no hubo heridos ni situaciones lamentables. El gobierno mexicano ha dado una vez más muestra de su compromiso por mantener una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto a los derechos humanos, y con apertura para atender las solicitudes de internación del país en apego a la Ley de Migración y su Reglamento.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, el que suscribe, somete a consideración el siguiente:

Punto de acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce a la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y las demás autoridades mexicanas que actúan frente a la compleja situación provocada por el fenómeno migratorio en la Frontera Sur de México. Actuación que ha garantizado los principios de una migración segura, ordenada y regular; así como la aplicación de normas nacionales, la inviolabilidad de nuestras fronteras, el respeto a los derechos humanos y el ofrecimiento de alternativas para el bienestar de las personas migrantes.

Asimismo, reconoce la política de cooperación internacional para el desarrollo del Gobierno de México para la generación de oportunidades de bienestar en los países de origen de las personas migrantes, a través de la implementación del Plan de Desarrollo Integral para la creación de 60 mil empleos en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Notas

1 Boletín Estadístico de Solicitantes de Refugio en México, Unidad de Política Migratoria, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 2015 – 2018.

2 “Se disparan 216% solicitudes de refugio a México en un año,” Contraréplica, 7 de octubre 2019. En línea: https://www.contrareplica.mx/nota-Se-disparan-216-solicitudes-de-refugio-a-Mexico-en-un-ano201971020

3 Ley de Migración, Artículo 2. En línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_030719.pdf

4 “México brinda alternativas a personas migrantes y destaca su actuar en apego irrestricto a los derechos humanos,” Secretaría de Relaciones Exteriores, 21 de enero 2020. En línea: https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-brinda-alternativas-a-personas-migrantes-y-destaca-su-actuar-en-apego-irrestricto-a-los-derechos-humanos-232485?idiom=es

5 Idem.

6 Idem.

7 “Gobierno mexicano detiene a más de 400 y disuelve la caravana migrante en Chiapas,” Aristegui Noticias, 21 de enero 2020. En línea: https://aristeguinoticias.com/2101/mexico/gobierno-mexicano-detiene-a-mas-de-400-y-disuelve-la-caravana-migrante-en-chiapas-videos/

8 “Rescata INM 402 personas migrantes y busca a 58 más que se internaron en la selva,” Comunicado 010/2020, Instituto Nacional de Migración, 20 de enero 2020. En línea: https://www.gob.mx/inm/prensa/rescata-inm-402-personas-migrantes-y-busca-a-58-mas-que-se-internaron-en-la-selva-232340?idiom=es

9 Idem.

10 Idem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de enero 2020.

Atentamente
Diputado Mario Delgado Carrillo


Efemérides

Con motivo del 24 de enero, Día Internacional de la Educación, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

“La educación es el alma que ha moldeado los sistemas económicos y políticos que mueven a las sociedades más ejemplares del mundo; la educación es la madre de las culturas, ya que se transmite de generación en generación.” (Pensamiento inspirado y con extractos de una frase de Gilbert K. Chesterton)

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero como el Día Internacional de la Educación, a manera de celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo mundial.

Los gobiernos miembros de las Naciones Unidas tenemos como objetivo garantizar una educación equitativa, inclusiva y de alta calidad para apoyar el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas, para romper los ciclos de pobreza que dejan rezagados a millones de niños, adolescentes y jóvenes.

La educación es el mejor legado renovable que podemos otorgar a las nuevas generaciones, además de ser reconocida como un derecho humano fundamental y público, la educación empodera pueblos, preserva el planeta y construye la paz.

De acuerdo con la agenda 2030, la educación es necesaria para dotar de conocimientos a las personas, adquirir competencias y valores que permitan una vida digna para contribuir a la mejora de la sociedad en la que viven y se desenvuelven; nuestro planeta aún se encuentra en un rezago educativo a nivel mundial ya que existen 262 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no están escolarizados se suman a estos índices más de 750 millones de adultos, estas cifras dan como resultado un mayor número de pobreza y marginación.

El derecho a la educación, en el caso de México, se encuentra consagrado dentro en el artículo 3o. constitucional, donde se especifica que la educación debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, por ello, los legisladores debemos seguir impulsando mejoras continuas a la educación, no solo educando a los niños, adolescentes y jóvenes, creemos que es de vital importancia impulsar a mujeres y hombres adultos a buscar mejores oportunidades por medio de la educación.

Hace unos meses, esta honorable legislatura aprobó una reforma al sistema educativo nacional; como cuerpo legislativo, estamos priorizando el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, garantizando el desarrollo de programas y políticas públicas que hacen efectivo el principio constitucional; de igual manera, con dicha reforma el estado fomenta la participación activa de los educandos, madres y padres de familia, tutores, maestras y maestros de los distintos niveles que se encuentran involucrados en el proceso educativo del todo el Sistema Educativo Nacional.

Con lo anterior estamos cumpliendo el acuerdo de la ONU, pero principalmente estamos cumpliendo con el pueblo de México, garantizando la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, de calidad, fortaleciendo la formación docente como mejor continua a la educación la cual deberá ser humanista, equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Las legisladoras y los legisladores debemos seguir trabajando en pro de una mejor educación para el pueblo de México, por lo que debemos seguir perfeccionando leyes para abatir el analfabetismo, respetando dialectos, usos y costumbres de la nación mexicana.

Bibliografía

Página oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Página oficial de la Cámara de Diputados honorable Congreso de la Unión.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con motivo del 26 de enero, Día de la Educación Ambiental, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del PVEM

Desde el inicio de su existencia, la humanidad ha modificado el ambiente que la rodea para satisfacer sus necesidades básicas. Más adelante, se efectuaron cambios más profundos para la construcción de ciudades y el desarrollo industrial.

El ritmo acelerado de estas modificaciones ha rebasado la capacidad de regeneración de los recursos naturales, provocando una fuerte crisis ambiental, que se observa en factores como la pérdida de especies, el cambio climático y la generación excesiva de residuos sólidos.

Ante este panorama, se requiere replantear urgentemente la manera en que nos relacionamos con el entorno. Por ello, la educación ambiental permite entender las problemáticas de nuestro hábitat, así como generar herramientas para tomar decisiones informadas y responsables que contribuyan a resolverlas.

La educación ambiental es mucho más que información sobre el medio ambiente, ya que aumenta la conciencia y el conocimiento sobre temáticas ambientales, enseña a los individuos a pensar de manera crítica, mejora las habilidades para resolver problemas y tomar decisiones, además de que no defiende opiniones ni procedimientos particulares.1

Es necesario impulsar continuamente una toma de conciencia individual y colectiva sobre la problemática ambiental, por lo que el 26 de enero de cada año se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental , decretado en Yugoslavia en 1975, durante el Seminario Internacional de Educación Ambiental, en el que participaron más de 70 naciones.2

Desde entonces, a nivel global se realizan diversos esfuerzos para fortalecer la educación ambiental. Actualmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen como meta 4.7:3

“De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles (...)”

En México, uno de los principales esfuerzos en esta materia fue la creación del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), en 1994, como instancia responsable de formular, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y proyectos de educación y capacitación para el desarrollo sustentable.4

En el ámbito legislativo, la Ley General de Educación, publicada en 1993, estableció como uno de los fines de la educación: “Hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la protección del ambiente”.5 Este precepto fue reformado en 2002 y 2011 para incluir conceptos como ciencia ambiental, cambio climático y conservación.

Posteriormente, con la reforma educativa de 2019, la ley antes mencionada fue abrogada y reemplazada por la Ley General de Educación, que se encuentra vigente actualmente.6

En este nuevo ordenamiento, se ha ampliado la contribución de la educación ambiental, como criterio básico de la educación y como parte de los contenidos de los planes y programas de estudio.

Cabe destacar que las legisladoras y legisladores del Partido Verde hemos impulsado estos y otros cambios a la legislación federal, a fin de reconocer la importancia de la educación ambiental y lograr su incorporación en todos los niveles educativos.

Por estas razones, en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, nos comprometemos a continuar trabajando para fortalecer el papel de la educación ambiental en México y lograr que beneficie a todas las personas.

Notas

1 EPA en español. Sin fecha. La importancia de la educación ambiental. Recuperado el 21 de enero de 2020 de

https://espanol.epa.gov/espanol/la-importancia-de-la-edu cacion-ambiental

2 Semarnat. 26 de enero de 2018. Día Mundial de la Educación Ambiental. Recuperado de https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-la-educacion-ambie ntal

3 Naciones Unidas. Sin fecha. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Recuperado el 21 de enero de 2020 de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

4 Gloobal. Sin fecha. Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu). Recuperado el 21 de enero de 2020 de

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?e ntidad=Agentes&id=9984&opcion=descripcion

5 Diario Oficial de la Federación. 13 de julio de 1993. Ley General de Educación https://sidof.segob.gob.mx/notas/4759065

6 Diario Oficial de la Federación. 30 de septiembre de 2019. Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Recuperado de https://sidof.segob.gob.mx/notas/5573858

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, a 22 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, a cargo del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario de Morena

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos. La detección temprana de los casos disminuye extraordinariamente los riesgos de deformidades y discapacidad entre los pacientes. La lepra ti ene cura y el medicamento es gratuito en todos los países.

Los nuevos casos de lepra detectados en las Américas disminuyeron en 35.8 por ciento en una década: pasaron de 52 mil 662 en 2004 a 33 mil 789 en 2014, según la última información de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en los últimos 5 años se han detectado nuevos casos de lepra en 24 países de las Américas, aunque 94 por ciento de ellos se localizó en Brasil.

Si bien la lepra está presente en 24 de 35 países de la región, todos, con la excepción de Brasil, la han eliminado como problema de salud pública (menos de 1 caso por cada 10 mil habitantes) a escala nacional.

La estrategia para combatir esta enfermedad ha consistido en aumentar el acceso al diagnóstico a través de la integración de los servicios de lepra a la atención primaria en salud, la búsqueda activa de casos para asegurar su detección precoz y el tratamiento sin costo con poliquimioterapia para garantizar su curación.1

De acuerdo con la Secretaría de Salud en México, entre 1989 y 2017 la lepra disminuyó 97 por ciento: pasó de 16 mil 694 a 412 casos; se concentra el mayor número en Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Michoacán.2

El número de casos nuevos en el país fue de 140; es decir, una tasa de incidencia de 0.113 por cada 10 mil habitantes. Desde 1994, México logró abatir la lepra como problema de salud pública, al alcanzar la meta de la Organización Mundial de la Salud de menos de 1 caso por cada 10 mil habitantes.

Con el objetivo de crear consciencia y reducir el estigma hacia quienes contraen esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a conmemorar el último domingo de enero el Día Mundial contra la Lepra.

Notas

1 Día Mundial contra la Lepra, https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id= 12930:dia-mundia1-contra-lepra-deteccion-proactiva-diagnostico-temprano -esenciales-cero-discapacidad-ninos&Itemid=135&lang=es Página consultada el 16 de enero de 2020.

2 Lepra: una enfermedad infecciosa,

https://www.gob.mx/salud/articulos/lepra-una-enfermedad- infecciosa Página consultada el 16 de enero de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

Resulta de suma importancia que en todos los espacios, públicos y privados, se informe y se participe para hacer conciencia del cuidado del medio ambiente; un tema que trasciende las aulas pues, desde nuestros hogares, en el espacio público y en nuestras actividades cotidianas debe prevalecer un espíritu colectivo del cuidado del medio ambiente, pero siempre de manera informada y desde un enfoque de derechos.

A nivel mundial, nuestros bosques se están incendiando, muchas especies de nuestra flora y fauna cada vez están más en peligro de extinción, en los humanos aumentan los riesgos de padecer enfermedades respiratorias, la disminución de nuestra esperanza de vida, así como el riesgo de adquirir mayores discapacidades cognitivas por los altos niveles de contaminación ambiental. En suma, está latente el riesgo de la extinción de todas las especies vivas del planeta incluyendo a los seres humanos.

Recientemente fuimos testigos de los incendios en Australia que amenazan la supervivencia de más de 300 especies de animales y plantas. Estos incendios preceden los ocurridos en 2019 en el Amazonas, en África central, en Alaska así como en México, mismos que tienen por origen distintas causas.

Ver Mapa de Incendios detectados en un año Agosto de 2018 a agosto de 20191

Por su parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza identifica a más de 30 mil especies en peligro de extinción,2 entre las que destacan, los anfibios en 41 por ciento, los mamíferos en 25 por ciento, las coníferas en un 34 por ciento, las aves en 14 por ciento, los tiburones y las mantarrayas en 30 por ciento, los arrecifes de coral en 33 por ciento, los crustáceos en 27 por ciento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que 7 millones de personas mueren cada año en el mundo debido a la contaminación atmostérica3 , Por si esto no fuera suficiente, también la contaminación está influyendo en nuestra salud mental, pues se han desarrollado investigaciones de los posibles vínculos entre la exposición a la contaminación y un aumento en trastornos psiquiátricos. Incremento de las tasas de trastorno bipolar, depresión y esquizofrenia4 , por mencionar algunos.

Por ello, el próximo domingo 26 de enero, conmemoraremos el Día Mundial de la Educación Ambiental, decretado en Yugoslavia en 1975, que tiene por origen el Seminario Internacional de Educación Ambiental, en donde participaron expertos de diversas naciones quienes plasmaron sus objetivos básicos en la Carta de Belgrado. Esta declaratoria forma parte de las acciones de la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, que se realizó en Suecia en 1972 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)5

La primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, llevada a cabo en Tbilisi (Georgia) del 14 al 26 de octubre de 1977, realizó un exhorto para6 :

• Que los estados miembros incluyan en sus sistemas de educación medidas encaminadas a incorporar contenidos ambientales, así como a colaborar en el intercambio de experiencias.

• Que las autoridades educativas implementen la reflexión, investigación e innovación con respecto a la educación ambiental.

• Que la comunidad internacional colabore en estas metas de educación ambiental con base en principios de solidaridad y paz.

Asimismo, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas están integrados y reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental.7

En este contexto cabe resaltar que el sistema educativo es la base para generar la información especializada para el cuidado y conservación del medio ambiente, no obstante, se requiere de la participación de todos: autoridades, organizaciones de la sociedad civil, academia, y sociedad en general, para la generación de una pedagogía del cuidado del medio ambiente en todas las esferas de la vida.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo resulta de vital trascendencia trabajar juntos en estos objetivos planteados internacionalmente, para fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente con base en la reutilización, reciclaje y reducción de contenedores; al uso racional del agua; y, al uso de medios de transporte alternativos al automóvil, desde un enfoque de derechos, transparencia y de respeto a todos los seres vivos del planeta.

Notas

1 NASA, compartido por El País , disponible en:

https:llnyti.ms/3astNLg,Consultado el 20 de enero de 2019

2 “Amazing species”, disponible en: http://bit.ly/2NKIC1Z,Consultado el 20 de enero de 2020

3 OMS, “7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmosférica”, Disponible en: http://bit.ly/2NJkkVU, consultado el 20 de enero de 2020.

4 National Geographic, “La contaminación atmosférica podría afectar a tu salud mental”, disponible en:

http://bit.ly/3692fab,Consultado el 20 de enero de 2020.

5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Día Mundial de la Educación Ambiental”, disponible en:

http://bit.ly/36dVWlK, consultado el 20 de enero de 2020.

6 UNESCO “La Educación ambiental: las grandes orientaciones de la Conferencia de Tbilisi”, disponible en:

http://bit.ly/36crJng,Consultado el 20 de enero de 2020.

7 PNUD México, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, disponible en: http://bit.ly/2TlwGlg,Consultado el 20 de enero de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con motivo del 27 de enero, Día del Nutriólogo y la Nutrióloga, a cargo del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario de Morena

El 27 de enero de cada año se celebra el Día del Nutriólogo, fecha en la que la Asociación Mexicana de Nutriología se registró ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y se acordó que en esa fecha se celebraría el Día del Nutriólogo.

México atraviesa por la emergencia epidemiológica de diabetes desde 2016,1 además de enfrentar un gran número de casos de hipertensión. De 2012 a 2018, los casos de diabetes pasaron de 6.4 millones a 8.6,2 a una tasa de crecimiento promedio de 5.7 por ciento anual, mientras que los de personas diagnosticadas con hipertensión se incrementaron de 9.3 millones a 15.2 en el mismo periodo (10.6 de crecimiento promedio anual).3

Uno de los factores que ha generado el problema de diabetes y de la hipertensión ha sido el aumento del consumo de alimentos de alto contenido calórico. Debe considerarse que los hábitos sedentarios abarcan a una cantidad relevante de personas. Esto ha convergido en afecciones graves en salud. Por ello toman amplia relevancia la orientación y el control a partir de dietas equilibradas.4,5

Comprender el hecho alimentario es muy complicado, pues se trata de buscar un equilibrio entre lo que tenemos a nuestro alcance y las necesidades fisiológicas. Las nutriólogas y nutriólogos cuentan con habilidades para asesorar a la población en sus hábitos alimenticios durante las diferentes etapas de la vida (durante el embarazo, la infancia, la adolescencia, la edad adulta, la tercera edad, en las diferentes enfermedades y durante la práctica de algún deporte). Además, estos especialistas tienen capacidades para evaluar el estado nutricio a lo largo de todas estas etapas de vida. Tener hábitos de alimentación adecuados es determinante para mantener un buen estado de salud a lo largo de la vida.6

Aunque algunas personas consideren que acudir a consulta con nutriólogo es sólo para mantener un cuerpo delgado, en realidad es aprender a llevar una alimentación saludable para mejorar los hábitos de alimentación. Lejos de ser un lujo estético, la visita al nutriólogo es una necesidad para ser saludable.

Debemos aspirar a lograr promover y mejorar la educación nutricional para prevenir el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión; a lograr resultados óptimos en cuanto a brindar cobertura y acceso a las consultas de nutrición centradas en las necesidades de salud; a brindar información suficiente y comprensible sobre las dietas que acompañan las distintas etapas de la vida y también a las distintas enfermedades para controlarlas y evitar su avance hacia etapas de mayor gravedad; a través de mejorar la política pública en salud en este tema tan relevante.

Si estos problemas de salud te afectan a ti o a tu familia, asegúrate de acudir a las consultas de nutrición y de seguir la dieta y el tratamiento que te sean indicados.

Notas

1 Declaratoria de emergencia epidemiológica EE-4-20 16. Oficio número CENAPRECE-DG-12057-2016, 1 de noviembre de 2016.

2 Inegi-INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018. Presentación de resultados,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensanut/20 18/doc/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf

3 Ídem.

4 IMSS, “Guía de práctica clínica, dietoterapia y alimentos para el paciente con diabetes mellitus”, Catálogo maestro de guías de práctica clínica: IMSS-751-15,

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/7 51GRR.pdf

5 Cenetec, Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención,

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/
076-GCP_HipertArterialINA/HIPERTENSION_EVR_CENETEC.pdf

6 Secretaría de Salud de Puebla, Monitor de Salud Día del Nutriólogo, http//ss.pue.gob.mx/wp-content/uploads/2015/01/Dia­Nutriologo-1.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Senador Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica)