Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades de Oaxaca a investigar y, en su caso, juzgar con pleno arreglo a los derechos humanos y perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia el atentado sufrido por la alianza Simona Robles, en Juchitán, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadas María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez y Katia Alejandra Castillo Lozano, diputadas de la LXIV Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario de Morena e integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en ejercicio de la facultad y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de urgente u obvia resolución a todas las autoridades competentes a fin de que el incendio ocurrido en las instalaciones de la alianza “Simona Robles”, en Juchitán, Oaxaca, sea investigado y, en su caso, juzgados con pleno apego a los derechos humanos, transversalizando la perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia, tomando en cuenta la condición de sus integrantes, la mayoría mujeres, de origen indígena y con intensa actividad política y comunitaria a favor de Oaxaca, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El 29 de octubre del 2019 las instalaciones de la alianza regional “Simona Robles”, en Juchitán, Oaxaca, sufrieron un incendio.

2. Los hechos se suscitaron alrededor de las 8:30 am cuando a las integrantes de dicha organización les informaron que había un incendio dentro de las instalaciones, donde se encontraban equipos de cómputo, impresoras, papelería, ventiladores, escritorios, archiveros, sillas, mesas y muebles como vitrinas, refrigeradores, cafetera, equipo de sonido y un sofá, así como documentación del área legal, de la Organización de Mototaxistas Simona Robles, Unión de Carretilleros de Mano Independientes Simona Robles, Radio Cultural Stipa Gunaa y documentos de integrantes de la organización y demás proyectos que implementan.

3. Las acciones comunitarias y de labor social que efectúa dicha organización son en beneficio de 10 mil personas de manera directa o indirecta,1 no obstante, derivado del siniestro se perdieron los medios para continuar realizando su labor social. Los daños materiales ocurridos en las instalaciones son irreparables e incalculables, razón por la cual consideramos sumamente graves los hechos ocurridos.

4. Estos hechos fueron considerados por las integrantes de la organización como un atentado.2 Así pues, acudieron ante la Vicefiscalía Regional de Justicia de la Región del Istmo de Tehuantepec, para interponer la denuncia correspondiente para realizar la investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de daños por incendio la cual fue radicada bajo el número de carpeta de investigación: 37671/FIST/JUCHITAN/2019. Cabe destacar que a la fecha de presentación de esta proposición con punto de acuerdo y conforme a la información proporcionada por las afectadas, no se les ha notificado avance alguno respecto a la investigación del caso.

5. Al respecto, cabe destacar que la procuración de justicia desde una perspectiva de género, es una categoría de análisis a partir de la cual se deben tener en consideración las circunstancias particulares de las mujeres, y llevar a cabo una investigación diligente y sin sesgos.

6. Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus artículos 16 y 17 refieren como violencia en la comunidad a los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público a lo que el Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de distintas acciones.

7. Adicionalmente, el artículo 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belem Do Para” del que México forma parte, refiere que “toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos”, y en su artículo 7 como Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

8. Por último, cabe destacar que la labor de esta Cámara de Diputados y Diputadas no es la de la procuración de justicia, por lo que no corresponde ni a las suscritas ni a las comisiones dictaminadoras, ni en su caso al pleno, pronunciarse sobre el acervo probatorio de los hechos aquí señalados, ni en su caso determinar si estamos ante un hecho constitutivo de delito . Por el contrario, el Reglamento de la Cámara de Diputados señala de forma clara que las proposiciones con punto de acuerdo deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autoras, requisitos que se actualizan claramente en este caso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que lleve a cabo una pronta investigación del incendio ocurrido el 29 de octubre del 2019 las instalaciones de la alianza regional “Simona Robles”, en Juchitán, Oaxaca.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, de manera respetuosa, a las autoridades locales en materia de seguridad pública, a reforzar la seguridad de todos y todas las integrantes de la alianza “Simona Robles”.

Tercero. Asimismo, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo de la entidad, licenciado Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que refuerce políticas públicas orientadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, de manera inmediata.

Notas

1 https://cimacnoticias.com.mx/2019/11/20/colonia-simona-robles-un-espaci o-donde-las-mujeres-encuentran-la-sanacion-por-la-violencia

2 https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/29-10-2019/denuncia-ong-at aque-sus-oficinas-en-juchitan

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica), Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Katia Alejandra Castillo Lozano.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, y a las dependencias y entidades de la APF correspondientes a responder las preguntas parlamentarias formuladas por la Cámara de Diputados con motivo del primer Informe de Gobierno del presidente de la República y remitirlas con la mayor brevedad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, mediante los cuales la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal correspondientes a responder las preguntas parlamentarias realizadas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con motivo del primer Informe de Gobierno del presidente de la República y remitirlas con la mayor brevedad a este órgano legislativo y de la Secretaría de la Función Pública, en términos de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 1 de septiembre de 2019, en términos del artículo 69, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del Ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión su primer Informe de Gobierno, sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

Segunda. En uso de sus facultades constitucionales y legales, la Cámara de Diputados realizó el análisis de dicho informe, el cual inició el 18 de septiembre de 2019.

En términos del artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el análisis se desarrolló clasificándose en las siguientes materias: política interior, política económica, política social y política exterior.

Tercera. El artículo 129 del Reglamento de la Cámara de Diputados faculta al pleno de ese órgano legislativo para solicitar información a los servidores públicos enunciados en el artículo 93 constitucional, mediante pregunta parlamentaria formulada por escrito.

Para tales efectos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó y puso a consideración del pleno el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se define el mecanismo para recibir propuestas de preguntas parlamentarias que se realizarán al Ejecutivo federal con motivo del análisis del primer Informe de Gobierno”.

Dicho acuerdo fue aprobado por el pleno en la sesión del 5 de noviembre de 2019 y se consideró la oportunidad de presentar hasta 140 preguntas parlamentarias para ser enviadas a distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, incluido el titular del Ejecutivo federal.

Cuarta. El 26 de noviembre de 2019, y como consecuencia de haberse cumplido los procedimientos y requisitos establecidos en el acuerdo parlamentario señalado en el numeral anterior, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se remiten las preguntas parlamentarias que se dirigirán al presidente de la República con motivo del análisis del primer Informe de Gobierno”.

A través de dicho acuerdo se remitieron las preguntas parlamentarias formuladas por todos los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados, considerando su representación en este órgano legislativo, y por los diputados federales sin partido que así lo solicitaron.

Quinta. En términos del artículo 129, numeral 8, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con relación al artículo 93, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los funcionarios cuestionados debieron responder las preguntas parlamentarias en el lapso de 15 días, contados a partir de la recepción de las preguntas.

A la fecha de la presentación de la presente proposición con puntos de acuerdo, ninguno de los servidores públicos cuestionados ha enviado sus respuestas para ser del conocimiento del pleno de la Cámara de Diputados.

Sexta. La falta en que incurren los servidores públicos cuestionados al no responder las preguntas parlamentarias es otro ejemplo del incumplimiento del gobierno federal del principio de transparencia y rendición de cuentas y, sin duda, la responsabilidad llega hasta el titular del Ejecutivo federal. Por otra parte, violan el contenido diversos preceptos constitucionales y legales.

Séptima. La falta denunciada conlleva que la Cámara de Diputados se vea imposibilitada de realizar debidamente sus funciones constitucionales y legales. El propósito de las preguntas parlamentarias es que se amplíe la información contenida en los informes de gobierno que realice el titular del Ejecutivo federal.

Tras su recepción en la Cámara de Diputados, las respuestas deben ser turnadas a las comisiones relacionadas con la materia para su análisis y valoración, a fin de formular conclusiones y, en su caso, recomendaciones dirigidas al titular del Poder Ejecutivo federal.

Octava. Ante ello, el Poder Legislativo debe realizar exhorto a los titulares del Ejecutivo federal y de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondiente por su negativa de responder las preguntas parlamentarias lo cual transgrede diversas disposiciones jurídicas y principios.

El exhorto debe realizarse ante el contexto de que el actual gobierno federal ha destacado por sus ocurrencias y la falta de políticas públicas claras, así como de programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales relativos al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, esto último en claro incumplimiento de la Constitución Política y de la Ley de Planeación.

Novena. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nos pronunciamos para que el exhorto sea respondido debidamente y con urgencia debido al próximo inicio del periodo de sesiones del Congreso General y ante la necesidad de atender las necesidades de la ciudadanía en materias como sociales, económicas, de salud y seguridad pública.

Décima. Adicionalmente, nos pronunciamos para que la Secretaría de la Función Pública investigue los hechos señalados y, en su caso, imponga las sanciones correspondientes en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por el incumplimiento de diversas disposiciones jurídicas imputable a diversos servidores públicos.

Por otra parte, nos reservamos acudir en queja ante el titular del Ejecutivo federal de conformidad con lo establecido en el artículo 131, numeral 6, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura sometemos, de urgente u obvia resolución, a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes a responder las preguntas parlamentarias realizadas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con motivo del primer Informe de Gobierno del presidente de la República y remitirlas con la mayor brevedad a este órgano legislativo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de la Función Pública a investigar los hechos señalados y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por el incumplimiento de diversas disposiciones jurídicas imputable a diversos servidores públicos.

Tercero. La Secretaría de la Función Pública deberá informar a la Cámara de Diputados sobre el contenido de las investigaciones debido a que dicho incumplimiento tiene injerencia directa en el ejercicio de las facultades y los derechos de ese órgano legislativo.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales a homologar la tipificación del delito de feminicidio en los códigos penales respectivos, a cargo de la diputada Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Sara Rocha Medina, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Cualquier tipo de violencia ejercida contra otro ser vivo es motivo de inquietud para mantener una convivencia sana y de armonía en cualquier sociedad.

El día 21 de noviembre de 2019 se realizó la 19 sesión ordinaria del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en la cual participo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,1 entre las propuestas a destacar que realizó la funcionaria está el llamado que hizo a las entidades para alcanzar una homologación de legislación que permita castigar por igual el feminicidio, sobre todo según su consideración,2 porque algunos de los estados de la República tienen un tipo penal que realmente provoca que ninguna conducta feminicida encuadre en el tipo penal, y de esta manera se genera impunidad y lenta la justicia para las mujeres que han sido violentadas.

El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) define la violencia fundada en el género como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”3

En el caso de México, vemos con preocupación el alza en los delictivos cometidos en contra de las mujeres, pero más preocupante es la indolencia con las que las desde hace años las autoridades de los tres órdenes de gobierno combaten estos delitos en contra de la dignidad de las mujeres.

Esta realidad es visible y progresiva, cuando analizamos los datos del Sistema Nacional de Seguridad Púbica4 que menciona:

“La violencia contra las mujeres sigue al alza en algunos estados, y Veracruz es el que mayor número de asesinatos registro de enero a octubre de 2019 con 147 casos de feminicidio en el país.

En ese mismo periodo, en todo el país fueron asesinadas 833 por cuestiones de género; en Puebla, en 2018 hubo 32 casos, mientras que entre enero y octubre pasados se reportaron 52 delitos; es decir, 20 crímenes más que representan un incremento de 62.5 por ciento.

La Ciudad de México también presenta un alza en los feminicidios, pues ya superó por siete casos a los 43 registrados el año pasado; hasta octubre contabilizó 50. Para este 2019 las cifras revelan que en 13 entidades se igualó o superó el número de feminicidios registrados en 2018, donde sobresalen los casos de Veracruz, Puebla y Ciudad de México.”

Uno de los principales factores en el crecimiento de este y de cualquier otro tipo de delitos en el país, tienen que ver con la impunidad, el delincuente tiene muy pocas posibilidades que lo detengan, y también es necesario comentar que muchas mujeres no denuncian a sus agresores, por temor o malas costumbres arraigas que aún prevalecen en muchas regiones de nuestro país.

Por otra parte, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 2018 las Naciones Unidas se pronunció para considerar la gravedad en la comisión de este tipo de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres en el mundo, y catalogándola “como la más extendida violación de derechos humanos en el mundo, como uno de los principales obstáculos para el desarrollo, pues genera inestabilidad en las sociedades, impide el progreso hacia la justicia y la paz y atenta contra la gobernabilidad democrática”.

Asimismo, el 6 de julio de 2018, México rindió cuentas ante el Comité CEDAW (por sus siglas en ingles) en relación con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres, y después de un análisis de este informe, el Comité, emitió 73 recomendaciones sustantivas, señala su preocupación sobre el acceso a la información en materia de sentencias, fortalecimiento institucional del Inmujeres, monitoreo y evaluación de políticas públicas, eliminación de estereotipos y violencia en medios de comunicación, feminicidio, desapariciones, seguridad, mujeres defensoras y periodistas, trata de personas, violencia política, embarazo adolescente y permanencia escolar, igualdad laboral, trabajadoras domésticas, interrupción legal del embarazo, violencia obstétrica, protección de derechos de mujeres migrantes, refugiadas y de la comunidad LGBTTTI, entre otros.5

En razón de lo anterior, el Estado mexicano como respuesta a las necesidades de atención a las mujeres y considerando las recomendaciones nacionales e internacionales en la materia, ha impulsado una serie de acciones de diversa índole para hacer frente a tan grave flagelo.

Entre los avances normativos, es importante mencionar la creación de fiscalías especializadas en delitos por razones de género, las cuales normalmente representan la primera institución con la que tienen contacto las víctimas, facultadas para brindarles algunos de los siguientes servicios: Atención médica y psicológica, asesoría jurídica y representación jurídica (en algunos casos), protección para salvaguardar la integridad física de las mujeres que denuncian, información objetiva para la toma de decisiones.

A partir de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se visibilizó el feminicidio como una de las formas más extremas de violencia contra la mujer. Por ello, el Estado mexicano ha impulsado la tipificación de este delito a nivel federal y estatal, con ello, dando cumplimiento a las recomendaciones internacionales.

No obstante, estas medidas siguen siendo insuficientes para prevenir y sancionar la violencia feminicida en México. Uno de estos factores que han incidido negativamente es, precisamente la diversidad del tipo penal que cada entidad tiene sobre el delito de feminicidio, por lo que se hace necesario homologar los criterios que debe contener esta tipificación considerando estándares internacionales, de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en la actualidad sólo 19 entidades federativas cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características para acreditar el delito (privar de la vida a una mujer por razones de género).6

Aunque es un problema con causas multifactoriales, en el ámbito jurídico se han advertido dos elementos interdependientes entre sí, como detonantes de su evolución: la desigualdad por razón de género y la discriminación, ambos por el hecho de ser mujer, si a esto se le adjunta por ejemplo la marginalidad y nivel económico, así como el origen étnico, el nivel discriminatorio aumenta considerablemente.

Esto demuestra la necesidad de una homologación para lo cual se toma como fuente el siguiente documento: Informe Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Desafíos para Acreditar las Razones de Género 2014-2017,7 el cual expone los tipos penales de cada entidad federativa y los retos que se han enfrentado para la identificación, persecución y sanción de este delito, pero además propone un tipo penal que permita acreditar debidamente las razones de género basado en las siguientes premisas:

“...el tipo penal debe cumplir con ciertas características y elementos normativos:

• Autonomía : que no dependa de otra figura típica, como es el homicidio.

• Objetividad : los elementos para acreditar el delito no deben requerir la consideración de los aspectos anímicos del autor –esto se refiere a que en el tipo penal no se da juicio de valor alguno–.

• Doloso : el feminicidio en sí mismo es un delito doloso, lo que implica que el dolo no tiene que probarse y aparecer como un elemento normativo.

• Principio de igualdad : equilibra el contexto de desigualdad y discriminación que existe contra las mujeres.

• Razones de género : que contenga como tal todas las expresiones y supuestos que caracterizan el feminicidio y visibilizan la discriminación contra las mujeres, diferenciándose del homicidio (el dominio, control, sometimiento y abuso, entre otros)”...8

Por lo tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad, la integridad física, sexual y emocional de las mujeres para lograr el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, y evitar las muertes violentas de las mujeres y prevenir la violencia feminicida.

Con este exhorto, se tratan de sentar las bases para la puesta en marcha de protocolos y planes de acción que garanticen el acceso a la justicia y la debida diligencia por parte de los servidores públicos en la atención inmediata, que se homologue la tipificación del delito de feminicidio en todos los códigos penales de las entidades federativas.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . En concordancia con lo solicitado por la secretaria de Gobernación en la 19 sesión ordinaria del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres: Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que homologuen la tipificación del delito de feminicidio en sus códigos penales respectivos de acuerdo a los estándares internacionales con la finalidad de conseguir una aplicación homogénea y funcional a nivel nacional este delito.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal y a las 32 entidades federativas, para que en la medida de su disponibilidad financiera, implementen a cabalidad los programas de política pública que se hayan planteado en sus Planes de Desarrollo, para salvaguardar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

Notas

1 Consultar posicionamiento en la dirección electrónica: https://www.gob.mx/segob/prensa/aspirar-a-un-pais-mas-justo-e-igualitar io-requiere-de-un-marco-normativo-solido-olga-sanchez-cordero

2 Disponible para su consulta electrónica:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/
armonizar-tipo-penal-de-feminicidios-para-que-no-haya-impunidad-segob/1349238#view-1

3 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles).

4 https://www.milenio.com/policia/violencia-de-genero/veracruz-registra-1 47-feminicidios-2019-reporta-snsp

5 https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/observaciones-del-comite-para-l a-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer

6 https://elpais.com/internacional/2018/07/23/mexico/1532369836_872417.ht ml

7 Disponible para su consulta en la dirección electrónica: https://observatoriofeminicidio.files.wordpress.com/2018/05/enviando-in forme-implementaciocc81n-del-tipo-penal-de-feminicidio-en-mecc81xico-20 14-2017-1.pdf

8 Católicas por el Derecho a Decidir, AC, Informe Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Desafíos para Acreditar las Razones de Género 2014-2017, 2018.

Fuentes Consultadas

1. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles).

2. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84740/
La_Vilencia_Feminicida_en_México aproximaciones_y_tendencias_1985_-2014.pdf

3. https://www.milenio.com/policia/violencia-de-genero/veracruz-registra-1 47-feminicidios-2019-reporta-snsp

4. http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/viole ncia-contra-las-mujeres

5. Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Informe Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Desafíos para Acreditar las Razones de Género 2014-2017, 2018

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implantar en todas las primarias y secundarias públicas y privadas el programa Mochila Segura, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar el programa “Mochila Segura” en todas las escuelas públicas y privadas de nivel primaria y secundaria , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En las últimas dos décadas se presentó en nuestro país un aumento en el consumo de drogas y portación de armas por parte de menores de edad, por tal motivo el 6 de febrero de 2007 se crea el Programa Escuela Segura, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Limpiemos México, en donde participaban las 31 entidades y el entonces Distrito Federal, esta estrategia fue implementada por el gobierno para prevenir situaciones de riesgo que pudieran impactar en la seguridad de la comunidad escolar; estas reglas de operación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaria de Educación Pública; Dichas reglas toman como objetivos principales de este programa los siguientes:

“Objetivos

3.1 General

Contribuir a generar en las escuelas de educación básica condiciones que propicien ambientes de seguridad y sana convivencia, favorables para la mejora de los aprendizajes, así como la práctica de valores cívicos y éticos.

3.2 Específicos

-Impulsar conjuntamente con las autoridades educativas de las entidades federativas y el Distrito Federal, el desarrollo de la gestión de ambientes escolares seguros y propicios para los aprendizajes.

-Contribuir a la mejora de los procesos locales orientados al fortalecimiento del tejido social, desde la escuela, apoyando el desarrollo de competencias ciudadanas en los alumnos.

-Coadyuvar con las autoridades educativas de las entidades federativas y el Distrito Federal al desarrollo de competencias de sus equipos técnicos, en materia de gestión de la seguridad y la cultura de la prevención, en el contexto de sus necesidades locales.”

Para el 2013 se presentan los siguientes resultados de este programa:

Como podemos observar en los resultados que expone el Coneval respecto a la efectividad de este programa, se presenta un gran avance, ya que se supera la meta obtenida hasta por seis veces, de manera contraria en años posteriores se tuvo un menor avance en este programa debido a que se pauso su implementación; al día de hoy, el programa solo se aplica en 18 estados y cabe resaltar que solo se lleva a cabo en determinadas escuelas.

A pesar de los esfuerzos, existen hechos relevantes en donde algún menor logra introducir armas de fuego a sus escuelas y dispara en contra de algún compañero o profesor, tales son los casos de mayo de 2014 en Atizapán, estado de México, un estudiante de 15 años disparó en contra de un compañero de 13 años de edad; abril 2015, en el estado de Morelos, un menor de 13 años disparó en contra de su director de escuela; noviembre de 2016 en Puebla un menor disparó en contra de su maestro; enero de 2017 en Monterrey un menor disparo en contra de sus compañeros y de una maestra; abril 2019 en Ciudad de México una joven perdió la vida tras recibir un balazo dentro de su escuela; El último y más reciente, enero 2020 en Torreón un menor introdujo 2 armas de fuego con las que disparo a su maestra y a seis compañeros.

Los hechos mencionados anteriormente se han presentado en escuelas privadas y públicas de diferentes estados del país. Existen inconformidades por parte de la sociedad civil y padres debido a que no se han querido designar e implementar medidas provisorias como el de “Mochila Segura”, el cual en escuelas en donde se ha aplicado o se sigue aplicando se toma como una medida provisoria para evitar la venta de drogas en escuelas así como el ingreso de armas de fuego y punzo cortantes, consideramos que este tipo de programas deben aplicarse de manera obligatoria con un enfoque de derechos humanos, privilegiando el interés superior de los derechos de la niñez, conforme la Recomendación a la SEP por el Operativo Mochila Segura 48/2019, hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde una de las solicitudes es:

“...colaborar con el Sistema Educativo Nacional para contar con un análisis y diagnóstico sobre la violencia en planteles de educación básica públicos y privados a fin de emitir un Programa Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar, realizar medidas adicionales y la impartición del Programa nacional de Convivencia Escolar, que deberá contener las directrices tendentes a la prevención y eliminación de cualquier forma de violencia en los planteles escolares, así como elaborar, desarrollar y ejecutar un programa de actividades de educación, capacitación y difusión en materia de derechos humanos dirigido a autoridades educativas, escolares, padres de familia, tutores, con el objetivo de que conozcan los derechos de los educandos, la forma en que niñas, niños, y adolescentes pueden hacerlos efectivos y las obligaciones y responsabilidades de los participantes, como encargados de su custodia y protección contra toda forma de violencia.”

Las revisiones pueden hacerse de diversas formas, puede ser realizada por directivos docentes o personal administrativo de los centros de educación, asimismo, podría ser realizado por madres y padres de familia o tutores mientras los alumnos muestran el contenido de sus mochilas, por medio de detectores de metal, o arcos de seguridad.

Se deben fortalecer vínculos entre directivos, profesores y padres de familia para tener un mayor conocimiento respecto a las actitudes de los alumnos, así como de los materiales que llevan consigo diariamente en sus mochilas; además de todo lo anteriormente citado, debemos tener una buena comunicación con nuestros niños y niñas, fomentar valores y principios en casa para que este tipo de comportamientos no se repitan.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien prometer ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implementar el programa “Mochila Segura” en todas las escuelas públicas y privadas de nivel primaria y secundaria del país.

Bibliografía

- Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa Escuela Segura (Secretaría de Educación Pública, 25 de febrero de 2013)

- Las agresiones con armas de fuego en las escuelas de México (Excélsior, 11/01/2020)

- Secretaria de Educación Pública, Resumen informativo, Operativo “Mochila Segura (21/01/2017)

- Secretaria de Educación pública, Programa de Escuela Segura (Coneval, 2013)

- Recomendación 48/2019 a la Secretaría de Educación Pública por la CNDH.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días de enero de 2020.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua, la Profepa y la FGR a atender las denuncias de los habitantes de Bocoyna ante la tala clandestina en la sierra Tarahumara, suscrita por el diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Alan Jesús Falomir Sáenz , diputado del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78 párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Fiscalía General de la República para implementar acciones que suspendan la tala clandestina de árboles y se proceda penalmente en contra de los presuntos responsables, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

México es un país rico y diverso en especies forestales, pues cuenta con 138 millones de hectáreas con vegetación forestal, equivalentes a 70 por ciento del territorio nacional. Los beneficios del ecosistema son múltiples, pues retienen grandes cantidades de carbono y liberan oxígeno, influyen en las lluvias, filtran el agua dulce, evitan las inundaciones, previenen la erosión del suelo y son hábitats para la conservación de la biodiversidad.

Actualmente, estos bosques se encuentran amenazados por el incremento de la tala ilegal de árboles, delito contemplado en el artículo 418 del Código Penal Federal. Esto coloca en riesgo el equilibrio del ecosistema a la flora y la fauna, así como a las comunidades cercanas, que a lo largo de generaciones han encontrado un medio de vida en este ecosistema.

En el estado de Chihuahua, la tala ilegal de bosques es una problemática creciente que afecta a diferentes comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. En el municipio de Bocoyna se ubica la comunidad indígena de Bahuinocachi, quien ha padecido de la tala ilegal de sus bosques y a pesar de las denuncias presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno del estado de Chihuahua, la problemática no cesa ya que los grupos delictivos dedicados a talar clandestinamente los bosques lo continúan haciendo.

Las autoridades locales han sido omisas ante tales denuncias permitiendo que este hecho ilícito siga cometiéndose dejando también en total impunidad a los responsables, quienes además de provocar un daño ecológico, son generadores de violencia e inseguridad en la zona al disputarse las plazas con otros grupos de la delincuencia organizada. Y es que se han presentado casos en donde se encuentran camiones incendiados y otros con daños por proyectiles de armas de fuego ocasionados por sujetos que interceptaron las unidades que transportan los troncos.

La tala clandestina resulta sumamente redituable para quienes la realizan, pues en una sola noche llegan a tirar más de 250 pinos, y con ello generan una ganancia en el mercado de hasta 70 mil pesos.1

Las cifras son alarmantes, pues al menos el 70 por ciento de la madera que se consume en el país tiene origen ilegal2 debido a que los grupos criminales, venden la madera a precios muy accesibles a consecuencia de que no pagan impuestos por realizar la tala de manera clandestina, pero los dueños deben pagar las multas derivado de las evidencias que se dejan en los terrenos.

Del mismo modo, gran parte de los bosques afectados se encuentran dentro de ejidos o comunidades agrarias en las que habitan decenas de familias las cuales se encargan del cuidado de su comunidad, quienes a su vez se ven vulnerados y sometidos por estos criminales que además de que atentan en contra del ecosistema en el que habitan, los obligan a unirse a ellos para que trabajen talando árboles, forzándolos a migrar de su comunidad a cambio de no convertirlos en delincuentes.

Por tales razones, es de suma relevancia que el gobierno del estado de Chihuahua, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, implemente medidas más eficaces para erradicar este problema que no sólo es ambiental sino también un problema de seguridad pública.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, implemente medidas eficaces que ayuden a combatir a la tala clandestina de bosques realizada por parte de grupos del crimen organizado en la Sierra Tarahumara.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República para atender las denuncias por tala clandestina de árboles, interpuestas por habitantes del municipio de Bocoyna.

Notas

1 Ricardo Holguín (2018). Madera y tala clandestina en manos del crimen organizado. 01/09/2018, de El Heraldo de Chihuahua. Sitio web:

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/
madera-y-tala-clandestina-en-manos-del-crimen-organizado-1960437.html

2 Boletín UNAM (2018). Al menos el 70 por ciento de la madera que se consume en México es ilegal. 19/03/2018. Sitio web:

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_173.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a implantar las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos, suscrita por el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a la inmediata implantación de las líneas de acción contenidas en la Estrategia Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, al tenor de los siguientes

Consideraciones

La resistencia antimicrobiana (RAM) es un cambio evolutivo natural que sufren los microorganismos con el tiempo, que les permite desarrollar mecanismos para evadir a los fármacos utilizados en el tratamiento de infecciones ocasionadas por éstos; la RAM puede, eventualmente, ser transferida a otras generaciones de microorganismos. La presencia de agentes patógenos resistentes a antimicrobianos incrementa el riesgo de propagación y prolongación de enfermedades infecciosas y representa un reto para el tratamiento adecuado.

Este fenómeno se ha acelerado de manera alarmante en la última década debido al uso inadecuado de los antimicrobianos, el cual representa una amenaza a la efectividad de los tratamientos actualmente disponibles en los sistemas de salud del mundo para enfermedades infecciosas. Los antibióticos, pertenecientes al grupo de los antimicrobianos, se encuentran entre los fármacos más utilizados en la medicina. No obstante, el 50% de todos los antibióticos prescritos no son necesarios o no son óptimamente eficaces para todas las personas1 .

En 2010, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) en México señaló que el consumo de antibióticos ascendió a 70.5 millones de cajas por año, donde aproximadamente 40 por ciento fue por automedicación. La amoxicilina, la ceftriaxona y la ampicilina fueron los fármacos más comunes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que en la actualidad 700 mil personas mueren cada año de infecciones causadas por microorganismos resistentes y dicha cifra podría ascender a 10 millones de muertes anuales para 20152, 3 lo que significaría que las muertes relacionadas a la resistencia antimicrobiana podrían superar las defunciones por cáncer. Económicamente, esto representaría un impacto mundial de 100 billones de dólares anuales atribuido al aumento en el gasto de la atención sanitaria y la disminución de productividad de la población por causa de enfermedades infecciosas.

En 2015, la OMS aprobó un plan de acción mundial4 que establece medidas para incrementar el conocimiento y la concientización de dicho problema en la sociedad, considerando una participación activa del gobierno de los diferentes países firmantes. Por esta razón, se puso en marcha un sistema mundial de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos que identificó a las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud humana con el fin de promover la investigación y desarrollo de nuevos fármacos, dentro de este número de familias se identifican tres de prioridad crítica: Acinetobacter baumannii, Pseudomona aeruginosa y Enterobacteriaceae 5 .

En consecuencia, la OMS creó el Plan de Acción Mundial contra la Resistencia a los Antimicrobianos, al que México se sumó desarrollando y posteriormente publicando en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos6 . Este documento es de carácter obligatorio para todas las instituciones que integran al sistema nacional de salud de nuestro país y considera cinco objetivos:

1. Establecer las líneas de acción necesarias para lograr un uso racional de antimicrobianos

2. Disminuir la incidencia de la resistencia en los diferentes sectores de salud

3. Mejorar la concientización y la comprensión de la resistencia a los antimicrobianos

4. Reforzar los conocimientos y la evidencia científica sobre este problema

5. Reducir la incidencia de infecciones, el uso óptimo de los antimicrobianos y la evaluación del impacto económico de este fenómeno

No obstante, es importante considerar la necesidad de hacer públicas las acciones ya implementadas o los planes de acción correspondientes para la aplicación de dicha estrategia, de forma tal que puedan monitorearse y optimizarse para la cumplimentación de los objetivos planteados.

Aunado a esta estrategia, México ha impulsado diversas iniciativas para hacer frente a la resistencia antimicrobiana, un ejemplo es el establecimiento de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica del Grupo Interinstitucional para la Vigilancia de Enfermedades Bacterianas Prevenibles por Vacunación y la política regulatoria para la venta de antibióticos sólo con receta médica7 .

Asimismo, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, trabajó en la modificación de la norma oficial mexicana 045-SSA2-2005 Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Con ello, se buscó modernizarla conforme a la realidad actual y transformarla en la NOM 045-SSA2-2015 Vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), cuyo objetivo es consolidar mecanismos efectivos de prevención y control de infecciones.

El trabajo interinstitucional alcanzó avances significativos en la prevención de este tipo de infecciones, sin embargo, la NOM no ha sido publicada para su entrada en vigor. Por lo mismo, resulta de suma importancia que la Secretaría de Salud retome el proyecto modificatorio para continuar con su proceso normativo conforme lo que indica la Ley Federal de Metrología y Normalización.

En el marco de la inauguración del XXIII Congreso Internacional de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales (AMEIN) Prevenir para proteger, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó que la falta de medidas de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud, la ausencia del desarrollo de nuevos antimicrobianos y el uso inadecuado de los antibióticos son un riesgo para todas las naciones.

De igual forma, mencionó que son necesarias las mejoras en la comunicación y educación en los médicos con respecto a la prescripción de estos fármacos, así como en la población en general para tener un mayor control de los tratamientos y prevenir la automedicación y uso irracional.

A pesar de estas declaraciones, y la disposición del Ejecutivo federal para realizar políticas públicas integrales en el tema, las acciones hasta ahora establecidas y los programas en nuestro país, resultan ser insuficientes para el combate a la RAM y su propagación8 .

Entre las estrategias de la OMS y aunado a la necesidad coordinada para el combate del problema, se creó la Alianza Mundial para la Investigación y el Desarrollo de Antibióticos, que es una iniciativa conjunta de la OMS y la iniciativa Medicamentos para las Enfermedades Desatendidas; la cual se propone fomentar la investigación y el desarrollo de fármacos innovadores.

Por lo previamente descrito, el Poder Ejecutivo federal debe fortalecer los mecanismos regulatorios pertinentes de combate a la resistencia antimicrobiana, las acciones preventivas contenidas en la ley para evitar las muertes por infecciones causadas por la resistencia a los antibióticos, permitir la entrada de medicamentos innovadores y, así, fomentar la investigación de estos en territorio nacional.

Por tanto, con fundamento en lo expresado se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la difusión de un plan de urgente implementación de las acciones contenidas en la Estrategia Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos publicada en 2018.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, particularmente a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y a la presidencia del Comité Consultivo de Normalización para la Prevención y Control de Enfermedades, para que informe a esta soberanía sobre el estatus que guarda la modificación a la norma oficial mexicana NOM-045-SSA2-2015, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones asociadas a la salud, así como de los pasos pendientes para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y consiguiente entrada en vigor.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Consejo de Salubridad General para que, en la medida de sus atribuciones, armonicen y promuevan los procesos normativos correspondientes que permitan la entrada y autorización de antibióticos innovadores, así como su disponibilidad en las instituciones públicas de salud de alta especialidad.

Notas

1 Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525043&fecha=05/06/2018

2 Tackling Drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. The review on Antimicrobial Resistance, chaired by Jim O’Neil. May, 2016.

3 Boletín de la Organización Mundial de la Salud 2016;94:638-39. http://dx.doi.org/10.2471/BLT.16.020916

4 Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, Organización Mundial de la Salud, 2016, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255204/
9789243509761-spa.pdf;jsessionid=CFC573532F550AABCFE3DBB36C3FA407?sequence=1

5 World Health Organization. Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. 2017. https://www.who.int/medicines/publications/global-priority-list-antibio tic-resistant-bacteria/en/

6 Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525043&fecha=05/06/2018

7 Informe Anual 2015 de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, Dirección General de Epidemiología, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Disponible en www.epidemiologia.salud.gob.mx

8 Programa Universitario de Investigación en Salud. Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2018.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a fortalecer las acciones orientadas a prevenir incidentes violentos, particularmente con armas de fuego, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los tiroteos en escuelas eran inusuales en México, parecía algo que escuchábamos ocurrir en otros países sin tomar medidas al respecto, sin embargo, desde hace varios años, el país tiene un grave problema en materia de seguridad y debilidad del estado de derecho, hecho que ha permitido que la violencia en las escuelas sea cotidiana y común.

La violencia en las escuelas según reportan padres de familia y autoridades, no es ocasional sino cotidiana, se manifiesta de muchas maneras y en los últimos años ha convertido a los planteles en espacios de riesgo.

El incidente de enero de 2020 en Torreón fue similar al ocurrido en enero de 2017 en Monterrey, Nuevo León, donde un estudiante abrió fuego en un salón de clases, donde mató a una profesora e hirió a dos compañeros.

En abril de 2019, una alumna que tomaba clase de matemáticas en el CCH Oriente de la UNAM recibió un disparo y murió minutos más tarde.

Los hechos descritos son sólo una muestra, pero evidencian la gravedad de la problemática que enfrenta el país en seguridad, así como la debilidad del estado de derecho, pues las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno, desde hace años y hasta hoy no han podido garantizar para todas las personas condiciones de seguridad para la convivencia pacífica.

Es indispensable replantear la estrategia educativa, y empezar por los padres para reenfocar el esfuerzo en la formación y crianza positiva de los hijos, que incluya valores, además de trabajar en una cultura de paz.

Se ha documentado que armamento de contrabando ha sido usado en asesinatos causados por armas de fuego en México, que representan 64 por ciento de los homicidios en el país.

Entre 2011 y 2013, 49 mil personas fueron asesinadas con armas de fuego, lo cual equivaldría a 5 veces la capacidad del Auditorio Nacional.

La violencia armada es aquella cometida con armas de fuego, que a diferencia de otras, pueden herir o matar a distancia, y con una mayor velocidad.1

Durante 2017, el país registró 25 mil 339 homicidios, detrás de esta violencia, académicos han afirmado que hay un mercado negro de 100 millones de dólares en el tráfico de armas “Por cada arma confiscada hay 15 que no (...) Si las armas duran en promedio 12 años de vida útil, estamos hablando de al menos 3.6 millones de armas en circulación en el país”.2

Aproximadamente 213 mil 000 armas son transportadas de manera ilegal de Estados Unidos hacia territorio mexicano cada año, de acuerdo con un reporte del Centro para el Progreso Americano.

En febrero de 2019, un tribunal alemán declaró culpables el jueves a dos ex empleados del fabricante de armas Heckler & Koch por su participación en el suministro de armas que terminaron en zonas conflictivas de México.3

Grupos defensores de derechos humanos dicen que las armas entregadas en México con frecuencia terminan en las manos de los cárteles de narcotráfico; lo que no deja de ser cierto, es que el mercado nacional es tan lucrativo, que ahora no sólo Estados Unidos envía armas, sino se suman a la lista otros países.

Resulta indispensable realizar acciones que mantengan la seguridad de la población y la paz en las calles, entre ellas sacar de circulación las armas ilegales que se encuentran en manos de cualquiera.

Es alarmante que sigan aconteciendo este tipo de actos, necesitamos trabajar para eliminar este tipo de casos y toda violencia en los planteles educativos de cualquier nivel.

Por lo anterior sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena y lamenta los actos de violencia ocurridos en instituciones educativas del país, y exhorta a las autoridades correspondientes de la federación, entidades federativas y la Ciudad de México, dentro de sus respectivas atribuciones, a intensificar las acciones de control de todas las armas en el país, particularmente las relacionadas con el registro, la comercialización y el decomiso de armas ilegales y de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades correspondientes del Ejecutivo federal, los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, los ayuntamientos y las alcaldías a fortalecer las campañas educativas permanentes que indica la ley para favorecer una cultura de paz y reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo.

Notas

1 Véase https://www.sinembargo.mx/12-12-2015/1569565

2 Véase https://www.forbes.com.mx/armas-ilegales-en-mexico-un-mercado-negro-de- 100-mdd/

3 Véase https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/21/
condenas-en-alemania-por-venta-ilegal-de-armas-a-mexico-5845.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las fuerzas federales de seguridad a garantizar los derechos de los centroamericanos integrantes de la caravana que pretende cruzar la frontera Guatemala-México desde el pasado 18 de enero, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 18 de enero se organizó en Guatemala una nueva caravana de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, atravesando territorio mexicano, a fin de escapar de la violencia y la pobreza que los aqueja en sus países de origen. Más de 4 mil personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente, forman la nueva caravana integrada sobre todo por familias, mujeres y niñas y niños no acompañados.

Pese a los ofrecimientos del gobierno mexicano para integrarse a los programas sociales, quienes integran la caravana han expresado sus deseos de no permanecer en territorio nacional y, a pesar de los múltiples esfuerzos de diversos gobiernos, incluyendo el estadounidense, para detenerla, las personas han decidido seguir adelante en su intrépido camino.

No obstante, alrededor de dos centenares de personas sí decidieron ingresar legalmente en nuestro país, con lo cual los gobiernos federal, estatal y municipal deben responder a las necesidades que derivan de los compromisos que han adquirido, brindando los servicios necesarios para una estadía digna.

No obstante, el lunes 20, de frente a los requerimientos del gobierno mexicano para realizar un cruce ordenado y registrar a quienes intentan ingresar a nuestro país, más de mil 200 migrantes decidieron que se internarían en territorio mexicano cruzando ilegalmente el río Suchiate, alegando que, como parte de sus derechos humanos, el derecho a la migración debe ser respetado. La Guardia Nacional implantó un operativo de contención, utilizando gases lacrimógenos y persiguiendo a quienes lograron evadirlos e internarse en el territorio. En el operativo fueron detenidas 402 personas, que serán reingresadas en sus países de origen. Resulta de particular importancia que hay denuncias relativas a la desaparición de varias niñas y niños producto de este operativo. Es preocupante que las y los migrantes centroamericanos puedan ver violados sus derechos humanos de frente al uso indiscriminado de la fuerza, con objeto de hacer el trabajo sucio del gobierno estadounidense.

El Grupo Parlamentario del PRD expresa su más amplia solidaridad con quienes migran en busca de una vida mejor y se ven obligados a abandonar familias, hogar, tradiciones, historias. Cualquier migración es dolorosa, y más cuando la compelen la pobreza y la violencia. Rechazamos nuevamente las políticas migratorias implantadas por el gobierno federal y exigimos que nuestro territorio sea un espacio de convivencia armónica y de resguardo humanitario. No aceptamos ser el muro de Trump, por lo que impugnamos toda acción de gobierno que tenga por objeto criminalizar a los migrantes.

Por ello, plenamente comprometidos con los derechos de los migrantes, con fundamento en lo expuesto, los diputados del Grupo Parlamentario del PRD ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar condiciones de permanencia digna a los integrantes de la caravana centroamericana que arribó a la frontera de México con Guatemala el pasado 18 de enero y que decidieron registrarse en los controles migratorios del país.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las fuerzas federales, especialmente a la Guardia Nacional, a respetar y garantizar los derechos humanos de los integrantes de la caravana centroamericana que arribó a la frontera de México con Guatemala el pasado 18 de enero, independientemente de su condición migratoria.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Migración a garantizar que las niñas, los niños y los adolescentes que se encuentran desaparecidos sean reintegrados con sus familias o, en caso de tratarse de menores no acompañados, puestos bajo custodia del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, con objeto de resguardar los derechos que, como personas en desarrollo, les confiere la Constitución y se le solicita envíe a esta soberanía informe pormenorizado respecto a los menores bajo su custodia y las acciones que han desarrollado para garantizar sus derechos.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2020.

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Mónica Almeida López, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a establecer medidas de seguridad, y señalizar, ampliar y modernizar la carretera Transpeninsular Licenciado Benito Juárez, en la región norte de BCS, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Ricardo Velázquez Meza, senador de la República integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A través de la red de infraestructura de transporte del país transita 100 por ciento de la producción nacional, el comercio y el turismo, por lo que una infraestructura y logística modernas son indispensables para ayudar a que los bienes lleguen a su destino con oportunidad y el menor costo posible, para que de esta manera se puedan elevar la competitividad, la productividad y el desarrollo económico nacionales.

Actualmente y conforme al Anuario Estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2017, la infraestructura carretera está constituida por 398 mil 149 kilómetros de longitud, dividida entre red federal (51 mil 20 kilómetros), carreteras alimentadoras estatales (133 mil 228), la red rural (144 mil 534) y brechas mejoradas (69 mil 367).

La red carretera registra la mayor parte de los desplazamientos de personas y de carga entre ciudades y estados, superando a los puertos y las terminales mexicanos, el segundo modo en importancia para carga y el tercero en el movimiento de personas, y superando también al transporte aéreo, el segundo modo de transporte en importancia para pasajeros.

Baja California Sur cuenta con una superficie territorial de 73 mil 909 kilómetros cuadrados, la cual representa 3.8 por ciento del área del país; ocupa el noveno lugar en extensión territorial.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2017, Baja California Sur contaba con una longitud carretera de 5 mil 971 kilómetros, de los cuales –hasta diciembre de 2017– 2 mil 257 correspondían a carretera federal pavimentada, que recorre desde Cabo San Lucas hasta la población de Guerrero Negro, mil 427 kilómetros de carretera revestida, mil 17 de terracería y mil 270 de brechas mejoradas.

Asimismo, conforme al Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa de 2018 (Inegi), Baja California Sur contaba en 2017 con 492 mil 200 vehículos de motor registrados en circulación, los cuales recorren la superficie territorial del estado. De ellos, 330 mil 488 corresponden a automóviles; 5 mil 804, a camiones de pasajeros; 146 mil 241, a camionetas y camiones de carga; y 9 mil 667, a motocicletas.

La red de carreteras en el estado permite a la población tener acceso a los servicios de salud, educación y empleo. La carretera federal permite el tránsito de turismo proveniente de Baja California y otras entidades del país, así como de Estados Unidos de América, además de generar la movilización de productos y mercancías que salen del estado y entran en él.

Por esta situación, la carretera federal número 1, conocida como Transpeninsular Licenciado Benito Juárez, adquiere especial importancia, pues es la vía natural de paso para el transporte de carga y de pasajeros entre Baja California Sur y Baja California.

Según indicadores proporcionados por el Inegi, en 2017 en Baja California Sur se registraron 3 mil 212 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas de la entidad, de los cuales derivaron mil 17 personas lesionadas y 39 fallecidas.

En las relatadas condiciones, los hechos fatales en mención se suscitan con frecuencia en dos tramos de la carretera federal Transpeninsular Licenciado Benito Juárez: uno localizado en Loreto, conocido localmente como “Cuesta de Ligüi”, en el tramo Ciudad Insurgentes-Loreto (kilómetros 70 a 83); y el otro, conocido como “Cuesta del Infierno”, en Mulegé, tramo Santa Rosalía-Vizcaíno (kilómetros 17 a 25), las cuales tienen una longitud, la primera de 13 kilómetros y la segunda de 8 kilómetros, teniendo un ancho estos tramos de 7.2 metros, esto en razón de que la construcción inicial de la carretera Transpeninsular data del periodo 1967-1973, durante el cual no había tanto flujo de vehículos de motor, lo cual en la actualidad dificulta el tránsito de vehículo, en especial los de carga, ya que se han presentado hechos de tránsito donde dos vehículos pesados se han impactado en sus laterales con las cajas, por la reducción de carriles en las curvas que imperan en estos tramos.

En esa tesitura, tomando en consideración que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte, de acuerdo con las necesidades del país, así como construir y conservar los caminos y puentes federales, como expresamente se establece en las fracciones I y XXI del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y I, II, IV y VI del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Por otra parte, se advierte en el programa de trabajo de 2020 que desarrollará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California Sur, derivado a su vez del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, que respecto a estos tramos carreteros, serán conservados sólo con la aplicación de riego de sello, lo cual no es suficiente para atender la problemática que genera este tramo.

Es necesario que en Baja California Sur se mejoren estos tramos carreteros, con mejor señalización vertical y horizontal, así como la ampliación de un tercer carril, como ideal para el tránsito mixto de alta velocidad, a fin de prevenir accidentes de tránsito, así como seguir impulsando el desarrollo económico de la zona, ya que a través de esta rúa se dan salida y entrada a turistas, así como diversos productos de intercambio comercial.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, considere el establecimiento de medidas de seguridad, así como la señalización, ampliación y modernización de la carretera Transpeninsular Licenciado Benito Juárez, en los tramos conocidos localmente como “Cuesta de Ligüi”, localizado en el trayecto carretero Ciudad Insurgentes-Loreto (kilómetros 70 a 83); y “Cuesta del Infierno”, en Mulegé, tramo Santa Rosalía-Vizcaíno (kilómetros 17 a 25), a fin de reducir el índice de accidentes de tránsito en la zona, además de mejorar la conectividad y competitividad en el desarrollo económico y la actividad productiva en la región norte de Baja California Sur.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2020.

Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emitir un decreto para que, mientras no haya reglas de operación claras sobre el funcionamiento del Insabi, mantengan vigencia las del Seguro Popular, suscrita por la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado , integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Durante la campaña electoral el actual gobierno federal propuso la desaparición del Seguro Popular, creado en el 2003 y que a finales del año pasado atendía a poco más 53 millones de personas. En cambio, el gobierno concentraría sus esfuerzos en el acceso universal a los servicios de salud, de manera gratuita y con atención brindada de manera más eficiente, lo cual no ha podido garantizar y con la creación del Insabi ha convertido una deficiencia en una crisis de fondo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso universal a la salud implica que todas las personas tengan acceso a ésta, sin discriminación, con servicios integrales, oportunos y adecuados. Empero, hay miles de pacientes que están sufriendo los estragos por la falta de consultas médicas y por desabasto de medicamentos.

El 14 de noviembre del 2019, el Senado de la República aprobó diversas disposiciones en materia de salud, con lo cual se dio paso a la desaparición del Seguro Popular y a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Dicho decreto entró en vigor el 1 de enero del presente año, generando incertidumbre y bastantes especulaciones hacia la población. Diversos medios de comunicación documentaron desde cobro en las consultas médicas, desabasto de medicamento, este principalmente en personas que se veían beneficiadas del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual desapareció con las nuevas reformas realizadas, en cambio entró en vigor el Fondo de Salud para el Bienestar, el cual no tiene catálogo respecto a las enfermedades que atenderá.

Más allá de resolver la crisis de salud, esta se agudiza más, y la incertidumbre se estará extendiendo hasta mediados del 2020, ya que de acuerdo a los propios transitorios del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, el gobierno federal, a través de las instituciones competentes, tiene un plazo de 180 días para poder emitir y publicar la reglamentación para el funcionamiento del Insabi, en lo que esto sucede y mientras no se cuente con las reglas de operación, la incertidumbre continuara, además no sólo basta con la emisión reglamentaria, es importante también que su contenido concuerde con la realidad y que vayan enfocados a cumplir con el objetivo del acceso universal de salud.

Ante estas lagunas y vacíos existentes, diversas senadoras y senadores han presentado diversas iniciativas que debido al tema, se requieren atender con prioridad, para poder mitigar la problemática por la que atraviesa el sector salud.

Es por ello, que el objeto del presente punto de acuerdo busca exhortar a la Comisión de Salud del Senado de la República para que analice, discuta y apruebe el dictamen correspondiente a dichas reformas presentadas en estos últimos días relacionadas con la Ley General de Salud, para que puedan ser discutidas en el pleno en una sesión extraordinaria, antes del inicio del segundo periodo de sesiones del segundo año legislativo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que, en el ámbito de sus atribuciones, emita un decreto para que mientras no se tengan reglas de operación claras en cuanto al funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar, se sigan manteniendo vigentes las reglas de operación del Seguro Popular.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Salud del Senado de la República a que a la brevedad analice, discuta y apruebe el dictamen correspondiente a las reformas presentadas relacionadas con la Ley General de Salud, respecto al decreto que entró en vigor el 1 de enero del 2020, para que estas puedan ser sometidas a discusión del pleno lo antes posible.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones y mientras no se tengan reglas de operación claras en cuanto al funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar, se sigan manteniendo vigentes las reglas de operación del Seguro Popular.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 22 días de enero de 2020.

Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Morelos a implantar el sistema de alerta sísmica, a cargo del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ángel García Yáñez, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía, la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por medio del cual se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Morelos para que implementen el sistema de alerta sísmica en la entidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La República Mexicana dada su ubicación geográfica se encuentra asentada en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, enfrentando el embate de diversos fenómenos naturales, que han dejado a su paso importantes pérdidas humanas como materiales.

Su actividad sísmica es primordialmente por la interacción, choques y deslizamientos de las Placas tectónicas, como son las Placas de Norteamérica, Placa de Cocos, Placa del Pacífico, Placa de Rivera y Placa del Caribe, las cuales afectan el subsuelo en donde se encuentra nuestro territorio mexicano, esto aunado con las recientes fallas locales provocadas por los sismos.

El sismo de magnitud 7.1 grados en escala de Richter ocurrido el 19 de septiembre de 2017, a las 13 horas con 14 minutos, con epicentro en los límites entre los estados de Morelos y Puebla que afectó a diversas entidades de la República Mexicana como a la Ciudad de México, entre éstos el Estado de Morelos que sufrió daños catastróficos, dejando así, afectados a más de 23,000 inmuebles en todos los municipios del Estado, así como carreteras, puentes, industrias, escuelas, iglesias, entre otras estructuras, se reportó el fallecimiento de 74 personas y los 11 municipios más dañados fueron: Axochiapan, Ayala, Jojutla, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlaquiltenango, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas.

Durante la emergencia del terremoto del 2017, se vivió una situación inesperada y nueva para los Morelenses, poniendo a prueba las acciones de emergencia del Estado, en donde se notó las vulnerabilidades operativas ante estos fenómenos naturales, potencialmente destructivos, la ausencia de un sistema de alertamiento sísmico en la entidad repercutió de manera importante en la población y con ello la pérdida de vidas humanas.

Debido a estos siniestros, el Servicio Sismológico Nacional publicó datos donde se ha reportado una serie de sismos de baja intensidad, de la misma manera se han incrementado los sismos con epicentro en el Estado de Morelos a consecuencia de las fallas locales ya existentes, por ello considero que es de vital importancia y urgente que se implemente en el Estado de Morelos el Sistema de Alerta Sísmica para la detección anticipada de sismos importantes, así como la estimación de su magnitud, y con ello lograr la activación oportuna de los protocolos de actuación en caso de sismos, para que la población Morelense en caso de algún siniestro, tengan tiempo necesario para acudir a los puntos de reunión seguros y tomar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad.

Los sismos son fenómenos naturales e impredecibles, pero con el uso de la tecnología podemos mitigar sus repercusiones, el alertamiento anticipado de un sismo podrá salvar vidas humanas.

Por lo anteriormente expuesto:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Morelos para la implementación del sistema de alerta sísmica para la entidad.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a informar sobre la viabilidad de que el Estado mexicano se adhiera al Convenio sobre Ciberdelincuencia, o Convenio Budapest, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del PT

Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que rinda un informe detallado sobre la viabilidad de que el Estado mexicano se adhiera al Convenio de Ciberdelincuencia también llamado Convenio de Budapest y su protocolo adicional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La internet es un fenómeno globalizado del cual hemos obtenido grandes beneficios, han cambiado las formas de comunicar, acceder y compartir información, es así como la manera de interactuar se ha vuelto más rápida y sin límites fronterizos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos muestran las siguientes estadísticas a propósito del día mundial del internet el 17 de mayo de 2019 datos nacionales; “Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, en 2018 el 65.8% de la población de seis años o más en México es usuaria de Internet, 18.3 millones de hogares (52.9% del total nacional) disponen de conexión a Internet, 95.1% de los usuarios con estudios de nivel superior se conectan a la red, así como 54.9% de los que tienen estudios de educación básica.”1

Con lo anterior el número de usuarios que cada día crece no es pequeña, sin embargo, así como sus beneficios han impactado en nuestra vida cotidiana también existen perjuicios que se podrían evitar, reparar o castigar.

El manual de Delitos Informáticos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica establece lo siguiente: “El delito informático es cualquier violación de la ley penal que implique el conocimiento de la tecnología informática para su perpetración o investigación”2

La legislación correspondiente para enfrentar y prevenir este tipo de conductas contiene un gran vacío legal en nuestro marco jurídico mexicano.

Con objeto de fortalecer el marco jurídico en materia de ciberseguridad se debe reforzar la cooperación internacional para prevenir estos delitos, México debe buscar la manera de hacer posible la ampliación de las herramientas de investigación, prevención y sanción.

Diversas naciones e instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, el G8, la Unión Europea, el Consejo de Europa entre otras organizaciones regionales se han ocupado de la tarea para regular los delitos informáticos y ponerle freno a la ciberdelincuencia.

El Convenio de Budapest del 23 de noviembre del 2001 establece diversas acciones para tener un marco jurídico nacional adecuado con la tipificación de distintas conductas como ilícitas, dotar a las autoridades en materia de justicia penal con facultades y protocolos necesarios para la investigación y promueve la cooperación internacional.

El protocolo adicional del 28 de enero de 2003 establece en su artículo 1º la finalidad de completar, entre las Partes en el Protocolo, las disposiciones del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, por lo que respecta a la tipificación penal de los actos de índole racista y xenófoba cometidos mediante sistemas informáticos.

El convenio ha sido ratificado por 64 países y otros 3 países han firmado sin ratificación, que son los siguientes:3

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Países Bajes, Macedonia del Norte, Noruega, Polania, Portugal, República de Moldova, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Argentina, Australia , Cabo Verde, Canadá, Chile, Costa Rica , República Dominicana, Ghana, Israel, Japón, Islas Mauricio, Marruecos, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sri Lanka, Tonga, Estados Unidos de América.

En México han existido distintos esfuerzos por distintos estados de la República, así como a nivel Federal en el ámbito de ciberseguridad y ciberdelincuencia.

Para incrementar su presencia en Internet, la Policía Federal Preventiva (PFP) desarrolló a inicios del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, una unidad especializada en el combate a delitos cibernéticos denominada Policía Cibernética, teniendo como objetivos principales localizar personas dedicadas a cometer delitos informáticos e identificar y desarticular organizaciones dedicadas al tráfico y corrupción de menores.4

En diciembre de 2002 la entonces Secretaría de Seguridad Pública instaló la Coordinación Interinstitucional de Combate a Delitos Cibernéticos formado por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Policía Federal Preventiva, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina , la entonces Secretaría de Seguridad Pública , E-México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Avantel, Alestra y la Alianza Mexicana de Cibercafés, AC. Entre sus actividades de patrullaje en la red están el rastreo de hacker, sitios de internet y chat room en los que promuevan pornografía y el turismo sexual infantil.

En lo que respecta a la regulación en la legislación los “delitos informáticos” existen en el Código Penal Federal desde el 17 de mayo de 1999, sin embargo, se fue quedando pequeña, puesto que en su articulado no se contemplan las actualizaciones que desde entonces se han hecho tanto en la tecnología como las nuevas redes sociales o la evolución de relaciones que se han inventado.

En la Ciudad de México actualmente tenemos a la policía de ciberdelincuencia preventiva que establece lo siguiente como sus principales líneas de acción:5

• Monitoreo de redes sociales y sitios web en general.

• Pláticas informativas en centros escolares e instituciones del Distrito Federal, con el objetivo de advertir los delitos y peligros que se cometen a través de internet, así como la forma de prevenirlos, creando una cultura de autocuidado y civismo digital.

• Ciber-alertas preventivas las cuales se realizan a través del análisis de los reportes recibidos en las cuentas de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva.

En el vigente ordenamiento jurídico y con la reforma en materia penal se crea la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, y se establecen sus atribuciones:

“Que el Sistema de Justicia Penal Adversarial requiere que el personal policial de la Agencia de Investigación Criminal realice investigaciones fortalecidas con elementos científicos y cibernéticos con el fin de contar con más información criminal que pueda ser incorporada como dato de prueba, medios de prueba y prueba al Ministerio Público de la Federación y con ello sustentar las acusaciones, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo:

Primero. Se crea la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas como la instancia de inteligencia encargada de la ejecución y supervisión de las acciones policiales que apoyen las investigaciones relacionadas con medios electrónicos y tecnológicos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación.”6

Como observamos existen distintas autoridades y organismos que se están ocupando de la tarea, sin embargo, el poder legislativo tiene la tarea de coadyuvar con estos para otorgar efectivos resultados.

Con fecha del 8 de agosto de 2017 y número de oficio “SELAP/300/1959/17, se recibe en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la respuesta al punto de acuerdo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que establece lo siguiente: “Para responder a la invitación del Consejo de Europa a México a fin de que nuestro país se adhiera al Convenio de Budapest, las autoridades competentes del Ejecutivo Federal se encuentran evaluando si el marco jurídico vigente permitiría cumplir cabalmente con las obligaciones contenidas en el Convenio. Una vez que este análisis concluya, se podrá determinar la viabilidad de que el Estado mexicano se adhiera al Convenio o bien identificar las medidas legislativas que sería necesario implementar para poder ser Parte del mismo...Toda vez que no existe un foro multilateral único con el mandato para concentrar las deliberaciones sobre la ciberseguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores está comprometida a seguir privilegiando la concertación multilateral al abordar este tema, y a participar activamente en las discusiones en el marco de la ONU, así como en otros mecanismos de cooperación internacional como el Foro Global sobre Experiencias Cibernéticas y la Conferencia Global del Ciberespacio, o a nivel regional en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dentro del programa de Seguridad Cibernética del Comité Interamericano contra el Terrorismo.”7

Con base en los trabajos legislativos que anteriormente se exponen, se debe seguir tanto con esfuerzo y seguimiento para alcanzar el objetivo de la concretización de la adherencia y así avanzar a tener un marco jurídico que garanticen la protección de los usuarios para terminar con las graves condiciones de inseguridad e impunidad que impera en la materia. El interés para que se concrete sería un gran paso en favor de los derechos humanos vulnerados.

La formación de un marco jurídico para la regulación de internet representa un grande reto de indudable relevancia y de gran urgencia, pues entre más esperamos su evolución es imparable. Si observamos en comparación los avances que hemos tenido y los esfuerzos que se han realizado para resolver esta problemática

En la actual legislatura el 24 de octubre del 2019 se discutió en el pleno el dictamen de las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el mes de octubre como “el mes nacional de la ciberseguridad”, es así como se remarca la intención en la actual legislatura para seguir con el trabajo antes mencionado en el Senado de la República que se traduzca en el fortalecimiento de instituciones y la creación de facultades en los órganos operativos del Estado para prevenir, enfrentar y castigar amenazas en los entornos digitales.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que rinda un informe detallado sobre la viabilidad del Estado mexicano para adherirse al Convenio de Ciberdelincuencia también llamado Convenio de Budapest y su protocolo adicional.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/intern et2019_Nal.pdf

2 https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/118214NCJRS.pdf

3 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/1 85/signatures?p_auth=heJyDqZI

4 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/1196

5 http://data.ssp.cdmx.gob.mx/ciberdelincuencia.html

6 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496125&fecha=05/09/2017

7 https://www.senado.gob.mx/sgsp/respuestas/63/2/2017-06-21-1/CP2R2A-2275 .-2275%20SEGOB_SRE

Dado en el pleno de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados el día veintidós de enero del año dos mil veinte.

Senador Miguel Ángel Lucero Olivas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el Insabi a garantizar a los beneficiarios del Seguro Popular la gratuidad de los servicios para cumplir el artículo décimo primero transitorio de la Ley General de Salud, suscrita por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se garantice la gratuidad de los servicios de salud a las personas beneficiarias del programa Seguro Popular, a efecto de dar cumplimiento al artículo décimo primero transitorio de la Ley General de Salud; y asimismo que se priorice la aplicación del principio de gratuidad y universalidad de los servicios públicos de salud para todos los beneficiarios del Insabi, a efecto de garantizar el derecho humano de protección a la salud, lo cual se expresa en la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 de la Ley General de Salud, la protección de la salud es un derecho fundamental, por lo que el Estado tiene la obligación de definir las bases y modalidades que garanticen su acceso, así como establecer la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

En este sentido, si bien contamos con un marco normativo que busca garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos, la realidad dista de lo establecido por la Ley, toda vez que durante las distintas administraciones, el sector salud se ha caracterizado en mayor o menor medida por la falta de personal médico y de enfermería, desabasto de medicamentos y material quirúrgico, deterioradas instalaciones y sobrepoblación de pacientes.

Ante este contexto, se establece la fase piloto del Seguro Popular, del año 2001 al 2003, periodo en el que se afiliaron más de un millón de personas, y en 2004 con el objetivo de brindar protección financiera a la población que carecía de seguridad social, entra en vigor la reforma a la Ley General de Salud que creó formalmente el Seguro Popular.

Dicho programa estuvo vigente durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, alcanzando un padrón de 53 millones de beneficiarios a nivel nacional, a quienes se garantizaba la cobertura de tratamientos y medicamentos de enfermedades de alto costo a través de un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual contemplaba la atención de 66 enfermedades, establecidas en las siguientes categorías:

-Cuidados intensivos neonatales.

-Malformaciones congénitas y/o adquiridas en el aparato digestivo, columna vertebral, aparato urinario y cardiovascular en menores de 18 años.

-Enfermedades metabólicas en menores de 10 años, como hemofilia y enfermedades lisosomales.

-Cáncer en menores de 18 años como leucemia, tumores del sistema nervioso central, hepáticos, linfomas, entre otros.

-Cáncer en mayores de 18 años como cáncer cervicouterino, de mama, de próstata, testicular, de endometrio y cáncer de esófago, entre otros.

-Enfermedades cardiovasculares en menores de 65 años, como infarto agudo al miocardio.

-Infectocontagiosas como hepatitis tipo C y tratamiento antirretroviral de VIH/SIDA.

-Trasplantes en paciente pediátrico y adulto, como trasplante de corazón, de medula ósea, pulmonar, renal, entre otros; y

-Genéticas, como Síndrome de Turner.

Después de 19 años de operación del Seguro Popular, 3 como prueba piloto y 16 desde su entrada en vigor, este se eliminó por Decreto el pasado 14 de noviembre de 2019, con la aprobación del Senado de la República con 67 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.

Publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de noviembre del mismo año, el Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, establece al Insabi como organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, entrando en funciones desde el 1 de enero de 2020 y contando con un financiamiento de 40 mil millones de pesos pertenecientes al entonces Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Ahora bien, de acuerdo con declaraciones del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, él mismo aseguró que habría atención médica y medicamentos gratuitos en cada uno de los hospitales del Insabi.

No obstante, si bien la Ley General de Salud establece en el artículo 35 que los servicios públicos de salud operarán bajo los criterios de universalidad, igualdad, inclusión y gratuidad, también establece en el artículo 36 cuotas de recuperación por la prestación de estos servicios, condición que no garantiza su gratuidad.

Como se puede observar, las cuotas de recuperación establecidas en el Seguro Popular definitivamente no desaparecieron con la creación del Insabi, y aunado a ello, a tres semanas de su entrada en vigor, se ha generado incertidumbre y descontento por parte de los beneficiarios del otrora Seguro Popular, debido a la falta de medicamentos, la cancelación de servicios, el incremento de cuotas o el cobro de servicios que antes eran gratuitos.

Diversos son los casos en que se han presentado estas situaciones:

Ciudad de México

-Diana Rodríguez, madre de Yamila Chávez, quien desde hace cuatro años recibe tratamientos contra el cáncer, aseguró que a partir del 2020 tendrá que cubrir el gasto de las radioterapias de su hija debido a que el Insabi no las cubre, lo que sí hacía el Seguro Popular.1

-Selene Jaimes tuvo que adquirir un kit de cirugía para su madre, gasto que anteriormente no había tenido que realizar desde que su mamá se atiende en el Hospital General de la Ciudad de México. Además, refirió que los costos por internalización aumentaron de 88 pesos a los 387 pesos.

Guerrero

-Niños con cáncer y sus familiares bloquearon los dos sentidos de la Costera en Acapulco, para denunciar que en el Instituto estatal de Cancerología (Iecan), los medicamentos y las quimioterapias se están cobrando tras la desaparición del Seguro Popular.2

Nuevo León

-Ileana, quien padece cáncer de mama y se atendía en el Hospital San José con el Seguro Popular, acudió a consulta médica, pero le negaron la atención, debido a que aún no hay certeza si dicho hospital tendrá convenio con el Insabi.3

- Juana María Robles requiere de una operación debido a una endometriosis, sin embargo, no le garantizan la gratuidad del servicio debido a la falta de reglas de operación del Insabi.

Puebla

-Florencio Medina Castro, quien ingresó al Hospital del Norte tras presentar una hemorragia de tubo digestivo, los médicos le indicaron que requería de una endoscopía pero que el Insabi ya no ofrecía esa asistencia, por lo que debían solicitar el estudio en una institución privada. Florencio quedó en espera del estudio y falleció ese mismo día.4

Estos casos no sólo son la consecuencia de la falta de un diagnóstico y planeación para crear un Instituto que pretende cubrir de manera gratuita y universal la salud de todos los mexicanos, sino el incumplimiento de la propia Ley.

Aunado a ello, al no contar todavía con reglas de operación que permitan su óptimo funcionamiento, ha dado pie no sólo a la incertidumbre sino justo a irregularidades en el cobro de medicinas y tratamientos que cubría el Seguro Popular.

En este sentido, el artículo Décimo Primero transitorio de la Ley General de Salud establece lo siguiente:

“Las personas que, a la entrada en vigor del presente Decreto cuenten con afiliación vigente al Sistema de Protección Social en Salud, continuarán en pleno goce de los derechos que les correspondan.”

Dicha disposición establece que quienes eran beneficiarios del otrora Seguro Popular tienen derecho a recibir los servicios con los que contaban previo a la creación del Insabi. De modo que, se debe asegurar el abastecimiento de medicamentos, la continuidad de servicios, así como garantizar la gratuidad de aquellos con los que contaban.

No se puede dejar sin medicamento y quimioterapias a los niños con cáncer, hacer caso omiso de las personas que necesitan una operación o dejar de dar servicios que pueden costarle la vida a algún beneficiario.

A efecto de lograr lo planteado con anterioridad, el titular del Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Salud y el Insabi, deben asegurar que los beneficiarios reciban las medicinas, tratamientos y servicios con los que contaban, a fin de asegurar el derecho a la salud, y salvaguardar la integridad de las personas.

Debe ser prioridad para el Estado no sólo garantizar los derechos de aquellos beneficiarios del otrora Seguro Popular sino proveer a todos los mexicanos beneficiarios del Insabi el derecho a la salud, acorde a sus necesidades y no acorde a sus recursos, por lo que las autoridades deberán brindar los servicios de salud, medicamentos y demás insumos necesarios para hacer efectivo este derecho, apegándose a los principios de gratuidad y universalidad.

La importancia de estos principios radica en que tienen como objetivo que todas las personas reciban los servicios de salud que necesitan, por lo que es necesario contar con un sistema de salud sólido, eficiente y en buen funcionamiento, además de ser asequible, es decir, contar con un sistema de financiamiento que lo haga posible.

Exhortar que la política de salud se guíe por tales criterios es cumplir justo con lo que el presidente ha planteado como objetivo del Insabi, “contar con atención médica y medicamentos gratuitos para todos los mexicanos en todos los niveles” pero que en la realidad no se garantiza.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se garantice la gratuidad de los servicios de salud a las personas beneficiarias del programa Seguro Popular, a efecto de dar cumplimiento al artículo décimo primero transitorio de la Ley General de Salud; y asimismo que se priorice la aplicación del principio de gratuidad y universalidad de los servicios públicos de salud para todos los beneficiaros del Insabi, a efecto de garantizar el derecho humano de protección a la salud

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se garantice la gratuidad de los servicios de salud a las personas beneficiarias del programa Seguro Popular, a efecto de dar cumplimiento al artículo Décimo Primero transitorio de la Ley General de Salud; y asimismo que se priorice la aplicación del principio de gratuidad y universalidad de los servicios públicos de salud para todos los beneficiaros del Insabi, a efecto de garantizar el derecho humano de protección a la salud.

Notas

1 Por faltas de reglas en Insabi, cobran nuevas cuotas. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/insabi-cobra-cuotas-po r-falta-reglas-instituto-de-salud-para-el-bienestar-seguro-popular-4676 910.html

2 Niños con cáncer toman autopista protestando por cobro de sus medicamentos. Disponible en:
https://www.elimparcial.com/mexico/Ninos-con-cancer-toman-autopista-protestando
-por-cobro-de-sus-medicamentos-Insabi-retira-apoyo-20200117-0141.html

3 Deja de recibir tratamiento en el Hospital San José. Disponible en: https://www.info7.mx/locales/deja-de-recibir-tratamiento-en-el-hospital -san-jose-al-terminar-convenio-con-el-seguro-popular/v-2755153

4 Muere por falta de estudio médico, el Insabi no lo cubría. Disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/muere-por-falta-de-estudio-medic o-el-insabi-no-lo-cubria-puebla-salud-hospital-del-norte-seguro-popular -4678822.html

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 22 días de enero de 2020.

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y sus homólogas locales a ordenar la inspección, revisión y confiscación de celulares en los centros penitenciarios federales y estatales, suscrita por la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La extorsión telefónica se ha convertido uno de los delitos a distancia más frecuentes por parte de la delincuencia organizada debido a que les implica menor riesgo de ser detenidos y mayor probabilidad de obtener algún beneficio.

En la mayoría de sus variantes los extorsionadores emplean violencia psicológica para engañar a sus víctimas. Los casos más comunes de extorsión son:

• Ganador ficticio

• Familiar secuestrado

• Familiar detenido

• Familiar en situación complicada

• Finge ser un grupo delictivo

La extorsión telefónica tiene sus orígenes al principio del año 2000, su incidencia está ligado a la masificación de los aparatos telefónicos y el aumento de las posibilidades económicas de compra para amplios sectores de la población.

Los delincuentes comenzaron a utilizar esos aparatos de comunicación para contactar a sus posibles víctimas, mediante llamadas, mismos que se incrementaron con la innovación de los teléfonos celulares que hicieron posible el envío de mensajes de texto.

A través de la comunicación vía celular, los delincuentes desde entonces y actualmente, plantean supuestos escenarios que incluyen situaciones de riesgo o peligro para la posible víctima y/o familiares. La extorsión es un delito al patrimonio y es una amenaza física, en el caso de concretarse en físico, se puede convertir en secuestro, detención de personas, amigos o familiares, principalmente.

Otro de los tipos de extorsión es el cobro de piso en comercios y negocios locales, la “venta” de seguridad y las intimidaciones que coartan la libertad, entre otras situaciones.

Hay otro tipo de modus operandi , en vez de hacer uso de la intimidación y del miedo, se construyen historias basadas en premios, sorteos, campañas publicitarias e incluso, suplantación de identidad, al usar fundaciones altruistas, como móviles discursivos.

Mediante la amenaza o engaño, los delincuentes piden a las víctimas realizar depósitos de dinero a través de tiendas departamentales, comercios o transferencia bancaria.1

La extorsión la tipifica el Código Penal Federal en su artículo 390, como:

“al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa”.

La extorsión se ubica en segundo lugar de los delitos con mayor incidencia en México, sólo por debajo del robo. La Ciudad de México, Jalisco, estado de México y Veracruz, son las entidades donde existe mayor incidencia, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, en 2018 se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, lo cual representa 6 mil 542 extorsiones por cada 100 mil habitantes. En 91.6 por ciento de los casos, la extorsión fue telefónica y fue pagada en 7.1 por ciento de las ocasiones.2 Eso significa que, en un solo año, se realizaron 5.2 millones de llamadas de extorsión. Eso equivale a 14 mil 305 llamadas por día en promedio, 596 por hora, casi 10 por minuto.3

Hay casos alarmantes pero lo importante de señalar es la frecuencia que afecta a las familias de todos los niveles socioeconómicos del país. Hay entidades, como Ciudad de México, estado de México, Puebla, Nuevo León y Guanajuato que no cesa el delito. Banxico en 2019, indicó un alza importante a las empresas, en prácticamente toda la cobertura nacional.4

Un dato alarmante donde coinciden especialistas y autoridades es que entre 50 y 80 por ciento de las llamadas de extorsión salen de los penales; “tan sólo entre 2017 y 2018 de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, se realizaron 3.7 millones de llamadas de extorsión”.5

Según un estudio realizado por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la gran mayoría de las extorsiones telefónicas provienen de los centros penitenciarios; tan sólo en 2016 ocurrieron 5.5 millones de llamadas.6

De acuerdo con el artículo 7, fracción XII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta ley, deberán coordinarse para: garantizar que todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los mismos.

El autogobierno de las prisiones ha hecho fracasar los inhibidores de señal de celulares, los equipos son objeto de sabotaje, las antenas se reorientan, se instalan dispositivos que inutilizan a los inhibidores. La corrupción y la mala tecnología en el sistema penitenciario permiten que el negocio de la extorsión telefónica siga prosperando.7

Al final de 2019 e inicio del año 2020, el gobierno de la Ciudad de México, decomisó al interior de los centros penitenciarios en un periodo del 5 de diciembre al 10 de enero, total de mil 908 celulares, estas medidas además, han evidenciado la portación de chips, de manos libres y de equipos.8 Acciones positivas para que los familiares de los reos no incumplan con las medidas de seguridad y se respeten los reglamentos internos y toda aquella disposición de carácter legal.

De acuerdo con el artículo 31, fracción VIII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública los equipos de bloqueo serán operados por autoridades distintas a las de los establecimientos penitenciarios en centros remotos, contarán con sistemas automáticos que envíen señales de alarma ante cualquier interrupción en su funcionalidad y serán monitoreados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la colaboración de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

Con el propósito de inhibir el delito de extorsión, con la presente proposición con punto de acuerdo se propone:

1. Exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal para que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ordene la inspección, revisión y confiscación de celulares en los centros penitenciarios federales.

2. Exhortar con pleno respeto al sistema federal, a los gobernadores de las entidades federativas, para que a través de las Secretarías de Seguridad Pública, ordenen la inspección, revisión y confiscación de celulares en los centros penitenciarios estatales.

3. Exhortar respetuosamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública informe a esta soberanía sobre el monitoreo de los equipos que permiten bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen en los centros penitenciarios federales y estatales.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ordene la inspección, revisión y confiscación de celulares en los centros penitenciarios federales.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta con pleno respeto al sistema federal, a los gobernadores de las entidades federativas, para que a través de las secretarías de seguridad pública, ordenen la inspección, revisión y confiscación de celulares y chips sueltos en los centros penitenciarios estatales.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública informe a esta soberanía sobre el monitoreo de los equipos que permiten bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen en los centros penitenciarios federales y estatales.

Notas

1 ¿Qué es la extorsión?, [en línea], disponible en web: https://www.gob.mx/policiafederal/es/articulos/que-es-la-extorsion?idio m=es

2https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/20 19/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf

3 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/por-que-persiste- la-extorsion-telefonica

4 https://www.milenio.com/negocios/reporta-banxico-aumento-en-extorsion-a -empresas

5 Extorsión, segundo lugar de delitos con mayor incidencia en México, El Sol de México, 10 de noviembre de 2019. [en línea], disponible en web: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/extorsion-segundo-luga r-de-delitos-con-mayor-incidencia-en-mexico-4436140.html

6 Proponen prisión preventiva para el delito de extorsión, el Sol de México, 15 de diciembre de 2019, [en línea], disponible en web: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/proponen-prision-preve ntiva-para-el-delito-de-extorsion-4588471.html

7 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/por-que-persiste- la-extorsion-telefonica

8 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/decomisan-69-celulares-en -carceles-de-la-cdmx

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a financiar con los recursos obtenidos por la enajenación del avión presidencial TP-01 un plan integral de atención del cáncer infantil, a cargo del senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM

El senador Manuel Velasco Coello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de la manera más respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal, a financiar con los recursos obtenidos por la enajenación, derivada de la rifa, sorteo o venta, del avión presidencial TP-01, un plan integral de atención al cáncer infantil, en el que se incluya, entre otros, la atención especializada y entrega de medicamentos durante todo su tratamiento, apoyo a los familiares, creación de infraestructura e incremento de personal médico especializado, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo cuarto constitucional, por lo cual el Estado tiene la obligación de garantizar los servicios de salud a la ciudadanía. Pero, sobre todo, salvaguardar el interés superior de la niñez priorizando la salud como uno de sus derechos fundamentales.

Desafortunadamente, el cáncer infantil es uno de los temas de salud pública que afecta a un gran porcentaje de la población infantil, que requiere de una gran cantidad de recursos humanos, financieros y materiales. De acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer, en 2018 se registró un total de 18 millones 78 mil 957 casos nuevos de cáncer en todo el mundo, siendo los más frecuentes el de pulmón (11.6 por ciento), el de mama (11.6 por ciento) y el colorrectal (10.2 por ciento). Asimismo, durante 2018 se registraron 9 millones 555 mil 27 muertes por cáncer, con una tasa de 101.1 muertes por cada 100 mil habitantes.1

En el grupo de niñas, niños y adolescentes, el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, de modo que cada año se diagnostican más de 200 mil casos nuevos en todo el mundo. El cáncer en la infancia y en la adolescencia es un problema de salud pública, ya que tiene un gran impacto físico, social, psicológico y económico, tanto para el paciente como para toda su familia.2

En los países de ingresos altos, la sobrevida de las y los menores con cáncer es superior al 80 por ciento, sin embargo, en países de ingresos medios o bajos, la sobrevida apenas alcanza un 20 por ciento, debido a factores como la incapacidad para tener un diagnóstico preciso y oportuno, poco o nulo acceso a los tratamientos, abandono del tratamiento, defunciones por toxicidad, entre otras.

En México, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 14 años de edad, cobrando más de 2 mil vidas anuales. Solamente e1 5 por ciento de los casos de cáncer ocurren en niños, sin embargo, cada niño que no sobrevive al cáncer pierde en promedio 70 años de vida productiva.3

Los tipos de cáncer más comunes en menores de edad son leucemias (48 por ciento), linfomas (12 por ciento) y tumores del sistema nervioso central (9 por ciento). De acuerdo con los datos más recientes del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, hasta 2017 las tasas de incidencia por millón fueron 89.6 nacional, 111.4 en niños de 0 a 9 años y 68.1 en adolescentes de 10 a 19 años.4

Las entidades federativas con mayor tasa de incidencia por cáncer en niñas y niños de 0 a 9 años son Durango (189.53), Colima (187.42) y Aguascalientes (167.36), mientras que las entidades con mayor incidencia de cáncer en adolescentes de 10 a 19 años son Campeche (149.56), Colima (117.27) y Aguascalientes (106.29).

Respecto a la mortalidad, por cada 100 mil habitantes, los adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad tuvieron la mayor tasa con 6.88; el grupo de 10 a 14 años tuvo 4.54, el de 5 a 9 años tuvo 4.60 y el de 0 a 4 años tuvo 4.35.

Las entidades federativas con mayor tasa de mortalidad por cáncer en niñas y niños de 0 a 9 años son Campeche (6.3), Chiapas (6.2) y Aguascalientes (6.0), mientras que las entidades con mayor tasa de mortalidad en adolescentes de 10 a 19 años son Campeche (8.6), Tabasco (7.6) y Chiapas (7.0).

Para el Partido Verde, el cáncer infantil es un tema prioritario, el cual demanda una atención urgente para disminuir la mortalidad en nuestro país, a través de diversas estrategias que permitan la prevención efectiva, el diagnóstico oportuno y la atención integral, por ello ha sido una de nuestras principales propuestas dentro de nuestras líneas de acción legislativa.

Razón de lo anterior, el pasado 18 de septiembre de 2019, exhortamos a la Cámara de Diputados a contemplar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio de 2020 la asignación de mayores recursos al Instituto Nacional de Cancerología y a los programas que atienden esta problemáticas.5

Sin embargo, dada la magnitud de este problema, debemos buscar cualquier alternativa para ampliar la bolsa de recursos para atender de forma integral la salud de la niñez mexicana en situación de cáncer. Por lo que consideramos oportuno que, con los recursos obtenidos de la enajenación del avión presidencial TP-01, se instrumente un plan integral de atención al cáncer infantil, que incluya entre otros la atención especializada y entrega de medicamentos durante todo su tratamiento, apoyo a los familiares, creación de infraestructura e incremento de personal médico especializado.

Es importante mencionar que con la enajenación del avión presidencial se obtendrá una cantidad superior a 130 millones de dólares, con un estimado de 235 millones de pesos mexicanos.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de la manera más respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a financiar con los recursos obtenidos por la enajenación, derivada de la rifa, sorteo o venta, del avión presidencial TP-01, un plan integral de atención al cáncer infantil, en el que se incluya entre otros la atención especializada y entrega de medicamentos durante todo su tratamiento, apoyo a los familiares, creación de infraestructura e incremento de personal médico especializado.

Notas

1 The Global Cancer Observatory (International Agency for Research on Cancer. World Health Organization). Marzo de 2019. All cancers. Recuperado de:

http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/39-All- cancers-fact-sheet.pdf

2 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. 15 de abril de 2019. Cáncer Infantil en México. Recuperado de https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130 956?state=published

3 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. 16 de abril de 2019. Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Recuperado de: https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-cancer-en -la-infancia-y-la-adolescencia

4 Dirección General de Epidemiología. Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes. Cifras hasta abril de 2019.

5 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99356

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Senador Manuel Velasco Coello (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Mesa Directiva de esta soberanía a reducir al mínimo indispensable, en congruencia con los principios de austeridad y desarrollo sostenible, el consumo de papel en el desempeño de las funciones legislativas y optar por versiones digitales, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II; 276, numeral I, del Reglamento del Senado de la República; someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, actuar en congruencia con los principios de austeridad y de desarrollo sostenible, a reducir al mínimo indispensable el consumo de papel en el desempeño de las funciones legislativas, optando por las versiones en formato digital, a fin de coadyuvar a la sustentabilidad del poder legislativo federal, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El impacto medio ambiental del papel sobre el planeta, aunque no lo parezca, está causando efectos negativos en la naturaleza, principalmente por que se fabrica con celulosa (materia que proviene de los árboles).

Esto no es todo, porque una vez conseguida la materia prima, el proceso de fabricación añade un daño ambiental que va más allá de la mera fabricación. En consecuencia, se consumen grandes cantidades de agua, energía y madera.

A su vez, se necesitan muchos medios de transporte, con lo que su huella de carbono es elevada.

Todo esto tiene un impacto sobre el medio ambiente, no solo porque se consumen muchos recursos naturales, sino por la polución que supone. La atmósfera y el agua se contaminan con químicos, afectando al entorno, como los ríos y ecosistemas adyacentes.

Según Greenpeace la destrucción de bosques autóctonos y su sustitución por plantaciones forestales ha resultado muy dañino para el entorno y sigue siendo un problema sin solucionar en buena parte del mundo. No solo por la pérdida de hábitat para especies protegidas o por la desaparición de flora en vías de extinción, sino también porque supone un gran daño para el equilibrio del ciclo hídrico a nivel regional y mundial.

También, la desaparición de los bosques traerá como consecuencia el correspondiente incremento del efecto invernadero, el avance de los desiertos, el incremento del hambre en el mundo y el aumento de cánceres de distintos tipos. Si México continua con el mismo ritmo, en 60 años podría acabar con su patrimonio boscoso.

Segunda. El consumo mundial de papel excede los 268 millones de toneladas al año, lo que se traduce en que cada año se pierdan 15,000 millones de árboles y si continúan estos números, en 300 años los habremos desaparecido del planeta.

Los países que más consumen papel son Bélgica, Estados Unidos y Japón, al gastar en promedio de 6 a 8.5 árboles de 12 metros por habitante.

Los países que tienen el menor consumo son Rusia, Indonesia, India y Azerbaiyán, gastando 1.2, 0.67, 0.23 y 0.26 árboles por habitante, respectivamente.

En los países más industrializados, los productos de papel constituyen el 40% de toda la basura que va a los tiraderos o es incinerada.

Aunque México no se encuentra dentro de la lista de los países que más papel consumen, según el Instituto Nacional de Ecología, nuestro país ocupa el tercer sitio en índices anuales de deforestación desde 1997.

México corta medio millón de árboles diariamente para obtener la pulpa virgen para la producción de papel, y anualmente tira a la basura 22 millones de toneladas de papel. Si se reciclará el papel y el cartón, se salvarían 33% de la energía que se necesita para producirlos.

El papel puede llegar a reciclarse hasta siete veces. Por cada tonelada de papel que se recicla, se ahorran 28 mil litros de agua y 17 árboles.

Es interesante contrastar la polución que produce el papel con uno de los principales contaminantes de nuestro planeta, el plástico; en el contexto actual de prohibición y disminución de su uso a nivel internacional e incluso en la Ciudad de México. Producir plástico es aproximadamente igual de contaminante para la atmósfera que fabricar papel, porque causan deforestación, contaminación por combustibles fósiles y gasto de agua, incluso la contaminación de agua y suelo es mayor en la producción de papel.

Tercera. A lo largo de los años el poder legislativo ha gastado una enorme cantidad de papel, para desarrollar sus funciones. Se han tomado algunas medidas para disminuir este gasto, por ejemplo, las pantallas interactivas que se encuentran en cada uno de los escaños, en el Senado, pero aún se tienen muchas áreas de oportunidad sobre este tema. Una de ellas lo es la gaceta parlamentaria que se entrega los días de sesión en la Comisión Permanente a cada una de las y los legisladores.

En este sentido, el 8 de noviembre del 2018 la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República exhortó a este órgano legislativo a reducir el uso de documentos impresos.

Otro antecedente deviene de la anterior legislatura (LXIII), en donde la Mesa Directiva emprendió el proyecto “Senado sustentable”, que, entre otras medidas, suprimió la impresión de las síntesis informativas, que equivalían a la impresión de 10 millones de hojas de papel al año.

Es indudable que los documentos impresos son necesarios para desarrollar los trabajos parlamentarios, sin embargo, tenemos muchas herramientas al alcance de nuestras manos para intentar reducir al máximo el consumo de papel y así minimizar su impacto en la naturaleza. Para que en un futuro no muy lejano se institucionalice una política de cero papel

Por lo anterior, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a actuar en congruencia con los principios de austeridad y de desarrollo sostenible, a reducir al mínimo indispensable el consumo de papel en el desempeño de las funciones legislativas, optando por las versiones en formato digital, a fin de coadyuvar a la sustentabilidad del Poder Legislativo federal.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva que gire las instrucciones necesarias para que las Comisiones también actúen en congruencia con los principios de austeridad y de desarrollo sostenible, y reduzcan al mínimo indispensable el consumo de papel en el desempeño sus funciones, optando por las versiones en formato digital, a fin de coadyuvar a la sustentabilidad del Poder Legislativo Federal.

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al aumento del delito en Guanajuato, a cargo de los diputados Óscar Rafael Novella Macías y Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Óscar Rafael Novella Macías y Juanita Guerra Mena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Guanajuato es la entidad con el número más alto de víctimas de homicidios dolosos registrados en todo el país . Sólo de enero a octubre del año pasado registró 2 mil 865 homicidios , seguido por Baja California con 2 mil 425 homicidios, el estado de México con 2 mil 358 homicidios, el estado de Jalisco con 2 mil 335 homicidios, Chihuahua con 2 mil 153 de estos delitos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Destaca que sólo en octubre se reportaron 305 homicidios dolosos en dicha entidad. La cifra más alta de 2019 se presentó en el mes de febrero, cuando se reportaron 340 personas asesinadas.

Ya en 2018 , en Guanajuato se había presentado un informe sobre los homicidios dolosos, que crecieron hasta 400 por ciento de enero de 2015 a septiembre de ese año.

Durante 2019 Guanajuato , Jalisco, Baja California, estado de México y Chihuahua fueron las cinco entidades con mayor violencia homicida en el país . Tan sólo estos cinco estados aglomeran 42.01 por ciento (13 mil 315) del total de los asesinatos registrados en las 32 entidades federativas de enero a noviembre de 2019, cifra que ascendió a las 31 mil 688 víctimas.

En Guanajuato se registran 9.4 casos de homicidios al día y las cifras van en aumento . A nivel nacional del 1 de enero al 31 de octubre de 2019, 28 mil 741 personas han muerto, víctimas de homicidios dolosos, tan sólo en octubre se contabilizaron 2 mil 866; el mes con el índice más alto fue junio, cuando 2 mil 993 personas fueron asesinadas.

El promedio diario a nivel nacional es de 94.5 casos diarios, en el otro extremo de la tabla esta Yucatán, con 25 casos en los primeros 10 meses del año, seguido por Campeche con 64, Baja California Sur con 67, Aguascalientes con 86 y Nayarit con 155, el total de homicidios dolosos a nivel nacional 70.75 por ciento se produjeron con arma de fuego, sólo en Guanajuato ese porcentaje se eleva a 84 por ciento mientras que en Yucatán es de 8 por ciento.

Ante los datos oficiales que ponen a Guanajuato en el primer lugar de homicidios dolosos a nivel nacional la comisionada estatal de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad, Sophia Huett López, declaró que ese delito está vinculado con el robo de combustible, el narcomenudeo y la disputa de organizaciones criminales por la plaza.

Hay que tomar en consideración que en los primeros 15 días del año la violencia ha acrecentado el índice delictivo en la entidad , registrando 210 homicidios dolosos , también 213 personas privadas de la vida con arma de fuego, por lo que se trata del inicio de año más violento que ha vivido el Estado.

Los municipios más afectados por esta ola de violencia son Salamanca, Celaya e Irapuato , por el registro de ejecuciones masivas, ante lo que se había dicho que habría un reajuste en la estrategia de seguridad. El gobernador pidió un despliegue de la Guardia Nacional de 24 horas en dichos municipios, esta situación tiene alarmados a los ciudadanos ya que no pueden llevar una vida tranquila.

Los días 13 y 14 de enero del año en curso las ciudades de Irapuato y Celaya, fueron víctimas de ataques constantes, lo que dejó una veintena de muertos en menos de 24 horas. Y parece que esta tendencia continuará ya que tan sólo los datos arrojados por la fiscalía estatal y dependencias federales, el jueves 16 fueron privadas de la vida 86 personas, encabezando nuevamente la lista Guanajuato con 18 de éstas.

Ya otras organizaciones han manifestado su preocupación por este tema, como Observatorio Ciudadano de León (OCL), a través de su presidenta, Rocío Naveja Oliva, quien emplazó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y al alcalde de León, Héctor López Santillana, para que a la brevedad presenten informes semanales públicos de los resultados en materia de seguridad.

Según versiones de las autoridades estatales, la violencia se ha incrementado por la disputa entre grupos criminales que buscan el control de la región, específicamente el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima, dirigido por José Antonio Yépez, “El Marro”.

Asimismo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha manifestado su beneplácito por la decisión del gobierno federal de enviar más efectivos de la Guardia Nacional para contener la violencia en el estado, en virtud que algunos elementos estaban desplegados en estados con menores índices delictivos, como Chiapas.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador de Guanajuato, haga público un informe detallado respecto de las acciones que se están poniendo en práctica para mitigar el aumento en el índice delictivo registrado en dicha entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero 2020.

Diputados: Óscar Rafael Novella Macías (rúbrica), Juanita Guerra Mena.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener y Pemex a realizar ante especialistas, legisladores y demás interesados un foro abierto sobre los ciberataques sufridos en noviembre de 2019, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía, y a Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, para realizar un foro abierto sobre los ciberataques sufridos en noviembre de 2019, ante especialistas, legisladores y demás interesados, al igual que garantizar el financiamiento y la disposición de personal enfocado a labores de ciberseguridad para las comunicaciones y operaciones de Petróleos Mexicanos, ante las constantes vulneraciones a la ciberseguridad de importantes dependencias gubernamentales y la falta de una estrategia integral para combatirlas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los desarrollos tecnológicos han ido siempre acompañados de replanteamientos en la generación y empleo de la energía en la cotidianidad de las comunidades, de sus respectivos negocios y los medios de transporte que poseen o utilizan. Con la invención de la máquina de vapor, la posibilidad de movilizar vehículos a velocidades nunca antes vistas y con el potencial de transportar cargas que previamente hubieran sido consideradas imposibles de llevar de forma rápida y segura, se volvieron parte de la normalidad, proceso arduo ante el replanteamiento de las lógicas de los negocios y el alcance que éstas innovaciones tendrían para el otorgamiento de servicios estatales.

Medio siglo después, las nuevas tecnologías seguirían demandando formas mucho más eficientes para la producción de energía necesaria para su funcionamiento, donde el carbón comenzaba a ser insuficiente debido a la necesidad del proceso de combustión que se requiere para la generación de usufructo que las tecnologías de la época demandaba. Así, la búsqueda por nuevas formas de producción de energía daría paso al re-descubrimiento del petróleo a mediados del siglo XIX,1 periodo que contaba con los conocimientos, métodos e instrumentos pertinentes para que sus ventajas pudieran ser apreciadas, ya que el surgimiento casi paralelo de los coches a finales del mismo siglo2 demandó una fuente de energía que fuera de fácil manejo debido a la idea de movilidad y comodidad que representaban los carros, al sustituir las carrozas y llevar las ventajas que otorgaban los trenes a la privacidad del hogar.

Sobre esto, el petróleo se convertiría en uno de los principales recursos en los siglos XX y XXI, donde la existencia de yacimientos en tierras nacionales y su comercialización, llevaría a éste valioso recurso a convertirse en la principal fuente de ingresos de las arcas de la nación, contribuyendo de gran manera al llamado “Milagro Mexicano”3 y determinando las políticas públicas enfocadas al sector energético, especialmente en la segunda mitad del siglo XX.

Acotándonos a nuestros tiempos y dimensionando el papel del petróleo en nuestra época, su relevancia sigue estando vigente, aunque su uso ha generado diversas dudas ante un contexto de crisis climática. A pesar de ello, hoy en día el petróleo sigue siendo trascendental para la economía nacional y las actividades cotidianas, donde la mayoría de los vehículos siguen contando con motores de combustión interna que emplean gasolina, en contraste con el ascenso de los vehículos eléctrico o vehículos que funcionan con biocombustibles.

Sobre esto, entender la valía de la labor estatal en materia energética implica aceptar que, más allá del impacto ambiental, hoy en día la dependencia que tenemos con el sector es sumamente grande, por lo que se ha intentado regresarle el protagonismo a la empresa estatal mexicana por excelencia durante todo el siglo XX, conocida como Petróleos Mexicanos. Su situación actual, preocupante ante las pérdidas constantes que ha reportado en últimos años, como el déficit de 87 mil 858 millones de pesos registrado en el trimestre de julio a septiembre de 2019,4 han requerido de una “terapia intensiva” por parte de la actual administración federal, donde los resultados positivos que ha arrojado la estrategia en la materia es la de un aumento marginal en la producción5 bruta.

Tal situación, preocupante ante la relevancia de la industria para la economía nacional, habla de un estado de crisis que atraviesa la Institución y la actividad económica, por lo que uno podría suponer que, ante la importancia que ha tenido para la agenda federal, la preservación y protección de sus actividades sería prioritaria, abarcando un programa de seguridad que contemplara cada uno de los frentes, como se ha hecho en el proceso de extracción y transporte de los hidrocarburos que la empresa extrae y procesa.

Por desgracia, esto último pareciera no haber cumplido con su idealidad, donde a principios de noviembre de 2019 se reportaron casos de intervención digital por parte de agentes externos a los equipos de cómputo, servidores y redes internas de subsidiarias de la empresa estatal,6 mediante el uso de ransomware y scareware, donde el primero “secuestra” un equipo de cómputo al negar el acceso a éste y el segundo engaña a los usuarios mediante sitios apócrifos.7 Tal vulneración fue mitigada y sus efectos reducidos, según declaraciones de la secretaria de Energía, Rocío Nahle,8 es reflejo de la falta de mecanismos, organismos y especialistas en la materia al interior del gobierno federal.

En un contexto de digitalización generalizada de las actividades que llevamos a cabo en la vida diaria, incluyendo las labores gubernamentales y la información que deriva de ellas, sorprende en demasía que las medidas de austeridad, al tratarse de temas de seguridad nacional, hayan tenido una incidencia directa sobre una de nuestras principales actividades económicas, especialmente ante el historial tan pobre en la materia, siendo episodios como la intervención al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios del Banco de México (SPEI) en abril de 20189 o la filtración de información confidencial de la embajada de México en Guatemala en abril de 2019,10 son ejemplos, en diferentes escalas, de que las prácticas delincuenciales como éstas, más allá de la posición geográfica o la postura política, afectan todas las labores del gobierno mexicano, donde la dependencia que tenemos con los medios digitales nos obliga a tomar el tema con la mayor seriedad posible, ante un escenario en el que se reportaron 45,009,188 intentos de intervención en la presente administración federal hasta el mes de septiembre de 2019.11

Lo apabullante de la cifra, por lo tanto, obliga a preguntarnos acerca de cuáles son las respuestas actuales con las que se cuenta, cómo los Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT)12 de la UNAM o la Policía Federal13 han servido como atenuantes ante la carencia de una estrategia integral o un órgano federal que se encargue de dichas labores. Acompañado de ello, cada dependencia que mantiene datos sensibles debe contar con sus correspondientes áreas y cuerpos de seguridad digital, los cuales requieren los mayores estándares de calidad al ser las amenazas de origen internacional, donde las limitantes tecnológicas de los atacantes no necesariamente corresponden a las posibilidades de los ciberdelincuentes mexicanos, sino a una actividad que es global y que puede ser realizada desde cualquier rincón del planeta, como muestran los diversos orígenes de los ataques registrados en éste año, ubicados en países como Rusia, China, Croacia, India, Cuba,14 por ejemplo, muestran que en el plano de la seguridad digital, nuestra estrategia no puede presentar rezago alguno al ser las amenazas de carácter global.

Sobre esto, considerar la creación de un foro abierto de debate acerca de las recientes vulneraciones de ciberseguridad en Petróleos Mexicanos, abona a los múltiples exhortos en materia digital que he presentado a lo largo de la actual legislatura, como la necesidad de un presupuesto suficiente para exclusivamente todas las tareas de seguridad digital, la demanda de regulaciones en el uso de tecnologías de reconocimiento facial, la garantía de la protección de datos privados, la obligación de contar con políticas de términos y condiciones legibles para cualquier usuario, la administración de dominios digitales abandonados que sea propiedad del gobierno o la reconfiguración del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para la promoción de una formación profesional enfocada a los trabajos digitales, al igual que las iniciativas propuestas en materia de protección de datos privados y aumento a las sanciones en el cometimiento de ciberdelitos, esta última aprobada en la presente Cámara y a la espera de su discusión en el Senado, siendo el objetivo de cada una de ellas, el recordarnos la relevancia de la temática al estar inmiscuida en cada uno de los rincones de nuestra vida diaria.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía, y a Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos de México, para realizar un foro de debate abierto sobre los ciberataques sufridos en noviembre de 2019, ante especialistas, legisladores y demás interesados, ante las constantes vulneraciones a la ciberseguridad de importantes dependencias gubernamentales y la falta de una estrategia integral para combatirlas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía, y a Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos de México, para garantizar el financiamiento y la disposición de personal enfocado a labores de ciberseguridad para las comunicaciones y operaciones de Petróleos Mexicanos, ante las constantes vulneraciones a la ciberseguridad de importantes dependencias gubernamentales y la falta de una estrategia integral para combatirlas.

Notas

1 BBC. (2015). ¿Cómo llegó el petróleo a dominar el mundo?, 2 de Diciembre de 2019, de BBC Sitio web:

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150331_iwonde r_historia_petroleo_finde_dv

2 Bardahl. (2019). Combustibles En La Historia (Parte 1), 2 de Diciembre de 2019, de Bardahl. Sitio web:

https://www.bardahl.com.mx/historia-combustibles-1/

3 Rolando Cordera. (2015). La “Gran Transformación” del Milagro Mexicano. A 20 años del tlcan: de la adopción a la adaptación, 2 de Diciembre de 2019, de Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía. Sitio web: https://www.elsevier.es/es-revista-problemas-del-desarrollo-revista-lat inoamericana-86-articulo-la-gran-transformacion-del-milagro-S0301703615 721176

4 Redacción AN / GH. (2019). Pemex reporta pérdidas, pero sube ligeramente producción; contrarreforma eléctrica, 2 de Diciembre de 2019, de Aristegui Noticias. Sitio web: https://aristeguinoticias.com/2910/mexico/pemex-reporta-perdidas-pero-s ube-ligeramente-produccion-contrarreforma-electrica-columnas-financiera s-29-10-2019/

5 Ídem

6 Karol García. (2019). Innova Petromex y Amegas reportan presunto ataque cibernético contra Pemex, 2 de Diciembre de 2019, de El Economista. Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Innova-Petromex-y-Amegas-reportan-presunto-ataque-cibernetico-contra-Pemex-20191111-0036.html

7 Redacción. (2019). Pemex no niega ni confirma ciberataque; asegura que opera con normalidad, 2 de Diciembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-no-niega-ni-confirma-cib erataque-asegura-que-opera-con-normalidad-20191111-0045.html

8 Redacción. (2019). Nahle descarta desabasto de combustible en el país tras ataques cibernéticos a Pemex, 2 de Diciembre de 2019, de El Financiero. Sitio web:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-suficiente- combustible-en-el-pais-rocio-nahle-niega-desabasto-de-gasolina

9 Redacción. (2018). Caso SPEI: la cronología del hackeo al sistema financiero mexicano, 2 de Diciembre de 2019, de Expansión. Sitio web: https://expansion.mx/economia/2018/05/18/caso-spei-la-cronologia-del-ha ckeo-al-sistema-financiero-mexicano

10 Redacción. (2019). Hackea embajada de México y publica datos de pasaportes en Twitter, 2 de Diciembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/tecnologia/hackea-embajada-mexico-publica-datos -pasaportes-twitter

11 Pedro Villa y Caña. (2019). Hackers acechan información del Estado; van 45 millones de intentos, 2 de Diciembre de 2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hackers-acechan-informacion-del-e stado-van-45-millones-de-intentos

12 Rodrigo Riquelme. (2018) ¿Qué es un Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT)?, 2 de Diciembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Que-es-un-Equipo-de-Respuest a-ante-Emergencias-Informaticas-CERT-20180122-0009.html

13 Ídem

14 Pedro Villa y Caña. (2019). Hackers acechan información del Estado; van 45 millones de intentos, 2 de Diciembre de 2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hackers-acechan-informacion-del-e stado-van-45-millones-de-intentos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a enviar a esta soberanía el plan de acción o la ruta crítica trazados sobre el proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales del Seguro Popular al Insabi, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud es un derecho fundamental y uno de los instrumentos necesarios para la protección y bienestar de las personas. Elemento que en todo momento debe de incluir el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de calidad suficiente.1

En este contexto, desde el inicio de la actual administración, el gobierno federal se comprometió a realizar las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos, como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.2

Establece que este objetivo se logrará con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que dará servicio en todo el territorio nacional, a todas las personas no afiliadas al IMSS o al Issste.

El pasado 29 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud”,3 que crea el Instituto de Salud para el Bienestar, denominado Insabi, el cual sustituye al Seguro Popular.

Su objeto es proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Plantea, entre otras cuestiones, que la Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto, organizará las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, cuando así lo haya pactado con las entidades federativas mediante la celebración de los acuerdos de coordinación respectivos.

Con esta reforma –entre otras medidas– se sustituye el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por el Fondo de Salud para el Bienestar, y los recursos del Fondo se destinarán a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, a las necesidades de infraestructura de los estados con mayor marginación social, y servirán para complementar los recursos para el abasto de medicamentos, insumos y exámenes clínicos.

La reforma entró en vigor a partir del 1 de enero y se establece que el Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias dentro de los 180 días siguientes.

Según las autoridades correspondientes, el Insabi ofrece atención médica gratuita y sin restricciones, con solo presentar credencial del INE, CURP o acta de nacimiento. Las personas sin seguridad social recibirán atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones, ya que no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas.

Pese a lo anterior, a pocos días de su puesta en marcha, en evidente que su implementación enfrenta importantes fallas que atentan contra el derecho a la salud de las familias mexicanas.

La desinformación e incertidumbre que genera un programa sin reglas de operación, ha provocado que pacientes no reciban sus tratamientos, pagar por servicios que eran gratuitos, el incremento de las cuotas de consultas, medicamentos y cirugías, así como el despido de cientos de médicos y personal administrativo en varias entidades federativas.

Cuando se discutió la creación del Instituto se advirtió que los cambios sin recursos y sin plan de transición son proclives a tropezar. Debido a lo anterior, es urgente hacer los ajustes para cuidar la salud de la población y atender las necesidades de médicos, enfermeras y personal del sector salud.

Según el titular del Instituto, el 1 de diciembre de 2020, se vivirá un cambio en la salud de la población, en tanto hay evidencia de que los pacientes con tratamientos en curso están sin poder afrontar el gasto de bolsillo para pagar las cuotas de tercer nivel de atención que son las enfermedades más costosas.

Hay testimonios de pacientes con cáncer, quienes fueron informados que tendrán que pagar sus gastos de radioterapias debido a que el Insabi no las cubre, lo que sí ocurría con el esquema anterior.

Cabe mencionar que el Seguro Popular quedó extinguido el pasado 31 de diciembre y dejó a 53 millones de afiliados sin certeza en su acceso a la salud.4 Es una medida precipitada, que no partió de un diagnóstico objetivo de la situación de la salud en el país. Desaparecer la estructura institucional del Seguro Popular sin tener claridad sobre la estructura que los sustituye, es una gran irresponsabilidad, ya que está en juego la salud de la población.

Esta situación ha provocado incertidumbre a los usuarios y a los contribuyentes. Según algunos especialistas, dicha reforma legal no debió ocurrir sin antes tener plena claridad sobre los andamios administrativos y financieros. Tampoco se tomó en consideración el desarrollo demográfico del país, caracterizado por un descenso de la mortalidad general ni tampoco se tomaron en cuenta las condiciones actuales de salud de la población.

Actualmente, el país presenta un panorama caracterizado por el predomino cada vez más creciente de las enfermedades no transmisibles y lesiones. Pero la transición demográfica y epidemiológica no ha sido acompañada de un cambio al mismo ritmo de la organización de los servicios.

En el país cerca de 126 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad pertenecía al Seguro Popular y no sólo tenía acceso efectivo a los servicios de salud, sino que iba permitiendo acercarse a la cobertura universal de salud. A través de dicho instrumento fundamental, se habían canalizado mayores recursos financieros para el cumplimiento de este propósito medular.

Hoy, las consultas médicas para el tercer nivel son más caras para los pacientes y no están disponibles las camas de hospital, equipamiento y los medicamentos en los hospitales de alta especialidad en el país.

En general, el recorte presupuestal, la desinformación y la desaparición del fondo de gastos catastróficos están provocando una crisis en el acceso efectivo a los servicios de salud, un derecho constitucional de todos los mexicanos.

No existe claridad en las reglas de operación del programa federal, situación que atenta contra la salud y la economía de las familias mexicanas, por lo que es apremiante garantizar el acceso gratuito a las personas sin seguridad social y restituirles los tratamientos y medicamentos que recibían de manera gratuita.

Una política integral para la universalidad en la atención a la salud aspira a un acceso efectivo a ésta, lo que significa eliminar las barreras que limitan el acceso y la efectividad de la atención a la salud.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la urgencia de dotar de certidumbre y confianza a los millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social, a afecto de mejorar su bienestar y calidad de vida

El acceso a la salud es un derecho fundamental que el Estado Mexicano debe garantizar. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la Ley General de Salud definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que envíe a esta soberanía el plan de acción que se ha trazado para llevar a cabo el proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, a fin de que se garantice la gratuidad y la accesibilidad de los servicios de salud de los mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca un programa emergente que garantice el acceso a los servicios públicos de salud, medicamentos e insumos a las personas con enfermedades crónico-degenerativas, que requieren tratamientos urgentes, a fin de que no se ponga en riesgo su vida y atención médica durante el proceso de transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar.

Notas

1 https://www.who.int/es

2 https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE -DESARROLLO-2019-2024.pdf

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580430&fecha=29/11/2 019

4 https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/el-insabi-s in-certeza-y-caos/1358945

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a incluir los predios de productores de cacao en los criterios relativos a la población objetivo del Programa de Producción para el Bienestar 2020, suscrita por la diputada Maricruz Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Maricruz Roblero Gordillo, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Acuerdos de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, numerales 15 y 16; someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que se incluyan los predios de productores de cacao en los criterios para ser considerados población objetivo del Programa de Producción para el Bienestar 2020, y en los ejercicios subsecuentes ; con base en las siguientes:

Consideraciones

México es la cuna genética del cacao; asimismo, este cultivo posee una alta importancia cultural y económica, principalmente para la producción de chocolate. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, a nivel internacional,1 nuestro país ocupa el treceavo lugar,2 participando con menos del 2 por ciento de la producción mundial, es importante destacar que la producción ha disminuido con respecto a 2011 cuando ocupábamos el lugar 11.

En el contexto nacional, de acuerdo con investigaciones de diversas organizaciones, la producción está en manos de aproximadamente 37 mil productores, la mayoría ubicados en comunidades originarias y/o en zonas de alta o muy alta marginación de la zona sur-sureste del país. Tabasco es el principal productor, al contribuir con 68.8 por ciento, seguido por Chiapas, con 31.1 por ciento, aunque también hay producción a menor escala en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, mientras que Puebla cuenta con condiciones óptimas para su plantación.

En el caso de Tabasco, 10 de los 17 municipios que lo comprenden se dedican al cultivo del cacao, Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo producen en conjunto el 87 por ciento de la producción de dicho estado.

Para el caso de Chiapas se estima un padrón de más de 12 mil agricultores de cacao, cuyas zonas de siembra se ubican en el Soconusco, Pichucalco, Hostuacán, Juárez, Reforma, Mezcalapa, Tecpatán y la Selva Lacandona.

Lo anterior refleja un panorama donde cada propietario tiene un promedio de dos hectáreas, al paralelo de que en la mayoría de los casos, se trata de un cultivo muy disperso y con prácticas para su cultivo poco mecanizadas;3 además de que se estima que el 90 por ciento de los productores tienen más de 70 años y otro 5 por ciento más de 50; (Inforural, 2018).

Asimismo, el árbol del cacao es un buen cultivo para reforestar terrenos, debido a que aporta gran cantidad de materia orgánica a los ecosistemas y beneficia la conservación de la flora y fauna del suelo.

Apoyar el cultivo del cacao es una buena opción para los pequeños productores dado sus bajos costos de producción y porque brindan bienes ambientales adicionales.

Además, representa una significativa oportunidad para implementar alternativas de desarrollo que detonen la economía de la región sur-sureste, que, por cierto; dicha zona es un tema prioritario en la agenda del gobierno de México, para reducir la brecha de desigualdad socioeconómica del país.

Y es que; como dice el lema del gobierno federal, “primero los pobres”, es decir, es necesario combatir a la pobreza y la marginación empezando por los sectores más indefensos de la población, y el de los campesinos cacaoteros es uno de dichos grupos, (PND, 2019-2024). Aunado a ello, el artículo 27, fracción XX de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, menciona que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria para el óptimo uso de la tierra con insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

En este sentido, se hace evidente la necesidad de contar con un esquema de apoyo directo como el que proporciona el Programa de Producción para el Bienestar a través de sus diferentes componentes, mismos que fueron delineados en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa Producción para el Bienestar para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2019, y que solo consideraron los predios de pequeños y medianos productores con superficie de hasta 20 hectáreas elegibles inscritos en el Padrón del Programa Producción para el Bienestar que cultiven granos (maíz, frijol, trigo panificable, arroz, entre otros); para posteriormente modificar dicha reglamentación el 15 de mayo de 2019, y con ello; incluir a los productores de caña de azúcar y café, sin embargo; los predios de los productores de cacao también deberían de ser incluidos ya que cumplen con las características bajo las cuales opera el programa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que se incluyan los predios de productores de cacao en los criterios para ser considerados población objetivo del Programa de Producción para el Bienestar 2020.

Bibliografía

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.p df

-Diario Oficial de la Federación, 2019. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa Producción para el Bienestar para el ejercicio fiscal 2019. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/434907/Programa_de_produ cci_n_para_el_bienestar.pdf

-Inforural, 2018. https://www.inforural.com.mx/productores-buscan-denominacion-de-origen- para-cacao-carmelo-1/

-Modificación de Procedimiento Operativo del Programa Producción para el Bienestar 2019. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/512042/1_ Procedimiento_Operativo_PPB_2019.pdf

-Museo del cacao https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/
el-cacao-de-chiapas-de-cara-a-un-mejor-futuro-3116291.html

-Sagarpa, 2017. Planeación Agrícola Nacional 2017-2030. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256425/B_sico-Cacao.pdf

-Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2017. Atlas Agroalimentario 2018. Disponible en:
https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-Agroalimentario-2018

-Plan Nacional de Desarrollo, (PND 2019-2024). Disponible en
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf

Notas

1 Actualmente se cultiva en África, América y Asia. Los principales productores son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia.

2 Dato estimado a 2017.

3 Información tomada de Herbert Castellanos, fundador del Museo del Cacao en San Cristóbal de Las Casas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputada Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Chihuahua a implantar acciones para erradicar el abuso sexual contra mujeres y niñas, suscrita por el diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Alan Jesús Falomir Sáenz , diputado del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para implementar acciones para erradicar el abuso sexual en contra de mujeres y niñas , al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

La violencia de género es una problemática que aqueja a nuestra sociedad y, lamentablemente, este problema va en aumento, es común ver a diario en todos los medios de comunicación noticias acerca de violencia en contra de las mujeres.

Un tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres es el abuso sexual, y según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a noviembre del mismo año fueron denunciados 21 mil 407 casos a nivel nacional.

Mujeres y niñas siguen siendo un sector de la población vulnerable, se estima que una de cada tres niñas es violentada en algún momento de su infancia o adolescencia siendo el agresor, en la mayoría de los casos, una persona de su mismo núcleo familiar o cercano a este.

En Chihuahua la situación es aún más preocupante ya que en los últimos años esta entidad federativa ha ocupado el primer lugar en violencia sexual contra mujeres y niñas. En 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se denunciaron mil 289 casos de abuso, en 2018 se presentaron mil 301 denuncias y en el 2017 se reportaron un total de mil 182 casos, sin embargo, estas cifras no reflejan la realidad que se vive ya que se estima que el 90 por ciento de los casos no se denuncian.

Diversas colonias de Chihuahua son las que presentan la mayor incidencia de violencia generalizada en contra de las mujeres, desafortunadamente, erradicar esta problemática no ha sido tarea fácil ya que aún en pleno 2020, el abuso hacia mujeres y niñas es normalizado debido a factores culturales que siguen arraigados en la sociedad.

Es una tarea importante garantizar la libertad y la seguridad sexual de todas las mujeres y niñas, asegurándonos como funcionarios públicos de implementar de manera adecuada y oportuna medidas para que las mujeres tengan una vida libre de violencia y puedan sentirse seguras en donde sea que se encuentren.

Terminar con este tipo de violencia es una labor conjunta de los tres niveles de gobierno, las instituciones públicas deben asegurarse de cumplir con sus funciones establecidas en tema de violencia de género por ello consideramos que es necesario hacer un llamado a las autoridades chihuahuenses para que pongan especial atención a este problema que perjudica de manera directa a mujeres y niñas.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a implantar acciones eficaces que ayuden a erradicar el abuso sexual en mujeres y niñas chihuahuenses para que puedan tener una vida segura libre de violencia.

Fuentes

-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

https://www.gob.mx/sesnsp

-Periódico digital “El Heraldo de Chihuahua”

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/
4-millones-de-ninos-son-abusados-sexualmente-chihuahua-1er-lugar-1998683.html

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/ocupa-chih uahua-primer-lugar-en-ataques-sexuales-3650702.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y sus homólogas locales a implantar medidas que garanticen apoyo psicológico para el alumnado de escuelas públicas que lo requiera, según la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente al tenor de la siguiente

Consideraciones

La niñez es una de las principales y más importantes etapas del crecimiento del ser humano. Durante esta fase se consolidan las bases para la construcción del desarrollo que posteriormente le dará esa personalidad en la adolescencia y vida adulta.

Es de ponerse analizar que en pleno siglo XXI, encontramos deficiencias en el nivel básico en todas las escuelas públicas del país, donde nuestra niñez se ve afectada por todo lo que trasciende en la sociedad y a ello le sumamos los problemas que se enfrentan en el núcleo familiar, las niñas y niños viven en un cambio constante en nuestro país.

Asimismo en este nuevo gobierno federal estamos trabajando para mejorar y garantizar una mejor educación a nuestro futuro de México que es la niñez, por ello se creó y reformó la Ley General de Educación, donde se creó la Nueva Escuela Mexicana, que buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes.

Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional.1

Con lo antes señalado cabe precisar en estas líneas que se está dejando pasar por alto lo relacionado a la estabilidad emocional y sobretodo mental de las niñas y los niños dentro y fuera del aula. Así mismo nuestra Constitución política, nos indica en su artículo tercero párrafo tercero que, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

Con lo anterior el estado tiene la prioridad y sobretodo el interés superior de las niñas y los niños, relacionados a un buen entorno educativo donde éstos sean atendidos y educados para formar seres humanos, con principios y valores sólidos que los llevará por el camino idóneo para ser buenos ciudadanos a la nación.

Con ello la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)2 presenta un análisis del 3 de diciembre de 2018, sobre la situación de la infancia en México, avances y retos para la garantía de sus derechos, donde nos muestra los siguientes resultados:

8 de cada 10 niñas y niños de 6o. de primaria no alcanzan los logros esperados en las áreas de lenguaje y comunicación .

6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta.

Casi 3 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 17 años se encuentran fuera de la escuela.

Esta publicación es resultado de un ejercicio de análisis de la situación de la niñez y la adolescencia que UNICEF, realiza de forma periódica en los países en los que cuenta con programas de cooperación; además tiene un abordaje integral, es decir, analiza el estado de bienestar de los niños, niñas y adolescentes desde los ámbitos más relevantes que tienen un impacto en sus vidas, tales como salud, nutrición, educación, protección y seguridad, entre otros.

Es por ello, que tenemos que trabajar más en nuestras niñas y niños del país para así brindarles las herramientas educativas y apoyarlos emocional, mentalmente y sobretodo escucharlos, pues la escuela es su segundo hogar. Solamente con ello seremos capaces de robustecer y poner en práctica lo que la Ley General de Educación nos indica, como lo es la prioridad en el Sistema Educativo Nacional, referido a su artículo 73, primer párrafo, que nos indica:

Artículo 73. En la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos , y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan.

Asimismo, a las niñas y niños que cursan nivel primaria, se les tiene que salvaguardar su integridad psicológica para escuchar al menor. Saber qué es lo que le aqueja no sólo en el aula sino también en el hogar, es de suma importancia ir considerando e incorporar que sean atendidos por especialistas dentro de las escuelas, para enfrentar y ayudar a resolver los problemas que aquejan a la niñez.

Por esta misma razón, el psicólogo se torna en una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado de un centro educativo, que puede ayudar al docente con los alumnos que cuenten con problemas emocionales. Asimismo, las funciones prioritarias serán, atender y fomentar el desarrollo psicológico en todos sus componentes, psicomotriz, intelectual, social, afectivo emocional, además de con los tres agentes principales del sistema educativo (alumnos, padres y profesores).

Desde este punto de vista, el trabajo del psicólogo tiene dos grandes objetivos, primera aportar un análisis psicológico de diversas situaciones (evaluación) y en segunda instancia proponer planes de acción que respondan a los análisis realizados (intervención).

En lo correspondiente a la relación entre el docente y el psicólogo, el Consejo General de la Psicología de España,3 nos indica que se pueden destacar cuatro funciones del psicólogo:

1) Información diagnóstica: el psicólogo primero recibe información de los profesores y después aporta información al profesorado sobre los resultados diagnósticos individuales y colectivos realizados a los alumnos, con la debida consideración del carácter confidencial de los mismos.

En la medida que los profesores dispongan de información sobre las capacidades intelectuales, estrategias cognitivas de aprendizaje, personalidad, dificultades de aprendizaje, podrán ayudar de mejor manera a sus alumnos.

2) Asesoramiento y colaboración: el psicólogo asesora a los profesores y colabora con ellos en diversos temas como: análisis de situaciones escolares problemáticas y soluciones (desmotivación, conductas disruptivas, acoso...), comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje en relación a contenidos curriculares específicos, aulas de aprendizaje de tareas, plan de acción tutorial, técnicas de dinámica de grupos, de comunicación, de observación, de aprendizaje cooperativo. Estrategias que favorecen el aprendizaje significativo, programas de atención a la diversidad del alumnado, a los inmigrantes, a los estudiantes con necesidades educativas especiales, etcétera.

3) Formación: el psicólogo organiza cursos de formación para el profesorado en relación a programas de intervención que implementarán proyectos para estimular la inteligencia, la motivación, la creatividad, la convivencia, los valores prosociales; así como sobre distintos temas en los que los profesores manifiesten su interés, por ejemplo: tutorías, dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje, técnicas de investigación en el aula, etcétera.

4) Investigación: una función secundaria del psicólogo será conducir estudios de investigación con diversas metodologías (experimentales, correlacionales, cualitativas, etnográficas, etcétera), en colaboración con los profesores y otros profesionales, en torno a diversos temas de psicología educativa (procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos mentales que intervienen en el aprendizaje, aprendizaje mediatizado por el uso de nuevas tecnologías, rasgos y actitudes del profesorado favorecedores de los procesos educativos) y estudios sobre situaciones de riesgo (acoso escolar, consumo de drogas presentes en el centro, efectos de los programas de intervención que se implementan en el centro...).

Entonces se entiende que al poner un psicólogo que tiene la capacidad para conocer el carácter de las personas y comprender las causas de su comportamiento dentro de una escuela primaria, ayudará al docente a comprender mejor al alumno y sobretodo ayudar a éste en su desempeño y construcción de su persona, para así poder evitar que el menor tome un camino que le haga mal a su persona o compañeros, llegando mejorar la calidad de la convivencia al interior de las escuelas.

De acuerdo con la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, AC (Fenapsime), algunos de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de la Profesión del Psicólogo en México (2018-2024) buscan cumplir:

1. La promoción del desarrollo nacional e integral de la profesión de la y el psicólogo en México.

2. El fortalecimiento del trabajo gremial de las y los psicólogos para contribuir a la solución de los problemas, a la satisfacción de las necesidades psicosociales y a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las y los mexicanos.

3. El fomento del ejercicio profesional ético y de alta calidad de las y los psicólogos mexicanos.

4. El favorecimiento en la participación activa, consistente y adecuadamente fundamentada de las y los psicólogos en la construcción de políticas públicas, programas y acciones gubernamentales.

Es por ello que debemos diseñar e implementar nuevas estrategias con apoyo de especialistas, para ayudar a nuestros niños del país, escucharlos, saber cuáles son las dificultes por las que están pasando y garantizar ayuda profesional a los alumnos que padezcan de bullying o cualquier otro problema que tengan dentro del núcleo familiar, personal o social. Hacer esfuerzos por mejorar la convivencia escolar se basa en una racionalidad instrumental que entiende a la relación escolar como un medio para lograr buenos aprendizajes.

La escuela debe ser un espacio donde los niños construyan aprendizajes académicos y socioemocionales, que eventualmente permitan a la niñez ser capaces de convivir de manera armónica dentro y fuera de la escuela.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2 y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de educación de los estados y de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus competencias, implementen las medidas necesarias que garanticen el apoyo psicológico para alumnas y alumnos de escuelas públicas que así lo requieran.

Segundo. Informen a esta soberanía las acciones que se tomarán a efecto de cumplir con lo señalado en el punto de acuerdo que antecede y que dará cumplimiento a lo señalado por los artículos 73 y 74 de la Ley General de Educación, en materia de atención psicológica para alumnas y alumnos.

Notas

1 Ley General de Educación

2 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situaci on-de-la-infancia-en-mexico

3 http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2556

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua y diversas autoridades a garantizar a la población de zonas rurales, en pobreza extrema y de localidades con alto rezago social el acceso a saneamiento y agua potable domiciliada, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”.1 La Observación número 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292,2 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Derivado de lo anterior, en México el decreto del 8 de febrero de 2012 reformó y adicionó un párrafo sexto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para contemplar el derecho humano al agua y al saneamiento, diciendo a la letra:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.3

Retoma muchos de los conceptos definidos con anterioridad y con toda claridad por distintas agencias de las Naciones Unidas4 y sobre los que existe consenso global:

Suficiente. El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y en materia de salud.

Saludable. El agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe ser saludable; es decir, libre de microorganismos, materia orgánica, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana.

Aceptable. El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos, personal y doméstico. Todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad.

Asequible. El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el coste del agua no debería superar el 3 por ciento de los ingresos del hogar.

De manera adicional, la fracción III del artículo 115 constitucional, a partir de su reforma de 1999, establece que es obligación de los municipios prestar el servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales. Dicha disposición a la letra dice:

“Artículo 115:5

...

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;”

En México, en el tema de aguas nacionales, se estableció que sea el Ejecutivo federal quien tenga un papel predominante en la gestión de las mismas. En el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

A partir de esa atribución, el Congreso estableció en el artículo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) que “la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión”.6

A continuación, en el artículo 5o. de la misma ley, se estableció que “para el cumplimiento y aplicación de esta ley, el Ejecutivo federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones”.7

Para los efectos de la Ley de Aguas Nacionales, dice en su artículo 3o., que se entenderá por:

“L. “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado”: Conjunto de obras y acciones que permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales;

De igual manera, designa a la Comisión Nacional del Agua como responsable:

XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente artículo; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los gobiernos estatales y, por conducto de éstos, con los municipales, o con terceros;”8

Para lo anterior, crea los Organismos de Cuenca, quienes a partir de lo descrito en el artículo 12 Bis 6:

“Los Organismos de Cuenca, de conformidad con los lineamientos que expida ‘la Comisión’, ejercerán dentro de su ámbito territorial de competencia las atribuciones siguientes:

VII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso, para lo cual se coordinará en lo conducente con los gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades estatales y municipales en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

VIII. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones. En su caso, contratar o concesionar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos de los estados o con terceros;”9

Y dentro de la Política y Programación Hídricas, artículo 14 Bis 6, dice:

“Son instrumentos básicos de la política hídrica nacional:

VII. Los apoyos sociales para que las comunidades rurales y urbanas marginadas accedan al agua y al saneamiento, y10

Asimismo, dentro de los Usos del Agua, artículo 46:

“‘La Autoridad del Agua’ podrá realizar en forma parcial o total, previa celebración del acuerdo o convenio con los gobiernos de los estados o del Distrito Federal y, a través de éstos, con los gobiernos de los municipios correspondientes, las obras de captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, tratamiento o potabilización para el abastecimiento de agua, con los fondos pertenecientes al erario federal o con fondos obtenidos con aval o mediante cualquier otra forma de garantía otorgada por la federación, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

V. Que en el caso de comunidades rurales, los beneficiarios se integren a los procesos de planeación, ejecución, operación, administración y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.”11

Por lo anterior, existen suficientes elementos en nuestra legislación, que obliga a las autoridades correspondientes, a garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, sin embargo, y al igual que en muchos países subdesarrollados, México no ha podido, ya sea por falta de interés o por falta de una asignación de recursos en la materia, hacer que este derecho constitucional esté cubierto para toda la población, particularmente para aquellos que viven en el medio rural.

Tal es el grado del problema, que el grueso de la comunidad internacional se ha solidarizado y su solución ha quedado plasmada como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030; particularmente en el objetivo número 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, cuyas metas e indicadores han sido renovados:12

“6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos

6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua

6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda

6.6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización

6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento”

Según el informe del Programa Conjunto de Monitoreo (JMP), Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene; informe de actualización de 2017 y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,13 en donde se presenta la primera evaluación mundial de los servicios de agua potable y saneamiento gestionados de forma segura: la conclusión fundamental es que todavía hay demasiadas personas que no tienen acceso, sobre todo en las zonas rurales.

A nivel mundial:

-2 mil 300 millones de personas todavía carecen incluso de un servicio básico de saneamiento.

-600 millones de personas utilizaron un servicio de saneamiento limitado, es decir, instalaciones mejoradas compartidas con otros hogares.

-892 millones de personas en todo el mundo siguen practicando la defecación al aire libre.

-844 millones de personas carecían incluso de un servicio “básico” de agua para el consumo.

-263 millones de personas dedicaron más de 30 minutos ida y vuelta para recoger el agua de una fuente mejorada (equivalente a un servicio de agua potable “limitado”).

-159 millones de personas aún recolectaban agua para el consumo directamente de fuentes de agua de superficie.

-Muchos países de altos ingresos carecían de datos suficientes para estimar la población con instalaciones básicas de lavado de manos.

-361 mil niños menores de 5 años mueren cada año a causa de la diarrea. El saneamiento deficiente y el agua contaminada también están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, la disentería, la hepatitis A y la fiebre tifoidea

En México, desafortunadamente la situación no es diferente, ni muy alentadora, las enfermedades infecciosas intestinales, incluidas las diarreas siguen presentándose como una de las 10 causas (quinta) que mayores muertes provocan en menores de 5 años.14

En entrevista con organizaciones de la sociedad civil trabajando en el medio rural en el país, comentan que resultado de diagnósticos que han realizado en poblaciones a escasas dos horas de la Ciudad de México, así como otras en Chiapas y Oaxaca, hasta el 80 por ciento de la población sigue defecando al aire libre y hasta el 90 por ciento consume agua de la superficie o pozos con agua contaminada con materia orgánica (heces fecales).

Para 2014, 9.9 millones de personas no tienen acceso al agua en sus viviendas, mientras que 9.7 millones no cuenta con drenaje15 o formas adecuadas, salubres e higiénicas de disposición de excretas.

La mala calidad del agua superficial limita su aprovechamiento, en términos de DBO (demanda biológica de oxígeno):

“22.7 por ciento del agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente contaminada.16

La cobertura nacional de agua potable es 91.6 por ciento. En zonas urbanas la cobertura es 95.4 por ciento. En zonas rurales (localidades menores a 2 mil 500 habitantes), la cobertura es 78.8 por ciento debido a la dispersión de la población en condiciones fisiográficas complejas, y la dificultad técnica y/o financiera de desarrollar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

La cobertura nacional de alcantarillado es de 90.2 por ciento. En zonas urbanas la cobertura es 96.4 por ciento. En zonas rurales, la cobertura es 69.4 por ciento.

Si bien oficialmente 92.0 por ciento de la población tiene acceso al servicio público de agua potable, dicho porcentaje disminuye dramáticamente cuando se considera su calidad.17

Más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil se articularon en la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda), en un esfuerzo para participar en la Visita, el Informe y la Documentación de casos para el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en su Misión a México que tuvo lugar en 2017.

Derivado de ellos, se elaboró un documento donde describen las principales áreas de oportunidad y rezagos en la materia:

Medir en términos de “agua entubada” dentro de la vivienda o predio, de un hidrante público o de otra vivienda, así como medir “drenaje conectado” a la red pública o fosa séptica, en realidad es medir infraestructura, no acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible, al agua potable o a instalaciones de saneamiento dignas y seguras. La realidad de la población mexicana está muy lejos de contar con la cobertura real de estos servicios como se estipula en los marcos normativos. Lo que se reporta como agua mejorada, es solo el agua que llega por tubería, a casa o patio, pero no se consideran los problemas existentes tanto de continuidad en el servicio como de la calidad del agua que se obtiene.

Ya que estas mediciones no son adecuadas para medir la situación de inequidad en el acceso al agua y otros factores de este derecho, las políticas públicas basadas en esas mediciones no están atendiendo los problemas y obstáculos reales para su realización. Esto también se refleja en la falta de presupuesto para garantizar el cumplimiento de estándares y principios de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, dejando libre el presupuesto para las grandes obras de infraestructura que llevan el agua a donde la industria lo requiere. Asimismo, al ser reportado como un derecho cubierto, pareciera que ya no hay nada que realizar en ese ámbito, mientras que en la realidad, millones de mexicanos y mexicanas no gozan de estos derechos fundamentales para una vida digna.18

México se ha comprometido al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y al cumplimiento de la Agenda 2030, más que nunca y con miras en el Día Internacional del Agua (22 de marzo), resulta imperante atender este tema, a fin de garantizar de manera efectiva el derecho humano al agua y saneamiento a toda la población mexicana, incluida aquella que vive en condiciones de marginación y pobreza en zonas rurales del país.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a los Organismos de Cuenca, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas e instancias federales, a garantizar el acceso a saneamiento y agua potable domiciliada, a la población que vive en zonas rurales, pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social; así como priorizar y asignar recursos, programas y proyectos dirigidos a cubrir estas carencias, con tecnologías apropiadas para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de la población en beneficio de su salud y calidad de vida.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los gobiernos estatales y municipales del país a garantizar el acceso a saneamiento y agua potable domiciliada, a la población que vive en zonas rurales, pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social; así como priorizar y asignar recursos, programas y proyectos dirigidos a cubrir estas carencias, con tecnologías apropiadas para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de la población en beneficio de su salud y calidad de vida.

Notas

1 Véase, Observación General No. 15. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf

2 Véase, Resolución A/RES/64/292.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendo cpdf.pdf?reldoc=y&docid=4cc9270b2

3 Véase,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

4 Véase,
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

5 Op. Cit.,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

6 Véase,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pd f

7 Ibídem

8 Ibídem

9 Ibídem

10 Ibídem

11 Ibídem

12 Véase, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/

13 Véase, file:///C:/Users/Usuario/Downloads/JMP-2017-report-es_0.pdf

14 Véase, http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/Est Sociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf

15 Véase, http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview/go al-6.html

16 Véase, http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/panorama-del-agua/diagnosticos- del-agua#startOfPageId66

17 Véase, http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/panorama-del-agua/diagnosticos- del-agua#startOfPageId66

18 Véase, http://www.comda.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/INFORMEDHAyS-para-pa ginas.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica) Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica) y Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Mesa Directiva del Senado a emitir excitativa a las Comisiones de Justicia, y de Estudios Legislativos para dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 205-Bis del Código Penal Federal, recibida el 3 de septiembre de 2015, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 214 del Reglamento del Senado de la República, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El 20 de agosto de 2014, quien suscribe, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan los artículos 209 Quáter y 400 del Código Penal Federal, a fin de hacer imprescriptible el delito de pederastia, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara para su estudio. Dicha iniciativa fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 382 votos en pro, el jueves 30 de abril de 2015 y turnada a la Cámara de Senadores.

La minuta fue recibida en la LXIII Legislatura, el 3 de septiembre de 2015 y busca establecer que la sanción estipulada para el delito de pederastia será imprescriptible. Incrementar la sanción correspondiente a quien encubra al autor de dicho delito, así como destituir e inhabilitar para desempeñar empleo, cargo o comisión, si el autor del delito fuere servidor público, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; la inhabilitación comenzará a partir de que concluya la pena de prisión impuesta.

Este problema ha salido a la luz, en las últimas décadas, gracias a las denuncias de colectivos y víctimas, poniéndolo en uno de los temas pendientes para el Poder Legislativo. En últimas fechas, la propia Iglesia católica, a través de la congregación de los Legionarios de Cristo, han pedido la propia determinación para la imprescriptibilidad de estas conductas delictivas, con lo cual, las peticiones de legisladoras y legisladores preocupados por el bienestar infantil se ven reflejados.

Es en este sentido que hoy hacemos un llamado a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, sabedoras de las amplias preocupaciones que en el tópico en cuestión ha expresado en múltiples ocasiones, para que emita excitativa a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos a fin de que se dictamine a la brevedad la minuta en cuestión que, sobra decirlo, se encuentra en un estatus de pendiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la presidenta del Senado, senadora Mónica Fernández Balboa, emita excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para emitir dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 205 Bis del Código Penal Federal, recibida por el Senado de la República el 3 de septiembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Mónica Almeida López, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno mexiquense a reconsiderar el aumento de la tarifa del transporte público, a cargo de la senadora Martha Guerrero Sánchez y suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, senadora Martha Guerrero Sánchez, diputada Juana Carrillo Luna, diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputado César Agustín Hernández Pérez, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, diputada Carla Yuritzy Almazán Burgos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracciones I y II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la comisión permanente del h. congreso de la unión exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de México a que en el ámbito de sus atribuciones, reconsidere el aumento en la tarifa del transporte público en la entidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con el documento elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denominado “Movilidad, vivienda y derechos humanos”, el derecho humano a la movilidad es el “libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura”.

En ese orden de ideas, hay que tomar en consideración que el derecho humano a la movilidad es por su propia naturaleza un ejercicio que permite el goce de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la educación; entre otros.

En México, de acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, por sus siglas ITDP, el 20% de la población utiliza automóvil particular, el 72% del total de los recursos destinados a movilidad se han utilizado para financiar infraestructura de uso exclusivo para el automóvil.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, se realizan 15.57 millones de viajes diarios en transporte público, mismos que se componen de la siguiente manera:

Fuente: INEGI. Encuesta Origen - Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017.

Lo anterior si bien representa el cómo se da buena parte de la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, también evidencia la mala distribución de recursos y la falta de priorización de políticas públicas en torno al transporte público en México.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en su Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad, hace mención de los siguientes elementos para garantizar el Derecho a la Movilidad:

1. Disponibilidad: “Es la existencia, en cantidad suficiente para todas las personas, de servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual se ejecuta un derecho”1

2. Accesibilidad: “El sistema de movilidad debe estar al alcance de todas las personas, sin discriminación alguna. En este sentido, la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad establece que los sistemas de transporte público deben ser accesibles para todas las personas, al haber medios de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales –de género, edad y discapacidad, entre otros– y a un precio justo, apropiado a sus ingresos.”2

3. Calidad: Tiene como finalidad asegurar que los medios y contenidos por los que se alcanza la realización de un derecho tengan los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función.3

4. Aceptabilidad. Todos los elementos del sistema de movilidad deberán estar calificados, es decir, ser pertinentes y adecuados éticamente, respetuosos de las diferentes culturas de quienes lo utilizan, y sensibles a los enfoques de género y a los ciclos de vida, para permitir el sano y armónico movimiento de todas las personas.4

En el estado de México, además de no existir cifras oficiales de cuantas unidades de transporte público cuenta, es conocido nacionalmente por su ineficiente transporte público, ya que es recurrente la inseguridad, suciedad, vehículos obsoletos, conductores no calificados cobros variables (tarifas de noche o especiales) y altos costos.

Sin embargo, ello no fue limitante para que el pasado 19 de diciembre el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, anunciara un incremento de 10 a 12 pesos, dejando sin justificación real de la misma, ya que menciona que dicho aumento, servirá para certificar a 100,000 operadores anualmente y renovar unidades, cuando es por demás sabido la injerencia por parte de transportistas en las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional y que más allá de ser para mejorarlo, será para cumplirle a sus grupos clientelares.

Lo anterior en completo detrimento de la sociedad que al día de hoy no se les asegura el derecho humano a la movilidad, debido a la falta de accesibilidad, disponibilidad y calidad en el transporte publico del Estado de México.

Por ello la naturaleza del presente punto de acuerdo es exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México a reconsiderar el aumento en la tarifa de transporte público en la entidad, ya que supone una grave afectación a los bolsillos de los mexiquenses.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a que, en el ámbito de sus atribuciones, reconsidere el aumento en la tarifa del transporte público en la entidad.

Notas

1 Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Fundamentos teóricos de los derechos humanos, México, cdhdf (col. Cuadernos de Capacitación, 2011, p. 48.

2 Ortega, Soriano, Ricardo Alberto (Dir.) Informe especial sobre derecho a la movilidad en el Distrito Federal, México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2013, p.37

3 Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Op. Cit., p. 50.

4 Ricardo Alberto Ortega Soriano, Op. Cit. P39.

Senadora Martha Guerrero Sánchez (rúbrica)

Diputados: Juana Carrillo Luna, César Agustín Hernández Pérez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a actualizar la red de telecomunicaciones militares, de la Policía Federal y la Guardia Nacional, para que con tecnologías de punta, como las redes 5G y la inteligencia artificial, se evite comprometer información estratégica u operativa de las fuerzas de seguridad nacional, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla , diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo federal, a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, a Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república, a Leonel Efraín Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, a Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, así como a los gobernadores de los estados y a la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, para actualizar la red de telecomunicaciones militares, de la Policía Federal y la Guardia Nacional, que haga uso de tecnologías de punta, como las redes 5G y la inteligencia artificial, para evitar comprometer información estratégica u operativa de las fuerzas de seguridad nacional y garantizar una comunicación eficiente en espacios de fácil o difícil acceso , al tenor de las siguientes;

Consideraciones

Las telecomunicaciones se consolidaron como tecnologías sumamente útiles a partir del siglo XX. Con la consolidación del teléfono, el surgimiento de la radio, la creación de la televisión, el surgimiento del video, la puesta en escena de los celulares y la invención de la Internet, los medios tecnológicos que se han desarrollado en la materia han contado con un grandísimo protagonismo ante los múltiples usos y facilidades que han otorgado a la vida diaria de las personas, los espacios de trabajo, públicos o privados, al igual que los mecanismos empleados por las políticas públicas gubernamentales para la obtención de los objetivos de los programas.

Atravesando todos los rincones de la vida diaria, cada una de estas tecnologías ha implicado una revolución en las formas de hacer de las personas, abriendo un espectro de posibilidades, pero al mismo tiempo permitiendo riesgos, donde las intervenciones y la puesta en juego de la privacidad o confidencialidad de los mensajes siempre ha acompañado a esta clase de tecnologías.

Así, sea por motivos militares, políticos, empresariales o personales, la búsqueda por acceder a la confidencialidad de cierta información y mensajes corresponde a un criterio estratégico, donde entes públicos y privados han empleado mecanismos para intentar vulnerar la confidencialidad de los mensajes. Casos de espionaje empresarial y político han sido altamente comentados en tiempos recientes, especialmente el caso de Pegasus, el software de origen israelí empleado por la anterior administración federal y presuntamente por la actual para actos ilegales como el espionaje de activistas, periodistas, políticos y oposición por medio de vulnerabilidades en aplicaciones como WhatsApp1 y sus respectivas líneas telefónicas.

Ante la negación de su uso por parte del Presidente de la República2 y los altos índices de corrupción en entidades gubernamentales, la información posiblemente se encuentre en disposición de agentes nocivos al interior o fuera del gobierno, por lo que tomar en serio la protección de las comunicaciones debe ir enfocada a cada uno de los sectores, especialmente en el plano de la seguridad y la operación de las Fuerzas Armadas, donde el diseño y aplicación de las estrategias requiere de un altísimo grado de encriptación de las comunicaciones ante la relevancia que tienen para la seguridad nacional e internacional.

Hoy en día, las comunicaciones por radio cuentan con muchísimas vulnerabilidades, donde instalaciones pensadas para un objetivo pueden ser empleadas por el propio crimen organizado, como lo son las torres de telecomunicaciones,3 el cual cuenta con elementos enfocados al establecimiento de sus propias redes. Ante la necesidad de combatirlo y erradicarlo, la lucha no solamente se lleva al plano del conflicto armado o financiero, sino también al de las comunicaciones empleadas en materia de inteligencia y contrainteligencia, por lo que considerar una renovación total de las redes de comunicaciones con funciones de seguridad nacional es necesario ante los cambios tecnológicos que la época acarrea y la preservación de la seguridad nacional en los operativos realizados , donde evitar un caso como el de Culiacán, en octubre de 2019,4 es uno de los objetivos palpables al desear el uso de tecnología de punta para las comunicaciones de la Guardia Nacional y el ejército, la Marina y las Fuerzas Armadas.

Ya sea mediante el empleo de una red similar a la Warfighter Information Network-Tactical (WIN-T) del ejército de los Estados Unidos de América5 (la cual cuenta con una encriptación de punta, al igual que cobertura en los lugares más remotos del planeta) o el desarrollo de tecnología de comunicaciones propia, que usufructúe innovaciones como las redes 5G y la inteligencia artificial, como el machine learning,6 la necesidad del gobierno mexicano y de las fuerzas de seguridad nacionales por mantenerse a la par de los desarrollos tecnológicos de la industria privada,7 principal proveedor (no intencionado) del crimen organizado, se ha vuelto una especie de “carrera armamentística” por la supremacía tecnológica ante la inmersión de los grupos delincuenciales en la materia y el desarrollo de software o hardware propio para la realización de sus operaciones.

Sobre esto, considerar una actualización total de las telecomunicaciones va de la mano con las funciones conferidas a ellas, ante la exigencia de garantizar la confidencialidad y eficiencia de las comunicaciones entre los diversos actores involucrados en las operaciones de seguridad que se realizan todos los días en territorio nacional. Posibles filtraciones o inoperancia derivada de la nula comunicación o el desentendimiento del mensaje, no son excusas aceptables en un escenario de inseguridad como el nuestro, donde comprometer la información comunicada puede tener consecuencias catastróficas para los objetivos planteados, al dotar de ventajas comunicacionales a organizaciones que vulneran la posibilidad de bienestar ciudadano generalizado al anticiparse a cualquier estrategia que sea transmitida en los medios intervenidos.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo federal, a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, a Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, a Leonel Efraín Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, a Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, así como a los gobernadores de los estados y a la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, para actualizar la red de telecomunicaciones militares, de la Policía Federal y la Guardia Nacional, que haga uso de tecnologías de punta, como las redes 5G y la inteligencia artificial, para evitar comprometer información estratégica u operativa de las fuerzas de seguridad nacional y garantizar una comunicación eficiente en espacios de fácil o difícil acceso.

Notas

1 Redacción; Reuters. (2019). AMLO niega que gobierno utilice sistema de espionaje Pegasus, 2 de Diciembre de 2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/techbit/amlo-niega-que-gobierno-utilice- sistema-de-espionaje-pegasu

2 Ídem

3 Verónica Díaz. (2019). Comunicaciones de fuerzas de seguridad son vulneradas por narco: especialistas, 2 de Diciembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/policia/narco-mexico-vulnera-comunicaciones-seg uridad-expertos

4 Ídem

5 General Dynamics Mission System. (2019). Warfighter Information Network-Tactical (WIN-T), 2 de Diciembre de 2019, de General Dynamics Mission System. Sitio web: https://gdmissionsystems.com/en/communications/warfighter-information-n etwork-tactical

6 Global Defence Technology. (2019). The next frontier of military communications, 2 de Diciembre de 2019, de Global Defence Technology. Sitio web:
https://defence.nridigital.com/global_defence_technology_may19/the_next_frontier_of_military_communications

7 PRNewswire. (2019). First-Ever State of Military Communications Study Finds Current Military Technology Falling Behind; Putting Missions at Risk, 2 de Diciembre de 2019, de PRNewswire. Sitio web:
https://www.prnewswire.com/news-releases/first-ever-state-of-military-communications
-study-finds-current-military-technology-falling-behind-putting-missions-at-risk-300937642.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a remitir a esta soberanía un informe con las estrategias de largo plazo para reforzar los programas y esquemas de enseñanza-aprendizaje en la educación básica, a cargo del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ángel García Yáñez , senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a remitir un informe a esta soberanía que contenga las estrategias a largo plazo a implementar para reforzar los programas y los esquemas de educación y aprendizaje dentro de la educación básica, que atienda los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2018, de la OCDE para el caso mexicano , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Introducción

El Programa para la Evaluación Internacional (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se consolida como una encuesta trienal, que tiene por objeto evaluar el desempeño académico de los alumnos que se encuentran cercanos a concluir la educación obligatoria, es decir, mide el rendimiento de alumnos en áreas clave, que se encuentran entre 15 años 3 meses y los 16 años 2 meses, siendo seleccionados de forma aleatoria de escuelas públicas y privadas en todo el país.

Entre los resultados educativos que se estudian se encuentran:

-La motivación de los alumnos para aprender;

-La concepción que tiene sobre si mismos; y

-Las estrategias de aprendizaje.

De esta forma, la prueba PISA evalúa 3 áreas temáticas concretas siendo estas, la lectura, matemáticas y ciencias, siendo aplicada en todos los países miembros de la OCDE.

Poco más de un millón de alumnos han sido evaluados y los resultados obtenidos a través de esta Prueba Internacional sirvió para rediseñar y mejorar los sistemas educativos en favor del desarrollo de los estudiantes dentro de los países miembros.

Resultados PISA 2018

La última prueba aplicada en 2018 y cuyos resultados fueron publicados en noviembre de 2019, señalan que de una prueba aplicada a 1.4 millones de estudiantes concentró mayormente su evaluación en las habilidades de lectura en un entorno digital.

De esta manera, los resultados señalan que, para las tres áreas evaluadas los primeros 3 lugares fueron para:

1. China (Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang)

2. Singapur

3. Macao (China)

Tanto en lectura, como matemáticas y ciencias, estas 3 regiones destacaron, seguidas por Hong Kong (China), Estonia y Canadá, en lectura; Hong Kong (China), Taipei y Japón en matemáticas; y Estonia, Japón y Finlandia en ciencias.

Otro aspecto relevante de la prueba PISA, señala que el desempeño en la educación, ya no se encuentra relacionada con las desventajas sociales, toda vez que estos resultados demuestran que el mundo ya no está dividido entre naciones ricas, por consecuente mejor educadas, naciones pobres con menor nivel de educación.

De hecho, la prueba revela que históricamente, la consigna de crear un sistema educativo de primera clase se puede lograr aún en condiciones de adversidad económica, siendo bandera el hecho de “la escuela de hoy, será la economía y la sociedad de mañana”.

Asimismo, y en concordación a lo anteriormente señalado la OCDE, expresa que para lograr una correcta educación se debe contribuir a construir un sistema que adopte los beneficios de los avances tecnológicos cuyos efectos se trasladen al progreso social, lo cual facilitará la integración de una estructura social más justa y participativa.

Resultados para México

Para nuestro país, la prueba PISA representa una fotografía del estado en el que se encuentra nuestro sistema actualmente, pues los resultados ubican a México por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas de evaluación, lectura, matemáticas y ciencias con puntajes de 420 de 487, 409 de 489 y 419 de 489; respectivamente.

Con esto, México queda en las posiciones numeró 53, 61 y 57, respectivamente de 79 economías evaluadas.

De esto, igualmente se señala que únicamente el 1 por ciento de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más alto entre los países que integran la OCDE y un 35 por ciento de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia en las 3 áreas a evaluar.

Sin embargo, no todos los resultados son desfavorables, pues se señala que desde la última prueba el 90 por ciento de los estudiantes mejoró su desempeño en aproximadamente 5 puntos, es decir, pese al desacelerado ritmo, existe una tendencia a acotar la brecha de conocimiento entre los estudiantes.

Otro aspecto relevante, demuestra que para México si existe una notoria diferencia entre los estudiantes con una mejor posición socioeconómica más fuerte por sobre aquellos estudiantes desventajados, pues en las pruebas marcan una diferencia de 81 puntos. No obstante, solo el 11 por ciento de los estudiantes en condiciones de desventaja, lograron un puntaje de mayor competencia que los situó en el primer cuartil de la prueba, demostrando con esto que existe una marcada tendencia a reducir la breca entre estudiantes, tal y como se señaló en el párrafo anterior.

Aunado a esto, los resultados de la Prueba demuestran que México de 2003 a 2018, logró una acelerada expansión de la matrícula en la educación secundaria, agregando alrededor de 400 mil estudiantes de población de 15 años elegibles para la Prueba, logrando un incremento aproximado de 50 por ciento en 2003 a un 66 por ciento en 2018. De continuar con este sentido de expansión se prevé que el rendimiento de los estudiantes mejore de forma significativa.

Por género, las mujeres obtuvieron 11 puntos más en lectura que los hombres. Mientras que la brecha fue menor que la observada en 2009 (25 puntos), aunque el rendimiento de los hombres se mantuvo estable durante el período.

Por otra parte, los hombres superaron a las mujeres en matemáticas por 12 puntos y en ciencias por 9 puntos las mujeres superaron a los hombres por 2 puntos.

En ese sentido, los resultados por área a evaluar demuestran lo siguiente:

En cuanto a la relación socioeconómica con el desempeño académico como ya se señaló anteriormente, los estudiantes con una posición más fuerte superaron a los estudiantes con desventajas, por 81 puntos en lectura. Sin embargo, solo el 3 por ciento de los estudiantes aventajados, lograron demostrar tener competencias altas en lectura sobre el promedio de la prueba PISA.

Respecto a matemáticas y ciencias, un fuerte predictor del desempeño es el nivel socioeconómico, pues explica la variación del 11 por ciento sobre el rendimiento en matemáticas y el 12 por ciento sobre la variación en el rendimiento en ciencias sobre en comparación con el 14 por ciento y el 13 por ciento correspondiente al promedio de los países de la OCDE.

Otro aspecto a destacar es el hecho de que, en México, las escuelas aventajadas y desaventajadas reportaron que el 48 por ciento y el 51 por ciento de sus profesores se encuentran “Totalmente calificados”, y señala que existe la misma proporción de docentes que cuentan con al menos un título de posgrado entre ambos tipos de escuelas.

En conclusión, la Prueba PISA revela que México se encuentra en un punto de quiebre en el que se debe reforzar el sistema educativo en todas sus áreas, logrando con esto contribuir a la construcción de una estructura social altamente capacitada que fortalezca sus capacidades de competencia y desempeño en áreas estratégicas que mejoren la calidad de vida y la productividad del país.

Por otro lado, se debe continuar impulsando la incorporación a la vida escolar a la población infantil y juvenil y entre ellos reforzar los programas educativos con miras en construir un sistema altamente eficiente y competitivo que forje cualidades y aptitudes que mejoren su desempeño en los centros escolares y laborales en el largo plazo.

En coordinación con lo signado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su objetivo número 4 “Educación de Calidad”, México tiene el firme compromiso de contribuir a generar las estrategias y políticas públicas más efectivas, para lograr que todas las niñas y niños terminen la educación secundaria teniendo acceso a escuelas de calidad en todos sus aspectos.

Es por ello, que para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos es sensible los resultados que esta prueba internacional revela, toda vez que reconocemos que una de las bases para consolidar una economía y una sociedad debe partir desde el sistema educativo.

De tal suerte que, en medida que las autoridades educativas federales demuestren e implementen las políticas más efectivas de acuerdo con las características de nuestra población y las exigencias de la competencia internacional, es como los resultados de esta prueba irán mejorando y más allá de conseguir una mejor puntuación, esto favorecerá en que nuestra población infantil y juvenil estará mejor preparada para afrontar los retos del mañana.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a remitir un informe a esta soberanía que contenga las estrategias y políticas públicas a largo plazo a implementar para reforzar los programas y los esquemas de educación y aprendizaje dentro de la educación básica, que atienda los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2018, de la OCDE para el caso mexicano.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Michoacán y Chihuahua a informar y emprender acciones respecto a la desaparición de Homero Gómez González, defensor de los derechos humanos; e investigar el homicidio de la activista, artista y defensora de derechos Isabel Cabanillas de la Torre, suscrita por los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT

El senador Miguel Ángel Lucero Olivas, en nombre de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de la manera más atenta a las y los titulares de las siguientes instituciones del estado de Michoacán y del estado de Chihuahua: Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, para que a la brevedad, de ser posible, informen y tomen acciones en la desaparición de Homero Gómez González, defensor de los derechos humanos; e informen e investiguen el homicidio de la activista, artista y defensora de derechos humanos, Isabel Cabanillas de la Torre, respectivamente, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La defensa de los derechos humanos es un derecho en sí mismo, el 9 de diciembre se celebra su Día Internacional. Las defensoras y defensores realizan una labor muy importante ya que ponen al descubierto la enorme brecha entre los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su limitado cumplimiento en la práctica.

Al dar seguimiento a la materialización de los derechos humanos, los defensores y defensoras asumen riesgos y se exponen a tácticas represivas, que van desde amenazas, encarcelamiento, desaparición y hasta el homicidio.

En México son constantes los ataques, la violencia, criminalización, intimidación y acoso en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señalan que México está entre los 10 países con mayor criminalización de defensoras y defensores ambientales a nivel mundial.1

Datos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) advierten que en México de 2019 a la fecha han sido asesinados 21 defensores de derechos humanos, de los cuales, dos estaban bajo el mecanismo de protección.2

Isabel

El homicidio que vino a actualizar la cifra de homicidios contra defensores de derechos humanos ocurrió el 18 de enero de este año. La artista, activista y defensora de derechos humanos Isabel Cabanillas de la Torre, de tan solo 26 años, quien había sido reportada como desaparecida, fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua.3

La defensora de derechos humanos, integrante del grupo Hijas de su Maquilera Madre , Isabel Cabanillas de la Torre, fue encontrada muerta junto a su bicicleta con varios disparos. Isabel dedicó su vida al arte, el activismo y a defender los derechos de las mujeres. Ella luchó hasta el final contra la trata de personas, el feminicidio y las desapariciones; adicionalmente, apoyó a otras causas. Era un joven querida y admirada por lo que la comunidad salió a manifestarse contra las autoridades locales por el homicidio de esta luchadora.4

Con el homicidio de Isabel Cabanillas, suman cuatro las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en lo que va de enero y la sexta en el estado. Su homicidio también actualiza la cifra de niños víctimas de la violencia en México, dado que Isabel tenía un hijo.5

Isabel fue una víctima del feminicidio que buscaba eliminar. Tan sólo de enero a noviembre de 2019 se registraron 891 presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional, 29 de ellos ocurridos en Chihuahua. La cifra total representa 81 feminicidios cometidos cada mes en nuestro país.6

En este mismo período, se cometieron 2 mil 564 homicidios dolosos contra mujeres, es decir, 8 mexicanas son asesinadas diariamente. México, Guanajuato, Jalisco, Baja California y Chihuahua, estados donde se comenten el mayor número de homicidios.7

Ahora bien, en los primeros siete meses del 2019 Ciudad Juárez ocupó el primer lugar en número de feminicidios. Con ello, las llamadas muertas de Juárez ya suman alrededor de 2000 víctimas, de 1993, cuando se recrudeció la violencia, a la fecha. Desde entonces, la situación no ha cambiado.8

Con todo lo anterior, 2019 fue el año más violento para la mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hasta finales del mes de noviembre sumaban más de 150 mujeres asesinadas de manera violenta. Según datos de organizaciones de la sociedad civil de defensa de los derechos de las mujeres, la mayoría de los feminicidios registrados en la ciudad fronteriza contra mujeres tienen relación con el crimen en organizado, por lo cual dejan de ser atendidos por la Fiscalía de la Mujer y pasan a la Fiscalía General del Estado.9

Es así como México, es el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor número de feminicidios, sólo superados por Brasil. Por lo que hace a Chihuahua, se debe recordar que esta entidad fue la última en realizar la tipificación del delito de feminicidio, y a la fecha se cuenta con un tipo penal deficiente, en el cual no se reconoce el “feminicidio” como tal. Ello explica que, durante el 2018, 129 mujeres fueron víctimas de homicidio agravado en Ciudad Juárez y sólo 30 de dichos delitos fueran considerados feminicidios por la Fiscalía General del Estado.10

Isabel luchó de todas las formas posibles por defender los derechos de las mujeres, luchó al grado de perder la vida. La sociedad y el Estado tienen una deuda con ella, con su familia, con su hijo y con todas las mujeres a las que la seguridad no se les ha garantizado. Es momento de brindar seguridad a las personas valientes que dedican su vida conquistar la dignidad de las personas.

Homero

En otro rubro, es importante destacar que los defensores de derechos humanos también son desparecidos en México. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) apunta que Aarón Méndez y Alfredo Castillo, defensores de migrantes de Tamaulipas, están desaparecidos desde el 3 de agosto de 2019.11

Otra circunstancia alarmante está en que la mayoría de los activistas ambientales asesinados en México son de origen indígena. Global Witness reveló que México fue el cuarto país más peligroso para los defensores de la Tierra en 2018 con 14 asesinatos y en el reporte del 2019 se encuentra en el sexto lugar en homicidios de ambientalistas.12

En este contexto, el 13 de enero se anunció la desaparición de Homero Gómez González, quien es defensor de la mariposa monarca y, con ello, del derecho humano al ambiente sano para el buen desarrollo y bienestar.

Atendiendo al principio de interdependencia, la protección del ambiente constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos. El ser humano se encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestro patrimonio material y cultural están condicionados con la biosfera.13 Este derecho humano al ambiente sano es que defiende Homero, de esta magnitud es la labor que realiza.

Las mariposas monarca son conocidas por la migración masiva que cada invierno lleva a millones de ejemplares a California y México. La monarca norteamericana es la única mariposa que realiza una travesía tan espectacular, con una distancia cercana a los 5,000 kilómetros. Las mariposas deben partir cada otoño antes de que llegue el frío, ya que, podría acabar con ellas si se demoran demasiado.14

Las mariposas monarca llegan a los llamados santuarios, que son las áreas de bosque en donde pasan la hibernación. Estos sitios les proporcionan protección de eventos climáticos extremos y la tranquilidad que requieren para ahorrar las grasas que les servirán de combustible en el viaje de regreso. De esa forma los santuarios albergan flora, fauna, paisajes o eventos naturales excepcionales que los hacen únicos y necesarios para la vida, por lo que deben ser protegidos y respetados.15

Homero es presidente del Comité de Administración del Santuario “El Rosario en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca”. Su familia ha señalado que Homero Gómez es muy querido, por lo que alrededor de 500 personas han emprendido la búsqueda del activista en la región Por otro lado, los familiares de Homero señalaron que la Fiscalía General del Estado de Michoacán aún no les ha dado resultados de su investigación, por lo que algunos sus hermanos han trataron de reunirse con el gobernador Silvano Aureoles para exigir su localización.16

Homero Gómez González de 50 años, fue visto por última vez el 13 de enero a las 19:00 horas, en la localidad de El Soldado, en el municipio de Ocampo, Michoacán, a donde, había acudido a una feria en compañía de diputados locales, y funcionarios de Ocampo y de Zitácuaro.17

Marco Gómez, hermano del Homero, señala que aún no hay indicios de su paradero, ya que solo han recibido llamadas de rescate falsas, y descarta que la desaparición de Homero tenga que ver con sus actividades relacionadas con la promoción y cuidado de la mariposa monarca.18 No obstante, es importante atender la calidad de defensor de derechos humanos con la que cuenta Homero para guiar las investigaciones de la Fiscalía del Estado.

En adición, el trabajo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo (CEDH), es vital en protección de los defensores de derechos humanos como Homero. Desafortunadamente, la CEDH, durante el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, realizó sus funciones en un contexto muy complejo, en el que se observó el incremento de la violencia y el crimen en el estado.19

De esa forma, todas las instituciones deben que sumar esfuerzos para materializar los derechos humanos. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus defensores. Entre los esfuerzos que se han realizado para tal objeto, destaca el que México haya firmado el “Acuerdo de Escazú”, que entre otras cosas plantea “garantizar un entorno seguro para las personas, grupos u organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos relacionados con temas medioambientales”.20 No obstante, aún está pendiente la ratificación del Acuerdo, por lo que en este Senado debemos acelerar su aprobación.

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha creado una relatoría sobre los defensores de los derechos humanos, y las medidas cautelares y provisionales adoptadas por sus instituciones de derechos humanos constituyen un importante mecanismo de protección para los defensores en situación de riesgo.

Asimismo, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión Africana creó en 2004 el cargo de Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y, junto con los propios defensores, ha elaborado importantes directrices sobre la libertad de asociación y de reunión.21

El mundo entero tiene la vista puesta en las violaciones a derechos humanos de las que son objetos sus defensores. Así, el Estado mexicano debe garantizar que las personas puedan promover y defender los derechos humanos sin amenazas, restricciones e inseguridad. Es esencial promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, por supuesto su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo la seguridad e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, así como el combate a la impunidad en los delitos cometidos en su contra son ejes vitales, por ello, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el que exhorto respetuosamente a las diversas autoridades a emprender las siguientes acciones:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, maestro Adrián López Solís, informe sobre los avances de las investigaciones sobre la desaparición de Homero Gómez González y tome las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones a las personas defensoras de los derechos humanos.

Segundo. Solicita al encargado del despacho de Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, licenciado Uble Mejía Mora informe la cifra exacta de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos en el estado de Michoacán e informe qué acciones tendientes a garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos está realizando.

Tercero. Exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Israel Patrón Reyes, a generar condiciones para que las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos puedan realizar su trabajo en contextos de libertad y seguridad.

Cuarto. Exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, maestro César Augusto Peniche Espejel, informe sobre los avances de las investigaciones sobre el homicidio de Isabel Cabanillas de la Torre y sanciones a los responsables; y, tome las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones a las personas defensoras de los derechos humanos.

Quinto. Solicita al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, maestro Néstor Manuel Armendáriz Loya, informe la cifra exacta de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos en el estado de Chihuahua e informe qué acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos está realizando.

Sexto. Exhorta al titular de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Chihuahua, doctor Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a generar condiciones para que las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos puedan realizar su trabajo en contextos de libertad y seguridad.

Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución.

Notas

1 CEMDA, México, entre los 10 países con mayor criminalización de defensoras y defensores ambientales a nivel mundial. 31 de julio, 2019, https://www.cemda.org.mx/mexico-entre-los-10-paises-con-mayor-criminali zacion-de-defensoras-y-defensores-ambientales-a-nivel-mundial/

2 Sin Embargo, La activista Isabel Cabanillas es asesinada en Ciudad Juárez; colectivos convocan a protesta y homenaje, https://www.sinembargo.mx/19-01-2020/3714973

3 Ídem.

4 Villalpando y Estrada, Matan a tiros en Ciudad Juárez a la activista y artista Isabel Cabanillas, La Jornada, https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/estados/024n1est

5 Ídem.

6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las mujeres, https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra- las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero -2019?idiom=es

7 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública..., Op. Cit.

8 Lugo Brenda, Ciudad Juárez: 26 años de violencia feminicida, https://lasillarota.com/estados/ciudadjuarez-26-anos-de-violencia-femin icida-ciudad-juarez-juarez-chihuahua-feminicidios/313043

9 Grupo SPD-Noticias, Estados, Ciudad Juárez perdió a más de 150 mujeres durante 2019,

https://www.sdpnoticias.com/estados/feminicidios-ciudad- juarez-chihuahua-cifra-2019.html

10 Animal Político, Suman casi 3 mil mujeres asesinadas en México en 2019; solo 726 se investigan como feminicidios, https://www.animalpolitico.com/2019/11/3-mil-mujeres-asesinadas-mexico- 2019-ocnf/

11 Proceso, https://www.proceso.com.mx/607681/onu-dh-y-cndh-condenan-asesinato-del- activista-arnulfo-ceron-soriano

12 Infobae, El 80 % de los activistas ambientales asesinados en México son indígenas, 01 de agosto, 2019.

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/01/
el-80-de-los-activistas-ambientales-asesinados-en-mexico-son-indigenas/

13 CNDH, El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Agosto, 2016, p. 6 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-alMedio AmbSano.pdf

14 National Geographic, 2 de septiembre, 2010, https://www.nationalgeographic.es/animales/mariposa-monarca

15 Soy monarca, https://www.soymonarca.mx/santuarios.html

16 Milenio, Familiares de defensor de la mariposa monarca descartan desaparición por su labor, https://www.milenio.com/estados/familia-homero-gomez-descarta-desaparic ion-labor-michoacan

17 Ídem.

18 Ídem.

19 CEDH, 4to informe de actividades. Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Michoacán, p. 7 http://cedhmichoacan.org/wp-content/uploads/2019/09/4TO-INFORME-DE-ACTI VIDADES-DE-LA-CEDH-2019.pdf

20 Notimerica, 10 países Iberoamericanos firman un acuerdo para proteger a los activistas ecologistas 28 de septiembre, 2018,
https://www.notimerica.com/politica/
noticia-10-paises-iberoamericanos-firman-acuerdo-proteger-activistas-ecologistas-20180928194600.html

21 Refworld, Situación de los defensores de los derechos humanos. 23 de julio, 2018, p. 17

https://www.refworld.org.es/pdfid/5bd1fc6e4.pdf

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, a los veintidós días del mes de enero de dos mil veinte.

Senadores: Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, la Profepa y la Sedatu a celebrar una reunión con diversas autoridades a efecto de generar un plan de trabajo conjunto para atender la devastación del área natural protegida La Huasteca, suscrita por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 108 y 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones, convoque a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la celebración de una reunión con los titulares del Poder Ejecutivo de Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, y Delegación de Programas para el Desarrollo en la entidad, a efecto de generar un plan de trabajo conjunto para atender la devastación del área natural protegida conocida como “La Huasteca”, lo cual se expresa en la siguiente

Exposición de Motivos

A nivel mundial, el incremento en el consumo de productos, la industria, el crecimiento urbano exponencial y las propias actividades humanas, han provocado el calentamiento global por el aumento de las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.

De acuerdo con un estudio de la revista Paleoceanography and Paleoclimatology, los humanos estamos bombeando dióxido de carbono a la atmósfera a una tasa de 9 a 10 veces más alta que la emisión de gases de efecto invernadero durante el máximo térmico del paleoceno-eoceno (PETM) –a menudo usado como punto de referencia para comparar el cambio climático–, evento que ocurrió aproximadamente hace 56 millones de años y que aumentó rápidamente las temperaturas globales entre 5 y 8 grados Celsius.1

De manera reciente, el director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA en Nueva York, ha declarado que “la década que acaba de terminar es claramente la más cálida registrada, (donde) cada década, desde la década de 1960 ha sido manifiestamente más calurosa que la anterior”.2

Particularmente, 2019 fue el segundo año más cálido registrado después de 2016, según análisis de datos internacionales recopilados por la Organización Meteorológica Mundial; promediada, la temperatura global anual en 2019 fue de 1.1 grados centígrados más que el promedio de 1850 a 1900, lapso utilizado para representar condiciones preindustriales.3

Es de advertir que la tendencia continuará debido a los niveles récord de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, donde incluso el Secretario General de la Organización Meteorológica, Petteri Taalas, ha señalado que “en el camino actual de las emisiones de dióxido de carbono, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 3 a 5 grados centígrados para finales de siglo”.4

Con el objetivo de atender esta problemática, nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales que comprometen a los Estados Parte al desarrollo, incorporación y fortalecimiento de acciones y mecanismos encaminados a adoptar medidas urgentes que combatan el cambio climático y sus efectos.

Ejemplo de ello es el Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático, la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Por lo que corresponde a la legislación nacional, el derecho a un medio ambiente sano se ha reconocido en el texto constitucional y de manera complementaria, se cuenta con leyes secundarias como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, entre otras, que definen la coordinación y participación de entidades federativas y municipios, así como las sanciones en caso de deterioro y responsabilidad ambiental.

No obstante, según datos del Global Carbon Atlas, una colaboración entre la Red Internacional de científicos Future Earth y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México y Brasil, las dos mayores economías de América Latina, fueron precisamente los únicos de dicha región presentes en el ranking de los 15 países que más emitieron dióxido de carbono (CO2) en el mundo de 1998 a 2008.5

En este contexto, Monterrey fue considerada por la ONU como la ciudad más contaminada de América en 2017,6 reportando una concentración de 86 puntos en partículas menores a 10 micrómetros y de 36 respecto a las menores de 2.5;7 mientras que en 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le otorgó el nada decoroso título de la “ciudad más contaminada de México”, derivado de un análisis sobre la calidad del aire en distintas ciudades de la República Mexicana.8

Ante la grave situación de contingencia ambiental que cada vez es más frecuente, las autoridades del gobierno del estado de Nuevo León han emitido alertas ambientales al punto de que en 2018, poco más de 80 días tuvieron buena calidad de aire.9

La Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal lo atribuye a la acumulación de contaminantes emitidos por diversas actividades que se realizan en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM), entre ellas las fuentes fijas (industria), fuentes móviles (vehículos) y emisiones generadas por las actividades de construcción, obras en general y circulación de vehículos en caminos sin pavimentar.10

Pese a los daños ocasionados por la deforestación, la mala calidad del aire, la contaminación de ríos, arroyos, mantos freáticos y aguas marinas, México ocupa el quinto lugar en variedad de plantas y anfibios, el tercero en mamíferos y el segundo en reptiles de todo planeta,11 en gran medida por la declaración de áreas naturales protegidas (ANP) que han jugado un papel importante en la conservación de la biodiversidad, el planteamiento de una ocupación racional del territorio, y en la captura y almacenamiento de grandes cantidades del dióxido de carbono que circula en la armósfera, con lo que ayudan a controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el cambio climático.

De acuerdo con la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, las ANP son aquellas zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.12

En Nuevo León, la declaración de las primeras zonas como ANP se remonta a 1930, sistema que se consolidó de manera importante a partir de 2000 con el decreto de 23 sitios distribuidos en 22 municipios y a los que posteriormente se sumaron 6 más.

Actualmente, las ANP bajo protección federal suman casi 361 mil hectáreas, entre las que se encuentran el Cerro de la Silla y el Parque Nacional Cumbres de Monterrey; mientras que, por lo que corresponde al régimen de protección estatal, suman casi 158 mil hectáreas.

En suma, la superficie protegida a través del esquema de ANP, tanto estatales como federales, es de aproximadamente 519 mil hectáreas.

Tabla 1: Áreas naturales protegidas en Nuevo León.

Fuente: Observatorio de la Sustentabilidad de Nuevo León.13

El establecimiento de las ANP, de acuerdo con la Ley Ambiental del estado de Nuevo León, tiene como propósito:

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas, ecológicas y de los ecosistemas del Estado, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; así como la sustentabilidad del desarrollo y la calidad de vida de los habitantes del estado;

II. Salvaguardar la biodiversidad de la que depende la continuidad evolutiva, así como asegurar la protección y el aprovechamiento sustentable, en particular, proteger a los organismos y su respectivo hábitat, de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos aplicables;

III. Asegurar el manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos;

IV. Propiciar la investigación científica, el estudio y el monitoreo de los ecosistemas y su equilibrio, así como fomentar la educación ambiental;

V. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios históricos, arqueológicos y artísticos, así como zonas turísticas y de otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad estatal;

VI. Ofrecer alternativas basadas en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado, en particular de la flora y fauna silvestre, en concordancia con los demás ordenamientos aplicables, y con la participación de los propietarios y poseedores;

VII. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales o nuevas, que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales del territorio estatal, así como el disfrute de los mismos para el bienestar de las generaciones actuales y futuras;

VIII. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante la preservación de zonas forestales donde se originen torrentes, el ciclo hidrológico de las cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área;

IX. Restaurar los ecosistemas que se encuentran degradados; y

X. Asegurar la sustentabilidad integral a las actividades turísticas que se lleven a cabo.”14

No obstante, a pesar de que existe un marco normativo que protege estas áreas, existen múltiples amenazas que las han deteriorado. Un caso documentado es lo que ocurre en el ANP del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, donde se han registrado desmontes, destrucción de áreas verdes, e inclusive, la venta de predios en los alrededores, aún cuando la urbanización en estas zonas se encuentra prohibida.

Declarada como ANP en 1939 con el carácter de Parque Nacional desde el 17 de noviembre de 2000 y perteneciente a la Red Mundial de Reservas de Biosfera, cuenta con una extensión de 177 mil 396 hectáreas donde alberga una importante cantidad de especies representativas y emblemáticas de flora y fauna, entre las que se encuentran bosques de pinos, encinos y espinosos; cactáceas endémicas que captan 25 por ciento de los 11 metros cúbicos de agua que por segundo demanda la población de Monterrey; 70 especies de mamíferos como osos negros, ocelotes y jaguares; y 20 cañones húmedos y secos.15

Como parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en el municipio de Santa Catarina se encuentra el Parque Ecológico “La Huasteca”, identificado como punto de reunión para actividades de recreación y turismo que la misma entidad promueve, además de ser generador de diversos servicios ecosistémicos como la captación de agua y carbono, mitigación de fenómenos hidrometeorológicos, polinización, entre otros, que en conjunto le han valido la clasificación de región terrestre prioritaria por la Comisión Nacional para el Estudio y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio).

Desde su constitución como ANP, el decreto estableció expresamente lo siguiente:

Artículo Séptimo. En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey no se podrá autorizar la fundación de nuevos centros de población, ni la urbanización de las tierras ejidales, comunales o particulares, incluidas las zonas de preservación ecológica de los centros de población. En todo caso, los planes de desarrollo municipal que se elaboren y acuerden deberán ser congruentes con el programa de manejo y la zonificación del parque nacional”.16

Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido un criterio por el que interpreta que las disposiciones que permean el decreto de dicha ANP, restringe los derechos que se tienen sobre los inmuebles localizados en ésta área, tal y como se muestra a continuación:

Decreto presidencial por el que se declara área natural protegida con el carácter de parque nacional, la región conocida como Cumbres de Monterrey, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2000. Es una norma de naturaleza autoaplicativa.

En el citado decreto se imponen limitaciones, cambios, modificaciones y/o restricciones a los inmuebles localizados en el área que comprende el mencionado parque nacional, esto es, las disposiciones que lo componen restringen los derechos que los gobernados tienen sobre aquéllos y, por tanto, desde su entrada en vigor vincula a los propietarios, poseedores, residentes o titulares de los derechos sobre tierras, aguas y bosques ubicados en la aludida región, situada en los Municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, estado de Nuevo León, quienes, por tanto, ya no podrán disponer libremente de sus bienes. De ahí que el comentado decreto sea una norma de naturaleza autoaplicativa o de aplicación incondicionada.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Amparo en revisión 131/2007. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y otro. 29 de noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo R. Ríos Vázquez. Secretaria: Ana María Chibli Macías.”

Lamentablemente, la pasividad y omisión de las autoridades ha sido evidente, puesto que después de 8 años y más de 150 denuncias, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recién clausuró la zona conocida como Lomas de Mortero en la zona conocida como “La Huasteca”.

A ello se suma el que las autoridades competentes no hayan publicado el Programa de Manejo correspondiente al área natural protegida (ANP) del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, a pesar de que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente señala en su artículo 65 que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuenta con el plazo de un año, a partir de la publicación de la declaratoria respectiva, para su formulación.

Se ha expuesto también que el municipio de Santa Catarina no ha expedido permisos para el uso de suelo correspondiente.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Sustentable ha revelado que únicamente ha habido un desmonte de 11.3 hectáreas, frente a lo que diversas organizaciones no gubernamentales como Reforestación Extrema han reportado daños a más de 140 hectáreas, advirtiendo la amenaza a más de 2 mil 500 hectáreas en la zona de “La Huasteca”, inclusive cuando desde 2018 la Profepa mantiene un operativo de vigilancia.

En este orden de ideas y con el objetivo de atender la problemática relativa a la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o excederse de los límites permitidos por los ordenamientos aplicables para la preservación de los ecosistemas, es menester que al ser espacio de concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, las autoridades competentes coadyuven en hacer cumplir la legislación aplicable respecto a las reglas de manejo y división territorial del área para su protección.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente faculta a la federación para el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las ANP de competencia federal,17 así como a los estados para lo relativo a las ANP previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales.18

Para dicho propósito, la federación, por conducto de la Semarnat, puede suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos de las entidades federativas, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman entre otras, las siguientes facultades:

I. La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la federación, conforme a lo establecido en el programa de manejo respectivo y demás disposiciones del presente ordenamiento;

II. ...

III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, con excepción de las obras o actividades siguientes:

a) a e)...

f) Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas.

g) y h)...

i) Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la federación y actividades que por su naturaleza puedan causar desequilibrios ecológicos graves; así como actividades que pongan en riesgo el ecosistema.

IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos forestales;

V. ...

VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

VII. y VIII. ...

IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de ella deriven.

...

...19

Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano refiere en su artículo 50 que “la fundación de centros de población deberá realizarse en tierras susceptibles para el aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y respetando primordialmente las áreas naturales protegidas, el patrón de asentamiento humano rural y las comunidades indígenas”.

A nivel local, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el estado de nuevo león señala que para efectos de la ley, se entenderá como “área no urbanizable” a las áreas naturales protegidas; distritos de riego, zonas de recarga de mantos acuíferos, tierras de alto rendimiento agrícola, pecuario o forestal, derechos de vía; zonas arqueológicas y demás bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, los terrenos inundables y las que tengan alto riesgo que no sea mitigable, y se encuentran señalados como tales en los Atlas de Riesgo, así como los demás que como tales defina el plan o programa de desarrollo urbano respectivo que no deban ser urbanizados.

Dicha disposición deberá ser prevista respecto de la solicitud de autorizaciones de fraccionamientos y urbanización del suelo, máxime cuando el artículo 200, párrafo tercero, del mismo ordenamiento, establece que para la fundación de un Centro de Población debe haber un primordial respeto a las áreas naturales protegidas.

A nivel municipal, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 23 de diciembre de 1999 al artículo 115 constitucional, trajo consigo una serie de cambios significativos para el municipio con el establecimiento de nuevas facultades y atribuciones, de las que destacan aquellas otorgadas en la fracción V, incisos d), f), y g):

Artículo 115. ...

I. a IV. ...

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:

a) a c)...

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e)...

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) e i)...

...

VI. a X. ...

Por lo que corresponde a la Delegación de Programas para el Desarrollo en la entidad, el artículo 17 Ter, primer párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que “tendrá a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población...”

Llegados a este punto, no pasa desapercibida la “Marcha por un medio ambiente sano” del pasado 19 de enero a la que asistieron más de mil personas entre ciudadanos, activistas, deportistas, familias enteras, y políticos, que alzaron la voz para exigir protección total a las Áreas Naturales Protegidas, en especial, a la zona de “La Huasteca” ante la escasa vigilancia de sus alrededores, la negligencia de las dependencias encargadas y la carente voluntad política para atender los conflictos presentados.

Es por esto que resulta urgente vincular los trabajos de las autoridades con las facultades y atribuciones que la Ley les otorga, a fin de que se establezca un convenio de coordinación del que deriven las acciones que cada orden de gobierno deberá implantar para la regulación, administración, vigilancia y protección de “La Huasteca”, que es para los neoleoneses un pulmón que provee de aire limpio a la zona metropolitana de Monterrey, así como una fuente importante de recarga hídrica para el área.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones, convoque a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la celebración de una reunión con los titulares del Poder Ejecutivo de Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, y Delegación de Programas para el Desarrollo en la entidad, a efecto de generar un plan de trabajo conjunto para atender la devastación del área natural protegida conocida como “La Huasteca”

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones, convoque a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la celebración de una reunión con los titulares del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, y Delegación de Programas para el Desarrollo en la entidad, a efecto de generar un plan de trabajo conjunto para atender la devastación del Área Natural Protegida conocida como “La Huasteca”.

Notas

1 Las temperaturas globales promedio durante el PETM alcanzaron un máximo de aproximadamente 23 grados Celsius, aproximadamente 7 grados Celsius más alto que el promedio actual. ¿Por qué el planeta podría sufrir un calentamiento global extremo en 140 años? Foro Ambiental. 2019. Disponible para su consulta en: https://www.foroambiental.net/por-que-el-planeta-podria-sufrir-un-calen tamiento-global-extremo-en-140-anos/

2 Nota periodística. “NASA alerta sobre calentamiento global; así se vería desde el espacio”, UNO TV. 2020. Disponible para su consulta en: https://www.unotv.com/noticias/portal/tecnologia/detalle/nasa-alerta-so bre-calentamiento-global-asi-se-veria-desde-el-espacio-215923/

3 Cambio climático: el año 2019, el segundo más cálido registrado tras 2016, Noticias ONU. 2020. Disponible para su consulta en: https://news.un.org/es/story/2020/01/1468012

4 Ídem.

5 Nota periodística. Cambio climático: los gráficos animados que muestran los 15 países que más CO2 emitieron en los últimos 20 años. 2019. Disponible para su consulta en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-5081138 9

6 Nota periodística. Señala Vertebra mala calidad de combustibles en NL. Milenio. 2019. Disponible para su consulta en: https://www.milenio.com/politica/senala-vertebra-mala-calidad-combustib les-nl

7 La contaminación del aire se mide con base en las concentraciones de pequeñas partículas menores a 10 micrómetros (PM10) y de partículas finas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) que contienen sulfato, nitratos y carbono negro, que suponen el principal riesgo medioambiental para la salud. Las llamadas partículas PM2.5, contaminantes 100 veces más delgadas que un cabello humano, son producto de la concentración de asentamientos humanos y la alta densidad demográfica, con un impacto directo asociado a enfermedades de tipo respiratorio y cardiovascular. ¿Qué son las PM2,5 y cómo afectan a nuestra salud?, Organización ecologistas en acción, publicación N° 58.

8 Nota periodística. Monterrey, la ciudad más contaminada. El Financiero. 2018. Disponible para su consulta en: https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/la-ciudad-mas-contaminada

9 Nota periodística. Es Monterrey la ciudad más contaminada de México. El Porvenir. 2019. Disponible para su consulta en: http://elporvenir.mx/?content=noticia&id=150975

10 Alerta por mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey. 2019. Disponible para su consulta en:

http://www.nl.gob.mx/noticias/alerta-por-mala-calidad-de l-aire-en-la-zona-metropolitana-de-monterrey

11 México Megadiverso. 2018. Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/conanp/articulos/mexico-megadiverso-173682

12 Artículo 3o., fracción II, de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente.

13 Superficie protegida, garantía del patrimonio natural. Observatorio de la Sustentabilidad de Nuevo León, UANL. Disponible para su consulta en:

http://observatorio.iinso.uanl.mx/index.php/diagnostico/ diagnostico-01/diagnostico-0104

14 Artículo 70 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.

15 Nota periodística. Parque Nacional Cumbres de Monterrey: maravilla natural con cañones, cuevas y osos. El Universal. 2019. Disponible para su consulta en:

https://www.eluniversal.com.mx/destinos/
parque-nacional-cumbres-de-monterrey-maravilla-natural-con-canones-cuevas-y-osos

16 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología. Áreas naturales protegidas de México con decretos federales. 2000. Página 205.

17 Artículo 5o., fracción VIII de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente.

18 Artículo 7o., fracción V de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente.

19 Artículo 11, fracción I y fracción III, inciso i) de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a acelerar las indagatorias sobre el asesinato de la activista Isabel Cabanillas de la Torre, a cargo de las diputadas María de los Ángeles Huerta del Río y Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas María de los Ángeles Huerta del Río y Tatiana Clouthier Carrillo, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 18 de enero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue encontrado el cuerpo con varios impactos de bala, de Isabel Cabanillas de la Torre, joven activista, integrante del colectivo Hijas de Nuestra Maquilera Madre, grupo reconocido por luchar en contra de los feminicidios y en favor del respeto a los derechos de las mujeres.

La joven, que había sido reportada desaparecida desde el día 17 de enero, también formaba parte de la Red Mesa de Mujeres. Isabel Cabanillas tenía 26 años y se desempeñaba como diseñadora de ropa y pintora. Era madre de un niño de 4 años edad. Desde diversos foros se había manifestado en contra de la inseguridad que las mujeres sufren cada día.1

La Fiscalía Especializada de la Mujer del estado dio a conocer que se siguen una serie de investigaciones para esclarecer el crimen. También informó que, como parte de la indagatoria, realiza un análisis dentro su entorno familiar y social para determinar las circunstancias que generaron este hecho.

Al menos 150 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2019 en la entidad, lo que la coloca como uno de los estados con mayor incidencia en este tipo de delito.2

Datos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en los últimos tres años se incrementó el número de mujeres asesinadas: en 2016 había 57; en 2017 subió a 96; en 2018 se contabilizaron 1’5. En 2019 subió hasta 276. 3

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Ciudad Juárez, Chihuahua, y Culiacán, Sinaloa, son los municipios con más feminicidios en México en términos absolutos: 28 delitos registrados cada uno, seguidos por Monterrey, Nuevo León; Acapulco, Guerrero, y Ecatepec, Estado de México.4

El Inegi reportó que, en 2019, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y esta? más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%).5

Es así que el Grupo Parlamentario de Morena se pronuncia enérgicamente en contra del asesinato de Isabel Cabanillas de la Torre y del de todas las mujeres que han sido víctimas a causa de un gobierno que ha fallado en garantizarles seguridad y ha dado muestras de desinterés por tan lamentables hechos.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición urgente y de obvia resolución con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero : La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al C. Javier Corral jurado, Gobernador del estado de Chihuahua a que acelere las indagatorias que den con los responsables del asesinato de Isabel Cabanillas de la Torre, acontecido en días recientes en ese estado.

Segundo : La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al C. Javier Corral jurado, Gobernador del estado de Chihuahua A remitir a esta soberanía un informe detallado sobre las estrategias realizadas por el gobierno del estado para disminuir los casos de feminicidios en la entidad.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/estados/
chihuahua-hallan-muerta-isabel-cabanillas-activista-desaparecida-en-ciudad-juarez

2 https://www.sdpnoticias.com/estados/feminicidios-ciudad-juarez-chihuahu a-cifra-2019.html

3 https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/estados/024n2est

4 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-870 05

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violen cia2019_Nal.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputadas: Tatiana Clouthier Carrillo, María de los Ángeles Huerta del Río (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a reestructurar sus programas presupuestarios destinados a otorgar apoyos para el crecimiento, el fortalecimiento y la vinculación de la ciencia, la tecnología y la innovación, y alinearlos así a los ODS de la Agenda 2030, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas y legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a restructurar sus programas presupuestales destinados al otorgamiento de apoyos para el crecimiento, fortalecimiento y vinculación del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación para que los alineé a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

“La libertad de investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico son indispensables para procurar el bien común de la sociedad y par a fortalecer la nación. Por ende, el desarrollo del conocimiento, la innovación y el progreso tecnológico deben ser certeramente responsables cuando el sujeto de investigación es el hombre mismo”.1

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, Unesco, menciona que “la ciencia, tecnología e innovación (CTI) son elementos centrales para el desarrollo de sociedades del conocimiento sostenibles. Las capacidades nacionales de CTI son, por lo tanto, un importante motor de crecimiento económico y desarrollo social. Las políticas de CTI, regionales, nacionales, y sub-nacionales, direccionan y promueven la inversión y la formación de recursos humanos, creando y fortaleciendo las capacidades necesarias para que la CTI esté al servicio del desarrollo sostenible”.2

Por lo anterior, México ha establecido una política exitosa en la ciencia y tecnología, cuya estrategia es la planeación y conducción institucional de la misma y esta ha podido proveer un marco predecible para que los investigadores puedan hacer a mediano y largo plazo inversiones en esfuerzo, recursos humanos, estudiantes asociados, participación y cooperación internacionales, y adquisiciones de equipo e infraestructura considerables.

De tal suerte, que el honorable Congreso de la Unión, el 29 de diciembre de 1970, estableció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como un organismo público descentralizado del Estado que tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país.

En este contexto, el Conacyt crea los programas presupuestales destinados al otorgamiento de apoyos para el crecimiento, fortalecimiento y vinculación del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación, estos se clasifican en:

-Fondos Sectoriales

Promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas en beneficio de los sectores.

Canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo integral de los sectores mediante acciones científicas y tecnológicas.

-Fondos Mixtos

-Fondos Institucionales

-Apoyos Institucionales

-Información financiera de Fondos Conacyt

-Programa de Estímulo a la Innovación

-Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología

La creación de dichos fondos permite al Consejo interactuar tanto con las secretarías de Estado, los gobiernos estatales y las entidades federativas, como con las instituciones del ámbito académico y científico, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas que integran el sistema científico-tecnológico de México”.3

Mediante los distintos fondos del Conacyt, establece esfuerzos para impulsar el conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos, así como en el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica.

Por lo anterior, el objetivo de los fondos “será el otorgamiento de apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; becas y formación de recursos humanos especializados; realización de proyectos específicos de investigación científica y modernización, innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia y la tecnología; creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación, así como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados”.4

Estos proyectos son dirigidos y aprovechados por:

-universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares,

-centros, laboratorios, empresas públicas y privadas, y;

-Personas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.

En este orden de ideas, los programas que establece el Conacyt están sujetos a los objetivos de las líneas de acción estratégicas, definidas tanto por la Ley de Ciencia y Tecnología, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Nacional de Desarrollo.

Es por lo anterior, que el espíritu de este punto de acuerdo es que el Conacyt alineé sus programas de apoyo anteriormente mencionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para que el voluntariado establezca las líneas de acción para alcanzar estos objetivos, y que el Conacyt asesore al Ejecutivo federal para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país y estar a la vanguardia y exigencias de los 193 estados miembros incluyendo México el cual se comprometieron al firmar esta agenda 2030 cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible en el mundo.

Es imperante incluir a la universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, centros de investigadores, tecnólogos, laboratorios, empresas públicas y privadas y personas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas para comprometerlos en tareas que lleven a eliminar la pobreza, proteger el medio ambiente, promover y garantizar la educación, así como alcanzar la paz.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a restructurar sus programas presupuestales destinados al otorgamiento de apoyos para el crecimiento, fortalecimiento y vinculación del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación para que los alineé a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Notas

1https://www.pan.org.mx/docs/documentos/toqfeHtQI8xfmvAA iJNc5U6xqTHiSO.pdf, ciencia e innovación tecnológica, pág. 12.

2 http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/ci encia-tecnologia-e-innovacion/, oficina de la Unesco en Montevideo, Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe.

3 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos

4 Obra citada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, 22 de enero de 2020.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las acciones de protección civil y atender de manera efectiva, pronta e integral los factores de riesgo en instalaciones eléctricas e hidráulicas de los mercados públicos y centros de abasto locales, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ciudad de México cuenta con un importante potencial económico debido, entre otros aspectos, a que posee múltiples centros de distribución y mercados públicos, donde se comercializan alimentos frescos, de calidad y a precios asequibles, sobre todo frutas, verduras, carnes, pescados y productos lácteos. Representan una significativa fuente de ingreso familiar y un detonador de la economía local.

En las alcaldías de la capital del país hay distribuidos por lo menos 329 mercados públicos, entre los que se encuentran el de La Merced, Sonora, Jamaica, San Juan, Dos de Abril, La Paz, La Lagunilla y Martínez de la Torre, así como la central de abasto y el mercado Abelardo L. Rodríguez.

Pese a su relevancia para la economía, la alimentación y subsistencia de las familias, se ha documentado diversas irregularidades, entre ellas, tanques de gas en mal estado, tuberías deterioradas, problemas de drenaje y nulo manteniendo en instalaciones eléctricas, además, de obstrucción en vías para una rápida evacuación, en una palabra, falta de las medidas en materia de protección civil, ante posibles eventos de incendios y sismos.

Debido a esas anomalías, durante la presente administración se han incrementado el número de incendios en mercados públicos, para contar con un panorama general de la situación, basta mencionar los siguientes acontecimientos:

• 19 de enero de 2020. Se registró un incendio en el mercado de flores en la colonia San Pedro, alcaldía Xochimilco, el cual consumió más de 12 locales, afortunadamente no se han reportado heridos o el fallecimiento de alguna persona.1

• 15 de enero de 2020. Se reportó el incendió de 15 locales en un mercado de la colonia Morelos, situado en la avenida Eduardo Molina, de la alcandía Venustiano Carranza. Según los primeros reportes, el siniestro inició en un local de venta de veladoras y productos esotéricos y se propagó a los demás establecimientos, produciendo sólo pérdidas económicas.2

• 24 de diciembre de 2019. Un incendio en el mercado de La Merced dejó al menos dos personas fallecidas y una decena de heridos; asimismo, importantes daños económicos en 600 o 800 locatarios.3

Las primeras indagaciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México apuntan a que la contingencia dio inicio en la zona de las flores, puerta 14 de la nave mayor; sin embargo, debido a los materiales inflamables rápidamente se propagó a los demás establecimientos.

• 23 de diciembre de 2019. Un incendio más acabó con tres locales en el mercado Abelardo Rodríguez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. No dejó personas fallecidas o heridas de consideración; incluso, los murales no tuvieron daños, de acuerdo con evaluaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.4

• 22 de diciembre de 2019. En la madrugada se registró un fuerte incendio en el mercado de San Cosme que afectó al menos 188 de los 252 locales, por lo que se hizo necesario evacuar a vecinos de las colonias circunvecinas. Entre los daños destaca el colapso de una parte del domo, la caída de una de las rejas de entrada y daños a la infraestructura urbana por la entrada de Ribera de San Cosme, lo cual dificultó las maniobras del personal de protección civil y bomberos que acudieron.5

Este panorama evidencia la falta de capacidad institucional e interés por mantener seguros los espacios públicos, al no destinar mayores recursos económicos, humanos y de infraestructura con el objetivo de promover espacios seguros para la comercialización y adquisición de productos de primera necesidad para la sana alimentación de la población.

Desde 2017, diversos medios de comunicación documentaron que diversos mercados no contaban con programas internos de protección civil y que sus protocolos de actuación ante una contingencia estaban desactualizados, sin que hasta el momento se asuman medidas integrales para garantizar la seguridad en estos establecimientos.6

Los incendios en los últimos meses, han generado no sólo pérdidas importantes para los locatarios, sino que además, han vulnerado la seguridad e integridad de quienes hacen de estos lugares su principal fuente para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad.

Para los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, constituye una prioridad que se garanticen las condiciones de seguridad y que se atiendan con prontitud y efectividad riesgos que podrían derivar en la pérdida de personas y bienes patrimoniales.

Ante los señalamientos de que los incendios en los mercados públicos, podrían ser causados por organizaciones del crimen organizado para extorsionar a los locatarios, se hace necesario que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México lleve a cabo una investigación exhaustiva para dar con los responsables, y sancionar estos hechos contrarios a nuestro marco jurídico e institucional.

Consideramos necesario solventar de manera integral los problemas en instalaciones eléctricas e hidráulicas, implementar un programa permanente de mantenimiento y emprender estrategias de apoyo a los locatarios para la reconstrucción de locales y la adquisición de productos para su comercialización.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación con las autoridades de las alcaldías, fortalezca las acciones de protección civil y atienda de manera efectiva, pronta e integral los factores de riesgo en instalaciones eléctricas e hidráulicas en los mercados públicos y centros de abasto de la capital del país, debido a que ponen en peligro la seguridad e integridad de consumidores, visitantes y locatarios.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Obras y Servicios, agilice diversas medidas de apoyo, acondicionamiento, rehabilitación de la infraestructura urbana y de financiamiento a fin de reconstruir o remodelar los locales afectados por incendios en los últimos meses en diversos mercados de la Ciudad de México.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Protección Civil, desarrolle un programa de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas e hidráulicas que representen un riesgo a la seguridad de consumidores y locatarios de mercados y centros de abasto en las alcaldías de la Ciudad de México; asimismo, contribuya a la determinación o actualización de los programas internos de protección civil y protocolos para una rápida evacuación y salvaguarda de la población y sus bienes.

Notas

1 El Universal (2020). “Incendio consume 12 locales en mercado de las flores de Xochimilco”, 20 de enero de 2020. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/incendio-consume-12-local es-en-mercado-de-las-flores-de-xochimilco

2 La Jornada (2020). “Reportan incendio en mercado de la colonia Morelos”, 20 de enero de 2020. Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/01/15/reportan-incendio -en-mercado-de-la-colonia-morelos-5971.html

3 Germán Espinosa (2020). “Incendio en La Merced deja 1 muerto, 8 heridos y 600 locales calcinados”, 20 de enero de 2020, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/incendio-en-la-merced-deja-un- muerto-8-heridos-y-600-locales-calcinados

4 Antonio Díaz (2020). “‘Murales del mercado Abelardo Rodríguez, sin daños’: INBA”, 20 de enero de 2020, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/murales-del-mercado-abelardo-rod riguez-sin-danos-inba

5 Kevin Ruiz (2020). “Se incendia más de 50 por ciento del mercado de San Cosme”, 20 de enero de 2020, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-incendia-mas-de-50-del-merc ado-san-cosme

6 Sandra Hernández (2017). “Mercados de Cdmx, vulnerables a siniestros”, 20 de enero de 2020, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/mercados-de-cdmx-vulnerab les-siniestros

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a establecer por la Sedema y el Invea un número telefónico y un chat en línea para asesorar a la ciudadanía sobre la prohibición de comercializar, distribuir y entregar bolsas de plástico al consumidor, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y del Instituto de Verificación Administrativa, se establezca un número telefónico y un chat en línea, para asesorar a la ciudadanía sobre la prohibición de la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos; que coadyuve a mantener informada a la ciudadanía que lo requiera y se puedan realizar quejas por posibles abusos de autoridad. Asimismo, para que la ciudadanía pueda corroborar a través de estos medios la validez de la acreditación, la foto, nombre y ruta del funcionario que está realizando la inspección como una medida de seguridad, ante la posibilidad de que delincuentes se intenten hacer pasar por verificadores, bajo las siguientes

Consideraciones

Este año entraron en vigor en la Ciudad de México diversas reformas a la Ley de Residuos Sólidos en materia de prohibición de la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos.

De conformidad a lo estipulado, quien no cumpla con lo dispuesto en la fracción XI Bis de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal se puede hacer acreedor de sanciones que van de los 42 mil a los 170 mil pesos:

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: (...)

XI Bis. La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son compostables. Se excluyen las bolsas de plástico necesarias por razones de higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan alternativas compostables ( ... )1

En el inciso h) del artículo 102, del Reglamento de la citada ley se establecen las sanciones, previo el procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

I. A la Secretaría le compete:

“h) Sancionar con multa de 500 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización vigentes en la Ciudad de México a quien viole lo dispuesto en el artículo 25 fracción XI Bis de la Ley; “2

La doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México, anunció que se realizarán operativos para sancionar el incumplimiento a esta normatividad a partir de la tercera semana de enero de 2020.3

Cabe destacar que los encargados o propietarios de establecimientos mercantiles de la Ciudad de México no han estado exentos de delitos de extorsiones cometidos por falsos verificadores en distintos rubros, lo cual puede ser constatado en diversos medios de comunicación.4

Resulta indispensable que las autoridades de la Ciudad de México tomen en cuenta lo ocurrido en otras entidades de la República con experiencias similares en la regulación en el uso de bolsas de plástico u otros aspectos normativos, en donde también se ha dado el caso de la presencia de delincuentes que se hacen pasar por verificadores y extorsionan a la ciudadanía. Como ha sido el caso de Tlalnepantla, en el estado de México y los estados de Hidalgo, Guanajuato y San Luis Potosí.

Esto se viene a agravar y pone en riesgo buena parte de la actividad económica de la capital del país, pues de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a noviembre del 2019 en la Ciudad de México se denunciaron más de 800 casos de extorsiones.5

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebramos la realización de este tipo de implementación de políticas públicas que tienen por prioridad fomentar la cultura de la reducción y reúso de las bolsas de plástico. No obstante, se debe llevar a cabo de manera paralela con mecanismos que protejan a la ciudadanía ante posibles actos de corrupción y delictivos, para que no se desactive la actividad económica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y del Instituto de Verificación Administrativa, se establezca un número telefónico y un chat en línea, para asesorar a la ciudadanía sobre la prohibición de la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos; que coadyuve a mantener informada a la ciudadanía que lo requiera y se puedan realizar quejas por posibles abusos de autoridad. Asimismo, para que la ciudadanía pueda corroborar a través de estos medios la validez de la acreditación, la foto, nombre y ruta del funcionario que está realizando la inspección como una medida de seguridad, ante la posibilidad de que delincuentes se intenten hacer pasar por verificadores.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y del Instituto de Verificación Administrativa, se informe a la ciudadanía que los funcionarios públicos que realizarán las visitas de inspección sobre la prohibición de la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, estarán debidamente acreditados por parte de las instancias correspondientes, con vestimenta e identificaciones a la vista.

Notas

1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México 25/06/2019, decreto por el que se adicionan las fracciones IV Bis, VIII Bis, XXIII Bis, XXVI Bis XXVI Ter, XXVI Quáter al artículo 3 y una fracción XI Bis al artículo 6; asimismo, se reforman las fracciones VI del artículo 3, XI del artículo 6 y XI Bis del artículo 25, todas en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.

2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México 02/0172020, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.

3 Televisa News, “Capital sin bolsas; realizarán operativos de verificación en comercios”, Disponible en http://bit.ly/2trNrXe, consultado el 20 de enero de 2020.

4 MVS Noticias, “Alerta INVEA-DF de extorsiones por falsos verificadores”. Disponible en http://bit.ly/37nPnPf, consultado el 20 de enero de 2020.

El Universal, “Coyoacán denuncia operación de falsos verificadores”, Disponible en: http://bit.ly/2003TVJ, consultado el 20 de enero de 2020.

ADN40, “Detiene a falsos verificadores del Invea”. Disponible en http://bit.ly/2Rf2RgS, consultado el 20 de enero de 2020.

Televisa. News, “Detienen a dos falsos verificadores del Invea en GAM”, Disponible en http://bit.ly/2RfRH5f, consultado el 20 de enero de 2020.

5 Televisa. News, “Extorsiones a negocios en la CDMX, grave problema Ernestina Godoy”, Disponible en: http//bit.ly/2TSC7yb, consultado el 20 de enero de 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2020.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)