Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a informar a esta soberanía respecto a los factores que incidieron en el incremento de infecciones nosocomiales en 2019 y de casos de influenza estacional, así como el efecto que ha tenido en ello la cancelación del programa Prospera, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y sus homólogas locales a implantar acciones de política pública preventivas que mejoren las condiciones de seguridad en el interior y el entorno de los planteles públicos y privados de educación básica, suscrita por la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incluir en la canasta básica la tortilla de maíz, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad por las lamentables pérdidas humanas, ecológicas y económicas tras los incendios forestales registrados en Australia, suscrita por la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de México a posponer hasta enero de 2021 el incremento de las tarifas del transporte público y establecer un diálogo con los sectores de la sociedad para formular y acordar acciones integrales orientadas a mejorar la calidad, la seguridad y la accesibilidad del servicio, suscrita por la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a celebrar una reunión de trabajo con el gobierno de Guanajuato y el ayuntamiento de Salamanca para restablecer el Plan Salamanca, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a trasparentar y garantizar el acceso a la información de las negociaciones y los acuerdos realizados por el país en foros y reuniones internacionales, suscrita por el diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de México a incluir mediante la Ssa en la estrategia nacional Juntos por la Paz un programa de acción para atender la salud mental, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a informar y transparentar los motivos, los montos y el destino de los recursos económicos solicitados por concepto de préstamos, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a aplicar las reglas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y liberar fondos a los estados debido a la disminución respecto al programa de recaudación federal participable, suscrita por los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a hacer público por la Dirección General de Aeronáutica Civil y las dependencias responsables de las bitácoras de mantenimiento un informe pormenorizado de los registros actualizados del mantenimiento de la flota de las aerolíneas mexicanas que operan en el país, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a armonizar los contenidos del acuerdo 286 con el artículo 145 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a informar a esta soberanía de sus conclusiones sobre la consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano realizadas en diversos estados del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019 respecto al Tren Maya, suscrita por los diputados Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a restringir por la Conafor y la Secretaría de Bienestar la aplicación del programa Sembrando Vida en zonas forestales siniestradas por incendios y tala clandestina, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a diseñar por la Ssa una estrategia integral para prevenir y contrarrestar el incremento del sobrepeso y la obesidad que padecen millones de mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a establecer objetivos e indicadores claros respecto a los ejes transversales mencionados en el PEF de 2020, los cuales deberán ser detallados mediante informes trimestrales y enviados a la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a fortalecer por la Segob y la SSPC las acciones dirigidas a identificar, prevenir y sancionar el delito de extorsión e incorporar el uso de las nuevas tecnologías, herramientas y plataformas digitales para promover la cultura de la denuncia, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a cumplir el Plan de Acción en Salud Mental 2013-2020, de la OMS, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Banco del Bienestar y la SHCP a actualizar periódicamente la información financiera de éste, transparentar todo lo relativo a la construcción de las sucursales bancarias e informar a esta soberanía sobre la estrategia o las acciones complementarias por realizar en materia de inclusión financiera y digitalización, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a realizar de manera permanente en las escuelas el programa Mochila Segura para salvaguardar a niños y adolescentes, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la SSPC a implantar con los gobiernos locales programas y protocolos para prevenir y eliminar la violencia escolar, y garantizar así a alumnos y personal docente y administrativo un entorno seguro, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implantar por la Semarnat y la Profepa operativos de vigilancia de la normativa ambiental en el desmonte y las obras civiles de construcción en curso en el parque nacional Cumbres de Monterrey, NL, suscrita por los diputados José Martín López Cisneros y Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, sus unidades administrativas y sus órganos desconcentrados a implantar campañas preventivas de adicciones, renovar los controles sobre consumo de sustancias ilícitas y aplicar periódicos exámenes antidopaje entre servidores públicos, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE, la Secretaría de Cultura y el INAH a buscar el establecimiento de un “tratado de cooperación EUM-UE” para la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados, ante la celebración de subastas de bienes culturales en otros países, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Conadic a reforzar los programas y las campañas informativas para prevenir adicciones, debido al incremento del consumo de sustancias ilícitas y la peligrosidad de nuevas drogas como el fentanilo, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura, la Sectur y el INAH a crear un catálogo digital general de bienes culturales en posesión de museos públicos, secretarías u organismos gubernamentales de la federación, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar una transición gradual a hardware y software nacionales en las oficinas públicas federales, ante los riesgos para la seguridad nacional por el uso de innovaciones de origen extranjero y la necesidad de generar tecnología propia destinada a áreas críticas en el desarrollo del país, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades sobre la adopción generalizada de teléfonos de alta seguridad, propios, adquiridos o modificados, entre altos funcionarios de las secretarías federales, dados los riesgos de ciberataques, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a dar a conocer de manera puntual los alcances, riesgos y beneficios de la participación del país en los Fondos Rotatorio y Estratégico OPS/OMS, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo de Salubridad General a incluir en la cobertura del Fondo de Salud para el Bienestar el mieloma múltiple, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a liberar de puestos ambulantes las calles del centro histórico y reubicar a los comerciantes, suscrita por la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

Excitativas

• A la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, para que emita el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud, suscrita por el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a informar a esta soberanía respecto a los factores que incidieron en el incremento de infecciones nosocomiales en 2019 y de casos de influenza estacional, así como el efecto que ha tenido en ello la cancelación del programa Prospera, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Dulce María Sauri Riancho, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, las infecciones adquiridas en los hospitales en todo el país, aumentaron en 39% respecto del año 2018 , al pasar de 16 mil 603 infecciones a 23 mil 105, al cierre de 2019.1

Hasta la semana 51 del año pasado, los Estados con más casos de infecciones asociadas a la atención sanitaria eran la Ciudad de México, con 6 mil 298; Oaxaca, con mil 639; Yucatán, con mil 501; Puebla, con mil 439, y Nuevo León, con mil 296.2

Por lo que se refiere a casos de influenza, durante la temporada estacional 2019, se estimaron 33,849 casos de influenza a nivel nacional acumulados al corte de la semana 50, acorde al Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). La letalidad acumulada con casos estimados fue de 0.014 al corte de la semana 50 acorde al SUIVE. Hasta la semana 52 se identificaron 14,645 casos probables en las Unidades Médicas, confirmándose por laboratorio al menos 995 casos.3

Los grupos de edad más afectados son los menores de 1 a 14 años y mayores de 55 años. En el corte de la semana 52, se registraron 40 defunciones por influenza con predominio del subtipo viral A(H1N1) en el 45%; A(H3N2) en el 42%, influenza A en el 10%, e influenza B en el 3%; asociadas a una ausencia de vacunación (98%) y a la presencia de comorbilidades (32.5% hipertensión arterial, 25% diabetes mellitus, 25% Obesidad, 25% insuficiencia renal crónica, 20% inmunosupresión, 17.5% EPOC entre otras). El 35% tuvo un retraso en el inicio de Oseltamivir y 25% en la demanda de atención médica. 4

Los estados con la mayor tasa de incidencia en casos confirmados fueron: Yucatán, Quintana Roo, Colima, Tlaxcala y Nayarit. Así como los que presentan las mayores tasas de mortalidad en defunciones confirmadas: Yucatán, Colima, Quintana Roo, Hidalgo y Tlaxcala.

En ambos casos existe una constante que se refiere o la falta de atención médica o a la falta de insumos como los retrovirales y las vacunas .

Durante todo el año de 2019 y ahora el inicio de 2020, se han incrementado las denuncias, casos y quejas por la falta de medicamentos, de infraestructura, de personal y de recursos que afecta la atención médica, y aun de servicios de limpieza y de higiene para la atención hospitalaria, lo cual ya es mucho decir. Pero todo ello impacta en la salud de los mexicanos, y en la calidad de la atención médica.

Infecciones intrahospitalarias

Las infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales, son en un sentido amplio, las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Se trata de enfermedades endemo-epidémicas de los establecimientos hospitalarios, controlables, pero difícilmente erradicables, que están directamente relacionadas con la calidad de la atención médica de cada establecimiento de acuerdo con la Organización mundial de la Salud.5

Estas enfermedades incluyen a todas las infecciones adquiridas por un paciente durante la internación y que no estaban presentes o incubándose al momento del ingreso de la persona a una clínica u hospital, o bien en el caso de un recién nacido, cuando éstas son adquiridas durante su pasaje a través del canal del parto. En el caso de las heridas quirúrgicas, las infecciones pueden manifestarse, luego del alta del paciente, hasta 30 días o un año dependiendo de la colocación o no de prótesis.

Cada año, el tratamiento y la atención de miles de pacientes en todo el mundo se complica a causa de infecciones contraídas durante la asistencia médica. Como consecuencia, algunas personas se enferman más gravemente que si no se hubieran infectado. Algunas deben permanecer más tiempo en el hospital, otras quedan discapacitadas por un largo periodo y otras mueren. Además del costo en vidas humanas, esta situación genera una carga económica adicional importante para los sistemas de salud.

Pero la tasa de prevalencia de estas infecciones a nivel mundial no pasa del 20%, por ello es de llamar la atención que, en nuestro país, el incremento de una año a otro, haya sido de más del 39%

De acuerdo con el infectólogo Juan Luis Mosqueda, el incremento puede deberse al relajamiento de las medidas de prevención en las unidades médicas, a la carencia de insumos básicos, como jabón y geles antisépticos . El también investigador de la Universidad de Guanajuato explicó que el crecimiento, puede deberse a que han ocurrido más brotes infecciosos en diversos hospitales o a que en esta Administración se está llevando a cabo una búsqueda intencionada de estos casos para atenderlos.6

Desafortunadamente adquirir una infección hospitalaria aumenta la probabilidad de mortalidad en los pacientes internados; incrementa el tiempo de hospitalización y los costos de la atención y demás, las personas tienen que usar antibióticos para tratar este problema, lo que aumenta su consumo .

Es decir, que se terminan usando más antibióticos e incrementando la resistencia a las bacterias. Asimismo, son los bebés recién nacidos, particularmente los prematuros; los adultos mayores, los pacientes con largas estancias hospitalarias, y quienes padecen enfermedades crónicas, las personas con más riesgo de adquirir infecciones asociadas a la atención médica.

Padecer una infección de este tipo condiciona a que se prolongue su estancia hospitalaria, aumenta la posibilidad de una discapacidad a largo plazo, una mayor resistencia a los medicamentos contra las bacterias, aumenta los costos para el paciente, familia y sector salud y muertes innecesarias .

Ahora bien, aparte del impacto directo que cualquier infección intrahospitalaria tiene sobre el paciente, también hay que tener en cuenta aquellos costos que afectan al paciente por permanecer más días ingresados, su falta de productividad debida al retraso en la incorporación a la vida laboral, los gastos de desplazamiento de su familia y cuidadores, entre otros .7

También puede adquirir una infección intrahospitalaria el personal que trabaja en los establecimientos como consecuencia de un accidente durante el desarrollo de sus actividades, lo familiares de los pacientes y otros integrantes del sistema de salud .

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria presentan muchas de las características de un problema importante de seguridad del paciente. Se producen por numerosas causas relacionadas tanto con los sistemas y procesos de la prestación de la atención sanitaria como con comportamientos individuales.

Cancelación del componente de salud del programa Prospera

Los incrementos en cuanto al número de muertes e incidencia en infecciones, ya sea hospitalarias o de casos de influenza, no solamente son atribuibles a la falta de cuidado, higiene y escasez de medicamentos y recursos en la atención hospitalaria, también se pueden deber la falta de prevención.

Hasta el año 2018 cuando estuvo vigente el Programa Prospera, incluía apoyos monetarios directos a las familias beneficiarias, con el objetivo de mejorar la cantidad, calidad y diversidad de sus alimentos. Pero en el rubro de salud, incluía acciones de promoción para la prevención de enfermedades, y el impulso para el acceso a servicios médicos .

En el caso del apoyo alimentario del programa, se había establecido un esquema de corresponsabilidad, pues las familias que estaban en el esquema del programa federal, tenían condicionado el subsidio al cumplimiento de ciertas acciones relacionadas a la salud, como la asistencia a citas médicas programadas o a la capacitación para el auto cuidado.

El diseño integral de Prospera, proporcionaba de manera gratuita un Paquete básico garantizado de salud y una ampliación progresiva a las 27 intervenciones de salud pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), el cual constituía un beneficio, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona .

Ello se complementaba con la promoción de una mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de los niños y niñas desde la etapa de gestación, a través de la vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos alimenticios a niños y niñas de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, éstas últimas hasta por un año y del control de los casos de desnutrición; así como con el fomento y mejorara el auto cuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad, mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el apego a los tratamientos de pacientes crónicos.

Dentro de las 27 Intervenciones de Prevención y Promoción en Salud del Causes,8 destacan las siguientes:

– Vacunación contra tuberculosis . Intervención dirigida a población menor de cinco años de edad, preferentemente menor de 1 año, que proporcionaba inmunización activa contra las formas graves de tuberculosis (miliar y meníngea) de Mycobacterium tuberculosis. Se aplicaba una dosis al nacer.

– Vacunación contra hepatitis B (H.B.) Intervención dirigida para prevenir la infección por el virus de la hepatitis B, en todos los grupos de población.

– Vacuna pentavalente . Intervención dirigida a población menor de uno y cinco años de edad, indicada para proporcionar una inmunización activa contra difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis 1, 2, 3 y Haemophilus influenza tipo B. Se aplicaban cuatro dosis a los 2, 4, 6 meses para menores de un año y 18 meses de edad para menores de 5 años.

– Vacunación contra rotavirus . Intervención dirigida a población menor de un año de edad para proporcionar una inmunización activa contra gastroenteritis causada por rotavirus. Se aplicaban dos dosis, preferentemente a los dos y cuatro meses de edad.

– Vacunación contra neumococo conjugado . Intervención dirigida a población menor de dos años de edad para proporcionar una inmunización activa contra infecciones causadas por S. Pneumoniae serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, y 23F, causantes de enfermedad invasiva, incluyendo meningitis, neumonía bacterémica, empiema, bacteriemia y otitis media aguda. Se aplicaban tres dosis, preferentemente a los dos y cuatro meses con un refuerzo a los 12 meses de edad.

– Vacunación profiláctica contra influenza (gripe estacional). Intervención dirigida a todos los grupos poblacionales. En menores de un año, en el caso de primera dosis a los seis meses de edad y población menor de 5 años en el caso de la segunda dosis a los treinta y cinco meses de edad, así como la de alto riesgo de tres a nueve años de edad, entendiendo como tal la que presenta asma y otras enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, VIH, hemoglobinopatías (anemia de células africanas o falciformes), diabetes mellitus o alteraciones renales para proporcionar una inmunización activa temporal contra la influenza.

– Vacunación contra sarampión, parotiditis y rubéola (SRP). Intervención dirigida a población de uno a seis años de edad para proporcionar una inmunización activa contra sarampión, rubéola y parotiditis. Se aplicaban dos dosis, al cumplir el primer año de edad y al ingresar a la educación primaria o a los seis años de edad.

– Vacunación contra difteria, tos ferina y tétanos (DPT ). Intervención dirigida a población menor de cinco años de edad para proporcionar una inmunización activa contra difteria, tos ferina y tétanos. Se aplicaban dos dosis a los 2 y 4 años de edad, la dosis de los dos años de edad sólo se aplicaba a las niñas y niños que fueron vacunados con tres dosis de vacuna pentavalente de células completas (DPT+HB+Hib).

– Vacunación contra poliomielitis (SABIN). Intervención intensiva de salud pública dirigida a población menor de cinco años de edad que había recibido previamente esta vacuna o al menos dos dosis de vacuna inactivada contra la poliomielitis, para proporcionar inmunización activa contra virus de la poliomielitis tipos I, II, III, evitando con ello la reintroducción del poliovirus salvaje en el país. Se aplicaba durante las dos primeras Semanas Nacionales de Salud (febrero y mayo), en actividades de control de casos y brotes (bloqueo vacunal), independientemente de los antecedentes de vacunación.

– Vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) . Esta intervención de salud pública, dirigida a población femenina menor de doce años de edad ofrece inmunidad contra los serotipos del VPH 16 y 18 responsables hasta del 50% de los casos de CaCU, y los serotipos 6 y 11 que se encuentran con más frecuencia en las verrugas genitales. El Esquema aprobado por el Consejo Nacional de Vacunación: tres dosis; primera dosis de 0.5 ml, segunda dosis de 0.5 ml. a los 6 meses posteriores a la primera dosis, tercera dosis 0.5 ml a los 60 meses posteriores a la primera dosis. Su principal indicación es antes del inicio de vida sexual.

– Vacunación contra sarampión y rubéola (SR) . Intervención intensiva de salud pública dirigida a población escolar y no escolar de entre de once y doce años de edad que no comprueben haber recibido la 2a dosis de SRP, y a la población de adolescentes y adultos de 13 a 39 años de edad que no comprueben haber recibido dosis contra el sarampión y la rubeola (SRP o SR).

– Vacunación contra tétanos y difteria (TD) . Vacuna enfocada a población adolescente, adulta y mujeres en edad reproductiva haciendo énfasis en regiones tetanogénicas para proporcionar una inmunización activa contra difteria y tétanos. Se aplicaban dos dosis como protección inicial y posteriormente una dosis cada diez años.

– Vacunación contra tétanos, difteria y pertussis acelular (TDPA) en el embarazo . Vacuna que se utiliza como refuerzo; contiene los toxoides diftérico (contra la Difteria), tetánico (contra el Tétanos) y la fracción acelular de Pertussis contra la bacteria Bordetella pertussis causante de la tos ferina. Se administraba a embarazadas para asegurar la protección del recién nacido contra el tétanos neonatal.

– Vacunación contra el neumococo para el adulto mayor . Intervención dirigida a la población de mayor de 65 años y población de riesgo de 60 a 64 años de edad, entendiendo como tal la que presenta depresión inmunológica o enfermedades crónicas, para proporcionar una inmunización activa contra la enfermedad causada por Streptococcus pneumoniae (serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F). Se aplicaba una dosis única a los sesenta y cinco años de edad.

– Prevención y tamizaje en el recién nacido . La intervención tenía como objetivo brindar atención al recién nacido, mediante las acciones de prevención y promoción a la salud establecidas en la Cartilla Nacional de Salud, responsabilidad de los programas federales vigentes de salud pública, enfatizando la atención de estimulación temprana en el recién nacido. Se daba la atención durante los primeros siete días de vida y hasta los 28 días, para continuarse con las acciones preventivas para menores de 5 años.

– Prevención y tamizaje en menores de 5 años . Esta intervención tenía como propósito otorgar una atención integrada a menores de 5 años, mediante acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que son responsabilidad de los programas de salud pública vigentes y de acuerdo a la Cartilla Nacional de Salud. Se enfatizaba la importancia de la orientación adecuada, la detección temprana y la atención oportuna de los principales problemas de salud del escolar, para evitar daños y secuelas y favorecer así el desarrollo integral de este importante núcleo de población.

– Prevención y tamizaje en niñas y niños de 5 a 9 años . Estas acciones tenían como propósito otorgar una atención integral a niñas y niños de 5 a 9 años mediante acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades, responsabilidad de los programas de salud pública vigentes de acuerdo a la Cartilla Nacional de Salud. Se enfatizaba la importancia de la orientación adecuada, la detección temprana y la atención oportuna de los principales problemas de salud del escolar, para evitar daños y secuelas y así favorecer el desarrollo completo de este importante núcleo de la población. Además, se debería identificar trastornos de agudeza visual a través del examen con la cartilla de Snellen, identificar problemas auditivos mediante la prueba del minuto, identificar defectos posturales a través de la observación de pies, rodillas y hombros, valorar problemas de aprendizaje y conducta y reconocer señales de consumo de drogas.

– Prevención y tamizaje en adolescentes de 10 a 19 años . Esta intervención tenía como propósito otorgar una atención integral a adolescentes de 10 a 19 años, mediante acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que el personal de salud. Se enfatizaba la importancia de la detección temprana y la atención oportuna de los principales problemas de salud del adolescente, para evitar daños y secuelas favoreciendo el desarrollo integral

– Prevención y tamizaje en mujeres de 20 a 59 años . Acciones encaminadas a la atención integral de la mujer, mediante actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades que son responsabilidad de los programas nacionales de salud pública vigentes. Incluye la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer de 20 a 59 años de edad, la cual incluye vacunación, exploración física e historia clínica completa en cada consulta, acciones de educación para el auto cuidado de la salud, orientación-consejería en salud reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, por lo que se realizará serología de ELISA para VIH, en el grupo de 20 a 40 años que tengan factores de riesgo altos para contraer la enfermedad. Brindaba además acciones de prevención y detección oportuna de enfermedades (diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, colesterol elevado, dislipidemia, cáncer cérvico uterino y cáncer de mama), prevención y atención durante la menopausia, terapia hormonal de remplazo y examen de agudeza visual.

– Prevención y tamizaje en hombres de 20 a 59 años . Esta intervención otorgaba una atención integrada al hombre, mediante acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que son responsabilidad de los programas nacionales de salud pública vigentes. Incluye exploración física completa en cada consulta, acciones de educación para el adulto, cuidado de la salud, orientación, y se brindaban acciones de prevención y detección oportuna de enfermedades (diabetes mellitus, hipertensión arterial, colesterol elevado y dislipidemia, obesidad e hiperplasia prostática).

– Prevención y tamizaje en adultos mayores (60 años en adelante). La intervención incluía historia clínica y examen físico completo, así como esquemas de vacunación, detección de diabetes, hipertensión, tuberculosis, hiperplasia prostática, osteoporosis, detecciones oportunas de cáncer cérvico-uterino y mamario, control de peso, salud bucal y mental (incluido el Alzheimer), de igual manera, enfermedades detectadas en este grupo de edad serían atendidas mediante la intervención correspondiente.

Es muy preocupante que se haya cancelado el Programa Prospera sin una evaluación que permita saber el impacto de todos sus componentes en las personas que eran beneficiarios, no solo de la ayuda económica que representaba, sino de los servicios de salud, nutrición y educación que tenía asociados.

La desaparición de Prospera y su sustitución por un programa exclusivamente de becas educativas, que elimina las transferencias para consumo y la articulación con acciones en materia de nutrición y salud, tiene implicaciones claramente regresivas.

Miles de familias en condiciones de pobreza en todo el territorio nacional que no tienen hijos en edad escolar, han quedado desprotegidas, mientras que aquellas con niños y jóvenes en la escuela, recibirán becas de menores montos. Al parecer el gobierno no ha sopesado las consecuencias que esta decisión puede tener sobre el consumo alimentario de las familias, su estado nutricional y de salud.

De acuerdo con alguna información disponible, la cancelación del programa Prospera y la reubicación de sus recursos al plan de becas del presidente Andrés Manuel López Obrador, provocó el cierre de alrededor de 300 Unidades Médicas Urbanas del IMSS en 18 entidades del país.9

Sin duda estamos ante un problema de la mayor importancia para el presente y para el futuro de los mexicanos. No existen diagnósticos integrales sobre los cambios en los esquemas de salud público implementados ni de las acciones del nuevo gobierno en la materia.

Pero si existen ya datos y pruebas que comienzan a alarmarnos por los efectos de las nuevas políticas descoordinadas, caóticas y con falta de integralidad por parte del gobierno federal en materia de Salud

No es que se hallan cancelado todos los servicios, ni todos los esquemas como el de vacunación y la atención hospitalaria, pero entre el desabasto de medicinas, la falta de recursos y acciones como cancelar el Programa Prospera, que tenía una visión integral de apoyos económico corresponsable y verificable con un componente de salud muy completo, es de llamar a reflexionar y analizar, sobre la manera en que ello ha impactado en la salud de los mexicanos, a la luz de estas cifras de incremento de defunciones por infecciones intrahospitalarias y de virus como el de la influenza.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud del gobierno federal, informe a esta soberanía:

1. Las causas por las que, a su estudio, han originado el incremento de más del 39% de las infecciones adquiridas en los hospitales en todo el país, respecto del año 2018.

2. El impacto que ha tenido la cancelación del Programa Prospera, sobre todo el componente de salud, en la incidencia de infecciones de tipo estacional como la influenza y crónicas, en todo el país durante el año 2019.

Fuentes consultadas

1 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epid emiologia-boletin-epidemiologico

2 https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20200111/281814285804862

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/518012/INFLUENZA_SE51_20 19.pdf

4 Ibídem

5 https://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/es/

6 https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20200111/281814285804862

7 https://www.who.int/gpsc/background/es/

8 http://www.documentos.seguro-popular.gob.mx/prospera/CS_27%20IntPrev%20 y%20Prom%20Causes.pdf

9 https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9945197/06/19/Cierr an-300-unidades-medicas-urbanas-del-IMSS-por-cancelacion-del-programa-P rospera-recursos-se-iran-a-becas-de-AMLO.html

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y sus homólogas locales a implantar acciones de política pública preventivas que mejoren las condiciones de seguridad en el interior y el entorno de los planteles públicos y privados de educación básica, suscrita por la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, por el estado de Jalisco, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II; 95, numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República y décimo quinto del acuerdo relativo al funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del segundo año de la LXIV Legislatura, somete a consideración del pleno de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública federal y a sus homólogas en las entidades federativas para que implementen y, en su caso, fortalezcan acciones preventivas de política pública que mejoren las condiciones de seguridad al interior y en el entorno de los planteles escolares públicos y privados del sistema educativo nacional del nivel de educación básica, con el propósito de erradicar el riesgo de introducción de armas de fuego, armas blancas y sustancias tóxicas, con base en las siguientes

Consideraciones

La responsabilidad de garantizar derechos a la niñez y adolescencia como la educación en un ambiente de paz y seguridad ha requerido el impulso de marcos jurídicos e instrumentos internacionales, regionales y nacionales. Dichos marcos asignan compromisos a los estados parte, a sus instituciones, organismos y actores sociales, para llevar a cabo un conjunto de acciones y responsabilidades para salvaguardar sus derechos. Tal es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño1 la cual tiene como base de sus disposiciones el “interés superior de la niñez”, estableciendo en su artículo 3, de esta manera:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 28

1. Los estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) a e).

2. Los estados parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente convención.

3. ...

Artículo 29

1. Los estados parte convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

a) a c).

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena:

e) ...

2. ...

Por su parte, el Estado mexicano, acorde con las normas internacionales, ha fortalecido el marco jurídico para la protección de derechos y principios de este importante sector de la sociedad, incluyendo “el interés superior de la niñez”, así como su derecho a la educación y seguridad, entre otros, en un entorno de paz social. Esto se ha establecido en la Constitución en sus artículos 3o. y 4o., los cuales determinan que:2

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirán y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

...

...

...

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.

...

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

La Ley General de Educación,3 en sus diversos artículos establece atribuciones de coordinación entre los niveles de gobierno, ámbitos de competencia, responsabilidades, de autoridades, organismos y actores sociales que intervienen en el proceso educativo de la niñez y la adolescencia, para asegurar principios y derechos, en un ambiente de paz social, tal como se determina en sus artículos 1o., 2o. y 3o., entre otros al señalar que:

Artículo 1. La presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República.

Su objeto es regular la educación que imparta el Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios–, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.

La distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación.

Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

Artículo 3. El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

Asimismo, esta ley4 prevé la seguridad de los planteles como un aspecto importante para el buen desarrollo de los estudiantes, como se aprecia a continuación:

Artículo 99. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional.

Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría.

La Secretaría operará el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física Educativa, a fin de realizar sobre ésta diagnósticos y definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento. Dicho Sistema contendrá la información del estado físico de los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación, mismo que se actualizará de manera permanente en colaboración y coordinación con las autoridades de la materia. Su operación estará determinada en los lineamientos previstos en el artículo 103 de esta ley y será de observancia general para todas las autoridades educativas.

Artículo 101.

Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben cumplir con las normas de protección civil y de seguridad que emitan las autoridades de los ámbitos federal, local y municipal competentes, según corresponda.

...

Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y Ciudad de México, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Generar y proporcionar, en coordinación con las autoridades competentes, las condiciones de seguridad en el entorno de los planteles educativos;

También se contempla como parte del proceso educativo, la participación de madres, padres de familia o tutores:

Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela.

I. ...

II. Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución;

III. ...

IV. Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere esta ley;

V. a IX. ...

X. Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar, y...

En relación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes5 establece derechos, principios, ámbitos e instancias, entre otros aspectos, relacionados con la niñez y adolescencia y, corresponde a las instituciones y autoridades correspondientes su salvaguarda y protección, como se estipula en las siguientes disposiciones:

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberán:

I. a III. ...

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

...

...

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta ley, son principios rectores, los siguientes:

I. El interés superior de la niñez;

II. a V. ...

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

VII. a XI. ...;

XII. El principio pro persona;

XIII. El acceso a una vida libre de violencia;

XIV. a XXV. ...

Artículo 13. Para efectos de la presente ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;

I. a XX. ...

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.

Las anteriores disposiciones del marco normativo nacional facultan a las autoridades respectivas de los tres ámbitos de gobierno a tomar las decisiones necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes en los planteles educativos y en su entorno.

El pasado 10 de enero del presente año, a través de los medios electrónicos de comunicación y de prensa escrita nacionales y locales, dieron a conocer los hechos sucedidos en el Colegio Cervantes, en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, donde un adolescente de 11 años de edad que cursaba el sexto año de primaria con arma de fuego privó de la vida a una profesora, hirió a un profesor ya varios compañeros del plantel privado, para suicidarse después.6

En enero de 2017, un hecho similar sucedió en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, donde un alumno de secundaria del Colegio Americano del Noreste, al interior del plantel, disparó un arma de fuego propiedad de su papá, contra sus compañeros de clase, su profesora y luego se suicidó.7

Autoridades educativas de diversas entidades federativas8 han llevado a cabo acciones para tratar de inhibir la introducción de armas de fuego, armas blancas o sustancias tóxicas en los planteles; sin embargo, no son la totalidad, por lo que se requiere la revisión y, elaboración de distintas acciones en materia de protección civil y seguridad pública a través de la elaboración de planes, programas,9 manuales, protocolos de actuación, jornadas y, en su caso, la realización de talleres con un enfoque10 de derechos humanos, en un ambiente de libertad, justicia y respeto a la dignidad de las personas, a partir de la revisión de políticas anteriores.11

Situaciones como las antes descritas, obligan a reflexionar y, en su caso, formular estrategias que permitan generar condiciones óptimas para un ambiente de paz y sea la base que permita salvaguardar el mejor desarrollo de nuestra niñez y adolescencia, así como de su seguridad y de las personas a su alrededor en los planteles educativos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición de urgente y obvia resolución con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública federal y a sus homólogas en las entidades federativas para que implementen y, en su caso, fortalezcan acciones preventivas de política pública que mejoren las condiciones de seguridad al interior y en el entorno de los planteles escolares públicos y privados del sistema educativo nacional del nivel de educación básica, con el propósito de erradicar el riesgo en la introducción de armas de fuego, armas blancas y sustancias tóxicas.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las secretarías de educación pública de las entidades federativas para que, en coordinación con las asociaciones de madres y padres de familia, apliquen las medidas pertinentes que garanticen la seguridad de alumnos, personal docente y administrativo en los planteles educativos públicos y privados del sistema educativo nacional del nivel de educación de educación básica.

Notas

1 UNICEF. “La Convención sobre los Derechos del Niño”. Consultado el 10 de enero de 2020 https://www.unicef.es/sites/unicef.eslfiles/comunicacion/Convencionsobr elosDerechosdelNino.pdf

2 Cámara de Diputados. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Págs. 5, 6 y 9. Consulta 10 de enero de 2020 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf

3 Cámara de Diputados. “Ley General de Educación”. Páginas 1 a 6. Consultado el 10 de enero de 2020.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.p df

4 Ob. Cit. Cámara de Diputados. Páginas. 34, 35, 40, 41 y 47. Consultado el 10 de enero de 2020. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf

5 Cámara de Diputados. “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. Páginas 5 a la 8. Consultada el 10 de enero de 2020.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_17101 9.pdf

6 Sin embargo. “Alumno de apenas 11 años mata a su maestra, hiere a otros y...”. Consultado el 10 de enero de 2020 https://www.sinembargo.mx/10-01-2020/3709900

7 Matanza en Monterrey: Un adolescente dispara a varios... Consultado el 13 de enero de 2020 https://elpais.com/internacional/2017/01/18/mexico/1484752144_868329.ht ml

8 Romo, Alejandro. “Regresa operativo de revisión de mochilas en escuelas...”. Consultado el 12 de enero de 2020. https://newsweekespanol.com/2019/09/regresa-operativo-de-revision-de-mo chilas-en-escuelas/

9 SEP. 2013. Escuela Segura, Diario Oficial de la Federación. Consultado el 13 de enero de 2020. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288861&fecha=25/02/2013

10 UNFPA. “El enfoque basado en los derechos humanos”. Consultado el 13 de enero de 2020 https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-Ios-derechos-humanos

11 Segob. “Guía prevención de armas en las escuelas -Gobierno de... Consultado el 13 de enero de 2020.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/342152/Gu ia_prevencion_de_armas_en_las_escuelas.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incluir en la canasta básica la tortilla de maíz, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PAN

Las senadoras y los senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a incluir a la tortilla de maíz en la canasta básica. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 29 de enero de 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la nueva canasta básica que se distribuye en zonas marginadas del país.

La canasta básica que se distribuye a través de las tiendas Diconsa en todo el territorio nacional contempla los siguientes 400 productos:

1) Maíz
2) Frijol
3) Arroz
4) Azúcar

5) Harina de Maíz enriquecida
6) Aceite vegetal comestible

7) Atún
8) Sardina

9) Leche fluida, en polvo y derivado de la leche
10) Chiles envasados
11) Café Soluble (con y sin azúcar)

12) Sal de mesa
13) Avena
14) Pasta para sopa
15) Harina de trigo
16) Chocolate

17) Galletas marías, de animales y saladas
18) Lentejas
19) Jabón de lavandería
20) Jabón de tocador
21) Papel higiénico
22) Detergente en polvo

23) Crema dental

24) Carne de res
25) Carne de puerco
26) Carne de pollo

27) Tostadas
28) Pan de caja y de dulce

29) Huevo fresco
30) Pescado seco
31) Agua purificada

32) Golosina de amaranto, cacahuate, etc.
33) Puré de tomate envasado
34) Frutas deshidratadas
35) Jamaica y tamarindo naturales

36) Concentrados sin azúcar para elaboración de bebidas
37) Gelatina

38) Garbanzos, chícharos y soya
39) Cuadro básico de frutas y verduras

40) Pilas

Esta canasta se elaboró en el marco del programa Segalmex-Diconsa, para asegurar que la población que habita en localidades de alta y muy alta marginación disponga de alimentos enriquecidos a precios preferenciales, cuyo consumo contribuya a una ingesta sana.

Para el año 2020, Segalmex tiene un presupuesto aprobado por 10 mil millones de pesos, cifra que es superior en casi 8 mil millones al aprobado en el año 2019, y que entre otras cosas, permitió incrementar la canasta en 17 productos que fueron: carne de res, de puerco, de pollo, tostadas, pan de caja y de dulce, huevo fresco, pescado seco, agua purificada, golosinas de amaranto y cacahuate, puré de tomate envasado, frutas deshidratadas, jamaica y tamarindos naturales, concentrados sin azúcar para elaboración de bebidas, gelatina, garbanzos, chícharos y soya, cuadro básico de frutas y verduras y pilas.

No obstante lo anterior, se ha dejado fuera de dicha canasta a la tortilla de maíz que es uno de los bienes de mayor consumo entre toda la población mexicana.

De hecho, los industriales de la masa y la tortilla han solicitado al gobierno federal que este producto sea incluido en la canasta básica de Segalmex-Diconsa, ya que han detectado que el consumo de la misma ha disminuido debido a la pérdida del poder adquisitivo durante los últimos años.

Incluir a la tortilla de maíz dentro de esta canasta, traería beneficios a la población, ya que el precio bajaría y también se apoyaría a los industriales, ya que podría estandarizarse el precio de este producto.

De acuerdo a la Secretaría de Economía, durante los primeros 35 días de 2019, el precio de la tortilla de maíz subió hasta dos pesos por kilogramo, llegando a costar hasta 20 pesos por kilo en Sonora y entre 11 y 15 pesos en las principales ciudades del país.

Para 2020, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados reporta que el precio de la tortilla se ubica alrededor de 15 pesos por kilo, sin embargo, existe una presión en el precio de los insumos para la elaboración de la masa lo cual podría llevar a que el precio de este importante producto pueda llegar e incluso rebasar los 20 pesos por kilo.

Si bien la canasta básica contempla la harina de maíz enriquecida, la que se utiliza para la elaboración de tortillas es la harina de maíz nixtamalizada, la cual es de mayor calidad, es más sana y contiene más calcio y otros nutrientes que la fabricada con harina.

Aunado a lo anterior, debemos recordar que durante el mes de diciembre del año 2019 se perdió la mayor cantidad de empleos durante la última década. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en total se perdieron 382 mil 210 empleos, lo que significa que por segundo año consecutivo de la administración del Presidente López Obrador se pierden empleos.

La situación anterior pone en grave situación de precariedad a las familias mexicanas, por lo cual es de suma importancia apoyar a la canasta básica que el gobierno ha implementado con la finalidad de apoyar la economía de las familias con menores recursos.

Por lo anterior, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que incluya a la tortilla de maíz en la canasta básica Segalmex-Diconsa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad por las lamentables pérdidas humanas, ecológicas y económicas tras los incendios forestales registrados en Australia, suscrita por la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Medio Amiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público a ofrecer el apoyo humano, técnico y económico al Gobierno de Australia, para coadyuvar en las acciones de supresión del fuego, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los incendios forestales en Australia continúan y ya son más de mil millones de animales que han fallecido como consecuencia de este gran desastre ambiental.

La cifra de animales muertos va en aumento y los que han logrado sobrevivir tienen el hábitat destrozado y muchos problemas para alimentarse.

Los incendios en Australia se iniciaron en septiembre del 2019 y a comienzos de este año se intensificaron. Se estima que son más de 25 personas las que han fallecido y son más de 600 mil hectáreas afectadas.1

Las evacuaciones continúan en el sudeste del país. Los bomberos cargan cajas con kilos de tubérculos en un helicóptero para lanzarlos desde lo alto a los animales supervivientes a la ola de incendios que han azotado el país. Se calcula que ya han muerto mil millones de animales.2

Se espera que el humo de los incendios en Australia haga al menos un “circuito completo” alrededor del mundo y regrese a los cielos del país, advirtieron científicos de la NASA.

Utilizando la flota de satélites, la agencia espacial ha estado analizando el humo y los gases provenientes de los incendios de Australia.

Al estudiar las columnas de humo de fines de diciembre, la agencia espacial dijo que humo había viajado “hasta la mitad de la tierra” y había afectado la calidad del aire en otros países.

Australia está siendo devastada por los peores incendios forestales en décadas, y grandes extensiones del país están siendo devastadas desde que comenzó la temporada de incendios.

En el estado de Nueva Gales del Sur, más de 3.000 hogares han quedado destruidos o dañados. Las autoridades estatales y federales están luchando por contener los incendios masivos.

Todo esto se ha exacerbado por el calor persistente y la sequía, y muchos señalan al cambio climático como un factor que hace que los desastres naturales vayan de mal en peor.

Para el 8 de enero, el humo había viajado “hasta la mitad de la Tierra”, dijo la NASA, cruzando América del Sur causando cielos nublados y creando coloridos amaneceres y atardeceres.

El humo de los incendios de Australia también está causando “problemas graves de calidad del aire” en Nueva Zelandia y está oscureciendo la nieve en las montañas del país, agregó la NASA.

CNN informó a principios de este mes que los glaciares Fox y Franz Josef en Nueva Zelandia se habían vuelto marrones como resultado del humo de los incendios forestales de Australia.3

Un tercio de la tierra en una isla australiana que es un refugio para parte de la vida silvestre única y que está en peligro de extinción ha sido arrasada por los incendios forestales.

Situada frente a la costa sur de Australia, la Isla Canguro es famosa por su naturaleza virgen. Contiene reservas naturales protegidas repletas de vida silvestre nativa, como leones marinos, koalas y diversas especies de aves.

La isla es el hogar del canguro dunnart, que está en peligro de extinción, un pequeño marsupial que se encuentra únicamente en la isla.

Según un informe de ecologistas de la Universidad de Sidney, casi 500 millones de animales en el estado de Nueva Gales del Sur han sido afectados por los incendios, con millones de personas potencialmente muertas. El número total de animales afectados en todo el país podría ser de hasta mil millones.4

La magnitud de este desastre ambiental no es menor, por eso, es importante crear conciencia y mostrar solidaridad ante esta problemática.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad por las lamentables pérdidas humanas, de diversas especies de fauna, ecológicas y económicas, ocurridas por los incendios forestales registrados en Australia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Relaciones Exteriores y a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo a ofrecer el apoyo humano y técnico al Gobierno de Australia, para coadyuvar en las acciones de supresión del fuego.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/por-incendios-en-australia-lanzan- zanahorias-animales afectados

2 https://www.lavanguardia.com/internacional/20200113/472863762399/
incendios-australia-10-millones-hectareas-superficie-hungria.html

3 https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/14/
el-humo-de-los-incendios-de-australia-hara-un-circuito completo-en-todo-el-mundo/

4 https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/08/
un-tercio-de-la-isla-canguro-un-paraiso-para-la-vida-silvestre-rara-se-ha-quemado-en-los-incendios-forestales-de-australia/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020

Senadora Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de México a posponer hasta enero de 2021 el incremento de las tarifas del transporte público y establecer un diálogo con los sectores de la sociedad para formular y acordar acciones integrales orientadas a mejorar la calidad, la seguridad y la accesibilidad del servicio, suscrita por la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Eugenia Hernández Pérez , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México a que posponga hasta enero de 2021 la entrada en vigor del incremento en la tarifa del servicio de transporte público concesionado, y que en los próximos meses realice un proceso de diálogo con los diversos sectores de la sociedad mexiquense, concesionarios de transporte público, expertos en materia de transporte, legisladores y autoridades municipales, a efecto de formular y acordar acciones integrales para mejorar la calidad, la seguridad y la accesibilidad del transporte público, como condición necesaria para revisar las tarifas correspondientes sin que dicha revisión afecte la economía de las familias mexiquense , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El 19 de diciembre de 2019, el gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, autorizó la modificación de las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte público concesionado a empresas privadas en la entidad. Esta medida significa el incremento del precio del transporte público colectivo en todos los municipios del estado de México, de 10 a 12 pesos en los primeros cinco kilómetros y veinticinco centavos por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial. La medida entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2020. Los incrementos también incluyen los servicios de Mexibús y Mexicable.

Esta medida generó un profundo descontento entre la población de todas las regiones del estado de México, porque implica un duro golpe a la economía de las familias mexiquense, que destinan gran parte de sus ingresos a pagar el transporte público. El malestar de la población ante esta medida también se alimenta del hecho de que las unidades de transporte público se encuentran en pésimas condiciones, además de que los delitos de robo y homicidio a bordo del transporte público han aumentado exponencialmente en los últimos años.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Movilidad mexiquense, la medida de incrementar las tarifas se tomó tras varios días de pláticas con los concesionarios del transporte se pactó el alza a la tarifa, a cambio de que estos asuman una serie de compromisos como capacitar y certificar a más de cien mil choferes, terminar con la modernización de unidades para renovar aquellas que tengan más de 10 años de vida, pero sobre todo equipar cada una con el kit de seguridad, —videocámara, botón de pánico y GPS— para tratar de inhibir los robos a pasajeros.1

Segunda. El sistema de transporte público del estado de México enfrenta una realidad muy adversa, caracterizada por ser inseguro, caro y lento. Esto deteriora sensiblemente el nivel de vida de los mexiquenses, porque siete de cada 10 personas en la entidad utilizan el transporte público, en especial microbuses o combis. El costo es de 50 pesos aproximado para sus recorridos y tarda en promedio dos horas para llegar a la Ciudad de México, donde se encuentran sus lugares de trabajo, ha explicado el experto en Movilidad en América Latina de la Universidad Autónoma del Estado de México, Humberto Ortiz Miranda. Dicho experto considera que los temas de infraestructura, tarifas irregulares e inseguridad son los principales problemas del transporte público en el estado de México, esto debido a la falta de regulación en las diferentes rutas que prestan servicio en coordinación con la Ciudad de México, y a no haber proyectos enfocados a la movilidad urbana, consideraron expertos.2

Esto significa que el incremento de las tarifas del transporte público anunciadas el pasado 19 de diciembre ocurre en un contexto en el cual los usuarios están profundamente inconformes con la calidad y la accesibilidad de las unidades de transporte y con el conjunto de elementos que conforman el sistema mexiquense. Por esas razones, es imperativo que se la revisión y eventual alza en las tarifas de autobuses, microbuses y combis se realice en el marco de un análisis integral que incluya la evaluación de la calidad y la pertinencia de las unidades de transporte público.

Tercera. Otro factor que debe revisarse a fondo antes de pensar en aumentar el precio del transporte público en el estado de México es el tema de la seguridad, porque cada vez son más frecuentes y violentos los asaltos y agresiones en las unidades del transporte público mexiquense. A nivel nacional, el estado de México es una de las entidades más afectadas por el robo a transporte público, en particular en los municipios conurbados con Ciudad de México. Por mencionar solo unos datos, de 2015 a 2018 público se incrementó 700 por ciento en Nezahualcóyotl, 234 por ciento en La Paz y 219 por ciento en Chimalhuacán, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este tipo de delito es muy sensible para la población que durante sus trayectos cotidianos ve afectado su patrimonio e integridad física.

Por lo tanto, para que haya un incremento de la tarifa de transporte público se necesita que previamente se solucione otro problema que incide en la inseguridad y la baja calidad del transporte mexiquense, como lo es la regularización y reordenamiento de las líneas de transporte pues actualmente existe mala planeación de rutas, lo que ocasiona que los usuarios utilicen más de dos transportes públicos. Es decir, que aumentar las tarifas del transporte público involucra necesariamente la seguridad y la calidad del servicio que se presta, pues tan solo en el valle de México hay cerca de 6.5 millones de personas que utilizan el transporte público de acuerdo con el secretario de Movilidad del estado de México. De este modo, no hay justificación para el incremento, pues a bordo de las unidades ocurren de manera cotidiana asaltos y homicidios, entre 2017 y 2018 se presentaron 18 mil 595 denuncias por asalto y ocurrieron 474 muertes a bordo de las unidades. De 2015 a 2018 el robo en el transporte público se incrementó 700 por ciento en Nezahualcóyotl, 234 por ciento en La Paz y 219 por ciento en Chimalhuacán, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.3

Cuarta. Como ya se dijo, las condiciones de calidad y seguridad del transporte público del estado de México dejan mucho que desear, razón por la cual nos es válido ni legítimo autorizar un incremento de sus tarifas en estos momentos. Por esos motivos, tanto las autoridades correspondientes como los concesionarios del transporte público mexiquense han decidido postergar la entrada en vigor del incremento a las tarifas hasta el 1 de febrero de 2020. “Pese a que el ajuste a la tarifa del transporte público entró en vigor el pasado 1 de enero, el incremento se comenzará a cobrar hasta febrero, para ayudar en la economía a las familias al arranque del año y que se distribuyan en su totalidad las pirámides tarifarias, informó Raymundo Martínez Carbajal, secretario de Movilidad en el estado de México. El funcionario estatal explicó que el período de un mes para aplicar la nueva tarifa fue una propuesta hecha por el Consejo Consultivo del Transporte del Estado de México, el cual propuso el plazo para concientizar a los usuarios del ajuste”.4

El hecho de postergar un mes la entrada en vigor del incremento de las tarifas del transporte público indica que tanto las autoridades como los concesionarios están conscientes de que no es aceptable asestar un golpe de esta magnitud a la economía familiar sin antes proceder a la realización de una evaluación a fondo de las condiciones de calidad, seguridad y accesibilidad de las unidades del transporte público en el estado de México. Por el contrario, se requiere un amplio proceso de análisis, investigación y diálogo, que involucre a todos los actores, de tal forma que los cambios que se necesiten hacer, tengan como objetivo principal beneficiar a las familias mexiquenses. No está de más señalar que esta modalidad de diálogo y construcción de acuerdos coincide con el estilo de gobernar del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México a que posponga hasta enero de 2021 la entrada en vigor del incremento en la tarifa del servicio de transporte público concesionado, y que en los próximos meses realice un proceso de diálogo con los diversos sectores de la sociedad mexiquense, concesionarios de transporte público, expertos en materia de transporte, legisladores y autoridades municipales, a efecto de formular y acordar acciones integrales para mejorar la calidad, la seguridad y la accesibilidad del transporte público, como condición necesaria para revisar las tarifas correspondientes sin que dicha revisión afecte la economía de las familias mexiquense.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/12/19/aumenta-2-pesos-p asaje-en-edomex-quedara-en-12-2904.html

2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Transporte-un-flanco-abierto-e n-el-Edomex-20170409-0039.html

3 https://www.animalpolitico.com/2019/11/robo-transporte-publico-edomex-m unicipios/

4 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/aplicaran-aumento-de-tarifa-hast a-febrero-raymundo-martinez-4671483.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.

Diputada María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a celebrar una reunión de trabajo con el gobierno de Guanajuato y el ayuntamiento de Salamanca para restablecer el Plan Salamanca, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas y legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Ecología y cambio Climático, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, a establecer una reunión de trabajo con el gobierno del estado de Guanajuato y el municipio de Salamanca para que restablezcan el Plan Salamanca, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social con base para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentable y solidaria.”1

En consecuencia, México como Estado miembro de las Naciones Unidas se adhirió el 25 de septiembre de 2015 Desarrollo Sostenible en Nueva York a fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, el cual fue adoptado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030.

“Como actor global, México participó activamente en la definición de la Agenda. El país fue uno de los más activos en los foros de consulta, participando y liderando el proceso de negociación. No solo presentó propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030”.2

En este orden de ideas, este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de inclusión y equidad en un marco de derechos y armonizando nuestras leyes y políticas públicas acorde a sus 17 objetivos para construir más ciudadanía para las y los mexicanos en este país.

Por lo anterior México se comprometió en:

• Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos y todas las edades.

• Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

• Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

• Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

• Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

• Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Por lo anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es el portavoz del medio ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas. “El PNUMA actúa como catalizador, promotor, educador y facilitador para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial.

La labor del PNUMA abarca evaluar las condiciones y las tendencias ambientales a nivel mundial, regional y nacional; elaborar instrumentos ambientales internacionales y nacionales; y fortalecer las instituciones para la gestión racional del medio ambiente.”.3

Por lo anterior, el programa de la ONU para el Medio Ambiente emitió un reporte de la edición el Informe sobre la brecha de emisiones el 26 de noviembre de 2019.

En qué consiste esto, es una serie de acuerdos y acciones para atacar los contaminantes del medio ambiente entre los países miembros y el mundo se esfuerza por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el cambio climático, consideran que es crucial monitorear el progreso hacia los objetivos climáticos acordados a nivel mundial.

Durante una década, el Informe sobre la Brecha de Emisiones de UNEP ha resaltado la diferencia entre las emisiones de gases de efecto invernadero estimadas para 2030 y los niveles en los que deberían estar para cumplir el Acuerdo de París. Además, el reporte ha destacado las vías más efectivas para cerrar esta brecha.

El citado informe sobre la brecha de emisiones menciona que “México, la nueva administración ha estancado años de progreso en el sector energético con decisiones que amenazan con revertir progresos realizados hacia una mejor acción climática a través de la Ley General de Cambio Climático de México 2012 (México, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión 2012) o su Ley de Transición Energética de 2015 (México, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión 2015). La Perspectiva Nacional de Electricidad (PRODESEN) 2019–2033 adoptado en junio de 2019 (México, Secretaría de Energía 2019) limita el despliegue más profundo de energía limpia (incluida la cogeneración eficiente) más allá del 35,1 por ciento para 2024 objetivo (24,12 por ciento en junio de 2018) al aumentar generación de combustibles fósiles, reduciendo la energía eólica y no aumento de las tasas de crecimiento de la energía solar . Además, la Secretaría de Energía canceló la subasta eléctrica a largo plazo de 2018 el cual cortó las líneas de transmisión para evacuar energías renovables .”4

Por lo anterior, es imperante que México actué ante los impactos de los altos contaminantes que se genera y eliminar esa mala imagen de poca importancia a este problema mundial en especial el gobierno federal deberá de poner la pauta para combatir con las herramientas jurídicas que tienen es sus manos y los ordenamientos internacionales que México se comprometió a establecer como los 17 objetivos de la agenda 2030.

El objetivo de este punto de acuerdo es promover acciones claras y contundentes en merita ambiental en el municipio de Salamanca, Guanajuato, por su situación geográfica e industrial se encuentran numerosas fábricas de diferentes ramos, entre las que destacan una refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) y una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Si bien este desarrollo industrial ha traído beneficios como el desarrollo económico y social a la población, también ha generado serios problemas de contaminación ambiental.

Por ello, el gobierno anterior, en conjunto con el gobierno estatal y municipal, emprendió un plan específico para mitigar los impactos al ambiente ocasionados a lo largo de décadas por la industria ahí establecida de nominado Plan Salamanca 2016 - 2018 , en donde la participación de los tres órdenes de gobierno en colaboración con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (DGCARETC), Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, Pemex y CFE, colaboraron para emitir los siguientes puntos:

1. “El Plan Salamanca busca que sus habitantes gocen de una buena calidad del aire y del agua.

2. Está encabezado por la Semarnat y en él participan el gobierno de Guanajuato, el (INECC), la (Profepa), la (Cofepris), la (ASEA) y (Conagua).

3. A través de diversas acciones conjuntas, se ha intensificado el monitoreo de emisiones y de la calidad del agua.

4. Se ha asegurado también el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas, entre ellas la gestión de la refinería de Petróleos Mexicanos.

5. Igualmente se ha avanzado en el saneamiento de predios históricamente contaminados, como es el caso del sitio que ocupaba la empresa Tekchem.

6. Gracias al Plan Salamanca se han retirado y confinado de manera segura más de mil quinientas toneladas de residuos peligrosos y se avanza en la remediación del suelo contaminado.

7. Para mejorar la calidad del aire en el municipio, se ha integrado un padrón de fuentes fijas de jurisdicción federal en materia atmosférica, que incluye una actualización del inventario estatal de emisiones de contaminantes.

8. Todas estas acciones se reportan de manera periódica a fin de dar certeza a los salmantinos sobre el cumplimiento de este compromiso gubernamental”.5

Lo anterior resulto un importante avance en el combate al problema de contaminación el cual surgieron “32 acciones programadas de las cuales 25 fueron atendidas, 6 en proceso de atención y 1 suspendida.

Se generó una inversión de 450.95 millones de dólares, más 165.232 millones de pesos de inversión, Pemex 131 millones de dólares 77.55 millones de pesos y CFE 319.95 millones de dólares el sector ambiental 87.682 millones de pesos”6

Es por lo antes expuesto que es necesario retomar el Plan Salamanca , ya que las afectaciones al medio ambiente son el segundo problema más apremiante para Salamanca en estos últimos meses.

Tenemos que fomentar, difundir y vivir una cultura ambiental más amplia con una eficaz participación de la sociedad y sus organizaciones en coordinación de proyectos y acciones con los gobiernos federal estatal y municipal, así como el sector privado.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Ecología y cambio Climático, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, a establecer una reunión de trabajo con el gobierno del estado de Guanajuato y el municipio de Salamanca para que restablezcan el Plan Salamanca, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Notas

1 https://www.pan.org.mx/docs/documentos/toqfeHtQI8xfmvAA iJNc5U6xqTHiSO.pdf proyecto de doctrina del Partido Acción Nacional 2002 política y responsabilidad social, página 4.

2 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3 https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-e nvironment-programme/, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

4 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf ?sequence=1&isAllowed=y Emissions Gap Report 2019, páginas 18 y 19.

5 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/lo-que-debes-saber-del-plan-salam anca

6https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/409996/p lan_salamanca_31_octubre.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a trasparentar y garantizar el acceso a la información de las negociaciones y los acuerdos realizados por el país en foros y reuniones internacionales, suscrita por el diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Héctor Yunes Landa, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La política exterior constituye una herramienta estratégica para hacer valer los intereses de nuestra nación en el mundo, así como para posicionar a México en los principales foros internacionales. Una imagen de nuestro país, positiva y de liderazgo, es esencial para generar mayores sinergias con viejos y nuevos aliados en el escenario global, así como para fomentar nuestras relaciones comerciales y posicionar nuestras posturas en diversos temas prioritarios y de interés mundial.

Históricamente, México se ha caracterizado por tener una política exterior muy activa y en favor de las mejores causas. Hemos sido pioneros en la construcción de mecanismos regionales para la prohibición del desarrollo de armas nucleares; en el desarrollo del derecho marítimo; en el impulso de iniciativas para el combate a la pobreza y el hambre. Asimismo, en los últimos años nuestro país ha sido uno de los principales impulsores de mecanismos para el combate al cambio climático, el combate al tráfico ilícito de armas convencionales, la protección a la biodiversidad y el impulso a la generación de energías renovables.

Hasta el año 2018, México había mantenido una política exterior activa y participativa dentro de los mecanismos multilaterales más importantes del mundo, entre estos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Grupo de los Veinte (G20), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro Económico Mundial, entre otros.

Las relaciones bilaterales también fueron fortalecidas al incrementar las visitas oficiales de los mandatarios mexicanos a otros países, particularmente a la región de América Latina, donde México recuperó su presencia y liderazgo; asimismo, se fortalecieron las relaciones como antiguos socios en Norteamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico, incrementando el intercambio comercial y cultural.

Para ejemplificar, basta señalar que México participó activamente en la XXI Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), que fue el antecedente principal del actual Acuerdo de París, instrumento internacional que busca reducir las emisiones de carbono a la atmósfera. Aún sin ser uno de los principales emisores de contaminantes, nuestro país hizo compromisos muy ambiciosos de reducción de gases de efecto invernadero, ganándose el respeto y la admiración internacional.

En 2015, la ciudad de Cancún fue la sede de la Primera Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas, que busca eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y regular su comercio. La sede fue entregada a México gracias a su activa participación en la elaboración de dicho instrumento.

Asimismo, nuestro país ha sido uno de los principales impulsores del debate en el tema de las drogas, siendo uno de los proponentes para la realización en 2016 de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), donde México propuso transitar de un paradigma prohibicionista hacia una prevención efectiva y una regulación eficaz.

Los diferentes temas que nuestro país ha impulsado en los foros multilaterales y la actividad diplomática bilateral siempre han puesto en alto a México en el exterior y han favorecido el intercambio comercial, la construcción de nuevas alianzas y el fortalecimiento del liderazgo de nuestra política exterior.

Sin embargo, el gobierno actual ha decidido mantener la política exterior en un bajo perfil y dejarla en un segundo plano. A un año de gobierno, el Ejecutivo no ha realizado ningún viaje a otro Estado ni ha acudido a reuniones de alto nivel en los foros multilaterales. México ha quedado eclipsado en el escenario internacional y otros países han tomado la iniciativa y el liderazgo en temas en los que nuestro país ya no participa.

Foros como el G-20, la OCDE y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que son relevantes para la política exterior del país y el intercambio comercial de México han quedado abandonados por el Ejecutivo, mandando en su lugar a representantes.

El actuar de este gobierno en los asuntos de América Latina ha desaparecido el liderazgo de México en la región, alejando a nuestro país de sus principales socios en el hemisferio sur. Las decisiones tomadas en relación a las crisis políticas en Honduras, Venezuela y Bolivia han dejado sólo a México dentro de la OEA.

Al eclipsar la política exterior y ejercerla en la opacidad, los mexicanos no sabemos si se están haciendo acuerdos secretos con países como Estados Unidos o si los acuerdos logrados con otros Estados convienen a nuestros intereses o dejan a México en una posición de desventaja. No sabemos si los compromisos adquiridos en foros internacionales se están cumpliendo o si las políticas implementadas al interior de nuestro país son congruentes con los mismos.

Basta señalar que, a raíz de la política energética implementada por este gobierno, se ha disminuido el apoyo para la generación de energías limpias y sustentables en favor de los combustibles fósiles. Esto no sólo constituye un atentado hacia el medio ambiente y la salud de los mexicanos, sino que pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México en el combate al cambio climático. La ONU ya ha advertido sobre un retroceso en materia ambiental.

Por ejemplo, a los mexicanos nos gustaría saber, cuáles son los avances alcanzados y los compromisos que se han contraído en los diferentes foros multilaterales de alto nivel y las Conferencias de las Partes de las Naciones Unidas a las que se ha asistido en los últimos años y en todos los ámbitos, así como la posición que tendrá México en las próximas reuniones, entre estas:

• Las reuniones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a cuyo periodo de sesiones del presente año no asistió el Ejecutivo federal.

• Las reuniones, asambleas y consultas de los diferentes organismos especializados y órganos subsidiarios de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación u la Agricultura (FAO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), entre otros.

• Las reuniones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

• Las reuniones y sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

• El Foro Económico Mundial, cuya cumbre se realiza en enero de cada año y a la que negó su asistencia el Ejecutivo Federal en el presente año.

• Las reuniones del Grupo de los 20, a la que tampoco acudió el Ejecutivo federal en su edición 2019.

• Las diferentes Conferencias de las Partes sobre Cambio Climático, donde México ha contraído compromisos importantes y cuya próxima reunión (COP25) se celebra del 2 al 13 de diciembre de este año en Madrid, España.

• Las Conferencias de las Partes sobre la Diversidad Biológica, cuya próxima reunión (COP15) se celebrará en China el próximo año.

• Las Conferencias de las Partes contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde se tratan temas de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

• Las Conferencias de las Partes para el Control del Tabaco cuya última conferencia (COP8), fue celebrada en octubre de 2018 en Ginebra, Suiza. Este tema resulta de gran importancia ante la crisis de muertes por tabaco por la que pasa actualmente nuestro país.

• El papel que México tendrá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, para el periodo 2021-2022, en caso de ser elegido.

En el exterior, la sociedad internacional ve con decepción la ausencia de nuestro país de las discusiones globales prioritarias, así como el posible incumplimiento de sus compromisos internacionales.

Hasta ahora, el actual gobierno no ha dado la importancia que reviste la política exterior para nuestro país y, con el tiempo, esto puede tener implicaciones negativas para el desarrollo económico y social de México.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar al pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, para que transparente y garantice el acceso a la información de todas las negociaciones y acuerdos realizados por nuestro país en los distintos foros y reuniones internacionales, así como los avances de los compromisos contraídos durante esta administración.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2020.

Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de México a incluir mediante la Ssa en la estrategia nacional Juntos por la Paz un programa de acción para atender la salud mental, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez , diputado federal integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 13 de enero de cada año ha sido determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, esta conmemoración forma parte de los esfuerzos que lleva a cabo la OMS para hacer conciencia de la importancia de este trastorno mental a nivel mundial, ya que se reconoce que es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas.1 Incluso se ha llegado a afirmar que durante este año 2020, la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial.2

De acuerdo con la OMS, se considera a la salud como un estado completo de bienestar física, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Además, ese mismo organismo internacional define a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.3

Es importante destacar que la OMS determinó en 2017 que el Día Mundial de la Salud tuviese como temática central “Depresión – Hablemos”, señalando la importancia de hablar del trastorno como un componente vital de la recuperación y la reducción del estigma, aspirando a que más personas, en todos los países, busquen y obtengan ayuda, además de informar al público en general acerca de la condición y ayudar a familiares, amigos y colegas.4

Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo no recibe tratamiento. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta de recursos y de personal capacitados, además de la estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. A menudo las personas con depresión no son correctamente diagnosticadas, mientras que otras que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos.

El costo de la pérdida de productividad laboral debido a la depresión y la ansiedad es de 1.15 billones de dólares al año, lo que representa 150 dólares por habitante del mundo al año.5 Lo que genera pérdidas económicas a los gobiernos por ausentismo y presentismo laboral, lo que genera mayor gasto de salud pública aunado a la disminución de ingresos por recaudación de impuestos

En México se registra una baja inversión histórica (alrededor de 2 por ciento del presupuesto nacional en salud) destinada a la atención de la salud mental, cuando la OMS recomienda invertir entre 5 y 10 por ciento del presupuesto de salud. La problemática se agudiza entre la población joven, que enfrenta niveles de prevalencia más altos de depresión y trastornos de ansiedad que, entre otras cosas, son causa de las altas tasas de incidencia de suicidio registradas en personas jóvenes (8 por cada 100 mil jóvenes).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que 29.9 por ciento de los habitantes mayores de 12 años en México sufre algún nivel de depresión ocasional, mientras que 12.4 por ciento lo experimenta de manera frecuente.6

En virtud de lo anterior, nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado un interés particular en la salud mental, resultando en la necesidad de considerar la creación de la Estrategia Nacional para Combatir y Prevenir las Adicciones, mejor conocida como Estrategia Nacional Juntos por la Paz (ENJP).

Por lo que el 5 de julio de 2019 se presentó la ENJP, que cuenta con un importante elemento de salud mental.7

En ese sentido, el 23 de noviembre de este mismo año, el doctor Juan Manuel Quijada Gaytán, titular de los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), señaló que en la Secretaría de Salud se lleva a cabo una reestructuración del sistema de salud mental, buscando atender las necesidades de la población, reducir la brecha de atención y disminuir el estigma.8

En el boletín de prensa 316 de la Secretaría de Salud se señala:

“Esta reestructuración contempla la fusión de tres organismos: Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), Consejo Nacional Contras las Adicciones (Conadic) y el Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), para crear la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

En la Conasama se trabajará bajo un modelo comunitario con enfoque de atención primaria de salud de manera integral e intersectorial y respeto a los derechos humanos. Con este nuevo organismo se prevé que se amplíe el acceso a la atención en salud mental, adicciones y trastornos mentales prioritarios.”

En dicha comunicación también se menciona la intención de que se incluya a las secretarías de Bienestar (a través del Instituto Mexicano de la Juventud), de Cultura, del Trabajo y de Educación, para el desarrollo y aplicación de los siguientes programas específicos:

-Prevención del suicidio

-Salud mental infantil y del adolescente

-Atención y tratamiento de la depresión

-Salud mental para las minorías sexuales

-Salud mental perinatal y materno-infantil

-Salud mental del adulto mayor

-Atención a víctimas de violencia y de trastornos por estrés postraumático.

Esta administración considera también líneas de acción que atiendan la salud mental de enfermos terminales que estén enfocados a aquellos que estén siendo tratados en cuidados paliativos, entendiendo la necesidad de capacitar al personal de primer nivel de atención en temas prioritarios, con apoyo de los planes desarrollados en conjunto con los organismos internacionales y universidades.

Es por ello que contar con un programa de acción en el marco de la estrategia nacional permitiría atender uno de los padecimientos de mayor prevalencia y con un importante impacto en el desarrollo social de nuestro país, sin importar la condición social de aquellos que lo padecen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de México para que, mediante la Secretaría de Salud federal, y en el marco del Día Mundial de Lucha Contra la Depresión, se incluya como parte de la Estrategia Nacional Juntos por La Paz un programa de acción específico que tenga como finalidad la atención de la salud mental incluyendo como prioridad la atención a la depresión y sus consecuencias en el desarrollo social y emocional de las personas.

Notas

1 Depresión. Generalidades. Notas Descriptivas, Organización Mundial de la Salud. Consulta https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

2 13 de enero: Día Mundial de la lucha contra la depresión. Nota con motivo del Día Mundial. Psiconet, España. Consulta

https://www.psiconet.es/13-enero-dia-mundial-de-la-lucha -contra-la-depresion/

3 Salud Mental. Nota Descriptiva. OMS. Consulta

https://www.who.int/es/news-room/facts-in-pictures/detai l/mental-health

4 Día Mundial de la Salud 2017: Depresión – Hablemos. Boletín. OMS. Consulta

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13015:dia-mundial-de-la-salud-2017-depresion-hable mos&Itemid=42050&lang=es

5 Cuesta Depresión Mundial un billón de dólares al año. El Pulso Laboral. 1 mayo 2016. Consulta

https://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-sal ud/3145/cuesta-depresion-mundial-un-billon-de-dolares

6 Depresión: en 2020 será la principal causa de discapacidad en México. Animal Político. Publicado el 22 julio 2018. Consulta https://www.animalpolitico.com/2018/07/depresion-2020-discapacidad-mexi co/

7 AMLO Presenta Estrategia contra las adicciones. El Economista, 5 de julio 2019. Consulta nota

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-presenta-e strategia-contra-las-adicciones-20190705-0039.html

8 Boletín 316. Se busca hacer efectivo el derecho a los servicios de salud mental y la prevención de las adicciones. Publicado el 23 noviembre 2019. Consulta https://www.gob.mx/salud/prensa/se-busca-hacer-efectivo-el-derecho-a-lo s-servicios-de-salud-mental-y-la-prevencion-de-las-adicciones?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de enero de 2020.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a informar y transparentar los motivos, los montos y el destino de los recursos económicos solicitados por concepto de préstamos, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al gobernador constitucional de Veracruz que informe y transparente los motivos, los montos y el destino de los recursos económicos solicitados por concepto de préstamos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los primeros días de su administración –diciembre de 2018–, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicitó un préstamo bancario por 2 mil 500 millones de pesos, crédito que justificó argumentando que no había dinero para pagar los aguinaldos y otras prestaciones a servidores públicos y “otros compromisos del Ejecutivo”, lo que indudablemente incrementó la deuda de Veracruz.

Paralelamente, el mandatario reconoció haber solicitado un adelanto de participaciones federales por 3 mil 65 millones 438 mil 695 pesos.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó un crédito por 4 mil 500 millones de pesos, cuya existencia el gobernador en comento niega.

También se ha referido que el gobierno de Cuitláhuac García solicitó créditos simples por 19 mil 500 millones de pesos ante el Banobras y Bancomer:

Con el Banobras, en noviembre pasado se registraron 2 créditos: 1 por 10 mil (con sobretasa de 0.62 por ciento y una tasa efectiva de 7.87 para el refinanciamiento) y otro por 7 mil 500 millones de pesos (con sobretasa estimada en 0.68 y tasa efectiva de 7.93).

Mientras, con Bancomer se registraron 2 créditos por mil millones de pesos cada uno (con sobretasa de 0.77 y 0.68 por ciento, respectivamente, y tasa efectiva de 8.02 y 7.93).

Préstamos que, según se sabe, serán pagaderos a 244 meses, es decir, a más de 20 años; con lo que se terminarán de pagar en 2040.

El gobernador confirmó que también solicitó un segundo préstamo quirografario por 2 mil 400 millones de pesos para enfrentar los compromisos de fin de año.

Pese a pregonar una supuesta austeridad, el gobierno de Veracruz ha derrochado múltiples recursos tales como el pago de 6 millones de pesos a un grupo musical con motivo de las fiestas patrias en septiembre pasado.

El gobernador mismo ha hablado de la posibilidad de solicitar un nuevo préstamo. Lo que, sin duda alguna genera una grave incertidumbre financiera, toda vez que durante su primer año de ejercicio no se realizaron obras de infraestructura de mayor magnitud, creció la inseguridad, se padecieron graves deficiencias y carencias en hospitales, las inversiones fueron escasas y el abandono al campo ha sido notorio.

En tal virtud, en el Partido Acción Nacional nos preocupa el incremento de la deuda de Veracruz, sobre todo si tomamos en consideración los recortes que se hicieron por austeridad al principio de la administración y la omisión, entonces, de contemplar el pago a burócratas a finalizar el año.

Por ello estimamos indispensable la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Veracruz de Ignacio de la Llave a informar y transparentar ante la opinión pública y esta soberanía el monto de cada crédito adquirido, las instituciones bancarias, los intereses que generarán, el total del crecimiento del endeudamiento en lo que va de su administración; así como el destino de tales recursos, los planes de pago y si aún se tiene contemplado solicitar más créditos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a aplicar las reglas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y liberar fondos a los estados debido a la disminución respecto al programa de recaudación federal participable, suscrita por los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong y en nombre de los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo señalado en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República y se somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicar las reglas del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas y liberen fondos a los estados de la República debido a la disminución respecto al programa de los ingresos y por lo tanto de la recaudación federal participable (RFP), respecto a lo programado (calendarizado) originalmente.

Antecedentes

Sin lugar a dudas, durante el año pasado y lo que va de este las finanzas públicas han enfrentado diversas presiones, una de ellas es la disminución de los ingresos públicos, respecto a los proyectado y considerado en calendarización original.

Dos factores han incidido de manera determinante en este comportamiento; la disminución de los ingresos petroleros, debido a una menor plataforma de exportación y una menor recaudación tributaria, como resultado de una menor actividad económica, de hecho, se anticipa que el crecimiento real del producto interno bruto, para el presente año sea menos de la mitad de lo proyectado originalmente.

Lo anterior ha incidido también en el gasto federalizado, que son los recursos que la federación transfiere a las entidades federativas y a los municipios los cuales, al mes de agosto del año pasado, disminuyeron a una tasa real anual de 11.4 por ciento, siendo esta disminución la peor caída en los últimos 24 años, (agosto de 1995, -15.2 por ciento).

Este descenso obedece principalmente, a que únicamente el Ramo 33: aportaciones federales mostró un crecimiento del orden del 10 por ciento, sin embargo, las Participaciones Federales (Ramo 28) que dependen de la recaudación que lleva a cabo el gobierno federal mostraron una caída real de 9.4 por ciento, al igual que otros componentes del gasto federalizado; de esta manera por ejemplo, los Recursos para Protección Social en Salud cayeron 21.9 por ciento, los Convenios de Descentralización disminuyeron 23.8 por ciento y las provisiones salariales y económicas y otros subsidios disminuyeron 80.6 por ciento .

Es importante señalar que este comportamiento de los ingresos públicos obligó al gobierno federal a utilizar para el ejercicio fiscal de 2019, poco más de 157 miles de millones de pesos (mmp), provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), para hacer frente a sus compromisos de gasto y mantener sus metas de balance fiscal y superávit primario.

Considerando

I. Que las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) establecen que “el Fondo tiene por finalidad compensar, en términos de la ley, la disminución en las participaciones vinculadas con la recaudación, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos.”

II. Que tanto en el Informe sobre la Situación de las Finanzas y la Deuda Pública al segundo trimestre del año, como en los Criterios de Política Económica para 2020, entregados a esta soberanía, como parte del paquete económico, la propia Hacienda reconoce una importante disminución de los ingresos públicos con respecto de lo programado en la Ley de Ingresos para 2019.

III. Que durante el mes de agosto de 2019, de los 13 fondos que integran la recaudación federal participable (RFP), al menos 10 de estos mostraron caídas importantes, incluyendo el de IEPS a gasolinas que registró una caída de 14 por ciento, aún y cuando este impuesto se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el gobierno federal.

IV. Que las únicas entidades federativas que han registrado incrementos reales en el gasto federalizado durante el presente año son Tabasco (9.7 por ciento), Hidalgo (8.3 por ciento), Nayarit (2.8 por ciento) y Querétaro (1.9 por ciento); mientras que el resto presentan importantes caídas reales como por ejemplo; Yucatán (29.3 por ciento), Sinaloa (24.7 por ciento), Baja California Sur (23.6 por ciento), Oaxaca (22.4 por ciento), estado de México (16 por ciento), Durango (15.5 por ciento), Aguascalientes y Coahuila (13.9 por ciento), Campeche (12.8), tan sólo por citar algunos ejemplos.

V. Que de la revisión de diversos informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se desprende que en la actualidad el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) mantiene recursos por 93 mil 500 millones de pesos.

VI. Que ante el menor crecimiento esperado de la economía y que ya la encuesta más reciente del Banco de México, lo ubica en menos de 0.2 por ciento, es de esperarse que la crisis de las participaciones federales y gasto federalizado por lo menos continuará a lo largo del presente año.

Que al mes de octubre de 2019, la recaudación federal participable (RFP) es menor en 572 mil 276 millones de pesos con respecto a lo aprobado y los recursos federalizados son menores en 358 mil 368 millones de pesos a lo aprobado.

VIII. Que, así como el gobierno federal dispuso de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), para poder hacer frente a sus requerimientos de gasto y mantener sus finanzas sanas, las entidades federativas también requieren solventar sus compromisos más elementales de gasto, en beneficio de sus habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único : Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicar las reglas del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas y liberar fondos a los estados de la república, debido a la disminución con respecto al programa de los ingresos y por lo tanto de la recaudación federal participable (RFP), respecto a lo programado (calendarizado) originalmente.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Senadores: Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a hacer público por la Dirección General de Aeronáutica Civil y las dependencias responsables de las bitácoras de mantenimiento un informe pormenorizado de los registros actualizados del mantenimiento de la flota de las aerolíneas mexicanas que operan en el país, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar todas las bitácoras de mantenimiento técnico de cada una de las aerolíneas que operan actualmente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Cámara Nacional de Aerotransportes informó que la industria aeronáutica en México moviliza un aproximado de 220 mil pasajeros y mil 846 toneladas de carga por día, con lo cual genera 18 mil millones de dólares por año, un aproximado de 2.9 por ciento del producto interno bruto del país. Esto se traduce en fuentes de empleos especializados, así como de actividades ligadas al desarrollo de las nuevas tecnologías, mismo que contribuye a impulsar actividades innovadoras y producir un valor agregado mayor a la cadena productiva de este sector en nuestro territorio.

Esta industria en México ha registrado un fuerte e importante crecimiento, impulsando no sólo factores por la creciente demanda de aviones, necesarios para los vuelos comerciales, sino que principalmente por parte de las compañías de aviación de bajo costo, así como por el aumento en el número de pedidos para la renovación de la flota de aviones por países asiáticos, principalmente de China.

La presencia de empresas de la industria aeronáutica en México se ha incrementado, y continúa su crecimiento constante posterior a nueve años, con un registro de crecimiento anual de 17.2 por ciento y aproximadamente 330 empresas existentes en el país, más del doble de lo registrado en 2006, incluidas empresas líderes en la fabricación de aviones y de partes en el mundo que realizan operaciones de manufactura o ingeniería, como Bombardier, Honeywell, Grupo Safran, Eaton Aerospace, Goodrich o ITR, entre otras, de las cuales 80 por ciento son manufactureras, pero en este sector aún quedan retos por afrontar.

La industria de vuelos en aviones comerciales en México se inició en 1921, con la creación de la Compañía Mexicana de Transportación Aérea en la Ciudad de México, mejor conocida como “Mexicana de Aviación” o abreviado “Mexicana”, que fue la cuarta aerolínea del mundo y dejó prestar servicios en agosto de 2010. Actualmente, México cuenta con 7 líneas de vuelos comerciales: Aeroméxico, Volaris, Interjet, VivaAerobus, Aeromar, Magnicharters, Transportes Aero Regional, estas cuenta:1

La aerolínea mexicana de mayor importancia es Aeroméxico, que opera rutas nacionales e internacionales, controla 20.4 por ciento de los vuelos mexicanos y 54 de los internacionales. Realiza vuelos con una flota de aviones Boeing 737 para rutas cortas y medianas y Boeing 767, Boeing 777 y Boeing 787 para vuelos largos. Subsidiarias de Aeroméxico operan una flota de Embraer ERJ-190 y Embraer E-170. Entre Aeroméxico y Aeroméxico Connect operan más de 550 vuelos diarios a 90 destinos en América (Norte, Centro y Sur), el Caribe, Europa y Asia (25 países) con una flota total de más de 70 aviones Boeing (pedidos de 63 más) con la marca Aeroméxico y 61 aviones (pedidos de 2 más) con la marca Aeroméxico Connect.

Volaris es la segunda aerolínea en vuelos comerciales, (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SA de CV), una línea aérea de bajo costo, con una participación de 28.1 por ciento del mercado doméstico (2018). Comenzaron la venta de boletos el 12 de enero de 2006 y el primer vuelo (no comercial) se realizó en febrero de 2006, posterior a la compra del primer avión de la aerolínea. Vuelos comerciales se iniciaron el 13 de marzo de 2006 con un vuelo inaugural entre Toluca y Tijuana, cuenta con una flota de 65 aviones: Aeronaves A319; 16 aviones, Aeronaves A320; 42 aviones, Aeronaves A321; 6 aviones, Aeronaves A320neo; 1 avión.

Interjet es la tercera aerolínea de México en términos de vuelos y pasajeros una aerolínea mexicana de bajo costo que con 21.2 por ciento del mercado mexicano y la segunda en transporte de pasajeros internacionales con 22.4 del mercado (2018). Maneja 55 destinos desde el aeropuerto internacional de Toluca y desde el aeropuerto internacional de Ciudad de México. Grupo Alemán es dueño exclusivo de la empresa. Interjet comenzó sus vuelos el 1 de diciembre de 2005, con una flota inicial de siete aviones Airbus 320, que pertenecían a Volare Airlines de Italia.

Actualmente cuenta con 84 aviones en servicio y pedidos por otros 52 más (2018). Inició operaciones el 1 de diciembre de 2005, con una flota de siete Airbus A320 que habían sido propiedad de la línea aérea Volare Airlines, en Italia. Se pidieron 16 nuevos Airbus A320-200 para reemplazar los aviones usados, pedido al que se agregó otro de 10 aeronaves más el 10 de enero de 2010. Para octubre de 2016, la compañía tenía una flota de 68 aviones.

VivaAerobus (Aeroenlaces Nacionales, SA de CV) es una aerolínea regional de México de muy bajo costo. Comenzó actividades en el 30 de noviembre de 2006. Es la cuarta aerolínea nacional y movió 17.2 por ciento de los pasajeros. Cuenta con una flota de 20 aeronaves: Airbus A320 Neo, 1 avión y Airbus A320-200, 20 aviones.

Aeromar (Transportes Aeromar, SA de CV) es una aerolínea mexicana que opera vuelos domésticos e internacionales a Estados Unidos de América. Vuela a 22 destinos en México y 2 en Estados Unidos de América, con unos 100 vuelos diarios. Posee una flota de 16 aviones, entre los que se cuentan los turboprop ATR 42 (14 unidades), con capacidad para 48 pasajeros. Son aviones construidos por la compañía franco-italiana ATR (Aerei da Trasporto Regionale o Avions de Transport Régional).

Magnicharters (Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V.), es una Aerolínea Mexicana fundada en 1994 con inicio de operaciones en 1995 con su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Actualmente llega a nueve destinos en la República Mexicana. Cuenta con bases secundarias en Guadalajara y Monterrey. Cuenta con una flota de 12 aviones; 11 avión Boeing 737-300 y 1 aviones Boeing 737-500.

Uno de los retos más importantes que enfrentan las aerolíneas mexicanas es el mantenimiento de las flotas de aviones con las que cuenta cada compañía, ya que es importante porque esto otorga la seguridad y confianza que ofrecen, entendiendo que todas las piezas y los componentes tienen un nivel de vida útil y determinada. Para poder asegurarse del correcto funcionamiento es necesario realizar por periodos establecidos chequeos que indiquen el tipo de mantenimiento que dicha aeronave necesita, ya que su uso constante causa desgastes.

Las autoridades de aviación controlan la seguridad y aeronavegabilidad de la aeronave en su jurisdicción revisando y aprobando los programas de mantenimiento del operador (OMP). Los operadores de aeronaves utilizan la información de los documentos de planificación de mantenimiento (MPD), que proporcionan los fabricantes de las aeronaves y otros documentos técnicos para definir los OMP que envían a las autoridades de aviación para su aprobación:2

Documentos de planificación de mantenimiento

Los documentos de planificación de mantenimiento (MPD) los proporcionan los fabricantes de aeronaves para describir las tareas repetitivas necesarias para el mantenimiento de su aeronave. Los ingenieros de planificación de mantenimiento utilizan la información de los MPD para desarrollar Programas de Mantenimiento de Operador (OMP) que, a continuación, se envían a la autoridad de aviación para su aprobación.

Programas de mantenimiento de operador

Los operadores de aeronaves definen los programas de mantenimiento de operador (OMP) y las comprobaciones de mantenimiento asociadas para cada tipo de aeronave de su flota. Cuando la autoridad de aviación aprueba el programa de mantenimiento, se activa el OMP y pasa a ser el documento de control para el mantenimiento de la aeronave.

Biblioteca de tareas de mantenimiento

Los registros de la biblioteca de tareas de mantenimiento contienen listas de registros de tarjetas de tarea que se importan desde los documentos de planificación de mantenimiento (MPD), los programas de mantenimiento del operador (OMP) o desde otros documentos técnicos. Se pueden utilizar registros de MTL para configurar las tareas para los registros de OMP.

Creación de un programa de mantenimiento del operador

Un registro de programa de mantenimiento del operador (OMP) especifica los modelos y los activos relacionados a los que se aplica el OMP. Las tareas del OMP representan las tarjetas de tarea maestra que agrupan tareas relacionadas. Las comprobaciones organizan grupos de tareas OMP, que se llevan a cabo en el mismo intervalo, en una jerarquía de comprobaciones relacionadas.

Importación de tarjetas de tarea maestra en la biblioteca de tareas de mantenimiento

Los registros MTL contienen listas de tarjetas de tarea maestra que se aplican a los modelos y activos asociados. La información de las tareas se importa desde los documentos de planificación de mantenimiento, desde las copias de los programas de mantenimiento del operador o desde otros documentos técnicos.

Las actividades de mantenimiento de las aeronaves se deben ajustar a una normativa estricta y deben cumplir los estándares establecidos para el sector de aviación.

En abril de 2019, México y Canadá firmaron un acuerdo técnico de mantenimiento de aeronaves, con el que se busca el intercambio de estos servicios con una mayor eficiencia a aeronaves mexicanas y canadienses en cumplimiento a los estándares y normativa. Además, ayudará a fortalecer, desarrollar y ampliar la cooperación entre ambos países, en el ámbito de los servicios que brindan las organizaciones aprobadas de mantenimiento (AMO), certificadas por las autoridades aeronáuticas.3

Sin embargo, el 3 de enero del año en curso, en el aeropuerto internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla, la aeronave M120 MEX-GDL, de la compañía de Aeroméxico, operado en un equipo Boeing 737-800, sufrió la ponchadura de cuatro llantas del tren principal de aterrizaje, que causó humo. La situación fue controlada de inmediato por personal del aeropuerto. No hubo lesionados, pero aún se desconocen las razones del percance.

Por lo fundado y motivado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a publicar todas las bitácoras de mantenimiento técnico de cada una de las aerolíneas que opera actualmente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así también, que haga públicos los avances en la implantación de la declaración conjunta de intención entre dicha secretaría y el Departamento de Transporte de Canadá sobre cooperación en el ámbito de certificación de organizaciones aprobadas de mantenimiento, en materia aeronáutica.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a solicitar a cada una de las aerolíneas actualmente operantes que publiquen los expedientes de mantenimiento realizados durante 2019 y los años posteriores.

Notas

1 https://aerolineasmexicanas.mx

2 BM Maximo for Aviation MRO, versión 7.6.1.

3 Acuerdo México y Canadá en materia aeronáutica, https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Mexico-y-Canada-firman- acuerdo-de- mantenimiento-de-aeronaves-20190424-0098.htm

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a armonizar los contenidos del acuerdo 286 con el artículo 145 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Carlos Alberto Valenzuela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que armonice los contenidos del Acuerdo 286 con el artículo 145 de la Ley General de Educación vigente, ello a fin de que, entre otros, se incluya en la lista de perfiles profesionales ofertados por el acuerdo a la profesión de interpretación y traductor, y se realice un programa de acreditación profesional a la misma ; lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La carrera profesional de interpretación y traducción de lenguas extranjeras en el país es relativamente nueva. Siendo muy pocas instituciones tanto públicas como privadas las que imparten dichos estudios con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública en los últimos 40 años.

A continuación, se muestra una tabla en la que se puede apreciar las instituciones en las que se ofrece esta formación profesional, en la que nos podemos percatar de la escasa oferta y aún más en la educación superior de origen público.

Fuente: Elaboración propia con datos consultados en:

https://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas#

Sin embargo, a pesar de esta realidad estructural y educativa en el país, existen personas con experiencia adquirida por varias décadas en la profesión de la interpretación y traducción, que no solo implica el dominio de un idioma en particular sino el conocimiento profundo de un vocabulario técnico amplísimo. Toda vez que un intérprete debe desempeñarse en campos como el médico, económico, social, cultural, universitario, del derecho, etcétera.

Ramas del conocimiento, que aún sin ser expertos debe conocer el mayor léxico posible de las mismas, y este conocimiento se va adquiriendo a lo largo de los años y horas de trabajo en campo.

Es de señalar que actualmente existen personas que se dedican a esta actividad sin disponer de una acreditación profesional ya que en su momento no había existido una oferta a nivel licenciatura adecuada para acreditarse y de disponer con una cédula profesional que ampare su formación en los términos de la Ley General de Educación aplicable en los años anteriores, así como la vigente, ni mucho menos en materia de profesiones acreditadas para ejercerse a nivel profesional.

Esta situación lo que produce es una desventaja estructural frente a las nuevas generaciones de personas que sí disponen de un documento que acredite el ejercicio de esta profesión y con mejores condiciones de trabajo y remuneraciones por un trabajo igual.

Es por ello que, al amparo del Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, es posible que estas personas a lo largo y ancho de país puedan acceder a un procedimiento administrativo de acreditación y reconocimiento de sus habilidades para ejercer una profesión como la de intérprete y traductor.

Como referencia, de acuerdo a datos del Colegio de Intérpretes de Conferencias, AC, consideran que más de tres decenas de afiliados pueden solicitar su acreditación mediante el Acuerdo 286, y cuya experiencia en promedio es de más de 26 años, y la oferta académica a nivel público está en desarrollo desde 2015.

Tan solo en México asociaciones como la Organización Mexicana de Traductores, la Asociación de Traductores e Intérpretes de Monterrey, o el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, solo uno logra agrupar a más de una centena de miembros.

El Acuerdo 286 data del 30 de octubre del 2000 y su finalidad es “reducir significativamente tanto los requisitos del trámite, como el tiempo del procedimiento para la acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral”.1

En su más reciente modificación del Acuerdo 286, de fecha 18 de abril de 2017, en su Título Tercero establece los procedimientos que permitan la acreditación de conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo.

Asimismo, en su numeral 47.3. inciso a) señala:

47.3 Para la acreditación de conocimientos que correspondan a niveles educativos del tipo superior, el interesado deberá:

a) Presentar ante la institución evaluadora respectiva, la solicitud de evaluación correspondiente, acompañada de la documentación necesaria. En caso de ser uno de los perfiles profesionales publicados en el portal electrónico institucional de la Secretaría, el interesado deberá contar con el mínimo de créditos establecido por el Comité Permanente de Designación , obtenidos en alguna institución educativa del sistema educativo nacional. En caso de ser un perfil profesional diferente a los publicados, no se requerirá de porcentaje mínimo de créditos concluidos para ser evaluado, y ...2

Énfasis propio

Es necesario precisar que en el listado que refiere el numeral 47.3 a), no se incorpora el perfil profesional de interprete y/o traductor.3 Asimismo, a diciembre de 2019 solo se disponen de 11 instituciones evaluadoras acreditadas vigentes para llevar a cabo el proceso de reconocimiento de estudios y ninguna de ellas lo realiza para el perfil de intérprete y/o traductor a nivel profesional; incluyendo al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, AC (Ceneval) el cual acredita a 37 perfiles profesionales.4

Es necesario señalar que ya existen antecedentes de reconocimiento de estudios a nivel licenciatura en interpretación mediante este Acuerdo en el año 2013 en el Expediente DGAIR/P.A./286/166/2013, el cual concluyó con la expedición del título del interesado el 16 de febrero de 2016 y la cédula profesional el 29 de junio de 2016.

Asimismo, se destaca que, con la publicación de la nueva Ley General de Educación del 30 de septiembre de 2019, debe actualizarse y armonizarse el Acuerdo 286 o expedirse uno nuevo en el mismo tenor de garantizar los derechos constitucionales plasmados en los artículos 3 y 5.

De lo anterior, es posible inferir que es competencia de la Secretaría de Educación Pública, dar atención al trámite de reconocimiento de estudios profesionales adquiridos de manera autodidacta y por experiencia laboral en los términos que establece los artículos 3o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 145o. de la Ley General de Educación; 41o., fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.5

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal para que armonice los contenidos del Acuerdo 286 con el artículo 145 de la Ley General de Educación vigente, ello a fin de que, entre otros, se incluya en la lista de perfiles profesionales ofertados por el Acuerdo a la profesión de interpretación y traductor, y se realice un programa de acreditación profesional a la misma.

Notas

1 https://www.sep.gob.mx/es/sep1/acuerdo_286

2 Acuerdo 286. Consultado en: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/13909/2/images/acuerdo0 20417.pdf

3 Véase: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/
13909/2/images/Listado%20de%20Perfiles%20Autorizados.pdf

4 Véase: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/12634/7/images/Director io_IE_vigentes_18122019.pdf

5 Véase: http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/229/1 /images/risep_2018(1).pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a informar a esta soberanía de sus conclusiones sobre la consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano realizadas en diversos estados del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019 respecto al Tren Maya, suscrita por los diputados Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del PRI

Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa Reza, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

Antecedentes

El 12 de diciembre de 2017, durante la firma de su registro como precandidato por la coalición Juntos Haremos Historia ante el Instituto Nacional Electoral, el candidato Andrés Manuel López Obrador propuso, entre otras cosas: desarrollar un tren turístico-cultural en la zona maya que recorrerá la ruta Cancún-Tulum, Calakmul-Palenque.1

Más adelante, el 18 de abril de 2018, poco antes de que iniciaran formalmente las campañas presidenciales, la coordinadora de la campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier, anunció el proyecto del Tren Maya:

“Con #AMLOVE queremos que México llegue a ser un ejemplo para el mundo en muchos ámbitos. El hermoso proyecto del Tren Maya marcará un hito global en el turismo y el desarrollo regional, siempre cuidando el medio ambiente”.2

En el documento denominado: Proyecto de Nación 2018-2024, presentado por el partido político Morena y Andrés Manuel López Obrador, se incluyó el Plan del Tren Turístico Transpeninsular, para cubrir el recorrido de Cancún hasta Palenque, con escalas en Tulum, Bacalar, Calakmul, como un importante proyecto de infraestructura y potenciador del Desarrollo Regional.3

Ya como presidente electo y luego de la seudo-consulta pública que se llevó a cabo para no continuar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los días 24 y 25 de noviembre de 2018, se aplicó nuevamente ese mecanismo, con más de 10 temas emblemáticos que venía planteando el Lic. Andrés Manuel López Obrador, entre los cuales se incluía el Tren Maya

Supuestamente, en dicha consulta participaron 946 mil 81 personas, menor número que el que “logró convocar” la votación sobre el destino del aeropuerto de Texcoco y tuvo un costo de 2 millones 400 mil pesos, aportados por los legisladores de Morena, según un comunicado de la oficina de prensa del presidente electo.4

En la controvertida consulta —ajena a la consulta establecida en la Constitución y a la ley en la materia- se pudo votar, además del Tren Maya, que ambientalistas y grupos indígenas pidieron detener, por propuestas como el tren que conectará el Océano Atlántico y el Pacífico, a través del Istmo de Tehuantepec; así como la modernización de las seis refinerías existentes en el país y la construcción de una nueva en Tabasco.

De entre el conjunto de resultados entregados por la Fundación Arturo Rosenblueth, que mostraron aprobación a los temas planteados por el aún presidente electo, destacó que el Tren Maya, un proyecto que se dice detonaría el desarrollo turístico y económico en el sureste mexicano, contó con el 89.9 por ciento de aceptación, mientras que el 6.6 por ciento dijo que “no” a esta propuesta y 3.6 por ciento de los participantes anuló su voto.

Para el mes de febrero de 2019, el ya presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a más tardar en el mes de marzo lanzaría la licitación para el Tren Maya, para fomentar el turismo e impulsar el desarrollo económico del sureste del país.5

Luego en una gira por el estado de Campeche el 23 junio de 2019, López Obrador anunció una inversión de 40 mil millones de pesos para la construcción del Tren Maya, cuya construcción, dijo, detonará la generación de empleos.6

Y anunció que para que no sucediera lo que con el Proyecto de Aeropuerto de Santa Lucía, que fue objeto de la presentación de innumerables recursos legales en su contra, volvería a someterá a consulta pública, el proyecto del Tren Maya, además con el propósito de garantizar que no se perdiera la inversión de 120 mil millones de pesos que se requieren.7

Asimismo, explicó que, como parte del diálogo del proyecto, los habitantes de la zona maya solicitaron al mandatario su inclusión en el proyecto para ser ellos los beneficiados y no la gente que “viene de fuera”.

Omisión en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Pese a que la Ley de Planeación que, regula la elaboración, presentación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, establece en su artículo 20, que:

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.

Y el artículo 20 Bis determina que:

En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente.

Se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con múltiples fallas, entre ellas: que no se demostraba la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas conforme a la legislación aplicable y las disposiciones reglamentarias en las que se prevé la organización y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a que deben sujetarse la participación y consulta para la planeación nacional del desarrollo.

Así, el 12 de julio de 2019 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el Diario Oficial de la Federación y en el apartado: III. Economía Detonar el crecimiento, Proyectos regionales, enlistado como número 1:

1. El Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán.

La mayor parte de su ruta pasará por derechos de vía ya existentes, como vías férreas, carreteras y tendidos eléctricos, tendrá 15 estaciones y requerirá de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales.

El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región.

Se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.

Es decir, en el PND 2019-2024 textualmente se establecía: “el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio”, aunque no se contara aún con la consulta previa a comunidades indígenas que iban a ser afectadas por dicho proyecto.

Una Colsulta Desfasada no es Previa

Hasta el 15 de noviembre de 2019 -el mismo día en que debería dar inicio-, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria al Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya, que organizarían: la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

En dicha convocatoria se explicitó que el proceso de consulta a comunidades indígenas se realizaría del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, a través de Asambleas Regionales Consultivas. Por su parte, la Jornada de ejercicio participativo se llevaría a cabo el día 15 de diciembre de 2019.

La consulta constó de al menos cinco etapas:

Etapa de actos previos

Se configuraron 15 regiones indígenas en las que se realizarán las Asambleas Regionales Consultivas, teniendo como base la información oficial disponible sobre municipios y localidades indígenas ubicados en el área de influencia del proyecto.

Se elaboró un Protocolo de la Consulta Libre, Previa e Informada para este Proceso de Consulta, que contiene las reglas y principios mínimos que deberían observar las partes durante todo el proceso, Dicho protocolo prevé que en aquellos casos de posible afectación a sus tierras y recursos naturales, o cualquiera otra que implique un impacto significativo de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se implementarán procesos de consulta específicos para alcanzar acuerdos con la comunidad de que se trate.

Etapa informativa:

A partir de la publicación de la convocatoria, la Autoridad responsable y el órgano técnico proporcionarían, por todos los medios de comunicación y difusión, la información disponible del proyecto a las comunidades indígenas a consultar. Asimismo, se realizarían 15 Asambleas Regionales Informativas los días 29 y 30 de noviembre de 2019, a partir de las 09:00 horas.

La información que se proporcionaría, por lo menos debería atender los siguientes aspectos:

- Objetivos del proceso de consulta, así como metodología de la Asamblea Regional Consultiva;

-Información técnica, económica, social, cultural y ambiental del “Proyecto de Desarrollo Tren Maya”; y,

-Un resumen ejecutivo del proyecto en cuestión;

La comunidad consultada tendría el derecho de solicitar información adicional en cualquier etapa del procedimiento de consulta. Por su parte, las distintas instancias gubernamentales expondrían la información que, conforme a sus atribuciones, les competa.

Etapa deliberativa:

Concluidas las Asambleas Regionales Informativas, se declararía abierta la fase deliberativa. En esta etapa los representantes de las comunidades indígenas, podrían llevar a cabo asambleas o reuniones con sus integrantes a fin de reflexionar la información recibida y construir propuestas, sugerencias o planteamientos sobre el “Proyecto de Desarrollo Tren Maya”.

Etapa de consultiva:

La etapa consultiva se desahogaría a través de 15 Asambleas Regionales Consultivas que se celebrarán los días 14 y 15 de diciembre del presente año, a partir de las 09:00 horas. En esta etapa, la Autoridad responsable del proyecto, establecería un diálogo con las comunidades indígenas consultadas con la finalidad de recibir propuestas, opiniones, sugerencias o planteamientos, estableciendo los acuerdos correspondientes.

Las propuestas, recomendaciones y acuerdos serían plasmados en un Acta y Relatoría de las Asambleas a las que se adjuntarán las firmas de los participantes y las firmas de las autoridades responsables.

Seguimiento

En las Asambleas Regionales Consultivas se debería designar una Comisión de Seguimiento y Verificación para el debido cumplimiento de los acuerdos. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se generen en el Proceso de Consulta.

Otros mecanismos de recepción de propuestas y planteamientos

Las autoridades y representantes de las comunidades indígenas, así como los ciudadanos pertenecientes a dichas comunidades podían remitir sus propuestas, opiniones, sugerencias o planteamientos vía correo electrónico.

Así, durante los últimos días de noviembre de 2019 se realizaron asambleas informativas en comunidades indígenas de los cinco estados de la república por los que pasará el Tren Maya y los días 14 y 15 de diciembre de 2019, se realizó la consulta para definir el rumbo del proyecto.8

El Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que se instaló un total de 269 módulos de participación en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En la consulta participaron alrededor de 987 comunidades indígenas, el equivalente al 70 por ciento del total de las comunidades convocadas, informó el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, durante la conferencia de prensa matutina del 16 de diciembre de 2019, y aunque estuvieron de acuerdo, las autoridades comunales expresaron diversas peticiones.9

De acuerdo con el funcionario mencionado, como parte de los acuerdos, los pueblos plantearon participar en este importante proyecto y que fueran atendidas sus demandas, sus exigencias en materia de desarrollo, en materia de infraestructura básica en la cuestión de la tenencia de la tierra y la protección de su patrimonio natural, cultural e intelectual.

En total, 93 mil 142 ciudadanos mexicanos votaron por el sí al Tren Maya, equivalente al 92.3 por ciento del total de los votos, aunque medios de comunicación, señalaron la falta de presencia de autoridades electorales en el proceso.

De acuerdo a estos resultados comentados en conferencias de prensa, durante noviembre y diciembre, se realizaron 30 asambleas consultivas con comunidades indígenas cerca de la ruta del tren. Se consultaron a 1,400 comunidades mayas, choles, tzotziles y tzeltales, a las que se les dio información en su propia lengua.

En las 15 asambleas realizadas en noviembre participaron 4 mil 800 autoridades indígenas, de mil 78 comunidades indígenas, con una participación del 75 por ciento. En tanto, en las 15 asambleas restantes realizadas el diciembre, participaron 5 mil 237 autoridades indígenas de 987 comunidades.

En esas mismas conferencias de prensa matutinas, del día 16 de diciembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de construcción de la obra a cargo de Fonatur, con un presupuesto de 120 mil millones de pesos. Y aseveró que la obra de infraestructura se iniciaría con la primera licitación pública, en la primera semana de enero de 2020, en las zonas donde ya existe vía de ferrocarril, y para finales de marzo o principios de abril, también de 2020, se comenzarían las obras físicas.10

Las Riesgos Ambientales

Diversos especialistas han comentado y cuestionado el Proyecto de Desarrollo Tren Maya, entre ellas destacan, lo que ha planteado la ex secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo.

Para esta especialista, la península de Yucatán es una biorregión muy delicada desde el punto de vista ecológico, porque, aunque existen bosques tropicales, éstos son muy frágiles debido a que se asientan sobre muy poco suelo y éste sobre roca calcárea, por donde se infiltran las lluvias a los muchos cenotes y sistemas de cavernas. El impacto en la sustentabilidad futura de la región, podría verse afectado por lo que se requieren rigurosos estudios de impacto ambiental.

Desde su punto de vista, hay al menos tres asuntos destacables a considerar:11

1. Los ecosistemas más vulnerables de la ruta del tren son las dos Reservas de la Biosfera, Calakmul y Sian Ka ´an. Ambas registradas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. El tren tentativamente pasaría inicialmente por la segunda, registrada desde 1987. Tiene una extensión de más de medio millón de hectáreas, y alberga selva, pantanos y manglares. Lo más recomendable es que quede (el tendido férreo) fuera de las áreas protegidas y los corredores biológicos de Quintana Roo; de lo contrario, se tendrían que construir varios tramos elevados.

2. El tren posteriormente seguirá por Calakmul, atravesando por en medio a la reserva. Fue inscrito en 2002 en la lista de Patrimonio Mundial. La zona núcleo es de 331 mil 397 hectáreas, y la de amortiguamiento es de 391 mil 788 has. Contiene una antigua ciudad maya y bosques tropicales muy bien conservados. Tiene tres especies de primates, jaguar y puma. Uno de los criterios para hacerla en la lista fue la integridad del ecosistema. La Unesco afirma que la propiedad está localizada en el corazón de la segunda mayor extensión de bosque tropical en América, una de las mejor conservadas de la región. Posee una excepcional integridad ecológica y cultural, debido a que no habido una significativa intervención humana desde que la fue establecida como área natural protegida en 1989.

3. El impacto de una línea de ferrocarril en el medio ambiente puede tener distintos niveles de daño. Existe evidencia de que la contaminación del suelo y la hidrología, puede afectar la vegetación y la fauna acuática, mientras que el ruido puede afectar vertebrados terrestres. Otros investigadores, afirman que comparados con el impacto conocido por las carreteras, se conoce menos el causado por las líneas férreas y los trenes, y lo que se conoce es en su mayoría en bosques templados del hemisferio norte y en especies como osos y alces, no en bosques tropicales que tienen muchas especies.

La investigadora plantea que si bien se ha planteado, que se podría construir el tren, si se implementan medidas de mitigación, como las que han anunciado los promoventes del proyecto, reforestando los árboles perdidos. Eso sería posible, si no es que fueran reservas de la biosfera registradas en la lista de Patrimonio Mundial. Aquí la Unesco va a tener que ser un organismo obligado de consulta. 12

Para ella y otros especialistas reconocidos como Santiago Izquierdo Tort y Alicia Barceinas Cruz, todo lo anterior es evidencia de que Calakmul y Sian Ka´án, no son ecosistemas comunes y corrientes, son las joyas de la corona de la conservación de la biodiversidad mexicana, y por eso han sido registrados en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. De todo el planeta Tierra, de todos sus ecosistemas preciosos, solo 669 son reservas de la biósfera, ubicadas en 120 países.13

No cualquier área natural protegida nacional se integra al registro de patrimonio mundial; para lograrlo, tiene que cumplir con una serie de siete rigurosos criterios, que están detallados en el Artículo Cuarto del Convenio Marco de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, el estatuto reglamentario de la Convención Mundial de Patrimonio Mundial (Unesco), que México firmó en 1984.

Por otro lado, el artículo 29 de la Convención obliga a los países reportar a la Unesco cualquier cambio en la forma en que cumplen con la misma en sus territorios. Si la Unesco considera que un país —y eso incluye a la sociedad, no sólo al gobierno en turno— no cumple con sus compromisos de cuidado de un sitio registrado, pondrá a este en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

Estos analistas han manifestado que, el proyecto del “Tren Maya” hace una proyección de usuarios de tres millones de personas al año, en la zona turística de Palenque y Calakmul, es decir, unas ocho mil personas al día. Ese enorme flujo de personas no será lo que los expertos llaman turismo sustentable. Rebasará la capacidad de carga de la zona arqueológica y la reserva, por mucho.

Los impactos al bosque tropical y sus especies son un asunto muy serio; sin embargo, lo que sostiene todos estos ecosistemas, es el suelo de la península de Yucatán, y a juzgar por los estudios, se trata de uno muy frágil.

La zona sur del estado de Quintana Roo es un gran ejemplo de ello. Recientemente se han registrado hundimientos en las carreteras, áreas urbanas y hasta en las selvas. Uno de ellos ocurrió hace poco en la laguna de Chakanbakán. Por debajo de la superficie corren cientos de ríos subterráneos y existen cenotes y sistemas de cavernas que no han sido mapeados. Se requieren muchos estudios para apenas poder planear una mega obra como la que se plantea: en hidrología, geología, cambio climático, biología, impacto social; sin embargo, la obra y muchos recursos ya se han anunciado y comprometido.

La Consulta Previa, Libre e Informada

Uno de los mecanismos más importantes para el respeto y la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas es el derecho a la consulta previa, libre e informada, siendo la columna vertebral del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el instrumento jurídico internacional más importante en relación con los pueblos indígenas.

La consulta previa se ha convertido en uno de los temas más controvertidos de los derechos indígenas. Esto es debido a que se conjuntan conflictos jurídicos, políticos, económicos y sociales; además es un espacio de posible encuentro entre los intereses económicos y la supervivencia de los pueblos indígenas.

El Convenio 169 de la OIT define en su artículo 1o. inciso b), que los indígenas son:

“[...] los pueblos en países independientes [son] considerados indígena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.14

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define a los pueblos indígenas en su artículo 2o. como:

“[...] aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”, aunando en el hecho que “la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”, finalmente determinando que “son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.15

El derecho a la consulta previa, es el derecho de participación de los pueblos indígenas en situaciones que impliquen una afectación a ellos y a sus derechos. Es un método de reconocimiento de los pueblos como autónomos y con libre determinación para darles la posibilidad de definir sus prioridades para desarrollarse. Es el derecho de los pueblos indígenas de elaborar las normas, buscando un acuerdo con ellos en los aspectos que los involucren.

La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada es un derecho humano colectivo de los indígenas que les ayuda a prevenir el que puedan ser vulnerados sus derechos y se sustenta en principios internacionales como la libre determinación, la igualdad, la identidad cultural, el pluralismo, el respeto a la tierra, territorio, recursos naturales, entre otros.

La consulta debe ser:

Libre: no debe haber interferencias ni presiones;

Previa: debe ser anterior a la adopción y aplicación de la medida legal o la administración nacional y a la ejecución del proyecto o actividad.

Informada: se debe dar a conocer el objeto de la ley, decreto o proyecto a los posibles afectados.

Culturalmente adecuada: se debe realizar a través de asambleas y de las instituciones representativas de cada pueblo indígena. Se debe tener en cuenta las peculiaridades de los pueblos, formas de gobierno, usos y costumbres. Así como tener un diálogo intercultural con las partes.

De buena fe: debe haber buena disposición, un diálogo equitativo, imparcial, con igualdad de oportunidades de poder influir en la decisión final, y con reconocimiento del otro como interlocutor válido, legítimo y en igualdad de condiciones.

La consulta previa, como manifestación del derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que los puedan afectar, procede cuando deben ser consultados en situaciones como las siguientes:

a) Antes de que el Estado adopte o aplique leyes o medidas administrativas que los puedan afectar directamente (Convenio 169 de la OIT, art. 6.1; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19).

b) Antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 32.2).

c) Antes de autorizar o emprender cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales que se encuentren en las tierras donde habitan (Convenio 169, art. 15.2).

d) Antes de utilizar las tierras o territorios indígenas para actividades militares (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art.30)

En nuestra legislación, el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos para llevar a cabo su libre determinación. En el mismo artículo se refiere a la obligación gubernamental de “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en su artículo 2o., establece que:

“El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos.”

Precedentes sobre el Incumplimiento de Consultas Previas

Con base en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el marco jurídico nacional, así como en el marco internacional, históricamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido algunas recomendaciones.16

Recomendación 23/2015 Sobre el caso de vulneración al derecho a una consulta libre, previa e informada, en perjuicio de diversas comunidades indígenas.

La CNDH emitió esta Recomendación dirigida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), por vulnerar el derecho a la consulta previa al aprobar la siembra de soya genéticamente modificada sin consultar a pueblos indígenas en varias regiones del país.

La CNDH afirmó que toda situación que sea susceptible a violar los derechos de los pueblos indígenas, debe ser consultada. En este caso, se omitió la consulta de los pueblos probablemente afectados, violando el artículo 2o. Constitucional, apartado B, fracción IX; 6 (Derecho a la consulta), 7 (Derecho al consentimiento y cooperación), 15 (Derecho a los recursos naturales), del Convenio 169 de la OIT; 18 (Derecho a participar en las decisiones), 19 y 32.2 (Consentimiento libre e informado), de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; así como 1.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Entre otras encomiendas, se recomendó al secretario de la Sagarpa que se efectúe la consulta libre, previa, informada y de buena fe, a los interesados, para cumplir con lo dispuesto por el derecho interno y por los instrumentos internacionales. Así como girar las instrucciones correspondientes a efecto de que se analice la autorización y se valore llevar a cabo las medidas pertinentes para evitar que se afecte el derecho a la consulta.

De igual manera, recomendó al titular de la Cibiogem que para hacer efectivo el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe, y se garantizara la sustentabilidad ambiental, social y económica de estos pueblos, se establecieran mecanismos y medios adecuados para su protección.

Recomendación 56/2012 Sobre la violación de los derechos humanos colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento y protección de la salud del pueblo wixárika en Wirikuta.

La CNDH emitió esta Recomendación dirigida a varias instancias gubernamentales, entre ellas a: la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí, por violar el derecho de los indígenas a ser consultados en los procedimientos para la emisión de cualquier permiso, licencia, concesión y autorización minera que afectaran su cultura y territorios, entre otras violaciones consecuentes.

La CNDH constató que las autoridades aprobaron el inicio de las operaciones mineras al otorgar concesiones en el territorio Wirikuta, sin tomar en cuenta la opinión, ni las costumbres del pueblo indígena. A pesar de que el Estado está obligado, constitucional, convencional e internacionalmente a consultar a los pueblos indígenas sobre los actos legislativos o administrativos que puedan afectarlos directamente.

Entre una larga serie de recomendaciones que se emitieron, se pidió instruir para que se realicen las gestiones necesarias a efectos de que, durante el trámite y resolución de cualquier concesión o autorización minera susceptible de afectar los intereses o derechos de los pueblos indígenas, se tienda a efectuar la consulta y se otorgue la participación indígena. Así como, girar instrucciones para que se realicen las gestiones necesarias a efectos de que en la normativa aplicable en materia minera se busque incluir expresamente el proceso de consulta a los pueblos indígenas, en relación con cualquier procedimiento administrativo que pueda afectar sus intereses y derechos.

Recomendación General 27/2016 Sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana.

La CNDH propuso la incorporación del derecho a la consulta previa, libre e Informada dentro del sistema jurídico mexicano. Recomienda que se haga mediante la elaboración de leyes específicas sobre el derecho mencionado, tanto a nivel federal como local sustentadas en los más altos estándares de protección, tanto nacionales como internacionales.

La Recomendación General está dirigida al Ejecutivo federal para presentar una iniciativa de ley sobre ese mismo derecho. También al Congreso de la Unión para estudiar, discutir y votar la ley, que haga lo propio con la iniciativa de legislación específica sobre la materia que presente alguna de las Cámaras y se asegure la participación de los pueblos y comunidades indígenas mediante consultas a las mismas, además de integrar al procedimiento legislativo a organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Finalmente se recomienda los gobernadores estatales, al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a sus congresos locales, para que realicen lo mismo de manera local.

La CNDH consideró fundamental precisar que la consulta previa, libre e informada, deberá tener progresivamente un carácter vinculante. En la Recomendación se señala que sólo los estados de San Luis Potosí y Durango cuentan con una ley específica sobre consulta previa, y se propone una revisión de tales mandamientos a efecto de propiciar que los estándares de protección que contemplen sean acordes con los que se sugiere se adopten en los niveles federal y local para las demás entidades, para que la legislación nacional tenga la mayor armonización posible en este tema.

Los Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En noviembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en la que reclamó la invalidez del Decreto 534/2017, por el que se modificó la Ley para la Protección de los derechos de la Comunidad Maya y la Ley del Sistema de Justicia Maya, ambas del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa, el 31 de octubre de 2017.

La accionante, en sus conceptos de invalidez, argumentó, esencialmente, que el decreto que se combate vulnera el derecho a la consulta previa de las personas pertenecientes a comunidades indígenas reconocido en los artículos 6 y 7 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que prevén la obligación de los Estados parte de consultar previamente a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular, a través sus instituciones representativas en aquellos casos en los que se contemplen medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente.

En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que de la interpretación del artículo 2o. constitucional, así como del numeral 6 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, las autoridades en el ámbito legislativo, se encuentran obligadas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas antes de adoptar acciones o medidas que pudieran afectar sus derechos e intereses, teniendo como características que dicha consulta, debe ser de manera previa a la emisión de la norma, culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales, informada y de buena fe. 17

Lo anterior, toda vez que de conformidad con la reforma efectuada al artículo 2o. de la Constitución Federal en agosto de 2001 se reconoció la composición pluricultural del país, se fijaron los criterios para determinar qué poblaciones se considerarán como indígenas, estableciendo que contarán con la prerrogativa de conservar y decidir sobre su organización social, política, económica y cultural, a elegir de conformidad con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno y a contar con el derecho a la libre determinación, el cual se ejercerá en todo momento dentro del ámbito constitucional.

Asimismo, en dicha reforma se dispuso que las constituciones y leyes locales reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, a efecto de fortalecer la participación y representación política, atendiendo a sus tradiciones y normas de carácter interno.

De esta manera, la SCJN indicó que el tema relativo a la consulta previa contenido en el mencionado Convenio 169 de la OIT, también puede desprenderse del artículo 2o. constitucional, pues éste prevé el reconocimiento a su autodeterminación, a la preservación de su cultura e identidad, al acceso a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación.

En el caso concreto, la SCJN en pleno determinó que las modificaciones realizadas a la Ley para la Protección de los derechos de la Comunidad Maya y la Ley del Sistema de Justicia Maya, ambas del estado de Yucatán, consisten en cambios legislativos que inciden o pueden incidir en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de la zona, pues entre otros, se abordan temas relacionados con los intérpretes, sus protocolos de actuación y requisitos para ser juez maya.

En ese tenor, el Alto Tribunal señaló que de las constancias que integraron el expediente, se advirtió que no se llevó a cabo la consulta a los pueblos indígenas implicados, de manera previa a la emisión del decreto controvertido, razón por la cual, al existir una violación directa tanto al artículo 2o. constitucional, como al numeral 6 del Convenio 169 de la OIT, se declaró la invalidez total de dicho acto legislativo. 18

El pasado 5 de diciembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó artículos del Código Electoral del estado de Hidalgo, publicados el 9 de septiembre de 2019, como parte de la reforma 2019, y ordenó al Congreso local del estado de Hidalgo, reponer la consulta a las comunidades indígenas, para normar su participación en la elección de diputados locales, pues la sentencia surtirá efectos cuando terminen los comicios para ayuntamientos de 2020.19

De acuerdo con el dictamen propuesto por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien resolvió las acciones de inconstitucionalidad 108/2019 y 118/2019 promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el partido Más por Hidalgo, debieron transcurrir 30 días entre la emisión de la convocatoria y la celebración de la consulta, pero sólo acontecieron 28.

Asimismo, indicó que no hubo comunicación entre las autoridades que representan a las localidades originarias y el Poder Legislativo – con una mayoría de diputados de Morena–, a fin de facilitar la comprensión de los temas que se trataron en las asambleas regionales.

Según la ponente, en los siete foros programados el 5 de agosto –de los cuales fue cancelado el de Tenango de Doria– el parlamento tampoco implementó los mecanismos para alentar la participación informada.

Las bases fueron publicadas en español, náhuatl y hñahñu, sin embargo, el artículo 39 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el estado de Hidalgo menciona que existen también los idiomas otomís, tepehua, tenek y pames, explicó.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá manifestó que no fue culturalmente adecuada porque se eligieron sedes fuera de las comunidades y la presencia del Legislativo es “arrolladora” toda vez que el personal de este dirigía y “manipulaba” las mesas de trabajo.

Por su parte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, con base en preceptos internacionales, sostuvo que el Congreso de Hidalgo debió identificar mediante estudios antropológicos o etnográficos y visitas a las localidades cuáles son sus usos y costumbres; incluso si en una determinada región geográfica existen conflictos intercomunitarios No se advierte la coordinación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del organismo homólogo estatal con la comisión encargada de llevar a cabo el proceso.

Hay que tomar en cuenta que municipios conformados casi en su totalidad por comunidades indígenas como Xochiatipan, Jaltocán y Yahualica no fueron sedes de asambleas regionales.

Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek sostuvo que el estándar para evaluar el procedimiento, primero de su tipo en Hidalgo, hecho por los legisladores no debe ser tan rígido –si cumplió o no–, pues se hizo un esfuerzo.

Legisladores y Legisladoras:

Estamos ante un proceso de consulta llena de contradicciones, faltas graves a la Ley de Planeación, manipulaciones, tropiezos y omisiones, que no parecen estar a la altura de lo que se ha consagrado en nuestra Constitución y en el derecho internacional, sobre los pueblos indígenas y sus comunidades.

Se realizaron compromisos presupuestales y compromisos de desarrollo regional, mucho antes de hacer una consulta previa, informada y culturalmente adecuada. Luego se realizó una consulta, que inició el mismo día en que se publicó la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

Pero además durante la supuesta consulta se han evidenciado problemas que no son menores. De hecho, la Organización de la Naciones Unidas, (ONU) se ha manifestado en contra del cumplimiento de los estándares internacionales de dicho proceso

El 19 de diciembre de 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó que el proceso de consulta indígena sobre el “Proyecto de desarrollo Tren Maya” no cumplió con todos los estándares internacionales en la materia.20

Esta oficina participó como observadora en el proceso a invitación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del Fondo Nacional del Fomento al Turismo y de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

La Oficina asistió a cuatro de las 15 asambleas regionales informativas en Tenabo (Campeche) y Dzitás (Yucatán) el 29 de noviembre, y en Xpujil (Campeche) y Reforma (Quintana Roo) el 30 de noviembre. Asimismo, estuvo presente en ocho de las 15 asambleas regionales consultivas en Palenque (Chiapas), Tenabo (Campeche), Dzitás y Tunkás (Yucatán) el 14 de diciembre; y en Xpujil, Tenosique (Tabasco), Reforma y Xul-há (Quintana Roo) el 15.21

Si bien la Oficina de la ONU reconoce la decisión del gobierno de México de realizar esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la consulta y el consentimiento para el proyecto mencionado y saluda la participación de múltiples entidades gubernamentales en el proceso, observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar.

Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones, las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada.

Durante las sesiones informativas y en la etapa consultiva, algunas autoridades manifestaron que la garantía de diversos derechos económicos, sociales y culturales no estaba condicionada a la aceptación del proyecto. Sin embargo, la ONU-DH observó que como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta.

En cuanto a la adecuación cultural del proceso, es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas. Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades. 22

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como organismo garante de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, para que informe a esta soberanía respecto de sus conclusiones sobre el proceso de consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano realizada entre los días 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019 en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, sobre el denominado Proyecto de Desarrollo “Tren Maya”, particularmente, si dicho proceso cumplió con los estándares internacionales de una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada y si se salvaguardaron en todo momento los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.

Fuentes consultadas

1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Las-propuestas-economicas-de-L opez-Obrador-20180131-0095.html

2 https://contralacorrupcion.mx/trenmaya/

3 http://www.proyecto18.mx/

4 https://politica.expansion.mx/presidencia/2018/08/26/los-temas-que-lope z-obrador-ha-llevado-a-consulta-ciudadana

5 https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/licitacion-para-el-tren-may a-sera-el-proximo-mes-anuncia-amlo/

6 https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/licitacion-para-el-tren-may a-sera-el-proximo-mes-anuncia-amlo/

7 https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-sometera-a-consulta -publica-el-tren-maya/1346843

8 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
En-la-consulta-sobre-el-Tren-Maya-92.3-voto-por-el-Si-y-7.4-por-el-No-20191216-0034.html

9 Ibidem

10 Ibidem

11 De falsas rivalidades y desarrollo sustentable: el Tren Maya en https://www.nexos.com.mx/?p=41151

12 Ibidem

13 Ibidem

14 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, C169, 1989, C169. Disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publ ication/wcms_100910.pdf

15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2o., México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2019. Disponible en:

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s=

16 La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, en http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/10064/Laconsultaprevia.pdf

17 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
sinopsis_asuntos_destacados/documento/2018-08/TP-280618-AGOM-0151.pdf

18 Ibidem

19 https://hidalgo.lasillarota.com/deficiencias-ordena-scjn-congreso-repon er-consulta-indigena/342495

20 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/12/19/consulta-por-tre n-maya-no-cumple-estandares-internacionales-onu-2642.html

21 Ibidem

22 https://www.forbes.com.mx/onu-critica-consulta-del-tren-maya-no-cumplio -con-estandares/

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente a los 15 días de enero de 2020.

Diputados Enrique Ochoa Reza y Dulce María Sauri Riancho (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a restringir por la Conafor y la Secretaría de Bienestar la aplicación del programa Sembrando Vida en zonas forestales siniestradas por incendios y tala clandestina, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Carlos Alberto Valenzuela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los el artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Bienestar, para restringir la aplicación del programa Sembrando Vida en zonas forestales siniestradas por incendios y tala clandestina . Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país es caracterizado por su gran variedad de climas y ecosistemas, esto se debe a su ubicación geográfica privilegiada en el mundo, se encuentra dividido por el Trópico de Cáncer, lo cual es un factor de localización importante ya que determina que el país presente climas tropicales, templados, semidesérticos, desérticos, entre otros. Además de ser hogar de una variedad de especies de flora y fauna e incluso de especies endémicas.

Algunos datos señalan que se estima que la diversidad biológica de México representa el 12 por ciento del planeta y se considera como el tercer lugar más diverso en especies de todo el mundo.

En México, de acuerdo con datos Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se disponen de las siguientes superficies en kilómetros cuadrados de ecosistemas:

Fuente : Elaboración propia con datos de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en: https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/mapas/mapa.html

Como podemos percatarnos hay una pérdida considerable de superficies de selvas y bosques en el país que requiere de acciones contundentes para su recuperación y conservación. Sin embargo, estas medidas deben estar orientadas a la mitigación de riesgos tanto de carácter natural, humano, sociales o económicos.

De acuerdo con la página de internet de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), describe a los incendios forestales como “uno de los grandes enemigos de los recursos forestales, los cuales junto con las plagas y enfermedades son causas de mortalidad de árboles, convirtiéndose estos a su vez, en factores importantes de la degradación y deforestación”.1

Para esta dependencia las temporadas de sequía aumentan el riesgo de ocurrencia de incendios ocasionados de manera natural debido a diversas razones como la acumulación de combustible orgánico seco. Aunque, la principal causa se refiere a la acción humana representando más del 90 por ciento de los incendios, debido a las prácticas tradicionales de uso inadecuado del fuego para la agricultura y quemas intencionales por diversas razones en zonas forestales .

Es de tomar en cuenta que en 2019 se aprobó un presupuesto de 15 mil millones de pesos para la implementación del denominado Programa U010- “Sembrando Vida”, el cual tiene según los lineamientos de operación, el objetivo de contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus localidades rurales e impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral; y su propósito es incentivar a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF).

Para el ejercicio fiscal con 2020 su presupuesto es de 28 mil 504 millones 908 mil 846 pesos.2 Es lo que representa para éste año un incremento del 90 por ciento respecto al año anterior y que en términos reales equivale a poco más de 13 mil 500 millones de pesos adicionales.

Este programa consiste en brindar apoyos económicos a las personas inscritas que recibirán $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales. De esta cantidad, $500.00 (quinientos pesos 00/100) se destinarán como ahorro, siendo $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100) destinados a una cuenta de ahorro de una institución financiera y $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) podrán ser destinados al Fondo de Bienestar; además con cobertura en 19 entidades federativas las cuales son Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

De acuerdo a la Conafor en su reporte del 5 de diciembre de 2019 denominado Reporte Semanal de Incendios 2019; dentro de las 10 entidades con mayor afectación de hectáreas por incendios forestales del 1 de enero al 5 de diciembre de 2019, son Jalisco (1), Durango (2), Oaxaca (3), Nayarit (4), Guerrero (5), Chihuahua (6), Baja California (7), Chiapas (8), San Luis Potosí (9) y Sonora (10) que en conjunto representan el 31 por ciento de los estados con cobertura del programa Sembrando Vida.3

Asimismo, este mismo reporte señala a las siguientes entidades como las de mayor número de incendios forestales registrados: estado de México (1,425), Michoacán (721), Chihuahua (702), Jalisco (585), Ciudad de México (536), Chiapas (452), Puebla (347), Tlaxcala (303); los incidentes de incendios de estos estados con cobertura del programa representan el 31 por ciento de los incendios reportados por la Conafor a nivel nacional.4 Resulta importante destacar que, en tan solo de lo que va de 2019, la Conafor reporta que la superficie afectada por incendios es de 631 mil 494 hectáreas.

Las cinco causas que identifica la Conafor para estos incendios que representan un ochenta por ciento son intencional (29 por ciento); actividades agrícolas (23 por ciento), fogatas (12 por ciento), desconocidas (10 por ciento) y actividades pecuarias (9 por ciento).

En el documento “Consideraciones sobre el programa Sembrando Vida”, elaborado por el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Medio Ambiente (CeIBA), respecto a los riesgos de deforestación del programa y que entre otros aspectos señala que “El programa debe considerar, de manera muy atenta, la supervisión de las áreas inscritas en el programa, para evitar que opere dentro de superficies forestales. Un aspecto delicado de esta consideración es una clara definición de los tipos de terrenos elegibles, especialmente los acahuales (terrenos abandonados con vegetación en proceso de recuperación), que en realidad pueden ser superficies en fases avanzadas de regeneración o selvas recuperadas Para evitar que la implantación de este programa produzca deforestación, deben aprovecharse avances jurídicos y de coordinación interinstitucional, aplicando las reglas de protección de los ecosistemas forestales frente al impacto de los programas de fomento agropecuario”.5

Igualmente, la organización Calixaxan de Veracruz, denunció que detectaron el “derribo total de un sistema agroforestal de café bajo sombra de cedro rojo y chalahuites y otro de cedros rojos jóvenes”, por parte de los dueños de los predios, para poder acceder a Sembrando Vida. La organización asegura que hay otros ejemplos parecidos en las zonas boscosas de Puebla y Veracruz.

También diversas organizaciones de productores tradicionales observan que “el programa Sembrando Vida es una nueva amenaza a esas formas de vida campesina, ya que significan la imposición (blanda y financiada, pero imposición al fin) de una forma de producción fija, que impedirá la rotación de zonas de siembra que ha sido tradicional por siglos. Además, se les indica qué tipo de cultivos y unas pocas variedades de árboles frutales se deben plantar, lo cual limita la diversidad y el uso de especies locales y nativas”.6

Además, “dueños de predios forestales han comenzado a talar especies como cedro o cultivos de café para integrarse al programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar, el cual establece que los terrenos que pueden participar son aquellos que están abandonados, acahuales o potreros, señaló la asociación Calixaxan.

Explicó que cada vez hay más desmonte y lo comprobó a partir de que publicó en Facebook que en la Sierra del Totonacapan, Veracruz, detectó el derribo total de un sistema agroforestal de café bajo sombra de cedro rojo y chalahuites y otro de cedros rojos jóvenes. Esto ocasionó que se presentaran múltiples reportes de usuarios que comentaron que los dueños de los predios buscaban ser elegibles del plan Sembrando Vida, el cual no incorpora zonas boscosas y que había más casos en municipios de Puebla y Veracruz.

Sergio Rivera, vocero de Calixaxan, explicó que con Sembrando Vida se prevé entregar a los beneficiarios 5 mil pesos al mes por incorporar 2.5 hectáreas, con lo que obtendrían 60 mil pesos al año. Esto lo hace un programa más atractivo que los forestales. Detalló que el monto máximo que la Comisión Nacional Forestal paga por servicios ambientales es de mil 100 pesos. En un predio de 2.5 hectáreas se obtendría cuando mucho 2 mil 200 pesos al año contra 60 mil de Sembrando Vida”.7

De las cifras anteriores es importante que el gobierno federal asuma una visión de mitigación de riesgos asociados a la provocación de incendios forestales; y derivado de la vulnerabilidad de algunas comunidades que sean susceptibles del programa Sembrando Vida, a fin de convertirse en beneficiarios de este apoyo en su modalidad de subsidio; fomenten prácticas deliberadas de deforestación por incendios o tala ilegal para posteriormente atraer los beneficios de este programa; lo cual es un riesgo que no se puede asumir por parte del gobierno federal; ya que aceleraría la perdida de bosques y selvas de manera considerable y de difícil recuperación en el tiempo más allá de que se reforesten con este programa, sin olvidar que este programa debe transparentarse y por su naturaleza debe ser sujeto a reglas de operación en función de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social.

Además, de que se exige una coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se produzcan especies acordes a los ecosistemas que se pretenden recuperar y que no hayan sido afectados por siniestros o tala clandestina.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 4 de enero del 2020 que para este año que se calcula se sumarán al programa Sembrando Vida 450 mil nuevos sembradores para trabajar alrededor de 500 mil hectáreas más.8

Ante el crecimiento de la superficie que se propone por parte del gobierno federal para que los beneficiaros del programa establezcan sistemas agroforestales, es necesario un trabajo interinstitucional para que en la implementación de los proyectos productivos se realice en apego a la legislación correspondiente; especialmente a lo que establece la Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar para que en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y toda instancia vinculada con el sector agropecuario y forestal, definan e informen, de manera pública y periódica, las acciones, responsabilidades, sanciones, avances e impacto social, económico y en materia de cuidado y preservación del medio ambiente que se realicen con la implementación del programa Sembrando Vida con apego a lo establecido en la legislación nacional correspondiente en la materia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar para que para que realice las adecuaciones necesarias en los Lineamientos de Operación del Programa U010- “Sembrando Vida” para restringir la aplicación de dicho programa en zonas que hayan sufrido siniestros por incendios y por tala clandestina; y utilicen para la producción y reforestación especies de árboles de acuerdo al ecosistema y bajo supervisión de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) o en su caso la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) o en su caso la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para que establezcan un Programa Presupuestario Permanente para la recuperación y reforestación de zonas que hayan sufrido siniestros por incendios y por tala clandestina que sea ejecutado por brigadas propias de la Comisión Nacional Forestal y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Notas

1 Comisión Nacional Forestal. http://187.218.230.5/mapas-reportes-y-estadisticas/incendios-forestales

2 https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2020/ramo20

3 Véase: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/515791/
Reporte_del_01_de_enero_al_05_de_diciembre_de_2019.pdf

4 Íbid.

5 https://ceiba.org.mx/publicaciones/Difusion/190118_SembrandoVida_Sesion 181210.pdf

6 https://desinformemonos.org/sembrando-vida-amenazas-a-la-vida-campesina -de-montana/

7 https://www.jornada.com.mx/2019/03/13/sociedad/032n2soc?partner=
rss&fbclid=IwAR0AdFeW9IuJG5RKp_pKa5LQOLdIMmAzYadp_E6JMmxdyTLZkpQOvb52zmv8

http://mocaf.org.mx/tala-ilegal-para-entrar-a-programa/

https://www.jornada.com.mx/2019/01/22/sociedad/029n1soc

8 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sembrando-vida-sumara-500-mil- hectareas-en-2020-estima-amlo

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a diseñar por la Ssa una estrategia integral para prevenir y contrarrestar el incremento del sobrepeso y la obesidad que padecen millones de mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud es un derecho fundamental y uno de los instrumentos necesarios para la protección y bienestar de las personas. Elemento que en todo momento debe de incluir el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de calidad suficiente1 .

Sin embargo, millones de personas en todo el mundo padecen de diferentes enfermedades que atentan contra su salud y bienestar general. El sobrepeso y la obesidad representan un grave problema de salud pública, el cual ha venido creciendo de manera exponencial entre los diversos grupos de la población, pero, principalmente, entre los niños y adolescentes.

En general, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Su causa fundamental es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Lo que ha ocurrido a escala global es un incremento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa; y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización.

Estos padecimientos constituyen un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las siguientes: las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, riñones y colon, principalmente.

Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, cabe señalar que según la Organización mundial de la Salud (OMS), tan sólo en 2016 más de mil 900 millones de adultos de 18 o más tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos; 39 por ciento de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y 13 por ciento eran obesas; 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos; y había 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad2 .

En este contexto, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos3 .

El informe Los derechos de la infancia y la adolescencia en México 2018, publicado por dicho organismo, indica que uno de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en el país registra desnutrición crónica y uno de cada tres niños y niñas de 6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad4 .

Las enfermedades asociadas con la obesidad, el sobrepeso y la diabetes son problemas cada vez más comunes y representan una de las principales causas de muerte de la población.

Al respecto, cabe destacar los datos presentados por el estudio “La Pesada Carga de la Obesidad”, publicado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de los cuales deriva la urgencia de replantear la estrategia para el combate del sobrepeso y obesidad que padecen millones de mexicanos. Entre los datos mencionados por dicho estudio, se encuentran los siguientes:

• México tiene una de las tasas más altas de obesidad: casi uno de cada tres adultos es obeso. Como consecuencia, los mexicanos viven en promedio 4.2 años menos debido al sobrepeso, la mayor reducción en la esperanza de vida de los países integrantes de dicho organismo.

• En el caso de la población infantil, se advierte un aumento de 7.5 por ciento de niños con sobrepeso y obesidad a 15 por ciento en 25 años.

• El sobrepeso representa 8.9 por ciento del gasto en salud y reduce la producción del mercado de trabajo en una cuantía equivalente a 2.4 millones de trabajadores a tiempo completo por año.

• El sobrepeso reduce el producto interno bruto en 5.3 por ciento, el mayor impacto registrado entre los países miembros de la OCDE.5

Asimismo, según el subsecretario de Economía, esta enfermedad ha generado no sólo una emergencia sanitaria sino económica, que cuesta al país 1.3 billones de pesos anuales. Plantea que “Lo que ocurre es que el crecimiento del PIB anual siempre está mermado en 5.3 por ciento porque casa año es lo que perdemos en la atención en la obesidad, los costos médicos asociados a las enfermedades que tiene y las perdidas en productividad y competitividad”.6

En este mismo orden de ideas, afirma que esta cifra equivale a 10 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud y es mayor al presupuesto que tienen tanto el IMSS como el ISSSTE.

Ante este panorama poco halagüeño, las administraciones federales anteriores han realizado importantes esfuerzos para combatir dichos padecimientos, que se han materializado en políticas como el etiquetado de alimentos obligatorio e impuestos sobre las bebidas azucaradas y los alimentos no esenciales con alto contenido calórico, sin embargo, las medidas han resultado insuficientes para disminuir los niveles de sobrepeso y obesidad que afectan a la población.

Conforme a los especialistas, el sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades vinculadas, pueden prevenirse en su mayoría, por lo que es necesario tomar en cuenta sus recomendaciones. La OCDE sugiere que la implantación de un paquete combinado de políticas para estimular un replanteamiento podría prevenir enfermedades no transmisibles, reducir el gasto en salud u aumentar la productividad de la fuerza de trabajo.

Plantea que un paquete combinado –que incluyera el etiquetado de los menús, su prescripción médica de actividad física y programas de bienestar en el centro de trabajo– podría prevenir hasta 290 mil enfermedades no transmisibles de aquí a 2050, ahorrar 465 millones de pesos al año en costes sanitarios, y aumentar el empleo y la productividad en una cuantía equivalente a 16 mil trabajadores a tiempo completo por año.

También, recomienda lograr una reducción calórica de 20 por ciento en los alimentos con alto contenido en azúcar, sal, calorías y grasas saturadas podría prevenir 1.4 millones de enfermedades no transmisibles de aquí a 2050, ahorrar 1.99 millones de pesos al año en costes sanitarios, y aumentar el empleo y la productividad en una cuantía equivalente a 71 mil trabajadores a tiempo completo por año.

Indudablemente, las intervenciones públicas en materia de salud, generan un impacto positivo sobre la salud de la población y supone una excelente inversión. La OCDE apunta que, en promedio, por cada peso que se invierte, se logra un retorno de hasta 6 pesos en beneficios económicos.

En síntesis, resulta necesario implantar una amplia estrategia que contemple políticas integrales y transversales, con el propósito de combatir el sobrepeso y la obesidad que padecen millones de mexicanos, a fin de mejorar su bienestar y calidad de vida.

Por lo fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud, diseñe una estrategia integral para prevenir y contrarrestar el incremento del sobrepeso y la obesidad que padecen millones de los mexicanos, en virtud de que afecta su salud, economía y desarrollo pleno a lo largo de la vida.

Notas

1 https://www.who.int/es

2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overwei ght

3 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.html

4 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situaci on-de-la-infancia-en-mexico

5 https://www.oecd.org/mexico/Heavy-burden-of-obesity-Media-country-note- MEXICO-In-Spanish.pdf

6 https://www.forbes.com.mx/el-sobrepeso-y-la-obesidad-cuestan-5-3-del-pi b-a-mexico-ocde/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2020.

(Rúbrica.)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a establecer objetivos e indicadores claros respecto a los ejes transversales mencionados en el PEF de 2020, los cuales deberán ser detallados mediante informes trimestrales y enviados a la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Janet Melanie Murillo Chávez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer objetivos e indicadores claros respecto a los ejes transversales mencionados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2020, los cuales deberán ser detallados mediante informes trimestrales y enviados a la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación se realizan los recursos etiquetados en atención de grupos prioritarios respecto a las políticas sociales, los cuales se concentran en ejes transversales.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece nueve ejes:

1. Igualdad entre Mujeres y Hombres;

2. Atención de Niños, Niñas y Adolescentes;

3. Desarrollo Integral de los Pueblos y las Comunidades Indígenas;

4. Desarrollo de los Jóvenes;

5. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable;

6. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación;

7. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía;

8. Atención a Grupos Vulnerables; y

9. Recursos para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.

México cuenta con el sistema de evaluación de desempeño, que consiste en realizar una valoración de los programas y ha identificado que no es posible medir el desempeño de estos transversales.

Lo anterior se debe a que estos transversales no cuentan con metas, indicadores ni objetivos específicos que permitan verificar si se cumplen éstas, así como de cada programa en específico.

Fundar, centro de análisis e investigación, ha reconocido la gran labor que tuvo México al consolidar anexos transversales ya que esto permite construir las bases para un presupuesto con enfoque de derechos, sin embargo, también reconoce que la principal área de mejora es “construir mecanismos que permitan realizar evaluaciones transversales de las temáticas que abordan los anexos técnicos, a través de una más clara conexión con los indicadores de la gestión y los resultados de los programas presupuestarios”

(http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/presupuestosyanexo s.pdf).

Asimismo, señala:

Explicitar en el PEF cómo se relacionan los programas presupuestarios y los recursos asignados con los derechos humanos (promoción, garantía y restitución) y las temáticas o poblaciones objetivo a las cuales van dirigidos.

De esta forma, podremos garantizar que se podrá conocer si el presupuesto se está ejerciendo de manera responsable, satisfaciendo las necesidades de un grupo vulnerable, respetando sus derechos y que sean destinados verdaderamente a la población objetivo.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer objetivos e indicadores claros respecto a los ejes transversales mencionados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2020, los cuales deberán ser detallados mediante informes trimestrales y enviados a la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a fortalecer por la Segob y la SSPC las acciones dirigidas a identificar, prevenir y sancionar el delito de extorsión e incorporar el uso de las nuevas tecnologías, herramientas y plataformas digitales para promover la cultura de la denuncia, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De manera general, la extorsión es entendida como el acto a través del cual un individuo ejerce sobre otro, presión para forzarlo a actuar de determinado modo y obtener un beneficio principalmente económico o de cualquier otro tipo.

Existen por lo menos dos formas para llevar a cabo estos actos, la directa es cuando una persona se presenta en tu centro de trabajo, negocio u hogar para amenazarte si no pagas una cierta cantidad de recursos, y la indirecta, que comúnmente se desarrolla por medio de llamadas telefónicas a fin de solicitar depósitos bancarios.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, tan sólo durante el 2018 se registraron 33 millones de delitos que afectaron a 24.7 millones de personas, de los cuales el 17.3 por ciento se vinculó a diferentes hechos de extorsión.1

Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que durante el año pasado se contabilizaron más de 31 mil 331 reportes asociados a un acto de extorsión, de ellos, 27 mil fueron tentativos ya que ocurrió el intento de extorsión pero no se realizó pago alguno; 2 mil 207 fueron consumados con un pago de por medio; y 2 mil 99 fueron informativos que es cuando el informante no tiene contacto directo con la víctima pero informa del hecho.2

Al menos el 57 por ciento de los actos de extorsión fueron por teléfono, 22 por ciento de ellos se hicieron pasar por alguna célula delictiva, le siguen supuestas infidelidades con el 9 por ciento, cobro de derecho de piso con 5 por ciento y secuestro virtual con el 4 por ciento.

Cabe destacar que el 70 por ciento de los reportes de extorsión se relacionan con modalidades conocidas como “La patrona” y el “Sobre amarillo”, afectando a comerciantes, trabajadores del hogar, empresarios y público en general, quienes hacen depósitos pensando que un familiar, trabajador o patrón se encuentra en riesgo.

Estos acontecimientos en su mayoría fueron desarrollados por organizaciones del crimen organizado y células delictivas locales que hacen uso de engaños como el “pariente de visita” y el “gota a gota” para vulnerar la tranquilidad de los mexicanos y sus familias.

Entidades federativas como Sonora han desarrollado una serie de medidas y acciones de política pública sustentadas en el uso intensivo y extensivo de las nuevas tecnologías para identificar y prevenir llamadas telefónicas de números relacionados con actos de extorsión.

Con el uso de estas aplicaciones y la instrumentación de diversas recomendaciones, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, contará con una mayor información para sancionar la comisión de estos delitos que ponen en riesgo la integridad y patrimonio de las familias mexicanas.

Por su parte, el gobierno del estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, diseñó una aplicación que vincula las llamadas con registros de datos telefónicos e identifica números catalogados como peligrosos o afines con el desarrollo de acciones contrarias a nuestro marco jurídico e institucional.

El objetivo es detectar de manera oportuna una extorsión, proteger la seguridad de la ciudadanía y, sobre todo, salvaguardar los derechos humanos de las personas en un marco de coordinación e inteligencia institucional.

Debido a la gravedad de esta problemática, se requiere una estrategia integral que tome en consideración las prácticas exitosas hasta ahora implementadas e involucre a los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación de las institucionales de educación superior del país.

Son necesarias mayores medidas para prevenir y sancionar que estos delitos se lleven a cabo desde el interior de los centros penitenciarios, ya que en casos como el de la Ciudad de México, se tiene registrado que un número importante de las llamadas provienen de los reclusorios oriente, norte y Santa Martha Acatitla.

También, es indispensable promover la cultura de la denuncia mediante del uso de las nuevas tecnologías, herramientas y plataformas digitales, protegiendo en todo momento los datos personales y asegurando una atención inmediata de las instituciones encargadas de la seguridad, de procuración e impartición de la justicia.

Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, esta problemática forma parte de los asuntos más sentidos de la sociedad, la cual no ha sido afrontada con efectividad en lo que va de la presente administración, de ahí la importancia de que se asuma como un tema estratégico para garantizar la integridad y patrimonio de la población.

El gobierno federal no puede ser omiso ante esta grave situación, por el contrario, debe asumir su responsabilidad y emprender las acciones necesarias para contener los actos de extorsión que generan afectaciones al patrimonio familiar, a la salud de las víctimas y a la estabilidad emocional de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, y en coordinación con el gobierno de las entidades federativas, fortalezcan sus acciones a fin de identificar, prevenir y sancionar el delito de extorsión e incorpore el uso de las nuevas tecnologías, herramientas y plataformas digitales para promover la cultura de la denuncia, debido a que esta situación pone en severo riesgo la seguridad e integridad de la sociedad mexicana.

Notas

1 Inegi. (2019). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2019. 10/01/2020. Sitio web: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe201 9_presentacion_nacional.pdf

2 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. (2019). Prevención de fraude y extorsión. 10/01/2020. Sitio web: h

ttps://www.consejociudadanomx.org/documentos/NO%20+XT%20 mediosv2.pdf

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a cumplir el Plan de Acción en Salud Mental 2013-2020, de la OMS, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Janet Melanie Murillo Chávez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con el plan de acción en salud mental elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como también, generar políticas públicas adecuadas en la prevención y actuación oportuna para evitar sucesos lamentables como el caso del estudiante del colegio cervantes en Torreón, Coahuila, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 10 de enero del año en curso, México se estremeció con una triste noticia en Torreón, Coahuila, donde un pequeño de tan sólo 11 años fue capaz de cometer un crimen dentro de su escuela quitando la vida a su maestra para después suicidarse.

Lo anterior, es resultado de la poca infraestructura en salud y especialistas que atiendan la salud mental de las niñas, niños y adolescentes mexicanos.

En mayo de 2019, Fátima Moneta, coordinadora de Desarrollo y Programas de la Asociación Mexicana de Psicología Infantil, explicó que la primera idea suicida en niñas, niños y adolescentes con trastornos mentales se presenta entre los ocho y diez años, mientras que el primer intento de suicidio sucede, en promedio, a los 11 años.1

A pesar de lo antes mencionado aún falta que el gobierno intensifique los trabajos en materia de salud y aún más, en la salud mental. El proyecto Atlas de la Organización Mundial de la Salud, identifico que 65 por ciento de las camas psiquiátricas en hospitales mentales las condiciones no son satisfactorias, así mismo, señalo que la atención proporcionada es inadecuada, degradante e inclusive, dañina.2

Para el caso de México, 34.5 por ciento de la demanda en los servicios de salud en el primer nivel de atención se da a niños, sin embargo, se carece de estudios epidemiológicos al respecto.

Muchos de los trastornos mentales se asocian a la falta de atención adecuada en los niños; el síndrome del maltrato infantil relacionado con una nutrición inadecuada de la madre puede presentarse incluso desde la etapa prenatal. A partir del nacimiento, el no brindar los cuidados físicos y emocionales necesarios también es factor de riesgo. El impacto que tiene el maltrato en la salud conlleva, entre otros efectos, sobrepeso, desnutrición, obesidad o talla baja.

Entre los adolescentes, los contextos familiar y escolar son determinantes en el ajuste psicológico de los individuos; especialmente los problemas de comunicación entre padres e hijos son un factor de riesgo para el desarrollo de problemas como depresión, ansiedad y estrés, que a su vez pueden convertirse en problemas de ajuste en el contexto escolar y que ejercen un efecto negativo en la salud mental del adolescente.3

Un estudio realizado por la oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, presenta la gran desigualdad que tiene en asignación de recursos la atención a la salud mental y que además de ineficiente los pocos recursos se encuentran mal distribuidos.

Actualmente, sólo 20 por ciento de la población con algún trastorno mental en México recibe tratamiento.

La OMS propone un plan de acción en Salud Mental 2013-2020 que contempla seis principios y enfoques:

1. Cobertura universal. Todas las personas que padecen de algún trastorno mental deben tener acceso a servicios básicos de salud que les permitan alcanzar su recuperación y el nivel de salud más alto posible sin riesgo de empobrecerse.

2. Derechos humanos. Las acciones, estrategias e intervenciones para el tratamiento, prevención y promoción de la salud mental deben cumplir con los lineamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con instrumentos regionales de derechos humanos.

3. Práctica basada en evidencias. Las estrategias e intervenciones para la prevención, tratamiento y promoción de la salud mental deben basarse en evidencia científica y/o mejores prácticas, considerando el contexto cultural.

4. Enfoque del ciclo vital. Las políticas públicas, planes y servicios de salud mental deben tener en cuenta las necesidades sociales y de salud en todas las etapas de la vida.

5. Enfoque multisectorial. Se requiere de trabajo conjunto de diversos sectores como los de salud, educación, empleo, desarrollo social y justicia, además del sector privado, dependiendo de las circunstancias en cada país.

6. Empoderamiento de los pacientes. Las personas con trastornos mentales deben ser empoderadas para tomar parte en grupos de defensa, cabildeo de políticas públicas, planeación, legislación, oferta de servicios, monitoreo, investigación y evaluación de programas.

Asimismo, es recomendable la asignación de 10 por ciento del presupuesto asignado a salud en salud mental.4

De lograr lo anterior estaríamos dando un gran paso en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes, no obstante, también es necesario cumplir con nuestra obligación como ciudadanos, madres, padres y, autoridades educativas para complementar las bases necesarias para vivir en armonía y así, brindar a la niñez y adolescencia mexicana el mundo que merecen.

Es necesario fortalecer el tejido social que permita una sana convivencia basada en valores, así como también, acciones y políticas públicas encaminadas a fortalecer la estructura educativa que complemente un entorno armonioso y tolerante.

Es responsabilidad de todas y todos que como padres estemos tranquilos en el tiempo de permanencia de nuestras hijas e hijos dentro de una escuela, que como maestras y maestros podamos sentirnos seguros en un salón de clase, y, sobre todo, es nuestra obligación otorgar las herramientas necesarias para que las niñas, niños y adolescentes crezcan y se desarrollen en espacios de paz y gozar de su derecho a un mundo libre de violencia.

Por lo expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que presente una estrategia de salud que garantice la salud mental de las niñas, niños y adolescentes de México cumpliendo con el plan de acción en Salud Mental 2013-2020 elaborado por la Organización Mundial de la Salud.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que rinda un informe del protocolo de prevención y actuación en detección de trastornos mentales de niñas, niños y adolescentes en las escuelas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, para que lleve a cabo campañas de información y prevención, sobre la salud mental a niñas, niños, adolescentes y padres de familia, en todo territorio nacional.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realice las asignaciones presupuestarias y, otorgue el presupuesto necesario para dar cobertura universal en prevención y detección a las niñas, niños y adolescentes de México con trastornos mentales.

Notas

1 https://newsweekespanol.com/2019/05/mexico-trastornos-ninos/

2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/10077 9.pdf

3 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/10077 9.pdf

4 https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_18- 007.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 enero de 2020.

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Banco del Bienestar y la SHCP a actualizar periódicamente la información financiera de éste, transparentar todo lo relativo a la construcción de las sucursales bancarias e informar a esta soberanía sobre la estrategia o las acciones complementarias por realizar en materia de inclusión financiera y digitalización, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El viernes 19 de julio de 2019, se publicó el decreto por el que por el que se reformaban y adicionaban disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi)1 para convertirse en el Banco del Bienestar.

De acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cambio se suscitó “para que la gente pobre, hasta en los pueblos más apartados, pueda cobrar la ayuda del gobierno, y en esa misma cuenta pueda también recibir remesas y otros ingresos, así como mantener sus ahorros con rendimientos y garantías de seguridad.”2

La página web oficial del Banco del Bienestar, señala que es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal, asimismo, “promueve el uso, diseño y fomento de la innovación tecnológica a fin de procurar mejores condiciones financieras y ecosistemas de pago para los mexicanos cuyo acceso a los servicios bancarios es inexistente o se da en condiciones desfavorables.”3

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)4 publicada por BBVA en México en 2019, cuando se habla de condiciones e infraestructura financiera, los referentes inmediatos son las sucursales físicas, los cajeros automáticos, las terminales punto de venta y los corresponsales. Sin embargo, como BBVA sugiere, es necesario revalorar la infraestructura en la actualidad, ya que con el uso de la tecnología y la digitalización es más factible llegar al 100 por ciento de la población mexicana.

La base de datos que publica el Banco Mundial cada tres años,5 señala que las acciones para la inclusión financiera se mantienen en crecimiento a nivel global, impulsadas en gran medida por el uso del internet y los teléfonos celulares. Al momento de su última publicación en 2017, 69 por ciento de los adultos a nivel global, 3 mil 800 millones de personas, contaba con una cuenta en un banco o un proveedor de dinero móvil, lo cual se considera que genera una plataforma sólida para escapar del ciclo de la pobreza.6 Estas cifras representan un incremento a 62 por ciento, en relación al 51 por ciento de la última medición en 2014. Según esta evaluación, entre 2014 y 2017, abrieron cuentas 515 millones de adultos; esto suma un total de mil 200 millones de mayores de edad desde 2011.

De igual manera, el uso del internet y teléfonos inteligentes para realizar operaciones financieras ha registrado un aumento importante. Eso ha contribuido a que en el mundo en desarrollo, en el periodo de 2014 a 2017 aumentara 13 por ciento la proporción de titulares de cuentas que realizan pagos desde medios digitales.7

En México, de acuerdo a información del sistema de pagos de Banco de México y reportes regulatorios de la banca a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recolectada por el Panorama Anual de Inclusión Financiera que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2019,8 durante 2018, el número de transferencias financieras por cada 10 mil adultos fue de 35 mil 801 y el mayor importe de las transferencias se llevó a cabo por banca por internet y fueron interbancarias en su mayoría.9

A su vez, para 2018, de los poco más de 62 millones de mexicanos que cuentan con un teléfono móvil, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),10 el 51 por ciento tiene y utiliza una cuenta en banco y/o institución financiera; mientras que 43 por ciento de la población de 18 a 70 años, es decir, 34 millones de personas, utiliza directamente una sucursal bancaria.

La actual administración federal se ha concentrado en ampliar los medios distributivos de los programas y políticas públicas de índole social a través de las transferencias individualizadas vía medios electrónicos para repartir 150 millones de pagos de subsidios a un estimado de 20 millones de personas.11 Para lograrlo, el titular del Ejecutivo anunció en el segundo semestre de 2018 la construcción de 13 mil sucursales del Banco de Bienestar, en igual número de centros integradores, donde se presume que estarían situados los cajeros automáticos para realizar los retiros en dinero en efectivo.

En relación a ello, los primeros días de enero de 202012 el Presidente de la República anunció un ajuste en el número de sucursales a construir, reduciéndolas a 2 mil 700 para finales de 2021. Se construirán mil 350 por año.13

Según el Análisis Geoespacial de Disponibilidad de Infraestructura Financiera en las Localidades de México,14 70 por ciento de la población vive en localidades que cuentan con al menos una sucursal en un radio de 2 kilómetros, y esta cifra aumenta a casi 85 por ciento en los radios de 4 kilómetros (km) y 7 km.15 Las instituciones bancarias reportan que BBVA cuenta con mil 834 sucursales en todo el territorio nacional, Grupo Citibanamex totalizaba mil 463 hasta noviembre del año pasado y Santander hasta el mes pasado contaba con mil 411 sucursales. Banorte cuenta un total de mil 150, según datos de 2018; a septiembre de 2019 HSBC tenía 962 sucursales, y Banco Azteca llegaba a mil 800 unidades al cierre de 2019.16 Entre las mencionadas anteriormente, se suman 8 mil 620 en todo el país.

En este contexto, es relevante agregar que, a partir de la innovación en el sistema financiero mexicano, se ha logrado interactuar de forma más amplia a través de las comunicaciones. Tal es el caso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) diseñado y operado por el Banco de México, o la última plataforma de cobros digitales lanzada durante el 2019, CoDi, que permite realizar en cuestión de segundos pagos electrónicos a través del internet o la banca móvil.17 Gracias a ello, bancos como Citibanamex han publicado recientemente que sus estrategias de expansión en el mercado se centrarán en las oportunidades del comercio digital y las transacciones electrónicas, derivado de la creciente tendencia de la población de dejar de concurrir a los establecimientos físicos para realizar movimientos.18

En 2016, la firma de consultoría global McKinsey & Company, publicó que la importancia de digitalizar los bancos es muy significativa. Sin embargo, crear nuevos esquemas financieros que encuentren escenarios de medios digitales al cien por ciento es lo que podría detonar un crecimiento más acelerado en mercados emergentes como el mexicano, donde la población muchas veces queda rezagada por estar desfasada de las opciones globales actuales.19

Derivado de esta información, y manteniendo una visión global de la economía del desarrollo, es que está en el más legítimo interés de la ciudadanía conocer cuáles serán las medidas adjuntas de la estrategia de construcción de sedes bancarias, para garantizar un crecimiento eficiente y efectivo de los medios digitales, el uso de la tecnología y los resultados que pretende brindar el recién creado Banco de Bienestar en la materia.

De aprovecharse el escenario de expansión, los rendimientos podrían derivar en una mejora para el ciclo de la economía nacional, mejores opciones y oportunidades para los ciudadanos. En este sentido, los beneficios de corto, mediano y largo plazo para los mexicanos podrían multiplicar los objetivos del Estado, logrando un verdadero bienestar de fondo en las familias.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Banco del Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que actualicen periódicamente la información financiera del Banco del Bienestar, transparenten todo lo referente a la construcción de las sucursales bancarias, e informen a esta soberanía sobre la estrategia y/o acciones complementarias que se realizarán en materia de inclusión financiera y digitalización.

Notas

1 Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566165&fecha=19/07/2019

2 Consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/discurso-de-andres-manuel-lope z-obrador-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos?idiom=es

3 Con información de:
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/que-hacemos

4 Disponible en: https://www.bbva.com/es/la-inclusion-financiera-en-mexico-y-sus-compone ntes-clave/

5 Consultado en: https://globalfindex.worldbank.org/

6 Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/04/19/financial -inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows

7 IBID

8 Consultado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/481172/PanoramaIF_2019.p df

9 IBID

10 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_r esultados.pdf

11 Con información de:
https://elfinanciero.com.mx/opinion/isabel-cruz/banco-del-bienestar-y-sus-13-000-sucursales-la-inviable-inclusion-financiera

12 Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/01/08/sucursales-del-b anco-del-bienestar-la-opcion-para-entregar-recursos-amlo-2350.html

13 IBID

14 Consultado en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/517085/Geografia_Inclusion_Financiera.pdf

15 Referenciado de: https://www.gob.mx/cnbv/articulos/la-geografia-de-la-inclusion-financie ra-analisis-geoespacial-de-disponibilidad-de-infraestructura-financiera -en-las-localidades-de-mexico

16 Con información de: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/segun-plan-de-amlo-banco-del-b ienestar-tendra-mas-sucursales-que-otros-como-bbva-y-citibanamex

17 Con información de: https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servi cios-financieros/1058-conoce-la-nueva-plataforma-de-cobro-digital-codi

18 Disponible en: https://www.america-retail.com/mexico/mexico-citibanamex-va-por-el-ecom merce-gracias-al-uso-del-codi-2/

19 Consultado en: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/bui lding-a-digital-banking-business

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a realizar de manera permanente en las escuelas el programa Mochila Segura para salvaguardar a niños y adolescentes, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y de las sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.1

En las últimas dos décadas, la violencia y la inseguridad en las escuelas se ha recrudecido, la violencia escolar se ha convertido en un problema de interés público y propio de las agendas políticas. Por un lado, maestros, padres, directivos e instancias de gobierno se han preocupado por entender lo que ocurre en las escuelas y cómo instaurar estrategias de solución.

Por otro, la violencia escolar también es una problemática ampliamente rastreada que criminaliza en muchas ocasiones la conducta de los alumnos, no obstante, es un problema más complejo y profundo que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad, sin embargo, mientras se toman acciones para solucionar el problema de fondo, se deben de tomar acciones inmediatas para evitar nuevos acontecimientos de violencia en las escuelas.

Como el lamentable acontecimiento, suscitado el viernes 10 de enero de 2020, donde un niño de 11 años, quien cursaba sexto año de primaria en el Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila, agredió con dos armas de fuego de uso reservado al Ejército a su profesora y sus compañeros. La docente falleció y el niño que disparó se suicidó.2

Por esto se debe fortalecer el protocolo de actuación del programa Mochila Segura, con el debido respeto de los derechos humanos, así como el Programa de Convivencia Escolar, para impedir el acceso de armas, drogas y cualquier objeto que pueda lesionar a los estudiantes, en las escuelas y debe existir además responsabilidad compartida en la sociedad para mejorar la convivencia en los planteles. No obstante, los padres deben guiar a sus hijos en el acceso a redes sociales y el rol de los medios de comunicación también es importante para no transmitir imágenes de violencia.

El programa Mochila Segura fue creado por la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene como finalidad la de revisar las pertenencias de los estudiantes y evitar que porten objetos con los que puedan causar daño a sus compañeros y maestros o a ellos mismos. Para ello se deberá colocar un mensaje oficial en todos los planteles de todas las escuelas, en el que se delinee la forma en que se debe hacer la revisión y las acciones a seguir en caso de una anomalía.3

Por ello, el citado programa, diseñado para prevenir acontecimientos como los suscitados en Torreón, Coahuila, lo más importante de este programa es que se realice de manera permanente en todas las escuelas de educación básica y media superior para salvaguardar la integridad física de todos ellos, y respetando en todo momento los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

La revisión no se debe hacer nunca con policías o por personal ajeno a la escuela; se debe hacer en coordinación con los padres y las madres de familia junto con los maestros. Cuando los niños son varones, son atendidos por profesores o padres; cuando son niñas, por maestras y madres. Ellos mismos abren su mochila, para resguardar su intimidad, y se revisa. Nunca se les podrá tocar para revisarlos físicamente. En caso de encontrar algo anormal existen dos vías únicamente: una –en caso de tratarse de un arma–, dar parte a las autoridades locales y se confisca el objeto; y desde el punto de vista administrativo, se levanta un acta en la escuela y de inmediato se cita a los padres del menor para enterarlos y pedirles que estén pendientes de la situación.

El programa Mochila Segura es una medida de seguridad implantada por las autoridades educativas con arreglo al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación para asegurar la protección y el cuidado y reservar la integridad física, psicológica y social de los alumnos en las escuelas.

Entonces, la implantación de este programa deberá ser aplicada por las autoridades escolares del colegio quienes harán la revisión de las mochilas de los alumnos para evitar que introduzcan objetos prohibidos como lo son armas blancas o de fuego, dispositivos, objetos o artefactos peligrosos, drogas o aquellos objetos que puedan amenazar la integridad física, psicológica o social de los alumnos.

Por las consideraciones expuestas y fundadas someto a consideración de esta asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se proceda a implantar de manera permanente el programa Mochila Segura en las escuelas para salvaguardar y proteger la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, respetando, protegiendo y garantizando sus derechos humanos, por lo que me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los gobiernos de las entidades federativas, y a las comisiones de derechos humanos de las mismas para que en el ámbito de sus respectivas competencias, evalúen la decisión de implantar de manera permanente la estrategia Mochila Segura en las escuelas, con un rediseño en su instrumentación que privilegie el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos, acorde con la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de salvaguardar y proteger la seguridad de las niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales y a la Comisiones Nacional y estatales de los Derechos Humanos para que dentro de sus facultades, procedan a diseñar e implantar una campaña de concienciación sobre la violencia en las escuelas de educación básica y media superior.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que convoque con carácter de urgente a una sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de delinear una estrategia nacional e integral para la prevención y atención de la violencia, en cualquier tipo de sus manifestaciones, en contra de niñas, niños y adolescentes, a través del trabajo coordinado de la Federación, los estados, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la sociedad civil.

Notas

1 Hacia una reforma del sistema educativo nacional, Importancia de la educación para el desarrollo, Plan Educativo Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, México, en

http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/Text/00_ 05a.html

2 Magda Guardiola, “Niño dispara en el Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila; hay al menos dos muertos”, en El Financiero, 10 de enero de 2020, en

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/nino-dispara-en -el-colegio-cervantes-de-torreon-hay-al-menos-dos-muertos

3 Ibídem.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la SSPC a implantar con los gobiernos locales programas y protocolos para prevenir y eliminar la violencia escolar, y garantizar así a alumnos y personal docente y administrativo un entorno seguro, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia y acoso escolar ha incrementado en los últimos años de tal manera que se ha convertido en un problema de salud pública en muchos países, afectando la educación, la seguridad y la salud mental de los alumnos. En Estados Unidos, por ejemplo, constantemente ocurren incidentes de violencia armada en las escuelas que han dejado cientos de víctimas mortales y personas heridas.

Nuestro país no está exento de este fenómeno. La mañana del viernes 10 de enero, sorprendió a la población mexicana la noticia de que un estudiante de 11 años había perpetrado un tiroteo en un colegio de Torreón, en el estado de Coahuila, dejando como saldo hasta el momento a dos personas muertas y seis heridos.

De acuerdo con las autoridades, el niño, que después de atacar a su maestra y compañeros se suicidó, pudo haber estado influenciado por videojuegos violentos y de tiroteos, sin embargo, aún es necesario investigar el entorno familiar y escolar del niño para conocer a ciencia cierta cuáles fueron los factores que incidieron para que pudiera actuar de esta forma.1

Pese a que en México no son comunes este tipo de sucesos, esta no es la primera vez que ocurren tiroteos escolares en el país. El 18 de enero de 2017, un menor del Colegio Cervantes, ubicado en Monterrey, asesinó a su maestra con un arma de fuego y dejó heridos a cinco de sus compañeros para, finalmente, disparar contra sí mismo.

En diciembre pasado, por ejemplo, salió a la luz el caso de un estudiante de una escuela secundaria ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que perdió el ojo derecho a causa de desprendimiento de retina, provocado por un severo golpe por parte de sus propios compañeros, quienes lo acosaban y golpeaban constantemente.2

En febrero de 2017, una niña de 12 años, del poblado de San Nicolás de los Agustinos, Guanajuato, estuvo a punto de morir por envenenamiento debido a que sus compañeros de clase pusieron plaguicida en su bebida. La niña ingresó grave al Hospital General de Salvatierra pero logró salvar su vida, los padres acusan a los maestros y autoridades escolares de ser omisos, ya que el bullying contra su hija había sido denunciado con anterioridad.3

En octubre de 2019, un niño de nueve años de edad se suicidó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a que no soportó los maltratos y ofensas que recibía por parte de sus compañeros en la escuela.4

También en noviembre de 2019, una adolescente de 16 años de edad, se suicidó en el municipio de Tlachichuca, Puebla, porque sufría bullying por parte de sus compañeros de escuela.5

Resulta preocupante que los niños y adolescentes mexicanos puedan tener acceso a armas tan fácilmente. Según la Red por los Derechos de la Infancia, el tiroteo sucedido en Torreón se encuentra relacionado directamente con la disponibilidad de armas. Para esta organización, el hecho de que el niño tuviera acceso a armas es muestra de la gran cantidad de las mismas que circulan en el país, ya sea porque las familias desean protegerse en el entorno de violencia o porque se encuentran dentro del crimen organizado.6

De acuerdo con información de medios, el Colegio Cervantes de Torreón, donde sucedió el lamentable hecho, había rechazado en 2019 ser parte del “Operativo Mochila Segura”, ya que los padres de familia se negaron a hacerlo con el argumento de que ellos mismos revisan las mochilas de sus hijos.

El “Operativo Mochila Segura” consiste en revisar las mochilas de los estudiantes antes de entrar a la escuela para asegurarse de que no introducen armas o drogas, sin embargo, ha sido un programa muy controvertido, ya que muchos consideran que violenta los derechos humanos a la educación, la intimidad y el interés superior de la niñez de los alumnos. Así lo consideró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2019.7

La violencia en México es un problema multifactorial que incumbe a todos, por lo que es importante la cooperación de los sectores de la sociedad para su solución. Garantizar la seguridad e integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas no debe girar en torno a un solo programa, se necesita una estrategia integral a fin de crear soluciones adecuadas y eficaces, sin violentar los derechos humanos de la infancia.

Lamentablemente hoy las niñas y los niños parece que no son prioridad; hace unos días la Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que se volvieron invisibles para esta nueva administración al no formar parte de ninguno de los 25 proyectos estratégicos que presentó el Presidente de la República, que solo apuestan a estimular el consumo interno, al desarrollo de infraestructura nacional y a la creación de programas asistenciales para los segmentos de población adulta más empobrecidos.8

Las niñas, niños y adolescentes son el presente y el futuro de México. En este sentido, es importante crear programas alternativos y novedosos para que puedan vivir en un entorno seguro. Asimismo, es fundamental crear las estrategias necesarias para evitar que los menores puedan tener acceso a armas, lo que implica crear mayores sinergias entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los padres de familia.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar al pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con las entidades federativas, se implementen programas y protocolos para la prevención y eliminación de la violencia en las escuelas, a fin de garantizar un entorno seguro para los alumnos, el personal docente y administrativo.

Notas

1 Videojuego pudo haber influenciado a niño del tiroteo en Torreón, El Universal, disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/techbit/videojuego-pudo-h aber-influenciado-nino-del-tiroteo-en-torreon

2 Alumno de secundaria pierde el ojo por bullying de sus compañeros, Milenio, disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/alumno-de-secundaria-pierde-el-oj o-por-bullying-de-sus-companeros/1353140

3 Niños envenenan a su compañera con pesticida en Yakult, El Universal, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/02/7/ninos-envenen an-su-companera-con-pesticida-en-yakult

4 Bullying escolar lleva al suicidio a niño de 9 años en Chiapas, La Verdad, disponible en: https://laverdadnoticias.com/mexico/Bullying-escolar-lleva-al-SUICIDIO- a-nino-de-9-anos-en-Chiapas-20191013-0091.html

5 Una adolescente de 16 años se suicida debido al bullying que padecía en una prepa de Puebla, Sin Embargo, disponible en: https://www.sinembargo.mx/11-11-2019/3677121

6 Ataque en Torreón, producto del contexto de guerra que vive México: REDIM, El Universal, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tiroteo-en-torreon-producto-del-c ontexto-de-guerra-en-mexico-redim#imagen-1

7 Operativo Mochila Segura, CNDH, disponible en: https://www.cndh.org.mx/palabras-clave/3207/operativo-mochila-segura

8 http://derechosinfancia.org.mx/documentos/REDIM_Balance_Anual_2019.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implantar por la Semarnat y la Profepa operativos de vigilancia de la normativa ambiental en el desmonte y las obras civiles de construcción en curso en el parque nacional Cumbres de Monterrey, NL, suscrita por los diputados José Martín López Cisneros y Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, José Martín López Cisneros y Víctor Manuel Pérez Díaz, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a implementar operativos para vigilar la observancia de la normatividad ambiental, en los trabajos de desmonte y las obras civiles de construcción que se desarrollan dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en el estado de Nuevo León; asimismo, para que el Poder Ejecutivo federal provea el nombramiento de los delegados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el estado de Nuevo León, con base en las siguientes

Consideraciones

El Parque Nacional Cumbres de Monterrey se encuentra ubicado en el norte de la Sierra Madre Oriental, ocupa una extensión de 177 mil 395 hectáreas y se extiende por parte de los municipios neoleoneses de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García.

La Comisión Nacional para el Estudio y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) lo ha clasificado como región terrestre prioritaria, dentro del mismo coexisten ambientes áridos con flora y fauna desérticas y en las zonas más altas bosques de pinos y encinos, además de ríos y cañadas.

En 1939 el entonces presidente Lázaro Cárdenas declaró parque nacional la región Cumbres de Monterrey, posteriormente el presidente Manuel Ávila Camacho legalizó la explotación y afectación de los terrenos que ocupaba el parque.

Debido a su importancia ambiental en el año 2000, el presidente Ernesto Zedillo mediante decreto presidencial declaró al parque como Área Natural Protegida otorgándole el carácter de parque nacional, con lo cual para la protección integral del parque quedaron sin efecto los dos primeros decretos.

La importancia ecológica del parque es mayúscula, sólo en biodiversidad hay registradas casi 370 especies de flora y fauna, 73 de ellas consideradas en peligro de extinción, amenazadas, endémicas o bajo protección especial.

El parque alberga los bosques y pastizales de mayor valor ambiental en todo Nuevo León, sus ríos y cañadas favorece el desarrollo y conservación de grandes comunidades de aves como: la cotorra serrana oriental, el carpintero arlequín, el pato arcoiris, el cardenal, el halcón pálido, el halcón peregrino y el jilguero americano.

En él cohabitan coyotes, pumas, tejones, mapaches, venados cola blanca, tlacuaches, armadillos, jabalís, zorro gris, liebres y ardilla gris y roja.

El Parque Nacional Cumbres de Monterrey es esencial para la ciudad de Monterrey y su zona conurbada, ahí se produce 70 por ciento del agua que consumen los regios.

Su inigualable belleza ha favorecido el desarrollo del turismo, particularmente el del ecoturismo pues es excelente para desarrollar actividades como el senderismo, campismo ciclismo, etcétera.

Toda la belleza y riqueza natural que coexiste en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey se encuentra en grave peligro por el ecocidio que están perpetrando consorcios de constructores y desarrolladores inmobiliarios que con su actividad ponen en grave peligro la sustentabilidad del parque.

Diversos medios impresos y electrónicos de comunicación han denunciado el desmonte y la realización de obras de construcción dentro del área natural protegida; lo anterior, consentido por la inacción de las autoridades ambientales federales que en la ausencia se desentienden de vigilar la observancia de las normas ambientales.

Hoy en Nuevo León no tenemos delegados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la falta de un encargado en ambas instituciones produce descoordinación, vacíos de autoridad, parálisis administrativa y sobre todo el incumplimiento permanente de la legislación ambiental federal en Nuevo León.

Ciudadanos y medios se han cansado de denunciar en la última semana el daño ambiental que se está ocasionando al Parque Nacional Cumbres de Monterrey; la Semarnat por su parte, no ha implementado ningún operativo para –mínimamente– verificar que los trabajos de desmonte y las obras civiles de construcción que se desarrollan, cuenten y cumplan con los permisos ambientales correspondientes.

En este mismo sentido, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tampoco ha tomado cartas en el asunto, no ha enviado personal para vigilar la observancia de las normas ambientales, consintiendo con ello la deforestación del bosque y la erosión del terreno por la construcción de terraplén y demás obras preparatorias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a implementar operativos para vigilar la observancia de la normatividad ambiental en los trabajos de desmonte y las obras civiles de construcción que se desarrollan dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal a nombrar delegados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el estado de Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero 2020.

Diputados: José Martín López Cisneros, Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, sus unidades administrativas y sus órganos desconcentrados a implantar campañas preventivas de adicciones, renovar los controles sobre consumo de sustancias ilícitas y aplicar periódicos exámenes antidopaje entre servidores públicos, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a todo el gobierno federal, a sus unidades administrativas y sus órganos desconcentrados, para implementar campañas de prevención de las adicciones, renovar los controles en materia de consumo de sustancias ilícitas y la aplicación de exámenes anti-dopaje de manera periódica entre sus correspondientes funcionarios públicos, ante el grado de presión existente en dichos puestos y los riesgos de pérdida de capital humano valioso para la obtención de objetivos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El trabajo realizado en las altas cúpulas gubernamentales únicamente es posible mediante el gran trabajo que realizan los diversos trabajadores que componen las fuerzas laborales de cada una de las secretarías y dependencias federales. Sus funciones, diversas de acorde a los objetivos de cada área, requiere de un alto grado de preparación para ser llevada a cabo, donde la responsabilidad que recae sobre su trabajo es inmensa, al contemplar la relevancia de su esfuerzo para poder habilitar la operación de las organizaciones y el cumplimiento de las expectativas que se tienen en el plano del gobierno federal, donde el alcance implica a todas las entidades al encargarse de programas de aplicación nacional.

Esto resulta obvio si uno lo observa de manera muy superficial, donde las discusiones en torno a la administración del capital humano usualmente son asociadas a labores en el sector privado, olvidando que el sector público, en tanto espacio de trabajo, conlleva aspectos organizacionales que deben ser contemplados para garantizar eficiencia en el trabajo interno de las entidades y el bienestar entre sus trabajadores.

La alta exigencia, al igual que la presión que la acompaña, es una parte importante por considerar al interior de los puestos que ejercen los altos funcionarios públicos, donde aspectos como la salud física y mental fueron relegados a factores secundarios del rendimiento laboral sin importar el sector al que uno perteneciera. La falta de experiencia en décadas pasadas respecto a la temática, sirvió para comenzar a considerar el problema como pertinente para el cumplimiento de los objetivos gubernamentales, donde políticos y funcionarios deberían contar con servicios de salud en todos los planos, incluyendo los mentales.

Con la aceptación de los trastornos mentales como enfermedades recurrentes entre la ciudadanía (donde 15 de cada 100 habitantes del país padecen depresión1 y se estima que 30 de cada 100 sufre, sufrió o sufrirá un trastorno mental)2 , considerar el impacto que esto tiene en los funcionarios públicos en su labor, en tanto personas y ciudadanos, debe focalizarse en la prevención y tratamiento de detonantes, catalizadores o síntomas de ellas, donde las adicciones pueden generar una salida en falso a problemas que deben ser tratados a partir de las disciplinas y métodos aceptados por especialistas.

Sobre esto, la necesidad de aplicar exámenes de forma regular entre los funcionarios federales, es una propuesta que fundamento en la necesidad por garantizar una correcta canalización de funcionarios que sufran problemas en el uso de sustancias lícitas e ilícitas derivado de situaciones de sus labores, la recurrencia contemporánea de trastornos mentales y la falta de mecanismos preventivos entre una parte importante de las dependencias federales. La idea de evitar y sancionar el consumo de sustancias ilícitas, más allá de la ilegalidad que implica, corresponde al papel que juegan en las labores del país y el riesgo que conlleva el estrés que dichos puestos ejercen sobre aquellos que los realizan, por lo que arriesgar capital humano indispensable resultaría en una falla acerca del bienestar de cada ciudadano y el cumplimiento de las funciones estatales, lo que conlleva costos sociales grandes, como lo pude ser la pérdida de empleo, el ausentismo por enfermedades recurrentes y la pérdida de productividad,3 pudiendo alcanzar a afectar el producto interno bruto en hasta un 4 por ciento.4

Considerar, igualmente, la aplicación de campañas de prevención contra las adicciones entre funcionarios federales, es de importancia para reducir la incidencia de los casos y los riesgos de pérdida de personal, los costos relacionados por tratamientos posteriores al surgimiento de los trastornos y las problemáticas laborales entre compañeros de las diferentes dependencias involucradas.

Así, demandar un plan integral para la reducción de problemas de adicciones y trastornos mentales entre funcionarios federales es el objetivo del presente exhorto. La necesidad de emitir renovar los controles, como la implementación de exámenes anti-dopaje, y la generación de campañas de información preventiva sobre adicciones, son dos aspectos centrales para reducir la incidencia presente y futura de casos entre nuestros trabajadores del sector, lo que es un requisito ante las responsabilidades asociadas a dichos puestos, los riesgos del alto estrés y el crecimiento en la presencia de trastornos entre la población de México y el resto del mundo.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a todo el gobierno federal a sus unidades administrativas y sus órganos desconcentrados, para implementar campañas de prevención de las adicciones entre sus correspondientes funcionarios públicos, ante el grado de presión existente en dichos puestos y los riesgos de pérdida de capital humano valioso para la obtención de objetivos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a todo el gobierno federal a sus unidades administrativas y sus órganos desconcentrados, para renovar los controles en materia de consumo de sustancias ilícitas y la aplicación de exámenes antidopaje de manera periódica entre sus correspondientes funcionarios públicos, ante el grado de presión existente en dichos puestos y los riesgos de pérdida de capital humano valioso para la obtención de objetivos laborales.

Notas

1 Expansión. (2019). El 15 % de mexicanos padece depresión, estima la UNAM, 2 de diciembre de 2019, de CNN. Sitio web: https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/27/depresion-mexico-mexicanos-padece n-unam-mujeres-hombres/

2 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. (2018). Panorama epidemiológico de los trastornos mentales, su impacto entre el balance trabajo familia, 2 de Diciembre de 2019, de IMSS. Sitio web: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/estreslaboral/1erjornada /07-Panorama-Trastornos-Mentales.pdf

3 Ídem

4 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE, la Secretaría de Cultura y el INAH a buscar el establecimiento de un “tratado de cooperación EUM-UE” para la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados, ante la celebración de subastas de bienes culturales en otros países, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito José Salvador Rosas Quintanilla , diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura, y a Diego Prieto Hernández, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para buscar la creación de un tratado de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea para la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados, ante el ejercicio de subastas de bienes culturales en otros países, la existencia de colecciones privadas con bienes de origen nacional y la falta de cooperación con más naciones para la conservación de nuestra historia , al tenor de las siguientes

Consideraciones

La relevancia del papel de la memoria histórica para los pueblos cuenta con dos aspectos claros, por los que se ha mantenido vigente como una de las creaciones sociales de gran utilidad, al poner en juego elementos que conforman la identidad de las comunidades y dejar a la mano experiencias que nos sirven para la toma de decisiones futuras, es decir, nos ayudan a definirnos sobre quiénes somos y nos dan lecciones de vida con el objetivo de alcanzar nuestras metas evadiendo cometer errores en el camino.

Esta descripción breve y concisa tiene el objetivo de recordarnos que aquello que conforma nuestra historia no es un simple corolario o un anhelo hacia el pasado, sino que es una fuente casi inagotable de información respecto al cómo nuestras comunidades se han ido transformando a lo que son hoy en día, donde el esfuerzo y el trabajo acumulado de muchas generaciones han rendido frutos al dejarnos un mundo que, en primera instancia, cuenta con una serie de desarrollos tecnológicos y sociales que se han caracterizado por buscar facilitar la vida en general de las personas, sin olvidar las fallas y costos acontecidos en el proceso.

En ella, aciertos y errores han quedado plasmados en una serie de formas de expresión verbal o material, como lo pueden ser dichos, refranes, libros, murales, edificios, esculturas u obras de arte, sentando un historial de experiencias previas. Igualmente, en tanto productos de un tiempo, tales objetos reflejan los ideales que cada generación resguardó y defendió, donde el mensaje pudo haber tenido alguna motivación política, religiosa, laboral o estética que motivara la elaboración de aquellas expresiones y objetos. Ejemplos de ello en México sobran a lo largo de nuestra historia, donde creaciones de las sociedades prehispánicas, de las primeras décadas del México independiente y hasta nuestros días, muestran la flexibilidad que ha caracterizado al ingenio y creatividad nacional ante la consistencia en las formas de expresión y obras arquitectónicas o artísticas en cada una de estas facetas, con reconocimiento internacional, investigaciones académicas, influenciando formas de expresión artística en diversas partes del globo y atrayendo a millones de turistas cada año a diversas locaciones dentro de nuestro país

Cada una de estas cosas, por lo tanto, son compartidas por cualquier objeto que esté relacionado con la memoria histórica de una nación, incluyendo el arte precolombino, tema que ha vuelto al centro de las conversaciones y debates ante la realización de un par de subastas de piezas en Francia durante los meses de septiembre1 y octubre de 2019,2 las cuales son parte de la memoria histórica de nuestro país. El resultado, lamentable ante la imposibilidad de poder detener los actos, derivado de la omisión y falta de interés del gobierno francés3 por comprometerse con un posicionamiento ético que vaya de acorde a las exigencias de nuestros tiempos, muestra la vulnerabilidad que el patrimonio histórico y nuestra herencia cultural siguen acarreando, ya que el historial de despojo y hurto asociado a la presencia de nuestras piezas en diversos territorios alrededor del globo, corresponde a actividades reprobables y las cuales hicieron posible que esta clase de objetos estuvieran en manos de coleccionistas privados.

La actividad, por desgracia, sigue vigente en diversas naciones del mundo, lo que habla de una actividad prolífera que se ha llevado a cabo de manera sistemática y solapada (como lo fue durante los periodos de colonización mundial que gestaron las naciones europeas) o no solapada (como lo es el hurto contemporáneo y que está penado en una parte importante de países miembros de la Organización de las Naciones Unidas). La misma ONU, sobre ello, ha realizado trabajos conjuntos para minorar y erradicar esta clase de prácticas, donde los reportes respecto a la situación han destacado, como el reporte, publicado en 2014, sobre “La lucha contra el tráfico ilícito de objetos culturales; La Convención de 1970: Pasado y Futuro”,4 que detalla los aspectos relevantes en la materia.

De acorde a la información provista, el monto de las transacciones de bienes culturales de procedencia lícita e ilícita, para 2013, rondaba los 60 mil millones de dólares,5 convirtiéndose en una de las mercancías traficadas que mayores ganancias registraba entre los múltiples mercados negros existentes, ubicada en el tercer puesto ante el interés de coleccionistas por contar con piezas de diferentes partes del mundo, atractivo únicamente superado por otras actividades comerciales de dudosa moral, como lo es la venta de armas y drogas. Esto es posible gracias a que “desde la excavación ilegal hasta la venta final, el valor de las mejores obras de arte se multiplica por 100, un incremento superior al que se registra en las drogas”,6 recalcando el atractivo de la actividad y la necesidad de hacerle frente a partir de un involucramiento de la comunidad internacional por respeto hacia la historia mundial.

Por otra parte, el reporte hace un seguimiento histórico a la Convención que le otorga certeza jurídica al marco desde el cual se colabora, al ser la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales de 1970,7 la cual no cuenta con principio de retroactividad8 y dificulta la labor de recuperación ante la presencia histórica del hurto arqueológico,9 generando conflictos que hasta hoy en día se sostienen.

México, siendo partícipe de la Convención, ha buscado ser congruente con la convicción que nos llevó a ser parte de ella, al realizarse actos concretos en la materia, como la generación de tratados y la realización de acuerdos u operativos para la recuperación de los objetos que son traficados en nuestro país. En tiempos recientes, convenios con el gobierno de Colombia en 201510 y la Convención sobre Delitos Relacionados a la Propiedad Cultural en 2017 (compuesta por Armenia, Chipre, Grecia, México, Portugal y San Marino),11 al igual que un trabajo de colaboración con los Estados Unidos, Alemania e Italia para la recuperación, en últimos años, de múltiples piezas con valor histórico para nuestra nación,12 son ejemplos de que el avance en la materia requiere de mejores y más herramientas jurídicas y acuerdos políticos para poder restablecer el daño que se ha hecho a nuestro patrimonio cultural, donde los errores en tiempos pasados han buscado ser enmendados por una parte importante de la comunidad mundial.

En el caso de los operativos, los resultados otorgan la siguiente cifra: se confiscaron únicamente 634 objetos de 2008 a 2018.13 Ante la aceptación generalizada de un mercado negro de grandes magnitudes, la información entorno al conocimiento de acceso público es escasa, derivado de la falta de mecanismos eficientes de seguimiento de una actividad que implica una dificultad enorme derivado del constante redescubrimiento de piezas en todo el territorio nacional y la ausencia de métodos o criterios que pudieran generar información confiable para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

Sobre este escenario y ante los logros en tiempos recientes, darle certeza jurídica a la actividad de recuperación y repatriación de piezas relacionadas con nuestra memoria histórica, al ser bienes culturales, demanda la elaboración de un convenio o tratado con la Unión Europea, región que ha se ha caracterizado por la colaboración de diversos miembros en la solución de la problemática, lo que resultaría en un refuerzo de los lazos diplomáticos entre naciones y sentando un precedente para garantizar el compromiso por colaborar en este aspecto y todos los demás, como lo pueden ser tratados comerciales, labores conjuntas o apoyos en tiempos de dificultad.

La buena fe de estos actos ha sido sinónimo de amistad entre naciones, por lo que asumir un resultado positivo por una labor de esta clase pareciera ser el escenario esperado. Incentivar a las correspondientes autoridades a realizar dichas labores es el motivo central de este exhorto, donde si ya existen pretensiones o labores al respecto, se les de la mayor prioridad posible para poder contrarrestar a uno de los mayores mercados negros a nivel internacional y la vulnerabilidad derivada de la riqueza histórica con la que México cuenta.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura, y a Diego Prieto Hernández, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para buscar la creación de un tratado de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea para la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados, ante el ejercicio de subastas de bienes culturales en otros países, la existencia de colecciones privadas con bienes de origen nacional y la falta de cooperación con más naciones para la conservación de nuestra historia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura, y a Diego Prieto Hernández, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para realizar un foro abierto, para especialistas e interesados, sobre las actividades y avances en la materia, ante el ejercicio de subastas de bienes culturales en otros países, la existencia de colecciones privadas con bienes de origen nacional y la falta de cooperación con más naciones para la conservación de nuestra historia.

Notas

1 AFP. (2019). Subastan en París colección de arte precolombino pese a protesta de México, 2 de Diciembre de 2019, de La Jornada. Sitio web:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/cultura/2019/09/18/su bastan-en-paris-coleccion-de-arte-precolombino-pese-a-protesta-de-mexic o-9535.html

2 Georgina Zerega. (2019). México pierde otra batalla por 44 piezas de arte precolombino subastadas en Francia, 2 de Diciembre de 2019, de El País. Sitio web:

https://elpais.com/cultura/2019/10/31/actualidad/1572544 644_868267.html

3 Ídem

4 Unesco. (2014). La lucha contra el tráfico ilícito de objetos culturales la convención de 1970: pasado y futuro, 2 de diciembre de 2019, de Unesco. Sitio web:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pd f/Info_Kit_ES.pdf

5 Ídem

6 Ídem

7 Ídem

8 Ídem

9 Arqueología Mexicana. (1996). Saqueo y destrucción, 2 de Diciembre de 2019, de Arqueología Mexicana. Sitio web:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pd f/Info_Kit_ES.pdf

10 Gobierno de México; gobierno de Colombia. (2015). Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícitos de Bienes Culturales, 2 de Diciembre de 2019, de Gobierno de México y Gobierno de Colombia. Sitio web:

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_ nva.sre?id_tratado=1550&depositario=

11 Notimex. (2017). México firma convenio contra tráfico de bienes culturales, 2 de Diciembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/cultura/mexico-firma-convenio-trafico-bienes-cu lturales

12 Instituto Nacional de Antropología e Historia. (2018). Destacan logros en combate al tráfico ilícito de bienes culturales, con análisis del caso Patterson, 2 de Diciembre de 2019, de Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sitio web:

https://www.inah.gob.mx/boletines/7748-destacan-logros-e n-combate-al-trafico-ilicito-de-bienes-culturales-con-analisis-del-caso -patterson

13 Manuel Espino. (2019). Piezas arqueológicas robadas en México llegan al extranjero, 2 de Diciembre de 2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/piezas-arqueologicas-robadas-en-m exico-llegan-al-extranjero

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Conadic a reforzar los programas y las campañas informativas para prevenir adicciones, debido al incremento del consumo de sustancias ilícitas y la peligrosidad de nuevas drogas como el fentanilo, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito José Salvador Rosas Quintanilla , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, y a Nora Leticia Frías Melgoza, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, para reforzar los programas de prevención de adicciones y las campañas informativas que los integran, ante el incremento del consumo de sustancias ilícitas y la peligrosidad de nuevas drogas como el fentanilo , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El problema que acompaña a la producción de drogas por parte de carteles mexicanos es el de su relación con el abuso de sustancias ilegales en los Estados Unidos, uno de los principales consumidores a nivel mundial, al igual que su elaboración y uso en nuestro país. Con el surgimiento de un nuevo mercado de productos ilícitos y una población que cotidianamente encuentra el problema de la adicción al interior de sus comunidades, los grupos delincuenciales organizados han comenzado a desarrollar estas nuevas drogas ante la demanda existente y el nicho de negocio que se ha sido el núcleo duro de los cárteles en México.

Esto, en conjunto con el desarrollo de nuevas tecnologías y la ampliación de los mercados mundiales, ha abierto la posibilidad de acceder a una serie de materias y productos de cualquier parte del mundo, donde el ingenio ha sido usado de manera ventajosa por parte del crimen organizado en su búsqueda por generar beneficio económico a toda costa, lo que dio paso al surgimiento de nuevas sustancias ilícitas en territorio latinoamericano, donde se reporta la aparición de cerca de 178 nuevas sustancias en la presente década, según información del Sistema de Alerta Temprana sobre Nuevas Sustancias Sicoactivas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (donde 30 de ellas tuvieron su origen en México),1 se sitúan como un problema de gran magnitud ante el atraso que se presenta en los avances para la prevención en el consumo de drogas en México.

La diversificación de la oferta, por lo tanto, se ve directamente relacionada con la amplitud de posibilidades de recursos, derivando en la preocupación por el consumo de nuevas sustancias que sean perjudiciales para la salud debido a sus características adictivas, consternación compartida por el Congreso mediante trabajo legislativo, como el punto de acuerdo que presenté en mayo pasado y aprobado en el mes de julio de 2019, por el que se exhortó a las autoridades correspondientes para que colaboraran “en el diseño de una estrategia de comunicación interinstitucional basada en la prevención del consumo y denuncia de la venta de nuevas sustancias ilícitas que circulan en el mercado negro, así como la creación de un compendio informativo digital público que enlace los conocimientos de las instituciones involucradas para que puedan aportar en la prevención del consumo de sustancias ilegales”.2

Por tal motivo, centrarnos en una de las de mayor impacto en nuestro vecino del norte y la cual ya comienza a aparecer en territorio nacional resulta necesario, es decir, debemos comenzar a tomar medida en contra del consumo y adicción al fentanilo. Ésta es una de las nuevas drogas que están inundando el mercado en Norteamérica y que comienzan a introducirse en nuestro país.

Principalmente de origen chino –lo que ha obligado al gobierno de dicho país a tomar medidas más severas al incluirla en una lista complementaria de drogas controladas-,3 es un opioide similar a la morfina, sus efectos son de 50 a 100 veces más potentes que las de su símil,4 donde su origen sintético lo vuelve manipulable, situando sus límites en los del desarrollo tecnológico de nuestros tiempos. Esta posible capacidad de comercializarse en diversas presentaciones -como ha sucedido con otras sustancias, por ejemplo, la cocaína o la heroína-, el incremento de su producción y de su presencia en ambos mercados, al igual que su aceptación por parte de población consumidora, usualmente caracterizada por ser parte de grupos vulnerables y con potencial de generar una adicción no tratada, donde las mujeres jóvenes (de 12 a 17 años) se han caracterizado por ser el grupo de mayor incremento porcentual de 2011 a 2017, representando un crecimiento del 205 por ciento de acorde a información de la Comisión Nacional contra las Adicciones.5

Los riesgos derivados de esto requieren que las medidas correspondan a una lógica preventiva, como se sostuvo en la presentación del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión Nacional contra las Adicciones,6 la cual ya plantea una forma que se aleje de la punición como eje de las políticas públicas en torno al consumo de sustancias y se centre en la parte preventiva y de reintegración social que resulta necesaria, que va en sintonía con nuestra postura y que la pretensión que tiene es la de si generar una disminución en la incidencia de la problemática.

Por lo tanto, una metodología enfocada en la pedagogía y no en el temor a la sanción, debe ser el fundamento de la toma de acciones para la solución del problema de las adicciones, sin importar posicionamientos políticos. Ello, al fundamentarse en su naturaleza, propia de la salud pública, habla de elementos objetivos acerca del cómo debe ser tratada, donde la inclusión de información a la mano para la población y el trabajo psicológico es trascendental, empezando por la difusión generalizada de la existencia en favor de una comprensión de la adicción y los tratamientos necesarios para la reinserción de personas que hayan caído en la problemática.

Es en las campañas de difusión informativa y en las partes operativas de los programas, como lo podrían ser los servicios psicológicos, donde si no se garantiza la presencia de ambos todos los demás recursos destinados al problema no tendrán sentido de ser. La carencia de un cuidado cotidiano del consumos de sustancias y su impacto en la salud mental, por lo tanto, requiere ser puesta en escena de manera explícita en las comunidades y los servicios de salud, donde la principal forma de acompañarlo es mostrar que detrás de las adicciones usualmente hay problemáticas psicológicas y sociales que derivan en esa conducta, por lo que contar con cuidados recurrentes es relevante para la creación de bienestar social, mediante la ampliación de los servicios públicos que permitan aminorar el impacto que las adicciones tienen en nuestras comunidades.

Por lo tanto, la exigencia en la calidad de la información provista es vital si no deseamos que nuevos problemas de adicción deriven del incremento de una actividad delictiva que cada día expande sus posibilidades creativas. La vulnerabilidad de ciertos sectores sociales, donde la delincuencia se ha exacerbado de manera constante, la violencia alrededor del delito y los problemas de salud pública que conllevan, son justificaciones suficientes para entender que hoy en día la garantía del trabajo social y psicológico es necesario, por lo que debe garantizarse su presencia de acorde a lo estipulado en el Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión Nacional contra las Adicciones y más allá de él, donde se asegure la presencia de especialistas en servicios de salud, tanto física como mental, deban de ser suficientes para las demandas de las comunidades que componen a nuestro país, las cuales contarán con la información necesaria para poder enfrentar cada aspecto de la problemática.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, y a Nora Leticia Frías Melgoza, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, para reforzar los programas de prevención de adicciones y las campañas informativas que los integran, ante el incremento del consumo de sustancias ilícitas y la peligrosidad de nuevas drogas, como el fentanilo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, y a Nora Leticia Frías Melgoza, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, para enfocar las campañas informativas para la prevención de adicciones en los sectores más vulnerables, como jóvenes o grupos marginados, ante el incremento del consumo de sustancias ilícitas y la peligrosidad de nuevas drogas, como el fentanilo.

Notas

1 Inder Bugarin. (2019). Estas son las nuevas drogas que se venden en México y América Latina que preocupan a la ONU, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/estas-son-las-nuevas-drogas-que-se -venden-en-mexico-y-america-latina-que-preocupan-la-onu

2 José Salvador Rosas Quintanilla. (2019). Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a Nora Leticia Frías Melgoza, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, para que colaboren en el diseño de una estrategia de comunicación interinstitucional basada en la prevención del consumo y denuncia de la venta de nuevas sustancias ilícitas que circulan en el mercado negro, así como la creación de un compendio informativo digital público que enlace los conocimientos de las instituciones involucradas para que puedan aportar en la prevención del consumo de sustancias ilegales, 2 de Diciembre de 2019, de Gaceta de la Comisión Permanente. Sitio web: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96228

3 EFE. (2019). China amplía el control sobre el fentanilo, la droga que multiplica las muertes en Estados Unidos, 2 de Diciembre de 2019, de ABC. Sitio web: https://www.abc.es/sociedad/abci-china-amplia-control-sobre-fentanilo-d roga-multiplica-muertes-estados-unidos-201904021056_noticia.html

4 National Institute on Drug Abuse . (2019). ¿Qué es el fentanilo?, 2 de Diciembre de 2019, de National Institute on Drug Abuse. Sitio web:

https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/el- fentanilo

5 Gaceta UNAM. (2018). Mujeres jóvenes, más vulnerables a adicciones, 2 de Diciembre de 2019, de Gaceta UNAM. Sitio web: http://www.gaceta.unam.mx/mujeres-jovenes-mas-vulnerables-a-adicciones/

6 Comisión Nacional contra las Adicciones. (2019). Programa Anual de Trabajo 2019, (PAT), 2 de Diciembre de 2019, de Comisión Nacional contra las Adicciones. Sitio web:

https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/pr ograma-anual-de-trabajo-2019-224944

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura, la Sectur y el INAH a crear un catálogo digital general de bienes culturales en posesión de museos públicos, secretarías u organismos gubernamentales de la federación, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura, a Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaria de Turismo y Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a crear un catálogo digital general de los bienes culturales que se encuentran en posesión de museos públicos, Secretarías u organismos gubernamentales de la federación en favor de garantizar el acceso universal al patrimonio nacional para la ciudadanía, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La preservación de la memoria histórica es uno de los principales objetivos que tienen las diferentes Instituciones con funciones de preservación y promoción cultural, como lo es el Instituto Nacional de Antropología e Historia o la Secretaría de Cultura, quienes con su esfuerzo constante han logrado establecer una serie de eventos y zonas de promoción de bienes culturales nacionales, presentaciones artísticas de diferente origen y la proliferación de ferias culturales regionales donde llegan a exponerse elementos propios de las localidades, referentes de orgullo y que dotan de una inmensa diversidad a nuestra nación, caracterizada por su riqueza natural y cultural.

Es así como creaciones diversas, como lo pueden ser grandes edificaciones, cuadros, murales, platillos o esculturas, han sido acumuladas a lo largo de la vida de nuestra nación, donde un cúmulo impresionante de objetos se encuentra esparcido a lo largo y ancho de los espacios públicos dedicados para ello.

Museos, edificios gubernamentales y plazas públicas, cuentan con diferentes monumentos, esculturas o demás objetos culturales, que se encuentran expuestos al público y pueden ser apreciados por la ciudadanía. El ideal en los tiempos en que se pensó la creación de los museos y la presencia de obras artísticas en el espacio público, buscaba sortear la limitante de encontrar dispersa la exposición de esta clase de bienes, donde la centralización de ellos permitía su apreciación en periodos de tiempo más cortos y en lugares enfocados a esa función, lo que posibilitaba a los amantes del arte poder realizar sus actividades con regularidad. Igualmente, con la importancia que la historia ha adquirido en las agendas públicas, resaltar la memoria histórica de los pueblos requiere de la presencia de elementos con los cuales se identifique, ya que los bienes tienden a ser usados como símbolos de nuestra nación, que muestran el largo bagaje que hemos ido acumulando, donde los aciertos y errores nos han llevado a consolidar la nación en la que habitamos.

Por tal razón, las problemáticas que aquejan la libre exposición de patrimonio cultural se deben a los efectos del tiempo sobre bienes que se desgastan y el tráfico ilegal de bienes culturales. La primera de ellas es un aspecto obvio en los peligros que rodean a la preservación ante la demanda que tiene de otorgar constantes cuidados y reparaciones derivado de las consecuencias del tiempo. En el caso de la segunda, que hasta finales de 2013 había logrado una ganancia por ventas de bienes culturales, legales e ilegales, cercana a los 60,000 millones de dólares,1 amenaza la historia de los pueblos mediante los intereses individuales y nocivos de los coleccionistas y traficantes, quienes anteponen su beneficio y atentan contra los elementos identitarios de la ciudadanía global. Éste último punto, muchas veces acontece por la característica de los bienes no registrados, los cuales únicamente aparecen en existencia en el momento que se les registra, donde los descubrimientos no reportados se tornan grandes manjares para los traficantes.

Si bien cada aspecto tiene su correspondiente forma de aminorar su impacto, como lo es la preservación de bienes por parte de restauradores o el uso de tecnologías para la creación de un ambiente ideal para la exposición de la obra, la necesidad de mantener un registro general, el cual trascienda cualquier momento y lugar, es indispensable para los múltiples usos que se le da a ésta clase de obras, donde la existencia de un catálogo como el Sistema de Publicación y Administración del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles,2 recientemente puesto en función en noviembre de 2019, es una experiencia importante para comprender que la existencia de esta clase de herramientas van enfocadas a la preservación del patrimonio nacional, la cultura, la historia de nuestras comunidades y la facilitación de poder apreciar su valía, derivado de que muchas personas no cuentan con los medios necesarios para poder contemplarlas, a pesar de que es un bien que pertenece a toda la nación.

Por lo tanto, experiencias como éste catálogo y demás exposiciones digitales, como los recorridos virtuales, muestran que las nuevas tecnologías pueden superar barreras físicas y sociales que imposibilitan tener siquiera una noción general de la diversidad con la que contamos. El acercamiento remoto a las producciones culturales del país tiene un impacto positivo en la población al facilitar su consulta por motivos de interés personal, educativo o laboral, por lo que considerar ampliar una medida de esta clase a los bienes no arquitectónicos resulta relevante para la construcción de una memoria histórica digital, que cumpla con criterios de universalidad e incentive el interés por las producciones nacionales, las cuales se siguen realizando hoy en día y en muchos casos surgen a partir de la inspiración que las grandes obras nacionales llegan a tener en los artistas mexicanos.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura, a Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaria de Turismo y Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para crear un catálogo digital general de los bienes culturales que se encuentran en posesión de museos públicos, Secretarías u organismos gubernamentales de la federación en favor de garantizar el acceso universal al patrimonio nacional para la ciudadanía.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura, y Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para implementar una plataforma digital de registro voluntario de bienes culturales ante la falta de mecanismos eficientes para el registro y control de objetos descubiertos en territorio nacional.

Notas

1 UNESCO. (2014). La lucha contra el tráfico ilícito de objetos culturales la Convención de 1970: Pasado y Futuro, 2 de diciembre de 2019, de UNESCO. Sitio web:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pd f/Info_Kit_ES.pdf

2 Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. (2014). Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles: Centro de Documentación, 2 de diciembre de 2019, de Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Sitio web: https://www.catalogonacionalmhi2016.inah.gob.mx/consultaPublica

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar una transición gradual a hardware y software nacionales en las oficinas públicas federales, ante los riesgos para la seguridad nacional por el uso de innovaciones de origen extranjero y la necesidad de generar tecnología propia destinada a áreas críticas en el desarrollo del país, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar una transición gradual a hardware y software nacional usado por empleados de las oficinas gubernamentales federales en el país, ante los riesgos para la seguridad nacional del uso de innovaciones de origen extranjero y la necesidad de generar tecnología propia para áreas críticas en el desarrollo del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El papel que las tecnologías juegan en el mundo contemporáneo ha ido en ascenso con el paso de los años. La dependencia que hoy en día tenemos hacia lo digital para el desarrollo de nuestras actividades de la vida diaria, el establecimiento de ciertos parámetros en torno a su uso y la creación de nuevas posibilidades/riesgos en su implementación, hablan de un fenómeno que requiere ser abordado desde sus diferentes frentes ante la exigencia que tiene el presente.

Por tal razón, las exigencias requieren ser otras. Con dicha dependencia, los aspectos asociados a la seguridad de la información de personas y organismos (públicos o privados) plantean un nuevo giro, donde la necesidad de establecer lineamientos entorno a estas prácticas es uno de los grandes pendientes en la materia por parte de nuestro gobierno y otras naciones, principalmente caracterizadas por la dependencia tecnológica con países desarrollados, la falta de inversión en el rubro y la poca planeación a futuro respecto a las transiciones que la industria está viviendo en relación con problemáticas como la privacidad, las estafas en línea y las intervenciones por parte de agentes externos a sistemas tanto de usuarios como de organizaciones.

Es sobre esto que el debate relacionado a la creación de estas tecnologías, al igual que su origen, se ha vuelto un terreno de disputa entre los especialistas de países como China o los Estados Unidos. La principal problemática, de principio, se ha centrado en las exigencias sobre la producción intelectual detrás de estos aparatos, donde los diseños tan meticulosos y específicos pueden conllevar prácticas ilegales para la realización de espionaje e intervención mediante la modificación de elementos en los chips, servidores u otros dispositivos de telecomunicaciones derivado de lo complejo en la creación de estos, donde el proceso productivo implica miles de componentes que pueden ser intervenidos durante el proceso de diseño, fabricación, ensamblaje o prueba.1 Esto último dio pie al escándalo originado por la investigación de Bloomberg de octubre de 2018 donde se señala la intervención por parte de espías chinos mediante la modificación de tarjetas madre de servidores adquiridos por compañías de renombre como Amazon y Apple a productores chinos, quienes tienen convenios con la seguridad pública y el ejército de Estados Unidos para el desarrollo e implementación de los servicios de ciberseguridad.2

Dicho artículo, descalificado por las empresas y etiquetado como sensacionalista,3 fue uno de los primeros antecedentes en la discusión pública en torno a temas como la independencia del hardware empleado por instituciones gubernamentales, donde más allá de la veracidad de la historia, la tendencia en la política pública de los Estados Unidos mostró una preocupación enorme por la temática a lo largo de sus acciones en el presente año.

Ilustrando esta postura, el caso de la expulsión de Huaweii posiblemente sea el más emblemático del 2019,4 su posicionamiento al interior de una lista negra comercial y los permisos requeridos a las empresas estadounidenses para comerciar con ella, han dejado claro que el conflicto entorno al origen del hardware y software que usan individuos e instituciones ya no es un tema menor en tiempos de la hiperconectividad, donde la guerra comercial entre ambos países ha puesto el ojo en este rubro al ser de altísima relevancia en las operaciones gubernamentales del día a día.

Esto ha orillado a ambos países a continuar con las hostilidades, donde el propio gobierno chino ordenó en diciembre de 2019 la sustitución gradual de todo el hardware y software extranjero de sus equipos y operaciones de sus instituciones gubernamentales, lo que ronda entre los 20 y los 30 millones de piezas/equipos que deben ser sustituidos en los próximos 3 años, donde se espera que el 30% se sustituya en 2020, el 50% en 2021 y el 20% restante en 2022.5 Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos ha ido expulsando de manera gradual el uso de tecnologías de origen chino, donde el potencial ramo para emitir prohibiciones en el uso de tecnología china podría ser el sistema bancario, aspecto que se consideró desde la expulsión de Huawei a principios de 2019 y la cual tiene una alta probabilidad de ser retomada en meses próximos.6

Es sobre esto que plantear la relevancia del tema para nuestro contexto es indispensable ante la urgencia que el presente tiene en esta temática. Con la creación de un gobierno digital de alcance nacional, la necesidad de garantizar la seguridad nacional es un hecho innegable. Con la alta dependencia que las economías tienen en tecnologías basadas en chips semiconductores para su crecimiento, dejar que la producción y diseño se concentre en pocos países exportadores conlleva un riesgo de dependencia tecnológica, la cual plantea un escenario similar al de la dependencia petrolera que algunos países han sufrido desde el siglo XX, como bien sostuvo el grupo de especialistas del Foro Económico Mundial en diciembre de 2019.7

Por tal motivo, el gobierno mexicano y las administraciones futuras deben tener en cuenta que nuestro país debe contar con formas serias para enfrentar el problema, donde una independencia tecnológica en el desarrollo de hardware y software pareciera ser un sueño, pero el cual no resulta imposible si la presente y futuras administraciones consideran la creación de apoyos económicos y el desarrollo de investigación gubernamental para la satisfacción de las necesidades tecnológicas nacionales, donde sistemas tecnológicos propios reducen en su mayoría los riesgos de seguridad que conlleva la dependencia tecnológica con otros países.

Así, proponer un plan de transición tecnológica de carácter gradual pareciera ser una primera medida para afrontar el problema, donde las limitaciones intelectuales y productivas presentes requerirán de labores conjuntas para el desarrollo de una industria nacional que pueda proveer de estas tecnologías a las instituciones gubernamentales, todo esto en favor de garantizar la reducción de riesgos que implicaría la dependencia tecnológica y, por lo tanto, el compartir vulnerabilidades con otras naciones, dejando la puerta abierta a intervenciones por parte de actores o gobiernos que busquen vulnerar la integridad de la ciudadanía y la seguridad nacional.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con,

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para implementar un foro abierto sobre desarrollo de hardware y software nacional con actores y organizaciones especialistas en temas de ciberseguridad y desarrollo de hardware/software, ante los riesgos para la seguridad nacional del uso de innovaciones de origen extranjero y la necesidad de generar tecnología propia para áreas críticas en el desarrollo del país.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para realizar una transición gradual a hardware y software nacional usado por empleados de las oficinas gubernamentales federales en el país, ante los riesgos para la seguridad nacional del uso de innovaciones de origen extranjero y la necesidad de generar tecnología propia para áreas críticas en el desarrollo del país.

Notas

1 Edlyn V. Levine; Algirde Pipikaite. (2019). Hardware is a cybersecurity risk. Here’s what we need to know, 3 de enero de 2020, de Foro Económico Mundial. Sitio web:

https://www.weforum.org/agenda/2019/12/our-hardware-is-u nder-cyberattack-heres-how-to-make-it-safe/

2 Jordan Robertson; Michael Riley. (2018). The Big Hack: How China Used a Tiny Chip to Infiltrate U.S. Companies, 3 de enero de 2020, de Bloomberg. Sitio web:

https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-b ig-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-infiltrate-america-s-top-companie s

3 John Naughton. (2018). The tech giants, the US and the Chinese spy chips that never were... or were they?, 3 de enero de 2020, de The Guardian. Sitio web: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/13/tech-giants-us-ch inese-spy-chips-bloomberg-supermicro-amazon-apple

4 Óscar Gutiérrez. (2018). Huawei se topa con pared a su llegada a Estados Unidos: reporte, 3 de enero de 2020, de Cnet. Sitio web: https://www.cnet.com/es/noticias/huawei-eeuu-gobierno-prohibe-att/

5 Arjun Kharpal. (2019). China reportedly orders state offices to remove foreign tech which could hit US firms like Microsoft, 3 de enero de 2020, de CNBC. Sitio web:

https://www.cnbc.com/2019/12/09/china-reportedly-orders- state-offices-to-remove-foreign-tech.html

6 Alexandra Alper. (2019). Exclusive: White House considered kicking Huawei out of U.S. banking system – sources, 3 de enero de 2020, de Reuters. Sitio web:

https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-treas ury-exclusive/exclusive-white-house-considered-kicking-huawei-out-of-u- s-banking-system-sources-idUSKBN1Y717U

7 Edlyn V. Levine; Algirde Pipikaite. (2019). Hardware is a cybersecurity risk. Here’s what we need to know, 3 de enero de 2020, de Foro Económico Mundial. Sitio web:

https://www.weforum.org/agenda/2019/12/our-hardware-is-u nder-cyberattack-heres-how-to-make-it-safe/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades sobre la adopción generalizada de teléfonos de alta seguridad, propios, adquiridos o modificados, entre altos funcionarios de las secretarías federales, dados los riesgos de ciberataques, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a implementar la adopción generalizada de teléfonos de alta seguridad, propios, adquiridos o modificados, entre altos funcionarios de las Secretarías Federales, ante los riesgos de ciberataques en un contexto de vulnerabilidad tecnológica y la necesidad de garantizar la seguridad nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El tema de la ciberseguridad es uno de los temas que se han vuelto más recurrentes en una época donde la digitalización de la información ha concentrado la mayoría de las actividades públicas y privadas de la población mundial. Las operaciones bancarias, la generación datos y documentos personales, el perfilamiento de la población para asignarles programas de asistencia pública, al igual de la capacidad remota para acceder a toda esa información, orilla a los gobiernos del mundo a desarrollar un replanteamiento de la forma en la que la política y el derecho deben abordar el tema y las implicaciones que se desprenden de ello.

Uno de los principales ejemplos de ésta tendencia mundial en la última década se ha dado a través de los múltiples casos de invasión a la privacidad que han tenido figuras de altos mandos de gobiernos extranjeros, como la supuesta intervención del teléfono personal de la primera canciller alemana Angela Merkel por parte del gobierno de los Estados Unidos y difundida en medios en 20131 o la situación de vulnerabilidad telefónica que sufre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debido al uso de equipos no especializados para el manejo de su cuenta de Twitter y la realización de llamadas personales en dispositivos regulares,2 muestran que aún gobiernos de países desarrollados y con prestigio en temas de seguridad presentan problemas para abordar el tema y han incitado a generar mecanismos para combatir esta clase de crímenes, los cuales han ido a la alza e involucran a entes estatales y privados en el desarrollo de departamentos y áreas específicas para controlar y emplear esta fuerza en su favor.

Situándolo a nivel local, el caso mexicano muestra que los actores importantes se encuentran vulnerables ante el constate acoso de los ciberataques cometidos por ciberdelincuentes o las propias instituciones públicas, donde los softwares empleados y la orquestación de los ataques puede venir de cualquier parte del mundo. De estos, el sector financiero ha sido el más afectado, en donde los últimos tres años se han registrado intervenciones por parte de terceros al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), donde los bancos han sufrido incidentes de forma regular,3 lo que los torna objetivos y requieren de mayor colaboración entre el sector público y privado para garantizar la salvaguarda de los usuarios. Igualmente, los ataques al Banco de Comercio Exterior,4 en 2018, pusieron en riesgo los flujos de dinero de los usuarios y representó un punto de quiebre acerca del cuidado que se debería tener respecto a operaciones financieras de carácter digital por parte de las instituciones bancarias y las plataformas facilitadas por parte del gobierno mexicano, lo que deja una gran lección en torno a un tema que escala a magnitudes internacionales y en que los ataques no son solamente financieros o personales, sino que representan una amenaza para la seguridad nacional.

Centrándonos en el gobierno y sus operaciones, hasta el momento no ha salido a la luz pública las brechas y vulnerabilidades cotidianas que se hayan explotado o que se pretendieran explotar por parte de agentes ajenos respecto a las comunicaciones de los gobiernos mexicanos, pero se sabe que, debido a la situación geopolítica de nuestro país, el riesgo de sufrir ataques cibernéticos es alto debido a los lazos políticos y comerciales que México tiene con potencias mundiales. Igualmente, debido a la dependencia que México tiene ante naciones productoras de hardware y de software, lo deja abierto ante la posibilidad de trabajo de espionaje en cubierto, como pasó con el escándalo de los microchips de origen chino empleados en la elaboración de servidores estadounidenses de uso no sólo privado, sino también por agencias federales de seguridad y empresas privadas5 de los Estados Unidos de América en el 2018.

Ante las demandas actuales en términos de seguridad, observar ejemplos de cómo se han empleado comunicaciones encriptadas para la transmisión de información segura es un primer paso para poder consolidar un aparato gubernamental con la menor cantidad de intervenciones posibles. En sintonía con esto y adecuándonos a la década, el uso de dispositivos móviles, como celulares o tabletas, es trascendental, por lo que sorprende en demasía que su uso siga requiriendo de “teléfonos satelitales”6 u otros dispositivos que hoy en día no cumplen con los estándares de seguridad que nuestros tiempos demandan. Por ejemplo, el todavía presidente de Argentina, Mauricio Macri, hace uso de un celular Nexus 6P con modificaciones de hardware y software (desarrolladas por su propio gobierno) para mantener encriptadas las comunicaciones e informaciones que usan él y el resto de su equipo,7 dejando un ejemplo claro de qué acciones de ésta clase requieren ser tomadas con la mayor seriedad posible, donde la elaboración o modificación de dispositivos demanda una política de seguridad nacional que vea todas las variables de riesgo que puedan presentarse en las actividades de los titulares de las diferentes secretarías y del propio Presidente de la República.

Y es que, si se toma en cuenta que el desarrollo de estas tecnologías no es un monopolio de los Estados-nación, reafirmar que el uso de dispositivos encriptados también ha sido malversado se torna indispensable debido a que ha dejado huella de su eficiencia para el mantenimiento de información clasificada fuera del alcance de usuarios ajenos. Un ejemplo perfecto de ello es la noticia publicada por diversos medios en marzo de 2018 acerca de cómo a firma canadiense Phantom Secure facilitó una serie de teléfonos Blackberry modificados a cabecillas del Cartel de Sinaloa,8 lo que dificultaba la labor del gobierno mexicano para poder aplicar el marco jurídico pertinente ante la falta de información incriminatoria, cifrada en equipos provistos con altos estándares de seguridad.9

Sobre esto, pretender ir más allá de asignar equipos especiales y de alta seguridad a funcionarios públicos de las altas cúpulas gubernamentales es un deber si se busca afrontar el problema en todos sus niveles y así evitar brechas de información desde cualquier sector del aparato gubernamental. Argumentar la aplicación general de estos equipos, al igual que la generación de software seguro y nacional es una demanda a la altura de los problemas contemporáneos, donde casos de espionaje a nivel federal han salido a la luz por parte del propio gobierno, como la supuesta cámara hallada en Palacio Nacional en septiembre de 201910 y la cual sólo es una muestra de las múltiples estrategias que pueden ser empleadas para éste propósito.

Por ello, complementar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con la integración de equipos que faciliten la obtención de las metas planteadas en la estrategia, al igual que darle una mayor cobertura para prevenir la intromisión en los potenciales nodos de acceso, como son los dispositivos usados por integrantes del aparato gubernamental, orilla al gobierno a considerar construir lazos comerciales con algún proveedor de equipos de telefonía celular o comenzar a desarrollar los propios (recordando la relevancia de la elaboración de hardware en territorio nacional) y así, en conjunto, implementar un sistema operativo que encaje con la necesidad de seguridad que funcionarios estatales deben mantener ante el manejo de información confidencial o sensible para una adecuada operación del aparato estatal. Esto beneficiará la imagen de nuestro país, evitará el mal uso de información estatal delicada y establecerá las bases para el desarrollo y complementación de una estrategia de ciberseguridad robusta, que contemple la relevancia de la protección de las altas cúpulas de funcionarios gubernamentales en un periodo de cambio tecnológico y revolución de las comunicaciones.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para implementar la adopción generalizada de teléfonos de alta seguridad, propios, adquiridos o modificados, entre altos funcionarios de las Secretarías Federales, ante los riesgos de cibertataques en un contexto de vulnerabilidad tecnológica y la necesidad de garantizar la seguridad nacional.

Notas

1 Ian Traynor; Philip Oltermann; Paul Lewis. (2013). Angela Merkel’s call to Obama: are you bugging my mobile phone?, de The Guardian. Sitio web:

https://www.theguardian.com/world/2013/oct/23/us-monitor ed-angela-merkel-german

2 Matthew Rosenberg; Maggie Haberman. (2018). When Trump Phones Friends, the Chinese and the Russians Listen and Learn, de The New York Times. Sitio web:

https://www.nytimes.com/2018/10/24/us/politics/trump-pho ne-security.html

3 Edgar Juárez. (2019). Para evitar ciberataques se debe actuar a través de la prevención entre usuarios: Citi, 2 de diciembre de 2019, de El Economista. Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Para-ev itar-ciberataques-se-debe-actuar-a-traves-de-la-prevencion-entre-usuari os-Citi-20191009-0093.html

4 Rodrigo Riquelme. (2018). Instituciones bancarias, foco de atención por fallas en SPEI, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Instituciones-bancaria s-foco-de-atencion-por-fallas-en-SPEI-20180501-0001.html

5 Jordan Robertson. (2018). China Used a Tiny Chip in a Hack That Infiltrated U.S. Companies, de Bloomberg. Sitio web: https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-chi na-used-a-tiny-chip-to-infiltrate-america-s-top-companies

6 Redacción AN. (2019). “Ya tengo un teléfono satelital”: AMLO, 2 de diciembre de 2019, de Aristegui Noticias. Sitio web:

https://aristeguinoticias.com/2410/mexico/ya-tengo-un-te lefono-satelital-amlo-enterate/

7 Redacción El Clarín. (2018). Cómo es el celular ultraseguro que usan Mauricio Macri y los funcionarios del gobierno, de El Clarín. Sitio web: https://www.clarin.com/tecnologia/celular-ultraseguro-usan-mauricio-mac ri-funcionarios-gobierno_0_BJQmRS7Pf.html

8 Redacción BBC Mundo. (2018). Cómo son los teléfonos BlackBerry modificados y ultraseguros que Phantom Secure le vendió al narcotráfico en México según el FBI, de BBC. Sitio web:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43430063

9 ídem

10 Redacción Animal Político. (2019). AMLO muestra cámara espía hallada en Palacio Nacional; no se investigó porque no hay paranoia, dice, 2 de diciembre de 2019, de Animal Político. Sitio web:

https://www.animalpolitico.com/2019/09/amlo-camara-espia -palacio-nacional-2/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a dar a conocer de manera puntual los alcances, riesgos y beneficios de la participación del país en los Fondos Rotatorio y Estratégico OPS/OMS, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que dé a conocer de manera puntual los alcances, riesgos y beneficios de la participación de nuestro país en los Fondos Rotatorio y Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En diciembre del año pasado se instaló una mesa de análisis para discutir la participación de nuestro país conforme a los mecanismos de compra consolidada de vacunas y medicamentos que disponen en Fondos Rotatorio y Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud; sin embargo, no se conocieron los resultados de dicha mesa de análisis.

El pasado 3 de abril, el Ejecutivo federal y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, informaron que México se participaría en estos fondos con el objetivo de obtener ahorros en la compra de medicamentos y vacunas. Finalmente, el pasado 28 de noviembre, se firmó el Acuerdo de Colaboración Interinstitucional para la participación de México en el Fondo Rotatorio de Vacunas y el Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública de la OPS.

De inicio, esto parecería ser buena idea, y siempre estaremos de acuerdo en sumar esfuerzos que deriven en ahorros en el presupuesto, pero tenemos que estar ciertos de que, en primer lugar, existirá forma de cuantificar de manera fehaciente dichos ahorros, pero más importante, que vamos a contar con las vacunas y medicamentos, de calidad y que cumplan con los estándares de seguridad y eficacia de nuestras normas; además de que se garantice su disponibilidad de manera oportuna y en la cantidad necesaria para las demandas de nuestra población.

Por lo anterior, conocer los alcances de la participación en estos mecanismos para asegurar que es la mejor forma de garantizar nuestro abasto a un costo que le convenga al país.

Se debe considerar que, al igual que lo que se ha hecho en México con la compra consolidada de medicamentos, lo que hace el Fondo Rotatorio es consolidar los requerimientos de todos los países y así conseguir mejores precios por economías de escala. No obstante, en la práctica, México tiene el tamaño suficiente, aún con sus carencias, que le ha permitido comprar a precios más bajos que el propio Fondo Rotatorio.

Este año es un ejemplo, mientras que en el Fondo Rotatorio se adquiere la vacuna anti influenza en cerca de 4 dólares, en nuestro país, la estamos adquiriendo en alrededor de 2.5 dólares la dosis, con la ventaja de que el sector salud no tiene que realizar desembolsos adicionales para la importación y posterior distribución. Al adquirir por la vía del Fondo Rotatorio, se debe hacer lo correspondiente a la importación, y luego almacenar y distribuir las vacunas desde el puerto de embarque a todo el país, lo que implicaría gastos adicionales. Por ello, es necesario conocer los costos reales de la compra, su almacenamiento y su distribución.

Esto por el lado económico, pero más importante aún, es tener la certeza de que el abasto de medicamentos y vacunas no se convertirá en un problema. Participar de estos esquemas tiene ventajas y desventajas que deberían estar evaluadas plenamente; se debe garantizar que las condiciones pactadas tomarán en cuenta el volumen que requiere un país como México, tanto de medicinas, como de vacunas. Por ello, es importante conocer la información de la evaluación técnica que se realizó para tomar la decisión de participar en estos Fondos. También es necesario evaluar la necesidad de realizar reformas legales para permitir la entrada de nuestro país a estos mecanismos con plena certeza jurídica.

Asimismo, debemos tener presente que, al ser una compra para toda la región, estaremos sujetos a la misma bolsa que todos los demás países, esto es, dependemos de que cada uno haya hecho bien su cálculo, porque si no, posiblemente nos veremos afectados desde el punto de vista del abasto. Por otro lado, si llegara a haber desabasto, perderíamos la posibilidad de negociar por nuestro lado, esto es, tendríamos una camisa de fuerza que nos evitaría resolver nuestro problema.

México es un país que tiene su propia historia, ha construido instituciones y acuerdos internacionales que aseguran, y si no, al menos promueven, la vanguardia en todas las industrias. En el ámbito de la regulación sanitaria, contamos con autoridades, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que, aunque en este momento hay algunos puntos que mejorar, es una comisión con un gran reconocimiento regional, que confirma que todo medicamento que entra al país cuente con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia.

México busca construir la mejor estrategia para consolidar su abasto de medicamentos, los caminos pueden ser diversos, pero deber generar la mayor certeza y seguridad posibles, y con las condiciones que beneficien al país.

En esta soberanía siempre estaremos del lado de quien proponga tener mejores estrategias de compra y de garantizar el surtimiento, pero en el caso de medicamentos y biológicos, debemos que tener las garantías de que, dentro del marco normativo que corresponda, se adopte la mejor estrategia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que presenten un informe sobre los elementos de costo-beneficio que muestren ventajas para México que se derivan de la firma del acuerdo de adhesión a los Fondos Rotatorio y Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a privilegiar en todo momento la garantía de abasto de vacunas y medicamentos, de manera soberana, así como actuar con apego a la transparencia y de conformidad con lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a dar a conocer el costo total de la compra de vacunas y medicamentos, su almacenamiento y su distribución.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que presenten un informe detallado sobre las medidas a tomar para asegurar que los productos que se adquieran por medio de los Fondos Rotatorio y Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud cuenten con los mismos estándares de calidad, seguridad y eficacia que la normatividad exige.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo de Salubridad General a incluir en la cobertura del Fondo de Salud para el Bienestar el mieloma múltiple, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General a incluir el mieloma múltiple en la cobertura del Fondo de Salud para el Bienestar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el Mieloma Múltiple (MM) como una neoplasia multifocal que afecta la médula ósea y se asocia a la producción de una proteína monoclonal sérica o urinaria. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por la presencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y lesiones óseas.

A escala mundial, la edad promedio de diagnóstico es a los 70 años. Sin embargo, en nuestro país el MM se presenta en promedio a los 58 años, asimismo, 30 por ciento de los pacientes son menores de 55 años. Es decir, una década antes que el resto del mundo, lo que impacta directamente el periodo de productividad de las personas y en la economía de las familias y del país.

El MM es considerado el segundo tipo de cáncer sanguíneo más frecuente después del linfoma no Hodgkin y representa alrededor de 1 por ciento de todos los casos de cáncer y casi 2 por ciento de las muertes oncológicas en el mundo.

Como factores de riesgo se destaca que la tasa de incidencia es mayor en hombres que en mujeres; una persona es 4 veces más propensa a desarrollar la enfermedad si existe el precedente familiar; la obesidad representa un incremento en la posibilidad de desarrollar el padecimiento; y el MM es más común en gente de raza negra, y las personas que han tenido plasmocitoma solitario eventualmente desarrollarán MM; asimismo la exposición a elementos radiactivos genera mayor riesgo.

Hay múltiples complicaciones asociadas a esta enfermedad considerada incapacitante y que repercuten de forma importante en la calidad de vida del paciente. Por muchos años los recursos terapéuticos disponibles habían sido muy limitados y hasta el momento el padecimiento es incurable. Sin embargo, el MM se ha convertido en una enfermedad crónica, debido a los avances en su tratamiento, lo cual ha aumentado la supervivencia de los pacientes con MM en forma significativa, no obstante, el costo de su atención es muy elevado, por lo que está enfermedad se considera como de gasto catastrófico.

Los tratamientos existentes han cambiado la evolución de la enfermedad brindando mejoría en calidad de vida y extensión de supervivencia global y supervivencia libre de progresión. El abordaje terapéutico oportuno en estos pacientes en todas las líneas terapéuticas brindará un cambio radical en la evolución del paciente tomando en cuenta supervivencia global, supervivencia libre de progresión, toxicidad, calidad de vida, entre otros. No obstante, el costo de la atención de estos pacientes por cada línea terapéutica supera 30 por ciento del ingreso familiar de los derechohabientes.

La OMS y la Secretaría de Salud indican que un hogar con gastos catastróficos por motivos de salud se define como todo aquel que está destinando más de 30 por ciento de su capacidad de pago al financiamiento de la salud de sus miembros. El tratamiento de las enfermedades consideradas como gastos catastróficos se realiza en unidades hospitalarias denominadas de “alta especialidad”, las cuales cuentan con el personal e infraestructura adecuados para brindar la atención.

Sin embargo, es una minoría de la población la que tiene acceso a este tipo de servicios de salud, la gran mayoría de los mexicanos se atienden en instituciones del sector público y hay más de 60 millones de mexicanos sin seguridad social, por lo cual, es una necesidad primordial que más padecimientos, como el MM, estén cubiertos por el Fondo de Salud para el Bienestar.

La Ley General de Salud, artículo 77 Bis 29, establece que se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, pago, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

Por todo lo expuesto y a fin de lograr que la atención de esta patología esté al alcance de la población bajo la cobertura del Seguro Popular, el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) presentó en marzo pasado la solicitud de definición del MM como enfermedad que ocasiona gastos catastróficos, subsanando observaciones hechas por el Consejo de Salubridad General.

Dicha solicitud cumple cada uno de los criterios solicitados por la instancia, no obstante, en el marco del proceso de desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), han detenido la inclusión del MM en el listado de enfermedades de gastos catastróficos, atentando contra los derechos de los enfermos que no pueden esperar más para recibir atención.

Hoy, con la entrada en vigor del Insabi, la obligación legal y moral de atender a los enfermos, y ante la necesidad de los pacientes de mieloma múltiple, es momento de que se garantice su cobertura mediante financiamiento del nuevo Fondo de Salud para el Bienestar.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General (CSG) a incluir el mieloma múltiple en el listado de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos.

Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) a financiar el tratamiento y medicamentos para los enfermos con Mieloma Múltiple con recursos provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar.

Referencias

1 Kumar SK, Dispenzieri A, Lacy MQ, y otros. “Continued improvement in survival in multiple myeloma: changes in early mortality and outcomes in older patients”, en Leukemia 2014; 28:1122-1128.

2 https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/acciones-y-programas/enfermeda des-de-alto-costo

3 http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/
director-del-incan-pide-amlo-revisar-el-seguro-popular-antes-de-desaparecerlo

4 http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/gastoscatastroficos/
lineamientos/2018_03_14_Lineamientos_GC_JM.pdf

5 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/fundamental-human-right/ es/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a liberar de puestos ambulantes las calles del centro histórico y reubicar a los comerciantes, suscrita por la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

Dulce Alejandra García Morlan, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, ciudadano Oswaldo García Jarquín a que, en apego a la ley, libere las calles del centro histórico del municipio de Oaxaca de Juárez de los puestos ambulantes actualmente establecidos y pueda, en consecuencia, reubicar a dichos comerciantes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Oaxaca de Juárez como capital del estado de Oaxaca, tiene una relevancia política, económica, turística, cultural y social que trasciende las fronteras de dicha entidad e incluso de nuestro país.

En el citado municipio se han asentado personajes de la vida cultural de México como lo es el fallecido pintor Francisco Toledo; filántropos como don Alfredo Harp Helú; ha sido pieza fundamental para el desarrollo de personajes históricos como los expresidentes Benito Juárez García y Porfirio Díaz Mori.

En el año 1987 el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, quien entre otras cosas estableció: “La ciudad de Oaxaca con su trazado en damero constituye una excelente muestra del urbanismo colonial español. La solidez y volumen de sus edificios, verdaderas obras de arte de la arquitectura, atestiguan que su construcción se adaptó a las características sísmicas de la región”.

Esta declaratoria ha impulsado de manera significativa el arribo de turistas nacionales e internacionales a la Ciudad de Oaxaca, quienes llegan deseosos de disfrutar de su cultura, gastronomía, historia y arquitectura.

Cabe destacar que la Ciudad de Oaxaca de Juárez tiene como principal actividad económica el turismo y la prestación de servicios.

Desde su declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad, ha sido responsabilidad de las autoridades y particularmente del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez conservar los elementos que dieron origen a la declaratoria, procurando, entre otras cosas, que los turistas puedan disfrutar en plenitud de su centro histórico.

Aunque pareciera que la finalidad es proteger al turista, no es así; en realidad la finalidad de que las autoridades municipales protejan y conserven el centro histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez es y debe ser dar las garantías necesarias a todos los ciudadanos y ciudadanas que se arriesgan a poner algún establecimiento comercial para dar un servicio a los turistas, generando los ingresos necesarios para el sostenimiento de sus familias y poder activar la economía de la Ciudad y por supuesto dar las garantías a la ciudadanía para que transiten por sus calles son plena seguridad y sin correr el riesgo de ser atropellados.

Lamentablemente hoy en día está ocurriendo todo lo contrario. Quienes vivimos en la ciudad de Oaxaca de Juárez constatamos día a día que las calles del Centro Histórico están siendo tomadas por el comercio ambulante; prácticamente todos los días amanece un nuevo puesto ambulante.

Y todo esto sucede ante la mirada atónita de la autoridad municipal; sucede con la complacencia del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, tal como él mismo lo ha declarado a los medios de comunicación argumentando lo siguiente: “debemos reconocer que son fechas en que la afluencia turística nos obliga también a ser compartidos en cuanto a esta derrama económica”, justificando con ello la proliferación de estos puestos ambulantes.

Según lo difundido por medios de comunicación, el número de puestos ambulantes en el centro histórico alcanza ya los 6 mil 400.

En completo contrasentido, la autoridad municipal de Oaxaca de Juárez, desde principios del mes de diciembre de 2019, se ha dedicado a clausurar empresas debidamente establecidas, empresas que pagan sus impuestos y que dan empleos formales a un gran número de oaxaqueños.

Es momento de exigir al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, ciudadano Oswaldo García Jarquín que cumpla con la responsabilidad del cargo que ostenta; que cumpla con la protesta de ley que rindió el pasado primero de enero de 2019, y específicamente que cumpla con lo dispuesto por el artículo 68, fracción XXI, de la Ley Orgánica Municipal que reubique a todos los puestos ambulantes que ha permitido su instalación y deje de hostigar al comercio debidamente establecido en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Con base en lo antes expuesto, presento el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, ciudadano Oswaldo García Jarquín a que, en apego a la ley, libere las calles del centro histórico del municipio de Oaxaca de Juárez de los puestos ambulantes actualmente establecidos y pueda, en consecuencia, reubicar a dichos comerciantes.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el día 15 de enero de 2020.

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)

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A la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, para que emita el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud, suscrita por el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Germán Martínez Cázares, senador de la República de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, inciso C), y 67, inciso G), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 21, fracción XVI, 85, segundo párrafo, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Comisión Permanente, excite formalmente a la Comisión de Salud del Senado de la República, para que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud y que fue turnada a dicha comisión en la sesión ordinaria del jueves 14 de noviembre de 2019 (que se adjunta a la presente como anexo único), con base en las siguientes

Consideraciones

El jueves 14 de noviembre de 2019, presenté ante el pleno del Senado de la República, una reserva al dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud, en específico al artículo 77 Bis 35 de dicho ordenamiento, y mismo que pasó a ser una Iniciativa con Proyecto de Decreto, con el objeto de poder añadir un tercer párrafo a dicho artículo, relativo a las atribuciones del Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como Insabi.

Entendiendo que han transcurrido más de cinco días hábiles, según lo estipulado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones designadas elaboren y presenten dictamen, juzgo necesaria la excitativa dada la relevancia del tema; y la urgencia de atender la salud de miles de mexicanas y mexicanos.

Apoyado por senadoras y senadores de todas las bancadas del Senado de la República, presenté la reserva referida, ahora Iniciativa, destacando la similitud en la identidad de poblaciones que busca atender el Insabi y el Programa IMSS Bienestar.

En dicha sesión advertí que el arranque del Insabi en los términos propuestos, dada la complejidad de la tarea que desempeñará, representaría problemas y complicaciones que había que prever y solventar de la manera más eficiente. También señalé que dicha situación no representa una pugna entre ambas entidades, por el contrario, es una oportunidad para conjugar los esfuerzos por brindar servicios de salud universal, buscando impactar en los sectores de la población más desfavorecidos como una de las metas principales del actual gobierno.

Por ello resulta relevante añadir una fracción específica dentro del artículo 77 bis 35 de la Ley General de Salud, con el fin de facultar al Insabi a celebrar convenios con el Programa IMSS Bienestar, logrando sumar esfuerzos y recursos entre ambas entidades, con el fin de seguir garantizando el funcionamiento y el adecuado desarrollo del Programa, sin detrimento del patrimonio del IMSS y sin menoscabo a los derechos laborales de sus trabajadores y garantizar así salud universal para todas y todos los mexicanos.

Quiero hacer notar que, a la fecha, el Programa IMSS Bienestar cuenta con ochenta hospitales de segundo nivel y subvenciona algunos programas especiales de tercer nivel, en los cuales se atienden los sectores poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad del país. Los y las trabajadoras que se desempeñan en las Unidades Médicas Rurales, muchas veces en condiciones ínfimas, merecen ser apoyados, por lo que a la par de impulsar al INSABI, es menester garantizar que no exista ningún riesgo sobre ese servicio, en aras de alcanzar una cobertura de los servicios de salud más amplia y de mejor calidad en el país.

Necesitamos fortalecer la salud pública del país, ya que una vida plena y saludable es un derecho, no un negocio, ni un privilegio de los particulares, por lo que no debemos escatimar en recursos materiales ni humanos para garantizar el derecho a la salud. Ni la inexperiencia ni los equívocos de los ajustes administrativos gubernamentales deben convertirse en un riesgo más sobre los usuarios y pacientes del servicio de salud, sino que, por el contrario, estamos obligados a ser certeramente responsables al combatir el dolor y la enfermedad de las y los mexicanos, especialmente, de aquellos más vulnerables.

Con base en lo anterior, ciudadana presidenta, le solicito respetuosa y atentamente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracciones III y XVI, respectivamente, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Primero. Turnar al pleno de la Comisión Permanente para darle el trámite parlamentario urgente en la próxima sesión; y

Segundo. Excite a la Comisión de Salud del Senado de la República, a que presente ante el pleno del Senado el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud, presentada por un servidor en sesión ordinaria del jueves 14 de noviembre de 2019.

Ciudad de México, a 10 de enero de 2020.

Atentamente

Senador Germán Martínez Cázares (rúbrica)