Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los entes públicos federales y estatales que tengan a su cargo los sistemas enunciados en el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción a realizar gestiones para interconectarlos a la Plataforma Digital Nacional, a cargo de los diputados Marco Antonio Andrade Zavala y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, así como del senador Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario de Morena

De los legisladores Marco Antonio Andrade Zavala, Primo Dothé Mata y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de Morena, en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, prevé en su artículo 48, que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitirá las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional que permita cumplir a los sujetos obligados con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas tanto en la ley antes mencionada como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Además, el dispositivo legal antes mencionado establece que la Plataforma Digital Nacional será administrada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a través del Secretario Técnico.

Para efecto de lo anterior, con fecha 23 de octubre del año 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el Análisis para la Implementación y Operación de la Plataforma Digital Nacional y las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional”, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Por otra parte, es importante destacar, que con fecha 5 de septiembre del año 2019, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción presentó la versión Beta de la Plataforma Digital Nacional que contiene datos para los Sistemas de Servidores Públicos que intervienen en procesos de contratación y el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, provistos por la Secretaría de la Función Pública y el Estado de México.

(https://www.gob.mx/sesna/prensa/lanza-sesna-version-be ta-de-plataforma-digital-nacional)

Ahora bien, según lo ordena el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra integrada por la información que a ella se incorpore, por parte de las autoridades integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y deberá contar, al menos, con los siguientes sistemas electrónicos:

I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal;

II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;

III. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados;

IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización;

V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y

VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones.

Lo anterior, para que las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, a través de la Plataforma Digital Nacional, tengan una herramienta que les permita de manera óptima y ágil acceder a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones.

La cuarta Transformación tiene un compromiso en el combate a la corrupción, se está luchando día a día con la intención de erradicar este mal.

Lo dijo nuestro presidente, el plan de gobierno, es acabar con la corrupción. Y se han dado muestras del combate a este mal durante toda esta administración, sancionando funcionarios involucrados en diversos actos de corrupción, tales como la estafa maestra, el paso exprés México Cuernavaca, los desfalcos en la Sedatu, en fin, en varias situaciones de corrupción de las administraciones pasadas.

Por lo que hoy en día contar con una base de datos a nivel nacional, que este interconectada con todas las entidades gubernamentales de las tres esferas gubernamentales implicará, combatir la corrupción desde diferentes ámbitos con una herramienta eficaz.

Desafortunadamente, al día de hoy el estado de México es la única entidad federativa que ha interconectados sus bases de datos a la Plataforma Digital Nacional. Lo anterior a pesar de que la ley fue publicada desde 2016. Sin embargo, los gobiernos de las pasadas administraciones, no consideraron darle la debida importancia al andamiaje de un sistema que permita detectar a quienes cometieron actos de corrupción y que ya han sido sancionados, para tomarlo en consideración para sus contrataciones.

Tampoco para ver la evolución patrimonial de los servidores públicos, y detectar posibles enriquecimientos ilícitos.

Detectar a aquellas personas que tengan faltas administrativas, que hayan sido acusados de corrupción y que hayan sido sancionados.

Toda esta información será de vital importancia tenerla a la brevedad en operación y disponible; puesto que así este Sistema Nacional Anticorrupción se convertirá en una verdadera herramienta eficaz y eficiente en el combate de la corrupción.

Ante ello resulta de vital importancia exhortar a todas las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, federales y de las entidades federativas, para que, a la brevedad, realicen las gestiones necesarias en aras de cumplir con lo que mandata la ley.

Bajo esa tesitura, se pone a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a todos los Entes Públicos, federales y estatales, que tengan a su cargo los sistemas que enuncia el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y sus correlativos en las leyes de los sistemas anticorrupción de las entidades federativas, a realizar todas las gestiones necesarias para interconectar, a la brevedad, dichos sistemas a la Plataforma Digital Nacional, en los términos que disponen las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de octubre de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.

Diputados: Marco Antonio Andrade Zavala, y Sergio Carlos Gutiérrez (rúbricas)

Senador Primo Dothé Mata (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Insabi y la Ssa a hacer públicos los tabuladores de cuotas de recuperación en los servicios de salud y explicar a la población cuáles tratamientos y fármacos no serán gratuitos, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Federal Éctor Jaime Ramírez Barba, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Instituto de Salud para el Bienestar y a la Secretaría de Salud a hacer públicos los tabuladores de cuotas de recuperación en los servicios de salud, explicando a la población cuales tratamientos y medicamentos no serán gratuitos; y a resolver la crisis de acceso a los servicios médicos y medicinas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Insabi prometió universalidad y gratuidad de servicios de salud, pero está entregando sufrimiento a los enfermos que no están recibiendo sus tratamientos y medicamentos.

El día 29 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, mismo que crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y desaparece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular.

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud, el Insabi tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a todas las personas sin seguridad social, incluidos extranjeros, sin importar su estatus migratorio. El Insabi será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado en la Secretaría de Salud, e impulsará, en coordinación con la Secretaría de Salud, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con sus artículos transitorios, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, y entrará en vigor el 1 de enero de 2020, y su reglamentación en meses posteriores. Específicamente, el decreto de la reforma mandata al Ejecutivo Federal a emitir las disposiciones reglamentarias que permitan proveer en la esfera administrativa la operación del Insabi dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor.

En ese marco, la Secretaría de Salud emitió un comunicado el día 30 de diciembre de 2019,1 en el que señala que, a partir del 1 de enero, Insabi ofrece atención médica gratuita y sin restricciones; los beneficiarios solo deberán presentar credencial del INE, CURP o acta de nacimiento para recibir atención. Informando que con la entrada en funciones del Insabi las personas sin seguridad social recibirán atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones, pues ya no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Salud, los beneficiarios del Insabi solo deberán presentar su credencial del INE, la Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud. Por tanto, ya no necesitarán acudir a un módulo, afiliarse y recibir una póliza; tampoco tendrán que pagar cuotas anuales para ser atendidos en las unidades médicas como ocurría anteriormente. Quienes cuenten con póliza de afiliación ya no necesitarán presentarla porque ese documento queda sin efectos a partir del primero de enero, toda vez que la atención se ofrecerá sin restricciones.

Se detalla, que el artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, cuya reciente modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre, precisa que para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos solo se deben reunir tres requisitos: El primero es encontrarse en territorio nacional. Segundo, no ser derechohabiente en IMSS o ISSSTE; y el tercero, presentar la CURP, la cual se encuentra en la credencial del INE o, en su caso, llevar acta o certificado de nacimiento.

De acuerdo con la información oficial, las personas que no cuentan con seguridad social, recibirán atención gratuita a través del Insabi en Centros de Salud, Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), Unidades Médicas de IMSS Bienestar, Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES) y en los hospitales rurales, comunitarios y generales.

Especificando que no se suspenderán partos u operaciones programadas, ni el suministro habitual de medicamentos gratuitos para quienes lo requieran. Así también, pacientes con VIH o cáncer recibirán su tratamiento como hasta ahora.

No obstante lo anterior, medios de comunicación, pacientes y los propios trabajadores del sector salud han denunciado lo desastroso que ha sido el inicio del Insabi, no hay medicamentos, hay cobros indebidos a población de escasos recursos, y existe incertidumbre en institutos, hospitales y clínicas en todo el país ante la falta de claridad respecto de cómo funcionará ahora el sistema de salud.

Mientras tanto, la salud de los mexicanos está en riesgo, familiares de pacientes relatan se les ha cobrado materiales para operaciones, así como los mismos procedimientos, cosa que no ocurría con el Seguro Popular, o era un precio mucho más accesible.

Tal es el caso de Fabiola Ríos, quien tiene a su hijo internado en el Hospital General Xoco, quien indicó al periódico “El Economista” que a su hijo no lo quisieron afiliar al sistema de gratuidad médica por vivir fuera de la CDMX, lo que ocasionó que le cobraran más de 5,000 pesos por una operación.2

O el caso de Óscar Quintana, quien sufre de diabetes. En su relato al periódico “El Universal” contó que el pasado 2 de enero sintió molestias en el pie izquierdo, por lo que se trasladó al Hospital General Eduardo Liceaga, donde lo internaron para hacerle curaciones y evitar una amputación. “Nos han cobrado todo: la atención en urgencias, el material de curación; nos mandaron a comprar antibióticos y medicinas. Por día de hospitalización son 450 pesos, cuando antes eran 200 y pico. En estos días llevamos casi 5 mil pesos. Yo me pregunto cuándo será real eso de que la atención es gratis; no importa pagar cuotas, pero que se ajusten a nuestras necesidades”, detallaron sus familiares.3

Y estos dos casos solamente son un reflejo de la situación que se vive en las instituciones de salud. Los médicos y personal están en incertidumbre, pues la reforma que creo el Insabi fue todo improvisación.

El Insabi intentó aclarar mediante un comunicado4 las dudas que se han generado por el cobro de cuotas en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales federales, señalando que los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales brindan atención de tercer nivel, es decir, de muy alta especialidad, de acuerdo con el Artículo 54 de la Ley de Institutos Nacionales de Salud Atenderán padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento... Argumentando que de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Salud, los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel. Y dejando claro que, en cumplimiento del artículo transitorio décimo primero de la reforma a la Ley General de Salud, se respetarán los derechos de las personas que a la entrada en vigor del decreto cuenten con afiliación vigente al Sistema de Protección Social en Salud”.

Sin embargo, testimonios afirman que se sigue cobrando por atención que debería ser gratuita. Los ciudadanos lo dicen y el Gobierno Federal no puede ocultarlo, las cuotas por atención médica han aumentado y se están cobrando procedimientos que eran gratuitos hasta 2019. Los testimonios afirman que con el Seguro Popular se pagaban, por ejemplo, 88 pesos por día de hospitalización, ahora con el Insabi la cuota aumentó a 500 pesos.

Los cobros por servicios de salud a la gente más pobre son ilegales, la Ley General de Salud, artículo 36, señala que las cuotas de recuperación guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro a quien carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social.

Por otra parte, las disposiciones reglamentarias para la operación del Insabi, que de acuerdo con artículo segundo transitorio del decreto corresponden al Ejecutivo Federal, no están listas, tampoco las modificaciones al Reglamento interno de la Secretaría de Salud, lo que genera mucha incertidumbre y riesgos de que la situación se agrave en los próximos meses.

De acuerdo con la ley, los recursos humanos, financieros y materiales con que contaba la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se transfirieron al Insabi, en términos de las disposiciones aplicables; el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud será responsable del proceso de transferencia de los recursos según lo establecido en el artículo tercero transitorio del decreto, sin embargo no está claro como se hará este proceso o si ya se hizo.

También se facultó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública a que emitan, en sus respectivos ámbitos de competencia, los lineamientos y disposiciones de carácter general que sean necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales, con el propósito de asegurar el funcionamiento del Insabi, pero para el personal médico prevalece la incertidumbre laboral e incluso algunos, trabajadores del Seguro Popular, ya fueron despedidos de sus empleos.

La Junta de Gobierno del Insabi, emitirá el Estatuto Orgánico de la entidad, en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de su instalación, según lo dicta el artículo sexto transitorio de la reforma, pero no los mexicanos no pueden esperar a que el Gobierno Federal decida como va salir de la crisis que ellos mismos generaro.

Asimismo, se dispuso que las entidades federativas tendrán un plazo de hasta 180 días naturales, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto para armonizar sus leyes respectivas y demás disposiciones normativas vigentes en la materia; sin embargo, ante la mala operación del Insabi y el sombrio panorama que tenemos por delante, los Gobernadores requieren información y garantía de ques su población será atendida.

Destruir el Seguro Popular, sistema de salud que atendía a millones de mexicanos sin seguridad social, es una crónica anunciada del colapso. No es justo que los pacientes paguen el precio de la irresponsabilidad del Gobierno Federal.

En el caso de enfermos graves sin afiliación a una institución de salud, antes el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular evitaba que las familias se empobrecieran al tener que cubrir gastos altísimos, ya que este fondo pagaba directamente los tratamientos a los Institutos Nacionales de especialidades; sin embargo, en una pésima decisión, Morena modificó su funcionamiento para usar sus recursos arbitrariamente, y ahora no hay quien se haga responsable de pagar, a pesar de que el dinero existe.

El problema con la operación del Insabi no es de falta de recursos, la reforma a la Ley General de Salud del año pasado, autorizó usar 40 mil millones de pesos del Fondo para Gastos Catastróficos para este año. No están pagando medicamentos, ni atendiendo a los pacientes ¿A dónde va el dinero?

Al eliminar el mecanismo de financiamiento que garantizaba el pago por cada afiliado y al eliminar la póliza que amparaba este derecho, no hay garantía de atención médica y pueden negar la prestación de servicios, como ya está ocurriendo. ¿Qué están haciendo las autoridades federales para que esto no suceda?

Lamentablemente el caos en el sistema de salud está apenas iniciando, puesto que el Gobierno Federal quiere apoderarse de los hospitales y clínicas que hoy manejan las Entidades Federativas y centralizar los recursos y nóminas a lo largo de 2020. No pueden administrar las instituciones federales, menos podrán hacerlo en todo el país.

Por si esto fuera poco, el personal que laboraba adscrito al Seguro Popular está en incertidumbre. Médicos, enfermeros y demás trabajadores no han recibido información de su situación contractual.

El Presidente López Obrador dice en su mañanera que hay campañas de desprestigio contra el Insabi, ¿Sus adversarios son ahora los niños enfermos con cáncer y sus padres? Es claro que el presidente no sabe de lo que habla, dice que ha visitado clínicas del IMSS Bienestar de primer nivel y todo funciona bien, pero no es en ellas dónde está el problema; AMLO evade la realidad de los pacientes con enfermedades que requieren servicios de salud de alta especialidad, como cáncer, hemofilia, VIH, es aquí dónde faltan medicamentos y dónde los enfermos están en riesgo de morir.

El pronóstico para 2020 es de mayor desabasto de medicinas e insumos y de caos en la rectoría de los servicios de salud, el Insabi lleva escasos días de operación y ya destruyó gran parte de la coordinación y alta capacidad administrativa que se construyó en años con el Seguro Popular.

AMLO y sus funcionarios le deben una explicación a la gente, la promesa de gratuidad en salud no se está cumpliendo.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar y a la Secretaría de Salud a hacer públicos los tabuladores de cuotas de recuperación en los servicios de salud y a explicar a la población cuales tratamientos y medicamentos no serán gratuitos y por qué.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y a la Secretaría de Salud a utilizar los lineamientos de operación del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) vigentes hasta 2019, cuando menos hasta que se emita la nueva reglamentación correspondiente al decreto publicado en el DOF el día 29 de noviembre por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; con el propósito de resolver la incertidumbre, crisis de atención y desabasto de medicamentos en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de alta especialización y clínicas de todo el país.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar y a la Secretaría de Salud a garantizar los derechos laborales de los trabajadores que laboraban en el Sistema de Protección Social en Salud.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a informar a la población sobre la programación y uso de los 40 mil millones de pesos que se tomaron del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Notas

1 https://www.gob.mx/salud/prensa/a-partir-del-1-de-enero-insabi-ofrece-a tencion-medica-gratuita-y-sin-restricciones

2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desorientados-personal-y-pacie ntes-sobre-el-Insabi-20200114-0011.html

3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aun-con-insabi-pacientes-deben-pa gar-la-atencion

4 https://www.gob.mx/insabi/prensa/003-a-la-opinion-publica

Palacio Legislativo, a 15 de enero de 2020.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a diseñar programas de atención incluyente y con perspectiva de género para el sector pesquero durante la veda del mero, suscrita por las diputadas María Ester Alonzo Morales y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, diputadas María Ester Alonzo Morales y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La pesquería del mero representa la columna vertebral de la actividad pesquera del estado de Yucatán, es el principal generador de economía en 35 municipios, de los cuales 15 son localidades costeras y 10 de influencia pesquera.

El mero es un recurso pesquero de gran importancia para nuestro país que se extrae principalmente de la plataforma de la península de Yucatán. Su captura con fines de consumo local y de producción industrial ha sido de gran relevancia social coadyuvando al desarrollo regional y a la economía familiar como fuente de trabajo de un número importante de personas del sector pesquero por varias décadas.

Esta pesquería representa el 70 por ciento de la economía que se origina con las y los productores del mar, dispersándose al sector comercio y de prestación de todo tipo de servicios en las comunidades; en muchos casos representa la única fuente de ingreso de las familias que dependen de la actividad pesquera.

Emplea de manera directa a más de 14 mil pescadores y estimula la generación indirecta de fuentes de empleo para más de 5 mil personas que participan en el descargue, transporte, procesamiento y almacenaje de la especie, así como en el mantenimiento y reparación de embarcaciones, equipos e instrumentos, por mencionar las de mayor relevancia.

Durante la veda del mero, la restricción de captura de la especie deja inoperante a la mayoría de los pescadores de la flota ribereña y mayor.

Por otra parte, paraliza su procesamiento en los centros de acopio y plantas industriales que se encuentran en las localidades costeras de Yucatán, dejando sin empleo durante los meses de febrero y marzo a más de mil mujeres jefas de familia que dependen únicamente de esta actividad para sostener económicamente las necesidades de sus familias.

Estas mujeres presentan serias condiciones de vulnerabilidad social, se encuentran en pobreza, desigualdad, salud precaria, muchas fueron víctimas de violencia en todas sus expresiones y con lo único que cuentan es con su trabajo para sacar adelante a sus hijos.

El impacto económico y social que se origina con la veda del mero repercute en más de 45 mil familias cuyo sustento dependen de esta pesquería.

Ante este panorama, es necesario implementar un esquema de atención integral que sea corresponsable, incluyente, igualitario y con perspectiva de género para la población pesquera.

Por todo lo anterior, se propone implementar un esquema de atención incluyente y con perspectiva de género para el sector pesquero durante la veda del mero, que otorgue becas económicas de capacitación para fortalecer los conocimientos y habilidades de las mujeres y hombres productores del mar.

Dicho esquema debería contar con una cobertura en dos líneas de acción formativa:

1. Capacitación para una pesca ordenada, responsable y sustentable

A. Seguridad humana en el mar.

B. Primeros auxilios.

C. Pesca responsable.

D. Normatividad ambiental y pesquera.

2. Capitación para las buenas prácticas de higiene e inocuidad

A. Seguridad y prevención de accidentes.

B. Normatividad sanitaria para el manejo de productos y alimentos pesqueros.

C. Buenas prácticas de higiene e inocuidad.

D. Análisis de peligros y control de puntos críticos.

Adicionalmente, se propone exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, tomando el ejemplo del “Programa Sembrando Vida”, el cual tiene como objetivo contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus localidades rurales e impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral, desarrolle un programa denominado “Sembrando Vida en el Mar”, que tenga como objetivo impulsar la participación efectiva de los productores del mar en todas aquellas entidades federativas sujetas a vedas de especies marinas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar al pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para diseñar programas de atención incluyente y con perspectiva de género para el sector pesquero durante la veda del mero; así como implementar becas económicas de capacitación enfocadas en la pesca ordenada, responsable y sustentable y en las buenas prácticas de higiene e inocuidad, para fortalecer los conocimientos y habilidades de las mujeres y hombres productores del mar.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para establecer un programa “Sembrando Vida en el Mar” con el objetivo de contribuir al bienestar social de las y los productores del mar e impulsar su participación efectiva en el desarrollo pesquero integral, en todas aquellas entidades federativas sujetas a vedas de especies marinas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 15 días de enero de 2020.

Diputadas María Ester Alonzo Morales y Dulce María Sauri Riancho (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a difundir por medios de comunicación las acciones que contribuyan a la cultura de paz y legalidad; a la SSPC, a coordinar los trabajos en seguridad preventiva para dar mayores resultados que disminuyan los delitos; y a las Secretarías de Seguridad locales, a reforzar el canje de armas y, en los estados donde se ejecute el operativo Mochila, realizarlo junto a los comités de padres de familia y criminólogos, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Acuerdos de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, números décimo quinto y décimo sexto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La violencia entendida como acto cotidiano, que forma costumbre negativa en la psique de todos, daña a la sociedad en el colectivo; son impensables los niveles que se suscitan en diferentes puntos del país. Más aún si conllevan la afectación de los infantes que cursan educación básica, como sucedió hace algunos días en una escuela de Torreón, Coahuila.

Ello compromete al Estado mexicano, entendido en sus tres niveles de gobierno y poderes, a la aplicación efectiva de políticas criminales y públicas, que contengan los actos ilícitos y prevengan este tipo de hechos.

Las razones que llevaron al fatal resultado estarán sujetas a la investigación y a la correcta aplicación del derecho; pero ello no otorga tranquilidad al colectivo, quien está opinando, señalando y comenzando a tomar acciones en torno a la emergencia.

Diversas estadísticas señalan que aumenta la depresión en menores de edad y aumenta la tasa de suicidio infantil y juvenil, mucho debido a una sobreestimulación de objetos materiales, pero privados de cariño de familia, de juegos creativos, interacción social, de una nutrición equilibrada y sueño adecuado.

En las acertadas palabras de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, todos somos responsables y debemos tener la mochila segura desde casa.

“Lamento mucho que perdieran la vida inocentes en una escuela de #Torreón. Condenar el hecho es importante, solidarizarse con los deudos y amigos, aún más pero, evitar que se repita, es un apremio.

Mamás, papás, tíos, abuelos y todos aquellos responsables de un menor: por favor, no den por hecho que sus hijos son ‘incapaces’ de hacer tal o cual cosa. Todo es posible. Son muchas las influencias, mucha la curiosidad de un niño, de un joven. Supervisen, constaten, revisen pero sobre todo, dialoguen con ellos y compréndanlos. Hagan todo por ellos.

La seguridad comienza en casa. Por ejemplo, #mochilasegura no hasta la escuela, sino desde el domicilio”.

#noArmas #NoViolencia #Paz por favor”1

En la debida tarea que le corresponde a todas las instituciones de México, se deben generar sinergias que permitan que no suceda otro trágico evento como el de Torreón. Es menester y urgente que toda esa descomposición y descomunicación que no fue atendida por las anteriores administraciones se detenga.

Fortalecer la paz, el bien común, la justicia y recuperar el tejido social es prioridad de la Secretaría de Gobernación, por lo que debe existir una comunicación efectiva traducida en política pública que incida en la psique ciudadana con el uso de televisión, radio e internet, para llegar a la mayor población. Es así que, se retoma la atribución y responsabilidad jurídica que tiene la institución.

“Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VII Bis. Formular y coordinar la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación o vulnerabilidad de grupos sociales, así como diseñar e instrumentar programas para la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado;”

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Píublica (Envipe) 2019, con el propósito de generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2018, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el periodo marzo-abril de 2019, para proveer información a la sociedad y a quienes toman decisiones de política pública en estas materias.

La Envipe permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público. Asimismo, robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos sexuales), dejando de lado delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas.2

Lo que arrojó los siguientes resultados:

-Se estima en 24.7 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2018.

-El 33.9 por ciento de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima del delito.

-En 93.2 por ciento de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación.

En un clima de violencia, en zonas urbanas y rurales, urge que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordine los esfuerzos de la federación y entidades federativas que tengan como finalidad contener y disminuir la comisión de diversos delitos, sobretodo, los que atentan contra la vida y libertad sexual de las personas.

“Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

I. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de esta entre las dependencias de la administración pública federal; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;”

En la aplicación del operativo “mochila” que se dará en algunos estados de la república y ante la determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre que la anterior administración de la Ciudad de México violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica, por lo cual dirigió la Recomendación 48/2019 al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.3

Ante ello, y prevenidos de las faltas que tuvo el anterior gobierno de la Ciudad de México, se debe garantizar la suma de los comités de padres de familia, y contar con la experiencia de criminólogos adscritos a la Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de los municipios y estados del país.

La profesión criminológica se diversifica y enriquece para hacer política criminológica (que no criminal), asesorar en prevención, atender víctimas, ser mediadora, realizar planes de desarrollo, intervenir en programas de alternativas de prisión, desempeñar un papel activo en los cambios institucionales y reformas legales, en la readaptación social de delincuentes, y actuar en las diversas formas de resolución alternativa de conflictos.4

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita, a través de medios de comunicación masivos, las acciones que coadyuven a la cultura de paz y legalidad, en pro de la pacificación del país; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, a encabezar y coordinar los trabajos en seguridad preventiva para dar mayores resultados, que logren disminuir la comisión de delitos; por último, a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de las entidades federativas, a reforzar la concientización para el canje de armas y, en aquellos estados donde se ejecute el operativo “mochila”; éste se realice junto a los comités de padres de familia y criminólogos, siendo la madre, padre o tutor del menor, quien debe revisar la mochila en la institución educativa, evitando lesionar derechos humanos de infantes.

Notas

1 Tomado de https://www.milenio.com/politica/beatriz-gutierrez-pide-atencion-ninos- tiroteo-torreon el 13 de enero del 2020.

2 Tomado de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2019/EstSegPub/envipe2019_09.pdf el 13 de enero del 2020.

3 Tomado de https://www.cndh.org.mx/palabras-clave/3207/operativo-mochila-segura el 13 de enero del 2020.

4 Tomado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3064/24.pdf el 13 de enero del 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a publicar las Reglas de Operación del Insabi, suscrita por el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Juan Francisco Ramírez Salcido, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo por el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que sean publicadas a la brevedad las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema de Salud en nuestro país se encuentra dividido en dos rubros de atención, el primero el que se brinda a las personas sin seguridad social y el segundo el que se ofrece a los diferentes tipos de derechohabientes.

Aquellas personas que no cuentan con seguridad social recibirán, con las reformas aprobadas el año pasado, atención médica gratuita a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).1

Los derechohabientes con seguridad social seguirán recibiendo servicio a través de las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar.

El Ejecutivo federal señaló que, para garantizar paulatinamente la atención a personas sin seguridad social, el Insabi reclutará más médicos y enfermeras, se mejorará la infraestructura, y se tendrá especial cuidado en el desabasto de medicamentos.

En este orden de ideas, el pasado primero de enero entró en vigor la reforma a la Ley General de Salud con la cual se da paso al nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar, el cual actuará como el brazo operativo del Sistema de Salud sustituyendo al Seguro Popular; entre sus facultades destaca otorgar servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas que no cuentan con seguridad social. Con este nuevo modelo se pretende reforzar la atención primaria, priorizando un enfoque preventivo y de promoción de la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, aquellos ciudadanos que requieran servicios de salud podrán recibirla de forma gratuita al asistir a las unidades médicas presentando únicamente alguna identificación para que puedan ser atendidos; con ello las unidades médicas estatales enfrentan un gran problema presupuestario ya que al arranque del Insabi dejaran de percibir las cuotas de recuperación que solicitaban a los pacientes sin adscripción a los diferentes sistemas de salud.

Por ello, es de vital importancia que las autoridades del sector aclaren la forma en que se subsanará la recuperación de dichos recursos necesarios para poder brindar atención e insumos médicos a los pacientes.

Es importante señalar que la universalización de los servicios de salud es un tema prioritario y que debe estar presente en la agenda gubernamental, sin embargo, es nuestra labor resaltar que el diseño de dicho instituto carece completamente del debido sustento normativo, financiero y operativo, lo que genera enorme incertidumbre y peor aún se está entorpeciendo la operación cotidiana en las instituciones del sector salud en todo el país.

La urgencia de contar con los elementos reglamentarios y operativos, como lo son las reglas de operación, para el instituto recae en que son estas las que precisen la forma de trabajar, con el propósito de alcanzar los niveles esperados de eficacia, eficiencia y transparencia; por ello, resulta inadmisible que la creación de un instituto encargado de brindar servicios de salud a la población sin seguridad social no brinde certidumbre tanto a los pacientes como a los trabajadores del sector, poniendo en alto riesgo la salud de millones de mexicanos.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la salud es un derecho fundamental que debe estar al alcance de todos los ciudadanos, desde nuestra trinchera defenderemos que la creación de este instituto no sea una política voluntarista por lo que exigimos se dé certeza a la brevedad de la forma en que operará en el futuro.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus facultades sean publicadas a la brevedad las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar.

Nota

1 Disponible en: https://www.gob.mx/insabi/documentos/el-sistema-de-salud-en-mexico?idio m=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputado Juan Francisco Ramírez Salcido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al DIF a adoptar medidas para proporcionar atención psicológica a niños y adolescentes de familias disfuncionales o que son objeto de abandono de los padres, suscrita por la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La pérdida de valores ha ocasionado tragedias como la recientemente ocurrida en Torreón, Coahuila donde un niño de 11 años, hirió a seis alumnos, mató a su maestra y se suicidio.

Hechos tan lamentables como los ocurridos en Torreón nos llaman a reflexionar y a emprender acciones que fomenten los valores en la familia y en la sociedad.

Los valores son importantes en nuestra vida porque nos ayudan a formar a las personas. Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento. Un valor verdadero y universalmente aceptable es el que produce un comportamiento que beneficia tanto a quienes lo ejercitan como a quienes lo reciben.1

Los valores positivos nos benefician y mejoran nuestro entorno social, al promover un ambiente de trabajo eficaz y eficiente en un marco de respeto a los derechos humanos y a la legalidad.2

Entre las causas que han llevado a la pérdida de valores encontramos: la desintegración y los conflictos familiares; los divorcios; la situación económica; deserción escolar; desobediencia; drogadicción, entre otros tantos factores que han acabado con los valores en el país y han dejado como consecuencia: surgimiento de bandas; prostitución; embarazos prematuros y no deseados; robos, delincuencia.

Otro factor a tomar en consideración es el abandono de niños que se produce cuando un padre, tutor o persona a cargo de un niño abandona al niño sin consideración alguna por su salud física, seguridad o bienestar y con la intención de abandonarlo por completo; en algunos casos, también ocurre cuando no se brinda la atención necesaria a un niño que vive bajo el mismo techo.

Niñas, niños y adolescentes forman parte de un grupo que, al estar en proceso de formación y desarrollo, mantiene una relación de mayor dependencia hacia otras personas, lo que implica una frecuente violación de sus derechos poco visible.

La adolescencia (10 a 19 años) es una etapa única y formativa. Los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo, incluida la exposición a la pobreza, el abuso o la violencia, pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. Promover el bienestar psicológico de los adolescentes y protegerlos de experiencias adversas y factores de riesgo que puedan afectar a su capacidad para desarrollar todo su potencial es esencial tanto para su bienestar durante la adolescencia como para su salud física y mental en la edad adulta.3

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, revelan que en México habitan cerca de 40 millones de NNA (que en términos relativos representan el 35% de la población), los cuales, en su mayoría, enfrentan problemas múltiples como: violencia, bajo aprovechamiento escolar o inasistencia a la escuela, problemas de salud como la obesidad y la desnutrición, entre otros, muchos de ellos derivados de la pobreza. De ese total, 21 millones viven en pobreza, cuatro millones no asisten a la escuela, cada día mueren tres de ellos víctimas de la violencia, una de cada cinco personas desaparecidas pertenece a este sector de la población, y cada 30 minutos uno de ellos llega al hospital por lesiones causadas de manera intencional.4

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, advierte que el 22.5% de niñas y niños entre nueve y 11 años, y que el 36% de adolescentes entre 12 y 17 años, considera que en México sus derechos se respetan poco o nada. Respecto de la violencia en el hogar, el 14.4% de niñas y niños refirió que alguna vez le hicieron sentir miedo; al 13.2% los insultaron o se burlaron de ellas y ellos, un 11.3% se ha sentido menos o ha sido ignorado, al 10.5% lo jalonearon, empujaron o pegaron, un 10.1% sufrió amenazas de ser golpeada o golpeado, y al 9.2% le han hecho sentir avergonzada o avergonzado.

En los hogares se somatiza la violencia que se vive en el tejido social, y los niños, además de verse sometidos a esta situación, también viven maltrato.

La violencia contra las niñas y niños incluye abuso, maltrato físico, mental, abandono, trato negligente, explotación, abuso sexual, captación en el crimen organizado y homicidio. La violencia ocurre en cualquier lugar incluido el hogar, la escuela, en la calle y perjudica su habilidad para aprender y socializar, y, más adelante, afecta su desarrollo como adultos funcionales y genera una reproducción del fenómeno cuando a su vez son progenitores, lo que perpetúa el círculo de violencia. En los casos más graves, la violencia contra las niñas, niños y adolescentes conduce a la muerte temprana.5

Reconocer la violencia en una etapa temprana y atender eficazmente el abandono de menores y el maltrato infantil en forma preventiva resulta urgente en nuestro país.

Ante el caso del menor homicida de Torreón debemos emprender acciones desde el poder legislativo que permitan atender este grupo vulnerable como son los menores de edad.

En México desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se protegen los derechos de la niñez y específicamente la Ley General de los Derechos de Niña, Niños y Adolescentes reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce.

Este ordenamiento legal, en su párrafo segundo del artículo 10 prevé que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter psicológico.

El artículo 47, en su párrafo primero dispone que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas,

niños o adolescentes se vean afectados por: descuido, negligencia, abandono o abuso físico o psicológico.

Asimismo, el artículo 48 prevé que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.

Por su parte, el artículo 116 señala que corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter psicológico.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia promoverá el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación psicológica (artículo 2, fracción XVIII (Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia).

La falta de cuidados de niñas, niños y adolescentes en el hogar es la principal causa de problemas psicológicos en los menores que reclaman ser atendidos. Por ello, con la presente proposición se propone exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los DIF estatales, para que, el ámbito de su competencia, adopten las medidas que sean necesarias para proporcionar atención psicológica a niñas, niños y adolescentes que viven en familias disfuncionales o que son objeto de abandono de sus padres, con el propósito de evitar tragedias como la ocurrida en Torreón, Coahuila, el pasado 10 de enero.

Asimismo, al considerar que dentro de la familia se aprenden las actitudes básicas que después se vivirán en la sociedad como la solidaridad, la justicia, el sentido de la autoridad y de la responsabilidad. Valores que, la familia, tiene responsabilidad de inculcar, porque es básico en las relaciones y en la convivencia, se propone exhortar a la Secretaría de Gobernación federal y a sus homólogas en las entidades federativas para que adopten las medidas que sean necesarias para que promuevan campañas para fortalecer los valores en la familia.

Pues para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social la familia es fundamental y es necesario emprender acciones que nos permitan fortalecerla.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto, exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los DIF estatales, para que, el ámbito de su competencia, adopten las medidas que sean necesarias para proporcionar atención psicológica a niñas, niños y adolescentes que viven en familias disfuncionales o que son objeto de abandono de sus padres, con el propósito de evitar tragedias como la ocurrida en Torreón, Coahuila, el pasado 10 de enero.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto, exhorta a la Secretaría de Gobernación federal y a sus homólogas en las entidades federativas para que adopten las medidas que sean necesarias para que promuevan campañas para fortalecer los valores en la familia.

Notas

1 https://www.larepublica.net/noticia/las_consecuencias_d e_la_perdida_de_valores

2 https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2017/09/ElImpactodelosValore senlaSociedad.pdf

3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-h ealth

4 http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2018/IA_2018.pdf

5 file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/
LA%20VIOLENCIA%20CONTRA%20LAS%20NI%C3%91AS,%20NI%C3%91OS%20Y%20ADOLESCENTES.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 15 de enero de 2020.

Diputado Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el CSG a reforzar las normas referidas a la alimentación y nutrición hospitalarias y garantizar su cumplimiento, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

92 por ciento de los pacientes mexicanos hospitalizados en terapia intensiva sufre de desnutrición moderada a severa, advierte una investigación realizada en ocho países latinoamericanos.1

Según especialistas, las unidades de soporte nutricional garantizan la pronta recuperación de los pacientes, disminuyendo su estancia en el centro de salud y los costos por hospitalización; una persona bien alimentada enfrentará mejor cualquier tipo de enfermedad.

México se sitúa casi 20 por ciento arriba del promedio de hospitalizados desnutridos en América Latina, que es de 75 por ciento, revela el estudio Prácticas clínicas actuales de nutrición en pacientes en estado crítico en Latinoamérica: estudio observacional multinacional , realizado con base en la iniciativa Unidos por la Nutrición Clínica, de la farmacéutica Fresenius Kabi.2 Sin dudas, son cifras alarmantes que indican un problema grave en el sector salud, más aún si los pacientes no sólo no mejoran, sino que empeoran su condición al estar en los centros de salud.

En el país participaron 129 pacientes de más de 10 unidades de terapia intensiva y en la región se consideró a poco más de mil pacientes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

De acuerdo con el análisis, esto se debe a que en los hospitales existe un manejo inadecuado de las necesidades nutricionales de estos pacientes, que, por su condición, tienen mayores requerimientos alimenticios. Los motivos de la carencia de este servicio pueden ser varios: falta de profesionales de salud preparados adecuadamente, equipos especializados para la medición de la desnutrición hospitalaria, conocimiento por parte de la población y falta de una norma técnica que regule la nutrición en los centros de salud privados y públicos.

Según indican expertos en el tema, la población desconoce por qué es importante tener unidades de soporte nutricional, adicionalmente no tenemos ninguna norma que obligue a los hospitales a considerarlo, siendo vital para las familias, ya que un paciente con desnutrición hospitalaria tiene mayor probabilidad de muerte inmediata.

Los pacientes que se desnutren en terapia intensiva tienen mayor riesgo de morbimortalidad, advierte la jefa de Servicio de Nutrición Clínica del Hospital General de México.3 Tienen mayor riesgo de infecciones, de tiempo de estancia hospitalaria y de readmisión, además de que tienen una muy pobre cicatrización de heridas.

Actualmente, no todos los hospitales cuentan con servicios de nutrición clínica, no tenernos publicada información clara y certera al respecto, recientemente y de acuerdo a información de médicos de la institución, ya contamos con estos servicios en el Hospital General y nos ha costado 15 años obtenerlo. Si es reciente la incorporación de esta área en el Hospital General, se pueden entender los resultados del estudio: Prácticas clínicas actuales de nutrición en pacientes en estado crítico en Latinoamérica .

Otros estudios han demostrado que la desnutrición tiene más riesgo de complicaciones, implica mayor tiempo de hospitalización y empeora el pronóstico.

La desnutrición energético nutrimental (DEN) tiene influencia negativa sobre el éxito de la intervención médico-quirúrgica, por lo que los pacientes que la presentan tienen mayor riesgo de complicaciones, son más susceptibles a sufrir infecciones, a permanecer hospitalizados por más tiempo y su pronóstico es peor por lo que tienen mayor mortalidad al compararlos con los pacientes bien nutridos, todo lo cual incide sobre los costos de la atención médica.4

La DEN es muy frecuente en los países subdesarrollados y en los no desarrollados. En los países industrializados, como Estados Unidos de América, Suecia, Holanda, etcétera, la desnutrición oscila alrededor de 30 por ciento y en los latinoamericanos la frecuencia es cercana a 50 por ciento.

Un número elevado de pacientes que ingresan bien nutridos, se desnutren cuando aumenta la estancia hospitalaria, en algunos casos en relación con la enfermedad de base y en otros con prácticas indeseables que afectan el estado nutricional como: no indicación de pruebas bioquímicas para diagnosticar la desnutrición, falta de medición antropométrica, entre otras.

Conforme a la Ley General de Salud:

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

1. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento;

Así como:

IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y demás normas aplicables en materia de salubridad general.

En función de lo anterior, actualmente en el país contamos con la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.

Esta norma se complementa con las siguientes y sus actualizaciones:

1. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.

2. Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud del niño.

3. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

A pesar de que las anteriores parecieran contar con todos los criterios técnicos para obtener resultados favorables en las instalaciones de salud del país, a todas luces los resultados son por demás preocupantes.

Valga decir que las normas tienen alcance a todos los pacientes de instituciones tanto públicas como privadas, la NOM-043-SSA2-2012 a la letra dice:

1. Objetivo y campo de aplicación

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios que deben seguirse para orientar a la población en materia de alimentación.

1.2 La presente norma es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, que forman parte del Sistema Nacional de Salud, que ejercen actividades en materia de orientación alimentaria.

Adicionalmente, en el país contamos con el Consejo de Salubridad General (CSG) perteneciente a las Secretaría de Salud federal, responsable de conducir el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica que se encarga de reconocer a hospitales y a establecimientos de atención médica que cumplen con los estándares necesarios para brindar servicios de calidad en atención y seguridad a los pacientes mediante la Certificación de Establecimientos de Atención Médica.

Las ventajas de obtener esta acreditación incluyen:

• Cumplir con los estándares de seguridad y calidad hospitalaria de acuerdo con la normatividad vigente.

• Reforzar la imagen institucional.

• Proporcionar un mejor servicio a los usuarios.

Para las instituciones privadas también puede significar ventajas económicas, pues les facilita participar en los procesos de adquisición de servicios de atención médica convocados por el gobierno federal y entidades estatales.

Esta certificación implica seguir un modelo de seguridad del paciente que incluye un capítulo dedicado a la nutrición, sin embargo, dicho proceso reconoce a los establecimientos de atención médica, que participan de manera voluntaria y cumplen los estándares necesarios para brindar servicios con buena calidad en la atención médica y seguridad a los pacientes.

A la luz de los resultados, se requiere que todos los hospitales y centros de salud del país se sometan a un proceso de certificación obligatorio, para proveer a los pacientes de los servicios adecuados y garantizar lo que establece nuestra Constitución en su artículo primero:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De igual manera en el artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Resulta preocupante y alarmante el riesgo en el que se encuentran los pacientes en los hospitales, al no poder garantizar un estado de nutrición adecuado que favorezca su recuperación.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal a reforzar las Normas Oficiales Mexicanas en referencia a la alimentación y nutrición hospitalaria, en su caso, crear la que se considere necesario y a las Secretarías de Salud federal y de todas las entidades federativas a vigilar y evaluar su cumplimiento.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, al Consejo de Salubridad General a cargo del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, a considerar la obligatoriedad en la implementación de sus estándares del Modelo de Seguridad del Paciente, en todas las instituciones de salud del país; e informar a la opinión pública del estatus que guardan las mismas en torno a su actualización y cumplimiento.

Notas

I Véase
https//reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1295431&sc=672

2 Pirlich M, Schütz, Kemps M y cols. Prevalence of malnutrition in hospitalized medical patients: impact of underlying disease. Dig Dis 2003; 21:245-51.

3 Véase
https//reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1295431&sc=672

4 Bristian BR. Blackburn GL, Vitale J. Prevalence of malnutrition in general medical patients. JAMA 1976; 235:1567

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de citar a los titulares de la SHCP, la Ssa y el Insabi a comparecer ante esta soberanía para esclarecer la caótica situación prevaleciente en la operación y el funcionamiento de éste, así como la situación financiera que guarda el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos canalizado hacia el mismo instituto, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Con la llegada del 2020, empezó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promete dar atención médica y medicamentos gratuitos a 69 millones de personas que no cuentan con seguridad social.

2. Para acceder a estos servicios la gente solo debe presentar su identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), su Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento. El Insabi sustituye al Seguro Popular de gobiernos anteriores. De acuerdo con lo dicho por el Presidente de la República en su conferencia mañanera del 2 de enero pasado: “La diferencia, entre otras, es que no hace falta estar inscrito para recibir la atención; ahora todos los ciudadanos tienen derecho, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos”.

3. A su vez, el director del organismo, Juan Ferrer, en un video difundido en redes sociales con motivo del arranque de operaciones del Insabi, explicó que las personas ya no necesitan afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos.

4. No obstante, en días recientes, la Secretaría de Salud aclaró, que “los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel”.

5. Apuntó que, si bien lo anterior está dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Salud, en cumplimiento del artículo transitorio décimo primero de la misma, “se respetarán los derechos de las personas que a la entrada en vigor del decreto cuenten con afiliación vigente al Sistema de Protección Social en Salud”.

6. El citado artículo 36 de la Ley General de Salud marca lo siguiente: “Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas”. “Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socio-económicas del usuario”.

7. Además, indicó mediante un comunicado, que no se incrementaron los tabuladores de cuotas de recuperación para el ejercicio fiscal 2020, ello como parte de los acuerdos de las juntas de gobierno de los institutos y hospitales.

8. También, recordó que el Insabi brinda servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas que no cuentan con seguridad social. Aunque vale recalcar que el Seguro Popular, sí subsidiaba los servicios médicos de tercer nivel.

9. Pero, la Secretaría de Salud detalló que se brindará atención de tercer nivel de muy alta especialidad, en los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales, con el cobro de cuotas de recuperación, y que aquellos demandantes de servicios médicos que carezcan de póliza vigente del Sistema de Protección Social en Salud, perderán esos privilegios.

10. Por otra parte, queremos insistir en lo relativo a transparentar los fondos contingentes del Gobierno federal previstos en diversas leyes como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o, en este caso, de la ley de Salud, entre otros, desde tiempo atrás han sido utilizado por los gobiernos para cubrir boquetes presupuestarios. Es decir, pasaron de ser una caja de ahorro para emergencias, a ser una caja chica de gasto cuando no alcanzan los recursos presupuestarios.

11. Lo mismo está aconteciendo con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, financiaba a las enfermedades de alto costo de las familias mexicanas sin acceso a los servicios de salud, y llevaba acumulado alrededor de 86 mil millones de pesos, el actual Gobierno federal, no ha sido la excepción.

12. Sobre ese “guardadito” el gobierno de López Obrador, fincó la instauración el recién decretado Insabi, empero, en su apuración e improvisación de promulgar la medida de salud pública, no reparo en destinar ni mayor presupuesto, ni reglas de operación, en fin ningún esquema de transición, que toda política pública debe mínimamente acompañarse.

Por ejemplo, el incremento presupuestal en el ramo 12, correspondiente a Salud, de 2020 respecto a 2019, fue de alrededor de 4 mil 559.5 millones de pesos. Ello, vale decir, con todo y grandiosa reasignación presupuestal de 237.1 millones de pesos , lo que denota la importancia que el gobierno federal le asigna a la salud de las y los mexicanos.

13. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), en 2016, en un Estudio sobre el Sistema de Salud de México, después de más de 10 años de la instauración afirmaba, que: el sistema de salud mexicano, “Con el Seguro Popular, cerca de 50 millones de mexicanos cuentan con un esquema de aseguramiento público que antes no tenían. Asimismo, muestran una disminución de los gastos empobrecedores en salud de 3.3 por ciento a 0.8 por ciento de la población, así como mejoras en algunos indicadores clave como la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la mortalidad por ataques cardiacos o accidentes cerebrovasculares.

Desde luego, también hacia énfasis en las insuficiencias y áreas de oportunidad, y sostenía, que “Sin embargo, se han intensificado retos graves y urgentes. Entre 2000 y 2012, las tasas de sobrepeso y obesidad aumentaron de 62 por ciento a 71 por ciento de la población adulta, mientras que uno de cada tres niños ya tiene sobrepeso u obesidad y más de 15 por ciento de los adultos padece diabetes, más del doble del promedio de la OCDE de 6.9 por ciento”.

14. Entre 2003 y 2013 la inversión pública en el sistema de salud mexicano aumentó de 2.4 por ciento a 3.2 por ciento del PIB. Pero hay dudas sobre si este dinero está generando beneficios de salud tangibles. Algunos indicadores importantes sugieren que el sistema de salud mexicano no trabaja de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, casi 10 por ciento del presupuesto total de salud es gasto administrativo, el más alto de la OCDE. El todavía alto gasto de bolsillo en salud también indica que el sistema de salud no ofrece una cobertura efectiva ni servicios de alta calidad. Tal vez por ello y por otros factores, durante la última década la brecha en la esperanza de vida entre México y otros países de la OCDE desafortunadamente se amplió de cerca de cuatro años a casi seis años.

15. Por lo anterior, en aquel estudio, después de examinar los motivos por los que la estructura y la organización actuales del sistema no satisfacían las necesidades de atención médica de los mexicanos, formuló recomendaciones en el sentido de construir un sistema de salud más sólido, equitativo y sostenible.

16. Un reto fundamental es que la atención de la salud en México es provista por un conjunto desarticulado de subsistemas. Cada subsistema ofrece diferentes niveles de atención, a precios distintos y con resultados diversos. El acceso a un esquema de aseguramiento público o a una red de proveedores depende de la condición laboral de la población mexicana. Los empleados asalariados del sector privado (y sus familias) están afiliados a un paquete de beneficios y a un conjunto de proveedores que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Preocupados de lo anterior, así como de la importancia para la salud de las y los mexicanos, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, consideran inaplazable y de vital importancia que los funcionarios aclaren puntualmente estas inquietudes y preocupaciones ante esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicitamos atentamente se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud y al director del Instituto de Salud para el Bienestar, a comparecer ante esta soberanía, a fin de:

1. Esclarecer situación caótica que prevalece en la operación y funcionamiento del instituto y desaparece el seguro popular;

2. Rendir cuentas sobre la situación financiera que guarda el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos canalizado hacia el Insabi, así como la utilización y el destino los recursos restantes;

3. Explicar sobre qué reglas de operación se van regir el uso de los 40 mil millones de pesos que se tomaron del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, como el destino del resto de dicho Fondo, ahorro que se fue acumulando desde hace más de una década.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Mónica Almeida López, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y diversas dependencias a implantar acciones para prevenir y controlar incendios forestales en el territorio nacional, suscrita por el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar , senador de la República de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo para implementar acciones para prevenir y/o controlar los incendios forestales en el territorio nacional , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha”, escribió el autor de Los miserables , Víctor Hugo.

A esta generación, el destino nos alcanzó en materia de cambio climático. Ya no son advertencias o pronósticos; los lamentables incendios del Amazonas y de Australia muestran lo apocalíptico que son los desastres naturales.

En la Amazonia, según la agencia INPE del gobierno brasileño, entre enero y noviembre de 2019 se quemaron más de 7 millones de hectáreas, el equivalente a 14 millones de campos de futbol; en Australia quedaron devastadas otras 6 millones de hectáreas, allí los incendios continúan y al momento han fallecido 24 personas, hay decenas de desaparecidos, 15 mil viviendas destruidas, cerca de 500 millones de animales perdieron la vida y los koalas, uno de los animales emblemáticos de ese país, se encuentran cerca de la extinción.

Estos acontecimientos no son excepcionales ni hechos aislados, y en la medida en que aumente la temperatura su frecuencia e intensidad será mayor.

Tan solo en 2018, la temperatura global del planeta promedio 0.98 grados centígrados por encima de los niveles que existían entre 1850 y 1900 y, para 2019, la temperatura llegó ya a los 1.1 grados C por encima de la era industrial. Respecto a la concentración de C02 en la atmósfera, ésta llegó a su nivel histórico más alto, con más de 450 partes por millón (ppm), casi lo doble de las 250 ppm de la era preindustrial, además se rompió el récord de concentración de los principales gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, lo que incide en un mayor calentamiento, presuponiendo que el aumento de temperatura global en 2050 pueda llegar a los 3 C respecto a la era preindustrial.

En 2019, fueron varios países europeos en donde se rompió récord de altas temperaturas: en Bélgica se alcanzaron 41.8 C, Alemania 41.5 C, Holanda 40.7 C, Reino Unido 38.1 C. Por lo que respecta a Norteamérica, en Montreal se alcanzaron los 45 C y en Toronto los 40 C; en EU, en lugares como Detroit, la temperatura llegó a más de 40 C y en todo el país afectó a más de 150 millones de personas.

Los incendios no solo significan que hoy tengamos menos árboles para absorber el C02 y demás gases de efecto invernadero, sino que también repercuten en la perdida de diversidad biológica, aumentan de la desertificación, modifican el volumen de biomasa, alteran el ciclo hidrológico con consecuencias en los sistemas marinos -los efectos los vemos ya en la mortandad de corales Quintana Roo- afectaciones a la salud y ni hablar de las tensiones sociales por los desplazamientos o los conflictos por la escases de recursos naturales.

Los océanos también sufren ya las consecuencias del calentamiento global. A inicios de enero de 2020 se ha detectado una gigantesca área de casi un millón de kilómetros cuadrados en el océano Pacifico denominada mancha caliente (hot blob) con una temperatura superior en 5 grados C sobre el promedio, que se desplaza hacia Sudamérica, cuyo impacto ecológico sería difícil determinar pero que favorecería la floración de algas tóxicas y que leones marinos y ballenas aparecieron varados en las costas.

Por lo que respecta a México, según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se registraron 7 mil 410 incendios forestales en las 32 entidades federativas, afectando una superficie de 633 mil 678 hectáreas.

Los estados que sufrieron el mayor número de incendios fueron: el estado de México, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, que representan el 76 por ciento del total nacional; y, las que tuvieron una mayor afectación en su superficie fueron: Jalisco, Oaxaca, Durango, Nayarit, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Chiapas, Sonora y San Luis Potosí, que representan el 72 por ciento del total nacional.

Para ese mismo año, en Baja California se afectaron 14 mil hectáreas; en Zacatecas otras 14 mil, afectando a 40 municipios; en Quintana Roo se afectaron 500 hectáreas de la reserva de la biosfera Sian Ka’an; en San Luis Potosí se incendió la sierra de San Miguelito y en Jalisco, en el área natural protegida del Bosque la Primavera, se registraron hasta 60 incendios. Por su parte, en Chiapas, en la reserva de la biosfera El Triunfo los incendios afectaron 163 hectáreas de bajo arbolado adulto de encino y bosque mesófilo de montaña y pino.

En cuanto a las hectáreas de tipo forestal, por causa de esos incendios 92 mil 975 sufrieron impacto severo, esto es que más del 51 por ciento de la copa de sus árboles sufrieron daño severo y su tiempo de recuperación será de más de 10 años; otras 179 mil 197 hectáreas forestales sufrieron impacto moderado, es decir, que entre el 20 y el 50 por ciento de la copa arbórea sufrió daños y su tiempo de recuperación se estima entre 5 y 10 años.

En cuanto al origen de los incendios, el 30 por ciento fueron intencionales; el 22 por ciento por actividades agrícolas y 12 por ciento por fogatas.

Para este 2020, se prevén índices climáticos más extremos y temperaturas más altas, que aumentarán el riesgo de incendios forestales y con mayor severidad. De acuerdo con la Conafor, la temporada de incendios en México en las zonas centro, norte, noreste, sur y sureste inicia en enero y concluye en junio mientras que en el noroeste se inicia en mayo y termina en septiembre.

Tenemos que prepararnos y tomar las medidas que aminoren las fatales consecuencias del calentamiento global, sobre todo considerando los vastos recursos naturales y la biodiversidad que se pondrían en peligro en nuestro país si se presentaran desastres naturales como los señalados.

No podemos solo hacer la vista a un lado y pensar que el cambio climático tocará o será la desgracia de otros; no es catastrofismo, la realidad desmiente esas percepciones.

Resulta inimaginable la diversidad biológica que se perdería en México en caso de no prevenir o tener la capacidad para controlar los incendios. Nuestro país cuenta con una superficie de vegetación forestal de 138 millones de hectáreas, equivalentes a un 70 por ciento del territorio nacional; de esta superficie, la extensión de bosques y otras tierras boscosas es de 88.7 millones de hectáreas. Gracias a eso bosques tenemos un equilibrio de los gases atmosféricos.

Una de las mayores reservas que mantiene ese equilibrio atmosférico es la reserva de la biosfera El Triunfo, ubicada en la Sierra Madre de Chiapas, con una superficie de 119 mil 177 hectáreas, que protege uno de los últimos bosques de niebla en el mundo, un ecosistema de los más raros de encontrar, con la mayor diversidad por unidad de área y con la mayor capacidad de absorción de agua.

El Triunfo cuenta con 10 tipos de vegetación que dan refugio a 95 especies de mamíferos, 378 especies de aves, 27 especies de reptiles 2 mil especies de plantas; algunas de las especies endémicas que ahí se localizan son el quetzal, el pavón, pajuil, zopilote rey, tangara azul, salamandra del cerro, lagarto orejas de espina, nauyaca bicolor arborícola, el jaguar, el venado temazte, el ocelote, el yaguarundi, el tapir y otras muchas más especies que son además de enriquecer la biodiversidad de México, son parte de los mitos y deidades de los pueblos originarios.

Asimismo, gracias a su importante papel en la absorción de agua, permite que se recarguen los mantos acuíferos, mantengan las actividades agrícolas y el sistema hidroeléctrico más importante del país, que incluye las presas La Angostura, Chicoasén y Mal Paso, trabajen de forma óptima.

La reserva de la biosfera El Triunfo, así como las otras reservas ya mencionadas, como la del Bosque la Primavera en Jalisco, la reserva Sian ‘Kan en Quintana Roo o la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí y los 138 millones de hectáreas forestales en el país, con su gran biodiversidad, deben ser protegidas y para eso, deben tomarse medidas preventivas contra el calentamiento global y los incendios, a fin de no padecer la severidad de las catástrofes o la visión apocalíptica ya vista en la Amazonía y en Australia.

El cambio climático y el calentamiento global son los asuntos más dramáticos que enfrentamos. Debemos estar preparados para responder adecuadamente ante una crisis que pudiera presentarse más temprano que tarde. El tiempo es demasiado apremiante y no podemos solo mirar el paisaje mientras se incendia.

Conforme a lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes resolutivos con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura y Desarrollo Rural a que lleven a cabo campañas para concientizar a la población sobre la prevención de incendios forestales en nuestro país.

Segundo. Se exhorta a la Semarnat a que, en coordinación con las autoridades de protección civil federales y estatales, identifique las zonas susceptibles de incendios forestales y sus riesgos, a fin de tomar las medidas para evitarlos, o en su caso, mantenerlos bajo control, evitar su propagación y salvaguardar a la población.

Tercero. Se exhorta a la Profepa a reforzar las acciones de inspección y vigilancia a fin de salvaguardar y proteger los recursos forestales, así como a imponer las sanciones correspondientes a quienes realicen actividades de roza, tumba y quema en las áreas naturales protegidas o en terrenos agropecuarios con los que se propicie la propagación del fuego a terrenos forestales.

Cuarto. Se exhorta a la Semarnat y a la Conafor para que, en coordinación con las comunidades, integren y capaciten brigadas que contribuyan a la prevención y al combate de incendios forestales y para que abran y rehabiliten brechas cortafuego en la reserva de la biosfera El Triunfo y de más áreas naturales protegidas.

Recinto Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 15 de enero de 2020.

Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal respecto a la comparecencia ante el pleno de la Comisión Permanente de los titulares de la Ssa y del Insabi, suscrita por legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

Las legisladores y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se solicita al Ejecutivo federal la comparecencia ante el pleno de esta Comisión Permanente del Secretario de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, y del titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, ciudadano Juan Antonio Ferrer Aguilar, conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha 14 de noviembre de 2019 se aprobó en la Cámara de Senadores el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el tema central de este decreto fue la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.

En la discusión de ese decreto el Partido Acción Nacional fue claro en su postura al votar en contra ese dictamen, porque del análisis de la iniciativa se desprende que la desaparición del seguro popular para sustituirse por el Insabi sería perjudicial para los mexicanos,

El gobierno federal se propuso sustituir el Seguro Popular, para establecer el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, construyendo así un sistema de salud centralista y vertical. Nadie, absolutamente nadie puede estar en contra de brindar servicios de salud, medicamentos, insumas a todos los mexicanos de manera totalmente gratuita, a todos los mexicanos que no cuentan con seguridad social, que desafortunadamente son las personas que menos recursos tiene, pero este propósito quedó solo en buenas intenciones, pues no se le asignó los recursos presupuesta les suficientes.

Se dijo que iba a existir protección a la salud y que iba a quedar garantizada por el Estado, que se iba a brindar un servicio gratuito, progresivo, oportuno y de calidad; sin embargo, no se asignaron en el presupuesto los recursos suficientes para atender, por un lado, los servicios esenciales de salud y por otro, los de alto costo y complejidad que ya venía proporcionando el Seguro Popular.

El Partido Acción Nacional dijo en su momento en aquella discusión del dictamen:

Existe una enorme preocupación por padres de familia, cuyos hijos han estado recibiendo tratamiento por cáncer, enfermedades consecuencia de cuidados neonatales, enfermedades congénitas y también preocupación de pacientes víctimas de cáncer, de VIH-Sida, Hepatitis C, o quienes son candidatos a recibir un trasplante y que están siendo atendidos ya con los recursos del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Estas personas están exigiendo al Insabi que garantice, ya, la continuidad de sus tratamientos y medicamentos. Y esto parece estar en riesgo, toda vez que el PEF del 2020 solo asigna al Seguro Popular un incremento del 1.8, que en términos reales es un crecimiento negativo si tomamos en cuenta que la inflación estimada es del 3%.

Aún más, la iniciativa del Insabi al analizar el presupuesto, lo único que dispone es que el monto del presupuesto del Insabi no sea inferior al del Ejercicio Fiscal anterior, esto es absolutamente insuficiente y la misma obligación se impone a las entidades federativas.

Esto va a implicar que este año será prácticamente imposible atender mayor número de beneficiarios, mejorar la calidad en el servicio y atender progresivamente un mayor número de padecimientos.

Lo que es todavía más grave, es el hecho que se instruyó transferir al Insabi hasta 40 mil millones de pesos que actualmente tiene el Fondo de Gastos Catastróficos y se le indica que puede disponer de ellos, según lo requiera.

Esto significa que el ahorro que tenía la nación para atender estas enfermedades de alta complejidad, especialidad y también que se presentan por un largo tiempo o con una mayor frecuencia no va a contar con este fondo, se va a ir al Insabi, sí, pero a destinarlo a los gastos operativos que se requieran y no necesariamente para aquellas enfermedades llamadas catastróficas.

El Partido Acción Nacional lo dijo con mucha claridad: el Insabi es una mentira, pues lo que se prometió y dijo muy difícilmente podrá llevarse a cabo.

Hoy, al inicio del año 2020 las consecuencias de una mala planeación están afectando a una población muy vulnerable (los enfermos) y hoy el gobierno federal es incapaz de atender dicha demanda, pues no planeó, no presupuestó y no tomó las medidas pertinentes para transitar de manera ordenada de un esquema ya probado por años a un esquema de insípida creación y poca planeación.

Resulta urgente conocer de primera mano del secretario de Salud, la situación en la que se encuentra el servicio otorgado a través del Insabi, pues hoy lo que conocemos a través de los medios de comunicación nos confirman lo que en noviembre del año pasado diferentes legisladores de diversos grupos parlamentarios advertimos: el funcionamiento y operación del Insabi es un desastre: no hay medicinas, no están atendiendo gratuitamente a los ciudadanos, por el contrario, se está cobrando mucho más por los servicios y se está poniendo en riesgo la vida de los mexicanos.

Para entender el despropósito de la creación del Insabi se hace el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, solicita al Ejecutivo federal la comparecencia ante esta Comisión del secretario de Salud, doctor José Carlos Alcocer Varela, y del titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, ciudadano Juan Antonio Ferrer Aguilar, con el propósito de que expliquen la problemática presentada por la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar y la ruta de solución.

Dado en el pleno de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la política pública de vacunación del gobierno federal, suscrita por la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora Beatriz Paredes Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional establece el derecho de toda persona a la protección de la salud. En el mismo sentido y de acuerdo con el artículo 144 de la Ley General de Salud: La vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria en los términos que fije dicha dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente ley (General del Salud).

Por su parte, el artículo 157 Bis 12 de la misma ley establece que el Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación.

Desgraciadamente, hemos corroborado y advertido que la política pública en materia de salud de la actual administración federal se encuentra totalmente subordinada a las pretendidas y malogradas políticas en materia de austeridad y al supuesto combate a la corrupción.

La bien intencionada, pero mal diseñada, política de consolidación de compras y concentración de funciones en la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resultó contraproducente en muchos sentidos, en particular en materia de salud. Dentro del proceso de las políticas públicas preventivas, se sobre- simplificó la identificación y delimitación de los problemas, y se suspendieron procesos vigentes de licitación, compra y distribución de medicamentos y vacunas; insistimos, por una mal comprendida pretensión de austeridad y combate a la corrupción.

En otras palabras, para el gobierno central, el derecho humano a la salud de las mexicanas y los mexicanos importa mucho menos que la construcción y consolidación de una bandera política para la Presidencia de la República.

En efecto, sin un diagnóstico claro y puntual sobre los elementos precisos que la política y el esquema de vacunación debería perfeccionar, se optó por suspender procesos administrativos en curso, con lo que se verificó desabasto de ciertas vacunas cuya enfermedad atendida obedece a cierta estacionalidad y temporalidad ajena a la voluntad de los tomadores de decisiones del gobierno federal.

Diversas notas periodísticas dieron cuenta a lo largo del año pasado del desabasto de ciertas vacunas en regiones focalizadas del país. Mencionamos sólo algunas:

• (12/julio/2019) La Razón: Afecta a 334 mil niños desabasto de vacunas, alerta Salud-Guerrero. Ve el secretario Carlos de la Peña riesgo de epidemia en menores de uno y cinco años por sarampión, tétanos, tuberculosis, rotavirus.1

• (7/agosto/2019) Milenio: Guanajuato en crisis por falta de vacunas. La Secretaría de Salud reportó desabasto en nueve biológicos del cuadro básico de vacunación, entre ellos, rotavirus, sabin, sarampión e influenza. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó desabasto en nueve biológicos del cuadro básico de vacunación, entre ellos, rotavirus, sabin, sarampión e influenza; en menos de 15 días también se agotará el inventario de la vacuna DPT, y contra el virus del papiloma humano. De la vacuna hexavalente, se cuentan con 77 mil 450 dosis y de la neumococcica, 3 mil 585, que en ambos casos se prevé estén agotadas para finales del mes en curso. De las que se tiene un mayor inventario son las vacunas contra la hepatitis B, con 113 mil dosis, y de la tétanos y difteria (TD) con 174 mil 400 dosis, que podrían agotarse en tres meses y 15 días, aproximadamente.2

• (12/agosto/2019) Animal Político: Cuatro estados registran desabasto de vacunas contra sarampión, descartan riesgo de brote. Los estados de Guanajuato, Querétaro, Durango y Guerrero registran desabasto de vacunas contra el sarampión, según informó Ruy López, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).3

• (15/agosto/2019) El Economista: Desabasto de vacunas. La Secretaría de Salud de Tabasco reportó que, al igual que ocurre en algunas partes del país, en la entidad se registra desabasto de vacunas contra el sarampión, y el riesgo de contraerlo es similar en México por los brotes que hay tanto en Europa como en EU.4

• (8/septiembre/2019) Publimetro: Desabasto de vacunas terminará hasta diciembre, advierten en el Secretaría de Salud de Jalisco. Preocupa particularmente el desabasto de vacunas contra el sarampión, así como para la tuberculosis y el tétanos, hubo sobredemanda afirman.5

• (25/septiembre/2019) El Sol de México: Desabasto le pega a vacuna contra influenza, aplicación se retrasa. La aplicación de la vacuna no será en octubre como se tenía previsto, lo cual, advirtió el INER, representa un riesgo para la población.6

• (6/diciembre/2019) Milenio: Tuberculosis aumentó 100 casos más en Tamaulipas. En comparación con 2018, que contaba con un registro de mil 78, paso a ser de mil 178 en 2019, destacó la Secretaría de Salud. En este año en Tamaulipas hay registrados 100 casos más de tuberculosis pulmonar (tb) que en 2018. A la fecha se tienen contabilizados mil 178 hasta la semana 47, cuando hace un año había mil 78 enfermos, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia. El documento muestra que las entidades con mayor contagio son Guerrero, con 5 mil 172 casos; Hidalgo presenta 4 mil 317; Veracruz con 3 mil 885; estado de México lleva 2 mil 514 y Sinaloa tiene 2 mil 485.

Estas notas correspondientes al segundo semestre del año pasado, son coincidentes con los datos del Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Sistema Único de Información, a la semana 51 de Vigilancia Epidemiológica.+7

En esta publicación, elaborada y difundida por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se puede advertir un crecimiento —en algunos casos marginal y en otros mucho más considerable—, de las enfermedades prevenibles por vacunación como (i) la tos ferina, (ii) la meningitis meningocócica; (iii) la enfermedad invasiva por neumococo; (iv) la hepatitis víricas tipo A y B; (v) la influenza y (v) la infección por virus de papiloma humano (VPH).

El siguiente cuadro refleja el incremento en la proporción de casos de las enfermedades señaladas, con relación a las ocurridas en el año inmediato anterior.

Como se puede observar, la errática política del gobierno federal ha propiciado que se detonen nuevamente la proliferación de enfermedades como refieren, tanto las notas periodísticas como los propios datos de la Secretaría de Salud.

Es por ello que, desde el Senado de la República, hacemos un enérgico llamado para que las instancias responsables de la aplicación del Programa de Vacunación Universal –Secretaría de Salud, Insabi, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF– atiendan aquellas enfermedades en las que ha existido un repunte, derivado de la fallida política de salud del gobierno federal, considerando la temporalidad de mayor incidencia de enfermedades y, desde luego, la mayor o menor propensión de acuerdo a la región del país en la que se trate.

Por lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones, garanticen el abasto oportuno de medicamentos y vacunas, con especial atención a aquellos padecimientos que reflejaron un repunto durante el año 2019, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus atribuciones, envíe un informe pormenorizado respecto a las vacunas que se han suministrado por tipo de enfermedad, particularmente, aquellas que integran el Programa de Vacunación Universal.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y cualquier otra autoridad sanitaria responsable, diseñe un protocolo de acciones extraordinarias para los estados afectados en mayor medida por el repunte de padecimientos prevenibles.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a iniciar el procedimiento de revisión y actualización de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud, de conformidad con los más recientes datos de incidencia epidemiológica, procurando observar la temporalidad de mayor incidencia y las regiones de mayor proliferación de casos sobre padecimientos.

Notas

1 Visible en: https://www.razon.com.mx/mexico/afecta-a-334-mil-ninos-desabasto-de-vac unas-alerta-salud- guerrero/ Fecha de consulta: 5 de enero de 2020.

2 Visible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/guanajuato-en-crisis-por-fal ta-de-vacunas Fecha de consulta: 5 de enero de 2020.

3 Visible en: https://www.animalpolitico.com/2019/08/cuatro-estados-desabasto-vacunas -sarampion- cenaprece/ Fecha de consulta: 5 de enero de 2020.

4 Visible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desabasto-de-vacunas-20190815- 0151.html Fecha de consulta: 5 de enero de 2020.

5 Visible en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/09/08/desabasto-de vacunas-afecta- jalisco.html Fecha de consulta: 5 de enero de 2020.

6 Visible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/desabasto-le-pega-a-va cuna-contra-la- influenza-aplicacion-se-retrasa-octubre-4229589.html Fecha de consulta: 5 de enero de 2020.

7 El Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información, es una publicación semanal editada por la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE) Visible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/521457/BE SEMANAL_51.pdf Fecha de consulta: 5 de enero de 2020.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2020.

Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a informar sobre los avances en la investigación de las llamadas de extorsión realizadas a las oficinas de la Cámara de Senadores, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del PT

De los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de la manera más atenta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para que informe sobre las acciones que se están realizando, conjuntamente con la Fiscalía General de la República y con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que en el ámbito de sus atribuciones, se combatan las constantes acciones de extorsión que se han realizado en las últimas semanas en esta Cámara; al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Extorsión en la Cámara de Senadores

Quienes han sido víctimas de una extorsión saben que es sumamente complejo ser racional ante la posible puesta en riesgo de un familiar o de una persona cercana. Son muchos los consejos que emiten las instituciones ante la ola de extorsiones que se viven en México, no obstante, cuando una persona es víctima de la comisión de este delito todo lo aprendido parece borroso y se actúa impulsivamente.

Este episodio común en toda la República Mexicana también se vivió de forma sistemática en las oficinas de la Cámara de Senadores y mi equipo de trabajo no fue la excepción. Tres llamadas fueron las que recibieron integrantes de mi equipo de trabajo a finales de diciembre de 2019 y principios de enero de 2020.

El delito de extorsión estuvo a punto de consumarse en dos ocasiones, dado que las dos primeras llamadas se dieron en un contexto de desinformación sobre el modus operandi de estos delincuentes. La interacción en la tercera llamada alertó a los delincuentes porque una de mis colaboradoras llamó al encargado de la oficina del sexo masculino y los delincuentes colgaron la llamada.

La forma en que opera esta red de extorsión es la siguiente: una persona del sexo masculino llamó a la extensión de la secretaria de mi oficina y dicen comunicarse de parte del senador Manuel Velasco, pidió hablar conmigo, y de forma repentina aludió que ya me estaba informando sobre una multa que yo tenía con el SAT, y que estaba autorizando una transferencia para evitar dicha multa.

Acto seguido, el extorsionador señala que vienen en camino a la oficina cuatro hologramas por parte del SAT por lo que dicta los folios: 3490452182-3390252137-4523129087-5590375737, y el Código de Recuperación: XR0035210214, agrega que es muy importante que los folios sean correctos y pide su verificación, advirtiendo que serán solicitados por un funcionario del SAT vía telefónica, por ello, el extorsionador solicita el teléfono celular de mi secretaria para apoyarla con el procesos de pago mientras mi secretaria espera la llamada a la oficina por parte del funcionario del SAT.

En segundos, el extorsionador se comunica al celular de mi secretaria y al mismo tiempo el supuesto funcionario del SAT se comunica a la oficina, el extorsionador que se hace pasar por funcionario pide realizar el pago dentro de los próximos 15 min al número de cuenta 3321885505 y pide no colgar para dar seguimiento, mientras tanto el extorsionador también mantiene en línea telefónica vía celular a mi secretaria para cerciorarse que se realice el pago y supuestamente darme aviso, ya que el extorsionador simula que me mantiene en la llamada desde el comienzo. Afortunadamente, otros miembros de mi equipo se dieron cuenta de que mi secretaria salió con el objeto de hacer el pago en la tienda de conveniencia Oxxo, ya que pidió no colgar el teléfono de la oficina y minutos después la alcanzaron y evitaron que hiciera el pago.

Esta es sólo una de las forman como operan esta red de extorsión que se comunica de este número telefónico 353 204515. El modus operandi se repitió por completo con una asesora parlamentaria el 30 de diciembre de 2019, ella también estuvo a punto de caer en la trampa, ya que no sabía sobre lo ocurrido con mi secretaria. La tercera llamada se recibió el 8 de enero del presente, en esa ocasión el extorsionador decía llamar de parte del senador Joel Padilla Peña integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, pero, dada la divulgación de los casos de extorsión que se habían realizado, mi asesora le comunicó al encargado de mi oficina y el extorsionador colgó.

Lamentablemente, en otras oficinas no corrieron con la misma suerte. Una integrante del equipo de trabajo de la senadora Beatriz Paredes sí fue víctima de la extorsión el 30 diciembre de 2019, se ha señalado que fue una colaboradora de 78 años la que fue extorsionada con un monto de 60 mil pesos.

La extorsión en México

La extorsión se ubica en segundo lugar de los delitos con mayor incidencia, con 17.3 por ciento, sólo por debajo del robo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (Envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)1

Cifras del Inegi apuntan que en 2018, 91.6 por ciento de los casos la extorsión fue telefónica, la extorsión fue pagada en 7.1 por ciento de las ocasiones. La extorsión es el delito con mayor cifra negra en el país, ya que 97.9 por ciento de las extorsiones no son denunciadas2 . Especialistas y autoridades señalan que un gran porcentaje de las llamadas de extorsión salen de los penales, pero no existe una cifra cierta.

El “Informe anual de resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones que permitan inhibir y Combatir la utilización de Equipos de Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos o Actualización de Riesgos, periodo 2017-2018”, del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) apuntó que, de 7 cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, salieron 3.7 millones de llamadas de extorsión3 .

Este contexto de impunidad, que se ha venido gestando desde hace ya varios años en el país, hace posible que el delito de extorsión, tan sólo en un año haya aumentado en 35.2 por ciento a nivel nacional. De enero a septiembre de 2018 se iniciaron 4 mil 700 carpetas de investigación por este delito en las 32 entidades federativas. Para el mismo periodo en 2019 el dato aumentó a 6 mil 355 indagatorias. De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los focos rojos están Baja California Sur, con 19.79 extorsiones por cada 100 mil habitantes; Zacatecas (14.57); Quintana Roo (11.81); estado de México (9.57); Querétaro (9.42); Tabasco (8.17); Morelos (7.52); Jalisco (7.51); Colima (7.50) y la Ciudad de México con 7.41 casos4 .

Ahora bien, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, ha señalado que las personas más vulnerables en cuestión de extorsiones telefónicas son aquellas de 25 años en adelante que son económicamente activas y los adultos mayores5 .

Con estos datos no es de extrañar que este delito también se haya consumado en las oficinas de la Cámara de Senadores.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el combate a la inseguridad y la impunidad constituyen ejes principales de acción, por ello y por lo expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con puntos de acuerdo mediante el que exhortamos respetuosamente a las diversas autoridades a emprender las siguientes acciones

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, informe qué avances tiene sobre la investigación de las llamadas de extorsión realizadas a las oficinas de la Cámara de Senadores durante el mes de diciembre de 2019 y enero de 2020.

Segundo. Exhorta al titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza, informe que estrategias y acciones esta tomando para combatir las llamadas de extorsión; asimismo, informe qué estado tiene la base de datos nacional sobre números extorsivos registrados en el país.

Tercero. Exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informe qué estrategias o acciones están tomando para prevenir y combatir el delito de extorsión; detalle a esta representación popular cuáles son las cifras y los datos sobre las extorsiones y cuáles son los mecanismos de colaboración y coordinación con otras instituciones para combatir dicho delito.

Notas

1 Inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/doc /envipe2019_presentacion_nacional.pdf

2 Ibídem.

3 Alejandro Páez Morales, Salen 3.7 millones de llamadas de celulares de 7 penales, alerta el IFT,

https://www.cronica.com.mx/notassalen_37_millones_de_lla madas_de_celulares_de_7_penales_alert_el_ift-1136412-2019

4 Andrés Mendoza, Repunta extorsión 35.2 por ciento en un año; pasó de 17 a 23 casos diarios, Excélsior,

https://www.excelsior.com.mx/nacional/repunta-extorsion- 352-en-un-ano-paso-de-17-a-23-casos-diarios/1345704

5 Nava, Cecilia, Registran 5.7 millones de intentos de extorsión en el país, Sol de México,

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/
registran-5.7-millones-de-intentos-de-extetorcion-en-el-pais-4672476.html

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, a 15 de enero de 2020.

Senadores: Miguel Ángel Lucero Olivas y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a remitir un informe detallado de las convocatorias realizadas a los integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, suscrita por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones, remita a esta soberanía un informe detallado de las convocatorias realizadas a los integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, así como de las políticas públicas, directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales que hayan derivado de éstas, lo cual se expresa en la siguiente

Exposición de Motivos

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, la Ley General de Víctimas (LGV) formó parte de un proceso de reforma procesal penal que tuvo como primer antecedente la reforma constitucional en materia penal del 18 de junio de 2008 por la que, entre otras cosas, se reconoció el derecho a la reparación integral de la víctima y el fortalecimiento de su papel en el proceso penal; y en un segundo momento, la reforma constitucional de 2011, la cual estableció la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

La creación de la LGV atendió también a un contexto de movilizaciones y denuncias por parte de diversos grupos de víctimas que tenían como demanda principal el reconocimiento, por el Estado, de su responsabilidad respecto a las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos en el marco del combate al narcotráfico.

Esta ley obliga a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas velar por la protección de las víctimas, proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, de conformidad con los principios y criterios establecidos en la ley, así como a brindar atención inmediata, en especial, en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario, quedarían sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.1

El ordenamiento en comento creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, como la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, que tiene por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.2

Éste se encuentra constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.

Artículo 82. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará integrado por las instituciones, entidades, organismos y demás participantes, aquí enumerados, incluyendo en su caso las instituciones homólogas en los ámbitos estatal y municipal:

I. Poder Ejecutivo:

a) El presidente de la República, quien lo presidirá;

b) El presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores; y

c) El secretario de Gobernación.

II. Poder Legislativo:

a) El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados;

b) El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores; y

c) Un integrante del poder legislativo de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

III. Poder Judicial:

a) El presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

IV. Organismos públicos:

a) El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y

b) Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas.

V. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un representante de las comisiones ejecutivas locales.

Ahora bien, para que el sistema cumpla el objetivo de coordinar instrumentos, políticas, servicios y acciones, entre las instituciones y los organismos existentes y los creados por la LGV para la protección de los derechos de las víctimas, cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, del gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

II. Formular propuestas para la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas y demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a su equivalente en las entidades federativas.

IV. Elaborar propuestas de reformas en materia de atención a víctimas;

V. Integrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;

VI. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro del personal de las instituciones de atención a víctimas, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables;

VII. Promover una estrategia de supervisión y acompañamiento que busca el desarrollo profesional y la especialización conjunta de los miembros de las instituciones de atención a víctimas;

VIII. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas, por incumplimiento de los deberes previstos en esta ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;

IX. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas;

X. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de víctimas del delito, así como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas;

XI. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;

XII. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción y de atención a víctimas;

XIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de atención a víctimas;

XIV. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de atención a víctimas;

XV. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;

XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos;

XVII. Promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del fondo, ya sea por conceptos de recursos de ayuda o de compensación subsidiaria. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas y deberán contener como mínimo

a) La obligación de las comisiones de víctimas de entregar por escrito a la Comisión Ejecutiva la solicitud fundada y motivada de apoyo para la atención de la víctima;

b) La obligación de las comisiones de víctimas de acompañar a cada solicitud de apoyo copia certificada del estado financiero que guarda su fondo estatal en el que demuestre que no cuenta con recursos suficientes para la atención de la víctima;

c) El plazo para restituir los recursos solicitados a la Comisión Ejecutiva, el cual no podrá exceder del primer semestre del siguiente ejercicio fiscal. En caso de incumplimiento del reintegro, la federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate; y

d) La obligación de la Comisión Ejecutiva de dar aviso a la Auditoría Superior de la Federación en caso de incumplimiento de pago de la entidad federativa; y

XVIII. Las demás que le otorguen esta ley y otras disposiciones aplicables.3

Hecha esta salvedad, de acuerdo con el artículo 83 de la ley, los integrantes del sistema deberán reunirse en pleno por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria del presidente de la República, quien deberá integrar la agenda de los asuntos por tratar y, de manera extraordinaria, alguna situación urgente que así lo requiera.

Los integrantes del sistema tienen la obligación de comparecer personalmente a las sesiones convocadas, mientras que sólo el presidente podrá ser suplido en sus ausencias por el secretario o la secretaria de Gobernación.

Por consiguiente, a enero del presente año, el pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas debió haber sido convocado al menos en dos ocasiones, pues el presidente de la República rindió protesta el 1 de diciembre de 2018.

Esto cobra relevancia en un escenario donde

• La Red de los Derechos de la Infancia en México ha señalado que, durante el primer trimestre de 2019, ocurrieron 285 homicidios dolosos contra la población de 0 a 17 años.4

• De manera reciente, un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que las niñas, niños y adolescentes que permanecen en centros de asistencia social y albergues públicos y privados del país suelen ser víctimas de delitos como desaparición, violaciones, maltrato y abuso sexual, además de una serie de violaciones de sus derechos. Del total de 302 denuncias, 27 por ciento fue por desaparición de personas, 14 por violencia familiar equiparada, 6 por violación, 5 por lesiones o maltrato, 5 por abuso sexual y 6 por otros delitos. Sólo 5.2 de las averiguaciones previas o carpetas de investigación se consignó, y se desconoce el estatus de 44.7 de las denuncias presentadas.5

• De enero a septiembre de 2018 ocurrieron 25 mil 282 homicidios dolosos, y durante el mismo periodo en 2019 se registraron 25 mil 910 homicidios dolosos,6 lo que representó un incremento de 2.5 por ciento

• En 2018 se registraron 891 feminicidios, mientras que durante los primeros 10 meses de 2019 hubo un incremento de 11 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, con 2 mil 309 casos.7

• Cada mes, 454 mujeres son víctimas de abuso sexual, lo que representa más de 15 al día; 636 mujeres son víctimas de acoso u hostigamiento sexual, es decir, más de 21 al día; y 327 mujeres son víctimas de violación, lo que representa más de 10 al día. Si sumamos el número de casos de estos delitos sexuales, tenemos que, durante el periodo de enero a octubre de 2019, hubo 14 mil 177 mujeres víctimas de delitos sexuales a escala nacional.

• En 2018, 53 mil 998 mujeres sufrieron violencia familiar cada mes, un total de más de mil 700 casos al día; mientras que en 2019, el número de casos aumentó en 11 por ciento respecto al año anterior, lo que representó que cada mes 59 mil 880 mujeres fueran víctimas de violencia familiar, con más de mil 950 casos al día.

Por todo esto resulta necesario conocer de las políticas públicas, directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, que hayan derivado de las sesiones ordinarias del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a fin de que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

En mérito de lo expuesto se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones, remita a esta soberanía un informe detallado de las convocatorias realizadas a los integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, así como de las políticas públicas, directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, que hayan derivado de éstas.

Notas

1 Artículo 1 de la Ley General de Víctimas.

2 Artículo 79 de la Ley General de Víctimas.

3 Artículo 81 de la Ley General de Víctimas.

4 Disponible en http://derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=171&id_opcion=73

5 Disponible para consulta en https://www.sinembargo.mx/04-11-2019/3672901

6 Informe de incidencia delictiva fuero común. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1c6nGSWb7KU5YFvMSpPohgqa1dE-yov0A/view

7 Informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, https://drive.google.com/file/d/1hyAQksYg80s5Fxb_PKn0-q740zf7RCo8/view

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 15 de enero de 2020.

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Insabi a instruir sobre la revisión, atención y sanción por las irregularidades en los cobros y los condicionamientos aplicados a los beneficiarios en materia de atención médica; y a la SFP, a investigar y sancionar a los servidores públicos involucrados en la autorización y ejecución de dichas acciones, suscrita por la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada federal Elba Lorena Torres Díaz, de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PES, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, para que instruya la revisión, atención y sanción por las diversas irregularidades en los cobros y condicionantes que se están aplicando a los beneficiarios en materia de atención médica, así como a la Secretaría de la Función Pública para que investigue y sancione a todos los funcionarios públicos involucrados en la autorización y ejecución de dichos cobros y condicionantes que atenta contra la gratuidad de los servicios médicos” considerando los siguientes:

Antecedentes

El 29 de noviembre de 2019 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que creó el Instituto de Salud para el Bienestar, el cual desaparecería la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el, ahora extinto, Seguro Popular; mismo que fue aprobado el 14 de noviembre de ese año.1

Dentro de la Ley General de Salud se encuentra asentada la existencia del Instituto de Salud para el Bienestar, y específicamente en su artículo 77 Bis 35, segundo párrafo, especifica lo siguiente:

El Instituto de Salud para el Bienestar tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud, en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.2

Esto significa que las cuotas de recuperación, así como pagos e incluso el condicionamiento para brindar el servicio o concluir trámites, son actos que bien pueden ser considerados ilegales. Asimismo, atentan contra derechos fundamentales para cualquier ser humano, como lo son el derecho a la salud y a una vida digna.

Recientemente, se han registrado diversos casos de personas que denuncian el cobro de cuotas de recuperación o el incremento en los costos de las existentes en diversos hospitales del país.

De acuerdo con el noticiero que conduce Ciro Gómez Leyva en Grupo Imagen, diversos familiares de los enfermos que se atienden actualmente en hospitales de gobierno, aseguran que el costo por día de hospitalización es de 500 pesos. Mientras que con el Seguro Popular era de 88 pesos, aunado a que deben comprar el medicamento que necesiten o les sea diagnosticado.3

El ciudadano Francisco, una de las personas entrevistadas, declaró que su familiar falleció y el Hospital General de México le está condicionando la entrega del cuerpo hasta que pague por todos los servicios, la atención y estudios que se le realizaron. Incluso, el entrevistado señaló que se le están cobrando unos estudios programados para el día de su defunción y que ya no le fueron practicados.4

El presidente Andrés Manuel López Obrador, el 6 de enero del presente año, durante un evento llevado a cabo en Yautepec, Morelos, para conmemorar el Día de la Enfermera y Enfermero, declaró que “ahora todos los ciudadanos tienen el derecho a la atención médica y los medicamentos gratuitos”.5

Por su parte, el Instituto de Salud para el Bienestar, exhortó a la ciudadanía a que interpongan quejas ante las Contralorías Estatales, en los Órganos de Fiscalización de las entidades federativas o en los Órganos de Control Interno de las Secretarías de Salud de cada estado cuando se les quiera hacer cobros por la atención, los servicios y el medicamento respectivo.6

A pesar de que la reforma de ley que crea al Instituto de Salud para el Bienestar entró en vigor el pasado 1 de enero de 2020, aún falta que se emita la normatividad complementaria que fortalezca y dote de certeza el actuar del Instituto.

En el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social consideramos inaceptables los cobros y las condicionantes que se han venido aplicando en contra de los derechohabientes.

Anteriormente, con el Seguro Popular, existían aspectos que se debían reforzar e irregularidades que se tenían que atender y erradicar. Ese fue uno de los motivos principales por los que se elaboró una reforma a la Ley General de Salud y se sustituyera un programa perfectible, por un Instituto que brinde la atención integral, digna y gratuita que merece cualquier persona.

Hasta junio de 2018, 53.3 millones de personas se encontraban afiliadas al Seguro Popular, cifra por demás significativa respecto a la gran cantidad de mexicanas y mexicanos que dependen de la atención médica que brinda el Estado.7 Sin embargo, con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el gobierno federal prometió que ya no sería necesario estar afiliado a un programa de gobierno para poder recibir atención médica.

Es preciso asentar que el Seguro Popular era la instancia en la que se concentraba el mayor número de mexicanos buscando atenderse. Ahora con el Insabi, esa cifra se multiplicará, por lo que ahora más mexicanas y mexicanos dependerán de esta institución para poder recibir atención médica.

Ningún gobierno puede negar o condicionar una atención médica integral y digna para su gente. La salud es un tema de suma importancia y un derecho de primera línea que compete a los tres niveles de gobierno, la salud y, en ocasiones, la vida de millones de personas depende de un tratamiento oportuno y eficaz.

En el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, la salud de los mexicanos es un tema prioritario dentro de nuestra agenda. Nuestro compromiso con las mexicanas y los mexicanos es el aseguramiento de sus derechos sociales, y la salud es uno de ellos; asegurar el acceso a la salud para cualquier persona es lo socialmente correcto.

Por lo anteriormente expuesto, solicito

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, para que instruya la revisión, atención y sanción por las diversas irregularidades en los cobros y condicionantes que se están aplicando a los beneficiarios en materia de atención médica, así como a la Secretaría de la Función Pública para que investigue y sancione a todos los funcionarios públicos involucrados en la autorización y ejecución de dichos cobros y condicionantes que atenta contra la gratuidad de los servicios médicos.

Notas

1 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion /Agencia-de-Noticias/2019/Noviembre/29/3808-Publica-DOF-decreto-que-cre a-el-Insabi-y-desaparece-el-Seguro-Popular

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_291119.pdf

3 https://www.facebook.com/CiroGomezLeyva/videos/844222716034782/

4 https://www.facebook.com/CiroGomezLeyva/videos/vb.1635150883402726/8442 22716034782/?type=2&theater

5 http://wradio.com.mx/radio/2020/01/07/nacional/1578361141_153736.html

6 http://www.heraldo.mx/pide-insabi-denunciar-los-cobros-indebidos/

7 https://lopezdoriga.com/vida-y-estilo/baja-numero-de-derechohabientes-d el-seguro-popular/

Dado a la Comisión Permanente con sede en la Cámara de Diputados, a 15 de enero de 2020.

Diputada Elba Lorena Torres Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Congresos de Puebla y Guerrero a incorporar en su marco jurídico la modalidad de violencia política contra las mujeres, suscrita por la diputada Claudia Reyes Montiel e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputada Claudia Reyes Montiel e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con base en lo establecido en la Convención de Belém do Pará sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), por violencia política contra las mujeres podemos entender “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.

De acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, este tipo de violencia puede ocurrir en ámbitos públicos y privados, se presenta de manera verbal, patrimonial, simbólica, económica, psicológica, física y sexual y puede efectuarse a través de cualquier medio de información (como periódicos, radio y televisión) o por medio de las tecnologías de la información y/o en el ciberespacio.

A partir de la definición brindada podemos decir que este tipo de violencia no se genera en principio por las ideas, afinidades o propuestas de las mujeres, sino que se ataca a la mujer por el simple hecho de su condición de mujer.

Este tipo de violencia impide el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, imposibilita o limita su participación en los asuntos públicos y deteriora la igualdad y el desarrollo político-electoral de las mujeres, de ahí la importancia de su atención y eliminación.

La violencia política contra la mujer contraviene también los principios constitucionales de igualdad política consagrados en el artículo 35 de nuestra Carta Magna y los acuerdos signados por nuestro país como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. En este último documento se establece que es deber de los Estados “tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas”.

Como muestra de la afectación que genera la violencia política a las mujeres tenemos los datos arrojados en las elecciones de 2017-2018. En este procedimiento electoral, según datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), se registraron 106 casos de violencia política en contra de las mujeres; fueron asesinadas 16 candidatas y hubo 10 casos vinculados a hechos que lesionaron directamente los derechos político-electorales de mujeres indígenas.

Con el fin de lograr la eliminación de la violencia política de género, se han efectuado en México diversos cambios en el marco jurídico que buscan acabar con la violencia política en contra de la mujer y garantizar su participación efectiva e igualitaria en la esfera pública. Un ejemplo de estos esfuerzos lo fue la aprobación en la Cámara de Diputados, en el mes de noviembre de 2019, del dictamen que tipifica como delito electoral la violencia política por razón de género e impuso multas y prisión a quien cometan estos actos.

Este tipo de acciones se han replicado en todo nuestro país, lo que nos ha permitido pasar de ocho entidades que regulaban la violencia política por razones de género en 2016 a 29 en septiembre de 2019, sin embargo, esto no es suficiente y todavía falta mucho por hacer. En el estudio “La participación política equilibrada entre mujeres y hombres en México, 2019: Los desafíos de la reforma constitucional en materia de paridad”, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se menciona que uno de estos desafíos es lograr que todos los estados incorporen en alguno de sus ordenamientos jurídicos la modalidad de violencia política contra las mujeres, como es el caso de Puebla y Guerrero, que no cuentan con legislación al respecto.

En las elecciones de 2018, según el estudio mencionado, Puebla fue la entidad que más casos de violencia política en contra de la mujer tuvo con 15 casos, mientras que en Guerrero ocurrieron asesinatos y secuestros de mujeres. Como se observa la violencia política que viven las mujeres en estas entidades dan muestra de la urgente necesidad de legislar para atender esta situación y de imponer sanciones a la misma, ya que la falta de un marco jurídico permite seguir violentando los derechos de las mujeres, así como la generación de condiciones adversas para su participación en la vida pública.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los Congresos de Guerrero y Puebla a que incorporen la modalidad de violencia política contra las mujeres en su marco jurídico.

Referencias

1 Artículo 7.a de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Documento Disponible en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ceda w.aspx

2 CNDH, Violencia política contra las mujeres en razón de género. Documento disponible en:

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Do c_2018_056.pdf

3 Artículo 7.a de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Documento Disponible en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ceda w.aspx

4 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Febrero/
03/0961-En-Mexico-ninguna-ley-general-tipifica-la-violencia-politica-en-razon-de-genero-CELIG

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputados Claudia Reyes Montiel (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Almeida López, Frida Alejandra Esparza Márquez, Mónica Bautista Rodríguez, Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez (rúbrica) y Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Inapam a entregar y difundir un informe pormenorizado del estado que guarda la estrategia Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías, correspondiente al Programa de Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores, suscrita por la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, constitucional y 58 y 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), para que a la brevedad haga público y entregue un informe pormenorizado del estado que guarda la estrategia denominada “sistema de empacado voluntario de mercancías” correspondiente al programa de vinculación productiva para personas adultas mayores, con el objeto de hacer del conocimiento de la ciudadanía, el número de personas beneficiadas por entidad federativa, su eficiencia y eficacia, y el grado de compromiso de parte de la iniciativa privada con ésta política pública para atender a este sector vulnerable de la población, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, una de las circunstancias que aumentan la vulnerabilidad de cierto sector de la población, es la edad avanzada, por lo que el pertenecer a la población de mayores de 60 años facilita esa situación de vulnerabilidad, aunado a que históricamente no se han desarrollado a nivel Gubernamental ni por la Iniciativa Privada, mecanismos robustos de política pública que aseguren o den certeza a las personas adultas mayores, que después de haber trabajado durante la mayor parte de su vida, obtengan condiciones de retiro dignas para vivir los últimos años de la misma.

Lo anterior, obedece a diversos factores como el hecho de que cuando jóvenes y económicamente activos o activas, un porcentaje significativo de las personas, no prevén la necesidad de ahorrar para cuando los alcance la vejez, ni tampoco se preocupan por pertenecer a un sector formal de la economía o en algunos otros casos aunque así lo hayan buscado, no se les presenta la oportunidad de tener empleos formales ya sea por la falta de alternativas de educación o preparación técnica o por factores como la discriminación por el estrato social al que pertenecen, entre otras cosas. Situación, que los excluye de los servicios de salud pública y de cobertura o protección social que los vincule con algún tipo de jubilación o fondo de retiro.

Por su lado, los individuos hombres y mujeres, que llegan a tener algún tipo de jubilación representan un porcentaje muy bajo respecto del total de adultos mayores y en muchos de los casos lo que reciben por este concepto, no les es suficiente para vivir dignamente porque entre otras cosas, tienen dependientes económicos menores de edad o con alguna discapacidad, no tienen una vivienda propia y pagan alquiler, a lo que se le suma los gastos por alimentación, vestido, algunas medicinas que no les entregan en las clínicas o servicios de salud de gobierno, servicios básicos como agua, luz, transporte y mucho menos les alcanza para asistir algunos eventos para su esparcimiento.

Todo lo anterior, es una condicionante que los y las obliga a buscar otras alternativas que les permitan complementar sus ingresos para solventar sus necesidades del día a día.

Una de estas oportunidades la encuentran al emplearse como empacadores de mercancías en supermercados o tiendas de conveniencia.

Asimismo, se sabe que esta problemática es muy antigua, conocida y ha sido merecedora de múltiples artículos periodísticos que lo han documentado; como el que se dio a conocer el 29 de agosto de 2018 en el diario “Economíahoy.mx”1 en el que al abordar el tema de las oportunidades laborales para los adultos mayores en México expresó: “En México casi la mitad de los adultos mayores son pobres. Se trata del 47% de la población de más de 60 años, es decir, 6 millones 975 personas, según datos de la UNAM. Miles de ellos han encontrado que trabajando como empacadores de supermercado o “cerillitos” pueden obtener ingresos adicionales a los de su pensión -en caso de tenerla- o a los programas sociales. Se trata en muchos casos de trabajo “voluntario” por el que no tienen ninguna prestación ni vinculación legal con la empresa y bajo el cual se encuentran altamente vulnerables.

Dato: De acuerdo con el Inegi, en México hay 12 millones 973, 411 personas mayores de 60 años.1

Estas carencias pueden ser rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación y un ingreso insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”...

En este mismo artículo, se documentaron algunos tipos de maltrato a los que se enfrentan los adultos mayores como lo es el hecho de que los obliguen a comprar con su propio dinero las bolsas en las que empacan las mercancías y en algunos casos a lavar los baños de la tienda y si se niegan son despedidos, situación que pone al descubierto aún más el grado de vulnerabilidad de este sector de la población.

Asimismo, la investigación abunda diciendo que: “El régimen de pensiones en México establece que una persona es laboralmente activa hasta los 65 años, por lo que para jubilarse deberá cumplir con ese requisito y tener 1,250 semanas de cotización, en el mejor de los casos tendrá una pensión mensual, pero la realidad de millones de adultos mayores es que no podrán (ni pueden) disfrutar del retiro sino buscar alternativas para sobrevivir.1

Mario Enrique Tapia, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, de la UNAM, señala que la situación con los adultos mayores es un reto en términos de políticas públicas y de atención, pues el país atraviesa por un proceso de envejecimiento en el que cerca del 8.9% de la población, casi 10 millones de personas, son ancianos, pero en el 2050 representarán casi el 30%, según se cita en un comunicado de la máxima casa de estudios.

Para 2050, dijo, la esperanza de vida de los mexicanos será de 85 u 86 años, pero el hecho de vivir más no implica que la calidad sea mejor.

“Desafortunadamente, el entorno y contexto de las personas de la tercera edad en nuestro territorio no es favorable, y sí estamos llegando a más edad, pero en condiciones muy deterioradas”.1

Por su parte el diario Excélsior, en su emisión electrónica del día 27 de agosto de 2017,2 expresó: “Un 96.2% de los cuatro millones 722 mil adultos mayores que trabajan en nuestro país carece de seguridad social por estar empleado en actividades informales.

Además, sólo el 3.8% de la población de la tercera edad se emplea en sectores de la economía formal, de acuerdo con el estudio “Situación de las personas adultas mayores en México” del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).2

La población mayor sigue laborando ante la necesidad de apoyar económicamente a su familia o el deseo de seguir activos, aseguró la maestra Graciela Casas Torres, coordinadora de Centros de Estudios de Trabajo Social de Gerontología de la Escuela Nacional de Trabajo Social. “Son personas que no tuvieron buenos empleos, que tuvieron trabajo informal”, señaló.2

Es en la Ciudad de México en 2017, es donde se concentró la mayor cantidad de adultos mayores con trabajos formales y prestaciones: de los más de cinco millones afiliados al Inapam, 18 mil tienen un empleo con garantías laborales, informó Aracely Escalante Jasso, directora del organismo.2

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número de habitantes con 60 años o más llega a 14 millones, cifra que representa más de 10 por ciento de la población; sólo una cuarta parte recibe pensión.2

Por su parte el INAPAM en su página oficial,3 tiene dentro de sus acciones y programas la denominada “Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores” , en la que se enfatiza que “La Inclusión Social del INAPAM, busca asegurar que las personas adultas mayores de México, puedan ejercer sus derechos, valer su experiencia y habilidades para tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en sus diferentes ámbitos de vida”.

Y dentro de esta acción o programa, a decir del INAPAM, se busca la instrumentación de programas para promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas adultas mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión; dentro de las que se encuentra la estrategia denominada:

Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías : En el que se promueve la inclusión social de las personas adultas mayores que desean servir en una actividad voluntaria.

Y para la cual se solicitan los siguientes Requisitos:

1. Tener 60 y más años de edad

2. Tarjeta Inapam (original)

3. Identificación oficial con fotografía (original)

Lo que llama poderosamente la atención, es una nota y un procedimiento que se consideran un tanto condicionantes y hasta cierto punto discriminatorios, ya que se lee en los mismos lo siguiente:

“Nota: Las empresas colaboradoras que ofertan las actividades productivas, se reservan el derecho de solicitar requerimientos adicionales”.

Procedimiento:

• Llenar solicitud de inclusión social

• Entrevista con el/la Promotor(a) de Vinculación Productiva

• Selección de oferta a una actividad productiva y/o voluntaria

• Gestión de entrevista con empresas

Es decir, que como es el caso de algunos casos documentados, estas empresas les podrán condicionar a los o las candidatas, según lo que consideren en su derecho, el solicitar otros requisitos que en algún momento dado puedan ser candados u obstáculos que hagan imposible su cumplimiento y así descalificarlos, como lo puede ser algún requisito como el que tenga seguridad social, o pensión y así evitar la “contratación voluntaria” por algún motivo en especial como pudiera ser alguna condición física como discapacidad, apariencia u otra, que les permita excluirlos de esta estrategia que paradójicamente es de “inclusión”.

Por lo que se considera que ésta política pública es laxa y sumamente permisiva con las empresas que decidan participar en los convenios que surjan al amparo de la misma y son por demás, excluyentes, discriminatorias y con nulo sentido social.

Y, por otro lado, al permitir que las empresas no se comprometan con una relación laboral con los ciudadanos y ciudadanas que desde el principio las catalogan como “voluntarios”, se les deja en un régimen semi-informal, por lo que ésta política pública, abandona el sentido social que intrínsecamente le corresponde por ser parte de las estrategias del Estado para con sus gobernados.

No se debe olvidar o soslayar, que la reducción de la informalidad es un componente esencial de los esfuerzos para disminuir la desigualdad y la exclusión social.

Por lo que se necesita implementar políticas públicas, que ayuden a reducir el grado de vulnerabilidad de ciertas secciones de la población y que desincentiven la tentación de la Iniciativa Privada de mantener a esa población, en la informalidad porque entonces se distorsionan las acciones de Gobierno y se cargan hacia la conveniencia de los particulares, quienes no tienen ni la menor intención de invertir recursos en materia de la política social de bienestar de nuestro país.

Nos debe quedar muy claro que las soluciones, no deben venir solo de parte del Gobierno sino también de la Iniciativa Privada quien al final, es la que termina obteniendo las “mayores ganancias” en sus respectivos sectores económicos.

Por todo lo aquí expuesto, consideramos que es necesario conocer la situación de atención que históricamente el Gobierno le ha dado a este asunto, y por lo tanto se conozca de manera pública los alcances de las acciones y programas del INAPAM en sus diferentes estrategias de la acción de “Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores” especialmente de la estrategia denominada “Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías”.

Lo anterior con el objeto de conocer las condiciones y grado de eficiencia y eficacia de esta estrategia para que en un futuro cercano se promuevan mejoras para el beneficio de un sector de la población altamente vulnerable y para el que en algunos casos los programas sociales no llegan al universo total, por lo que la Iniciativa Privada debería comprometerse con mayor decisión y ser parte de la solución de la problemática.

Y así, contribuir al cumplimiento de lo que el propio INAPAM expresa en su página oficial en el apartado denominado “¿Qué hacemos?” que a la letra dice:

El instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo u ocupación, retribuciones justas , asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que a la brevedad haga público y entregue un informe pormenorizado del estado que guarda la estrategia denominada “Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías” correspondiente al programa de Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores, con el objeto de hacer del conocimiento de la ciudadanía, el número de personas beneficiadas por entidad federativa, su eficiencia y eficacia, y el grado de compromiso de parte de la Iniciativa Privada con ésta Política Pública para atender a este sector vulnerable de la población.

Notas

1 https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9354016/08/18/
Ser-cerillitos-en-el-super-o-baristas-en-Starbucks-las-oportunidades-laborales-de-los-adultos-mayores-en-Mexico.html

2 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/27/1184344#imagen-1

3 https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/vinculacion-productiva-p ara-personas-adultas-mayores

Salón de plenos de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputada Socorro Irma Andazola Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal elaborar y publicar con la mayor brevedad por la Semarnat el programa de manejo del parque nacional Cumbres de Monterrey, NL, a cargo del diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición de urgente u obvia resolución con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, elabore y publique a la brevedad el Programa de Manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Nuevo León, Área Natural Protegida.

El Parque Nacional Cumbres se localiza en la zona oeste-centro de Nuevo León, en colindancia con Coahuila, abarca 177 mil 395 hectáreas de superficie, que ocupan los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García. Debido a que, se ubica en la parte norte de la Sierra Madre Oriental, en el que predominan las formas montañosas y planicies.

La importancia de este parque radica en que, es un sitio de alta biodiversidad y área de importancia para la conservación de las aves; alberga a las comunidades vegetales de mayor valor ecológico de Nuevo León y existen mil 368 especies de flora y fauna, 73 consideradas en peligro de extinción, amenazadas, endémicas o bajo protección especial. Asimismo, produce alrededor del 70 por ciento del agua que consume la ciudad de Monterrey y cuenta con diversos parajes idóneos para que los amantes de la naturaleza realicen actividades de ecoturismo, bicicleta de montaña, rapel, entre otras.

Debido a la importancia de esta aérea se cuentan con los siguientes antecedentes:

• El 24 de noviembre de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas declaró Parque Nacional la región Cumbres de Monterrey, para preservar su flora y fauna

• El presidente Manuel Ávila Camacho legalizó la explotación y afectación de terrenos de dicha área por contar con “terrenos que tengan pendiente de 10 por ciento o menos y que sean apropiados para los cultivos agrícolas”.

• El 17 de noviembre de 2000 el presidente Ernesto Zedillo, también por decreto presidencial declaró dicha región como Área Natural Protegida con el carácter de parque nacional, derogando así los primeros dos decretos.

Sin embargo, recientemente varios desarrolladores han querido establecerse en el área protegida e incluso han empezado el desmonte para comenzar sus construcciones, mencionando que algunos están protegidos por la Ley al haber ganado los juicios de amparo.

Diferentes grupos de la sociedad civil, así como el gobierno municipal de Santa Catarina han hecho del conocimiento de la opinión pública un abierto rechazo a la depredación que se está realizando al interior del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, donde se ha condenado enérgicamente la deforestación que están realizando y denunciando los grupos ambientalistas, que en la última semana han dado cuenta del uso de maquinaria pesada para el desmonte de grandes áreas en La Huasteca.

Desde hace siete años, el Gobierno Municipal de Santa Catarina ha exigido al Gobierno Federal la implementación del Plan de Manejo del Parque Nacional Cumbres, es decir, que existan reglas claras y se dé certeza y orden al interior del Parque Nacional Cumbres. Sin embargo, esas reglas no se han publicado y como consecuencia a eso, el caos se ha apoderado de esta área natural protegida.

El plan de manejo del parque ya no admite dilaciones, las autoridades federales deben publicar las reglas para combatir tanto amparo y tanto caos hacia el interior del mismo y detener la afectación en contra la flora y fauna, situación que han denunciado oportunamente grupos ambientalistas y personajes de la sociedad civil.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 57 establece lo siguiente: “Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables”.

De la misma manera, el artículo 65 y 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente estipula lo siguiente:

Artículo 65. La Secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.

Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal, la Secretaría deberá designar al Director del área de que se trate, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven”

Artículo 66. El programa de manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural protegida, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;

II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán, entre otras las siguientes: de investigación y educación ambientales, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas, de financiamiento para la administración del área, de prevención y control de contingencias, de vigilancia y las demás que por las características propias del área natural protegida se requieran;

III. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;

IV. Los objetivos específicos del área natural protegida;

V. La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área;

VI. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y

VII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que se trate.

La secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización del área.”

No obstante lo anterior, hasta el momento el Parque Nacional Cumbres no cuenta con un programa de manejo que permita dar certeza jurídica y garantizar su protección en favor del medio ambiente y de la población aledaña.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, elabore y publique a la brevedad el programa de manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Nuevo León, área natural protegida.

Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a utilizar el avión presidencial –mientras no concluya el proceso de enajenación respectivo– para auxiliar a la población en casos de desastres naturales y apoyar la protección de la salud de los mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La venta del avión presidencial constituyó una de las principales banderas de campaña del ahora Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, el 3 de diciembre de 2018, el TP-01 José María Morelos y Pavón, arribó al aeropuerto Victorville Airport, junto con otros aviones y helicópteros del gobierno federal, para ser puestos a la venta.

Durante sus dos años 10 meses de servicio, el avión presidencial realizó un total de 214 operaciones y durante este periodo, realizó un recorrido aproximado de 600 mil kilómetros.

Entre las generalidades de este aparato destaca que es del modelo Boeing 787-8, con una longitud de 57 metros y con la capacidad de volar 20 horas sin recargar combustible. Debido a su alta tecnología, produce 20 por ciento menos de emisiones en comparación con otros modelos.

Al respecto, en junio del año pasado, el titular del Ejecutivo federal afirmó que los recursos obtenidos por la flotilla de aeronaves y el avión presidencial, se usarían para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Sin embargo, de acuerdo con diferentes medios periodísticos, no se ha logrado su venta.

La realidad es que el avión presidencial y las otras aeronaves siguen varadas. Concretamente, el avión TP-01 José María Morelos y Pavón se mantiene varado desde hace un año en un hangar de Victorville, California, con una renta de 60 mil dólares al mes.

Lo anterior significa que, hasta el momento, al gobierno federal le ha costado mantener el TP-01 cerca de 720 mil dólares, aproximadamente 13 millones y medio de pesos1 y, según el titular de Banobras, al cierre de 2019 se habían gastado en el pago de deuda más intereses mil 833 millones de pesos.2

El actual gobierno ha intentado vender el avión presidencial a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, con un avalúo máximo de 2 mil 925 millones de pesos, como lo señala la firma consultora de aviación estadounidense Morten Beyer & Agnew.

Sin embargo, el pasado 13 de enero, el Presidente López Obrador informó que el avión regresará a México con el objetivo de que se venda a un comprador único o en copropiedad; pero, también señaló que otra opción será rentarlo. Expresó que su gobierno ya tomó la decisión de entregar la aeronave a la Fuerza Aérea Mexicana sin descartar la opción de venderlo.3

Es indudable que la enajenación del avión presidencial ha sido un tema complejo, peor aún, se desconoce con precisión el costo-beneficio de su venta. En este contexto, es oportuno mencionar que en 2015, ante un eminente ajuste presupuestal, el titular del Ejecutivo federal solicitó un estudio para contar con elementos que le permitirán tomar la decisión de mantener o vender el avión presidencial. Dicho estudio realizado por la empresa internacional Ascend Flightglobal Consultancy, concluyó que, dados los precios del mercado y las especificaciones con las que fue construida, se recomendaba conservar el avión para su uso en actividades gubernamentales. Asimismo, reveló que recomercializar y vender con éxito el avión presidencial podría ser difícil. En este contexto, Ascend recomendó aceptar la entrega y conservar para operación la aeronave para servicio de la Fuerza Aérea Mexicana/gobierno de México durante el futuro previsible.4

Por ello, es importante valorar la viabilidad para que, en tanto concluya el proceso de enajenación del avión presidencial, sea utilizado para auxiliar a la población en casos de desastres naturales, así como para apoyar la protección de la salud de los mexicanos.

El artículo 134 constitucional establece a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que en tanto concluya el proceso de enajenación del denominado “avión presidencial” TP01 José María Morelos y Pavón, sea puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las autoridades del Sector Salud, para ser utilizado en el auxilio a la población en casos de desastres naturales y emergencias médicas que requieran atención prioritaria.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Entrenan-tripulacion-de-Dreaml iner-presidencial-20191203-0175.html

2 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-co nferencia-de-prensa-matutina-lunes-14-de-enero-2020-231809?idiom=es

3 https://aristeguinoticias.com/1401/mexico/
y-ahora-avion-presidencial-regresa-a-mexico-gobierno-de-amlo-busca-venderlo-o-rentarlo/

4 Avalúo y Estudio de Mercado de una Aeronave Boeing 787-8, MSN 10695, ASCEND Flightglobal Consultancy, [en línea], disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/47851/Ascend_Reporte_P_b lico_Espa_ol_vf.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la Cofepris a emitir el reglamento y los lineamientos sobre el control medicinal de la cannabis, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los acuerdos de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, números décimo quinto y décimo sexto, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El uso medicinal de la marihuana en México provoca comentarios en pro y contra, pero debe ser atendido urgentemente por las autoridades de salud, a partir de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La investigación del uso medicinal de la marihuana es relativamente nuevo en el país, los laboratorios recientemente descubren los efectos positivos en el sistema neuronal del ser humano.

Valentín Islas, experto de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), menciona los estudios farmacológicos que se han realizado en México sobre la marihuana y sus usos medicinales.

Refiere que la investigación de la marihuana es un tema reciente en México; hace una década comenzó la investigación formal para abordar temas relacionados con ella.

Recuerda que en el departamento de fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Próspero García, tiene un equipo de investigación que se dedica a estudiar los efectos de los cannabinoides en modelos preclínicos.

Destaca el hecho de que la marihuana se tipificara como ilegal impidió a muchos investigadores llevar a cabo estudios. Afortunadamente con la nueva legislación se está abriendo el tema; va a posibilitar que otros farmacólogos y otros investigadores ahonden en estos temas.

Detalla que la marihuana tiene más de 500 sustancias, llamadas alcaloides, y alrededor de 60 son cannabinoides; de las 500 la mayoría tiene efectos farmacológicos. Mientras que a los cannabinoides también se les ha descubierto su efecto medicinal.

Afirma que el más potente desde el punto de vista psicotrópico es tetrahidrocannabinol (THC), además dentro de la planta también se encuentra el cannabidiol, parecido al primero.

Todos los cannabinoides actúan sobre el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico y trae diversas consecuencias para el organismo.

Refiere sobre los efectos como en el cannabidiol, el cual no tiene muchos efectos psicotrópicos pero sí con la inhibición motora o psicomotora del individuo.1

Ante el decreto emitido por el honorable Congreso de la Unión, en junio de 2017, quedó juridicamente válido la interposición del amparo por la quejosa Margarita Garfias, madre del menor carlos quien padece epilepsia, para otorgarle el cannabis medicinal para el tratamiento de su hijo.

Decreto

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 237, párrafo primero; 245, fracciones I, II y IV; 290, párrafo primero; y se adicionan el artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 235 Bis. La Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos.

Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

...

Artículo 245. ...

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

II. Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, y que son:

Amobarbital Anfetamina Butorfanol Ciclobarbital Dextroanfetamina (Dexanfetamina) Fenetilina Fenciclidina Heptabarbital Meclocualona Metacualona Metanfetamina Nalbufina Pentobarbital Secobarbital.

Tetrahidrocannabinol, las que sean o contengan en concentraciones mayores al 1 por ciento, los siguientes isómeros: â6a (10a), â6a (7), â7, â8, â9, â10, â9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

III. ...

IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son:

Gabob (Acido Gamma Amino Beta Hidroxibutirico) Alobarbital Amitriptilina Aprobarbital Barbital Benzofetamina Benzquinamina Biperideno Buspirona Butabarbital Butalbital Butaperazina Butetal Butriptilina Cafeina Carbamazepina Carbidopa Carbromal Clorimipramina Clorhidrato Cloromezanona Cloropromazina Clorprotixeno Deanol Desipramina Ectilurea Etinamato Fenelcina Fenfluramina Fenobarbital Flufenazina Flumazenil Haloperidol Hexobarbital Hidroxicina Imipramina Isocarboxazida Lefetamina Levodopa Litio-Carbonato Maprotilina Mazindol Mepazina Metilfenobarbital Metilparafinol Metiprilona Naloxona Nor-Pseudoefedrina (+) Catina Nortriptilina Paraldehido Penfluridol Pentotal Sodico Perfenazina Pipradrol Promazina Propilhexedrina Sertralina Sulpiride Tetrabenazina

Tetrahidrocannabinol, las que sean o contengan en concentraciones iguales o menores al 1 por ciento, los siguientes isómeros: â6a (10a), â6a (7), â7, â8, â9, â10, â9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

Tialbarbital Tiopental Tioproperazina Tioridazina Tramadol Trazodone Trazolidona Trifluoperazina Valproico (Acido) Vinilbital Y sus sales, precursores y derivados químicos.

V. ...

Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1 por ciento o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.

Artículo 290. La Secretaría de Salud otorgará autorización para importar estupefacientes, substancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan, incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, exclusivamente a:

I. y II. ...

...

Artículo Segundo. Se adiciona un último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 198. ...

...

...

...

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo federal.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud reforzará los programas y acciones a que hace referencia el Capítulo IV del Título Décimo Primero de la Ley General de Salud, con énfasis en la prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control del consumo de cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados, por parte de niñas, niños y adolescentes, así como el tratamiento de las personas con adicción a dichos narcóticos.

Tercero. El Consejo de Salubridad General, a partir de los resultados de la investigación nacional, deberá conocer el valor terapéutico o medicinal que lleve a la producción de los fármacos que se deriven de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados, para garantizar la salud de los pacientes.

Cuarto.- La Secretaría de Salud tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del Tetrahidrocannabinol de los siguientes isómeros: â6a (10a), â6a (7), â7, â8, â9, â10, â9 (11) y sus variantes estereoquímicas.2

Como se desprende, existe un primer incumplimiento de la Secretaría de Salud del gobierno federal anterior por no reglamentar la venta y uso de la marihuana medicinal.

Recientemente, la SCJN concedió el amparo favorable al menor Carlos para que por medio de su madre y en un termino de 180 días hábiles, la Secretaría de Salud y la Cofepris emitan el reglamento pendiente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo al menor Carlos “A” para que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitan un reglamento para el uso medicinal de la marihuana en un plazo de 180 días hábiles. Además, las autoridades sanitarias deberán garantizarle al quejoso el tratamiento médico de forma integral.

Durante la sesión de este miércoles de la segunda sala, el ministro Eduardo Medina Mora, responsable del proyecto de sentencia, afirmó que con su omisión la Secretaría de Salud y la Cofepris vulneraron los derechos del menor. “Esta Segunda Sala resuelve que se han vulnerado los derechos de un niño con discapacidad por parte de la Secretaría de Salud y Cofepris, al incumplir su deber de emitir las disposiciones sobre el uso terapéutico de cannabis. Lo que Sala resuelve, en términos de efectos, es que la Secretaría de Salud cumpla con el deber legal de armonizar las disposiciones de uso terapéutico de la cannabis y sus derivados en un plazo de 180 días hábiles; segundo, que se garantice al quejoso el tratamiento médico integral que requiere para su padecimiento”. Por su parte, Margarita Garfias, madre de Carlos, afirmó que la resolución del Alto Tribunal representa el primer paso para que su hijo reciba el tratamiento que requiere. “Estoy feliz, pero es un paso más porque todavía faltan 180 días para que, efectivamente, la Cofepris o la Secretaría publique el reglamento y que este reglamento considere a los pacientes. No queremos bebidas alcohólicas con cannabis, queremos remedios herbolarios, queremos medicamentos, queremos salud”. Por su parte, la abogada Luisa Conesa recordó que en caso de incumplimiento, las autoridades responsables podrían incurrir en desacato a un mandamiento del máximo tribunal, el cual se sanciona con prisión. Carlos padece síndrome de West, una encefalopatía epiléptica infantil, para cuyo tratamiento es preciso recurrir a un aceite con cannabidiol, extraído de la marihuana. Los padres obtuvieron de la Cofepris un permiso para la importación de 10 frascos de este aceite a un precio de 6 mil 500 quinientos pesos cada uno, cantidad suficiente para apenas 45 días de tratamiento. Sin embargo, la epilepsia del niño se mostró como “fármaco resistente”, lo que hizo preciso recurrir a un aceite con tetrahidrocannabinol (TCH), que es el ingrediente activo de la marihuana, lo cual incrementó su costo y los trámites para recibir el tratamiento. Aunque el 19 de junio de 2017 se publicó un decreto para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal que permitan el uso medicinal de la marihuana, aún no se publica el reglamento respectivo que permitiría la producción nacional de este tipo de fármacos, lo que abatiría sus precios y eliminaría los costos de importación.3

Es insostenible postergar la emisión del reglamento y de continuar violando el transitorio del decreto y la resolución de la SCJN; también es responsabilidad legislativa, el generar la discusión, los foros y el análisis, respecto al uso lúdico de la marihuana y su normatividad en el caso; sin embargo, hoy se debe avanzar en el uso medicinal para bien de muchos pacientes, que así deciden voluntaria y personalmente llevar su tratamiento.

Actualmente se cuenta con el reglamento y lineamientos en materia de control sanitario de la Cannabis y derivados de la misma, pero no se contempla normatividad para la distribución y compra de marihuana de uso medicinal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que a la brevedad emitan el reglamento y lineamientos que contengan normatividad sobre el control medicinal de la cannabis.

Notas

1 Tomado de http://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/en-mexico-el-estudio-de-la- marihuana-y-su-uso-medicinal-es-reciente/ el 13 de enero de 2020.

2 Tomado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487335&fecha=19/06/ 2017 el 13 de enero de 2020.

3 Tomado de https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/
scjn-ordena-a-la-ssa-emitir-reglamento-sobre-uso-medicinal-de-la-marihuana/ el 13 de enero de 2020.

Sala de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, el Conapo y el Coespo de Veracruz a diseñar programas de acción específica para atender a los municipios con mayor índice de embarazo adolescente, suscrita por la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de dicho Congreso, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Consejo Nacional de Población y al Consejo Estatal de Población de Veracruz para que, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, diseñen programas específicos de acción focalizada para atender a los municipios que presentan mayor índice de embarazo adolescente en el estado de Veracruz.

Consideraciones

Datos recientes de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2018, señalan que en el país residen 124.91 millones de personas, de las cuales 51.1 por ciento son mujeres y 48.9 por ciento son hombres.1 El 4.8 por ciento de las mujeres mexicanas tiene entre 10 y 14, y el 4.1 por ciento entre 15 y 19 años de edad, es decir, casi una de cada 10 es adolescente.

Por su parte, cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señalan que México tiene la tasa más alta de embarazo adolescente en mujeres de entre 15 y 19 años —una proporción de 74 nacimientos por cada 1000—, comparada con el promedio de 15 nacimientos por cada 1000 entre los otros 33 países que integran de la OCDE.2

Según las estadísticas de natalidad del INEGI, en 2008 se registraron 457,929 partos de madres menores de 20 años, que representaron 17.4 por ciento del total de nacimientos registrados ese año; en la mayoría de esos casos se trataba de su primer hijo (76.6 por ciento).3

Factores como el embarazo adolescente y los matrimonios infantiles4 ejercen un sensible impacto en los logros de las niñas y las adolescentes. La procreación en edades tempranas es prematura en función de su desarrollo biológico, fisiológico, psicológico y social. El riesgo de tener algún problema o complicación durante el embarazo, parto o puerperio se eleva en comparación con edades posteriores. Además, el embarazo en esas etapas de la vida tiene un efecto negativo en las niñas y adolescentes, porque se ven obligadas a uniones maritales forzadas, abandono escolar, en general, disminuye las posibilidades de autonomía y de ingresos económicos, sus efectos tienen una repercusión negativa para el acceso a una vida digna.

También los embarazos tempranos reproducen el círculo generacional de la pobreza, acentúan las condiciones de vulnerabilidad de las jóvenes, perpetúan la desigualdad de género, limitan el acceso a oportunidades recreativas, sociales, culturales y laborales y, coartan su proyecto de vida. No es fortuito que un 95 por ciento de los nacimientos de madres adolescentes ocurran en países de bajos y medianos ingresos.

El embarazo adolescente es un problema de salud pública, por ello, en 2015 se implementó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) con la meta de disminuir a cero los embarazos de las niñas de entre 10 y 14 años para el año 2030 y reducir al 50 por ciento el embarazo de las adolescentes entre 15 y 19 años. La ENAPEA sigue vigente.

En los últimos años se ha reconocido que se trata de una problemática que, si bien tiene causas estructurales, también presenta matices específicos en cada estado de la República o comunidad.

Veracruz es una entidad que presenta complicaciones para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Actualmente tiene una alerta por violencia feminicida y otra por agravio comparado.5 En 2017, en su informe de Alerta de Género por Agravio Comparado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, en el tema de embarazos adolescentes ubicó a Veracruz a finales de 2016 y principios de 2017 en el segundo lugar nacional con el registro de 26 mil embarazos en mujeres con edad de 15 a 19 años.

En el Informe 2018 del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Veracruz6 se detalla que: En febrero de 2018, el Consejo Estatal de Población reportó que, de las 8 entidades que concentran el 51 por ciento del total de los nacimientos por parte de adolescentes, el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con más de 20 mil embarazos anuales de mujeres adolescentes. Los nueve municipios que encabezan las cifras son Xalapa, el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, Coscomatepec, Perote, Córdoba y. Sólo en estos municipios ocurrieron más de la mitad de los embarazos adolescentes en Veracruz:

Censo de Población y Vivienda 2010 por entidad y municipio: 7 Veracruz

Municipio      De 15 a 19 años

1.Veracruz  2,785
2. Xalapa  2,046
3. Coatzacoalcos  1,493
4. San Andrés Tuxtla  1,439
5. Córdoba  1,065
6. Papantla  910
7. Minatitlán  806
8. Perote  556
9. Coscomatepec  534

Total     11,643

De esta situación también dan cuenta los medios de comunicación del Estado de Veracruz que en octubre8 y noviembre de 20199 reportaron el alto índice de embarazos adolescentes en los municipios arriba mencionados.

Las niñas y las adolescentes tienen derecho al ejercicio pleno de sus derechos, por ello, a nivel nacional y estatal se cuenta con un importante marco normativo en materia de promoción y respeto de los derechos humanos de las mujeres. Se destaca que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es norma reglamentaria de los derechos humanos de las personas menores de edad, tiene como base la Convención sobre los Derechos del Niños y ordena que “se debe promover la educación sexual integral conforme a la edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes “.

Sin embargo, existen entidades y comunidades focalizadas donde es necesario redoblar esfuerzos porque los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se ven continua y contundentemente afectados ante la realidad de las altas tasas de embarazo adolescente. Es necesario avanzar en el reconocimiento de esta premisa y poner manos a la obra para diseñar herramientas generadoras de impactos positivos y acciones intensivas en la prevención del embarazo en adolescentes y la educación integral de la sexualidad en un marco de información, laicidad y perspectiva de los derechos de las niñas y adolescentes jóvenes.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene la finalidad de que la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población a través del Consejo Estatal de Población de Veracruz y del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente de esa entidad considere las necesidades especiales y los contextos particulares de cada municipio con altas tasas de embrazo adolescente para efectivamente garantizar los derechos sexuales y reproductivos de cada niña y adolescente de esas comunidades,10 trazando una ruta para adecuar la ENAPEA a las necesidades de los contextos particulares de esos municipios.11

Aunque las niñas y las adolescentes cada vez tienen más información sobre sexualidad, como se puede ver en los resultados de la reciente encuesta realizada por el Consejo Estatal de Población de Veracruz en Telebachilleratos,12 el embarazo adolescente ha repuntado y deja ver que no basta sólo con la distribución de anticonceptivos; respecto a sus derechos sexuales y reproductivos, únicamente el 9 por ciento de las y los jóvenes encuestados los conoce realmente, por lo que la implementación de las acciones para reducir las cifras de embarazo adolescente requiere otros componentes novedosos.

Finalmente, también se apunta que el impacto negativo del embarazo en la adolescencia sobre el desarrollo –no sólo de las personas sino de los países, en general– ha sido reconocido en compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Nin?o y el Adolescente (2016-2030), en los cuales se hace un llamado a los estados a lograr el acceso universal a los derechos y a servicios de salud sexual y reproductiva, que se reduzcan los embarazos no planeados, los abortos inseguros, la mortalidad materna y la infección por VIH/Sida para las mujeres en todas las etapas de sus vidas.13

En razón de todo lo expuesto, urge una coordinación efectiva entre las instituciones y dependencias que atienden el embarazo adolescente en Veracruz para que, a partir del reconocimiento de que la problemática tiene causas estructurales y multidimensionales, pero también presenta matices específicos en cada entidad de la República o comunidad, se diseñen y ejecuten estrategias específicas para lograr la efectiva disminución en los municipios que presentan los números más elevados de “madres niñas”.

En virtud de lo anterior, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Consejo Nacional de Población y al Consejo Estatal de Población de Veracruz para que en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente diseñen programas específicos de acción focalizada para atender a los municipios que presentan mayor índice de embarazo adolescente en el Estado de Veracruz.

Notas

i Visto en Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2018. Link: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultado s_enadid18.pdf

ii Construir un México Inclusivo, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, 2017. Link:

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/
Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf

iii Estadística INMUJERES. Madres Adolescentes. Link:
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Madres_adolescentes 1.pdf

iv Mujeres en México, un talento olvidado, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE 2018. Link: http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/mujeresenmexicoeltalentoolvid ado.htm

v Informe Sombra sobre el seguimiento de las recomendaciones del comité CEDAW al Estado Mexicano, 2018. Link: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/461772/Informe2018_GEPEA _Veracruz.pdf

vi Informe 2018 del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Veracruz, Gobierno del Estado de Veracruz. Link:

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Doc uments/MEX/INT_CEDAW_NGO_MEX_31428_S.pdf

vii INEGI, Censo Nacional de Población 2010. Link: https://www.inegi.org.mx/

viii Periódico La Silla Rota Veracruz, 06 de octubre de 2019. Link: https://veracruz.lasillarota.com/estados/veracruz-segundo-lugar-en-emba razo-adolescente-gepea-conapo-veracruz-embarazos/324062

ix Periódico digital Versiones, los distintos ángulos de la noticia, Veracruz. 13 de noviembre de 2019. Link:
https://www.versiones.com.mx/xalapa-veracruz-coatzacoalcos-perote-coscomatepec-y-san
-andres-tuxtla-con-mayor-numero-de-ninas-embarazadas-edades-fluctuan-entre-10-y-16-anos/

x Guía para la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en las Entidades Federativas, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 2018. Link:

https://www.unicef.org/mexico/media/1816/file/Guia%20GEP EA.pdf

xi Manual para la capacitación de brigadistas, promotoras y promotores juveniles en la prevención del embarazo en adolescentes, UNICEF 2017. Link: https://www.unicef.org/mexico/media/1811/file/ManualBrigadistas_FINAL.p df

xii Encuesta de Educación y Salud Sexual, 2016, Consejo Estatal de Población de Veracruz. Link: https://www.segobver.gob.mx/coespo/docs/Resultados_Preliminares_Encuest a_de_Salud_Sexual-A-1.pdf

xiii Una misión común: menos embarazos en la adolescencia en América Latina y el Caribe, Fondo Nacional de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), septiembre 2018. Link: https://lac.unfpa.org/es/news/una-misi%C3%B3n-com%C3%BAn-menos-embarazo s-en-la-adolescencia-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2020.

Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco y el ayuntamiento de Guadalajara a diseñar e implantar programas que consideren la dinámica particular del trabajo en el espacio público en sus diferentes formas y condiciones legales, suscrita por la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada María Rosete , integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía para su resolución, proposición con punto de acuerdo, con el fin de que se exhorte a los gobiernos del estado de Jalisco y del municipio de Guadalajara, para que diseñen e implementen programas que tomen en cuenta la dinámica particular del trabajo en el espacio público en sus diferentes formas y condiciones legales, y cesen las acciones de abuso y violencia de las autoridades en contra de los trabajadores de este sector , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es preciso iniciar mencionando que de acuerdo con el marco jurídico que nos rige en México, uno de los principales compromisos de cualquier gobierno es promover e impulsar el crecimiento económico sostenido que garantice la creación de empleos de calidad y bien remunerados, así como promover una mejor distribución de los ingresos.

Sin embargo, en materia laboral los gobiernos mexicanos han quedado en deuda con la sociedad. La generación de empleos no ha sido suficiente y las plazas creadas son de niveles salariales bajos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi del tercer trimestre de 2019, la población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios fue de 57.3 millones (60.4 por ciento), 1.4 millones de personas más que un año antes, de 56 millones (59.8 por ciento).

De esta población económicamente activa, 78 de cada 100 hombres de este rango de edad son activos y 45 de cada 100 mujeres están en esta situación.

Por otro lado, todas las modalidades de empleo informal ascienden a 31.2 millones de personas, lo que significa un aumento de 1.8 por ciento con respecto al mismo período de 2018, representando el 56.5 por ciento de la población ocupada.

En específico, 15.2 millones conformaron concretamente la ocupación en el sector informal, cifra que significó un alza de 2.8 por ciento a tasa anual y constituyó 27.6 por ciento de la población ocupada (tasa de ocupación en el sector informal); 7.5 millones corresponden al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 6.1 millones al agropecuario, y otros 2.3 millones al servicio doméstico remunerado.

Asimismo, la ENOE señala que la tasa de desocupación alcanzó el tres por ciento, además de que existe una fuerte precarización del empleo por los bajos salarios.

Debemos reconocer que mientras no exista un crecimiento económico sostenido y mayor al cinco por ciento, no mejore la definición y aplicación del gasto público, no se cree una política económica que incremente la inversión pública y atraiga mayor inversión privada, no se mejore la eficiencia del mercado laboral, no mejoren los niveles de productividad multifactorial de la economía mexicana, no se diseñen políticas públicas y programas específicos para la formalización del trabajo a través de una legislación federal, no se garantice la protección ante el desempleo y la vejez y no se generen empleos bien remunerados y acordes con las condiciones y necesidades de cada región, la pobreza y la desigualdad seguirán aumentando y será más complicado su manejabilidad y contención.

Es en este contexto por el que se presentan manifestaciones, enfrentamientos, diferencias, violencia y abuso entre los diversos sectores de la sociedad y autoridades por la escasez de empleo y por la falta de espacios ante la necesidad de contar con los recursos necesarios para vivir. Por ello, la actividad económica que más ha crecido es la llamada “informal”.

Todos somos testigos o víctimas de la escasez y precariedad del empleo; de ver cómo profesionistas por necesidad se encuentran laborando en tareas ajenas a sus expectativas; de estudiantes que una vez concluidos sus estudios no encuentran donde iniciar su vida laboral; de las limitaciones que existen para los jóvenes; de cómo personas mayores de 50 años, aún en edad productiva, no tienen oportunidades ni opciones de trabajo.

No debemos minimizar y seguir impávidos ante esta problemática, ya que esta situación ha ido mermando al núcleo familiar y a la sociedad. No contar con trabajo ni con los recursos necesarios para vivir, o trabajar horas extra o en más de un empleo para sobrevivir, siempre van a orillar a la descomposición y al deterioro.

No podemos ser ajenos al desempleo, al aumento de la pobreza, a la falta de inversión, al crecimiento del comercio en el espacio público como válvula de escape y a la falta de capacidad y compromiso de los gobiernos para cumplir con su responsabilidad de crear las condiciones para el bienestar de la población.

Apostar solamente por los programas sociales de gobierno no es suficiente, se requiere invertir en programas para generar empleo formal, además de que es imprescindible y urgente legislar en materia de trabajo en el espacio público.

Ya no se debe seguir criminalizando a las personas que se dedican a ganarse la vida de manera honesta en el espacio público, ni violar su derecho humano al trabajo.

El fenómeno del trabajo en el espacio público se ha convertido en una práctica cotidiana en la vida económica y social local, regional, nacional e internacional, por lo que tenemos que trabajar hacia el sentido de la inclusión a la formalidad para evitar hechos violentos, delincuencia, beneficios políticos y fuga de importantes recursos que bien podrían servir para el desarrollo del país y de sus localidades.

El origen de este punto de acuerdo es hacer mención de un hecho violatorio y de maltrato por parte de autoridades del municipio de Guadalajara en contra de una persona que se dedica a las actividades artísticas urbanas, como mucha gente en el país, ante la falta de espacios y de oportunidades para desarrollarse y para obtener los recursos necesarios que les permitan pagar sus gastos y contribuir con la economía familiar ante la desafortunada situación de no contar con un empleo formal que le dé los derechos sociales que se establecen en la Ley, además de la noble intención de ser partícipes del desarrollo de la sociedad.

Es cierto que la tendencia ascendente del desempleo en el país se ve reflejada prácticamente en todas las entidades federativas, por lo que Jalisco no es la excepción, ya que ha registrado incrementos variables y considerables durante los últimos trimestres.

Jalisco, como el resto del país, está sufriendo por la falta de empleo que le permita llevar una vida decorosa y tranquila. Los gobiernos y el sector privado no están generando empleos públicos y privados formales que demanda la población, por lo que la gente se está autoempleando y se dedica a alguna actividad en el espacio público.

Este fenómeno ha dejado a mucha gente fuera del sector productivo formal de esa entidad y se han visto en la necesidad de buscar otras alternativas de subsistencia, no haciendo de lado que, principalmente Guadalajara, tiene una valiosa tradición en el arte, en la cultura, en las tradiciones, riquezas que se manifiestan muchas de ellas en el espacio público y eso ha dado la pauta para llevar estas actividades a las calles para que, la población tenga acceso gratuito a este tipo de entretenimiento que contribuye a la cultura de paz y al aprendizaje.

La sociedad de esa entidad manifiesta que la falta de inversión diversificada está generando otros problemas, ya que, masivamente, la atracción de empleos es hacia el sector de la construcción, por lo que otras áreas de producción han sido afectadas por el abandono y la poca inversión que se les inyecta, lo que perjudica directamente a la población por la falta de oportunidades o por salarios bajos.

Asimismo, la inversión de capital se ha orientado más hacia el sector inmobiliario, lo que influye negativamente en la demanda de mano de obra hacia otros sectores.

Sumado a lo anterior, los negocios pequeños sufren por los obstáculos que presentan las mismas autoridades, debido a la cantidad de requisitos para otorgar las licencias y conseguir los permisos correspondientes.

Datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IEEG) de Jalisco dieron a conocer el año pasado que la tasa de desocupación para esa entidad, en julio de 2019, fue de 2.93 por ciento, cifra ligeramente baja a la del mes anterior (2.66 por ciento), y superior a la tasa observada en el mismo mes de 2018 de 2.12 por ciento.

Jalisco se ubicó en la posición 12 de entidades con la tasa de desocupación más baja, subiendo un lugar con respecto al mes anterior. Asimismo, fue una de las tres entidades federativa con mayor disminución en la tasa de desocupación en junio de 2019 con respecto a mayo con -0.27 puntos porcentuales.

Sin embargo, la sociedad jalisciense vive preocupada por los indicadores en la economía, principalmente el que tiene que ver con el aumento del desempleo que ellos perciben y viven.

La situación de desempleo que predomina en Jalisco y en otras entidades del país, así como el hecho de abuso de autoridad sucedido en Guadalajara contra el arte urbano, en esta ocasión, se replica en diversas ciudades del país y contra toda aquella persona que tiene que salir a la calle a ganarse el sustento de su casa, sin tener derecho a la seguridad social, a créditos de vivienda, a historial crediticio y otras garantías sociales, y seguirá ocurriendo, por lo que es momento de trabajar para solucionar esta problemática y crear el círculo virtuoso que se necesita entre todos los que participamos de alguna forma en el sistema productivo de México.

El trabajo en el espacio público deriva de una situación a la que se le debe encontrar cause; no se le puede confinar ni hacerlo a un lado, porque se dejarían sin sustento a muchos mexicanos. Los índices de su aumento nos indican que el desafío es grande, y que es necesario aplicar medidas que produzcan resultados sostenibles. Su existencia es incuestionable, incluye gran parte de las actividades económicas y en ese sentido debe ser atendido.

Ojalá que, tanto el gobierno de Jalisco como el de Guadalajara cesen las prácticas de abuso de autoridad contra el sector vulnerable de trabajadores en el espacio público, y que apliquen protocolos de respeto a los derechos humanos y patrimoniales ante estos casos.

Es momento de trabajar juntos, no de dividirnos, es tiempo de conciliación y de respeto para que, juntos, enfrentemos las adversidades económicas y de desarrollo que hasta el momento, solo nos hacen ver un panorama complicado.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos del estado de Jalisco y del municipio de Guadalajara para que suspendan toda clase de acciones y funciones que afecten la integridad y los derechos de los trabajadores y comerciantes en el espacio público, y se establezcan mesas de diálogo que den solución a esta problemática.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos del estado de Jalisco y del municipio de Guadalajara para que diseñen e implementen programas que tomen en cuenta la dinámica particular del trabajo en el espacio público en sus diferentes formas y condiciones, y las estrategias de formalización y de políticas articuladas que permitan enfrentar un hecho complejo, heterogéneo y multidimensional, de tal suerte que puedan diseñarse políticas públicas exitosas para su tratamiento.

Se somete este Punto de acuerdo a consideración de esta soberanía para su resolución.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 15 de enero de 2020.

Diputada María Rosete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CRE a modificar la NOM-016-CRE-2016 para permitir el uso de etanol desde 10 por ciento en las áreas metropolitanas del valle de México, Guadalajara y Monterrey, suscrita por la diputada Mónica Almeida López y diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que me otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito poner a consideración de esta asamblea legislativa, el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a efecto que, dentro del ámbito de su competencia y con base en el Informe del Instituto Mexicano del Petróleo denominado: “Evaluación de gasolina E10 en automotores”, se realice la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, a efecto de permitir el uso de etanol desde un 10 por ciento en las áreas metropolitanas de valle de México, Guadalajara y Monterrey, ejercitando además las acciones legales que procedan a efecto que las personas puedan hacer uso de los diversos bioenergéticos disponibles , al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se explayan en las siguientes:

Consideraciones

Antecedentes

I. Con fecha 10 de enero de 2017, como resultado de la reforma energética, se aprobó por el Congreso del estado de Jalisco, el exhorto que tiene por objeto aplazar la liberación de los precios del petróleo, convocando a un debate nacional con expertos a fin de fortalecer la democracia energética.

II. Con fecha 3 de febrero de 2017 se elevó a la consideración del honorable Congreso del estado de Jalisco, a fin de ser remitido al honorable Congreso de la Unión, la reforma al artículo 12 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Biocombustibles, con la finalidad de que la población pueda acceder de manera libre a éstos, impulsando así una democracia energética a nivel nacional y se contribuya al desarrollo de una política económica sustentable de los cuales destacan los siguientes puntos:

-Que se otorguen los estímulos fiscales y económicos, así como demás apoyos necesarios para que las modalidades de autotransporte puedan acceder a los bioenergéticos, y las empresas puedan producir de manera eficaz y eficiente los insumos necesarios para que se pueda diversificar el mercado.

-La implementación de medidas por parte de la Secretaría de Energía para prevenir el alza de precios a la canasta básica mediante el uso de bioenergéticos.

-Además, se propone impulsar y fomentar a nivel nacional de manera conjunta el uso de biocombustibles como medio para el desarrollo económico de la nación, sobre todo en el sector agroalimentario e industrial, implementando para tal efecto mecanismos de economía social, solidaria y alternativa que sean sustentables.

III. En ese sentido, con fecha 3 de febrero de 2017, se exhortó al presidente de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que instruya que se elimine la restricción contenida en la Norma Oficial Mexicana NOM-016- CRE-2016 que limita el uso de etanol y la proscripción de su uso en las zonas metropolitanas de: Guadalajara, valle de México y Monterrey, a efecto de implementar en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para permitir la transición hacia modelos de democracia energética por el cual se permita a nivel nacional el acceso libre de los bioenergéticos. En el cual se tuvo contestación por parte de la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, señalando que se analizará y evaluará la propuesta.

IV. Asimismo, con fecha 30 de marzo de 2017, se aprobó por el honorable Congreso del estado de Jalisco, exhortar al gobernador constitucional del estado de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, en conjunto con las universidades públicas y privadas, así como los centros de investigación en el estado, elaboren el Plan Estatal de Transición Energética del Estado de Jalisco para buscar una menor dependencia de fuentes de energía fósiles en el sector de autotransporte y así mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de economías solidarias atendiendo a las características de cada región del estado y que sean las propias comunidades en las regiones las que generen el combustible de manera sustentable.

V. Desde que se reformó en agosto de este año la NOM-016-CRE 16, “Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, en Jalisco se establecieron varios foros con expertos, y diversas universidades como es el caso de la Universidad de Guadalajara, Iteso, Universidad Panamericana, Cinvestav y Ciatej para mostrar la importancia que tienen los bioenergéticos para coadyuvar a mitigar el cambio climático; impulsar el desarrollo regional y mejorar la calidad del aire.

VI. En los trabajos señalados en la fracción IV y IV de los antecedentes señalados con anterioridad se persiguen los siguientes objetivos

-Que lleve a cabo las reformas necesarias para implementar las políticas públicas así como demás medidas para que las personas puedan producir y acceder a diversos tipos de bioenergéticos que permitan disminuir la dependencia de fuentes de energía fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero;

-Realice los convenios y actos jurídicos necesarios con las universidades y centros de investigación en el estado, a efecto de diseñar en conjunto el Plan Estatal de Transición, Soberanía y Democracia Energética para el Desarrollo Regional que se ha de implementar para consolidar la soberanía energética del estado, favoreciendo la generación y desarrollo de economías solidarias acordes a lo contemplado en el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-Se lleven a cabo las gestiones necesarias con el gobierno federal y diversas dependencias, como la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, y demás entes públicos análogos, para desarrollar el potencial del sector bioenergético del estado de Jalisco.

VII. Con fecha 24 de mayo de 2018, se aprobó por el honorable Congreso del estado de Jalisco, el exhorto al titular de la Secretaría de Energía, licenciado Pedro Joaquín Coldwell, a efecto que emita la Norma Oficial Mexicana señalada en el inciso c) del Segundo Transitorio del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, estableciendo características y calidad en las mezcla de bioenergéticos con gasolina y diésel.

VIII. En estos distintos acercamientos se logró mostrar que hoy se utilizan gasolinas de baja calidad y con altos índices de azufre, situación que se puede y debe contrarrestar, buscando contar con gasolinas de alta calidad como es la de California en una primera fase, a efecto de producir energía por mexicanos para mexicanos, que sea más limpia y económica.

Contexto de la Problemática Nacional: Judicialización del Etanol

I. Las nuevas directrices en materia de etanol fueron motivo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera que no es posible otorgar ninguna suspensión en juicios de amparos y controles de constitucionales en relación a las normas oficiales en la materia.

II. El 13 de septiembre de 2017, Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, otorgó la suspensión provisional ante uno de los amparos presentados por Gabriel Quadri, entre otras personas como es el caso del abogado Juan Pedro Machado, pese a que ya se había negado dicha suspensión en otros cuatro amparos que había promovido, inclusive por un Tribunal Colegiado en materia Administrativa;

III. Entre las razones por las que el juez de distrito otorgó la suspensión provisional destaca la siguiente:

“Se ha reconocido por diversas instituciones que el uso de gasolinas con etanol impactará el medio ambiente y la salud, al generar emisiones evaporativas que son promotoras de la formación de ozono que produce enfermedades agudas y crónicas en el sistema respiratorio.”1

IV. Pese a los lineamientos en la materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 10 de octubre dicho juzgado sexto de distrito otorgó la suspensión definitiva con lo cual se pone en riesgo las modificaciones que coadyuvarían a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, violando con ello el derecho humano a la salud y al medio ambiente adecuado.2

V. Esta resolución, a su vez, vino a desconocer la línea jurisprudencial que se había sentado en materia energética, toda vez que detrás de esta directriz está de por medio el orden público. Es por ello que resulta problemático que un juez de distrito haya dictado dichos lineamientos, cuando está de por medio el futuro del medio ambiente en todo nuestro país.

VI. De los diversos antecedentes que se han podido recabar sobre este asunto, los medios de comunicación han logrado señalar que a los quejosos se les han negado ya hasta en cuatro ocasiones, siendo convalidado dicho sentido por un tribunal colegiado en materia administrativa.3

VII. Pese a ello, la Comisión Reguladora de Energía logró, vía recurso de revisión, el que se revocara la suspensión definitiva, vía la sentencia que emitió el Poder Judicial de la Federación con fecha 15 de junio. Entre los argumentos que se han señalado con los medios, se logró establecer que no se mostró que existiera un daño tangible como lo pretendía el quejoso en su momento, para lograr la suspensión.

VIII. Es decir, aún falta la determinación del fondo del asunto en contra del uso de las mezclas de gasolinas con etanol en un 10 por ciento en zonas metropolitanas, en donde se establecerá si se está o no afectando el derecho humano al medio ambiente.

IX. Tras este acontecimiento, y diversas solicitudes a través de Poder Legislativo del estado de Jalisco, el 3 de octubre de 2018 el Instituto Mexicano del Petróleo avaló el uso del etanol en un 10 por ciento en las mezclas de gasolina, a través del estudio que verifica y confirma que no existen diferencias significativas con las emisiones de las gasolinas tradicionales4 utilizando como oxigenante el etanol al 10 por ciento respecto del MTBE, oxigenante actualmente utilizado. Con este estudio, además de avalar el uso de etanol, se muestra la necesidad de seguir investigando y promoviendo el uso de bioenergéticos, atendiendo que entre otras energías renovables, se lograría coadyuvar a garantizar un medio ambiente sano.

Desarrollo de la Problemática

I. Como Grupo Parlamentario consideramos contraproducente el grado de inseguridad jurídica que se ha venido manejando por algunos operadores jurisdiccionales, como fue el caso de este juez sexto de distrito en materia administrativa; en donde, pese a los estudios que se han venido recabando, se haya puesto en riesgo diversos principios constitucionales, así como aquellos contenidos en varios tratados internacionales, como es el caso de in dubio pro natura , y precautorio a sabiendas que inclusive la agencia de energía de EUA avalan el uso de etanol, y se desdeña en casi todos los países el uso del MTBE a nivel internacional; el cual se emplea actualmente en México.5

En tanto no se dilucide con celeridad el fondo del asunto en la materia, existe la posibilidad que se dicte una resolución contraproducente que; así como la suspensión definitiva, afecte el desarrollo sustentable en el país, sin que se dé la oportunidad para otras energías alternativas, desaprovechando capitalizar su potencial.

Si se ha mostrado que atendiendo al principio precautorio el etanol implica una solución que pudiera tender a mejorar el medio ambiente, es imprescindible que estos hallazgos científicos sean motivo de dilucidación por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito; si no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se podría argumentar en contra de esta línea de fundamentación el que actualmente sólo se tienen esbozos que tanto la mezcla de gasolina E10 y la gasolina regular tienen los mismos efectos; sin embargo, también el estudio señala que existen diferencias; si bien no considerables que muestran ventajas del uso del etanol. Además de los beneficios económicos y de desarrollo rural, que representa su uso, se podría reducir el ozono, lo cual podría tener aún mayores repercusiones de lograr una mayor investigación científica en la materia.

Propuesta

I. Es por ello que, ante esta disyuntiva, sostenemos como propuesta el que como Comisión Permanente de esta LXIV Legislatura, se pronuncie exhortando a la Comisión Reguladora de Energía a efecto que, dentro del ámbito de su competencia, haga valer la investigación del Instituto Mexicano del Petróleo; ejercitando además las acciones legales que procedan a efecto que las personas puedan hacer uso de los diversos bioenergéticos, informándonos de las actividades que se han desplegado en torno a esta controversia.

II. Además, se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda atraer la revisión del amparo por colmarse los extremos de los artículos 107, fracciones V y VIII y penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,6 así como los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo.7 Esto, toda vez que se trata de un asunto de trascendencia y de interés para poder fijar inclusive un precedente que pueda coadyuvar a que México transite a una democracia energética que le permita garantizar una seguridad y soberanía energéticas acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.8

III. Cómo Comisión Permanente, contamos además con la facultad de que se resuelvan amparos que se establezcan de manera prioritaria, tal como lo establece el artículo 4o., en su fracción III, consistentes en aquellos que pudieran implicar un menoscabo al daño ecológico. Consideramos importante el que atendiendo al principio precautorio ya señalado, se podría estar ante esta circunstancia, por lo que es importante que la Suprema Corte resuelva dicho asunto y determine la importancia de esta medida. A continuación se cita dicho artículo para mayor claridad:

“Artículo 4o. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo federal, por conducto de su consejero jurídico, podrán solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley.

La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando:

...

III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico....”

IV. Con esta propuesta no estamos denostando en manera alguna la capacidad de nuestro Poder Judicial federal; en todo caso, sólo estamos haciendo valer la visión que consideramos importante que se tome en cuenta para coadyuvar a consolidar una visión dialógica de nuestra democracia.9

V. Cabe resaltar, a su vez, que esta busca hacer valer los hallazgos que se han encontrado, así como contextualizar la problemática que se presenta, resaltando que es importante que la sentencia logre una ponderación que colme un grado de razonabilidad y que sea pertinente para que se defina así un desarrollo energético en el país acorde los principios constitucionales y convencionales, reforzando la toma de decisiones en estudios técnicos como el que se hace referencia sin dejar de observar en todo momento los beneficios correlacionados que representa.

Repercusiones Económicas, Jurídicas y Sociales del Acuerdo Legislativo

I. De aprobarse este punto de acuerdo tendrá en lo económico una repercusión favorable, ya que con esto los entes competentes podrán fijar una nueva perspectiva en el desarrollo energético, logrando reducir los costos de la gasolina, contar con oxigenantes de origen mexicano y detonar la producción del campo mexicano.

II. En este aspecto, este punto de acuerdo, lejos de generar una repercusión presupuestaria negativa, lo sería positiva, al prever el que a nivel nacional se vaya generando consciencia para que se busque en los bioenergéticos soluciones económicas a favor de la población para que hagan del uso de biocombustibles una herramienta para incidir positivamente en el desarrollo de las regiones.

III. En lo jurídico, este punto de acuerdo tiene la pertinencia de buscar a nivel nacional el que los operadores jurisdiccionales otorguen seguridad jurídica, la cual, ante los hechos vertidos, han mostrado un rompimiento que puede amenazar el diseño de las políticas públicas en perjuicio de la población, y contraviniendo el marco jurídico internacional en la materia.

IV. En lo técnico se hace referencia a un estudio realizado por el Instituto Mexicano del Petróleo, que es un organismo público descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica y autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, encargada de realizar las investigaciones, el desarrollo tecnológico, la innovación, el escalamiento de procesos y productos, la prestación de servicios tecnológicos orientados a optimizar los procesos de producción y transformación, tanto en exploración y extracción como en la transformación industrial y comercialización nacional e internacional, razón por la cual se considera el ente jurídica y técnicamente calificado para posicionar una determinación de este calado.

V. En lo social, se debe buscar aprobar este punto de acuerdo, ya que su pertinencia radica en fortalecer la legitimidad de las instituciones públicas y el capital social, al mantener la coherencia que como Poder Legislativo hemos mostrado en pasadas ocasiones y que aquí quedaron plenamente documentadas. Sobre todo, se requiere que seamos coherentes ante un imperativo ético jurídico que se nos impone de hacer guardar la dignidad humana y velar por conservar el medio ambiente y salud de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Gírese atento y respetuoso exhorto a la Comisión Reguladora de Energía, a efecto que, dentro del ámbito de su competencia y con base en el Informe del Instituto Mexicano del Petróleo denominado: “Evaluación de gasolina E10 en automotores”, se realice la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, a efecto de permitir el uso de Etanol desde un 10% en las áreas metropolitanas de valle de México, Guadalajara y Monterrey ejercitando además las acciones legales que procedan a efecto que las personas puedan hacer uso de los diversos bioenergéticos disponibles.

En ese sentido realizar las acciones necesarias para lograr que la gasolina cuente con calidad similar a la mezcla utilizada en el estado de California y se disminuya la cantidad de azufre y otros agentes contaminantes en las gasolinas Premium y Magna así como del diésel.

Segundo. Gírese atento y respetuoso exhorto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto que, de conformidad con el artículo 4o., fracción III, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien, dentro del ámbito de su competencia, ejercer la facultad de atracción correspondiente frente a los asuntos promovidos respecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, a efecto de sentar el precedente que ha de coadyuvar a que se garantice el derecho humano al medio ambiente, y a la salud, atendiendo a las investigaciones que para tal efecto se hayan realizado sobre esta materia a nivel nacional, tomando como base el Informe del Instituto Mexicano del Petróleo denominado, “Evaluación de gasolina E10 en automotores”.

Notas

1Víctor Fuentes. (2017) Frena Juez aumento de etanol en Gasolinas. (octubre 2017) Reforma. Sitio Web: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx

2 Oficina del Alto Comisionado. (1966) Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. (octubre 2017) Naciones Unidas. Sitio Web: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

3 Víctor Fuentes. (2017) Frena Juez aumento de etanol en Gasolinas. (octubre 2017) Reforma. Sitio Web: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx

4 Secretaría de Energía et al. Informe Técnico. (2018) Evaluación de gasolina E10 en automotores.63 pp.

5 Riesgo Ambiental y principio precautorio: breve análisis y proyecciones a partir de dos casos de estudio. Valentina Durán Medina y Dominique Hervé Espejo. Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

6 Cámara de Diputados. (2017) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (octubre 2017) Honorable Congreso de la Unión. Sitio Web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

7 Ibid. (2016) Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (octubre 2017) Sitio Web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_170616.pdf

8 Naciones Unidas. (2017) Objetivos de Desarrollo Sostenible. (octubre 2017) Naciones Unidas. Sitio Web:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

9 Roberto Gargarella. (2014). Por una justicia dialógica. Argentina: Siglo Veintiuno Editores.

Ciudad de México a 15 de enero de 2020, Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sede de la Comisión Permanente.

Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Frida Alejandra Esparza Márquez, Mónica Bautista Rodríguez, Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a ejercer la facultad de atracción en diversas investigaciones que permanecen impunes en Oaxaca, suscrita por el senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, senador Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 23 de diciembre de 2019 fue ejecutado en un evento público organizado por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), frente a su esposa e hijos, Arturo García Velázquez, alcalde de Jalapa de Díaz, municipio de la región del Alto Papaloapan en Oaxaca. En el mismo evento también perdió la vida el síndico Javier Terrero.

Estos arteros asesinatos tuvieron lugar después de que, apenas el mes de octubre pasado, García Velázquez, junto con otras nueve personas, entre ellas sus comandantes de la policía municipal, fueran detenidos por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de particulares.

Como lo denunciamos en su momento, tal detención se ordenó como parte de una campaña política de la fiscalía del estado emprendida en contra de diversos actores locales y presidentes municipales emanados de Morena, circunstancia que quedó demostrada cuando, días después, un juez dictó sentencia absolutoria en primera instancia y confirmó que no existían elementos suficientes de prueba que pudieran incriminar al alcalde.

Adicionalmente, el juez federal encontró irregularidades en el debido proceso y acreditó que las armas encontradas en el domicilio del alcalde habían sido sembradas. En consecuencia, el propio Arturo García Velázquez denunció ante el Senado de la República ser víctima de una persecución política por parte del fiscal general de Oaxaca, luego de haber alzado la voz para exigir la conclusión de un hospital en el municipio, cuyas obras tienen un retraso de 12 años.

En aquella ocasión, Arturo García Velázquez comentó que tenía información de que se pretendía vincularlo a nuevas carpetas de investigación, al igual que a otros presidentes municipales, y responsabilizó directamente al fiscal general Rubén Vasconcelos, y al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, José Alfredo Álvarez, de cualquier agresión que pudieran sufrir él o su familia.

En este contexto, nuestra exigencia de justicia se une a la demanda generalizada en el estado frente a la impunidad que gozan los delincuentes a costa de la tranquilidad de las y los oaxaqueños; no es la primera vez que denunciamos que la fiscalía estatal es incapaz de cumplir con la alta responsabilidad de procurar justicia, y que, como en esta ocasión se acredita, dicha instancia es utilizada para la fabricar carpetas de investigación a modo y promover objetivos o venganzas personales.

Este lamentable acontecimiento se suma a muchos otros, entre los que destacan el reciente ataque sufrido por María Elena Ríos Ortiz, o el ocurrido el pasado 26 de junio de 2018, cuando Emigdio López Avendaño, candidato de Morena a diputado local por el distrito XXI, con cabecera en Ejutla de Crespo, Oaxaca, fue asesinado junto con cuatro de sus compañeros mientras realizaban actividades proselitistas por el municipio.

Emigdio formaba parte de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos José Dolores López Domínguez (CIOAC-JDLD), organización campesina cuya principal preocupación era rescatar al campo mexicano; era egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) y originario de la sierra de Santa Cruz Zenzontepec, “de ahí su amor y lucha por defender los derechos de los campesinos e indígenas”.1

Con el asesinato de López Avendaño, ascendió a 130 el número de candidatos y candidatas asesinadas en el anterior proceso electoral. En la emboscada también perdieron la vida Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez Sánchez, Apuleyo Cruz, (miembro activo de la CIOAC-JDLD en Teojomulco, Oaxaca) y Florencio Ramírez, quienes acompañaban al candidato en su recorrido de campaña.

Posteriormente, el 1 de enero de 2019, Alejandro Aparicio Santiago murió poco después de tomar posesión como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca. Fue arteramente asesinado mientras se dirigía a una reunión en las oficinas del ayuntamiento y en el recorrido fue agredido por sujetos desconocidos con disparos de arma de fuego.2

De acuerdo con el primer informe de la Fiscalía del estado, en el tiroteo resultaron heridas otras cuatro personas y una persona fue detenida como “probable responsable material”. Los referentes anteriormente señalados constituyen sólo algunos ejemplos de la tendencia creciente de violencia política, impunidad y crisis de las instituciones de impartición de justicia que priva en Oaxaca; y son también evidencia clara de la política de agresión de la que han sido víctimas compañeras y compañeros integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional.

Sólo para ejemplificar lo anterior, del total de homicidios políticos que tuvieron lugar en 2018 (130), 24 tuvieron lugar en el estado de Oaxaca, lo que ubica a esta entidad en segundo lugar nacional, sólo detrás del estado de Guerrero. Adicionalmente, según reportes oficiales, Oaxaca fue uno de los diez estados mexicanos con hechos delictivos y situaciones de violencia por encima de la media nacional.

De acuerdo con el informe Hallazgos 2017: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, 3 los estados que presentan los niveles más altos de impunidad en el sistema acusatorio son Jalisco (99.3 por ciento), Tlaxcala (99.1 por ciento), Yucatán (98.9 por ciento) y Nuevo León (97.3 por ciento). Sin embargo, Oaxaca es el séptimo estado que menos invierte en procuración de justicia, con 148.91 pesos per cápita, contrariamente a lo que hace Chihuahua, entidad que invierte mil 79 pesos por habitante.

De acuerdo con el índice de desempeño de las procuradurías de justicia y fiscalía en materia penal en México desarrollado por Impunidad Cero,4 en cuanto a los ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, Oaxaca se ubica en el décimo puesto a nivel nacional, con 9.5, menos de la mitad de los que cuenta Chihuahua, 23.7. El estudio concluye que “Oaxaca se encuentra entre los estados que brindan pocos recursos a la procuración de justicia y que no han desarrollado un modelo de gestión para ser más accesibles; que no atienden a los usuarios del sistema en tiempos razonables; que no son efectivos y eficientes en el desahogo de las investigaciones y que no han desarrollado el potencial de la justicia alternativa”.

En este escenario, resulta imperante que las instituciones de justicia, tanto en el ámbito federal como estatal, comiencen a presentar resultados de las investigaciones correspondientes y sienten las bases para terminar con el contexto de ineficiencia e impunidad que incentiva, tolera y fomenta la comisión de conductas ilícitas en el estado de Oaxaca.

La culminación de investigaciones y el adecuado procesamiento de los responsables es una condición indispensable para impulsar la transformación de nuestro sistema de justicia y para consolidar el proceso de pacificación del país. Y para ello, resulta necesario que se promuevan acciones alternativas que permitan romper el ciclo de impunidad y complicidad que lastima a las y los oaxaqueños.

Oaxaca es uno de los estados con mayor número de casos en materia de violencia política y una entidad en la que, desafortunadamente, prevalece la impunidad y se actualiza el supuesto de falta de confianza e ineficacia de la fiscalía local. Por lo anterior, en mi carácter de senador por el estado de Oaxaca, tomando en cuenta que el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, señala que esta instancia tiene la facultad de atraer casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables, en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente, garantizándose que la investigación y la persecución de los delitos no se fragmente, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a que, con pleno respeto a su autonomía y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, evalúe la necesidad y urgencia de ejercer su facultad de atracción en las investigaciones relacionadas con el ataque con ácido sufrido por María Elena Ríos Ortiz; y los homicidios de Arturo García Velázquez, Javier Terrero, Emigdio López Avendaño, Alejandro Aparicio Santiago, Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez Sánchez, Apuleyo Cruz y Florencio Ramírez, a efecto de revertir la situación de ineficiencia e impunidad que prevalece en el estado de Oaxaca y que impide hacer justica para las víctimas y sus familiares.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/26/condena-cioac-asesinato-d e-emigdio-lopez-avendano-6231.html

2 https://cnnespanol.cnn.com/2019/01/02/
lo-que-sabemos-del-asesinato-de-alejandro-aparicio-santiago-alcalde-mexicano-que-fue-baleado-tras-tomar-posesion/

3 https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2018/08/Hallazgos2017.p df

4 https//www.nvnoticias.com/nota/75839/urgen-inversion-para-procuracion-d e-justicia

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades federales y locales a tomar medidas para atender la emergencia del servicio de salud en el país, a cargo del senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Víctor Oswaldo Fuentes Solís, senador por el Estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 171 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a las personas titulares del Poder Ejecutivo de la federación, a la Secretaria de Salud y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a efecto de tomar las medidas necesarias para atender la emergencia del servicio de salud en nuestro país, al tenor siguiente:

Consideraciones

En México, el derecho a la salud se ha expresado como protección a la misma en ese sentido, la igualdad entre las personas para poder acceder a tal derecho es un problema de difícil abordaje, porque el sistema de salud en México es mixto y por ello heterogéneo; no obstante, en el manejo de cifras de registro o afiliación en los diferentes esquemas en que se proporciona: privado, público y social, existen diversas irregularidades que tienen que ver con aspectos tales como: a) Estructurales, gasto en salud insuficiente para el tamaño de la población mexicana; b) Institucionales, personal, instalaciones e insumos escasos para brindar la atención demandada, así como personal especializado en número modesto respecto a la demanda; c) Condiciones de riesgo individuales desatendidas en relación con la modificación de hábitos alimenticios, forma y estilos de vida sedentaria, y d) Condiciones de riesgo correspondientes a grupos en situación de vulnerabilidad desatendidas al solicitar los servicios de salud.

Por lo anterior, el derecho a la protección de salud no puede tratarse desde la igualdad de bienestar, la cual buscaría igualar las diferencias al tener todas las personas acceso a ése de la misma forma.

En el Sistema Nacional de Salud no se comparten los beneficios de quien puede pagar un servicio de salud privado, o bien, de quien tiene la oportunidad de contratar un seguro, también privado, que atienda un riesgo en caso de presentarse, con aquellos cuya opción es la seguridad social pública o social, como la atención oportuna e inmediata con las consecuencias negativas en casos que son reiterados por la concentración de altas cantidades de solicitantes de los servicios, tales como: negativas de atención, maltrato, negligencia médica y pérdida de la vida.

En cuanto a la igualdad de recursos, al referirse a capacidades positivas o habilidades, el que cuenta con ellas y con la oportunidad para desarrollarlas, es decir, un trabajo y una remuneración acorde a las mismas, a su antigüedad, a su experiencia y que no incurra en una causal de discriminación, podrá pagar el servicio de salud privado, o bien, adquirir un seguro que lo cubra. En caso de que se tenga un trabajo, independientemente de las habilidades con que se cuente, y éste incluya el derecho a la seguridad social pública podrán acceder a ver cumplido el ejercicio de su derecho a la salud de esa manera; si no incluye la seguridad social pública, quizá tenga que recurrir a la social. Si además de lo ya mencionado se tiene una discapacidad física o mental u otra necesidad de atención sanitaria continua, el goce del derecho a la salud será mayor y dependerá de las situaciones ya referidas.

Por lo que hace a los modelos de igualdad política, lo ideal es que se aplique el principio igualitario abstracto para que la forma de vida de sus ciudadanos sea de mejora constante, de lo contrario continuará bajo la lupa de la métrica, tratando de encontrar formas de justificar el fenómeno, sin resolver sus principales cuestionamientos, porque ello implica un compromiso responsable.

Ahora bien, la transición del Seguro Popular al INSABI debió hacerse de una manera más cuidadosa y planeada, con todas sus reglas de operación en forma clara, en donde el esquema de financiamiento fuera transparente y funcional y se diera una campaña previa de comunicación.

En el ideario legal lo mejor hubiera sido que el nuevo instituto entrara en vigor el próximo año, o cuando estuviese realmente listo. La decisión para su implementación a todas luces es una decisión política y no técnica como el caso lo ameritaba.

El Seguro Popular era un programa de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que financiaba la atención mediante la gestión de recursos públicos que se transfieren a los estados y los hospitales de alta especialidad siguiendo reglas muy claras. Por cada afiliado, el Estado tiene la obligación de movilizar una cantidad de recursos que garantiza el acceso a los servicios incluidos en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud y al paquete de intervenciones de alto costo financiado por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

El primero de enero entró en vigor la reformar a la Ley General de Salud que dio vida al INSABI, la reforma señala que el INSABI tiene como objetivo el garantizar la prestación gratuita de los servicios de salud para los mexicanos que no están adscritos a un sistema formal de seguridad social. Además, el diseño del INSABI carece de sustento normativo, financiero y operativo.

Por lo anterior, y como seguimiento a la preocupante situación de emergencia del sistema de salud en México es necesario que el Gobierno Federal tome medidas necesarias a efecto de solucionar el desabasto de medicamentos y la inatención de enfermos.

Como lo sostuve en septiembre del año pasado, en una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social, el Estado tiene la obligación de otorgar y garantizar el derecho humano a la salud.

En aquella iniciativa sostuve que:

“La seguridad social tiene como objetivo proteger a los individuos ante situaciones previstas o imprevistas, permanentes o temporales que reduzcan la capacidad económica del individuo y frente a las cuales es posible establecer mecanismos precautorios, en cuyo financiamiento participa el Estado, los empleadores y los trabajadores.

El fundamento constitucional de la Seguridad Social en México encuentra sustento en el artículo 123, apartado A y en el apartado B fracciones; así como el artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Por lo que concluí, y hoy lo sostengo de nuevo el Estado si no está dando los medicamentos que los enfermos requieran o no otorgue servicios médicos y la situación de gravedad por las condiciones médicas de los enfermos lo requieran de manera inmediata el Estado tendrá que cubrirlos en cualquier institución médica, posterior rembolso que no podrá superar un mes a partir de que el tratamiento inició.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente, con moción de urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a efecto de que gire instrucciones para que las personas enfermas de gravedad, a quienes no se les atienda o no se les suministren medicamentos, acudan a cualquier institución médica para su atención. Siendo el Estado quien cubrirá, como se establece en el considerando, el servicio.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Insabi con el objeto de que en un plazo que no exceda los 30 días hábiles, se expida la normatividad para el funcionamiento de dicho Instituto.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Insabi, para que dentro de la normatividad del Insabi se considere la creación de un consejo de expertos en materia de salud. A efecto, de que la toma de decisiones de la persona Titular sea aconsejada de los integrantes de ese órgano.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en la Ciudad de México, a 15 de enero de dos mil veinte.

Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las fallas en la puesta en marcha del Insabi, suscrita por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La salud es un derecho fundamental. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nuestra Constitución Política en su artículo cuarto.

De igual forma, la reciente reforma a la Ley General de Salud (LGS) abrió una posibilidad para que el Estado realizara una transformación en esta materia.

En su discusión legislativa se expuso que, si bien la reforma pretendía materializar el derecho universal a la salud establecido en nuestro orden jurídico, estas modificaciones tendrían repercusiones negativas de no tener las precauciones suficientes en su implementación.

Al respecto, uno de los principales problemas que se plantearon en la discusión fue la capacidad de financiamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Héctor Villarreal, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, resaltó que la reforma a la LGS es una de las más importantes en la materia; no obstante, alertó que la parte más débil de la propuesta tiene que ver con el financiamiento debido a que el dictamen habla de la gratuidad más no de un esquema de financiamiento.1

El Instituto de Salud para el Bienestar entró abruptamente en operación, al mismo tiempo que el Seguro Popular dejó de funcionar. El primero de enero de 2020 entró en funciones el Insabi, con esto se han venido manifestando dichos problemas de financiamiento; aunado a lo anterior, la gratuidad de los servicios de salud a la que hace referencia la LGS no se ha logrado, al contrario, en algunos casos, los cuales serán expuestos posteriormente, se incrementaron las cuotas de recuperación que solicitaban los institutos de salud.

Según lo dispuesto en la LGS, precisamente en su artículo 77 bis 1 “Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social” (LGS, art. 77 bis 1).

La Ley es clara, todas las personas que se encuentren en las hipótesis señaladas tendrán derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados. En otras palabras, no existe limitación alguna para que las personas que cumplan con las hipótesis descritas puedan acceder a los servicios de salud.

Sin embargo, es un hecho verificable que algunos usuarios del extinto Seguro Popular y que ahora tienen derecho a utilizar las prestaciones del Insabi se les han negado los servicios, y en algunos casos han sido sujetos a cobros de cuotas como condición de estos.

Evidencia de lo anterior es la nota periodística presentada en el noticiero de Ciro Gómez Leyva el 6 de enero de 2020, en la cual se expusieron casos donde usuarios del Hospital General de México (HGM) sufrieron una imposición de cuotas a los servicios de salud. Trascendieron los testimonios de tres familiares de usuarios de los servicios del hospital. Una de ellas es Brianda Tello, esposa del paciente internado cuyo motivo de estancia en el HGM es un linfoma. Brianda Tello informó que el costo diario de hospitalización pasó de 88 pesos a 477 desde el primero de enero, fecha en que entró en vigor el Insabi. Por su parte, otro familiar afectado, el señor Arón, incurrió en diversidad de gastos impuestos por el HGM a fin de otorgarle los servicios médicos a su madre que tiene cáncer. El señor Arón comentó que el hospital ha requerido cobros de hasta 500 pesos diarios por la estancia de su familiar en el hospital.2

Por otro lado, en el Hospital Pediátrico de Coyoacán se presentaron problemas de la misma naturaleza. Es el caso del bebé de Mariana, cuyo recién nacido fue sometido a una operación intestinal. Ella contaba con el Seguro Popular, el que hubiera pagado los gastos a los que ya fue sometida, como lo fueron la compra de sueros, pomadas y medicamentos.3

Ante los hechos anteriormente expuestos el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado. Su respuesta fue clara y acorde con la LGS. Sin embargo, de manera alarmante y contradictoria, la Secretaría de Salud federal emitió el comunicado “006 A la opinión pública” el 7 de enero del 2020.

Según el escrito, “el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) brinda servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas que no cuentan con seguridad social; es decir, en centros de salud, Centros de Salud con Servicios Ampliados, unidades médicas de IMSS Bienestar, Unidades de Especialidades Médicas (Unemes) y en hospitales generales, rurales y comunitarios que ofrezcan servicios de primer nivel”.4

Además, se comentó que “los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales brindan atención de tercer nivel, es decir, de muy alta especialidad” y que “de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Salud, los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel.

Aun así, en cumplimiento del artículo transitorio décimo primero de la reforma a la Ley General de Salud, se respetarán los derechos de las personas que a la entrada en vigor del decreto cuenten con afiliación vigente al Sistema de Protección Social en Salud. Como parte de los acuerdos en las juntas de Gobierno de los institutos y hospitales que coordina la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, no se han incrementado los tabuladores de cuotas de recuperación para el ejercicio fiscal 2020.”5

Si bien la Secretaría de Salud cita el artículo 36 de la LGS para justificar el cobro de las cuotas de recuperación, el mismo artículo indica lo siguiente: “Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario. Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas , o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.”

Una vez más la Ley es clara, cuando los ingresos de los usuarios no sean suficientes para cubrir las cuotas estas deberán ser exentadas. La aplicación del artículo 36 de la Ley General de Salud debe ser implementado observando siempre la más amplia protección a los derechos humanos. Este es el caso de la hija del señor Jaime. Su familiar necesita de un medicamento que cuesta $2,328 pesos, un precio incosteable para sus ingresos. Además del medicamento, su hija requiere de una cirugía que le fue negada.6

Por otro lado, el titular del Insabi, el licenciado Juan Antonio Ferrer aseguró en una entrevista que “las cuotas no se han incrementado y destacó que es necesario denunciar a los malos servidores públicos ya que dijo que no se repetirá lo que hicieron otras administraciones.”7 No obstante, aclaró que “los servicios que se ofrecen son gratuitos, sin embargo, recordó que en el tercer nivel de atención existen algunas cuotas de recuperación, las cuales se han incrementado.”8

Como integrantes del Poder Legislativo, es nuestro deber representar a la nación. Este deber conlleva la responsabilidad de defender la legalidad y los derechos humanos instaurados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en la materia. Al respecto, consideramos que el derecho a la protección de la salud ha sido vulnerado por las autoridades competentes aplicando de forma discriminatoria la Ley General de Salud.

Asimismo, retomamos la legítima exigencia de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado para que se den a conocer las reglas de operación de este nuevo instituto, para evitar el desconocimiento y la incertidumbre de quienes tienen la responsabilidad, tanto federal como estatal, de la aplicación de las nuevas atribuciones.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de:

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto de Salud para el Bienestar dependiente de la Secretaría de Salud federal a llevar a cabo el cumplimiento del artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto de Salud para el Bienestar dependiente de la Secretaría de Salud federal a llevar a cabo las diligencias correspondientes para evitar que los institutos de salud a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar se excedan en el cobro de cuotas de recuperación de los servicios médicos, medicamentos e insumos asociados.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto de Salud para el Bienestar dependiente de la Secretaría de Salud federal a llevar a cabo las diligencias correspondientes para que los institutos de salud a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar brinden los servicios médicos, medicamentos e insumos asociados de manera gratuita a todas las personas que se encuentren en el país.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto de Salud para el Bienestar dependiente de la Secretaría de Salud federal a publicar a la brevedad las reglas de operación bajo las cuales se regirá la actuación del Instituto a su cargo.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud federal a exentar del cobro de cuotas de recuperación cuando el usuario de los servicios carezca de recursos para cubrirlas según lo dispuesto en el artículo 36, párrafo tercero de la Ley General de Salud.

Notas

1 Ariadna Ortega, “Expertos alertan que la reforma de salud no prosperará sin aumento presupuestal ”, Expansión, fecha: 29 de octubre de 2019, fecha de consulta: 12 de enero de 2020, enlace: https://politica.expansion.mx/mexico/2019/10/29/la-reforma-de-salud-no- prosperara-sin-aumento-presupuestal

2 Ciro Gómez Leyva, “Noticias con Ciro Gómez Leyva | Programa Completo 6/enero/2020 ”, Imagen televisión, fecha: 6 de enero de 2020, fecha de consulta: 12 de enero de 2020, enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sUX-ZsoBpdE

3 Ídem

4 Secretaría de Salud, “006. A la opinión pública ”, fecha: 7 de enero de 2020, fecha de consulta: 12 de enero de 2020, enlace: www.gob.mx/salud/prensa/006-a-la-opinion-publica

5 Ídem

6 Ciro Gómez Leyva, “Noticias con Ciro Gómez Leyva | Programa Completo 6/enero/2020 ”, Imagen televisión, fecha: 6 de enero de 2020, fecha de consulta: 12 de enero de 2020, enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sUX-ZsoBpdE

7 Gabriela Warkentin y Javier Risco, “Cuotas no se han incrementado: Juan Antonio Ferrer ”, estación w radio, fecha: 9 de enero de 2020, fecha de consulta: 12 de enero de 2020, enlace: http://wradio.com.mx/programa/2020/01/09/asi_las_cosas/1578588542_20747 8.html

8 Ídem

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.

Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las fiscalías y procuradurías de 11 entidades federativas a brindar a la Comisión Nacional de Búsqueda información actualizada sobre personas desaparecidas en sus estados, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del PT

Del senador Miguel Ángel Lucero, en nombre de la senadora Geovana del Carmen Bañuelos de la Torre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Fiscalías y Procuraduría de once entidades federativas a que brinden toda la información actualizada sobre las personas desaparecidas en sus estados a la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de contar con la información más actual y completa a nivel local y nacional para ejecutar las acciones necesarias para localizar a las víctimas y las políticas públicas combatir este problema. (turno a comisión)

Consideraciones

En los últimos años en México los casos de personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, incluyendo a aquellas víctimas de desaparición forzada, han ido en aumento. El pasado el 7 de enero de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación actualizó la cifra de desaparecidos en México. Reportó que, hasta el 31 de diciembre de 2019, había 61 mil 637 personas no localizadas en el país. Del total de desapariciones, cinco mil 184 se registraron durante en los primeros 13 meses de la actual administración federal.

El reporte fue presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna.

Dicho reporte incluyó todos los registros de desaparecidos en el país, desde 1964 a la fecha, con lo cual señala que en 55 años se reportó la desaparición de 147 mil 33 personas, de las cuales 85 mil 396 (58 por ciento) han sido localizadas. Cabe considerar que en el periodo comprendido entre el año 2006 a 2019 se han registrado la mayor cantidad de casos, con 60 mil 53, lo que representa 97.43 por ciento del total.

El informe presentado también brinda información acerca de la distribución de las víctimas de desaparición forzada a nivel local, siendo los estados de Tamaulipas, Jalisco, estado de México, Chihuahua y Nuevo León quienes tienen la mayor incidencia de desapariciones.

El informe señala la lista de estados con más fosas clandestinas encontradas en lo que va de este gobierno, empezando por Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco. Destacando que se han identificado 873 fosas clandestinas donde se han exhumado mil 124 cuerpos, de los cuales, han sido identificados 395, y han sido entregados a sus familiares los restos de 243 personas.

Sin embargo, estas cifras pueden aumentar debido a que como señala el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda, en varios estados las fiscalías no han reunido los registros necesarios para conocer el número de desaparecidos en sus territorios. Entre las fiscalías y procuradurías que no han reunido sus informes actualizados, se encuentran la de la Ciudad de México, Guanajuato, Baja California, Durango, Tlaxcala, Campeche, Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo, Morelos, Sonora, además de la Fiscalía General de la República, encargada de investigar y dar respuesta a las denuncias de desaparición del fuero federal a nivel nacional.1

Es un hecho que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en el año 2011, México adquirió un gran compromiso de hacer realidad la promoción, protección, garantía y respeto de los derechos humanos en nuestro país; el combate a los delitos de desaparición forzada forma parte integral de este compromiso.

También es cierto que México ha adquirido un gran compromiso con la comunidad internacional a través de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2007, así como la aceptación de las Recomendaciones del Comité de la ONU en materia de Derechos Humanos que implica dicha aceptación, en marzo de 2019. Este compromiso se selló con la invitación al Comité contra la Desaparición Forzada para que realice una visita oficial a México en el segundo semestre de 2020. Asimismo, el gobierno de México ha aceptado la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales

En el mes de noviembre de 2018 el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, presentó las observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, así como la adición derivada de las observaciones de seguimiento del Comité sobre la información adicional presentada por México en virtud del artículo 29, párrafo 4, de la Convención, en dicho documento el Comité señalo con preocupación el bajo nivel de implementación de la Ley General contra la Desaparición Forzada en varios estados de la república.

Es por ello necesario que se cuente con toda la información, de manera puntual, actualizada y veraz para combatir este grave problema y con ello dotar de las herramientas necesarias a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en coordinación con los órganos de inteligencia y seguridad del Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno, para implementar las acciones para localizar a las víctimas de desaparición forzada.

Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, preocupados por la gravedad del delito de desaparición forzada, que daña y agravia de manera constante y permanente a las personas que son objeto de ello, así como su entorno familiar y al tejido social en donde se ha cometido este delito, presenta la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta a los titulares de las Fiscalías y Procuradurías de la Ciudad de México y de los estados de Guanajuato, Baja California, Durango, Tlaxcala, Campeche, Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo, Morelos, Sonora, para que a la brevedad remitan los informes con datos actualizados sobre las personas desaparecidas en sus estados a la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de contar con la información más actual y completa a nivel local y nacional para ejecutar las acciones necesarias para localizar a las víctimas y las políticas públicas combatir este problema.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al titular de la Fiscalía General de la República para que, a la brevedad posible, remita el informe con los datos actualizados sobre personas desaparecidas a la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de contar con la información más actual y completa a nivel local y nacional para ejecutar las acciones necesarias para localizar a las víctimas y las políticas públicas combatir este problema.

Nota

1 https://www.reporteindigo.com/reporte/la-magnitud-de-la-crisis-de-desap arecidos-informe-comision-busqueda/

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, a 15 de enero de 2020.

Senadores: Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a implantar acciones, estrategias y políticas públicas con motivo del incremento de casos de mujeres víctimas de violencia familiar, a cargo del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, en el marco de sus atribuciones, implemente las acciones, estrategias y políticas públicas necesarias, con motivo del incremento en el número de casos de mujeres víctimas de violencia familiar en el estado, lo cual se expresa en la siguiente

Exposición de Motivos

A nivel nacional, la violencia hacia las mujeres es un problema alarmante a pesar de la implementación de leyes nacionales y la adopción de tratados y protocolos internacionales que buscan prevenir, atender, sancionar y erradicar dicha problemática.

En este sentido, la violencia familiar cobra gran relevancia toda vez que en ella se agrupan distintos tipos de violencia, como:1

• Violencia psicológica: acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas;

• Violencia física: acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

• Violencia patrimonial: acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;

• Violencia económica: acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima; y

• Violencia sexual: Acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia familiar se define como:

Artículo 7. (...) acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

Si bien este tipo de violencia se ejerce sobre cualquier individuo sin importar su sexo, el número de casos de mujeres víctimas de violencia familiar en México muestra que justamente en el ámbito familiar es donde se registra la mayor prevalencia de violencia contra ellas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tenemos las siguientes estadísticas:

Fuente: Informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A partir de este registro, podemos deducir que:

• En 2018, 53 mil 998 mujeres sufrieron violencia familiar cada mes, más de mil 700 casos al día.

• En 2019, el número de casos aumentó en un 11 por ciento respecto al año anterior, lo que representó que cada mes, 59 mil 880 mujeres fueran víctimas de violencia familiar, más de mil 950 casos al día.

Actualmente, los estados de Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora y Chihuahua, encabezan la lista de entidades con mayor número de mujeres víctimas de violencia familiar, agrupando el 48.5 por ciento a nivel nacional, con 319 mil 682 registros.

Fuente: Informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el caso particular de Nuevo León, las cifras son preocupantes:

• Es la segunda entidad con mayor número de casos, únicamente por debajo de Ciudad de México;

• Con 66 mil 677, engloba el 10.1 por ciento de la totalidad a nivel nacional;

• Cada mes se registran 6 mil 61 víctimas; y

• Diariamente, 202 mujeres piden ayuda u orientación a las autoridades a causa de la violencia en comento.

Ante este contexto, resulta prioritario que el gobierno del estado actúe en consecuencia e implemente acciones concretas y decisivas en materia de violencia familiar contra las mujeres, a fin de prevenir, atender y erradicar toda acción que afecta el bienestar, la integridad física, psicológica, la libertad y el derecho a tener una vida libre de violencia.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que contrarrestar la violencia familiar requiere de una labor multidisciplinaria, debido a la gravedad de sus consecuencias en todas las áreas de la vida, no únicamente para las víctimas de violencia, sino también para los agresores y los miembros de la familia que son testigos de la misma.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, en el marco de sus atribuciones, implemente las acciones, estrategias y políticas públicas necesarias, con motivo del incremento en el número de casos de mujeres víctimas de violencia familiar en el estado.

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que, en el marco de sus atribuciones, implemente las acciones, estrategias y políticas públicas necesarias, con motivo del incremento en el número de casos de mujeres víctimas de violencia familiar en el estado.

Nota

1 El artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), establece dichos conceptos de violencia.

Dado en la sede de la Comisión Permanente.- en la Ciudad de México, a 15 de enero de 2020.

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos locales a implantar acciones para prevenir los accidentes de ciclistas, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 1.25 millones de muertes son atribuidas a lesiones causadas por el tránsito de vehículos (LCT), y de estas un 4 por ciento corresponde a ciclistas, lo que representa que anualmente alrededor de 50 mil ciclistas fallezcan en todo el mundo por esta causa. Los ciclistas son considerados usuarios vulnerables de las vialidades, ya que no están protegidos por una estructura física, lo que los expone a sufrir lesiones graves en caso de presentarse un evento de tránsito o incluso de morir al momento de sufrir una colisión.

Recientemente, en México se han impulsado políticas públicas encaminadas a fomentar una movilidad más sustentable. Una de ellas es el uso de la bicicleta como medio de transporte en distintas partes del territorio nacional. México ocupa el noveno lugar mundial en muertes por accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a peatones, de acuerdo con el Estudio Origen-Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en colaboración con los institutos de Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, y los gobiernos capitalino y mexiquense.

Las cifras más recientes del Inegi arrojan que en el año 2017 se reportaron un total de 367 mil 789 accidentes de tránsito, de los cuales 241 mil 285 involucraron a un vehículo; 13 mil 153 fueron atropellamientos; mil 79 fue por colisión con un animal; en 47 mil 396 estuvo involucrado algún objeto fijo; 8 mil 633 fueron volcaduras; mil 930 caídas de pasajeros; 8 mil 554 por la salida del camino de algún auto; 235 por incendios; 298 por colisión con ferrocarril; en 34 mil 910 se vio involucrada una motocicleta; en 4 mil 963 el impacto fue con un ciclista y 5 mil 353 se ubicaron en la categoría “otro”.1

Cada año, los accidentes viales que involucran a ciclistas, principalmente en Ciudad de México, van al alza. Tan sólo en 2017 fallecieron 25 ciclistas en calles de la capital mexicana, víctimas de la escasa infraestructura para peatones y bicicletas, pero también de la falta de educación vial.

De acuerdo con especialistas en movilidad, la Ciudad de México es una ciudad que privilegia a los automóviles, ha sido planeada para los automovilistas y el crecimiento de su infraestructura en los últimos 100 años lo demuestra.2

Por ello, una de las discusiones más frecuentes entre ciclistas y automovilistas radica en los señalamientos de unos a otros por supuesta irresponsabilidad. Sin embargo, la existencia de esta irresponsabilidad trae como resultado, la muerte de diversas personas. En Ciudad de México, debido a la falta de regulación de este tipo de vehículos, existe una clara tendencia de omisión de las normas.

Es así como es prácticamente normal el observar a personas que circulan en bicicleta por el carril del Metrobús a fin de evitar el tráfico y “ahorrar tiempo”, o quienes circulan en sentido contrario, desafiando a la suerte... y/o a la muerte. Cabe señalar que los ciclistas no cuentan con placas que les identifique ante las cámaras de multas, ni se ven obligados a portar una licencia de conducir -que en un momento dado les sea retirada.

Desde diciembre de 2015, Ciudad de México cuenta con un nuevo reglamento de tránsito, el cual no contempla multas para peatones y ciclistas, aunque sí una serie de obligaciones, encontrando entre ellas, las siguientes;

-Circular por las banquetas o calles peatonales

-Transitar por carriles exclusivos para transporte público (a menos que haya señalamientos que lo permitan)

-Deben circular por las ciclovías o en el carril de extrema derecha, ocupando siempre un espacio propio en el centro de ese carril

Además, se les pide que en horarios nocturnos porten aditamentos luminosos o fluorescentes para ser identificados fácilmente por los automovilistas. Petición que raramente es cumplida y por ello una de las causas principales de generar accidentes que tienen como resultado la muerte. Pese a lo anterior, en caso de que algún ciclista infrinja lo estipulado en el reglamento, los oficiales de tránsito solo pueden marcarles el alto y amonestarlos verbalmente. Es diferente el caso del hecho cuando hay heridos o muertos.

Pero, no solo es Ciudad de México la que vive esta situación, es así como de un total de 673 peatones y ciclistas que han muerto atropellados en las calles del país en lo que va del año. Ciudad de México encabeza la lista con un total de 49 casos, de acuerdo con datos recopilados por la organización #ManuVive. La organización fue creada después de la muerte de Emmanuel Vara, quien era director de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla y fue atropellado el año pasado por una unidad de transporte público.3

Dicha organización destacó que las 10 entidades con más fallecidos en lo que va de 2019 son: Ciudad de México (49), estado de México (46), Guanajuato (43), Chihuahua (39), Puebla (38), Veracruz (34), Nuevo León (28), Tamaulipas (27), Michoacán (25), Jalisco y San Luis Potosí ocupan la décima posición (24).

Los cinco estados que reportaron menos ciclistas y peatones muertos en el primer trimestre del año son: Tlaxcala (8), Morelos (13), Guerrero (14), Baja California (15) y Querétaro (15). La organización también publicó sus estadísticas por municipios y alcaldías. Entre enero y marzo de 2019, Ciudad Juárez (Chihuahua) lideró esta lista con 15 muertos por atropellamiento. Le siguen Puebla (14), Monterrey (13), Iztapalapa (11) y Aguascalientes (11).

Pese a lo grave de esta situación, nuestro país no cuenta actualmente con una legislación vigente que resuelva la problemática que representan los accidentes de tránsito.

Respecto a los efectos de los accidentes en los diversos grupos de edad, podemos mencionar que, en los niños (0 a 9 años) 6.19 por ciento de las lesiones accidentales corresponden a lesiones ocasionadas por accidentes viales, en adolescentes (10 a 19 años) 13.71 por ciento y en adultos (más de 20 años) 22.27 por ciento. Estos porcentajes representan 60 mil 389 lesiones por accidentes viales en niños, 257 mil 967 en adolescentes y 906 mil 166 en adultos.4

Además, en los adolescentes (10 a 19 años de edad) son la segunda causa de muerte, con 2 mil 662 fallecimientos en 2012 y una tasa de 9.0. Esta tasa es menor que los homicidios (11.9), pero es mayor que los suicidios (4.6) y leucemia (2.7). De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), los accidentes de tránsito le cuestan al país alrededor del 1.7 por ciento del PIB, equivalente a 150 mil millones de pesos. Incluyen pérdida de productividad, daños materiales, así como atención médica y hospitalaria.

De las cinco ciudades elegidas para elaborar el reporte, Tlaquepaque, Jalisco, fue la que mayor número de ciclistas consideraron que falta seguridad al rodar, con un 65.1 por ciento de los encuestados, seguido por Mérida, Yucatán, con 57.4 por ciento; Hermosillo, Sonora, con 43.2 por ciento; Morelia, Michoacán, con 39.7 por ciento, y León, Guanajuato, con 32.8 por ciento.

Por otra parte, en el Ranking Ciclociudades, donde se evaluó la gestión y desempeño de las políticas públicas de movilidad en bicicleta de 25 ciudades del país, detalla que de 2015 a 2018 hubo un incremento en la seguridad vial, al pasar de 25 por ciento a 41 por ciento en esos tres años. Además, indica que las ciudades con mejor puntuación en este aspecto fueron la Ciudad de México, Guadalajara, Zapopan, Morelos, Querétaro y Ahome, municipio situado en el estado de Sinaloa.

A pesar de este aumento, el estudio determina que aún no son suficientes las acciones implementadas para “garantizar la seguridad de quienes usan las calles, sobre todo, quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide de la movilidad, como peatones y ciclistas”. 5

Para ello, es necesario contar con una estrategia integral de seguridad vial a nivel local, la cual debe sumar elementos de regulación y correcta aplicación de la ley; así como impulsar una cultura movilidad y gestión de la seguridad vial para avanzar hacia resultados positivos en la materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus responsabilidades, implementen las acciones correspondientes a prevenir los accidentes de ciclistas.

Notas

1 En; https://www.sinembargo.mx/06-04-2019/3561587

2 En; https://www.radioformula.com.mx/noticias/20181129/ciclistas-cdmx-muerte s-por-que-tienen-accidentes-viales-2018/

3 https://www.sinembargo.mx/06-04-2019/3561587En 3 meses atropellan y matan a 673 ciclistas y peatones; la CdMx, Edomex y Guanajuato son líderes.

4 Ibidem.

5 https://www.forbes.com.mx/la-inseguridad-vial-sigue-siendo-la-preocupac ion-mayor-para-ciclistas/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, 15 de enero de 2020.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades de Jalisco a revisar la aplicación del programa Mochila Segura o implantar uno que prevenga la introducción y portación de armas y drogas en los centros educativos, suscrita por el diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena

El diputado Alberto Villa Villegas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

El acontecimiento del viernes 10 de enero de 2020, en el Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila, donde un menor de edad hirió a varios compañeros y a un profesor y terminó con la vida de su maestra y la de él mismo, es un hecho que nos recuerda al ocurrido en el Colegio Americano del Noroeste, en Monterrey, Nuevo León, en donde también hubo dos muertos.

El 18 de enero de 2017, en el Colegio Americano del Noroeste, en Monterrey, Nuevo León, un estudiante de secundaria de 16 años de edad disparó con un revolver a su profesora y a sus compañeros de clase. Hirió de gravedad a dos compañeros y a la maestra, quien después de dos meses perdería la vida, y donde también el menor se quitara la vida.1

El antecedente del programa Escuela Segura fue un operativo que se aplicó por primera vez en 2001 en Iztapalapa, Ciudad de México, como programa piloto: programa Escuela Segura y Sendero Seguro, para combatir la delincuencia y violencia en los entornos escolares, prevenir que los estudiantes portaran armas o sustancias ilegales en las escuelas y, principalmente, fomentar la cultura de la legalidad entre la comunidad educativa.2

Es necesario que la Secretaría de Educación Pública estatal dé voz a las niñas, niños, y adolescentes, así como a los padres de familia, y con la Comisión de los Derechos Humanos de Jalisco y la Secretaría de Seguridad de Jalisco, así como a todas las instancias de gobierno involucradas, con la finalidad de revisar la aplicación del programa Mochila Segura o establecer un programa que prevenga la introducción y portación de armas y drogas que vayan contra el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

También es necesario que en el programa Fomento de Paz se dé voz a los alumnos y a los padres de familia ya que, de acuerdo con las declaraciones del secretario de Educación de Jalisco, licenciado Juan Carlos Flores Miramontes, se han impartido 480 cursos.

Derivado del incremento de la violencia y la inseguridad en diversos estados nació el programa nacional Escuela Segura,3 instaurado en julio de 2007el cual tenía como objetivo que las escuelas a nivel básico en México tuvieran condiciones que propicien ambientes de seguridad y sana convivencia, favorables para la mejora y la práctica de valores cívicos y éticos.

Entre las acciones consideradas por el programa se incluyó el de Mochila Segura, que consiste en la revisión aleatoria de las mochilas de los alumnos en los accesos de entrada de las escuelas, a fin de detectar el ingreso de armas o de drogas en los planteles escolares.

A partir de los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noroeste se puso en marcha este programa, pero hubo quejas de los padres de familia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El 29 de julio de 2019, el entonces presidente de la CNDH, maestro Luis Raúl González Pérez, emitió la recomendación número 48/20194 al secretario de Educación Pública, maestro Esteban Moctezuma Barragán, sobre la violación de los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como del principio del interés superior de la niñez, con motivo de la aplicación del operativo Mochila Segura en escuelas de educación básica de la Ciudad de México, donde la CNDH concluyó que el programa Mochila Segura era violatorio de los derechos de los menores, así como del interés superior de la niñez, por lo que recomendó que se determinara si es procedente la continuación de éste.

En este sentido me permito proponer este punto de acuerdo con la finalidad de que la Secretaría de Educación de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Secretaría de Seguridad de Jalisco revisen la aplicación del programa Mochila Segura o implanten un programa que prevenga la introducción y portación de armas y drogas, en conjunto con los alumnos y los padres de familia, a fin de preservar y salvaguardar el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación de Jalisco, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y a la Secretaría de Seguridad de Jalisco a revisar la aplicación del programa Mochila Segura o implantar un programa que prevenga la introducción y portación de armas y drogas, en conjunto con los alumnos, y los padres de familia, a fin de preservar y salvaguardar el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/estados/tiroteo-en-escuela-de-torreon-re cuerda-al-de-monterrey-en-2017

2 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/RECO_201 9_048.pdf

3 https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/programa-nacional-escuela-s egura

4 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/RECO_201 9_048.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.

Diputado Alberto Villa Villegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para formular un extrañamiento al Ejecutivo federal por incumplir la Ley de Planeación, pues no publicó en tiempo y forma los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales relativos al PND 2019-2024, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión realiza un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo federal por incumplir con la Ley de Planeación al no publicar en tiempo y forma los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales relativos al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y exhorta a la Secretaría de la Función Pública a imponer las sanciones correspondientes en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en términos de las siguientes

Consideraciones

Primera. La planeación democrática del desarrollo es una de las directrices fundamentales sobre las que se deben desarrollar las políticas públicas. Lo anterior es así por virtud de la decisión política fundamental ordenada por el artículo 26 de la Constitución Política y reglamentada por la Ley de Planeación.

Segunda. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento en el que se plasman las estrategias, objetivos e indicadores que rigen la actuación de la administración pública federal. Dicho Plan se debe realizar a través de un proceso de deliberación y consulta incluyente, en el que participen y se expresen todas las visiones que integran el todo nacional. Desafortunadamente, en la administración que corre, se soslayó tanto la obligación de consulta como la elaboración de un documento técnicamente pertinente. En ese orden de ideas el documento aprobado en un procedimiento que violentó las reglas no fue resultado de un proceso de consulta, sino de la inspiración personal del presidente de la República. Al respecto cabe recordar que la aprobación anómala del deficiente documento fue la razón causal para que el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa presentara su renuncia a dicha función.

Tercera. El artículo 30 de la Ley de Planeación ordena lo siguiente: “Los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, en los plazos previstos por las disposiciones que al efecto emita el Ejecutivo Federal. En el caso de los programas sectoriales y los especiales que determine el Ejecutivo Federal, deberán publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan.” No obstante lo anterior y a pesar de la premura existente en la población respecto de la provisión de servicios de salud, a propósito de la cancelación del Seguro Popular, es el caso que al día de hoy no han sido publicados por lo menos los programas sectoriales a los que la ley obliga al Ejecutivo Federal.

Un ejemplo de las consecuencias de esta actuación carente de apego a la normatividad administrativa es la desatención a pacientes, el desorden y la confusión que se han generado en virtud de la cancelación del Seguro Popular y la creación de denominado Insabi.

Cuarta. La omisión que se señala es consistente con las actitudes del gobierno federal de desapego al cumplimiento del orden jurídico y de orientar a la administración pública a los estándares de pertinencia técnica, objetividad, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas que son indispensables para una correcta gestión. La vulneración de la ley no es inocua, implica responsabilidades administrativas que deben ser deslindadas.

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión realiza un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo federal por incumplir con la Ley de Planeación al no publicar en tiempo y forma los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales relativos al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que publique a la brevedad posible los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales relativos al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Tercero. La Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que previo a las investigaciones que se realicen, se impongan las sanciones correspondientes en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por el incumplimiento del artículo 30 de la Ley de Planeación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente a los 15 días del mes de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los órganos legislativos de los congresos locales a incorporar de forma expresa en sus constituciones la igualdad entre mujeres y hombres, de tal manera que se armonicen con la Carta Magna federal, suscrita por la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María Ester Alonzo Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la igualdad de género se reconoció como derecho fundamental por primera vez en 1974, mediante la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal; hoy en día, dicho artículo dispone la frase: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley”. En cuanto al ámbito local, la mayoría de los Estados establece en sus Constituciones andamios jurídicos similares a la Constitución Federal, sin embargo, al menos nueve entidades del país no hacen mención expresa de la igualdad entre mujeres y hombres.

Esta falta de armonización, genera que las disposiciones en materia de perspectiva de género de diversas entidades del país, sean reducidas a la simple obligación de promoción o fomento, y por ende, no exista una igualdad plena entre mujeres y hombres.

L a armonización legislativa protege y garantiza los derechos humanos, brindando a las mujeres la plena protección e igualdad de sus derechos. Esta igualdad, parte del reconocimiento de este derecho como principio rector en la constitución local, generando que la perspectiva de género esté presente en cada uno de los marcos normativos estatales, fortaleciendo las instituciones y garantizando la igualdad sustantiva.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) define al término armonización legislativa, como el instrumento que enuncia la necesidad que tiene la sociedad y las personas de contar con derechos comunes o afines en cualquier parte del mundo; es decir, es la herramienta que coadyuva a reconocer que todas las personas tienen los mismos Derechos.

Los Derechos Humanos o también reconocidos como Derechos Fundamentales, son de naturaleza inmanente al ser humano y, al armonizar los marcos normativos de las Entidades Federativas, se incorpora correctamente los contenidos de protección de los derechos humanos y por ende de igualdad sustantiva; es así como el Estado asume la obligación de adoptar medidas necesarias, para hacer efectivos en su integridad, los derechos y libertades de las mujeres y hombres.

La Armonización Legislativa es el procedimiento que tiende a unificar el marco jurídico vigente, por ello, es inadmisible que como país sigamos teniendo entidades federativas que no tienen contemplada explícitamente la igualdad entre mujeres y hombres en sus constituciones. Dichas entidades son: Baja california, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sonora y Yucatán.

Si bien es cierto que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, como un principio que consagra y garantiza dicha igualdad, y que debe ser un ordenamiento observado por las y los mexicanos, se considera indispensable que los Estados anteriormente citados, establezcan la igualdad de forma expresa en sus Constituciones, con la finalidad de que no existan ambigüedades, ni se admita ninguna otra interpretación, sobre el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en la base normativa del Estado.

Al no adecuar los marcos normativos locales, se falla en el reconocimiento pleno del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres; al incorporarlo en las constituciones locales, garantizará que las entidades federativas reconozcan su obligación de respetar y garantizar la igualdad de género. Logrando que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y cultural del Estado.

Por ello, propongo exhortar a los Congresos de estos estados del país, para establezcan de forma expresa en sus constituciones locales, “la mujer y el hombre son iguales ante la ley” y, crear condiciones jurídicas adecuadas para que las mujeres puedan ejercer sus derechos plenamente. Logrando una legislación sin discriminación, coherente y respetuosa.

Por lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los órganos legislativos de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sonora y Yucatán, a incorporar en sus Constituciones locales la igualdad entre mujeres y hombres de forma expresa, de tal forma que se armonicen con la Constitución federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputada María Ester Alonzo Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a designar un porcentaje del Fopreden para equipamiento y adquisición de uniformes de bomberos en estados y municipios con mayor riesgo de incendios, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a designar un porcentaje del Fopreden para el equipamiento y adquisición de uniformes nuevos para los heróicos cuerpos de bomberos de estados y municipios con mayor riesgo de incendios , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 1826, el ayuntamiento de Veracruz crea una ley en donde obliga a los aguadores, personas encargadas de sacar agua de las fuentes públicas y transportarla, ya que no había tomas domiciliarias, a prestar el servicio de auxilio cuando se presentaba un incendio teniendo sus mulas con los barriles llenos de agua a disposición; aunado a esto, Domingo Bureau Vázquez, con dinero propio, organizó a un grupo de veracruzanos con palas, picos y cubetas para que en caso de un incendio acudieran de inmediato a auxiliar.

En 1873, la Legislatura del estado de Veracruz lanza una convocatoria para instalar de manera formal una Compañía de Bomberos, por lo que el 22 de agosto de ese año se crea le primer cuerpo de bomberos de México, en el puerto de Veracruz, formado por voluntarios de diferentes oficios: albañiles, panaderos, sastres, comerciantes, cargadores, etcétera; para 1917 adquieren el primer carro cisterna.

En 1951, por decreto presidencial, se reconoce al Cuerpo de Bomberos como “Heroico”, su compromiso con la ciudadanía se refleja en sus uniformes; su casco representa la prevención y la protección; el hacha, que abre camino y permite seguir adelante; la escalera marca el camino hacia la perfección; la manguera es el trabajo en conjunto de los bomberos; la antorcha simboliza inteligencia, conocimiento y sabiduría; la guirnalda de laureles simboliza perpetuidad de los bomberos caídos en el cumplimiento de su deber, es un emblema de victoria y honor.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), informó que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 se registraron un total de 7 mil 410 incendios forestales en las 32 entidades federativas del país, afectando un total de 633 mil 678 hectáreas, las entidades con mayor número de incendios registrados fueron estado de México, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, que representan un 76 por ciento del total de incendios registrados en 2019; los cuales fueron mayores que en 2018 en donde se registraron un total de 6 mil 970 incendios.

El lograr abatir estos incendios requirió un total de 339 mil 488 días hombre, que en su mayoría fueron bomberos de los estados y municipios afectados, lo que significó un desgaste físico, de instrumentos y maquinaria para el Heroico Cuerpo de Bomberos, derivado de esto, al no dar mantenimiento o adquirir equipo nuevo en caso de requerirlo, se pone en peligro la vida de los bomberos en sucesos posteriores que se deban de atender.

El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) tiene como uno de sus objetivos la promoción y el fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir el impacto destructivo de fenómenos naturales, conforme lo establecido en el artículo 4o. de las Reglas de Operación presentadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2010 y con las cuales se operaba en 2019, a saber:

“Artículo 4o. El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales tiene como objetivo la promoción y fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado por fenómenos naturales, bajo los principios señalados en el artículo anterior, así como promover el desarrollo de estudios orientados a la gestión integral del riesgo para fomentar y apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención de desastres y mitigación de riesgos derivados de fenómenos naturales perturbadores y la adaptación a sus efectos.”

Este Fondo, al considerarse para la prevención, investigación y desarrollo tecnológico, debe apoyar la capacitación y equipamiento hacia los cuerpos de bomberos de los estados y municipios, ya que al tener un compromiso con la ciudadanía arriesgan su vida con instrumentos y herramientas desgastadas u obsoletas, ya que no solamente combaten incendios y explosiones, ayudan en accidentes por choques automovilísticos, inundaciones, derrumbes, temblores y cualquier emergencia en la que sean requeridos, por lo que es justo que desde este recinto velemos por el bienestar de ellos para que puedan seguir brindando la ayuda necesaria a la población.

En países como Colombia, para 2014, se considera un presupuesto anual de 650 millones de pesos anuales por municipio para apoyo a los bomberos, en el caso de Chile se considera un presupuesto anual de 14 mil millones de pesos para los cuerpos de bomberos; Paraguay, por su parte, considera 10 mil 500 millones anuales para cuerpo de bomberos de su presupuesto. En el caso de México se deja a consideración de estados y municipios la asignación de presupuesto, por lo que se tienen muchas carencias en los cuerpos de bomberos por la falta de uniformes, herramientas e infraestructura para realizar su trabajo. Debemos ser conscientes de las carencias que sufren los bomberos, empezando a invertir en la prevención de emergencias. Y qué mejor inversión que brindar equipo nuevo, herramientas y capacitación a los heroicos cuerpos de bomberos de las demarcaciones de nuestro país, por lo que se debe considerar un porcentaje anual del Fopreden en las reglas de operación para que estados y municipios puedan acceder a estos recursos para equipar y uniformar correctamente a sus bomberos.

Este tipo de acciones son preventivas, y se ha dicho en diferentes ocasiones que es de mayor beneficio económico “invertir más en recursos para la prevención que invertirlos en el remedio posterior, debemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar ya que la mayor parte de los recursos que México ocupa es para remediar consecuencias de desastres en lugar de destinar más dinero a prevenir.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a considerar un porcentaje del 5 por ciento del Fopreden para nuevos uniformes y herramientas para los cuerpos de bomberos de los estados y municipios con mayor riesgo de incendios y se consideren en las reglas de operación que se presenten.

Bibliografía

-Página oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Fopreden)

-Programa de Manejo del Fuego, Centro Nacional de Manejo de Fuego del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Conafor, cierre 2019)

-Ley Marco de los Bomberos de Chile, Biblioteca del Congreso nacional de Chile.

-Ley número 5375/14 “Que regula la Organización de los Cuerpos de Bomberos en Paraguay”

-Forero Medina Luis Eduardo, ¿Qué sabemos sobre los bomberos voluntarios en Colombia? (Las dos orillas, 2014)

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, a los 15 días de enero de 2020.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Profepa a emprender acciones dirigidas a cumplir la NOM-059-SEMARNAT-2010 para proteger la especie Echinocactus platyacantus y evitar su saqueo en la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, suscrita por el diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Ariel Rodríguez Vázquez, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el mundo se conocen aproximadamente mil 400 especies de cactáceas. De éstas, 669 son mexicanas y 518 son endémicas.1 Tan sólo en Guanajuato es posible encontrar 23 géneros y más de 100 especies2 . Es importante notar que no existe ningún otro país en el mundo que albergue más cactáceas que México. En este mismo sentido, es necesario señalar que Breceda et al apuntan en el texto México país megadiverso y la relevancia de las áreas naturales protegidas que:

...en México se han registrado cerca de 25 mil especies de plantas vasculares, se estima que la lista llegará a 30 mil y casi la mitad de las especies son endémicas del país. Además, nuestro territorio ha sido un centro de diversificación de muchos grupos de plantas y es en donde se encuentra el mayor número de especies de algunos grupos de vegetales como la de los pinos y encinos, magueyes y cactáceas. 3

Asimismo, es crucial resaltar que de los 17 “países megadiversos” que existen en el mundo, México se encuentra en el lugar número 5 sólo después de Brasil, Colombia, China e Indonesia4 . En este sentido, es importante mencionar que los países megadiversos ocupan 10 por ciento de toda la superficie terrestre y alojan 70 por ciento de la diversidad planetaria. La relevancia de México es enorme debido a que nuestro país alberga alrededor de 12 por ciento de dicha riqueza natural5 .

Las cactáceas más grandes llegan a medir tres metros de altura y las más longevas llegan a vivir cerca de 450 años, es decir, casi cinco siglos. El crecimiento de las también llamadas biznagas gigantes es sumamente lento debido a que éstas sólo crecen medio centímetro por año6 .

Con el objetivo de proteger la amplia diversidad de cactáceas que tiene nuestro país, se consideró en el Anexo Normativo III de la NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo una lista de 176 tipos de biznagas que se encuentran en riesgo. Si bien es cierto que hay una cantidad importante de biznagas que se encuentran en riesgo, también es crucial prestar especial atención y protección a la especie Echinocactus Platyacantus conocida comúnmente como “biznaga tonel grande” (que es endémica de nuestro país) pues ésta, es la principal especie utilizada para la producción del acitrón. En este mismo tenor, es importante señalar que en términos de la NOM-059-SEMARNAT-2010, la Echinocactus Platyacantus se encuentra dentro de la categoría “Pr”, es decir, sujeta a protección especial. De acuerdo a dicha norma oficial mexicana, son especies sujetas a protección especial (Pr):

Aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. 7

Hay que recalcar que el consumo excesivo del acitrón genera el riesgo de una eventual extinción de la biznaga Echinocactus Platyacantus así como de otras tantas especies de biznagas que se encuentran contempladas en el Anexo III de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo anterior, en virtud de que para producir el dulce conocido como acitrón, es necesario cortar toda la biznaga. Esto debido a que, según la bióloga Cecilia Jiménez Sierra, el proceso de producción del acitrón consiste en: “pelar la biznaga, retirar las costillas donde están las espinas, sacar la pulpa y cocerla varias veces con azúcar.”8 El acitrón es un dulce típico mexicano cuyo origen se remonta incluso hasta la época prehispánica en donde se cocía la biznaga para “que el azúcar de su propia pulpa se concentrara.”9 Actualmente, el acitrón es utilizado de manera regular para la elaboración de platillos tradicionales como los chiles en nogada y la rosca de reyes. Es importante señalar que el valor de la cactácea Echinocactus Platyacantus no es sólo biológico, sino tradicional y cultural.

Las cactáceas son de especial relevancia para la historia e identidad nacional de nuestro país, incluso dos de los tres símbolos patrios, el Escudo Nacional y la Bandera Nacional, están compuestos por un águila mexicana que devora una serpiente mientras que ésta posa sobre un nopal que también es una cactácea. Textualmente, el artículo 2o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales describe lo siguiente:

Artículo 2o. El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional.10

Ahora bien, la problemática ecológica en el estado de Guanajuato comienza a ser grave debido a la tala insostenible de las biznagas. Habitantes del municipio de Victoria, en el noreste de Guanajuato, han denunciado la tala ilegal de cerca de 20 mil cactáceas en los últimos años sin que las autoridades competentes hayan aplicado las sanciones correspondientes.11

Finalmente, es necesario señalar que el acitrón puede sustituirse con diversos endulzantes típicos que también son de origen mexicano y que no dañan al medio ambiente.

Por lo expuesto y considerando que Guanajuato es una de las entidades federativas que posee más biznagas conocidas como cactáceas Echinocactus Platyacantus, que son utilizadas comúnmente para producir el acitrón, es que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Medio Ambiente para que con base en sus atribuciones emprendan las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la NOM-059-SEMARNAT-2019 en cuanto a la protección de la especie Echinohcactus Platyacantus para evitar su saqueo y la comercialización de esta para la producción del acitrón en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Medio Ambiente para que con base en sus atribuciones emprendan las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la NOM-059-SEMARNAT-2019 en cuanto a la protección de la especie Echinohcactus Platyacantus e impulsen los procesos necesarios para salvaguardar su germoplasma con el objeto de garantizar su propagación y existencia en espacios naturales, así como realizar acciones de sensibilización sobre las implicaciones de la conservación de la especie y su aprovechamiento sustentable en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato.

Notas

1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Gobierno de México. (2016) Cactáceas, riqueza natural de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México. Recuperado de: < https://www.gob.mx/semarnat/articulos/cactaceas-riqueza-natural-de-mexi co>

2 Fonseca, Juan. (2019). Cactáceas de Guanajuato. Naturalista. Recuperado de: <https://www.naturalista.mx/guides/9722>

3 Breceda et al. (2014). México país megadiverso y la relevancia de las áreas naturales protegidas. Investigación y Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de:

<https://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/rev ista60/Articulo%202.pdf>

4 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Gobierno de México. (2018). México Megadiverso. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Recuperado de:

< https://www.gob.mx/conanp/articulos/mexico-megadiverso-173682>

5 Ídem

6 Galindo, A. (2018). El Rincón de las Cactáceas Gigantes una zona natural declarada reserva ecológica. Inforural. Recuperado de: <https://www.inforural.com.mx/el-rincon-de-las-cactaceas-gigantes-un a-zona-natural-declarada-reserva-ecologica/>

7 Secretaría de Medio Ambiente. Gobierno de México. (2010). NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies de riesgo. Gobierno de México. Recuperado de: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/134778/35.-_NORMA_OF ICIAL_MEXICANA_NOM-059-SEMARNAT-2010.pdf>

8 Gilet, E. (2017) El Exterminio de biznagas gigantes en el noreste de Guanajuato. Vice. Medio Ambiente. México. Recuperado de: <https://www.vice.com/es_latam/article/43dbmg/el-mayor-exterminio-de -biznagas-fue-en-el-noreste-de-guanajuato>

9 Larrouse Cocina. (2019). Diccionario Gastronómico. Acitrón. Larrouse. Recuperado de: <https://laroussecocina.mx/palabra/acitron/>

10 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1984). Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Congreso de la Unión. Recuperado de: < http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213_301118.pdf>

11 Martínez, C. (2016). Organización tala 20 mil cactáceas en Victoria, Guanajuato; aseguran que SEMARNAT les otorgó permiso. Redacción. Sin embargo. Recuperado de: <https://www.sinembargo.mx/28-04-2016/1654373>

Referencias

• Breceda et al. (2014). México país megadiverso y la relevancia de las áreas naturales protegidas. Investigación y Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de:

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• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Gobierno de México. (2018). México Megadiverso. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Recuperado de:

<https://www.gob.mx/conanp/articulos/mexico-megadiver so-173682>

• Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (1984). Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Congreso de la Unión. Recuperado de:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213_3011 18.pdf>

• Fonseca, Juan. (2019). Cactáceas de Guanajuato. Naturalista. Recuperado de: <https://www.naturalista.mx/guides/9722>

• Galindo, A. (2018). El Rincón de las Cactáceas Gigantes una zona natural declarada reserva ecológica. Inforural. Recuperado de: <https://www.inforural.com.mx/el-rincon-de-las-cactaceas-gigantes-un a-zona-natural-declarada-reserva-ecologica/>

• Gilet, E. (2017) El exterminio de biznagas gigantes en el noreste de Guanajuato. Vice. Medio Ambiente. México. Recuperado de: <https://www.vice.com/es_latam/article/43dbmg/el-mayor-exterminio-de -biznagas-fue-en-el-noreste-de-guanajuato>

• Larrouse Cocina. (2019). Diccionario Gastronómico. Acitrón. Larrouse. Recuperado de: <https://laroussecocina.mx/palabra/acitron/>

• Martínez, C. (2016). Organización tala 20 mil cactáceas en Victoria, Guanajuato; aseguran que SEMARNAT les otorgó permiso. Redacción. Sin embargo. Recuperado de: <https://www.sinembargo.mx/28-04-2016/1654373>

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• Secretaría de Medio Ambiente. Gobierno de México. (2010). NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies de riesgo. Gobierno de México. Recuperado de:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/134778/
35.-_NORMA_OFICIAL_MEXICANA_NOM-059-SEMARNAT-2010.pdf>

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2020.

Diputado Ariel Rodríguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la SEP a implantar acciones para colocar de manera gratuita despachadores de toallas sanitarias en las escuelas de educación básica, media y media superior del país, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 y 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución , presenta a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A los niños les gustan los coches y a las niñas las princesas. Los niños pueden estudiar y las niñas hacen las tareas domésticas. Estos son sólo algunos de los estereotipos de género que se introyectan en la infancia, fomentados por padres, madres, profesores, compañeros y la sociedad en general, y que se pueden volver dañinos cuando el menor comienza la adolescencia -sobre los 10 años-.

Lo anterior es una de las conclusiones a las que llegó el estudio Global Early Adolescent Study , elaborado en 15 países por la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de John Hopkins (Baltimore, Estados Unidos).

Dicho estudio también indica que se ha encontrado que las niñas y niños a muy corta edad -desde en las sociedades más liberales hasta en las conservadoras- interiorizan muy pronto el mito de que las niñas son “vulnerables” y los chicos son fuertes e “independientes”, durante la adolescencia, el mundo se expande para los niños y se contrae para las niñas, asegura en un comunicado Robert Blum, director del estudio y asentado en la Universidad Johns Hopkins.

En el mundo, tanto niñas como niños están atados a restricciones de género a muy temprana edad que pueden tener graves consecuencias en su vida, siendo peores en las niñas. Los estereotipos femeninos basados en “protegerlas” las hacen más vulnerables, enfatizando el afán de vigilarlas y sancionándolas físicamente cuando rompen las normas. Lo que les lleva a padecer más abandono escolar, casarse a muy temprana edad, embarazos precoces, infectarse por VIH u otras enfermedades de transmisión sexual.

Los riesgos en la salud de las y los adolescentes están influidos muchas veces por roles de género establecidos, ya desde los 11 años de edad.

Por ello, cuando vemos cómo muchos países gastan millones en programas de salud que dan comienzo cuando las personas a las que van dirigidos cuentan ya con los 15 años, consideramos que se trata de recursos que pudieran ser invertidos en etapas más tempranas, previniendo estas problemáticas de manera más efectiva ya que, probablemente, sea muy tarde para poder generar en ellas y ellos la gran diferencia en la construcción de una sociedad con mayor igualdad.

Entre los numerosos obstáculos que impiden a las niñas y mujeres el ejercer su derecho a estudiar, obtener un diploma y beneficiarse de la educación, se encuentran; la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, el matrimonio y el embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes tradicionales relacionadas con el papel de las niñas y mujeres.

Particularmente la violencia contra las niñas y mujeres es una lacra global que no conoce fronteras geográficas o culturales, y afecta a las féminas en situación de exclusión, encontrando entre ellas a las niñas y mujeres pobres, que son el colectivo más vulnerable a padecer este tipo de violencia, a menudo a manos de sus padres, maridos o parejas.

Quienes cometen este tipo de ataques creen que la violencia contra las niñas y mujeres es normal y constituye una conducta socialmente aceptable. Creen que pueden infligir violencia con impunidad, todo lo contrario: es la mayor violación de los derechos humanos y tiene devastadores efectos a largo plazo en las vidas de las niñas y mujeres afectadas, sus comunidades y la sociedad en general.

La violencia de género en las escuelas, desde los abusos físicos y psíquicos hasta el acoso escolar, es también una violación a los derechos humanos y limita la participación y el acceso de las niñas a una educación segura y de calidad, incrementando las tasas de abandono y fracaso escolar. Con frecuencia, este tipo de violencia proviene de causas estructurales con raíces muy profundas entre las que destacan la pobreza, la desigualdad y la discriminación. En algunas ocasiones se justifican por causas de moral o de honor, otras prácticas pueden encontrar justificaciones culturales o religiosas, reflejar prejuicios y creencias discriminatorias y perjudiciales hacia las niñas y niños.

La exposición prolongada de las niñas y niños a la violencia afecta a su desarrollo físico, emocional y social, puede alterar el sistema nervioso e inmunológico y provocar trastornos sociales, emocionales y cognitivos, además de conductas que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales. Cifras relacionadas con la problemática infantil, muestran una situación poco halagüeña, a saber;

-Entre 500 millones y mil 500 millones de niños y niñas son víctimas de la violencia cada año, muchos de ellos dentro de las escuelas.

-En el mundo, unos 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sufrido violencia sexual.

-Casi la mitad de las agresiones sexuales en el mundo se cometen contra niñas menores de 16 años.

-Los informes indican que niños y niñas de tan solo 6 años, son víctimas de violaciones y abusos.

-Alrededor de 126 millones de niños y niñas están involucrados en las formas más peligrosas de trabajo infantil.

-Se calcula que 1.2 millones de niños y niñas son víctimas de la trata de personas.

-Un 28 por ciento de las niñas nunca se siente segura en el camino al colegio, y una de cada cuatro niñas nunca se siente cómoda usando los aseos de las escuelas, según el estudio “Escuchad nuestras voces”.1

Adicionalmente a ello, poco se habla de las dificultades que viven cientos de niñas, adolescentes y mujeres en el mundo por la menstruación. En la India, millones de ellas ni siquiera pueden estudiar porque les llega el periodo. ¿Por qué es tan grave esta problemática?, ¿Cómo es que un proceso natural aparta de la escuela a una considerable parte de la población femenina?

Todo se origina en un tema cultural que es poco discutido entre las madres e hijas. Esa falta de comunicación se traduce en pobres prácticas de higiene menstrual. En diversas regiones, las mujeres no suelen usar toallas higiénicas, bien sea porque les da pena comprarlas o porque son muy caras para la población más pobre. Por otra parte, muchas mujeres del campo tienen una noción cultural que riñe con las buenas prácticas de higiene menstrual, se resisten a usar una toalla higiénica porque es difícil deshacerse de ella. La costumbre de buena parte de las mujeres es usar productos caseros, como trapos o trozos de camisas, para manejar el periodo.

Esto puede llevar a problemas de salud, desde infecciones en el tracto urinario hasta cáncer, y dos tercios de ellos se atribuyen a malas prácticas de higiene menstrual. A eso se le suma una precaria infraestructura en las instituciones educativas, donde 40 por ciento de todas las escuelas oficiales carecen de una adecuada zona sanitaria. Como consecuencia, muchas niñas y jóvenes, prefieren cambiarse las toallas higiénicas (o las telas que improvisan) en su casa, aunque tengan que caminar largos tramos. No una, sino varias veces al día. O, sencillamente, abandonar la escuela.

Es notable que un programa consistente en llevar baterías sanitarias a las escuelas rurales de Bangladés aumentara la participación de las jóvenes en un 11 por ciento. En África también existe este problema, especialmente por las dificultades económicas de acceso a métodos de higiene menstrual. En Kenia, Ghana y Uganda, cerca del 50 por ciento de las niñas no tiene acceso a toallas higiénicas. Un estudio en Etiopía encontró que la mitad de las estudiantes perdían entre uno y cuatro días de escuela al mes por la menstruación. De hecho, un reporte de la Unesco sugiere que una de cada 10 jóvenes en África Subsahariana pierde clases cuando les llega el periodo.2

En relación con el uso de los servicios sanitarios o aseos en las escuelas, no sólo en países africanos o asiáticos, sino también en México encontramos que el periodo menstrual es en algunos casos, una problemática de difícil resolución para las niñas y adolescentes particularmente las de escasos recursos económicos. En días pasados, diversos medios de comunicación nos informaron que: “Adolescentes y niñas que viven en pobreza extrema no acuden a la escuela cuando están en su periodo menstrual porque, ante la falta de recursos, no pueden comprar toallas sanitarias o tienen miedo de manchar su ropa.”3

Asimismo, y de acuerdo con Lorena Vázquez Ordaz, directora ejecutiva de The Hunger Project México , en localidades como Chiapas y Oaxaca, y la Huasteca potosina, el problema se agudiza porque en las comunidades las familias no cuentan con sanitarios con todos los requerimientos para su adecuado aseo personal.4

Además considera que quienes realzan las políticas públicas y quienes toman las decisiones, en su mayoría son hombres que no reflexionan sobre estos temas que son tan importantes para las niñas y adolescentes.

Abunda comentando que, en las visitas a comunidades marginadas han encontrado casos de jóvenes que fueron víctimas de abuso sexual durante el trayecto para ir al baño. Como las letrinas están fuera de la casa, las adolescentes tienen que salir durante la noche, a obscuras, y en ese momento es cuando sufren ataques sexuales. Considera además que un gran número de niñas y adolescentes no sabe que es la menstruación y menos como manejar esta situación.

Ante esta problemática de carácter mundial, la Unesco y la marca Always, de Procter & Gamble, presentó la primera publicación de buenas prácticas y políticas sobre la educación a la pubertad y la higiene menstrual en Nueva York, coincidiendo con la reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la condición femenina. Informan que, más de un tercio de las escuelas en el mundo no dispone de saneamiento adecuado, según el informe “Agua potable, saneamiento e higiene en las escuelas”, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud. Los servicios básicos de higiene como el jabón están ausentes en casi la mitad de los centros de estudio, lo que afecta a 900 millones de niñas y niños.

Puberty Education and Menstrual Hygiene Management [Educación a la pubertad y gestión de la higiene menstrual] es la novena publicación de la colección de la Unesco titulada Good Policy and Practice in Health Education [Buenas políticas y prácticas en la educación a la salud] cuyo objetivo es combatir la ignorancia y la vergüenza que padecen millones de niñas. La pubertad es un periodo de transformación para todas las y los jóvenes, pero quizá más particularmente para las niñas, perturbadas por los cambios que afectan a sus cuerpos, y que pueden llegar a convertirse en un obstáculo para su educación.

Muchas niñas no están preparadas para la aparición de la menstruación, de hecho en algunas regiones dos de cada tres niñas no saben qué les está ocurriendo cuando tienen la primera regla. Esto puede tener efectos negativos en su desarrollo físico y emocional, en su autoestima y en sus resultados escolares. Varios estudios, en particular los de la Universidad Oxford, de Ghana, indican que el 95 por ciento de las niñas afirman faltar a veces a clase cuando tienen la menstruación.5

Otro estudio realizado en Etiopía demuestra que 39 por ciento de las niñas atribuyen sus malos resultados escolares a esta misma causa. Ocurre a menudo que la falta de instalaciones sanitarias adaptadas unida al miedo y la vergüenza pueden ser causas de abandono escolar durante este periodo crucial de la vida de las niñas.6

Es así que el miedo a mancharse, a los malos olores, la marginalización social y las prácticas inadecuadas de higiene menstrual contribuyen al 40 por ciento de las ausencias en clase de las chicas en edad de menstruar. Como coadyuvante para erradicar esta problemática, será necesario implementar campañas de información y educativas sobre el tema en todas las escuelas del país de educación básica, media y media superior como parte de una política pública del gobierno federal; asimismo la instalación de dispensadores de toallas sanitarias gratuitas en las escuelas de educación básica, media y media superior, en el ánimo de apoyar con este gasto a las niñas y adolescentes de menores ingresos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus competencias, proporcionen e implementen las acciones necesarias para colocar de manera gratuita despachadores de toallas sanitarias en las escuelas de educación básica, media y media superior de todo el país.

Notas

1 Datos en; https://plan-international.es/por-ser-nina/campana/violencia-y-discrimi nacion-0

2 En www.semana.com/educacion/articulo/las-ninas-en-india-no-pueden-ir-al-co legio-por-la-menstruacion/602981.

3 En, glonaabot: eluniversal.com.mx, 2019-05-08

4 Ibídem

5 Scott L, Dopson S, Montgomery P, Dolan C and Ryus C (2009, draft) Impact of providing sanitary pads to poor girls in Africa. Universidad de Oxford

6 Abera Y (2004) Menarche, menstruation related problems and practices among adolescent high school girls in Addis Ababa. Tesis de Maestría en Ciencias.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el 15 de enero de 2020.

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Mónica Almeida López, María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a revisar y, en su caso, revocar el incremento de las tarifas del transporte público, suscrita por el senador Ricardo Moreno Bastida, del Grupo Parlamentario de Morena

El senador Ricardo Moreno Bastida, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al gobernador constitucional del estado de México, Alfredo del Mazo Maza revisar y, en su caso, revocar el incremento de las tarifas del transporte público en el estado de México.

Consideraciones

El gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, publicó en la Gaceta del Gobierno en fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve el “Acuerdo del Secretario de Movilidad por el que se autoriza la modificación a las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte, en la modalidad de colectivo y mixto”, mediante el cual se ha golpeado severamente la economía de las más pobres familias mexiquenses.

Decisión simplista que fue tomada sin contemplar otras soluciones. Su capacidad de innovación es nula. Siempre acuden a la puerta fácil del aumento de tarifas, no hay propuestas, ni de un abono de transporte, ni de mejora con medios de transporte colectivo no contaminante y más económico, ni soluciones de corto o mediano plazo, favorables a las clases populares.

Pareciera que en el área de transporte público de pasajeros gobiernan los transportistas por encima de un gobierno sumido en una crisis crónica.

Es claro que estas decisiones de gobernantes las pueden tomar así, porque ellos se transportan en el helicóptero y las suburbans blindadas, con escoltas, a costillas de los impuestos que pagamos los contribuyentes, ¿Alguna vez en su vida el Gobernador Alfredo del Mazo habrá padecido las horas interminables de traslados en camiones inseguros, incómodos y caros?, ¿sabrá lo que es sufrir un asalto en transporte público como los miles que se dan en el transporte? Y con ello ha faltado al cumplimiento de su palabra dada de seguridad en el transporte.

Lo único seguro que hay en el transporte es el aumento de las tarifas. Ninguna otra medida de mejoramiento del transporte público de pasajeros ha logrado imaginar y poner en práctica en los dos años y cuatro meses que lleva su gobierno.

Habría que cuestionar ¿quiénes son los grandes capos dueños del transporte que se han enriquecido con el sufrimiento de trabajadores y estudiantes, o será por complicidad?

Si se hiciera una encuesta a su gestión entre los ciudadanos del estado de México, en esta materia específicamente, se calificaría de reprobado, con cero de calificación.

El aumento al transporte aludido es una piedra que pone el gobernador del Mazo en la lucha por la recuperación del poder adquisitivo del salario que se ha propuesto el presidente López Obrador.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta al gobernador constitucional del estado de México, Alfredo de Mazo Maza, para que rinda un informe detallado a esta Comisión Permanente sobre los motivos de su decisión tomada en el “acuerdo del secretario de Movilidad por el que se autoriza la modificación a las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte, en la modalidad de colectivo y mixto” y los resultados obtenidos desde su aplicación. Que suspenda el alza del precio del transporte público de pasajeros hasta en tanto propone alternativas para el mejoramiento del servicio público de pasajeros.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Senador Ricardo Moreno Bastida (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de SLP a cumplir los artículos transitorios segundo y noveno del decreto 1045, publicado el 20 de agosto de 2018, que expide su ley orgánica, a cargo del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, senador en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí a cumplir los artículos transitorios segundo y noveno del decreto 1045, publicado el 20 de agosto de 2018, que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con motivo de las modificaciones realizadas al artículo 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de la reforma Político Electoral, la institución del Ministerio Público fue objeto de una profunda transformación, buscando ante todo que las instituciones de procuración de justicia de la nación afrontarán con mayor fortaleza los retos que plantea la transición hacia el sistema penal acusatorio.

Derivado de lo anterior, San Luis Potosí armonizó su marco jurídico local con el federal, y el 2 de octubre de 2017 reformaron la Constitución, creando la Fiscalía General del Estado, dotándola de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía presupuestal, técnica y de gestión.

Con la reforma vigente y buscando armonizar las leyes secundarias en la materia, en agosto de 2018 se aprobó el decreto 1045, el cual expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí; se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de San Luis Potosí; y del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

Con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se adoptan medidas para garantizar que uno de los operadores de justicia realice sus labores de manera imparcial e independiente de acuerdo a los estándares internacionales delineados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dotándola de autonomía y con el fortalecimiento que requiere una institución de procuración de justicia, al establecer que las actividades relacionadas con la persecución del delito sean independientes e imparciales como medio para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito, una de las características clave del estado de derecho para construir la democracia.

Actualmente, hay una tendencia nacional generalizada que, con motivo de la protección activa a ciertos grupos vulnerables y atención a tipos de criminalidades muy específicas, el Congreso Federal ha emitido diversas leyes generales.

Los entes de procuración de justicia del país se encuentran obligados a generar algún tipo de estructura que atienda esos mandatos legales. El capítulo II, “Principios rectores”, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, establece en el artículo 6, fracción XV:

XV. Perspectiva de género e interculturalidad : la Fiscalía General actuará con perspectiva de género e interculturalidad, que implica considerar las condiciones particulares de las mujeres, y personas indígenas, para facilitar su acceso a la justicia, con la adopción de medidas preventivas, integrales, y de reparación, que garanticen su participación igualitaria en todas las diligencias y actuaciones ante el Ministerio Público;

La Ley Orgánica regula las Bases Generales de la Organización Territorial Funcional y Especializada y en su artículo 11 fracción II establece:

II. La Fiscalía General contará al menos con las fiscalías especializadas y/o unidades especializadas y/o delegaciones especializadas siguientes:

a) En materia de Desaparición Forzada de Personas, y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas.

b) Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, y Contra Migrantes.

c) Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

d) Para la Atención de los Pueblos, Comunidades y Personas Indígenas.

e) Para la Atención de la Mujer, la Familia, Delitos Sexuales y Justicia para Adolescentes.

f) Las demás fiscalías en las materias específicas que deban crearse por disposición de la ley o por las necesidades del servicio, así como las establecidas en los artículos 17 y 18 de este ordenamiento.

Cada una de éstas tendrá todas las facultades que la legislación procesal o leyes especiales otorguen al Ministerio Público.

Con lo anterior se reconocen el impulso y avance decisivo en el perfeccionamiento del sistema local de procuración de justicia. Sin embargo, ha transcurrido más de un año de la aprobación y publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí sin que a la fecha se hayan cumplido los nombramientos mencionados, incumpliendo con ello lo establecido en los transitorios segundo y noveno del decreto en referencia:

Segundo. Nombramiento. En un plazo de un año posterior a la vigencia de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, todo el personal de la Fiscalía General del Estado deberá ser nombrado conforme a las disposiciones previstas en la presente ley y sus respectivos reglamentos.

Noveno. La Fiscalía General del Estado contará con un plazo máximo de trescientos sesenta y cinco días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Ordenamiento, para instituir las áreas que establece la presente Ley con las que no cuente a su entrada en vigor.

Son un hecho notorio la distracción y el incumplimiento del titular de la Fiscalía de San Luis Potosí, al dejar pasar el tiempo y no cumplir su obligación y nombrar a los titulares de las fiscalías especializadas, unidades especializadas, o delegaciones especializadas en i. Materia de desaparición forzada de personas, y desaparición cometida por particulares y del sistema de búsqueda de personas; ii. Para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, y contra migrantes; iii. Para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; iv. Para la atención de los pueblos, las comunidades y las personas indígenas; y v. Para la atención de la mujer, la familia, delitos sexuales y justicia para adolescentes.

Derivado de lo anterior es que someto a consideración de los integrantes de la Permanente, el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General del estado de San Luis Potosí a fin de que dé cumplimiento al transitorio segundo y noveno del decreto 1045 publicado el pasado 20 de agosto de 2018 que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, pues urge atender los casos de estos sectores conforme a los estándares internacionales delineados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía, con tratamiento de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de San Luis Potosí a cumplir los artículos transitorios segundo y noveno del decreto 1045, publicado el 20 de agosto de 2018, que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí; y realizar los nombramientos de los titulares de las fiscalías especializadas, unidades especializadas, o delegaciones especializadas en i. Materia de desaparición forzada de personas, y desaparición cometida por particulares y del sistema de búsqueda de personas; ii. Para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, y contra migrantes; iii. Para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; iv. Para la atención de los pueblos, las comunidades y las personas indígenas; y v. Para la atención de la mujer, la familia, delitos sexuales y justicia para adolescentes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 15 de enero de 2020.

Senador Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a tomar acciones con la empresa Roadis, titular de la concesión de la autopista Monterrey-Saltillo, para mejorar en ésta las condiciones de seguridad, suscrita por la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Verónica Martínez García, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con ffundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 31 de diciembre de 2019 sobre la autopista Monterrey-Saltillo cerca de la entrada del municipio de García en Nuevo León, se suscitaron dos accidentes muy cercanos, uno en el kilómetro 61 y otro en el kilómetro 64 de la autopista que conecta a Saltillo y Monterrey.

Según el reporte de las autoridades de protección civil de los municipios de Ramos Arizpe, en Coahuila, y de Santa Catarina, en Nuevo León, a las 15:50 horas un tráiler se volcó y bloqueó los carriles en ambos sentidos provocando que chocaran otros vehículos hasta sumar más de 50 involucrados en una “ megacarambola”.

Lamentablemente el saldo de dicho accidente fue de dos muertos, cerca de 48 heridos y una estimación de daños materiales a vehículos y a la infraestructura carretera aún sin calcular, todo esto debido a las malas condiciones climáticas y al espeso banco de niebla que prevalecían en la zona en ese momento.

Debido a tales circunstancias, dicha autopista permaneció cerrada entre 22 y 24 horas, del 31 de diciembre de 2019 al 1 de enero de 2020, por lo que algunas personas pasaron la noche del año nuevo en los albergues de Santa Catarina, Nuevo León.

Pero no solo ese accidente se ha suscitado en esa autopista, tres días después se suscitó un nuevo percance en donde el conductor de un tractocamión impactó a cuatro vehículos causando caos nuevamente, por lo que durante esta época invernal, existe un riesgo muy alto al circular esta autopista, ya sea en dirección a Saltillo, o bien a Monterrey, por lo es imperante que en ella se coloquen los señalamientos para moderar la velocidad al circular en ella, así como para prevenir a los conductores sobre los bancos de niebla que frecuentemente se presentan en un buen tramo de esa vía.

Pese a lo aparatoso del accidente no se reportaron lesionados, sólo se formaron largas filas de vehículos de carga y de particulares, quienes se quedaron varados en el lugar, ya que en la entrada de la autopista no existía un aviso de prevención sobre el intenso tráfico generado, el cual ocasionó retrasos de hasta casi dos horas para llegar a la caseta y continuar hacia la frontera con Estados Unidos, al Aeropuerto Internacional de Monterrey o la Zona Metropolitana.

La autopista Monterrey-Saltillo es un tramo concesionado a la empresa Roadis, la cual se ha encargado de realizar todas las actividades de la operación, explotación, conservación y mantenimiento.

Con una longitud aproximada de 50 kilómetros, cuatro carriles construidos con concreto hidráulico, acotamientos laterales y una barrera central, fue inaugurada en 2009 con el fin de agilizar la conexión carretera entre los estados de Coahuila y Nuevo León, reduciendo los tiempos de traslado a solo 40 minutos entre las dos capitales de esos estados.

Como ya se había comentado, es común que en épocas de invierno se susciten este tipo de accidentes en la misma, debido a los fenómenos climáticos que prevalecen en la zona y a la falta de señalizaciones que permitan evitarlos al moderar la velocidad con la que circulan dicha vialidad e informar a los usuarios cuando haya algún banco de niebla en algún tramo de la misma.

Si bien el exceso de velocidad y las condiciones climáticas son los factores principales de dichos accidentes, diversas organizaciones como la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila A.C., se han manifestado por solicitar a la concesionaria invierta en medidas en mayores medidas de seguridad que prevengan los accidentes mencionados en los párrafos que anteceden, lo que garantizara la integridad física de sus usuarios.

Debido al tipo de accidentes suscitados, a las características físicas y climáticas que se presentan a lo largo de dicha autopista, es que se requiere la implementación de tableros electrónicos que informen sobre las condiciones climáticas que al momento hay en la autopista, así como el estado del tráfico vehicular, cámaras de seguridad, la creación de mayores retornos o la colocación de barreras movibles que permitan el rápido acceso a los servicios de emergencia o en su caso el desvió de los vehículos que transitan, evitaría accidentes mayores como el que se suscitó el 31 de diciembre de 2019.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con la empresa Roadis, titular de la concesión de la autopista Monterrey- Saltillo, instalen los señalamientos necesarios, tableros electrónicos, cámara de video vigilancia, la creación de mayores retornos o la colocación de barreras movibles que permitan el rápido acceso a los servicios de emergencia que garanticen la seguridad de los usuarios de la dicha autopista.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar a la empresa Roadis, titular de la concesión de la autopista Monterrey-Saltillo, a una reunión con autoridades de ambos estados, con el fin de analizar las condiciones de la autopista, así como la posibilidad de realizar adecuaciones a la misma que permitan la rápida atención de incidentes y garanticen la seguridad de los usuarios de la misma.

Dado en el Senado de la República, a 13 de enero del 2020

Senadora Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a hacer público el Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, suscrita por la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena

Claudia Tello Espinosa , diputada federal del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo a información de Greenpeace, la producción de plásticos para este año 2020 superará los 500 millones de toneladas anuales. Desde 1950 a la actualidad se han fabricado 8.3 mil millones de toneladas. Tan solo los fabricantes de bebidas producen más de 500 mil millones de botellas de plástico de un solo uso al año. De 1 a 5 billones de bolsas de plástico son utilizadas cada año en todo el mundo, para el año 2050 habrá aproximadamente unos doce millones de toneladas métricas de basura plástica en los vertederos de basura y en el medio ambiente.

En el ámbito internacional se implementan líneas de acción para políticas públicas que cambien los patrones de consumo y las prácticas de gestión de residuos. En particular acciones prioritarias para minimizar los plásticos de un solo uso a través de la prohibición total o parcial de bolsas de plástico y regulaciones de espumas de poliestireno.

1. Mejorar los sistemas de gestión de residuos

a) Separación de residuos en el punto de origen: Residuos plásticos, orgánicos, metálicos, de papeles, etcétera.

b) Recolección eficaz de los residuos separados, transporte y almacenamiento seguro

Reciclaje económico de los materiales (incluyendo los plásticos)

c) Menos vertidas y desechos en el medio ambiente.

2. Promover alternativas ecológicas para eliminar progresivamente a los plásticos de un solo uso

a) Introducir incentivos económicos incluyendo reembolsos de impuestos, fondos para investigación y desarrollo, apoyo para la incubación de tecnologías, asociaciones entre los sectores públicos y privados.

b) Apoyar proyectos para mejorar o reciclar artículos de un solo uso transformar residuos potenciales en recursos.

c) Estimular la creación de microempresas para impulsar la creación de trabajos y el crecimiento económico

3. Educar a los consumidores para que tomen decisiones pro-ambientalistas

a) Educación en las escuelas incorporada a los currículos.

b) Campañas de concientización.

c) Presión pública para impulsar decisiones de los sectores públicos y privados.

4. Habilitar estrategias de reducción voluntaria.

a) Las estrategias de reducción pueden llevar a fomentar la comprensión por parte de las personas, sin un cambio súbito forzado.

b) Promoción y adopción del uso de bolsas reutilizables como alternativas a las bolsas plásticas acuerdos voluntarios entre el gobierno y los minoristas/productores.

c) La existencia de una conciencia social elevada y de la presión pública son un prerrequisito para las estrategias de reducción de uso efectivas.

5. Prohibir o imponer gravámenes sobre el uso y venta de artículos de plástico de un solo uso.

a) Impuestos a proveedores, minoristas y consumidores.

b) Prohibiciones de bolsas y envases de plástico de un solo uso y regulación de espumas de poliestireno a nivel nacional.

Somos conscientes que la transición hacia alternativas para modificar patrones de consumo y gestión de residuos más ecológicos es un proceso gradual, por ello, el robustecimiento del sistema de gestión de residuos puede ayudar a reducir en forma pronta y exitosa la contaminación de plásticos.

La gestión integral de residuos como conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, debe responder a la urgencia internacional para que cada Estado implemente políticas públicas

La expedición de leyes en los estados para prohibir o disminuir el uso de bolsas plásticas sin lugar a duda presenta un compromiso de los gobiernos para un ambiente sustentable, sin embargo, es urgente la revisión y evaluación de las políticas públicas que implementan los tres niveles de gobierno para el manejo y procesamiento final de éstos.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos establece que, en materia de prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos corresponde a la Federación, las entidades federativas y los municipios, bajo los principios de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Toda vez que es competencia de la Federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos, así como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y municipios, así como promover y coordinar la creación de infraestructura para el manejo integral de los residuos con participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para:

I. Presentar y publicar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en particular las políticas públicas que implementará en el ejercicio 2020 para prohibir y procesar las bolsas y envases de plástico y espuma de poliestireno a nivel nacional de un solo uso.

II. Publique los planes de manejo y responsabilidad compartida de productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos con mercancías con envases de un solo uso.

III. Implemente y publique, en coordinación con los gobiernos de los estados, el Sistema de Información sobre Gestión Integral de Residuos conforme a lo establecido en el Capítulo IV, Derecho a la Información, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Recursos.

IV. Presente al Congreso de la Unión informes trimestrales de los avances de gestión de los puntos anteriores, así como la evaluación de resultados por entidad federativa.

Sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.

Diputada Claudia Tello Espinosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a informar a esta soberanía sobre la puntual entrega de recursos públicos para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por conducto de su directora general, la doctora Elena Álvarez Buylla-Roces, a fin de que informe a esta soberanía sobre la puntual entrega de recursos públicos tendentes a garantizar el adecuado funcionamiento del foro consultivo científico y tecnológico; para que reconozca al foro consultivo científico y tecnológico, asociación civil, como la instancia a que hace referencia el artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y se respete su autonomía tal y como lo dispone el ordenamiento legal en cita. Lo anterior de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. El 5 de junio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ciencia y Tecnología, a través de la cual, se creó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Foro). El Foro es el resultado de una reestructura, en la que se buscó que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología abarcara los sectores público, social y privado.1

2. El Foro se crea en la Ley con el propósito de mejorar la eficacia de la función consultiva en la materia al Poder Ejecutivo, del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); además de las funciones propias del Foro, tiene representación en el Consejo General y en la Junta de Gobierno del Conacyt; y dentro de la mesa directiva del Foro hay plena pluralidad, al estar conformado por instituciones y organizaciones efectivamente representativas en la materia y por investigadores del Sistema Nacional de Investigadores.

3. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Foro se constituyó como asociación civil, mediante escritura pública 8,031 de fecha 27 de septiembre de 2002 ante el notario público Lic. Ángel Gilberto Adame López, titular de la notaría pública 233 del entonces Distrito Federal, y a partir de ese instrumento jurídico ha permitido encauzar la participación de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, en la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

4. Derivado de las atribuciones que le son conferidas, el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología establece que es obligación del Conacyt otorgar los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro, lo que incluye los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo.

5. Durante los últimos cinco años, el numerario recibido por el Foro por concepto de apoyos necesarios para su adecuado funcionamiento equivalió aproximadamente al .15 (punto quince por ciento) del presupuesto recibido por Conacyt, siendo que en el 2019 únicamente recibió el equivalente al .0004 (punto cero cero cero cuatro por ciento) de dicho presupuesto.

6. El Conacyt se ha abstenido de observar el mandato legal citado, negando al Foro los recursos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento, lo cual ha sido reconocido en días pasados por el Poder Judicial Federal.2

7. Por otro lado, es de advertirse que el Estatuto Orgánico de Conacyt vigente hasta 11 de diciembre de 2019, reconocía a la asociación civil antes mencionada como el Foro, por ser el instrumento jurídico idóneo para atender sus funciones, integrar a su vez una mesa directiva plural como lo ordena la fracción V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, pero sobre todo como mecanismo para garantizar su autonomía. Por ello, el párrafo quinto del artículo 22 del Estatuto disponía:

“Artículo 22

...

El Foro propondrá las bases de su integración, funcionamiento y organización, las cuales serán expedidas conjuntamente por su mesa directiva y el Conacyt. Para la materialización de sus actos el Foro se constituirá en una asociación civil.”

8. Sin embargo, mediante Acuerdo emitido por la Directora General del Conacyt mediante el cual se reformó el Estatuto Orgánico del Conacyt, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de diciembre, se eliminó el reconocimiento de la naturaleza jurídica del Foro como asociación civil, sin que al efecto se precise su nueva naturaleza jurídica, y sin que queden claras las razones por las cuales ya no se pretende reconocer a dicha asociación civil. Tampoco se precisa si el Foro será una unidad o área adscrita al Conacyt.

9. De igual manera, la modificación al Estatuto Orgánico antes señalada contraviene la autonomía legal otorgada al Foro, pues se le impone la obligación de que atienda las funciones que al efecto determine la Dirección General del Conacyt, lo que resulta abiertamente contrario a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que reconocen al Foro como órgano de consulta del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt.

Por todo ello, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita muy respetuosamente a la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dra. Elena Álvarez Buylla-Roces, informe a esta Soberanía sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología consistente en la entrega de los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en el que abarque los apoyos logísticos y los recursos para su operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dra. Elena Álvarez Buylla-Roces, informe a esta Soberanía sobre los actos que llevará a cabo para dar cumplimiento a la resolución definitiva emitida por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo indirecto con el número de expediente 1440/2019.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dra. Elena Álvarez Buylla-Roces, a que observe y atienda lo dispuesto en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a fin de que reconozca a la asociación civil denominada “Foro Consultivo Científico y Tecnológico” como el órgano autónomo y permanente a que hace referencia el artículo 36 de dicho ordenamiento legal.

Notas

1 Al respecto, resulta por demás interesante el dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su carácter de Cámara de Origen de las leyes referidas, que en sus puntos 4 y 15 del apartado II., asentaron:

“II. Consideraciones

...

4. Uno de los puntos de mayor interés y respecto del cual se recibieron múltiples sugerencias es el de la organización y el funcionamiento de órganos consultivos en cuestiones científicas y tecnológicas a las diversas instancias gubernamentales. Actualmente existen varios órganos consultivos, que son el Foro Permanente de

Ciencia y Tecnología, previsto en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y el Consejo Consultivo Científico y Tecnológico de la Junta de Directiva del Conacyt, previsto en la ley que crea al Conacyt, además del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Con el propósito de mejorar la eficacia de la función consultiva se propone crear el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como un órgano consultivo en ciencia y tecnología del Poder Ejecutivo, del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de la Junta de Gobierno del Conacyt, el cual aglutine las funciones del actual Foro y las del Consejo Consultivo del Conacyt, pero simplificadas y orientadas a cuestiones estratégicas con las siguientes características: integración amplía, plural, equilibrada regionalmente y que abarque todas las áreas y disciplinas; internamente organizado, con comités especializados y una mesa directiva compacta que asegure su eficaz funcionamiento; que cuente con un coordinador y con un secretaria técnico a efecto de que apoye permanentemente la operación del Foro, y otorgamiento por parte del Conacyt de los apoyos logísticos y administrativos para el eficaz funcionamiento del nuevo Foro. Este nuevo órgano tendrá, además de sus funciones propias, representación en el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y en la Junta de Gobierno del Conacyt. Conviene subrayar la pluralidad en la integración de la mesa directiva del Foro en la cual además de participar instituciones y organizaciones efectivamente representativas en la materia, se incorporarán a la misma investigadores, integrantes del Sistema Nacional de Investigadores quienes serán electos directamente por los propios integrantes de dicho Sistema.”

2 Ello derivado de la resolución definitiva de fecha 20 de diciembre de 2019 emitida por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo indirecto con el número de expediente 1440/2019. En dicha sentencia se ordena a la Directora General del Conacyt a que otorgue al Foro los apoyos necesarios para su adecuado funcionamiento, en acatamiento a lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 15 días del mes de enero de 2020.

(Rúbrica)