Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de NL a acatar lo resuelto para aprobar la ratificación del doctor Ángel Mario García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia local, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución :

Considerando

1. El Congreso del estado de Nuevo León, mediante dictamen emitido el día 29 de noviembre de 2017, determinó la no ratificación como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por un segundo periodo de 10 años, del doctor Ángel Mario García Guerra.

2. Se promovió juicio de amparo indirecto, y el 6 de febrero de 2018, el juez de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso.

3. Inconforme con esa determinación, el Congreso local promovió recurso de revisión, el cual, el 6 de septiembre de 2018, fue declarado infundado por un Tribunal Colegiado, por lo tanto, confirmó y amplió el amparo y protección de la justicia federal.

4. Posteriormente, el 17 de octubre de 2018, el Juzgado de Distrito requirió a los diputados el cumplimiento de la ejecutoria, sin embargo, éstos, incumpliendo con los lineamientos del amparo, aprobaron un nuevo dictamen de no ratificación.

5. Por tal motivo, el 5 de noviembre de 2018, el Juzgado de Distrito dictó una resolución en la que estableció que los diputados no cumplieron por exceso la ejecutoria de amparo y les requirió (por segunda ocasión) el cumplimiento en los términos ordenados en el juicio constitucional.

6. Sin embargo, los diputados, en lugar de cumplir el segundo requerimiento del juez, en un afán a todas luces evasivo, solicitaron el inicio de un incidente de inejecución de sentencia y que el expediente fuera enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que allá resolvieran (alegando una imposibilidad jurídica para cumplir con el amparo, porque a su decir, el juez les estaba pidiendo resolver de manera distinta a como se había concedido el amparo). El juez les desechó su petición y dio inicio al incidente de inejecución de sentencia, por haber desacatado los diputados el amparo y ordenó que el expediente fuera enviado a un Tribunal Colegiado para que ellos confirmaran si había o no un incumplimiento al amparo.

7. En un afán dilatorio y para seguir incumpliendo el amparo, los diputados presentaron dos recursos de queja, uno ante el Tribunal Colegiado y otro ante la SCJN. Ambos recursos fueron desechados, pero esos recursos alargaron la tramitación del incidente y precisamente ese era al fin de los diputados, para seguir violando la ley, al no cumplir la sentencia de amparo.

8. Por otra parte, el Colegiado admitió a trámite el incidente iniciado por el juez de Distrito, pero en cuanto los diputados fueron notificados de ese hecho, promovieron otro recurso, ahora de reclamación, el cual también fue admitido a trámite y en su momento, el Tribunal Colegiado lo declaró infundado.

9. En virtud de que el Tribunal Colegiado ordenó que el asunto fuera enviado a la SCJN para que se resolviera sobre la supuesta “imposibilidad jurídica alegada por los diputados”, la Segunda Sala de la Suprema Corte emitió una resolución, en la que concluyó que el Congreso del estado de Nuevo León no tenía ninguna imposibilidad jurídica para dar debido y puntual cumplimento a la sentencia de amparo, ordenando el envío de dicha resolución y los autos originales al Juzgado de Distrito, para que requiriera a los diputados el cabal cumplimiento.

10. Una vez que la resolución de la SCJN se notificó al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, este último, el 3 de diciembre de 2019, requirió el cumplimiento.

11. Finalmente, mediante dictamen de fecha 18 de diciembre de 2019, aprobado por mayoría de 26 votos (de las fracciones legislativas del PAN, PRI y PT, que votaron la no ratificación) y con 16 votos en contra (de las fracciones legislativas de Morena, Movimiento Ciudadano, Panal, PVEM y la diputada independiente Claudia Tapia, que votaron a favor de la ratificación), el pleno del Congreso del estado de Nuevo León, sin fundar ni motivar su resolución, determinó por tercera ocasión no ratificar al doctor Ángel Mario García Guerra, por un segundo período de 10 años, del 1 de marzo de 2018 al último de febrero de 2028, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Con ese actuar, el Congreso del estado violó por tercera ocasión la ejecutoria de amparo concedida al referido quejoso García Guerra, y lo más grave del caso es que, aun cuando el juez de Distrito, el Tribunal Colegiado de Circuito y la Segunda Sala de la SCJN les habían hecho la observación de que la facultad de ratificar o no a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no era discrecional o soberana, sino que debería sujetarse a reglas establecidas en la Constitución de México, de Nuevo León, a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a diversos tratados internacionales, atinentes al principio de independencia judicial, sin importarles esos lineamientos, en un total desacato a las órdenes del Poder Judicial federal, en un acto por demás arbitrario y contrario al estado de derecho, despreciando la ley, desafiando a la autoridad federal, mostrándose como un poder arbitrario, sin fundamento alguno, repitiendo el acto reclamado y solo atendiendo a su ilegal opinión, los diputados locales de Nuevo León nuevamente violaron una ejecutoria de amparo, sin temor a las consecuencias que ello implica, mostrándose una vez más, como un poder político que apuesta a la impunidad.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente a esta honorable Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a efecto de salvaguardar el orden constitucional, así como el estado de derecho, el siguiente punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución:

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un llamado respetuoso al Congreso de Nuevo León para acatar lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aprobar la ratificación del doctor Ángel Mario García Guerra, en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Nuevo León, para un segundo periodo de diez años, del 1 de marzo de 2018 al último de febrero de 2028, pues de no actuar se continuaría violando una ejecutoria de amparo dictada en un juicio de control constitucional.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que aplique respetuosamente al Congreso del estado de Nuevo León, las sanciones constitucionales establecidas en el numeral 107, fracción XVI, de la Carta Magna del país, así como el diverso 198 de la Ley de Amparo en vigor, consistentes en separar del cargo a los diputados miembros de esa legislatura y consignarlos ante el juez de Distrito federal, por la comisión del delito de Incumplimiento de sentencias de amparo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, 8 de enero de 2020.

Diputada Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se rechazan enérgicamente los hechos de violencia, la usurpación de funciones y el ataque a la independencia y pluralidad de la Asamblea Nacional ocurridos el pasado 5 de enero en Venezuela; y se exhorta al Ejecutivo federal a adoptar una posición congruente con la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en el mundo, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los suscritos, legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la Comisión Permanente rechaza enérgicamente los eventos de violencia, la usurpación de funciones y el ataque a la independencia y pluralidad de la Asamblea Nacional ocurridos el 5 de enero pasado en Venezuela y exhorta al Ejecutivo federal a adoptar una posición en congruencia con la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en el mundo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Este domingo 5 enero, la Asamblea Nacional de Venezuela tenía previsto celebrar una sesión para elegir a quien se desempeñaría como presidente de la misma. Ante el riesgo de que Juan Guaidó Márquez fuera reelecto por la mayoría legislativa, democráticamente electa y constituida, el gobierno de Nicolás Maduro recurrió al uso de la fuerza impidiendo que tanto Guaidó como otros miembros de la oposición venezolana accedieran al recinto.

Tras la maniobra del oficialismo que implicó un operativo en el que militares armados impidieron a algunos legisladores de oposición ingresar al edificio y durante una sesión sin el quórum ni las condiciones necesarias, la bancada del gobierno y algunos expulsados de las filas de la oposición, realizaron una votación improvisada a favor de Luis Alberto Parra Rivero. Para acceder al cargo, sin embargo, la Constitución venezolana requiere que el legislador electo reúna al menos 84 sufragios que son menos de los que obtuvo Juan Guaidó quien fue reelecto, por otro año, por 100 legisladores en una votación que tuvo lugar en las instalaciones de un diario de Caracas, habilitadas como sede alterna.

Luis Alberto Parra Rivero formaba parte de la oposición, sin embargo, fue acusado de actos de corrupción y se le expulsó del partido político del que era militante. Con el apoyo de algunos legisladores afines al gobierno, Luis Parra se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela a pesar de que no contaba con los votos necesarios.

En los días previos a la votación, integrantes de la oposición acusaron al gobierno de sobornar e intimidar a varios diputados con el fin de evitar que Juan Guaidó contara con los votos necesarios para su reelección. Guaidó contaba con los votos necesarios y no habían surgido candidatos alternativos.

La imposición de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional venezolana es la última en una serie de maniobras que, en los últimos meses, han llevado al gobierno usurpador de Nicolás Maduro a impedir el funcionamiento óptimo de la Asamblea Legislativa, arrestando e intimidando a sus miembros y recurriendo a toda clase de tácticas para socavar la autoridad de la única institución auténticamente democrática de Venezuela. En una acción sin precedentes, este mismo domingo Guaidó renunció a su militancia en el Partido Voluntad Popular y afirmó que se dedicaría completamente a la tarea de fungir como presidente interino de Venezuela.

Controversias aparte, el gobierno de México denunció, en su momento, lo que consideró fue un golpe de Estado que en Bolivia apartó a Evo Morales de la Presidencia. Lo ocurrido en Venezuela este domingo ha sido calificado ya como un golpe parlamentario por parte de la mayoría legislativa en la Asamblea y ha recibido críticas no solamente de gobiernos ideológicamente contrarios sino también de gobiernos cercanos y afines como el de Argentina, cuyo Canciller Felipe Solá, señaló que “impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional”.

Por su parte, el Grupo de Lima manifestó su respaldo a la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. Además, señaló que “la reelección de Juan Guaidó se ciñó a la ley y representa un rechazo a las acciones temerarias del régimen de Nicolás Maduro que buscaron impedir su designación”.

De igual manera, el comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores de Perú señala: “La Asamblea Nacional tiene el derecho constitucional de reunirse sin intimidaciones ni interferencias para elegir a su presidente y directiva, por lo que desconocemos el resultado de una elección que vulnera esos derechos y que se ha dado sin la plena participación de los diputados que acudieron a la sesión”.

El Grupo de Lima reiteró su apoyo a los esfuerzos emprendidos por Juan Guaidó que buscan una solución pacífica al conflicto y condenaron el uso de la fuerza por parte del gobierno de Nicolás Maduro en lo que calificaron como “un intento de boicotear la elección parlamentaria”. Cabe mencionar que los países que suscriben el comunicado del Grupo de Lima incluyen a Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú; no así México, quien se abstuvo de suscribir el comunicado, a pesar de formar parte del Grupo de Lima.

La abstención de México a suscribir el comunicado es de llamar la atención cuando es claro el rechazo que acciones similares han tenido en el pasado y por el rechazo que ha manifestado el gobierno frente al uso de la fuerza. Esta abstención genera discrepancias entre el discurso que México defiende ante el exterior, el de defensa de la democracia, y sus acciones.

Es necesario que el gobierno de México, en congruencia con su compromiso a favor de la democracia, la separación de poderes, el estado de derecho y los derechos humanos, manifieste su rechazo a estas acciones y manifieste claramente su respaldo a la Asamblea Legislativa, como garante de la democracia, la pluralidad y la constitucionalidad en Venezuela.

La toma violenta del recinto parlamentario por parte de las autoridades el Poder Ejecutivo, así como la poca legitimidad y transparencia en el proceso de elección de su presidente, no pueden interpretarse más que como una acción equiparable a un golpe de Estado parlamentario como señala la oposición venezolana, que no pueden pasar por alto las democracias del hemisferio y que menos aún pueden pasar por alto los Parlamentos y Congresos democráticamente electos del continente.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. La Comisión Permanente rechaza enérgicamente los eventos de violencia, la usurpación de funciones, y el ataque a la independencia y la pluralidad de la Asamblea Nacional ocurridos el 5 de enero pasado en Venezuela y exhorta al Ejecutivo federal a adoptar una posición en congruencia con la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en el mundo.

Segundo . La Comisión Permanente se solidariza con la Asamblea Nacional y sus integrantes y reitera su respaldo a esta institución como garante de la democracia, la pluralidad y la constitucionalidad en Venezuela.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, el día 8 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a informar del nombre y número de los programas sectoriales y especiales derivados del PND 2019-2024 que han obtenido dictamen previo y la aprobación del presidente de la República, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Dulce María Sauri Riancho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes:

Consideraciones

Nuestro país tiene una larga tradición, desde antes de la mitad del siglo XX, de buscar orientar las acciones de gobierno y las responsabilidades del Estado, a través de Planes y Programas. Destacan las experiencias del Partido Nacional Revolucionario y del presidente Lázaro Cárdenas del Río del Plan Sexenal de 1933 . Años después, el Plan de Acción Inmediata de 1962, con el presidente Adolfo López Mateos, y el Programa de Desarrollo Económico y Social de México para el periodo 1966-1970 del presidente Díaz Ordaz, por mencionar algunos de los más relevantes.

Hacia el último cuarto del Siglo XX, en 1976, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creó la Secretaría de Programación y Presupuesto, encargada de la elaboración del Plan Global de Desarrollo 1980-1982.

Sin embargo, en 1983 se llevaron a cabo reformas a los artículos 25, 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle al Estado la rectoría del desarrollo nacional y elevar la planeación a rango constitucional. Ese mismo año, se expidió, el 5 de enero, la Ley de Planeación aún vigente, que creo el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD ) que involucra a las dependencias federales, poderes de la Unión, a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad a través de sus organizaciones en dicha actividad.

El sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, fue el primero en contar con un Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1983.

En la segunda década del siglo XXI, como resultado de las negociaciones de la reforma político-electoral de 2013-2014, el 14 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que le otorgó a la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, dejando plazos y formas de esa aprobación para la ley secundaria, que en este caso es la Ley de Planeación.

Cuatro años después, el 16 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, que concretizó la modificación Constitucional.

El Texto vigente de la Ley de Planeación establece:

Artículo 5o .- El Ejecutivo Federal elaborará el Plan Nacional de Desarrollo y lo remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, en los plazos previstos en esta Ley. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, la Cámara de Diputados formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución y revisión del propio Plan.

El Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) es un entramado general de esfuerzos institucionales, legales, de objetivos, estrategias y acciones, de políticas públicas, visones de futuro y presupuestales. Todo lo que se consigna y acuerda en el Plan Nacional de Desarrollo, se debe derivar en programas de tipo sectorial, regional, especial e institucional, de tal manera que no se dupliquen o desperdicien esfuerzos.

En tal sentido, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los organismos descentralizados y otras entidades, forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a través de las unidades administrativas que tienen asignadas las funciones de planeación dentro de las propias dependencias y entidades.

De acuerdo a la Ley de planeación y al SNPD, en el Plan Nacional de Desarrollo, se deben indicar los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, que deberán ser elaborados por la dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes o que determine el Presidente de la República posteriormente .

Estos programas deben observar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, y su vigencia no debe exceder del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor .

En términos generales, los programas sectoriales se deben sujetar a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y deben especificar los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Deben, asimismo, contener las estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución .

En términos específicos, los programas institucionales deben sujetarse a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales, se deberán ajustar a lo previsto en la ley de Planeación, sin perjuicio de lo dispuesto, en lo conducente, por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y, en su caso, por las disposiciones que regulen su organización y funcionamiento.

Por su parte los programas regionales deben referirse a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. El Ejecutivo Federal debe señalar a la dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas.

Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país, fijados en el Plan Nacional de Desarrollo o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. De igual manera, el Ejecutivo Federal debe señalar la dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas.

Ahora bien, sin menoscabo de lo anterior, todos los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, deben contener al menos, los siguientes elementos:

1. Un diagnóstico general sobre la problemática a atender por el programa, así como la perspectiva de largo plazo en congruencia con el Plan;

2. Los objetivos específicos del programa alineados a las estrategias del Plan;

3. Las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos del programa;

4. Las líneas de acción que apoyen la implementación de las estrategias planteadas en cada programa indicando la dependencia o entidad responsable de su ejecución;

5. Los indicadores estratégicos que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos del programa, y

6. Los demás que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables.

Cabe mencionar que desde el año de 2012 y luego en el año 2018, se hicieron algunas adecuaciones importantes a los artículos 29 y 30 de la Ley de Planeación, que establecen lo siguiente.

Artículo 29 .- Los programas regionales y especiales deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la consideración y aprobación del Presidente de la República .

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 30 .- Los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, en los plazos previstos por las disposiciones que al efecto emita el Ejecutivo Federal. En el caso de los programas sectoriales y los especiales que determine el Ejecutivo Federal, deberán publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan .

Con el apoyo de esta Cámara de Diputados y pese a que el documento tenía fallas metodológicas y muchos aspectos que mejorar, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que sucedió el 12 de julio de 2019.

De hecho, una de las múltiples deficiencias del PND 2019-2024 fue la omisión del cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Planeación que textualmente establece que:

Artículo 22 .- El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados conforme a este capítulo, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes o que determine el Presidente de la República posteriormente

Cabe destacar que el documento denominado: Anexo XVIII-Bis, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 30 de abril de 2019 y que era parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y remitido por la Secretaria de Gobernación, sí contaba con una relación de 44 Programas entre sectoriales y especiales, que daban cumplimiento al precepto referido; sin embargo, esta parte no se publicó en el Diario Oficial de la Federación.i

De entre los programas mencionados en el Anexo XVIII-Bis destacan:

1. Programa Regional de Desarrollo y Bienestar de la Cuenca Balsas Pacífico Sur

2. Programa Nacional de Derechos Humanos

3. Programa Nacional de Población

4. Programa Especial de Política Migratoria

5. Programa Nacional de Cultura de Paz y Prevención Social del Delito para la Reconstrucción del Tejido Social

6. Programa Especial para Vivir la Democracia: Impulso del Desarrollo Democrático y la Participación Social

7. Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación

8. Programa Nacional de Búsqueda y Localización

9. Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

10. Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

11. Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

12. Programa de Atención Integral a Víctimas

13. Programa Nacional de Seguridad Pública

14. Programa para la Seguridad Nacional

15. Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

16. Programa Nacional de Protección Civil

17. Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo

18. Programa Regional para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec

19. Programa Nacional para Profundizar la Inclusión Financiera

20. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

21. Programa de Manejo Sustentable del Agua y el Suelo Agrícola en las regiones del Noroeste y Noreste de México

22. Programa Especial para la Productividad y la Competitividad

23. Programa Nacional de Cultura Física y Deporte

24. Programa para la Transformación de la Educación Superior

25. Programa Especial para Formular y Encausar una Política General sobre el Futuro del Trabajo

26. Programa Nacional de Vivienda

27. Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

28. Programa Nacional de Suelo

29. Programa Especial de Cambio Climático

30. Programa Nacional Hídrico

31. Programa Nacional Forestal

32. Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

33. Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial

34. Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados

35. Programa Nacional de Desarrollo Social

36. Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

37. Programa Nacional de Juventud

38. Programa de Fomento a la Economía Social

39. Programa Nacional de Mejora de la Gestión Pública y Combate a la Corrupción y la Impunidad

40. Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

41. Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología

42. Programa de Atención Integral a Víctimas

43. Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres

44. Trece Programas Hídricos Regionales

Asimismo, y de conformidad con los artículos 16 y 17° de la Ley de Planeación, respectivamente, se establecía que las dependencias de la Administración Pública Federal, habrían de elaborar sus programas sectoriales y las entidades paraestatales sus correspondientes programas institucionales.

El documento contenido en el Anexo XVIII-Bis de la Gaceta Parlamentaria no fue tomado como versión oficial ni publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta omisión no subsana la obligación de cumplir con el artículo 30 de la Ley de Planeación. En consecuencia, el Ejecutivo federal debería haber publicado los programas sectoriales y especiales dentro de los seis meses siguientes a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 , plazo se vence el próximo 12 de enero de 2020.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en su carácter de coordinadora sectorial de desarrollo, para que informe a esta Soberanía:

1. El nombre y el número de los programas sectoriales y especiales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que han obtenido su dictamen previo y la aprobación del Presidente de la Republica, en virtud de que el próximo 12 de enero concluye el plazo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la Ley de Planeación.

2. La metodología y formas de convocatoria a la sociedad utilizados para la elaboración de los Programas sectoriales y las fechas en que el Ejecutivo Federal dio su aprobación a cada programa sectorial y especial, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Planeación.

Fuentes Consultadas

Estructura institucional del Sistema Nacional de Planeación Democrática en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1009/3.pdf.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, Diario Oficial de la Federación 10/02/2014 en

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, Diario Oficial de la Federación 16/02/2018, en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513502&fecha=16/02/ 2018

Ley de Planeación en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente a los 8 días del mes de enero de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión Estatal del Agua de Sonora a analizar y efectuar con los organismos operadores municipales de agua, alcantarillado y saneamiento trabajos de corto, mediano y largo plazos para resolver el problema de mantenimiento e instalación de drenaje en la entidad, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los Acuerdos de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, números décimo quinto y décimo sexto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Ante las constantes lluvias, generadas por el cambio climático que afecta no sólo a México sino a todo el mundo, es necesario cambiar las estrategias de atención y prevención de daños a la infraestructura pública y privada de las urbes más grandes del estado de Sonora.

Dicha falta de mantenimiento provoca incluso accidentes fatales o con consecuencias graves con riesgo latente para todos los sonorenses. Las recientes inundaciones dan muestra de lo frágil y desatendido que se encuentra el sistema de drenaje en varios municipios.

Tan sólo en Hermosillo, el drenaje es un problema recurrente de cada temporada de lluvias, además de que toda la red es muy antigua e insuficiente, resultado de la falta de planeación urbana de una ciudad que paso de ser una comunidad rural a una gran urbe.

“El drenaje pluvial es para Hermosillo un problema antiguo pero recurrente cada año con las lluvias de verano, y también es, según los especialistas, el resultado de la falta de planeación y del crecimiento desordenado de la ciudad.

“‘Es básico aquí en Hermosillo, no puede ser que estemos en el siglo XXI con problemas del siglo XV, eso es inaceptable’”, opina Roberto Pérez Salman, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora.

“Arturo Ojeda de la Cruz, profesor investigador del Departamento de Ingeniería Civil de la Unison, señala que parte del problema tiene que ver con los desarrolladores de vivienda, a quienes no siempre se les exige contemplar proyectos de drenaje pluvial acordes a la planeación del municipio.

“Además, agrega, tanto las autoridades como los desarrolladores deben tener en cuenta que, por lo menos una vez en el año, en la ciudad se registra una lluvia superior a los 40 milímetros, como la de hace una semana y la del pasado sábado.

“‘Cada año se está presentando una precipitación de entre 40 y 50 milímetros, y causa un caos tremendo, inundación y daños a las personas’, resalta.

“El pasado jueves, el ayuntamiento presentó la actualización del Programa Estratégico de Drenaje Pluvial e Infraestructura Verde para Hermosillo, que plantea la necesidad de realizar 140 obras, con una inversión cercana a los dos mil millones de pesos, para dar solución al problema.”1

El tema fundamental es que no existen reparaciones de fondo; más bien se da solución tardía al drenaje roto, que arroja como resultado baches, mal olor y por ende probabilidad de enfermedades gastrointestinales.

Son constantes las quejas de ciudadanos contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Hermosillo y Nogales, quienes ya no tienen certeza de cuando arreglarán los drenajes en la ciudad.

En Nogales se han encontrado pozos de agua negra que conectan directamente a ríos limpios que cruzan aguas internacionales y que en simple solución del organismo, se le aplicó directamente cloro para declarar la limpieza de las aguas.

“Desde un pozo de visita ubicado entre el parque industrial San Carlos y los patios de Ferromex, miles de litros de drenaje eran liberados desde un pozo de visita al Arroyo Los Nogales, que conduce sus aguas hacia Estados Unidos.

“En la base del pozo se observaba una ruptura, por donde se liberaban miles de litros de aguas negras que por gravedad avanzaban al Norte por el cauce del arroyo pasando por colonias como Lomas de Nogales I y II para posteriormente introducirse al embovedado.

“Personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales (Oomapas) informó que el drenaje correría únicamente durante este martes y le aplicaban cloro.

“Expusieron que el problema se derivó por ‘taponeamiento’ en un colector de drenaje, ya que han encontrado cobijas, trapos e incluso barrotes en la tubería, lo que ocasiona que colapse el flujo de aguas negras.

“Mientras reparaban este ‘taponeamiento’ en la zona del puente Caribbean, frente a la avenida Jesús García, tuvieron que liberar la presión en la tubería del colector colocando dos ‘tapones’’ al sur.

“Pero ante la acumulación de aguas negras, el drenaje empezó a brotar por el pozo de visita del arroyo Los Nogales.

“Personal de Oomapas aseguró que aplicaban cloro para evitar contaminación y la posibilidad de algún brote de enfermedades por el derramamiento de drenaje sobre el cauce del arroyo.”2

Este tema añejo debe tener solución presupuestal e integral en cada disposición de egresos, no pueden continuar los organismos administradores de agua municipales, arreglando emergencias cuando se pueden prevenir con mantenimiento. Siempre ocupará más gasto la improvisación que la planeación.

Además, debemos vigilar que las y los sonorenses estén libres de bacterias y virus que pueden brotar y esparcirse gracias a las alcantarillas abiertas o rotas; así como, entubar los lugares donde existe drenaje a cielo abierto por ser insano y no cumplir con las mínimas obligaciones que tiene el ayuntamiento para con sus ciudadanos y que consagra la Constitución.

Las fugas son constantes, el ambiente contaminado y el brote de aguas negras está descontrolado, actualmente es un problema de todas las colonias en Hermosillo, con incluso 15 días de fugas permanentes, con una evidente atención tardía de los organismos municipales del agua.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora, para que conjuntamente con los Organismos Operadores Municipales de Agua, Alcantarillado y Saneamiento, analicen y efectúen trabajos de corto, mediano y largo plazo para dar respuesta urgente al problema de mantenimiento e instalación de drenaje en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud del estado de Sonora, a realizar una campaña conjunta con sus símiles del orden municipal, para prevenir y en su caso, atender enfermedades gastrointestinales en la población, derivado de la saturación de drenajes y de los que existen a cielo abierto.

Notas

1 Tomado de https://www.elimparcial.com/sonora/hermosillo/Debe-atenderse-falta-de-d renaje-pluvial-a-pesar-de-poca-lluvia-Especialistas-20180820-0149.html el 05 de diciembre del 2019.

2 Tomado de https://www.elimparcial.com/sonora/nogales/Reportan-derramamiento-de-dr enaje-sobre-arroyo-en-Nogales-20190326-0034.html el 05 de diciembre del 2019.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a producir, vender y distribuir diésel de ultrabajo azufre, a cargo del diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jacobo David Cheja Alfaro , diputado federal de la LXIV Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos (Pemex) a que produzca, venda y distribuya diésel ultra bajo azufre (UBA), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante los últimos años, Pemex ha venido posponiendo la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, en la cual se establece que la producción, distribución y venta de diésel tendrá que ser obligatoriamente con 15 partes por millón (PPM) de azufre. Sin embargo, actualmente la empresa produce, distribuye y vende diésel con un contenido de 500 PPM de azufre, lo que pone en evidencia el desinterés por cumplir no solo con dicha norma sino también con los acuerdos internacionales en materia ambiental, así como la falta de compromiso con la salud de los mexicanos, principalmente los que viven en zonas urbanas.

En una sesión extraordinaria, el pasado 18 de diciembre de 2019 los seis comisionados del órgano de gobierno de la CRE aprobaron por unanimidad otorgar a Pemex Transformación Industrial una ampliación al plazo para el cumplimiento de la especificación de contenido de azufre en el diésel automotriz previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos.1

Es preocupante que, durante la mencionada sesión extraordinaria, la CRE no haya dado argumento alguno para justificar la ampliación por cinco años más para que Pemex cumpla con la producción, distribución y venta de diésel UBA, lo que podría ocasionar que la empresa incumpla, una vez más, con el nuevo plazo otorgado por el organismo regulador, y que la presente administración no realice esfuerzos suficientes para alcanzar dicha meta porque los años del plazo coinciden con los años que le quedan a la actual administración federal.

Pemex ya ha incumplido dos veces el plazo de la NOM-016. La primera vez, en diciembre de 2018; y la segunda, en julio de 2019. Además, anteriormente la petrolera ya había incumplido con la norma NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, la cual tenía como plazo el año 2009 para que produjera, distribuyera y vendiera diésel UBA en todo el país.

Si bien es cierto que Pemex necesita tiempo para instalar y construir infraestructura que le permitan dar cumplimiento a la norma NOM-016, el plazo otorgado por la CRE desincentiva que pueda realizarse en la primera mitad del sexenio, y que posiblemente al finalizar el periodo de la presente administración, se vuelva otorgar otra prorroga más.

El incumplimiento de la meta también genera incertidumbre en el sector privado, porque la fijación del plazo en la norma no es garantía de que se cumpla (como lo mencionamos más arriba). Con la ampliación de los plazos, no se sabe con exactitud a partir de qué fecha todos los camiones y autobuses fabricados en México contarán con motores exclusivos para diésel UBA, por ello la urgencia de que Pemex produzca, distribuya y venda diésel UBA lo antes posible para generar incertidumbre, y sobre todo para contribuir a la mitigación del cambio climático, así como del mejoramiento de la calidad de vida de las personas en zonas urbanas.

Es necesario mencionar que, en un solo año, “la contaminación derivada al uso de transporte terrestre estuvo asociada a la muerte de 14 mil 288 personas en las 20 ciudades más grandes del país.”2

Además de que ocasiona daños irreversibles al medio ambiente, por lo que las acciones para mitigar el cambio climático no deben postergarse más pues vivimos en una emergencia climática3 y Pemex tiene que cumplir a cabalidad y lo más pronto posible (técnicamente hablando) no solo con las normas, sino también con los compromisos ambientales de los que el estado mexicano es parte.

Por todo lo anterior expuesto, someto ante esta soberanía, el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) a que implemente las medidas necesarias para cumplir, sin más demora, con la producción, distribución y venta de diésel con 15 partes por millón (PPM) de azufre.

Bibliografía principal consultada

-Acuerdo de París.

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/applica tion/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. México, 2019.

-Flores, Siboney. No solo en CDMX hay mala calidad del aire; en un año murieron 14 mil 288 personas por esta causa en 20 ciudades. Animal Político. 2019.

https://www.animalpolitico.com/2019/04/contaminacion-mal a-calidad-aire-muertes-ciudades/

-Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016. Diario Oficial de la Federación. México.2020. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450011&fecha=29/08/2 016

-Sitio de la Comisión Reguladora de Energía. www.gob.mx/cre

Notas

1 Sesión extraordinaria de la CRE, del 18 de diciembre de 2019. Consultado el 5 de enero de 2020, desde

https://www.gob.mx/cre/videos/sesion-extraordinaria-de-o rgano-de-gobierno-18-de-diciembre-de-2019?idiom=es

2 Flores, Siboney. No solo en CDMX hay mala calidad del aire; en un año murieron 14 mil 288 personas por esta causa en 20 ciudades. Animal Político. Consultado el 03 de enero de 2020, desde https://www.animalpolitico.com/2019/04/contaminacion-mala-calidad-aire- muertes-ciudades/

3 En septiembre de 2019 el senado de la república aprobó un punto de acuerdo para declarar emergencia climática, y exhortó al ejecutivo federal para que emprendiera acciones encaminadas a mitigar el cambio climático. Consultado el 06 de enero de 2020, desde https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101038

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los ocho días de enero de 2020.

Diputado Jacobo David Cheja Alfaro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a dejar sin efectos el acuerdo por el que se autoriza modificar las tarifas máximas del transporte en la entidad a partir del 1 de enero de 2020, suscrita por la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

En la Gaceta Oficial del estado de México el 19 de diciembre de 2019 se publicó el “acuerdo del Secretario de Movilidad por el que se autoriza la modificación a las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte, en la modalidad de colectivo y mixto”1 (el acuerdo).

A través de este acuerdo se autorizó que en todos los municipios del estado de México en el servicio colectivo la tarifa aumentara de 10 a 12 pesos en los primeros cinco kilómetros y veinticinco centavos por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial, a partir del 1º de enero de 2020.

En el artículo sexto del acuerdo se establece que los concesionarios deberán exhibir en original la tabla con la pirámide tarifaria autorizada vigente en cada uno de los vehículos afectos a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, debidamente firmada y sellada por la Delegación Regional que corresponda.

En el estado de México todas las empresas que ofrecen el servicio de transporte público son concesionarias o permisionarias, es decir, que la entidad no cuenta con una empresa centralizada que ofrezca el servicio. El ajuste del 20 por ciento en los transportes colectivos obedeció según información de la autoridad al alza en el costo de los insumos del transporte público concesionado.

Es importante señalar que el último aumento autorizado fue el del 18 de septiembre de 2017, fecha en la que la Secretaría de Movilidad del estado de México autorizó un aumento de 25 por ciento a la tarifa del transporte público, con el compromiso de los transportistas de modernizar las unidades, capacitar operadores e instalar cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sistemas de geolocalización, lo cual no se ha cumplido al cien por ciento.

De acuerdo con el Secretario de Movilidad del estado de México, Raymundo Martínez Carbajal con el nuevo ajuste los concesionarios se comprometieron a certificar a 100 mil operadores anualmente, concluir al 100 por ciento el proceso de renovación de sus unidades y continuar el proceso de ofrecer un servicio de calidad, cómodo y seguro para los usuarios.

Asimismo, se comprometieron a renovar todas las unidades con más de 10 años de antigüedad, equipar al 100 por ciento las unidades con los kits de seguridad, que consisten en cámaras de video, botón de pánico y geolocalización y cumplir con la cromática respectiva.

Es importante mencionar que a partir de que se autorizó el aumento de la tarifa del transporte público en el estado de México vigente al 1º de enero de este año, se ha presentado un cobro anárquico en el servicio, pues usuarios del transporte público en el Valle de Toluca han denunciado cobros de hasta 18 y 20 pesos como pasaje mínimo en algunas rutas de transporte público.

El aumento de la tarifa del transporte público no puede permitirse, pues tan solo en el Valle de Toluca se estima que un 75. 5 por ciento de los habitantes utilizan el transporte público, por lo que el cobro exagerado del transporte público, afecta gravemente la economía de las familias mexiquenses, pues hasta antes del aumento de la tarifa un habitante del estado de México gastaba entre 70 y 80 pesos al día para movilizarse.

Además, el 40 por ciento de los mexiquenses que se traslada diariamente a la Ciudad de México en transporte público utiliza cuatro o más medios de transporte para hacer su recorrido,2 con esos cobros tan excesivos se afecta gravemente la economía de los mexiquenses, quienes con su sueldo no pueden atender sus necesidades básicas de alimento, casa y vestido.

Desafortunadamente el estado de México sufre uno de los mayores conflictos en la transformación del transporte, debido a que es inseguro, caro y lento; siete de cada 10 personas en la entidad utilizan el transporte público de acuerdo con el experto en movilidad en América Latina de la Universidad Autónoma del estado de México, Humberto Ortiz Miranda.3

Defender la economía familiar de los mexiquenses resulta fundamental para quien suscribe la presente proposición, pues aun cuando del salario mínimo aumentó a 122.23 pesos, este resulta insuficiente para quienes habitan en el estado de México pues de los seis millones de personas que utilizan el transporte público en la entidad, la mayoría gasta su salario en el transporte público para trasladarse a su trabajo o escuela.

Además, para que haya un incremento de la tarifa de transporte público se necesita previamente la regularización y reordenamiento de las líneas de transporte pues actualmente existe mala planeación de rutas, lo que ocasiona que los usuarios utilicen más de dos transportes públicos.

De acuerdo con el estudio “estado de México: Movilidad 2025”, realizado por el Centro de Transporte Sustentable, 63 por ciento de los mexiquenses ocupa de 2 a 4 transportes en sus recorridos, mientras que 31 por ciento, emplea 5 o más.

Aumentar las tarifas del transporte público va más allá porque se involucran dos elementos la seguridad y la calidad del servicio que se presta, pues tan solo en el Valle de México hay cerca de 6.5 millones de personas que utilizan el transporte público de acuerdo con el Secretario de Movilidad del estado de México.

Por ahora no hay justificación para el incremento, pues a bordo de las unidades ocurren de manera cotidiana asaltos y homicidios, entre 2017 y 2018 se presentaron 18 mil 595 denuncias por asalto y ocurrieron 474 muertes a bordo de las unidades.

De 2015 a 2018 el robo en el transporte público se incrementó 700 por ciento en Nezahualcóyotl, 234 por ciento en La Paz y 219 por ciento en Chimalhuacán de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El aumento del delito de robo en el transporte público daña severamente a la población que durante sus trayectos cotidianos ve afectado su patrimonio e integridad física.

En ese tenor con el presente punto de acuerdo se solicita exhortar al Gobernador del estado de México, a fin de que considere la posibilidad de dejar sin efectos el acuerdo por el que se autoriza la modificación a las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte en el estado de México con efectos a partir del primero de enero de 2020.

Asimismo, se propone exhortar Poder Legislativo del estado de México para que reforme la fracción X del artículo 33 Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de México, a fin de que se establezca que cada cinco años el Secretario de Movilidad modificará rutas, tarifas, itinerarios, horarios, frecuencias, así como ordenar el cambio de bases, paraderos y terminales, y señalar la forma de identificación de los vehículos afectos al servicio público de transporte.

Lo anterior, con el propósito de evitar abusos en el cobro de las tarifas de transporte público.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con carácter de urgente y obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al sistema federal, exhorta al Gobernador del estado de México, para que considere la. posibilidad de dejar sin efectos el acuerdo por el que se autoriza la modificación a las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte en el estado de México con efectos a partir del primero de enero de 2020, toda vez que afecta la economía de los mexiquenses.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al sistema federal, exhorta al Poder Legislativo del estado de México para que reforme la fracción X del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de México, a fin de que se establezca que cada cinco años el Secretario de Movilidad modifique las tarifas del servicio público de transporte.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al sistema federal, exhorta al Gobernador del estado de México, para que gire instrucciones a los Titulares de la Secretarías de Seguridad y Movilidad, a efecto de que coordinen acciones con la finalidad de garantizar el transporte público seguro en el estado de México.

Notas

1 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/dic191.pdf

2 https://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/
casi-la-mitad-de-los-mexiquenses-trabajan-en-el-df-usan-medios-de-transporte-al-dia.html

3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Transporte-un-flanco-abierto-e n-el-Edomex-20170409-0039.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 8 de enero de 2020.

Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco y al ayuntamiento de Sayula a realizar investigaciones respecto al comportamiento de los policías municipales ante elementos de la Sedena, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública es a la fecha uno de los temas más sentidos para la ciudadanía, por lo que ha sido prioridad, tanto para administraciones pasadas como para el gobierno que inició sus actividades el primero de diciembre de 2018, establecer mecanismos eficaces para hacer frente a este fenómeno y de forma más concreta a lo que se refiere directamente al combate de la delincuencia organizada.

Es de reconocer que el actual gobierno de la República ha impulsado importantes reformas constitucionales y a las leyes secundarias en materia de seguridad pública para dotar a los cuerpos de seguridad en nuestro país de herramientas claras para hacer frente al fenómeno delictivo que afecta y lacera la vida de millones de familias mexicanas a lo largo y ancho del territorio de nacional.

Sin embargo, estas acciones no han resultado suficientes, toda vez que, a pesar de que se han realizado de forma paulatina dentro de los tres órdenes de gobierno, es evidente que aún falta mucho por hacer para que nuestro país cuente con elementos de seguridad pública adecuados para garantizar la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos.

Es en razón de lo anterior que las fuerzas armadas siguen desempeñando un importante papel para garantizar la seguridad pública, a pesar del inicio de las operaciones de la Guardia Nacional, la cual fue creada con el objetivo de asumir de forma plena esta función y así poder prescindir de la participación de las fuerzas castrenses en el mediano plazo. Sin embargo, teniendo en cuenta la compleja situación por la que atraviesa el país en materia de seguridad, el Ejército y la Armada de México se han visto obligados a seguir colaborando en el desarrollo de tareas relacionadas con la misma, a pesar de enfrentar diversos obstáculos en su cumplimiento.

Un claro ejemplo de lo anterior son los recientes acontecimientos que tuvieron lugar en el municipio de Sayula, Jalisco, en donde elementos de las fuerzas armadas que estaban atendiendo un llamado de auxilio proveniente de ciudadanos que reportaron la presencia de personas armadas dentro de una vivienda, se vieron impedidos para cumplir con su misión, al ser interceptados y bloqueados de manera arbitraria por presuntos policías municipales.

Este acontecimiento quedó documentado por un video que aparentemente grabó un elemento del Ejército, el cual diversos medios de comunicación utilizaron como prueba para señalar este lamentable hecho.

Policías municipales de Sayula, Jalisco, obstruyeron la circulación de un convoy del Ejército mexicano que realizaba labores de patrullaje. El hecho se documentó a través de un video que se presume fue captado con un teléfono celular de uno de los militares [...]

[...] El presidente municipal de Sayula, Daniel Carrión, confirmó el incidente, dijo que ya se ordenó el inicio de una investigación para proceder contra los elementos involucrados.1

En relación a estos sucesos, en diversos medios escritos y de televisión se ha señalado de manera extraoficial que las autoridades de los tres niveles de gobierno ya tomaron cartas en el asunto y que los elementos de la policía municipal presuntamente vinculados a estos hechos ya fueron separados del cargo.

Los cuatro policías municipales de Sayula, Jalisco, que fueron acusados de bloquear con sus patrullas un convoy del Ejército que se dirigía a atender un reporte de hombres armados en una vivienda fueron separados de sus cargos [...]

[...] Fuentes de la Fiscalía del Estado confirmaron el hecho y señalaron que los cuatro oficiales están siendo investigados por autoridades municipales, estatales y federales, ante la posibilidad de que estén vinculados con el crimen organizado.2

Sin embargo, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos pertinente se haga de manera oficial del conocimiento de la ciudadanía las acciones que fueron realizadas para atender este terrible hecho, además de fortalecer los mecanismos de control de confianza a los que se someten los elementos policiacos en la entidad y de los municipios que la conforman.

Derivado de lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento del municipio de Sayula para que, en el ámbito de su competencia, realicen las investigaciones correspondientes, se haga público el resultado de las mismas y se impongan las sanciones a que éstas den lugar por el comportamiento irregular que tuvieron policías de dicho municipio ante elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado mes de diciembre de 2019.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco y a sus municipios para que, en el ámbito de sus competencias, fortalezcan los mecanismos de certificación mediante los cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pública se someten a evaluaciones periódicas establecidas en la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Notas

1 Milenio. (31 de diciembre de 2019). Policías bloquean labores del Ejército en Sayula. Obtenido de https://www.milenio.com/policia/policias-bloquean-labores-del-ejercito- en-sayula

2 Milenio. (01 de enero de 2020). Tras bloquear convoy militar, separan a policías de Sayula, Jalisco. Obtenido de https://www.milenio.com/policia/jalisco-policias-sayula-cargo-bloqueo-m ilitares

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a difundir los avances de la carpeta de investigación FEADPD/ZCC/207/2019 por la desaparición de los ciudadanos Liliana y Sergio Rueda Daniel, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados a la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a diversas autoridades a dar a conocer los avances de la carpeta de investigación FEADPD/ZCC/207/2019 por la desaparición de los ciudadanos Liliana Rueda Daniel y Sergio Rueda Daniel en la ciudad de Córdoba bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado 16 de julio, Liliana Rueda Daniel y Sergio Rueda Daniel desaparecieron en la ciudad de Córdoba, ambos militantes y activistas de nuestro instituto originarios de la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla del municipio de San Pedro Cholula en el estado Puebla.

La última vez que los familiares tuvieron contacto con las víctimas iniciaron los procedimientos respectivos para dar con su paradero, por lo que acudieron a la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidos Zona Centro Córdoba, donde se abrió la carpeta de investigación FEADPD/ZCC/207/2019 , después de una manifestación el día viernes 19 de diciembre de 2019, después volvieron a entrevistar a los familiares y tomar protesta a los abogados, porque así como las diligencias que ya se habían realizado desaparecieron de la carpeta.

Desde entonces han transcurrido cinco meses sin que se dé a conocer por parte de las autoridades correspondientes un avance en las investigaciones. Por el contrario, algunas autoridades para hacer sus funciones, después de todo, pidieron dinero o de lo contrario, señalaron, las cosas no avanzarían, lo que exhibe el círculo de corrupción que persiste en la procuración de justicia a nivel nacional y específicamente en el Estado de Veracruz, pues los familiares de las víctimas pidieron por escrito diligencias y nunca se realizaron.

Sobre este asunto también conocieron Ricardo Mejía Berbeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y la titular de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, como quedó asentado en el número de queja DAV/1038/2019 no obstante, tampoco se avanzó en el tema.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en virtud de que se atienda de manera eficaz dicha situación solicitamos:

1. Audiencia con la fiscal del Estado Verónica Hernández Giadans quien a pesar de reiteradas solicitudes por parte de nuestros diputados y senadores no ha brindado respuesta alguna.

2. Se investigue la actuación de la fiscal Fabiola Melo González por la omisión, contubernio o intereses en el caso.

3. Se realicen todas las diligencias que se han solicitado dentro de la presente investigación.

4. Se otorguen las medidas de protección a los familiares de las víctimas y se cumpla con los protocolos correspondientes.

Desde el Grupo Parlamentario del PRD condenamos la omisión de las autoridades de la Fiscalía de Veracruz, por lo que los consideramos a partir de este momento responsables de la situación que pueda pasar a Liliana y Sergio Rueda Daniel.

Por lo expuesto anteriormente, nos permitimos someter a consideración de esta Comisión Permanente, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de Veracruz a dar a conocer los avances de la carpeta de investigación FEADPD/ZCC/207/2019 por la desaparición de los ciudadanos Liliana Rueda Daniel y Sergio Rueda Daniel en la ciudad de Córdoba, Veracruz el 16 de julio de 2019, en un periodo no mayor a diez días naturales.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, que informe los avances del expediente DAV/1038/2019 en un término no mayor a diez días naturales.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la comisionada ciudadana Isabel Sánchez Holguín, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Victimas del Estado de Veracruz, informe y justifique los protocolos, acciones, estrategias que se han realizado respecto a los familiares de las víctimas de este caso, en un término no mayor a diez días naturales.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita se investigue la actuación de la fiscal Fabiola Melo González por la omisión, contubernio o intereses en el caso.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita audiencia con la fiscal Verónica Hernández Giadans, con una comisión de diputados y familiares de las víctimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 8 de enero de 2020.

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para evitar el uso de clembuterol en la engorda de animales destinados a consumo humano, a cargo del senador Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Joel Molina Ramírez, Senador de la República de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo para evitar el uso de clembuterol en la engorda de animales para el consumo humano, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El clembuterol es un fármaco broncodilatador utilizado básicamente en tratamientos de enfermedades respiratorias y para la pérdida de peso.1 Dadas sus características anabolizantes, este fármaco está prohibido en las prácticas deportivas, pero, de manera ilegal, es utilizado en la engorda de ganado, ya que incrementa la cantidad de musculo y disminuye la proporción de grasa, lo que da mayores ganancias para al ganadero.2

El clembuterol se transmite a los humanos vía consumo de carne contaminada, lo que puede, desencadenarle problemas cardiacos y cancerígenos.3 Así, Conforme a datos divulgados por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el fármaco se detecta cuando las personas presentan “taquicardia y temblor de manos. En personas que tienen cardiopatías puede ser peligroso, incluso fatal, y su empleo prolongado modifica el volumen de masa muscular”4

La misma fuente anterior señala que el cuerpo no desecha en su totalidad los residuos del fármaco, lo que puede afectar la glándula tiroides y presentarse problemas metabólicos crónicos, nerviosismo, dolor de cabeza, aumento de la transpiración, insomnio, espasmos musculares, aumento de la presión sanguínea y náuseas.

Al ser considerado como un anabólico, en los últimos años diversos deportistas mexicanos han sido alejados de las competencias deportivas al detectárseles dicha sustancia. Es así que, en el 2014, el Comité Nacional Antidopaje hizo público el problema de salud pública que vivimos en México, por los consumos de carne de res contaminada con clembuterol. Bajo control y prescripción médica, el clembuterol está permitido en nuestro país, pero, en contraste, se prohíbe en las prácticas deportivas de competencia y como alimento para animales destinado al abasto.5

La Ley Federal de Sanidad Animal en sus artículos 172 al 174 establece penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de quinientas hasta tres mil veces el salario mínimo vigente para quien suministre clembuterol, entre otras sustancias, al ganado destinado al consumo humano. Además, también se establecen sanciones a quienes suministren y comercialicen dichas sustancias en productos y derivados de la carne.6

En el anterior sentido, corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR) fomentar y proteger la producción pecuaria mediante la aplicación de medidas zoosanitarias, tendientes a prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas de los animales, con la finalidad de proteger la salud de éstos y la del hombre; consecuentemente, esta dependencia vigila el cumplimiento y aplica la normatividad en materia de sanidad animal, y atiende, coordina, supervisa y evalúa las campañas de sanidad.7

La SADR, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, órgano desconcentrado de esta dependencia, conduce el ejercicio de sanidad y bienestar animal, de buenas prácticas pecuarias y de manufactura, así como de todo aquello consistente en la reducción de riesgos de contaminación, en unidades de producción primaria, en los Establecimientos TIF, rastros, unidades de sacrificio y demás establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano y de productos para uso o consumo animal.8

Por otra parte, conforme a la Ley General de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud, mediante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ejercer las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario.9 y 10

No obstante las facultades de estas dependencias gubernamentales, resulta evidente que hoy día mucha carne contaminada con clembuterol de animales sacrificados en rastros clandestinos, principalmente en zonas rurales y suburbanas, escapan a su control y supervisión, por lo es consumida por los mexicanos con las consecuentes repercusiones en su salud. Por ello, y a fin de coadyuvar a mejorar la salud de los mexicanos, tengo a bien presentar ante esta Soberanía solicitando su voto para el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el ámbito de su competencia, intensifique la vigilancia en los centros de engorda de animales para el consumo humano; en los centros de sacrificio de dichos animales, así como en los centros de distribución de su carne, con la finalidad de evitar el suministro de clembuterol a dichos animales y la distribución comercial de carne contaminada con el fármaco.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca o en su caso fortalezca los instrumentos de coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la vigilancia, control y supervisión de los centros de engorda de animales para el consumo humano; de los centros de sacrificio de dichos animales, así como en los centros de distribución de su carne, con la finalidad de evitar el suministro de clembuterol a dichos animales y la distribución comercial de la carne contaminada con clembuterol.

Tercero. Se exhorta a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y a la de Salud para que, dentro de sus respectivas áreas de competencia, apliquen y den seguimiento a las sanciones correspondientes a quienes suministren clembuterol a animales para el consumo humano, a quienes los sacrifiquen y a quienes comercialicen la carne contaminada con dicho fármaco.

Notas

1 Su uso es legal en la práctica médica.

2 Mirnatherapeutics. ¿Qué es el clembuterol? https://www.mirnatherapeutics.com/que-es-el-clembuterol/

3 Consumer. Clembuterosl, prohibido en alimentación animal. http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/02 /15/207135.php

4 Boletín UNAM-DGCS-306 Ciudad Universitaria. 12 de mayo de 2018

5 Acuerdo por el que se da a conocer el listado de sustancias o productos prohibidos para el uso o consumo en animales destinados al abasto. DOF del 13/07/2018. (Clorhidrato de Clenbuterol o Clorhidrato de clembuterol o Clenbuterol o clembuterol).

6 Artículo 172. Al que introduzca al territorio nacional o dentro de éste, transporte o comercie con animales vivos, sus productos o subproductos, que hayan sido alimentados con una sustancia cuyo uso esté prohibido para tal fin en las disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias...

Artículo 173. Al que sin autorización de las autoridades zoosanitarias competentes o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, transporte, almacene, comercialice o en general realice actos con cualquier sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales...

Artículo 174. Al que ordene el suministro o suministre a animales destinados al abasto alguna sustancia o alimento prohibidos a los que hace alusión esta Ley y demás disposiciones de salud animal, será sancionado con tres a siete años de prisión y de diez mil a cincuenta mil días de salario mínimo de multa.

7 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 35 fracción IV.

8 Conforme a la NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos. En el punto 8.6 se señala que, haciendo referencia a la detección del clembuterol en los animales de consumo humano, se aplicar el método de ensayo inmunoenzimático (Técnica Elisa).

9 Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

10 Artículo 17 Bis, fracción VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud, con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal;

Ciudad de México, a 8 de enero de 2020.

Senador Joel Molina Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a informar a esta soberanía sobre las políticas implantadas en apoyo de la cadena de valor de producción de tortilla nixtamalizada y el consumo de este bien, a cargo del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gustavo Madero Muñoz, senador por el estado de Chihuahua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que informe a esta soberanía sobre las políticas implementadas para el apoyo a la cadena de valor de producción de tortilla nixtamalizada y el consumo de este bien, así como a Seguridad Alimentaria Mexicana, organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a efectos de considerar incluir a la tortilla dentro de la Canasta Básica Segalmex-Diconsa, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Para nadie es desconocido que el maíz ha tenido un papel importante en el desarrollo de Mesoamérica y más aún, de la cultura del pueblo mexicano. Desde hace más de 3 mil 500 años, el maíz ha sido uno de los principales alimentos del país.

La composición y el valor nutritivo del maíz depende del genotipo de la variedad, medio ambiente y condiciones de la siembra; de acuerdo con la publicación “La nixtamalización” de la Revista Ciencias (octubre 2008-marzo 2009) de la Universidad Nacional Autónoma de México, la calidad nutritiva del maíz depende en gran medida del contenido proteico (aproximadamente del 10 por ciento) y de los aminoácidos esenciales.

Además, según esta publicación, el aceite de maíz, como la mayoría de los aceites de origen natural, contiene bajos niveles de grasas saturadas, lo que ayuda a la disminución de problemas cardiacos.

Por otro lado, el maíz contiene una serie de vitaminas esenciales para la alimentación del ser humano, tales como la vitamina A, B1, B2, B3, B6 Y B9, así como, vitamina C y E; el germen de grano de maíz contiene el 78 por ciento de los minerales necesarios para el desarrollo humano como el potasio, magnesio, hierro, calcio, zinc, sodio y fósforo, así como un alto contenido en fibra.

En ese sentido, hago mención del proceso denominado de “nixtamalización”, el cual consiste en la cocción del maíz con agua y cal (hidróxido de calcio), para la obtención del nixtamal, elemento principal para la elaboración de masa y, por tanto, para la producción de tortillas; de esta forma, todos los beneficios nutrimentales que contiene el maíz se ven reflejados en este bien de consumo de las familias mexicanas. Además, la tortilla es uno de los elementos de mayor arraigo cultural y de la gastronomía mexicana.

De acuerdo con la Asociación de Consumidores Orgánicos, uno de los principales aportes de la tortilla nixtamalizada son los carbohidratos, sin embargo, este tema no es de preocuparse pues, además, aporta una importante cantidad de aminoácidos, proteínas, calcio, potasio y un gran contenido en fibra; es necesario mencionar que, además de los elementos enunciados anteriormente, la tortilla de maíz nixtamalizada es baja en grasa y sodio. Por otro lado, el consumo de tortilla provee al ser humano de vitamina B3, que favorece el sistema digestivo, el sistema nervioso y beneficia a la piel.

En el periódico El Universal, el pasado mes de septiembre de 2018, se hizo mención que, la nutrióloga Fernanda Alvarado compartió en su blog “Bien Comer” el valor nutrimental de una tortilla, en el que se destaca lo siguiente:

• Una tortilla de maíz (30 gramos):

– Aporta tan solo 64 calorías.

– 1.4 g de proteína.

– 0.5 g de grasa.

– 13.6 hidratos de carbono.

– 0.6 g de fibra.

Lo anterior se traduce en un buen alimento para la población en general, pero también, para aquellas personas que padecen enfermedades como la diabetes.

Aunado a lo anterior, en el libro “La Industria de la Masa y la Tortilla; Desarrollo y Tecnología” de Felipe Torres, Ernesto Moreno, Isabel Chong y Juan Quintanilla, se establecen diferentes elementos que contribuyen a un análisis sobre la temática de la tortilla, visto desde diferentes puntos de vista como el nutrimental, sanitario y socioeconómico.

Con ello, en el texto antes referenciado se enuncia que, en 1995 y derivado de la crisis económica de la época, el consumo de alimentos fue una de las esferas más afectadas, a consecuencia de una reducción del ingreso familiar. En algunos casos, la disminución de consumo de diversos alimentos fue compensada con el incremento del consumo de tortilla.

Se establece, entonces, que México es de los únicos países donde la distribución de maíz procesado para el consumo humano tiene centros de distribución específicos, desde molinos para la obtención de nixtamal, producción de masa y elaboración de tortilla. Es necesario resaltar, que el consumo de tortilla ha tomado un nivel jerárquico alto en la canasta de abasto de los mexicanos.

En la actualidad, la producción de tortillas ha trascendido, pues, mientras en algunas localidades la elaboración de este producto aún es de forma artesanal (desde el proceso de nixtamalización, la elaboración de masa y la cocción de tortillas), también se ha dado paso a la producción agroindustrial de este bien de consumo, lo que requiere de mayor tecnología, nuevos criterios industriales y de procesos.

Tan solo en 2014 se registró que, el consumo de tortillas de maíz se posicionó entre 7.3 y 9.4 millones de toneladas. Además, para ese año se registró el incremento en la producción de maíz blanco a 22 millones de toneladas, de los cuales 12 millones de toneladas son destinados a la producción de tortilla.

Financiera Rural dio a conocer en 2012 que en el país existían entre 10 mil y 12 mil molinos de nixtamal, que, en su conjunto, producen la masa que se implementa para la producción de cerca el 54 por ciento de las tortillas que se consumen en el país.

Por otro lado, de acuerdo con el INEGI, en 2009 se registraron en promedio 80 mil tortillerías y molinos de nixtamal, el censo de 2014 registró un incremento en la cantidad de tortillerías a 92 mil 219.

Además de las fluctuaciones del precio del maíz y la mayor competencia en la producción de tortillas (dada la actividad agroindustrial), se ha generado que el precio de este bien perecedero sea variable. Por otro lado, se ha estimado que la producción de granos básicos, como el maíz, comenzó a descender en 2019 y se seguirá esa tendencia para este año, teniendo una disminución a tasa anual de 9.33 por ciento a 4 por ciento. Aunado a lo anterior, derivado de esta disminución, la necesidad de comprar maíz para satisfacer el consumo, generará un déficit del 37 por ciento al 44 por ciento.

A pesar del arraigo cultural de los mexicanos con el consumo de tortillas, el cual demanda un producto recién hecho con la mesa de las familias, en el mercado se han insertado productos sustitutos elaborados a base de trigo, nopal y grano de maíz seco que, por la rapidez de acceso, muchas familias han optado por consumir, sin embargo, no cuentan con el mismo valor nutricional que la tortilla nixtamalizada.

Según la Asociación de Consumidores Orgánicos, la información nutrimental de la por la condición del maíz es la siguiente:

Es necesario destacar que, la tortilla de maíz nixtamalizada es libre de gluten, además de ser uno de los principales productos para la ingesta de calcio.

Por otro lado, en una publicación realizada en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas “Evaluación Sensorial de Tortillas de Maíz Recién Elaboradas y Empacadas”, se establece que en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Chapingo, cinco jueces evaluaron tortillas recién elaboradas tortillas recién elaboradas con una combinación de masa de nixtamal y harina nixtamalizada; tortillas de harina de maíz nixtamalizado; tortillas empacadas nacionales y empacadas provenientes de los Estados Unidos, a fin de observar los atributos de estos productos.

Con estas evaluaciones se pudo observar que, a comparación de las tortillas recién elaboradas, las tortillas empacadas presentan mayor acidez, dada la utilización de ácidos indispensables para su conservación, así como mayor grumosidad; una tortilla empacada puede ser de harina de trigo, nopal, harina de maíz que, a diferencia de una tortilla tradicional, impacta en el color, capacidad de retener agua, frescura y durabilidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y dada la importancia que la tortilla nixtamalizada tiene para las familias mexicanas, considero que es importante conocer cuáles han sido las políticas que la Secretaría de Economía ha puesto en marcha para el apoyo a la cadena de valor de producción de tortillas, así como de promoción al consumo de este bien.

Además de lo anterior, es importante que Seguridad Alimentaria Mexicana incluya a la tortilla nixtamalizada dentro de su canasta básica, a efecto de facilitar el acceso de este bien a las familias mexicanas, toda vez que en la actualidad dicha canasta está compuesta por 40 productos, sin incluir el alimento motivo de este dictamen.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que, en el ámbito de sus facultades, informe a esta soberanía sobre las políticas implementadas para el apoyo de la cadena de valor de producción de tortilla nixtamalizada, así como de promoción del consumo de este bien.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Seguridad Alimentaria Mexicana, organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a efectos de considerar incluir a la tortilla dentro de la Canasta Básica Segalmex-Diconsa.

Fuentes

• Alianza por la salud alimentaria; ¿Ya conoces el mapa de tortillerías 100% nixtamalizada?:

https://alianzasalud.org.mx/2019/02/ya-conoces-el-mapa-c omunitario-de-tortillerias-100-nixtamalizada/

• Asociación de Consumidores Orgánicos; Valor nutricional de la tortilla nixtamalizada, fuente de calcio en México: https://consumidoresorganicos.org/2017/09/06/valor-nutricional-de-la-to rtilla-nixtamalizada-fuente-de-calcio-en-mexico/

• EL Universal; La tortilla de maíz, la gran creación mexicana; https://www.eluniversal.com.mx/menu/la-tortilla-de-maiz-la-gran-creacio n-mexicana

• México Desconocido; La tortilla, sol de maíz: https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-tortilla-sol-de-maiz.html

• UNAM, revista Ciencias; La nixtamalización: https://www.revistaciencias.unam.mx/images/stories/Articles/92%2093/5/L a%20nixtamalizacion%20y%20el%20valor%20nutritivo%20del%20maiz.pdf

• Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas; Evaluación sensorial de tortillas de maíz recién elaboradas y empacadas:

http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v2n1/v2n1a13.pdf

• Torres Felipe, Moreno Ernesto, Chong Isabel y Quintanilla Juan; La industria de la masa y la tortilla:

http://ru.iiec.unam.mx/2521/1/LaIndustriaDeLaMasaYLaTort illa.pdf

Senador Gustavo Madero Muñoz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y el INM a emitir un informe sobre los mecanismos y las medidas de seguridad implantados para proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan en el país con motivo de las fiestas de fin de año, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Dulce María Sauri Riancho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, remita a esta soberanía un informe sobre los mecanismos y medidas de seguridad implementadas para proteger los derechos humanos de las y los migrantes que transitan en nuestro territorio con motivo de las fiestas de fin de año, así como un informe detallado de los resultados obtenidos de la implementación del Programa Paisano.

Consideraciones

En México, cada año miles de migrantes mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos retornan a sus lugares de origen a visitar a sus familiares, en especial durante las fiestas decembrinas se acentúa más este fenómeno.

Desgraciadamente los migrantes durante su recorrido a las diferentes entidades de destino tienen que enfrentar diversas vicisitudes en su trayecto. Estos contratiempos van desde extorsiones por parte del crimen organizado, asaltos en carreta por parte de bandas locales, y violación a sus derechos cometida por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Diversas asociaciones civiles y organismos no gubernamentales han reportado en numerosas ocasiones el sufrimiento que padecen mujeres y hombres mexicanos que se desplazan desde Estados Unidos, con el objetivo de visitar a sus familias en el último mes del año. El calvario se inicia desde que cruzan los puentes fronterizos mexicanos, continúa en su traslado por carreteras federales y caminos estatales al ser detenidos y extorsionados por autoridades y delincuentes, pues es conocido que, durante este tiempo de retorno, traen consigo artefactos de valor y dinero para solventar sus gastos durante la estancia en nuestro país.

Para enfrentar los problemas que padecen los connacionales durante su viaje, se instrumentó el Programa Paisano que nació en la década de 1980. Fue la respuesta del gobierno mexicano a las demandas de líderes de organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en los Estados Unidos que se habían unido para presentar al gobierno de México la propuesta de crear mecanismos que controlaran y gradualmente eliminaran los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos de diversas instituciones federales, estatales y municipales, en contra de los connacionales en su ingreso al país.

Al principiar diciembre pasado, el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yáñez, anunció que esperaban el arribo de unos 3.8 millones de connacionales provenientes del vecino país del norte, con motivo de las fiestas de fin de año; en consecuencia, comunicó la decisión de continuar aplicando el Programa Paisano que tendría vigencia del 1 de diciembre de 2019 al 8 de enero del 2020. El INM demás confirmó la participación de más de cuarenta dependencias de los tres órdenes de gobierno y más de mil observadores de la sociedad civil en cruces internacionales, aeropuertos, centrales de autobuses, todos ellos atentos para evitar algún acto de corrupción de los que los migrantes mexicanos pudieran ser víctimas.

Por otro lado, algunas entidades federativas de manera particular participan con programas que evitan estos abusos y permiten que se asegure la visita de paisanos desde Estados Unidos. Es primordial que estas políticas se generalicen y homologuen en todos los estados de la República Mexicana en coordinación con las instancias de Gobierno Federal, de tal manera que se fortalezca la entrada de connacionales y se respalden sus derechos de libre tránsito.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el problema persiste y un gran número de mexicanos reducen sus posibilidades de regresar a los Estados Unidos sin haber resentido algún evento desagradable con sus familias. Además, estos casos no sólo se registran durante fin de año, sino en otros periodos vacacionales como Semana Santa y en verano.

En las circunstancias actuales, donde hemos visto un aumento en la incidencia delictiva en todo el país motivado entre otras cosas por la falta de coordinación entre la federación, las entidades y los municipios, no se ha podido dar respuesta óptima en materia de seguridad pública; por tanto, se tendrían que redoblar esfuerzos para cumplir con la función de otorgar seguridad a los mexicanos migrantes que visitan nuestro país en este fin de año.

De acuerdo a las atribuciones legales de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana establecidas en el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta dependencia está encargada a través de la Guardia Nacional y de los elementos federales que realizan las funciones de la extinta Policía Federal de Caminos, además de coordinar a través de la Comisión Nacional de Seguridad para supervisar las medidas tendientes a garantizar la prevención de los delitos, el mantenimiento y el restablecimiento del orden y la seguridad pública así como de establecer las políticas de control y los dispositivos de vigilancia en la imposición de las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito de vehículos en caminos y puentes federales. En consecuencia, la SSPC, es responsable de implementar los mecanismos para la atención de denuncias y quejas ciudadanas en relación con el ejercicio de las funciones del Comisionado Nacional de Seguridad, sus unidades administrativas, así como de la protección de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública, coordinándose para ello con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación

En el Programa Paisano participan además de las secretarías mencionadas en el párrafo anterior, la de Turismo, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y, de manera puntual, tendría que participar la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, porque así como el programa está centrado en la atención y acompañamiento a los migrantes, también se busca que no sean objeto de un sólo acto de corrupción y puedan tener la facilidad de denunciar cualquier conducta que pudiera configurarse en delito.

De esta manera, los integrantes del Partido Revolucionario Institucional preocupados por el bienestar de los connacionales migrantes durante su trayecto de traslado a las diferentes entidades federativas de nuestro país, con motivo de las fiestas de fin de año, estaremos siempre pendientes del pleno respeto de sus derechos y garantías que les confiere las leyes mexicanas, y denunciaremos cualquier ilícito del que pudiesen ser víctimas los paisanos o cualquier migrante en territorio nacional.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, remita a esta soberanía un informe sobre los mecanismos y medidas de seguridad implementadas para proteger los derechos humanos de las y los migrantes que transitan en nuestro territorio con motivo de las fiestas de fin de año, así como un informe detallado de los resultados obtenidos de la implementación del Programa Paisano.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República para que remitan a esta soberanía un informe sobre las gestiones realizadas para prevenir y combatir la posible comisión de delitos por parte de las diferentes expresiones de la delincuencia en las carreteras federales en contra de las y los migrantes que transitan en nuestro territorio con motivo de las fiestas de fin de año, así como los mecanismos implementados para agilizar los trámites y campañas de difusión para la presentación de denuncias.

Dado en el pleno de la Comisión Permanente, a los 8 días del mes de enero de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se rechaza categóricamente cualquier intervención militar en la República Islámica de Irán, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrita por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT

Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza categóricamente cualquier intervención militar en la República Islámica de Irán y exhorta respetuosamente a las partes a conducirse de acuerdo con el principio de resolución pacífica de las controversias y en estricto apego al derecho internacional , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El tres de enero de dos mil veinte, el gobierno de los Estados Unidos de América realizó un ataque de precisión cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, en Irak. De acuerdo con medios estadounidenses, la operación castrense se realizó mediante un avión no tripulado MQ-9, un dron que puede alcanzar una velocidad máxima de 482 kilómetros por hora.1 “El dron, de acuerdo con fuentes del gobierno de EU [...], lanzó dos misiles de alta precisión contra los dos carros del convoy poco después de que rebasaran una curva, cerca de una terminal de carga en la salida del aeropuerto.”2

Como consecuencia del ataque, murieron el general Qasem Soleimani, AbuMahdi al Muhandis, jefe adjunto de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, así como otras ocho personas.

El objetivo de la intervención militar consistió en abatir al general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerzas Quds, unidad de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la cual comandaba desde 1998. “Las Fuerzas Quds son un importante instrumento de la política exterior iraní; muchos la describen como una combinación de las fuerzas de operaciones especiales y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).”3

El asesinato de Soleimani no se da en un ambiente neutral entre ambos países, sino en una escalada en las tensiones diplomáticas. El 27 de diciembre de 2019, “una de las milicias chiitas iraquíes, armadas, entrenadas y financiadas por Irán lanzó, al menos, 30 misiles contra una base militar que alojaba personal de Washington.”4

Como consecuencia de este ataque, en el que un contratista estadounidense perdió la vida y varios soldados resultaron heridos, Estados Unidos respondió mediante el uso de la fuerza en contra de la citada milicia chiita.

Posteriormente, “cientos de iraquíes miembros de o afines a esas milicias protagonizaron protestas irrumpiendo en el complejo que aloja a la embajada de Estados Unidos en Bagdad y Washington tuvo que evacuar a su embajador.”5

De acuerdo con el internacionalista Mauricio Meschoulam, la dinámica conflictiva entre ambos países comenzó una escalada tras la salida unilateral de Estados Unidos de América del pacto nuclear con Irán, en mayo de 2018. Durante la administración del presidente Barack Obama las relaciones entre ambas naciones se encontraban relativamente en buen estado. De hecho, “las milicias chiitas trabajaban de manera tácitamente conjunta y con cierta coordinación con Estados Unidos para arrebatar a ISIS el tercio de Irak que la agrupación terrorista había conquistado.”6 Sin embargo, con la victoria electoral de Donald Trump, EU comenzó una escalada en las sanciones contra Irán, entre las que se incluyen el bloqueo de todas sus exportaciones, por lo que la economía iraní se encuentra colapsada.

El Pentágono, así como la administración de Donald Trump, han asegurado que la acción bélica tuvo como objetivo disuadir futuros ataques en contra de Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado del Pentágono, estaba “desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región.”7

Como consecuencia del ataque, Estados Unidos anunció que enviará 3 mil 500 tropas adicionales al Medio Oriente, a pesar de que Donald Trump criticó en campaña ampliamente el despliegue de tropas militares estadounidenses en aquella región del mundo. Asimismo, los precios del petróleo se han mantenido con tendencias al alza ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir.

El 5 de enero de 2020, el Parlamento iraquí votó por expulsar a las tropas estadounidenses que se encuentran desplegadas en aquel país. Sin embargo, por medio de un comunicado, el Pentágono afirmó que no retirará su presencia militar en Irak y, en cambio, amenazó al gobierno iraquí con imponer sanciones en caso de que sean forzadas a retirarse las fuerzas armadas de Estados Unidos de América.8

Por otro lado, Donald Trump declaró que Estados Unidos tiene identificados 52 objetivos de ataque en Irán, entre los que se encuentran sitios que son considerados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La directora general de la organización, Audrey Azoulay, declaró que tanto Irán como Estados Unidos firmaron una convención de 1972 para proteger el patrimonio cultural de la humanidad.9

Diversos legisladores estadounidenses, como la senadora Elizabeth Warren, han acusado que Donald Trump ha realizado amenazas de cometer crímenes de guerra.

El 7 de enero de 2020, el parlamento iraní votó por designar a las fuerzas militares estadounidenses y empleados del Pentágono como terroristas.10

De conformidad con lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente la vulneración del derecho internacional y de la soberanía de la República Islámica de Irán derivada del asesinato del general Qasem Soleimani perpetrado por los Estados Unidos de América.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión rechaza categóricamente cualquier intervención militar en la República Islámica de Irán y exhorta respetuosamente a las partes a conducirse de acuerdo con el principio de resolución pacífica de las controversias y en estricto apego al derecho internacional.

Notas

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50989553

2 Ibid

3 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/que-es-la-fuerza-quds-el-grupo-de- elite-irani-que-comandaba-qasem-soleimani

4 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/asesinato-del-general-qasem-soleimani
-la-espiral-eu-iran?fbclid=IwAR1nWCw8yKmqCUWqel7LPoSN4QZ0sKKAE2l1WobAtzSiwW1ZQqTTi1O_j1I

5 Ibid.

6 Ibid.

7 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50983463

8 https://edition.cnn.com/2020/01/06/middleeast/iraq-us-troops-explainer- intl/index.html

9 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51014237

10 https://www.dailymail.co.uk/news/article-7859915/Iran-designate-forces- Pentagon-employees-TERRORISTS.html

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, a los ocho días del mes de enero de dos mil veinte.

Senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y la Ssa a continuar implantando en todo el país campañas preventivas de enfermedades epidemiológicas y padecimientos oculares degenerativos, a cargo del senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, senador José Ramón Enríquez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, entre sus prioridades, continúe implementando campañas de prevención contra enfermedades epidemiológicas en todo el país , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En México, cada año miles de personas contraen enfermedades epidemiológicas que provocan daños irreparables a su salud e inclusive la muerte.

Para 2019, las alertas epidemiológicas estuvieron centradas principalmente en enfermedades como el dengue y la tuberculosis, que tuvieron un aumento exponencial con respecto a años anteriores, por lo que las autoridades sanitarias de todo el país tuvieron que implementar medidas de emergencia para tratar de contener los efectos negativos que conllevan este tipo de enfermedades por su capacidad de propagación.

Recordemos que el dengue, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, (https://rotativo.com.mx/2020/01/01/salud/dengue-y-tuberculosis-enferme dades-que-mas-se-dispararon-en-2019-817469), es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos hembras de la especie Aedes aegypti y Aedes albopictus , los síntomas suelen durar 2 a 7 días, y se caracterizan por fiebre, dolor característico en cabeza (detrás de los ojos), malestar generalizado, dolor en articulaciones, dolor en músculos, enrojecimiento en la piel, náusea, vómito y pérdida del apetito, y en casos graves sangrado por nariz o encías, o moretones en la piel, podemos encontrar casos en 30 de los estados de la República Mexicana (todos a excepción de Ciudad de México y Tlaxcala).

Continuando con datos de la Secretaría de Salud, de 2018 a 2019 el dengue se incrementó 232 por ciento, al pasar de 12 mil 453 a 41 mil 317 casos, por lo que es la enfermedad que más se multiplicó durante el año que concluyó.

De los casos de dengue registrados este 2019, la Dirección General de Epidemiología reportó que 13 mil 506 fueron graves, mismos que provocaron 191 muertes respecto de las 72 confirmadas el año previo.

Los estados que presentaron más casos de dengue, enfermedad viral trasmitida por mosquitos y que tiene mayor prevalencia en áreas tropicales y subtropicales, son Jalisco, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca, que juntos concentraron 70 por ciento del total de casos confirmados a nivel nacional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis (www.who.int/features/qa/08/es/) es una enfermedad bacteriana infecciosa, potencialmente grave, que afecta principalmente a los pulmones. La bacteria que ocasiona la tuberculosis se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda.

La mayoría de las personas infectadas con la bacteria que causa la tuberculosis no presenta síntomas. Cuando hay síntomas, generalmente incluyen tos (algunas veces con sangre), pérdida de peso, sudores nocturnos y fiebre.

El tratamiento no siempre es necesario para quienes no presentan síntomas, los que sí, requerirán un largo proceso de tratamiento con varios tipos de antibióticos.

La Secretaría de Salud detectó que la tuberculosis fue la segunda enfermedad que más repuntó en el 2019, sobre todo si consideramos que, en 2018, se registraron 17 mil 171 casos y, para este año que terminó, sumaron 44 mil 439, lo que significó un crecimiento de 159 por ciento. Los estados más afectados por esta enfermedad contagiosa fueron Guerrero, Hidalgo y Veracruz.

Asimismo, de acuerdo con información del gobierno federal, también detectaron otras enfermedades que aumentaron su potencial infeccioso. Tenemos el caso de la sífilis congénita, con 97 por ciento de incremento, la cual se trasmite de la madre al feto, fue la tercera enfermedad que más aumentó en 2019, ya que tuvo 471 casos respecto de los 239 del año previo. Esta infección potencialmente mortal para los bebés fue muy frecuente en Baja California, que acumuló 110 casos.

Es necesario destacar que aquellas enfermedades con mayor incidencia en México (que superan los 100 mil casos), las neumonías y bronconeumonías fueron las que más se incrementaron, en 17 por ciento, al pasar de 110 mil 889 en 2018 a 130 mil 100 en 2019.

De igual manera es importante hacer hincapié en un padecimiento ocular que ha ido en aumento en el país y que aun cuando no ha cobrado vidas, sí representa una limitante para las y los mexicanos: las cataratas, mismas que se han convertido en la principal causa de ceguera reversible, representando un tercio de los casos por discapacidad visual.

En nuestro país, las condiciones socioeconómicas prevalecientes, favorecen a una mayor prevalencia de discapacidad visual por catarata en población rural que en la población del área urbana.

La aparición de catarata es parte del proceso natural de envejecimiento del organismo y pueden no cambiar significativamente la visión en las etapas iniciales. Los pequeños cambios relacionados con la catarata pueden mejorarse con lentes correctivos. Pero a medida que la catarata va madurando con el tiempo, puede haber una pérdida de visión que interfiera con las actividades de la vida diaria.

“En México, entre 2,5 y 3 millones de personas tienen problemas de visión a causa de las cataratas, un padecimiento que puede ser curado con cirugía, sin embargo, solo la tercera parte de ellos se operan”.1

Cierto es que es una realidad que este padecimiento ocular que está vinculado con la edad está adquiriendo niveles preocupantes en el país puesto que la población mexicana irá teniendo cada vez más adultos mayores y menos niños, tendencia que se acelerará a partir de 2050.

Estas enfermedades que se han comentado anteriormente son padecimientos que, por sus características, son causantes de miles de decesos en nuestro país o que han limitado el día a día de cientos de miles de mexicanos, generan altos costos para las familias que tienen alguno de sus miembros enfermos, así como para los organismos de salud públicos que se encargan de atender sus efectos.

Por lo tanto, nuestros esfuerzos tienen que enfocarse a las medidas de prevención, por lo que se requiere conjuntar las voluntades del gobierno, en sus tres órdenes (federal, estatal y municipal) y la sociedad civil, para tratar de sensibilizar a la población de mejorar las medidas preventivas, que reduzcan considerablemente las posibilidades de contagio de este tipo de enfermedades, que pueden generar emergencias epidemiológicas de magnitudes considerables en cuanto a vidas humanas principalmente. Así como de instrumentar esfuerzos que permitan tener un mayor alcance entre la población para concientizarla sobre la prevención y manejo de la catarata.

De esta manera, los integrantes de Movimiento Ciudadano, preocupados por el bienestar de la población, principalmente de los grupos más vulnerables, como son los pueblos y comunidades indígenas, las personas en situación de calle y de extrema pobreza, entre otros, buscan exhortar a las autoridades federales para que mantengan informados a estos sectores de la población con el objetivo de bajar los índices de mortalidad, mejorar su salud, pero, sobre todo, mejorar su calidad de vida.

De igual manera, los diputados y senadores ciudadanos consideramos que siempre va a ser mejor tomar las medidas necesarias de prevención en cualquier ámbito de la salud pública, que reaccionar con acciones desesperadas cuando ya se tiene la problemática en curso, por lo que debemos centrar los esfuerzos en todas las prevenciones necesarias, utilizar todos los medios a nuestro alcance para informar a la población sobre las acciones que se pueden realizar para evitar a las enfermedades de fácil contagio y principalmente para salvaguardar la salud de nuestras familias.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, y principalmente a la Secretaría de Salud, para que entre sus prioridades continúe implementando campañas de prevención contra enfermedades epidemiológicas y padecimientos oculares degenerativos en todo el país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que utilice los medios de comunicación masiva y todos los recursos a su alcance, a fin de continuar las campañas de concientización, para que se implementen las medidas preventivas para disminuir los riesgos de contraer enfermedades o padecimientos oculares degenerativos que ponen en riesgo o limitan el bienestar y la calidad de vida de la población más vulnerable.

Nota

1 En México, solo la tercera parte de quienes padecen cataratas se operan”. [en línea], [consultado el día 02 de enero de 2020]. Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/mexico/en-mexico-solo-la-tercera-parte- de-quienes-padecen-cataratas-se-operan/50000545-3917659

Dado en el pleno de la Comisión Permanente, a los ocho días de enero de 2020.

Senador José Ramón Enríquez Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y la UIF de la SHCP a ejercer atracción del presunto acto de corrupción cometido por los ciudadanos Cynthia Gissel García Soberanes, ex secretaria de Integración y Bienestar Social, y Jesús Damián Núñez, ex oficial mayor del Ejecutivo de BC; y llevar a cabo la respectiva investigación conforme a derecho, suscrita por el diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Héctor René Cruz Aparicio, diputado del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ejerzan atracción del presunto acto de corrupción cometido por los ciudadanos Cynthia Gissel García Soberanes, ex secretaria del Integración y Bienestar Social, y Jesús Damián Núñez, ex oficial mayor del Poder Ejecutivo del estado de Baja California, para que lleve a cabo la investigación conducente conforme a derecho, toda vez que en la referida entidad federativa no existe la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General del Estado (FGE), ni se ha nombrado fiscal anticorrupción del estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado recientemente por esta Cámara de Diputados, en esta reforma se tipificó el delito de corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones como un delito que amerita la prisión preventiva oficiosa. Por ello, es de llamar la atención de la opinión pública, que, a casi un mes del inicio del gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, se diera el cese de dos funcionarios: Cynthia García Soberanes, Secretaria del Integración y Bienestar Social y Jesús Damián Núñez, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo Estatal; acusados de operar un esquema para obtener recursos financieros de empresas que serían beneficiadas de contratos del gobierno. Esta operación, se dice, fue instrumentada por Rosendo Colorado, quien fungía como Director de Promoción en la misma Secretaría de Integración.

La investigación por posibles actos de corrupción, sobornos y extorsiones por parte de funcionarios, se calculan ascienden a entre 24 y 28 millones de pesos solo en la Secretaría de Bienestar, que encabezada Cynthia Gissel García Soberanes, según una investigación del Semanario Zeta. Además de que diversos medios nacionales documentaron que la titular de la dependencia generó un esquema denominado “Voluntariado con Bonilla”, mediante el cual, Rosendo Colorado afirmó haber entregado 24 o 25 millones de pesos a la Secretaria García Soberanes.

Esta presunción del delito de corrupción, se desprende también de la filtración de audios de una conversación donde supuestamente la titular de la Secretaría de Integración, reclama a Rosendo Colorado la falta de pago de un dinero ofrecido a cambio de los contratos, así como de imágenes de mensajes en una red social entre los involucrados. Por ello, el titular del ejecutivo estatal procedió a la remoción de los mencionados funcionarios, afirmando en ese momento que “las investigaciones en el ámbito penal las efectúa la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General del Estado hasta que se designe al fiscal anticorrupción...”.

Sin embargo, es importante precisar que dicha Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General del Estado, no ha sido constituida ni mucho menos se han iniciado las investigaciones de la probable responsabilidad de los funcionarios cesados, por lo que es necesario que en cumplimiento del compromiso del Presidente de la República de acabar con la corrupción, se tomen otro tipo de medidas para garantizar la aplicación de la ley y que no haya encubrimiento y protección hacia estos presuntos delitos y los exfuncionarios señalados.

En el mismo sentido, las atribuciones de la Fiscalía General dela República, por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, obligan a la coordinación de los tres niveles de gobierno para erradicar este terrible cáncer que es la corrupción de los servidores públicos.

Por ello y en con fundamento en los artículos 21, 73, fracción XXI, inciso c), segundo párrafo, y 102, Apartado A, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, en lo relativo a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se ejerza la facultad de atracción en este lamentable asunto que empaña la vida democrática del Estado de Baja California.

En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema, someto a consideración de esta asamblea de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atraiga el presunto acto de corrupción cometido por los ciudadanos Cynthia Gissel García Soberanes, ex secretaria del Integración y Bienestar Social, y Jesús Damián Núñez, ex oficial mayor del Poder Ejecutivo estatal, para que lleve a cabo la investigación conducente conforme a derecho, toda vez que en el estado de Baja California no existe la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General del Estado, ni se ha nombrado fiscal anticorrupción del estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE a tomar medidas encaminadas a eliminar el adeudo histórico por concepto de suministro de electricidad en Tabasco y establecer con el gobierno local un programa que otorgue créditos a los usuarios para adquirir productos que contribuyan al ahorro y la eficiencia energéticos, suscrita por el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, numerales 1 y 2, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a consideración de esta honorable soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal a de Electricidad a tomar las medidas necesarias para eliminar el adeudo histórico por concepto de suministro de energía eléctrica en el estado de Tabasco y para que, junto al titular del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco se establezca un programa que otorgue créditos a los usuarios para la adquisición de productos que coadyuven al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica que consumen en sus hogares, en los siguientes términos:

Exposición de Motivos

1. En 1994 en el Estado de Tabasco se declaró en resistencia civil ante los cobros las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, dejando de pagar los recibos por dicho servicio.

2. Los Gobiernos de Andrés Granier (Acuerdo Compensatorio por Tabasco) y Arturo Núñez (De la Mano por Tabasco) buscaron sin éxito una solución al problema, sin embargo, los programas no resultaban eficientes.

3. El 23 de noviembre de 2015 Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo a las brigadas de resistencia civil pacífica, las cuales circulaban a lo largo del estado para organizar a los tabasqueños, orientando a la ciudadanía para la elaboración de denuncias en contra de la Comisión Federal de Electricidad por las altas tarifas eléctricas.

4. El 6 de septiembre del 2018, el que suscribe presentó ante esta soberanía una iniciativa que buscaba implementar un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2019, y la implementación del programa “Programa de transición energética doméstica”, el cual tenía como objetivo condonar la deuda, reclasificar la tarifa, y una vez lo anterior dar créditos a los usuarios para la adquisición de productos que coadyuvaran al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica que consumen en sus hogares, lo cual complementa una estrategia integral pensada en el beneficio de los habitantes tabasqueños que incluye la condonación, la reclasificación y un mecanismo de ahorro de energía, como un elemento más que evite un posible endeudamiento en un futuro. una sencilla razón; son recibos impagables, lo que ha conllevado a un adeudo histórico por el suministro de este servicio.

5. El 23 de mayo del presente año, el Gobierno de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad firmaron un convenio mediante el cual se busca implementar mecanismos de colaboración para que se lleven a cabo acciones que permitan la paz social, controlar y reducir la cartera vencida de los usuarios domésticos por consumo del suministro de energía eléctrica en el Estado de Tabasco.

6. El convenio crea el programa “Adiós a tu deuda”, el cual tiene como objetivo regularizar la relación contractual con los usuarios en tarifa doméstica del servicio de suministro básico de energía eléctrica que presta. Para este fin es necesario que los ciudadanos firmaran un contrato de suministro con la CFE.

7. El convenio estaba planeado para que beneficiase a 500,000 tabasqueños, sin embargo, el Secretario para el Desarrollo Energético, el Licenciado José Antonio de la Vega Asmitia detalló durante su comparecencia ante el Congreso Estatal, que de los 170,000 ciudadanos que han formado el convenio, 20%, es decir, 34,000 habitantes dejaron de pagar su facturación con la CFE.

8. El convenio firmado entre el Estado de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad no atiende las demandas del movimiento de resistencia civil, por el contrario, los hogares tabasqueños están recibiendo recibos con montos mayores a los recibían antes de suscribirse el convenio.

9. Por lo antes expuesto se exhorta al titular de la Comisión Federal de Energía para que tome las medidas necesarias y se eliminé el adeudo histórico por suministro de energía eléctrica que tienen los hogares tabasqueños, reclasifique la tarifa estableciendo la tarifa 1 F y en conjunto con el Estado de tabasco establecer un programa que otorgue créditos a los usuarios para la adquisición de productos que coadyuven al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica que consumen en sus hogares

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a tomar las medidas necesarias para eliminar el adeudo histórico por concepto de energía eléctrica en el Estado de Tabasco, estableciendo en base a consideraciones científicas la reclasificación de tarifa a 1 F.

Artículo Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al de la Comisión Federal de Electricidad y al titular del poder Ejecutivo de Tabasco para la creación de un programa que otorgue créditos a los usuarios para la adquisición de productos que coadyuven al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica que consumen en sus hogares.

Senado de la República, a 8 de enero de 2020.

Senador Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE y el SUTERM a modificar la cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo único vigente, y otorgar sistemas de paneles solares para que los trabajadores de base generen su energía y salvaguardar la prestación ahí establecida, suscrita por el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), para que para que modifiquen la cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo único vigente, la cual establece el “suministro gratuito de 350 kWh mensuales de energía como prestación” a los trabajadores de base, y en su lugar se otorguen sistemas de paneles solares para que generen su propia energía y quede a salvo dicha prestación esta prestación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

Para la población en general es muy mal visto que los trabajadores de la CFE no paguen el servicio de luz pues, conforme a la cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo único vigente, de forma errónea se estableció que se proporcionará gratuitamente energía eléctrica, siendo que se debió haber manejado como ayuda para renta de casa o despensa, ya que esta prestación está limitada a 350 KWh mensuales, y aun cuando los trabajadores lo perciben como parte de su sueldo, para la opinión publica este costo representa una pérdida para la empresa.

Hay la posibilidad de optimizar la prestación de energía eléctrica para los trabajadores de la CFE, con programas como el que ya se implementó con el suministro de energía a través de paneles solares.

Ahora bien, el principio básico que regula el sistema de energía eléctrica corresponde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 27 señala: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.

Que la CFE es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, según lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

El artículo 5o. de la mencionada ley establece que la CFE tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado mexicano.

Según datos estadísticos de la propia CFE, los trabajadores de la empresa cuentan con diversas prestaciones a que tienen derecho y que se encuentran reguladas en su contrato colectivo de trabajo único vigente (2018-2020), ocupándonos en primer lugar el “servicio eléctrico gratuito”, entregado a los trabajadores de base una ayuda equivalente al costo de 350 KWH mensuales; señalando que dicha prestación se otorga desde hace más de 45 años, a partir del año 1974 cuando la Comisión Federal de Electricidad formalizó su primer contrato colectivo de trabajo.

Para junio de 2019, la CFE contaba con los siguientes empleados por entidad federativa:1

* Fuente: CFE.

No obstante lo anterior, y por ser una prestación sindical, la CFE tiene registrado que hasta 2018 había otorgado energía gratuita a más de 72 mil trabajadores sindicalizados por un monto de mil 548.8 millones de pesos anuales, como parte de una prestación equivalente a los 350 kWh mensuales; todo esto sin tomar en cuenta a los 49 mil 233 trabajadores jubilados que también son acreedores de dicha prestación. 2

La cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo único vigente de la CFE establece lo siguiente:

...

Cláusula 67. Servicio eléctrico 3

La CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base energía eléctrica en los términos señalados en el convenio CFE-SUTERM número 02/2014 y en su anexo único, en los lugares donde exista la red de distribución de la misma, y con sujeción a las siguientes normas:

I. Se celebrará contrato individual de suministro.

II. Se proporcionará exclusivamente en el hogar del trabajador.

III. Se utilizará precisamente en usos domésticos de alumbrado, calefacción y fuerza.

IV. No podrá ser revendida la energía ni utilizada por personas que no vivan con el trabajador, ni para usos comerciales y cualquier otro que no sean los domésticos.

V. Se instalarán equipos de medición para el control de los suministros.

La CFE quedará relevada de seguir suministrando el servicio a los trabajadores que utilicen la energía en condiciones distintas a las estipuladas en las bases precedentes.

En los lugares en donde no existan redes de distribución de la CFE, ésta entregará a sus trabajadores de base una ayuda equivalente al costo de 350 KWH mensuales.

Para los trabajadores que disfruten de este beneficio en especie, la Comisión y el SUTERM, conjuntamente, formularán e implementarán programas y convenios para el uso racional de energía eléctrica; los trabajadores de la Comisión deberán ser un ejemplo en esta materia. Las partes convienen revisar esta cláusula semestralmente.

...

Según datos estadísticos de la propia CFE hasta 2017, ha transmitido, distribuido y comercializado energía eléctrica para más de 35.6 millones de clientes, lo que representa a más de 100 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de un millón de nuevos clientes.4

Ya hay antecedentes respecto a que la CFE ha ofrecido a usuarios, trabajadores sindicalizados y de confianza paneles solares para reducir su recibo de luz, invirtiendo hasta el presente año 83 millones de pesos, lo que equivale al financiamiento de mil 500 sistemas fotovoltaicos para los hogares de los trabajadores del SUTERM.

Para este programa, los recursos provienen de recursos públicos del Fondo de Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Se trata del proyecto solar del SUTERM, operado por la CFE, aprobado por el Comité Técnico del fondo en septiembre de 2014.5

Con lo anterior hay precedente de la viabilidad del presente punto de acuerdo para la entrega de paneles solares a los trabajadores de la CFE a través de la SUTERM, en lugar del suministro del servicio de energía eléctrica de forma gratuito, pues será un programa que tendrá grandes beneficios.

El mecanismo de operación de estos paneles es que, estarán interconectados a la red eléctrica mediante un medidor, lo que representaría un ahorro considerable para la comisión. Para la instalación de los sistemas, el SUTERM y la CFE cuentan con un padrón de trabajadores susceptibles de recibir el apoyo, con la intención de reducir el subsidio del cual son beneficiados los trabajadores de la empresa.

La planta de trabajadores de la CFE beneficiados con este proyecto estaría formada por aproximadamente 80 por ciento de los trabajadores sindicalizados.6

Como se observa, una de las grandes prestaciones que tienen los trabajadores sindicalizados y de confianza de la CFE es el derecho al servicio de energía eléctrica por 350 KWH mensuales de forma gratuito para cada uno de ellos .

Objetivo de la propuesta

1. Modificar la redacción de la cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo único vigente, eliminando el término “gratuito” y en su lugar indicar que es una prestación equivalente a 350 KWh mensuales para solventar la necesidad del servicio de energía eléctrica.

2. Conservar y respetar la prestación que actualmente tienen los trabajadores de la CFE de otorgarles una ayuda hasta por 350 KWh mensuales para solventar la necesidad del servicio de energía eléctrica.

3. Reducir el costo de la prestación como se viene otorgando actualmente, ya que en 2018 representó una erogación de mil 548.8 millones de pesos.

4. Establecer un plan de mejora que permita reducir el costo de la prestación de energía eléctrica sin menoscabo al derecho de los trabajadores.

Actualmente se otorga la prestación a 40 por ciento de los trabajadores en efectivo, aun cuando existe red eléctrica para proporcionar en especie; no obstante, buena parte de estos trabadores tienen consumos inferiores a 350 KWh mensuales lo cual provoca que se les esté pagando la prestación a tope cuando su consumo real es inferior.

Es decir, en efectivo solamente se otorgará la prestación donde no exista red de distribución.

A continuación se muestra el potencial de ahorro:

1. En 2018 el costo promedio mensual de los 350 KWh fue de mil 766.58, como se muestra en la siguiente tabla:

Considerando un consumo mensual de 250 KWh que es más que suficiente para satisfacer las necesidades de energía eléctrica en una vivienda en la región central, con precios de octubre de 2019. Ésta sería la diferencia en costos para otorgar la prestación.

Con la simple medida de otorgar en especie como esta convenido la prestación donde hay red en un solo mes se estiman los siguientes ahorros:

2. Invertir recursos ahorrados para que con la opción de generación distribuida con paneles solares se pueda ayudar a optimizar el costo de la prestación de ayuda para suministro eléctrico a todos los trabajadores de la CFE que se les otorga la prestación en especie.

Considerando un consumo mensual de 250 KWh que es más que suficiente para satisfacer las necesidades de energía eléctrica en una vivienda en la región central, con precios de octubre 2019 esta sería la diferencia en costos para otorgar la prestación, si se instala un panel de 1 KW de capacidad, y se considera que la radiación solar es de 7 horas.

Con esta medida de otorgar la prestación de la red complementada con generación distribuida con paneles solares se estiman los siguientes ahorros:

Este ahorro sería íntegro una vez que se recupere la inversión de los sistemas de generación distribuida que se pagan en 5.24 años, y como su vida útil es de 20 años se tendría el beneficio del ahorro en 14 años y seis meses.

Para dar viabilidad a la inversión se puede hacer un programa de dos años para instalar la generación distribución con paneles, utilizando solamente 66 por ciento de los ahorros obtenidos al proporcionar la prestación en especie.

Desde luego, estas estimaciones de ahorro se pueden determinar con exactitud con la utilización de la información precisa que se maneja en la CFE.

El valor de este punto de acuerdo es proponer una solución factible y de largo plazo para optimizar el costo de esta prestación para la CFE, sin afectar la prestación a los trabajadores y mejorando la percepción de la empresa con sus clientes.

Por lo descrito se considera necesario y de urgente resolución lo siguiente:

1. Que todos los habitantes del país sin excepción alguna, paguen el derecho al suministro de energía eléctrica.

2. Que los titulares de la CFE y del SUTERM modifiquen su contrato colectivo de trabajo único vigente, en lo concerniente a la cláusula 67 referente a la prestación del “servicio eléctrico gratuito”.

3. Que para no afectar a los trabajadores sindicalizados por la eliminación de la prestación del servicio eléctrico gratuito de que actualmente gozan, se propone que la CFE subsidie la entrega de paneles solares a cambio del suministro de energía eléctrica gratuita para los trabajadores sindicalizados, por los beneficios siguientes:

1. La Comisión Federal de Electricidad tendrá un ahorro anual de aproximadamente mil 548.8 millones de pesos. 7

2. Se beneficiarán todos los trabajadores sindicalizados y de confianza de la CFE.

3. Se proporcionarán los paneles solares a cambio del servicio eléctrico gratuito, con lo cual quedaría saldada de por vida esta prestación.

En mérito de lo expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana para que para que modifiquen la cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo único vigente, la cual establece el “suministro gratuito de 350 kWh mensuales de energía como prestación” a los trabajadores de base, y en su lugar se otorguen sistemas de paneles solares para que generen su propia energía y quede a salvo dicha prestación esta prestación.

Notas

1 Comisión Federal de Electricidad.

2 https://breaking.com.mx/2019/04/cfe-pierde-1548-millones-al-ano-regalan do-luz-a-sus-empleados/ (Artículo de Noé Cruz Serrano, de El Universal, de fecha 1 de abril de 2019.)

3 Contrato colectivo de trabajo único vigente de la Comisión Federal de Electricidad.

4 Datos estadísticos de la Comisión Federal de Electricidad.

5 https://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/10917/miman-al-suterm-con- paneles-solares

6 https://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/10917/miman-al-suterm-con- paneles-solares

7 Datos estadísticos de la Comisión Federal de Electricidad.

Sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a dar celeridad a la publicación de las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes.

A 15 años de la creación del ya extinto Seguro Popular este instituto logró reunir a más de 53 millones de afiliados. Tan sólo el año pasado, las distintas instancias del Seguro Popular entregaron retrovirales a cien mil pacientes con VIH, atendieron a 50 mil personas con distintos cánceres y fueron testigos del nacimiento de 630 mil niños. Desde el primero de enero, miles de afiliados han quedado a expensas de la incertidumbre que genera tener un programa sin reglas de operación y sin una estrategia de comunicación clara sobre los nuevos procedimientos y normativas.

Esta incertidumbre ha golpeado a los deciles más bajos de la población ya que atendía a 90 por ciento de las personas del primer decil, es decir, a 90 por ciento del 10 por ciento de las familias más pobres de este país. Desde el primero de enero estas familias han vivido una constante incertidumbre y han sido víctimas de información falsa que algunos medios de comunicación han divulgado. Esta situación se vuelve especialmente grave cuando consideramos que el Seguro Popular cubría más de 60 enfermedades de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento las cuales necesitan de una supervisión continua debido a que el descuido de sólo unas horas en la atención de los pacientes podría tener consecuencias fatales.

El gobierno federal y la Secretaría de Salud tienen en sus manos la posibilidad de dotar de certidumbre y confianza a los millones de afiliados con la pronta publicación de las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar. Es urgente que el gobierno federal complemente las leyes recientemente aprobadas por el Poder Legislativo con las reglas de operación las cuales precisen la forma de operar del nuevo instituto, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. A pesar que la administración federal tiene un plazo de 180 días para publicar las reglas de operación, considero que un tema tan delicado y urgente como lo es la salud de los grupos más vulnerables del país amerita una publicación que sea aún más pronta y expedita. En tan solo 8 días desde la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar, miles de ciudadanos ya han sido víctimas de la incertidumbre y falta de información que genera la operación de un programa sin reglas de operación.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dé celeridad a la publicación de las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dé celeridad a la publicación de las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar con el fin de garantizar su pronta y expedita publicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar campañas informativas sobre las ventajas de eliminar las bolsas de plástico y apoyar a los productores de este material, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las bolsas de plástico fueron introducidas desde los años 50 del siglo XX principalmente para transportar objetos y mercancías, gracias a su practicidad y bajo costo, el uso de estos artículos se volvió intensivo rápidamente, siendo incluso distribuidas de forma gratuita en los supermercados y tiendas.

Desde entonces, estos productos han invadido y contaminado nuestros mares, suelos, ecosistemas y medio ambiente, convirtiéndose actualmente en uno de los problemas medioambientales más preocupantes en todo el mundo. Se calcula que, en promedio, durante los últimos 60 años se han utilizado un promedio de 200 bolsas de plástico por persona al año.

De acuerdo con el informe Estado de los Plásticos 2018 , elaborado por ONU Medio Ambiente, actualmente se utilizan cinco billones de bolsas de plástico cada año, además, cerca de 13 millones de toneladas de estas bolsas son vertidas en los océanos cada año, afectando la biodiversidad y nuestra salud. De continuar con esta tendencia, para el año 2050 tendremos cerca de 12 mil millones de toneladas de desechos plásticos en los basureros y en los ecosistemas.1

El problema central es que la mayoría de los plásticos no se biodegradan, sino que se fragmentan lentamente hasta convertirse en microplásticos que son más difíciles de retirar de los océanos y del medio ambiente, además, se sabe que algunos productos de plástico pueden tardar hasta más de 500 años en degradarse por completo.

Las consecuencias del uso masivo de bolsas de plástico están a la vista: fauna marina muriendo por ingerirlas; suelos, bosques y selvas contaminados; alcantarillado tapado que provoca inundaciones; alimentos de origen marino contaminados y nocivos a la salud; agua potable contaminada.

Ante esta problemática diversos países en el mundo han implementado estrategias para reducir o eliminar la utilización de bolsas de plástico, entre las más comunes y exitosas se encuentran la eliminación total de su uso y la imposición de gravámenes. En México no existe una ley que prohíba totalmente su uso, sin embargo, en la Ciudad de México, el Congreso aprobó en mayo pasado una reforma a la Ley de Residuos Sólidos que prohíbe la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico, misma que entró en vigor el primero de enero de 2020.

Al entrar en vigor dicha reforma, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, subrayó su importancia al señalar que en la capital se generan alrededor de 13 mil toneladas diarias de basura, de las cuales ocho mil 600 toneladas son enviadas a rellenos sanitarios y sólo mil 900 se van al reciclaje.

Es indudable que la eliminación de las bolsas de plástico tendrá un impacto positivo en la vida diaria de los capitalinos y en el medio ambiente, sin embargo, es importante señalar que existen personas cuyo sustento depende de la industria del plástico, por lo que es necesario generar estrategias para evitar que afecte su trabajo y sus ingresos.

Para dimensionar este problema, basta señalar que, cerca de 45 mil trabajadores dependen de la industria del plástico y existen casi 900 empresas en el mercado de las bolsas de plástico, por lo que estos empleos se encuentran en peligro. De acuerdo con la Asociación de Industriales de Bolsas Plásticas (Inboplast), ha informado que en seis meses se cerraron 100 fábricas de estos productos, lo que representa una pérdida de cinco mil empleos en todo el país.2

Por su parte, Arturo Bojalil Romero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), señaló que en 2019 se tuvo que prescindir de 30 por ciento de empleados por la baja producción programada debido a la prohibición de bolsas de plástico que entraría en vigor el presente año.3

No cabe duda de que todos debemos caminar hacia la eliminación de las bolsas de plástico y sustituirlas por productos reutilizables, a fin de detener el deterioro ambiental y coadyuvar en la lucha contra el cambio climático, sin embargo, esto debe ser un proceso paulatino y en el que debe haber una mayor coordinación y entendimiento entre los fabricantes, empresarios y las autoridades, para evitar un impacto negativo en la economía nacional y, principalmente, en la economía familiar de quienes dependen de la industria del plástico.

En este sentido, resulta fundamental que los productores de plástico reciban el suficiente apoyo por parte de las autoridades, con el objetivo de diversificar sus productos y transitar hacia una producción más amigable con el medio ambiente.

Asimismo, es importante señalar que, a fin de que esta nueva ley sea exitosa, es necesario implementar paralelamente campañas que informen a la población sobre las ventajas de eliminar las bolsas de plástico y utilizar productos reutilizables. La educación en este tema es fundamental para que la población participe en este importante objetivo.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar al pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que apoye a los productores de plástico a diversificar sus productos para que sean más amigables con el medio ambiente y evitar que se pierdan empleos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que implemente campañas de concientización para informar sobre las ventajas de la eliminación de las bolsas de plástico.

Notas

1 El Estado de los Plásticos 2018, ONU Medio Ambiente, [en línea], disponible en: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25513/state_plast ics_WED_SP.pdf?sequence=5&isAllowed=y

2 En Debate. Bolsas de Plástico, El Sol de México, [en línea], disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/ecologia/en-debate-bolsas-de -plastico-4427000.html

3 Se pierde 30% de empleos por fin de bolsas de plástico, E-Consulta, [en línea] disponible en: https://www.e-consulta.com/nota/2019-12-31/economia/se-pierde-30-de-emp leos-por-fin-de-bolsas-de-plastico

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a emprender con los gobiernos locales una campaña dirigida a combatir y eliminar los casos de pediculosis y ricketsiosis para proteger a la población, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, números décimo quinto y décimo sexto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La rickettsiosis es un conjunto de enfermedades producidas por bacterias pleoformas que tienen comportamiento de parásitos intracelulares, que son contagiadas por garrapatas, piojos, pulgas y ácaros que generan fiebre de las montañas rocosas, fiebre botonosa mediterránea, fiebre Q y la ehrlichiosis.

Por su parte, la pediculosis es una ectoparasitosis del pelo y la piel cabelluda del humano, causada por pediculus humanus var (piojo de la cabeza) caracterizada por prurito constante y escoriaciones, siendo frecuente en niños entre 5 y 15 años de edad, la infestación por este ectoparásito es una enfermedad hiperendémica en todo el mundo.1

Las zonas endémicas del país permiten y favorecen la aparición de los insectos que provocan daño a los seres humanos en diversas zonas, por lo que se convierte en un problema de salud pública, que es considerado como epidemia y que debe ser atendido por el sistema de salud federal y sus símiles en las entidades federativas.

En los últimos años, se ha constatado en medios de comunicación que Sonora mantiene el primer lugar de contagios por rickettsiosis, como se describe a continuación:

“Por tres años consecutivos el estado de Sonora se ha mantenido como el puntero nacional en cuanto a personas con enfermedades derivadas del contacto con garrapatas, en este caso, fiebre manchada y otras rickettsiosis, de las cuales van 15 casos detectados solo durante el presente año.

“De acuerdo a la información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la entidad se ha mantenido como primer lugar nacional al cierre de 217 y 2018, a la par que se mantiene en dicha posición al cierre de la onceava semana de 2019.

“En esta base de datos se explica que al final de 2017 la entidad contaba 103 casos de este tipo de padecimientos, seguida por el estado de Chihuahua, que contaba con 73 casos registrados.

“Esta tendencia se mantuvo hasta el 2018, año que cerró con 112 casos registrados, lo que comparado con 2017 representa un incremento del 8.73 por ciento, manteniéndose además como primer lugar nacional de nuevo sobre chihuahua, estado que cerró 2018 con 52 casos.

“Del mismo modo, esta base de datos indica que el grueso de los casos afecta de forma pareja tanto a mujeres como a hombres, pues de los 112 pacientes detectados en 2018, 56 eran del sexo femenino y 56 del masculino.

“Cabe indicar que al cierre de la semana epidemiológica 11 de 2019 se tiene un censo de 15 casos nuevos, de los cuales la tendencia sigue en cuanto al género pues son 8 hombres con el padecimiento y 7 mujeres.

“No obstante, en comparación con la misma semana de 2018 se tiene un aumento considerable pues a la misma fecha del año pasado se habían contabilizado solo 9 casos, que en comparación con los 15 del año en curso marcan un incremento del 66.6 por ciento.”2

En México se reportó una prevalencia entre 18 al 33 por ciento, en algunas poblaciones de estudiantes de escuelas urbanas y rurales de los estados de Yucatán, estado de México, Puebla y Guerrero. Diversos autores coinciden que la pediculosis es una enfermedad que no determina falta de higiene, ni tampoco distingue nivel social, económico, ni cultural, tampoco edad ni género.

El piojo se alimenta de sangre; su saliva contiene sustancias vasodilatadoras y anticoagulantes. Los huevos del piojo, conocidos como liendres, están firmemente adheridas a pelos individuales. Los huevos son de 0.8 mm de longitud y se encuentran a una distancia de 1 a 2 mm de la superficie de la piel cabelluda. Los piojos hembra pueden poner cerca de 150 huevos durante su ciclo, que es de 30 días. Las manifestaciones son prurito constante, excoriaciones en piel cabelluda, impetiginización secundaria, adenopatías cervicales, conjuntivitis, fiebre y malestar general.3

El llamado es que las secretarías de Salud, en los dos niveles de gobierno (federal y estatales), lleven una campaña integral de prevención para evitar contagios y por ende, enfermedades que afectan sobre todo en zonas rurales y semiurbanas.

Los casos de rickettsiosis continúan en Sonora y Chihuahua; en medios de comunicación se ha señalado de su impacto negativo, donde quien la padece tiende a morir por falta de atención, sumado al descuido y probable pena del paciente.

De cada 10 pacientes que presentan fiebre manchada (rickettsia), alrededor de 7 fallecen, por lo que es de suma importancia tomar las medidas de higiene necesarias para prevenir la aparición y proliferación de garrapatas transmisoras de esta enfermedad.

Así lo indicó Alfredo Sánchez, médico epidemiólogo asignado a la Jurisdicción Sanitaria VI de la Secretaría de Salud de Sonora, quien comentó que la fiebre manchada o rickettsia es una enfermedad grave que puede provocar la muerte de quien la padece, aunque es prevenible si se toman las medidas adecuadas.4

Son varios los lugares que brindan atención de forma no apta para limpiar y combatir los piojos y liendres, que no tienen un procedimiento adecuado, ni una reglamentación a seguir; ante ello, la campaña podrá poner orden en el combate y atención. Ante la evidente necesidad de cuidar a la población, se pone a consideración de la honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que, coordinadamente con sus símiles en las entidades federativas donde comúnmente se presentan casos de pediculosis y rickettsiosis, emprenda una campaña que combata y elimine dichas plagas para proteger a la población.

Notas

1 Tomado de http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/602GRR.pdf el 02 de enero del 2020.

2 Tomado de https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/en-aumento-casos-de-ricketts ia-en-sonora-3260157.html el 18 de septiembre del 2019.

3 Tomado de http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/602GRR.pdf el 02 de enero del 2020.

4 Tomado de https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/fallecen-7-de-cada-10-pacien tes-con-rickettsia-4288557.html el 5 de enero del 2020.

Sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a establecer una oficina de representación institucional en la Embajada de México en Canadá para dar atención especializada a los integrantes del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, suscrita por la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo por el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a establecer una oficina de representación institucional en la Embajada de México en Canadá a fin de dar atención especializada a las trabajadoras y los trabajadores que integran el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La siguiente exposición de motivos se encuentra en un punto de acuerdo con el mismo contenido y exhorto, el cual presenté el 5 de diciembre del año en curso. Aquel documento no fue dictaminado por la comisión correspondiente y, dado el reglamento de la Cámara de Diputado, precluyó al finalizar el primer periodo ordinario del segundo año de la LXIV Legislatura. El problema que abordo, sin embargo, continúa vigente, motivo por el cual, a continuación, presento lo consecuente.

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, también conocido como PTAT, ha sido una de las iniciativas bilaterales más exitosas que ha emprendido el Gobierno de México en su historia reciente. Creado a través de un memorándum de entendimiento firmado por las autoridades de México y Canadá en 1974, el PTAT ha permitido que miles de mexicanas y mexicanos obtengan trabajos seguros, bien remunerados y de forma periódica en el país de destino.1

De acuerdo con la última actualización provista por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la temporada agrícola de 2019 han participado 20 mil 859 trabajadores al mes de septiembre.2 Esto marca casi veinte años de crecimiento sostenido, al pasar de poco más de 10 mil trabajadores registrados en 2001 a más de 20 mil en 2018.3

El salario de las trabajadoras y los trabajadores temporales también observó una marcada tendencia a la alza durante este periodo, pasando de 7.10 dólares canadienses por hora laborada en 2001 a 12.70 dólares durante la temporada del 2018. Esta tendencia, de hecho, tuvo sus movimientos más notables en esta última década, pasando de los 8.80 dólares canadienses por hora trabajada en 2009 a casi 13 dólares en la temporada presente.4

Este crecimiento, tanto en el número de participantes como en los salarios percibidos, es congruente con uno de los elementos más destacables de este programa: el reingreso.

Durante la temporada de 2018, el 48.1 por ciento de todos los participantes y las participantes del programa contaban con más de 10 años de antigüedad dentro del mismo.5 El 95.4 por ciento de todos los contratos otorgados fueron para trabajadores con 2 o más años de experiencia, lo que indica que las condiciones del programa son muy favorables tanto para los empresarios como para los trabajadores.6 Por cada 20 trabajadores que asisten a estas actividades, 19 regresan en años subsecuentes. Esta tasa de retención puede contrastarse con muy pocos casos de éxito similares en otras instancias gubernamentales. El PTAT es, estadísticamente, uno de los programas más exitosos, no solo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también del gobierno federal en su conjunto. En este éxito yace la importancia de contar con un soporte institucional solido que le permita continuidad y crecimiento en el futuro.

Actualmente, el proceso de requisición, reclutamiento y documentación a través del cual se desarrolla este programa toma lugar en dos puntos geográficos distintos: la requisición se desarrolla casi de forma exclusiva en Canadá, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de Canadá; mientras que el reclutamiento, documentación y traslado son administrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde sus oficinas en México. Esta administración dual del programa ha sido, hasta el momento, efectiva para su funcionamiento, mas no es, por ese solo hecho, una división de labores que propicie el futuro crecimiento de lo que ha demostrado ser una iniciativa de enorme éxito.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, las dependencias o entidades de la administración pública federal pueden, de considerarlo necesario, gestionar la incorporación de un representante al servicio.7 Esta posición temporal tiene la finalidad de permitir que la dependencia o entidad federal cuente con personal calificado para gestionar los asuntos y programas de los que es competente, coadyuvando al desarrollo de las políticas que el gobierno de México sostiene a favor de las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior.

Actualmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no cuenta con ningún agregado diplomático en la Embajada de México en Canadá, por lo que su participación en el desarrollo del PTAT se encuentra limitada a las acciones que pueden ser emprendidas desde México.8 Esta limitación no es un impedimento menor para el mejor funcionamiento del programa, ya que significa que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no puede dar un seguimiento puntual a las actividades de nuestros connacionales, ni a sus problemáticas cotidianas.

De forma ilustrativa, a continuación presento un breve esquema en donde se define el proceso general a través del cual se desarrolla el PTAT y detallo la participación de las dependencias mexicanas encargadas de cada una de sus etapas:9

El esquema anterior nos permite discernir la naturaleza bi-territorial del programa y de las instituciones encargadas de implementarlo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encuentra completamente alejada de los procesos que involucran un contacto directo con los trabajadores mexicanos una vez que estos llegan a Canadá. Si bien es cierto que las autoridades consulares pueden asistir en todo momento a los trabajadores temporales, es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el resolver las controversias que puedan suscitarse a raíz del programa, tanto con sus beneficiarios mexicanos como con los agricultores y empresarios que radican en Canadá.

Habiendo mencionado lo anterior, y tomando en consideración la importancia y la solidez operativa del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), la presente proposición busca exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a establecer una Oficina de Representación institucional en la Embajada de México en Canadá, a fin de dar atención especializada a las trabajadoras y los trabajadores que ya forman parte del PTAT y a quienes buscan incorporarse en él como beneficiarios, dando auxilio a los esfuerzos que realiza en el presente la Embajada de México en Canadá y coadyuvando en las labores que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza en este país.

Considerandos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social está facultada para designar a un representante institucional en las misiones diplomáticas que México sostiene en el exterior conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que menciona lo siguiente: “El personal asimilado se compone de funcionarios y agregados a misiones diplomáticas y representaciones consulares, cuyo nombramiento haya sido gestionado por otra dependencia o entidad de la administración pública federal u otra autoridad competente, con cargo a su propio presupuesto. Cuando la Secretaría considere procedente la solicitud dicho personal será acreditado con el rango que ésta determine y su asimilación al Servicio Exterior tendrá efectos sólo durante el tiempo que dure la comisión que se le ha conferido”.10

Con la finalidad de garantizar la debida protección de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos dentro del marco del PTAT, la Ley Federal del Trabajo les provee de las siguientes consideraciones: que las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a las que se otorgue a los trabajadores de aquel país; que al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado; que las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones se determinarán en el acuerdo (previamente acordado por el gobierno de México y el del país receptor); que el reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, en coordinación con las autoridades estatales y municipales; y que el acuerdo contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente.11

Esta última consideración es fundamental, pues reconoce que el gobierno de México debe de proveer servicios de protección y atención a las trabajadoras y los trabajadores mexicanos que así lo requieran a través de sus misiones diplomáticas. En el caso que hemos abordado en la presente propuesta, es de nuestra consideración que existe un número relevante de mexicanas y mexicanos ocupados únicamente a través del PTAT, razón por la cual es conveniente que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuente con un representante temporal que coadyuve en su gestión, ofreciendo apoyo técnico y logístico particular a la Embajada de México en Canadá.

Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a establecer una Oficina de Representación Institucional en la Embajada de México en Canadá a fin de dar atención especializada a las trabajadoras y los trabajadores que integran el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT).

Notas

1 Consulado General de México en Montreal. Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2019. Consultado en:

https://consulmex.sre.gob.mx/montreal/index.php/es/ptat.

2 Secretaría de Relaciones Exteriores. Trabajadores Inscritos. México. Gobierno de México. 2019. Consultado en

https://datos.gob.mx/busca/dataset/derechos-laborales-de -personas-mexicanas-en-el-extranjero-programa-de-trabajadores-agricolas -te/resource/2614ceb5-8788-47d2-8818-84ef1f096adb.

3 Guerrero Lechón, M.A. “El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá: Evolución y Perspectivas, 1974-2012”. En Revista Mexicana de Política Exterior. Número 97. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2013. Página 109-131.

4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los Jornaleros Mexicanos en Canadá. México. Gobierno de México. 2018. Página 38.

5 Íbid. Página 40.

6 Íbid. Página 40.

7 Ley del Servicio Exterior Mexicano. Artículo 8. Párrafo Primero. (Última Reforma: DOF 19-04-2018)

8 Embajada de México en Canadá. Directorio de Oficinas. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2019. Consultado en https://embamex.sre.gob.mx/canada/index.php/es/iniciosp/directorio.

9 Ibídem. Página 79.

10 Ley del Servicio Exterior Mexicano. Artículo 8. Párrafo Primero (última reforma: DOF 09-04-2012).

11 Ley Federal del Trabajo. Artículo 28-A. Fracciones I, II, III, IV y V (última reforma: DOF 02-07-2019)

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2020.

Diputada Martha Angélica Zamudio Macías (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a considerar la devolución expedita de los recursos autogenerados por el INAH en 100 por ciento en el ejercicio de 2019, suscrita por la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada federal integrante de la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Instituto Nacional de Antropología e Historia1 (INAH) es un órgano desconcentrado con personalidad jurídica propia, creado en 1939, para garantizar, preservar y difundir la investigación, conservación, protección del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

El instituto es competente en zonas de monumentos arqueológicos e históricos, propiedad de la federación, las cuales se regularán por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Son objetivos generales del INAH la investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la población del país, y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico, la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio, tal y como lo indica el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

2. Del año 2011 a mayo de 2019 la Instituto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha devuelto 3 mil 778 millones de pesos. En promedio 419 millones de pesos.

Recursos autogenerados(Millones de pesos)

Fuentes: Informes de labores, Cuenta Pública y diversos medios de comunicación.

El Instituto, entre otros, opera los siguientes programas presupuestarios2

Una función fundamental del Instituto Nacional de Antropología e Historia es su labor académica, que realizan más de 400 académicos adscritos a las disciplinas de historia, antropología social, antropología física, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, arquitectura, conservación del patrimonio, conservación y restauración. Hay también proyectos académicos sobre temas diversos, que forman parte de la labor de investigación que se realiza en el Instituto.

Según datos del INAH, el Instituto cuenta con una red de bibliotecas en 26 entidades federativas con 46 bibliotecas. En la Ciudad de México se encuentran 16 de estas bibliotecas.

Además, el Instituto realiza investigación, entre otros rubros, de:

Arqueología

Antropología

Conservación del Patrimonio Cultural

Antropología Física

Estudios Históricos

Etnología y Antropología Social

Estudios Arqueológicos

Etnohistoria

Lingüística

Patrimonio Mundial

Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas

Salvamento Arqueológico

Paleontología

Arqueología Subacuática

Ceramoteca de Teotihuacan

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene bajo su resguardo un total de 191 zonas arqueológicas y una paleontológica.

En los estados de Quintana Roo y el estado de México se reconocen 18 zonas y en Yucatán y Campeche se reconocen 16 zonas, siendo los estados de la República con la mayor cantidad de zonas arqueológicas.

3. En lo particular, en el estado de Puebla3 se reconocen 6 zonas arqueológicas:

Tepapayeca

La zona arqueológica de Tepapayeca se encuentra localizada en el poblado del mismo nombre, perteneciente al municipio de Tlapanalá, y a 11 kilómetros de la población de Izúcar de Matamoros, Puebla.

Cantona

Los terrenos que abarca el sitio son compartidos por los ahora municipios de Tepeyahualco de Hidalgo, y Cuyoaco, ubicados en la parte central-norte de la Cuenca Oriental en el estado de Puebla.

Cholula

Se encuentra ubicada en el denominado valle de Puebla a solo 10 kilómetros al poniente la ciudad capital del estado de Puebla, específicamente dentro del área metropolitana de la ciudad de Puebla.

Los Cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco

Se localiza a sólo 2 kilómetros de San Martín Texmelucan, en la falda del Cerro Totolqueme perteneciente al poblado de San Cristóbal Tepatlaxco.

Tepexi el Viejo

Se localiza a 8 kilómetros al poniente de la población de Tepexi de Rodríguez en Puebla.

Yohualinchan

El nombre de la zona arqueológica significa “Casa de la noche” en náhuatl, sin embargo, la cultura que se localizó en este centro ceremonial fue la totonaca pero por el abandono y la posterior ocupación mexica es que hasta la actualidad los pobladores de las comunidades cercanas siguen hablando náhuatl.

4. En el 2018 el Instituto:

a) 27 millones de visitantes4 acudieron a las zonas arqueológicas y museos del INAH en el 2018:

b) Obtuvo en recursos autogenerados de 710 millones de pesos; al mes de mayo de 2019, lleva recaudado 350 millones de pesos.

c) Personal eventual del INAH: Mil 550 trabajadores (de diciembre del 2018 a febrero del 2019 rescindieron a 210).

Es por lo que con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la devolución expedita de los recursos autogenerados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en un cien por ciento en el ejercicio 2019.

Notas

1 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/201 5_0179_a.pdf

2 https://www.inah.gob.mx/indicadores-de-programas-presupuestarios

3 https://www.inah.gob.mx/2015-06-12-00-10-09/catalogo

4 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/
El-INAH-es-la-gallina-de-los-huevos-de-jade-Diego-Prieto-20190610-0148.html

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales a realizar acciones para prevenir, sancionar y erradicar los casos de pederastia cometidos por integrantes de asociaciones religiosas, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 21 de diciembre de 2019, la Comisión de Casos de Abuso de Menores del Pasado y Atención a las Personas Implicadas, de la congregación “Legionarios de Cristo”, dio a conocer un informe relativo a casos de abuso sexual y pederastia de, al menos, 175 menores, cometidos por 33 sacerdotes o diáconos, de los cuales, más de la tercera parte fueron cometidos por el fundador de esta orden, Marcial Maciel. El informe abarcaría desde la fundación de la Congregación, en 1941 y hasta el 16 de diciembre del año 2019. Los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI tuvieron conocimiento de las denuncias y decidieron ignorarlas.

Se ha señalado que, de los 33 sacerdotes responsabilizados, seis ya murieron, ocho dejaron el sacerdocio, uno dejó la congregación y 18 se mantienen en el grupo. De éstos, 14 ya no realizan funciones en público y cuatro las hacen de modo restringido, lo que significa -según el reporte- que no las hacen con menores en colegios o grupos juveniles.

Para el Grupo Parlamentario del PRD, el informe no es suficiente. Demandamos que las autoridades civiles tomen cartas en el asunto para determinar si no existen más casos, castigar a los responsables y encubridores que aún se encuentren con vida, y para definir, en conjunto con las asociaciones religiosas, especialmente con la jerarquía de la Iglesia Católica, un protocolo de prevención para poner fin a los abusos que todavía persisten. Adicionalmente, debe establecerse si la Iglesia Católica, como asociación religiosa, tiene alguna responsabilidad, civil, penal o administrativa que pudiera derivar en la imposición de sanciones.

Como muchas de las víctimas, el Grupo Parlamentario del PRD considera insuficiente este tardío reconocimiento de ilícitos, pues las víctimas del padre Maciel denunciaron desde hace décadas sus abusos y, sin embargo, ni el Vaticano ni las autoridades eclesiásticas y civiles mexicanas actuaron con oportunidad.

El reporte detalla que 111 de los 175 menores abusados lo fueron por Marcial Maciel, alguna de sus víctimas o las víctimas de sus víctimas, lo que sólo pudo ser posible por el encubrimiento y la impunidad de la que gozaron el mismo Maciel y los otros abusadores, así como por la falta de atención integral para seguir repitiendo los patrones de abuso.

Las autoridades deben tomar cartas en el asunto, primero para reexaminar las denuncias que han sido presentadas y determinar las responsabilidades penales de quiénes los cometieron, quiénes los encubrieron y de aquellos funcionarios públicos que permitieron la impunidad. Las autoridades deben generar las condiciones para que, en caso de haber más víctimas, los responsables sean procesados.

Durante muchos años las víctimas del padre Maciel denunciaron sus abusos y ni el Vaticano ni las autoridades eclesiásticas ni las autoridades civiles en México actuaron con oportunidad. El fundador de los “Legionarios de Cristo” murió sin ser sometido a un proceso. No se puede permitir que estos delitos queden en la impunidad.

En el Grupo Parlamentario del PRD hacemos un llamado para acabar con la impunidad y el encubrimiento y para adoptar todas las medidas legales y de política pública tendentes a prevenir y evitar más casos como éste.

El informe de “Legionarios de Cristo” debe ser un motivo más para fortalecer el carácter laico del Estado mexicano y para hacer valer las leyes y el estado de derecho por encima de cualquier norma de carácter religioso o moral. Es decir, aunque alguna norma de cualquier credo religioso pudiese en algún momento ser permisiva o encubridora de abusos como éstos, las leyes deben tender a sancionar, en su caso, a los responsables, y, sobre todo a prevenir y evitar la repetición de esos delitos con medidas pertinentes, entre ellas, evitando la impunidad.

En tal sentido, el informe de “Legionarios de Cristo” debe ser un argumento más para que los diferentes poderes, niveles y órdenes de gobierno se activen y haga cada cual lo que le corresponde en el ámbito de sus responsabilidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con los derechos de las niñas y los niños de nuestro país, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías de las entidades federativas, al Poder Judicial federal y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas para dar seguimiento a las denuncias por el delito de pederastia en contra de integrantes de la orden “Legionarios de Cristo”, garantizando los derechos de las víctimas, especialmente su derecho de acceso a la justicia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para:

a) Generar los mecanismos necesarios, mediante programas de difusión que creen confianza, para que las víctimas que no lo hayan hecho, procedan a realizar las denuncias correspondientes a efecto de evitar la impunidad;

b) Analizar si, conforme al informe presentado, la Iglesia Católica y, especialmente, la orden “Legionarios de Cristo”, violó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y proceda, en su caso, a imponer las sanciones correspondientes.

c) Diseñar, en conjunto con los representantes de las asociaciones religiosas acreditadas en nuestro país y con las autoridades educativas y de protección a la infancia, un protocolo para prevenir y erradicar este tipo de abuso sexual infantil.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2020.

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema Nacional de Seguridad Pública a crear la Universidad Nacional de Seguridad Pública, especializada en la formación de mandos policiales, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe Ricardo Velázquez Meza, senador de la República integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Conforme al artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la Federación y las entidades federativas establecerán y operarán academias e institutos que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán, entre otras funciones, la de proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la profesionalización.

La profesionalización debe ser un proceso permanente y progresivo, integrado por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales.

La crisis que vivimos es mucho más grave que un asunto de policías, narcotraficantes y ladrones, el sector en materia de seguridad pública requiere una reforma amplia e integral, en ese sentido, uno de los objetivos estratégicos de la cuarta transformación contempla la creación de una institución para formar cuadros y mandos policiales profesionales. Además, de establecer una red de escuelas policiales regionales y de inteligencia.

Actualmente en México se encuentra vigente un sistema de desarrollo policial, que obliga a la federación y a las entidades federativas a incorporar aspectos mínimos orientados a la profesionalización, certificación y condiciones laborales, sin embargo, los resultados son insuficientes y variantes entre cada estado, en tal virtud una institución encargada de la profesionalización de elementos e integrantes policiales es pertinente y necesaria.

El proyecto pretende que las policías municipales, estatales y federales se integren en un solo modelo, con una misma calidad y competencia profesional, con capacitación y responsabilidades homologadas y obligatorias, creando un sistema de capacitación y educación continua a través de la Universidad Nacional de Seguridad Pública, a fin de rediseñar la carrera policial.

La universidad contará con un programa rector de formación de mandos policiales sustentado en la transversalidad educativa, conectando y articulando, pedagógicamente, a las funciones inherentes de inteligencia, ciencia, tecnología, colaboración y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La creación de una estrategia educativa humanista representa un parte aguas que permitirá la profesionalización integral en las corporaciones policiales, al adherir y ensamblar las acciones de la universidad con las de profesionalización policial que realizan las Academias de Seguridad Pública.

El modelo educativo para la formación de mandos policiales debe ser un proceso estructural y funcional especializado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el cual se facilite la transmisión de información entre las etapas de prevención del delito, la procuración e impartición de justicia y la reinserción social, teniendo como característica principal que en cada etapa se permita recibir información, procesarla y actuar y cuyos resultados estén interconectados con la siguiente etapa receptora, manteniendo activo todo el proceso, por si, y en su conjunto.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con las dependencias correspondientes, analice la posibilidad de llevar a cabo la creación de la Universidad Nacional de Seguridad Pública.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 8 de enero de 2020.

Diputado Ricardo Velázquez Meza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CEAV, la CNDH y la FGR a otorgar el reconocimiento de calidad de víctima a los afectados por la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, inscribirlos en el Renavi y brindarles la atención prevista en la Ley General de Víctimas, a cargo de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se otorgue el reconocimiento de la calidad de víctima a las personas afectadas por la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se les brinde la atención que mandata a la Ley General de Víctimas, conforme a los siguientes

Antecedentes

El viernes 18 de enero de 2019 ocurrió una lamentable explosión en una toma clandestina en un ducto de Pemex, ubicado en la comunidad de San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, dejando un saldo de 137 personas fallecidas,1 además de otras tantas heridas.

En consecuencia, las autoridades ministeriales abrieron carpetas de investigación tanto del fuero federal como del común y, en paralelo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió un procedimiento de queja de oficio,2 por las posibles violaciones a derechos humanos que pudieran ser atribuibles a autoridades federales, estatales y municipales.

Adicionalmente y toda vez que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no había ejercido acción alguna para atender a las víctimas de esa lamentable explosión, por oficio de fecha 28 de enero de 2019, comunique formal y directamente al ingeniero Mario Federico Herrera Montalvo, director general del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 106 y 109 de la Ley General de Víctimas, la noticia de hechos correspondiente.

Es importante resaltar que los artículos 106 y 109, primer párrafo, de la Ley General de Víctimas establecen que cualquier persona que conozca de una posible violación a derechos humanos o delito, deberá comunicar los hechos al Registro Nacional de Víctimas para que se inscriba a la víctima y con ello se garanticen sus derechos, tal y como se aprecia a continuación:

“Artículo 106 . El ingreso de la víctima al Registro se hará por la denuncia, la queja, o la noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, el organismo público de protección de derechos humanos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.

Artículo 109 . Cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al Registro , aportando con ello los elementos que tenga.

...

...”

En consecuencia, solicité respetuosamente que ese Registro Nacional de Víctimas, de conformidad con lo establecido en los artículos 101, párrafos primero a tercero, en relación con el artículo 110, fracciones IV, VII y VIII, de la propia Ley General de Víctimas, analizara la información pública que existe disponible y se ordenara, en caso de ser jurídicamente procedente, la inscripción de las víctimas directas e indirectas en el Registro Federal de Víctimas (Refevi) y en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), o bien, realizara las gestiones necesarias para ello, es decir, solicité formalmente que se valoraran los hechos con fines de que esa institución les otorgara el reconocimiento de la calidad de víctima y procediera a su inscripción.

La atención con celeridad de esa noticia de hechos y petición de inscripción era prioritaria toda vez que la Ley General de Víctimas, su reglamento, así como los lineamientos y normativa aplicable, establecen que un requisito para que las víctimas accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, es la previa inscripción en dicho Registro Nacional, por lo que los apoyos económicos para pago de gastos funerarios, de traslados para reconocimiento de cadáveres, de atención médica especializada, etcétera, que pudieran ser solicitados a esa comisión, no serían autorizados sin la previa inscripción de las víctimas en el registro.

La situación de vulnerabilidad de las víctimas directas heridas, así como de las indirectas cuyos familiares fallecieron era enorme en esos momentos y requerían urgentemente el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual es la entidad del gobierno federal creada ex profeso para la atención y soporte de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos del orden federal.

Adicionalmente, el 7 de febrero de 2019, presenté ante el pleno del Senado de la República, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a investigar las actuaciones de los servidores públicos competentes en el caso de la explosión en Tlahuelilpan; a la Fiscalía General de la República (FGR) para que agote las líneas de investigación por la explosión y entre ellas contemple el desabasto de combustible que afectó la región desde el 7 de enero y había generado psicosis entre los habitantes; a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que se otorgue calidad de víctima a las personas que acrediten el daño o menoscabo por la posible omisión de las autoridades en la actuación de la explosión del ducto, y asimismo sean integradas al Registro Nacional de Víctimas (Renavi); a los titulares de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de Protección Civil del Estado de Hidalgo y de Protección Civil del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, para que informen por qué no ejecutaron las medidas, acciones y protocolos de seguridad que les competen, a fin de haber protegido cabalmente la integridad de las personas que se encontraban en la fuga del ducto dañado, ante el inminente peligro que representaba la zona; a Pemex a que informe por qué no actuó de manera rápida ante la magnitud y peligro que representaba la fuga de combustible del ducto, así como de su omisión en el cierre de válvulas y para que diera a conocer las acciones que implementaría para cumplir con el abasto de combustible en el estado de Hidalgo.

A pesar de estas gestiones y de las protestas de las víctimas, a un año de la tragedia, ninguna víctima ha sido inscrita en el Registro Federal de Víctimas (Refevi) o en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), ambos dependientes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y, en consecuencia, ninguna ha sido atendida por dicha comisión, con lo que permanecen en un estado de indefensión y de permanente violación a sus derechos consagrados en la Ley General de Víctimas.

No podemos decir que no ha habido atención por parte del gobierno federal, pues algunas dependencias han generado “apoyos” económicos o de proyectos productivos para las víctimas, pero dichos “apoyos” no pueden contemplarse como un mecanismo que agote los extremos de los derechos contenidos en la Ley General de Víctimas y, por lo tanto, no eximen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Como ejemplo de los “apoyos” otorgados por dependencias del gobierno federal puede citarse que el 23 de abril de 2019, Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social, de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que 157 “apoyos económicos” fueron entregados a familiares de las personas fallecidas en estos hechos, un total de dos millones 355 mil pesos para enfrentar la emergencia, es decir, 15 mil pesos por cada “apoyo”.3

Además, el 6 de diciembre de 2019, la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que se entregaron tarjetas con apoyos para las víctimas de la explosión por un total de 22 proyectos productivos. Tales ayudas incluyen a tres personas como mínimo y los montos que reciben van desde los 62 mil hasta los 300 mil pesos por cada una.4

Toda vez que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha cumplido con su obligación legal primigenia, consistente en valorar los hechos para otorgar el reconocimiento de la calidad de víctima e inscribir a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas –esto ante la falta de pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República–, se ha generado un vacío institucional que ha tenido que ser subsanado por otras instituciones como las Secretarías de Gobernación (Segob) o de Bienestar, así como por Pemex, lo que constituye una seria vulneración de sus derechos.

Y hay que ser enfáticos en este punto, pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas, no puede omitir cumplir con las obligaciones que la ley le impone, en este caso, valorar los hechos y determinar si se les otorga el reconocimiento de la calidad de víctima, tal y como lo establece el artículo 101, párrafos primero a tercero, de la Ley General de Víctimas, que, a la letra, preceptúa:

“Artículo 101 . Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.

Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles.

Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión respectiva. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta ley.

La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima, conforme lo establece el título tercero de esta ley.

No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:

I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente;

II. Exista una determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las comisiones estatales en esta materia que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;

III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución;

IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia, y

V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.”

En esa tesitura, toda vez que en el caso no existe declaración de otra autoridad, es claro que la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas (Renavi) tiene la atribución y, más que nada, la obligación de llevar a cabo la valoración de hechos para determinar el reconocimiento de la calidad de víctima, su inscripción en el registro y el otorgamiento de todos los servicios que establece la ley, pero, a un año de la tragedia, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y su Dirección General del Registro Nacional de Víctimas (Renavi) no han cumplido con dicha obligación.

Esto es un ejemplo claro del viacrucis que sufren las víctimas para lograr su inscripción en el registro, como primer gran obstáculo, y para obtener medidas de ayuda, de emergencia o una reparación integral. En este caso la omisión es grave en grado superlativo porque estamos ante un caso probado de naturaleza pública, en el que la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), en cumplimiento de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 101 antes transcrito, debería haber aplicado el principio de buena fe contenido en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas y, la Comisión Ejecutiva, como institución, debería haber provisto las medidas de ayuda inmediata que se requirieran, pero nada de ello sucedió.

A un año de la tragedia en la que murieron 137 personas, la indolencia, burocracia e ineficacia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ha dejado a cientos de víctimas directas e indirectas en un estado de total indefensión y continúa siendo un factor de violación a sus derechos, consagrados en la Ley General de Víctimas, lo que podría constituir, además, una violación grave de derechos humanos atribuible a personal adscrito a esa comisión ejecutiva.

Por otro lado, no se ha publicado información respecto de los avances en la integración del expediente de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que no es posible saber si ese organismo constitucional autónomo ha determinado la existencia de posibles violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos federales. Esto contribuye a que todas las personas relacionadas con la tragedia continúen en una situación en la que no pueden ejercer sus derechos como posibles víctimas de violaciones a derechos humanos, contribuyendo y fortaleciendo la inacción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Asimismo, como se informó en ese entonces, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación por la probable comisión de delitos federales, pero tampoco se ha hecho público si cuenta con los elementos para emitir el reconocimiento de la calidad de víctima o si ya lo ha realizado.

La conjunción de la inacción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –la cual ha tratado de eludir su responsabilidad solicitando a otras autoridades que extiendan el reconocimiento de la calidad de víctima, a pesar de contar con las atribuciones para hacer la valoración de hechos y emitirla por sí misma–, con la falta de avances en los procedimientos instaurados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por la Fiscalía General de la República (FGR), ha provocado que, a un año de la tragedia de Tlahuelilpan, 137 víctimas mortales no estén ni siquiera cerca de acceder a la justicia, a la verdad y al derecho a la memoria y, mucho menos a una reparación integral del daño y a medidas de no repetición.

Por ello, en el primer aniversario de la trágica explosión en Tlahuelilpan, es indispensable que esta Comisión Permanente exhorte a las autoridades responsables antes citadas para que, en cumplimiento del mandato legal que les constriñe, resuelvan los procedimientos necesarios para determinar si las 137 personas fallecidas en esa tragedia, y las personas heridas, tienen calidad de víctima en términos de la Ley General de Víctimas y, de ser así, que se inscriban de inmediato en el Registro Federal de Víctimas y en el Registro Nacional de Víctimas y se les brinden todas las medidas, beneficios y derechos que establece la ley, incluida la reparación integral del daño.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno, con el siguiente resolutivo

Puntos de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que, a la brevedad posible, remita un informe detallado a esta soberanía, que incluya al menos, las acciones que esa institución ha realizado para determinar si reconoce a las personas fallecidas o heridas en la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, la calidad de víctima y para inscribirlas en el Registro Federal de Víctimas (Refevi) y/o Nacional de Víctimas (Renavi), así como los obstáculos legales que, en su caso, hayan detenido u obstaculizado dichas acciones.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que, de manera urgente, en ejercicio de sus atribuciones contenidas en los artículos 101, párrafos primero, segundo y tercero, 106, 109 y 110, fracción VII, de la Ley General de Víctimas, valore los hechos y determine si otorga el reconocimiento de la calidad de víctima a las personas fallecidas o heridas en la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, y, en consecuencia, las inscriba en los Registros Federal de Víctimas y Nacional de Víctimas, así como les garantice todas las medidas de ayuda y atención que establece dicha ley, incluida la reparación integral del daño.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que, a la brevedad posible y sin poner en riesgo la integridad y confidencialidad de la investigación, informe a esta soberanía los avances en la integración del expediente de queja que inició de oficio, con motivo de la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, y, para que, en caso de así desprenderse del expediente, emita el reconocimiento de la calidad de víctima que corresponda, comunicándolo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República, para que, a la brevedad posible y sin poner en riesgo la integridad y confidencialidad de la indagatoria, informe a esta soberanía los avances en la integración de las carpetas de investigación que inició con motivo de la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, y, para que, en caso de así desprenderse del expediente, emita el reconocimiento de la calidad de víctima que corresponda, comunicándolo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Notas

1 Se eleva a 137 la cifra de muertos por explosión en Tlahuelilpan. Excélsior Online. Disponible en

https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-eleva-a-137-la- cifra-de-muertos-por-explosion-en-tlahuelilpan/1311950

2 Expresa CNDH condolencias a los familiares de las personas fallecidas en las explosiones registradas en Tlahuelilpan, Hidalgo, así como su apoyo y solidaridad a quienes resultaron heridas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comunicado de prensa DGC/024/19, de fecha 20 de enero de 2019, disponible en https://www.cndh.org.mx/documento/expresa-cndh-condolencias-los-familia res-de-las-personas-fallecidas-en-las-explosiones

3 Gobierno entregó 2.3 mdp a familiares de víctimas en Tlahuelilpan. Forbes México. Disponible en

https://www.forbes.com.mx/gobierno-entrego-2-3-mdp-a-fam iliares-de-victimas-en-tlahuelilpan/

4 Sólo 10 por ciento de apoyos para deudos por explosión en Tlahuelilpan. AM Online. Disponible en
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Solo-10-por-ciento-de-apoyos-para-deudos-por-explosion-en-Tlahuelilpan-20191206-0034.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a garantizar la dotación de fármacos, y el acceso a tratamientos y quimioterapias para atender el cáncer infantil, ante el desabasto de material y medicinas en diversos estados, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cáncer infantil constituye una de las principales causas de morbimortalidad en nuestro país, ya que de acuerdo con el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) las tasas de incidencia por millón en México ascienden a por lo menos 89.6 nacional, 111.4 en niños y 68.1 en adolescentes.1

Se estima que cada año se presentan entre 5 y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años, de ellos, más de 50 por ciento son algún tipo de leucemias, 15 por ciento linfomas y 10 por ciento tumores del sistema nervioso central, principalmente.2

Pese a representar una de las principales causas de muerte entre la población, en lo que va de la presente administración federal se han documentado una serie de irregularidades, entren las que se encuentra el desabasto de medicamentos y falta de material en quimioterapias, panorama que pone en riesgo la salud de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

En el estado de Tlaxcala, al menos 102 niños no han recibido de manera adecuada sus quimioterapias, a causa del desabasto de material y de medicamentos, lo cual ha provocado la inconformidad de padres de familia quienes sostienen que pese a sus manifestaciones no han recibido atención y una solución integral por parte del gobierno federal.

En este contexto, es importante mencionar que corresponde al gobierno federal adquirir y proveer los medicamentos contra el cáncer; sin embargo, hasta el momento, no se ha dado una explicación y las acciones llevadas a cabo resultan insuficientes.

De acuerdo con los afectados, estas deficiencias en los servicios de salud se han generado debido a que no existen reglas de operación en el nuevo esquema de salud y a la irresponsabilidad, inexperiencia e incapacidad del llamado Instituto de Salud para el Bienestar.3

Lamentablemente no es la primera ocasión que en esta administración se ha carecido de medicamentos, debido a que en el Hospital Infantil Federico Gómez por diversas semanas no se administró el medicamento metrotexato.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud minimizó dicha escasez, incluso, contrario a la postura de médicos especialistas propuso la sustitución del medicamento, argumentando que: “Si no se da una dosis, puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia médicamente”.4

Emprender acciones de política pública oportunas para la implementación de mecanismos cada vez más eficaces de prevención, detección y atención, no sólo es parte de la responsabilidad de las autoridades, sino que, además, es una oportunidad salvaguardar la salud de los mexicanos y sus familias.

En la lucha contra el cáncer infantil, es determinante la construcción de clínicas especializadas, nuevos proyectos de investigación y la ampliación en el número de oncólogos pediatras en los centros hospitalarios, pero principalmente, agilizar los mecanismos de adquisición, distribución y dotación de medicamentos y el desarrollo de quimioterapias.

El cáncer infantil es un problema de salud pública la cual genera un gasto familiar importante para su tratamiento y provoca repercusiones no sólo económicas, sino y también, sociales y familiares, por lo que, exige la atención coordinada, eficaz, eficiente y transparente por parte de las autoridades del sector salud.

Resulta necesario que la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública incremente los mecanismos de diagnóstico oportuno, de acceso a tratamientos de calidad y la universalización de los sistemas de prevención, independiente de la situación económica y ubicación geografía de la población mexicana para ejercer de manera plena el derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud, fortalezca sus acciones a fin de garantizar la dotación de medicamentos, el acceso a tratamientos y quimioterapias para la atención de cáncer infantil, ante el desabasto de material y medicinas en diversas entidades federativas como la Ciudad de México y Tlaxcala, situación que vulnera la salud de la población y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que informe a esta soberanía y transparente las acciones a desarrollar con el objeto de atender el desabasto de medicamentos y asegurar las quimioterapias para niños con cáncer en entidades como la Ciudad de México y Tlaxcala, asimismo, las medidas que se asumirán para prevenir esta situación en los demás hospitales del país.

Notas

1 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. (2019). Cáncer Infantil en México. 06/01/2020, de Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-1 30956

2 Secretaría de Salud. (2019). La leucemia representa el 50 por ciento de los casos de cáncer infantil. 06/01/2020, de Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/salud/prensa/055-la-leucemia-representa-el-50-por-ci ento-de-los-casos-de-cancer-infantil

3 Karla Muñeton. (2019). Protestan en el Hospital Infantil por falta de quimioterapias. 06/01/2020, de El Sol de Tlaxcala Sitio web: https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/protestan-en-el-hospital-infan til-por-falta-de-quimioterapias-4660290.html

4 Horacio Jiménez y Carina García. (2020). Secretario de Salud tuvo “lapsus brutus”: padres de niños con cáncer. 06/01/2020, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/secretario-de-salud-tuvo-lapsus-b rutus-padres-de-ninos-con-cancer

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades de Zacatecas a informar de las acciones que toman para combatir la corrupción y contribuir a fortalecer la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrita por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT

Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, en nombre de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de la manera más atenta a las y los titulares de las siguientes instituciones del gobierno del estado de Zacatecas: Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Educación, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas, Tribunal Superior de Justica de Zacatecas, Tribunal de Justicia Administrativa de Zacatecas y la Auditoría Superior del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones, informen qué acciones están tomando para combatir la corrupción y contribuyan al fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica al tenor de las siguientes

Consideraciones

Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional, determina:1

“La corrupción es el abuso del poder público en beneficio privado. Puede ser grande, pequeña, política, etcétera, pero cualquiera que sea su forma o cuantía, todos los tipos de corrupción tienen una cosa en común: el secreto. Desde el soborno, a los activos no declarados por los políticos y funcionarios públicos, la evasión de impuestos, o las empresas secretas en el extranjero, la corrupción prospera en la oscuridad”.

La corrupción es una de las principales preocupaciones de los mexicanos, es el común denominador de los problemas más graves que aquejan a la sociedad. Lamentablemente, en México se encuentra fuertemente arraigada, por muchos años operó desde lo más alto del poder.

El país fue ultrajado en las últimas décadas y las consecuencias aún persisten. La organización Transparencia Internacional, lo coloca en el segundo lugar como el más corrupto de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20. Además, ocupa el lugar 138 en corrupción de 180 países.

Afortunadamente, la Encuesta del Barómetro Global de la Corrupción 2019 apunta que la percepción de corrupción entre los mexicanos ha mejorado, aunque 9 de cada 10 mexicanos señalaron que la corrupción sigue siendo un problema para el país, perciben cambios positivos en comparación con años anteriores.2

Además, en 2018, 6 mil 988 servidores públicos fueron sancionados. 70 por ciento de los imputados se concentran en cinco entidades: Ciudad de México, estado de México, Chiapas, Oaxaca y Sonora. A la fecha hay más de 20 mil investigaciones en contra de servidores públicos, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a los avances en esta nueva administración, la corrupción aún permea y en algunas entidades no ha cedido, lo que afecta directamente la calidad de vida de las personas. La corrupción es un fenómeno que agrava la desigualdad económica y la inseguridad. De ahí que se identifique como la principal causa de la violencia.

De esa forma, el mal manejo de los recursos públicos, mismo que toma diversas formas, ya que va desde la ineficacia de las instituciones y su simulación hasta los sobornos más escandalosos como el caso Odebrecht, deriva en la distorsión de lo competencia y el recrudecimiento de la violencia.

La relación entre violencia y corrupción existe. Recientemente se dio a conocer un Semáforo de Alto Impacto, que considera las tasas de delitos como el homicidio, el secuestro, la extorsión, el narcomenudeo y el robo de vehículos, en el que Zacatecas se ubica como la cuarta entidad peor evaluada, por debajo de Colima, Tabasco, Morelos.3

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi4 de las 22 mil 350 personas que tuvieron trato con autoridades de Seguridad Pública en Zacatecas, 5 mil 718 afirmaron que hubo actos corruptos, lo que representa casi 25.6 por ciento del total.

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Panel Nacional Defoe 2018 la corrupción no sólo se encuentra en el ámbito público, sino que también se desarrolla en organizaciones como las escuelas y las iglesias.5

Puntualmente, Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo destaca que entre las principales causas de corrupción están: la falta de transparencia, la ineficacia de las instituciones (jueces, policías y ministerio públicos, entre otros) y el mercado negro de las drogas.6

Ahora bien, el Inegi señala que las entidades con el mayor número de investigaciones iniciadas contra servidores públicos por actos de corrupción son la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca e Hidalgo, y estos concentran 50 por ciento de las investigaciones. Zacatecas, quedó en el lugar 13 con 539 investigaciones iniciadas por responsabilidad administrativa.7

En ese sentido, pese a que Zacatecas, es uno de los estados peor calificados con mayores índices de corrupción y violencia, no se encuentra entre los primeros lugares en cuanto a investigaciones iniciadas.

De 2015 a 2017, la prevalencia de corrupción en México aumentó dos puntos porcentuales, motivado, fundamentalmente, por el incremento en 20 entidades. Entre ellas, Zacatecas ya que, duplicó el porcentaje de víctimas de corrupción respecto a la prevalencia observada en 2015.8

Ante estos índices en el estado de Zacatecas se requieren acciones estrategias, políticas públicas, planes, programas y medidas concretas para contrarrestar los efectos de la corrupción.

Un claro ejemplo de la necesidad de implementar nuevas estrategias para el combate a la corrupción en Zacatecas lo constituye el caso del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, quien cuenta con varias denuncias en su contra y se siguen acumulando, como ya lo ha señalado el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Salvador Eduardo Villa Almaraz.9 No obstante, siguen pendientes tanto la judicialización como las resoluciones de las investigaciones.

Lo cierto es que, adicionalmente, Miguel Alonso Reyes, a la fecha, tiene abiertas 120 investigaciones en la Auditoría Superior de la Federación por el posible desfalco de más de 3 mil millones de pesos. Así queda más que claro que en México la corrupción continúa siendo un flagelo, por ello, resulta inexorable revisar las buenas prácticas de combate a la corrupción que han arrojado buenos resultados.

Si bien, el 9 de diciembre, Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas anunció que su estrategia es la apuesta por la ética para eliminar la corrupción en la administración pública,10 es decir, se apuesta por una política preventiva, también resulta necesario implementar una política combativa, que erradique la corrupción y la impunidad.

Como bien señala Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera “(...) lo más relevante es el combate a la impunidad, y eso a partir de llevar casos a los tribunales, sea por el fuero de responsabilidad administrativa, ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la Función Pública, o sea ante la responsabilidad penal en una primera sede en la Fiscalía General de la República y, en último espacio, ante los tribunales”.11

Además, Nieto Castillo, ha establecido en numerosas ocasiones la necesidad de contar con un padrón de beneficiarios de la corrupción para poder identificar quiénes son efectivamente los que están viéndose beneficiados de actos de corrupción público-privada.12

En lo que va del año, Nieto Castillo ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero y ha dado 27 vistas de casos vinculados con corrupción en sede administrativa. En respuesta, se han judicializado ya cuatro casos con vinculación a proceso y se incorporaron a 178 en la lista de personas bloqueadas por temas de corrupción, dando un total de mil 415 millones de pesos.13

La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, de la mano con la sociedad organizada ha combatido las estructuras financieras del crimen organizado, la corrupción política; la corrupción electoral; la actuación de los jueces corruptos; la corrupción de exfuncionarios, de líderes sindicales y de empresas.

La relevancia y sobre todo eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera es innegable, pues gracias a su labor se reunió el material probatorio para investigar a Emilio Lozoya, Rosario Robles, Romero Deschamps, Ruiz Esparza y a Medina Mora. La Unidad de Inteligencia Financiera es la institución más fuerte para combatir la corrupción y también la violencia.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador señala que la Unidad de Inteligencia Financiera es una institución fundamental en contra del crimen organizado; apunta que se establecerán “protocolos de intercambio de información y análisis entre las áreas de inteligencia policial y criminal, instancias de inteligencia sobre seguridad interior, pública y nacional”, entre las que está la Unidad de Inteligencia Financiera, misma que ha tenido el papel protagónico. El mismo, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana hace hincapié en que el combate al lavado de dinero será prioridad, ya que, mediante el uso de la inteligencia financiera combatirá al crimen organizado como un sistema económico.14 Además, en su comparecencia al Senado, Durazo reafirmó que sólo a través de la inteligencia financiera será posible combatir el “poder creciente” de las organizaciones delictivas.15

Con este ejemplo, en el caso de Zacatecas, corresponderá a sus autoridades renovar e implementar estrategias acordes al contexto que viven para investigar y castigar de manera ejemplar los casos de corrupción; asimismo, corresponde la sociedad zacatecana visibilizar, concientizar las consecuencias, expulsar, rechazar y denunciar los actos de corrupción. También corresponde a la sociedad, mediante procesos de ciudadanización, romper con la base social de los actos de corrupción pues ahí adquiere su fuerza.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el combate a la corrupción constituye el eje principal de acción, por ello y por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución mediante el que exhorto respetuosamente a las diversas autoridades a emprender las siguientes acciones:

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco José Murillo Ruiseco, así como al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Salvador Eduardo Villa, informen sobre el índice y los avances de las investigaciones relacionadas con actos de corrupción, sin omitir las investigaciones que existan en contra de Miguel Alonso; informen qué acciones ha emprendido para brindar atención a víctimas, denunciantes y testigos de delitos relacionados con corrupción, Asimismo, se exhorta a ambos titulares a actuar con base en los principios de imparcialidad, la autonomía y legalidad.

Segundo. Solicita a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos, informe de las acciones y programas que ha realizado para combatir la corrupción y la impunidad, así como para difundir la cultura de la legalidad.

Tercero. Exhorta al titular de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, Raúl Brito Berumen, informe los avances de la revisión de la Cuenta Pública del Estado con el objeto de velar por el adecuado ejercicio de los recursos públicos y erradicar la corrupción.

Cuarto. Solicita a la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, Gema Mercado Sánchez, informe qué políticas preventivas anticorrupción emplea la Secretaría a su cargo para difundir valores cívicos a las niñas, niños y adolescentes y así contribuir al combate de la corrupción.

Quinto. Exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, Paula Rey Ortiz Medina, informe qué garantías otorga la institución a los servidores públicos y a los ciudadanos para promover la denuncia de actos de corrupción.

Sexto. Solicita al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, informe sobre el cumplimiento de transparencia financiera, así como la planeación, programación, presupuesto, ejercicio y control del gasto y su seguimiento.

Séptimo. Exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, informe qué acciones está tomando para erradicar la corrupción y combatir la inseguridad. Asimismo, se le solicita que informe a esta representación popular, cuáles son los municipios donde existe mayor prevalencia de violencia originada por la corrupción.

Octavo. Exhorta a la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Zacatecas, Raquel Velasco Macias, informe si el Tribunal que preside ha resuelto o se encuentra resolviendo asuntos referentes a actos de corrupción por servidores públicos ocurridos durante la administración que estuvo encabezada por Miguel Alonso, ex gobernador de Zacatecas. De ser el caso, se le exhorta a actuar con total independencia e imparcialidad. Asimismo, esta representación popular, solicita se informe cuál es la estadística de asuntos relacionados con actos de corrupción en el tribunal a la fecha.

Noveno. Exhorta al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justica de Zacatecas, Armando Ávalos Arellano, informe si el tribunal que preside ha resuelto o se encuentra resolviendo asuntos referentes a actos de corrupción ocurridos durante la administración de Miguel Alonso, ex gobernador de Zacatecas. De ser el caso, se le exhorta a actuar con total independencia e imparcialidad. Asimismo, esta representación popular, solicita se informe cuál es la estadística de asuntos relacionados con actos de corrupción en el tribunal a la fecha.

Undécimo. Exhortar a la Fiscalía General del Estado de Zacatecas y la Secretaría de Finanzas para que brinde los recursos humanos y económicos para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Notas

1 González Barroso, Fernando, entrevista a Peter Eigen, Revista Internacional de Transparencia e Integridad, España, 2016,
https://revistainternacionaltransparencia.org/wpcontent/uploads/2016/12/ENTREVISTA-PETER-EIGEN-espa%C3%B1ol.pdf

2 Redacción Animal Político, “Mexicanos ven menos corrupción con AMLO; 44% considera que se está combatiendo el problema”, 23 de septiembre de 2019,

https://www.animalpolitico.com/2019/09/combate-corrupcio n-mexico-amlo-sobornos/

3 Ponce Delgado, Alan, “Zacatecas el cuarto peor evaluado por Semáforo Delictivo”, Meganoticias,

https://www.meganoticias.mx/zacatecas/noticia/zacatecas- el-cuarto-peor-evaluado-por-semaforodelictivo/88116

4 NTR Zacatecas, “Corrupción en Zacatecas y Fresnillo”, 4 agosto, 2019 http://ntrzacatecas.com/2019/08/04/corrupcion-en-zacatecas-y-fresnillo/

5 Letras Libres, “Qué piensan los mexicanos sobre lacorrupción, 20 abril, 2018,
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/que-piensan-los-mexicanos-sobre-la-corrupcion

6 Semáforo de la corrupción 2015, http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-la-corrupcion

7 Alcocer Miranda, Jennifer, CDMX, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca e Hidalgo, entidades con mayor corrupción, Publimetro, 09 de diciembre de 2019, https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2019/12/08/cdmx-jalisco-guana juato-oaxaca-e-hidalgo-entidades-con-mayor-corrupcion.html

8 Inegi, “Estadísticas a propósito del día internacional contra la corrupción”, 9 de diciembre, número, 644/2019, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/corrup cion2019_Nal.pdf

9 El Sol de Zacatecas , “Siguen investigando a Miguel Alonso Reyes”, 10 de diciembre de 2019,

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/local/
siguen-investigando-a-miguel-alonso-reyes-mar-corrupcioncarpetas-de-investigacion-ex-gobernador-del-estado-4566637.html

10 Apuesta gobierno a la ética para eliminar corrupción. 9 diciembre, 2019,
http://ntrzacatecas.com/2019/12/09/apuesta-gobierno-a-la-etica-para-eliminar-corrupcion-2/

11 Debe conocerse a beneficiarios de corrupción: Santiago Nieto 10 diciembre, 2019,
https://www.excelsior.com.mx/nacional/debe-conocerse-a-beneficiarios-de-corrupcion-santiago-nieto/1352192

12 Ídem.

13 Ídem.

14 UNO TV, Se combatirá al crimen organizado con inteligencia financiera: Durazo, 12 de diciembre de 2018,

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/se-combatira-crimen-organizado-inteligenciafinanciera-durazo-989373/

15 Reporte índigo, Así fue la Comparecencia de Durazo, 5 de noviembre de 2019, https://www.reporteindigo.com/reporte/asi-fue-la-comparecencia-de-duraz o-en-el-senado/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Senadores: Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Miguel Ángel Lucero Olivas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Ejecutivos locales a implantar por los centros de evaluación y control de confianza planes, programas y estrategias que contribuyan a la pronta certificación de competencias laborales del personal policiaco, a cargo del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito senador Samuel Alejandro García Sepúlveda , integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas para que, a través de los centros de evaluación y control de confianza acreditados, implementen los planes, programas y estrategias necesarios que coadyuven a la pronta certificación de competencias laborales del personal policial en los estados , lo cual se expresa en la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, con el fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

De manera que, corresponde a los tres órdenes de gobierno velar por la gobernabilidad y el estado de derecho; sin embargo, a pesar de esta disposición, la inseguridad en el país no ha cesado, como consecuencia de la deficiente política de seguridad, la falta de capacitación de los elementos policiacos, la desigualdad económica, el desempleo, la delincuencia organizada, el tráfico ilegal de armas, la corrupción, entre otras.

La permanencia e incremento de estas problemáticas dejan ver la ausencia del Estado para garantizar la seguridad de la población, donde los delitos son un común denominador en la vida diaria de las personas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia delictiva durante 2018 y 2019 fue la siguiente:

A partir de esta tabla podemos observar lo siguiente:

Fuero común

-Durante 2019, los delitos del fuero común incrementaron en 5 por ciento respecto al año anterior, lo que representa que al mes se cometieron 155 mil delitos de este tipo, más de 5 mil al día.

Fuero federal

-Durante 2019, los delitos del fuero federal disminuyeron en 11 por ciento respecto al año anterior, no obstante, las cifras siguen siendo alarmantes toda vez que, al mes se cometieron alrededor de 7 mil 500 delitos de este tipo.

En septiembre de 2016 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial (CUP), en el marco de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública de agosto del mismo año.

Dichos Lineamientos se expidieron de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se establece que los aspirantes e integrantes de las instituciones policiales de las entidades federativas deberán acreditar lo siguiente:

a) El proceso de evaluación de control de confianza;

b) La evaluación de competencias básicas o profesionales;

c) La evaluación del desempeño o del desempeño académico, y

d) La formación inicial o su equivalente.

La aprobación de dichas evaluaciones será indispensable para emitir el CUP, el cual será expedido por los Centros de Evaluación y Control de Confianza correspondientes.

A pesar de estas disposiciones, a nivel nacional, la certificación de la policía se mantiene por debajo de la mitad del número total de policías, tal como lo muestran los datos del SESNSP:

En México, sólo 4 de cada 10 policías cuentan con el Certificado Único Policial, el cual comprende: evaluación de control de confianza, de competencias básicas o profesionales, de desempeño y formación inicial.

Y sólo 13 estados se encuentran por encima de la media nacional, como es el caso de Nuevo León, donde el 52 por ciento de la policía cuenta con el CUP.

Aunado a lo anterior, existe un mandato constitucional en el artículo 21 para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública cuenten con una certificación.

“Artículo 21. (...) Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. (...)”

En este sentido, resulta prioritario que el Estado garantice la seguridad pública de los mexicanos, donde para lograr este objetivo resulta vital la capacitación, actualización, desarrollo, profesionalización, especialización, evaluación y certificación de los elementos policiales.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas para que, a través de los Centros de Evaluación y Control de Confianza acreditados, implementen los planes, programas y estrategias necesarios que coadyuven a la pronta certificación de competencias laborales del personal policial en los estados.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, en Ciudad de México, a los ocho días de enero de 2020.

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a colaborar con el gobierno de Puebla en las investigaciones de posibles recursos públicos federales destinados a las labores de reconstrucción derivadas de los sismos de 2017, suscrita por la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada integrante de la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno. Recuento de daños

El sismo del 19 de septiembre de 2017 ocurrió a las 1:14:40 de la tarde con epicentro en la latitud 18.40 norte, longitud 98.72 oeste, a una profundidad de 57 kilómetros, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla. Afectó los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, tuvo 39 réplicas de magnitud mayor a 4 grados y dejó 370 muertos y 7 mil 289 heridos en el país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil1 de la Secretaría de Gobernación, en ese entonces dio a conocer que los cuerpos recuperados en todo el país fueron de 369. Del total, 228 corresponden a la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla , 13 en el estado de México, seis en Guerrero y una en Oaxaca.

De los daños en las viviendas en el estado de Puebla, datos recabados en diversos medios señalan que 9 mil 722 edificios afectados, de ello mil 700 viviendas fueron dañadas con pérdida total, 279 escuelas averiadas y 30 derrumbadas, la mayoría de los edificios se encuentran en el corredor de Atlixco, Izúcar y la Mixteca; y también causó daños, algunos muy severos, en al menos 163 iglesias. La Secretaría de Gobernación declaró una Emergencia Extraordinaria para 112 municipios poblanos, esto es 51 por ciento del estado de Puebla.

Por su parte, el gobierno del estado informó que el sismo dejó al menos 43 muertos, 127 heridos y siete desaparecidos. En la lista del recuento de los daños también figuran 104 edificios de gobierno,2 así como 17 hospitales; también sufrió daños el museo conocido como Casa de Alfeñique, fundado en 1926.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),3 la zona arqueológica de Cholula sufrió desprendimientos en acceso al templo y agrietamientos en espacios internos socavados.

De los 2 mil 340 monumentos declarados patrimonio cultural por el INAH,4 621 están en el estado de Puebla; ellos, 125 sufrieron daños severos, 335 moderado, 161 con daños menores.

Dos. Hagamos hogar

En el texto El Programa Institucional 2017-2018 de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla,5 se apunta:

Diagnóstico: Sin duda, una vivienda que no cuenta con piso, techos o muros construidos con materiales adecuados y resistentes, carece de condiciones mínimas de subsistencia para una familia.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para el año 2015 la entidad concentró 13.8 por ciento de la población en condición de carencia por calidad y espacios de la vivienda, lo que representa que 858 mil 727 poblanos se encuentran en esta situación; ubicando a la entidad en el lugar número 28 a nivel nacional.

...en lo que respecta a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, la entidad concentra 27 por ciento de su población en dicha carencia, lo que representa que un millón 674 mil 557 poblanos se encuentran en esta condición, registrando a Puebla en el lugar número 24 a nivel nacional.

Objetivo: Reducir la carencia de calidad y espacios en la vivienda y ampliar el acceso a los servicios básicos en la vivienda, permitiendo que las familias poblanas mejoren su calidad de vida.

Estrategia: Impulsar programas de mejoramiento a la vivienda, así como la ampliación de los servicios de agua potable y electrificación en beneficio de las viviendas que registran carencias en la materia.

Matriz de riesgos : ...–Insuficiencia de recursos humanos, materiales y financieros para la aplicación de las acciones...– Aumento en el costo de los materiales a utilizarse en las acciones de vivienda.

De la procuración de fondos: Acuerdos de coordinación con la iniciativa privada, sociedad civil, fundaciones y los tres órdenes de gobierno. Firma de convenios de colaboración con municipios en materia de mejoramiento, ampliación y acceso a los servicios básicos en la vivienda. Convenio marco de colaboración con la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General de Estado, Comisión de Derechos Humanos de Estado y Tribunal Superior de Justica. Convenio general de colaboración con el honorable ayuntamiento del municipio de Puebla.

Tres. Del programa en los medios de comunicación

El 21 septiembre 2019 se publicó que partidos políticos investigan corrupción de Gerardo Islas,6 reprodujeron una declaración del gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta e informó acerca de la investigación que se le realizará al ex secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas por su programa “Hagamos hogar”. “Sí hay una carpeta que se refiere a ello. No sé si se desviaron recursos de este programa a campañas electorales pero este programa sí se está investigando”, mencionó el gobernador.

Se menciona en diversas fuentes informativas que el gobernador Barbosa Huerta7 tiene bien documentadas sus acusaciones como las hechas en contra de la venta de menores desde el DIF; el millonario desvío de recursos para el fondo de reconstrucción de daños del sismo del 19S; o la malversación de partidas y contratos fantasmas del programa “Hagamos Hogar” de la Sedeso.

Islas fue el operador de dicho programa el cual se encargaría a solventar los daños en Puebla que había dejado el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017.

A Gerardo Islas y Eugenio Mora, se les acusa de haber desviado recursos para reconstrucción8 y que son culpables de no haber llevado los beneficios de reconstrucción a los damnificados del sismo del 19 septiembre. Se dice en los círculos políticos que ambos se enriquecieron en los gobiernos panistas, sin importarles el dolor de miles de personas de escasos recursos a quienes dejaron abandonados en plena tragedia. A ellos se les acusa un desvío de por lo menos 300 millones de pesos que eran para el tema de reconstrucción.

Asimismo, el gobernador Barbosa, recientemente declaró que la investigación que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública9 podría llevar a fincar responsabilidades contra exfuncionarios, pues, según el mandatario, se ha logrado determinar que hubo trabajos de reconstrucción que nunca se llevaron a cabo aunque se reportó el gasto de los recursos.

La malversación de recursos para la reconstrucción es de 100 millones de pesos, del que se acusa a Islas más de 200 millones de pesos por la contratación del seguro para desastres naturales, es decir, 300 millones.

El caso concreto de la presente proposición es claro: el esclarecimiento de hechos que se presumen de corrupción de 300 millones de pesos por parte de Gerardo Islas, principal operador de los recursos destinados para la reconstrucción de viviendas dañadas en los sismos de septiembre de 2017 en Puebla.

Cuatro. Marco jurídico que sustenta la petición

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se entiende por entidades fiscalizadas, a los entes públicos; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales o las participaciones federales.

Asimismo, esta ley determina que el secretario de la Función Pública, junto con el auditor superior de la Federación, preside el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, mismo que a su vez forma parte del comité, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal10 y la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.11

En virtud de lo expuesto, es viable la coadyuvancia de la Secretaría de la Función Pública con los órganos de investigación locales para el caso que se expone.

Con la presente proposición se pretende que la federación y el estado de Puebla colaboren para castigar actos de corrupción que se agravan cuando se trata de recursos destinados al alivio de miles de personas que sufrieron los estragos de la naturaleza en el patrimonio más preciado que es la vivienda.

Cinco. De la Comisión Especial de Seguimiento de las Labores de Reconstrucción Derivadas de los Sismos del 2017

El 26 de septiembre 2018, de acuerdo con el boletín de prensa 02012 del Congreso del Estado de Puebla se informó que “LX Legislatura instala la Comisión Especial para el Seguimiento de las Labores de la Reconstrucción Derivadas de los Sismos... En su instalación Islas Maldonado señaló que “...nos debe unir la capacidad de servir y dar resultados a las familias que requieren del apoyo de la autoridad...”

El diputado local de Nueva Alianza, Gerardo Islas, quien fuera secretario de Desarrollo Social en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali Fayad, preside la Comisión Especial de Seguimiento de las Labores de Reconstrucción Derivadas de los Sismos del 2017. Comisión que ha sesionado en tres ocasiones.

En la última reunión acordó visitar algunos municipios con casas y escuelas dañadas, sin embargo, la diputada local de Encuentro Social, Nora Merino Escamilla, denunció que no se han realizado porque el legislador pidió licencia para ausentarse por tiempo indefinido.

Encuentro Social, en esta Cámara de Diputados, respalda la postura de la diputada Merino, en el sentido de que Gerardo Islas Maldonado, tendrá que responder si incurrió en la presunta malversación de recursos para la reconstrucción de daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017.

De acuerdo con la página del Congreso del Estado de Puebla,13 la comisión en comento ha resuelto tres asuntos desde su constitución.

Al respecto, cabe preguntarse:

¿Acaso el Congreso del estado no está enterado de las acusaciones e investigaciones que órganos locales y federales tienen en curso por el presunto desvío de 300 millones de pesos de recursos para la reconstrucción de viviendas en el estado?

¿El presunto responsable de los desvíos se va a investigar a sí mismo?

¿Qué independencia se puede esperar en el trabajo de la comisión con un presidente acusado de corrupción?

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, exhorta a la Secretaría de la Función Pública a coadyuvar con los Poderes del Estado Libre y Soberano de Puebla en las investigaciones de posibles recursos públicos federales destinados a las labores de reconstrucción derivadas de los sismos de 2017.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía del Congreso del Estado de Puebla, le exhorta a revisar la conveniencia de la presidencia de la Comisión Especial para el seguimiento de las Labores de la Reconstrucción Derivadas de los Sismos en la persona del ciudadano diputado Ángel Gerardo Islas Maldonado.

Notas

1 https://www.animalpolitico.com/2017/10/sismo-muertos-cdmx-morelos-puebl a-edomex-guerrero/

2 https://cnnespanol.cnn.com/2017/09/22/los-estragos-materiales-de-los-te rremotos-en-puebla-morelos-y-oaxaca/

3 https://www.inah.gob.mx/boletines/6515

4 https://www.inah.gob.mx/sismos

5 http://planeader.puebla.gob.mx/pdf/programas/estatales/institucionales_ 2017-2018/PI_SEDESO.pdf

6 https://contraparte.mx/index.php/partidos-politicos/30530-investigan-co rrupci%C3%B3n-de-gerardo-islas.html

7 https://elincorrecto.mx/2019/09/el-magistrado-carnal-que-queria-ser-not ario-chocolate/

8 https://contraparte.mx/index.php/radiografia/
30504-gerardo-islas-y-eugenio-mora,-desviaron-recursos-para-reconstrucci%C3%B3n.html

9 http://admin.municipiospuebla.mx/nota/2019-09-19/puebla/
galistas-desviaron-300-mdp-de-la-reconstrucci%C3%B3n-barbosa

10 Artículo 37, fracción II.

11 Artículo 10, fracción IV

12 http://www.congresopuebla.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=9021:lx-legislatura-instala-
la-comisi%C3%B3n-especial-para-el-seguimiento-de-las-labores-de-la-reconstrucci%C3%B3n-derivadas-de-los-sismos&Itemid=614

13 http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=tag&tag=Comisi%C3%B3n+
especial+de+seguimiento+de+las+labores+de+reconstrucci%C3%B3n+derivadas+de+los+sismos+del+2017&Itemid=501

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el intento de feminicidio contra María Elena Ríos Ortiz, ocurrido el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca; y se exhorta a la FGR a atraer la indagatoria del caso para garantizar una investigación imparcial, eficiente, exhaustiva, profesional y expedita, a cargo de la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena

Érika Vanessa del Castillo Ibarra, en su calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. María Elena Ríos Ortiz, joven saxofonista de 26 años, fue brutalmente atacada el lunes 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca, cuando le brindaba asesoría a una persona sobre su acta de nacimiento.

Un día antes del ataque, María Elena recibió una llamada donde le solicitaban que asesorara a un hombre para corregir su acta de nacimiento, ya que pretendía tramitar su pasaporte.

Así, la persona acudió al día siguiente a la agencia de viajes familiar, donde también se ofrece la consulta de documentos personales, a donde llegó a las 10 de la mañana y mientras María intentaba buscar el CURP para checar su acta de nacimiento en Internet, el señor se para y ella le dice que se vuelva a sentar, luego ella se levanta de la silla y él la sienta y ahí mismo le vació todo el ácido en su cuerpo1 .

Por este hecho, se levantó la carpeta de investigación 31351/SMIX/huajuapan/2019. Sin embargo, a más de 90 días del hecho, este crimen, continua impune.

En relación a la agresión contra María Elena Ríos Ortiz, la presidenta municipal de Huajuapan de León, Juanita Cruz Cruz, informó que “el atacante de la intérprete fue captado durante su huida por las cámaras de video vigilancia situadas en las calles2 ” y que los videos fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero debido a que el municipio sólo cuenta con siete cámaras, no fue posible dar seguimiento a toda la ruta que recorrió el atacante para escapar. También indicó que todos los elementos han sido aportados a la Vicefiscalía regional de la Mixteca, para que indague y dé con el autor material e intelectual de la agresión.

Segunda. Tres meses después del ataque, María Elena sigue recibiendo intervenciones quirúrgicas por las heridas causadas. Su familia ha gastado más de 200 mil pesos entre medicamentos y atención médica.

Una hermana de la joven agredida, en entrevista con la conductora de radio Fernanda Familiar señaló3 :

Es la segunda intervención quirúrgica que tiene y se le cayeron nuevamente los injertos de sus brazos. Ella necesita una reconstrucción de párpados, nariz, boca, cuello, brazos, pecho, piernas; Todo lo cual ha ocasionado que se encuentre muy mal, tanto física como emocionalmente.

Está mal porque ya es la segunda vez que le injertan piel de su misma piel y cada vez las piernas están más dañadas y ni siquiera saben de dónde quitarle más piel. Mal porque en este caso cayó en depresión. Llorando me dijo: “sácame de aquí porque no me van a curar”. Ella me dice que le truncaron su sueño, porque no sabe para qué vive, porque mejor la hubieran matado a dejarla, así como ella se encuentra.

Hace 15 días fui con el fiscal y le dije lo único que pedimos es trasládenos a nuestra hermana. Me pasó al Secretario de Salud y le dije: ‘Por favor, me dijeron que en tres a cuatro horas me daban los resultados de si iban a trasladarla, ¿qué pasó?’ e hicieron caso omiso. Hace 15 días estuve buscando al fiscal, no me contestó los mensajes; lo fui a buscar a Oaxaca, no me contestó; le hice llegar por medio del fiscal de Atención a las Víctimas que yo tenía información y que de alguna manera lo iba yo a soltar y ¿qué hicieron? Caso omiso. ¿Ahora sí se acuerdan que tienen un problema?

Además del ataque, y aun estando en el hospital, María Elena Ríos Ortiz ha recibido amenazas de muerte después de denunciar al empresario y ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal como autor del ataque. “Si no estás conmigo te va a ir mal”: así amenazó Juan Vera Carrizal a la joven.

Nosotros sabemos que fue él. Su nombre es Juan Antonio Vera Carrizal, él es un ex diputado, gasolinero y empresario”, que es un personaje cercano al gobernador Alejandro Murat”4 .

Él agrede a mi hermana porque se inició una relación laboral; segundo porque se inició una relación de noviazgo, pero que terminó por las agresiones y machismo del señor. La hostigaba, le decía que de músico y de muerta de hambre no iba a salir; que regresara con él y que la iba a tratar como princesa porque los músicos aparte de drogadictos y borrachos no tienen en qué caerse muertos y que por ese camino iba.

Le decía que ella era una zorra, una cualquiera, que tenía relaciones con varios hombres, incluso le llamó a mi mamá y le inventaba que se acostaba con varios hombres. Incluso cuando estaba en el hospital, le mandaron un mensaje con las mismas palabras que este sujeto (Vera Carrizal) le decía, y aseguró que si no le bajaba en sus declaraciones la iba a matar cuando saliera del hospital”.

Vera Carrizal, empresario local gasolinero y ex diputado local del Partido Revolucionario Institucional, aceptó que conocía a María Elena, pero que él no tenía nada que ver en su ataque.

María Elena Ríos trabajó conmigo y tenemos una amistad, pero eso no implica nada. Si tienes un estilo de vida sano así te va, pero si tienes un estilo de vida fuera de lo normal vas a tener problemas. Que la Fiscalía investigue y que capturen a la persona que hizo el atroz hecho”, aseguró el ex político en su versión en un programa de radio local 88.5 FM5 .

Es el caso que han pasado más de 90 días sin que el culpable haya sido detenido, y ante la falta de atención por parte de las autoridades del estado de Oaxaca y la desafortunada notoriedad que ha adquirido la agresión a María Elena Ríos Ortiz, desde distintos ámbitos de sociedad surgen voces de protesta que exigen que este crimen no quede impune.

A través de redes sociales diversos grupos de artistas lanzaron una convocatoria a protestar de manera pacífica, con instrumentos y voces, el pasado lunes 16 de diciembre de 2019, en las oficinas de representación de Oaxaca en la Ciudad de México.6

Asimismo, el 16 de diciembre fue citada una concentración feminista a la que nombraron “Aquí estamos María Elena”, en la que se convoca a mujeres músicos para que con sus instrumentos protesten en las instalaciones del Centro de Justicia para la Mujer en la capital de Oaxaca7 .

Por su parte, desde Viena, Austria, la cantante de ópera Patricia Trujano, lanzo un video a sus seguidores denunciando la agresión y exigiendo justicia para María Elena Ríos Ortiz8 .

Asimismo, la Secretaria de las Mujeres en Oaxaca, emitió un comunicado9 el pasado 12 de diciembre en el que, entre otros puntos señala:

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca reitera su condena a la brutal agresión cometida contra la artista María Elena R.O....

La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca reitera su compromiso y total disposición para sumar esfuerzos conforme a sus facultades, pues los hechos ocurridos en la ciudad de Huajuapan de León el 9 de septiembre, son indignantes e inadmisibles y conminan a todo el aparato gubernamental a actuar a favor de la vida y libertad de las mujeres.”

Finalmente, la saxofonista María Elena Ríos Ortiz fue trasladada vía aérea a la Ciudad de México la tarde del viernes 13 de diciembre para recibir atención médica especializada en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Quemados, después de tres meses de permanecer en el hospital estatal sin mostrar avances en su estado de salud, luego de sufrir lesiones de segundo grado en cara, parpados, boca, cuello, un brazo y piernas causadas por el ácido que una persona le arrojó el pasado 9 de septiembre.

Sus familiares, que habían pedido auxilio a las autoridades federales, un día antes, para que la joven de 26 años de edad sea atendida en la capital del país, mostraron cierta satisfacción por el traslado, pero advirtieron que falta que llegue la justicia y se identifique, capture y castigue al agresor.

Tercera. La violencia de género o por razones de género consiste en aquellas formas de violencia que tienen fundamento en las diferencias adscritas socialmente para las mujeres y los hombres.

En este sentido, la violencia de género constituye un grave problema social cuya solución exige el compromiso de todos los actores de la vida social.

La violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación y una violación a los derechos humanos de la mitad de la población mundial, convirtiéndose en un problema social de grandes magnitudes, producto de la subordinación del género femenino frente al masculino.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia10 (LGAMVLV) señala que la violencia se clasifica en distintos tipos: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual; así como sus modalidades o ámbitos de ocurrencia: familiar, laboral, escolar, comunitaria e institucional. Por su parte, la violencia feminicida se considera la forma extrema de violencia de género contra las mujeres que llega a causarles la muerte.

Asimismo, es necesario señalar que la violencia hacia las mujeres es estructural porque se encuentra enraizada en comportamientos y actitudes prescritas basadas en el género, en el discurso aprendido de lo que significa la masculinidad y la feminidad, normas, definiciones y mandatos sobre lo que supone ser un hombre o una mujer, según lo señalado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH)11 .

La violencia contra las mujeres se sustenta en una supuesta “superioridad” del hombre frente a la mujer debido a la existencia de esquemas rígidos de comportamientos y características para unas y otros dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo: mientras que a los hombres se les permite desarrollar actitudes agresivas como parte de su desarrollo físico y psicológico, a las mujeres se les enseña a desarrollar actitudes de sumisión, obediencia y/o dependencia frente a ellos.

Dentro de las múltiples formas de violencia contra las mujeres, la utilización de ácido para desfigurar el rostro de una mujer cobra especial relevancia. Al respecto de las agresiones con contra las mujeres utilizando ácido el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala12 que:

Son agresiones con una altísima carga simbólica. Pretenden marcar de por vida. Dejar en el rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, de sus celos, de su odio. Una huella imborrable y dramática. El ácido y otras sustancias abrasivas son utilizadas en muchos países como un arma que no sólo pretende causar un sufrimiento físico enorme –o, incluso, la muerte–, sino también para imponerle una condena social que la acompañará de por vida. Al mirarse al espejo, al observar las reacciones de los otros. Es la marca de la posesión. Una firma ardiente que lastra la vida, o lo que queda de ella, de miles de mujeres en todo el mundo.

Las cicatrices en su cara, abrasada, las hacen perfectamente reconocibles; pero no existen estadísticas que digan cuántas personas sufren ataques con ácido u otros productos de este tipo en el mundo.

Acid Survivors Trust International (ASTI), una organización especializada que trabaja con Naciones Unidas, calcula que al año se producen al menos mil 500 agresiones, de las cuales más de 80 por ciento son contra mujeres y 90 por ciento de los atacantes son hombres; casi siempre conocidos o con alguna relación con la agredida; un patrón común en todos los lugares.

El objetivo es uno: Pretenden destruir la vida de la mujer, a través de lo que la ONU considera una forma “devastadora” de violencia de género.

El uso de productos como el ácido sulfúrico es un acto premeditado con el que el agresor persigue un objetivo claro: “Tienen la intención de desfigurar permanentemente a la víctima, de causarle daños físicos y psicológicos brutales, de provocarle graves cicatrices y condenarla al ostracismo”. Matar o provocar la “muerte social”. Excluirla del mundo destruyendo su aspecto.

John Morrison, director de ASTI, dice:

Los motivos más frecuentes para estos ataques son el rechazo por parte de las mujeres de las insinuaciones sexuales o las ofertas de matrimonio, o de maridos contra sus esposas, a las que pretenden repudiar o castigar. A veces, escudándose en acusaciones de supuestas infidelidades o comportamientos para ellos indecorosos.

También se ven ataques así de vez en cuando en los casos de violencia doméstica, por parte de las familias políticas; o son provocados por disputas comerciales o de tierras entre distintos clanes.

Situaciones en las que los agresores atacan a la parte más vulnerable y sensible de la familia: una mujer joven en edad casadera o una niña que quedará marcada toda la vida.

Con la agresión le arrancarán su capital social, su aspecto; y el capital económico de su familia, que muchas veces se ve obligada a vender sus posesiones y, por supuesto, las tierras en disputa, para pagar los cuidados médicos de la menor”.

El 40 por ciento de las víctimas no ha cumplido los 18 años en el momento de la agresión. Y desde entonces llevará una vida difícil y con secuelas brutales físicas y psicológicas. Graves quemaduras, daños en las vías respiratorias o incluso ceguera. La mayoría no llegará a recuperarse nunca.

Cuarta. A pesar de la abrumadora evidencia de tratarse de un crimen de odio en razón del género, que puso en grave riesgo la vida de María Elena Ríos Ortiz, quien después de tres meses de ser agredida aún se encuentra hospitalizada por las quemaduras que le provoco el ácido en el 90 por ciento de su cuerpo, resulta por demás increíble la negligencia, el desinterés, la apatía y la indolencia con que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca investiga el ataque.

A tal grado llega el desdén que la Fiscalía del Estado, sólo están investigando el crimen como un simple delito de lesiones.

De acuerdo con lo que Jorge Flores, vicefiscal regional de la Mixteca, dijo al periódico El Universal 13 : no hay propiamente un delito penal de lesiones con ácido, ante ello, deben considerarse las agravantes”. Estas se determinan en función de las heridas, cicatrices, circunstancias anteriores y posteriores del ataque.

En el artículo 271 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca se consideran como lesiones: las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, alteraciones de salud o cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo por causas externas.

El ataque con ácido cumple con las características previstas en el artículo. Para el caso de Ríos “la conducta puede ser agravada o atenuada” en función de las características de la cicatriz, su visibilidad y el nivel de peligro que corrió la vida de la víctima al momento del ataque.

Entre otras consideraciones se encuentran la existencia de premeditación, alevosía y ventaja, las circunstancias de la agresión, las características del agresor y las del posible autor intelectual del hecho. Pero, sobre todo, el vicefiscal recalcó la importancia de que el hecho tenga una clasificación jurídica adecuada.”

Esta visión jurídica reduccionista, no solo refleja la falta de perspectiva de género para proporcionar justicia en el caso de agresiones contra mujeres, sino que reproduce una forma de discriminación contra las mujeres como lo es la violencia de género.

Considerar como una simple lesión este ataque no solo es una pifia, sino que es un error jurídico garrafal por parte de la autoridad ministerial, que podría permitir al perpetrador ser juzgado por una falta menor, que ni siquiera prisión preventiva amerita, y que solo traería consigo impunidad.

El uso premeditado del ácido y su ejecución pusieron en grave riesgo la vida de María Elena Ríos Ortiz, por lo que debe ser tratado como feminicidio en grado de tentativa, y así debe ser reclasificada la carpeta de investigación.

Al efecto debe observarse lo que la Suprema Corte de Justicia ha señalado:

Homicidio en grado de tentativa. Para acreditar que el activo puso en peligro la vida de su víctima, es necesario que el juez valore integralmente si los actos que llevó a cabo fueron los idóneos, y no sólo que un perito médico certifique que las lesiones causadas al pasivo lo colocaron en real peligro de muerte 14 . El delito de homicidio en grado de tentativa requiere que se coloque en peligro la vida de la víctima; sin embargo, la acreditación de este elemento no depende de que un perito médico certifique que las lesiones causadas al pasivo lo colocaron en real peligro de muerte, sino que es necesario que el Juez, como rector del proceso, valore integralmente, a partir de los datos que arroje la causa natural, si los actos ejecutivos del agente fueron idóneos para poner en peligro la vida del sujeto pasivo, bien jurídico tutelado por la norma.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Amparo directo 508/2011. 23 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Lara González. Secretaria: Ana Luisa Beltrán González.

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.4o.P. J/2 (10a.), publicada el viernes 26 de junio de 2015, a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo II, junio de 2015, página 1609, de título y subtítulo: Homicidio en grado de tentativa. Para acreditar que el activo puso en peligro la vida de su víctima, es necesario que el juez valore integralmente si los actos que llevó a cabo fueron los idóneos, y no sólo que un perito médico certifique que las lesiones causadas al pasivo lo colocaron en real peligro de muerte.

Por su parte el Código Penal del estado de Oaxaca señala que por tentativa debe entenderse:

Artículo 10. Los delitos pueden ser consumados o de tentativa:

I. Existe consumación cuando el agente con su acción u omisión, lesiona el bien jurídico; y

II. Existe tentativa, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo si por causas ajenas al agente, no hay consumación pero si puesta en peligro del bien jurídico.

Y que por feminicidio se comprende:

Artículo 411. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Se entiende por razones de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras o mutilaciones o signos de asfixia, previos o posteriores a la privación de la vida;

III. Existan datos, información que refiera algún tipo de violencia, en cualquier ámbito previo a la comisión del delito o amenazas, acoso y maltrato del sujeto activo en contra de la víctima, aun cuando no haya denuncia, querella o cualquier otro tipo de registro;

IV. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados, ocultados, incinerados o sometidos a cualquier sustancia que lo desintegre;

V. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido expuestos, abandonados, depositados o arrojados en bienes del dominio público o de uso común o cualquier espacio de libre concurrencia;

VI. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, cualquiera que sea el tiempo previo a su muerte, o;

VII. Por desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o misoginia.

VIII. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

IX. Existan antecedentes o indicios que la agresión cometida contra la víctima, haya tenido como finalidad impedirle el ejercicio de su derecho de votar o ser votada, en la elección de autoridades estatales o municipales.

Se entenderá como desprecio u odio cuando el activo realice conductas humillantes o degradantes, antes o durante la privación de la vida, así como actos de profanación al cadáver, incluidos actos de necrofilia.

Se entiende por misoginia las conductas de odio contra la mujer que se manifiestan mediante actos violentos o crueles contra ella.

Visto lo anterior, es claro estamos en presencia de un feminicidio en grado de tentativa, ya que el agresor realizo todas las conductas necesarias que pusieron en riesgo el bien jurídico tutelado de la vida, de María Elena Ríos Ortiz, y que esto se realizó mediante quemaduras, además de que existen datos que refieren algún tipo de violencia, previo a la comisión del delito, amenazas, acoso y maltrato del autor intelectual en contra de la víctima, y que el cuerpo fue sometido a una sustancia que lo desintegra; teniendo como motivo el desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o misoginia, sumados al hecho que existo, entre el autor intelectual y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

Por lo que la indagatoria debe procesarse en esa calidad y debe cambiarse de manera formal la caratula de la carpeta de investigación.

Quinta. Es importante destacar que el marco jurídico nacional establece con claridad que el ministerio público es el ente encargado de la investigación de los delitos y, entre sus normas, contempla la facultad de atracción que podrá ejercer la Fiscalía General de la República en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables y en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente.

Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra reza:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXI. Para expedir:

a) a c)...

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República señala:

Artículo 4. Competencia. La Fiscalía General de la República tendrá las competencias señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y las demás leyes aplicables.

La Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables, en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente, garantizándose que la investigación y la persecución de los delitos no se fragmente.

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción. La negativa de atracción podrá ser impugnada en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República. La persona titular de la Fiscalía General de la República intervendrá por sí o por conducto de los Fiscales y demás órganos de la Fiscalía en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables y tendrá las siguientes facultades:

I. a VIII. ...

IX. Ejercer atracción sobre los asuntos competencia de la institución, para conocer personalmente o designar la Fiscalía Especializada, Unidad de Investigación o Coordinación que deberá conocer de los mismos;

X... XVII.

XVIII. Decidir sobre la atracción de los casos;

Artículo 27. Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, independientemente de la clasificación jurídica de los hechos, que afecten la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas; cuando afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, o cuando existan falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación. También conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares cuando así lo determine una ley especial.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos conocerá, por atracción, casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales y especiales.

Artículo 31. De la Coordinación de Investigación y Persecución Penal La Coordinación de Investigación y Persecución Penal tendrá las siguientes facultades:

I. a VIII. ...

IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción, que el Fiscal General le encomiende;”

Artículo 53. Sistema de recepción y canalización. La Coordinación General establecerá un sistema central de recepción y canalización de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General de la República y al respecto tendrá las siguientes atribuciones:

I. y II. ...

III. Cooperar con otras instancias federales y locales para la atracción y remisión de asuntos;

IV. y V. ...

Sexta. Que la erradicación de la violencia contra las mujeres es una obligación y un compromiso de la federación, de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de su competencia.

Que el acceso a la justica es un derecho de las victimas establecido en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y en la Ley General de Víctimas.

Sin embargo, es claro que en este caso no se ha respetado los derechos de María Elena Ríos Ortiz para contar con una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los responsables; ni a recibido la ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante.

Tampoco ha recibido la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a su dignidad y privacidad de la víctima; ni a recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; ni a tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y estatales en términos de esta Ley. Derechos todos, que se encuentran instituidos en el artículo 7 de la Ley General de Víctimas.

Es decir, ha sido violentada y re victimizada por las propias autoridades encargadas del caso y que solo han actuado con una total falta de empatía, lentitud y desdén que raya en la irresponsabilidad y la negligencia. Situación que es políticamente inaceptable, jurídicamente punible y éticamente reprochable.

Esto debe cambiar de inmediato.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el intento de feminicidio en contra de María Elena Ríos Ortiz, quien fue rociada con ácido en su cuerpo, el pasado 11 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Fiscalía General de la República, para que en el ámbito de su competencia atraiga la indagatoria del caso a fin de garantizar una investigación imparcial, eficiente, exhaustiva, profesional, pronta y expedita, agotando todas las líneas de investigación, incluidos los señalamientos de la víctima y de su familia en contra del ex diputado local de Oaxaca durante la 63 Legislatura, 2016-2018, el ciudadano Juan Vera Carrizal, como autor intelectual de la agresión, y se consigne al responsable ante los tribunales correspondientes por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Notas

1 El Financiero. 13 de diciembre de 2019. Esto sabemos del caso María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido. La joven oaxaqueña fue atacada por un hombre en septiembre y presenta quemaduras en 90 por ciento de su cuerpo.

https://elfinanciero.com.mx/nacional/esto-sabemos-del-ca so-maria-elena-rios-la-saxofonista-atacada-con-acido

2 Infobae. 10 diciembre de 2019. La saxofonista María Elena Ríos fue rociada con ácido: el agresor sigue libre y ella es víctima de una campaña de odio.

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/10/
la-saxofonista-maria-elena-rios-fue-rociada-con-acido-el-agresor-sigue-libre-y-ella-es-victima-de-una-campana-de-odio/

3 Infobae. 14 de diciembre de 2019. Si no estás conmigo te va a ir mal”: así amenazaba ex político a saxofonista atacada con ácido.

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/14/
si-no-estas-conmigo-te-va-a-ir-mal-asi-amenazaba-ex-politico-a-saxofonista-atacada-con-acido/

4 Ídem.

5 Ibídem.

6 Milenio Digital. Ciudad de México/15.12.2019. Con música, protestarán en CdMx por ataque a saxofonista.

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-convocan -protestar-saxofonista-atacada-acido

7 La Jornada. 14 de diciembre de 2019. Trasladan a la Ciudad de México a saxofonista atacada con ácido en Oaxaca.

https://jornada.com.mx/2019/12/14/estados/025n1est

8 El Universal. 13/12/2019. Desde Viena cantante de ópera pide justicia para saxofonista atacada con ácido.

https://www.eluniversal.com.mx/estados/cantante-de-opera -pide-justicia-para-saxofonista-atacada-con-acido

9 Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. 12 de diciembre de 2019. Cero Tolerancia a la Violencia Extrema contra niñas y Mujeres

https://www.oaxaca.gob.mx/smo/cero-tolerancia-a-la-viole ncia-extrema-contra-ninas-y-mujeres/

10 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_1304 18.pdf

11 Inegi. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. ENDIREH.

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endire h/2016/doc/endireh2016_guia_autocuidado.pdf

12 Violencia de género: ácido en la cara, la marca de la posesión machista.

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias &id=2568&id_opcion=&op=447

13 Infobae. 13 de diciembre de 2019. Fiscalía de Oaxaca investiga el ataque con ácido a saxofonista como un delito de lesiones.

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/13/fiscal ia-de-oaxaca-investiga-el-ataque-con-acido-a-saxofonista-como-un-delito -de-lesiones/

14 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: I.4o.P.3 P (10a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época 2001337. Tribunales Colegiados de Circuito. Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2 Página 1781.Tesis Aislada (Penal).

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2 .aspx?ID=2001337&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, el INPI y el Fonatur a informar a esta soberanía respecto a los pormenores de la consulta realizada a pueblos y comunidades indígenas sobre el proyecto de construcción del Tren Maya, a cargo de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (Segob), al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para que informen a esta soberanía los pormenores de la consulta realizada a varios pueblos y comunidades indígenas, respecto del proyecto de construcción del denominado “Tren Maya”, conforme a los siguientes

Antecedentes

El 15 de noviembre de 2019, la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) convocaron a personas, autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas maya, ch’ol, tseltal, tsotsil, y otros, que habitan en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ubicados en el área de influencia del “proyecto de desarrollo Tren Maya”, así como a la ciudadanía en general, al “proceso de consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya”.

Estas acciones de consulta se realizarían del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, a través de asambleas regionales informativas y consultivas. Por su parte, la ciudadanía en general lo haría en una jornada de ejercicio participativo, el día 15 de diciembre.

La convocatoria establecía que la consulta sería libre, previa e informada, cuestión que no se cumplió. El objeto de esta consulta sería tener un diálogo con los pueblos y comunidades indígenas a fin de recibir sus opiniones sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya y llegar a acuerdos sobre la manera en que participarían en dicho proyecto, así como buscar una distribución justa y equitativa de los beneficios que traería la construcción del Tren Maya.

La autoridad responsable de la consulta sería el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), no obstante, éste nunca asumió tal responsabilidad, pues quien coordinó todo el proceso fue el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), incluyendo la convocatoria, el transporte, la alimentación, la dirección y conducción de las asambleas.

En todas las asambleas se contó con presencia de representantes del Comité Técnico Interinstitucional, que incluye a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Educación Pública (SEP), de Bienestar (Sebien), de Salud (SS), de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Cultura (Cultura), de Turismo (Sectur), de Energía (Sener), de Economía (SE), así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de la Procuraduría Agraria (PA), de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y del Registro Agrario Nacional (RAN). Acudieron también representantes de los gobiernos de las cinco entidades federativas, quienes escucharon las demandas de los participantes, pero no dieron respuesta a las demandas y necesidades de los indígenas. También se contó con observadores nacionales e internacionales.

Ante las demandas planteadas, los representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) señalaron que, con la Comisión de Seguimiento y Verificación, se revisarían cada una de las demandas planteadas por los pueblos y comunidades indígenas.

La primera etapa de la consulta consistiría en una fase informativa, en la que las instituciones proporcionarían toda la información disponible del proyecto a las comunidades indígenas, que incluiría:

1. Objetivos del proceso de consulta, así como metodología de la asamblea regional consultiva;

2. Información técnica, económica, social, cultural y ambiental del “proyecto de desarrollo Tren Maya”; y

3. Un resumen ejecutivo del proyecto en cuestión.

Asimismo, las comunidades tendrían el derecho de solicitar información adicional en cualquier etapa del procedimiento.

No obstante, las autoridades a cargo de la consulta solo entregaron folletos con información sobre las bondades del Tren Maya. La información que se entregó a los participantes fue la siguiente:

1. Un díptico sobre la importancia de la participación de los pueblos indígenas;

2. Un folleto sobre el trazo del tren;

3. Un póster sobre la consulta;

4. Folleto información para las comunidades indígenas sobre el proyecto del Tren Maya

5. El orden del día.

Algunos participantes solicitaron mayor información sobre las posibles afectaciones del tren, sobre el impacto al medio ambiente, los planes de trabajo, el plan maestro de la obra, empero, la respuesta institucional siempre fue que esa información aún no la tenían, pero que cuando se contara con ella, les sería informada.

Con esa escasa información, las autoridades gubernamentales abrieron una fase deliberativa, a fin de que los pueblos y comunidades indígenas pudieran analizar el proyecto y, en su caso, hacer propuestas. Es evidente que, sin la información completa, ningún pueblo o comunidad estuvo en aptitud de hacer un estudio serio e integral del proyecto.

Posteriormente, en la fase consultiva, el principal objetivo de las autoridades federales fue que los participantes aceptaran que estaban de acuerdo con la construcción del Tren Maya y, para tal efecto, les hicieron firmar un acta con esa declaración. Los organizadores de la consulta se comprometieron a hacer una relatoría detallada de cada una de las participaciones.

Una vez concluida la etapa consultiva, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, informó que en las reuniones participaron 100 mil 930 ciudadanos, de los cuales, 93 mil 142 personas votaron a favor del “Tren Maya”, es decir, el 92.3 por ciento estuvo de acuerdo con su construcción. Esto se dio a través de 269 mesas instaladas en las entidades federativas antes mencionadas.1

Por su parte, en el informe de los resultados de la consulta, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reportó que se convocó a mil 440 comunidades y hubo una asistencia a las asambleas informativas del 74 por ciento de sus autoridades y del 68 por ciento a las reuniones consultivas. No se informó ningún resultado de la etapa deliberativa en las comunidades,2 pero se tiene conocimiento de que en dicho proceso, la aprobación por consenso se demostró a mano alzada.

Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pronto se iniciará la licitación en los primeros 800 kilómetros de vía, en los cuales ya existen estudios de ingeniería básica.

Con este ejercicio, el gobierno federal pretende dar por cumplido un derecho convencional y constitucional de los pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la consulta, libre, previa, informada, de buena fe, culturalmente pertinente y con ánimo de consenso, lo que, a decir de diversos especialistas en la materia y tomando en consideración lo antes descrito, no se logró, debido a que estas reuniones no constituyeron un diálogo intercultural, sino un mecanismo de legitimación de un proyecto cuya construcción fue previamente acordada sin la participación de los pueblos indígenas afectados.

Una de las voces más autorizadas en la materia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó mediante un comunicado fechado el 19 de diciembre, que esa entidad asistió a cuatro de las 15 asambleas regionales informativas realizadas el 29 y 30 de noviembre de este año y a ocho de las 15 asambleas regionales llevadas a cabo los días 14 y 15 de diciembre siguientes.3

Dicha Oficina dejó claramente establecido en su comunicado de prensa que el proceso de consulta llevado a cabo por el gobierno federal no cumplió con los estándares internacionales de derechos humanos que norman los diálogos interculturales a través de la consulta a pueblos y comunidades indígenas, pues solo fue un mecanismo para establecer acuerdos respecto de la participación que los pueblos y comunidades tendrán en el proyecto, lo que contraviene el carácter previo de la consulta y del consentimiento.

Asimismo, la Oficina en México del Alto Comisionado observó que no se cumplió con el carácter informado de la consulta, pues solo se les brindó información sobre los beneficios del proyecto y no sobre los impactos negativos, sociales, culturales, ambientales, económicos, etcétera, que el proyecto puede ocasionar.

La Oficina también subrayó que la consulta no tuvo un carácter libre, pues muchas de las personas que participaron en ella expresaron su conformidad con el proyecto como un medio para recibir la atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lo que de ninguna manera puede considerarse como una expresión libre de la voluntad individual y colectiva.

De igual forma, la ONU-DH expresó su preocupación debido a que el proceso no fue culturalmente adecuado, pues la determinación de consultar, a quién, cuándo y en qué lugar, fue adoptada unilateralmente por las autoridades que organizaron el procedimiento.

A esto hay que sumar que en una misma asamblea regional se incluyó a personas de diversos pueblos y comunidades indígenas, sin que las autoridades tradicionales de los mismos estuvieran representadas; además, al hacerse a través de asambleas regionales en las que incluyeron a tantos pueblos y comunidades, es evidente que no existió la pertinencia cultural y el respeto a los mecanismos de participación interna de cada pueblo y comunidad.

En otro aspecto preocupante, es importante mencionar que el proceso antes aludido tiene un vicio de fondo, pues al no existir estudios de impacto ambiental aún, es imposible que los pueblos y comunidades indígenas de la región cuenten con información certera sobre las afectaciones al medio ambiente que los rodea. Este solo hecho debería invalidar por completo el ejercicio de participación aludido, pues se es evidente que se basó en conjeturas, suposiciones y buenos deseos, pero sin certeza sobre el impacto ambiental real y, tampoco, sobre el efecto de las posibles medidas de remediación que se deriven de dicho estudio.

Con todas estas consideraciones, es evidente que el proceso que el gobierno federal denominó como “consulta indígena”, se encuentra lejos de cumplir con los requisitos que un mecanismo consultivo intercultural exige y, por ello, al tratarse de uno de los proyectos de infraestructura más relevantes y emblemáticos de la administración federal actual, es fundamental que esta soberanía conozca de primera mano sus pormenores.

En contraste con lo anterior, por boletín 73-2019, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informó que su titular, Adelfo Regino Montes, entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador, las actas de las asambleas regionales celebradas el 14 y 15 de diciembre de 2019, dentro de las que destaca que existió consenso unánime a favor del “Tren Maya” y que en dichas asambleas participaron “alrededor de 10 mil autoridades y representantes de mil 78 comunidades indígenas, cifra que representa el 75 por ciento de un total mil 440 comunidades indígenas convocadas.”4

El mismo boletín destaca que los pueblos y comunidades expresaron su voluntad para “fundamentalmente ser partícipes del proyecto y que sean atendidas sus demandas”5 y exigencias en varias materias que no están directamente relacionadas con el “Tren Maya”, es decir, del propio comunicado oficial se desprende que los pueblos y comunidades indígenas aceptaron la construcción del tren a fin de que se les resuelva diversa problemática agraria, en materia de desarrollo y de infraestructura básica, con lo que se aprecia el uso de la consulta como una moneda de cambio, lo que desvirtuaría por completo el mecanismo.

El 23 de diciembre de 2019, mediante un comunicado de prensa, la Presidencia de la República rechazó las afirmaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmando que los estándares internacionales aplicados en la consulta fueron los adecuados para el caso concreto y señaló que las afirmaciones de la citada Oficina carecen de objetividad y constituyen una posición de “militancia social opositora”6

Ante esta situación vale la pena recordar que el derecho a la consulta tiene que ver con el cumplimiento de todos derechos de los pueblos indígenas, entre los que se encuentran, el reconocimiento a la diversidad cultural, a la autoadscripción, a la libre determinación, al autogobierno, a elegir a sus autoridades, a aplicar sus propios sistemas normativos, a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales, a participar de los beneficios y a una indemnización equitativa por los daños que les pudieran ocasionar los proyectos gubernamentales o de infraestructura, entre otros.

La consulta y el consentimiento constituyen conjuntamente un mecanismo para la protección del ejercicio de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas y son un medio para garantizar su observancia, por lo que el derecho a la consulta debe proveer toda la información necesaria para tomar las decisiones, en particular, la existencia de estudios imparciales y profesionales de impacto social, cultural y ambiental. La consulta debe promover la búsqueda de acuerdos y el consentimiento libre e informado de las comunidades. La consulta no se agota con la mera información, debe ser un diálogo intercultural continuo y genuino con el ánimo de llegar a un acuerdo.

En este contexto, existen indicios claros, que incluso se desprenden de los boletines de prensa gubernamentales, de que el proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas respecto de la construcción del denominado “Tren Maya”, no fue realizado con apego a los estándares internacionales en materia de consulta indígena y, por lo tanto, podría ser constitutivo de violaciones a los derechos colectivos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, y con la finalidad de que esta soberanía pueda conocer de primera mano la información detallada del proceso de consulta en mención y así poder realizar una evaluación certera, es indispensable ejercer la facultad de excitativa para que las autoridades responsables informen los pormenores del mismo.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (Segob), al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para que, a la brevedad posible, remitan un informe detallado a esta soberanía, sobre el proceso de planeación, implementación y seguimiento de la consulta realizada a pueblos y comunidades indígenas, celebrada del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, respecto del proyecto de construcción de infraestructura denominado “Tren Maya”, en el que se incluya, al menos, lo siguiente:

1. Actas, minutas y demás documentación (listas de asistencia, acreditación de las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas que acudieron, escritos de petición presentados por los pueblos y comunidades indígenas, etcétera) de las asambleas informativas y consultivas regionales.

2. Una descripción clara y precisa sobre las fases del proceso, incluyendo cómo se planeó, cuáles fueron los criterios para determinar su implementación en la forma en que se llevó a cabo, así como los mecanismos de seguimiento de los acuerdos.

3. Una descripción clara y precisa de los mecanismos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, así como el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de consulta que se utilizaron.

4. Copia de la información que se entregó a los pueblos y comunidades indígenas, respecto del Tren Maya, en la fase informativa del proceso.

5. Un informe claro sobre cómo se determinó dónde y cuándo hacer las asambleas, incluyendo los parámetros e información crítica que tuvieron a disposición para adoptar tales determinaciones.

6. Un informe claro sobre los mecanismos, además de la convocatoria pública abierta, que utilizaron para citar a los pueblos, comunidades, así como a sus autoridades y habitantes.

7. Una descripción detallada sobre qué se les informó en las reuniones informativas del 29 y 30 de noviembre de 2019 y se precise qué se les informó sobre el impacto ambiental que el “Tren Maya” puede ocasionar, así como sobre las acciones de remediación que podrían darse y, en especial, qué se les informó sobre los posibles efectos negativos en materia cultural, económica, social, a sus tierras y territorios, etcétera, que el proyecto podría detonar.

8. Un informe sobre las demandas que recibieron de los sujetos consultados en las asambleas informativas y consultivas y cuáles fueron los compromisos que asumieron, así como los mecanismos para cumplirlos.

9. El catálogo de las comunidades indígenas en la zona de influencia del Tren Maya y el total de habitantes de cada una. Cuáles de ellas participaron y quienes fueron sus representantes.

10. Informe cuáles son los acuerdos que adoptaron con cada pueblo y comunidad indígena, así como detalle cómo funcionarán los mecanismos de seguimiento a dichos acuerdos.

Notas

1 Más de 93 mil mexicanos dan el “sí” al Tren Maya . El Sol de México. Disponible en

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/tren-ma ya-sigue-a-detalle-la-consulta-del-proyecto-de-amlo-4587961.html

2 Consulta libre, previa e informada sobre el proyecto de desarrollo “Tren Maya”. Presentación de resultados . Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/518708/pr esentacion-resultados-consulta-tren-maya-diciembre-2019.pdf

3 ONU-DH: el proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia . Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Disponible en

http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view= item&id=1359:onu-dh-el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-m aya-no-ha-cumplido-con-todos-los-estandares-internacionales-de-derechos -humanos-en-la-materia&Itemid=265

4 Consenso unánime de los pueblos indígenas a favor de la construcción del Tren Maya: Adelfo Regino Montes . Boletín 73-2019, de fecha 16 de diciembre de 2019. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Disponible en

https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/consenso-unanime-de -los-pueblos-indigenas-a-favor-de-la-construccion-del-tren-maya-adelfo- regino-montes?idiom=es

5 Ídem.

6 Presidencia rechaza descalificaciones de la ONU sobre consulta del Tren Maya . El Universal Online. Disponible en

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/
presidencia-rechaza-descalificaciones-de-la-onu-sobre-consulta-del-tren-maya

Dado en el salón de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SSPC a fortalecer y reformular la política de seguridad pública para reducir el índice de delitos y la violencia en 2020, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 2019 trascendió como el año más violento en la historia de nuestro país. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la tendencia diaria de homicidios dolosos durante el periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 fue de 74 personas. La cifra total comprende 32 mil 955 víctimas al cierre del año pasado.1

El incremento de la violencia ha sido sostenido desde el comienzo de la actual administración. El fenómeno ha persistido en más de la mitad de las entidades federativas; notablemente en 19 de las 32.2

Conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)3 , y según un análisis de la organización Causa en Común, al comparar los delitos cometidos con los primeros once meses de los últimos tres presidentes se observó que con Vicente Fox aumentaron un 41 por ciento; con Felipe Calderón un 27 por ciento; y con Enrique Peña, el total de delitos registrados se incrementó en un 18 por ciento.4

De igual forma, los feminicidios se sostuvieron al alza. De acuerdo con el mismo reporte con datos del SESNSP, hasta octubre se habrían reportado 134 feminicidios más que en el mismo periodo del 2018; es decir, tres feminicidios por día. Las víctimas registradas de secuestro habrían aumentado un 13 por ciento hasta el mes de noviembre, representando cinco personas secuestradas al día, y 24 personas extorsionadas por día, según las denuncias presentadas hasta noviembre de 2019.5

A pesar de que el titular del Ejecutivo ha declarado en múltiples ocasiones que la administración federal ha enfocado múltiples esfuerzos interdisciplinarios en detener la tendencia, incluso, habría prometido una fecha concreta6 para mostrar resultados sobre la garantía de la paz de los ciudadanos, el número de asesinatos no ha disminuido como se habría previsto.

Una de las principales declaraciones del Presidente de la República fue que la administración podría garantizar la paz y tranquilidad porque “ya no hay ese contubernio que existía, ya no se tolera la impunidad arriba ni en la Presidencia ni en el estado”.7

Con este argumento, los cuerpos de seguridad federal fueron re-organizados a través de la creación y habilitación de la Guardia Nacional. Sin embargo, el país fue testigo de muchos casos trágicos en los que se vieron involucrados elementos de los cuerpos de seguridad, ciudadanos y delincuentes.

Algunos ejemplos de los casos más mediáticos sucedieron durante el segundo semestre del año, a partir del incendio provocado en un centro de entretenimiento en Coatzacoalcos, Veracruz, con un saldo de 30 personas muertas durante el mes de agosto.8 La tendencia continuó con el enfrentamiento de policías y personas armadas en el mes de septiembre9 , dejando ocho fallecidos; y en octubre con tres enfrentamientos seguidos entre emboscadas y choques con fuerzas armadas en Michoacán, Guerrero10 y Sinaloa, dejando un saldo total de 41 personas muertas. Durante estos tres meses, el promedio de homicidios fue de 78 diarios y 7 mil 211 totales.11

Los puntos más sensibles se sitúan en Sonora, Hidalgo, Morelos y Nuevo León, con un alza de casi al 50 por ciento en los primeros dos, y los otros con un promedio del 30 por ciento en comparación al año 2018. Le siguen Coahuila, Tlaxcala, Tabasco, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, con un promedio de casi un 20 por ciento.12

La asociación civil Causa en Común presenta un recuento breve de algunos de los eventos violentos registrados durante el periodo comprendido de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, que son los siguientes:13

2018

• El 1 de diciembre, en Nayarit, fue asesinado Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista.

• El 1 de diciembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, acribillaron a cinco personas en un bar.

• El 4 de diciembre, en el Estado de México, fue asesinado Diego García Corona, periodista.

• El 6 de diciembre, en Guadalajara, Jalisco, fueron asesinadas cinco personas.

• El 10 de diciembre, en Santa Catarina, Nuevo León, fueron asesinadas tres personas y otras cinco resultaron heridas.

• El 10 de diciembre, en Petatlán, Guerrero, un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios dejó un saldo de seis muertos.

• El 14 de diciembre, en Jalisco, fueron asesinadas cinco personas.

• El 14 de diciembre, en Veracruz, un ataque de un grupo armado dejó seis muertos, entre ellos una niña de 12 años.

• El 19 de diciembre, en Lagos de Moreno, Jalisco, fue hallada una fosa con siete personas.

• El 19 de diciembre, en Irapuato y Silao, Guanajuato, asesinaron a seis personas en dos ataques a bares.

• El 26 de diciembre, en Acapulco, Guerrero, un grupo armado asesinó a cinco personas, entre ellas un menor de 16 años y un bebé.

2019

• El 3 de enero, en diversos municipios de Guanajuato, fueron asesinadas 19 personas en menos de 24 horas.

• El 3 de enero, en Chiapas, fue asesinado Sinar Corzo, defensor de derechos humanos.

• El 4 de enero, en El Salto, Jalisco, un ataque a un bar dejó cinco muertos y un herido.

• El 6 de enero, en Playa del Carmen, Quintana Roo, fueron asesinadas siete personas en un ataque a un bar.

• El 9 de enero, en Miguel Alemán, Tamaulipas, fueron encontrados 24 cuerpos.

• El 10 de enero, en Querétaro, Querétaro, tres personas fueron asesinadas.

• El 16 de enero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se masacró a una familia de cinco integrantes; entre ellos, dos niños.

• El 18 de enero, en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el contexto de las operaciones en contra del huachicol, una explosión dejó 125 muertos.

• El 18 de enero, en Chiapas, fueron asesinados dos activistas, Noé Jiménez y José Santiago Gómez.

• El 20 de enero, en Oaxaca, fue asesinado Gustavo Cruz, defensor de los derechos humanos.

• El 20 de enero, en Baja California Sur, el periodista Rafael Murúa Manriquez, fue asesinado.

• El 20 de enero, en Emiliano Zapata, Morelos, cuatro personas fueron asesinadas.

• El 21 de enero, en Oaxaca, Bernardino García, defensor de los derechos humanos, fue asesinado.

• El 23 de enero, en Chiapas, Estelina López, activista, fue asesinada.

• El 27 de enero, en Chilapa, Guerrero, un tiroteo dejó un saldo de 12 muertos.

• El 31 de enero, en Valle de Santiago, Guanajuato, fueron asesinadas 11 personas en diferentes hechos.

• El 4 de febrero, en Acatepec, Guerrero, ocho personas fueron asesinadas.

• El 6 de febrero, en Tonalá, Jalisco, fueron encontrados siete cadáveres dentro de tres automóviles.

• El 8 de febrero, en Tlajomulco, Jalisco, un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Fiscalía Estatal, dejó cinco muertos.

• El 10 de febrero, en Oaxaca, Óscar Cazorla, activista muxe, fue asesinada.

• El 12 de febrero, en Nopala, Hidalgo, fueron encontrados siete cuerpos en una milpa.

• El 15 de febrero, en Cancún, Quintana Roo, cinco personas fueron asesinadas en un centro nocturno.

• El 17 de febrero, en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, siete personas fueron asesinadas y cuatro lesionadas.

• El 20 de febrero, en Morelos, el periodista y activista Samir Flores Soberanes, fue asesinado.

• El 20 de febrero, en Silao, Guanajuato, fueron asesinadas cinco personas y dos quedaron heridas.

• El 22 de febrero, en Tlaquepaque, Jalisco, cinco personas fueron asesinadas en su vivienda.

• El 22 de febrero, en Michoacán, nueve civiles y un militar murieron después de un enfrentamiento.

• El 25 de febrero, en Yautepec, Morelos, siete personas fueron ejecutadas.

• El 26 de febrero, en Cuauhtémoc, Chihuahua, el director de seguridad pública municipal fue asesinado junto con su escolta.

• El 3 de marzo, en Huimanguillo, Tabasco, un grupo armado asesinó a cinco miembros de una familia.

• El 8 de marzo, en Chihuahua, ocurrieron múltiples enfrentamientos entre policías y grupos armados, dejando ocho muertos.

• El 8 de marzo, en Coquimatlán, Colima, fueron asesinadas cuatro personas.

• El 9 de marzo, en Salamanca, Guanajuato, asesinaron a 15 personas en un bar.

• El 9 de marzo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un enfrentamiento entre soldados y hombres armados dejó un saldo de seis civiles muertos.

• El 15 de marzo, en Sonora, fue asesinado el periodista Santiago Barroso.

• El 16 de marzo, en Juchitán, Oaxaca, fueron localizados tres cuerpos con signos de tortura.

• El 20 de marzo, en La Cantera, Nayarit, fueron encontrados dos cuerpos con signos de tortura.

• El 20 de marzo, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fueron asesinados seis hombres.

• El 27 de marzo, en Santiago Tianguistengo, estado de México, fue asesinada la activista Elodia Lila Díaz Ortiz.

• El 28 de marzo, en Salamanca, Guanajuato, cuatro hombres fueron asesinados.

• El 29 de marzo, en Tabasco, fueron hallados tres hombres asesinados y torturados.

• El 30 de marzo, en Veracruz, Abiram Hernández, activista, fue asesinado.

• El 3 de abril, en Chimalhuacán, Estado de México, cuatro personas fueron asesinadas.

• El 3 de abril, en Uruapan, Michoacán, un enfrentamiento dejó cuatro muertos.

• El 6 de abril, en Apaseo el Alto, Guanajuato, fueron asesinadas ocho personas y cuatro heridas.

• El 14 de abril, en Cajeme, Sonora, fueron encontrados 27 cuerpos en 19 fosas.

• El 15 de abril, en Zapopan, Jalisco, fueron encontrados 15 cuerpos dentro de una casa.

• El 19 de abril, en Minatitlán, Veracruz, un grupo armado ejecutó a 14 personas, entre ellas un bebé, dejando a otras cinco heridas.

• El 27 de abril, en Saltillo, Coahuila, un enfrentamiento entre policías y civiles armados dejó un saldo de nueve personas fallecidas.

• El 28 de abril, en Chihuahua, Chihuahua un ataque a una fiesta familiar dejó cinco muertos y un herido.

• El 28 de abril, en Guadalajara, Jalisco, siete hombres fueron agredidos a tiros, seis de ellos fallecieron.

• El 2 de mayo, en Oaxaca, el periodista Telésforo Santiago Enríquez, fue asesinado.

• El 4 de mayo, en Erongarícuaro, Michoacán, cinco personas fueron asesinadas.

• El 4 de mayo, en Guerrero, fueron asesinados los activistas José Lucio Bartolo y Modesto Verales.

• El 9 de mayo, en Puebla, Leonel Díaz, activista y líder indígena, fue asesinado.

• El 10 de mayo, en Puente de Ixtla, Morelos, fueron asesinadas cinco personas.

• El 12 de mayo, en Zapopan, Jalisco, fueron encontrados 30 cuerpos en una finca.

• El 13 de mayo, en la Ciudad de México, asesinaron a tres hombres.

• El 16 de mayo, en Quintana Roo, asesinaron al periodista Francisco Romero.

• El 16 de mayo, en Coatepec, Veracruz, fueron asesinadas cinco personas y cinco quedaron heridas.

• El 19 de mayo, en Múzquiz, Coahuila, un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales dejó un saldo de seis muertos y un herido.

• El 20 de mayo, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, un ataque armado dejó seis personas muertas y dos gravemente heridas.

• El 22 de mayo, en Uruapan, Michoacán, dos grupos armados se enfrentaron, dejando un saldo de nueve civiles muertos y cuatro más lesionados.

• El 24 de mayo, en Uruapan, Michoacán, fueron hallados cinco cuerpos calcinados dentro de una camioneta abandonada.

• El 25 de mayo, en Acapulco, Guerrero, fueron encontradas dos cabezas humanas y cuerpos descuartizados en la vía pública.

• El 26 de mayo, en Chilpancingo, Guerrero, fueron hallados los cadáveres de ocho miembros de una familia.

• El 1 de junio, en Las Cocinas, Michoacán, se encontraron cuatro cuerpos sin vida y torturados.

• El 3 de junio, en Saltillo, Coahuila, se encontraron a cuatro adultos mayores sin vida.

• El 4 de junio, en la Ciudad de México, fue secuestrado el estudiante Norberto Ronquillo. Su cuerpo se encontró el 9 de junio.

• El 6 de junio, en Tabasco, fue asesinada Norma Sarabia, periodista.

• El 8 de junio, en Naucalpan, estado de México, fueron asesinadas cuatro personas.

• El 10 de junio, en los límites de Tabasco y Chiapas, José Luis Álvarez, ambientalista y ecologista, fue asesinado.

• El 11 de junio, en el norte de Sonora, nueve personas fueron asesinadas en menos de 24 horas.

• El 13 de junio, en Guadalajara, asesinaron a ocho personas.

• El 18 de junio, en León, Guanajuato, cinco hombres fueron asesinados en la zona sur de la ciudad.

Entre el 22 y 23 de junio, en Zacatecas, fueron asesinadas 15 personas.

Entre el 24 y 25 de junio, en Guerrero, diversos enfrentamientos y hechos violentos, dejaron un saldo 31 personas muertas.

• El 1 de julio, en Nicolás Romero, Estado de México cinco personas fueron asesinadas.

• El 4 de julio, en Zapopan, Jalisco, se hallaron un cadáver y tres cabezas humanas dentro de una hielera.

• El 10 de julio, en Tlaxcala, hubo siete asesinatos.

• El 11 de julio, en El Mezquital, Durango, emboscaron a policías estatales donde fallecieron dos elementos de la corporación y otros cuatro quedaron lesionados.

• El 15 de julio, en Nezahualcóyotl, estado de México, fueron asesinadas tres personas y en Chalco fueron hallados cuatro cuerpos más.

• El 16 de julio, en Campeche, se reportó un asalto a una plataforma de Pemex en la sonda de Campeche por parte de un grupo armado.

• El 17 de julio, en Morelia, Michoacán, cinco personas fueron asesinadas.

• El 18 de julio, en Chilpancingo, Guerrero, un grupo armado atacó al líder del grupo de autodefensas UPEG, asesinándolo junto con su esposa y dos hijos.

• El 19 de julio, en Michoacán, Zenaida Pulido Lombrera, activista de los colectivos de búsqueda, fue asesinada.

• El 20 de julio, en Venustiano Carranza, Ciudad de México, un ataque a una fiesta dejó como saldo cuatro personas fallecidas y una más herida.

• El 21 de julio, un multihomicidio en un bar de Acapulco dejó al menos cuatro muertos y siete heridos.

• El 25 de Julio, en Uruapan, Michoacán, asesinaron a siete personas e hirieron a 10.

• El 28 de julio, en Santo Domingo Petapa, Oaxaca, siete personas murieron en una agresión armada.

• El 28 de julio, en Tijuana, Baja California, 15 personas fueron asesinadas y 15 lesionadas.

• El 30 de julio, en Morelos, fue asesinado Rogelio Barragán, periodista.

• El 31 de julio, en Coahuila, fue asesinado un migrante hondureño presumiblemente por agentes de la Fiscalía del Estado.

• El 31 de julio, en Bacalar, Quintana Roo, fueron asesinadas ocho personas.

• El 1 de agosto, en la Ciudad de México, fue encontrado el cuerpo de Daniela Ramírez, joven secuestrada en mayo.

• El 2 de agosto, en Valle de Santiago, Guanajuato, un grupo armado irrumpió en una cárcel, dejando al menos cinco muertos.

• El 2 de agosto, en Guerrero, fue asesinado Edgar Nava López, periodista.

• El 2 de agosto, en Veracruz, fue asesinado Jorge Ruíz Vázquez, periodista.

• El 4 de agosto, en Tejupilco, Estado de México, el periodista Nevith Condés Jaramillo fue asesinado.

• El 5 de agosto, en Tecate, Baja California, cinco personas fueron asesinadas.

• El 5 de agosto, en Los Cabos, Baja California Sur, dos personas fueron asesinadas.

• El 7 de agosto, en Cohuecan y Tepexco, Puebla, siete personas fueron linchadas.

• El 8 de agosto, en Uruapan, Michoacán, fueron encontrados 19 cadáveres en diversos puntos de la ciudad, nueve colgados de un puente.

• El 9 de agosto, en San Luis Potosí, tres personas fueron asesinadas en tres ataques a diferentes centros nocturnos.

• El 11 de agosto, en Yuriria, Guanajuato, un ataque contra la Guardia Nacional dejó seis muertos.

• El 12 de agosto, en Tlaxcala, una banda delictiva desarmó a integrantes de la Guardia Nacional.

• El 15 de agosto, en Manzanillo, Colima, un grupo armado asesinó a seis internos de un centro de rehabilitación, y dejó seis heridos.

• El 15 de agosto, en San Fernando, Tamaulipas, un enfrentamiento entre policías y hombres armados dejó un saldo de seis civiles muertos.

• El 16 de agosto, en San Luis Potosí, fueron asesinadas dos personas, entre ellos un bebé de dos meses.

• El 19 de agosto, en Zamora, Michoacán, un grupo armado asesinó a seis muertos.

• El 20 de agosto, en Cuauhtémoc, Chihuahua, dejaron cinco cuerpos en distintos puentes de la ciudad, tres de ellos colgados.

• El 21 de agosto, en Chiapas, fue asesinada Nora López León, ambientalista.

• El 25 de agosto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo armado asesinó a tres niñas y un hombre en su domicilio.

• El 27 de agosto, en Coatzacoalcos, Veracruz, un ataque a un centro nocturno dejó 30 muertos.

• El 27 de agosto, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, diversas agresiones dejaron 12 muertos.

• El 30 de agosto, en Tepalcatepec, Michoacán, diversos enfrentamientos con armas de grueso calibre y granadas de fragmentación, dejaron 11 muertos y 15 heridos.

• El 1 de septiembre, en el Estado de México, fueron asesinadas tres personas.

• El 2 de septiembre, en Cuernavaca, Morelos, cinco personas fueron asesinadas en la terminal de autobuses Estrella de Oro.

• El 3 de septiembre, en Nuevo León, un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército y civiles armados provocó el cierre de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, dejando un saldo de seis personas muertas.

• El 10 de septiembre, en Hidalgo, el Fiscal Regional de Tecámac fue herido en un ataque en el cual fallecieron sus dos escoltas.

• El 12 de septiembre, en Acapulco, Guerrero, fue asesinado Érick Castillo Sánchez, periodista.

• El 14 de septiembre, en Jalisco, fue hallada una fosa con 44 cadáveres.

• El 16 de septiembre, en Tabasco, cinco personas fueron asesinadas.

• El 18 de septiembre, en Guanajuato, el delegado del Centro Nacional de Inteligencia fue atacado, dejando una persona muerta.

• El 18 de septiembre, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, ocho personas fueron baleadas, entre ellas una niña de siete años.

• El 20 de septiembre, en Cuernavaca, Morelos, un grupo armado asesinó a seis hombres.

• El 20 de septiembre, en Tala, Jalisco, hallaron 17 bolsas con restos humanos.

• El 24 de septiembre, en Guerrero, asesinaron a 4 militares.

• El 6 de octubre, en Tlaxcala, fueron asesinadas siete personas.

• El 8 de octubre, en Huetamo, Michoacán, una balacera entre autoridades y civiles dejó tres muertos.

• El 10 de octubre, en Salamanca, GUanajuato, asesinaron a cinco personas en un bar.

• El 14 de octubre, en Aguililla, Michoacán, fueron asesinados 13 policías estatales como consecuencia de una emboscada.

• El 15 de octubre, en Tepochica, Guerrero, un enfrentamiento entre el Ejército y civiles armados dejó 15 muertos, entre ellos un oficial del Ejército.

• El 17 de octubre, en Culiacán, Sinaloa, un operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, dejó un saldo de 13 muertos.

• El 20 de octubre, en Baja California, cuatro personas fueron asesinadas y tres heridas.

• El 21 de octubre, en Chihuahua, fue asesinado Cruz Soto Cabrero, activista y defensor de los derechos de los desplazados de la sierra Tarahumara.

• El 22 de octubre, en Aguascalientes, asesinaron a dos personas y dejaron a otra gravemente lesionada en la carretera 45 norte.

• El 23 de octubre, en Tamazunchale, San Luis Potosí, fue hallado el cuerpo de una niña de 12 años.

• El 24 de octubre, en Zitlala, Guerrero, un enfrentamiento entre civiles dejó nueve fallecidos.

• El 28 de octubre, en Almoloya de Alquisirias, Estado de México, cuatro policías estatales fueron asesinados.

• El 29 de octubre, en la alcaldía Iztapalapa, fueron asesinadas tres personas, y siete más fueron heridas.

• El 31 de octubre, en Morelos, fueron asesinados siete internos y cuatro heridos, durante los enfrentamientos en el interior del Cereso de Atlacholoaya.

• El 1 de noviembre, en Zacatecas, la Fiscalía declaró que en nueve meses han encontrado 19 fosas clandestinas.

• El 3 de noviembre, en Huimanguillo, Tabasco, tres personas murieron y nueve más resultaron heridas durante un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y la Policía Federal con civiles armados.

• El 3 de noviembre, en Uruapan, Michoacán, fueron asesinadas cinco personas.

• El 4 de noviembre, en Sonora, fueron asesinados nueve integrantes de la familia LeBarón, entre ellos, seis niños.

• Entre el 5 y 6 de noviembre, en Tabasco, fueron reportados ocho asesinatos.

• El 6 de noviembre, en Querétaro, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres asesinadas.

• El 6 de noviembre, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, encontraron una fosa clandestina con los cuerpos de 24 personas.

• El 7 de noviembre, en Armería, Colima, fue ejecutada la directora de Seguridad Pública del municipio y el subdirector de esa dependencia.

• El 9 de noviembre, en Oaxaca, cinco policías estatales fueron asesinados y otros dos resultaron heridos.

• El 10 de noviembre, en Monterrey, Nuevo León, asesinaron a dos estudiantes.

• El 12 de noviembre, en Yucatán, un hombre fue asesinado y descuartizado.

• Entre el 13 y el 14 de noviembre, en Puebla, se vivió una jornada violenta con un saldo de al menos ocho personas asesinadas.

• El 14 de noviembre, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, murieron siete personas en diferentes enfrentamientos entre soldados y civiles armados.

• El 15 de noviembre, en Guerrero, se hallaron los cuerpos de cinco personas en una fosa clandestina.

• El 15 de noviembre, en los municipios de Colima, Comala y Manzanillo, en el estado de Colima, seis personas, entre ellas dos mujeres, fueron asesinadas.

• El 16 de noviembre, en Yucatán, un agente de la Policía Estatal Investigadora fue asesinado.

• Entre el 19 y el 20 de noviembre, en Nuevo León, fueron encontradas bolsas con cuatro cuerpos en diversos puntos del estado, y cinco personas fueron ejecutadas.

• El 20 de noviembre, en Guerrero, el cuerpo de Arnulfo Cerón Soriano, defensor de los derechos humanos, fue hallado en una fosa.

• El 21 de noviembre, en Fresnillo, Zacatecas, fueron asesinados cinco policías municipales.

• El 24 de noviembre, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fueron asesinadas cuatro personas y dos más resultaron heridas.

• El 25 de noviembre, en Joquicingo, Estado de México, fueron asesinadas 6 personas.

• El 25 de noviembre, en Río Bravo, Tamaulipas, fueron asesinadas 3 personas y 4 más fueron heridas, todas pertenecían a la misma familia.

• El 27 de noviembre, en varios municipios de Guanajuato, fueron asesinadas 25 personas y 12 más lesionadas en diversos enfrentamientos.

• El 30 de noviembre, en Villa Unión, Coahuila, fueron asesinadas 21 personas, entre ellas 5 policías, tras un enfrentamiento entre policías y criminales.

• El 1 de diciembre, en varios estados de la república y en diferentes hechos, fueron asesinadas 128 personas en un solo día.

• El 1 de diciembre, en varios municipios del estado de México, fueron asesinadas siete personas y una más resulto herida.

• El 1 de diciembre, en Guadalajara, Jalisco, fueron asesinadas 7 personas, entre ellas un policía.

• El 2 de diciembre, en Temascaltepec, estado de México, fueron asesinadas tres personas y seis más resultaron heridos.

Derivado de estos hechos violentos en diversos puntos del país, el futuro de la paz y la tranquilidad está en riesgo. Según el mismo análisis, este año el presupuesto para seguridad pública crecerá 0.7 por ciento, y continuaría representando poco menos de 1 por ciento del producto interno bruto. La Secretaría de la Defensa Nacional será la que menos recursos recibirá, mientras que la Guardia Nacional tendría poco menos de 3 mil millones de pesos para gastos personales, asignando un salario promedio de entre 13 a 19 mil pesos mensuales para sus elementos. El fondo de apoyo a estados, el FASP, disminuirá en 0.1 por ciento, y el apoyo a municipios, el Fortaseg, en 3.5 por ciento.14

Las fallas sistémicas en la organización de la seguridad pública en México, se han distanciado de las metas trazadas por el actual gobierno y la paz de millones de mexicanos. En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos preocupados por la crisis de inseguridad por la que atraviesa la sociedad, así como por la ineficacia de las políticas y programas implementados en la materia durante el primer año de gobierno.

Por ello, y derivado de lo anteriormente expuesto, exhortamos de manera urgente al Presidente de la República y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fortalecer y, en su caso, reformular la política de seguridad pública, con el objeto de reducir la alta incidencia delictiva que registra el país a fin de garantizar la tranquilidad e integridad de todos los mexicanos.

Por lo fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fortalecer y, en su caso, reformular la política de seguridad pública a fin de reducir el índice de delitos y la violencia para el año 2020.

Notas

1 http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/files/homicidios_31122019_v2.pdf

2 Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/12/masacres-aumento-violencia-gobie rno-amlo/

3 Con información de: http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/

4 Disponible en:
http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2019/12/Informe-sobre-seguridad-031219-VF.pdf

5 IBID

6 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2019/04/seis-meses-resultados-seguridad- amlo/

7 IBID

8 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/suman-muertos-masacre- bar-coatzacoalcos-veracruz/

9 https://www.animalpolitico.com/2019/12/masacres-aumento-violencia-gobie rno-amlo/

10 https://lasillarota.com/estados/ahora-choque-en-tepochica-guerrero-14-c iviles-muertos-en-enfrentamiento-con-militares-muertos-tepochica-guerre ro-iguala/326884

11 http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/

12 https://www.animalpolitico.com/2019/12/masacres-aumento-violencia-gobie rno-amlo/

13 Disponible en:
http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2019/12/Informe-sobre-seguridad-031219-VF.pdf

14 http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2019/12/Informe-sobr e-seguridad-031219-VF.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a coordinar e instruir a instituciones públicas a efecto de realizar una campaña en pro de la paridad e igualdad de género y que proporcione elementos de armonía y cultura de paz social en la población, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, números décimo quinto y décimo sexto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Para mal de toda la sociedad, siempre constatamos tanto en los medios de comunicación, en una amistad cercana o en familia, sobre la violencia que se vive en pareja. Dejando de lado el respeto, la armonía, la tolerancia, el cariño e innumerables aspectos que forman la relación de los seres humanos.

Dicho disenso es histórico, las relaciones situaban a los hombres como jefes de familia, para imponer la verticalidad de las decisiones familiares y eran los únicos encargados de vigilar por el bienestar de su familia, eran la guía e imponían su toma de decisiones; primordialmente a través del sostén económico e incluso violento en forma física o psicológica hacia sus miembros. Situación que, aunque ha cambiado por los diferentes tipos de familia, en muchas regiones del país prevalece.

Las mujeres, por otro lado, asumían los roles relacionados con la maternidad, el cuidado del hogar, de los hijos, en consecuencia, a costumbres culturales, psicológicas o económicas; situación que es impuesta por los hombres y la sociedad para que continúe en la forma conservadora.

Los elementos que inciden en la violencia en la pareja, pueden ser de muchos tipos y orígenes; en muchos países se encuentra considerado como un problema de salud pública y cultural.

Los investigadores señalan que la baja autoestima en muchas ocasiones es derivada de la violencia a la que están expuestas desde pequeñas las mujeres. La misoginia, el machismo coadyuvan en la situación de vulnerabilidad que sufren.

Considerando que las identidades femeninas y masculinas se construyen social y culturalmente como complementarias, excluyentes y desiguales. Complementarias, ya que las funciones de cada uno requieren de la otra mitad, son excluyentes porque los tributos esperados en uno, no son deseables en el otro, finalmente son desiguales porque se les otorga la superioridad a las características masculinas sobre las femeninas.1

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió la violencia contra las mujeres como “...todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada...” (ONU, 1993). Posteriormente, en la convención de Belem do Pará (1994), se reconoció como “...cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado...”

Algunos registros administrativos en México que recogen información sobre el tema de nuestro interés son:

-Estadísticas de las entonces llamadas procuradurías, tanto federal y estatales, señalaban que: el problema particular en este caso es que el porcentaje de casos que se denuncia es muy bajo, por ejemplo, se ha estimado que en México sólo el 26 por ciento de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja acude a la policía o con alguna autoridad pública; este porcentaje varía, a su vez, por el tipo de violencia recibida: sólo el 4 por ciento de las mujeres víctimas de violencia sexual acude con las autoridades.

-Estadísticas judiciales (referidas sólo a aquellos casos que han entrado al sistema judicial) estadísticas del Sistema Nacional de Salud (Sinais), con información sobre abuso sexual y violencia familiar.

-A partir de la implementación de la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, se establece la creación del Banco Nacional de datos sobre información sobre casos de violencia contra las mujeres (Banavim). Dicho esfuerzo fue olvidado por administraciones anteriores y reforzado por el actual gobierno federal, en el que se realizan esfuerzos para actualizarlo y tener estadísticas reales por tipo y modalidad de violencia.

Como se denota, se ha dado cuenta de la violencia contra la mujer; en 2018, en un medio de comunicación de circulación nacional resaltó que el Centro de Estudios para el logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados (CELIG) sostuvo que la violencia contra las mujeres es un fenómeno persistente, cultural y creciente, por lo que concluyó que “México es un país violento para las mujeres”, además de ser socialmente aceptado.2

La violencia en una relación se entiende por cualquier agresión psicológica, física o sexual para mantener el empoderamiento sobre la pareja. Puede comenzar con comentarios incómodos, empujones, jaloneos que pueden tornarse en lesiones y homicidio.

En 2015 el Inegi registró 20 mil 762 muertes por homicidio en el país, de las cuales 18 mil 293 fueron de hombres y dos mil 383 de mujeres.3

En el caso de hombres violentados tiene un tratamiento distinto, ya que a nivel social se ve como un asunto normal y no se acepta que la mujer pueda lastimar a un hombre.

Estas situaciones nos han llevado a distintas comisiones de delitos, que han aumentado en los últimos años. En medios de comunicación, ha quedado constancia del nivel de violencia con que se tratan las parejas; por un lado, lesiones u homicidio que comete un hombre contra una mujer y viceversa.

Sobran los ejemplos de actos violentos en las parejas, el 22 de agosto del 2018, El Sol de México publicó la siguiente nota:

“Acusan de feminicidio al sujeto que mató a su novia

“Durante la audiencia inicial del sujeto que agredió a balazos a su expareja sentimental y a un varón que la acompañaba -causándole la muerte- en la delegación Benito Juárez, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que será hasta el 24 de agosto, que un juez de control buscará vincularlo a proceso.

“El sujeto acusado de feminicidio en agravio de su expareja y homicidio en contra de otro individuo fue capturado momentos después de arremeter contra la joven pareja, mientras se encontraban en un puesto de alimentos en la colonia Zacahuitzco.

“Familiares de la mujer señalaron que el inculpado y la víctima sostuvieron una relación sentimental durante 10 años, aunque no detallaron las razones por las que terminaron o por el repentino ataque.”

En casos de agresiones u homicidio cometidos por mujeres contra hombres, también van en crecimiento, como ejemplo el siguiente caso:

“Ciudad de México, 11 de marzo. - Una mujer fue aprehendida por asfixiar a su pareja y después realizarle varios cortes en las muñecas con una navaja para simular que se había suicidado en su departamento, ubicado en la colonia noche buena, delegación Benito Juárez, informó este día la PGJ de Ciudad de México.

“El fiscal central de investigación para la atención del delito de homicidio, Roberto Aguas Becerra, dio a conocer que a las 19:40 horas del pasado 20 de enero, el hombre y la mujer llegaron al inmueble e ingirieron bebidas alcohólicas hasta las 22:50 horas, cuando ella abandonó el lugar en el mismo vehículo que llegaron: un Mazda 3.

“Dos días después, el sujeto fue encontrado sin vida. La presunta asesina se presentó ese mismo día en la escena del crimen para reclamar departamento y el automóvil, porque supuestamente ‘su novio’ se los vendió antes de morir.

“Luego de las investigaciones, se estableció que la acusada asfixió al agraviado y después le provocó lesiones en la muñeca con una navaja”.4

Lo preocupante consiste en los actos de violencia que no llegan a ser carpetas de investigación. El grado de aprehensión o de imposición que ejercen alguna de las partes, puede derivar en actos violentos, resultado probable de la falta de valores, de la inseguridad personal. En este aspecto, la educación inicial ayuda considerablemente, fomentada primero en los hogares y después en las escuelas públicas o privadas de nivel básico.

Actualmente, la Segob realiza los trabajos para emitir órdenes de protección a mujeres violentadas y registrarlas en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) explica que este tipo de órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la mujer víctima que deben otorgarse por la autoridad competente apenas conozca de hechos que posiblemente impliquen violencia de género.

“En México hay registradas 47 mil 93 órdenes de protección en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).”5

El tema toral es la prevención, donde pueden evitarse conductas sancionadas por los códigos penales y así mantener el estado de orden que merece todo ciudadano. La comisión de delitos por actitudes misóginas no se puede etiquetar en cierto tipo de personas. En el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz van más de 110 días sin que el Ministerio Público pueda declarar cerrada la investigación y haber capturado a todos los responsables.

“María Elena asegura que sabe quién es el autor intelectual de su ataque. Dice que se trata de un poderoso empresario y exdiputado local, quien formó parte de su vida en otro tiempo y quien la ha amenazado de muerte tras los hechos. Todo eso se la ha dicho a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), pero a tres meses, nadie ha sido detenido.

“Luego de los señalamientos, el empresario identificado por María Elena inició una campaña de desprestigio hacia ella. A través de las redes sociales, usuarios se esfuerzan por desvincular al exdiputado de las acusaciones”.6

Considero elemental que la Secretaría de Gobernación pueda instruir a otras secretarías del gobierno federal y dependencias para que, en unión de esfuerzos se pueda combatir la misoginia; es así que, la Secretaría de Educación Pública, al tener el control de las escuelas de educación inicial, puede generar las reuniones informativas con los padres de familia para inculcar elementos de igualdad de género; de la Secretaría de Salud, para brindar apoyo en materia de salud sexual; del Instituto Mexicano de la Juventud, para impactar positivamente con esta campaña coordinada en los centros de atención a jóvenes del país; del Instituto Nacional de las Mujeres, para reforzar la importancia de la paridad. Todo ello será de suma importancia para reducir los niveles de violencia que se están presentando.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que coordine e instruya a instituciones públicas, a emitir una campaña que fomente la paridad e igualdad de género, que otorgue elementos de armonía y cultura de paz social en la población.

Notas

1 Tomado de https://www.capi.com.mx/blog/2016/06/roles-en-la-pareja-destino/ el 14 de marzo del 2019.

2 Tomado de
https://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/07/04/mexico-pais-violento.para-las-mujeres-estudio-6682.html el 14 de marzo del 2019

3 Tomado de https://www.gob.mx/imjuve/articulos/violencia-contra-hombres-una-violen cia-mas-silenciosa el 14 de marzo del 2019.

4 Tomado de https://www.sinembargo.mx/11-03-2018/3395945 el 14 de marzo del 2019.

5 Tomado de
https://politica.expansion.mx/sociedad/2020/01/05/estados-reportan-casi-50-000-ordenes-de-proteccion-para-mujeres-violentadas el 05 de enero del 2020.

6 Tomado de https://www.informador.mx/mexico/Atacan-con-acido-a-saxofonista-tras-90 -dias-agresores-siguen-libres-20191210-0107.html el 05 de enero del 2020.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conadic a emprender una campaña de toma conciencia sobre los riesgos y daños potenciales de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, suscrita por la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo por el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a emprender una campaña de concientización sobre los riesgos y daños potenciales que conlleva el uso de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y otros sistemas similares sin nicotina, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) como “dispositivos que no queman ni utilizan hojas de tabaco sino que por el contrario vaporizan una solución que seguidamente inhala el usuario. Los componentes principales de la solución, además de nicotina en los casos en que está presente, son el propilenglicol, con o sin glicerol, y aromatizantes”.1 Estos dispositivos, también conocidos como cigarrillos electrónicos o e-cigarettes, han cobrado gran popularidad en tiempos recientes, llegando a registrar ventas que pasaron de cerca de 6 millones de unidades en 2011 a más de 40 millones en 2018.2

Las compañías que manufacturan estos dispositivos han expresado en reiteradas ocasiones que su propósito es servir a un amplio mercado de consumidores adultos que buscan dejar de fumar cigarros tradicionales. Esta posición ha sido, sin embargo, profundamente debatida por expertos e investigadores en salud pública.3 De acuerdo con reportes recientes, los SEAN o cigarrillos electrónicos se han convertido en el producto de tabaco más popular entre adolescentes y adultos jóvenes, a pesar de los riesgos que conlleva su consumo.4

En Estados Unidos de América (EUA), la discusión pública ya dejó atrás el debate sobre cómo enfrentar su uso y ahora se concentra en buscar soluciones para quienes ya sufren de las consecuencias vinculadas a su consumo. Al 5 de diciembre del año en curso, los Centers for Disease control and Prevention de EUA registraban 2 mil 291 casos de personas con lesiones pulmonares y 28 muertes vinculadas al uso de estos dispositivos.5 En el caso mexicano, el pasado 11 de noviembre se registró la primera muerte por “vapeo” en el país, involucrando a un joven que fue ingresado al hospital con un cuadro de neumonía grave atípica.6 El riesgo sanitario que conlleva el uso de estos dispositivos no puede ser minimizado o ignorado por el Estado mexicano.

El pasado 11 de septiembre de 2019, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER) emitieron un comunicado en conjunto a través del cual alertaron sobre los riesgos existentes en el uso de SEAN.7 Dicho comunicado fue distribuido a través de las redes sociales de ambas instituciones y se dirigía, a razón de su contenido, a un público más especializado; asemejándose más a un boletín institucional que a una alerta pública.8

Pocos días después, el 28 de septiembre de 2019, la Secretaría de Salud emitió, a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, un aviso epidemiológico en el cual se dieron a conocer los posibles síntomas respiratorios causados por el uso de cigarrillos electrónicos o dispositivos de “vapeo”.9 Este comunicado, que incluía información de profunda utilidad pública recibió, lamentablemente, incluso menor difusión que el mensaje anterior.

Estos dos mensajes, sin embargo, representan los principales esfuerzos que ha realizado la autoridad pública federal en la materia. Dadas las circunstancias, el gobierno federal ha faltado en su responsabilidad como ente promotor de la salud pública, permitiendo que se desarrolle un vacío de información en torno a un tema de vital importancia para la salud de las y los mexicanos.

Es por ello que resulta necesario que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y por conducto de la Comisión Nacional contra las Adicciones, desarrolle una campaña pública de amplia difusión en donde se informe a la sociedad civil sobre los riesgos y daños potenciales que conlleva el uso de SEAN y otros dispositivos similares.

Habiendo mencionado lo anterior, y tomando en consideración los importantes riesgos sanitarios que involucran el uso de SEAN y otros dispositivos con características similares, la presente proposición busca que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorte a la Comisión Nacional contra las Adicciones a emprender una campaña de concientización sobre los riesgos y daños potenciales que conlleva el uso de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y otros sistemas similares sin nicotina.

Considerandos

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su párrafo cuarto, que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.10

Sobre la responsabilidad del Estado mexicano con las niñas, niños y adolescentes; el mismo artículo constitucional establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.11

Sobre la responsabilidad de la Secretaría de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece, en su artículo 39, fracción XXI, que le corresponde a ésta el “actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general”.12

Finalmente, la Ley General de Salud establece, en materia de atención a las adicciones, que “se crea el Consejo Nacional contra las Adicciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las adicciones que regula la presente ley, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 185 y 191 de esta ley, así como el Programa contra el Tabaquismo previsto en la Ley General para control del Tabaco. [...]”.13

Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a emprender una campaña de concientización sobre los riesgos y daños potenciales que conlleva el uso de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y otros sistemas similares sin nicotina.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. Cigarrillos Electrónicos o Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina. Ginebra. OMS. 2015. Consultado en:

https://www.who.int/tobacco/communications/statements/el etronic_cigarettes/es/.

2 Redacción. 5 Gráficos Que Muestran Cómo Se Ha Disparado la Venta de Cigarrillos Electrónicos en el Mundo. Londres. BBC News Mundo. 2018. Consultado en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-44323500.

3 Interlandi, Janeen. Vaping is Big Tobacco´s Bait and Switch. Nueva York. The New York Times. 2019. Consultado en:

https://www.nytimes.com/2019/03/08/opinion/editorials/va ping-ecigarettes-nicotine-safe.html.

4 Belluz, Julia. Vaping Gone Viral: The Astonishing Surge in Teen´s E-Cigarettes Use. Nueva York. Vox. 2019. Consultado en: https://www.vox.com/science-and-health/2018/12/18/18144951/juul-vaping- e-cigarettes.

5 Corum, Jonathan. Vaping Illness Tracker: 2,291 Cases and 48 Deaths. Nueva York. The New York Times. 2019. Consultado en: https://www.nytimes.com/interactive/2019/health/vaping-illness-tracker. html.

6 Camarena, Andrea. El Primer Mexicano en Morir por Vapeo Llegó con Neumonía Grave Atípica al Hospital. México. El Universal. 2019. Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/primer-mexicano-en-morir-por-vap eo-llego-con-neumonia-grave-atipica-al-hospital.

7 Redacción. Salud Alerta a Usuarios Mexicanos Sobre Daños Graves en Pulmones por Usar Cigarros Electrónicos. México. Animal Político. 2019. Consultado en:

https://www.animalpolitico.com/2019/09/salud-danos-usuar ios-mexicanos-cigarro-electronico-vaping/.

8 Consultado en: https://twitter.com/RespiraINER/status/1171919702735695875.

9 Secretaría de Salud. Boletín de Prensa No. 279. 2019. Consultado en: https://www.gob.mx/salud/prensa/279-emite-secretaria-de-salud-aviso-epi demiologico-por-el-uso-de-cigarrillos-electronicos-o-vapeo?idiom=es.

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4º. Párrafo Cuarto. (Última Reforma: DOF 09-08-2019)

11 CPEUM. Artículo 4º. Párrafo Noveno. (Última Reforma: DOF 09-08-2019)

12 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 39. Fracción XXI. (Última Reforma: DOF 09-08-2019)

13 Ley General de Salud. Artículo 184 Bis. (Última Reforma: DOF 29-11-2019)

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.

Diputada Martha Angélica Zamudio Macías (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a fortalecer las estrategias y políticas públicas transversales para prevenir, atender y disminuir las causas de defunciones por homicidio, accidentes de tránsito y suicidios que sufre la población adolescente y joven del país, suscrita por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a las secretarías de Bienestar, Salud, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Educación Pública, y a sus homologas en las 32 entidades federativas, para que fortalezcan las estrategias y políticas públicas transversales para prevenir, atender y disminuir las causas que provocan las defunciones por homicidios, accidentes de tránsito y suicidios que sufre la población adolescente y joven de nuestro país , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En 1985 la Organización de las Naciones Unidas definió a los jóvenes como aquellas personas que tienen entre 15 y 24 años de edad, por lo que, todas las estadísticas generadas por las Naciones Unidas se construyen con este rango de edad para realizar anualmente las estadísticas en materia demográfica, educación, empleo y salud.

Segunda. En 1999 la misma organización designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, esto para impulsar la participación de la juventud en las actividades de las Naciones Unidas, así como en la sociedad y en la toma de decisiones.

Desarrollar políticas en temas prioritarios como la educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas y la delincuencia juvenil.

Desarrollar canales de comunicación y cooperación entre organizaciones juveniles, agencias del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones juveniles intergubernamentales.1

Tercera. La Organización de las Naciones Unidas señala que actualmente hay aproximadamente mil 200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, es decir, el 16 por ciento de la población mundial. Una proyección de la misma organización indica que para el 2030, los jóvenes pueden aumentar un 7 por ciento en población, lo que sería alrededor de mil 300 millones.

Cuarta. La Organización Mundial de la Salud ha identificado que en el continente americano los jóvenes fallecen, principalmente, por: suicidios, homicidios y accidentes viales, cabe señalar que los jóvenes de 10 a 24 años en esta región ascienden a 237 millones, lo que representa la cuarta parte de la población.

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud destaca en su estudio “La salud de los adolescentes y jóvenes en la región de las Américas”, que las defunciones son principalmente en jóvenes de entre 10 y 24 años de edad, situación que coincide en 48 países de la región.

El estudio mencionado indica que el homicidio es la causa más frecuente de mortalidad en hombres jóvenes, ya que nueve de cada 10 muertes corresponde a víctimas de sexo masculino por homicidio en este rango de edad, así como 4 de cada 5 muertes en accidentes de tránsito y 3 de cada 4 suicidios.

La Organización Panamericana de la Salud menciona que cada año más de 45 mil jóvenes de entre 15 y 24 años mueren por homicidio: en alrededor del 70 por ciento de los casos registrados en los países del continente estuvieron involucradas armas de fuego.

En cuanto a los accidentes de tránsito, alrededor de 30 mil jóvenes en el mismo rango de edad perdieron la vida por esta causa, mientras que el número de suicidios por año es de aproximadamente 12 mil jóvenes.2

Quinta. Por estos motivos, este sector de la población mundial demanda mayores oportunidades con igualdad y acceso a empleo, salud, seguridad y educación, para acceder a un bienestar social más justo, equitativo y progresivo que les permita transformar su entorno y el de sus familias para que prosperen, y así se pueda prevenir y disminuir las defunciones por homicidios, accidentes y suicidios en este importante sector de la población y del tejido social.

Sexta. En el caso de México, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 señala que, en México, hay aproximadamente 124.9 millones de personas, de estas, 30.7 millones tienen 15 y 29 años; es decir, el 24.6 por ciento de la población total, o sea, 1 de cada 4 habitantes del país es joven; donde hombres son el 50.8 por ciento y mujeres el 49.2 por ciento.

Esto muestra la gran importancia de este sector en la población de nuestro país, ya que no solamente es la relevancia numérica, sino su capacidad para crear, innovar y ser un agente de cambio.

Por ello, es fundamental garantizar sus derechos, protección y el acceso a sus necesidades básicas y demandas acordes a su edad, para que desarrollen de manera integral sus capacidades, ya que es determinante su capacidad intelectual y fuerza física para llegado el momento coadyuven a incrementar con calidad la población estudiantil, la fuerza laboral, y el crecimiento económico.

Así también, es responsabilidad del Estado mexicano dotarlos de servicios médicos de calidad y un medio social digno que les permita vivir plenamente para alejarlos y protegerlos de las cifras rojas de defunciones por homicidios, accidentes y suicidios, los cuales son prevenibles si se fortalecen e implementan eficazmente estrategias y políticas públicas transversales, oportunas, eficientes y suficientes en favor de la juventud de México.

Séptima. En 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicó que las tres principales causas de defunción en el grupo de edad de 15 a 24 años son las agresiones, los accidentes y los suicidios. Menciona que de 2010 a 2017 hubo más de 47 mil defunciones por accidentes, de los cuales, alrededor de 28 mil fueron en accidentes de tránsito. En este rubro cabe señalar que en 2019 han fallecido alrededor de 41 mil jóvenes y de estos más de 5 mil son por accidentes en transporte, es decir el 12.4 por ciento.

Los transportes donde más se accidentan y fallecen los jóvenes, según el Inegi, son: la motocicleta, con el 20.1 por ciento, y el automóvil, con el 13.1 por ciento, mientras que por causa de atropellamiento por transportes mueren el 13.8 por ciento de peatones jóvenes.

Al respecto, las estadísticas de mortalidad de Inegi de 2018 indican que en ese año se registraron más de 36 mil defunciones por homicidio; de ese total, 2 mil 562 fueron en los rangos de edad de 15 a 19 años y 5 mil 69 de 20 a 24 años, dando un total de 7 mil 631 muertes, es decir en estos dos rangos de edad da un porcentaje del 20.80 por ciento. Las cifras resultan alarmantes en los menores de edad, ya que, de acuerdo con el Inegi, 2 mil 115 personas de 18 años y menos han sido víctimas de homicidio.3

En cuanto al suicidio, el Inegi señaló que en 2017 la tasa de suicidio fue de 5.2 por cada 100 mil habitantes, donde la población adolescente y joven de nuestro país ocupó el lugar número 22 de las principales causas de muerte para la población total, siendo en el rango de edad de 15 a 29 años la segunda causa de muerte.

Indica que los jóvenes de 20 a 24 años ocupan la tasa más alta de suicidio con 9.3 por cada 100 mil jóvenes entre estas edades. Al respecto, el presidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría, Enrique Camarena Robles, señala que en los rangos de edad de 14 a 29 años se ha convertido en un problema de salud pública, debido a que en las últimas tres décadas se incrementó 200 por ciento, especialmente en la población de adolescentes.

Octava. El gobierno de México ha destacado la relevancia de garantizar los derechos de las y los adolescentes y jóvenes para que incrementen su bienestar social y el de sus familias, esto con la finalidad de alejarlos de la violencia y la inseguridad para que tengan un desarrollo óptimo y calidad en su salud mental, lo cual es necesario fortalecer para que construyan su futuro con herramientas, hábitos y valores sociales.

Novena. Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, es nuestra prioridad proteger el bienestar y el desarrollo de las y los adolescentes y jóvenes de México con la finalidad de que sean factores del cambio social, por ello es fundamental que sus derechos sociales más elementales, así como el respeto a su individualidad serán garantizados, ya que las generaciones del presente y del futuro serán las que sigan impulsando el crecimiento económico, la innovación y a la trasformación del Estado mexicano.

Encuentro Social siempre impulsará un bienestar social con más seguridad, justo, equitativo y progresivo para adolescentes y jóvenes.

Por ello, es necesario fortalecer las estrategias y políticas públicas transversales que el gobierno de México está implementando para prevenir, atender y disminuir las causas que provocan las defunciones de adolescentes y jóvenes principalmente por homicidios, accidentes de tránsito y suicidios, los cuales se han incrementado.

Lo anterior con la finalidad de redoblar esfuerzos coordinados de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las y los secretarios de los ramos correspondientes y de sus homólogos en las entidades federativas con pleno respeto a su autonomía.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se propone ante esta honorable Comisión Permanente apruebe el siguiente:

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las secretarías de Bienestar, Salud, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Educación Pública, y a sus homologas en las 32 entidades federativas, para que fortalezcan las estrategias y políticas públicas transversales para prevenir, atender y disminuir las causas que provocan las defunciones por homicidios, accidentes de tránsito y suicidios que sufre la población adolescente y joven de nuestro país.

Notas

1 https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-de-la-juventud-2019

2 http://mexicosocial.org/mortalidad-jovenes-america-accidentes-suicidio- ops/

3 http://mexicosocial.org/mortalidad-jovenes-america-accidentes-suicidio- ops/

Dado en la Comisión Permanente, con sede en la Cámara de Diputados, el 8 de enero de 2020.

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los tres Poderes de la Unión en los diversos órdenes de gobierno a diseñar e implantar políticas públicas que garanticen el derecho de la infancia y la adolescencia a una vida libre de violencia y les permitan el desarrollo integral, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada a la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados, la Red por los Derechos de la Infancia en México presentó el informe Infancia y adolescencia en México, entre la invisibilidad y la violencia. Especialistas en derechos humanos y derechos de la niñez expusieron que la violencia generada por la delincuencia organizada ha afectado, de manera particular, a la infancia y que, desde las instituciones públicas no se han implementado las políticas y acciones que puedan evitarlo, perpetuando con ello la impunidad.

El informe señala que en el país mueren “al día en promedio 3.6” niñas, niños y adolescentes a causa de la violencia. Añade que en lo que va del siglo, desde 2000 y hasta 2019, “hay cerca de 21 mil niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y más de 7 mil casos” de desapariciones.

Esta situación, grave por sí misma, se enfrenta a la increíble indiferencia de la nueva administración que ha ignorado la urgente necesidad del diseño y la implantación de una “estrategia nacional de prevención y atención a la violencia armada contra niñas, niños y adolescentes”, que debiera ser elaborada de manera integral entre los tres órdenes de gobierno y en colaboración con los expertos y la sociedad civil que se ha especializado en el tema.

El estudio presentado parte de la necesidad de prevenir esta violencia y no únicamente de proteger a la infancia lo cual, en la situación actual, resulta del todo insuficiente. Debemos hacer énfasis en que, según el propio estudio, la violencia contra la niñez, a partir de la reconfiguración de la violencia generada por la delincuencia organizada, ha presentado también características diversas que deben ser tomadas en consideración en el diseño de esta estrategia.

Específicamente, el informe señala que en 2012, la violencia contra las y los niños tenía una mayor incidencia en los estados fronterizos y en aquellos que han sido históricamente vinculados al narcotráfico como Guerrero. Sin embargo, el empoderamiento de los cárteles en el centro de la República generó que, de manera paralela, también se desplazaran las mayores tasas de violencia contra la niñez hacia las entidades del centro y occidente, con lo cual Guanajuato se convirtió en la entidad con mayor incidencia en estos delitos.

La Red por los Derechos de la Infancia señala que, aparejado al incremento de la violencia contra las mujeres, los feminicidios contra las niñas y adolescentes aumentaron 13.5 por ciento únicamente de enero a julio de 2019. Esta situación también se ve reflejada en el incremento del número de feminicidios infantiles por mes que pasaron de 7 en 2018 a 8 en 2019; es decir, 1 de cada 10 feminicidios que se cometen en el país es contra niñas y mujeres adolescentes.

El documento indica que tienen mayor incidencia en estos delitos para este segmento etario el estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, que registran 55, 33, 23 y 21 víctimas, respectivamente, de enero de 2015 a julio de 2019. Complementando estas cifras, la organización indicó que, en promedio, durante los primeros meses de ejercicio del presidente López Obrador, doce niñas, niños y adolescentes son víctimas de trata y, de ellos, más de dos terceras partes son mujeres, es decir, una cuarta parte de las víctimas de trata, corresponde a niñas, niños o adolescentes; y en siete de cada diez de estos casos, la víctima es una niña o mujer adolescente.

Todo lo anterior nos lleva a afirmar que el Estado mexicano, en su conjunto, debe asumir la responsabilidad del restablecimiento de las condiciones que aseguren a las niñas, niños y adolescentes del país, su vida, su integridad y seguridad.

Por ello que, plenamente comprometidos con el derecho de la niñez a una vida libre de violencia, con fundamento en lo expuesto, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno a diseñar e implantar políticas públicas que garanticen el derecho de la infancia y la adolescencia a una vida libre de violencia que les permita su desarrollo integral.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades policiacas, y de procuración e impartición de justicia de los tres niveles de gobierno para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se realicen las acciones necesarias a fin de que

a) Las niñas, los niños y los adolescentes desaparecidos sean reintegrados a sus hogares y garantizadas su vida y la vigencia plena de sus derechos; y

b) Sean investigados y sancionados los hechos de violencia en que niñas, niños y adolescentes hayan resultado víctimas.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2020.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)