Proposiciones
Efemérides


Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a reforzar las acciones en la construcción de una política pública exitosa de estrategias encaminadas a prevenir y disminuir la generación de residuos de plásticos de un solo uso y reducir así daños ambientales y contaminación, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Hoy el planeta enfrenta la mayor crisis climática y de pérdida de biodiversidad que haya presenciado la humanidad. La acelerada pérdida de especies es un síntoma inequívoco de la degradación de los hábitats y conlleva un daño a los servicios ecosistémicos fundamentales para nuestra su supervivencia como especie, como son el acceso a alimentos o agua limpia, entre otros.1

Los plásticos son un elemento característico de este modelo de sobreconsumo: numerosos empaques, envases y embalajes están diseñados para ser desechables o para tener uno o pocos usos, y con el gancho de la promesa del reciclaje los productores arteramente depositan en el consumidor final la responsabilidad de una cadena de decisiones fundamentadas principalmente en la mercadotecnia.2

Diversas investigaciones científicas han documentado el efecto negativo de la contaminación por plásticos en los océanos. El informe Impacto de la contaminación por plástico en áreas naturales protegidas mexicanas documenta la contaminación por plástico en ocho áreas marinas protegidas (AMP) del país, como resultado de las decisiones de consumo de la población.3

Dicho reporte fue elaborado por Greenpeace México y el Laboratorio de Biodiversidad Arrecifal y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México. En él se revelan los daños de una contaminación que, como afirma Greenpeace, obstaculiza la principal estrategia de conservación de los servicios ecosistémicos.4

La reserva de la biosfera Caribe Mexicano es una de las áreas naturales protegidas más grandes del continente, y abarca 50 por ciento del arrecife Mesoamericano. Aún así, se encuentra en riesgo, pues en todas las AMP estudiadas se identificó la presencia de piezas plásticas, en la superficie, en la columna de agua y en el sustrato de los sitios arrecifales.5

De acuerdo con el informe, “en total se registraron 815 piezas hechas de material plástico con diversas formas, tamaños y usos; esto equivale a 2 piezas por kilómetro cuadrado flotando en superficie y a 3 mil 500 piezas por kilómetro cuadrado en el fondo del mar: 0.6 piezas por cada 180 metros cuadrados”.6

En total, se registraron 664 piezas plásticas flotando en la superficie de las 8 ANP: un promedio de 83 piezas por cada 40 kilómetros cuadrados. Puerto Morelos fue la que registró el mayor promedio, con 145 piezas por 40 kilómetros cuadrados. En segundo lugar estuvo Mahahual, con 114, y en tercer lugar Cozumel, con 108.7

“Las ANP donde menor cantidad de basura en superficie hubo fueron el complejo Cancún-Isla Mujeres-Punta Nizuc y la reserva de la biosfera Sian Ka?an, con un promedio de 32 y 38 piezas por kilómetro cuadrado, respectivamente”.

Nota: Gráfica extraída del documento Impacto de la contaminación por plástico en áreas naturales protegidas mexicanas.

En cuanto a la basura registrada en el fondo del mar y en la columna de agua de los sitios arrecifales, se encontraron 151 piezas plásticas: un promedio de 0.63 piezas por cada 180 metros cuadrados.

De acuerdo con el reporte, “al analizar el número promedio de piezas presentes en cada ANP, se observó que en Veracruz y Puerto Morelos el promedio fue de una pieza por cada 180 metros cuadrados (valores equivalentes a 6 mil 277 y 5 mil 777 piezas por kilómetro cuadrado, respectivamente)”.8

Esta organización asegura que las áreas naturales protegidas son el semillero de derramas económicas de miles de millones de pesos para el sector turístico del país.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se refuercen las acciones en la construcción de una política pública exitosa, que permita generar estrategias para reducir la generación de residuos de plásticos de un solo uso.

Por lo expuesto y fundado someto respetuosamente a consideración de esta asamblea, para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se reduzcan los daños al ambiente y la contaminación, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar las acciones en la construcción de una política pública exitosa que permita generar estrategias para prevenir y disminuir la generación de residuos de plásticos de un solo uso, a fin de reducir los daños al ambiente y la contaminación.

Notas

1 Rivera-Garibay, Omar Oslet; Álvarez-Filip, Lorenzo; y Rivas, Miguel (2020). Impacto de la contaminación por plástico en áreas naturales protegidas mexicanas. Greenpeace, México, UNAM.

2 Ibídem.

3 Rivera-Garibay, Omar Oslet; Álvarez-Filip, Lorenzo; y Rivas, Miguel (2020). Impacto de la contaminación por plástico en áreas naturales protegidas mexicanas. Greenpeace, México, UNAM.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 México Social, La cuestión social en México, Miles de piezas de plástico flotan en las áreas marinas protegidas de México, Medio Ambiente, consultado por última vez el 13 de diciembre de 2020 en https://www.mexicosocial.org/areas-naturales-protegidas/

7 Ibídem.

8 México Social. La cuestión social en México: miles de piezas de plástico flotan en las áreas marinas protegidas de México, Medio Ambiente, consultado por última vez el 13 de diciembre de 2020 en https://www.mexicosocial.org/areas-naturales-protegidas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a investigar sobre los presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de contratos de Pemex a Litoral Laboratorios Industriales, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El combate contra la corrupción es la principal bandera del actual gobierno, desde la campaña el ahora presidente López Obrador prometió que acabaría con la corrupción; ya en la presidencia ha dicho en incontables ocasiones que garantizará justicia y terminará con la corrupción, impunidad y la mala herencia de administraciones pasadas.

Sin embargo, a dos años de su gobierno la situación en el país en materia de corrupción e impunidad sigue sin cambiar, aún más, existen varios casos que se han difundido y que son una muestra de que ha empeorado.

Uno de los más sonados es el referente al actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien, junto con su familia, ha construido un imperio inmobiliario con 23 casas de lujo, las cuales están ubicadas en las zonas más caras del valle de México.1

Según la investigación periodística que fue publicada en los medios, Bartlett Díaz declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo, la investigación informa que su fortuna es 16 veces más grande, considerando únicamente las propiedades.

Otro de los casos dados a conocer en los medios de comunicación fue el de Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que difundió que benefició a una empresa de su hermano con un contrato de adjudicación directa el 15 de abril de 2020 por 287 mil pesos.

De acuerdo con una investigación realizada por el medio Latinus, el IMSS entregó al menos un contrato a una empresa dirigida por Gabino Robledo Aburto, hermano de Zoé. Conforme a la información expuesta por los periodistas investigadores, la delegación de este instituto de salud en el estado de Puebla adjudicó de manera directa a Monitoreo de la Información y Publicidad, S.A. de C.V., el contrato para dar seguimiento a los medios de comunicación hasta el 31 de diciembre del 2020.2

Otro caso más, los videos en los que se ve a Pío López Obrador, hermano del presidente recibiendo dinero de manos de David León, operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien hasta unos días antes de la aparición de los videos, se había desempeñado como director de Protección Civil y había sido nombrado zar anticorrupción para la compra de medicinas del gobierno federal. Debido a la aparición de los videos se suspendió el nombramiento del funcionario.

Por otro lado, el 30 de abril del 2020 el IMSS celebró un contrato con León Manuel Bartlett Díaz, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para la adquisición de 20 ventiladores para uso en el tratamiento de pacientes con afecciones en sistema respiratorio y en estado crítico. El Instituto pagaría 1. 5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado la Federación hasta el 1 de mayo de este año.

Por su parte, el IMSS informó que levantó un acta de rechazo para devolver todos los ventiladores. Se dio a conocer que luego de una revisión física, detectó que los ventiladores no contaban con pantalla táctil, por lo que no cumplían con los requerimientos funcionales acordados, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicada en mayo de 2020.

Aunado a lo anterior, en julio de este año, Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y delegado del gobierno federal en Guerrero, fue señalado de utilizar los programas sociales del gobierno federal, para construir su candidatura a la gubernatura del estado. En un video que circuló en redes sociales y portales de medios de comunicación se escucha cómo durante un evento de entrega de apoyos a comunidades el orador hace énfasis en que se aprendan el nombre del funcionario.

Los dos casos más recientes están relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de darse a conocer que esta empresa productiva del Estado otorgó de manera directa contratos por cerca de 365 millones de pesos a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, donde Felipa Obrador, prima hermana del presidente López Obrador, es accionista, Pemex dio a conocer que canceló dichos contratos. Se informó también que, en la actual administración, la empresa de Felipa Obrador ha participado en cuatro licitaciones públicas internacionales, resultando adjudicada en dos ocasiones junto con otras empresas.3

Y el último caso dado a conocer en los diarios, apenas el 4 de diciembre de 2020, se publicó que la empresa Vitol, un gigante comercializador de energéticos a nivel mundial, sobornó a funcionarios de Pemex durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la compañía Vitol pagó sobornos a funcionarios en Brasil, Ecuador y México para ganar contratos lucrativos y obtener ventajas competitivas que no fueron obtenidas de forma justa. Es importante destacar que la subsidiaria de Vitol en Estados Unidos desembolsó 164 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadunidense por el pago de más de dos millones de dólares en Brasil, Ecuador y México.4

El comercializador admitió a las autoridades su participación en una red de sobornos en Ecuador y México para obtener y retener contratos relacionados con la compra y venta de productos petroleros, entre 2015 y julio de 2020. En el caso de Ecuador, la estatal Petroecuador decidió excluir a Vitol de su lista de proveedores y clientes. En el caso de México, el 12 de diciembre de 2020, Pemex anuncia que suspende negocios con Vitol. Sin embargo, es claro que no es suficiente cancelar contratos o suspender negocios; se debe investigar y sancionar en caso necesario, lo cual en ninguno de los casos mencionados se ha hecho.

Todos estos casos son ejemplos de que el combate a la corrupción y la impunidad por parte del gobierno actual es mera propaganda. En ninguna de estas situaciones hay responsables demandados, sancionados y mucho menos detenidos; a lo más que ha llegado este gobierno es a cancelar algunos contratos ya emitidos.

Para sustentar lo anterior, cabe resaltar las siguientes cifras que dan cuenta de la situación actual en el país en materia de corrupción. De acuerdo con una encuesta levantada a nivel nacional entre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Datología (periódico Reforma) en marzo 2020, entre la primera (2019) y segunda edición (2020) del estudio, una mayor proporción de los mexicanos consideró que la corrupción había aumentado, pasando de 46 a 53 por ciento.

En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, que se levantó en 2019, según la cual el costo de la corrupción pasó de 7 mil 780 millones de pesos en 2017 a 12 mil 769 en 2019, es decir, en promedio, el costo de la corrupción por persona en 2017 era de 2 mil 450 pesos, y en 2019 fue de 3 mil 822 pesos, un incremento de 56 por ciento.

Es por todo ello que, a través de la presente proposición con punto de acuerdo, se busca insistir para que la autoridad competente investigue y, en su caso, emita las sanciones correspondientes en los casos de presunta corrupción relacionados con Pemex.

Con base en lo anterior, que someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que lleve a cabo una investigación exhaustiva en relación con los presuntos casos de corrupción en los contratos que Pemex otorgó a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, donde Felipa Obrador, prima hermana del presidente López Obrador, es accionista y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, para que realice una investigación exhaustiva sobre los presuntos pagos de sobornos a funcionarios de Pemex, por parte de la empresa Vitol y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes.

Notas

1 Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/
revela-loret-de-mola-imperio-inmobiliario-de-manuel-bartlett

2 Consultado en: https://latinus.us/2020/06/29/confirma-obtuvo-contratos-con-marca-herma no-zoe-robledo-imss/

3 Consultado en: https://latinus.us/2020/12/07/pemex-dieron-cuenta-amlo-contratos-prima- felipa/

4 Consultado en: https://www.milenio.com/negocios/pemex-recibio-sobornos-grupo-vitol-inv estiga-amlo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2020.

Diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las dependencias y entidades de la APF a no presionar a los servidores públicos, en particular a los de la Ssa, el Insabi, el IMSS y el ISSSTE, para realizar aportaciones voluntarias del aguinaldo, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guillermina Velasco González, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pago del aguinaldo es un derecho irrenunciable de los trabajadores, de acuerdo con el marco laboral en nuestro país. De conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.

Para el caso de los trabajadores del sector público federal, el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, señala que los servidores públicos cuya relación jurídica de trabajo se regula por esa Ley, tienen derecho a un aguinaldo anual que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna, y que se deberá pagar el 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero.

En el Decreto emitido por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de noviembre del presente, relativo a las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, no se estableció ninguna medida de austeridad relacionada al reintegro de una parte de éste por parte de los servidores públicos federales.

La única referencia que se hace al respecto, es que el Ejecutivo Federal decidió reintegrar a la Tesorería de la Federación, el 100 por ciento del monto por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año que le corresponde.

El día 6 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, emitió los Lineamientos Específicos para el pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

En estos Lineamientos, se establecieron las bases para la aplicación del Decreto del día 5 de noviembre, así como los criterios de la entrega oportuna del aguinaldo, de acuerdo con las características de las relaciones laborales que tienen dependencias y entidades.

En el contenido del documento de 15 hojas, no se motiva ni se fundamenta el tabulador de aportación voluntaria del aguinaldo por parte de los servidores públicos desde el nivel de Subdirector de Área hasta el de Secretario de Estado. Tampoco se establece cómo se realizará el mecanismo de aportación voluntaria.

En la aplicación práctica, se está ejerciendo presión a los servidores públicos para que realicen las aportaciones voluntarias de acuerdo al número de días indicado en dicho tabulador, los cuales va desde 1 a 7 días si se trata de subdirectores de área, de 7 a 15 días si son directores de área, de 12 a 15 días en el caso de directores generales adjuntos, 16 días en el caso de directores generales, 17 días para jefes de unidad, 18 días subsecretarios u oficial mayor y 20 días para secretarios de Estado.

Con este tratamiento que reciben los servidores públicos, se denigra el trabajo del servicio público, se genera deslealtad desde dentro del aparato burocrático en favor del Estado y se fomenta la corrupción.

Es aún más indigno, cuando a los trabajadores del sector salud, sobre todo del IMSS e ISSSTE, se les presiona e intimida para que hagan las aportaciones voluntarias de acuerdo con el nivel de su puesto.

Es por lo que, el presente punto de acuerdo, hace un llamado a los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, a no ejercer presión a los servidores públicos para que estos realicen aportaciones voluntarias del aguinaldo, y se excluya de esta medida sin fundamento legal, a los servidores públicos de la Secretaría de Salud, INSABI, IMSS e ISSSTE.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, hace un llamado a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a no ejercer presión de ninguna índole a los servidores públicos federales, a efecto de que realicen aportaciones voluntarias del aguinaldo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Segundo. – Asimismo, para que en la aplicación de los Lineamientos Específicos para el pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se excluya los servidores públicos de la Secretaría de Salud, INSABI, IMSS e ISSSTE.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de diciembre de 2020.

Diputada Marcela Guillermina Velasco González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y la Conagua a implantar acciones extraordinarias que fortalezcan el sector ganadero de BCS por la sequía en la entidad, a cargo de la diputada Ana Ruth García Grande, del Grupo Parlamentario del PT

Considerando

El sector ganadero en Baja California Sur, a través de sus diversos exponentes en todas sus modalidades, por referirnos a productores de ganado bovino y caprino, por ejemplo, han venido manifestándonos la apremiante situación por la que atraviesan y que, adelantan, se traducirá desafortunadamente en una crisis de efectos prolongados, esto en razón de que, además de tener en contra la cuestión geográfica, para el crecimiento o florecimiento adecuado de esta actividad –ya que son altas las cargas de agostadero en el territorio–, el fenómeno de sequía que se ha venido presentando en este funesto 2020, condicionado por los efectos climáticos del niño y la niña y la consecuente falta de precipitaciones pluviales, que mantiene los pozos y abrevaderos secos, sin duda les ofrece un panorama poco esperanzador pues, a su decir, hay muchas rancherías que a la fecha siguen “manteniendo” ganado mediante adquisición de forrajes con altos precios ante la escasez del vital líquido por falta de lluvias.

Por si las circunstancias referidas no fueran suficientes, en lo que va del año el sector también ha visto afectación ante el panorama actual, donde la pandemia generada por el covid19 ha generado una inflexión de nuestra economía, tanto nacional como regionalizada, pues esto ha tenido incidencia directa en la comercialización y venta de su productos, lo que concreta un círculo vicioso que incide negativamente en las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro estado que se dedican a esta actividad productiva como la fuente de sus ingresos.

Expresan además que, ante la necesidad de “mantener” a su ganado, los precios que tiene que pagar por forraje para ese fin, muchas veces lo encuentran en precios obscenos dado que, al no contar con empresa de forraje local, se termina adquiriendo este alimento donde se encuentre, lo que de suyo encarece su costo, por lo que expresan su planteamiento sobre la necesidad de adquirir forrajes a precios dignos y permanentes.

Manifiestan también que, al no contar con un rastro en la entidad que valide el ganado para su valuación y venta, se encuentran en desventaja comercial, con respecto a ganado de otras regiones lo que limita su capacidad de competitividad, dado que tampoco se cuenta con un tabulador de precios para venta de ganado.

En el caso del ganado caprino, actividad primaria que se ha venido desarrollando con evidente éxito en las comunidades de los municipios del norte del estado, y que demanda menores exigencias por cuanto a “mantenimiento” por la propia naturaleza de esta clasificación de ganado y su capacidad de sobrevivencia en climas agrestes, a decir de los productores también se ha visto afectada esta actividad productiva por los efectos de la sequía y, más específicamente, por la ausencia de apoyos al sector de parte de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, los cuales, en otras épocas recibían y les resultaban de bastante apoyo en circunstancias como las que ahora resienten, lo que los ha llevado incluso a considerar la solicitud de que se formalice una “declaratoria de emergencia” para este sector primario en Baja California Sur, y se atienda como imperativo el establecimiento de estrategias y acciones específicas para su fortalecimiento

Si bien las consideraciones expuestas, per se ponen de relieve la difícil situación por la que atraviesa el sector ganadero en Baja California Sur, habrá que decir que la emergencia sanitaria derivada del Sars-Cov2 que ha repercutido en la economía mundial, del país y desde luego del estado se traduce en un elemento adicional que suma más dificultades al sector, pues la contracción económica derivada de la pérdida de empleos, reducción de salarios y confinamiento ciudadano que ha traído consigo el virus ha tenido un indiscutible efecto demoledor al sector.

De ahí la fuente de argumento y motivación para la formalización del presente exhorto, pues debe decirse además que la geografía del estado cuenta con infraestructura hidráulica insuficiente, alguna muy vieja o en otros casos vandalizada, haciéndose urgente su rehabilitación, lo que suma al escenario inconvenientes para una solución inmediata y eficaz a la problemática que venimos exponiendo en este memorial.

Por esa razón se formula el presente exhorto con fundamento en que contribuir a garantizar el fortalecimiento del sector ganadero, eje indiscutible para la concreción de la suficiencia alimentaria del país, resulta tarea fundamental para el estado en estos momentos de incertidumbre económica, pues además resulta imperativo su apoyo en el estado, donde el sector turismo, el que le da su vigor económico más sobresalientemente, también se encuentra desafortunadamente afectado por los efectos de la pandemia, presentándose de vital importancia que se establezcan estrategias y acciones concretas por parte de las entidades exhortadas a efecto de impedir que el sector resienta mayores embates, argumentos en su conjunto que hacen insoslayable la actuación de la Sader y de la Conagua en Baja California Sur, con el enfoque que queda de manifiesto en el presente exhorto.

Por lo anterior solicito ante esta soberanía que se considere el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución:

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Nacional del Agua a implantar acciones extraordinarias que fortalezcan el sector ganadero y caprinocultor de Baja California Sur, afectados de manera importante a causa de la emergencia por la sequía en la entidad y la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Sars-Cov2.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2020.

Diputada Ana Ruth García Grande (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a entablar con la SE comunicaciones institucionales con sus homólogas de NL, implantar medidas restrictivas en actividades no esenciales y un plan de acción para que prosigan las esenciales asociadas a la alimentación, cumplir las disposiciones sanitarias y orientar a la población a observar las adoptadas a efecto de disminuir la cadena de contagios, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Carolina García Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La emergencia sanitaria derivada por el Covid-19 a escala mundial ha generado mucha tensión en las economías de todas las naciones, en el caso de México, durante el primer semestre del 2020 se registró una contracción de más de 10 por ciento respecto al primer semestre de 2019. De tal manera, la pandemia no sólo ha repercutido en la salud y el número de pérdidas humanas tenido: también ha profundizado una crisis económica.

De tal manera, los principales factores que han puesto en riesgo el bienestar de los mexicanos son

• La pérdida de empleo.

• La baja producción en diferentes sectores de la economía.

Por ello, la actual administración ha diseñado diferentes estrategias para reactivar la economía, principalmente las actividades relacionadas con la producción, distribución de alimentos y los servicios de salud.

Para una funcional reactivación económica se han considerado las características productivas regionales del país, dando prioridad a los sectores más vulnerables y siempre manteniendo una constante higiene en las actividades diarias.

Si bien se han puesto en marcha diversos programas para proporcionar alimentos a la población en los momentos más críticos de la pandemia, lo cierto, es que no solo con apoyos se podrá hacer frente a esta crisis transitoria, es necesario fortalecer el mercado local e impulsar medidas que permitan reactivar la economía en los municipios y estados, esto a través de puntos claves para hacer frente a esta crisis y sobre todo auxiliar a los ciudadanos a responsabilizarse y administrarse correctamente en momentos críticos.

En el esquema de producción y comercialización de alimentos no sólo el sector agrícola es importante.

Para hacer llegar alimentos a las mesas de las y los mexicanos, tienen igual de importancia las rutas para abastecer las centrales de abasto, los mercados y tianguis dado que son insumos básicos para garantizar la alimentación de la población.

Es necesario acatar y hacer cumplir las medidas de sanitarias, pero también es necesario garantizar el alimento como cumplimiento de los derechos humanos, por ello es necesario recordar que desde el pasado 25 de marzo, en conferencia matutina se mencionó que durante la contingencia sanitaria se regularía el funcionamiento de las cerca de 65 centrales de abasto que hay en México ya que ellas representan aproximadamente 5 millones de empleos directos a nivel nacional y otros tantos más, de manera indirecta.

No puede detenerse el funcionamiento de las centrales de abasto, ya que representa cerca de 1 por ciento del producto interno bruto de México, y si se obstruye el funcionamiento de la central de abasto y la red de mercados nacionales, se desarrollará una serie de efectos contraproducentes en cadena:

• La producción se detendría.

• Se incrementa el desperdicio de alimentos, principalmente por tratarse de alimentos perecederos.

• Aumentaría la pérdida económica de los productos básicos.

• La población carecería de alimentos frescos, de calidad y nutritivos.

Por ello se han tomado diferentes medidas sanitarias para las Centrales de Abastos mismas que se describen en la tabla siguiente:

Tabla 1. Medidas de Sanidad en la red nacional de centrales de abasto.

• Uso de gel antibacterial y cubrebocas;

• Jornadas de sanitización mucho más intensas;

• Uso de cubrebocas al despachar;

• Limpieza profunda y constante;

• Números telefónicos para realizar pedidos en línea;

• Redes sociales de la Sedeco (número telefónico, en la extensión 606).

Fuente: Elaboración propia con datos de la central de abasto, la Sedeco y la Red de Mercados de la Ciudad de México.

Tanto en la Ciudad de México como en las entidades federativas y las demarcaciones municipales, la coordinación que se tenga entre la Secretaría del Bienestar, la Sedeco y sus homólogos estatales, con las centrales de abasto correspondientes, son clave para afrontar la pandemia que se ha extendido en el mundo.

En esta contingencia, resulta imperioso que se mantengan la comercialización de alimentos, para que la población no tenga complicaciones por la mala alimentación o la carencia de ella misma.

Gráfica 1. Porcentaje de la población con un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria (nacional, urbano y rural).

La mayor parte de la población que cuenta con un ingreso menor del costo de una canasta alimentaria, siendo 34.3 por ciento en las zonas urbanas y 51.7 en rurales, esto significa que el grueso de la población vive al día, ya que no les alcanza para comprar por largos periodos de tiempo, ante ello, las centrales de abasto, mercados y tianguis se han destacado por tener precios accesibles, tener ofertas, estar ubicados en un lugar estratégico y tener un amplio abastecimiento de alimentos básicos para la población.

El 5 y 6 de diciembre del año en curso, en Monterrey, Nuevo León, los mercados y giros comerciales cerraron, lo cual ocasionó fuertes aglomeraciones durante el lunes 7, principalmente en el mercado de abasto Estrella y la central de abasto Monterrey.

Por ello, la Secretaría de Salud informó que se permitirá que permanezcan abiertos sábado y domingo, para efectos internos se hizo girar una circular con fecha del 11 de diciembre a los locatarios del Mercado de abasto Estrella, donde se les comunica:

El mercado permanecerá abierto sábados y domingos solo en su venta al mayoreo, cajas y bultos completos en adelante y a la venta al menudeo sólo servicio a domicilio (“Operará mercado Estrella al mayoreo sábado y domingo”, en Reforma, 11 de diciembre de 2020).

Sin embargo, este comunicado no es oficial por el gobierno estatal. Adicionalmente, la central de abasto Monterrey, con cerca de 250 negocios en su interior, permanece cerrada, y el 12 y 13 de diciembre se anunció que se mantendrán abiertos algunos accesos, pero sólo para labores de limpieza.

Nuevo León ha hecho públicas las medidas para avanzar en la nueva realidad del estado. Entre ellas, algunas contra el Covid-19 son

Tabla 2

Como se observa, entre estas medidas, las centrales de abasto son parte de las operaciones esenciales. Por ello, el reciente cierre que se ha tenido, ha sido de manera arbitraria causando serias afectaciones a la economía local, pero también a las familias que compran de manera frecuente en dichas centrales.

Por otra parte, resulta una política pública errada ya que lejos de cerrar las centrales, deberían de reforzarse las medidas sanitarias para proteger a los comerciantes y a los consumidores, ante ello es necesario que se tenga congruencia entre las medidas ante la Nueva Realidad y una reactivación responsable.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea el presente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la coordinación de la Secretaria de Salud con la de Economía puedan entablar comunicaciones institucionales con sus homólogas en Nuevo León, a fin de sugerir medidas restrictivas en actividades no esenciales y un plan de acción para que las actividades esenciales pertenecientes a la alimentación puedan permanecer abiertas, cumplir con las medidas sanitarias y orientar a la población a efecto de que cumplan con las medidas adoptadas para disminuir la cadena de contagios; del mismo modo y en el uso de sus atribuciones, solicito que las secretarías ejecuten las medidas necesarias para continuar con el abastecimiento de alimentos en toda la República Mexicana.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretarías de Salud, y de Economía y Trabajo de Nuevo León a reconsiderar las medidas restrictivas de cierre y horarios determinados en los mercados y centrales de abasto, ya que son esenciales y de vital importancia para la sostenibilidad alimentaria y la económica de la entidad; con la finalidad de evitar aglomeraciones se solicita que se adopten las medidas sanitarias necesarias como es el uso de cubrebocas, toma de temperatura, sana distancia y una y máximo dos personas por familia que acudan a los mercados y centrales de abasto de la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2020.

Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a mediar por la SHCP una mesa de diálogo FND-ejidatarios y pequeños propietarios de Baviácora, Sonora, a fin de resolver la problemática derivada de la imposibilidad de pagar créditos vencidos ante la institución, ocasionada hace años por el desastre ecológico y hoy por el SARS-Cov2, a cargo de la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) es un organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Banca de Desarrollo), que impulsa el desarrollo del medio rural a través de financiamiento incluyente para productores y mipymes.

Cuya misión es impulsar el desarrollo del medio rural y de las actividades del sector primario, a través del crédito y servicios financieros accesibles a productores, intermediarios financieros rurales y otros agentes económicos, con la finalidad de elevar la productividad y contribuir a mejorar el nivel de vida de la población.

En la región de Baviácora, en el río Sonora, hay un grupo de ejidatarios y pequeños productores que como muchos en el país ha tenido acceso a los créditos otorgados por la institución Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, sin embargo, por la crisis generada, primeramente en 2014 cuando sucedió un derrame de sulfato de cobre que se vertió a los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que causó un daño directo a los pobladores, productores y ejidatarios de esta región y que hasta la fecha la economía de la región no ha podido recuperarse.

Asimismo, el impacto ocasionado por la crisis sanitaria del virus del SARS-CoV2 ha sido muy significativo. La actividad económica en el país se desaceleró significativamente como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no esenciales. Esta decisión inevitablemente afectó a los ejidatarios y productores del río Sonora quienes se atrasaron en los pagos de sus créditos. Sin embargo, buscan llegar a un acuerdo con la institución a fin de sanear la situación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público medie una mesa de diálogo entre Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y ejidatarios y pequeños propietarios del municipio de Baviácora, Sonora, con la finalidad de resolver la problemática generada ante la imposibilidad de pago de créditos vencidos ante dicha institución ocasionados por la difícil condición económica que viven la población del río Sonora ocasionada hace años por el desastre ecológico y actualmente por la crisis sanitaria generada por el virus del SARS-CoV2.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2020.

Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, la SSPC, la Ssa, los gobiernos locales y los ayuntamientos a garantizar un regreso seguro de los migrantes a México para evitar extorsiones y robos, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Diputado Federal Juan Francisco Espinoza Eguia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante esta época del año regresan a nuestro país miles de migrantes mexicanos. Tan sólo en diciembre de 2019, se calcula que al menos 150 mil migrantes mexicanos cruzaron la frontera por Nuevo Laredo, en total el año pasado fueron cerca de 3 millones de mexicanos quienes cruzaron la frontera a nuestro país, sin embargo, este año no se tiene claro cuántos podrían regresar debido a la pandemia.1 Cabe mencionar además que el regreso de nuestros connacionales genera una derrama económica de más de 9 mil millones de dólares.

Estados Unidos es el principal destino de los migrantes mexicanos. De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2020, el número de mexicanos que viven en Estados Unidos es de 39 millones, además se estima que las remesas que lleguen al país durante este año asciendan a 39 mil 500 millones de dólares2

Ante la llegada de nuestros connacionales, el Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con el Operativo Invierno 2020 del Programa Paisano, que se realizará entre el 2 y 31 de diciembre. Este programa surgió en 1989 a partir de la propuesta ciudadana de organizaciones sociales, empresariales, religiosas y políticas a fin de controlar y eliminar gradualmente los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurren servidores públicos en contra de nuestros connacionales.3

En la Guía Paisano 2020, los connacionales pueden encontrar todo tipo de información, particularmente sobre los documentos que necesitan tener para ingresar al país, los pagos de derechos, permisos de importación, entre otros datos.4

Para este año, la Franquicia Fiscal para no pagar impuestos por introducir mercancías adicionales al equipaje al país por vía terrestre es de 500 dólares, se podrá ingresar sin pagar impuestos: ropa, calzado, productos de aseo y belleza, carriolas, dos cámaras fotográficas, tres celulares, una laptop, una agenda electrónica, dos equipos deportivos personales, libros, revistas, documentos impresos y tres mascotas, entre otros. Asimismo, se podrá ingresar sin pagar impuestos mercancías adicionales hasta por 500 dólares y el excedente se tendrá que pagar directamente en la aduana.5

Lamentablemente, en su retorno a México, los migrantes vuelven a ser víctimas de extorsiones, asaltos y del crimen organizado, incluso de los mismos agentes que están para protegerlos y servirlos. Algunos ciudadanos ya se han quejado en redes sociales el hecho de que en diversos puntos fronterizos y aduanales se establecen retenes para extorsionar a los automovilistas que cruzan la frontera con cualquier pretexto, imponiendo una tarifa que oscila entre los 100 dólares y hasta 30 mil dólares por camión de carga. Uno de los puntos que están denunciando es la Garita Aduanal del kilómetro 22 de la carretera Reynosa-San Fernando.6

En diciembre de 2019 también se habían reportado extorsiones de las autoridades a paisanos en aduanas y carreteras del país, a pesar de que la actual administración hizo el compromiso de campaña de terminar con la corrupción, extorsiones y “mordidas” hacia los connacionales que regresan a nuestro país en la temporada decembrina.7

Nuestros paisanos han contribuido con su trabajo al crecimiento y el desarrollo económico de México, las remesas que envían a nuestro país todos los años permiten a tener una mayor capacidad adquisitiva a sus familiares y estimulan el comercio, el emprendimiento y la economía en general. No podemos permitir que se trate de abusar de nuestros connacionales en su regreso a México.

Por otro lado, es importante señalar que, ante la pandemia por COVID-19, es necesario implementar medidas que eviten los contagios por la posible llegada masiva de connacionales. Actualmente, Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia por COVID-19, con 16 millones 184 mil 415 contagios y 297 mil 971 fallecimientos,8 además, las entidades más afectadas de ese país son California y Texas, estados con mayor presencia de mexicanos migrantes.

México también ha sido fuertemente afectado por la pandemia, al día de hoy se contabilizan un millón 241 mil 436 contagios y es el cuarto país con el mayor número de muertes con 113 mil 704 decesos.9

La cancillería mexicana ha exhortado a nuestros connacionales a evitar los viajes no esenciales precisamente por la pandemia, sin embargo, las autoridades reconocieron que sería inevitable frenar por completo el flujo de quienes regresan al país para vacacionar con sus familiares. No es posible negarle a un mexicano su derecho para transitar en su territorio, por ello, es importante fortalecer las medidas sanitarias de prevención necesarias para localizar posibles focos de contagio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Salud, a las entidades y municipios para que, de manera coordinada, garanticen un regreso seguro de los migrantes a México, para evitar extorsiones y robo.

Notas

[1] Inicia el Operativo Invierno 2020 del Programa Paisano, El Universal, en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inicia-el-operativo-invierno-2020 -del-programa-paisano

[2] Anuario de Migración y Remesas México 2020, Secretaría de Gobernación-BBVA, en:
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2020/

[3] Programa Paisano del INM, Instituto Nacional de Migración, en:
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-paisano-del-inm?idiom=es

[4] Guía Paisano, Instituto Nacional de Migración, en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/595749/GU IA_PAISANO_2020.pdf

[5] Ibidem.

[6] Referencia en Facebook, en: https://www.facebook.com/Mexico-codigo-rojo-106557367675505/

[7] Extorsionan autoridades de la 4T a paisanos en aduanas y carreteras del país, Insurgente Press, en:

https://insurgentepress.com.mx/extorsionan-autoridades-d e-la-4t-a-paisanos-en-aduanas-y-carreteras-del-pais/

[8] Mapa COVID, en:

https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Aes-419&mid=%2Fm%2F09c7w0

[9] Ibidem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al día 14 de diciembre del año 2020.

Dutado Juan Francisco Espinoza Eguia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a desarrollar planes de apoyo con recursos materiales y económicos, y cursos de capacitación continua en TIC para los profesores que realizan teletrabajo; y a la STPS, a organizar mesas de diálogo con autoridades, instituciones y poderes a efecto de adaptar e implantar los beneficios de esa modalidad, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A raíz de la pandemia por Covid-19, el trabajo a distancia se volvió indispensable. De un día para otro, millones de personas se vieron en la necesidad de llevar su oficina a casa para continuar realizando sus labores cotidianas. Si bien es cierto que la modalidad de trabajo a distancia ya estaba contemplada en la Ley Federal del Trabajo, la realidad es que nunca nos imaginamos que se pudiera convertir en algo permanente y tan difundido en amplios sectores productivos de la sociedad.

No obstante, este tipo de trabajo implica gastos no considerados antes en el hogar y que en una oficina, en un esquema tradicional, no corren a cargo del empleado. Dichos gastos son pago de luz, internet, telefonía, papelería y equipo de oficina, entre otros.

Esta carga económica no suele ser significativa, si por motivos de enfermedad, el empleado se tiene que quedar en casa unos cuantos días, pero cuando pasan algunas semanas o incluso meses, y la situación amenaza con prolongarse indefinidamente, comienza a ser un problema económico que pudiera generar tensiones entre empleados y empleadores.

El pleno de esta asamblea aprobó en días recientes el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social por el que se reforma el artículo 311 y adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de teletrabajo.

Esta reforma rescató las bondades del trabajo a distancia, también conocido como teletrabajo, tales como el mejoramiento de las relaciones con la familia, el ahorro por parte de las empresas y el trabajador, así como la oportunidad que brinda esta modalidad de trabajo de incluir a las personas con discapacidad al mercado laboral.

También se rescatan como beneficios las nuevas obligaciones especiales para las y los patrones, que incluyen, entre otras cosas, asumir los gastos que se deriven de la jornada laboral, como la parte proporcional de los servicios como luz, internet, teléfono, videollamadas, así como la instalación y mantenimiento de los equipos de cómputo, impresoras, sillas, entre otros.

Dicha reforma también contempla la capacitación y asesoría para el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, a cargo del patrón. Esta nueva disposición beneficiará a millones de trabajadoras y trabajadores, permitiéndoles conciliar su vida personal con la jornada laboral de una manera más armónica y productiva desde su casa.

Con ello, México puede gozar por primera vez las ventajas que esta modalidad de trabajo brinda a la ciudadanía, que lejos de limitarse a un tema de inclusión y ahorro, aportan grandes ventajas a la calidad de vida y protección al medio ambiente.

Requerimientos para la implementación del teletrabajo en México, 1 investigación realizada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, destaca las siguientes ventajas potenciales del teletrabajo desde la perspectiva del empleador:

Mejora la flexibilidad. La implantación del teletrabajo puede ser vista como una estrategia de flexibilización de la fuerza de trabajo como de la organización. Este puede ayudar en períodos de la empresa de transformación organizacional y en períodos de fluctuación de trabajo.

Mejora la productividad . El teletrabajo mejora la productividad porque disminuyen las interrupciones, provee un atractivo ambiente para el trabajo que requiere alta concentración, reduce el tiempo de transporte y reduce el ausentismo. Además, permite a las personas trabajar en sus mejores horarios. El teletrabajo puede mejorar la calidad del trabajo, incrementar la rapidez en la comunicación y en el proceso de toma de decisiones. El incremento en productividad es difícil de medir; sin embargo, se estiman incrementos de entre 15 y 25 por ciento.

Mejora el servicio al cliente. En empresas donde se debe brindar un servicio las 24-horas, el teletrabajo puede aliviar el tener que ir a media noche a la oficina, aunque cabe señalar que este no es un factor para la implementación. El servicio al cliente puede también ser mejorado incrementando el uso de la comunicación electrónica, donde los clientes pueden alcanzar a los empleados más rápidamente y recibir atención más personal y directa.

Se reduce el ausentismo. Algunas enfermedades no son una barrera, debido a que no se tiene que transportar, no tendrá un contacto cara a cara con alguien y el trabajo no necesitará realizarse en las horas convencionales de oficina. Además, el ausentismo por otras causas como emergencias familiares y citas personales también reduce.

Administración óptima del recurso humano. El teletrabajo puede ser una buena herramienta de contratación y retención del mejor talento. Adicionalmente, puede abrir nuevos mercados para personas con discapacidad, con hijos menores o personas adultas que cuidar. Por otra parte, se puede utilizar para contratar a través de terceros a empleados que no sean estratégicos y a la vez reducir los costos a la organización.

Se soluciona la falta de espacio de oficinas adecuado. El teletrabajo puede ser una solución cuando el área de oficinas es insuficiente.

Se gana espacio en oficina. Esto sucede cuando se comparten oficinas entre los empleados que tienen implementado el teletrabajo, sin embargo, puede o no darse y no es un factor importante para su implementación.

Influencia positiva en la imagen de la organización. La implementación del teletrabajo puede dar publicidad positiva a la empresa, cuando la gente se entera de la existencia de esta facilidad. La empresa es vista como socialmente responsable y que contribuye a la ecología.

Incrementan las posibilidades de trabajo para personas con discapacidad. El teletrabajo permite la integración de personas con discapacidad porque les permite trabajar en un ambiente mejor equipado para satisfacer sus necesidades personales. Sin embargo, no siempre es favorable para todos los discapacitados, ya que las necesidades de estas personas varían enormemente.2

Desde la perspectiva de la persona que trabaja bajo esta modalidad, este trabajo rescata las siguientes ventajas potenciales:

Flexibilidad. El empleado cuenta con mayor flexibilidad en determinar cuáles serán sus horas de su vida personal y cuál será su horario de trabajo. En todas las categorías de ventajas que pueden existir al presentarse telework como forma de trabajo, la flexibilidad en horario y lugar de trabajo quizá puede considerarse como la principal ventaja para el empleado.

Trabajo. Las principales ventajas que se pueden dar en el trabajo son más trabajo realizado por el empleado, gran orientación al autocontrol orientado a resultados, menos estrés relacionado con el trabajo y posibilidad del incremento de la autonomía.

Ambiente de trabajo. En el hogar se puede disponer de un espacio mayor y más placentero al que se podría tener en una oficina concurrida. Además, se puede disponer de mayor privacidad y menores interrupciones o distractores.

Familia. Si se es organizado se puede contar con mayor tiempo para la vida personal, mayor tiempo con la familia y con amigos. Aunque muchas veces no se puede ver claro si existe mayor tiempo para estos aspectos. Si se ve claro en que el empleado es libre de determinar cuándo asigna sus tiempos para estas actividades y cuándo para el trabajo.

Interacción social y profesional. Interacción con familiares y amigos pueden ayudar a continuar con la interacción personal y aliviar el problema de la soledad que pudiera llegar a presentar el empleado. El nivel de soledad o aislamiento que perciba el empleado dependerá en mucho de su personalidad, pues muchas personas demandan algún nivel de aislamiento para poder desarrollar mejor su trabajo.

Localización. El empleado puede tener la posibilidad de continuar en su empresa aunque éste tenga la necesidad de un cambio de residencia.3

Sin embargo, esta reforma beneficia por el momento sólo a los trabajadores que se encuentran en el sector privado, por lo que es pertinente preguntarse ¿qué pasa con los trabajadores que laboran en el sector público? La realidad es que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, pues muchos de ellos se han visto obligados a trabajar desde casa, sin las garantías que esta reforma propone.

En México hay más de 6 millones de trabajadores al servicio del Estado; sin embargo, si solo se enfoca este problema al cuerpo de maestras y maestros se habla de más de un millón de ellos todo el país. Durante la pandemia, muchos de ellos han estado realizando trabajo desde sus casas utilizando sus propios equipos de cómputo y asumiendo los costos de luz, internet, así como de los materiales de trabajo.

De acuerdo con un estudio publicado por la revista Nexos, un aproximado de 82 por ciento de maestras y maestros se encuentran trabajando a distancia debido al Covid-19 (gráfica 1); cada uno dedica diferentes horas al día, provocando que no haya unicidad y disciplina operativa para sortear los problemas que vive el sector educativo (gráfica 2).4

Gráfica 1. Porcentaje de docentes que está implantando educación a distancia.

Gráfica 2. Horas dedicadas a la educación a distancia (porcentaje).

Aunado a lo anterior, a muchas y muchos docentes se les ha dificultado esta modalidad de trabajo, pues en ningún momento se llegaron a considerar relevantes las capacitaciones necesarias para el manejo de las plataformas de educación a distancia (gráfica 3).5

Gráfica 3. Dificultad que han percibido para desarrollar el trabajo a distancia (porcentaje).

Otros países ya han implantado reformas que buscan beneficiar a los trabajadores del sector público que se encuentran realizando trabajo en casa, ejemplo de ello se registra en España, donde entre los sindicatos y el gobierno aceptaron regular el teletrabajo a 3.2 millones de empleados públicos, quienes, a través de las tecnologías de la información, tendrán la posibilidad de operar las responsabilidades que hacían de manera ordinaria.6

También destaca el caso de Costa Rica, quien a través decreto no. 39225 define el teletrabajo, instaura una coordinación técnica encargada del mismo, reglamenta las condiciones laborales, establece los sistemas de control y evaluación, promueve la capacitación y dicta las pautas de investigación en la materia.7

Esto no solo demuestra que a escala internacional hay amplio interés de regular el teletrabajo en el sector público, sino que además hay iniciativas y recomendaciones de organismos internacionales que promueven que se regule esta modalidad en los gobiernos de todos los países; tales como las que se presentan a continuación:

C177, Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (número 177), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Artículo 4

1. En la medida de lo posible, la política nacional en materia de trabajo a domicilio deberá promover la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y los otros trabajadores asalariados, teniendo en cuenta las características particulares del trabajo a domicilio y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o similar efectuado en una empresa.

2. La igualdad de trato deberá fomentarse, en particular, respecto de

(a) el derecho de los trabajadores a domicilio a constituir o a afiliarse a las organizaciones que escojan y a participar en sus actividades;

(b) a protección de la discriminación en el empleo y en la ocupación;

(c) la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo;

(d) la remuneración;

(e) la protección por regímenes legales de seguridad social;

(f) el acceso a la formación;

(g) la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo;

(h) la protección de la maternidad.8

En la recomendación R184, sobre el trabajo a domicilio, 1996 (número 184), de la OIT, se exhorta a los Estados parte a tomar en cuenta en las legislaciones en este tema los siguientes beneficios: i) control del trabajo a domicilio; ii) edad mínima; iii) derecho a sindicación, remuneración, seguridad y salud en el trabajo; iv) horas de trabajo; v) periodos de descanso, vi) licencias, vii) protección laboral en caso de que se termine la relación, viii) solución de conflictos, ix) programas de apoyo técnico; y x) finalmente acceso a la información.9

Asimismo, los objetivos 5, 8, 9 y 16 de la Agenda 2030 se adecuan a la meta del presente exhorto, ya que en cada uno de ellos se busca que haya igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo entre hombres y mujeres (objetivo 5), que haya empleo pleno, productivo y con goce de todos los derechos laborales (objetivo 8), que se aumente y se fomente el uso de las tecnologías de la información (objetivo 9) y se promueva una legislación no discriminatoria que busque el desarrollo sostenible en nuestra sociedad (Objetivo 16).10

Con la consolidación del teletrabajo, y de manera prioritaria a favor de los maestros y maestras que educan en escuelas públicas: (i) se acorta la brecha de género y los conflictos familiares, (ii) se garantiza que los docentes no inviertan dinero extra para desempeñar su labor, (iii) se les capacita en el uso de tecnologías de la información y (iv) se fortalece la inclusión laboral que ha caracterizado al gremio de maestros.

Como representantes populares es nuestra obligación escuchar y levantar la voz ante las dificultades que vive el cuerpo docente de nuestras escuelas públicas, el cual tal como se ha documentado en diferentes reportajes, se visualiza la precariedad y dificultad que viven las y los maestros al tener que destinar mayores recursos a su propia capacitación o servicios.

Por ello no solamente debemos rescatar las recomendaciones de la OIT y seguir la hoja de ruta que traza la Agenda 2030, sino también apelar a nuestros principios constitucionales de garantizar el derecho al trabajo digno y socialmente útil, por lo que la regulación y promoción del teletrabajo en el sector público es factible porque se impulsa la austeridad republicana, la salud de los trabajadores y mayor equidad en las oportunidades laborales a sectores históricamente desprotegidos.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a considerar en el ámbito de sus atribuciones el desarrollo de planes de apoyo para recursos materiales y económicos, para que las maestras y los maestros que se encuentran desempeñando sus labores mediante la modalidad de teletrabajo, puedan hacerlo de manera óptima.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a brindar en el ámbito de sus atribuciones cursos de capacitación continua en tecnologías de la información y comunicación a las maestras y los maestros que están desempeñando labores en la modalidad de teletrabajo.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a organizar en el ámbito de sus atribuciones mesas de diálogo con distintas autoridades, instituciones y poderes a fin de elaborar un proyecto para la adaptación e implantación de los beneficios del teletrabajo a todos los trabajadores al servicio del Estado.

Notas

1 Nora Cantú, Karla Montelongo y Ruth Bueras. “Requerimientos para la implementación del teletrabajo en México”. Tecnológico de Monterrey. Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2020. Disponible en

https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/573104 /DocsTec_6238.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2020.]

2 Ibídem, páginas 22-24.

3 Ibídem, páginas 27-29.

4 Carlos Mancera Corcuera, Leslie Serna Hernández y Martha Barrios Belmonte. “Pandemia: maestros, tecnología y desigualdad”, en Nexos . Fecha de publicación: 29 de abril de 2020. Disponible en https://educacion.nexos.com.mx/?p=2286 [Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2020.]

5 Ibídem.

6 Raquel Pascual Cortés. “Gobierno y sindicatos pactan el teletrabajo para 3.2 millones de empleados públicos”, en El País. Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2020.

7 Claudia Gambia. “Teletrabajo. Marco teórico-conceptual. Iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados. Derecho comparado y opiniones especializadas”. Fecha de publicación: Diciembre de 2017. Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-18-17 .pdf [Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2020.]

8 OIT. “C177, Convenio sobre el trabajo a domicilio”. Fecha de publicación: 1996. Disponible en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I LO_CODE:C177 [Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2020.]

9 OIT. “R184, Recomendación sobre el trabajo a domicilio”. Fecha de publicación: 1996. Disponible en

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100: 0::NO::P12100_ILO_CODE:R184 [Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2020.]

10 ONU. “Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”. Fecha de publicación: 2015. Disponible en

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-d e-desarrollo-sostenible/ [Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2020.]

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2020.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Mesa Directiva y la Jucopo de esta soberanía a celebrar sesión solemne en homenaje del personal médico fallecido enfrentando la pandemia de Covid-19, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y en las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, a celebrar una sesión solemne para rendir homenaje al personal médico que ha perdido la vida haciendo frente a la pandemia de Covid-19, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde el inicio de la pandemia fue evidente que el gobierno federal estaba subestimando la gravedad del problema, a finales de marzo y principios de abril de 2020, eran ya recurrentes los brotes de contagio en hospitales públicos, lo cual, evidenciaba la escasez de insumos y materiales de protección para la protección del personal médico y los pacientes.

Se hizo común ver, todos los días, manifestarse médicos, enfermeras y demás personal de salud exigiendo lo más básico para prevenir contagios en los hospitales.

Sobran videos e historias en redes sociales que atestiguan la falta de mascarillas, guantes, caretas, y demás material e instrumental médico y sanitario.

A falta del material mínimo para su protección, el personal médico tuvo que prestar sus servicios en condiciones precarias de seguridad sanitaria, poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares.

El propio gobernador de Baja California denunció que el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su estado, estaba “cayendo como moscas”, debido a que no se les había dado protección.

Las declaraciones del mandatario estatal se dieron como consecuencia de los brotes de coronavirus detectados en los hospitales número 1 y número 20 del IMSS, en Tijuana.

En este mismo sentido, el actor Eugenio Derbez publicó un video en redes sociales para exponer y denunciar la problemática que se vivía los hospitales públicos.

En el video el actor lee la carta que un médico le había compartido para denunciar las carencias que sufrían los hospitales del IMSS en Baja California, señalando: “no contamos con el equipo y material para poder protegernos, lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa. Estamos invirtiendo más de la cuarta parte de nuestro salario para poder conseguir equipo”.

El actor pidió donativos de materiales como batas desechables, máscaras desechables, guantes y otros implementos básicos; mostrando en pantalla, una lista de lo que requería el personal médico para poder afrontar al Covid-19 con seguridad.

Las autoridades del IMSS, lejos de atender las demandas del personal de salud en sus hospitales de Tijuana, optaron por la confrontación sin bases, desestimando las innumerables denuncias por la falta de insumos y materiales médicos para enfrentar la pandemia.

El tiempo le daría la razón a Derbez y a miles de mexicanos que desde un inicio denunciaron la falta de respuesta de las autoridades federales para hacer frente a la pandemia. Hoy en cifras, el IMSS es la institución pública de salud donde más mexicanos hospitalizados por coronavirus han muerto; no solo eso, el IMSS ocupa el nada honroso primer lugar entre las instituciones de salud con mayor número de muertes entre su personal, a causa del Covid-19.

La falta de equipo y material médico no fue privativo de los hospitales del IMSS, también afectó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a los hospitales de la Secretaría de Salud.

No fueron pocos los trabajadores de la salud que debieron comprar con sus propios recursos el material para su protección personal, pues el gobierno federal nunca cubrió las necesidades y cuando lo hizo fue con material de muy poca calidad.

Solo habría que recordar cómo algunos gobernadores le regresaron al gobierno federal material médico que se pretendía fuera usado para enfrentar la epidemia, pero debido a su muy mala calidad, fue desechado.

En Twitter, los mandatarios estatales expusieron que la cantidad de insumos médicos era “absolutamente insuficiente”, y que su calidad era “penosa”, exhibieron en fotografía unas batas delgadísimas casi transparentes y los cubrebocas de ínfima calidad que les había proporcionado el gobierno federal.

A la falta de equipo y material médico y sanitario se sumaron agresiones por parte de personas que, por ignorancia o malicia, ofendían o atacaban a los trabajadores de la salud cuando se encontraban en lugares públicos.

Como consecuencia de lo anterior, según la encuesta al personal médico de Mitofsky, la mayor parte del personal médico, de enfermería y del sector salud, calificó como mala la actuación del gobierno federal para protegerles ante la pandemia del Covid-19.

El 74 por ciento de los encuestados calificó como mala la intervención del gobierno federal en el control de la pandemia, solo un 15 por ciento consideró que las autoridades federales habían actuado bien.

Resulta revelador que quienes están en la primera línea de combate al coronavirus perciben un panorama más negativo sobre las pésimas medidas tomadas por el gobierno para proteger a los trabajadores de la salud.

Asimismo, el 65 por ciento del personal del sector salud considera que ha sido muy mala la actuación de las autoridades para evitar que más personas mueran a causa de coronavirus.

Por último, el 68 por ciento del personal médico encuestado desaprobó la actuación del Ejecutivo federal, quien desde un principio se ha negado al uso del cubrebocas, dando un mal ejemplo a la ciudadanía y contribuyendo al aumento de contagios.

Somos el país donde más personal médico ha muerto por Covid-19; hasta principios de noviembre ya sumaban mil 884 muertes de personal de salud por coronavirus, así como otras 198 muertes sospechosas.

Igualmente, se registraban 140 mil 196 casos de coronavirus confirmados entre el personal de salud, la Ciudad de México y el estado de México son las entidades federativas que registran mayor número de contagios y muertes de personal médico por Covid-19.

El personal de enfermería ha sido el sector más afectado, con 41 por ciento de los casos registrados, seguido de otros trabajadores de la salud, con 29 por ciento; médicos con 26 por ciento; laboratoristas 2 por ciento y odontólogos con 1 por ciento.

El descuido e insensibilidad mostrada por el gobierno federal ha convertido a estos héroes en mártires, esta soberanía no puede negarles un homenaje por su heroica labor en beneficio de millones de mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo:

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a celebrar una sesión solemne para rendir homenaje al personal médico que ha perdido la vida haciendo frente a la pandemia de Covid-19.

Dado en la Cámara de Diputados, a 15 de diciembre de 2020.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a estructurar e implantar por diversas secretarías un programa urgente destinado a frenar el cierre de más medianas, pequeñas y microempresas; y a los 32 gobiernos locales y los ayuntamientos, a establecer planes de apoyo o condonación en el pago de derechos e impuestos, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y en las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Bienestar, y de Trabajo y Previsión Social a estructurar e implementar un programa de emergencia para frenar el cierre de un mayor número de medianas, pequeñas y micro empresas; asimismo, a los gobiernos de las 32 entidades federativas y de todos los municipios del país a implementar, en el ámbito de sus competencias, programas de apoyo y/o condonación en el pago de derechos e impuestos locales, con la finalidad de proteger a las economías locales, con base en las siguientes

Consideraciones

Democracia es exigirle al Estado presencia permanente para resolver los problemas y desafíos cotidianos y extraordinarios, en un Estado democrático la política económica debe mirar por el bienestar de la mayoría, no así por los intereses de los gobernantes.

Democracia es contar con un gobierno capaz de hacer frente a las necesidades y emergencias que trae el gobernar.

Democracia es exigir al Estado la aplicación irrestricta de la ley, en un Estado democrático no tiene cabida la justicia selectiva que deja en libertad a criminales confesos y legitima la corrupción propia o de los suyos.

También, democracia es exigir que el Estado no se sobrepase en sus acciones y funciones, como ocurre cuando se cancelan plantas industriales, rondas petroleras, contratos de energías renovables con simples argumentos falaces.

En este orden de ideas, es preocupante ver como nuestra democracia se resquebraja aceleradamente, tenemos un Ejecutivo federal ausente de los graves problemas que padece el país, pretexta libertad para no declarar obligatorio el uso del cubrebocas, cuando hoy es el único método que tenemos para hacer frente al contagio por coronavirus; no asiste personalmente a los damnificados en Tabasco para no mojarse los pies; no se ocupa de la crisis económica, que ya pauperizó a todo el país con la falacia de que no se ocupará el dinero del pueblo para salvar empresas y negocios.

En cambio, todas las mañanas se hace presente para promover la discordia; linchar y denostar a los que no comparten su visión de país; calumniar a sus críticos; amenazar e intimidar a sus opositores y hasta recurrir al espionaje para arremeter y desarticular movimientos sociales; todo con una sola constante, la mentira.

El actual gobierno se ha caracterizado por su ineptitud e inoperancia en todas las áreas, sin embargo, en materia económica su incapacidad fue evidente desde antes de asumir el poder.

Solo basta recordar la pésima señal que se envió a inversionistas y capitales nacionales y extranjeros con la cancelación del que sería el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Los efectos, de tan torpe decisión fue el decrecimiento de la economía mexicana en el primer año de gobierno.

Los errores se han seguido dando de manera cotidiana, cancelación de rondas petroleras; la cancelación por encuesta de la planta de Constellation Brands; el cambio unilateral de las reglas para la operación de las plantas de energía renovable, etcétera.

La pandemia por Covid-19 solo agravó la mala situación económica que ya vivía el sector productivo nacional. Así con el paro de la actividad industria y el cierre de comercios por el confinamiento sanitario decretado por el gobierno durante los meses de abril y mayo se causó un grave daño a la actividad económica del país, lo cual se agravó con la falta de medidas de apoyo, así como el diferimiento o condonación en el pago de impuestos, como ocurrió en la mayoría de las naciones alrededor del mundo.

Esta situación, provocó el cierre de más de un millón de micro, pequeños y medianas empresas que no pudieron cubrir los gastos para seguir operando, debido a que no pudieron tener ingresos en dos o más meses.

El gobierno federal fue del todo insensible, no solo no les dio apoyo o facilidades para cumplir sus obligaciones fiscales o de carácter laboral, por el contrario, los presionó para obligarlos a pagar impuestos cuando sabía que la pandemia se alargaría, por lo menos todo un año y que la apertura de negocios se haría de manera escalonada y con foros reducido.

No se requería ser experto para poder prever la magnitud de la crisis económica que se avecinaba con la negativa del gobierno federal para apoyar a estos medianos y pequeños negocios, hoy sabemos que cerraron poco más de un millón de negocios en nuestro país.

Las cámaras empresariales no se cansaron de señalar lo grave que resultaría la negativa del Ejecutivo federal para otorgar apoyos fiscales, aplazamiento de pagos de derechos y cuotas de IMSS e Infonavit.

El Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había en el 2019, solo sobrevivieron 3.85 millones a los efectos económicos por la Covid-19, solo este año cerraron un millón 10 mil 857 establecimientos, lo que representa el 20.81 por ciento del total de los negocios que existían en 2019.

Las medidas de distanciamiento social, aunado a la falta de medidas de apoyo por parte del gobierno federal, fueron la causa no solo del cierre de más de un millón de negocios, sino de la pérdida de millones de empleos. Según datos del propio Inegi, en los establecimientos que cerraron definitivamente trabajaban más de 3 millones de personas, aunado a lo anterior, los negocios que no cerraron operaciones redujeron su plantilla laboral en 1.15 millones de plazas de trabajo.

En total, las pequeñas, medianas y micro empresas dejaron de ocupar a 4.12 millones de personas, como consecuencia de un argumento simplista de que no se apoyaría a las empresas, perdieron su fuente de trabajo y sustento.

Datos del Inegi señalan que en septiembre del presente año se registraban 11.77 millones de personas ocupadas, lo que representa una disminución de 19.68 por ciento con respecto a la población ocupada en mayo de 2019.

Igualmente señala que la actividad económica más afectada fue la relacionada con servicios privados no financieros, que vio cerrar de manera definitiva el 24.92 por ciento de las empresas relacionadas con su giro; seguido de la actividad comercial con el 18.98 por ciento y la manufacturera con un 15 por ciento.

La Encuesta sobre el Impacto Generado por Covid-19 en las Empresas (Ecovid-IE), revela que alrededor de 1.87 millones de empresas en el país, 86.6 por ciento del total indicaron haber tenido alguna afectación a causa de la pandemia.

Las principales afectaciones indicadas fueron la disminución de los ingresos con un 79.2 por ciento del total, baja en la demanda de sus productos y servicios que ofrecen con el 51.2 por ciento y escasez de insumos o productos para poder operar con un 22.8 por ciento.

Las empresas más afectadas en sus ingresos fueron las que no prestaban servicios esenciales pues vieron reducir sus ingresos en un 100 por ciento, mientras tenían que seguir haciendo frente a gastos de renta, seguridad, servicios de luz, agua y telefonía; además, pago de nomina, seguridad social de trabajadores e impuestos.

El cierre masivo de Mipymes a causa del Covid-19 y la pésima gestión del gobierno federal que se negó una y otra vez a otorgarles apoyos y condonaciones fiscales provoco la pérdida de millones de empleos. Se espera que por segundo año consecutivo la economía mexicana sufra decrecimiento; esta vez se calcula que la caída del producto interno bruto (PIB) sea de dos dígitos.

Para el próximo año, Banorte predice un crecimiento del PIB de solo 4.1 por ciento, este pronóstico es de los más optimistas. En este sentido se espera una lenta recuperación económica, para la mayoría de los especialistas, la recuperación del porcentaje del PIB que se perdió en estos dos primeros años de gobierno solo ocurrirá hasta 2023, eso, si el gobierno rectifica sobre sus malas decisiones.

Asimismo, la encuesta de Ecovid-IE señala que a nivel nacional, el 37.6 por ciento de las empresas consideran que podrán continuar operando más de 12 meses con sus actuales niveles de ingresos, 46.6 por ciento lo podrán hacer de tres a menos de 12 meses y 15.8 por ciento solo hasta 3 meses, con lo cual es evidente que se requiere de la intervención urgente de los tres órdenes de gobierno para no ver agravada la situación catastrófica que ya padecen millones de mexicanos que se han visto empobrecer y trastocar su bienestar.

El estudio revela que solo el 5.9 por ciento de las empresas recibieron algún tipo de ayuda, mientras que el 94.1 por ciento restante no ha sido beneficiada por ningún tipo de ayuda del gobierno federal.

Por último, 61.3 por ciento de los encuestados coincidieron en señalar que el apoyo que más les urge para poder hacer frente a la difícil situación que atraviesan por causa de la crisis económica provocada por la pandemia son los apoyos fiscales por parte de las autoridades hacendarias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes resolutivos:

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Bienestar, y de Trabajo y Previsión Social a estructurar e implementar un programa de emergencia para frenar el cierre de un mayor número de medianas, pequeñas y microempresas.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas y de todos los municipios del país a implementar, en el ámbito de sus competencias, programas de apoyo y/o condonación en el pago de derechos e impuestos locales, con la finalidad de proteger a las economías locales

Referencias:

https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2 020/OtrTemEcon/ECOVID-IE_DEMOGNEG.pdf

https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2 020/OtrTemEcon/ECOVID-IE_DEMOGNEG.pdf

Dado en la Cámara de Diputados, a 15 de diciembre de 2020.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)



Efemérides

Con motivo del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Para la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante es toda persona que se desplaza a través de una frontera, ya sea al interior de su país o una internacional. Entre sus características se sitúa que deja su lugar habitual de residencia, indistintamente de su situación jurídica, por carácter voluntario o forzoso y duración de estancia.1

No es un fenómeno nuevo que corresponda sola a una nación, por tal motivo, ante su aumento exponencial y por los desafíos que constituye, el 4 de diciembre de 2000, la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución 55/93 con la que se proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante.

En dicha determinación se realizó un llamado a los estados nación, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a fin de fortalecer el trabajo en favor de las libertades de las personas migrantes, para que así, no vean trasgredidos sus derechos más elementales.2

A nivel mundial, el año pasado 272 millones de personas tuvieron la categoría de migrantes, de los cuales, 48 por ciento fueron mujeres. Al tratarse por continentes, 30 por ciento correspondieron a Europa, seguido de las Américas con 26 por ciento, África con 10 por ciento y Oceanía con 3 por ciento, principalmente.

Conforme al Anuario de Migración y Remesas 2020, la población migrante mexicana se concentra en América del Norte, específicamente en los Estados Unidos con 97.4 por ciento, procediendo originariamente de entidades federativas como Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México.

Llama la atención que, entre los estados con mayor destino en el país del norte se encuentra California, Texas e Illinois, con una relación general de 108 hombres por cada 100 mujeres.3

Para tener un panorama del flujo de personas, es relevante hacer mención de los resultados del Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2020, quien señala que 13 millones 228 mil 040 personas ingresaron a nuestro país durante este año, de los cuales 10 millones 381 mil 125 fueron extranjeros no residentes y 116 mil 677 fueron migrantes orientados.4

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica identificó que, por lo menos, 21.5 millones de mexicanos que representan 17.2 por ciento de la población total, residen en una entidad distinta a la de su nacimiento y al menos 1.07 millones nacieron en el extranjero.5

Las estadísticas mencionadas dejan clara la complejidad y los retos que trae consigo la migración, las poblaciones migrantes y los grupos vulnerables que, por su situación económica, de seguridad o cualquier otra índole, se ven en la necesidad de abandonar su lugar de nacimiento.

Sirva esta efeméride para visibilizar sus problemáticas y generar un mayor compromiso para atenderlas de manera integral, a través de diálogos entre países y el intercambio de experiencias exitosas entre regiones, reconociendo que las personas migrantes con su trabajo han coadyuvado al bienestar, desarrollo social y crecimiento de las actividades económicas.

Estoy convencida de que, las y los migrantes sin distinción geográfica, económica o social deben tener garantizado el respeto a sus derechos humanos y un conjunto de acciones para protegerlos, con recursos disponibles y políticas públicas específicas.

Ha quedado evidenciado que durante la crisis económica y de salud pública provocada por el Coronavirus, Covid-19 han resultado afectados, ya que, al no contar con documentos de identidad, hablar idiomas distintos y portar pocos recursos son relevados de la atención médica y otros derechos como empleo, seguridad social o educación.

Es apremiante continuar trabajando para que, independientemente del lugar donde se encuentren las y los migrantes mexicanos, reciban asistencia oportuna del Estado y sus instituciones de procuración e impartición de justicia, con un enfoque de derechos que les permita acceder a la justicia, al debido proceso y a la reparación integral del daño.

El gobierno federal, no puede ser omiso ante los actos arbitrarios de los que son víctimas nuestros connacionales durante su proceso de deportación, ante tal situación, tenemos que avanzar por transparentarlos y ampliar las políticas que busquen el asesoramiento, ayuda y protección de niñas y niños no acompañados, mujeres, adultos mayores o con alguna discapacidad.

Somos una de las naciones expulsoras de migrantes en el mundo, por tal motivo, debemos contar con una política para asegurarles el respeto a sus derechos humanos, condiciones dignas para su retorno y apoyos para mejorar su calidad de vida.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas. (2020). Migración. 14/12/2020, de ONU Sitio web:

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html#:~:text=
La%20Organizaci%C3%B3n%20Internacional%20para%20las,2)%20el%20car%C3%A1cter%20voluntario%20o

2 Organización de las Naciones Unidas. (2001). Proclamación del 18 de diciembre Día Internacional del Migrante. 14/12/2020, de ONU Sitio web: https://undocs.org/es/A/RES/55/93

3 Secretaría de Gobernación. (2020). Anuario de Migración y Remesas México 2020. 14/12/2020, de Gobierno de México y Fundación BBVA Sitio web:
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2020/10/Anuario_Migracion_y_Remesas_2020.pdf

4 Secretaría de Gobernación. (2020). Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2020. 14/12/2020, de Gobierno de México Sitio web:
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/
Boletines_Estadisticos/2020/Boletin_2020.pdf

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de julio) datos nacionales. 14/12/2020, de INEGI Sitio web:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Poblacion2020_Nal.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 15 de diciembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rubrica)