Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASE de Guerrero a fiscalizar al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del estado, a cargo de la diputada Idalia Reyes Miguel, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Idalia Reyes Miguel , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero a realizar una auditoría al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg) , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 30 de ictubre del año en curso, el titular del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg), Jesús Urióstegui Alarcón, declaró que las finanzas de la institución a su cargo están colapsadas en tal grado que “no hay dinero para pagar a sus seis mil jubilados y pensionados”. Específicamente advirtió que “será complicado pagarles a los jubilados la mensualidad de diciembre, de enero y el aguinaldo” del presente año.

Dichas declaraciones han generado alarma entre los derechohabientes, reviviendo los temores de una virtual quiebra técnica del Issspeg. En consecuencia, los interesados demandan certeza sobre el manejo de los recursos del instituto con la finalidad de saber si sus derechos no serán menoscabados en los próximos meses.

Sumado a lo anterior, los trabajadores que cotizan al Issspeg tienen serias dudas sobre el manejo de los bienes inmuebles que con anterioridad fueron adquiridos con sus cuotas. Hay opacidad en torno de los ingresos generados y del uso de distintos edificios que constituyen parte del patrimonio del Instituto por lo que demandan certeza jurídica al respecto.

Es debido a que el patrimonio y los intereses de miles de guerrerenses están en riesgo sin que hasta la fecha se tenga un análisis veraz y oportuno de las finanzas del mencionado Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que la demanda de una auditoría toma validez, máxime cuando la Auditoría Superior del Estado ha dado largas a la demanda de revisión de las cuentas del Instituto sin presentar resultado alguno al momento. Igualmente porque el gobierno del estado no ha resuelto la problemática que año con año mantiene en la incertidumbre a miles de jubilados y pensionados.

Por lo menos desde el año 2014, un numeroso grupo de jubilados y pensionados, a los que se sumaron trabajadores en activo, demandaron la realización de una auditoría y el saneamiento de las finanzas del Issspeg con la finalidad de garantizar su viabilidad en el largo plazo y el pago oportuno de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones a miles de guerrerenses.

El diagnóstico fue que la insolvencia se derivaba de los adeudos que varios municipios y otras instancias gubernamentales mantenían con el Issspeg al no pagar en tiempo y forma sus obligaciones. En consecuencia, se llegó a una serie de acuerdo para que estos rezagos se fueran cubriendo mediante pagos parciales a las arcas del Issspeg.

No obstante, en la actualidad la amenaza de insolvencia se hizo nuevamente presente. Esto porque, a decir del titular del Issspeg, con el pretexto de la pandemia los municipios dejaron de cumplir con el acuerdo de pago hasta acumular un rezago de 900 millones de pesos.

Destacan aquí los municipios de Acapulco, Chilpancingo y Leonardo Bravo, que mantienen adeudos históricos millonarios acrecentados en el presente año debido a la pandemia, dado que incumplieron los compromisos que al respecto mantenían con el Issspeg y no cubrieron adecuadamente los correspondientes al año en curso. Por ejemplo, en el caso de Acapulco, se incumplió el compromiso de saldar su deuda de 42 millones de pesos del año 2019 pagando en marzo 12 millones y en cada uno de los meses de abril, mayo y junio 10 millones de pesos, además mantendría al corriente en su pago mensual de 12 millones de pesos. Lo mismo ocurrió en el caso de Chilpancingo con su adeudo de 93 millones de pesos, con la Comisión de Agua y Alcantarillado de Acapulco y con el municipio de Taxco (que debe 10 millones de pesos).

Todo esto hace más perentoria la necesidad de un examen objetivo, independiente y evaluatorio de las operaciones financieras, administrativas y técnicas del Issspeg, con el propósito de determinar si se realizan de conformidad con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, honestidad y en apego a la normatividad aplicable, antes que se materialice el riesgo de bancarrota señalado en múltiples ocasiones por los trabajadores que cotizan a dicho Instituto, por los distintos directivos del organismo y por la prensa local. Asimismo, esta auditoría se fundamenta en el incumplimiento reiterado de las obligaciones del Issspeg con sus derechohabientes, expresado en el pago con retraso o adeudo total o parcial de sus pensiones, jubilaciones y otras prestaciones.

Por lo expuesto y fundado, a fin de dotar de transparencia y credibilidad al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg) y generar en cada guerrerense la certeza presupuestaria en relación al uso correcto de sus recursos, la suscrita diputada Idalia Reyes Miguel, del Grupo Parlamentario de Morena, somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero para que, con la mayor brevedad, dentro del marco de su autonomía técnica y de gestión, realice una exhaustiva auditoría respecto de los recursos ejercidos por el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada Idalia Reyes Miguel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la Subsecretaría de Educación Media Superior a recibir a los representantes de las comunidades indígenas, estudiantes y docentes de telebachillerato comunitario y atender sus demandas, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, el Telebachillerato Comunitario opera en poblaciones que tienen menos de 2500 habitantes y no cuentan con algún servicio de educación media superior a cinco kilómetros a la redonda. La formación que se brinda es la del bachillerato general de acuerdo al plan de estudios de la Dirección General del Bachillerato.

La estructura del plan de estudios se organiza por área disciplinar en tres componentes de formación: Componente de Formación Básica, Componente de Formación Propedéutica y Componente de Formación Profesional.

El Tele Bachillerato Comunitario o TBC, es un servicio que coordina académicamente de manera estatal la Dirección General del Bachillerato, se imparte en una modalidad escolarizada que brinda asesoría grupal e individual a los estudiantes con el apoyo de tres docentes que atienden las asignaturas del plan de estudios por área disciplinar. Cabe señalar que cuenta con materiales educativos como libros de asignatura, series audiovisuales y cuadernos de actividades de aprendizaje.

En este sentido, el artículo tercero Constitucional establece que toda persona tiene derecho a la educación y, que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Además, el mismo precepto prevé que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica; además, que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Y que, los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.

Por otro lado, la Ley General de Educación en su artículo 45, fracción VI, prevé que los niveles de bachillerato, profesional técnico bachiller y los demás equivalentes a éste, se ofrecen a quienes han concluido estudios de educación básica, y que las autoridades educativas podrán ofrecer, entre otros, el servicio educativo de Telebachillerato Comunitario.

Sin embargo, en el caso del Telebachillerato Comunitario, el Estado está haciendo caso omiso de lo previsto en el artículo tercero de la Constitución y en la Ley General de Educación, toda vez que no está garantizando la educación media superior a los adolescentes que viven en las regiones más pobres del país, a través del Telebachillerato Comunitario.

En el contexto de la pandemia y de la modalidad de educación a distancia, los alumnos del Telebachillerato Comunitario han sido de los más afectados. Algunos docentes han externado que enfrentan no sólo carencias materiales y de conectividad, sino que debido a que los alumnos pertenecen a niveles socioeconómicos bajos, donde el trabajo para la subsistencia familiar es una prioridad, tienen que competir con esta necesidad para que puedan volver a las clases, que, al ser a distancia, hacen mucho más difícil mantener el contacto con los estudiantes.

Al respecto, es importante tener en cuenta que, en regiones de difícil acceso la población escolar vive muy dispersa, por lo que no sólo carece de acceso a la señal de televisión o Internet, sino que también buscar algún mecanismo de entrega de materiales y cuadernos de trabajo implica un enorme esfuerzo por parte de los profesores y de los propios estudiantes.

En esas condiciones resultaría prácticamente inviable que un sistema como el de Telebachilleratos Comunitarios se mantenga de manera permanente en la modalidad en línea o a distancia.

Pareciera que la Secretaría de Educación Pública enfoca todos sus esfuerzos a la educación básica, cuando la media superior necesita de apoyos urgentes, como atender las condiciones de mantenimiento de los planteles, porque aún sin operar, se deben cubrir diversas carencias como el de mejorar la infraestructura, y crear las condiciones para que todos los planteles educativos tengan conexión a internet y sus alumnos a equipo de cómputo, prioritariamente los que se encuentran en regiones de difícil acceso como los Telebachilleratos Comunitarios.

A este escenario desfavorable para estudiantes y profesores de estos Telebachilleratos, se suma la queja y demanda de atención por parte del Frente Único de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario. Los integrantes de esta organización de trabajadores denuncian, a través de un comunicado con fecha del 02 de diciembre de 2020, que el Estado no brinda el reconocimiento pleno en todos sus ámbitos al Subsistema de Educación Media Superior Telebachillerato Comunitario.

A través de dicho comunicado denuncian que la Subsecretaría de Educación Media Superior ha girado instrucciones a los estados para que bajo el disfraz de “Reestructuración” y de forma parcial, se realice el cierre de planteles, negando el derecho de la educación para las comunidades indígenas más pobres del país.

Expresan que, a pesar de lo estipulado en la Ley General de Educación, la federación sigue operando al Telebachillerato Comunitario como si fuera un “Programa Educativo” no reconociéndole dentro de la estructura que regula la Secretaría de Educación Pública para los Subsistemas de Educación Media Superior, lo que conlleva a que el Subsistema no cuente con recursos regularizables para gastos de operación y salarios.

En ese orden de ideas, las comunidades indígenas, estudiantes y docentes del Telebachillerato Comunitario, exigen se respete el estado de derecho con el único objetivo de que se garantice la educación digna y gratuita al pueblo más pobre de México, expresan la necesidad de que se dejen de lado las simulaciones por parte de las instituciones y que se plasme en los hechos la inclusión.

Hacen hincapié en que la tan esperada transformación no se ha percibido para el Telebachillerato Comunitario, y que los más de 9700 maestros en el país, distribuidos en 3306 planteles educativos instalados en las comunidades más pobres y con alto grado de marginación, siguen teniendo el salario más indignante y los más de 144 mil estudiantes en el territorio nacional siguen siendo excluidos.

En este sentido, la presente proposición con punto de acuerdo busca que el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Educación Pública y del Subsecretario de Educación Media Superior, escuche y atienda a los representantes de las comunidades indígenas, estudiantes y docentes del Telebachillerato Comunitario.

Además, que se lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de otorgarle al Telebachillerato Comunitario, la certeza jurídica y financiera dentro de la estructura que regula la Secretaría de Educación Pública para los Subsistemas de Educación Media Superior.

De esa manera se atenderían las necesidades y demandas de los jóvenes y adolescentes más pobres del país, además de que se estaría cumpliendo uno de los más importantes derechos, el del acceso a la educación.

Es por todo lo anterior, que someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y al titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a efecto de que reciban a los representantes de las comunidades indígenas, estudiantes y docentes del Telebachillerato Comunitario y, atiendan sus demandas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y al titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a fin de que lleven a cabo las acciones conducentes para otorgarle al Telebachillerato Comunitario, la certeza jurídica y financiera dentro de la estructura que regula la Secretaría de Educación Pública para los subsistemas de educación media superior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a realizar acciones dirigidas a prevenir pérdidas humanas y materiales en éste, a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Gerardo Fernández Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A pesar de que en décadas pasadas el transporte ferroviario ha sufrido diversos embates que han mermado su presencia en nuestro país, especialmente en el rubro del transporte de pasajeros, contra viento y marea se han mantenido algunas rutas (principalmente de carga), funcionando.

Como parte de las políticas neoliberales, que preponderan los intereses de unos cuantos, en contra de los derechos de la mayoría, y a pesar de que en 2017 se publicó la nueva Norma Oficial Mexicana para regular la seguridad de los cruces a nivel, diversas autoridades de los tres niveles de gobierno se han comportado de una manera muy laxa, permitiendo que las empresas concesionarias evadan sus responsabilidades civiles y penales, en muchos casos, incluso con el costo de caer en responsabilidades u omisiones ellas mismas, lo que repercute por atentar contra la seguridad de la ciudadanía y trabajadores del sector, comprometiendo la seguridad, certeza y eficiencia del servicio ferroviario en todo el país.

Dichos fenómenos se pueden apreciar en múltiples casos, por los accidentes ferroviarios en los cruces que están establecidos principalmente en las zonas urbanas o aledañas a estas, los cuales siguen cobrando vidas a la ciudadanía y entorpeciendo el servicio ferroviario nacional elevando los costos sociales y económicos de un transporte que debería de ser mucho más seguro y eficiente. Llama la atención esta actitud irracional y violatoria de la norma, tanto de las autoridades como de algunos concesionarios, pues muchos de estos percances terminan significando costos irreparables por las pérdidas humanas generadas debido a las afectaciones a las víctimas y a las propios usuarios e infraestructura ferroviaria y costos económicamente también muy altos.

La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF), vigente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1995 señala lo siguiente:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es la autoridad rectora en materia ferroviaria al ser un servicio principalmente regulado a nivel federal, pues es la encargada de otorgar las concesiones.

Asimismo, y con base en el artículo 6 Bis de la LRSF, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), órgano desconcentrado de la SCT, tiene entre sus atribuciones las siguientes:

Verificar que las vías férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan las disposiciones aplicables;

Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México competentes y a los concesionarios para que en el ámbito de sus facultades promuevan medidas de Seguridad Pública para la adecuada operación del servicio público ferroviario;

Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, o por incumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión o las resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por la propia agencia, así como dictar medidas precautorias o declarar, en su caso, la pérdida de bienes en beneficio de la nación;

Por lo que deberán velar por el cumplimiento estricto establecido para la construcción , conservación, mantenimiento y operación de las vías férreas, establecido en el Capítulo III de la antedicha Ley, que establece, entre otros lineamientos los siguientes:

Artículo 27. ...

En los casos en que se pretenda que las vías férreas crucen centros de población u otras vías de comunicación, los proyectos respectivos deberán contener las previsiones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes y el funcionamiento adecuado de las vías de comunicación.

Artículo 28. Los concesionarios realizarán la conservación y el mantenimiento de la vía general de comunicación ferroviaria con la periodicidad y las especificaciones técnicas que al efecto establezcan los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 29. Si el concesionario no opera, mantiene o conserva las vías férreas en buen estado, en términos de la presente ley, la secretaría podrá nombrar un verificador especial por el tiempo que necesario para corregir las irregularidades de que se trate. Los gastos que se originen por tal verificación serán por cuenta del concesionario.

Artículo 31. Las obras de construcción y mantenimiento de los cruzamientos de vías férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo cumplimiento de los requisitos aplicables.

Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse a cabo por medio de pasos elevados, pasos a desnivel, o a nivel, previa autorización por parte de la Secretaría, en el entendido que, los cruzamientos a nivel en zonas urbanas solamente serán autorizados cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales así lo permitan.

En todos los casos, los cruzamientos de las vías férreas que se autoricen conforme a este artículo, deberán tener las señalizaciones necesarias con el objeto de minimizar los riesgos y la ocurrencia de accidentes. Las señalizaciones serán construidas, mantenidas y operadas por el operador de la vía u obra que cruce a la establecida con anterioridad. 1

Sin embargo, los gobiernos neoliberales, entregados a los intereses de las empresas, publicaron una reforma en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de 2015, por la cual se adicionó un artículo 31 bis que, con el supuesto el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de los cruzamientos, determinó que “el Gobierno Federal constituyera un “Fondo”, que tendría como objetivo, apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable.

Asimismo, la secretaría priorizará y determinará los cruceros que requieran dicha señalización”. Sin embargo, con dicha reforma, se estableció una antinomia, pues la responsabilidad de construcción, mantenimiento y operación, es decir, del buen funcionamiento de los cruces, corresponde únicamente al concesionario según lo estipulado en el artículo 31 y en su propio título de concesión y con esta reforma, se obliga a destinar recursos públicos para solventar responsabilidades exclusivamente privadas.

Aunado a lo anterior, las reglas de operación determinan en la sección “De la operación del fideicomiso”, Apartado B, “Contratación de proyectos”, que la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal “llevará a cabo la contratación, ejecución y supervisión del proyecto, considerando su conservación y mantenimiento por un lapso de 5 años a partir de su conclusión de conformidad con la normatividad en la materia”. Contraviniendo nuevamente lo estipulado en el artículo 31.

Además, el artículo 31 Ter establece que “los recursos del fondo serán administrados y ejercidos, a través de un fideicomiso público sin estructura orgánica, que no será considerado entidad paraestatal, cuya denominación será Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, el cual será coordinado por la agencia.

Y que el patrimonio del Fondo se integrará con aportaciones de la federación, de las entidades federativas y sus municipios, cargando indebidamente parte del costo de las obligaciones de los concesionarios ferroviarios a la hacienda pública en sus tres niveles , y en su caso, de otras entidades públicas o privadas, aunque se planteen en forma proporcional y conforme a los términos y condiciones que establecían las reglas de operación del Fondo, con el objeto de que se otorgaran los apoyos correspondientes a los que se refería el artículo 31 Bis de la ley, en el entendido que las partes aportarán anualmente hasta la cuarta parte del total de aportaciones que en el mismo periodo se realicen al patrimonio del fondo”.

Es muy importante señalar que esta antinomia jurídica, fue recientemente eliminada como consecuencia de la aprobación de la iniciativa presentada el 20 de mayo de 2020, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, por la cual se abroga una ley, se reforman y derogan diversas disposiciones de catorce leyes más, entre las que se incluye la LRSF ante la imperiosa necesidad de contar con recursos para atender la pandemia causada por el virus SARS-COV2 y su gran impacto en las finanzas nacionales.

Esta iniciativa, en el artículo décimo primero de su proyecto de decreto, reformó el artículo 53 y la derogó la fracción IV del artículo 2; los artículos 31 Bis, 31 Ter, y 31 Quáter de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario con la finalidad de extinguir el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios y devolvió de manera correcta, la el mantenimiento de los cruces viales, así como la responsabilidad original total de garantizar el pago de los daños que puedan ocasionarse a terceros, en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el equipo o la carga (Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, 2020).

La LRSF, desde su promulgación en el DOF, el 12 de mayo de 1995, establece en los artículos 28 a 31 que la responsabilidad original en caso de accidente, es del concesionario, por lo cual debe de garantizar el pago de daños a terceros, tratándose de los cruces, las autoridades de los diversos niveles involucrados deben de intervenir para que estos se establezcan y se mantengan conforme a la norma para garantizar la seguridad de los transeúntes de dichos cruces.

Aunado a lo anterior, existen las normas oficiales mexicanas (NOM), regulaciones técnicas obligatorias expedidas por las dependencias competentes, generalmente las Secretarías de cada ramo; en este caso son dos las normas oficiales mexicanas principalmente, las que estatuyen la normativa específica: la NOM-050-SCT2-2017 establecida para la disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas y la NOM-034-SCT2-2011 que establece los lineamientos para los señalamientos horizontales y verticales de carreteras y vialidades urbanas.

Cabe señalar que son las autoridades, en consulta con los diversos sectores involucrados, quienes participan en la expedición de las NOM. Por ejemplo, para la expedición NOM-050-SCT2-2017, que establece las disposiciones para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas, en su prefacio se detalla la participación de las autoridades competentes, instituciones educativas, asociaciones de transportistas, empresas ferroviarias concesionarias y otras empresas privadas, por lo que no se entiende su amplia inobservancia.

La primera de las normas, establece los criterios y métodos que permiten evaluar las condiciones físicas de cruces a nivel de caminos, calles y carreteras con vías férreas, cuyos resultados permiten diagnosticar las condiciones de operación en cuanto a seguridad y como consecuencia determinar las necesidades de equipamiento que se requieren, los cuales deben ser instalados de acuerdo a la normatividad vigente.

Con base en esta norma, los cruces a nivel son los lugares donde existe una intersección entre un camino, calle o carretera con una vía férrea, quienes deben contar con sistemas de señales dispuestos de tal forma que indiquen a los conductores que circulan por la vialidad, la aproximación a un cruce a nivel con vías férreas, con la debida anticipación.

Estos pueden ser de dos tipos principalmente, señalamientos horizontales y señalamientos verticales; cabe resaltar que los cruces a nivel deben contar ambos sistemas.

El grupo de señalamientos verticales, se subdivide en dos tipos: preventivos y restrictivos.

Preventivos: Cuando tienen por objeto prevenir al usuario sobre la existencia de algún peligro potencial en el camino y su naturaleza.

Restrictivos: Cuando tienen por objeto regular el tránsito indicando al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad.

Parte de las características de los señalamientos verticales, son contar señales luminosas, dispositivos audibles y barreras.

Por tanto, para calificar finalmente la peligrosidad del cruce a nivel, se consideran diversos elementos que se ponderan de acuerdo a su importancia y la influencia que tienen en la seguridad, para evitar la ocurrencia de accidentes.

“Los criterios de calificación se agrupan en 5 bloques:

1. Aquellos que tienen relación con la visibilidad.

2. Los que se refieren a la situación de la corona.

3. El número de vías a cruzar y la diferencia de peralte.

4. A la vialidad.

5. El tránsito vehicular y ferroviario.”

“7. Clasificación de Cruces.

7.1 Tipo A: los cruces de caminos, calles y carreteras con vías férreas con un rango de calificación de 0 a 250.

7.2 Tipo B: los cruces de caminos, calles y carreteras con vías férreas con un rango de calificación de 251 a 350.

7.3 Tipo C: los cruces de caminos, calles y carreteras con vías férreas con un rango de calificación de 351 a 500.

7.4 Cuando la calificación de un cruce a nivel sea menor a 150 puntos, de acuerdo a la presente Norma Oficial Mexicana, es necesario prever la separación definitiva de las vías de comunicación, a través de la construcción de un paso a desnivel vehicular, superior o inferior. En ningún caso se permitirá la construcción de pasos a desnivel con caminos laterales que constituyan cruces a nivel. Al entrar en operación el paso a desnivel, se procederá al desmantelamiento del o de los cruces a nivel existentes a una distancia no menor de 500 metros del centro del Paso a Desnivel en ambos sentidos de la vía férrea”.

Los semáforos SEM-4.6 y SEM-4.6 A deben instalarse en el cruce a nivel de ferrocarril con la vialidad, cuando la calificación de sus elementos lo clasifiquen como tipo A o tipo B. El SEM-4.6 A cuenta con barrera(s) para controlar el tránsito, medida que resulta más efectiva para prevenir accidentes (véase la figura 1).

8.2.5. Cuando en una visita de verificación se encuentren incumplimientos a esta Norma, se asentará este hecho en el acta circunstanciada y se notificará al usuario para que proceda a efectuar las correcciones.

No obstante, en días pasados (16 de agosto de 2019), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario dio a conocer el tercer informe anual de actividades, donde manifiesta lo siguiente:

La ARTF establece su visión y objetivos, entre otros:

• Lograr una infraestructura de transporte segura, integral , eficiente, sustentable y moderna, que sea una plataforma de desarrollo regional y de ordenamiento del territorio con visión de largo plazo.

• La seguridad como eje rector: En seguridad externa, en coordinación con las instancias correspondientes del gobierno y generando los insumos de información. En seguridad operativa , a través de una labor de análisis, verificación y supervisión y trabajando de la mano con los concesionarios.

La ARTF establece la siguiente tipología para determinar las causas de los siniestros que se suscitan en la red ferroviaria nacional. Dicha tipología considera los siguientes motivos: siniestros ferroviarios, siniestros con causales ajenas al ferrocarril (SCAF), e incidentes:

Por ejemplo, en el Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, correspondiente al Segundo Trimestre de 2020, la ARTF informa los reportes relacionados con la seguridad operativa lo siguiente:

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Lo anterior significa que los SCAF, la causa más importante de siniestros dentro de las tres tipologías, y que son los arrollamientos de vehículos, el mayor número de siniestros, pues sólo este rubro representa poco más del 40 por ciento del total general.

Los arrollamientos de vehículos no son cosa menor, porque implican generalmente pérdida de vidas, fracturas de familias y diversos daños sociales. Por tanto, cada siniestro debe ser investigado por las autoridades competentes, y determinar mediante un estudio técnico, la verdadera causa del siniestro.

Pero resulta evidente con base en la tipología de la ARTF, que todos los arrollamientos de vehículos, están catalogados como SCAF, cuando esto no necesariamente es así. En muchos de los incidentes, influyen de manera definitiva, la falta de la señalización establecida en la NOM-050-SCT2-2017, que establece con base en la tipología de cada cruce, las medidas preventivas que deben existir en cada cruce, asimismo, con base en la Ley, la responsabilidad de los concesionarios para que estas medidas estén presentes y funcionen de manera efectiva en cada uno de los cruces a nivel.

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Como se aprecia, del reporte del tercer trimestre de 2019 de la ARTF al reporte del segundo trimestre de 2020, hay un aumento considerable, incluso en lo previamente reportado por la agencia, y en el mismo sentido si se compara el mismo trimestre del año.

Esto presumiblemente significa que ha aumentado el número de pérdidas de vidas humanas y/o probable disminución en las capacidades de las personas involucradas, con trágicas consecuencias para las familias de las víctimas. Asimismo, también genera pérdidas económicas diversas. Pero además la ARTF, no supervisa la aplicación de la Ley en estos casos como es debido.

Por ejemplo, el artículo 53 de la LRSF establece que “es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga, en los términos que determine la Secretaría, conforme al reglamento de la ley:

I. Realizar las aportaciones al fondo previsto en el artículo 31 Bis de la LRSF;

II. Garantizar el pago de los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el equipo o por la carga.

Entre otras.

Además, el artículo 55 de la misma ley determina que las indemnizaciones a que se refiere el capítulo VIII, “De las responsabilidades”, deberán cubrirse en un plazo máximo de noventa días naturales , contado a partir de que se presente la reclamación correspondiente.

Por último, en el apartado de sanciones, el artículo 59 precisa que las infracciones a lo dispuesto en la LRSF, serán sancionadas por la agencia de acuerdo con lo siguiente:

Prestar servicio público de transporte ferroviario con equipo cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes y demás disposiciones aplicables, con multa de mil a veinte mil salarios mínimos;

Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con multa al o los responsables de doscientos a mil salarios mínimos; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de quinientos a dos mil salarios mínimos;

Cualquier otra infracción a lo previsto en esta ley, con multa de cien a cinco mil salarios mínimos.

En caso de reincidencia, la secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.

Y el artículo 61 establece que las “sanciones [...] se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte, ni de la revocación que proceda de la concesión o permiso. Entre otras determinaciones.

Pero, además, existen casos lamentables que no obstante de la desgracia padecer la pérdida de seres queridos, mutilaciones corporales, u otro tipo de afectaciones, deben enfrentar una lucha judicial que violenta el principio de justicia plasmado en el artículo 55 de la LRSF.

Por último, la definición de “tipo de siniestro” no es completamente clara, por lo que acertadamente la ARTF ha hecho un esfuerzo por emitir una nueva norma, al parecer única en su tipo, según sus propios dichos, al construir y haber publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 28 de enero del presente año, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-004-ARTF-2019, Sistema Ferroviario-Seguridad-Notificación de Siniestros-Metodología, con el cual se pretender especificar más claramente, entre otras cosas, la catalogación de los siniestros ferroviarios.

Como un acierto de la norma, es importante destacar, el avance que plantea de reconocer dentro de los términos, definiciones y términos abreviados, en su punto 3, lo siguiente clasificación:

“3.11. Gravedad alta

Aquel siniestro ferroviario que haya causado muertes, lesiones o daños importantes a la infraestructura o equipo.

3.12. Gravedad media

Aquel siniestro ferroviario que no haya causado muertes o lesiones, pero sí daños importantes a la infraestructura o equipo.

3.13. Gravedad baja

Aquel siniestro ferroviario que no haya causado muertes, lesiones o daños importantes a la infraestructura o equipo”.5

Esta nueva clasificación, podrá arrojar información más útil, para dimensionar el tamaño de la problemática existente en el sistema.

Sin embargo, al detallar ese apartado en el “Catálogo de causas de siniestros ferroviarios” (Apéndice H).

En el apartado “Accidentes en cruces a nivel carretera y ferrocarril”, sólo establece en el apartado “M307 Funcionamiento defectuoso o activación impropia por el tren de los aparatos de advertencia”.

Y no hay ninguna referencia o determinación al respecto por la falta de señalización, así como claramente se refiere con la frase “aparatos de advertencia”. Tampoco establece nada al respecto del incumplimiento de la normativa determinada con base en la calificación de los “cruces a nivel”, los cuales están determinados en la “Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCT2-2017, Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas”, ni la definición del equipamiento necesario para la prevención de accidentes.

Por último, ARTF como parte de su política de transparencia, ha tenido acertadamente a bien publicar la base de Siniestros en el Sistema Ferroviario Mexicano, misma que se puede consultar en https://datos.gob.mx/busca/dataset/siniestros-en-el-sistema-ferroviario -mexicano donde se puede consultar acerca del siniestro, la fecha, el estado, la categoría (o tipología usada actualmente), se utilizan ambos términos, al parecer de manera indistinta y el tipo de evento.

Sin embargo, al revisar y contrastar, incluso de manera somera los datos arrojados por la base, contra los eventos informados por la prensa, local o nacional, existen importantes diferencias, lo que resulta preocupante y también es posible apreciar si se hace el seguimiento puntual de los reportes de la ARTF como quedó demostrado en las tablas de arriba.

Por ejemplo:

Y aunque la propia autoridad en sus informes expresa que las cifras pueden variar, es menester que se establezca una mejor metodología de notificación de siniestros, que se pretende con el PROY-NOM-004-ARTF-2019, pero en la cual no se establece una supervisión efectiva, sobre la veracidad del total de notificaciones de los siniestros por parte de la ARTF.

Con base en lo anterior, resulta de suma importancia y de imperiosa urgencia, que se atienda a las víctimas y deudos de los siniestros ferroviarios; y que se les indemnice en tiempo y forma a cabalidad con lo establecido en la ley.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a exhibir las pólizas vigentes, requisito para otorgar las concesiones y garantizar el pago de las indemnizaciones contempladas en el artículo 55 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario vigente.

Segundo. La Cámara Diputados exhorta al titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a que con base en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos privilegie y conmine la solución del conflicto entre las víctimas, deudos y los concesionarios dando cumplimiento al artículo 55 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar ante la opinión pública lo siguiente: informe y base de datos completa que contenga todos los cruces a nivel, con su ubicación geográfica, clasificación con base en la NOM-050-SCT2-2017, contrastada contra el equipamiento real actual de señalización y estado de funcionamiento del mismo.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a presentar los dictámenes técnicos de todos y cada uno de los siniestros catalogados como “siniestros con causas ajenas al ferrocarril” para deslindar responsabilidades.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer públicos los resultados de la auditoría del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, recientemente extinto.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar cabal cumplimiento a la norma NOM-050-SCT2-2017 y, en su caso, a hacer efectiva la publicación de la NOM-004-ARTF-2019 adicionando un sistema efectivo de notificación de siniestros, y garantizar que toda la infraestructura ferroviaria nacional cumpla a cabalidad con las normas de seguridad necesarias para prevenir de manera efectiva cualquier tipo de siniestros.

Notas

1 Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1995 Texto original sin estilo bold ni subrayado.

2 ARTF (2020).

3 ARTF (2019).

4 ARTF (2020).

5 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-004-ARTF-2019, “Sistema ferroviario-seguridad-notificación de siniestros-metodología”, publicada en el DOF el 28 de enero de 2020 (en línea),

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584888&f echa=28/01/2020

Dado en la Cámara de Diputados, a 8 de diciembre de 2020.

Diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos de la Ciudad de México, del estado de México y de Hidalgo a establecer acuerdos para crear y publicar el Reglamento de Tránsito Metropolitano del Valle de México, a efecto de homologar disposiciones y criterios sobre la seguridad vial a favor de los usuarios de la vía, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita diputada Pilar Lozano Mac Donald, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, estado de México e Hidalgo para que en el ámbito de sus atribuciones establezcan los acuerdos para crear y publicar el Reglamento de Tránsito Metropolitano del Valle de México, a efecto de homologar las disposiciones y criterios para la seguridad vial a favor de todos los usuarios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Reglamento de Tránsito Metropolitano fue aprobado y publicado en 2007 para impulsar los acuerdos y convenios de coordinación intergubernamental entre los gobiernos de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como para homologar las políticas públicas y la normatividad en beneficio de sus habitantes.

La creación de este Reglamento tuvo como base la expedición de la Declaratoria de la Zona Metropolitana del Valle de México en enero de 2006, que fungió como instrumento de unificación, conceptualización, integración de planes, programas, acciones y atención conjunta y coordinada de asuntos de ámbito metropolitano entre las entidades que la conforman.

Sin embargo, en julio de 2014 el entonces Distrito Federal decide expedir su Ley de Movilidad para poder enfrentar los nuevos retos respecto al tránsito de personas, saturación vehicular de las vías, contaminación, etcétera. Gracias a esta Ley es posible reconocer las experiencias exitosas para el transporte público, la bicicleta y gestión vehicular, así como establecer la base para promover la movilidad sustentable, activa y segura que tanto urgía a la Ciudad.

La Ley de Movilidad del Distrito Federal tiene como propósito ser el instrumento regulatorio de la movilidad en la Ciudad de México; cambiando el paradigma de transporte para centrarse en la movilidad de personas y mercancías, impulsando el transporte activo y el uso inteligente del automóvil particular.

Para poder operar esta Ley se hizo necesario crear el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal promulgado en agosto de 2015, con el propósito de generar una nueva cultura a favor de la seguridad vial y priorizar a los usuarios más vulnerables dentro del espacio vial, conforme a la jerarquía de movilidad.

Desafortunadamente, en su momento no se expandió la visión de este nuevo Reglamento hacia el ámbito metropolitano; por lo que los problemas para los usuarios que transitan entre las entidades, así como las limitantes y diferencias en la aplicación de los Reglamentos, han persistido desde entonces.

Dentro del territorio conformado por la ZMVM se consolida una realidad social, económica y política única, que se vincula y se vive como una sola unidad para los habitantes de las tres entidades que conforman la metrópoli. De acuerdo a los datos de la Encuesta Origen Destino 2017, se generan un total de 4.4 millones1 de viajes diarios entre la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México y de Tizayuca en el estado de Hidalgo.

De manera que quiénes transitan en el territorio de la ZMVM se enfrentan a las complicaciones de cruzar de una entidad federativa a otra por la diferencia en las reglamentaciones de tránsito, que implica la discrepancia de derechos, obligaciones y sanciones que generan ambigüedad para los usuarios en detrimento de la seguridad jurídica. Es decir que, este es un problema que no se trata únicamente de una diferencia en las sanciones impuestas a los automovilistas, sino que es un inconveniente para todos los usuarios de la vía, pues existe desigualdad en sus derechos, lo cual impacta directamente en la seguridad vial.

Durante 2015, por ejemplo, se dio un incremento en el número de accidentes fatales en los límites del Estado de México con la Ciudad de México, en los que se vieron involucradas unidades de transporte público conocidas como “chimecos”, dejando un alto saldo de personas muertas y lesionadas.2 Desafortunadamente la causa de estos percances que hasta la fecha persisten se deben no solo a la mala calidad de las unidades o la imprudencia y negligencia de los choferes; sino también a la divergencia entre los reglamentos de tránsito, los problemas de impunidad y falta de aplicación de las reglas de tránsito por la carencia de coordinación y cooperación entre autoridades de las distintas localidades.

No obstante, con motivo del avance de la Ley de Coordinación Metropolitana de la Zona Metropolitana del Valle de México que fungirá como instrumento de coordinación para la integración de planes, programas, políticas y acciones conjuntas en el ámbito de la Metrópoli, se abre la puerta para la concertación entre las entidades en materia jurídica y operativa.

El propósito de la Ley de Coordinación Metropolitana es asegurar la inclusión igualitaria y equitativa de los habitantes en los territorios de las entidades que conforman la ZMVM para garantizar el ejercicio y respeto de sus derechos y libertades. Por lo cual resulta indispensable cultivar y fructificar esta voluntad política entre las entidades, para crear una legislación armónica en materia de movilidad que permita el establecimiento de un Reglamento de Tránsito único para la metrópoli, y que logre brindar los mismos derechos, obligaciones y sanciones para todos los usuarios de la vía al interior de su territorio, en pro de una nueva cultura de movilidad y seguridad vial.

De esta manera, no es posible que los usuarios de la vía deban ajustar sus derechos y obligaciones a dos normativas distintas con tan solo cruzar la calle entre una Alcaldía y un Municipio; por lo que los Reglamentos deben unificarse. En este sentido, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México ha coadyuvado a promover la seguridad vial y la cultura de movilidad a favor de los usuarios más vulnerables que son peatones y ciclistas.

Con la Ley de Movilidad y su Reglamento de Tránsito, la Ciudad de México tomó la decisión de elegir un camino diferente para crear nuevas alternativas y soluciones para la movilidad y la seguridad vial. Por lo que tomar como base estos instrumentos legislativos de la Ciudad de México para la creación de una normatividad armónica entre las entidades de la metrópoli, sería dar un paso hacia adelante en materia de movilidad, para afrontar las necesidades de los habitantes de la ZMVM, creando soluciones encaminadas a la sustentabilidad y el derecho a la ciudad.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contiene reglas y esquemas que resultan relevantes para la seguridad de todos los usuarios de la vía y para la promoción de una nueva cultura vial, se destaca, por ejemplo:

• Prioridad en la utilización del espacio vial de acuerdo a la jerarquía de movilidad: a) Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada b) Ciclistas; c) Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; d) Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; e) Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y f) Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas.

• Límites de velocidad: 80 kilómetros por hora en carriles centrales de las vías de acceso controlado; de 50 kms/hr en vías primarias; de 40 kms en vías secundarias; de 30 kms al interior de las colonias y de 20 kms en zonas escolares o de hospitales.

• Se reconoce el derecho de los ciclistas de ocupar todo el carril de extrema derecha para circular cuando no exista ciclovía y establece una obligación para que este sector siga el flujo vehicular y no invadan los espacios peatonales.

• Las infracciones se basan en un sistema de puntos en la licencia, la cual podrá ser cancelada.

• Se eliminan las vueltas continuas a la derecha y a la izquierda y se deberá respetar el semáforo para tal efecto.

• Se multa a los motociclistas por circular en banquetas o ciclovías.

• Prohibición del uso de distractores con el vehículo en movimiento como los celulares.

• Prohibición de insultos y agresiones entre usuarios de la vía pública, así como el uso innecesario de la bocina.

Es obligación de los Gobiernos de las Entidades Federativas crear mecanismos de coordinación entre las entidades que conforman la ZMVM que permitan resolver las problemáticas de índole metropolitana. Por lo cual se vuelve indispensable desarrollar y publicar un nuevo Reglamento de Tránsito Metropolitano a favor de los derechos de los habitantes y transeúntes de la ZMVM.

En ese tenor, se hace indispensable que esta Cámara de Diputados exhorte a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo para que en el ámbito de sus atribuciones establezcan los acuerdos para crear y publicar el Reglamento de Tránsito Metropolitano del Valle de México, a efecto de homologar las disposiciones y criterios para la seguridad vial a favor de todos los usuarios de la vía.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo para que en el ámbito de sus atribuciones establezcan los acuerdos para crear y publicar el Reglamento de Tránsito Metropolitano del Valle de México, a efecto de homologar las disposiciones y criterios para la seguridad vial a favor de todos los usuarios de la vía.

Nota

1 2.16 millones de viajes diarios de Ciudad de México a los municipios conurbados del estado de México y Tizayuca; y 2.25 millones de viajes diarios de los municipios conurbados de estado de México, Tizayuca a Ciudad de México.

2 Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2015). Insiste ALDF en aplicar reglamento de tránsito a infractores de Edomex en los límites del DF. Noticias. 4 de marzo 2015. Recuperado de: http://www.aldf.gob.mx/comsoc-insiste-aldf-aplicar-reglamento-transito- infractores-edomex-los-limites-df—20807.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de diciembre de 2020.

Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y la Semarnat a hacer pública la información relativa a la autorización de la empresa Energy Solutions Services, INC, para depositar residuos nucleares en BC, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de motivos

I. Planteamiento del problema

La energía nuclear ha tenido mayor relevancia ante el planteamiento de nuevas fuentes de energía que no contaminen con gases de efecto invernadero. Sin embargo, esto abre un debate ante las problemáticas socioambientales.

Ante los efectos del cambio climático y los estándares de contaminación ha sido crucial el trabajo a través de leyes, acuerdos y pactos mundiales, esto bajo criterios de justicia ambiental con sostenibilidad.

Por ello, es necesarios reducir los riesgos ante la producción, distribución, consumo de la energía nuclear, sin dejar de lado las acciones para atender los residuos de esta.

Grafica 1Energía nuclear y alternativa(% del uso de energía)

Fuente: elaboración propia con datos de la Agencia Internacional de la Energía del Banco Mundial.

En México, contamos con dos reactores nucleares ubicados en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, en Veracruz, estos reactores generan alrededor del 5 por ciento de la energía total del país y propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, CFE.

Es necesario mencionar que de acuerdo con el reporte de la Asociación Mundial de Operaciones Nucleares 2018 calificó a Laguna Verde 1 y 2 en los puestos 30 y 32 de 36 evaluaciones, esto genera mayor desconfianza entre la población y abre interrogantes como ¿qué se está haciendo con los desechos de las centrales nucleares y laboratorios que usan de manera experimental?

La respuesta es simple, los residuos se almacenan en los depósitos ya previstos, a través de un proceso lento y con el riesgo de que se saturen, y actualmente en el mundo entero se discute sobre el destino seguro, definitivo e inocuo para la basura nuclear.

El pasado 27 de julio del año en curso, la empresa Energy Solutions Services Inc, solicitó a la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos una licencia para exportar residuos radiactivos a México, ante ello, se requiere que las dependencias informen de manera clara y precisa la solución a este tipo de solicitudes.1

Cabe destacar que la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) está considerando emitir una licencia de exportación con el numeral XW026, para la solicitud que hizo la empresa Energy Solutions Services Inc, para exportar desechos radiactivos de baja actividad a México.2

Por otro lado, es importante mencionar que dicha empresa trata de mantener un perfil bajo por sus actividades principales, tiene su cuartel general en Utah y operaciones en todo Estados Unidos, Canadá y Japón y por si fuera poco es líder de la industria en el reciclaje, procesamiento y eliminación seguros de material nuclear, donde destaca por ofrecer una gran gama completa de servicios de desmantelamiento y descontaminación (D&D) para cerrar plantas de energía nuclear, así como rehabilitación de emplazamientos e instalaciones nucleares, la gestión del combustible nuclear gastado, el transporte de material nuclear y la limpieza medioambiental de emplazamientos nucleares heredados.

Es importante destacar que uno de sus principales clientes de esta empresa es el gobierno de los Estados Unidos, y todas las plantas de energía nuclear de los Estados Unidos, junto con varias instalaciones médicas y de investigación, al menos eso manifiestan en su presentación oficial de su página corporativa .3

De acuerdo con declaraciones presentadas al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por expertos en la materia, más de tres millones de paquetes que contienen materiales radiactivos se transportan por esa nación del norte cada año en donde los artículos enviados son regulados y supervisados por el Departamento del Transporte y la Comisión Reguladora Nuclear de ese país.

Lo cierto es que esta empresa estadounidense cuenta con amplias instalaciones en Salt Lake City, Utah, en Campbell y en San Clemente, en California, así como también en Brampton, Ontario y Canadá, pero no habla de lugares para desechar o tratar la basura radiactiva en territorio mexicano.

Por ello es necesario que se dé una solución eficiente o se estaría dañando al ecosistema y la soberanía de México.

En el caso del gobierno de Estados Unidos, Gary Langlie, el oficial de licencias de exportación en la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, calcula que este permiso probablemente esté autorizado a mediados del 2021 por lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos está dándole seguimiento a esta petición con el gobierno de México, pues están revisando que la empresa cumpla con todos los requisitos para hacer el movimiento del material en donde subraya que México tiene que autorizar, pero lo consideran casi un hecho que podría no ser este año, pero si a mediados del próximo año.

Ante estos hechos se solicita un informe claro, veraz y preciso sobre este tipo de autorizaciones, pues como se observa no hay un claro tratamiento de los residuos nucleares, y en México apenas en el informe Nacional de Seguridad Nuclear 2013–2015 se implementó un Programa de Reducción de Desechos Radiactivos, pero con una calificación muy mala.

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de México para que, en el ámbito de sus competencias, hagan pública la información relativa a la autorización de la empresa Energy Solutions Services Inc, para depositar residuos nucleares en el estado de Baja California.

Notas

1 Mandarán basura radiactiva a México, 25 de noviembre. https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mandaran-basura-radiactiva-a- mexico-estados-unidos-licencia-exportacion-desechos-empresa-sector-ener getico-6056862.html

2 Ídem.

3 https://www.energysolutions.com/

Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Ejecutivos federal y locales a atender con prontitud y eficacia la creciente violencia de género en el país, en especial el feminicidio infantil, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los feminicidios en México y en el mundo son un fenómeno que ha alcanzado grandes dimensiones, convirtiéndose en un verdadero problema público que compete atender a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad entera.

El feminicidio se entiende como “la muerte violenta de mujeres por razones de género , ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”, de acuerdo con el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.1

La violencia feminicida se caracteriza por los hechos violentos contra mujeres que atentan gravemente contra sus derechos humanos, contra la vida, su integridad y seguridad.

A pesar de la obligatoriedad del Estado mexicano para detener la violencia y promover cambios culturales que garanticen el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres y las niñas, mediante políticas y programas, en el caso particular de México, este tipo de violencia ha aumentado de manera alarmante cada año, pues según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 2019 fue el año más violento para las mujeres en al menos 30 años con 3 mil 893 casos.2

El año pasado los asesinatos de mujeres representaron 10.6 por ciento de los homicidios totales registrados. Esto significa que hubo un promedio de 10 casos diarios. Esto no es todo, sino que también es evidente que desde 2015 los homicidios de mujeres solamente han ido al alza. Tan solo el año pasado se reportaron 141 casos más que en 2018, un año en el que también se registró un récord.3

Situación que para este 2020 se ha agravado, tan sólo de enero a junio de 2020 se registraron 489 feminicidios en el país, que representa un aumento de 9.2 por ciento a los feminicidios registrados en los primeros seis meses de 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).4

La cifra de feminicidios en lo que va de 2020, también es más elevada que la que se registró de enero a junio de 2018 cuando se registraron 432, que significa un aumento de 13.2 por ciento en 2020 comparado con 2018.

De acuerdo con las cifras de gobernación entre enero y septiembre de 2020, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 704 mujeres fueron víctimas de feminicidio.5

Es evidente que la política de prevención de violencia contra las mujeres y los feminicidios, no están dando los resultados adecuados contundentes para frenar la violencia a cientos de mujeres en el país.

Lamentablemente, es cada vez más cotidiano encontrarnos con tristes noticias de violencia de género, que nos ponen en alerta, sobre los realizados por los gobiernos federal y estatal en esta materia.

Como es el caso de Sofía Alejandra, una niña de 12 años, que desapareció el pasado 11 de noviembre, en el municipio Fresnillo, Zacatecas. Su familia reportó ante las autoridades la pérdida de la niña en el municipio, por lo que se activó el Protocolo Alba de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. Pero, a pesar de los esfuerzos por encontrarla sana y salva, su cuerpo fue encontrado el día 23 de ese mismo mes.

Sobre esto, la noche del domingo decenas de personas tomaron las instalaciones de la presidencia de Fresnillo, en protesta por el caso, para rendir un homenaje a la menor y exigir el esclarecimiento del crimen.

Zacatecas ha vivido una preocupante escalada de violencia en los últimos cinco años. En esta entidad, tanto los números absolutos como las tasas por cada cien mil habitantes, han tenido importantes incrementos en el periodo de 2015 a 2019, demostrando que la política del gobierno del estado en materia de seguridad ha fracasado y ello tendrá como consecuencia la profundización de los indicadores de violencia que hay en este momento.

Este estado registró siete presuntos feminicidios y 71 muertes de mujeres que se investigan como homicidios dolosos de enero a agosto, según el más reciente reporte presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

También tenemos el caso de la niña Heidi Jazmín, de 9 años, que desapareció el pasado 15 de noviembre en Tenamaxtlán, Jalisco, y tres días después de que se realizara el reporte por su desaparición, la menor fue localizada sin vida en una parcela ubicada en el libramiento de dicho municipio.

Como podemos ver, al triste entorno de violencia que viven las mujeres en el territorio mexicano se sumó otro mucho más aterrador: las muertes tempranas de niñas que fueron asesinadas por ser mujeres, menores de edad y vulnerables.

En el Informe Anual 2017 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México se indica que la escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años; mientras que el hogar es el tercer lugar en donde los niños están expuestos a la violencia. Además, 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años ha sufrido algún tipo de agresión en el hogar. Las niñas y adolescentes son las más afectadas, ya que 7 de cada 10 fueron víctimas de agresión en sus hogares.6

Es importante mencionar que las medidas de confinamiento que han adoptado diversos estados, han agravado la violencia contra la mujer. Los datos del mapa de feminicidios de México contabilizan 405 casos de feminicidio en el país entre el 16 de marzo y el 30 de abril. Según este registro, 63 por ciento de los asesinatos de mujeres por razón de su género fueron perpetrados por el crimen organizado.7

En julio pasado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), tras reconocer los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, lamentó la persistencia de los altos niveles de violencia que afectan negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en este país.8

Estos hechos son graves violaciones a los derechos humanos de niños y niñas por lo que es importante fortalecer las acciones que tienen este tipo de enfoques. Es imperante la necesidad de generar una estrategia específica para el tema, y especificar claramente las acciones directas que se llevan a cabo desde los gobiernos para disminuir o prevenir el delito.

El gobierno mexicano ha firmado y ratificado los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos y, en particular, los que buscan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entre los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres se encuentran la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), así como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

Además de que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), publicada el 2 de agosto de 2006, formula la lucha contra la discriminación de género, sentando las bases jurídicas para la colaboración, coordinación y concertación entre los tres órdenes de gobierno.

Por lo cual el Estado mexicano está obligado a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio de manera contundente, de lo contrario incumple con su obligación de garantizar el derecho a la vida de las mujeres.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, así como los gobiernos de las 32 entidades federativas, a atender de manera pronta y eficiente el fenómeno creciente de la violencia de género, en todo el país, principalmente del feminicidio infantil.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna y al fiscal general de Justicia del estado de Zacatecas, Fráncico José Murillo Ruiseco, a realizar una pronta y expedita investigación con perspectiva de género, con el fin de identificar de manera inmediata al o los responsables de la muerte de la menor Sofía Alejandra.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y al fiscal general de Justicia del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, a realizar una pronta y expedita investigación con perspectiva de género, con el fin de identificar de manera inmediata al o los responsables de la muerte de la menor Heidi Jazmín.

Notas

1 https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/protocololatinoameric anodeinvestigacion.pdf

2 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/29/violencia-contra-las- mujeres-en-mexico-2019-rompio-el-record-de-asesinatos-con-3893-crimenes /#:~:text=El%20INEGI%20revel%C3%B3%20que%20hubo%20un%20promedio%20de%20 10%20caso%20diarios%20de%20homicidios&text=La%20violencia%20contra% 20las%20mujeres,30%20a%C3%B1os%20con%203%2C893%20casos.

3 Ibídem

4 https://www.gob.mx/sesnsp

5 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/01/
olga-sanchez-cordero-feminicidios-tuvieron-repunte-moderado-en-mexico-suman-704-asesinadas-en-10-meses/

6 https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf

7 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mapa-de-feminicidios-mues tra-patrones-complejos-de-violencia-en-mexico/

8 Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, Una visión de la violencia feminicida. Infanticidio, homicidio y feminicidio infantil. Un panorama en México. 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT, la Profeco, la CNDH y la Conapred a promover medidas administrativas tendentes a eliminar y desterrar la discriminación, el racismo, el maltrato y las agresiones de que son objeto las personas indígenas y afromexicanas en los aeropuertos del país, y en particular por las aerolíneas, suscrita por integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas

La que suscribe, María Roselia Jiménez Pérez, en mi carácter de diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el cual la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a efecto de promover medidas administrativas tendientes a eliminar y desterrar la discriminación, el racismo, el maltrato y las agresiones de que son objetos las personas indígenas y afromexicanas en los aeropuertos del país, y en particular por parte de las aerolíneas, con base en las siguientes

Consideraciones

Compañeras diputadas, compañeros diputados, sabemos que es lamentable conocer las cifras oficiales que señalan que de los más de 10 millones de indígenas en nuestro país, más de la mitad están expuestos a maltrato, marginación y rechazo por su apariencia física, los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país enfrentan cotidianamente formas sistemáticas, estructurales e históricas de discriminación. En cuestión de ejercicio de derechos y acceso a oportunidades para el desarrollo de vidas satisfactorias y dignas existe todavía una gran desigualdad que se deriva principalmente de conductas, prejuicios y concepciones sobre el origen étnico, los rasgos culturales o el color de piel entre otros, que tienen fuertes contenidos discriminatorios y que finalmente se traducen en niveles injustificables de exclusión, marginación y pobreza.

Los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos no sólo en instrumentos internacionales de cumplimiento obligatorio, sino también nuestra Constitución política y en muchos ordenamientos reglamentarios o secundarios que entre otras cosas prevén el reconocimiento a su cultura y libre determinación así como preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, entre otros.

Específicamente el apartado B del artículo 2 constitucional señala expresamente que: La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integran de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Por ello, tenemos conocimiento que actualmente es irregular e ineficiente el servicio público de transportación aérea de personas y bienes que efectúan las concesionarias de este ramo, se presenta esta proposición debido a que viví en carne propia esta discriminación, racismo y malos tratos por parte de la aerolínea Aeroméxico en el vuelo 0321 con ruta de viaje de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México, en donde a pesar de tener las medidas sanitarias conducentes y seguir el protocolo de sanidad ante la pandemia del Covid-19 en el abordaje y adentro de la aeronave, fui víctima de malos tratos, racismo y discriminación por parte del personal de la aeronave.

Asimismo les comento que el 5 de septiembre en la aerolínea Interjet adquirí dos pasajes aéreos, salida Ciudad de México-Tuxtla Gutiérrez, al traslado para tomar el avión no era servicio Interjet sino Aeromar, observe la molestia e inconformidad de pasajeros, ante este engaño procedí a solicitar la devolución del recurso en lo que a mí me corresponde, por lo cual fui objeto de malos tratos y discriminación por personal de dicha empresa, aún sigo esperando la devolución de los gastos.

Además con fecha domingo 25 de octubre en la línea Viva Aerobús con salida Los Cabos Baja California Sur, con salida 10:35 horas, al solicitar mi pase de abordar me fue negado con el argumento de que no tenía número de asiento y el cupo estaba lleno y quedaba en la lista de espera por si encontraba algún espacio, más tarde de ese mismo día fui objeto de malos tratos, discriminación y racismo por parte de la empresa Viva Aerobús, viajé gracias a la intervención de compañeros quienes exigieron que me dieran el servicio.

Es por ello que sabedora que no soy la única que ha sufrido estas atrocidades y teniendo conocimiento de múltiples casos similares es que considero necesario que las autoridades correspondientes tiendan a delinear, impulsar y promover medidas administrativas tendientes a eliminar y desterrar la discriminación, el racismo, el maltrato y las agresiones de que son objetos las personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los aeropuertos del país, y en particular por parte de las aerolíneas.

Por lo anterior, es necesario:

Solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Aeropuertos, efectúe un informe sobre la operación de los aeropuertos del país, y en particular de las aerolíneas , en general sobre el servicio que otorgan, principalmente relativos en la atención de las personas indígenas y afromexicanas, y especialmente en el cumplimiento de las normas que se refieren a la no discriminación.

Se determinen por parte de autoridad competente las responsabilidades y sanciones por prácticas discriminatorias y racistas en los aeropuertos y en particular de las aerolíneas del país: el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil a la letra dice: “En la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros. Los servicios deberán prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio”.

Se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) un informe pormenorizado de las quejas, sanciones, procesos de conciliación, entre otros procedimientos, en número y en resultados, de los cuales se haya otorgado el servicio en los aeropuertos y en particular de las aerolíneas, relativos en la atención de las personas indígenas y afromexicanas.

En este sentido:

Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte verifique e informe sobre cualquier indicio o situación en la que se vean involucrados personas indígenas y afromexicanas en violación o en probable violación de sus derechos humanos de los usuarios de los servicios de los aeropuertos del país, y en particular de las aerolíneas que operan.

Por otro lado, se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sobre los casos y acciones en los que tenga conocimiento o información que involucre de cualquier modo a los aeropuertos en temas relacionados con su objeto que se vean involucradas personas indígenas y afromexicanas, además del seguimiento sobre los casos de los cuales haya tomado conocimiento.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se solicita que informe sobre los casos, recomendación o cualquier otro acto que hubiese efectuado en relación con los servicios prestados de los aeropuertos del país a personas indígenas y afromexicanas, en particular de las aerolíneas.

Lo anterior, debido a que ha trascendido que los servicios prestados en los aeropuertos del país, y en particular de las aerolíneas han pretendido impedir el ejercicio pleno de derechos humanos, de los usuarios indígenas y afromexicanos sólo por su origen y forma de vestir.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de solicitar que esta soberanía apruebe el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a efecto de promover medidas administrativas tendientes a eliminar v desterrar la discriminación, el racismo, el maltrato y las agresiones de que son objetos las personas indígenas y afromexicanas en los aeropuertos del país, y en particular por parte de las aerolíneas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputados: María Roselia Jiménez Pérez, Alejandro Ponce Cobos, Bonifacio Aguilar Linda, Martha Olivia García Vidaña, Irma Juan Carlos, Ariel Rodríguez Vázquez, Alfredo Vázquez Vázquez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al AICM a resolver la deficiente actuación de Grupo Eulen y garantizar su correcta operación en cuanto a la calidad del trato que da a los usuarios mayores y menores de edad; a la SSPC, a hacer del conocimiento público el seguimiento de las denuncias por violaciones de los derechos humanos suscitadas en esa central aérea de febrero a noviembre de 2020; y a la Ssa, a pronunciarse sobre los aciertos y las áreas de oportunidad del protocolo de la Unidad de Sanidad Internacional implantado hace 10 meses, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unio?n y con fundamento en lo dispuesto en los arti?culos 6, numeral 1, fraccio?n I, 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fraccio?n II, del Reglamento de la Ca?mara de Diputados, somete a consideracio?n de esta honorable asamblea la siguiente proposicio?n con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Ante la llegada del virus SARS CoV-2 que causa la enfermedad conocida como Covid-19, en los aeropuertos mexicanos se aplican los protocolos correspondientes en materia de seguridad sanitaria y conforme a los lineamientos estipulados por la Secretaría de Salud.

Para inicios de febrero del presente año, no se habian implementado los protocolos y diversos usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez denunciaron la falta de protocolos sanitarios, por ejemplo, una usuaria de Aeroméxico que viajó de Madrid, España, bajó del avión, recorrió pasillos, pasó migración, recogió su equipaje y, hasta salir del área de llegadas internacionales, se encontró con un módulo de información sobre coronavirus, pero no había personal atendiendo el lugar.i

El 10 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de su cuenta oficial de Twitter, compartió las medidas que implementó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, para la prevención de posibles contagios del Covid-19, a través de la Unidad de Sanidad Internacional encargada de la vigilancia epidemiológica. Dentro de las medidas que anuncia el protocolo que ésta implementa, se encuentran:

-La detección de viajeros enfermos durante el trayecto de vuelo.

-La detección de viajeros enfermos en instalaciones del aeropuerto.

-El seguimiento de pasajeros que llegan de zonas donde se tienen detectados brotes de enfermedades.

Dicha revisión consiste en un chequeo general, toma de temperatura y una encuesta sobre el lugar de donde viene y las personas con las que ha convivido en los últimos 14 días.

Si el caso resulta sospechoso, el pasajero se envía a la oficina de sanidad internacional, donde se le realiza un examen más amplio y, de ser necesario, se toman las muestras necesarias para continuar con el proceso.

En cambio, si el paciente no resulta sospechoso puede salir del AICM y sólo se toman sus datos para tener hacerle un monitoreo. Aunque la tripulación no reporte casos sospechosos durante el vuelo, el personal de sanidad toma la temperatura de todos los pasajeros.

Este protocolo se aplica a los 380 vuelos internacionales que arriban a diario y que trasladan a alrededor de 43 mil pasajeros internacionales.

A lo que señaló Luis Felipe de Oliveira, CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), que dichas medidas no son suficientes para contener la enfermedad en el aeropuerto con el mayor índice de conectividad en América Latina, cuya expansión se ha acelerado de manera relevante.ii

Ocho meses después de implementado el protocolo de salubridad en el AICM, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) se pronunció a favor de aplicar pruebas rápidas de Covid-19 en los aeropuertos previo a que los pasajeros tomen sus vuelos como se hace en Europa, puesto que esto contribuirá a la recuperación del sector turístico, de los más afectados por la pandemia. Según investigaciones del organismo, implementar estas prácticas tiene un efecto positivo en los aeropuertos para reactivar los viajes internacionales, recuperar puestos de trabajo y dar aire a la economía global, pues con las pruebas, se podrían salvar casi 20 millones de puestos de trabajo en Europa, incluidos tres millones en Alemania, un millón 93 mil en Reino Unido, un millón 91 mil en Italia y más de un millón 500 mil en Francia.iii

Dichas declaraciones son alarmantes y nos dejan pensando que, a diez meses de implementado el protocolo sanitario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, se debe valorar su eficiencia. Es decir, las autoridades competentes deben señalar cuáles han sido los aciertos y las áreas de oportunidad que al momento se registran. Se debe establecer un enfoque prioritario en el ejercicio de los derechos humanos de los usuarios mayores y menores de edad del AICM. Se debe valorar minuciosamente la calidad de la atención, la correcta aplicación de las medidas oficiales establecidas y garantizar la continua capacitación de todo el personal involucrado.

Por ejemplo, Grupo Eulen, que es un corporativo que ofrece servicios contra el Covid-19, se encuentra operando en el Aeropuerto Internacional de México actualmente. Como mencionaba con anterioridad, todo el personal involucrado en la implementación de las medidas oficiales del protocolo de seguridad sanitaria vigente oficial, debe estar correctamente capacitado para brindar a los usuarios una atención no sólo de calidad, sino humana. Además, sin obviar que ésta debe ser distinta cuando se aborda a niñas, niños y adolescentes.

La constante evaluación de la actuación por parte de las personas involucradas, es en beneficio de todos.

Por lo anteriormente mencionado, se pone a consideración de la asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que haga del conocimiento de la población el seguimiento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos que se hayan suscitado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, desde febrero de 2020 a noviembre de 2020.

Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Salud a pronunciarse sobre los aciertos y las áreas de oportunidad del Protocolo de la Unidad de Sanidad Internacional implementado hace diez meses. Así como hacer públicas la capacitación que recibe cada una de las personas involucradas en su implementación.

Tercero. Se exhorta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez a resolver las deficiencias que existan en materia de actuación por parte de Grupo Eulen y asegurar su correcta operación en cuanto a la calidad del trato que brindan a los usuarios mayores y menores de edad, bajo la implementación del protocolo de seguridad sanitaria oficial vigente.

Notas

i https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-covid19-pasajero s-aicm-acusan-falta-protocolos

ii https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/12/
coronavirus-en-mexico-por-que-los-protocolos-de-deteccion-en-aicm-son-ineficientes/

iii https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/25/
necesario-aplicar-pruebas-rapidas-covid-19-en-aeropuertos-wttc-7630.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a instaurar un programa de apoyo urgente a la industria sombrerera de San Francisco del Rincón, Guanajuato; y a la SER, a promover por las embajadas y los consulados los productos de aquélla, a cargo de la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el numeral primero, fracción II, y numeral segundo del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, para que instrumente un programa de apoyo emergente a la industria sombrerera del municipio de San Francisco del Rincón Guanajuato y al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón para que a través de las Embajadas y Consulados promuevan los productos de dicha industria, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. San Francisco del Rincón es un municipio altamente productivo al contar con una importante industria sombrerera, lo cual lo ha hecho acreedor de la denominación “Capital mundial del sombrero”. La importancia de la industria no solo radica en la tradición histórica que viene del siglo XVIII, sino por la derrama económica generada en el estado.

Segundo. Que el Gobierno del estado de Guanajuato a través de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior ha generado distintas iniciativas para impulsar la comercialización de sus productos. A través de diversas plataformas digitales se brinda asesoría técnica para comercializar los productos a nivel internacional.

Tercero. Un gran aliado de la industria sombrerera ha sido la sociedad civil, la cual ha emprendido diversas acciones para visibilizar la importancia de esta industria y posicionar a nivel internacional la calidad de sus productos. Así se estableció la denominada Ruta de Sombreros que muestra a los visitantes nacionales y extranjeros las fábricas de sombreros, la variedad en los modelos y los materiales, los procesos de producción: artesanal e industrial, la calidad de las materias primas y el resultado final: los finos sombreros producidos en San Francisco del Rincón.

Cuarto. La pandemia ha golpeado fuertemente el empleo en nuestro país y el estado de Guanajuato no es la excepción. De conformidad con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre del 2020, a nivel nacional la tasa de desocupación asciende a 5.1%, mientras que en el estado de Guanajuato asciende a 6.5%. Es decir, un 1.4% por encima de la media nacional. La tasa de ocupación parcial y desocupación asciende a 11.8% mientras que en Guanajuato asciende a 13.7%. Es decir, supera un 1.9% a la media nacional. La tasa de subocupación a nivel nacional asciende a 17% mientras en Guanajuato asciende 23.2%. Es decir, un 6.2% por encima de la media nacional. La tasa de informalidad laboral a nivel nacional asciende al 54.2%, mientras en Guanajuato asciende a 55.6%; un 1.4% encima del promedio nacional.

Quinto. La pandemia ha impactado negativamente la dinámica de la industria sombrerera en San Francisco del Rincón. La demanda de sombreros a nivel nacional e internacional ha descendido, lo cual ha reducido los ingresos de la industria más importante de este municipio.

Sexto. Por ello es de vital importancia que el gobierno federal coadyuve en los esfuerzos para evitar que la industria sombrerera en Guanajuato siga perdiendo ingresos y por tanto empleos.

Séptimo. Los retos que enfrenta la industria a nivel nacional e internacional son enormes. Primero, ampliar el posicionamiento internacional al ser una industria que ofrece productos de alta calidad. Segundo, explorar nuevos mercados para la exportación. Tercero, contar con asesoría técnica y financiera para garantizar colocar en el mercado internacional sus productos.

Octavo. El apoyar a la industria sombrera del municipio de San Francisco del Rincón es garantizar miles de empleos dentro del municipio y la cadena de valor que se genera alrededor de esta.

Noveno. Por ello resulta fundamental que la Secretaría de Economía impulse un Programa de Apoyo Emergente que atienda las necesidades de la industria que está padeciendo los estragos de la pandemia. La asesoría técnica y apoyo financiero son indispensables para garantizar la correcta operación de la industria.

Décimo. Por su parte la labor de la Secretaria de Relaciones Exteriores es fundamental para que a través de las embajadas y consulados se promueva la calidad y el diseño que la industria sombrerera de San Francisco del Rincón ofrece.

Décimo Primero. Apoyar a los productores nacionales es una labor que debe ser prioritaria para esta administración federal, pues nos garantiza la conservación de miles empleos.

Por lo anteriormente expuesto, la que suscribe diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea la siguiente propuesta de

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, para que instrumente un programa de apoyo emergente a la industria sombrerera del municipio de San Francisco del Rincón Guanajuato, y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para que a través de las Embajadas y Consulados promuevan los productos de dicha industria.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de diciembre de 2020.

Diputada Karen Michel González Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno, la Fiscalía General y la SSP de Tamaulipas a implantar acciones para investigar y, en su caso, sancionar las violaciones de los derechos humanos de ciudadanos por el Grupo de Operaciones Especiales, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), del año 2019, el 26.2 por ciento de las personas, se sienten satisfechas con el servicio que brinda la policía en su ciudad, es decir, tres de cada cuatro mexicanos, desconfían o están inconformes con el desempeño de los cuerpos de seguridad, y sólo 25.1 por ciento de la población mantiene la confianza en esta institución; así como tan sólo, una de cada tres personas afirmó que las y los policías de su localidad contribuyen a generar sensación de seguridad.1

En otras palabras, las personas desconfían de quienes deberían de protegerlos y cuidarlos. Esto, principalmente a causa de diversos actos de la autoridad, como detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos, abuso de poder, intimidaciones, detenciones sin orden de aprehensión, agresiones contra migrantes, incomunicación de los detenidos, desaparición forzada, privación de la vida y retención ilegal, ello en suma de la ausente capacidad para brindar seguridad y enfrentar la violencia.

El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, publicado en 2019, indicó que México contaba con 2.1 millones de personas que se desempeñaban en actividades de seguridad pública, de los cuales el 56.5 por ciento, eran mujeres y 43.5 por ciento, eran hombres. Del total de personas adscritas a labores de seguridad, tan solo una cuarta parte de los elementos, cuentan con un certificado único policial (CUP) aprobatorio, en otras palabras, 75 por ciento de las y los policías en México no están certificadas en aspectos clave que determinen la capacidad de los elementos para brindar seguridad a la ciudadanía.2

Lo anterior, aun cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 21:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus artículos 41, fracción V y 69, establecen la obligación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública para acreditar las pruebas de formación inicial, evaluación de desempeño académico, evaluación de competencias básicas y evaluación de control de confianza, con objeto de obtener el CUP emitido por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

En 2016, con la entrada en vigor de los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial, se estableció que las autoridades policiales, en un plazo máximo de tres años, deberán estar evaluadas a fin de poder brindar una adecuada atención a las problemáticas sociales. Sin embargo, actualmente ninguna de las 32 entidades federativas ha logrado certificar a 100 por ciento de sus elementos policiales; por ejemplo, Tamaulipas cuenta con sólo 31.6 por ciento de sus elementos acreditados.3

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 21, párrafo noveno:

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2008, en el que se establece la depuración y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, obligó a las fuerzas policiales a transitar hacía una nueva etapa de impartición de justicia, en la que, las Instituciones se convertirían en cuerpos de carácter civil, disciplinados y profesionales, y su actuar se desarrollaría bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos, fomentando así, la participación y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Durante más de 20 años, las administraciones federales, estatales y municipales han establecido estrategias de seguridad que permitan mejorar las condiciones laborales y la capacitación de los integrantes de las fuerzas policiales.

Entre ellas, han apostado por la creación de cuerpos profesionales, modernos y mejor equipados, que permitan combatir de manera efectiva a los grupos de la delincuencia organizada como generadores de violencia en nuestro país. Sin embargo, la agresiva estrategia de capacitación con la que son enviados a las calles para reducir la violencia, ha resultado de manera contraria a los objetivos de paz social y reivindicación de los cuerpos policiales, toda vez que, la violación de derechos humanos cada vez es más común en el desempeño de sus actividades.

Las administraciones de las entidades federativas han optado por el uso de cuerpos de fuerzas especiales de carácter policial, cuyo objetivo es realizar operaciones en materia de seguridad y combatir a grupos de la delincuencia organizada, a través de la modernización de las instancias policiales y de la adopción de distintos modelos que combaten la delincuencia.

Tal es el caso de Tamaulipas, donde se puso en marcha al Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública (Gopes), que tiene por objeto cumplir con misiones especiales en materia de seguridad y poder combatir con mayor efectividad a grupos criminales con presencia en la entidad. Cuerpo policial integrado por 150 elementos con bases operativas en los municipios de Reynosa y Ciudad Victoria. Cuenta con 3 helicópteros, drones y 25 vehículos blindados, que son utilizados en misiones de reconocimiento y seguimiento de objetivos, así como la participación de binomios caninos para la detección de drogas, armas, papel moneda y explosivos.4

No obstante a las buenas intenciones de las autoridades responsables de la seguridad, como parte de la estrategia de seguridad estatal, que permita reducir los niveles de violencia en la entidad, los ciudadanos tamaulipecos ven con preocupación que el citado cuerpo policial, utiliza de manera arbitraria el poder con el que se dirigen y actúan ante la población, en el que se evidencia su falta de entrenamiento, coordinación, supervisión y control en su actuar que causan daños irreparables a la vida e integridad de las personas.

Ejemplo de ello es el caso del ciudadano Pablo “N”, quien fue golpeado por elementos policiales, quienes lo despojaron de 4 mil pesos en efectivo,5 así como diversas incursiones a domicilios en municipios de la ribereña tamaulipeca, en los que, sin una orden judicial entraron a realizar revisiones a establecimientos y domicilios particulares, causando destrozos e incluso agrediendo a los habitantes.6 Cansados de estos actos, los ciudadanos de Matamoros, Tamaulipas, realizaron varios bloqueos y actos de protesta el pasado 8 de septiembre de 2020, donde denunciaron abusos de autoridad por el grupo de elite Gopes.7

De ahí que el punto de acuerdo que pongo a consideración del pleno tenga por objeto exhortar al gobernador de Tamaulipas y a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública para que, en el ámbito de sus competencias, implanten acciones urgentes para investigar, y en su caso, sancionar las violaciones a los derechos humanos perpetrados a los tamaulipecos, por el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública.

En razón de lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador de Tamaulipas y a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública para que, en el ámbito de sus competencias, implanten acciones urgentes para investigar, y en su caso, sancionar las violaciones a los derechos humanos perpetrados a los ciudadanos tamaulipecos, por parte del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_ principales_resultados.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2020/doc/cngspsp e_2020_resultados.pdf

3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Hay-estados-con-menos-de-15-de-sus-policias-certificados-20191217-0115.html

4 https://www.tamaulipas.gob.mx/haciendoequipo/2020/08/31/
a-semanas-de-su-creacion-gopes-ofrecce-primeros-resultados/

5 https://www.hoytamaulipas.net/notas/433060/Gopes-asaltan-y-golpea-a-jov en-con-cancer-de-pulmon-en-Matamoros.html

6 https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/acusan-de-robo-y-abusos-a-gopes-de-tamaulipas/
ar2077066?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—

7 https://www.unotv.com/estados/tamaulipas/protestan-en-matamoros-contra- grupo-de-operaciones-especiales/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a fortalecer el programa para el conocimiento y la difusión de los lineamientos generales sobre el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo mediante la agenda digital educativa, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1 fracción I, 79 numerales 1 fracción II y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la presente proposición, ante las siguientes:

Consideraciones

La emergencia provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) cambio nuestras vidas en la mayoría de los aspectos, la educación y el uso de las tecnologías no es excepción, hoy la educación no se entiende sin el uso de ellas, lo que ha permitido dar continuidad a los planes a distancia, de manera diferente y con dificultades, pero ha permitido dar continuidad.

El incremento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación derivado de la emergencia sanitaria, requiere también de mayores medidas y políticas de seguridad, que impidan el acoso y la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes y de otro tipo de delitos en los que lamentablemente pueden culminar con sus sueños.

El uso de las tecnologías es sin duda un derecho fundamental, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),i ha determinado la importancia de facilitar a todos los niños y niñas del mundo el acceso a recursos de internet de alta calidad y más aún de protegerlos de los peligros que existentes en la web, para ello se requiere poner a los niños en primer plano de las políticas digitales y fortalecer las políticas de información y seguridad en la red.

En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, en ese año había 14.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años; de esta población, 72.9% contaba con un celular inteligente para acceder a Internet y 41.5% se conecta por medio de una computadora de escritorio.ii

Hoy derivado de la necesidad de uso, las cifras se han incrementado exponencialmente, y la preocupación de padres, madres y tutores, tambiéniii ante las diferentes circunstancias de cuidado y protección a los menores, siempre existe el riesgo de que personas invadan la privacidad e integridad de los menores, en este sentido se realiza esta solicitud a las autoridades correspondientes.

Actualmente, la Ley General de Educación en su artículo 13 y 15 respecto a las atribuciones de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, establece lo siguiente:

Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

VII. Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, a través de la Agenda Digital Educativa;

Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

XIII. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de información.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 13 que es un derecho de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en el comunicado: Ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes en el ecosistema digital ,iv menciona que por parte de autoridades mexicanas se ha diseñado una estrategia para brindar servicios a la ciudadanía que tiene como propósito:

1. Cómo hacer efectivos los derechos de niñez y adolescencia en un ecosistema digital.

2. Cómo trabajo para tener protocolos para crear las competencias digitales que se quiere construir en la población de niñas, niños y adolescentes, padres, madres, docentes en el sistema educativo.

3. Uso de la tecnología con principios éticos y responsable.

4. Cuáles son los consejos de seguridad.

5. Cómo manejar las fotos y datos de ellas y ellos que comparto.

6. Cómo sensibilizar a los padres para que aprendan a configurar los controles parentales.

7. Platicar en familia cuál es la edad mínima para que una niña o niño tenga o no una cuenta red social.

8. Cómo comunicar a las niñas, niños y adolescentes y personas adultas la existencia de servicios gubernamentales de ayuda y denuncia cuando tienen problemas o delitos digitales.

9. Cómo trazar, dar seguimiento a las denuncias y derecho de réplica usuaria,

10. Qué de todo el proceso se desprendan datos estadísticos confiables.

No obstante, se desconoce por parte de la Secretaria de Educación Pública en que etapas se encuentra dicha estrategia, alcances y medios de difusión a la población en general, más aún, ahora del uso exponencial de los medios electrónicos por parte de las niñas, niños y adolescentes.

Derivado de los retos en materia de educación digital y a distancia, se requiere precisar por parte de la autoridad correspondiente lo alcances de la estrategia y necesariamente mayores esfuerzos para su difusión. Es este sentido someto a su consideración la siguiente la proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública en el ámbito de sus atribuciones a fortalecer el programa para el conocimiento y difusión de los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, a través de la Agenda Digital Educativa

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas federales, de los Estados y de la Ciudad de México para que en el marco de sus atribuciones fomenten el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de información.

Notas

i Véase en Unicef. El Estado Mundial de la Infancia 2017, Niños en un mundo digital. Dirección web https://www.unicef.org/spanish/sowc2017/index_101887.html

ii Véase en “Estadísticas a propósito del Día del Niño (30 de abril)”, Datos nacionales. Dirección

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2019/nino2019_Nal.pdf

iii Nota periodística Enfrentan peligros por educación a distancia https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/enfrentan-peligros-por-educacion -a-distancia-padres-hijos-riesgos-internet-acoso-clases-linea-5755853.h tml

iv Véase en. Ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes en el ecosistema digital. Dirección web https://www.gob.mx/sipinna/articulos/ciberseguridad-para-ninas-ninos-y- adolescentes-en-el-ecosistema-digital?idiom=es

Dado en la Cámara de Diputados, a los 8 días de diciembre de 2020.

Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a establecer reuniones con su homóloga de Tamaulipas para adoptar medidas conducentes a la entrega de becas y estímulos escolares a niños y adolescentes del estado, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con Punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo.”

En la fracción X se lee que “la obligatoriedad de la educación corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad”. Por lo cual tenemos que la educación es obligatoria en todos los niveles y la superior, las autoridades federal y estatales fomentarán políticas públicas que combatan la deserción escolar y la conclusión de la educación.

Es un derecho que el Estado priorice el “interés de niñas, niños, adolescentes y jóvenes” y para ello, la educación pública que se imparta será laica, gratuita, pública, inclusiva y universal, orientada a las ciencias y las humanidades y estará basada en el progreso científico.

En el artículo 3, II, e, se favorecerá el derecho a la educación, se combatirán “desigualdades socioeconómicas, regionales y de género”, con el objetivo de facilitar los servicios educativos.

La educación no es lejana a las circunstancias de marginación, vulneración social, pobreza, contextos y dimensiones locales. La educación, en sus incisos II h y j, establece que será integral para alcanzar el bienestar y promoverá el pensamiento crítico y de fortalecimiento entra la escuela y la comunidad.

La Ley General de Educación, reformada en 2019, establece en su artículo 9, I, que, para lograr la equidad y excelencia de la educación, corresponde a las autoridades educativas (federación, estados y Ciudad de México, municipios y demarcaciones territoriales) establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para otorgar becas y otros apoyos económicos.

Los educandos, en términos del artículo 77, VIII, podrán recibir becas y otros apoyos económicos para garantizar el derecho constitucional a la educación, en su otorgamiento se priorizarán las condiciones económicas y sociales que pueden limitar el ejercicio pleno de sus derechos.

Segunda. En el artículo 4o. de la Constitución se establece que las niñas, niños tienen derecho a la salud, la alimentación, el sano esparcimiento y a la educación.

En la reforma al cuarto constitucional de mayo del 2020 se elevó la política pública de programas de becas a rango de derecho constitución, al respecto señala la reforma que “el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación”.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,1 en el rubro 2. Política Social, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez:

“está dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela pública, desde educación inicial y básica, educación media superior y educación superior. Está limitado a una beca por familia y el apoyo es de 800 pesos mensuales que serán entregados de manera bimestral al beneficiario, ya sea mediante depósito en tarjeta bancaria, con una orden de pago en sucursales o, cuando no haya otra forma, en efectivo en mesas de pago. En el caso de los niños, el apoyo se entregará a sus padres o tutores. La duración será la misma que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios deberán reincorporarse anualmente al programa.”

A través de un decreto se creó la Coordinación Nacional de Becas que en su artículo tercero quedó establecido el objeto que dicha Coordinación tendría, a saber, “formular, articular, coordinar, dar seguimiento, supervisar, ejecutar y evaluar los programas de becas en materia educativa a su cargo...la coordinación propondrá estrategias y acciones para mejorar el acceso a los derechos sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley General de Educación en materia educativa.”

Las reglas de operación publicadas el 29 de diciembre del 20192 establecen que es un objetivo que las niñas, niños y adolescentes en familias pobres o en localidades prioritarias recibirán el apoyo para garantizar la permanencia y continuidad en el desarrollo de sus estudios.

En el objetivo primario de las becas se establece que el objetivo es disminuir la deserción escolar y actualmente existen tres modalidades: Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica, Beca Benito Juárez para jóvenes de Educación Media Superior y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior.3 Con respecto a las primeras, se entregan a menores de 15 años.

Tercera. Que a causa de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se establecieron acciones extraordinarias4 y desde el 16 de marzo del presente se suspendieron las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal hasta nuevo aviso.5

Que se decidió que las clases para el ciclo escolar 2020-2021 sería bajo la modalidad a distancia e iniciarían el día 24 de agosto.6 La SEP estableció el programa Aprende en Casa II los contenidos a través de convenios con la televisión.

Para que las niñas y niños puedan continuar con sus estudios se entregaron becas mediante los depósitos en las tarjetas de bancarias, sin intermediarios y disponibles en todo el territorio nacional.

Que datos de la SEP establecen que, a raíz de las brechas de desigualdad y brecha digital en nuestro país, ocasionó que a finales del mes de septiembre se hayan registrado una deserción de 3 millones de educandos de educación básica, De 30 millones, la limitante de la televisión, computadora, internet y básicos como la luz y la vivienda han impedido a educandos de niveles básicos, medio superior y superior que vean truncados sus estudios.7

Cuarta . Que la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Tamaulipas en el uso de sus facultades legales, inició clases a distancia, la matrícula de educandos a nivel básico es de 671 mil alumnas y alumnos y 32 mil docentes; de educación media superior 144 mil educandos y 8 mil docentes; por último, en educación superior se encuentran 133 mil educandos y 10 mil docentes.

Que la persona titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas reconoció que hay un adeudo de cinco meses en el pago de becas para niñas, niños y adolescentes de educación básica en el año, según la información que difundió hay una deuda de 160 millones de pesos que afectan a 144 mil estudiantes de todos los municipios de la entidad de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria que no han recibido sus becas o estímulos educativos.8

En una entrevista comentó que la falta de pago proviene de la disminución de las participaciones federales.9 El año 2019 erogaron 320 millones de pesos por concepto de becas. Para este año, señaló que deben erogarse 365 millones de pesos.

Las becas son vitales dada su naturaleza y objetivos generales y específicos, los hogares han padecido de desempleo, falta de estabilidad e incertidumbre presupuestaria, estás acciones vulneran el derecho constitucional y los criterios de la Ley General de Educación, por lo cual, podrían generar deserción escolar y afectar el interés superior de la niñez y las garantías constitucionales que asistentes a los educandos.

En el ciclo escolar 2017-2018, la deserción escolar de Tamaulipas en educación secundaria fue de 5.4% y el promedio nacional fue de 4 por ciento, es mayor a la media nacional.10

En los reportes mensuales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el rubro de Participaciones pagadas a entidades federativas de enero a octubre y publicadas el 13 de noviembre11 tenemos que a Tamaulipas del total pagado ha recibido 22 mil 296 millones de pesos, lo que significa conforme al calendario de ministración.

El 28 de agosto en la visita del Ejecutivo federal al municipio de Reynosa el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas confirmó que el pago del gasto federalizado ha llegado a tiempo y no ha tenido ningún inconveniente.

Dado que la educación de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad para el desarrollo social y económico del estado de Tamaulipas y puesto que no hay una disminución en el pago de las aportaciones federales y tampoco de las participaciones es que someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y a las soberanías, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que establezca reuniones con la Secretaría de Educación de Tamaulipas con la finalidad de que se adopten todas las medidas necesarias para la entrega de becas y estímulos escolares a las niñas, niños y adolescentes de todos los municipios de Tamaulipas pertenecientes a familias pobres, ubicadas en localidades prioritarias y de marginación para que puedan continuar con sus estudios, se evite la deserción escolar y se garantice el derecho constitucional a la educación.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y a las soberanías, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación de Tamaulipas para que, de manera inmediata, realice el pago de los adeudos a 144 mil niñas, niños y adolescentes de educación básica de los 43 municipios de Tamaulipas a efecto de garantizar el cumplimiento del derecho social dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3o. y las políticas de inclusión, transversalidad y perspectiva de género de la Ley General de Educación.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/ 2019

2 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583051&fecha=29/12/2019

3 https://becas-mexico.mx/2020/becas-para-el-bienestar-benito-juarez/
#:~:text=Las%20Becas%20para%20el%20Bienestar,en%20una%20situaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad.

4 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020

5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/ 2020

6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598272&fecha=13/08/
2020#:~:text=%2D%20Para%20la%20aplicaci%C3%B3n%20de%20los,dem%C3%A1s%20para%20la%20formaci%C3%B3n%20de

7 https://www.excelsior.com.mx/nacional/desercion-escolar-otra-pandemia-t res-millones-de-estudiantes-ya-no-continuaron-su-educacion

8 https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-2021-pagaran-becas-regreso-clases-duda,
https://elmercurio.com.mx/la-region/pandemia-les-roba-a-144-mil-estudiantes-las-becas

9 https://www.notigape.com/el-pago-de-becas-escolares-en-tamaulipas-tiene -un-atraso-de-cinco-meses/223094

10 https://www.milenio.com/politica/comunidad/desercion-escolar-rebasa-med ia-nacional-tamaulipas

11 https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/
congreso/participaciones/2020/p_202010.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a instalar con las autoridades de Zacatecas mesas de diálogo para elaborar estrategias integrales de seguridad pública y gobernabilidad, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Zacatecas ha vivido una preocupante escalada de violencia en los últimos años. En esta entidad, tanto los números absolutos, como las tasas por cada cien mil habitantes, han tenido importantes incrementos en el periodo de 2015 a 2019, demostrando que política del gobierno del estado en materia de seguridad ha fracasado y ello tendrá como consecuencia la profundización de los indicadores de violencia que hay en este momento.

Tan sólo bastaría echar un vistazo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México (SNSP) y al Semáforo Delictivo, que ubican a Zacatecas en los primeros lugares en la comisión de delitos de alto impacto (extorsiones, homicidios y secuestro) en estos meses del 2020.1

• A nivel nacional se encontraron poco más de 3 mil fosas clandestinas de 2006 a 2019. En ellas se encontraron casi 5 mil cuerpos. Siendo el estado de Zacatecas el quinto lugar con más fosas, con 238, sólo por debajo de Tabasco, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa.2

• De 2019 a 2020 la tasa de víctimas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes aumentó 56.5 por ciento, el porcentaje más alto a nivel nacional, mientras que el país en general registró “una línea de contención”.3

• Por incidencia, Zacatecas está en segundo lugar en extorsiones, tercero en secuestros, quinto en trata de personas y décimo en asesinatos. En contraste, se encuentra en los sitios 17 en robo de vehículos, 18 de transporte, 19 en narcomenudeo y 20 en feminicidios.4

• Los municipios con mayor número de delitos son Fresnillo (3 mil 790), Guadalupe (2 mil 698), Zacatecas (2 mil 362), Calera (568), Ojocaliente (338), Río Grande (349), Valparaíso (219) y Pánuco (166).5

• Zacatecas está mermado en su estado de fuerza, pues cuenta con 2 mil 236 policías, entre estatales (872) y municipales (mil 364), cuando según los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deberían ser 4 mil 472.

• Tres cárceles con sobrepoblación: el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) femenil de Cieneguillas y los establecimientos de Loreto y Concepción del Oro. Además, prácticamente todas las penitenciarías tienen déficit de custodios; el más grave, en el Cerereso varonil de Cieneguillas, al que le faltan al menos 90.

• Durante la última década el número de homicidios en Zacatecas creció 481 por ciento. Durante 2009 se contabilizaron 131 homicidios en el estado, a lo largo de 2018 la cifra casi se quintuplicó cerrando en 762.6

• El delito de extorsión parece estar fuera de control. Los datos oficiales muestran que en el año 2015 hubo 100 víctimas de este delito en la entidad; en 2016 se registró una significativa disminución, pues se registró únicamente a un total de 82 víctimas; sin embargo, en el año 2017 el número se incrementó drásticamente a 197 víctimas (140.2 por ciento más que el año previo); para 2018 la cifra llegó a un nuevo récord, con 243 víctimas (23.3 por ciento más que el año anterior, pero 143 por ciento más que en 2015). Mientras que en el año 2019 se llegó al máximo histórico, con 335 víctimas, lo que implica un crecimiento de 235 por ciento respecto de los 100 casos contabilizados en el 2015.7

• Mientras que, en el país, en 2019, la tasa de incidencia de este delito se ubicó en 6.69 casos por cada 100 mil habitantes, en el estado de Zacatecas fue de 20.49 casos por cada 100 mil personas que habitan el territorio estatal.8

• Zacatecas registró siete presuntos feminicidios y 71 muertes de mujeres que se investigan como homicidios dolosos de enero a agosto, según el más reciente reporte presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).9

• La entidad se ubicó en el octavo lugar con mayor número de asesinatos contra ellas, después de Guanajuato (295), Chihuahua (186), estado de México (171), Baja California (169), Michoacán (155), Jalisco (136) y Guerrero (91).10

• Sin embargo, al tomar en cuenta el tamaño de la población femenina en lo local, Zacatecas ascendió como el quinto a nivel nacional con la mayor tasa: 8.4 mujeres víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil en el estado.11

• De los 645 feminicidios ya confirmados en lo que va del año en todo el país, la entidad representa 1.08 por ciento y se posiciona en el número 25 por cantidad de casos.12

• Previo al arribo del Covid-19, nuestro estado registró oficialmente 755 mil personas en condiciones de pobreza, que representaban aproximadamente 46 por ciento de su población total.

• Después de la pandemia, el número de zacatecanos en circunstancia de pobreza pudiera rebasar fácilmente la frontera de 54 por ciento, para acercarse a las 900 mil personas.13

La inseguridad aunada a los efectos negativos del coronavirus, son las dos crisis más importantes que se necesitan atender en el Estado. La única manera de enfrentar los efectos de dichos fenómenos es con políticas públicas eficientes. Es ineludible entender que la seguridad pública parte de diversas dimensiones como lo son la pobreza y el desempleo, por lo cual es importante generar políticas públicas transversales y multidimensionales para atender esta problemática.

Es necesario cuestionar y replantear la gestión del gobierno del estado y también de gobierno federal encabezado por López Obrador, porque ante los problemas de inseguridad y desempleo, no hay ninguna propuesta más que institucionalizar la militarización del país.

Hasta ahora sólo se han visto campañas mediáticas para promover la prevención, lo cual resulta insuficiente para detener la violencia que se vive en el estado.

México y Zacatecas viven una profunda crisis de seguridad, que requiere un abordaje serio y más responsable por parte de todos los actores políticos y de la sociedad.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a convocar la instalación de mesas de trabajo con autoridades municipales y del gobierno estatal de Zacatecas, a fin de coadyuvar en el diálogo y establecer estrategias que permitan garantizar la seguridad de la población zacatecana.

Notas

1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incide ncia-delictiva

2 http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/violencia-y-terror-hallazgos-so bre-fosas-clandestinas-en-mexico.pdf

3 http://ntrzacatecas.com/2020/08/21/zacatecas-1-en-alza-en-tasa-de-homic idios/

4 Ibídem

5 Ibídem

6 https://www.elsoldezacatecas.com.mx/local/
aumentaron-481-los-homicidios-en-zacatecas-en-la-ultima-decada-3950162.html

7 https://www.excelsior.com.mx/nacional/azota-extorsion-a-zacatecas-creci o-235-en-2019/1366590

8 Ibídem

9 https://www.gob.mx/sesnsp

10 Ibídem

11 https://ljz.mx/2020/09/21/feminicidios-en-el-estado-se-mantienen-por-de bajo-de-la-media-nacional-en-el-pais/

12 Ibídem

13 http://ntrzacatecas.com/2020/04/30/crisol-politico-33/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a declarar mediante decreto presidencial el 18 de diciembre como Día Nacional del Migrante, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Alberto Villa Villegas , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Comisión Nacional de Población define a la migración como el desplazamiento de personas que cambian su residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra dentro de un mismo país, o que se mudan de un país a otro, en un periodo determinado.1

Según cifras del portal de Datos Mundiales sobre Migración, en 2019, el número de migrantes internacionales2 alcanzó los 272 millones, mientras que en 2017 se registraban 258 millones. De estos, 164 millones son trabajadores migrantes. Asimismo, se estima que hay 38 millones de niños migrantes.

Asia compila alrededor del 31 por ciento de la población migrante internacional, mientras que en resto de los continentes se constituye de la siguiente manera: Europa 30 por ciento; América 26 por ciento; África 10 por ciento; y Oceanía, 3 por ciento.3

Gabriela Rodríguez publicó en La Jornada el artículo denominado: “Migración en 2020”, en donde asevera que México es una nación de alta emigración debido a que ocupa el segundo lugar en la escala mundial, con 11.8 millones personas viviendo fuera del país, sólo ubicándose detrás de India con 17.5 millones.

Asimismo, indica que la recepción de migrantes en México ha sido limitada, actualmente existe un millón de personas extranjeras viviendo en México, la mayoría provienen de Estados Unidos.

Subsiguientemente asevera que otra faceta de gran importancia en la migración en México lo constituye el tránsito, la población migrante devuelta por autoridades mexicanas a Guatemala, Honduras y El Salvador, que sumó un total de 86 mil registros en 2019, cifra que es inferior a la presentada en 2015, cuando fue de 132 mil.

En cuanto a la población femenina puntualiza que ha aumentado, en 2012 eran devueltas 14 mujeres por cada 100 hombres, mientras que en 2019 fueron regresadas 42 mujeres por cada 100 hombres. Se registra también un incremento en la participación de niñas, niños y adolescentes.4

Respecto a la población migrante mexicana en Estados Unidos menciona que creció moderadamente, más de 500 mil emigraron entre 2010 y 2019. Indica que, debido a la crisis por la pandemia, el flujo migratorio ha mermado. Entre abril y junio de 2020, en EUA disminuyó 79 por ciento las aprehensiones de migrantes, mientras que en México decreció en un 90 por ciento. De marzo a abril, la tasa de desempleo de los emigrantes mexicanos pasó de 6.2 por ciento a 17 por ciento: 875 mil migrantes mexicanos perdieron su trabajo en un mes por la crisis por el Covid-19.

En consecuencia concluye que las remesas a América Latina y el Caribe van a llegar a 70 mil 400 millones de dólares5 y en México alcanzará hasta 39 mil 500 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 8.4 por ciento en este año.

En otro orden de ideas, el secretario de la Organización de las Naciones Unidas indica que: “La migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión. Permite que millones de personas busquen nuevas oportunidades, lo que beneficia por igual a las comunidades de origen y de destino”.6

Ante la importancia del fenómeno migratorio, en 1951 se crea la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), convirtiéndose en la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración. La misión de la OIM consiste en cerciorarse que la migración se conduce de forma ordenada y humana, promoviendo la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, ayudando a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios, y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya sean refugiados, personas desplazadas o desarraigadas.

Posteriormente el 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares mediante la resolución 45/158; en donde los Estados parte se comprometen a respetar y salvaguardar los derechos humanos de los trabajadores migratorios, así como de sus respectivas familias.7 Consecutivamente, el 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama en su resolución A/RES/55/93, el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante.

En este orden de ideas, el 14 y 15 de septiembre de 2006, la Asamblea General de la ONU llevó a cabo el diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, en el cual participaron los 132 Estados miembros. En este evento destacó el incremento de la migración internacional, así como la contribución al desarrollo de los países de origen y de destino. Se reiteró en la importancia de respetar los derechos de los migrantes y reconoció la trascendencia en el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de migración a nivel bilateral, regional y global.8

Subsiguientemente, el 19 de septiembre de 2016, la Asamblea General de la ONU aprobó una serie de medidas en el marco de la conmemoración de la primera cumbre sobre desplazamientos de migrantes y refugiados, las cuales se concretaron en la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, reafirmándose con esto la importancia de la protección internacional de los migrantes y la obligación de los Estados de mejorarla, entre ellos se incluyen:9

-Prevenir la violencia sexual y por razón de género, así como responder ante ella.

-Reforzar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo económico y social de los países.

-Asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en un plazo de unos meses después de su llegada.

-Prestar apoyo a los países que rescaten, reciban y acojan a un gran número de refugiados y migrantes, entre otros.10

Actualmente existe una Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que reconoce la contribución de la migración al desarrollo y su objetivo radica en facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Asimismo, aborda temas como la trata de personas, las remesas y la movilidad internacional de estudiantes, entre otros.

En nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo, en su Eje General II “Política y Gobierno”, manifiesta que la Cuarta Transformación mantiene como prioridad, en materia de política exterior, la defensa de los mexicanos en el extranjero, mediante la oportuna actuación de los consulados mexicanos en defensa del migrante.

En este tenor, en la actual administración existe un Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-2024, que tiene como finalidad ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron. Por su parte, a los extranjeros que llegan a nuestro país se les brindará pleno respeto a sus derechos, hospitalidad y la posibilidad de que construyan, en territorio nacional, una nueva vida.

En consecuencia, al ser México un país de origen, tránsito y actualmente, destino de migrantes, debemos trabajar arduamente para evitar abusos y discriminación de los cuales han sido objeto. No es un secreto que existen grupos delincuenciales que se dedican a la trata de personas, el cual se ha convertido en el segundo negocio más redituable, únicamente después del narcotráfico.

Al conmemorar, a nivel nacional el Día del Migrante, estamos reconociendo que la migración es un tema que nos ocupa y que implica una aportación constante dado el dinamismo social que lo caracteriza y el vínculo existente con los procesos de globalización.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, con pleno respeto a las esferas competenciales que le invisten, a que declare, mediante decreto presidencial, el 18 de diciembre como el Día Nacional del Migrante.

Notas

1 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2046/1/images/Anex o_y_glosario.pdf

2 Personas que residen en un país distinto al de nacimiento.

3 Portal de Datos Mundiales sobre Migración.

4 [1] https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/opinion/018a2pol

5 Incremento del 6%

6 https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/dia-internacional-delmigrante

7 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx

8 [1] https://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/HLMigration/keymessagesH LD_sp.pdf

9 https://www.un.org/es/observances/migrants-day

10 https://refugeesmigrants.un.org/es/declaration

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputado Alberto Villa Villegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC y diversas autoridades de Sonora a diseñar de manera coordinada una estrategia y realizar acciones para reestablecer la paz y seguridad en Caborca, ante la diaria inseguridad, violencia y delitos, a cargo de la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Caborca, ubicado en el estado de Sonora, ubicada en el noroeste del estado, es la cabecera del municipal. Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística en 2010 la ciudad contaba con una población de 59,922 habitantes. El municipio de Caborca limita al norte con Estados Unidos de Norteamérica, al noroeste con los municipios de Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles, al este con el municipio de Altar, al sur con Pitiquito y al suroeste con el Golfo de California.

Si bien es cierto que el contexto de la seguridad en toda la entidad es complicado, en los municipios de la región norte se ha incrementado la incidencia delictiva. De acuerdo, al Observatorio Sonora por la Seguridad, hasta el mes de agosto Caborca tuvo un aumento de homicidios dolosos de 227.77 por ciento, en comparación del mismo periodo del año 2019, cuando se ha registrado 18 casos. El robo a casa habitación incrementó 142.85 por ciento, el robo de vehículo 342.85 por ciento, el narcomenudeo 26.22 por ciento, mientras que, con 81 casos, la violencia intrafamiliar tuvo un aumento de hasta 326.31 por ciento.

A mediados del mes de junio, se presentó un violento enfrentamiento entre grupos armados, donde las autoridades localizaron al menos 12 cuerpos sin vida sobre la carretera interestatal Caborca-Sonoyta, producto de estos acontecimientos, donde ambas bandas del crimen organizado utilizaron armas de grueso calibre, donde además casas incendiarias, vehículos y gasolineras.1

El Consulado General de los Estados Unidos, lanzó el 26 de junio de 2020, una alerta de viaje, prohibiendo a sus empleados el paso por esta zona, debido al peligro que representa la presencia del crimen organizado y sus múltiples enfrentamientos.2

La madrugada del 5 de julio, se presentó un enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia organizada, sobre la Carretera Federal número 2, en el tramo Altar-Pitiquito, dejando dos personas sin vida, presuntamente integrantes de uno de los grupos en rivales. En este mismo acto, salió herida a causa del fuego cruzado una persona que viajaba en un vehículo de Nogales a Puerto Peñasco, en compañía de su familia.3

Por otro lado, el 12 de agosto por la tarde, un tráiler cargado de aceitunas fue quemado por un grupo de sicarios, en la costa agrícola de Caborca, asimismo se dio un enfrentamiento de elementos de la Guardia Nacional con el grupo de hombres armados.4

El domingo 23 de agosto, el ex futbolista de Xolos, Luis Carlos, de 20 años de edad fue ultimado tras recibir un impacto de bala en la cabeza y uno más en el tórax, mientras se encontraban en una reunión.5

El miércoles 26 de agosto, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre, de entre 30 a 35 años de edad, con varios impactos de bala, en la colonia Deportiva, en las calles P y Pitiquito.6

El domingo 31 de agosto, se registró una jornada violenta de acontecimientos, en Puerto Peñasco, Sonoyta, Caborca y Magdalena, donde se enfrentaron enfrentamientos armados, así como el hallazgo de al menos seis personas sin vida, en distintos hechos.7

Un enfrentamiento entre sicarios y elementos de la Guardia Nacional, dejó el 29 de septiembre un saldo de diez lesionados.

En las últimas semanas, choferes y turistas han reportado agresiones y asaltos de civiles armados. A principio del mes de octubre una familia norteamericana denunció Una familia norteamericana haber sido víctima de un asalto perpetrado por hombres armados presuntos integrantes de un cártel, mientras transitaban por la carretera Caborca-Puerto Lobos, en la región de Caborca, Sonora.8

El 18 de octubre un trailero denunció por medio de redes sociales que fue intimidado por sujetos armados en la carretera Sonoyta-Caborca, tales personas le ordenaron detener el vehículo para liberar la carga a un lado del camino. Mencionó que un compañero también fue obligado a cerrar el cruce de la carretera con la caja del tráiler.

El 19 de octubre, un sujeto armado ejecutó a balazos a un hombre de 30 años, en el exterior de una plaza comercial.9

Durante el martes 20 de octubre, dos personas fueron privadas de la libertad por un grupo armado en un campo agrícola ubicado en Caborca, luego de incendiar un almacén de espárragos donde acuden más de 200 empleados.10

La madrugada del lunes 16 de noviembre se perpetró un ataque armado donde murió a causa de las heridas un niño de 4 años, Tadeo Bernabé, también murió su padre y dos personas más quedaron lesionadas.11

En su gira por Sonora a principios del mes de Octubre el Presidente de la República se hizo acompañar de los secretarios de la Defensa Nacional (General Luis Cresencio Sandoval ), de Marina (Almirante José Rafael Ojeda Durán); el comandante de la Guardia Nacional (Comandante Luis Rodríguez Bucio); y el entonces secretario de Seguridad (Alfonso Durazo Montaño ), fue enfático en que no se permitirá que los grupos criminales se establezcan en Sonora; sin embargo en los últimos meses se han registrado delitos de alto impacto y Caborca se ha convertido en zona de guerra.

Ahora bien, el noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la seguridad pública es una función (traducida en obligación) a cargo de los tres niveles de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; a la titular del Poder Ejecutivo en el estado de Sonora, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano; y al alcalde del municipio de Caborca, Sonora; Librado Macías González, para que de manera coordinada se diseñe una estrategia y se realicen acciones urgentes para reestablecer la paz y la seguridad de la región Caborca, Sonora ante la situación de inseguridad, violencia y delitos cometidos diariamente.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/estados/sicarios-incendian-gasolinera-vi viendas-y-vehiculos-en-caborca

2 https://www.expreso.com.mx/seccion/seguridad/
199822-embajada-de-eu-lanza-alerta-de-viaje-por-hechos-en-caborca.html

3 https://pulsoslp.com.mx/nacional/enfrentamiento-entre-bandas-criminales -deja-dos-muertos-en-sonora-/1144340

4 https://www.diariodemexico.com/sicarios-prenden-fuego-trailer-cargado-d e-aceituna-en-caborca-sonora

5 https://www.unotv.com/estados/sonora/asesinan-en-sonora-a-jugador-de-xo los/

6 https://www.infoson.com.mx/vernoticias/14854/1/
localizan-cuerpo-sin-vida-hombre-impacto-bala-caborca#.X7ct881Kg2w

7 https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/
226266-penasco-sonoyta-caborca-y-magdalena-tuvieron-un-domingo-violento.html

8 https://www.reporteindigo.com/reporte/crimen-organizado-asalta-a-famili a-norteamericana-en-sonora/

9 https://www.elsoldehermosillo.com.mx/policiaca/
policiaca-hermosillo-el-chapo-fue-ejecutado-rifle-ak-47-plaza-comercial-caborca
-guardia-de-seguridad-arma-larga-911-5908438.html

10 https://www.elimparcial.com/sonora/policiaca/
Sicarios-incendian-empaques-de-esparrago-en-la-Coyotera-por-imposicion-de-cuotas-20201020-0031.html

11 https://www.animalpolitico.com/2020/11/matan-caborca-sonora-tadeo-nino- ataque-armado/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a dar a conocer a la población el destino de los recursos asignados en 2019 a los programas de igualdad entre hombres y mujeres, y de erradicación de la violencia contra éstas, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia que sufren miles de mujeres mexicanas es exorbitante; machismo y la misoginia se origina desde el núcleo familiar o escolar, promoviendo que estos prevalezcan, aunado con la gran inseguridad que azota diferentes regiones del país.

Machismo “es el fenómeno sociocultural que exalta los valores masculinos, la hombría, la virilidad, el poder de los hombres; expresa, ante todo, la actitud de superioridad y dominio sobre las mujeres”.1

Misoginia “son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer”.2

Si bien se ha promovido una lucha sin cesar por parte de las instituciones federales para erradicar todo tipo de violencia hacia la mujer, es un largo camino por recorrer, pero no habrá descanso hasta lograrlo.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en el artículo 5, fracción IV:

Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.3

El Código Penal Federal establece en el artículo 325:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.4

Sin embargo, una de las entidades federativas que se consideran de gran riesgo para las mujeres es el Estado de México, donde se reportaron 119 feminicidios en dicha entidad de un total de 777 feminicidios en lo que va del año, así lo informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.5

El capítulo II, “De la igualdad entre mujeres y hombres”, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal de 2019, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México el 31 de diciembre de 2018, dispone lo siguiente:

Artículo 4. Los recursos considerados en el presente decreto serán identificados de aquellos que se destinen bajo una perspectiva de género, entendiéndose esta como la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, en que se propone la eliminación de las causas de opresión de género como la desigualdad, injusticia y jerarquización de las personas basada en el género; promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el desarrollo y el bienestar de las mujeres, contribuye a construir una sociedad en la cual, las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.6

Asimismo, en el mismo ordenamiento menciona la cantidad monetaria destina para este rubro:

Artículo 6. Para apoyar a la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de México se prevén recursos en diversos programas transversales del Poder Ejecutivo, por 10 581 406 954, que promuevan la erradicación de la violencia de género, adicionalmente los entes públicos deberán adoptar acciones para identificar los recursos empleados en el cumplimiento de esta tarea, así como continuar fomentándola, a través de los diferentes programas que ejecutan con cargo a los recursos públicos.7

Conforme a la exposición de motivos presentada por el Congreso del estado de México recalca lo siguiente derivado del dinero destinado en materia de igualdad de género y alerta de violencia de género contra las mujeres:

El proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2019 incluye 10 mil 581 millones de pesos para programas exclusivos de atención a las políticas públicas en materia de género derivadas de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, así como las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres. Para cumplir con estrategias transversales, este proyecto de Presupuesto de Egresos, tiene un enfoque con una visión de género en cada uno de los Programas presupuestarios.8

Atendiendo la situación que azota al estado de México sobre la gran ola de violencia que afectan a miles de mexiquenses todos los días y como representante de dicha entidad, es mi obligación no solo como diputada sino como mujer, ayudar y salvaguardar todo lo concerniente en materia de derechos humanos y sobre todo en la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que dé a conocer a los mexiquenses el destino de los recursos otorgados por el Presupuesto de Egresos del gobierno local de 2019 para los programas de la igualdad entre hombres y mujeres, así como los programas para erradicar la violencia contra la mujeres.

Notas

1 Ídem.

2 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2020.

3 Ídem.

4 Código Penal Federal, 2020.

5 Latinus. “Los estados más peligrosos para las mujeres en México”, 25 de noviembre de 2020, https://latinus.us/2020/11/25/estados-mas-peligrosos-para-mujeres-mexic o/6 Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 31 de diciembre de 2018.

6 https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files /files/pdf/gct/2018/dic311.pdf

7 Ídem.

8 Ibídem, página131.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener, la CFE y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias a promover una intensa campaña de información actualizada dirigida a los lugareños sobre las medidas de seguridad de la planta nuclear, con motivo de la ampliación de la licencia de operación de la nucleoeléctrica Laguna Verde U1, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1 fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la presente proposición, con base en las siguientes

Consideraciones

La energía eléctrica es una necesidad incuestionable de las sociedades actuales que ha permitido el progreso en muchas áreas de nuestra vida; el desarrollo científico y tecnológico es impensable sin ella, lo que ha generado que cada vez se requiera de mayor consumo de energía eléctrica para realizar nuestras actividades cotidianas.

En México el incremento en la demanda de energía eléctrica crecerá en un 56.1 por ciento para el año 2029, por lo que se requerirán alrededor de 470,431 Gigawatt-hora (Gwh).1

En general, la generación de energía eléctrica es una de las actividades más contaminantes del mundo, dado que requiere la utilización de recursos no renovables para su producción, lo que impacta de manera negativa en el medio ambiente, particularmente por la gran cantidad de contaminantes que se liberan a la atmósfera.

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal y es el organismo encargado de suministrar energía eléctrica en nuestro país. Para ello cuenta con plantas generadoras distribuidas en todo el territorio nacional.

La capacidad instalada de CFE es de aproximadamente 50 mil MW los cuales, según el tipo de planta, se generan de diversas formas: Ciclo combinado 51 por ciento, térmica convencional 13.2 por ciento, carboeléctricas 9.2 por ciento, turbo gas 2.7 por ciento, combustión Interna 0.7 por ciento. Estas plantas generan el 76.8 por ciento de la producción nacional, sin embargo, como sus fuentes de energía son de origen fósil y producen gases de efecto invernadero.

En México, el 23.2 por ciento de la electricidad se genera a partir de fuentes de energía que no son de origen fósil, es decir: hidroeléctricas, eólicas, nucleoeléctricas, geotérmicas, de cogeneración eficiente y fotovoltaicas.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el consumo mundial de energía crecerá en un 30 por ciento para el año 2040,ii lo que implicará arrojar a la atmósfera más de 19,900 millones de toneladas de dióxido de carbono, con el consiguiente daño al medio ambiente.

Desde 1990 opera la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), es la única central nuclear de generación eléctrica de México, se ubica en el Municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Estado de Veracruz, es propiedad y administrada por Comisión Federal de Electricidad (CFE). Está certificada por el organismo regulador nuclear de México y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

La CNLV cuenta con 2 reactores, las licencias para operación a la unidad 1 se expidió el 29 de julio de 1990 y para la unidad 2 el 10 de abril de 1995, respectivamente.

Recientemente la Secretaría de Energía (Sener) autorizó la renovación de la licencia de operación de la Unidad 1 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV-U1). La licencia otorgada a CFE cuenta con el aval técnico de la CNSNS y tiene una vigencia por 30 años, del 25 de julio de 2020 al 24 de Julio del 2050.

Para garantizar la operación segura y confiable de la planta, el proceso de renovación, que inició en marzo de 2015 con la elaboración y envío de la solicitud de renovación de licencia a la CNSNS, incluyó el compromiso de inspecciones, pruebas y monitoreo a equipos, sistemas y estructuras, de conformidad con el marco regulador aplicable.

La Licencia de Operación de la Unidad 2 permanece vigente hasta el 10 de abril de 2025, sin embargo, ya dio inicio el proceso la renovación correspondiente.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamado Protocolo de Kyoto, fue firmada por el Estado Mexicano en 1992 y ratificada en el año 2000.iii

México se comprometió a aumentar el porcentaje de electricidad generada con energías limpias para disminuir el efecto invernadero.

La generación mediante la energía nuclear, no ha sido la excepción de ser una forma de contaminación, que si bien ha sido una opción que ha traído importantes beneficios, también ha generado repercusiones directamente al medio ambiente.

En este momento la utilización de energía nuclear para atender y satisfacer la creciente demanda de generación de electricidad debe ser la prioridad, además de atender debidamente la obligación de que la población cuente con información actualizada sobre la seguridad con que opera la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde de conformidad a la normatividad nacional e internacional vigente, con el fin de garantizar la máxima seguridad de la población dada la ampliación de su licencia para seguir operando por 3 décadas más.

Si bien en el Informe Nacional que presentan los Estados Unidos Mexicanos para Satisfacer los Compromisos de la Convención sobre Seguridad Nuclear,iv periodo 2016 – 2018 elaborado por la Sener en agosto de 2019, se expresa que para la correcta aplicación de las medidas de protección a la población que vive alrededor de la Central Nuclear Laguna Verde hasta una distancia de 16 km se proporcionó información referente a la posible participación de la población en caso de emergencias radiológicas, consistentes en:

a) Calendario repartido a 4000 familias sobre las acciones a seguir en caso de emergencia.

b) Visitas a las Comunidades al Centro de Información de la Planta para recibir pláticas acerca del plan de emergencia.

c) Visitas a escuelas para difundir información sobre la CNLV.

Ahora es importante ampliar los recursos de información y difusión de para generar tranquilidad en la población sobre la seguridad de la operación de la Planta por la ampliación de la licencia, pudiéndose implementar estrategias de comunicación a nivel local y mediante apoyo de las tecnologías de información y comunicación.

La seguridad es primordial en todas las actividades que involucran a la energía nuclear, por ello, el presente exhorto se realiza a la Sener, a la CFE y a la CNSNS, en razón de las atribuciones y facultades que la ley les confiere, a saber:

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear

Artículo 18. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía:

...

III. Regulará la seguridad nuclear, radiológica y física, y las salvaguardias, así como vigilará su cumplimiento;

Artículo 21. La seguridad radiológica tiene por objeto proteger a los trabajadores, a la población y a sus bienes, y al ambiente en general, mediante la prevención y limitación de los efectos que pudieren resultar de la exposición a la radiación ionizante.

Artículo 50. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Energía con las siguientes atribuciones:

I. Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear radiológica, física y las salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país;

II. Vigilar que en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos se cumpla con las disposiciones legales y los tratados internacionales de los que México sea signatario, en materia de seguridad nuclear, radiológica, física y de salvaguardias;

Ley de la Comisión Federal de Electricidad

Artículo 45. Corresponden al Director General la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos de la Comisión Federal de Electricidad, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. Al efecto, tendrá las funciones siguientes:

...

XI. Dirigir el diseño y la implementación de los programas de prevención en materia eléctrica, y los demás que, en materia de seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente sean aplicables;

Para Movimiento Ciudadano el uso de energías limpias y renovables es uno de los temas sustanciales que debe guiar la agenda para el desarrollo integral del país, dadas sus consecuencias en la calidad de vida de sus habitantes, la economía nacional, el medio ambiente y el papel que juega México ante el mundo.

Por ello desde el legislativo hemos apoyado reformas y actualizaciones a la Ley de Transición Energética que tiene el objeto de regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y Renovables que favorecen la reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de doblar los esfuerzos promovemos acciones que protejan la vida, cuiden los bienes y garanticen la seguridad y tranquilidad de los habitantes que viven en comunidades cercanas a la CNLV, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y a la Secretaría de Protección Civil de Veracruz para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y con motivo de la ampliación de la licencia de operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde U1, promuevan una intensa campaña de información actualizada dirigida a la población de las comunidades vecinas sobre las medidas de seguridad con que opera la planta nuclear

Notas

i Prospectiva del sector Eléctrico 2015- 2029, Secretaría de Energía (Sener). Visto en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf

ii Visto en:

https://www.dw.com/es/aie-demanda-de-energ%C3%ADa-mundia l-aumentar%C3%A1-un-25-hasta-2040/a-46269694

iii Visto en: https://www.gestiopolis.com/el-protocolo-de-kioto-y-su-impacto-en-la-ec onomia-ambiental-de-mexico/

iv Informe Nacional que presentan los Estados Unidos Mexicanos para Satisfacer los Compromisos de la Convención sobre Seguridad Nuclear, periodo 2016 – 2018. Secretaría de Energía, agosto de 2019. Visto en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/486779/In forme_Nacional-_Mexico_2019.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos municipales a valorar el establecimiento de apoyos mediante créditos a las micro y pequeñas empresas y emprendedores para estimular la reactivación económica local, mantener y fomentar el empleo y evitar la quiebra de éstas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En la publicación Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020. La política fiscal ante la crisis derivada de la pandemia de la enfermedad por coronavirus Covid-19 , publicado de la CEPAL, examina los instrumentos fiscales para amortiguar los efectos de la pandemia por el virus SARS-CoV2 en la región, al respecto las herramientas pueden dividirse en tres rubros, reasignación presupuestaria del gasto público, el alivio tributario y la provisión de liquidez.1

El esfuerzo de cada uno de los países ha sido distinto, pero tienen algunas coincidencias, el fortalecimiento al sistema sanitario, el aumento al gasto a los servicios de salud, la implementación de líneas de crédito para micro, pequeñas y medianas empresas, apoyo a la actividad económica y protección del ingreso de bienestar de las familias.

Estas coincidencias en la región quedan mejor ejemplificadas en el cuadro siguiente:

Dentro del cuadro México aparece entre los países que han fortalecido al sistema sanitario, por parte del Gobierno Federal se han entregado líneas de crédito y se han establecido garantías estatales, igualmente como medidas para la actividad económica se ha impulsado la inversión en infraestructura y apoyo a la vivienda, adicionalmente se ha apoyado al empleo, el pago de pensiones y la protección del ingreso para los grupos vulnerables.

Segunda. En México, mediante el Plan Estratégico para la Atención de la Contingencia Covid-19 del IMSS2 en el mes de marzo se identificaron 70 hospitales para la atención de enfermos y 20 de reconversión, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2021 fue 9.2 por ciento mayor en términos reales al presupuesto del año 2020 en el ramo administrativo 12, “salud”.

El país enfrentó la contingencia con 307 hospitales abandonados y con déficit de personal médico, en la comparecencia del secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer, aseguró que se ha hecho un esfuerzo entre sector salud y las Secretarías de Marina y Sedena para reconvertir casi mil hospitales, se han instalado 32 mil camas, más de 10 mil ventiladores y se contrataron a 47 mil médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, así como se han celebrado 78 convenios con instituciones públicas y del sector privado.3

En líneas de crédito, desde finales de abril del presente año, el gobierno federal se puso en marcha el Programa de Apoyos Financieros a Microempresas4 con metas cumplibles. El programa es un financiamiento de 25 mil pesos por negocio o persona a pagar en 3 años, con un periodo de gracia de tres meses, esto es, se pagarán 33 abonos de 824 pesos.

Los dos programas operativos Crédito a la Palabra y Apoyo Solidario a la Palabra a Empresa tienen las siguientes características: Crédito a la Palabra es un programa que como requisito incluía estar registrado en el Censo del Bienestar, ser mayor de edad, tener operación de al menos seis meses, brindar servicios excepto el sector agropecuario. Las características de Apoyos Solidario a la Palabra a Empresa son tener inscritos al personal en el IMSS, pagar las contribuciones sociales y no haber despedido a personal durante la contingencia sanitaria.

Por otra parte, a finales del mes de septiembre, el Programa de Microcréditos para el Bienestar o más comúnmente conocido como “Tandas del Bienestar” que es un programa prioritario del gobierno federal que busca fortalecer el desarrollo económico en las regiones que han sido excluidas de los servicios financieros tradicionales, casi ha alcanzado la dispersión de 999 mil 443 créditos, con lo cual se han dispersado 24 mil 986 millones de pesos, de la meta de los 25 mil millones de pesos.5 El autoempleo, la inclusión económica y social son dos de sus principales objetivos. Recordemos que las Tandas, el primer monto es de 6 mil pesos de préstamo, al cubrir el apoyo, el segundo es de 10 mil pesos, el tercero de 15 mil pesos y el último de 20 mil pesos.

Con respecto a Crédito a la Palabra, la persona titular de la Secretaría de Economía anunció el 24 de septiembre se superó la meta de entrega a 1 millón 113 apoyos y se estima que al final del 2020 se hayan otorgado 1 millón 451 mil créditos de 25 mil pesos.6

La Secretaria de Economía diseñó el portal mipymes es una plataforma para informar las medidas económicas tomadas para mitigar las secuelas del Covid-19 en México que adicional de las reseñadas, están también, Infonavit, Fovisste y capacitar, vender, emprender, crecer y exportar mejor.

Adicionalmente la composición de los establecimientos en México son micro, pequeña y mediana empresa, según el Censo Económico 2020 en sus resultados definitivos7 en los 6.3 millones de establecimientos en el país, el 94.9 por ciento son establecimientos micro, el 4.9 por ciento son pymes y el 0.25 por ciento grande.

El secretario de Hacienda y Crédito Público declaró el pasado 12 de noviembre que en el país se han recuperado 7.5 millones de empleos, 7 del sector informal y medio millón formal, el país perdió 12 millones de empleos informales y 1 millón 157 mil formales, pero está en un proceso de recuperación.8

Tercera. Las medidas económicas estatales y municipales varían dependiendo de cada entidad, en el caso de Tamaulipas9 se estableció el programa Directo a domicilio10 es una plataforma de restaurantes para potencializar el consumo, disponible por municipio.

Se han implementado dos programas, Programa Pyme Tam y Créditos a Mipymes, el primero es un crédito de 25 mil y de 50 mil pesos a pagar en tres años y cuatro meses de gracia, y está destinado al sector comercial, industrial y de servicios. En cambio, los Créditos son créditos a personas físicas y morales, con operaciones de 12 meses en Tamaulipas, es una bolsa de 500 millones de pesos en conjunto con Nafin, a pagar en 5 años con 6 meses de gracia y son créditos de 50 mil a 2 millones de pesos.

Otros municipios han entregado apoyo a los micronegocios, por ejemplo, San Pedro Garza anunció el apoyo a negocios con menos de 5 trabajadores con 27 mil pesos y 200 apoyos de 10 mil pesos.11 En Puebla se informó la entrega de 10 mil pesos a 1, 023 micronegocios, la bolsa contemplada ascendió a 10 millones de pesos.12 Zapopan destinó 10 millones de pesos para créditos de 10 a 40 mil pesos.13 Aguascalientes capital apartó una bolsa de 12 millones de pesos, dividido en 6 millones para nóminas y 6 millones más para emprendedores y micronegocios.14 En Los Cabos destinaron 4.5 millones de pesos para mismos fines.15

Que el Periódico Oficial de Tamaulipas con fecha al 26 de diciembre del 201916 publicó el presupuesto de egresos de Tampico, por un total de 1,394, 833,121 pesos, el gasto no etiquetado es de 977 millones de pesos. Por lo cual se estima que está en posibilidades de emitir un gasto de apoyo a través de créditos para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

Lo anterior está sustentado en el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tanto por su participación como por los esquemas de apoyo, a través de la concurrencia de competencias.

A petición de las cámaras empresariales y de comercio de Tampico y como parte de una zona de desarrollo económico de la entidad es que someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a las soberanías, exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales de las 32 entidades federativas para que a través del ejercicio presupuestal municipal valoren la creación de apoyos mediante créditos a las micro y pequeñas empresas y emprendedores con el objetivo de incentivar la reactivación económica local, mantener y fomentar el empleo y evitar la quiebra de empresas.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a las soberanías, exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales de la zona sur de Tamaulipas para que prioricen la agenda de gobierno en la reactivación económica a partir de la reasignación presupuestal de programas o apoyos mediante créditos para la micro y pequeña empresa y emprendedores, con la finalidad de fortalecer a los establecimientos y procurar la conservación y generación de empleos.

Notas

1 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45730/3/S2000154_e s.pdf p,24.

2 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/144

3 http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/64/3er/1Ord/oct/01L64A3P120.ht ml

4 http://cronica.diputados.gob.mx/Ve28oct2020-Economia.html

5 https://www.milenio.com/negocios/secretaria-economia-alcanzar-meta-cred itos-palabra

6 https://www.milenio.com/negocios/secretaria-economia-supera-meta-credit os-palabra

7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pprd_ce19.pdf

8 https://www.forbes.com.mx/
economia-mexico-recupera-casi-7-5-millones-de-empleos-perdidos-por-covid-19-afirma-shcp/

9 https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/articulos/tamaulipas-245202

10 https://www.tamaulipas.gob.mx/directoadomicilio/

11 https://www.eleconomista.com.mx/estados/El-municipio-de-San-Pedro-Garza -Garcia-dara-apoyos-a-micronegocios-por-Covid-19-20200607-0014.html

12 https://www.eleconomista.com.mx/estados/
Daran-apoyos-a-microempresarios-de-Puebla-con-plan-de-reactivacion—-20200824-0037.html

13 https://www.informador.mx/economia/
Zapopan-dara-apoyos-por-hasta-40-mil-pesos-a-micro-y-pequenos-empresarios-20200330-0073.html

14 https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/
destinar%C3%A1-municipio-de-aguascalientes-12-mdp-para-apoyos-a-empresarios-y-comercios/ar-BB11tRKB

15 https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/apoyo-de-8.5-mdp- a-emprendedores-5358714.html

16 https://tampico.gob.mx/transparencia/2020/INFORMACIONADICIONALALPRESUPU ESTODEEGRESOS2020.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tamaulipas a realizar por la SCT las diligencias conducentes a deslindar responsabilidades administrativas y penales por el incorrecto proceder de las autoridades de tránsito de Altamira, Madero y Tampico por multas e infracciones indebidas a autotransportistas, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame , diputado federal del Grupo de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De las diversas cadenas productivas, el autotransporte es la más destacada ya que es utilizada para la transportación de la gran variedad de productos, para hacerlos llegar al consumidor, esta modalidad de transportación terrestre ocupa el mayor porcentaje de uso el 84 por ciento y por ende la de mayor generadora de empleos y de impuestos, está por arriba del 6 por ciento de la participación del producto interno bruto.

El uso de este transporte es tan esencial que no se concibe el envío de mercancías para hacerla llegar a la población.

Todas estas actividades licitas para el desplazamiento de ello ya plasmado en nuestra Carta Magna que a la letra dice:

Conforme a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Se consagra aquí la libertad de tránsito, que nos permite movernos sin ninguna restricción por todo el territorio nacional, si requerir permiso de la autoridad para entrar o salir de la república o para trasladarnos dentro de ella.

Cuando el inicio de la pandemia en marzo del 2020, se dieron muchas restricciones por la contingencia sanitaria “cuarentena”, para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por Covid-19 en la población residente en el territorio nacional.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Salud y en consecuencia se dio como Decreto Presidencial en el Diario Oficial de la Federación, aquellas actividades que NO pueden parar, pues son esenciales para el funcionamiento del país son:

-De la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sector salud.

-El abasto, servicios y proveeduría para la rama médica, como las farmacias, manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud.

-La disposición de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención.

-La seguridad pública y la protección ciudadana; la defensa de la integridad y la soberanía nacional; la procuración e impartición de justicia.

-La actividad legislativa en los niveles federal y estatal

Los sectores que tampoco pueden dejar de producir, pues son considerados como esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía son:

—Financiero

—Recaudación tributaria

—Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas

—Generación y distribución de agua potable

—Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas

—Mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados

—Servicios de transportes de pasajeros y carga

—Producción agrícola y pecuaria

—Agroindustria, química, productos de limpieza

—Ferreterías

—Servicios de mensajería fabricación, venta y distribución de insumos y artículos de papelería y material didáctico; uniformes, mochilas y demás artículos escolares; dispositivos electrónicos de cálculo y procesamiento de datos como son tabletas, computadoras y calculadoras; así como las actividades desarrolladas por editoriales y librerías, sean consideradas como actividades esenciales.

—Guardias en labores de seguridad privada

—Guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad

—Telecomunicaciones y medios de información

—Servicios privados de emergencia

—Servicios funerarios y de inhumación

—Servicios de almacenamiento y cadena de frio de insumos esenciales

—Aeropuertos, puertos y ferrocarriles

—Industria de la construcción (desde el 14 de mayo)

—Minería (desde el 14 de mayo)

—Fabricación de equipo de transporte. Industria automotriz, aeroespacial, ferroviaria y naviera (desde el 14 de mayo)

—Fabricación, venta y distribución de insumos y artículos de papelería y material didáctico; uniformes, mochilas y demás artículos escolares; dispositivos electrónicos de cálculo y procesamiento de datos como son tabletas, computadoras y calculadoras (desde el 3 de agosto)

—Editoriales y librerías, sean consideradas como actividades esenciales (desde el 3 de agosto)

Así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación.

Pero se tenía que transportar medicamentos, ayuda alimentaria, indumentaria de protección médica, cubre bocas, caretas, respiradores mecánicos, etcétera, a cada uno de los rincones de los diferentes estados del país, el medio fue y sigue siendo el autotransporte federal, ahora bien, por si aún hay duda al respecto en la publicación del Diario Oficial de la Federación con fecha del 8 de abril de 2020 en el apartado B numeral III. Que se refiere específicamente al Autotransporte Federal como se muestra en lo siguiente:

DOF: 08/04/2020

“Acuerdo por el que se precisan las actividades esenciales competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el marco de atención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comunicaciones.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, fracción I, 16 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. del Reglamento Interior de esta Secretaría, y

Considerando

Que con fecha 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Acuerdo de Emergencia Sanitaria);

Que el artículo primero del referido acuerdo establece como acción extraordinaria sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), que los sectores público, social y privado deberán implementar entre otras medidas la suspensión inmediata de actividades no esenciales, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Ello, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del citado virus en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el territorio nacional;

Que el citado artículo establece en su fracción II, las actividades que se consideran esenciales, entre las que destacan las directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria; las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; los sectores fundamentales de la economía; las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales; las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables;

Que dentro de tales actividades identificadas como esenciales en el referido Acuerdo, se advierten algunas cuya regulación, supervisión y vigilancia, o en su caso coordinación, corresponde al ámbito de competencia de esta Secretaría, y

Conforme lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:

Acuerdo por el que se precisan las actividades esenciales competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el marco de atención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2

Artículo Único. Las actividades esenciales referidas en el Acuerdo de Emergencia Sanitaria que corresponden al ámbito de competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, son las siguientes:

A. En materia de Infraestructura:

(i) La conservación de las carreteras federales libres de peaje;

(ii) El Programa de Conservación y Rehabilitación de Caminos Rurales y Alimentadores, y

(iii) La operación de la Red de Autopistas de Cuota, las libres de peaje, así como todos aquellos caminos y puentes entregados a los gobiernos de las entidades federativas y municipios para su operación, mantenimiento, conservación y vigilancia.

B. En materia de Transporte:

I. Aéreo:

Certificados Vuelo Seguro.

Certificados de exportación y aeronavegabilidad.

Emisión del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC), Renovación o sus enmiendas.

Convalidación del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC), emitido por autoridad aeronáutica extranjera, su Renovación o sus enmiendas.

Permisos de taller, así como la convalidación de talleres en el extranjero que prestan servicios a aeronaves de matrícula mexicana, y sus enmiendas.

Autorización de trabajos de reparación o mantenimiento ocurridas repentinamente, así como de trabajos a efectuarse en el extranjero.

Autorización de Sobrevuelos.

Autorización de Vuelos de Rescate.

Autorización de Vuelos Humanitarios.

Servicios aeroportuarios.

Servicios complementarios.

Servicios de ayuda a la navegación aérea.

Asignación y cancelación de matrículas de aeronaves del servicio público.

Aprobación de pólizas de seguros.

II. Ferroviario:

(i) La prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y pasajeros, así como sus servicios auxiliares y soporte para dicho servicio;

(ii) La rehabilitación y mantenimiento de las vías férreas, y

(iii) Los trabajos de conservación y mantenimiento de equipo ferroviario.

III. Autotransporte Federal:

(i) Aquellas vinculadas con la cadena de servicios de transporte de personas y carga, que a continuación se enlistan:

Servicios de autotransporte federal de pasajeros y carga.

Servicios de mantenimiento de la flota vehicular, proveeduría de refacciones y servicios conexos.

Servicios de limpieza y desinfección para vehículos de todo tipo, terminales de pasajeros, paradores, estaciones de servicios mecánicos y venta de diésel y gasolina.

Operación de centros de carga y descarga de todo tipo de bienes, así como la de paradores.

Servicios de paquetería y mensajería.

Servicios de grúas de arrastre, salvamento y depósito de vehículos.

(ii) Terminales de pasajeros y unidades de verificación, auxiliares al autotransporte federal;

(iii) Labores de supervisión en las principales terminales centrales de autobuses de pasajeros, del país, a cargo de la Dirección General de Autotransporte Federal y Centros SCT, enfocadas actualmente en la aplicación de las medidas sanitarias emitidas por dichas unidades administrativas, y

(iv) Expedición de autorizaciones provisionales para circular sin placas metálicas, para que las unidades destinadas al autotransporte federal puedan transitar y prestar servicios mientras persista la emergencia sanitaria referida, y persistan las condiciones que han dado lugar al establecimiento de medidas para la contención del citado virus.

IV. Marítimo:

(i) Otorgamiento de permisos y autorizaciones a embarcaciones o artefactos navales que presten servicios vinculados con el transporte de pasajeros y carga, así como con la producción y distribución de gas, petróleo, gasolina o turbosina:

Permisos temporales para navegación de cabotaje a embarcaciones extranjeras.

Autorizaciones de permanencia a artefactos navales extranjeros para operar en las zonas marinas mexicanas.

Permisos para prestación de servicios de transporte de pasajeros en vías navegables.

(ii) Trámite y otorgamiento de autorizaciones para actuar como agente naviero general o consignatario de buques.

(iii) Puentes humanitarios.

(iv) Las obras portuarias esenciales para asegurar el buen funcionamiento de los puertos, incluyendo los proyectos portuarios del sector privado cuyo fin es la creación de infraestructura estratégica para la operación portuaria y el estímulo de la actividad económica.

C. En materia de Operación Portuaria:

(i) La operación de entrada y salida de buques, carga y descarga de mercancías y pasajeros necesarios para la continuidad del abasto de suministros, así como los servicios portuarios mínimos/básicos requeridos para la atención a los buques y su tripulación, con observancia de protocolos de sanidad establecidos;

(ii) La prestación del servicio de pilotaje y aquellas actividades inherentes a la operación de los buques en puerto, que requieran de su inmediata atención por las Oficinas de Servicios a la Marina Mercante dependientes de esta Secretaría, y

(iii) La autorización de maniobras de enmienda y fondeo de embarcaciones en los puertos, por las Oficinas de Servicios a la Marina Mercante dependientes de esta Secretaría.

D. En materia de Comunicaciones:

(i) Acciones para garantizar la continuidad de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión para que la población pueda acceder a medios de información y servicios de telecomunicaciones;

(ii) Acciones para la salvaguarda de la seguridad de la infraestructura crítica;

(iii) Continuidad de proyectos de cobertura social;

(iv) Difusión de información a la población sobre el uso racional de las tecnologías de telecomunicaciones y radiodifusión;

(v) Servicios de Correo y mensajería a cargo del Servicio Postal Mexicano;

(vi) Servicios satelitales para cobertura social Telecomm;

(vii) Servicios de oficinas Telecomm y servicios de dispersión de recursos para los programas sociales de Bienestar por parte de Telecomm;

(viii) Mantener la operación de la Red privada del Gobierno Federal, y

(ix) Evaluación de proyectos de desarrollo tecnológico.

Transitorios

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente acuerdo subsistirá en tanto prevalezca la situación de emergencia sanitaria de conformidad con las valoraciones, resoluciones o acuerdos de la autoridad de salud federal.

Dado en la Ciudad de México, a 6 de abril de 2020.- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.- Rúbrica.”

Cabe destacar que seguimos en fase de pandemia, como sabemos hubo un repunte de contagios en varios países y en México en varios estados que regresaran al confinamiento, debemos entender que hasta que no se descubra la vacuna para erradicarla no saldremos de esta situación, por lo que continuaremos en fase de emergencia.

Si a sabiendas de la situación mundial de emergencia y por ende México no está salvo, porque se está restringiendo la circulación del autotransporte federal y extorsionando por los agentes de tránsito en los municipios de Altamira, Madero y Tampico del estado de Tamaulipas.

Si consideramos quienes son los facultados para expedir las licencias y placas federales, nos lo dice el mismo Reglamento de Tránsito del Estado de Tamaulipas:

“Capítulo Quinto
De las Licencias y Permisos De Manejo

Articulo 18. Para poder conducir en el estado vehículos con motor, se requiere tener licencia de manejo.

Artículo 19. Los tipos de licencia para manejar que expida la Secretaría son:

I. De motociclista:

II. De automovilista; y

III. De chofer.”

Cuando menciona la Secretaría se refiere como lo menciona al principio del Reglamento es la Secretaría de Seguridad Pública del estado, como se podrá ver no menciona en el artículo 19 antes citado que otorguen licencias federales.

Ahora bien, en la Ley de Tránsito del mismo estado en su artículo 15 claramente dice que tipo de placas puede expedir:

“Artículo 15. Las placas vehiculares que expida la dependencia competente del Ejecutivo estatal podrán ser:

I. Para servicio particular;

II. Para servicio público de transporte;

III. Para uso oficial; y,

IV. Para demostración.”

Como se aprecia nuevamente no expide placas federales, porque el único facultado para ello es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces, por qué se extralimitan en sus funciones las autoridades municipales si en apegándose a su propia página del gobierno municipal en el apartado de Protección Civil/ Reglamento de Tránsito del Estado de Tamaulipas/ Carga y Descarga, en el caso del municipio de Altamira, en el Reglamento de Tránsito del Estado de Tamaulipas en su artículo 67 y 104 dice:

“Artículo 67. Para que un vehículo pueda circular en el Estado no deberá exceder de las siguientes dimensiones:

I. Longitud de doce metros; salvo los articulados que podrán tener hasta diecinueve;

II. Anchura de dos metros con sesenta centímetros, incluyendo la carga del vehículo; y

III. Altura de cuatro metros, incluyendo la carga del vehículo.”

“Artículo 104. Se prohíbe la circulación de los vehículos de carga cuando ésta:

I. Sobresalga de la parte delantera del vehículo;

II. Sobresalga de la parte posterior en más de un tercio de la longitud de la plataforma;

III. Ponga en peligro a personas o bienes;

IV. Estorbe la visibilidad del conductor o dificulte la conducción del vehículo;

V. Oculte las luces del vehículo, sus espejos retrovisores o sus placas de circulación; y

VI. Se trate de materias a granel que no vayan debidamente cubiertas.”

El gremio de los autotransportistas está en la mejor disposición de cooperar, de participar respetando el manejo de su carga como lo dictan las leyes tanto estatales como federales, siempre del lado de la razón.

Se debe considerar la situación de emergencia por la que está pasando el mundo y en consecuencia nuestro país, las autoridades municipales deben hacer conciencia de la importancia del autotransporte federal y no obstaculizar su trabajo dentro las actividades esenciales.

Al paso que vamos en los incrementos acelerados de casos y estadística de contagios y muertes por el Covid-19, la probabilidad de darse en poco tiempo nuevamente una contingencia sanitaria son muy elevadas.

En virtud de lo anterior y con el propósito de brindar la importancia y debida atención a este problema que impacta a una gran cantidad de autotransportistas y lo más importante en consecuencia a la nación.

Por las consideraciones antes expuesta, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Tamaulipas para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades administrativas y penales por el incorrecto proceder de las autoridades de Tránsito de los municipios de Altamira, Madero y Tampico por multas e infracciones indebidas a los autotransportistas, ya que su actividad está considerada dentro de las actividades esenciales durante la pandemia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre del 2020.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, en coordinación con la Segob, y los ayuntamientos a diseñar e implantar una campaña informativa por medios de comunicación masiva y redes sociales sobre los riesgos asociados al incremento de los contagios de Covid-19 en todo el país, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Estas fechas representan para nuestro país una época de convivencia y reuniones familiares; sin embargo, la presencia del virus SARS-CoV2, que provoca la enfermedad del covid-19, ha dificultado que los eventos que tradicionalmente festejamos las y los mexicanos, se lleven a cabo con la normalidad de siempre.

Los datos actuales del covid-19 en nuestro país (al corte del 6 de diciembre de 2020) son 1 millón 175 mil 850 casos confirmados acumulados, 109 mil 717 defunciones, 866 mil 186 recuperados y 54 mil 88 activos. De todos los contagios acumulados, el 50.73 por ciento son hombres y 49.27 por ciento son mujeres (véase gráfica 1).1

Realizada con base en Conacyt. “Covid-19 México. Información General”. Fecha de publicación: 2020, disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/

De todos los casos confirmados acumulados, el 21.16 por ciento han sido hospitalizados y el 78.84 por ciento fueron pacientes ambulatorios (gráfica 2).2 Aunado a ello, se observa que la tendencia de positividad diaria ha aumentado desde mediados de noviembre, visualizándose un posible repunte, similar al que se vivió en diversos países de Europa (véase imagen 1).3

Realizada con base en Conacyt. “Covid-19 México. Información General”. Fecha de publicación: 2020, disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/

Imagen 1: Variación diaria de Covid-19 en México

Imagen extraída de Google “variación diaria de Covid-19”. Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2020, disponible en: https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&mid=/m/0b90_r&gl= US&ceid=US:es-419 [Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2020].

Estos datos nos señalan que noviembre fue el segundo mes con el mayor número de casos nuevos y defunciones desde julio. Se estima que para diciembre se superen los 200 mil casos de nuevas infecciones y se den más de 20 mil fallecimientos sólo en un mes.

Este aumento de casos positivos provoca irremediablemente que los hospitales estén más llenos. A poco más de un año del descubrimiento de esta enfermedad, y a casi 10 meses de la declaración de emergencia por pandemia global, el fenómeno sanitario amenaza con endurecer la situación hospitalaria de nuestro país. Si bien en los meses de julio y agosto existía una tendencia de baja en hospitalizaciones a nivel nacional, a partir de octubre la tendencia aumenta considerablemente (Véase imagen 2) observando un 38 por ciento de ocupación total.4

Imagen 2: Hospitalización diaria nacional

Obtenida de Facebook, con base en información Secretaría de Salud. “RED IRAG”. Publicado el 2 de diciembre de 2020. Información disponible en: https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome [Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2020].

Aunado a ello, por entidad federativa se observa (Imágenes 3 y 4) que, al corte del 3 de diciembre de 2020, nueve estados superan la mitad de su disponibilidad de camas (Durango, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Coahuila, Zacatecas y Baja California) y cuatro entidades superan el 50 por ciento de disponibilidad de camas con ventilador (Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, y Zacatecas).

Estos datos se reflejan también en la “semaforización” que semanalmente se nos ofrece y que, para el último reporte, indica que 24 entidades federativas —incluida Puebla—, se encuentran en semáforo naranja, con las restricciones de movilidad y de operación de establecimientos que esto trae aparejado.

Imagen 3: disponibilidad de camas de hospitalización general

Obtenida de Facebook, con base en información Secretaría de Salud. “RED IRAG”. Publicado el 2 de diciembre de 2020. Información disponible en: https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome [Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2020].

Imagen 4: disponibilidad de camas con ventilador

Obtenida de Facebook, con base en información Secretaría de Salud. “RED IRAG”. Publicado el 2 de diciembre de 2020. Información disponible en: https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome [Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2020].

Con base a todo lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación ante el incremento de muertos por la enfermedad, así como el repunte de hospitalizaciones en las últimas semanas. Exhortó a nuestro país a tomarnos muy en serio la pandemia y mantener un efectivo liderazgo en esta lucha.5

Ante esta declaración, la opinión pública de nuestro país ha instado a las autoridades federales y de las entidades federativas a tomar acción en torno al repunte de casos; aunado a ello, gobernadoras y gobernadores de todo el país, han instado a la población a no “bajar la guardia” ante la aparente disminución de casos, pues no se puede descartar un rebrote de Covid-19 que podría saturar los hospitales públicos.

El presidente de la República, por su parte, declaró este 4 de diciembre en una de sus conferencias de prensa lo siguiente:

“...Hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad. Somos libres, pero, respetuosamente, les propongo lo siguiente:

1. Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle.

2. Si salimos a la calle, guardemos siempre la sana distancia.

3. Comuniquémonos por teléfono o por videollamadas con nuestros familiares y amigos.

4. Estemos solo con los que habitamos la misma casa.

5. No hagamos fiestas ni reuniones con familiares o amigos.

6. Si presentas síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, habla de inmediato para recibir atención médica al 5658-11-11 en la Ciudad de México y al 911 en el resto del país.

7. Si tienes síntomas procura hacerte la prueba, se están instalando kioscos con ese propósito en la Ciudad de México y en algunos estados del país.

8. Acude pronto a la clínica, centro de salud o al hospital más cercano para atenderte, no te esperes, sobre todo si padeces de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras.

9. Dejemos los regalos de navidad para otro momento. Recuerda: regala afecto, no lo compres.

10. Nosotros vamos a ampliar, sobre todo, aquí en la Ciudad de México, en estos días, el número de camas, equipos, enfermeras, doctores, para que a nadie le falte la atención médica especializada y de calidad, pero lo más importante es que no nos enfermemos. Es mejor prevenir que lamentar.

Estoy seguro de que, como siempre, tomarás en cuenta nuestras recomendaciones. La autoridad somos todos. Nadie mejor para cuidarnos que nosotros mismos. Nada material es más importante que la vida.”6

Asimismo, no se debe olvidar la importancia del uso de cubre bocas, ya que a pesar de no ser determinante absoluto para evitar el contagio de covid-19, sí disminuye considerablemente el riesgo de contraer dicha enfermedad .

Estamos en un repunte de casos preocupante, todas las autoridades de nuestro país deben hacer consciencia de que el reto más grande de la pandemia está por venir, ya que por primera vez en la historia de nuestra nación, estas fiestas estarán opacadas por un ambiente de inestabilidad en materia de salubridad y con el peso de la tragedia de las más de 100 mil muertes.

Por ello, es necesario que a todos los niveles de gobierno se tomen medidas acordes a ésta época, a través de campañas de información y concientización hacia la población. El acompañamiento en estos momentos difíciles a nuestros familiares se vuelve necesario; sin embargo, los mejor es no trasladarse para visitar a nuestros seres queridos, ya que con ello ponemos en riesgo su vida y la nuestra.

Es importante que las entidades federativas vuelvan a impulsar los protocolos de contención y disminución de riesgo de contagios. Aunado a ello, también deben tomar en cuenta acciones que eviten el colapso hospitalario, pues como se visualizó en las imágenes anteriores, existe una tendencia al alza de ocupación.

No se debe olvidar la principal recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, donde establece que “la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria”, por lo que es necesaria “una respuesta de los gobiernos y la sociedad en su conjunto equivalente a la determinación y el sacrificio de los trabajadores sanitarios en primera línea”.7

En ese sentido, dos variables son fundamentales para actuar en este escenario de repunte de contagios: los protocolos de actuación y movilidad social, así como campañas informativas . Las cuales no son una simple ocurrencia de implementación, sino recomendaciones de organismos internacionales, fundamentados en estudios técnicos.

En torno a la primera variable, la Guía sobre la gestión de riesgos ante una pandemia de gripe, de la OMS, se proponen estas actividades de respuesta ante una contingencia sanitaria:

“Evaluar y determinar si conviene suspender, restringir o modificar las grandes concentraciones de personas.

Aplicar medidas de distanciamiento social, según lo indicado en los planes nacionales, entre ellas el cierre de escuelas y otras medidas sociales para el control de la morbilidad, como la modificación de los hábitos laborales.” 8

Dichas recomendaciones se refuerzan en el documento técnico expedido por la misma organización, “Hacer frente a las enfermedades no transmisibles durante la pandemia de Covid-19 y después de ella”, donde específicamente se dan cuatro ejemplos efectivos que pueden implementar los gobiernos locales, a fin de dar una respuesta integrada a la enfermedad Covid-19:

“Transmitir mensajes sanitarios coherentes y eficaces en el ámbito local.

Alentar la creación de redes locales de apoyo a las personas con alto riesgo de contraer la covid-19, por ejemplo, las personas con ENT.

Aprovechar la oportunidad que ofrece la covid-19 para transformar las zonas urbanas mediante el establecimiento de mejores vínculos entre los espacios, las ENT y la salud (por ejemplo, redes viales para ciclistas y peatones, calles peatonales, movilidad urbana no motorizada segura y eficiente, y servicios de agua, saneamiento e higiene).

Según proceda, aplicar las medidas anunciadas en los recuadros 6 y 7.”9

Las medidas a las que se hace mención en el último punto de la recomendación a gobiernos locales, hacen referencia a medidas recomendadas jefes de estado, parlamentarios, sector agrícola, información y medios de comunicación, sector educativo, medio ambiente, finanzas, economía, asuntos exteriores, trabajo, a la protección social, comercio e industria y el transporte.10

Para efectos de este punto de acuerdo, se hace necesario prestar atención a las medidas sectoriales generales que la OMS recomienda a los jefes de estado las cuales establecen lo siguiente:

“Jefes de Estado

Ejercer el liderazgo y la dirección en lo que concierne a medidas relativas a las Enfermedades no Transmisibles (ENT) basadas en los derechos, que abarquen a todo el gobierno y a toda la sociedad, como parte de la respuesta a la Covid-19, la recuperación y el paradigma de «reconstruir para mejorar», en consonancia con los compromisos contraídos en las declaraciones políticas de 2011 y 2018 sobre las ENT y la respuesta integral, general y coordinada a la pandemia.11

“Asegurarse de que la salud pública ocupe un lugar central en todos los aspectos normativos y decisorios del gobierno.”

Por otro lado, se hace necesario que la segunda variable (campañas informativas) se apeguen a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donde se recomienda hacer frente a la pandemia del Covid-19 mediante una comunicación de riesgos y participación comunitaria, donde los objetivos deben ser al menos los siguientes:

1. Conseguir que las personas tengan la información esencial necesaria para protegerse a sí mismas y a otros del virus, y puedan reducir su impacto en la salud, la vida social y la economía.

2. Asegurar el establecimiento de mecanismos eficaces de retroalimentación y su utilización recíproca para garantizar la comunicación entre autoridades, tomadores de decisión, y la comunidad.

3. Garantizar que el personal de la salud sepa cómo involucrarse con los pacientes y cuidadores, detectar casos, comunicar con pacientes acerca de la Covid-19 y reportar a las autoridades pertinentes de salud.

4. Asegurar que el 100 por ciento del equipo de salud sepa cómo protegerse en el contexto de su exposición a la enfermedad

5. Instalar a las autoridades de salud del país como la principal fuente de información sobre la Covid-19.

6. Asegurar uniformidad en la información y en el lenguaje utilizado por todos los asociados, evitar difundir información incorrecta o no chequeada, y manejar rumores rápidamente.

7. Informar al público sobre cómo la respuesta de salud pública a la Covid-19 está siendo conducida para monitorear, detectar y prevenir su propagación.

8. Garantizar la participación y el compromiso con las comunidades pertinentes para fortalecer la respuesta local y remover barreras para su implementación.12

Dicha estrategia de comunicación tendrán que tener como mensajes clave la prevención, y la detección temprana y diagnóstico, tomando en cuenta las siguientes consideraciones en torno a las audiencias:

• Es importante tener en cuenta que para propósitos de comunicación, el público en general no existe como una unidad, sino como una combinación de subgrupos.

• Para una comunicación eficaz en general y especialmente en una situación de emergencia, es muy importante identificar o segmentar y dirigirse a los subgrupos.

• Algunas preguntas para guiar la identificación de subgrupos:

– ¿Cuáles son los grupos que están en mayor riesgo de contraer o transmitir Covid-19 y de sufrir complicaciones graves?

– ¿Qué otros grupos -que quizás no estén en riesgo- han jugado o han sido indirectamente impactados por la enfermedad?

– ¿Quiénes son los líderes y las personas influyentes en las diferentes comunidades/grupos que pueden educar, convencer, apoyar los otros grupos identificados? 3

Todo este conjunto de actividades no solamente servirá para lograr que en este fin de año se evite una saturación hospitalaria, sino que, como autoridades, cumpliremos un mandato constitucional establecido en el artículo 4 de nuestra Carta Magna: proteger la salud de todas las personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, para que en coordinación con la Secretaría de Gobernación y en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente una amplia campaña de información, a través de medios masivos de comunicación, como radio y televisión, así como a través de las redes sociales, con el objetivo de informar a la población sobre los riesgos asociados a la alza en casos de contagio por Covid-19 en todo el país.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los titulares de los poderes ejecutivos locales, así como a los ayuntamientos de todo el país, a que en el ámbito de sus atribuciones, diseñen e implementen campañas informativas congruentes y complementarias a la campaña federal, con el objetivo de informar a la población en sus territorios, sobre los riesgos asociados a la alza en casos de contagio por Covid-19.

Notas

1 Conacyt. “Covid-19 México. Información general”. Fecha de publicación: 2020, disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/ [Fecha de consulta: 7 de diciembre de 2020].

2 Ibídem.

3 Imagen extraída de Google: “variación diaria de Covid-19”. Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2020, disponible en:

https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&mid=/m /0b90_r&gl=US&ceid=US:es-419 [Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2020].

4 Secretaría de Salud. “RED IRAG”. Publicado el 2 de diciembre de 2020. Información disponible en:

https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHo me [Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2020].

5 ONU México. “México se encuentra en una situación muy preocupante”. Fecha de publicación: de noviembre de 2020, disponible en: https://coronavirus.onu.org.mx/mexico-se-encuentra-en-una-situacion-muy -preocupante [Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2020].

6 Andrés Manuel López Obrador. “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”. Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2020, disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2020/12/04/version-estenografica-de-la-conf erencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-4 31/ [Fecha de publicación: 4 de diciembre de 2020].

7 ONU. “Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”. Fecha de publicación: 2015, disponible en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ [Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2020].

8 OMS. “Guía sobre la gestión de riesgos ante una pandemia de gripe”. Fecha de publicación: 2017, disponible en:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272829/ WHO-WHE-IHM-GIP-2017.1-spa.pdf [Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2020].

9 OMS. “Hacer frente a las enfermedades no transmisibles durante la pandemia de Covid-19 y después de ella”. Fecha de publicación: 2020, disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335827/WHO-2019-nCoV-N on-communicable_diseases-Policy_brief-2020.1-spa.pdf [Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2020].

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 OPS. “Covid-19. Comunicación de riesgos y participación comunitaria”. Fecha de publicación: 2020, disponible en

https://www.paho.org/es/file/66000/download?token=vMdmWx dI [Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2020].

13 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y la Sedatu a reasignar al RAN y los tribunales agrarios recursos suficientes para que en 2021puedan continuar desempeñando de forma expedita sus funciones, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Carmen Patricia Palma Olvera , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente;

Exposición de Motivos

En la actualidad, hablar sobre la tenencia de la tierra, los ejidos, así como de los problemas agrarios en nuestro país, resulta difícil por la complejidad de la estructura que se maneja en México, ya que muchas veces se ven acompañado de la injusticia y más vigentes que nunca.

Para ello, existen los tribunales agrarios, donde su principal misión es impartir justicia agraria para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y los derechos de los campesinos a través de la emisión de sentencias que dirimen conflictos existentes.1

En este sentido, el principio rector de los tribunales agrarios es impartir justicia pronta y expedita, dictando con toda oportunidad los fallos en los juicios agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, coadyuvar a la permanencia del estado de derecho, salvaguardar el respeto a la legalidad y contribuir a la paz social en el campo. Para garantizar la impartición de justicia en todo el territorio nacional es fundamental que la resolución de los juicios se realice en forma local, para lo cual los tribunales agrarios deben contar con una estructura administrativa suficiente para atender a la población manteniendo la calidad y eficacia en la impartición de justicia.2

En 2005, los casos por problemas agrarios eran sumamente alarmantes. Para el Tribunal Superior Agrario, se habían determinado los siguientes casos:3

-Atender 784 juicios de amparo promovidos durante el ejercicio.

-Dictar 95 sentencias en la resolución de los asuntos ingresados, así como en los referentes a la emisión de sentencias en cumplimiento de ejecutoria.

-Ejecutar y cumplimentar 55 sentencias.

-Resolver los recursos de revisión y las excitativas de justicia; se estima que se presentarán 680 recursos y se resolverán 646, esto es 95 por ciento del total.

-Atender 15 mil solicitudes de información de la situación procesal en que se encuentran los juicios, facilitar la vista de expedientes, dar respuesta a las promociones escritas dirigidas al Tribunal Superior Agrario, canalizar a otras autoridades los asuntos que son de su competencia y brindar asesoría legal agraria.

Para los Tribunales Unitarios Agrarios se presentaban los siguientes casos:4

-Resolver, en cuanto al rezago agrario se refiere, 60 asuntos pendientes de resolución del universo de 14 mil 781.

-Resolver 36,640 asuntos conformados por: expedientes turnados por la Secretaría de la Reforma Agraria y por otras autoridades, como jueces federales; nuevas demandas presentadas por los campesinos; y asuntos pendientes de resolución. El universo de trabajo es de 45,800 asuntos.

-Atender 4 mil 800 juicios de amparo promovidos en contra de las resoluciones dictadas y la ejecución de sentencias.

Se considera que los problemas agrarios tuvieron un gran índice no sólo en nuestro país sino en toda América Latina a principios de la década de 1980. La reducción de los subsidios para la agricultura vía créditos ocasionó un creciente endeudamiento del sector debido a que las tasas de interés aumentaron; como resultado, en la mayor parte de los países de América Latina el déficit fiscal se mantuvo constante e incluso decreció.

A lo anterior se suma la reducción del gasto público destinado a la agricultura, principalmente a inversiones en infraestructura y servicios de apoyo a la producción, y aunque en países como México existía ya cierta infraestructura para apoyo técnico, ésta se redujo por la falta de recursos para su adecuado mantenimiento. Además, la política salarial restrictiva se generalizó en toda la región con el fin de reducir la demanda y controlar el nivel inflacionario.5

Eso pudo provocar que muchas personas debieran empeñar o vender sus terrenos, por lo que ante la falta de una figura legal que regulara este tipo de cuestiones agrarias, las injusticias se encontraran presentes al momento de hacer tratos de esta índole.

En México, el problema agrario es una cuestión compleja de carácter socioeconómico, fundamentalmente, que manifiesta la realidad del país a través de una regulación inadecuada, inconveniente y perjudicial en las formas de tenencia de la tierra y en el sistema de explotación, que se refleja en el estado de miseria y servidumbre de las familias campesinas y en un atraso general en la economía de la nación, y el cuál debe resolverse por medio de los procedimientos técnicos que proporciona la ciencia.6

Los problemas agrarios son un problema severo presentes en los diferentes estados de la República pero sobre todo en aquellos estados que no poseen un gran desarrollo industrial o turístico.

En 2003, de 400 conflictos agrarios en el país, 14 eran considerados de alto riesgo y atención prioritaria (nombrados por la Secretaría de la Reforma Agraria como Focos Rojos). Estas disputas estaban localizadas en 11 entidades y habían generado 84 enfrentamientos armados con un saldo de 518 muertos y 208 heridos. En el estado de Oaxaca, en 1998, las instituciones del Sector Agrario llegaron a determinar que existían 439 conflictos por la tierra entre comunidades. Sin embargo, ocho años más tarde, organizaciones civiles hablaban de 656 conflictos agrarios.

A fines de mayo de 2002, en un enfrentamiento entre los campesinos de Santiago Xochiltepec, paraje de Agua Fría, y Santa María Zaniza murieron 26 campesinos y 87 menores quedaron huérfanos.

En 2009, tres mixtecos de Santiago Amoltepec murieron a manos de gente armada del municipio zapoteco de Santa Cruz Zenzontepec, a raíz de una vieja disputa por 3 mil hectáreas. En 2010, en un conflicto entre Ayoquezco de Aldama y San Sebastián de las Grutas, cinco personas perdieron la vida en un conflicto con armas de fuego, por la posesión de 700 hectáreas.7

Pensar en el problema agrario mexicano conlleva desglosar el sistema de relaciones sociales, definido por la posesión y producción de una forma específica de capital. El conjunto estructurado de los territorios, con sus influencias recíprocas y las relaciones de dominación entre ellos, define la estructura social. Este aspecto es una estructuración abstracta que describe la explotación de la tierra donde en las condiciones actuales se introduce pobreza, marginación, sobreexplotación y un pensamiento de derrota del que es difícil emerger por parte de los dominados.8

El abandono del campo, donde viven seis de cada diez mexicanos pobres, tiene cara de violencia por conflictos agrarios que, en algunos casos, llevan más de 40 años. Invasión de terrenos, falta de definición de límites territoriales y nula certeza jurídica en la tenencia de la tierra son algunos de los asuntos pendientes que generan inestabilidad social.

En pleno siglo XXI, el sector rural se ve perjudicado por enfrentamientos entre comunidades enteras, las cuales a veces pelean hasta la muerte por un predio para edificar una vivienda, sembrar o conseguir un poco de agua. Organizaciones campesinas aseguran que existen cerca de cinco mil conflictos agrarios, mismos que son un verdadero polvorín en 31 estados del país.

Durante 2007, Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), relató que en diciembre pasado fue asesinado a balazos uno de sus dirigentes en Campeche, Alejandro Ruiz Mosqueda, aparentemente por la posesión irregular de un terreno ocioso, propiedad de la nación que, hace algunos años, varios de sus compañeros ocuparon para sembrar. El líder campesino señaló que las tierras confiscadas al narcotráfico son una nueva realidad, ya que la gente las toma para trabajarlas y después son reclamadas por sus dueños originales, lo que origina un conflicto agrario.9

“Nosotros estimamos que hay alrededor de 300 mil hectáreas confiscadas por actividades ilícitas. Entonces, los campesinos, al ver que las tierras se encuentran ociosas o las fincas comienzan a deteriorarse, ingresan para hacerlas producir. Es ahí es donde empieza el nuevo conflicto agrario, porque muchas veces, la PGR pierde los juicios y el Poder Judicial ordena la restitución de las propiedades a sus dueños”, explicó.10

Según la Memoria Documental del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), de 2006 a 2012 se resolvieron 949 casos en beneficio de 107 mil 436 campesinos. Las hectáreas en litigio eran 322 mil 662 en 27 estados de la República, lo que representó el pago de tres mil 794 millones 991 mil 973 pesos en contraprestaciones. Lo anterior quiere decir que cada conflicto agrario costó al erario tres millones 998 mil 937 pesos en promedio, pero no es suficiente, ya que el rezago es mayor.11

En el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hay un caso que llama la atención. En la comunidad de El Escalón, un grupo invasor tiene atemorizadas a las familias y los enfrentamientos ya tuvieron un desenlace trágico, con la muerte de cinco personas.

Julia Gómez, habitante del poblado, aseguró que desde hace cinco años la vida en el lugar es insoportable, debido al clima de violencia e inseguridad generado por la llegada de personas “que ni siquiera hacen producir las tierra, sino que sólo se dedican a talar los bosques y vender madera de manera ilegal”.12

A pesar de que no existe duda sobre quiénes son los verdaderos poseedores de las 14 hectáreas en disputa, porque la comunidad de El Escalón tiene títulos de propiedad, planos y pagos de predial, ninguna autoridad hace nada para resolver el conflicto que podría seguir escalando y producir más defunciones.13

El área ocupada desde 2007 era una reserva del poblado, donde existe un pozo en el que las familias solían abastecerse de agua, pero ahora tienen que ir más lejos para poder cumplir sus necesidades básicas.14

Con los ejemplos anteriores, nos permite observar que la coyuntura de la problemática ha comenzado desde hace años y en diversas partes del país, por lo que es un grave problema y que ha ido más allá de la disputa legal llegando a la violencia entre las personas.

La continua diversificación de actividades productivas con fines de acumulación ha llevado a la apropiación de territorios y recursos, fragmentando el metabolismo hombre-naturaleza, es así como el turismo se ha hecho presente a partir de la implementación de megaproyectos y se ha convertido en un factor de disputas por el territorio. Esto ha sido una cuestión que también se ha presentado en el Estado de Quintana Roo.

Al consolidarse Cancún como un destino de sol y playa, la lógica de acumulación requirió la ampliación de la oferta turística hacia poblaciones aledañas, por lo cual surgió la Riviera Maya en 2002. Este proyecto incluyó el municipio de Tulum, colocándolo en condiciones de disponibilidad para el mercado; esto quiere decir: las tierras que antes estaban dedicadas a la economía extractiva, los espacios comunitarios y el entorno natural y cultural son absorbidos por el capital a través de diversas dinámicas de apropiación, principalmente para la implementación de proyectos turísticos-inmobiliarios.15

Al sur de Tulum se localiza el ejido José María Pino Suárez (JMPS), el cual se encuentra en una superficie privilegiada, ya que tiene un amplio frente costero. La zona que conforma la selva está poco habitada, cuenta con cenotes, mangles y una laguna (Chunyaxché), y, sobre todo, destaca su cercanía con la reserva de la biosfera de Sian Ka’an, esto representa un espacio ideal para la especulación y la construcción de megaproyectos, lo cual supone la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros así como un turismo dirigido a personas con alto poder adquisitivo.

Esta situación trajo consigo diversas problemáticas por el acceso a las tierras ejidales para la construcción de un megaproyecto turístico-inmobiliario como parte de la oferta turística del lugar, lo que desencadenó disputas por el territorio y violentos despojos por parte del Estado y del capital.16

Las problemáticas con la tenencia de la tierra en comunidades ejidales han estado presentes desde dicho reparto agrario, sin embargo, se intensificaron con la modificación del artículo 27 constitucional en 1992, ya que se abrió la posibilidad de enajenar terrenos ejidales facilitando el cambio de tierra colectiva a privada, concesiones para el uso de los recursos naturales, así como la privatización y mercantilización de los mismos, creando incentivos para inversionistas extranjeros.

En este contexto agrario, la comunidad perteneciente al ejido JMPS queda inmersa en una situación de conflictos e incertidumbre con respecto a la tenencia de la tierra, ya que desde la conformación del lugar y hasta la actualidad, se han presentado disputas que, lejos de desaparecer, se han acrecentado, sobre todo en lo referente a la plusvalía que ahora representan los espacios derivado de la expansión del turismo. El ejido JMPS, localizado al sur de la cabecera municipal de Tulum, fue constituido en 1973 para 47 campesinos originarios de Tenosique, Tabasco. La asignación del Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) fue posible gracias al Plan de Colonización del Sureste mexicano, a cargo del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), bajo el mandato del presidente Luis Echeverría Álvarez, para continuar con la producción agrícola en zonas en donde no se pensaba instaurar una actividad industrial, lo cual desencadenó una intensa movilización poblacional.

Desde este momento se comenzó a desarrollar una serie de conflictos por la tenencia de la tierra en relación con la desigual distribución de terrenos y el acaparamiento de tierras de manera ilegal por parte de empresarios especuladores.17

Para la instauración del NCPE se otorgaron 10,409 hectáreas a 49 beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera: 47 campesinos obtuvieron 20 hectáreas cada uno, para fines productivos, y el área restante estaba destinada para la construcción de servicios públicos y de esparcimiento Los dos predios restantes se otorgaron a dos particulares que ya contaban con un terreno frente al mar, incluso antes de la conformación del NCPE, sin embargo, fueron reubicados dentro del establecimiento, es decir, les otorgaron aproximadamente 200 hectáreas a cada uno, con la condición de que sus predios anteriores fueran de uso común para darle salida a la comunidad y evitar conflictos con la tenencia de la tierra, quedando canceladas sus antiguas escrituras.18

A pesar de ello, los dos posesionarios tomaron ventaja de la situación de inestabilidad en el lugar y vendieron de manera ilegal diversas porciones de tierra de las antiguas escrituras. Este fue el parteaguas de todas las disputas del territorio que se han generado, ya que en 2015 se estaban apropiando de aproximadamente 120 hectáreas de terreno frente al mar con falsos títulos de propiedad.19

Esta situación se tradujo en una estrategia para el acaparamiento de tierras propiedad de la nación que, en su momento, por no ser de carácter productivo o poblacional, aún eran consideradas terrenos baldíos, lo que lleva a pensar en mecanismos de especulación y fraude para la capitalización. El trasfondo de la inestabilidad e ilegalidad de la apropiación territorial es la realización de un megaproyecto turístico-inmobiliario de gran impacto, ya que el turismo, al ser visto como motor de desarrollo en el país, representa el escenario ideal para la inversión.20

Actualmente el ejido cuenta con 74 posesionarios, es decir, 25 más de los campesinos que formaron originalmente el lugar, sin contar a los dos acaparadores de tierras. Con el tiempo, las parcelas se han subdividido y han entrado en juego otros intereses, lo que complica aún más la posesión de la tierra y, por ende, la documentación que la respalda. En esta desorganización, las disputas por el territorio, derivadas de los distintos intereses involucrados (sobre todo para la instauración del turismo), han generado constantes conflictos entre ejidatarios, políticos y empresarios.21

Por otra parte, el año pasado también se suscitó un problema de tierras en Quintana Roo derivado del proyecto Tren Maya. En el estado de Quintana Roo hay conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y resarcimiento por impacto de obra en 25 núcleos agrarios que no tienen que ver con el proyecto para la construcción del Tren Maya, sino por obras realizadas años atrás, de acuerdo al procurador Agrario, Luis Hernández Palacios Mirón.

El funcionario precisó que los conflictos están en el ejido de Cozumel, municipio del mismo nombre, donde se tiene en proceso un juicio de reversión de una expropiación que no cumplió con el objeto para el cual se llevó a cabo. Otro foco se encuentra en el nuevo centro de población José María Pino Suárez, en las inmediaciones de Tulum, con un juicio agrario de nulidad de una asamblea en asignación de cambio de destino de tierras ejidales como se mencionaba anteriormente. En el ejido Leona Vicario, Puerto Morelos, hay un juicio agrario de restitución y en el ejido José María Morelos y Pavón, del municipio del mismo nombre, hay un juicio de restitución. Además, hay 21 núcleos agrarios que están en juicios de resarcimiento por impacto de obra.22

El 23 de junio del año pasado, durante una gira de trabajo por Tulum, el presidenteAndrés Manuel López Obrador instruyó al procurador agrario se trasladara a esa región del país a trabajar, el tiempo que fuera necesario, para solucionar los problemas relacionados con la tenencia de la tierra. Ese día dijo: ”Hay que ordenar el territorio porque habido mucho desorden, mucha anarquía y abusos, despojos de tierra. Hay que poner orden en eso”.23

El procurador explicó que, en atención a una instrucción, durante agosto, septiembre y octubre de 2018, un grupo de funcionarios de la Procuraduría Agraria, encabezados por él, realizaron un recorrido por el estado para detectar los problemas de tenencia de la tierra que hubiera en cualquiera los 282 núcleos agrarios de Quintana Roo. Ese ejercicio permitió detectar que existen tramos de carretera no pagados o bien donde los núcleos agrarios no reconocen el pago.24

De acuerdo con la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), habitantes de 11 ejidos de Quintana Roo demandan la indemnización por afectaciones a sus ejidos por la construcción de la carretera 307 que comunica a Cancún con Tulum, la cual fue iniciada en el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Concretamente se trata de un tramo de 253 kilómetros de la mencionada vía, según MCCI en febrero de 2015 el Tribunal Agrario dio la razón a los ejidatarios y ordenó a la SCT a ordenar el proceso de expropiación y realizar la indemnización correspondiente.25

Es por lo anteriormente expuesto, que considerar un recorte presupuestario en temática agraria puede ser perjudicial para el Registro Agrario Nacional, esto, a efecto de que el pasado 7 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados, el paquete económico para el efecto fiscal 2021.

En dicho paquete económico se contempla la disminución de presupuesto de hasta casi 80 millones de pesos con respecto de 2020 en el caso específico de los tribunales agrarios. Esto es severamente preocupante ya que el presupuesto asignado para tribunales agrarios disminuye año con año, lo que secunde a una repercusión de eficiencia y eficacia en sus funciones como órgano jurisdiccional en servicio de la justicia y la igualdad agraria, más aún con los cientos de casos que están por resolverse.

Es importante reconocer que los tribunales agrarios se enfocan en aproximadamente 33 mil núcleos agrarios que competen cerca de 188 mil poblaciones rurales en todo nuestro país, lo que equivale cerca del 25 por ciento de la población nacional. Es por ello que se considera que un recorte presupuestario es un gran error, aunado que de acuerdo al decreto de austeridad publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 23 de abril, establecía una reducción del 75 por ciento del presupuesto asignado para 2020; por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó 50 millones de pesos al presupuesto de tribunales agrarios.

Esto se ha visto reflejado en el personal sindicalizado de los tribunales agrarios, puesto que desde principios de 2020, no recibieron algunos bonos como alimentos a pesar de que es una prestación establecida en las condiciones generales de trabajo, además de que en tribunales agrarios no se han cubierto vacantes de personal sindicalizado y jurisdiccional. En este sentido, repercute la reducción de plantillas de personal que a su vez, rezaga la atención brindada a los más de 100 mil asuntos que atienden los 56 Tribunales Unitarios Agrarios y el Tribunal Superior Agrario.

También debemos hacer énfasis en que los tribunales agrarios juegan un papel muy importante para la solución de temas agrarios en Estados del país que son destinos importantes o juegan un papel relevante como en la economía o el Turismo.

Es aquí donde resaltamos el caso del estado de Quintana Roo, ya que en la entidad existen cerca de 282 ejidos. La problemática agraria se refleja principalmente en aquellos núcleos cuyas tierras colindan con los litorales del océano atlántico, debido a su vocación turística. Estos ejidos sin principalmente Holbox, Chiquilá, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Villa de Cozumel, José María Pino Suárez, Tres Reyes, Bacalar, entre otros.

Algunos problemas se deben a que un número considerable de ejidos tienen problemas con el gobierno del estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debido a la falta de pago de sus tierras donde atraviesan carreteras estatales y federales. Asimismo, hay ejidos que tienen problemática interna y externa derivado de que sus tierras se convierten en mercancía para la especulación inmobiliaria, ante la necesidad de establecimientos de asentamientos humanos y diversos giros empresariales. Esta última problemática es muy evidente en la región norte de la entidad en ejidos como Alfredo V. Bonfil, Puerto Morelos y otros más.

El Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 que se encuentra en Chetumal ha sido el encargado de llevar las anteriores problemáticas. En 2019 atendieron un total de 587 asuntos y en lo que iba de 2020 habían registrado un total de 204 asuntos. En este mismo tribunal, la plantilla de personal equivale a 12 miembros; 5 administrativos y 7 de personal jurisdiccional; de los cuales en septiembre de 2020, una actuaria y un secretario de estudio y cuenta, tenían licencia sin goce de sueldo y el Tribunal Superior Agrario no autorizó suplir esas vacantes debido a las medidas de austeridad establecidas.

Además, afecta un tema importante como ejercer la impartición de justicia, que es uno de los derechos fundamentales de la clase campesina de nuestro país, en términos de los artículos 17 y 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el que se estipula que “Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le (sic DOF 03-02-1983) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.”26

Además, también se estipula en el marco del artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Es de este modo y en relación a la justificación anterior que se considera que el recorte presupuestario es una mala medida ante el amplio panorama de casos agrarios por resolver en todo el país, teniendo en cuenta que la solución de dichos temas también significa un mejor panorama para territorios con destinos turísticos como el estado de Quintana Roo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano para que, desde un ámbto de coadyuvancia y en el uso de sus respectivas atribuciones, reasignen recursos suficientes al Registro Agrario Nacional y a los tribunales agrarios, para que puedan continuar desempeñando sus funciones de forma pronta y expedita, durante el ejercicio fiscal 2021, apelando y garantizando los derechos fundamentales de la clase campesina de nuestro país, en términos de los artículos 17 y 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/pef2005/temas/expo_motivos/31ra.pdf

2 Idem

3 Idem

4 Idem

5 http://www.pa.gob.mx/publica/pa070211.htm

6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1973/12.pdf

7 http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/conflictos_agrarios.p df

8 [1] http://www.pa.gob.mx/publica/rev_62/Una-vision-filosofica—problema-agra rio-Mexico.pdf

9 https://www.excelsior.com.mx/2013/03/10/888233

10 Idem

11 Idem

12 Idem

13 Idem

14 Idem

15 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-57662020000100105&scr ipt=sci_arttext

16 Idem

17 Idem

18 Idem

19 Idem

20 Idem

21 Idem

22 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ejidatarios-de-Quintana-Roo-exigen-indemnizaciones
-desde-hace-9-sexenios-en-caminos-por-donde-pasara-el-Tren-Maya-20191221-0001.html

23 Idem

24 Idem

25 Idem

26 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre del 2020.

Diputada Carmen Patricia Palma Olvera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Tamaulipas a firmar el acuerdo de adhesión con el Insabi e implantar una amplia campaña de difusión por todos los medios de comunicación disponibles para que quienes carecen de seguridad social sean informados de que tienen derecho a recibir atención y medicamentos gratuitos en las instituciones de salud de la entidad, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados el 23 de octubre de 2019 para sustituir al Seguro Popular.

Dicho Insabi tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.i

Es entonces que esta nueva ley establece que, para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, sólo se deben reunir tres requisitos: encontrarse en territorio nacional; no ser derechohabiente en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), y presentar algún documento oficial de identificación.

Si bien el Insabi inicia funciones el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud y los servicios que ofrecerá serán bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.

En México, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología al 22 de agosto de 2020, los estados sin Insabi son: Baja California Sur, Guanajuato, Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán.

Miles de ciudadanos del estado de Tamaulipas corren riesgo de ser rechazados en los hospitales públicos de Tamaulipas porque el gobierno estatal se ha negado a adecuar las propuestas de ley durante cinco meses, tiempo durante el cual están “congelados” en el Congreso estatal.ii

El estado está obligado a “brindar servicios de salud, medicinas y otros insumos asociados a las personas sin seguridad social de manera gratuita”.iii

“Como resultado de una reforma impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que fue aprobada en 2019 y entró en vigencia el 1 de enero de 2020.iv

“En esta reforma también se estableció la obligación de las entidades federativas de armonizar su respectiva legislación en un plazo no mayor a 180 días naturales desde su entrada en vigencia; es decir, el plazo venció el 29 de junio.

Miles de tamaulipecos que no cuentan con seguridad social no saben si tienen derecho al acceso gratuito a la prestación de servicios médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud estatales.

“La incertidumbre proviene de la negativa del gobernador a firmar el Acuerdo de Adhesión con el Insabi. Pero es necesario aclarar a Tamaulipas que, dado que el gobierno no puede violar la ley, en cambio, se firmó un Convenio de Coordinación que obliga a nuestra Entidad a brindar servicios de Salud en forma gratuita; por lo tanto, bajo ninguna circunstancia será posible cobrar cuotas de recuperación a personas sin seguridad social que requieran acceso a los servicios de salud que brinda el gobierno del estado”.v

“La desinformación también se debe a la ineficacia del sistema de salud local, que parece no estar dispuesto a cumplir con esta obligación. Por ello, nos proponemos instar al gobierno del estado a diseñar e implementar una amplia campaña de difusión en todos los medios disponibles, para que la población de nuestro Estado, que no cuenta con seguridad social, sea informada que tiene derecho a recibir atención médica y medicinas gratuitas en las unidades de salud de Tamaulipas; Asimismo, se da a conocer de forma precisa la cobertura de enfermedades y los requisitos que deben cumplir los ciudadanos; que, en los términos de la Ley, son la partida de nacimiento, INE o CURP.

Es entonces, que a las personas a quienes se les niegue el servicio que lo denuncien. A los tamaulipecos, si no tienen seguridad social, el estado tiene la obligación de atenderlos.vi

Debido a que en Tamaulipas no se firmó el convenio con el Insabi no se ha recibido presupuesto para basificar a los trabajadores que laboran en calidad de eventuales, informó Adolfo Sierra Medina.vii

En este contexto es menester resaltar que el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, derecho que es fundamental para todo ser humano y cuyo goce, no solo lo beneficia en su calidad de vida como persona, sino como parte de la población. El acceso a la salud debe incluir de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una atención sanitaria oportuna, aceptable y de calidad, por ello, es responsabilidad del Estado Mexicano, crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible.

Es entonces, que deben reconocerse los derechos contemplados en nuestra Constitución, los cuales garantizan para “todas las personas” el derecho a la protección de la salud. En la legislación secundaria, la Ley General de Salud norma y regula el ejercicio del derecho social por antonomasia, el “derecho a la salud”, y como sucede con todos los derechos sociales, crea la obligación del Estado de proteger y llevar ese derecho a la práctica, a través de leyes, políticas y programas.

En el artículo 77 bis 35 de la Ley General de Salud (LGS) se atribuye como función principal al Insabi el “Prestar de manera gratuita servicios de salud y asegurar el suministro de medicamentos e insumos asociados y demás elementos necesarios para la atención a las personas sin seguridad social”.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que se exhorte al gobierno del estado de Tamaulipas, para que, se firme el Acuerdo de Adhesión con Insabi e implemente una amplia campaña de difusión a través de todos los medios de comunicación disponibles, para que la población tamaulipeca, que no cuenta con seguridad social, sea informada que tiene derecho a recibir atención médica y medicinas gratuitas en las instalaciones de Salud de Tamaulipas; asimismo, se dé a conocer, de manera precisa, la cobertura de los padecimientos y los requisitos para que los ciudadanos puedan ser atendidos, que permita garantizar la salud de las miles de familias tamaulipecas en la entidad.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se firme el Acuerdo de Adhesión con Insabi e implemente una amplia campaña de difusión a través de todos los medios de comunicación disponibles, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Tamaulipas para que, dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su legislación con la reforma impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que fue aprobada en 2019 y entró en vigencia el 1 de enero de 2020, que crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a fin de brindar servicios gratuitos de salud, medicinas y otros insumos asociados a las personas sin seguridad social.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Tamaulipas para que, dentro de sus atribuciones y facultades, se firme el Acuerdo de Adhesión con Insabi e implemente una amplia campaña de difusión a través de todos los medios de comunicación disponibles, para que la población tamaulipeca que no cuenta con seguridad social sea informada que tiene derecho a recibir atención médica y medicinas gratuitas en las instalaciones de Salud de Tamaulipas; asimismo, se dé a conocer, de manera precisa, la cobertura de los padecimientos y los requisitos para que los ciudadanos puedan ser atendidos, que permita garantizar la salud de las miles de familias tamaulipecas en la entidad.

Notas

i Instituto de Salud para el Bienestar, ¿Qué hacemos?, Gobierno de México, consultado por última vez el 13 de enero 2020 en la página oficial https://www.gob.mx/insabi/

ii Gordillo, Nina, Dejan a miles sin medicinas; estado de culpa, Radio Centro, consultado por última vez el 07 de diciembre de 2020 en https://f1mundial.com/dejan-a-miles-sin-medicinas-culpa/

iii

iv Gordillo, Nina, Dejan a miles sin medicinas; estado de culpa, Radio Centro, consultado por última vez el 07 de diciembre de 2020 en https://f1mundial.com/dejan-a-miles-sin-medicinas-culpa/

v

vi

vii Hernández, Blanca, Tamaulipas no firmó convenio de adhesión al INSABI y no hay bases para sector salud, Gaceta.mx La Fuerza de la Investigación, Ciudad Victoria Tamaulipas México, consultado por última vez el 07 de diciembre de 2020 en https://www.gaceta.mx/2020/06/tamaulipas-no-firmo-convenio-de-adhesion- al-insabi-y-no-hay-bases-para-sector-salud/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada Nohemi Alemán Hernández (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La lucha contra la corrupción se está dando no sólo en México, con el actual gobierno: a escala mundial se vio como una necesidad debido a la afectación social, política y económica en todos los países, ya que afectan las instituciones democráticas, dañan procesos electorales, pervierten las leyes y promueve la burocracia ya que se dedican a solicitar sobornos, esto conlleva a que las naciones tengan un atraso económico, desalientan la inversión nacional y extranjera.

Por tal motivo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en reunión del 31 de octubre de 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y designo el 9 de diciembre contra el Día Internacional contra la Corrupción. Se hace mención que la corrupción prospera en tiempos de crisis, por lo que la pandemia que afecta al mundo ha dejado al descubierto vicios que mantienen gobiernos y que dañan a sus países. Reducir los riesgos de una mala administración y corrupción en la pandemia necesita la participación de organismos solidos anticorrupción, mejor supervisión en las adquisiciones públicas más abiertas y transparentes, con mayor cumplimiento a las normas anticorrupción también en el sector privado.

En la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en enero de 2002 y en octubre de 2003, se solicitó a los estados miembros a tomar medidas preventivas en el sector público y privado, así como la cooperación internacional para prestar formas específicas de asistencia judicial recíproca en la recopilación y transferencia de pruebas para extraditar a infractores, del mismo modo se solicitó implementar medidas de criminalización y aplicación de la ley, con castigos penales y de otro tipo para cubrir un amplia gama de actos de corrupción y finalmente el convenio solicita a los países establecer actos de recuperación de activos para devolverlos a sus legítimos dueños incluidos los países de los que fueron sustraídos.

En el caso de México se implantó el Sistema Nacional Anticorrupción, pero fue con el gobierno de la 4T comenzó la erradicación de la corrupción en México, de hecho en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se hace mención dentro de los principios de Honradez y honestidad, en donde enmarca la corrupción como una característica destructiva la cual fue una práctica regular y extendida, inhibiendo el crecimiento económico, por lo que se debe acabar con ella en la administración pública no solo con la monetaria, sino con la de la simulación y la mentira, de igual manera se hace mención de que se debe de eliminar en varios ámbitos del gobierno para poder mantener unas finanzas sanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2020.

Diputada Margarita García García (rúbrica)