Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades correspondientes a verificar las estaciones de venta de gas LP en el distrito 7 de Hidalgo, a cargo de la diputada Jannet Téllez Infante, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Jannet Téllez Infante , diputada federal del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, párrafo 1, fracción II; y párrafo 2, fracción III, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a la reforma distrital aprobada el 15 de marzo de 2017 por el Instituto Nacional Electoral, el distrito 7 del estado de Hidalgo se encuentra integrado por un total de diez municipios: Almoloya, Apan, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Singuilucan, Tepeapulco, Tlanalapa, Villa de Tezontepec y Zempoala.1

La noche del domingo 29 de noviembre en la comunidad de Chimalpa en el municipio de Apan, Hidalgo; ocurrió una terrible explosión en las instalaciones de la planta de Gas Monter con venta de gas licuado del petróleo (gas LP). Mientras las investigaciones siguen su curso, tentativamente todo inicio por un incendio en las propias instalaciones.

La acción inmediata de los servicios de emergencias de Protección Civil, Cruz Roja, agentes de seguridad de la Policía Estatal y municipal, además de la Guardia Nacional, permitieron la atención de la ciudadanía sin lamentables decesos.

Se habilitaron albergues en lugares seguros para desalojar familias de las zonas aledañas a la planta, mientras elementos de Protección Civil aseguraban las instalaciones.

Se aseguró y acordonó un perímetro de alrededor de tres kilómetros, además del cierre de la carretera Calpulalpan-Apan y Emiliano Zapata.

Las causas y daños por la explosión aun no se concluyen, mas las condiciones de la zona presentan los daños ocasionados por la explosión de hasta tres posibles pipas dentro de las instalaciones.

Los casos de explosiones vinculados a la venta, instalación o transporte de gas LP en el país son recurrentes.

Para su manejo, existen diferentes normas que regulan la verificación, construcción, instalación y venta:

Norma oficial mexicana NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de gas LP para carburación. Diseño y construcción 2 y NOM-004-SEDG-2004, Instalaciones de aprovechamiento de gas LP. Diseño y Construccion 3

NOM-001-SEDE-1999: Instalaciones Eléctricas (utilización).

NOM-001-SEDG-1996: Plantas de almacenamiento para gas LP. Diseño y construcción.

NOM-012/1-SEDG-2003: Recipientes a presión para contener gas LP, tipo no portátil. Requisitos generales para el diseño y fabricación.

NOM-012/2-SEDG-2003: Recipientes a presión para contener gas LP, tipo no portátil, destinados a ser colocados a la intemperie en plantas de almacenamiento, estaciones de gas LP para carburación e instalaciones de aprovechamiento. Fabricación.

NOM-012/3-SEDG-2003: Recipientes a presión para contener gas LP, tipo no portátil, destinados a ser colocados a la intemperie en estaciones de gas LP para carburación e instalaciones de aprovechamiento. Fabricación.

NOM-013-SEDG-2002: Evaluación de espesores mediante medición ultrasónica usando el método de pulso-eco, para la verificación de recipientes tipo no portátil para contener gas LP en uso.

NOM-026-STPS-1998: Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Por su parte, la manifestación de impacto ambiental (MIA) particular es un documento con base en estudios técnicos con el que las personas (físicas o morales) que desean realizar alguna (s) obra (s) o actividad (es), analizan y describen las condiciones ambientales previas a la realización del proyecto con la finalidad de evaluar los impactos potenciales que la construcción y operación de dichas obras o la realización de las actividades que pudieran causar al ambiente, definen y proponen las medidas necesarias para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales generados por el proyecto que incluya actividades altamente riesgosas.

Para tramitar la MIA se requiere de una serie de documentos sumamente estrictos para obtenerla los cuales, deben apegarse a las normas señaladas y a la reglamentación vigente, además de cumplir con requisitos en materia ambiental:

La MIA, es el documento que contiene la información del artículo 12 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de Evaluación del Impacto Ambiental:

I. Datos generales del proyecto del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental

II. Descripción del proyecto, Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y en su caso con la regulación sobre uso del suelo

III. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto

IV. Identificación descripción y evaluación de los impactos ambientales

V. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales

VI. Pronósticos ambientales y en su caso evaluación de alternativas

VII. Identificación de los instrumentos metodológicos

VIII. Elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores

En cuanto a los permisos de uso de suelo, el ordenamiento ecológico del territorio (OET) Instrumento de la política ambiental que se concibe como un proceso de planeación cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las autoridades en una región. Durante este proceso se generan, instrumentan, evalúan y, en su caso, modifican las políticas ambientales con las que se busca alcanzar un mejor balance entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales a través de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno, la participación activa de la sociedad y la transparencia en la gestión ambiental.

La LGEEPA define cuatro modalidades de ordenamiento ecológico, considerando la competencia de los tres órdenes de gobierno, así como los alcances de acuerdo con el área territorial de aplicación.4

I. General del Territorio

II. Marinos

III. Regionales

IV. Locales

De acuerdo con el artículo 8, fracción VIII (LGEEPA), corresponde a los municipios la formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio, a que se refiere el Artículo 20 Bis 4 de la LGEEPA, en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio del uso del suelo, establecidos en dichos programas.

Con base en el artículo 20 Bis 4. Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por las autoridades municipales, de conformidad con las leyes locales en materia ambiental y tendrán por objeto:

I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se trate;

II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos, y

III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes.5

En cumplimiento de la LGEEPA, las autoridades municipales son las responsables de actualizar, con base en los cambios de orden social, el crecimiento poblacional y su establecimiento, las modificaciones en la designación de uso de suelo.

Con base en la norma oficial mexicana NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de gas LP para carburación. Diseño y construcción

Artículo 3. Al respecto de la verificación documental, condiciones y medidas de seguridad para las estaciones de gas LP para carburación, se llevará a cabo por las Unidades de Verificación conforme con lo siguiente:

I. La verificación documental del proyecto.

II. La verificación física de las instalaciones.

El interesado obtendrá el directorio de Unidades de Verificación en la oficialía de partes de la DGGLP, ubicada en Insurgentes Sur número 890, cuarto piso, colonia Del Valle, Código Postal 03100, México, D.F. o en la página de la Secretaría de Energía, vía Internet, en la dirección: www.energia.gob.mx, sección directorio de Unidades de Verificación.6

Con base en lo anterior, autoridades federales, estatales y municipales trabajan de forma coordinada en el otorgamiento, funcionamiento y verificación de estaciones de venta de gas LP, así como en la vigilancia del cumplimiento de leyes y normas para su correcto funcionamiento.

Debido al alto índice de casos de explosiones por gas LP registrados en el país, el Centro Nacional de Prevención de Desastres elaboró un informe técnico con las siguientes conclusiones:

• Una forma de proteger a los miembros de la comunidad ubicada en la cercanía de sitios de almacenamiento de gas LP, es tener un adecuado control del uso del suelo en lo que se refiere a las restricciones en los permisos de construcción para obras de tipo habitacional y comercial, siendo estas distancias indicadas en los planes y programas de desarrollo urbano de cada uno de los estados del país, así como en las normas emitidas por la Secretaría de Energía.

• Cuando existen asentamientos humanos en zonas aledañas a instalaciones industriales que manejan sustancias consideradas como de alto riesgo, el uso de los modelos numéricos es indispensable para determinar las áreas que pueden resultar afectadas por liberaciones indeseadas de materia y/o energía. Esta simulación numérica debe llevarse a cabo en forma cuidadosa, considerando todos los elementos que permiten que los resultados se apeguen más a la realidad. Se recomienda que la determinación numérica de los radios de afectación se lleve a cabo en períodos de operación normal de las instalaciones, con la finalidad de definir con anticipación las rutas de evacuación (tanto para el personal de la planta como para la población asentada en la zona aledaña), identificar y coordinar los recursos humanos, servicios de emergencia, de atención médica y hospitalaria, de seguridad pública, entre otros, con los cuáles se puede contar en caso de emergencia, determinando el tiempo de respuesta y haciendo los ajustes necesarios para minimizar las pérdidas producidas.

• Ya que las afectaciones que se pueden ocasionar a la población, al ambiente y a la propiedad, debido a la fuga de gas LP de sus diversos depósitos, pueden ser variadas, de acuerdo a los efectos posteriores que se produzcan (formación de nube tóxica, Bleve, bolas de fuego o nubes explosivas). Debe evaluarse con detalle cuáles son las áreas de afectación más probables, la cantidad de personas afectadas y la magnitud de los daños a los recursos naturales y propiedades.

• La selección del modelo numérico a usar para la simulación de los radios de afectación debe tomar en cuenta la información con la cual se cuenta: cantidad de material, condiciones fisicoquímicas y tipo de almacenamiento, condiciones ambientales (temperatura, humedad, estabilidad atmosférica, dirección y velocidad del viento predominante, etcétera), condiciones geográficas del sitio (espacios abiertos o con presencia de depresiones o elevaciones), localización y distribución de construcciones cercanas, entre otros factores. La falta de esta información o la suposición incorrecta de datos dará por resultado que las áreas de afectación resulten muy distintas a las que realmente se producen en un evento real.

• El uso de modelos de tipo Gaussiano es útil para obtener una aproximación rápida de los radios de afectación que pueden esperarse. En general es una modelación muy simple e inexacta para muchos tipos de liberaciones (como es el caso de la formación de nubes tóxicas o explosivas) ya que la cantidad de datos proporcionados y el manejo numérico de éstos es bastante limitada, además de que este mismo tipo de modelos asume que en el sitio donde ocurre el accidente los terrenos son planos y libres de obstáculos, lo cual no sucede en la mayoría de los casos. Cuando se requiere una mayor precisión, el modelo usado debe ser más complejo, lo cual en general involucra contar con una mayor cantidad de información además de usar ecuaciones numéricas que implican el cálculo de la dispersión del material en dos o tres dimensiones, así como reacciones químicas secuenciales que pueden llegar a ocurrir.

• Uno de los puntos más importantes en la seguridad se refiere a la verificación que es necesario llevar en las instalaciones que se dedican a la producción, almacenamiento, distribución y uso continuo de gas LP. Estas verificaciones deben realizarse en forma continua y regulada, ya que esto permitirá un mantenimiento de tipo preventivo más que correctivo, necesario para evitar la ocurrencia de accidentes de distinta índole y magnitud.

• Los accidentes ocurridos en México, donde ha estado involucrado el gas LP, indican que la mayor cantidad de ellos involucra la fuga de material, la cual puede derivar en eventos como incendio o explosión si es que el material liberado entra en contacto con fuentes de ignición cercanas. La fuga del material, tanto en instalaciones industriales como en casas habitación, ocurre por la falta de mantenimiento de los tanques de almacenamiento, llaves y tuberías, por esta razón se hace indispensable realizar un mantenimiento preventivo de dichos elementos antes que ocurran incidentes que al encadenarse pueden provocar efectos de mayor magnitud. Dentro de las precauciones que se deben tener en las instalaciones, sobresale el contar con un adecuado programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que permita minimizar la ocurrencia de incidentes especialmente las fugas.

• De acuerdo a modelaciones numéricas realizadas, el incremento del uso del grosor de cédula 40 a cédula 80 reduce la probabilidad de fugas. Otras de las medidas recomendadas son la adición de una válvula de paso para reducir la cantidad de material contenido dentro de la tubería, disminuyendo así los efectos de la fuga. Asimismo, el uso de alarmas por escape de gas durante el período de escape jet, permite llevar a cabo la evacuación antes de que la nube de gas LP crezca lo suficiente para dañar al personal del sitio donde se lleva a cabo el almacenamiento (Taylor, entre otros, 1999).

• Es vital la capacitación periódica de los operarios y transportistas de tanques, autotanques y cilindros que contienen gas LP y circulan por las vías de comunicación terrestres nacionales, ya que la afectación que sufre la población, el ambiente y la propiedad en caso de un incidente, se ve multiplicada cuando estos vehículos circulan por zonas densamente pobladas. La capacitación de los operarios y transportistas debe ser cubierta por las empresas dedicadas a la distribución del material.

• Es importante llevar a cabo un estudio de análisis de riesgos en aquellas instalaciones donde la cantidad de gas LP supere lo indicado por la norma NOM-052-ECOL-1993, por lo cual la empresa entra a formar parte de las empresas denominadas como de “alto riesgo”. Dicho análisis de riesgo debe elaborarse con la finalidad de localizar aquellos puntos de la instalación donde sea necesario modificar, mejorar, cambiar o implantar nuevas medidas de seguridad.7

Por lo expuesto y en estricto beneficio de las garantías de usuarios del servicio de gas LP y en función de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión, por ser de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a las autoridades correspondientes, a realizar la verificación de las estaciones de venta de gas LP en el Distrito 7 del estado de Hidalgo para garantizar sus óptimas condiciones y correcto funcionamiento, así como el cumplimiento de normas y reglamentación vigentes; con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y prevenir nuevos casos de explosiones.

Notas

1 http://cartografia.ife.org.mx//descargas/distritacion2017/federal/13/D1 3.pdf

2 gob.mx/wp-content/uploads/Leyes/SENER/nom003sedg2004.pdf

3 gob.mx/wp-content/uploads/Leyes/SENER/nom004sedg2004.pdf

4 https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/ordenamiento-ecologico -del-territorio

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf

6 http://legismex.mty.itesm.mx/normas/secre/sedg003-2005_04.pdf

7 http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/ 373/1/images/it_mraeig.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2020.

Diputada Jannet Téllez Infante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a concertar un modelo general de atención integral de sobrevivientes de COVID-19 para mitigar las secuelas físicas y psicológicas de tan grave enfermedad, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal a concertar un modelo general de atención integral para sobrevivientes de Covid-19, a efecto de mitigar las secuelas físicas y psicológicas derivadas de padecer tan grave enfermedad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las consecuencias de la pandemia sanitaria son visibles e innegables en diversos ámbitos de la vida social, económica, cultural y política.

Ha puesto a prueba el entramado institucional afectando los recursos con lo que cuenta a la par que evidenció las carencias estructurales del sector salud y alertó acerca de la necesidad de reforzarlo en el corto y mediano plazo, considerando que las emergencias en ese campo tienen un carácter cíclico.

Para atender los casos registrados de infectados, la autoridad sanitaria estuvo de manera permanente dándole seguimiento a los contactos de los enfermos por este virus —a partir de la información proporcionada por éstos— a fin de vigilar y descartar eventualmente casos derivados dado el grado de exposición de los mismos.

En ese orden, vistas las cifras que arroja el balance diario resulta pertinente preguntarnos si las personas que han enfermado gravemente y con gran fortuna han logrado recuperarse, proseguirán una vida normal después de sobrevivir a tan desgraciado evento.

De ese modo se advierte que los pacientes sobrevivientes de Covid-19 previsiblemente sobrellevan diversas secuelas físicas y psicológicas, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno debieran dar seguimiento de ellos a efecto de considerar apoyos para estas personas.

Al respecto, se ha aventurado acerca de la temporalidad de los daños sufridos; si se podrán recuperar a mediano o largo plazo, o si las secuelas serían permanentes, lo que demandaría atención, cuidados y rehabilitaciones.

Los especialistas han sugerido que las afectaciones tienen que ver principalmente con los sistemas respiratorios, y eventualmente con el cardiovascular, riñones, intestino y hasta el cerebro.

Concretamente se advierten señales claras como pérdida de peso, caída de cabello, cefaleas, debilidad general, problemas de concentración y de memoria, episodios de hipertensión arterial, además de depresión, y ansiedad, entre otros.

Las cifras muestran —hasta el día 20 de octubre— que estaríamos hablando de más de 860 mil 700 casos confirmados, alrededor de 86 mil 900 fallecimientos confirmados y casi 627 mil 600 personas recuperadas.

Del total de casos confirmados, se ha informado, sólo el 23.08 por ciento han requerido ser hospitalizados y de ellos predeciblemente un porcentaje menor han sido intubados, permaneciendo en terapia intensiva, y de éstos otro tanto se han recuperado satisfactoriamente, por decirlo de alguna manera por haber salvado la vida.

Al parecer es menester contar con información precisa acerca de a cuántas personas afectan dichas secuelas, cuáles persisten en los sobrevivientes, la gravedad de ellas, la ubicación geográfica de los casos, entre otros indicadores que faciliten la tarea de la autoridad.

Las secuelas físicas y psicológicas, que se extienden al entorno familiar, bien podrían ser abordadas mediante un modelo general de atención integral para sobrevivientes de Covid-19, elaborado por la Secretaría de Salud, que marque la rectoría para el manejo de estos efectos en la población.

Grosso modo dicho instrumento contemplaría a partir de un diagnóstico certero de la población objetivo y su ubicación territorial, los niveles y tipo de servicio requerido —ya sea atención médica y psicológica, o en su caso rehabilitación—, su accesibilidad, los recursos disponibles; así como su seguimiento y evaluación.

Ése es el llamado, de aprobarse la presente proposición, que estaría haciendo esta honorable asamblea al gobierno federal para que se atienda esta inminente situación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud federal a concertar, formular y ejecutar un modelo general de atención integral para sobrevivientes de Covid-19, a efecto de mitigar las secuelas físicas y psicológicas derivadas de padecer tan grave enfermedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los tres días del mes de diciembre de 2020

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE a establecer con la SHCP y la CRE la tarifa eléctrica especial en Tabasco para resolver el problema de la costosa electricidad, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el 23 de mayo de 2019, el gobierno de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad suscribieron un convenio de colaboración con el gobierno federal a “efecto de abatir la cartera vencida considerando el adeudo de los usuarios domésticos del estado”. Dicho convenio señala que acualmente existe una acumulación de adeudos del servicio básico del sector doméstico de la población; sin embargo, no ha tenido los resultados esperados y mucho menos ha cambiado la situación de cartera vencida en los usuarios de Tabasco, situación que demanda un acción especial que permita realmente beneficiar a la mayoría de los ciudadanos, y reducir los adeudos que ya representan un riesgo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de ambas entidades.1

El convenio planteó que, a fin de regularizar los adeudos por el no pago del consumo eléctrico, el Gobierno Estatal decidió implementar el programa “Adiós a tu Deuda” para garantizar que sus empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión no tengan oposición en la operación que se traducen en obstáculos a la inversión, ampliación y mantenimiento de las redes generales de distribución y de la red de transmisión, lo que también afecta la economía en general de la entidad.

En dicho convenio, también se estableció que ambas partes se comprometieron a aplicar la tarifa 1F a los usuarios domésticos del suministro de energía eléctrica del estado, de conformidad con el Diagnóstico de la temperatura y humedad relativa media de Tabasco y consumo energético por uso de aires acondicionados 2010-2018 y que esta tarifa se mantendría mientras subsistan las condiciones de temperatura media requerida para su aplicación.2

Segunda. La diferencia entre la tarifa 1D (la que se tenía previo a la firma del convenio) y la tarifa 1F radica en el número de kilovatios subsidiados, o kilovatios “baratos”, que se otorgan al bimestre a los usuarios domésticos; no obstante, dicho beneficio se refleja sólo durante el verano.

Es decir, con la tarifa 1F, de abril a septiembre (periodo de facturación de verano) el número de kilovatios subsidiados al bimestre aumentó de mil 200 a 5 mil; mientras, que de octubre a marzo (periodo de facturación de invierno), el consumo subsidiado se mantuvo igual (400 kilovatios subsidiados al bimestre). Esto es un serio problema, ya que las temperaturas en Tabasco superan 33 grados Celsius en promedio durante todo el año y el “invierno” en la entidad es prácticamente inexistente.

En sí, el precio por kilovatio entre ambas tarifas (1D y 1F) varía muy poco y lo que vino a hacer la tarifa 1F fue privilegiar principalmente a los usuarios con las mayores tasas de consumo, derivado de que éstos ahora pueden hacer usos más prolongados de la energía eléctrica en el periodo de verano, sin que se encarezca su recibo.3

La siguiente relación muestra lo que, en promedio, varió el pago en el servicio de energía eléctrica en los hogares tabasqueños al pasar de la tarifa 1D a la 1F:4

Tercera. Que en su momento, especialistas del sector eléctrico aseguraron que la aplicación de la tarifa 1F en Tabasco representaba una medida insuficiente para resolver el problema de la alta facturación en el Estado, particularmente durante la temporada de invierno, por lo que era importante que los tabasqueños tuvieran mucha precaución del consumo de energía eléctrica durante dicho periodo5 .

En consecuencia, especialistas y actores del sector público y privado han señalado que Tabasco necesitaba la aplicación de una tarifa especial que aplique el mismo subsidio que reciben los usuarios tabasqueños durante el periodo de verano en invierno, derivado a que durante todo el año se registran elevadas temperaturas.6

Además, el gobernador, Adán Augusto López Hernández, ha señalado que éste es el “gran pendiente” de su administración y que seguiría luchando hasta que se lograra una tarifa homologada.7

Cuarta. Que derivado de la pandemia del Covid-19, millones de mexicanos han tenido que pagar el doble o triple en sus recibos de luz, a pesar de que su consumo no ha variado o de que sus locales han permanecido cerrados durante la contingencia. La razón de esto es que la Comisión Federal de Electricidad ha usado la atribución interna de hacer cálculos a partir de estimaciones que nada tienen que ver con la realidad, algo que ha mermado profundamente la economía de las familias y puesto en riesgo a sectores productivos, especialmente a pequeños negocios.

Esta situación ha resultado en que los usuarios se vean imposibilitados a pagar estos elevados recibos, lo que, a su vez, ha llevado a una ola masiva de recortes en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, de abril a la fecha, más de 2.5 millones de mexicanos se han quedado sin luz, especialmente en Tabasco y Chiapas, donde los recortes han aumentado más de 90 y 175 por ciento, respectivamente.8

Quinta. Que, en concordancia con el principio pro homine, conforme al cual la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, la energía eléctrica, particularmente en Tabasco, no es un lujo, sino una imperiosa necesidad con la que se debe contar para tener los medios más apropiados que permitan lograr la plena realización del derecho a la vivienda digna y decorosa, puesto que las condiciones climáticas debido a las altas temperaturas hacen necesario contar con medidas que desde el sector público coadyuven a satisfacer dicha necesidad.

Se procede a emitir los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a habilitar en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía una tarifa eléctrica especial para Tabasco, la cual deberá aplicar como mínimo el mismo subsidio a los usuarios domésticos del estado en el periodo de verano que en el invierno, en aras de resolver el problema de la alta facturación.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y al gobierno de Tabasco a instaurar un grupo de trabajo con especialistas, legisladores locales y federales y actores de la sociedad civil para que dé seguimiento permanente a la implantación de la tarifa eléctrica especial en el estado.

Notas

1 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/public_files/convenios/CONVE NIO_CFE.pdf

2 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/public_files/convenios/CONVE NIO_CFE.pdf

3 https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx

4 Elaboración propia en base al esquema tarifario de CFE y el consumo promedio de los hogares tabasqueños.

5 https://www.diariopresente.mx/tabasco/
en-que-consiste-el-subsidio-de-electricidad-en-la-tarifa-de-verano-e-invierno-en-tabasco/252168

6 http://xeva.com.mx/
nota.cfm?id=102403&t=no-es-un-alivio-que-energia-electrica-baje-solo-unos-meses-dice-senador-del-prd

7 http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=120028&t=
tabasco-seguira-exigiendo-una-tarifa-electrica-homologada-es-el-gran-pendiente-dice-gobernador

8 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cfe-le-quito-la-luz-25-millones- entre-abril-y-octubre

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 3 de diciembre de 2020.

Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento mexiquense de Coacalco de Berriozábal a modificar la medida de acceso restringido por días y apellido en centros comerciales, pues afecta la adquisición de bienes de primera necesidad, como alimentos y medicina, y no se aplica sobre bares, cantinas y discotecas, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Carolina García Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Ayuntamiento de Coacalco determinó que a partir del lunes 30 de noviembre el ingreso a los centros comerciales sería restringido y que sólo podrían acceder las personas de acuerdo con la inicial de su apellido paterno, de tal forma que de la A a la G podrán ingresar lunes y jueves; de la H a la O, martes y viernes; de la P a la Z, miércoles y sábado y el domingo será de acceso libre con foro limitado al 30 por ciento.

Esta medida ha afectado severamente a los residentes de Coacalco y aún cuando se adoptó con el propósito de evitar concentraciones de personas en esos espacios públicos, para impedir la propagación de Covid-19, la medida es arbitraria e inequitativa.

Hasta el 28 de noviembre, desde que inició la pandemia, en Coacalco se han registrado 2 mil 176 casos positivos para una población de poco más de 278 mil habitantes.

Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento han generado caos entre la población local y entre la población que transita diariamente por la demarcación, además ha tenido una repercusión en la economía local afectando al comercio y a los bolsillos de las personas que prestan sus servicios en los centros comerciales y que su esquema laboral depende de las compras que hagan los visitantes; muchas personas viven al día y corren el riesgo de no tener un abastecimiento a sus necesidades básicas.

Es de conocimiento público que con el Covid-19 la economía ha resultado severamente dañada en todo el mundo, con una caída en el producto interno bruto (PIB), caída de los precios de las materias primas, aumento del desempleo, incremento en el número de pobres y muertes por factores asociados a la carencia.

El impacto económico que están teniendo las medidas de confinamiento para detener la pandemia ha ocasionado que millones de personas se queden sin ingresos y otros más, sin trabajo.

La medida adoptada por el Ayuntamiento de Coacalco desde un punto de vista integral, dará lugar a la caída en el consumo en los centros comerciales y al cierre de empresas, porque finalmente los consumidores, al verse afectados, acudirán a municipios aledaños y el circulante no generará bienestar.

El municipio de Coacalco de Berriozábal se encuentra en la región norte-central en el estado de México, a una distancia de 85 kilómetros de la capital del estado y limita con los municipios de Tultitlán y Ecatepec y al sur con la Ciudad de México.1

El Ayuntamiento no debe pasar por alto que la crisis que estamos viviendo a nivel mundial tiene características económicas de diseño propio. Una de ellas es que deja sin empleo, de manera abrupta, a sectores amplios de la población y que con las medidas restrictivas el acceso a centros comerciales afectará la economía local y generará daños colaterales en las dinámicas sociales y en las cadenas de valor y de producción.

Esta medida aun cuando en el uso de las facultades del artículo 155 constitucional se acuerden medidas, su legitimidad y pertinencia es corta; esta es una medida arbitraria que olvida reconocer las fallas de coordinación entre autoridades, pues al tener las plazas comerciales días específicos para entrar por apellido, en caso de que se necesite adquirir medicamento o cubrir una necesidad de otro tipo, no se podrá realizar.

Por otro lado, tampoco se considera que los trabajadores que tengan un día libre o de descanso no gastarán y no activarán la economía, no generar una economía social, circular y solidaria.

Lo más paradójico de esta medida es que restringen el acceso a plazas comerciales que cuentan con supermercados para adquirir productos de primera necesidad, farmacias para comprar medicamentos para tratar enfermedades, lugares para consumir alimentos pero no toman medidas similares para bares y discotecas que en la experiencia internacional y en otras partes de la República Mexicana han sido los puntos de concentración de la población en espacios cerrados, relajamiento de las medidas sanitarias y esto ha derivado en el aumento de los contagios.

Los bares, discotecas y cantinas son lugares de alto contagio donde concurren personas a convivir y beber alcohol y no precisamente a adquirir artículos de primera necesidad o medicamentos como sería el caso de los centros comerciales.

Es verdad que el Ayuntamiento en el uso de sus atribuciones y acorde a la concurrencia en materia de salud, tiene deber de controlar la expansión del contagio de la pandemia manteniéndolo en niveles razonables y compatibles con las capacidades de los sistemas de salud, pero también no debe olvidar que es importante que los efectos económicos producto de la caída del nivel de actividad afecte cinturones de población que ha adoptado las medidas sanitarias como una muestra de su responsabilidad y compromiso.

Estoy consciente que debemos cuidar la salud de quienes habitan Coacalco pero también es cierto que se deben evitar medidas drásticas que sólo afectan el acceso a servicios básicos, como supermercados, farmacias, bancos y la circulación de la economía local.

En todo caso lo que se debe exigir en que no se relajen los filtros en los lugares cerrados como son los espacios públicos de plazas comerciales, implementado medidas que eviten el contagio por Covid-19 como:

• Instalar en los centros comerciales diferentes puntos de expedición de hidroalcohol y desinfectante de manos para uso de los visitantes y el personal de trabajo.

• Limpiar y desinfectar frecuentemente cada día las zonas abiertas al público, la entrada principal, las alfombras, el vestíbulo, los mostradores y los pasamanos.

• Limpiar y desinfectar frecuentemente (más de una vez al día) los puntos con alta frecuencia de contacto, incluyendo paneles de ascensores, manijas de puertas, máquinas expendedoras, pantallas táctiles, entre otros.

• Promover el pago con tarjeta.2

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto exhorta al Ayuntamiento del Municipio de Coacalco de Berriozábal, estado de México:

a) A modificar la medida de acceso restringido por días y por apellido a los centros comerciales del municipio, vigente a partir del 30 de noviembre, por afectar la adquisición de bienes de primera necesidad como alimentos y medicamentos y en todo caso adopte medidas para prevenir el contagio de Covid-19 como limpiar y desinfectar frecuentemente cada día las zonas abiertas al público.

b) Valore adoptar medidas de restricción para el acceso a bares, cantinas y discotecas por ser lugares de alto contagio.

Notas

1 http://www.municipios.mx/mexico/coacalco-de-berriozabal/

2 https://www.hosteltur.com/135131_coronavirus-consejos-para-locales-de-o cio-restaurantes-y-discotecas.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2020.

Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a hacer pública por el DIF la suficiencia presupuestal del ejercicio 2020-2021 para prestar apoyos de gastos funerarios a familiares de fallecidos por Covid-19, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Toda propuesta de política pública debe tener una visión estratégica que lleve a concretar acciones necesarias para que el Ejecutivo federal lleve a cabo la mejor conducción de su mandato. Es así que el 25 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una de las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia otorgue un apoyo solidario de carácter universal, directo, en efectivo o mediante transferencia bancaria, dirigido a deudos de personas fallecidas por la enfermedad producida por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), con el propósito de contribuir con los gastos de servicios funerarios.

Lo anterior, con objeto de que la persona beneficiaria, de carácter universal y de manera directa, se le hará entrega en efectivo o mediante transferencia bancaria, de la cantidad de 11 mil 460 pesos.

Para los efectos del carácter universal los propios lineamientos publicados en el DOF, establecen por tal que el derecho a su solicitud lo será sin distinciones de raza, sexo, origen, situación socioeconómica o cualquier otra distinción que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y con independencia de que cuenten o no con derechohabiencia de algún esquema de seguridad social.

Por lo anterior, para que el interesado pueda acceder al apoyo económico debe formular su petición a partir del 2 de diciembre de 2020 y que la persona finada o fallecida se encuentre dentro del periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y hasta la fecha que la autoridad sanitaria competente determine como el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia SARS-CoV-2.

Por lo señalado anteriormente y de conformidad a la cifra de personas fallecidas de qué manera oficial ha dado la Secretaría de Salud al 30 de noviembre de 2020, tenemos que son 105 mil 940 por lo que si se les entregará en este supuesto a todos la cantidad de 11 mil 460 pesos, tendría que tener disponibles a esa fecha la cantidad de $1,214,072,400 pesos.

Por ello, la urgencia de que señale el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia la suficiencia presupuestal con la que cuenta, ya el virus del SARS-CoV2 (Covid-19), sigue vigente en nuestro país, y pareciera que aunque llegue la vacuna antes de finalizar este año, las muertes seguirán, ya que el sistema de salud y las medidas implementadas no ha logrado abatir como dice el señor Presidente la curva de infección y de muertes por esta enfermedad.

Así dio cuenta el 30 de noviembre la Organización Mundial de la Salud, en la que se indicó:

“El ritmo del incremento de casos y muertes (de Covid-19) en México es muy preocupante”.

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus destacó que tanto el número de fallecidos como el de casos se dobló entre la semana del 12 de octubre y la del 20 de noviembre, pasando el primero de 2000 a 4000 y el segundo, de 31 mil a más de 60 mil e indicó:

“Creo que esto muestra que México está en mal estado”

Quién además añadió que:

“Cuando ambos indicadores, las muertes y los casos, aumentan, es un problema muy serio. Nos gustaría pedirle a México que sea muy serio”.

Por otro lado, en nuestra tarea como legisladores federales es la de aprobar el presupuesto federal, tal y como sucedió el mes pasado, y no veo el apartado donde se autorice al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia esa cantidad de recursos para el Ejercicio Fiscal de 2021, como así tampoco lo encuentro en el presupuesto aún vigente 2020. Por ello, el exhorto a que haga públicos tanto la suficiencia presupuestal como los recursos públicos que se transfieran a todos y cada uno de los familiares de los deudos aquí señalados.

Por lo anteriormente expuesto, en mi calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dentro de esta LXIV Legislatura, es que propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la ciudadana María del Rocío García Pérez, haga pública la suficiencia presupuestal que dispone la institución para el ejercicio 2020 y 2021, así como los recursos públicos que se transfieran a los familiares de los deudos para el otorgamiento de apoyos de gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por la enfermedad de Covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2020.

Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a autoridades de la Ciudad de México a realizar ajustes presupuestarios y buscar un acuerdo con sus análogas del estado de México y Morelos para homologar las tarifas de derechos por placas, tenencia, hologramas, fondo y multas; y emprender una campaña que fortalezca e incorpore la empatía, solidaridad y corresponsabilidad entre los capitalinos, a fin de cumplir sus obligaciones fiscales y contribuir a cubrir los gastos de ella, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, en su calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en la Encuesta Intercensal (EIC) de 2015, en México habitaban 119 millones 938 mil 473 (ciento diecinueve millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres)1 personas, de los cuales 8 millones 918 mil 473 (ocho millones novecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y tres) habitaban en la Ciudad de México 2 .

Un estudio denominado Diagnóstico de movilidad en la Ciudad en México: El impacto del crecimiento vehicular (problemas, estadísticas y evaluación de políticas) 3 elaborado por el Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la antigua Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Ahora Congreso de la Ciudad de México) en la VII Legislatura señala que:

El 60 por ciento de los residentes de la Ciudad de México y 40 por ciento de la zona metropolitana, realizan al menos un viaje en algún medio de transporte al día.

Los automóviles privados utilizan 85 por ciento del espacio vial , mientras que el transporte público 15 por ciento restante, de los cuales 2/3 pertenece a los taxis.

Frente a ello han aparecido en los últimos años opciones de movilidad, tales como carsharing, motosharing y bikesharing, son la renta del vehículo por un período corto de tiempo, además del car pooling, ridesharing y ride-hailing, que se han convertido en importantes modelos de negocio para empresas como Uber, Cabify, Didi.

La principal alternativa que se presenta en la actualidad es la bicicleta y bicicleta eléctrica y los scooters que, en menor medida, han ido apoderándose de algunas colonias, principalmente aquellas en el centro de la Ciudad de México.

Todas estas alternativas representan un ahorro económico, de tiempo y de consumo de energía para los usuarios.

Tal es el caso de Ford que adquirió la ‘startup’ de renta de monopatines Spin, en una operación valuada en unos 40 millones de dólares, según refiere la revista Expansión como una solución para la micro movilidad al dar alternativas para las personas que requieren un desplazamiento que implique distancias cortas.

Segundo. Asimismo, para 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaba que el total nacional de vehículos de motor registrados en el país era de 50 millones 594 mil 282 (cincuenta millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos ochenta y dos) 4 .

Así mientras en enero de 2018 el número de automóviles era de 31 millones 11 mil 375 (treinta y un millones once mil trescientos setenta y cinco vehículos), el número de camiones de pasajeros era de 401 mil 862 (cuatro cientos un mil ochocientos sesenta y dos), el número de camiones de carga oscilaba en los 10 millones 817 mil 808 (Diez millones ochocientos diecisiete mil ochocientos ocho) unidades. Para el año de 2020 el número de vehículo evoluciono conforme se describe en la siguiente tabla5 :

Por su parte la producción de vehículos paso de 282 mil 77 (Doscientos ochenta y dos mil setenta y siete) unidades en enero de 2015, a 362 mil 78 (Trescientos sesenta y dos mil setenta y ocho)6 en septiembre de 2020.

Mientras que la venta al público de vehículos paso de 69 mil 264 (sesenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro) unidades en enero de 2015, a sólo 45 mil 630 (cuarenta y cinco mil seiscientos treinta)7 en septiembre de 2020.

Tercero. Cabe señalar que de 2017 hasta 2020, el parque vehicular en Ciudad de México se duplicó al pasar de 2.5 millones a 5 millones de autos , es decir el cien por ciento, de acuerdo con el reporte del Inegi sobre el número de vehículos de motor registrados en circulación.8

En contraste con ese crecimiento vehicular, la población de la capital solo creció 2 por ciento entre 2000 y 2017, al pasar de 8 millones 605 mil habitantes a 8 millones 802 mil; es decir, poco menos de 200 mil personas.

El estado de México merece mención especial, ya que los vehículos registrados se multiplicaron seis veces en el mismo lapso. Tenía 1.2 millones de autos y actualmente suman 7.2 millones. Para especialistas como Bernardo Baranda, director para América Latina del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, esta motorización es el resultado de una fallida apuesta por el automóvil privado en detrimento del transporte público, esto “Es el resultado de la fragmentación, donde lo que pasa entre el estado de México y la capital es un claro ejemplo, ya que no hay transporte digno y seguro que las conecte”.

Conforme a los datos de la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el parque vehicular matriculado en la Ciudad ha pasado de 1 millón 313 mil (un millón trescientos doce mil) en 2000, a solo 1,280,000 (un millón doscientos ochenta mil) en el año 2020, es decir, existe una disminución de 2.5 por ciento de vehículos formalmente registrados en la capital del país . A simple vista esto no es creíble, en razón que del gran número de autos que circulan diariamente en esta urbe.

En contraste, los datos del Inegi señalan que en 2019 los autos en la Ciudad de México era 6 millones 84 mil 903 (seis millones ochenta y cuatro mil novecientos tres) unidades , mientras que en el Estado de México existían 8 millones 455 mil 28 (ocho millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil veintiocho) vehículos y en Morelos había 905 mil 51 (novecientos cinco mil cincuenta y uno) coches.

Esto se debe a que millones de vehículos de habitantes de la Ciudad de México, tiene sus placas registradas formalmente en otras entidades federativas del país, principalmente en Morelos y el Estado de México, lo que resulta una forma de evadir la Ley de la Ciudad, por ser más alto los derechos de placas, tenencia, hologramas, fondo y multas. Todo lo cual repercute negativamente el as finanzas públicas de la capital del país y por ende se transforma en un daño para todos sus habitantes; daño que ellos mismos que están ocasionado.

Cuarto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros puntos, las obligaciones de los mexicanos y en su artículo 31 a la letra reza:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo;

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.

III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México en sus artículos 19, 21 y 23 señala las obligaciones de las autoridades en materia de Coordinación Metropolitana, Hacienda Pública, Ingresos y Egresos, así como los Deberes de las personas en la ciudad y establece:

Artículo 19 Coordinación Metropolitana y Regional

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes de la Ciudad de México a través de la coordinación con la Federación, los Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de México.

Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la colaboración.

2. El gobierno de la ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de instancias y mecanismos de coordinación con la federación, los estados y municipios para la planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia.

3. La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, podrá suscribir convenios y concertar con la Federación, los Estados y Municipios conurbados, la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o la realización de acciones conjuntas en la materia.

Se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que contribuyan a garantizar la aplicación de políticas y servicios suficientes y de calidad para las personas que habitan la Zona Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial eco sistémica, incluyente y participativa.

4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y en los organismos que correspondan, según lo disponga la ley.

El Congreso de la Ciudad de México impulsará la coordinación con los congresos locales de las entidades de la zona metropolitana del valle de México, con apego a los principios federalistas y respeto a la soberanía de estas entidades.

5. El Cabildo impulsará ante el Consejo de Desarrollo Metropolitano y los organismos correspondientes los mecanismos de coordinación metropolitana y regional que especifiquen los objetivos, plazos, términos, recursos y responsables para la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y programas acordados, así como de participación y representación ciudadana en los mismos.

6. Las alcaldías podrán suscribir acuerdos de coordinación para la prestación de servicios públicos con los municipios conurbados, en los términos que establezca y con el acuerdo de su respectivo concejo. El Congreso de la Ciudad autorizará los montos para la aportación de recursos materiales, humanos y financieros a que se comprometa la Ciudad en esta materia.

7. Los poderes públicos y las alcaldías propiciarán la participación ciudadana en la elaboración, ejecución y evaluación de la política de coordinación regional y metropolitana, de conformidad con los mecanismos de democracia directa y participativa previstos por esta Constitución; asimismo, difundirán los acuerdos y convenios para que se conozcan de manera precisa y rendirán cuentas sobre sus avances y resultados.

Se realizarán consultas a la ciudadanía cuando se prevea la suscripción de acuerdos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, susceptibles de afectarles directamente. Estas consultas serán vinculatorias conforme a lo previsto por esta Constitución.

Artículo 21 De la Hacienda Pública

A. Disposiciones generales

1. En la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública.

2. La hacienda de la ciudad se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera. El gasto y la inversión pública, además de lo que establece esta Constitución, se orientarán a incrementar la infraestructura y el patrimonio públicos, a garantizar servicios de calidad, al impulso de la actividad económica, el empleo, el salario y a la mejora de la calidad de vida de la población.

3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad económica y social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las responsabilidades.

4. La generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son los principios que rigen la hacienda pública.

5. La recaudación y administración de los recursos quedará a cargo de las autoridades fiscales de la Ciudad en los términos que establezca la ley, sin menoscabo de los convenios de colaboración en la materia que puedan suscribir las alcaldías con el gobierno local.

6. El gobierno de la ciudad, conforme a la ley de la materia, podrá contraer deuda pública para destinarla a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. No podrá utilizarse para cubrir gasto corriente o de operación.

7. Ninguna información de carácter público podrá restringirse en su conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de gobierno abierto.

8. La Ciudad de México podrá establecer contribuciones de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación federal y local.

9. El gobierno de la ciudad garantizará que la información catastral y registral sea estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada en una institución única, conforme lo establezca la ley de la materia.

B. Ingresos

1. La hacienda pública de la ciudad se conforma por las contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad establezca, el financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como por las participaciones, aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen federal por cualquier concepto, los rendimientos de los bienes que pertenezcan a la Ciudad y cualquier otro ingreso que en su derecho le corresponda.

2. En la planeación de las finanzas públicas de la ciudad se considerarán los recursos que determine la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las bases que la misma establezca para su ejercicio, a fin de apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El Congreso de la Ciudad podrá establecer contribuciones especiales a las actividades que ocasionen consecuencias perjudiciales sobre la salud o el ambiente.

4. Las autoridades definirán las políticas de estímulos y compensaciones fiscales en los términos y condiciones que señale la ley.

5. La ley regulará los mecanismos que faciliten a las personas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como las instancias y procedimientos para la defensa de los derechos de los contribuyentes.

6. El Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con la ley en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y en la legislación local, en lo conducente, regulará la asignación de ingresos excedentes, excepcionales y remanentes; así como los procedimientos para efectuar las reducciones presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera.

C. Egresos

1. El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario.

2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos y metas establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo.

3. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen erogaciones no comprendidas en sus presupuestos o determinadas por ley posterior.

4. Los resultados de las evaluaciones a programas, políticas públicas y proyectos de inversión a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se considerarán en el proceso presupuestario e incidirán para la orientación del gasto público.

5. La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal de iniciativas de ley y las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad elaborados por la oficina presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos.

6. El gobierno de la ciudad podrá celebrar contratos multianuales de gasto, en los términos de la legislación aplicable en la materia, los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios.

7. El gobierno de la ciudad deberá transferir a las alcaldías, con oportunidad y mediante calendarios públicos de ministración, los recursos públicos que de acuerdo a la ley, les correspondan.

D. Alcaldías

I. De los ingresos sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, las alcaldías contarán con los recursos públicos siguientes:

a) Las participaciones, aportaciones y demás ingresos de procedencia federal, de conformidad con las leyes de la materia;

b) Los recursos de aplicación automática que generen;

c) Las asignaciones determinadas para sus presupuestos, contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; y

d) Los ingresos provenientes del fondo establecido en el artículo 55 de esta Constitución.

II. Bases para la determinación de criterios y fórmulas

1. El Congreso de la Ciudad de México expedirá las normas correspondientes en materia hacendaria, las cuales establecerán los criterios y fórmulas para la asignación presupuestal a las demarcaciones territoriales, de conformidad con lo siguiente:

a) Para la asignación del gasto público se considerará: población residente y flotante; población en situación de pobreza; marginación y rezago social; extensión territorial, áreas verdes y suelo de conservación; inversión en infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano, así como su mantenimiento;

b) Las participaciones federales se aplicarán conforme a los porcentajes y criterios establecidos en la normatividad aplicable;

c) El presupuesto asignado a las alcaldías, proveniente de los recursos señalados en el inciso c), fracción I del presente apartado, no podrá ser menor en términos porcentuales, a lo que éste representó en el ejercicio fiscal inmediato anterior, respecto al presupuesto total de la Ciudad de México, salvo los casos excepcionales que la ley determine.

2. El Fondo establecido en el artículo 55, de la presente Constitución será adicional al monto que reciban las alcaldías por los conceptos de los incisos a), b) y c) de la fracción I del presente apartado, a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones contenidas en este precepto.

3. A este fondo, se le deberá destinar el monto equivalente al dos por ciento de lo que resulte de restar, al total de los ingresos de libre disposición, los recursos propios de los organismos, el gasto no programable del Gobierno de la Ciudad de México, y el presupuesto destinado a los organismos autónomos y de gobierno.

4. La orientación de este fondo se establece en el artículo 55 de esta Constitución. Su ejercicio deberá de apegarse a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a la legislación que al efecto emita el Congreso de la Ciudad de México, así como a la normatividad que en materia de ejercicio y fiscalización emita la autoridad local. Las alcaldías ejercerán estos recursos con base en un programa de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos.

5. Este fondo deberá ser transparente en su aplicación, con informes trimestrales sobre su ejercicio al concejo, al Congreso, a las instancias de auditoría correspondientes y a las y los ciudadanos. En ningún caso los recursos de este fondo podrán transferirse a otros rubros o partidas de gasto.

III. De la autonomía del ejercicio presupuestal

1. En el ejercicio de sus presupuestos, las alcaldías gozarán de las facultades siguientes:

a) Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado por su respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la ciudad;

b) Administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos, sujetándose a las leyes y reglamentos de la materia;

c) Elaborar y programar los calendarios presupuestales;

d) Disponer de los recursos asignados en sus presupuestos y efectuar los pagos con cargo a los mismos, conforme a las ministraciones de recursos que reciban, debiendo registrar y contabilizar sus operaciones en el sistema de contabilidad gubernamental, de acuerdo con la normatividad federal y local de la materia;

e) Autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con la ley; f) Determinar, en los casos de aumento o disminución de ingresos en el presupuesto, los ajustes que correspondan sujetándose a la normatividad aplicable; y g) Captar, registrar, administrar y ejercer los recursos de aplicación automática que generen.

2. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las alcaldías deberá destinar al menos 22 por ciento a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la alcaldía ejerza con cargo al fondo referido al apartado D, fracción II de este artículo.

3. La Auditoría Superior de la Ciudad de México fiscalizará que las alcaldías cumplan con lo señalado en el numeral anterior.

4. Las alcaldías no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos.

Artículo 23 Deberes de las personas en la ciudad

1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno.

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:

a) Ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad y sin discriminación;

b) Conocer y cumplir las disposiciones de la presente Constitución y las leyes que de ella emanen;

c) Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de las familias;

d) Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable;

e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta Constitución;

f) Contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes;

g) Denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de un delito, particularmente actos de corrupción;

h) Promover la defensa del interés general por encima del interés particular;

i) Ser solidario con la comunidad y ayudar a otras personas en caso de un accidente o desastre natural, así como prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren legalmente requeridos;

j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos;

k) Participar en la vida política, cívica y comunitaria, de manera honesta y transparente; y

l) Promover los valores comunitarios.

Quinto. Es decir, a pesar de que existe una obligación Constitucional de Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”, esto en la realidad no ocurre, lo que ha llevado a que la contribución con los gastos públicos, no sean ni proporcional ni equitativa.

En la Ciudad de México esto es particularmente visible en el rubro referido al emplacamiento de automóviles de aquellos ciudadanos que son habitantes y residentes en la capital del país , circulan por sus calles y avenidas, utilizan la infraestructura, los servicios de salud, educación, seguridad, comunicación y movilidad, por mencionar algunos, pero no pagan los derechos correspondientes al emplacamiento de sus vehículos y que por el ahorro de cantidades ínfimas, perjudican al conjunto de la sociedad capitalina, a sus hijos, parientes, e incluso a si mismos, por el daño a la salud que ocasionan y que no son mitigados por que existe una disminución creciente en la recaudación que debería obtenerse por el emplacamiento de los automotores que circulan por esta gran ciudad y que son propiedad de quienes aquí radican.

En la siguiente tabla es posible comparar la disparidad existente entre el parque vehicular registrado en cada entidad federativa contra lo que la ciudadanía reporta que tiene:

Esta disminución de los ingresos de 4 millones 804 mil 903 pesos (cuatro mil millones ochocientos cuatro mil novecientos tres pesos 00/100 moneda nacional) tiene consecuencias de gran magnitud para el bienestar social, desarrollo, crecimiento, seguridad y salud de los habitantes de la Ciudad de México. Para su mejor comprensión se puede subdividir en tres rubros el daño que esto le ocasiona a la Capital de la República:

A) Ambiental, en razón de que no existe un programa homologado de verificación entre el estado de México, la Ciudad de México y Morelos, la contaminación se acumula en la Ciudad de México, en razón del espacio reducido y la gran cantidad de vehículos que aquí circulan;

B) Social , porque se tiene problemas de inseguridad al no contar con un registro adecuado de los autos que son propiedad de quienes habitan el la Ciudad; por el desgaste de la carpeta asfáltica, los daños a calles y avenidas; por el aumento de los tiempos de traslado y la consecuente perdida de horas hombre; por la disminución de los recursos para otorgar servicios básicos de educación, programas sociales, de salud, entre otros;

C) Fiscal: Al no estar matriculados los autos en la entidad federativa en la que residen los propietarios, se ocasionan disparidades y afectaciones en la recaudación de impuestos como el impuesto al valor agregado (IVA), el Impuesto sobre Nómina; el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN); así como las contribuciones y derechos tales como tenencias, verificación, fondo ambiental, multas. De la misma manera, al afectarse la economía de la entidad federativa que es el motor del país y que produce el 17 por ciento del Producto Interno Bruto, como lo es la Ciudad de México, la economía del Valle de México y de la nación se frena.

Para ejemplificar lo anterior se presenta la siguiente tabla para apreciar la disparidad entre la población existente en cada entidad federativa y el número de vehículos matriculados para ver como se afecta a cada una de ellas:

Actualmente, conforme a los estímulos fiscales que existen en la Ciudad de México, sólo se benefician a 24 submarcas de vehículos, lo que se plantea es realizar una homologación con el emplacamiento existente en el estado de México, lo que automáticamente incrementaría a 91 submarcas de automotores las que aquí podrían matricularse. Es decir, 9 de los 10 autos más vendidos podrían matricularse en la capital del país.

Para dar un ejemplo, si la inmatriculación vehicular estuviera homologada con las tarifas que actualmente se cobran en el Estado de México, los ingresos que la Ciudad de México podría percibir para el ejercicio fiscal 2021, con el parque automovilístico que actualmente circula por las calles y avenidas serían de 8 mil 67 millones 96 mil pesos (ocho mil sesenta y siete millones noventa y seis mil pesos 00/100 moneda nacional), es decir habría un incremento en la finanzas públicas del orden de los 2 mil 225 millones 99 mil 200 pesos (Dos mil doscientos veinticinco millones noventa y nueve mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Este no puede ser un esfuerzo meramente recaudatorio ni aislado, sino que implica una mejora en los servicios que actualmente presta el Gobierno de la Ciudad, en el cual deben estar involucradas otras dependencias de la administración pública centralizada.

En este sentido, para que el parque vehicular retorne a matricularse en la Ciudad de México, al menos es necesario realizar las siguientes acciones:

1. Buscar homologar el programa de emplacamiento del parque vehicular con la Megalópolis;

2. Homologar los temas de tenencias, refrendo, y derechos con las Entidades de México y Morelos;

3. Agilizar los trámites administrativos para la obtención de placas;

4. Desvinculación de la verificación vehicular y las multas; y,

5. Implementación de la revisión físico-mecánica en los centros de verificación Morelos y el Estado de México.

Estos problemas son ocasionados, entre otras cosas, por la fragmentación de acciones gubernamentales en cada Entidad, lo que han impedido su articulación en el Valle de México. Cabe señalar que la Megalópolis actualmente esta conformada por la Ciudad de México con 16 alcaldías; el Estado de México con 80 municipios; Hidalgo con 29 municipios; Morelos con 33 municipios; Puebla con 22 municipios; y Tlaxcala con 60 municipios.

Para poder establecer acuerdos formales y obligatorios entre las entidades federativas, municipios y alcaldías que conforman la megalópolis del valle de México y puedan afrontarse los problemas de manera conjunta, es necesario tener conversaciones al más alto nivel entre la jefa de gobierno, los gobernadores de los estados, las Secretarías de Medio Ambiente del gobierno federal y de las entidades federativas, así como las Secretarias de Movilidad de cada una de ellas, así como sus respectivas Secretarías de Finanzas.

Sexto. La Ciudad de México, sus habitantes y los distintos sectores sociales que la componen, deben comprometerse a emprender una campaña de solidaridad y el cumplimiento de las obligaciones con una Ciudad que ha sido generosa con ellos, que les brinda libertades, servicios educativos, de salud, seguridad pública, esparcimiento y apoyos sectoriales a sus habitantes.

Cabe señalar que “Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano”, “Contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes” y “ser solidario con la comunidad” es un deber de las personas de la ciudad de México, y lo cual esta prescrito en su Constitución.

Para ello debe implementarse una campaña que conmine a los habitantes a cumplir con sus obligaciones fiscales, mediante la utilización en radio, televisión y las redes sociales para hacer conciencia sobre el compromiso social que deben tener con la Ciudad de México. Evadir esta obligación social, equivale a un fraude contra los habitantes de la ciudad.

Como medidas que estimulen el emplacamiento de los vehículos de los habitantes de la capital en la propia Ciudad de México podrían realizarse, entre otras, las siguientes:

1. Debe aumentarse el estimulo fiscal para el emplacamiento para el ejercicio fiscal de 2021, pasando de 250 mil pesos (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) con IVA que se cobra en la Ciudad de México, para llevarlo a 400 mil pesos (Cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) sin IVA que se cobran en el estado de México; y,

2. Mejorar el sistema de trámites para gestionar las placas y la licencia.

La solidaridad que tienen los habitantes de la Ciudad de México para contribuir con los gastos de ella, debe entenderse como que todos somos corresponsables del bienestar de los demás y mientras haya mexicanos vulnerables, todos somos vulnerables.

Para hacer frente a esta pandemia y enfrentar con éxito los retos y oportunidades del siglo XXI, todos tenemos que fortalecer o incorporar los valores de la empatía, solidaridad y corresponsabilidad en especial con aquellos que se han quedado atrás.

Empatía que nos permita sentir el sufrimiento de los demás, pero también sus esperanzas y anhelos.

Solidaridad para contribuir, cada quien en la medida de sus posibilidades, capacidades y fortalezas a efecto de generar mejores condiciones de vida para los demás.

Corresponsabilidad para reconocer con humildad que en el logro de nuestros éxitos intervinieron muchos otros, además de nuestro empeño y esfuerzo, y que así nos corresponde ahora contribuir a que otros alcancen los suyos.

El propósito de toda la sociedad debe ser contribuir a una economía que permita a cada persona llevar una vida con sentido y dignidad, teniendo éxito a través del trabajo y de la creatividad.

Por otro lado, las personas en lo individual debemos involucrarnos directamente en ayudar a quienes están a nuestro alrededor, sobre todo a quienes necesitan ayuda para solventar sus gastos más básicos como la alimentación, la salud o la educación.

Pero para apoyar a los demás a enfrentar estos tiempos, es que necesitamos hacerlo desde la empatía, la solidaridad y la corresponsabilidad. Esto a fin de tender puentes entre los diferentes segmentos sociales, que nos permitan alcanzar los acuerdos que tanto necesitamos como país.

Es momento de volvernos activistas de tiempo completo para construir, juntos, la Ciudad de México a la que todos aspiramos.

Por las consideraciones anteriores, presento ante esta honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución , la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al Congreso de la Ciudad de México, para que realice los ajustes presupuestales necesarios para homologar las tarifas de derechos por placas, tenencia, hologramas, fondo y multas con las entidades de México y Morelos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México para que a la brevedad busque un acuerdo con las Secretarías de Gobierno de las entidades de México y Morelos para homologar las tarifas de derechos por placas, tenencia, hologramas, fondo y multas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a las Secretarías de Gobierno, Movilidad, Medio Ambiente y Finanzas de la Ciudad de México para que a la brevedad emprendan una campaña que fortalezca e incorpore los valores de la empatía, solidaridad y corresponsabilidad, entre los habitantes de la Ciudad de México, para cumplir con sus obligaciones fiscales y se contribuya para cubrir los gastos de ella.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La información de 2015 corresponde a una estimación de la población total realizada con base en la Encuesta Intercensal (EIC) 2015, que permite su comparación con la serie censal. Además de la población residente en viviendas particulares habitadas de la EIC 2015 (119 530 753), incluye una estimación de 407 720 personas en viviendas que no se captaron en dicha encuesta (viviendas colectivas, del Servicio Exterior Mexicano y las que carecen de vivienda). Por esta razón, los datos de 2015 de este indicador no son comparables con los publicados en los productos de la EIC 2015 o con el indicador de Población total en viviendas particulares habitadas. https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2015. Información por Entidad/Ciudad de México/Población. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/

3 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. Diagnóstico de movilidad en la Ciudad en México: El impacto del crecimiento vehicular (problemas, estadísticas y evaluación de políticas).

http://aldf.gob.mx/archivo-9f6f5328e0f0853d4453d481cbffa 2b6.pdf

4 Inegi. Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados. La información incluye la clase de vehículo Automóviles, Camiones y camionetas para pasajeros, Camiones para carga y Motocicletas, así como el tipo de servicio Oficial, Público y Particular.Para el año 2018 los datos tienen el carácter de cifras revisadas, derivado de la actualización realizada por los gobiernos de los estados de Baja California, Chiapas y Ciudad de México. https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/

5 Cifras preliminares. La Estadística mensual de Vehículos de Motor Registrados en Circulación excluye los datos de Motocicletas y del servicio Oficial, los cuales se incorporan hasta la obtención de los resultados anuales.

Las cifras de los años de 2017 y 2018, se generan a partir del padrón vehicular registrado por los gobiernos de las 32 entidades federativas al 31 de diciembre de 2016, a éste dato se incluyen los vehículos vendidos al público de manera mensual reportados por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y los del Mercado de Vehículos Pesados en México de la Encuesta Mensual de Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi. Idem.

6 Cifras preliminares. Incluye la producción orientada a la exportación. A partir del mes de enero del año 2015, los datos corresponden a los reportados por el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) y desde el mes de junio de 2020 el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP).Fuente: Inegi. Con base en datos de la producción reportada en el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) y el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP). Ibid.

7 Cifras preliminaresLos datos se refieren a la venta de automóviles se actualizan conforme a la última publicación del RAIAVL. Se excluyen la venta de los camiones ligeros reportada por el RAIAVL. Fuente: Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). Ibidem.

8 Milenio. 1 de septiembre de 2018. Se duplica el número de autos en CdMx en 17 años. https://www.milenio.com/politica/comunidad/duplica-numero-autos-cdmx-17 -anos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2020.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para formular, diseñar y ejecutar un programa especial alimentario dirigido a las regiones indígenas, a cargo del diputado Javier Manzano Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena

Javier Manzano Salazar, diputado secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes

Considerandos

1. A lo largo de nuestra historia patria, la desigualdad política se ha traducido en una desigualdad social. En los tres siglos de dominación española, al despojo salvaje de nuestra territorio, configura un mosaico social en donde los pueblos indígenas y las castas se colocan en el piso más bajo de una vida digna, solo superados por el mestizaje y el criollismo bastardo arrinconado a empleos poco remunerados, en tanto en la cúspide, peninsulares y criollos del círculo cercano al poder, gozan de riquezas y privilegios. Es este sector excluido el aliado más combativo en la lucha de independencia encabezado por los ilustrados marginados del ejercicio del poder.

2. Al término del proceso de independencia, las aspiraciones de cambiar la desigualdad social, impulsando la idea de transformar la estructura económica, no fructifica ante el mantenimiento del orden político por las constantes revueltas internas, antes bien profundiza la pobreza y legaliza el despojo, visionariamente alertadas por Ponciano Arriaga, y antes por Mariano Otero, y posteriormente por Andrés Molina Enríquez. Así como en la Independencia son los desposeídos quienes nutrieron de combatividad a los ejércitos de Hidalgo y Morelos, en el interregno, las huestes de Don Juan Álvarez le dan sentido popular a la Revolución de Ayutla.

3. No se discute la desigualdad social de la dictadura porfirista. En nuestra memoria tenemos aquellos semblantes, de hombres, mujeres y niños, desnutridos y vestimenta harapienta que ante la injusticia de “la paz de los sepulcros” no dudaron en enrolarse a los ejércitos para hacer la Revolución Mexicana. Si en una primera etapa las diversas tendencias se agruparon en el objetivo de cumplir el “sufragio efectivo. No reelección” y derrocar a la dictadura, encontramos en el Programa del Partido Liberal Mexicano y en el Plan de San Luis algunas coincidencias en materia de tierras. Madero aludió al despojo sufrido por los pueblos indígenas, mientras que los magonistas proponían crear un Banco Agrícola que daría a los agricultores pobres préstamos con poco rédito.

Aludimos al tema de tierras por convertirse muy pronto en un reclamo de las fuerzas populares, y sobre todo al ser un factor de las regiones en donde habitaban los desposeídos por la dictadura. La base política y económica del viejo régimen descansaba en la figura de los hacendados, auténticos vampiros de la riqueza generada por los acasillados en las florecientes haciendas, fuente generadora de la alimentación de las ciudades, mientras que en éstas, la explotación de la mano de obra en los talleres y obrajes, sumado a una inversión extranjera rapaz, saqueaba las riquezas nacionales para trasladarlas a sus países de origen.

La mescla de intereses de las fuerzas revolucionarias se observan con la aparición de encontradas diferencias sobre los compromisos y aspiraciones del Estado resultante del movimiento revolucionario. Aquellos infiltrados del viejo aparato político chocaban con los defensores auténticos de los intereses populares, como Zapata y Villa, choque que adquiere visibilidad en los debates del Congreso Constituyente de 1917, pero finalmente el reclamo agrario y del trabajo se incorporan a los artículos 27 y 123 de la Carta Magna.

4. No es sino hasta el acenso al poder presidencial del General Cárdenas cuando estos compromisos populares plasmados en la Constitución de 1917 se empiezan a cumplir en los hechos. El reparto agrario y la defensa de los derechos laborales se convierten en política de gobierno. La política de masas sienta las bases sociales de un Estado comprometido con los sectores populares, sobre todo la nueva estructura agraria fortalece a las regiones productivas al rescatar la tierra de “manos muertas” que habían sorteado las primeras acciones de reparto de las viejas haciendas y de grandes extensiones acaparadas en pocas manos.

5. De este enfoque concluimos en la importancia de rescatar al campo mexicano como una vía de sentar las bases de combatir la pésima alimentación que hoy se debaten en las regiones indígenas. La situación actual, en estrecha relación con el aumento de la población, tiene sus antecedentes en la crisis agrícola en los años 60´s, pero no es sino hasta 1980 cuando se instrumenta el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), sustituido en 1983 con el Programa Nacional de Alimentación, adquiriendo los reflectores la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

6. El asunto de la alimentación es un tema nacional y por lo tanto provoca debates sobre el camino más correcto para garantizarla, sobre todo a partir de 2012 cuando se incorpora al artículo 4 de la Constitución Política el derecho a la alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad. Aun cuando tiene varias aristas al relacionarse con la producción de los productos alimenticios y su impacto en la salud de la población, sobre todo por los efectos nocivos de los productos importados por el libre comercio y la exportación de productos saludables.

7. Una condicionante es la capacidad financiera de adquirir los alimentos para las familias mexicanas. A mayor pobreza menos posibilidades de alimentación. Esto es una situación real y dolorosa en la sociedad mexicana. Las últimas cifras de 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social concluye con datos preocupantes. A nivel general la pobreza era de 49.9%, (52.4 millones de personas) y en pobreza extrema el 7.4%,(9.3) millones de personas. Para el sector que más nos preocupa, esto es la población indígena, la situación de pobreza era de 69.5%, (8.4 millones de personas) y en pobreza extrema ascendía a 27.9% (3.4 millones de personas). Si nos apoyamos en la definición aceptada para conceptualizar el hambre entendida como la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria, tenemos que reflexionar sobre la necesidad de replantear los objetivos de combate a la falta de alimentación de los sectores más empobrecidos por el modelo económico implementado desde diciembre de 1982, mismo que entierra el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y dar paso a un Programa con magros resultados.

8. Bajo la definición del Presidente de la República de rescatar al campo para “que coman los que nos dan de comer”, anuncia cuatro objetivos que son abastecer 36 productos a precios bajos, adquirir un millón de becerras y 50 mil sementales, aumentar la producción de fertilizantes y volverse autosuficientes en granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz), creando para el efecto la instancia llamada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

9. Los que dan de comer somos los pueblos indígenas al encontrarnos asentados en las regiones más productivas y mantener canales de comercialización con sentido social, aun cuando los apoyos oficiales son difusos y escasos, al dirigirse fundamentalmente a los grandes productores exportadores de productos básicos también trabajados por los jornaleros agrícolas expulsados de las regiones indígenas, sobre todo de Oaxaca y Guerrero.

10. Los saldos del neoliberalismo no pueden resolverse en poco tiempo, requieren de una política deliberada a mediano plazo. Pero es importante reiterar la constante histórica de una gran mayoría de nuestra población en pobreza. Lo vemos en las regiones indígenas, pero también en las calles de las ciudades medias y grandes con el fenómeno del comercio informal, estampa producida por el neoliberalismo. Somos de la idea de la imposibilidad de decretar la solución de la pobreza, lo que hay que evitar es su profundización que rompa la paz social e implementar soluciones de fuerza. Cuando cunde el hambre y la desesperación, ningún régimen está a salvo de brotes de descontento. La experiencia histórica es la mejor lección.

11. Ante los efectos y consecuencias del coronavirus se hace necesario replantear la estrategia alimentaria, y sobre todo implantar una acción focalizada dirigida a las regiones indígenas. Se percibe ya los primeros efectos de la pandemia, y es previsible mayores manifestaciones en siguiente año, ante este cambio de circunstancias esta honorable Cámara de Diputados se pronuncia, de urgente u obvia resolución, a favor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, en términos de los artículos 1, fracción III del Apartado B del 2, párrafo tercero del 4 de la Constitución General de la República, artículos 7 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a instruir a las dependencias y entidades a formular y diseñar un programa especial alimentario dirigido a las regiones indígenas, definido y coordinado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en términos de los artículos 2 y fracciones I, II, V, XII, XVIII, XXV, XXVII y XXVIII de su ley, con el objetivo fundamental de garantizar el suministro suficiente y de calidad que combata los efectos de la pandemia del coronavirus y detener anticipadamente la hambruna que asoma en la realidad de los pueblos indígenas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2020.

Diputado Javier Manzano Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, su homóloga en Oaxaca, la Procuraduría Agraria, la Sedatu y la Junta de Conciliación Agraria de esa entidad a iniciar las mesas de diálogo interinstitucionales para establecer acuerdos de paz entre los municipios en ésta, a cargo de la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena

Beatriz Pérez López , diputada federal, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera: Oaxaca cuenta con 570 municipios, 30 distritos y 8 regiones, siendo el estado con mayor cantidad de municipios del país, esta peculiaridad influye en la vida política, social y cultural, ha hecho, por ejemplo que tengamos el mayor número de lenguas otomangues, pues de acuerdo con el catálogo de las lenguas indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el estado se hablan once de ellas, de igual manera otorga una gran cantidad de costumbres y tradiciones, el ejemplo más conocido es la muestra cultural celebrada los “Lunes del Cerro” en la fiesta conocida como “Guelaguetza”, o las “Velas del Istmo”; desde luego también “El Carnaval de Putla Villa de Guerrero”.

No obstante, lo anterior también nos ha traído grandes conflictos por los límites territoriales entre municipios hermanos, de acuerdo a datos arrojados por el Registro Agrario Nacional, “el territorio del estado de Oaxaca asciende a los 9.3 millones de hectáreas, de esta cantidad, 7.3 son de propiedad social, integrada por ejidos y comunidades agrarias (núcleos agrarios), cuya cantidad es de aproximadamente mil 583, con un padrón de sujetos agrarios que se estima en 350 mil campesinos”1 , esto ha desencadenado la disputa por muchos de esos núcleos agrarios.

De acuerdo con el Maestro Carlos Moreno Derbez:

“En el estado existen regiones en donde el conflicto territorial y agrario, de alguna manera se hacen recurrentes. Por ejemplo, se podría decir que durante el inicio del reparto agrario de 1915 a 1945, la mayor cantidad de conflictos se presentaron en la región de Valles Centrales, el Istmo y en la cuenca del Papaloapan (Arellanes, 1988). Posteriormente se mantuvieron las regiones de la Cuenca del Papaloapan y el Istmo, en donde jugaron un papel importante diversas organizaciones campesinas emergentes, como la Unión General de Obrero Campesina y Popular, la Central Campesina Cardenista o el Consejo Regional Chinanteco y Mazateco del Frente Independiente de Pueblos Indígenas en los años 90.

En la actualidad, se tienen registrados 532 conflictos de acuerdo con el Sistema de Información Agraria de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno del estado. (SIA: Enero de 2015). De esa cantidad, los que se caracterizan por ser de atención prioritaria y de atención permanente, dada su complejidad, son las regiones de la Mixteca Sierra Sur y nuevamente Valles Centrales”.2

En ese sentido son muchos los ejemplos que podríamos dar de casos de violencia que se han generado, uno de ellos citado por Óscar Fernández Osorio, en su publicación “El conflicto agrario en Oaxaca”, en su ponencia presentada en el Coloquio “Conflicto agrario y perspectivas del campo oaxaqueño”, 15-16 de abril de 1999; es el problema entre San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán, en donde agrariamente se tiene definida la propiedad a favor de San Francisco del Mar con 49 mil hectáreas, pero Ixhuatán tiene reconocidas por el congreso del estado cuatro agencias municipales, montadas en los bienes comunales de San Francisco del Mar y tiene en posesión más de 20 mil hectáreas.

Otros ejemplos lo son “el conflicto agrario entre San Miguel Cuevas y Santa Catarina Noltepec. El conflicto por el bosque entre San Isidro Aloapan y San Miguel Aloapan, localidades del mismo municipio. El enfrentamiento con armas de fuego entre los campesinos de Ayoquezco de Aldama y San Sebastián de las Grutas”3 .

Uno de los más recientes problemas entre habitantes de Oaxaca fue lo ocurrido el domingo 11 de octubre, cuando fueron asesinados los ciudadanos Adrián García Morales de 49 años y Tomás García Alavés de 69 dejando con en la orfandad a 3 niños y a las familias indígenas con dolor y sin el jefe de familia que proveía el sustento familiar.

En este sentido es de esperarse que los conflictos puedan seguir suscitándose, o que puedan ser ocupado como pretextos los problemas territoriales para la comisión de mas delitos, por ello es de vital importancia tratar de resolver los problemas de manera real.

Segunda: Es obligación de la Secretaría de Gobernación promover la paz y el bienestar social, pues la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 27, fracción VII Bis establece que le corresponde: “Formular y coordinar la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación o vulnerabilidad de grupos sociales, así como diseñar e instrumentar programas para la atención integral a víctimas y contribuir en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado”.

En ese mismo tenor la fracción II del artículo 34 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Oaxaca dice que a la Secretaría General de Gobierno corresponde: “Cumplir con las directrices en materia de política interior del gobernador y conducir la política interior en el estado, así como facilitar la conciliación, acuerdos y resolución de conflictos políticos y/o sociales , proveyendo lo necesario para mantener relaciones armónicas entre sus habitantes”.

De igual manera es importante la participación de la Procuraduría Agraria, ya que la mayoría de los conflictos son por límites territoriales, o derechos agrarios sobre tierras; no es óbice mencionar que el numeral tercero del artículo 136 de la Ley Agraria impone la atribución, a esta institución, de promover y procurar la conciliación de las personas en asuntos agrarios; de igual manera debe incluirse la participación de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca pues es parte de sus funciones buscar la conciliación en conflictos por límites de tierras, pues así lo establece la Ley Orgánica que regula a esta entidad.

En los mismos términos es de vital importancia la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ya que es quien tiene facultades para “elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, así como promover y coordinar con las entidades federativas”.

Como bien podemos observar las Secretarías de Gobierno, tanto federal como estatal tienen que velar por la tranquilidad de los ciudadanos, así como promover la paz y la conciliación de los mismos, y, de igual manera es menester que la Procuraduría Agraria vea porque los derechos agrarios sean respetados, en los mismos términos son las facultades de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; en ese orden de ideas consideramos que es de suma importancia tratar de solucionar los conflictos agrarios, políticos y territoriales de Oaxaca, por ello cobra relevancia este punto de acuerdo y se considera una urgente resolución.

Si bien es cierto que en algunos municipios ya han existido mesas de diálogo que buscan preservar la paz, como lo es la que existe entre el municipio de Santa Catarina Yosonotu, perteneciente al distrito de Tlaxiaco, y el municipio de Santa Lucía Monte Verde, perteneciente al distrito de Putla Villa de Guerrero, también lo es que este conflicto, por la disputa de aproximadamente 700 hectáreas, no se ha solucionado, esto debido a la falta de interés gubernamental y la nula presencia de las dependencias de gobierno que pueden facilitar el conflicto evitando mayor derramamiento de sangre entre hermanos.

Por ende, es de suma importancia realizar mesas con carácter interinstitucionales, de todos los niveles de gobierno, para que de manera efectiva puedan solucionar los conflictos, es entonces necesario hacer el llamado para que instalen las mismas a la brevedad posible en todos los municipios en conflicto de Oaxaca, para tratar de evitar que eventos trágicos se sigan suscitando.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, la Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca, la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y a la Junta de Conciliación Agraria del estado de Oaxaca; para que en el ámbito de sus respectivas competencias inicien las mesas de diálogo interinstitucionales para establecer acuerdos de paz entre los municipios en conflicto de Oaxaca.

Notas

1 Conflicto y violencia. Oaxaca Población del Siglo XXI, Revista de la Dirección General del Población de Oaxaca.

2 Notas acerca de la violencia y los conflictos agrarios en el estado de Oaxaca, Conflicto y Violencia Oaxaca Población del Siglo XXI, Revista de la Dirección General del Población de Oaxaca.

3 María de los Ángeles Romero Frizzi, Conflictos agrarios, historia y peritajes paleográficos. eflexionando desde Oaxaca 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2020.

Diputada Beatriz Pérez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y la Cofepris a llevar a cabo las acciones indicadas en la recomendación número CEDH/08/2020-R, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, relativa a reubicar el rastro municipal, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), respectivamente, a que lleve a cabo las acciones indicadas en la recomendación número CEDH/08/2020-R, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, relativa a la reubicación del rastro municipal; y a que determine si se está cumpliendo la orden de suspensión total temporal de trabajos y servicios del rastro, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Desde 2013, diversas organizaciones vecinales y ciudadanas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, han expresado ante las dependencias correspondientes, su demanda de que el rastro municipal sea reubicado, debido a que las instalaciones ya son obsoletas, los protocolos y las medidas sanitarias son ineficaces, razón por la cual dicho rastro se ha convertido en un foco de infección que afecta seriamente la salud de la población y daña de forma evidente el ambiente.

La movilización de los ciudadanos, llevó a que vecinos del fraccionamiento Las Rosas, de San Cristóbal de las Casas, zona que es afectada especialmente fuerte por el rastro municipal, encabezados por los señores Norberto González Aguilar y Pablo Sánchez Gómez, presentaran una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, a fin de que intervenga para que el rastro municipal sea reubicado a una zona en las afueras de la ciudad, donde no cause daños a la salud ni al medio ambiente.

Segunda. Como resultado de la queja anteriormente señalada, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) emitió la recomendación número CEDH/08/2020-R, con fecha de 9 de julio de 2020, a través de la cual establece una serie de recomendaciones a la profesora Jerónima Toledo Villalobos, presidenta municipal del ayuntamiento constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

La CEDH recomienda a la presidente municipal, que de manera inmediata reubique el área de corrales del rastro en un lugar en las afueras de la ciudad, mientras el ayuntamiento consolida las gestiones necesarias para la reubicación total del rastro. La reubicación total de los corrales no implica un gasto mayor y ayudaría mucho para mitigar los daños a la salud y el ambiente.

Como recomendación sustancial, la CEDH propone que ese ayuntamiento constitucional de San Cristóbal de las Casas gestione los recursos necesarios a fin de obtener la suficiencia económica para concretar la reubicación del rastro municipal, el cual deberá cumplir todas las especificidades establecidas en la normatividad aplicable y que las autoridades sanitarias han señalado a partir de diversas visitas de inspección. Esta recomendación, es planteada por la CEDH como una medida de satisfacción y restitución de derechos de la población, por lo tanto, le da el carácter de prioritaria.

Tercera. El derecho a la salud y a un medio ambiente sano están consagrados en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual es importante que se protejan los derechos humanos de los habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ante los daños que causa la operación del rastro municipal, que ocasiona diversas enfermedades y deteriora el ambiente, el aire y el agua.

En este orden de ideas, la citada recomendación número CEDH/08/2020-R de la CEDH, enfatiza que la problemática del rastro municipal, es un foco de infección y riesgo sanitario que, al afectar seriamente la salud de la población y deteriorar el medio ambiente, también constituye una violación de los derechos humanos porque viola los principios de legalidad y de certeza jurídica de las personas. Al respecto, la CEDH muestra que, tanto la ubicación como las instalaciones y el funcionamiento del rastro municipal de San Cristóbal de las Casas infringen diversas disposiciones legales chiapanecas en materia de salud y ambiental.

La mencionada recomendación de la CEDH pone atención en que, más allá de la inobservancia de los mandatos legales en materia de salud y ambiental en que incurre el actual funcionamiento del rastro municipal de San Cristóbal de las Casas, los daños que genera son una violación al derecho humano a un medio amiente sano que haga propicio el bienestar individual y social de las personas. Sobre todo, en materia de saneamiento y gestión del agua, tratamiento de las aguas residuales y preservación del equilibrio ecológico.

Pese a todo esto, a la fecha, el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas no ha cumplido a cabalidad las recomendaciones de la CNDH, razón por la cual es importante se le exhorte de forma clara y específica, a realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a dichas recomendaciones, toda vez que son los derechos humanos de los habitantes del municipio los que están en juego.

Cuarta. Como se dijo, los vecinos de San Cristóbal de las Casas llevan años organizándose para exigir solución a la problemática del rastro municipal. En este contexto, procedieron a presentar el caso ante la Comisión Cofepris. Esto, porque la Cofepris tiene la misión de proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios.

Dado que los Rastros constituyen un servicio público que prestan los gobiernos municipales, la Cofepris tiene competencia para intervenir en una problemática como la del Rastro Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En función de lo anterior, el 23 de octubre de 2018, la Comisión de Operación Sanitaria de Cofepris, en cumplimiento de la orden de verificación sanitaria 18-PF-3307-07873-CO, realizó la inspección del mencionado rastro municipal, y emitió el acta de verificación sanitaria correspondiente, en la cual determina cuáles son las anomalías en el funcionamiento del mencionado rastro municipal, así como una serie de medidas de carácter sanitario de observancia obligatoria para la administración de dicho rastro.

En la mencionada acta de verificación, la Cofepris consigna que el rastro municipal no ha realizado las correcciones y ajustes que se le habían ordenado a partir de visitas de inspección anteriores. Entre otras anomalías, la Cofepris señala que los equipos de refrigeración y congelación son inapropiados; que el Rastro no cuenta con un adecuado manejo de desechos sólidos y líquidos; que no cuenta con infraestructura para evitar la contaminación cruzada en el área de faenado.

También se documenta que el rastro municipal no cuenta con mecanismo para garantizar que el agua que utiliza sea potable; que la limpieza y desinfección no se realizan de acuerdo con la normatividad; que el personal no está capacitado en prácticas de higiene; que no cuenta con monitoreas adecuados de cloro residual y organismos coliformes fecales en el agua que entra en contacto con los productos.

Ante estas evidencias, en el acta de verificación de la Cofepris, se establece de forma clara y contundente que el rastro municipal de San Cristóbal de las Casas deberá permanecer en una situación de Suspensión Total Temporal de Trabajos y Servicios.

Sin embargo, a partir del 12 de marzo de 2020, el rastro municipal San Cristóbal de las Casas reanudó sus trabajos, a pesar de la suspensión ordenada por la Cofepris.1

Con base en las consideraciones expuestas, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la presidenta municipal del H. ayuntamiento constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a que lleve a cabo las acciones indicadas en la recomendación número CEDH/08/2020-R, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas; relativas a la reubicación del Rastro Municipal, porque su ubicación actual causa graves daños a la salud de las personas y deteriora el medio ambiente, violando así el derecho humano a la salud y a un medio ambiente sano para el bienestar.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a que determine si la administración del rastro municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, está cumpliendo con la orden de verificación sanitaria 18-PF-3307-07873-CO emitida por esa comisión, que ordena la suspensión total temporal de trabajos y servicios de dicho Rastro y, en su caso, explicar si otorgó alguna autorización para la reapertura del Rastro, toda vez que actualmente está operando.

Nota

1 https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/
manifestantes-piden-que-se-investigue-condiciones-con-las-que-opera-el-rastro-
municipal-de-san-cristobal-contaminacion-rastro-ayuntamiento-5012745.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2020.

Diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término discapacidad comprende diversas restricciones que afectan la función corporal y, por sus características, restringe de alguna manera la participación personal en la sociedad.1

Se trata de un fenómeno complejo que requiere una atención multidisciplinaria y la coordinación de los órdenes de gobierno federal, estatales y municipales para garantizar su plena inclusión, mejorar sus condiciones de vida y salvaguardar sus derechos humanos.

Con el objetivo de generar mayor consciencia, la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 1992 la resolución 47/3,2 con la que se declaró el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Esta conmemoración tomó como base diversos instrumentos tales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria y la Nueva Agenda Urbana, a fin de promover de manera integral sus derechos y propiciar respeto en todos los aspectos de la vida en sus esferas económica, social, política y cultural, entre otras.

A decir de la OMS, por lo menos 15 por ciento de la población mundial3 presenta algún tipo de discapacidad, situación que se espera aumente en los próximos años debido al envejecimiento de la población y la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas.

En el país, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, más de 7.7 millones de personas de entre 5 años y más son consideradas población con discapacidad, dato que representa al menos 6.7 de la población total nacional.4

En la conferencia de prensa del 28 de noviembre sobre la situación del coronavirus en México, las autoridades del sector salud dieron a conocer que al menos 580 mil niños y adolescentes de entre 5 y 17 años cuentan con alguna discapacidad. De ellos, 30.2 por ciento tiene dificultad para comunicarse; y 11.3, para escuchar.5

Lamentablemente estas personas experimentan mayores tasas de desempleo, discriminación y falta de acceso a derechos básicos entre ellos educación, vivienda, alimentación y salud producto de estereotipos que inhiben su pleno desempeño y que los orillan permanentemente a diversos episodios de exclusión social.

Dicho contexto se ha agradado durante la crisis sanitaria cuyas repercusiones por el confinamiento y el cierre comercios ha recrudecido dichas limitaciones hasta poner en riesgo su integridad y vida. Ante este panorama, es necesario el fortalecimiento de las acciones del gobierno federal a fin de reorientar sus políticas, debido a que las prácticas asistencialistas de poco ayudan a la generación de capacidades y habilidades para su autonomía.

Sirva esta efeméride para reafirmar nuestro compromiso por construir un país más equitativo, en donde este sector poblacional tan importante, cuente con estrategias transversales dirigidas a atender sus necesidades, los incorporen en la toma de decisiones y aseguren su colaboración en todos los aspectos de la vida cotidiana bajo un enfoque de derechos humanos.

Se debe poner énfasis en superar las barreras en la accesibilidad en espacios públicos y privados, así como en el transporte público, el medio laboral y los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación para un desarrollo integral.

Para la atención de sus padecimientos y ante la presencia del SARS-Cov2, la red hospitalaria del sector salud, debe ampliarse y destinarse mayores recursos para un oportuno diagnóstico y tratamiento, en donde los medicamentos y otros insumos sean universales y gratuitos sin distinción geográfica, de género o por situación económica.

El 3 de diciembre constituye un recordatorio de que el reconocimiento de los derechos es insuficiente, cuando se carece de presupuestos específicos y recursos humanos o de infraestructura que aseguren su ejercicio, por tal motivo, no podemos permitir retrocesos a los avances que hasta antes de la presente administración federal se habían documentado.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es momento pertinente para continuar trabajando junto con las personas con discapacidad para que, alcancen su independencia, metas personales o profesionales, y sean así, promotores de una sociedad solidaría, libre de discriminación y violencia.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud (2020). Discapacidades, 1 de diciembre de 2020, de OMS. Sitio web: https://www.who.int/topics/disabilities/es/

2 Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (1992). Cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, 1 de diciembre de 2020, de OMS. Sitio web:

https://undocs.org/en/A/RES/47/3

3 Organización Mundial de la Salud (2020). Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 1 de diciembre de 2020, de OMS. Sitio web:

https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2020/12/0 3/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1 de diciembre de 2020, de Inegi. Sitio web: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultado s_enadid18.pdf

5 Presidencia de la República (2020). Versión estenográfica. Conferencia de prensa. Informe diario sobre Covid-19 en México, 1 de diciembre de 2020. Sitio web:

https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-este nografica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-coronavirus-covid- 19-en-mexico-258298?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)