Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5369-V, jueves 19 de septiembre de 2019
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a promover por el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas cursos de capacitación encaminados a que ganaderos y apicultores puedan identificar a sus animales en su unidad de producción, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María del Carmen Bautista Peláez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas a promover y difundir cursos de capacitación para que ganaderos y apicultores puedan identificar a sus propios animales dentro de su Unidad de Producción Pecuaria (UPP), conforme a las siguientes
Consideraciones
Durante los últimos años México ha mostrado evidencia de un bajo desempeño en el sector primario. La orientación de la política económica a un modelo basado en la exportación de manufacturas ha incentivado el crecimiento de la economía, sin embargo, ha dejado de lado el desarrollo del sector primario.
Cerca de 90 por ciento de la producción agropecuaria de México la integran 30 productos de los cuales cuatro de ellos son carne de bovino (14 por ciento), carne de pollo (10.3 por ciento), leche fresca de vaca (8.8 por ciento), maíz (8.3 por ciento), huevo (5.4 por ciento) y caña de azúcar (5.2 por ciento); estos suman más de 50 por ciento de la producción total.1
El sector primario (integrado por los subsectores agrícola; cría y explotación de animales; aprovechamiento forestal; pesca, caza, captura; y servicios relacionados con el sector) ha reducido su participación en el PIB total de la economía de 3.6 por ciento en 1993 a 3.1 por ciento en 2016 de acuerdo con datos de Inegi.
En México, la ganadería es una de las principales actividades productivas del sector primario en el medio rural. Hoy día el sector ganadero representa uno de los componentes con mayor crecimiento del sector agropecuario a nivel mundial, siendo así la carne de res, el segundo producto ganadero de mayor consumo.
La producción de carne es la labor más diseminada en el medio rural, pues se realiza, sin excepción, en todas las zonas del país y aun en condiciones ambientales adversas que no permiten la práctica de otras actividades productivas. México es el séptimo productor mundial de proteína animal, esto es muestra del alto potencial de desarrollo que tiene y las ventajas competitivas que presenta el sector.2
En cuanto a la apicultura en México es una actividad importante del subsector pecuario, su volumen de producción y nivel de productividad la ubican en el sexto lugar mundial; mientras que en América ocupa la tercera posición en ambos rubros.3
Sin embargo, como se mencionó anteriormente el sector primario se ha dejado de lado, pues se le ha dado más prioridad al sector terciario, olvidándonos de que el sector primario puede aportar un significativo crecimiento del PIB a nuestro país.
Por lo cual se convierte en una tarea fundamental apoyar el sector agropecuario, en este sentido la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, apoya a este sector a través del Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, el cual es un programa que responde a una política de Estado cuya misión es la de identificar a los animales de interés pecuario y apicultor a nivel nacional, recabando, integrando y administrando la información desde su origen (nacimiento o importación) hasta su baja (muerte en campo, procesamiento en rastro o exportación) en un Banco Central de Información (BCI) para apoyo de las actividades del sector pecuario en aspectos relacionados al manejo y la salud animal, trazabilidad, rastreabilidad, comercio nacional e internacional, la generación de información estratégica y apoyo a la administración de programas gubernamentales.4
La identificación de animales es obligatorio de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001_SAG/GAN/ 2015, del Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, los cuales deberán ser identificados antes de los seis meses de edad o antes de su primera movilización.
Se realiza a través de un paquete de dispositivos de identificación oficial, compuesto por dos pares de aretes: un par de dispositivos de tipo bandera y un par de dispositivos de tipo botón (en bovinos) o un par de discos grande y pequeño (en colmenas), los cuales presentan características de diseño y anclaje que otorgan identidad, seguridad y funcionalidad al identificador. Cada identificador tiene un diseño específico para cada especie, mismo que se adapta a la naturaleza propia del animal y que minimiza incomodidades, permitiendo que el animal se desarrolle de manera normal.5
Cada identificador, el cual no puede ser reutilizado, tiene un costo de $30 pesos para colmena y $ 14.04 para bovino. Quien coloca los identificadores (aretes) a los animales y colmenas, con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN2015, únicamente pueden ser los técnicos identificadores autorizados (TIA) y en algunos casos los ganaderos y apicultores capacitados que estén autorizados por el programa, quienes pueden identificar a sus propios animales o colmenas dentro de su Unidad de Producción Pecuaria (UPP).6 Sin embargo esto no suele ser común, por tanto, la gran mayoría de los productores ganaderos y apicultores tienen que contratar a los TIA, quienes llegan a cobrar entre $1,000 a $1,500 pesos. Lo cual llega a ser un gasto elevado sobre todo para los pequeños productores.
Esto se debe a que muchos ganaderos y apicultores no tienen la información necesaria o desconocen que existen cursos de capacitación para que ellos mismos puedan identificar a sus animales o colmenas dentro de su Unidad de Producción Pecuaria (UPP)
Otro inconveniente es que el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, no cuenta con un periodo establecido para la emisión de convocatorias de estos cursos, los cuales se imparten solamente, si al menos cinco productores se acercan a las oficinas del programa a pedir informes sobre dichos cursos.
Por tanto, es necesario que el programa difunda estos cursos de capacitación, para que se apoye a los ganaderos y apicultores, para que ellos mismos identifiquen a sus animales y colmenas; de modo que no sea necesario que paguen a los técnicos identificadores autorizados (TIA).
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas a promover cursos de capacitación para que los ganaderos y apicultores puedan identificar a sus propios animales o colmenas dentro de su Unidad de Producción Pecuaria (UPP).
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, tener un periodo establecido para emitir convocatorias de los cursos de capacitación y que dichas convocatorias sean difundidas para que los ganaderos y apicultores puedan acceder a esta información.
Notas
1 Martínez. A, Salgado A, Vázquez S. (2017). Análisis Sectorial Tendencias recientes del sector primario en México. Observatorio Económico México.
2 https://www.gob.mx/firco/articulos/la-ganaderia-en-mexico?idiom=es
3 Miguel A. Magaña (2016) Productividad de la apicultura en México y su impacto sobre la rentabilidad. Revista mexicana de ciencias agrícolas, versión impresa ISSN 2007-0934, volumen 7 número 5. Texcoco. Junio-agosto 2016.
4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
5 Página oficial del Sistema Individual de Identificación de Ganado (SIINIGA) disponible en: http://www.siniiga.org.mx/
6 https://www.siniiga.org.mx/docs/Banco_preguntasSINIIGA.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, la SCT y Capufe a eliminar la plaza de cobro 14, en Pánuco, Veracruz, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Ricardo García Escalante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, para que, con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a la eliminación de la plaza de cobro 14, ubicada a la altura del municipio de Pánuco, en el estado de Veracruz , al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, la libertad de tránsito es un derecho que está garantizado por nuestra Carta Magna, contemplado en el artículo 11, que a la letra dice lo siguiente:
“Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.
Sin embargo, por décadas los usuarios de las carreteras de cuota del país han sufrido abusos por parte del gobierno federal y de las empresas privadas concesionarios al cobrar elevadas y opacas tarifas de peaje.
El estado de Veracruz es una de las entidades que cuenta con mayores y diversos recursos naturales, climáticos, culturales y económicos por lo que significa una pieza importante en la integración del desarrollo regional y del país.
Los habitantes del municipio de Pánuco se ven afectados por el costo de peaje derivado de la caseta de cobro número 14, Puente Pánuco, misma que se encuentra en operación desde hace más de 30 años y no ha beneficiado a los pobladores de dichas comunidades.
La productividad de miles de hectáreas ubicadas en la zona rural del municipio de Pánuco en dirección hacia el sur, tienen un gravamen, mismo que constituye en un factor de división del municipio más grande del estado de Veracruz.
Organizaciones sociales, asociaciones civiles, productores y familias de las comunidades y municipios vecinos a Pánuco han mantenido desde hace tiempo su postura de eliminarla, ya que prefieren no acudir a la cabecera municipal en vehículo propio, pues esto, implica tener que pagar el peaje para entrar a su municipio, y los artículos o productos que pudieran comercializarse de esta zona adquieren un costo extra por la misma causa.
Los ciudadanos prefieren evadir el paso por la cabecera municipal a fin de evitar el peaje, por lo que prefieren acudir hasta los municipios de Ébano o Tampico para realizar sus compras.
Cabe señalar que los habitantes de los municipios aledaños se dedican principalmente al comercio y la agricultura, y el pago de la caseta ha provocado un estancamiento e impedido el progreso y desarrollo de la región.
Las políticas del estado sirven para acelerar, condensar y expandir el movimiento de las mercancías al interior de su territorio, con la finalidad de obtener mayor fuerza de trabajo y capital. Para acelerar este proceso, es necesario crear las condiciones en las que el movimiento de mercancías, fuerza de trabajo y los capitales se desenvuelvan libremente.
Como ya se mencionó con anterioridad, en nuestra Constitución se contempla la necesidad de crear, mantener y administrar las vías de comunicación terrestres, por lo que resulta paradójico que teniendo una Constitución en la que se deposita el principio de soberanía, no se cumpla a la letra este mismo principio básico por el uso de una infraestructura carretera, restringiendo el libre tránsito de habitantes y turistas dentro de la demarcación del municipio de Pánuco, en la cual se extiende explícita la facultad de recorrer el territorio nacional sin necesidad de permiso u otro documento específico, cuestionándose la constitucionalidad del cobro de peaje por el uso o traslado por las carreteras nacionales.
Las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución que implican el resguardo de las libertades no solamente se refieren a la obligación de salvaguardar el ejercicio de las mismas, sino la obligación de proveer los elementos necesarios que hagan posible su ejercicio. De tal suerte, la libertad de tránsito obligaría al Estado mexicano no solamente a proteger el libre desplazamiento de los individuos, sino las vías para hacerlo.
En este contexto, se considera que el derecho de libre tránsito se encuentra garantizado ante la existencia de carreteras federales exentas del cobro de peaje. No obstante, en caso de que no existan rutas alternas para el traslado de bienes y personas, el ejercicio de este derecho se hace nugatorio por lo que puede alegarse la violación de esta garantía.
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que regula la construcción, mantenimiento y operación de las carreteras federales, así como el otorgamiento de concesiones para su explotación, señala en su artículo 30:
“Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el gobierno federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje.
...”
De tal suerte, se considera que con fundamento en este dispositivo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) se encuentran compelidas para operar un mecanismo de exención o subvención del pago para los habitantes de las poblaciones aledañas a las carreteras de peaje, cuando no existan vías libres alternas, como en el caso de plaza de cobro 14, ubicada a la altura del municipio de Pánuco.
Ha sido un reclamo reiterado de los ciudadanos de la zona de Pánuco, que se efectúe un reordenamiento en la administración de esa vía, a fin de que permita realizar una eficiente administración de la misma, un adecuado programa de conservación y modernización, así como la eliminación de dicha caseta de peaje.
Hace apenas unos días, el pasado 6 de septiembre, el peaje aumentó 2 pesos, por lo que ahora los usuarios deben pagar 22 pesos, lo que ha generado la molestia e inconformidad de habitantes de la zona y automovilistas que se ven obligados a transitar diariamente hacia la cabecera municipal.
Apenas el pasado 18 de diciembre de 2018, presenté, en nombre de mi grupo parlamentario, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, y al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que, con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a la eliminación de la plaza de cobro 14, ubicada en el municipio de Pánuco.
Es por los motivos antes citados que hoy insisto para que la caseta sea retirada, toda vez que se trata de una sentida demanda ciudadana, ante el menoscabo económico que genera este tipo de cobro a su economía.
Eliminar la caseta será fundamental, porque tendrá un efecto directo sobre el ingreso de los habitantes, mejorará las condiciones y volumen de los flujos comerciales, de pasajeros de estudiantes y de profesionistas que todos los días transitan por esa vía, además garantizará la seguridad para quienes viajan por esta región y denotará el desarrollo del estado de Veracruz.
Como representantes sociales debemos atender las demandas y reclamaciones de los ciudadanos.
Estoy seguro de que la atención a esta demanda social será un factor fundamental para contribuir al bienestar de los veracruzanos, al tener un efecto directo sobre su ingreso disponible.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes para que, con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a la eliminación de la plaza de cobro 14, ubicada a la altura del municipio de Pánuco, en el estado de Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputado Ricardo García Escalante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar una campaña nacional permanente dirigida a inhibir la compra de medicamentos por internet y alertar sobre los riesgos mortales y peligros a que están expuestos quienes incurren en ella, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal Hortensia María Luisa Noroña Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que realice una campaña permanente y a nivel nacional que inhiba la compra de medicamentos por internet y, a la vez, alerte sobre los riesgos mortales y peligros en la salud a los que están expuestos quienes incurren en ella, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país, todo lo relacionado a la salud pública es un asunto de prioridad, preocupación y total atención por todos, tanto sociedad como gobierno.
Afortunadamente, hemos aprendido con el paso del tiempo y las experiencias, sobre la importancia de atender los asuntos referentes a la salud pública con prontitud, eficiencia, institucionalidad, orden y organización. Así se ha tratado de hacer.
A pesar de ello y de los logros significativos que se han alcanzado, hay que reconocer que todavía existen deficiencias al respecto, y algunas de ellas son muy desafortunadas y representan un peligro latente.
Por ejemplo, somos una sociedad en donde la cultura de la prevención en materia de salud es casi inexistente.
No tenemos los hábitos en materia de procuración de nuestra salud personal, que nos provean de diagnósticos oportunos o, al menos, identificación y prevención de factores de riesgo de acuerdo a nuestra condición particular.
Quizás es por eso que, al ser una sociedad de reacción y no de prevención en lo que a nuestra salud se refiere, somos uno de los países que registra un mayor consumo de medicamentos.
Datos que sustenten lo anterior, hay bastantes.
Basta señalar que, de acuerdo con cifras oficiales, en el año pasado el 2018, la industria farmacéutica en nuestro país mostró un crecimiento sostenido de establecimientos en el ramo, para llegar a 770 unidades económicas.1
Asimismo, se ha reconocido, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que nuestro país es el segundo mercado más grande en América Latina, en lo que a la industria farmacéutica respecta, y somos un destacado e importante productor de medicamentos catalogados como “de alta tecnología” en todo el mundo.2
Por ello, en combinación de éstos y otros factores más, se tiene el pronóstico de que, en el próximo año lleguemos a un consumo farmacéutico de aproximadamente 27 mil millones de dólares.3
Lo que estadísticamente, representa un incremento del 100 por ciento en comparación a las cifras registradas al inicio de la década.4
Como se puede apreciar, las características, costumbres y hábitos que prevalecen respecto al cuidado y procuración de la salud de los mexicanos, han convertido a la industria farmacéutica en un mercado muy atractivo para las compañías tanto nacionales como internacionales del ramo.
Por ese motivo, tenemos que la tendencia tanto de expansión como de crecimiento de esta industria en nuestro país es sostenida y con niveles de incremento acelerados.
Lo anterior, sin duda alguna, debemos reconocer que ha traído una serie de beneficios para todos, diversificación de medicamentos y marcas, distintos precios, mayor disponibilidad, entre otras cosas; pero a la vez, también ha representado el desarrollo de graves y grandes problemas.
Uno de estos problemas que tanto daño ha causado no solo a la salud pública, a la salud de las personas, a las finanzas nacionales y a la industria farmacéutica en nuestro país, es el mercado ilegal de medicamentos.
Un mercado ilícito que, aprovechando la demanda creciente y diversa de medicamentos por parte de la población, que no es ajeno a las muy distintas capacidades de poder adquisitivo entre la población; ha encontrado un negocio sumamente lucrativo y con ganancias millonariamente estratosféricas.
Por eso, se tiene el registro de que en los últimos 12 años en nuestro país, el robo de medicamentos se incrementó en 8 veces más.5
Al respecto, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica ha señalado que tanto la falsificación y, en mayor medida, el comercio ilegal de medicamentos dejan ganancias a los delincuentes por un monto superior a los 11 mil 500 millones de pesos cada año, siendo Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y Ciudad de México, las entidades donde se presenta con mayor prevalencia, éste lamentable delito.6
Derivado de esto, y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, se reporta a nuestra atención urgente que, en la actualidad, al menos 6 de cada 10 medicamentos que se comercializan u ofrecen en venta a lo largo y ancho del territorio nacional, son robados o mínimamente falsificados, caducos, recuperados o producidos sin atender los mínimos controles y cuidados de calidad y sanitarios.7
Situación que conlleva un enorme riesgo en materia de salud pública y una amenaza incluso que puede llegar a ser mortal, en la salud e integridad de quienes incurren en esa práctica.
Así de grande es el problema que se tiene en la actualidad, respecto al mercado negro o la venta ilegal de medicamentos.
Y, peor aún, si tomamos en cuenta el alarmante y significativo dato que autoridades oficiales dan a conocer sobre la cantidad de personas que son compradoras asiduas de medicamentos en el mercado ilegal; vemos que es urgente que actuemos al respecto.
Se tiene una estimación de que al menos, o por lo menos, son 8 millones de personas las que gustan de comprar algunos medicamentos o adquirir la totalidad de las medicinas para su tratamiento, en este tipo de mercado.8
Seguramente, esa cifra no es cercana a la que en realidad se tiene y tristemente también, cada día es mayor.
Si todo lo anterior no fuera por sí mismo preocupante; tenemos otro factor que está motivando, que tanto la oferta y demanda de estos medicamentos se incremente, o, dicho en otras palabras, que el mercado negro o ilegal de medicamentos se esté extendiendo a pasos o niveles todavía más acelerados por una atractiva motivación.
La disposición, alcance, cobertura, rentabilidad, facilidad y comodidad que brinda el comercio digital, los beneficios que actualmente brindan las tecnologías de la información en todo el mundo.
Es ahí en donde el mercado negro o ilegal de medicamentos ha encontrado la más ventajosa oportunidad para potencializar sus ganancias con el menor riesgo posible.
Se ha ido comprendiendo poco a poco, que si bien son interesantes las ventajas que se obtienen por la digitalización que se está presentando en el sector salud en nuestro país, son también altamente preocupantes, los problemas que nos han traído.
De lo anterior, basta un ejemplo: por todos son conocidos los riesgos en el corto mediano y largo plazo de la automedicación, sabemos que nos puede derivar en intoxicaciones, agravamiento de enfermedades, reacciones secundarias muy peligrosas o resistencia bacteriana, entre otras muchas más, llegando hasta la muerte.
A pesar de ello, en México, de acuerdo con estudios académicos serios y de prestigio, se ha concluido que la automedicación es una práctica altamente arraigada en nuestra población sin distinción alguna, de todos los niveles económicos, así como de cualquier zona, tanto urbana como rural.9
De acuerdo a fuentes oficiales, al menos el 78 por ciento de la población mexicana recurre a la automedicación para la atención de distintas y variadas dolencias o bien, síntomas.10
Este elevado índice de automedicación entre la población tiene una relación proporcionalmente directa con los niveles de disposición y acceso a los servicios de internet.
De acuerdo con la Asociación de Internet.mx, hasta el año 2016 se tenía el conocimiento de que al menos, un 30 por ciento de la población total realizaba búsquedas en internet antes de comprar su medicamento.11
Pero, las búsquedas que se realizan no son todas sobre las características, precios o componentes de sus medicamentos; son en su gran mayoría, consultas de dudas sobre síntomas, diagnósticos, tratamientos y la respuesta de éstos ante la dolencia.12
Es decir, al menos ese 30 por ciento de la población que se sabe -porque así lo ha declarado– se vale del internet para realizar alguna consulta, lo hace para sustentar su automedicación.
Por eso, tenemos esa correlación entre la disposición, acceso a los servicios de internet cada vez mayor y el incremento de consultas médicas digitales, con el incremento de la automedicación y expansión del mercado ilegal de medicamentos en nuestro país.
Con sus respectivas y subsecuentes consecuencias, desafortunadamente todas negativas.
Además de lo anterior, por si eso no fuera suficiente; tenemos un problema adicional, sumamente peligroso y que no hemos volteado a ver, quizás por indiferencia o quizás también, por conveniencia.
La venta de medicamentos por medio de los servicios de internet.
Un problema real y enorme, y una práctica sumamente peligrosa para la salud pública y de las personas en lo particular.
Basta imaginar el atractivo que encuentran los delincuentes en un proceso de comercialización sin límites, sin restricción de horarios, de bajo costo, gran cobertura, con poca o nula regulación oficial, cómodo, ágil, discreto, eficiente.
Este problema no es de reciente aparición, aunque tampoco su presencia tiene tantos años, quizás no más de una década, pero ese poco tiempo ha sido más que suficiente para crecer y convertirse en la amenaza que hoy es.
Tan es así que, no hace mucho, en el año 2015, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ante la detección del vertiginoso despunte de la venta ilegal de toda clase de medicamentos y sus consecuencias, trabajó en conjunto con la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, para tratar de inhibir este problema.13
Se dieron avances e importantes logros, se llegó a dar de baja un número significativo de sitios web donde se ofrecían y vendían medicamentos de toda índole, pero ese esfuerzo fue insuficiente.
Ante ello, se intentó intensificar el combate y la prevención de la venta de medicamentos por internet, alertando a la población de sus riesgos, que son variados y potencialmente peligrosos.
Se buscó con limitadas campañas, expresar que comprar medicamentos por internet es sumamente peligroso para la integridad de las personas y su salud, porque estos medicamentos que se ofrecen y venden no tienen la certificación necesaria que dé garantía de que se atendieron las condiciones sanitarias para su conservación, manejo y posterior venta.14
Se trató de dar el mensaje de que la compra de medicamentos por internet se debe evitar, toda vez que:
-Carecen de registro sanitario y pueden contener información falsa en su etiqueta.
-Los empaques pueden haber estado almacenados en condiciones no sanitarias y expuestos a fauna nociva, lo que afecta su calidad, seguridad y eficacia.
-Pueden contener compuestos distintos al que se señala en el empaque.
-Se está violando la ley al adquirir medicamentos es lugares irregulares.
-Se puede tratar de medicamentos robados u obtenidos por contrabando.15
Pero a pesar de estos valiosos esfuerzos, se está perdiendo la batalla, no se logró avanzar en su erradicación, ni en el propósito de incidir o persuadir a la población de incurrir en esta peligrosa práctica.
Ante estos resultados, no podemos darnos por vencidos, debemos seguir insistiendo.
Como se puede apreciar, hay sin duda alguna el interés y la preocupación en las autoridades, para atender este tema. Y no solo de una institución, no solo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha reaccionado, la Secretaría de Salud también ha señalado en distintas ocasiones, que se reconoce la posibilidad de que entre el 50 y el 90 por ciento de los medicamentos que son adquiridos por internet sea al menos irregular, es decir, que tengas fármacos distintos a los que se indican o que deben contener.16
Desafortunadamente, tampoco han sido suficientes sus esfuerzos, porque no han sido con la intensidad y la duración necesaria.
Seguimos viendo que la venta de medicamentos por internet es un problema grande, sumamente peligroso y creciente; es un problema que se ha desarrollado ante la opacidad de las autoridades, la inacción institucional, el desinterés de todos y la complacencia y conveniencia de la sociedad.
Debemos actuar al respecto, debemos seguir insistiendo de manera frontal, decidida y permanente, ante este problema; no podemos seguir permitiendo que la salud pública se ponga en riesgo, ni que nuestra sociedad siga recurriendo y fomentando esta peligrosa práctica y los delitos que se derivan de ella.
Se han dado importantes avances en materia de cuidado de la salud pública, se ha restringido la venta de antibióticos, se ha prohibido la venta de medicamentos en la vía pública o puestos semifijos, se ha aumentado el catálogo de medicamentos para venta exclusiva en farmacias, se ha ofrecido una diversidad de medicamentos genéricos y genéricos intercambiables que se ofrecen a precios menores y mayormente accesibles para todos, se ha buscado fortalecer los sistemas de salud públicos; pero muy poco, y de manera esporádica, se ha hecho para alertar a la población en general sobre los riesgos mortales y los peligros en la salud de quienes incurren en la compra de medicamentos por internet.
No hemos hecho nada para dejar de ser, a nivel internacional, el vergonzoso sexto lugar en volumen de venta de medicamentos ilegales.17
Estamos solo por debajo de naciones como China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil.18
Tenemos un problema muy serio respecto a la venta de medicamentos por internet y ni las autoridades ni la población en su conjunto parecen querer erradicarlo a pesar de que las consecuencias serán muy caras para todos por igual.
No es posible que encontremos por internet, y al acceso de todos, venta de medicamentos que están restringidos a la presentación de receta, que son controlados o que, incluso, son muy caros.
Para muestra bastan unos ejemplos. En distintos portales de internet es fácil encontrar el sildenafilo, medicamento que es comercializado como Viagra; se puede encontrar una caja de sildenafilo con 10 tabletas a un costo de entre 100 y 150 pesos con la ventaja adicional de que se envía a domicilio; cuando una caja de Viagra, su nombre comercial de un laboratorio, cuesta cerca de mil quinientos pesos.
En esas mismas circunstancias, podemos encontrar cajas de sibutramina, que es un medicamento utilizado bajo supervisión médica para el control y reducción de peso, a un precio de 100 pesos, cuando en farmacias su precio ronda casi los 600 pesos.
Como se puede apreciar, la población en su conjunto, su salud y su integridad, están seriamente amenazadas por la venta de medicamentos por internet; pero no estamos conscientes de ello, no se ha insistido en divulgarlo.
A pesar de que la salud pública en nuestro país se ve también seriamente amenazada no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo también, por las implicaciones en la salud que las generaciones actuales, cuando sean adultas, traerán consigo.
Esta soberanía, debe actuar al respecto, no podemos quedar inertes ante un problema ya presente y grave, que además, heredaríamos a las siguientes generaciones así como a nosotros nos fue heredado.
No actuar al respecto nos convertiría en cómplices del deterioro de la salud pública en nuestro país y también de los delincuentes que incurren en la venta de medicamentos por esta vía.
Quienes integramos esta legislatura estamos obligados a actuar al respecto, viendo por el hoy y el mañana de nuestra población.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que realice una campaña permanente y a nivel nacional que inhiba la compra de medicamentos por internet y a la vez, alerte sobre los riesgos mortales y peligros en la salud a los que están expuestos quienes incurren en ella.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Inegi)
2 Organización Mundial de la Salud. (OMS)
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Inegi)
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Inegi)
5 Fiscalía General de la República.
6 Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.
7 Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.
8 Secretaría de Salud.
9 Facultad de Medicina de la UNAM.
10 Secretaría de Salud.
11 Asociación de Internet.mx
12 Asociación de Internet.mx
13 Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 2015.
14 Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
15 Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
16 Secretaría de Salud.
17 Organización Mundial de la Salud. OMS
18 Organización Mundial de la Salud. OMS
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días de septiembre del 2019.
Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos de los estados de la zona fronteriza norte a analizar y, en su caso, suscribir convenios con el sector privado y los dueños de las maquiladoras para establecer estancias infantiles en los centros laborales, en beneficio de las madres trabajadoras, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los recientes años la industria maquiladora ha crecido constantemente en México; ello significa la generación de miles de empleos para beneficio de la población.
La maquila, adoptada en 1965 como una industria que daría empleos a miles de desempleados que había en las ciudades de la frontera, dado la crisis económica en algunas regiones, y el regreso de connacionales dado el término del Convenio Bracero, ha cumplido con este papel de creador de empleos.1
El desarrollo de las maquilas se generó por cuestiones geográficas e infraestructura en las cercanías con el país vecino; es, en el norte de México donde se concentra la mayoría de la industria.
Derivado del cambio social y del compromiso laboral; las mujeres son la mano de obra requerida en este tipo de industria y tienen múltiples problemas para realizar su trabajo adecuadamente.
La industria maquiladora es la fuente principal de empleo en la frontera norte de México, donde la mujer lucha diariamente en las relaciones de poder, dentro de la familia y en los centros laborales.
Existen industrias donde la presencia de mujeres es vital, los empleadores prefieren contratar féminas, debido a su compromiso, habilidad y puntualidad, como en la industria electrónica.
Hoy es impensable e imposible que alguno de los padres se pueda quedar en casa al cuidado de los hijos. Las necesidades económicas no permiten dicha situación.
El problema se plantea cuando se debe percibir ingresos para sostener la familia y no se cuenta con ningún apoyo familiar, porque implica estar trabajando y ser cuidador de los hijos.
Del total de empleados en maquila, la mayoría son mujeres y constantemente son reconocidas, dándoles incentivos, pero falta mucho por hacer:
“Durante el reconocimiento a 80 mujeres por su trayectoria laboral en la industria, Alberto Lara Basaldúa, secretario general del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras (Siamarm), destacó la importancia de la participación del sector femenino en la industria de la exportación, quienes son el pilar de la estabilidad laboral en esta ciudad.
Estamos reconociendo este día a las mujeres en general, pero también estamos entregando una distinción a aquellas que has destacado en el ámbito laboral en el que se desempeñan , dijo.
Alberto Lara indicó que 85 por ciento de la economía de Reynosa depende del sector femenino, mismo que realiza desde las labores más minuciosas hasta grandes proyectos.
Las mujeres tienen más agilidad en el empleo ofertado por las más de 120 empresas maquiladoras establecidas en esta ciudad, al menos en esta frontera más de 85 por ciento de la mano de obra son mujeres , expuso.
El secretario general del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras precisó que la mano de obra de las mujeres es reconocida por las empresas, ya que un alto porcentaje de estas requieren de operaciones minuciosas por lo que solicitan personal femenino.
La mano de obra de mujeres es la mejor que tenemos además de que está reconocida por las empresas por eso casi 90 por ciento de las empresas solicitan manos femeninas , dijo.
Alberto Lara mencionó que aun y cuando es mayor el número de mujeres que se desempeñan en empresas maquiladoras, no existe un pago o trato especial hacia este sector, pues dijo que ante la ley todos los empleados son iguales y reciben las mismas prestaciones.
Agregó que con diversos programas y acciones, buscan empoderar a las mujeres para que sean mejores personas, madres y seres humanos, por ello apoyan con becas a más de 300 mujeres que tienen la intención de seguir preparándose académicamente.
Indicó que el sindicato les ofrece diversos programas de psicología, legal y médico, además de contar con biblioteca y áreas de esparcimiento para todos los trabajadores y sus familias.
No estamos en desacuerdo con políticas que van en contra de la decisión de crecimiento de las mujeres, queremos que se les entienda como seres humanos y a partir de ahí vamos a tener mejores familias y ciudadanos no necesitamos hacer diferencias , añadió.2
Es evidente que existen miles de familias monoparentales donde la madre soltera asume toda la carga del hogar, por ello, es urgente y necesario que se puedan establecer convenios, donde se generen esquemas que permitan la accesibilidad de tener guarderías o estancias infantiles para las madres trabajadoras, abonando a la productividad de la industria.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados fronterizos de la zona norte del país; para que analicen y, en su caso, suscriban convenios con el sector privado, que son dueños de las industrias maquiladoras, con el fin de establecer estancias infantiles dentro de los centros de trabajo, para que puedan cubrir sus jornadas laborales, beneficiando a las madres trabajadoras.
Notas
1 Tomado de https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/corredor-fronterizo/cinc uenta-anos-de-maquiladoras-en-mexico-que-hemos-aprendido el 10 de septiembre de 2019.
2 Tomado de http://elempresario.mx/management-mrkt/maquiladoras-85-empleados-son-mu jeres el 10 de septiembre del 2019.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a promover el diseño de leyes estatales que regulen la creación y el funcionamiento de institutos de planeación municipal, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, diputado Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a que, en el ámbito de sus competencias, promuevan la creación de leyes estatales que regulen la creación y funcionamiento de institutos de planeación municipal a fin de que los gobiernos municipales puedan participar efectivamente en la planeación estatal y nacional, al tenor de los siguientes
Considerandos
Para Alicia Ziccardi los municipios en México son uno de los elementos que representan más fuertemente al federalismo, ya que son, de acuerdo al numeral 115 de la Carta Magna, municipios libres para organizarse política y administrativamente. Asimismo, se deben organizar bajo ciertas bases y tienen la obligación de brindar ciertos servicios y cumplir con determinadas funciones, también establecidas en dicho numeral.1
Desde la última gran reforma al artículo 115 sobre las facultades del municipio, se ha insistido en la necesidad de que estos cuenten con instancias y herramientas para participar de forma efectiva y bien informada en la planeación regional y nacional debido a que esto puede impactar positivamente en la gestión local.
Es importante recordar que los municipios son la instancia de gobierno más cercana a la ciudadanía, lo que les permite contar con información útil generada a través de las experiencias de sus habitantes, por lo que, la información que puedan aportar a la planeación estatal y nacional es de suma importancia para el desarrollo del país.
Las investigaciones sobre desarrollo local señalan que los instrumentos de planeación municipal son un referente obligado para el diseño e implementación de políticas públicas y agenda pública municipal, debido a que reconocen las necesidades básicas de la población e incluso encuentran soluciones innovadoras que pueden ser replicadas en el resto del país.
Es por esto que se hace evidente la necesidad de que los municipios cuenten con instituciones que respalden su participación y aportaciones en la planeación estatal y regional a través de la información recabada y procesada en estudios sociales enfocados a las necesidades del municipio.
Se propone que los municipios promuevan la creación de institutos de planeación municipal que tengan como objetivo realizar estudios sobre las necesidades sociales, políticas y económicas del municipio y apoyen en la formulación de herramientas para dar solución a dicha demanda. La intención es que cada gobierno municipal cuente con información técnica que respalde sus decisiones y de esta forma fortalecer la participación del gobierno municipal en la planeación estatal y nacional.
Municipios como León (Guanajuato), Santiago de Querétaro (Querétaro), Torreón (Coahuila), Cuautitlán Izcalli (estado de México), por mencionar sólo algunos, cuentan con un instituto de planeación orientado a los estudios para el desarrollo urbano, lo cual ha apoyado en la ejecución de políticas públicas estatales y municipales.
Ejemplo de esto es el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) Torreón que ha apoyado al gobierno municipal de Torreón en el estudio del impacto social, político y económico de la ejecución del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) en materia de movilidad. Los documentos presentados por el Implan han significado una herramienta esencial para la toma de decisiones del gobierno por lo que su participación en la planeación estatal es reconocida por tener bases concretas.
En ese mismo sentido, el gobierno del municipio de Zapotlán cuenta con una coordinación general de Gestión de la Ciudad, que tiene como finalidad concentrar los planes en materia urbana y articular a las instancias que participan en los programas que se diseñan en dicha materia. Esta coordinación es un gran avance para la construcción de una ciudad inteligente debido a que cuenta con áreas específicas que se encargan de realizar una planificación basada en el análisis de la información que las mismas oficinas generan a través de estudios enfocados a la mejora del ordenamiento territorial.
Es fundamental que se siga apoyando a los municipios para que puedan desempeñar de la mejor manera sus facultades atribuidas en el artículo 115 constitucional, tal como se mencionó en 1999, no sólo se trata de aumentar tareas sino apoyar a los municipios para que puedan desempeñarlas.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos locales a que, en el ámbito de sus competencias, promuevan la creación de leyes estatales que regulen la creación y funcionamiento de institutos de planeación municipal a fin de que los gobiernos municipales puedan participar efectivamente en la planeación estatal y nacional.
Nota
1 Alicia Ziccardi, El federalismo y las regiones: una perspectiva municipal. Gestión y Política Pública, disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13312205, consultado en septiembre 2019.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sectur a hacer del conocimiento público el plan de trabajo, los recursos utilizados, los objetivos, las zonas de aplicación y las metas logradas por el programa Barrer y Pintar, aplicado en pueblos mágicos del país, suscrita por la diputada Claudia Reyes Montiel e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Claudia Reyes Montiel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la Secretaría de Turismo, un pueblo mágico “es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan hoy una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico”1
En otras palabras: un pueblo mágico es una localidad que, gracias a la defensa ancestral que las personas que las habitan han hecho de sus tradiciones, ha logrado volverse única en su forma de vivir y expresar su historia, costumbres y cultura, lo que la vuelve una zona muy atractiva para el turismo.
En 2001 se creó el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagico), con el objetivo de fortalecer y diversificar el turismo a las localidades que gracias a su historia y atributos propios, cumplían con los requisitos para ser designados como pueblos mágicos.
Prodermagico funcionaba al amparo de reglas de operación y un esquema de coordinación entre diferentes niveles de gobierno y su objetivo general era “contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística en los destinos y en las regiones del país, así como fomentar el desarrollo de los mismos, mediante el otorgamiento de un subsidio para la ejecución de obras, servicios relacionados y acciones que permitan ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras”.2
Entre los objetivos específicos de este programa se encontraban los siguientes:
• Impulsar la construcción, conservación y remodelación de espacios públicos en los destinos y las regiones, para mejorar las condiciones de los atractivos y los servicios turísticos.
• Contribuir al impulso de las rutas, los circuitos y los corredores turísticos, la movilidad universal y la accesibilidad de los turistas en los destinos turísticos.
• Fomentar la gestión de las acciones concurrentes, mediante la colaboración entre las instancias públicas competentes en la materia turística de los tres niveles de gobierno.
• Contribuir al cuidado y la preservación del patrimonio cultural y natural, tangible e intangible de los destinos turísticos del país, para su ordenado uso y aprovechamiento como producto turístico, principalmente en destinos prioritarios y los que cuentan con nombramiento de pueblo mágico vigente.3
Para cumplir sus objetivos, Prodermagico brindaba apoyos para mejorar la infraestructura y los servicios básicos de un destino turístico y su zona de influencia; para apoyar y fortalecer la actividad turística local y sus sitios de interés turístico; para proyectos que fomenten la movilidad de los turistas en rutas, circuitos o corredores turísticos; para proyectos encaminados a la renovación e innovación en los destinos turísticos, ampliando su oferta de amenidades y actividades turísticas y para la elaboración de proyectos ejecutivos que muestren la viabilidad técnica para la realización de obras.
En 2018 se contaba con 121 pueblos mágicos; Puebla, Jalisco, Michoacán y estado de México poseían el mayor número de éstos. En esta última entidad hay 9, como El Oro, Teotihuacán, Valle de Bravo y Villa del Carbón.
En el Presupuesto de Egresos de 2019 se decidió desaparecer Prodermagico, lo cual significó un perjuicio para 6 millones de personas que viven en estos lugares y que en muchos casos tienen al turismo como su principal, y en algunos casos única fuente de ingresos. Esto obedeció, de acuerdo con el nuevo gobierno federal, a que este programa había fallado en cumplir sus objetivos y también porque se buscaría aplicar en estas localidades una nueva estrategia.
A raíz de este hecho se han realizado por parte de las dos cámaras que integran el Poder Legislativo diversas acciones, tales como reuniones con secretarios de turismo estatales y con alcaldes, para conocer la situación que se vive en los pueblos mágicos y dar seguimiento a los proyectos gubernamentales encaminados a continuar apoyando a los 121 pueblos mágicos del país.
En junio pasado, en el marco de una visita de trabajo por Puebla, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, ratificó que en el presente año no estaba considerado dar más denominaciones de pueblos mágicos y que como dependencia se centrarían en fortalecer el programa Barrer y Pintar que se aplica en los 121 municipios del país con esa distinción.
Sobre el programa, dijo lo siguiente: “Por primera vez vamos a hacer el programa Barrer y Pintar los 121 Pueblos Mágicos, las autoridades se olvidaron de hacer esta labor, y ahora nosotros estamos listos para de ir de la mano con los estados y municipios, para llevar a cabo esta transformación”.4
A fin de continuar el compromiso de seguir apoyando los pueblos mágicos, tras la desaparición de Prodermagico, se considera necesario conocer el funcionamiento y los alcances del programa Barrer y Pintar, lo que nos permitirá a todos los interesados saber qué se está haciendo en favor de los pueblos mágicos, cómo está funcionando este programa y, sobre todo, saber qué se debe corregir para evitar los errores del pasado. Esta información, con el fin de contribuir a la transparencia y rendición de cuenta, debe hacerse pública también por los medios pertinentes.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al secretario de Turismo federal a hacer del conocimiento público el plan de trabajo, los recursos utilizados, los objetivos, las zonas de aplicación y las metas logradas por el programa Barrer y Pintar que se aplica en distintos pueblos mágicos del país.
Notas
1 http://www.sectur.gob.mx/gobmx/pueblos-magicos/
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311595/SECRETARIA_DE_TUR ISMO_-_2018.pdf
3 Ibídem.
4 El Economista, “Fortalecerán programa para pueblos mágicos”, 20 de junio de 2019. Disponible en
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Fortaleceran-pro grama-para-Pueblos-Magicos-20190620-0108.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2019.
Diputados: Claudia Reyes Montiel (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica), Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez, Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades federales, estatales y municipales a impulsar campañas informativas sobre las enfermedades cardiacas que afectan a niños y adolescentes y aumentar las acciones preventivas, a cargo de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen campañas dirigidas a difundir mayor información sobre las enfermedades cardíacas que afectan a las niñas, niños y adolescentes, y aumentar las acciones preventivas, así como considerar recursos suficientes para que el sector salud pueda dar atención a este grave problema, privilegiando el interés superior de la niñez. Lo anterior, en el marco del el Día Universal del Niño, celebrado el 20 de noviembre, y a exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud federal a que, en el ámbito de sus facultades, realice a la brevedad la evaluación de los programas y acciones que en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en niñas, niños y adolescentes que se encuentren a su cargo, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados. Asimismo, para que realice las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Constitucionalmente existe una protección amplia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cabe recordar que el artículo 4o. constitucional explícitamente señala que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.
Por su parte, el artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de infancia: “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte”.
La reforma al artículo anterior permitió consolidar la reforma en materia de derechos humanos de los niños y niñas ya que, aunque se había firmado la Convenció sobre los Derechos del Niño, no se le había otorgado al Congreso facultad expresa para que legislara al respecto.
Los dos artículos citados a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que dota de jerarquía constitucional a los tratados internacionales suscritos, ponen en evidencia que el andamiaje legal de protección a los derechos humanos de las niñas y los niños existe.
Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que hace falta una seria transformación de la estructura social, política y cultural que permita volver tangible lo establecido en el marco jurídico actual, para proteger los derechos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales que hemos signado. Sin un cambio de visión y sin la voluntad política de los diferentes actores políticos, se vuelve ocioso pensar en que efectivamente se pueden hacer valer los derechos reconocidos.
En este trabajo parlamentario se busca como objetivo principal presentar una de las más graves afecciones que atacan a nuestra niñez. Cada una de las condiciones patológicas que forman parte del cúmulo al que se le denomina “enfermedades cardiovasculares (ECV)” ocupa los primeros lugares entre las principales causas de muerte no sólo en México, sino a nivel mundial.
La reflexión que nos deja la revisión de las estadísticas es muy dura, a nuestras niñas, niños y adolescentes los afectan muchos tipos de defectos cardíacos que se convierten en verdaderas pesadillas para los pacientes y sus familias y también para el sector salud, quienes ven como día con día su presupuesto no es suficiente para atender los procedimientos médicos.
Estos defectos cardíacos a veces son menores y otros son más serios. Los defectos pueden ocurrir dentro del corazón o en los vasos sanguíneos grandes por fuera de este. Algunos defectos cardíacos pueden necesitar cirugía inmediatamente después de que el bebé nazca. En otros casos, el paciente puede esperar meses o años hasta que lo operen afectando de manera constante su calidad de vida.
Una cirugía puede ser suficiente para reparar el defecto cardíaco, pero algunas veces se necesita una serie de procedimientos, para los cuales las familias de los afectados se enfrentan al grave problema de que es muy difícil encontrar información para poder acceder a las instancias que permitan su pronta atención. Y si a eso sumamos que en México se estima que al año nacen alrededor de 20 mil niños con algún tipo de alteración cardiaca y que de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud, las enfermedades cardiacas ocupan el tercer lugar por causas de muerte en niños menores de un año de edad, sumado a la falta de recursos destinados a la prevención y atención de estos males, nos encontramos de frente con una terrible realidad para nuestras niñas, niños y adolescentes.
Se tienen registradas cerca de 200 cardiopatías congénitas distintas, la cuales tienen su origen al comienzo del embarazo cuando se está formando el corazón. Estos padecimientos pueden afectar diversas funciones del corazón y constituyen uno de los defectos de nacimiento más comunes; pueden ser tan graves que la vida de quienes las padecen peligre inmediatamente después de nacer.
Dentro de la problemática relacionada a enfermedades cardiacas en niñas, niños y adolescentes debemos señalar aquellas que requieren cardiocirugía pediátrica para reparar los defectos cardíacos con los que nació un niño (defectos cardíacos congénitos) y cardiopatías que el niño presenta después del nacimiento y que necesitan cirugía. La cirugía y la información de los males cardíacos que afectan a los menores son necesarias que se tomen como una prioridad por los tres niveles de gobierno.
Por ello consideramos que esta propuesta debe atenderse y tomarse en cuenta en las agendas de todos los grupos parlamentarios, ya que nuestra misión como legisladores es trabajar por que las niñas, niños y adolescentes gocen a plenitud de sus derechos, y a tener acceso a los derechos que la propia Constitución les reconocen.
Este trabajo parlamentario es presentado en el marco del “Día Universal del Niño”, que se celebra todos los años, el 20 de noviembre, y es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo.
Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.
Las Naciones Unidas celebran el “Día Universal del Niño” el 20 de noviembre, porque es la fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959.
Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado.
El objetivo del “Día Universal del Niño” es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, que más sufre las crisis y los problemas del mundo.
Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.
Por ello, en esta fecha tan importante, debemos hacer un llamamiento sobre las necesidades de los más pequeños de nuestra sociedad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen campañas dirigidas a difundir mayor información sobre las enfermedades cardíacas que afectan a las niñas, niños y adolescentes y aumentar las acciones preventivas, así como considerar recursos suficientes para que el sector salud pueda dar atención a este grave problema, privilegiando el interés superior de la niñez. Lo anterior, en el marco del el “Día Universal del Niño”, celebrado el 20 de noviembre.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus facultades, realice a la brevedad la evaluación de los programas y acciones que en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en niñas, niños y adolescentes se encuentren a su cargo, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados. Asimismo, para que realice las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades.
Dado en Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 19 días de septiembre de 2019.
Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para dar seguimiento y revisar los recursos en que México participa en materia de cooperación internacional en su carácter de donante o de receptor, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La cooperación internacional juega un papel muy importante en la promoción y el apoyo técnico y financiero de las actividades de población y desarrollo en la región.
La definición anterior demuestra que la necesidad de la cooperación internacional en los últimos siglos ha ido permeando exitosamente en las naciones, al grado de que han tratado de institucionalizar esta práctica y dotarla de suficiencia presupuestal, otras naciones en desarrollo siguen dependiendo de la asistencia internacional ya que su autosuficiencia presupuestal es muy limitada.
Es por tal motivo que las prácticas de cooperación internacional constituyen una parte invalorable de la lucha por la colaboración provista de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, por ello es que las naciones propusieron que se estableciera esta figura de cooperación internacional en la carta de las Naciones Unidas, en su capítulo IX, denominado Cooperación Internacional Económica y Social, el cual establece muy puntualmente y con claridad que “la cooperación internacional tiene el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:
a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y
c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”.2
Por ende, es un gran soporte insoslayable para los países que son miembros, tanto donadores como receptores, ya que los beneficios son con responsabilidad compartida y generan el principio de reciprocidad para las naciones participantes a estas prácticas internacionales.
En este orden de ideas, la participación de nuestra nación ha tenido un papel relevante como miembro de la ONU. “México es uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. Cuya delegación mexicana estuvo representada por Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera, quienes firmaron la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 y el 7 de noviembre de ese mismo año fue admitido a la ONU”.3
Por ende, México se adhiere a la carta de las Naciones Unidas y es beneficiado por el capítulo IX, Cooperación Internacional Económica y Social.
Por los argumentos históricos antes mencionados, se institucionalizó en México el sistema mexicano de cooperación internacional establecido en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID), asimismo, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) actúa como el ente coordinador de la cooperación internacional para el desarrollo. Por mandato, la Amexcid moviliza los recursos de la CID para alcanzar los objetivos delineados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y para ello nos asociamos a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con el propósito de contribuir al desarrollo humano sustentable.
Por ello, México ha estado procurando destacarse en su política exterior y sus relaciones internacionales con las diferentes naciones, por eso es uno de los países en desarrollo que es receptor y donante en materia de cooperación internacional.
Por ello, quiero conceptualizar estos dos rubros para dar claridad a esta pieza legislativa.
México como país receptor de cooperación
México, como país de renta media, afronta una serie de retos socioeconómicos por los que todavía es país receptor de cooperación, tanto en el ámbito bilateral como el multilateral. A pesar de que representa la segunda mayor economía de América Latina, contando entre sus ingresos con una parte importante derivada de la exportación de petróleo y las remesas de inmigrantes, y de intensas relaciones comerciales con Estados Unidos, los últimos datos del Banco Mundial revelan que, en el 2017, el 52.3 por ciento de la población vivía por debajo de la línea de pobreza nacional; asimismo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) menciona que en el 2018 fue el 41.9 por ciento.
En este tenor, México ha obtenido cooperación por otros países, con lo cual ha tenido un aumento del 2013 $346.82 MUSD al 2017 $698.81 MUSD teniendo un aumento 1 por ciento estos recursos se reflejan en la siguiente gráfica.
4
En esta tesitura los países con mayor aportación para México son:
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México como país donador de cooperación
México fortalece su presencia en el ámbito de la política internacional, actuando en el Sistema de la Naciones Unidas, formando parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y como observador del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
“De la misma manera, es miembro del G-20, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros, adquiriendo un papel cada vez más relevante, especialmente como puente entre potencias emergentes y tradicionales y entre países de menor desarrollo”.6
En este tenor, México se fortalece en temas de cooperación, dignifica al país al ser un país receptor y donador con el fin de enfrentar retos globales y crecer como nación.
En esta tesitura, nuestro país se rige por los siguientes esquemas de cooperación internacional:
-“Cooperación bilateral: Cooperación que se da entre dos países y está sustentada en un marco normativo (generalmente un convenio básico de cooperación).
-Cooperación multilateral: Se refiere a acciones de cooperación que se desarrollan entre países y organismos internacionales y/o regionales; y que están sustentadas por un instrumento jurídico, convenio o acuerdo internacional.
-Cooperación regional: Acciones de cooperación dirigidas a una determinada zona geográfica, a través de las cuales se beneficie a varios países.
-Cooperación triangular: Cooperación cuyo enfoque se caracteriza por la actuación conjunta con un socio tradicional bilateral o multilateral en favor de un tercer país de menor o similar desarrollo”.7
Asimismo, se rige por las siguientes áreas de acción de:
-“Política de Cooperación para el Desarrollo: México, como un actor con responsabilidad global, promueve una agenda internacional responsable en materia de CID. Para ello, en la Amexcid establecemos procesos de coordinación con los diferentes actores centrales del desarrollo, y generamos herramientas e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación de una cooperación orientada a resultados, transparente y congruente con los principios de la eficacia.
-Cooperación técnica y científica: En nuestro carácter de oferente y socio de cooperación Sur-Sur, hemos enfocado nuestros esfuerzos en otorgar cooperación técnica y científica en sectores prioritarios (salud, medio ambiente, educación, infraestructura, agricultura, ciencia y tecnología), compartiendo experiencias, buenas prácticas y conocimientos de instituciones mexicanas, adquiridos al convertir los retos de desarrollo en oportunidades.
-Cooperación con Mesoamérica y El Caribe: Buscamos que nuestros esfuerzos de cooperación como oferentes sean de alto impacto y largo plazo. Mesoamérica y el Caribe son las regiones prioritarias para promover la integración y alcanzar el desarrollo compartido. Dirigimos nuestras acciones a través de programas bilaterales, iniciativas triangulares y mecanismos regionales.
-Cooperación académica: La educación abre un mundo de oportunidades para los ciudadanos de cualquier país, pero de manera particular para aquellos países en desarrollo en los que la oferta educativa es limitada. A través de nuestra oferta de becas y programas de intercambio académico para estudiantes, docentes, investigadores y expertos extranjeros, contribuimos a facilitar la formación de los líderes que construirán el futuro.
-Ayuda humanitaria: Ante situaciones de emergencia o catástrofe en otros países, en la Amexcid coordinamos acciones de ayuda humanitaria, tales como la aportación de recursos financieros o en especie, así como el envío de expertos mexicanos que colaboran en tareas de asistencia y auxilio.
-Promoción cultural y turística: A través de las RME contribuimos al posicionamiento de la cultura mexicana e industrias creativas con el fin de fortalecer la imagen de México, impulsar el turismo, promover el entendimiento entre sociedades y fomentar el desarrollo integral.
-Promoción Económica: En este sentido, nuestras acciones de promoción económica están enfocadas en incrementar la presencia de los productos y servicios mexicanos en mercados internacionales, fortalecer la imagen de México como destino atractivo para las inversiones, ayudar a aquellas empresas mexicanas que desean invertir en el exterior y participar en las cadenas globales de valor”.8
Por lo antes mencionado y puntualizando las atribuciones, así como el amplio de las áreas de la cooperación internacional, México ha recibido aportaciones en millones de dólares para las áreas antes señaladas, según los datos que publican en su página web del Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Rencid), Amexcid publica anualmente los resultados de la cuantificación de la oferta mexicana de cooperación internacional para el desarrollo. Los últimos montos disponibles en términos anuales son los siguientes:
9
Por todo lo antes expuesto, es imperante la creación de esta comisión especial para poder fortalecer la cooperación internacional como lo plantea el primer Informe de Gobierno del presidente López Obrador, el cual cito: “Uno de los principios normativos que guían la política exterior, la cooperación internacional para el desarrollo ha sido pieza fundamental tanto de las relaciones bilaterales de México, como de la incidencia de nuestro país en mecanismos de cooperación regional, bilateral, triangular y Sur-Sur. México promueve proyectos de cooperación que contribuyen al desarrollo sostenible de la región centroamericana, caribeña y latinoamericana, en colaboración con nuestros socios de todo el globo. Son 22 los países de Centroamérica y el Caribe con los que tenemos programas de cooperación técnica y científica, y mediante el esquema triangular, participamos en siete proyectos, junto con Alemania, Colombia, España, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Suiza y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En esta administración, la cooperación se está canalizando de manera prioritaria a Guatemala, El Salvador y Honduras, principalmente por medio del Programa de Desarrollo Integral y del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, como vías para atender las causas económicas y sociales de la migración forzada en esos países”.
Además de lo señalado por el presidente de la República, consideramos que, debido al contexto internacional actual, a la importancia que recientemente la cooperación internacional ha cobrado, en particular respecto a la ayuda que México destinará a Centroamérica y los recursos destinados por parte de otros países en el tema del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, dicho comité es necesario.
De igual manera, consideramos que el comité contribuiría significativamente al trabajo de la Amexcid y podría ser un apoyo importante para que lleve a cabo sus funciones de la mejor manera.
“La nación es comunidad de comunidades, unidas por diversos vínculos, con origen y destino común. Se reconoce como la suma de sus partes y enriquece con el aporte socialmente responsable de las mujeres y los hombres que la componen”.10
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, en uso de sus atribuciones, proceda a llevar a cabo la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento y revisión de los recursos que México participa en materia de cooperación internacional, tanto en su carácter de donante como de receptor.
Segundo. La Comisión Especial, para dar seguimiento y revisión de los recursos que México participa en materia de cooperación internacional, tanto en su carácter de donante como de receptor, se integrará por el número de diputados que tenga a bien determinar la Junta de Coordinación Política, respetando en todo momento el criterio de proporcionalidad y tomando en consideración la pluralidad representada en esta Cámara.
Tercero. Comisión Especial para dar seguimiento y revisión de los recursos que México participa en materia de cooperación internacional, tanto en su carácter de donante como de receptor, iniciará a su vigencia a partir del día de su aprobación y estará vigente hasta la conclusión de la presente LXIV Legislatura, debiendo entregar un informe final de actividades y resultados.
Cuarto. La Comisión Especial para dar seguimiento y revisión de los recursos que México participa en materia de cooperación internacional, tanto en su carácter de donante como de receptor, contará con los recursos necesarios humanos y financieros que le provea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, a efecto de llevar a cabo la tarea que le encomienden para el cumplimiento de su objetivo.
Notas
1 https://celade.cepal.org/redatam/pryesp/cairo/WebHelp/DOCSID/el_papel_d e_la_cooperaci_n_internacional.htm
2 https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-ix/index.html, la carta de las Naciones Unidas en su capítulo IX: Cooperación Internacional Económica y Social.
3 http://www.unesco.org/new/es/mexico/communities/united-nations-system-i n-mexico/mexico-to-the-united-nations/
4 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE
5 Op cit Principales países donantes miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) hacia México. (Total AOD neta en millones de dólares. 2009 A 2014)
6 Op. Cit
7 https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/que-es-la-cooperacion-i nternacional-para-el-desarrollo-29339
8 https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/que-es-la-cooperacion-i nternacional-para-el-desarrollo-29339
9 https://www.gob.mx/amexcid/archivo/acciones_y_programas?idiom=es, Cuantificación de la Cooperación Mexicana.
10 https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrin a-2002.pdf, 5. Nación y Mundialización, pag 6.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de septiembre de 2019.
Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena a aplicar un programa nacional de canje de armas de fuego y desarme voluntario, y una campaña de toma de conciencia entre la población sobre los peligros mortales y riesgos por disparos al aire, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal Hortensia María Luisa Noroña Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional a que aplique de manera permanente y a nivel nacional, un programa de canje de armas de fuego y desarme voluntario y, a la vez, una campaña de concientización a la población sobre los riesgos y peligros mortales por el disparo al aire de un arma de fuego, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente, los históricos niveles de violencia y sus estratosféricos índices en todos los tipos de delitos son la preocupación de la gran mayoría o totalidad de los mexicanos, así como también de las autoridades.
El asunto no es menor y ha pasado de ser grave a urgente y, hasta estos días, pareciera ya incontrolable.
En la actualidad y en el día y día de toda la población, el temor a ser víctima ya sea directa o indirecta de algún delito es elevado y, muy peligrosamente, hasta normalizado.
Con preocupación vemos que es cada vez más aceptado el hecho de que, en algún momento, seremos presa de delincuentes, e incluso e irónicamente, los mexicanos salimos de nuestros hogares “preparados con un dinero apartado para darlo” por si nos asaltan en el transcurso de nuestro día o la realización de cualquiera de nuestras actividades.
No importa que vayamos al trabajo, que estemos en día de descanso, en un lugar público, en un espacio altamente concurrido, o en nuestro propio hogar; la realidad es que ya no nos sentimos seguros.
Las estadísticas en materia de percepción de la inseguridad en nuestro país son muestra irrefutable de lo anterior, basta citar que, de acuerdo con cifras oficiales, al primer trimestre de este año 2019, al menos el 74.6 por ciento de la población de 18 años o más declaró que vivir en su ciudad es inseguro.1
Este dato es un 0.9 por ciento mayor en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año pasado, el 2018.2
En otras palabras, los mexicanos cada día nos sentimos más inseguros en donde estemos, ya sea en el lugar donde vivimos, donde trabajamos, durante nuestro transporte e incluso, como ya lo hemos visto, en los espacios de esparcimiento.
Es así que en el transporte público, las escuelas, el trabajo, el mercado, el tianguis, el restaurante, la plaza, los cines y un innumerable de lugares más, sea donde sea y estemos donde estemos, el temor y la expectativa de que en cualquier momento podremos ser víctima de la delincuencia son latentes, enormes y crecientes.
Esta situación, debemos reconocer, está fuera de control y cada día se registra un nuevo récord histórico que parecía hasta hace poco inalcanzable, improbable e impensable. Es proporcionado mencionar un ejemplo, uno de tantos delitos que es sumamente doloroso, lastimoso no solo para quienes lo padecen sino para toda la sociedad en su conjunto, el homicidio.
De acuerdo con cifras oficiales, en el primer semestre de este año 2019, se han registrado 20 mil 599 homicidios.3
En otras palabras, 22 homicidios por cada cien mil habitantes.4
Una cifra que por sí misma no solo es alarmante y dolorosa, sino preocupantemente también por la tendencia que presenta, esta cifra va al alza y es 6 por ciento mayor a la que, en el mismo lapso de tiempo se registró en el año 2018.5
Esta alarmante situación, que tanto ha lastimado a la sociedad mexicana, a las familias y que tantas vidas, muchas de ellas inocentes, nos ha arrebatado, no surgió de la noche a la mañana, ni mucho menos tiene solo un factor que la generó; por lo tanto, la solución no podrá ser solo una, ni mágica, ni corresponde a un solo cuerpo de seguridad pública.
Todo lo contrario, es una situación que se fue gestando desde hace mucho tiempo, con diversos factores que motivaron su expansión y desarrollo, y cuya solución no puede ser homogénea, ni unilateral.
La atención a nuestro problema de seguridad pública, de violencia y delincuencia, debe tener en cuenta muchas circunstancias, factores, aristas y estructura para que su erradicación sea exitosa y, sobre todo, permanente.
Por ello, y ante este desafío, no podemos darnos el lujo de menospreciar u omitir, ningún factor que consideremos puede incidir de manera favorable en el proceso de pacificar al país.
Uno de estos factores es el relativo a la posesión de armas de fuego, pero no solo visto desde el ámbito de la delincuencia, sino el proceso de pistolización que se ha dado en la sociedad, aquellos que poseen un arma sin un fin delictivo.
Es decir, las pistolas que, de manera legal o ilegal, hay en los hogares, ya sea por protección o simple gusto, pero que representan un peligro no solo para la familia que las posee, sino para todos por igual, por los diversos casos en los que su manipulación ha sido al margen de la ley y sumamente irresponsable por la ausencia de preparación profesional para su posesión y manejo.
Este asunto no es menor, por el contrario. En este aspecto poco observado, podemos encontrar estadísticas sumamente alarmantes no solo para nosotros, sino también en la estadística internacional.
De acuerdo con la Sedena, en el primer semestre de este año 2019 se registró la venta o existencia de 30 mil 724 armas en el país,6 ello a pesar de que ha habido campañas esporádicas de despitolizacion, canje de armas o desarme voluntario a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Por un lado, un pequeño porcentaje de personas con armas ilegales, generalmente inservibles, son las que acuden a estas campañas en donde entregan su arma a cambio de una compensación económica; y por otro lado, un porcentaje mucho mayor de personas adquieren un arma funcional con todo y munición y permiso para poseerla.
Esto es preocupante, porque estamos pistilozando en el marco de la legalidad a la sociedad y, peor aún, esta tendencia peligrosamente, está creciendo aún más y más.
Tan solo basta mencionar que la venta de armas registrada en el primer semestre de este año 2019 es un 35.3 por ciento mayor a la registrada en todo el año pasado, el 2018.7
Y adicionalmente y muy tristemente tenemos que el monto de armas que se llevan vendidas o bien registradas por la Sedena en lo que va de este año 2019 es el mayor número volumen del que se tenga registro en al menos los últimos cuatro años.8
Esto significa, estadísticamente hablando, que México es un país conformado por una sociedad pistolizada, en la que hay al menos 1 arma legal por cada 3 mil 912 habitantes.9
Esta situación es por sí sola alarmante y se vuelve peligrosamente amenazante si añadimos el registro aproximado de armas ilegales que hay en circulación.
En nuestro territorio se tiene el conocimiento de que hay al menos, 13.7 millones de armas no registradas o ilegales en circulación.10
Armas que están entre nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros hijos, entre nuestras escuelas, parques, centros de entretenimiento, están entre nosotros día a día las 24 horas por igual.
No por nada, de acuerdo con organismos internacionales en la materia, ubican a nuestro país como el quinto lugar a nivel internacional, con mayor número de armas ilegales o bien, no registradas ante las autoridades correspondientes.11
Cabe señalar que las cuatro naciones por arriba de nosotros son Estados Unidos, India, China y Pakistán.
Ahora bien, en lo que respecta al continente americano, el problema es igualmente devastador, de acuerdo con este mismo organismo internacional dedicado a estudios en materia de armamento, nuestro país ocupa el segundo lugar en posesión de armas de fuego ilegales o no registradas ante las autoridades.12
El primer lugar en nuestro continente lo ocupa Estados Unidos.13
Como se puede apreciar, el asunto no es menor y mucho menos debe ser ignorado ni subestimado, la población mexicana, delincuentes o no, están adquiriendo armas, armas de fuego que, en algunos casos, son para el resguardo de su casa y familia, pero en otros, son para portarlas en la vía pública sin la capacitación, experiencia y conocimiento necesarios, pero con el objeto y finalidad de sentirse protegidos y seguros; y, en otros muy desafortunados casos, son ocupadas para delinquir.
Por ello, y muy desafortunadamente, organismos internacionales han emitido una alerta para nuestro país, en función de que somos la nación número 7 a nivel mundial, con más armas de fuego en manos de civiles.14
Este mismo organismo señala que en México existen en circulación al menos 16.8 millones de armas de fuego en manos de civiles, es decir la escalofriante cifra de 1 arma por cada 7 habitantes.15
Por este factor asumido como intrascendente o menor, los índices de violencia y el número de delitos son cada vez más elevados, y ya no corresponden -como se tiene anteriormente la percepción- a ciertos niveles económicos de la población ni a determinados horarios o zonas específicas.
Por ello, el asunto en materia de inseguridad pública y violencia tiene que pasar por muchos factores, ninguno menor que otro, ni mucho menos, unos visibles y otros no.
En este orden de ideas, hay un delito grave pero irónicamente invisible y peligroso, pero socialmente aceptado.
Que ha pasado desapercibido o bien ignorado por las autoridades y admitido con naturalidad y cierta efervescencia, me refiero a los disparos al aire.
Es decir, el accionar de un arma sin apuntar a un objetivo específico, solamente dirigiendo, el disparo al aire con el entendido de que no representa ningún daño o peligro para nadie.
Lo anterior es un error y una equivocación, es un delito en complacencia de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, que ha arrebatado vidas, que tiene detrás de sí una estadística de muerte, profundamente dolorosa e hiriente, porque se ha tratado de víctimas inocentes y en muchos casos menores de edad a los que les ha privado de su vida.
Lo disparos al aire, incluso realizados por elementos de los cuerpos de seguridad que hay en el país, son un peligro; a pesar de que ellos tienen el entrenamiento, la preparación y capacitación para poseer, manipular y accionar un arma de fuego, incluso también para realizar ese disparo como una técnica extrema de persuasión o control de contingentes; ahora bien, aquellos realizados por civiles, que por el simple hecho de poseer un arma de fuego ya sea legal o ilegal, los realizan incluso por diversión, el riesgo es todavía mucho mayor.
Y como un lamentable recordatorio y muestra de lo anterior, tenemos los casos de heridos y muertos que han sido blanco fortuito, de balas que han sido disparadas al aire, y que al caer han impactado en el cuerpo generando un daño, como se dijo, en muchos casos irreparable.
El problema no es menor como se pretende hacer ver.
Es válida la aceptación del uso de esta medida en casos justificados y realizados por personal capacitado en la posesión, manejo, manipulación y accionar de las armas de fuego, pero no así de civiles.
Tratándose de civiles, esa acción realizada, ya sea en la vía pública o incluso al interior de un domicilio particular, es un delito y como tal se le debe ver, perseguir, sancionar y erradicar.
Ya que el no haberlo hecho así en el pasado nos ha derivado en situaciones de disparo de arma de fuego al aire, que son realizadas incluso como parte de celebraciones tanto en zonas rurales como también urbanas.
Sin la debida atención y consciencia de que se trata de una práctica sumamente peligrosa y una amenaza mortal, tanto para quienes están cerca, como para quienes están lejos.
Y lo anterior no es solo una percepción, los lamentables hechos e incluso la ciencia lo determinan.
En cuanto a los casos registrados, cabe señalar que, como reflejo de la invisibilidad tanto social como institucional del asunto, no hay cifras exactas y precisas que expresen la verdadera cantidad de caso y la magnitud del problema.
Hay muchos casos omitidos, escondidos o que, para facilidad de las autoridades, y quizás en muchos casos excusa, se les asocia a algún hecho delictivo, o como consecuencia de éste.
No obstante a las pocas cifras que hay, éstas son alarmantes.
En Ciudad de México y la zona metropolitana se tiene el registro de 139 casos de víctimas directas de balas perdidas entre el año 2006 y principios del 2015.16
Señalando que para el año 2014 al 2015, la tendencia de víctimas por bala perdida se elevó de 15 a 25.17
En la actualidad, en este aspecto, lo que podemos citar es que, de acuerdo con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec), se señala que México es el segundo lugar en la región con más casos de violencia armada por balas perdidas.18
Como se puede ver, el problema no es pequeño.
Y la ciencia da sustento a la afirmación anterior y sobre todo a la peligrosidad que representa para todos.
De acuerdo con un organismo en materia de armamento, se tiene el conocimiento de que una bala de .9 milímetros –la que es ampliamente “preferida” por quienes poseen armas-, disparada por una arma de fuego estándar, con un ángulo de elevación de 45 grados, alcanzaría el punto más alto de su trayectoria a los 2 mil 300 metros de altitud o distancia horizontal.19
A partir de ese momento máximo, inicia su descenso, pudiendo tocar tierra en un rango de aproximadamente 5 mil metros a la redonda, de donde fue originalmente disparada.20
Además de lo anterior, el peligro no solo se exterioriza como podemos ver, sino además se potencializa, porque esa bala disparada al momento de caer y de impactar lleva una velocidad que puede alcanzar los 140 metros por segundo.21
Basta señalar que, de acuerdo con investigaciones reportadas, se tiene el conocimiento de que basta una velocidad de caída de una bala de 61 metros por segundo, para que el impacto de ese proyectil tenga la capacidad de penetrar el cráneo humano de un adulto.22
Como se puede ver con todo lo anterior, estamos ante un problema sumamente grave, peligroso y mortal.
Desafortunadamente solo en muy pocos ordenamientos locales se castiga esta peligrosa práctica del disparo al aire; generalmente en los demás casos se le acepta, se le tolera e incluso se le aplaude.
Esta situación ha demostrado ser inaceptable por las muertes que ha generado e insostenible ante los niveles de violencia que actualmente padecemos.
En este aspecto, no podemos ser ni omisos ni permisibles, debemos ser responsables y tajantes, ante un delito real y existente, además de mortal.
Es triste saber que este delito, el disparo al aire de un arma de fuego; solo es visible a consecuencia de que “desafortunadamente” una persona o un menor de edad estaba en el lugar y momento equivocado, y le tocó “la mala suerte de morir”.
No es así, ese es un argumento no solo hiriente sino también incorrecto. Todos debemos ser libres de ir y estar en donde queramos, de desplazarnos hacia donde deseemos y de permanecer donde elijamos, no debemos ser presa ni de la delincuencia, ni de la violencia, ni mucho menos de “la mala suerte”.
Quienes están en el lugar y el momento equivocado son todas esas personas o civiles que accionan sus armas y cuya posesión en muchos casos es ilegal, disparando al aire, sin tener ni la conciencia, ni la responsabilidad y el cuidado de que al hacerlo, exponen a un sinnúmero de personas inocentes.
Esas personas, en posesión de armas ya sea legal o no, registradas o no, y que andan disparando al aire, deben estar presas, son delincuentes por el simple hecho de exponer a un riesgo mortal la vida de todos.
Debemos ser tajantes y actuar para contrarrestar y prevenir esta acción, con la cognición de que esa acción debe ser exclusiva y solo en casos extremadamente necesarios, de quienes tienen la preparación, el conocimiento y la capacitación para poseer, manipular y accionar un arma de fuego, los integrantes de nuestros distintos cuerpos de seguridad pública.
Con excepción de ellos y, de antemano, sin deslindarles de la responsabilidad en la que incurren, por la probable consecuencia de ese acto, el disparo al aire puede ser consentido.
Pero para cualquier otra persona o en el argot propio llamado civil, ya sea en la vía pública o dentro de un domicilio particular, no se le debe permitir disparar al aire una arma de fuego, más allá de que la posesión sea legal o no.
Debemos todos en corresponsabilidad, hacer algo sobre el peligroso proceso en el cual la sociedad mexicana se está armando y sobre quienes hacen un uso y manejo irresponsable al disparar al aire una arma de fuego.
Es urgente el insistir para que las campañas de desarme voluntario o canje de armas de fuego se intensifiquen y extiendan de manera permanente a todo el territorio.
Necesitamos que las autoridades correspondientes realicen y apliquen campañas a nivel nacional de concientización de los peligros en muchos casos mortales, a los que todos estamos expuestos cuando se dispara un arma de fuego al aire.
Requerimos recuperar entre nuestra sociedad y entre quienes poseen un arma de fuego para su seguridad o bien por gusto, la conciencia de responsabilidad que debe privar en todo aquel que por así convenir a sus intereses y bajo un fin licito, la manipule y la accione.
En el propósito de lograr un país más seguro para todos, no hay esfuerzo menor, ni empeño insignificante que no cuente. Depende de nosotros hacer todo lo que esté a nuestro alcance y que, sabemos, representará un beneficio para toda la sociedad, para todo nuestro país.
Tenemos este pendiente, no podemos ni debemos darnos el lujo de no hacer nada al respecto.
Por nuestro presente y nuestro futuro, así debe ser.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de
Acuerdo
Artículo Único . La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a que aplique de manera permanente y a nivel nacional, un programa de canje de armas de fuego y desarme voluntario y, a la vez, una campaña de concientización a la población sobre los riesgos y peligros mortales derivados de disparar al aire un arma de fuego.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Inegi. Reporte primer trimestre 2019.
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Inegi. Reporte primer trimestre 2019.
3 Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNDSP).
4 Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNDSP).
5 Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNDSP).
6 Secretaría de la Defensa Nacional. Sedena. Reporte enero-junio 2019.
7 Sedena. Reporte enero-junio 2019.
8 Sedena. Reporte enero-junio 2019.
9 Sedena. Reporte enero-junio 2019.
10 Sedena.
11 Small Arms Survey. Reporte.
12 Small Arms Survey. Reporte.
13 Small Arms Survey. Reporte.
14 Small Arms Survey. Reporte.
15 Small Arms Survey. Reporte.
16 Fuente: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 2015.
17 Fuente: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 2015.
18 Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec).
19 NRA Firearms Fact Book.
20 NRA Firearms Fact Book.
21 NRA Firearms Fact Book.
22 Fuente: BBC Mundo-Noticias. 2011.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días de septiembre del 2019.
Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la SSPC a crear un protocolo nacional de prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Organización Mundial de la Salud define violencia contra la mujer como
Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
México atraviesa por uno de sus años más violentos, algo alarmante en cuestión de violencia de género. Solamente en junio de 2019 fueron asesinadas 79 mujeres; es decir, un promedio de casi 3 mujeres por día.
De enero a junio de 2019 se reportaron 470 víctimas de feminicidio en México:
* Tabla realizada con información obtenida del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el tema de delitos sexuales, de violación simple y equiparada dieron un total de mil 530 casos sólo en junio del presente año. En el primer semestre del año, el número de carpetas de investigación alcanzó 8 mil 464 casos. Desglosando las cifras para los delitos sexuales de enero a junio, las violaciones sin penetración alcanzan 2 mil 100 casos en apenas 30 días y un promedio diario de 70 carpetas de investigación.
De enero a junio, los casos indagados por abuso sexual fueron 11 mil 691:
* Tabla realizada con información obtenida del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En entrevista para el periódico Excélsior el 19 de agosto del presente año, la abogada Patricia Olamendi, ex funcionaria de la ONU y la OEA, recordó que sólo 2 por ciento de los delitos por violación fue denunciado, según la Encuesta de Victimización, teniendo en consideración, los presuntos delitos cometidos van en aumento, puesto que no todos son denunciados, por ejemplo, en la Encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México, levantada en noviembre de 2018.
Éstos fueron los delitos que las encuestadas mencionaron que sufrieron:
*Tabla obtenida de la Encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México.
De tales delitos, éste fue el porcentaje que dio parte a las autoridades:
Y éstas fueron las razones:
*Tabla obtenida de la Encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México.
De enero a junio de 2019, los delitos de feminicidio por estado registrados fueron
Veracruz (98);
Estado de México (42);
Puebla (29);
Chihuahua (24);
Nuevo León (24);
Sonora (22);
Morelos (20); y
Ciudad de México (18).
* La contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación de las entidades federativas, la cual se ha venido dando de forma gradual durante los últimos 7 años, complementándose las 32 entidades federativas en octubre de 2017.
Pero los feminicidios no son la única forma de violencia contra la mujer. Otro grave delito de violencia es el secuestro hacia mujeres: fueron registradas 206 presuntas víctimas de secuestro a escala nacional:
* La contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación de las entidades federativas, la cual se ha venido dando de forma gradual durante los últimos 7 años, complementándose las 32 entidades federativas en octubre de 2017.
Posicionando nuevamente a Veracruz (con 59) como el estado con más presuntos secuestros, seguido por el estado de México (28), la Ciudad de México (10), igualando a Sonora y Zacatecas.
Muchos no son atendidos según los principios correspondientes, si bien deberían tenerse en cuenta para la adecuada atención que se le brinda a la denunciante, mencionando alguno de los principios a tomarse en consideración presento los siguientes:
Confidencialidad: La revelación de cualquier información personal debe limitarse a las personas involucradas en el procedimiento y únicamente respecto de lo que necesitan conocer. Por tanto, las autoridades y las partes involucradas deberán preservar la privacidad de la información personal en todas las etapas del procedimiento con la finalidad de proteger la intimidad de las personas.
Transparencia: Todo el procedimiento y sus resultados deben ser claramente explicados a las personas involucradas.
Imparcialidad: Independientemente de la calidad con la que se ostenten en la denuncia, toda persona deberá ser tratada de manera respetuosa en términos de igualdad y no discriminación;
Accesibilidad: El protocolo deberá ser asequible para todas las personas y éstas deberán poder participar en igualdad de condiciones.
Asimismo, el cuidado psicológico y de salud de la víctima desde el inicio hasta el final del proceso; procurar el uso adecuado y cuidado del lenguaje con el cual son recibidas y atendidas las víctimas, evitando que se cause un posible arrepentimiento en cuanto al proceso por parte de la víctima.
Otorgar confianza y seguridad a la denunciante, así como ofrecer opciones para su refugio durante el proceso, dar a conocer la existencia y datos de distintas asociaciones o instancias en las que pudieren recibir más apoyo en caso de requerirlo, buscando siempre un trato empático. Y evitar tajantemente la revictimización. Asimismo, existe un problema para la prevención y conocimiento de estos delitos, pues como lo veíamos anteriormente, el porcentaje de desconocimiento sobre la denuncia de agresiones, y la frecuencia con la que se visualiza como “un acto normal”, es preocupante que las víctimas de dichas agresiones ni siquiera se percatan de que lo son.
Ello deja en claro que no contamos con ningún protocolo adecuado que prevenga estos actos de violencia, ni que posteriormente garantice y asegure a las mujeres el acceso a justicia, aunado a que, con la formación de la Guardia Nacional, algunos programas que estaban en funcionamiento se redefinieron.
Por lo expuesto propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad y Protección Ciudadana a crear un protocolo nacional para la prevención, atención e investigación de la violencia contra la mujer considerando garantizar la seguridad emocional, psicológica y jurídica de las víctimas, tomando en cuenta los principios y motivos de confidencialidad, transparencia, imparcialidad y accesibilidad.
Bibliografía
Olson, Georgina, 2019, “’En México sólo denuncia 2 por ciento de las víctimas de violación’: Patricia Olamendi” (Excélsior).
ONU Mujeres, “Eliminación de la violencia contra mujeres y niñas” (ONU Mujeres México).
ONU Mujeres, 2018, Encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México (ONU Mujeres).
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019, “Información sobre violencia contra las mujeres” (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana).
OMS, Violencia contra la mujer.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos situados en zonas metropolitanas a sujetar las planeaciones urbanas a los criterios de las “ciudades inteligentes”, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, diputado federal Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos municipales delimitados en una zona metropolitana a que, en el ámbito de sus competencias, realicen planeaciones urbanas considerando los criterios de las “Ciudades inteligentes”, al tenor de los siguientes:
Considerandos
La tendencia urbana y la preferencia turística por ciudades tradicionales con paisajes hermosos para conservar en recuerdos fotográficos, así como ofertas de traslado seguras y a un costo accesible tanto para visitantes como para los habitantes del lugar, ha promovido el concepto de “Ciudades Inteligentes” (Smart Cities) que año con año fortalece su propósito de promover ciudades funcionales en las que prevalezcan condiciones de armonía para la población.
De acuerdo con la publicación Smart Cities: Identidad, Tecnología y Ciudad , una Ciudad Inteligente es aquella que se define por ser una ciudad que utiliza tecnologías de la información para proporcionar servicios a sus ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Cuando una ciudad pierde elementos que forman parte de su historia y aquello que la hace única, se dice que tanto la ciudad como sus ciudadanos pierden su identidad.1
En ese sentido, ciudades españolas como Barcelona, Valencia y Santander han cambiado parámetros de planificación atendiendo a la alta demanda turística que confluye con la densidad poblacional con la que cuenta.
La experiencia en Barcelona demuestra que cualquier ciudad, sin necesidad de ser la capital del país, puede ser planeada y desarrollada de tal forma que cobre una importancia trascendental incluso en el continente ya que durante el periodo 2014-2016 fue también la Capital Europea de la Innovación. De acuerdo con el informe local de Barcelona, la ciudad realizó su planeación basada en las necesidades de las personas por lo que este enfoque permitió que la ciudad trascendiera a nivel internacional, tanto turística como económicamente.2
Por su parte, en Valencia y Santander se han desarrollado plataformas digitales que tienen como objetivo compartir la información de su planificación urbana, en la que destaca su enfoque en la prestación de servicios tanto para la población como para los visitantes. En la experiencia de Santander destaca que el gobierno monitorea los niveles de tráfico, regula las redes de transporte pública para que sean armónicas tanto con los centros de trabajo como con los sitios de interés turístico, además se vigila constantemente la prestación de servicios de agua e incluso de disponibilidad de estacionamientos, con la intención de que la ciudad sea funcional para la población.3
De acuerdo con la Segob-Sedatu-Conapo-Inegi en la delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015, las ciudades mexicanas han seguido una tendencia poblacional similar a la de las grandes metrópolis del mundo, hecho que se corrobora cuando se analizan los datos sobre la población que vive en alguna ciudad mexicana en contraste con la población rural. Es inminente el crecimiento de la población que vive en alguna metrópoli, lo cual también se observa en el aumento de 59 a 76 zonas metropolitanas de 2010 a 2015.4
Los datos estadísticos dan cuenta de la demanda que tienen los servicios en una ciudad mexicana, tanto en la prestación de servicios públicos como el agua y el transporte público, así como la atención de asuntos relacionados con la seguridad pública. Si a esto se suma que, si se trata de una ciudad turística como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entre otras, la demanda se multiplica debido al número de turistas nacionales e internacionales que se encuentran de visita y requieren de la atención de servicios y demandas especiales.
La nueva visión sobre la planificación de las ciudades involucra un cambio de paradigma en los planes rectores de las ciudades, por lo que, de acuerdo con la Comisión Europea, una Ciudad Inteligente debe guiarse por los siguientes criterios:5
• Movilidad: Implementar políticas públicas que tengan entre sus parámetros el fácil acceso a los locales, transporte sostenible e innovador, accesibilidad internacional, conectividad de la red de transporte y disponibilidad de infraestructuras de telecomunicaciones.
• Economía sostenible, es decir, impulsar acciones que beneficien a la economía local, como incentivos a emprendedores, aumento de la productividad, inversión de pública y privada en proyectos de promoción del lugar.
• Medio ambiente: Considerar políticas públicas que ayuden a la conservación del medio ambiente, tanto por una cuestión de salud como por el cuidado del entorno natural y la imagen urbana. En ese sentido, se debe evitar acciones que provoquen mayores índices de contaminación y el deterioro de reservas naturales.
• Smart people, debido al enfoque en las personas, este criterio considera el impulso del estudio y la continua mejora en los ciudadanos, a fin de que ellos mismos sigan promoviendo a su ciudad a través de proyectos viables, coherentes y creativos. En ese sentido se considera que una ciudad inteligente se construye con la preparación académica de los ciudadanos.
• Condiciones de vida: entendiendo el enfoque social, se debe considerar que la ciudad debe tener cuidado de las condiciones óptimas para el cuidado de la salud de los habitantes, infraestructura vial óptima y segura, promoción de la cultura, diseño de la construcción de viviendas, entre otros.
• Compromiso del Gobierno: es importante destacar que en el concepto de Ciudad inteligente se considera fundamental la responsabilidad del gobierno ya que es éste el encargado de tomar decisiones en la planificación y prestación de servicios, por lo que es fundamental que todas las instancias de gobierno comprendan el compromiso que tienen con la ciudadanía y busquen la forma de estar preparados.
En México es relativamente nuevo el uso del concepto de Smart City, uno de los ejemplos destacables se encuentra en la plataforma del IMPLAN Torreón en la que se encuentran estudios locales sobre la viabilidad de planear el desarrollo de la ciudad de Torreón a partir de los criterios de una ciudad funcional.6
De acuerdo con documentos publicados en dicha plataforma, el objetivo del plan urbano de Torreón es que su ciudad pueda convivir entre la modernidad y el patrimonio cultural, razón por la cual están buscando alternativas de planeación que les permitan atender ambos objetivos.
Pese a que el tema está siendo revisado por el IMPLAN, aún no se ha asumido en su totalidad, sin embargo, constituye un avance para que las ciudades mexicanas empiecen a reunir información necesaria para armar planes urbanos bajo esta visión.
A partir de la revisión de los casos internacionales y de las nuevas experiencias nacionales, el presente exhorto tiene como objetivo en primer lugar, presentar a los municipios urbanos nuevas formas de planeación que los ayuden a afrontar la demanda social al interior de sus ciudades y, en segundo lugar, invitar a los gobiernos municipales a que adopten en sus planeaciones los criterios de las ciudades funcionales a su planeación urbana, a fin de que se unifiquen las ciudades mexicanas y se pueda promover un desarrollo urbano nacional.
En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos municipales delimitados en una zona metropolitana a que, en el ámbito de sus competencias, realicen planeaciones urbanas considerando los criterios de las “Ciudades Inteligentes”.
Notas
1 Carla Estefanía Tovar Triana, Smart Cities: Identidad, Tecnología y Ciudad disponible en
http://www.trcimplan.gob.mx/blog/smart-cities-identidad- tecnologia-y-ciudad-ene2019.html consultado en septiembre 2019.
2 Datos obtenidos en https://www.barcelona.cat/metropolis/es, consultado en agosto 2019.
3 Esmartcity, “Madrid, Barcelona, Santander, Valencia
y Málaga, referentes nacionales de Ciudad Inteligente”, disponible en
https://www.esmartcity.es/2017/11/17/madrid-barcelona-santander-valencia-malaga
-referentes-nacionales-ciudad-inteligente, consultado en
septiembre 2019.
4 Secretaría de Gobernación, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015 , disponible en
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las -zonas-metropolitanas-de-mexico-2015, consultado en agosto 2019.
5 Helena Villarejo Galende, “Smart cities: una apuesta de la Unión Europea para mejorar los servicios públicos urbanos”, en Revista de estudios europeos , Universidad de Valladolid, 2015.
6 Carla Estefanía Tovar Triana, Smart Cities: identidad, Tecnología y Ciudad , disponible en
http://www.trcimplan.gob.mx/blog/smart-cities-identidad- tecnologia-y-ciudad-ene2019.html, consultado en septiembre 2019.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre del 2019.
Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a investigar la ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 5 de septiembre fuimos conocedores de la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas, de las cuales cinco eran hombres y tres mujeres, a manos de elementos de la policía del estado de Tamaulipas, hechos que se registraron en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac, en el municipio de Nuevo Laredo.
La versión inicial que circuló en un comunicado la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, es que policías estatales se enfrentaron con presuntos criminales del cártel del noroeste que iban vestidos de militares, sin embargo, los testimonios de sobrevivientes de los hechos, testigos y familiares de las personas fallecidas, recabados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señalan que las víctimas fueron sacadas de sus casas, las obligaron a ponerse ropa militar y fueron conducidas por los agentes hasta un domicilio, donde fueron ejecutadas.
Por su parte, el Comité de Derechos Humano denunció tales hechos ante la Secretaría de Seguridad del estado, donde se incluyó una queja y emitió medidas cautelares a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobierno del estado, encaminadas a preservar la integridad física de los testigos y sobrevivientes del operativo, ya que estos señalan que han recibido amenazas, debido a que las imágenes de los cinco hombres y las tres mujeres fallecidos, vestidos con uniforme estilo militar pero con chalecos del cártel, y difundidas por el gobierno estatal, fueron “un auténtico montaje”.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas inició una carpeta de investigación por la posible ejecución extrajudicial de las ocho personas, mientras que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que el caso es “gravísimo” y “va en contra de la política de defensa de derechos humanos que ha planteado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, por lo que el gobierno federal colaborará con el gobierno del estado y dijo que, en caso de ser necesario, planteará la posible atracción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio de la presente proposición, plenamente comprometida con los derechos humanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República a atraer las investigaciones del caso de una presunta ejecución extrajudicial de ocho personas acaecida el pasado 5 de septiembre, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el fin de garantizar a las víctimas directas e indirectas el derecho de acceso a la justicia, pronta y expedita, así como a la reparación del daño.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de septiembre de 2019.
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con punto de acuerdo, relativo a verificar la aplicación y el cumplimiento de la NOM-007-SSA3-2012, para la organización y el funcionamiento de los laboratorios clínicos, a fin de que cumplan los requisitos de calidad y competencia, a cargo de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En todas las enfermedades, el diagnóstico es una de las tareas fundamentales de los médicos y la base para un tratamiento eficaz; en el caso del cáncer, el tratamiento suele llegar muy tarde, 14 de 100 fallecimientos en México son por esta causa, lo que representa la tercera causa de muerte a nivel nacional.
A pesar de estas cifras alarmantes, existe la posibilidad de que entre el 30 por ciento y el 50 por ciento de las incidencias de cáncer se puedan evitar, para ello es necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas con base científica.
Adicionalmente, si el cáncer se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, las posibilidades de recuperación son excelentes. En el caso de los niños, la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el correcto manejo pueden mejorar el pronóstico y aumentar las posibilidades de sobrevida.
El 90 por ciento de los tipos de cáncer se puede curar con un diagnóstico oportuno, desafortunadamente el 75 por ciento de los casos de cáncer en menores de 18 años en México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa considerablemente el tiempo y costo del tratamiento, y disminuye de manera importante la posibilidad de curarse.
Debido a lo anterior, es importante realizar de manera oportuna los estudios de diagnóstico necesarios, entre ellos análisis clínicos y biopsias, ya que cuando existen concentraciones altas o bajas de ciertas sustancias en el cuerpo pueden ser un signo de cáncer. Los análisis de sangre, orina y de otros fluidos del cuerpo, analizados en el laboratorio, sirven para medir esas sustancias y ayudan a los doctores a realizar un diagnóstico certero.
Como se ha señalado, la posibilidad de que se cure o de que se maneje satisfactoriamente un enfermo de cáncer depende en gran medida de un diagnóstico oportuno, por lo tanto, los laboratorios clínicos deben ser capaces de proporcionar resultados correctos, en los que se pueda confiar, y para ello, ser técnicamente competentes.
Para los usuarios que requieren este servicio (médicos clínicos y pacientes), necesitan elegir un laboratorio que asegure la máxima competencia técnica y que aplique los protocolos y las normas existentes es fundamental, de tal forma que se garantice que las decisiones clínicas que se toman, así como que los resultados sean fiables, minimizando riesgos para la seguridad del paciente y aumentando la calidad del diagnóstico.
La parte clave es que haya controles de calidad y que el laboratorio haya sido acreditado y certificado conforme a la norma.
En el caso de la atención a enfermedades como el cáncer, éstas tienen que ser atendidas en hospitales que pasan por un proceso de acreditación, es decir, que cumplen con los requisitos y estándares de infraestructura, personal médico, insumos y medicamentos para brindar servicios de calidad en la atención médica especializada.
Siendo de vital importancia lo antes mencionado, una de las ocupaciones fundamentales del sector salud tendría que ser velar por los resultados de los análisis clínicos y, en consecuencia, la falta de acreditación de los laboratorios en la materia.
Actualmente existen cerca de 5 mil laboratorios de análisis clínicos en el país, de los cuales sólo 110 están acreditados; países como Francia, cuentan con 890 acreditaciones; Australia tiene acreditados 500 laboratorios; mientras que Canadá tiene 196 acreditaciones para laboratorios.
El no tener laboratorios acreditados o que trabajen bajo la normatividad existente implica un riesgo para la población, ya que las decisiones de los médicos están basadas en estudios de laboratorios clínicos sin acreditación, con falta de calidad y algunas veces erróneos, por lo tanto, existe una preocupación por los errores más comunes que se generan al interior de estas instituciones públicas y privadas, pues se sabe que menos del 5 por ciento cumplen con la norma NMX-EC-15189-IMNC-2015.
Esta norma mexicana especifica los requisitos de la calidad y competencia en los laboratorios clínicos, para el desarrollo de sus sistemas de gestión de la calidad y la evaluación de su propia competencia, también puede ser utilizada para confirmar o reconocer la competencia de los laboratorios clínicos por los clientes del laboratorio, autoridades regulatorias y organismos de acreditación, que marca los requisitos de calidad y competencia de estos establecimientos Esta norma coincide totalmente con la norma internacional ISO 15189:2012, Medical Laboratories Requirements for Quality and Competence .
La acreditación es el acto que da la seguridad y avala que los laboratorios (ensayos, calibración, clínicos, forenses e investigación), unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación, ejecuten las regulaciones, normas o estándares correspondientes con precisión para que comprueben, verifiquen o certifiquen los productos y servicios que consume la sociedad.
Como hemos señalado, la prevención es de suma importancia, así como la detección oportuna, de ahí la importancia de manejar con gran exactitud los estudios que permiten detectar a tiempo cualquier enfermedad en niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores; la falta de laboratorios acreditados y que den seguimiento a la normatividad mexicana, como es la aplicación de la NOM-007-SSA3-2012, son un obstáculo para garantizar el derecho a la salud consagrado en el artículo 4o. constitucional.
Los cambios producidos durante los últimos años en el sector salud han motivado un constante incremento en las pruebas de laboratorio, tanto en cantidad como en variedad y complejidad, y han transformado al laboratorio clínico en una parte cada vez más importante de la atención del paciente.
El laboratorio clínico, como se ha señalado, es el lugar donde los profesionales y técnicos en análisis clínicos analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. También se conoce como laboratorio de patología clínica, y utiliza las metodologías de diversas disciplinas como la bioquímica (también llamada química clínica), hematología, inmunología y microbiología.
Los laboratorios demuestran su competencia técnica, asegurando la calidad de los resultados de los exámenes clínicos a través la comprobación del cumplimiento con los requisitos sobre estructura y organización, ética e imparcialidad, sistema de gestión de la calidad, personal, equipo, procedimientos técnicos, validación de métodos, calibración, trazabilidad, etcétera; establecidos en las normas oficiales mexicanas “NOM” como la NOM-007-SSA3-2012 y normas mexicanas “NMX” como la NMX-EC-15189-IMNC-2015.
Al tener la certeza que los laboratorios clínicos cuentan con la acreditación vigente expedida por una entidad de acreditación que reconozca su competencia técnica y su confiabilidad, estaremos en posibilidad de obtener resultados precisos muy satisfactorios y con ello brindar certeza, competencia técnica, transparencia, confianza y calidad en el diagnóstico médico.
Es de suma importancia señalar que, en México, como resultado de un desarrollo cada vez más dinámico por parte de la sociedad, la población debido a sus ocupaciones, reducción de tiempo e incluso por comodidad o hasta ignorancia, decide en la desesperación por encontrar una solución inmediata a sus problemas, realizarse los análisis sin verificar si el laboratorio cuenta con alguna certificación o si reúne las condiciones necesarias para un resultado certero.
Por tal motivo, es necesario considerar que la población, independientemente de su condición, particularmente aquellos que padecen una enfermedad y requieren un diagnóstico preciso, tiene derecho a la salud; en consecuencia, es necesario dirigir, vigilar y aplicar la normatividad a los laboratorios clínicos para que garanticen la calidad en el servicio y permitan una atención y un tratamiento con calidad y con certeza.
Para garantizar lo anterior, debe verificarse la aplicación de la NOM-007-SSA3-2012 y demás normatividad aplicable, así como la NMX-EC-15189-IMNC-2015; de igual forma, debe reforzarse su aplicación y establecer programas para su conocimiento y vigilar el cumplimiento de la normatividad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a verificar la aplicación y cumplimiento de la norma NOM-007-SSA3-2012 y demás normas aplicables a laboratorios clínicos, para generar las acciones necesarias que den cumplimiento a las especificaciones que se deben satisfacer para la organización y funcionamiento de los mismos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias competentes en la materia a realizar las acciones necesarias en las 32 entidades federativas, para que, resultado de verificar la aplicación y el cumplimiento de las normas aplicables a los laboratorios clínicos, aplique las sanciones correspondientes a los establecimientos que no cumplan con la normatividad aplicable y, en su caso, realizar la clausura temporal o definitiva, parcial o total de los mismos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a hacer públicas las medidas y acciones de vigilancia sanitaria que realiza para la aplicación de la norma NMX-EC-15189-IMNC2015 para que los laboratorios clínicos cumplan con los requisitos de calidad y competencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (rubrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a retomar, evaluar e informar por la Ssa a la opinión pública sobre los avances del “Plan de acción del Alzheimer y otras demencias en México 2014”, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN
Dulce Alejandra García Morlan, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79 numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se retomen, evalúen e informen a la opinión pública los avances obtenidos del “Plan de Acción del Alzheimer y otras demencias en México 2014” ejecutada por el Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer; así como para que se impulsen y prioricen políticas públicas para concientizar, prevenir, detectar y atender de manera efectiva y oportuna el Alzheimer y otras demencias. Al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su fracción I establece que, a la Secretaría de Salud, le corresponde elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y salubridad general, así como coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, los agrupamientos por funciones y programas que se determinen.
La población mundial está envejeciendo aceleradamente, lo que se debe en gran parte a la mejoría en la atención de la salud durante el último siglo, traducida en vidas más largas y saludables. Sin embargo, este logro también ha tenido como resultado un aumento en el número de personas con enfermedades no transmisibles, dentro de las que figuran, la demencia.
Según datos del informe “Perspectivas de la población mundial 2019”, en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16 por ciento), más que la proporción actual de una de cada 11 en 2019 (9 por ciento). Para 2050, una de cada cuatro personas que viven en Europa y América del Norte podría tener 65 años o más. En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de cinco años en todo el mundo. Se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050.
Actualmente, hay más de 13 millones de adultos mayores de 60 años en México; en este contexto, la discapacidad generada por la demencia es una amenaza importante para la calidad de vida y la autonomía de nuestros ancianos.
La enfermedad del Alzheimer es la forma más común de demencia, es un trastorno neurodegenerativo, progresivo e irreversible cuya principal manifestación clínica es la afectación de la memoria, y que se acompaña de alteraciones de la conducta, problemas de comunicación y razonamiento que impiden la realización de actividades de la vida diaria.
Según el World Alzheimer Report estimó que en 2015 había poco más de 800 mil personas con demencia en México, esto representa que aproximadamente 8 por ciento de la población adulta en México sufre este tipo de enfermedad, de las cuales las mujeres (64 por ciento) son las que mayormente sufren este padecimiento ya que, en general, tienen una vida más larga.1
Se espera que, en el país, para 2030, el número de personas con demencia aumente a poco más de 1.5 millones y para 2050 alcanzará la alarmante cifra de 3.5 millones y, por lo tanto, el impacto de la enfermedad en los sistemas económicos, sociales y de salud será aún más grave. El impacto económico asociado con el cuidado de una persona afectada con Alzheimer, la falta de una cura que evite el deterioro progresivo, la discapacidad y la dependencia; la gran carga física y emocional para la familia y los cuidadores, así como las limitaciones que prevalecen en el sistema de salud a este respecto, a menudo nos enfrentan a dilemas éticos.
En el caso de México, el costo total estimado per cápita es de 6 mil 157 dólares para el cuidado de una persona con demencia. La proporción de pacientes con demencia que requieren atención especializada es 40 por ciento del total de sujetos afectados. Los gastos de bolsillo catastróficos llegan hasta 60 por ciento de las familias que asumen el cuidado de una persona afectada con demencia.
En 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental, el cual incluyó a la demencia como una afección prioritaria. En 2011, en la Reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la prevención y control de enfermedades no transmisibles, se adoptó una Declaración Política que admitía que “la carga mundial de las enfermedades no transmisibles constituye uno de los mayores retos para el desarrollo en el siglo XXI”; también reconoció que los “trastornos mentales y neurológicos, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, son una causa importante de morbilidad y contribuyen a la carga mundial de las enfermedades no transmisibles”.
El Instituto Nacional de Geriatría en apoyo a la Secretaría de Salud en la elaboración y ejecución de los programas sectoriales, convocó –junto con la Academia– al foro de consulta “Envejecimiento y salud: investigación para un plan de acción” realizado el 10 de abril de 2013. Ahí se presentó la información actualizada sobre el envejecimiento, la vejez y la salud en México, obtenida a partir de diferentes fuentes de información, destacando la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 y las encuestas estatales sobre Salud y Bienestar en el Envejecimiento (Sabe), con la finalidad de contribuir a la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Salud 2012-2018.
En ese sentido, el Plan de Acción Alzheimer y otras demencias, propuesto aquí se insertaron en dos metas específicas del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018: México Incluyente y México con Educación de Calidad.
Sin duda, la medida mencionada es un avance significativo en México para combatir la demencia, por ello mismo resulta indispensable que como todo plan, pueda someterse a revisión y análisis, con el firme propósito de poder seguir mejorándolo a beneficio de las y los mexicanos.
Como medida de política pública, es importante también que el Plan de Acción de Alzheimer y otras demencias en México pueda seguir desarrollándose como un tema prioritario en la agenda de salud pública nacional.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud se retomen, evalúen e informen a la opinión pública los avances obtenidos del “Plan de Acción del Alzheimer y otras demencias en México 2014” ejecutada por el Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud impulse y priorice acciones de políticas públicas para concientizar, prevenir, detectar y atender de manera efectiva y oportuna el Alzheimer y otras demencias; incluyendo acciones de capacitación y atención dirigidas a los cuidadores de enfermos de los diferentes tipos de demencias.
Nota
1 Prince M, Prina M, Guerchet M. World Alzheimer Report 2013: Journey of Caring. An analysis of long-term care for dementia. Alzheimer’s Disease International. London, UK; 2013
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la seguridad, la integridad y el respeto de los derechos humanos de los reos, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los centros penitenciarios son de vital importancia en la readaptación social de los internos, por lo que en todo momento se deben garantizar condiciones adecuadas de estancia digna, seguridad jurídica y respeto de los derechos humanos.
Lamentablemente, esto no sucede en las penitenciarías de la Ciudad de México, donde las denuncias de abusos contra los derechos de los internos, autogobierno, cobro de piso, riñas y sobrepoblación son constantes tanto por los sentenciados como por sus familiares y las propias autoridades.
Uno de los últimos acontecimientos fue un intento de motín en el reclusorio oriente, de Iztapalapa, el cual dejó una persona fallecida, ocho heridos y al menos una decena de intoxicados, que fueron llevados a diversos nosocomios para valoración y atención.
Conforme a las primeras investigaciones, el enfrentamiento inició cuando se informó que se realizaría un traslado de reos a otras celdas, lo que desató la inconformidad, e internos del dormitorio anexo 7 intentaron ingresar en los anexos 3 y 6, generando disturbios.1
Según testimonios de reclusos, fueron golpeados con palos, tubos y navajas, además de ser amenazados de muerte. Peor aún, han denunciado que los funcionarios y guardias de la penitenciaría propician este clima violento en el penal, a fin de cobrar cuotas para obtener ciertos beneficios.
El subsecretario del Sistema Penitenciario indicó que por la magnitud de los hechos fue necesaria la participación de agentes especializados para contener el “motín”, en contravención de lo que declaró la jefa del gobierno, quien dijo que se trató sólo de una “riña”.
Minimizar estos sucesos y no destinar mayores recursos, personal e infraestructura derivará en autogobierno y empoderamiento de las células delictivas que con total impunidad y al amparo del poder amedrentan en los reclusorios de la Ciudad de México y fuera de ellos.
Los familiares acusaron que una constante en estos hechos fue la falta de información sobre el estado en que se encontraban sus familiares, las personas fallecidas y los internos, que por sus heridas ameritaron ser trasladadas a hospitales, situación que generó incertidumbre.
No es la primera ocasión en que se presentan hechos de estas características. Ejemplo de ello, es que el pasado 15 de agosto tres personas fallecieron y siete más resultaron heridas por un incendio registrado en uno de los dormitorios del mismo reclusorio, lo cual evidencia las malas condiciones de seguridad, protección civil y estancia digna.
Los hechos descritos son clara violación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para la Ciudad de México, la cual establece que “a toda persona penalmente privada de su libertad se le tratará con respeto absoluto a su integridad física, psíquica y moral; a su dignidad humana y a sus derechos y garantías fundamentales, en apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano”.2
También representa faltas del régimen disciplinario, que considera “poner en peligro su seguridad, la de sus compañeros o la del centro penitenciario; desobedecer las disposiciones en materia de seguridad o custodia; ocultar los objetos propiedad o de uso de los demás internos e instigar a otros internos a no obedecer las reglas y órdenes legítimas de los servidores públicos del centro penitenciario”, entre otras.
De no atenderse con oportunidad, eficiencia y transparencia cuestiones como una adecuada clasificación de internos, seguridad en las instalaciones y custodia capacitada, no se logrará una reinserción social efectiva; por el contrario, sólo se estará vulnerando la integridad de los internos. De ahí la relevancia de hacer visible esta problemática y promover el involucramiento de las autoridades de la Ciudad de México.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad urgente de acrecentar y fortalecer las estrategias hasta ahora implantadas con objeto de que se aseguren en los centros penitenciarios de la capital del país, condiciones de seguridad y respeto de los derechos humanos, pero sobre todo se atiendan y prevengan el hacinamiento, las vejaciones y cualquier manifestación de autogobierno.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario fortalezca, amplíe e incremente sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad, la integridad y el respeto de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios de la localidad, ante el incremento de las denuncias de homicidios, riñas y autogobierno, en particular en el reclusorio oriente, de Iztapalapa.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer sus estrategias de supervisión, revisión y seguimiento, a fin de que se cumplan los objetivos de los programas de readaptación y reinserción en los centros penitenciarios; asimismo, a emprender un programa de actualización de los protocolos para garantizar la seguridad de los internos, ante el intento de motín registrado en el reclusorio oriente el pasado 12 de septiembre.
Notas
1 Elba Mónica Bravo (2019). “Intento de motín en el reclusorio oriente”, 17 de septiembre de 2019, de La Jornada. Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2019/09/12/intento-de-motin- en-el-reclusorio-oriente-1149.html
2 Gobierno de la Ciudad de México (2011). Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para la Ciudad de México, 17 de septiembre de 2019, del Diario Oficial de la Ciudad de México, 17 de junio de 2011. Sitio web:
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/pu blic/59a/88b/064/59a88b06460ed446421781.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Segob a incluir en los planes de trabajo de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México la promoción y el reconocimiento del papel de las Fuerzas Armadas, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a la secretaria de Gobernación a incluir en los planes de trabajo de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México la promoción y el reconocimiento del papel de las Fuerzas Armadas en México y se consolide su memoria como uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Medios de comunicación y redes sociales dieron a conocer agresiones que sufrieron elementos del Ejército Mexicano el pasado lunes 9 de septiembre, en Apango, Acajete, Puebla. Personal militar localizó en este poblado una bodega con indicios de que en su interior se resguardaban vehículos robados para proceder a vigilar la zona y esperar la presencia de las autoridades locales para la obtención de la orden de cateo correspondiente. Luego entonces, una masa de pobladores los agredió; sin embargo, las tropas mantuvieron el control y se limitaron a realizar disparos al aire como una medida disuasiva.1
La gravedad del asunto reside en que esta agresión descrita no es un hecho aislado sino una constante in crescendo de agresiones a las fuerzas armadas del país y que conllevan a un detrimento a su imagen. No olvidemos que las fuerzas armadas poseen de acuerdo con el Inegi más de 84 por ciento de la confianza entre los mexicanos”.2
Aplicar la ley significa respetar los derechos humanos y, al mismo tiempo, respetar a las Fuerzas Armadas. El diputado federal Benito Medina Herrera, desde la curul, condenó el pasado 10 de septiembre las 126 agresiones que las Fuerzas Armadas han recibido en lo que va de 2019.3 Asimismo, denunció que los grupos criminales utilizan a la población para agredir a los militares:
Por defender las instituciones, la lealtad de la patria y al pueblo de México (han sido agredidos): esto no es permisible, las fuerzas armadas están para servir y defender a México y a los mexicanos. Somos pueblo uniformado y ante la delincuencia organizada y la violencia desatada en el país tenemos las capacidades para atenderla y responder a ella.
Pero, como soldados y marinos, nunca vamos a agredir a ninguna persona del pueblo mexicano y eso desgraciadamente ellos lo saben (el crimen) y lo están aprovechando para podernos hacer que nos repleguemos. Hago un respetuoso llamado a ustedes para manifestarnos por todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas que han sido agredidos y caído en cumplimiento del deber.4
Posteriormente, en un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional se informó:5
Se hace del conocimiento de la sociedad que, ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país y sean objeto de una agresión, se actuara? en su defensa legítima conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad.
El instituto armado aseguró en un comunicado que dicha determinación se toma para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, “con estricto apego al orden jurídico vigente y a los derechos humanos”.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que la Sedena, la Marina y cualquier corporación como la Guardia Nacional, su único límite es no hacer nada que establezca la ley, y la aplicación de la ley para hacer uso de la fuerza tiene sus parámetros “para el uso de la fuerza hay una proporcionalidad, el uso racional de la misma, un fin legítimo y siguiendo los protocolos de acuerdo a las circunstancia, respetando derechos humanos, pero cumpliendo la ley”.6
Ante los altos índices delictivos se requiere cerrar filas, en el primer semestre de 2019 hubo 17 mil 138 homicidios dolosos,7 el narcotráfico sigue operando con gran capacidad de despliegue y acción, y no se han visto señales de que se haya reducido el crimen organizado.
Los gobernadores, presidentes municipales, las fiscalías estatales, y las policías estatales y las municipales deben ser parte de una estrategia que coadyuve a salvaguardar la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas en materia de seguridad pública, no deben hacerse a un lado en esta obligación. En el noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de la Constitución Política Mexicana se establece que corresponde a las fuerzas civiles las tareas de seguridad pública:
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.8
Las Fuerzas Armadas nacen de la Revolución Mexicana, a diferencia de otros cuerpos armados a nivel América Latina, se formaron por el pueblo, campesinos y ciudadanos provenientes de las clases populares.9 Hoy se les confían las labores de seguridad nacional y tareas delicadas de seguridad pública ante el incremento de los índices delictivos.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que no se debe cohibir la legítima defensa de las Fuerzas Armadas conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad, con el pretexto de evitar actos de represión. Eso, además de ser una grave confusión, atenta contra su consolidación como institución del Estado mexicano, atenta contra la idea que se tiene de las Fuerzas Armadas como pueblo uniformado, como ha señalado el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y no podemos dejar de reconocer su gran trabajo histórico de proteger y salvaguardar día con día a la nación.
Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a la secretaria de Gobernación para que se incluya en los planes de trabajo de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México la promoción y el reconocimiento del papel de las Fuerzas Armadas en México y se consolide su memoria como uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos para que en el ámbito de sus atribuciones se refuercen las acciones para salvaguardar la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas en materia de seguridad pública.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas a fortalecer las acciones a fin de castigar las agresiones hacia las Fuerzas Armadas.
Notas
1 <http://bit.ly/2kob3HF> Consultado el 16 de septiembre de 2019.
2 <http://bit.ly/2lRXOPV> Consultado el 16 de septiembre de 2019.
3 Sesión ordinaria del martes 10 de septiembre de 2019.
4 <http://bit.ly/2kkraWv> Consultado el 16 de septiembre de 2019.
5 <http://bit.ly/2kob3HF> Consultado el 16 de septiembre de 2019.
6 <http://bit.ly/2lQkNe1> Consultado el 16 de septiembre de 2019.
7 <http://bit.ly/2khuyBs> Consultado el 16 de septiembre de 2019.
8 <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf> Consultado el 16 de septiembre de 2019.
9 “Las Fuerzas Armadas y la seguridad en México”, en Foreign Affairs Latinoamérica 17, 4 (octubre-diciembre de 2017), páginas 9-18.
Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a agilizar la instauración de los planes y protocolos previstos en el Programa Nacional contra la Sequía y declarar en emergencia los municipios de Veracruz, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1 fracción II y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, a agilizar la aplicación de los planes y protocolos contemplados en el Programa Nacional contra la Sequía y a declarar en situación de emergencia a los municipios del estado de Veracruz que se encuentran en condición de sequía extrema y excepcional; y al gobierno del estado de Veracruz y las autoridades de los municipios afectados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, con las autoridades federales y a destinar recursos materiales, financieros y humanos a fin de resolver, a la brevedad posible, los problemas que este fenómeno esta ocasionado en el estado de Veracruz, ante las siguientes
Consideraciones
La variación y aumento de las temperaturas a nivel mundial se convierte cada vez más en un gran y grave problema, por lo cual los gobiernos del mundo se han planteado estrategias y objetivos para contrarrestarlo; sin embargo, este fenómeno sigue afectando ambiental, social y económicamente a nuestra sociedad.
La sequía se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de la tierra. La sequía es considerada uno de los fenómenos naturales más devastadores, debido a que detiene la producción de alimentos, agota pastizales y, en caso extremo, causa la muerte a personas y animales.1
Por ello, el tema de la sequía se ha convertido en uno de los más importantes, ya que corresponde al Estado crear los programas y medios idóneos para prevenir y contrarrestar sus efectos.
En México, la Ley de Aguas Nacionales, establece que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. Esta misma ley establece medidas extraordinarias para atender las sequías, asimismo, desde el año 2013, la Conagua trabaja con planes y acciones ante eventuales situaciones de escasez temporal de agua.
El Programa Nacional contra la Sequía (Pronacose) promueve la elaboración de programas, medidas preventivas y de mitigación a la sequía, con el objetivo general de minimizar impactos ambientales, económicos y sociales ante eventuales situaciones de escasez temporal de agua. Es decir, con estas acciones se plantea, entre otros aspectos, minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la priorización de usos establecidos en la legislación de aguas y en los programas hídricos.
Asimismo, el plan de monitoreo de este programa se basa en la obtención e interpretación de diversos índices o indicadores de sequía para determinar las regiones afectadas por este fenómeno, así como la escala de intensidades; y establece que la vulnerabilidad se define como el grado en el que un sistema, región o población es susceptible a los efectos adversos de un fenómeno natural, como puede ser la sequía y que el peligro o amenaza es la probabilidad de que ocurra un evento de cierta magnitud en un sitio y en un tiempo dado y produzca daños.
En 2019, este monitoreo, estableció la categoría de sequía extrema para el estado de Veracruz; desafortunadamente, el monitoreo resultó cierto y además se pronostica continuará afectando a la población; al 31 de agosto de 2019 se reporta que la afectación alcanza 93.5 por ciento de la superficie territorial de nuestro estado.2 Varios productores ganaderos y agrícolas han reportado que por motivo de las sequías han tenido bajas de hasta 70 por ciento del ganado en varias localidades.
Debemos señalar que en 201 (94.8 por ciento) de los 212 municipios del estado, se registran condiciones de sequía en las categorías moderada, severa, extrema y excepcional. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Conagua en el estado de Veracruz, la sequía aumentó al finalizar el mes de agosto afectando a 49 municipios en la categoría de intensidad moderada; intensidad severa en 77 municipios de la zona norte y sur del estado; con categoría intensidad extrema en 71 municipios de las cuencas de los ríos Coatzacoalcos, Pánuco, Papaloapan y del Tuxpan al Jamapa; y se alcanza la categoría sequía excepcional en los municipios de Jesús Carranza, Minatitlán, Hidalgotitlán y Uxpanapa.3
Es importante señalar que, de acuerdo con los estándares internacionales la intensidad de las sequías, se establece lo siguiente clasificación:
• Anormalmente seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía. Se presenta al principio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de un periodo de sequía: debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios. Al final del periodo de la sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.
• Sequía moderada (D1): se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos; se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua.
• Sequía Severa (D2): se da cuando existen pérdidas en cultivos o pastos, existe un alto riesgo de incendios y la escasez de agua es común. En este caso se recomienda imponer restricciones de uso del agua.
• Sequía Extrema (D3): en este caso se producen mayores pérdidas en cultivos o pastos, existe peligro extremo de incendios forestales, y se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez.
• Sequía Excepcional (D4): esta categoría se alcanza cuando se presentan pérdidas relevantes y generalizadas de los cultivos o pastos; existen riesgos de incendio excepcional; se produce escasez de agua en los embalses, arroyos y pozo se crean situaciones de emergencia debido a la ausencia de agua.
Se considera sequía desde sequía moderada (D1) hasta la sequía excepcional (D4).
El Programa Nacional contra la Sequía, establece el Protocolo de Alerta y de Acciones para Sequías, mismo que dispone medidas previas, de atención de la sequía y acciones posteriores a ella, que van desde monitoreo de la sequía hasta la declaración de emergencia para entregar recursos a los productores afectados y a los municipios.4 En este sentido, el punto de acuerdo se realiza con fundamento en las demandas sociales de miles de agricultores del estado de Veracruz que no han recibido la atención correspondiente, por ello es necesario implementar, a la brevedad posible, las acciones que resuelvan este fenómeno por parte de las instancias correspondientes. En este sentido y con la finalidad de atender a la población afectada, someto a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a agilizar la implementación de los planes y protocolos contemplados en el Programa Nacional contra la Sequía y a declarar en situación de emergencia a los municipios del estado de Veracruz que se encuentran en estado de sequía extrema y excepcional.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz y a las autoridades de los municipios afectados, en el ámbito de sus competencias, a coordinarse con las autoridades federales y a destinar recursos materiales, financieros y humanos a fin de resolver a la brevedad posible los problemas que este fenómeno está ocasionando en la entidad.
Notas
1 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/81803
2 Monitor de la Sequía Visto en: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contr a-la-sequia-monitoreo-de-la-sequia-64594
3 Veracruz, la entidad más afectada por sequias, la situación continuará: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-la-entidad-mas-afe ctada-por-sequia-situacion-continuara-295763.html#.XVq1EuhKjIU
4 Protocolo de Alerta y de Acciones para Sequías Visto en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112181/Protocolo_AlertaS equias.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades federales y de Veracruz a difundir los certificados de las evaluaciones de control de confianza que obligatoriamente debieron acreditar diversos servidores públicos locales, suscrita por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Norma Azucena Rodríguez Zamora, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Cámara proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, determina que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución de los mismos y ordena que las instituciones competentes de los tres órdenes de gobierno conformen el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. El artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que entre los órganos que integran el sistema nacional de la materia están los consejos locales que, en términos del artículo 34 de la misma ley, son los responsables de dar seguimiento, en su ámbito de competencia, a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el consejo nacional.
3. Por disposición del actual gobierno federal, los integrantes de las llamadas “Coordinaciones Estatales de Seguridad Pública” son:
• Un secretario técnico,
• El gobernador del Estado,
• El secretario de Gobierno ,
• El comandante de la zona militar,
• El comandante de la zona naval (en donde corresponde),
• El coordinador estatal de la Guardia Nacional,
• El jefe de estación de la Policía Federal,
• El secretario de Seguridad del Estado ,
• La Fiscalía o Procuraduría General de Justicia del Estado ,
• El representante de la Fiscalía General, y
• El delegado estatal de Programas para el Desarrollo .1
4. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus artículos 96 y 97, dispone que las instituciones de seguridad pública contratarán únicamente al personal que cuente con el certificado expedido por un Centro de Control de Confianza acreditado.
5. La Ley Número 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el estado de Veracruz, en sus artículos 212, 213 y 214 estipulan respectivamente que:
a) la certificación es el proceso mediante el cual los aspirantes e integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones establecidas por el Centro de Evaluación, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia;
b) las instituciones de seguridad pública contratarán únicamente al personal operativo que cuente con el certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido en la ley general y en la presente ley; y que
c) ningún aspirante podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública, ni los integrantes permanecer en las mismas, sin contar con el certificado y registro vigentes.
6. Es de todos conocida la crisis de violencia e inseguridad que, lamentablemente, se ha profundizado en el estado de Veracruz, particularmente en lo que va de la administración del gobernador Cuitláhuac García.
7. Dado que el consejo local de seguridad pública, llamado también “Coordinación Estatal” de esa materia, es parte integrante del sistema nacional y cuenta con atribuciones para definir la estrategia y las acciones de seguridad pública en el estado de Veracruz, sus integrantes están obligados por ley a presentar y aprobar los exámenes de control de confianza inherentes a la función.
8. Es de conocimiento público que algunos de los funcionarios integrantes del Consejo Local de Seguridad Pública de Veracruz no cuentan con el certificado y registro vigente de control de confianza, indispensable para formar parte de las instituciones de seguridad pública. Tales funcionarios son:
a) El Secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.
b) El Secretario de Seguridad Pública de dicho estado, Hugo Gutiérrez Maldonado.
c) La “encargada del despacho” de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.
d) El delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
9. La situación que sufren los veracruzanos, con una criminalidad desbordada que no se tienta el corazón para extorsionar a la población y desatar masacres como las de Minatitlán y Coatzacoalcos hace imperativo, más que nunca, que las personas que integran las instituciones de seguridad pública sean capaces, honestas e idóneas para desempeñar sus cargos. Particularmente, es imprescindible que dichas personas acrediten las evaluaciones de control de confianza que las leyes ponen como requisitos para el ingreso y la permanencia en esas instituciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta al ciudadano Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y al ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz, a que hagan pública la información sobre la certificación de las evaluaciones de control de confianza en los casos de:
a) El secretario de Gobierno de Veracruz, Éric Patrocinio Cisneros Burgos.
b) El secretario de Seguridad Pública de dicho estado, Hugo Gutiérrez Maldonado.
c) La encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.
d) El delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Nota
1 Presidencia de la República (2019). 1 Informe de Gobierno 2018-2019. Ed. Gobierno de México, p. 49.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputados: Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Puebla a trabajar con el Ejecutivo federal y municipios para implantar acciones y programas encaminados a prevenir y combatir el aumento de delitos y violencia, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1 y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con Michel Foucault, la seguridad es un concepto que nace junto al liberalismo, y se refiere a una forma de gobernar con el objetivo de “[...] garantizar que los individuos o la colectividad estén expuestos lo menos posible a los peligros”, lo que lleva a la implementación de procedimientos de control, coacción y coerción en torno a la salud (control de enfermedades e higiene), el crimen, así como el combate a las conductas “antisociales” y la defensa frente a amenazas externas al estado, identificadas principalmente en la acción de otros estados.1
En este sentido el papel de la seguridad pública es, además de mantener el orden, establecer un equilibrio entre los intereses constitucionales que se encuentren en conflicto o, en otras palabras, resolver problemas entre los integrantes de una misma sociedad, por medio de la impartición de justicia.
Por su parte la inseguridad actualmente es un tema que representa una de las grandes dificultades de México. Una de las maneras en las que se ve representada es como los delitos van en una trayectoria ascendente, en el vivir de la población. Esta situación se refleja diariamente en una creciente violencia. Este déficit de seguridad que está presente, afecta en gran medida nuestra democracia y repercute en cuestiones de gobernabilidad, estabilidad social y política en nuestro país y en nuestros estados.
El estado de Puebla es unos de los puntos rojos del país al colocarse entre los tres estados del país en los que se registró el mayor incremento de la incidencia si se compara el mes de junio del año pasado con el mismo mes de este año. De enero a julio del presente año creció en 35.9 por ciento la incidencia delictiva en el estado de Puebla, reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). En dicho periodo de 2019 fueron abiertas 47 mil 542 carpetas de investigación en las que pueden estar involucradas una o más víctimas y ofendidos; mientras que para el mismo lapso de 2018 sumaron 34 mil 983.2
La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría General de la República en el fuero federal. Los delitos del fuero común son los que afectan directamente a las personas en lo individual. Los que se cometen con mayor frecuencia son: robo a transeúntes, robo de vehículo, robo a casa habitación, lesiones, homicidios, ataques a la paz pública, feminicidios, secuestros y robo de ganado, entre otros.3
En una nota periodística, Verónica García Morales, profesora investigadora de la Universidad de Barcelona y profesora invitada por el Decanato de Ciencias Sociales de la UPAEP, señaló que, de acuerdo con la encuesta de Seguridad en Entornos Urbanos de 2018, en Puebla 9 de cada 10 poblanos indicaron sentirse inseguros, por tanto, esta percepción que se acrecienta cada día más, no permite disfrutar de vivir en la ciudad bajo los términos de seguridad y sostenibilidad.4
Los datos presentados exponen la necesidad de trabajar en acciones para que gobiernos locales puedan proveer y garantizar seguridad ciudadana más efectivamente.
La inseguridad y la violencia son dos fenómenos que agobian al estado de Puebla y que envuelven a la ciudadanía en un temor e incertidumbre por la intimidación y el acoso de la subversión y la delincuencia, es prioridad atender:
• Fortalecimiento de los instrumentos jurídicos para castigar al delincuente, vigorizar e intensificar los servicios de inteligencia, especialmente en lugares donde existan más focos de criminalidad y;
• Atender de manera eficaz las denuncias presentadas por la ciudadanía, con la finalidad de combatir la impunidad y el delito.
El Estado mexicano tiene asignadas a las instituciones encargadas de la seguridad pública y lo podemos afirmar entonces en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 21. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.5
Asimismo en el inciso C del mismo artículo nos indica que las autoridades competentes tendrán la obligación de “La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos”.6
La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, establece que la seguridad pública tiene como finalidad la salvaguarda de la integridad física, los derechos y sus bienes de las personas, tal y como lo establece el artículo 2 de este ordenamiento.
“Artículo 2. La seguridad pública es la función a cargo de la federación, el estado y los municipios conforme a la distribución de competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como fines salvaguardar la integridad física, los derechos y bienes de las personas; preservar las libertades, la paz y el orden público; y comprende la prevención especial y general de los delitos y la investigación para hacerla efectiva; la sanción de las infracciones administrativas; la investigación y la persecución de los delitos; y, la reinserción social de las personas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”7
Para dar cumplimiento a las funciones de seguridad pública el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que la institución del ministerio se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. Asimismo, el artículo 96 de la misma Constitución, contempla que el Ministerio Público estará a cargo de un fiscal general del estado, quien para el ejercicio de funciones contará con las fiscalías regionales o especializadas y el personal necesario bajo su autoridad y mando directo.8
Dentro de las facultades de la Fiscalía General del Estado de Puebla se hayan las siguientes condiciones:
• Perseguir los delitos del orden común cometidos en el territorio del estado de Puebla;
• Representar los intereses de la sociedad y promover una pronta, completa y debida impartición de justicia, que abarque la reparación del daño causado, la protección de los derechos de las víctimas y el respeto a los derechos humanos;
• Investigar y perseguir los delitos del orden común en el estado de Puebla, con independencia y autonomía, en beneficio de víctimas, ofendidos, testigos e imputados;
• Agotar las posibilidades de esclarecimiento de los hechos delictivos de los que se tenga noticia o se reciba denuncia, mediante una investigación imparcial, eficiente, legal, objetiva, profesional y responsable, para refundar la Institución del Ministerio Público y;
• Garantizar a la sociedad el acceso pronto a la justicia.
La creciente violencia expuesta por distintos medios de comunicación que sufren los municipios de General Felipe Ángeles, Esperanza, Atzitzintla y Chalchicomula de Sesma, es una realidad que se debe atender a la brevedad.
El tema de la inseguridad en los municipios del estado se debe a las malas estrategias implementadas por las anteriores administraciones, por ello es necesario que en esta nueva realidad política-social que vive el estado, se coordine el esfuerzo de los tres niveles de gobierno.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Puebla a trabajar en conjunto con el Ejecutivo federal y municipios para implementar acciones y programas encaminados a combatir y prevenir el aumento de delitos y de violencia que se han presentado en los últimos meses en la entidad.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Puebla a coordinar estrategias para reducir la violencia creciente en los municipios de General Felipe Ángeles, Esperanza, Atzitzintla y Chalchicomula de Sesma.
Notas
1 Foucault, Michel. 2010. El nacimiento de la biopolítica. Argentina: Fondo de Cultura Económica. pp.86
2 Patricia Gutiérrez Rodríguez. (2019). En 7 meses crecieron 40% delitos en Puebla; Feminicidios aumentaron 177%: SNSP. 11/09/2019, de La Jornada de Oriente Puebla Sitio web:
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/incidencia-d elictiva-snsp/
3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4 Unión Puebla. (2019). Principal preocupación de la sociedad es la inseguridad: UPAEP. 11/09/2019, de Unión Puebla Sitio web: http://www.unionpuebla.mx/articulo/2019/09/04/educacion/principalpreocu pacion-de-la-sociedad-es-la-inseguridad-upaep
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6 Ibídem.
7 Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, artículo 2.
8 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de convocar a la secretaria de Bienestar a reunirse con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para conocer a detalle la política de atención e inclusión social de la población con discapacidad, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas.1
Las personas con discapacidad son un sector de la población que tiene dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, psicológicas y/o conductuales.2 De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.
En México, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que, en 2014, 6 por ciento de la población mexicana (aproximadamente 7.1 millones de personas) manifestó tener algún tipo de discapacidad (INEGI 2016).3 Se estima que, de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones vive al menos una persona con discapacidad (19 de cada 100). Las dificultades para caminar son el tipo de discapacidad más frecuente (64 por ciento), seguidas de las dificultades para ver (58 por ciento), aprender, recordar o concentrarse (39 por ciento), escuchar incluso con aparato auditivo (34 por ciento), mover o usar los brazos o manos (33 por ciento), bañarse, vestirse o comer (24 por ciento), problemas emocionales o mentales (20 por ciento) y, finalmente, hablar o comunicarse (18 por ciento).
Las principales causas de discapacidad son las enfermedades (41 por ciento), la edad avanzada (33 por ciento), el nacimiento (11 por ciento), los accidentes (9 por ciento) y la violencia (0.6 por ciento). La distribución es similar por género, aunque las mujeres reportan porcentajes más altos en discapacidad por edad avanzada (36 por ciento) y enfermedad (44 por ciento), mientras los hombres los reportan por accidentes (12 por ciento) y nacimiento (13 por ciento).
La mayoría de las personas con discapacidad (ocho de cada 10) tiene más de 29 años: 47 por ciento está formada por personas adultas mayores (60 años y más) y 35 por ciento por personas adultas entre 30 y 59 años. Esto contrasta con la estructura etaria de la población sin discapacidad (60 por ciento tienen menos de 30 años).
La mayoría de hogares que tienen personas con discapacidad está en los deciles de ingreso más bajos. Hasta 45 por ciento de los ingresos de esos hogares proviene de transferencias oficiales (54.7 por ciento del total) y de otro tipo.
Asimismo, los hogares que tienen personas con discapacidad gastan más en alimentos, vivienda y cuidados de la salud que el resto. Dicho gasto puede ser hasta tres veces más alto que en hogares sin personas con discapacidad.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, indica que casi la mitad de las personas con discapacidad (48 por ciento) considera que sus derechos no se respetan y, de hecho, casi la tercera parte (31 por ciento) afirmó que en los últimos cinco años se les negó algún derecho sin justificación. Sus principales problemas incluyen en la falta de accesibilidad en la infraestructura y equipamiento público, así como la falta de oportunidad para encontrar empleo.
El panorama para las personas con discapacidad es poco alentador, por lo que es necesario y urgente que el gobierno en funciones atienda de manera efectiva las necesidades de este sector de la población, erradicando cualquier situación que vulnere sus derechos.
Cabe mencionar que el Estado mexicano firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 17 de diciembre del mismo año, adquiriendo el compromiso de respetar, reconocer y garantizar los principios y derechos en ella contenidos.
Este instrumento adopta por primera vez una amplia clasificación de las personas con discapacidad, además, establece que todas las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de igualdad ante la ley.
No obstante lo anterior, en febrero de este año, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, dijo que no hacía falta un “instituto” para las personas con discapacidad porque se les iba a entregar el dinero directamente.
Se han recortado los recursos al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. De acuerdo con el avance de gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, reportado por la Secretaría de Hacienda al segundo trimestre de 2019, el organismo sufrió una modificación de su presupuesto aprobado de 23.1 millones de pesos a solo 16 millones, un tercio menos de lo original.4
Asimismo, el presidente ha declarado que ha destinado a las personas con discapacidad un presupuesto sin precedentes, entre 14 y 18 mil millones de pesos. Sin embargo, la cifra real apenas superaba los 9 mil millones, contemplando todos los recursos de Programas Presupuestales relacionados con discapacidad, y los 8 mil 500 millones de la nueva Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.5
Este programa, que es el único de subsidios directos para este sector de la población otorga un pago de 2 mil 550 pesos bimestrales por persona, que al inicio de su operación sufrió de algunos retrasos en la entrega de tarjetas y la distribución del dinero. En enero se dio inicio al pago de esa pensión y el pasado 1 de julio ya se tenía un estimado de 610 mil beneficiarios.
El objetivo planteado por el gobierno es llegar a un millón de beneficiarios durante el presente año, pero con el dinero que queda disponible (4 mil 869 millones) solo se cubrirían a pagar los tres bimestres restantes de 2019 a 636 mil personas, situación que es complicada para este sector de la población porque aún no han fijado una postura para asignar más recursos.
En marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “alertó que la eventual desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad generaría una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad, quienes históricamente han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte de la sociedad, lo que les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos en condiciones de igualdad con el resto de la población”, por lo que señaló “que lejos de suprimirlo, el nuevo Gobierno debería fortalecerlo para transformarlo en un mecanismo de planeación estratégica que asegure la transversalidad en las acciones gubernamentales, y que pueda asesorar a los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas y acciones para la atención de las personas con discapacidad, con un enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos, y evaluar la política pública en esa materia”.6
Es indispensable combatir todas las barreras e impulsar la inclusión y participación social de las personas con discapacidad, aún falta mucho trabajo por hacer y en vista de lo anterior, es que convocamos a la titular de la Secretaría de Bienestar a una reunión de trabajo con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con el objetivo de conocer a detalle y de primera mano las acciones que se implementaran a futuro para este sector de la población.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, convoca a una reunión de trabajo a la titular de la Secretaría de Bienestar con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con el objetivo conocer a detalle la política de atención e inclusión social de la población con discapacidad.
Notas
1 https://www.un.org/es/events/disabilitiesday/
2 http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-con-di scapacidad/
3https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PcD %281%29.pdf
4 https://www.animalpolitico.com/2019/08/conadis-recorte-presupuesto/
5 https://www.animalpolitico.com/2019/08/conadis-recorte-presupuesto/
6 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-03/COMUNICA DO-085-2019.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de septiembre de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema Nacional de Seguridad Pública a implantar acciones conducentes a proteger la vida de los niños y los adolescentes del país, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy, el país vive una situación de violencia generalizada. Las formas de violencia van desde la física, psicológica, laboral y sexual, y quienes la reciben con mayor frecuencia son las niñas y los niños.
Sabemos que la violencia contra las niñas se padece en su hogar, centros educativos, de asistencia social, deportivos, albergues, hospitales, orfanatos, lugares de culto religioso, centros de tratamientos contra adicciones, entre otros espacios donde interactúan, donde supuestamente deberían encontrar protección y seguridad en su persona.
Lastimosamente, México se enfrenta a un repunte de la violencia que sitúa 2017 como uno de los años más sangrientos en la historia reciente del país, siendo que hasta el 31 de octubre se registraron 23 mil 968 asesinatos, donde se incluye gran número de feminicidios que han conmocionado al país y que corresponden a niñas.1
Sin duda, los feminicidios son la parte extrema y visible de la violencia dirigida contra las niñas y las mujeres, la conclusión de una situación recurrente y sistemática de la violación de sus derechos humanos, violentadas por el solo hecho de ser mujeres, y asesinadas como resultado de la violencia pública o privada.
Con anterioridad habíamos denunciado las frecuentes muertes de niñas y niños como resultado de los daños colaterales, encontrando entre ellos los fuegos cruzados, las balas perdidas o menores de edad que acompañaban a un adulto que fue victimado, igual que la menor o el menor de edad.
No es ocioso recordar a los gobiernos estatales y el federal que la violencia y el terror que se vive en México ofende, lastima y duele; las muertes, desapariciones, secuestros, fosas clandestinas, cuerpos desmembrados, decapitados, los feminicidios y los feminicidios infantiles son cada día más y no encuentran justicia.
De acuerdo con declaraciones de Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en México, cada día son asesinados 3 niños y desaparecen otros 4, por lo que el Estado no cumple su obligación de garantizar un proyecto de vida y la dignidad de los casi 40 millones de menores de edad que habitan en el país.2
Demandó al gobierno generar las condiciones para reducir la violencia contra el sector, que ha obligado a que ocho de cada diez familias en el país ya no permitan que los niños, niñas y adolescentes salgan a las calles y parques públicos, limitando así su derecho a la diversión y a hacer una vida comunitaria.
La violencia, asociada a la impunidad y a la descoordinación de los tres niveles de gobierno para combatir estos flagelos, ha generado altos riesgos para los pequeños, como ser víctimas de reclutamiento por parte de organizaciones criminales, de homicidios y, en el caso de las mujeres, de feminicidios, entre otros delitos.3
Datos oficiales, señaló Pérez García, muestran que de 2015 a julio de 2019 se registró en el país el homicidio doloso de 4 mil 664 niñas, niños y adolescentes, donde 8 de cada 10 son varones.
En el mismo periodo, agregó, se tiene reporte de 3 mil 297 feminicidios. De ellos, 317 corresponden a niñas de 0 a 17 años; es decir, 1 de cada 10 crímenes de género en México es contra una menor de edad.
Las autoridades de los tres ámbitos de gobierno deben desarrollar una estrategia de protección a las y los menores de edad, donde sus voces sean escuchadas. No es un tema menor, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución y los tratados internacionales, todos los funcionarios del Estado mexicano están obligados a colocar el interés superior de la niñez por encima de cualquier otra prioridad.
De acuerdo con la organización Save The Children, la tasa de homicidio de niños en México es de 4.9 menores de edad, de entre 0 y 19 años, por cada 100 mil habitantes. Siria, por su parte, presenta una cifra de 1.0. Mientras, Palestina mantiene 2.7.
“La posibilidad de que un niño sea asesinado en México es mucho mayor que en países con conflicto armado como Palestina o Siria”, declaró contundente Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save The Children. Aceptó que en México se busca reducir los asesinatos de menores de edad, pero dijo que falta mucho para lograrlo, pues aquí mueren cuatro niños cada día.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que en el ámbito de sus respectivas competencias implante acciones conducentes a proteger la vida de las niñas, los niños y los adolescentes del país.
Notas
1 En <https://elpais.com/internacional/2016/11/01/mexico/1478023188_80075 8.html> “Un hombre viola a tres niñas y mata a una de ellas en Ciudad Juárez, México, noviembre 27 de 2017.
2 Cada día asesinan a 3 y desaparecen 4 menores en México: Redim, Emir Olivares Alonso, martes 27 de agosto de 2019, La Jornada.
3 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2019.
Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades de Chiapas a resolver por el diálogo el conflicto social de Escuintla y practicar una auditoría minuciosa sobre los recursos públicos ejercidos por la actual administración del ayuntamiento, a cargo del diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
“La victoria obtenida por violencia equivale a una derrota porque es momentánea”: Ghandi.
Los pobladores de varias comunidades de la zona serrana de Escuintla, Chiapas, habían solicitado meses atrás al gobernador, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, una auditoría para el presidente municipal, Ever Daniel Velázquez Javalois, el síndico, el tesorero y el oficial mayor de Escuintla, pues en lo que va de su administración no hay obras sociales en las comunidades y, por el contrario, han visto enriquecimiento desmedido de estos servidores públicos; sin embargo, hasta hoy ha puesto oídos sordos el gobernador.
Cansados de esperar respuesta a sus demandas justas y legítimas, el lunes los ciudadanos provenientes de varias comunidades de Escuintla tomaron la alcaldía y bloquearon la carretera de acceso al municipio; sin embargo, el presidente municipal y el gobernador, lejos de llamar al diálogo, optaron por enviar a la fuerza pública a desalojar y reprimir a los manifestantes.
¡En la 4T priorizamos el diálogo y no la represión! Es preocupante la política sistemática de represión y persecución que se vive en Chiapas, como lo vimos con el trato a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la represión a los estudiantes de la escuela normal Jacinto Kaneck y ahora con los pobladores de Escuintla. Ello refleja falta de sensibilidad y capacidad resolutiva de los servidores públicos estatales de Chiapas, quienes han optado por la represión y no por el diálogo.
Compañeras y compañeros: en la 4T no vamos a permitir ni solapar la corrupción, el abuso de poder ni, mucho menos, la criminalización y represión de la protesta social, pues contradicen la política de diálogo impulsada por el presidente de la República.
Por todo lo expuesto, con carácter de obvia o urgente resolución someto a consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobernador y al secretario general de Gobierno de Chiapas a resolver a través del diálogo las demandas de los pobladores de las comunidades de Escuintla.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Auditoría Superior de Chiapas a realizar una auditoría minuciosa sobre los recursos públicos ejercidos por la actual administración del ayuntamiento de Escuintla.
¡Cero represión! ¡Todas las libertades se van a seguir garantizando! ¡Se acaba el autoritarismo; ésa es la transformación!
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para crear la medalla Francisco Benjamín López Toledo, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Armando Contreras Castillo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se propone crear y otorgar la medalla Francisco Benjamín López Toledo, para reconocer a los artistas mexicanos socialmente comprometidos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Resulta un lugar común, y por muchas causas muy justificado, pensar en Francisco Toledo, como un artista de época. Sin lugar a dudas, es uno de los principales pintores mexicanos en toda la historia, sin embargo, a pesar de los múltiples reconocimientos artísticos a lo largo de su trayectoria, no le hace justicia por tres importantes cualidades que lo distinguieron: 1) ser un promotor de proyectos productivos sustentables, caracterizados por un claro enfoque social y alta rentabilidad económica; 2) impulsar la autosuficiencia alimentaria, desde la doble perspectiva de respeto a la naturaleza y la utilización de formas colectivas de producción y; 3) ser un convencido de que la cultura y en forma más amplia la educación, son la base de la transformación social.
Impulsó la Fábrica de Papel de Vista Hermosa , bajo la perspectiva de que debía ser un proyecto colectivo, pero que, por lo mismo, debería ser respetuoso de la naturaleza y que, además, poseyera una alta rentabilidad económica para garantizar efectivamente mejores ingresos y condiciones de vida de la población.
La participación de Francisco Benjamín López Toledo en la creación del taller de papel artesanal, que se puso en marcha en 1997 en Oaxaca, ha sido fundamental para su permanencia pues éste no depende de apoyos e instituciones gubernamentales o fundaciones, vive de las ventas de arte objeto, principalmente de papel. A lo largo de su historia, se han producido diversos proyectos de enorme valor artístico y cultural, aunque sin duda los 43 papalotes en memoria de los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ejemplifican el sentido social y la actualidad que este oaxaqueño imprimía en sus trabajos. Este proyecto, desde su diseño, garantizó una tasa interna de retorno de 25 unidades, una de las tasas de recuperación económica más altas para proyectos productivos en Oaxaca.
En su lucha continua, por sus principios, cualidades y convicciones, apoyó la lucha contra el maíz transgénico que empezó el Patronato Pro-Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (Pro-Oax), aseveró que era legítima, el pintor oaxaqueño Francisco Benjamín López Toledo aseguró que la protesta no era un capricho, sino que se basa en investigaciones científicas.
Bajo esta lucha, y su preocupación por los efectos que los usos de los transgénicos tienen en la salud de los mexicanos, la vida ecológica y social del país, insistió en la necesidad de que sea prohibido el uso de maíz transgénico, se sumó a la lucha en la que participaron miles de personas de todo el país.
Aunado a lo anterior, la revista Forbes en 2017 lo nombró “el artista vivo más importante de México”. Si bien el calificativo vivo parecía un tanto a destiempo, éste logra mantener un trasfondo sobre el arte y el esplendor que estaba vigente.
El artista no sólo fue exponente dentro de la cultura mexicana sino a nivel mundial en un carácter más que cultural. ¿Pero qué es lo que hizo a Francisco Benjamín López Toledo acreedor de una mención tan importante? Lejos de ser un artista es un conservador de la cultura en todo lo que a ésta refiere. Gran parte de su reconocimiento se debe a la creación de instituciones artísticas. Tales como el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, La Casa de Cultura Juchitán y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Tan sólo por mencionar una lista en la que destacan otras diez instituciones y centros de cultura.
Sus exposiciones en Estados Unidos de América, Europa y por supuesto México, lo remuneraron muy bien. Pero justo todo lo acontecido en su vida y en su ciudad natal lo llevó a mantener los pies en la tierra y a vivir con humildad. Ayudaba a los niños de su comunidad o instituciones a resolver dudas en los libros. De ese modo demostró la capacidad de enseñar y que esto también es un arte. Cual se ve reflejado en situaciones que pocas veces se ven con esta perspectiva. Las diferentes ramas artísticas que dominó también han sido responsables del título del artista más importante actualmente en México.
Escultura, pintura y gráficos demuestran la capacidad de creación y de internacionalización en obras posiblemente abstractas. Gran parte del aporte social recae en todas las instituciones creadas y medios de difusión cultural y su carrera artística lo refuerza estando activa desde los años sesenta. Razón por la que Forbes lo nombró también como uno de los mexicanos creativos más importantes en su edición de enero 2019.
En efecto el legado del artista plástico debe alentar a las generaciones futuras de México a trabajar a favor proyectos productivos sustentables, caracterizados por un claro enfoque social y alta rentabilidad económica; así como un impulso de la autosuficiencia alimentaria, desde la doble perspectiva de respeto a la naturaleza y la utilización de formas colectivas de producción y sean un ejemplo a seguir, por ello proponemos la creación de la Medalla Francisco Benjamín López Toledo, para reconocer a los y las artistas mexicanas socialmente comprometidos, e incentivar a las mujeres, hombres y jóvenes que trabajan como artistas socialmente comprometidos, para que se inspiren en este ilustre artista mexicano y les recuerde que México posee grandes creadores y defensores de causas que protegen el medio ambiente, paz, justicia y que luchan por diferentes causas en beneficio de la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración del pleno de esta soberanía los resolutivos de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión crea la Medalla Francisco Benjamín López Toledo, para reconocer a los artistas mexicanos socialmente comprometidos.
Segundo. La medalla y el diploma respectivos, serán otorgados cada año en sesión solemne en el mes de septiembre.
Tercero. Los aspirantes a recibir la medalla y el diploma deberán ser artistas que demuestren amplia y fehacientemente ser socialmente comprometidos en su labor a favor de nuestro país y podrán ser postulados por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, miembros del Poder Legislativo federal, las legislaturas de los estados, universidades del país, organizaciones sociales o cualquier institución que promueva el arte.
Cuarto . Las características de la Medalla Francisco Benjamín López Toledo se definirán en el decreto de creación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputado Armando Contreras Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y el Senasica a modificar la NOM-001-SAG/GAN-2015, a cargo de la diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena
Mirna Zabeida Maldonado Tapia, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79 numeral 2, fracciones III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en uso de sus facultades y atribuciones modifiquen la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 establece las características, especificaciones, procedimientos, actividades y criterios para la identificación individual, permanente e irrepetible de los bovinos y colmenas, a efecto de fortalecer el control sanitario, asegurar la rastreabilidad, trazabilidad y apoyar el combate contra el abigeato de bovinos y colmenas.
La falta de una norma oficial mexicana que se encargue de establecer las características, especificaciones, procedimientos, actividades y criterios para la identificación individual, permanente e irrepetible de los equinos ha hecho que existan diversos problemas para nuestro país, entre otros como el suscitado con la Unión Europea.
Sólo por mencionar un dato, las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea de carne de equino antes de 2014 representaban un ingreso anualmente de $1,071,022,500 de millones de pesos para el país,1 debido a que la carne que se exportaba contenía medicamentos tóxicos para el consumo humano, la exportación de carne de equino a la Unión Europea fue cancelada por autoridades europeas.
En el año 2014 representantes del gobierno de la Unión Europea realizaron una visita de trabajo en México con la finalidad de efectuar un proceso de auditoría para evaluar las operaciones de las plantas de sacrificio de ganado equino para la producción de carne para consumo humano y para auditar los controles que realiza el gobierno federal (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural -Sagarpa-/Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria -Senasica-) en los proceso de inocuidad con la finalidad de establecer si estos controles eran correctos y podían garantizar la misma inocuidad de la carne producida para la Unión Europea.
La auditoría llevada a cabo del 24 de junio al 4 de julio del año 2014, se enfocó en cuatro puntos en el que destaca el siguiente:
Revisar los sistemas de trazabilidad en el lugar para la producción de la carne de equino incluyendo la certificación, los controles y manutención de los registros, identificación de los animales en acuerdo a las regulaciones europeas (EU No. 206/2010).
Derivado de la auditoría las autoridades europeas realizaron la siguiente recomendación:
“Adoptar medidas para garantizar la validez y autenticidad de las declaraciones juradas para los caballos de origen mexicano sacrificados para la exportación a la Unión Europea vinculadas a su rastreo. Esto es con el objetivo de garantizar que se apliquen las normas equivalentes a aquellas proporcionadas por la Regulación de la Comisión (EC) No 504/2008 y la Directiva del Consejo 96/93/EC.
Garantizar que los registros de tratamiento se mantengan en las propiedades de los caballos de conformidad con el artículo 10 de la Directiva del Consejo 96/23/EC y el Anexo I, Parte A, III, 8(b) de la Regulación (EC) No 852/2004 y que los caballos estén debidamente identificados para este fin, ya sea individualmente o como lote.
Adoptar medidas para garantizar que son correctos los datos registrados en las diferentes bases de datos relacionadas a los caballos mexicanos sacrificados para la exportación a la Unión Europea. Esto con el propósito de poder verificar el rastreo de los caballos y certificar el origen de los caballos de manera correcta como se prevé en el punto 11.2 del certificado “EQU” en la parte 2 del Anexo II para la Regulación (UE) No. 206/2010.” 2
El problema radica en que México no cuenta con una norma oficial mexicana (NOM) que regule la trazabilidad adecuada que conlleven a un real manejo y control de identificación y trazo de los equinos desde su origen.
La trazabilidad es una herramienta necesaria para poder acceder a la exportación de productos equinos a muchos otros países y como resultado mayores beneficios para el país.
Hasta el día de hoy no se han tenido avances en la trazabilidad, por ello, es necesario la modificación a la NOM para que sea obligatoria en todo el territorio nacional y dar certeza del origen del animal y toda la cadena desde la elaboración hasta la venta al público de los equinos.
Debe establecerse la trazabilidad desde al origen del animal con su debida identificación con el microchip, así como todo el mecanismo de sus controles documentales para su movilización para cualquier destino o caso ya sea para abasto, deporte, repasto, reproducción etcétera, de manera que se pueda conocer qué sucedió durante la vida del animal, si padeció de alguna enfermedad, si fue tratado con algún medicamento que pudiese impedir que éste sea destinado al abasto para ser destinado a consumo humano, etcétera...
Por otro lado, deberán de establecerse los controles precisos en la plataforma de Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga) para ingresar los equinos y en su momento darlos de baja o realizar los cambios de las unidades de producción (UPP).
Asimismo, las uniones ganaderas regionales, a través de las asociaciones ganaderas locales, serán las responsables de certificar la posesión legal de los equinos a través del carnet de identificación único de equinos para poder movilizados para cualquier situación anteriormente mencionada.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) deberá de realizar las verificaciones correspondientes al Siniiga y las asociaciones ganaderas, que éstas estén realizando los trabajos establecidos.
Se deben buscar los mecanismos adecuados para que se logre lo anterior, por ello; es necesario que se establezca de manera clara en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 la trazabilidad normada y su registro respectivo ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que es preocupante que México no cuente con una trazabilidad normada y obligatoria para equinos, sin ningún control, verificación y/o sanción alguna y esto es igual a que si no existiera nada.
El objetivo principal a la adecuación a las regulaciones de trazabilidad en México tendrá beneficios directos sobre el control de enfermedades como ejemplo, la que se detectó en el transcurso de este año en el mes de abril de la presencia de encefalitis equina del oeste, que se pudo haber sido controlada de forma más rápida a través de una trazabilidad y haberla contenido más rápidamente y asimismo no haber puesto en cuarentena zonas o regiones innecesariamente por la falta de la trazabilidad misma que afecto económicamente a muchos productores, esta enfermedad pudo haber representado un problema mayor de salud animal y salud pública.
Es por eso que se propone que a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 se añadan los siguientes numerales para quedar como sigue:
1.1 La presente Norma Oficial Mexicana establece las características, especificaciones, procedimientos, actividades y criterios para la identificación individual, permanente e irrepetible de los bovinos, equinos y colmenas, a efecto de fortalecer el control sanitario, asegurar la rastreabilidad, trazabilidad y apoyar el combate contra el abigeato de bovinos y colmenas.
2.11. Acuerdo por el que se establece la Campaña Nacional para el Control de la Garrapata Bophillus spp .
3.16.1. Criador de equinos: persona que se dedica a la reproducción tanto de razas puras como razas comerciales, quien dará inicio a la cadena de identificación de los equinos al aplicar el identificador correspondiente, bajo esta normatividad.
6.5 Para equinos, el criador es quien debe dar inicio a la cadena de identificación a esta Norma Oficial Mexicana.
6.5.1. Todo equino en posesión de acopiadores debe contar con el dispositivo de identificación de origen durante el periodo que permanezca bajo su propiedad, tenencia o responsabilidad, registrando los movimientos de ingresos y salida de los mismos de sus instalaciones.
6.5.2. Todo establecimiento de sacrificio de animales equinos, deberá requerir la identificación oficial, de todo animal que ingrese para su proceso, conforme al criterio que establezca la Secretaría.
6.5.3. El administrador de los establecimientos de sacrificio de ganado equino, resguardara los transponders de identificación oficial de los animales sacrificados para que el personal designado por el Sistema Nacional de Identificación Animal (Sinida) los recolecte al menos una vez al mes y proceda a su baja en el BCI.
6.5.4. Todos los equinos destinados para la exportación deberán de contar con el dispositivo de identificación oficial.
6.5.5. Microchips (Transponders)
Asimismo, es de relevancia para complementar estas adecuaciones, adicionar un apéndice C que establezca lo siguiente:
Apéndice C (normativo)
Características y Especificaciones Generales de los Dispositivos de Identificación Oficial para la Especie Equina
I. Generales:
Los transpondedores deberán cumplir con las normas internacionales ISO 11784 y 11785.
A) Código de Identificación Oficial Siniiga:
A.1 Sistema de Identificación electrónico o de radiofrecuencia (RFID).
La estructura del código será idéntica a lo estipulado por la norma ISO 11784. Los transpondedores para el Sinida deberán contener en la información del código del país (Bit No. 17-26) y el Código Nacional de identificación (Bit No. 27-64) la siguiente estructura al momento de su lectura:
Código del País:
Los primeros tres caracteres corresponden al país de origen del animal. Para el caso de los Estados Unidos Mexicanos será “MEX” o “484”, de acuerdo a ISO 3166-1 numérico e ISO 3166-1 alfa 3.
Código Nacional de Identificación:
Nota : Estos doce dígitos conforman un solo bloque según la norma ISO 11784 (Bits 27-64), para fines internos del Siniiga este bloque será interpretado de la siguiente manera:
Los siguientes dos dígitos es el código que identifica a la especie que para el caso de equinos es 04. Los siguientes dos dígitos identifican a la entidad federativa correspondiente al lugar de origen del animal, de acuerdo al “Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el caso particular de esta especie y por consideraciones específicas de la población, se utilizarán exclusivamente los siguientes códigos:
a. Equinos identificados en centros de acopio, número 50.
b. Equinos de importación, número 51.
c. Equinos nacionales, número 52.
Los restantes ocho dígitos identifican al animal en forma individual, a través de un número único e irrepetible.
Los dispositivos luego de colocados no deben modificar el comportamiento del animal, ni provocar lesiones o molestias mayores a las esperadas en las zonas donde se apliquen los dispositivos. La colocación de los mismos deberá producir heridas leves y de fácil cicatrización.
II. Particulares
A) Especificaciones técnicas de los dispositivos de identificación con radiofrecuencia (RFID):
a) Características:
Composición del material: biocompatible e inocuo.
La superficie del identificador será lisa.
b) Tamaño
Diámetro 2.12 ± 0.1 milímetros (mm)
Largo: 12 ± 0.4 mm
c) Peso total máximo del dispositivo: 1.5 gramos (gr).
d) Especificaciones técnicas para los dispositivos RFID
Cumplir con las normas ISO 11784 e ISO 11785 y presentar certificación basada en ISO 24631-4.
Los dispositivos de radiofrecuencia deberán ser estériles de acuerdo a la norma ISO 11135.
Cero tasas de error (transmisión y lectura).
La referencia mínima de distancia de lectura del identificador (en su mejor orientación y bajo condiciones contraladas) deberá ser de:
Lector portátil: entre 0 centímetros (cm) y 10 cm.
Cumplir con los requerimientos de control de calidad establecidos por la Norma de la Comisión Electromecánica Internacional (IEC), (por sus siglas en inglés: International Electrotechnical Commission) 68 o similares para las siguientes características:
Temperatura: Norma IEC 68.2.1, 68.2.2 y 68.2.14 o similares (Operar en un rango de temperatura de por lo menos 0 a 70°C).
Humedad: Norma IEC 68.2.3, o similares.
Golpes mecânicos: Norma IEC 68.2.27 o similares.
Vibración: Norma IEC 68.2.6, o similares.
Caída libre: Norma IEC 68.2.32, o similares.
Inmersión: Norma IEC 68.2.18, o similares.
Duración: resistir un millón de lecturas.
e) Especificaciones técnicas para los lectores de información
1. Lectores manuales para dispositivos RFID
Los lectores manuales deberán cumplir con las siguientes características:
Cumplir con la norma ISO 11785.
Cumplir con los requerimientos de control de calidad establecidos por la norma IEC 68 o similar, para las siguientes características:
Temperatura.
Humedad.
Golpes mecánicos.
Vibración.
Caída libre.
Inmersión.
Ensayos ambientales (IEC 68.2.1, 68.2.2, 68.2.78).
Protección (IP67).
Adaptado para uso en condiciones de campo, a la intemperie.
Fuente de energía autónoma, en base a baterías recambiables o recargables, con una autonomía mínima con el equipo operando de 8 horas. Para el caso de baterías recargables, la recarga deberá estar permitida para hacerse desde una línea de corriente alterna disponible en México.
Contar con una memoria de almacenamiento de datos, debiéndose indicar la misma.
Contar con posibilidad de transmisión de datos, debiendo indicar si la misma se puede realizar vía cable y/o inalámbrica.
Indicar compatibilidad con otros accesorios o periféricos (ejemplo Computadoras, PDA´s, impresoras, etcétera).
Contar con capacidad para separar lotes de lectura.
Indicar condiciones para la operación del aparato.
Indicar vida útil estimada.
Contar con manual de operación.
Especificaciones técnicas de los transpondedores de re-identificación
Los transpondedores de re identificación deberán ser iguales a los entregados en primera instancia.
Estos deberán incluir en los bits del segundo al cuarto un contador de re identificación, de acuerdo a Norma ISO 11784.
Aplicadores
Los transpondedores deberán venir acompañados de su aplicador específico.
Los aplicadores deberán ser estériles de acuerdo a la norma ISO 11135.
No ocasionará daños mayores a los esperados.
Deberá ser de fácil operación y permitir ser operado con una sola mano.
Deberá ser desechable después de la aplicación del transpondedor.
La presentación del producto deberá venir acompañada por un juego de 6 etiquetas adhesivas impresas con el código de barras y el Código de Identificación Oficial Siniiga correspondiente.
Estoy segura que, con esa modificación, daremos mayor certeza a la población nacional e internacional en el consumo de carne mexicana y esto sin duda traerá grandes beneficios tanto en la salud como en materia económica.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de ese honorable pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015.
Notas
1 Consenso estadístico de ANETIF (Asociación Nacional de Establecimientos TIF).
2 www.eur-lex.europa.eu
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para esclarecer presuntas irregularidades en la administración del ayuntamiento de Zaragoza, SLP, a cargo del diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí a esclarecer presuntas irregularidades en su administración y al Poder Legislativo de San Luis Potosí a considerar necesario fiscalizar a esa localidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6o. y 134 establece que la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio eficaz y eficiente de los recursos públicos, son elementos esenciales para el desarrollo y el fortalecimiento del régimen democrático.
Señala que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Las mencionadas disposiciones constitucionales son elementos indispensables sin los cuales se atenta la gobernabilidad.
En el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, se está presentando una situación derivada del descontento de los habitantes de esa localidad, por diversas inconformidades sobre irregularidades respecto al manejo de recursos públicos por parte de la presidenta municipal la licenciada Paloma Bravo García, entre las que se encuentran despidos injustificados, incremento desmedido de gasto en combustible entre otros.1
Estas denuncias se han hecho llegar a distintas autoridades como la propia Contraloría Interna del municipio de Zaragoza, la secretaria general de Gobierno de San Luis Potosí y la Auditoría Superior del Estado.
Desde el 12 de agosto del presente año, pobladores del municipio bloquearon de manera permanente el edificio que ocupa la presidencia municipal, la situación se torna cada vez más compleja en la cabecera municipal de Zaragoza, al grado de que se empiezan a generar condiciones de violencia por el descontento y conflicto.2
En ese sentido, es necesario que se propicie el diálogo y se esclarezcan las diversas denuncias sobre presuntas irregularidades por parte de la presidenta municipal a fin de mantener el orden interno y que prevalezca el estado de derecho.
Asimismo resulta necesaria y urgente la intervención del Congreso de Estado para propiciar dentro del marco de sus atribuciones una solución a la problemática así como también para que considere necesaria la fiscalización al gobierno municipal de Zaragoza, San Luis Potosí.
En virtud de lo aquí expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Zaragoza San Luis Potosí a esclarecer presuntas irregularidades en su administración y rendir cuentas a la ciudadanía de este municipio.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Poder Legislativo del estado de San Luis Potosí, para que de acuerdo a sus atribuciones, considere necesaria la fiscalización al gobierno municipal de Zaragoza, a fin de verificar el cumplimiento puntual de la normatividad aplicable al ejercicio de los recursos municipales.
Notas
1 Denuncia pública http://elheraldoslp.com.mx/2019/08/12/denuncian-irregularidades-en-la-a dministracion-municipal-de-zaragoza/
2 http://planoinformativo.com/674010/trifulca-en-zaragoza-pobladores-toma n-palacio-municipal-slp
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de realizar un estudio integral del consumo de cigarrillos electrónicos vaporizables para conocer los efectos en la salud de la población, en particular entre adolescentes y jóvenes, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Frinné Azuara Yarzábal, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales, pues sin ella no podemos hablar de calidad de vida, a la vez que es un igualador social y un instrumento primordial para el desarrollo y progreso.
Pese a ello, existen millones de personas a nivel mundial -en donde México no es la excepción- que padecen diferentes enfermedades que atentan contra su salud y desarrollo pleno, una de las principales es el tabaquismo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública en el mundo. Mata a más de 8 millones de personas al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1.2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno. Casi el 80% de los mil cien millones de fumadores viven en países de ingresos medianos o bajos, donde la carga de morbimortalidad asociada a este producto es más alta.1
En este contexto, el uso de los cigarrillos electrónicos, particularmente, se ha incrementado de manera sostenida, en especial, entre los adolescentes y jóvenes, pese a las consecuencias nocivas que tiene para la salud. En efecto, la OMS ha alertado sobre los potenciales riesgos tóxicos y hasta cancerígenos de algunas sustancias detectadas en el vapor de este tipo de dispositivos.
De acuerdo con diferentes medios de comunicación, son siete las personas que han muerto en Estados Unidos por enfermedades pulmonares relacionadas con el vapeo. Se han reportado dos muertes en California, mientras que en Kansas, Illinois, Indiana, Minnesota y Oregon han reportado una muerte por esta causa.2
Según la OMS, estos nuevos productos han servido como una puerta de entrada al uso del tabaco ya que contienen nicotina líquida y continúan creando adicción a la misma, motivo por el cual recomienda a los gobiernos a que se regulen como productos del tabaco.3
Diversas organizaciones no gubernamentales, han señalado que los cigarros electrónicos contienen altos índices de nicotina y aerosoles que son altamente dañinos para la salud, ya que desprenden elementos como metales y el diacetil, los cuales son altamente tóxicos y causan daño al corazón y los pulmones.
Asimismo, resulta preocupante que este tipo de productos cuenten con publicidad que vaya dirigida a los menores edad, ya que sus envases y envolturas son similares a la de los dulces y golosinas, además de contar con una gran diversidad de sabores que ocultan el sabor fuerte del tabaco común.
La Asociación Americana de Cáncer ha señalado que los niveles de nicotina de los cartuchos de los cigarros electrónicos pueden variar de entre los 6 mg/ml hasta los 36 mg/ml, por lo que quienes usan estos dispositivos pueden estar ingiriendo niveles alarmantes de nicotina líquida sin saberlo, lo que puede causar intoxicación y poner en riesgo su vida.
Pese a que los productores y comercializadores de los cigarros electrónicos afirman que sus productos reducen considerablemente el daño a la salud, dicha aseveración no se encuentra sustentada en datos científicamente comprobados, por lo que es necesario emprender las acciones necesarias para su regulación e incluso prohibición en el mercado nacional.
En nuestro país, diversas instituciones de educación superior han manifestado que los cigarros electrónicos derivan en “serios riesgos para la salud”. En particular, especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han desmentido la creencia de que “no hacen daño”, lo cual no corresponde con la evidencia y resultados científicos disponibles.
Por su parte, el coordinador del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo, asegura que los cigarros electrónicos generan serios riesgos para la salud, ya que muchos de sus componentes son claramente dañinos.
Entre otros componentes, posee una batería para encender el dispositivo, y asimismo es la encargada de calentar el líquido y convertirlo en vapor, lo cual se ha documentado que puede generar una explosión y daños a los usuarios.
Por estas sustancias, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) ha señalado que los casos identificados recientemente en México son más graves, presentando cuadros de tos seca, dolor en el tórax, fatiga y fiebre, los cuales ya han cobrado vidas en países como Estados Unidos.
Los niveles de nicotina no son iguales en todos los vaporizadores y a veces las etiquetas no indican la cantidad verdadera que tienen de esa sustancia, pudiendo provocar ingestas que ponen en riesgo la vida. Su humo tiene sustancias de hierro, estaño, níquel y cromo, que son altamente tóxicas para el ser humano.
México es uno de los países en los que la venta de cigarro electrónico se encuentra prohibida. El artículo 16 de la Ley General para el Control de Tabaco prohíbe “Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos de tabaco”.
En este mismo sentido, la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido comunicados de prensa donde recuerda que los e-cigs “no cuentan con registro sanitario como medicamentos o dispositivos médicos” por lo que el uso supuestamente terapéutico no ha sido comprobado por dicha institución.4
Pese a su prohibición, es una realidad que los cigarrillos electrónicos continúan comercializándose en nuestro país. La venta se lleva a cabo por internet, en donde aparecen varias páginas web en las que pueden adquirirse y recibirlo en casa, con solo una tarjeta de crédito.
La salud pública debe ser la ley suprema del país. En este sentido, se exhorta a la Secretaría de Salud para que en coordinación con la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), realicen un estudio integral con el objeto de conocer los impactos que genera a la salud de la población, particularmente, entre los adolescentes y jóvenes del país, el consumo de cigarrillos electrónicos vaporizables y otras alternativas, y emprenda las acciones necesarias para su regulación y prevención.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, nos pronunciamos por que las autoridades federales realicen los estudios necesarios para identificar los daños e impactos a la salud de los mexicanos, y, sobre todo, se emprendan las acciones necesarias para su prevención.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud para que en coordinación con la Comisión Nacional contra las Adicciones realicen un estudio integral a fin de conocer los impactos que genera a la salud de la población, particularmente entre los adolescentes y jóvenes del país, el consumo de cigarrillos electrónicos vaporizables y otras alternativas, a fin de contar con evidencia científica para su regulación.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, con el objeto de defender los derechos de los consumidores, promover campañas permanentes de concientización y de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias que provoca para la salud el uso de cigarrillos electrónicos vaporizables y otros productos.
Notas
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
2 https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/16/reportan-la-septima-muerte-en-est ados-unidos-relacionada-con-vapeo/
3 OMS: cigarrillos electrónicos son “indudablemente dañinos”, DW, [en línea], disponible en: https://www.dw.com/es/oms-cigarrillos-electr%C3%B3nicos-son-indudableme nte-da%C3%B1inos/a-49766469
4 https://www.insp.mx/avisos/3408-cigarros-electronicos.html
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de septiembre de 2019.
Diputada Frinné Azuara Yarzábal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua y las autoridades encargadas de construir el túnel emisor Poniente II y ratificar el canal Poniente a atender las demandas de los vecinos de la zona, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ingeniera Blanca Jiménez Cisneros, directora general de Comisión Nacional del Agua, y a demás autoridades responsables del proyecto Túnel Emisor Poniente II y rectificación del Canal Poniente en la demarcación de Cuautitlán Izcalli, estado de México, para que a la brevedad posible sean atendidas las demandas de los habitantes aledaños a la zona de construcción, en razón de las afectaciones y daños ocasionados a sus viviendas así como a la infraestructura pública, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Túnel Emisor Poniente II es un proyecto que se inició desde el mes de enero del año 2014 y concluyo el 25 de octubre del año 2018 durante del periodo de gobierno del ex – Presidente Enrique Peña Nieto, la obra comprendió los Municipios de Naucalpan, Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, dicha obra tenía como fin evitar riesgos para las personas, causados por las inundaciones afectando a los Municipios entes mencionados. De acuerdo con datos de Conagua este túnel sería fundamental para resolver los problemas relacionados con la temporada de lluvias, durante los próximos 50 años.
No obstante, a casi un año de haber concluido el Proyecto Túnel Emisor Poniente II, se muestran irregularidades e inconformidades por ciudadanos del Municipio de Cuautitlán Izcalli que es colindante al proyecto antes referido, derivado de las consecuencias de este proyecto y que afectan principalmente a las siguientes comunidades: San Martin Tepetlixpan, La Presita, Unidad Habitacional, Niños Héroes, Tres Picos, Unidad Cívica Bacardí, Luis Echeverría Álvarez, Santiago Tepalcapa, Jardines de Alba, Bosques de Alba, las Conchitas, entre otras.
A raíz de la obra Túnel Emisor Poniente II, se han generado factores de riesgo para los habitantes debido a los daños que ocasiono la misma y se han encontrado diversos factores que ponen en riesgo la integridad de los habitantes en dicha construcción. Cabe señalar que se está generando el estancamiento de aguas negras, el drenaje ya se encuentra tapado y el brote de agua sucia alcanza a obstruir los pasos peatonales así como calles y avenidas, al igual que la generación de basura provocando un peligroso foco de infección y deterioro al medio ambiente de la zona, además de considerarse de enorme riesgo, pues cabe mencionar que a la orilla del canal no se ha colocado un muro de contención adecuado al igual que una malla antes ofrecida por las empresas constructoras y Conagua que se colocaría por protección, debido a que fácilmente una persona puede tropezar y caer.
El objetivo de dicho proyecto es en beneficio, sin embargo, pese al esfuerzo realizado no pensaron en los daños que se están ocasionando para los habitantes cercanos a la obra, es por esto que solicitamos sean atendidas todas las solicitudes de estas comunidades, ya que no dejaremos de insistir en que se expone la vida, daños a la salud y la protección de las personas.
De este proyecto se provocaron gravemente afectaciones a las zonas colindantes en cuanto a vialidad, puentes y drenajes por daños a consecuencia del paso de la maquinaria pesada que se usó para el traslado y acarreo de los materiales, afectando también las calles y algunas viviendas cercanas, por esta razón se hace un exhorto para que las empresas constructoras como la Dependencia Federal reparen los daños ocasionados.
Los daños y perjuicios a la comunidad deben ser reparados por Conagua, en compañía de los representantes de las Empresas Aldesem y Savi Construcciones, entre otras, debido a que se comprometieron verbalmente ante la población en cuestión, para reparar los daños que se han ocasionado por la construcción del proyecto, de igual manera como ya fue mencionado, las necesidades son amplias y es necesario la colocación de luminarias suficientes y puentes peatonales, todo esto como exigencia de todos los afectados quienes al mismo tiempo fundamentan sus quejas en la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa, en sus artículos 1, 50 y demás correlativos.
Por otra parte, debemos señalar que el ex Director General de la Comisión Nacional del Agua, Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, en la entrega del Proyecto Túnel Emisor Poniente II, informo que esta obra reduciría el riesgo a los daños a la salud, así como el riesgo de inundaciones, pero también hizo mención sobre un programa que se podía establecer para el sistema poniente, durante la temporada de estiaje; a pesar de lo informado a la fecha se observan muchas irregularidades de las que los habitantes son testigos.
Han sido varias solicitudes hechas tanto a la presente administración local al igual que a la Directora General de Conagua, así como al encargado del Despacho de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna.
No podemos seguir corriendo riesgos de esta índole o que tenga que pasar algo de gravedad para que las autoridades contesten y se hagan cargo de estas peticiones generadas a partir de la culminación de este proyecto, por lo que hacemos extenso el presente punto de acuerdo.
Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo para quedar como sigue:
Único. El pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la directora general la Comisión Nacional del Agua, la ingeniera Blanca Jiménez Cisneros y a las autoridades correspondientes que participaron en el proyecto Túnel Emisor Poniente II y rectificación del Canal Emisor Poniente, para que a la brevedad posible sean atendidas las demandas de los habitantes aledaños a la zona de construcción, en razón de las afectaciones y daños ocasionados a sus viviendas así como a la infraestructura pública.
Fuentes
Secretaría de Gobernación. (2018). Comisión Nacional del Agua. Prensa. VE: Conclusión de la primera etapa del Túnel Emisor Poniente II, Túnel Canal General y Embovedamiento del Río de los Remedios. Cuautitlán Izcalli, estado de México, 25 de octubre de 2018.
https://www.gob.mx/conagua/prensa/ve-conclusion-de-la-pr imera-etapa-del-tunel-emisor-poniente-ii-tunel-canal-general-y-emboveda miento-del-rio-de-los-remedios
Heraldo de México. (2018). Concluyen Túnel Emisor Oriente II; Peña Nieto llama a terminar obras transexenales. El Presidente de la República dijo que muchas de las obras de infraestructura “son de carácter transexenal”. 25 de octubre de 2018.
https://heraldodemexico.com.mx/pais/concluyen-tunel-emis or-oriente-ii-pena-nieto-llama-a-terminar-obras-transexenales/
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 12 días del mes de septiembre de 2019.
Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a hacer público el avance del programa 3x1 para Migrantes respecto a los proyectos y recursos ejercidos a la fecha, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Pilar Lozano Mac Donald, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la cual respetuosamente se exhorta a la titular de la Secretaría de Bienestar para que haga público el avance del Programa 3x1 para Migrantes respecto de los proyectos y recursos ejercidos a la fecha, y explique los motivos por los cuales se eliminó dicho programa del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Cuando salen del país, los mexicanos residentes en el extranjero, se llevan recuerdos, momentos y necesidades de sus comunidades de origen, que les siembra en su interior, la permanente preocupación por apoyar a quienes se quedan, a sus familiares y a su comunidad. Por ello, desde siempre, se han organizado a través de clubes para dar un poco de lo que ganan, con gran esfuerzo, en favor de la tierra que los vio nacer.
Es a partir de su iniciativa, que realizan envío de recursos, en efectivo y en materiales, hasta alcanzar un nivel importante de organización que les permitió financiar obras y servicios en sus comunidades, lo que les permitió crear e implantar, en coordinación con las autoridades, el Programa 3x1 para Migrantes.
El Programa 3x1 para Migrantes, fue el detonante para institucionalizar acciones en beneficio de los migrantes. Inicia en 1992, con solo la aportación de migrantes y los gobiernos locales, mediante un acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Zacatecas, entidad federativa que históricamente cuenta con importante actividad migrante, con el objetivo de captar recursos de la federación para apoyar los proyectos de los zacatecanos radicados en el exterior y cuya visión era mejorar sus comunidades de origen.
Con el paso del tiempo, y al materializarse los proyectos de mejora en beneficio del desarrollo de la comunidad, se involucran otras autoridades, hasta llegar a la participación de la Federación, Estados y Municipios para, en 2005, adoptar el nombre con el que hoy se le conoce como Programa 3x1 para Migrantes.
En opinión de algunos especialistas, esta forma de participación de la sociedad civil organizada, aparte del beneficio directo que significa el desarrollo de las localidades de origen de los migrantes radicados principalmente en los Estados Unidos, tiene más beneficios inherentes, como la organización de los mexicanos en ese país, la continuidad en la vinculación con su lugar de nacimiento, la multiplicación de recursos en beneficio de la colectividad, además de la posibilidad de involucrarse en la administración pública para conocer el destino y manejo de los recursos que de forma organizada envían a nuestro país en favor de sus comunidades de origen a través de proyectos tanto de infraestructura social, como educativos, de servicios comunitarios y/o productivos.
No deja de ser loable el hecho de que nuestros compatriotas, aparte de las remesas que mandan directamente a sus familiares, tengan la iniciativa de organizarse desde lejos para que, en aras del apego y arraigo que tienen hacia su comunidad de origen, pretendan que esta mejore enviando recursos extras que no están obligados a enviar, porque solo los mueve el ideal de verla mejorada, brindando las oportunidades que ellos no tuvieron.
El Programa 3x1 para Migrantes (hoy regulado por la Secretaría de Bienestar), está concebido como una iniciativa de la sociedad civil organizada en el exterior, que envía a nuestro país remesas colectivas para promover el desarrollo de su comunidad, realizando proyectos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población.
Tan solo el año pasado, se ingresaron 33 mil 481 millones de dólares por concepto de remesas con casi tres años consecutivos al alza1 .
Comparada esta cifra con las aportaciones que se generan en el programa que nos ocupa, pareciera que resulta poco importante; nada más alejado de la realidad, pues significa un esfuerzo extra que, surge de la iniciativa de la comunidad migrante de mexicanos que viven en el exterior, con la idea de realizar obras y prestar servicios, a partir de la definición de los propios migrantes sobre que obras se realizarían.
En la actual administración, y bajo la consideración de la austeridad que debe imperar, los fondos para la atención a los migrantes prácticamente desaparecieron al estimar este rubro como no prioritario y otorgando al programa una partida casi simbólica que, gracias al empeño realizado por los diputados, pasó de 9.44 millones de pesos, a poco más de 260 millones de pesos.
Ante esta perspectiva, y a un semestre del actual gobierno, los líderes migrantes se han acercado a las instancias de gobierno vinculadas con los migrantes, con la inquietud de saber el estado que guarda el Programa 3x1, el monto de los que se han ejercido, y los proyectos financiados hasta la fecha; en razón del derecho que tienen de saber el estatus en su calidad de promotores del desarrollo local.
Derivado de las recientes dinámicas de migración provenientes de países inicialmente de Centroamérica y ahora de otras latitudes, y cuyo problema para nuestro país ha abarcado dimensiones insospechadas, con justificada razón la comunidad mexicana migrante solicita tener conocimiento sobre el destino de los recursos que fueron expresamente asignados al Programa 3x1 para Migrantes, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Su inquietud y justificada preocupación, está orientada a verificar que los recursos sean destinados para los fines que fueron aprobados y en aras de un manejo transparente de los recursos otorgados a la Secretaría de Bienestar, encargada de ejercer los recursos destinados al programa.
Este programa tiene un impacto real en las comunidades, donde has realizado obras. A fin de ilustrar el impacto del programa, en 2002, el programa abarcó 20 entidades federativas con 942 proyectos, 247 municipios y 20 grupos de migrantes de 8 estados de la Unión Americana. La asignación del presupuesto fue de 113.7 millones de pesos, dando un total de 290 millones de pesos con la inclusión de los migrantes.
En 2004 el presupuesto asignado por la federación fue de 175.9 millones de pesos, dando un total de 472.2 millones de pesos con la inclusión de los migrantes.
En 2005 la federación destinó 228 millones de pesos, dando un total de 619.7 millones de pesos. En 2010, el presupuesto federal fue de 557.5 millones de pesos, alcanzando un total de mil 192.8 millones de pesos, incluyendo las aportaciones de los migrantes, llegó a 2 mil 488 proyectos2 .
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se asignaron 498.6 millones de pesos para el Programa 3x1, en tanto que el asignado para 2019 inicialmente sufrió una drástica disminución de 98 por ciento, con recursos que alcanzaban apenas 9.44 millones de pesos3 .
Fue gracias a la presión de la comunidad mexicana en el exterior, particularmente de quienes viven en Estados Unidos, que se logró revertir este despropósito. De los poco más de 9 millones de pesos que planteaba la propuesta del Presidente en el Presupuesto de Egresos 2019, se lograron 60 millones para el Programa 3x1 para Migrantes asignados a la Secretaría de Bienestar (en el ramo de Bienestar, apoyos a pueblos indígenas), y 200 millones, en el Anexo 40, Ampliaciones al Ramo 20 Bienestar.
El interés legítimo de los migrantes por conocer el destino de los recursos aprobados para el Programa 3x1 para Migrantes, no es otro que darle sentido a la razón que le dio origen: continuar elaborando obras de beneficio a las comunidades que lo requieren y con ello, contribuir a su desarrollo.
Las obras a las que destinaban los recursos, eran acordadas de manera conjunta con las autoridades, a iniciativa de los migrantes. En este primer semestre del gobierno actual, no existe información alguna de la forma en que se ejercerán los recursos, a qué proyectos, bajo qué criterios se seleccionarán loa proyectos a financiar y, lo peor, no existe comunicación alguna con la comunidad mexicana en el exterior para conocer su punto de vista.
No está demás subrayar que la condición del mexicano migrante no es una premisa importante dentro de los programas del gobierno federal. Ni la cantidad de mexicanos residentes en el extranjero, ni su influencia cultural, social y económica, ni los elevados montos de dólares que en remesas apuntalan a la economía del país, han sido motivo suficiente para darles un trato a la altura de sus contribuciones al desarrollo del país. Es más, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, donde aspirábamos que tuviera un incremento considerable, resulta que se ratifica el desdén con el que el gobierno federal ha tratado a nuestros migrantes radicados en el exterior, al desaparecer el Programa 3X1 para Migrantes.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Bienestar para que haga público el avance de Programa 3X1 para Migrantes, respecto de los proyectos y los recursos ejercidos a la fecha y explique las razones por las cuales se eliminó dicho programa del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.
Notas
1 https://www.proceso.com.mx/.../se-incrementan-en-6-5-remesas-en-enero-i nforma-banxico
2 El Programa 3x1 para Migrantes. Datos y referencias para una revisión complementaria. CESOP. www3.diputados.gob.mx/camara/content/.../Programa_3x1_migrantes_docto11 1.pdf
3 Informe de la composición PEF de 2019, relativo a asuntos migratorios. Comisión de Asuntos Migratorios CAM/179/19.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Cenapred a redoblar esfuerzos para alcanzar una cobertura total de la información en el Atlas de Riesgos de los municipios de la república y las alcaldías de la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Jorge Luis Montes Nieves, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 despertaron en la conciencia de la nación una cultura de prevención al demostrarnos la fragilidad del ser humano y su creación ante los embates de los fenómenos naturales.
México no sólo ha sido afectado por fenómenos telúricos sino que también ha sufrido daños por inundaciones, ciclones, deslaves, sequías, o altas y bajas temperaturas, que incluso han cobrado vidas humanas. Sin embargo, los sismos ocurridos el 19 de septiembre cobran mayor trascendencia por haber cobrado la vida de centenares de personas, así como los daños materiales incalculables, golpeando el corazón de la nación.
De ahí que en estos días resulte necesario reflexionar en torno a los mecanismos de prevención de riesgos adoptados por el Estado para disminuir en mayor medida los daños causados por fenómenos naturales. Una de las herramientas más importantes para el desarrollo de políticas públicas en materia de prevención es el Atlas de Riesgos, instrumento que busca identificar el tipo de riesgo de cada una de las regiones del territorio nacional; es decir, un mapeo de riesgo a escala milimétrica.
Por ello es necesario enriquecer los datos del atlas de riesgo por municipio, de tal manera que, bajo el principio de la concurrencia de competencias en materia de protección civil, los tres órdenes de gobierno conjuntamente puedan elaborar programas de prevención regionalizada, contando con protocolos de protección civil que atiendan específicamente a los riesgos de cada región, considerando la complejidad orográfica del país.
Por ejemplo, el Servicio Sismológico Nacional “es un referente nacional e internacional del registro de la actividad sísmica, así como de la difusión y divulgación de la información sismológica que se encarga de establecer y mantener una red de monitoreo de sismos dentro del país”, lo que lo convierte en un instrumento fundamental en las tareas de prevención en caso de sismos.
Por ende, el suscrito considera necesario exhortar al Centro Nacional de Prevención de Desastres a redoblar esfuerzos para alcanzar una cobertura total de la información en el Atlas de Riesgos de los 2 mil 457 municipios de la república y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres a redoblar esfuerzos para alcanzar una cobertura total de la información en el Atlas de Riesgos de los 2 mil 457 municipios de la república y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Bibliografía
¿Qué es el Sistema Nacional de Protección Civil? Fecha de consulta: 13 de septiembre,
http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Org anizacion
Sistemas de Alerta Temprana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2019,
http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Enaproc/curs o_Alerta_Temprana.pdf
Servicio Sismológico Nacional. Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2019, http://www.ssn.unam.mx/
Servicio Sismológico Nacional, Preguntas frecuentes. Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2019, http://www.ssn.unam.mx/divulgacion/preguntas/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputado Jorge Luis Montes Nieves (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Sonora a instruir a la Secretaría de Salud local para que emprenda un programa de previsión de contagio de rickettsiosis entre la población, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La rickettsiosis son un conjunto de enfermedades producidas por bacterias pleoformas que tienen comportamiento de parásitos intracelulares, que son contagiadas por garrapatas, piojos, pulgas y ácaros que generan fiebre de las montañas rocosas, fiebre botonosa mediterránea, fiebre Q y la ehrlichiosis.
Las zonas endémicas de Sonora permiten la aparición de garrapatas en diversas áreas, por lo que se convierte en un problema de salud pública, que es considerado como epidemia y que debe ser atendido por el gobierno del estado.
Incluso se menciona en medios de comunicación que Sonora mantiene el primer lugar de contagios, como se describe a continuación:
Por tres años consecutivos, Sonora se ha mantenido como el puntero nacional en cuanto a personas con enfermedades derivadas del contacto con garrapatas, en este caso, fiebre manchada y otras rickettsiosis, de los cuales van 15 casos detectados sólo durante el presente año.
De acuerdo con la información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la entidad se ha mantenido como primer lugar nacional al cierre de 2017 y 2018, a la par que se mantiene en dicha posición al cierre de la undécima semana de 2019.
En esta base de datos se explica que al final de 2017, la entidad contaba con 103 casos de este tipo de padecimientos, seguida por Chihuahua, con 73 casos registrados.
Esta tendencia se mantuvo hasta 2018, año que cerró con 112 casos registrados, lo que comparado con 2017 representa un incremento de 8.73 por ciento, manteniéndose además como primer lugar nacional de nuevo sobre Chihuahua, estado que cerró 2018 con 52 casos.
Del mismo modo, esta base de datos indica que el grueso de los casos afecta de forma pareja tanto a mujeres como a hombres, pues de los 112 pacientes detectados en 2018 56 eran del sexo femenino y 56 del masculino.
Cabe indicar que al cierre de la semana epidemiología 11 de 2019 se tiene un censo de 15 casos nuevos, de los cuales la tendencia sigue en cuanto al género, pues son 8 hombres con el padecimiento y 7 mujeres.
No obstante, en comparación con la misma semana de 2018 se tiene un aumento considerable, pues a la misma fecha del año pasado se habían contabilizado sólo 9 casos, que en comparación con los 15 del año en curso marcan un incremento de 66.6 por ciento (tomado de <https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/en-aumento-casos-de-rick ettsia-en-sonora-3260157.html> el 18 de septiembre de 2019).
Es urgente que desde el Poder Ejecutivo de Sonora se generen políticas públicas que prevengan, contengan y en el largo plazo eliminen los contagios de rickettsiosis en los sonorenses.
El llamado es que la Secretaría de Salud lleve campañas de prevención para evitar contagios y por ende, enfermedades que afectan sobre todo en zonas rurales y semiurbanas del estado.
Por lo expuesto pongo a consideración de la asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la titular del Poder Ejecutivo de Sonora a dictar instrucciones a la Secretaría de Salud estatal a fin de que emprenda un programa de prevención de contagio de rickettsiosis entre la población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt a habilitar los recursos correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal de 2019 al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a cargo de la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración el siguiente, punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a habilitar el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de los recursos correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal 2019, con base en lo siguiente:
Exposición de Motivos
La Ley de Ciencia y Tecnología establece, en su Artículo 36, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico como un “órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt [...]”.1 Su objeto, de acuerdo al mismo artículo, es “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”.2 En otras palabras, el Foro se constituye como un espacio intermedio entre la comunidad académica e industrial, y el Consejo Nacional como la institución responsable del sector.
La existencia del Foro Consultivo es relativamente reciente, remontándose a la promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente en 2002. Sin embargo, su creación debe de caracterizarse como uno de los esfuerzos gubernamentales más significativos en la labor de actualización de nuestro Sistema Nacional de Innovación.
En un contexto de mejores prácticas gubernamentales, la creación del Foro Consultivo respondió a la necesidad por crear nuevos espacios de encuentro para los diversos actores que influyen sobre el desarrollo científico y tecnológico del país. Lejos de ser materia exclusiva de la esfera pública, la investigación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías también competen al sector patronal e industrial, a las asociaciones civiles, a las universidades y a los trabajadores.3 El éxito de nuestro Sistema Nacional de Innovación depende directamente de la capacidad del Estado para coordinar a todos estos actores e incluirlos en líneas de acción comunes, contribuyendo a la construcción de políticas de CTI regionales y de una política nacional congruente e inclusiva.
En una manifestación explicita de este cometido, el Foro Consultivo es presidido por una Mesa Directiva integrada por representantes de las más diversas vocaciones, siendo uno de los espacios con mayor pluralidad en el contexto gubernamental mexicano. De acuerdo con la Ley, la integran los titulares de las siguientes organizaciones, así como tres investigadores representantes de disciplina:4
• Academia Mexicana de Ciencias
• Academia Mexicana de Ingeniería
• Academia Nacional de Medicina
• Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico
• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
• Confederación Nacional de Cámaras Industriales
• Consejo Nacional Agropecuario
• Confederación Patronal de la República Mexicana
• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
• Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología
• Universidad Nacional Autónoma de México
• Instituto Politécnico Nacional
• Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
• Academia Mexicana de la Lengua
• Academia Mexicana de Historia
• Sistema de Centros Públicos de Investigación
• Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
• Investigador representante de las Ciencias Naturales o Exactas.
• Investigador representante de las Ciencias Sociales y Humanidades.
• Investigador representante de la Ingeniería y la Tecnología.
Esta diversidad de voces fortalece al Foro Consultivo, otorgando legitimidad a sus resoluciones y fomentando una deliberación amplia y plural en las materias que le competen. Dar por sentado este esquema de cooperación puede ser altamente costoso para el sector, pues la pluralidad y tamaño de esta comunidad frecuentemente impiden la creación de canales formales de coordinación como el aquí expuesto. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no puede permitir, por lo tanto, el debilitamiento de esta fundamental institución.
En el marco de la presente administración, diversos conflictos se han suscitado entre las autoridades representativas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la dirección del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
El pasado 30 de julio el Consejo Nacional emitió un comunicado oficial en donde señalaba que, de acuerdo con una resolución de la Secretaría de la Función Pública, no estaba obligado a financiar las actividades del Foro Consultivo, argumentando que este organismo es una asociación civil y no un órgano autónomo del propio Consejo.5 Señalando una mala aplicación del gasto, el Consejo Nacional informó que no daría continuidad a sus transferencias destinadas al Foro Consultivo, exhortando a éste a buscar sus propias fuentes de financiamiento.
A manera de respuesta, las autoridades directivas del Foro Consultivo organizaron una conferencia de prensa el mismo día 30 de julio, respondiendo tanto al comunicado antes señalado, como a otras aseveraciones que diversos funcionarios del Consejo realizaron en días previos. En el marco de la conferencia, los directivos del Foro Consultivo aclararon que dicha institución es un organismo autónomo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, no un ente privado como el Consejo Nacional había señalado previamente. Adicionalmente, se demostró que las funciones del Foro Consultivo no duplican aquellas del Consejo Nacional en forma alguna, pues las mismas también están establecidas puntualmente en la normatividad del sector. Finalmente, se mostraron las cifras del desempeño financiero y del gasto que ha tenido el Foro Consultivo desde su creación en 2003, aclarando que no existían las deficiencias señaladas por el Consejo Nacional y que toda la información utilizada era accesible al público en general a través de la plataforma de transparencia del Gobierno Federal.6 Desde esta fecha, no ha existido una réplica institucional por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con respecto a las aclaraciones hechas por la dirección del Foro Consultivo.7
Lo que sí ha sido posible constatar, sin embargo, son las expresiones en apoyo8 del Foro Consultivo por parte de amplios segmentos de la comunidad académica.9 En un importante número de artículos,10 investigadores pertenecientes a distintas disciplinas científicas e instituciones académicas mostraron su apoyo al Foro Consultivo frente a las declaraciones realizadas por el Consejo Nacional. Lejos de observar la duplicidad de funciones que argumentó el Consejo, las y los investigadores encontraron en el Foro un espacio necesario de consulta y de vinculación con la industria y con la comunidad académica. Su papel consultivo es señalado como fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Innovación, pues observan como inconveniente que el poder de tomar decisiones de política científica sea concentrado únicamente en la institución cabeza del sector.
A la luz de los anteriores acontecimientos, consideramos que es fundamental que todas y todos los servidores públicos se sujeten a la normatividad vigente en su toma de decisiones. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no puede dar retención a los recursos de una institución autónoma a través de una interpretación personal de la Ley de Ciencia y Tecnología. Si bien es cierto que autoridades de la Función Pública han determinado que las instituciones públicas no tienen la obligación de transferir recursos a organizaciones de carácter privado sin consideraciones específicas de por medio, lo cierto es que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico no puede ser tratado dentro de dicha lógica.
Al no dar continuidad a la transferencia de los recursos correspondientes al segundo semestre del presente ejercicio fiscal, el Consejo Nacional pone en riesgo la operatividad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y vulnera los derechos laborales de las y los servidores públicos que operan en su interior.
Tomando estas consideraciones, propongo se exhorte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a habilitar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico de los recursos correspondientes al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2019, buscando garantizar el debido respeto al estado de derecho y tendiendo a salvaguardar la integridad institucional del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Considerandos
Sobre la responsabilidad presupuestaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece, en su Artículo 74, que “los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables”.11
Sobre el incumplimiento de las disposiciones anteriores, el mismo artículo establece que “la Secretaría (de Hacienda y Crédito Público) podrá reducir, suspender o terminar la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en esta Ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes”.12 En caso de continuar incurriendo en la retención de los recursos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está expuesto a sufrir una reducción o suspensión presupuestal.
Sobre la autonomía del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Ley de Ciencia y Tecnología establece, en su Artículo 36, que “se constituye [...] como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt [...]”.13 Adicionalmente, el articulado define que tendrá por objeto el “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”. 14 El Foro Consultivo es, por lo tanto, una institución pública sujeto de derechos y obligaciones. Dentro del marco normativo vigente, el Foro no es la asociación civil de carácter privado a la que el Consejo Nacional ha hecho referencia en reiteradas ocasiones.
Sobre las funciones del Foro Consultivo, la Ley establece las siguientes de forma precisa:
“I. Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y especiales de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;
II. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, formación de investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica internacional;
III. Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica del país;
IV. Formular sugerencias tendientes a vincular el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector productivo y de servicios, así como la vinculación entre la investigación científica y la educación conforme a los lineamientos que esta misma Ley y otros ordenamientos establecen;
V. Opinar y valorar la eficacia y el impacto del Programa Especial y los programas anuales prioritarios y de atención especial, así como formular propuestas para su mejor cumplimiento, y
VI. Rendir opiniones y formular sugerencias específicas que le solicite el Ejecutivo Federal o el Consejo General”.15
En el marco presente de la ley, es evidente que el Foro Consultivo cuenta con funciones bien definidas y de carácter consultivo para con la comunidad académica y el sector productivo. Lejos de duplicar funciones con el Consejo Nacional, se erige como un órgano permanente de consulta y de asesoría para la toma de decisiones en materia de políticas de ciencia, tecnología e innovación.
Finalmente, es importante mencionar las disposiciones establecidas en el Artículo 38 de la Ley, pues en este se esclarece la relación presupuestal que debe de existir entre el Consejo Nacional y el Foro Consultivo.
Para tal efecto, la normatividad vigente establece que “el Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.16
Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a habilitar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico de los recursos correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal 2019.
Notas
1 Ley de Ciencia y Tecnología. Artículo 36. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)
2 LCT. Artículo 36. Fracción I. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)
3 Edler, Jakob; Fagerberg, Jan. “Innovation Policy: What, Why and How”. En Oxford Review of Economic Policy. Vol. 33. Núm. 1. Londres. Oxford University Press. 2017. Pág. 8-10.
4 LCT. Artículo 36. Fracción V. Párrafo Primero. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)
5 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El Conacyt debe priorizar el interés público por encima del financiamiento a asociaciones de carácter privado. Comunicado 51/19. México. Gobierno de México. 2019. Consultado en:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicados/1086-co m-51-30-07.
6 Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico tiene definidas sus atribuciones en la Ley de Ciencia y Tecnología; entre ellas destacan las que versan sobre la interacción entre el Foro y la comunidad científica, académica, tecnológica y empresarial. Comunicado No. 158. México. FCCyT A.C. 2019. Consultado en:
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-pre nsa/aclara-foro-consultivo-comunicado-de-conacyt-4819.
7 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Comunicados. México. Gobierno de México. 2019. Consultado en: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicados.
8 Domínguez, Leonardo. Científicos Defienden al Foro tras Acusaciones. México. El Universal. 2019. Consultado en:
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/cientific os-defienden-al-foro-consultivo-tras-acusaciones.
9 De la Peña, José Antonio; Dutrénit, Gabriela; Fernández Zayas, José Luis; Franco, José; Laclette, Juan Pedro; Camhaji Samra, Alfredo; Morales Escobar, Alfonso. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico: Un Espacio Necesario para el Diálogo. México. Nexos. 2019. Consultado en:
https://educacion.nexos.com.mx/?p=1862.
10 Espíndola, José Pablo; Muñoz, Fernanda. En Defensa del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. México. Reporte Índigo. 2019. Consultado en:
https://www.reporteindigo.com/reporte/en-defensa-del-for o-consultivo-cientifico-tecnologico-presupuesto-conacyt/.
11 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 74. Párrafo Segundo. (Última Reforma: DOF 30-12-2015)
12 LFPRH. Artículo 74. Párrafo Primero. (Última Reforma: DOF 30-12-2015)
13 Ley de Ciencia y Tecnología. Artículo 36. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)
14 LCT. Artículo 36. Fracción I. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)
15 LCT. Artículo 37. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)
16 LCT. Artículo 38. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Martha Angélica Zamudio Macías (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a revisar por la Cofepris y la Profeco que las empresas productoras y promotoras de los etiquetados de sus productos de consumo alimenticio apliquen y cumplan la ley en la materia, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Manuel Huerta Martínez, secretario de la Comisión de Salud e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, para su resolución, la proposición con puntos de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La alimentación en los menores mexicanos durante los primeros cinco años de vida es primordial para evitar la desnutrición infantil y obtener un óptimo estado de salud en el futuro. De cómo sean alimentadas las niñas, los niños y los adolescentes, dependerá su desarrollo físico, intelectual y social.
Una buena alimentación desde el nacimiento incrementa la posibilidad de tener un peso saludable y disminuye considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, etcétera.
México en el mundo es considerado un país malnutrido debido a que mientras algunas personas tienen carencia de nutrientes (desnutrición), otras cuentan con exceso de nutrientes (sobrepeso-obesidad), en su alimentación. Eso nos ha conducido a tener el 2.8 por ciento de niñas y niños menores de cinco años con bajo peso, el 13.6 por ciento de baja talla y el 1.6 por ciento con desnutrición aguda, haciéndose mucho más crítica la cifra para los tres conceptos, en la población indígena con pobreza infantil, observando el 26.9 por ciento bajo peso, el 21.5 por ciento baja talla y el 15.5 por ciento desnutrición aguda.
Esto es sumamente preocupante porque los datos arrojados nos colocan en el primer lugar mundial en obesidad infantil, la cual está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en la comunidad en edad preescolar.
El 35 por ciento de adolescentes en el país tiene sobrepeso y uno de cada diez tiene obesidad, indicando que tal padecimiento se da entre los 12 y los 19 años, entonces se conforma un 26 por ciento para ambos sexos y esto representa más de 4.1 millones de niñas, niños y adolescentes con dichos problemas de salud.
Las cifras son muy alarmantes. La presente busca mejorar la salud y la nutrición mediante la legislación en este rubro.
Para ello, se propone que las dos autoridades en comento realicen una revisión exhaustiva de todos y cada uno de los productos nacionales y extranjeros que se encuentran en el mercado de consumo al alcance de las niñas, niños y adolescentes mexicanos.
En la operatividad corresponde de manera preponderante a la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, cuidar que los productos alimenticios ofrecidos a la niñez y a los jóvenes, reúnan las características nutricionales que ostentan, pues es bien sabido y está comprobado que los contenidos nutrimentales no corresponden a los etiquetados. Por ello se solicita también la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Es obvio que todo lo expresado respecto a lo que anuncian dichos productos en las etiquetas de descripción nutricional, contribuye a la mala alimentación infantil y propicia que la desnutrición sea más severa e incluso sin control, por parte de las autoridades, siendo necesaria la participación de padres de familia, maestros, médicos, familiares y toda la parte social que interactúa con los menores en sus diferentes ámbitos de acción, para disminuir, o inclusive evitar la ingestión de dichos productos.
El trabajo legislativo en este tema será para fortalecer, reactivar y promover la observancia y ejecución de las políticas existentes y emanadas de esta Cámara de Diputados y así coadyuvar a transformar la realidad de miles de niñas, niños y adolescentes en México, para que las generaciones presentes y futuras se conduzcan con una alimentación saludable, acorde y adecuada con la educación física y los juegos activos y presenciales, la higiene básica y el autocuidado, la prevención de adicciones, el fortalecimiento de las capacidades comunitarias vinculadas a la promoción y el ordenamiento en la salud. Este trabajo promueve la generación, adición y modificación de las leyes en la materia para garantizar el avance al corto y mediano plazos, con evoluciones sustentables y sostenidas en pro de las niñas, los niños y los adolescentes de México.
Esta propuesta ofrece el universo de proyecciones afines al tema y, por ende, las diputadas y los diputados federales de la LXIV Legislatura de la paridad de género, sumarán esfuerzos a favor de este objeto, pues consiste en tener plenamente identificado este grave problema y, a través de ello, gestionar con las instancias gubernamentales el suministro, la ejecución, la aplicación y la formulación de los elementos necesarios para abatir este fenómeno social y enaltecer el cumplimiento cabal de la LXIV Legislatura. Para ello se someten a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que a través de la Cofepris, y a la Profeco, para que en conjunto realicen la revisión exhaustiva de aplicación y el cumplimiento de los preceptos legales en la materia a las empresas nacionales y extranjeras que producen y promueven los etiquetados de sus productos de consumo alimenticio, que al no ser verdaderos sus contenidos, contribuyen a la mala alimentación y a la desnutrición infantil en México.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris para que cumplan las normas en materia de efectos del ambiente en la salud, salud ocupacional, residuos peligrosos, saneamiento básico y accidentes que involucren sustancias tóxicas o radiaciones.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, en su carácter de protectora y promotora de los derechos de los consumidores, a intensificar las políticas de prevención de abusos en su contra y de la garantía de las relaciones justas de consumo entre los productores y generadores de servicios y el usuario final.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputado Manuel Huerta Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades a proyectar un programa y una estrategia urgentes y permanentes para incentivar, supervisar y regular el registro de los trabajadores con su real salario base de cotización, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada federal Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
Una de las máximas preocupaciones que existen en la población es sin duda el rumbo que tomaran sus vidas cuando termine su vida laboral.
Muchos de ellos viven con la ilusión de poder generar una vida digna con la pensión que producto de su trabajo puedan obtener, pero encuentran una gran problemática, y en esa constante búsqueda de mejorar las condiciones de los trabajadores, esta Legislatura avanzó con la modificación a la Ley Federal del Trabajo, pero es bien sabido por todos, que tenemos que acrecentar esfuerzos para que los trabajadores reciban sus prestaciones de manera correcta, es decir bajo la celebración de un contrato de trabajo, así como el debido pago de impuestos, cuotas del IMSS, Afore, Infonavit e IVA, y así evitar con ello la simulación en el mercado laboral.
De acuerdo a algunos análisis, los trabajadores sufren los estragos de estas malas prácticas al momento de encontrarse en la posición de solicitar su pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que como se desprende de la Ley del Seguro Social de 1973, uno de los factores para el cálculo de la misma, es el salario base de cotización promedio de los últimos 5 años en los que prestó sus servicios el trabajador, por lo que el cotizar con un salario menor al que reciben da como consecuencia reducir la base para el cálculo de su pensión, afectado su vida futura.
De acuerdo a Héctor Márquez Pitol, director de relaciones institucionales de Manpower Group[i], la mayoría de trabajadores contratados por una empresa de subcontratación que hacen prácticas maliciosas, están registrados ante el IMSS con un sueldo diario que oscila entre uno y dos salarios mínimos.
En México 5.22 millones de trabajadores del sector formal e informal tienen más de 60 años, de ellos 34.4% percibe un salario mínimo y 24.4 obtiene más de uno y hasta dos, según cifras del INEGI.
Aunado a lo anterior, el trabajador también recibe afectaciones en materia de vivienda, al no cotizar de manera correcta, ya que uno de los factores para determinar la cuantía de los créditos que otorga el Infonavit es precisamente el salario que percibe el trabajador, por lo que al cotizar con un salario más bajo, no puede acceder a un crédito mayor, y en ese mismo sentido las aportaciones hechas a la cuenta individual de la Afore del trabajador, no generan un mayor ahorro que les permita obtener mejores rendimientos y que al momento de solicitar su pensión reciban cantidades más dignas por concepto de las subcuentas de Retiro 97 e Infonavit 97 a que tienen derecho.
En ese mismo sentido, también resultan afectados los trabajadores que cotizan al amparo de la denominada Ley 1997 del Seguro Social, modalidad que comenzó a aplicarse a partir del 1° de julio de 1997, ya que en este esquema la pensión es determinada exclusivamente del saldo acumulado en la cuenta de Afore del trabajador, por lo que si se realizan cotizaciones más bajas a las que realmente se perciben da como consecuencia un monto constitutivo más bajo, y como consecuencia una pensión que no satisfaga las necesidades del trabajador.
Considerandos
I. Como diputada federal considero de gran importancia fortalecer la vida futura de los trabajadores, el atender a ese grupo de mexicanos que durante años han sido sometidos por parte de las empresas y/o patrones que no otorgan de manera correcta sus prestaciones, viéndose severamente afectados, ya que no podrán contar con una pensión que se calcule en términos de lo que durante su vida laboral han generado.
II. Dicha problemática se puede constatar con las cifras duras que el Inegi ha proporcionado, independientemente de que lo percibimos en el andar por los distritos a los que visitamos para informar los avances de esta cuarta transformación, y por los ciudadanos con los que vivimos en el día a día.
III. Independientemente de lo anterior, el derecho a ser dado de alta de manera correcta ante las autoridades de la materia, es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo, que no admite negociación alguna.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Directora del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a fin de que a la brevedad posible proyecten un programa y estrategias urgentes y de manera permanente, para incentivar, supervisar y regular el registro de los trabajadores con su real salario base de cotización.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la directora del Sistema de Administración Tributaria, la secretaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de que a la brevedad posible proyecten un programa y estrategias urgentes y de manera permanente, para incentivar, supervisar y regular el registro de los trabajadores con su real salario base de cotización.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades a realizar gestiones para construir y mantener actualizada la cuenta satélite de la economía social, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN y PES
Las suscritas diputadas y los suscritos diputados a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de la Economía Social, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a realizar gestiones para construir y mantener actualizada una cuenta satélite de la economía social de México, con base en las siguientes
Consideraciones
Hace poco más de 35 años se reformó el texto constitucional, en el artículo 25, para reconocer la existencia del sector social de la economía y su importancia para concurrir al desarrollo de la nación, junto con los sectores público y privado. Asimismo, se dispuso que la ley establecería los mecanismos que facilitarían la organización y expansión de la actividad económica de dicho sector social.
Treinta años subsiguientes de aquella reforma de la Carta Magna para que el Poder Legislativo avanzara, aunque fuese parcialmente, en el cumplimiento de la disposición constitucional. El 23 de mayo de 2012 se promulgó la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía.
Afortunadamente a lo largo de nuestra historia el sector social de la economía, honrando sus principios de autonomía e independencia, ha realizado su propio esfuerzo. Ha construido sociedades cooperativas de reconocido nombre en México y el mundo, cuyo peso y contribución a nuestra economía son destacados; ha venido construyendo un sólido sistema cooperativo de ahorro y préstamo que hoy conjunta la voluntad de varios millones de mexicanos, la mayoría de ellos habitantes de localidades apartadas y de alta marginación donde la banca privada nunca hubiese llegado; ha sido el soporte fundamental de la protección y conservación de nuestros bosques, a través de organizaciones comunitarias que han impulsado el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos, alcanzando con ello reconocimientos internacionales; y ha sido un actor relevante en la producción de alimentos básicos, organizando el esfuerzo ejidal y comunal de cientos de miles de pequeños productores agropecuarios.
Sin embargo, estamos convencidos de que esa gran energía creativa, productiva y solidaria del sector social de la economía en México, podría multiplicarse exponencialmente con el diseño e implementación de políticas públicas adecuadas, y con un marco normativo que favorezca su desarrollo. Si lo logramos, estaremos fortaleciendo al sector económico con mayor potencial para contribuir a una verdadera y radical mitigación de la desigualdad y la pobreza en nuestro país.
Para el adecuado diseño de políticas públicas y la correspondiente actualización de un marco jurídico que les de sustento, es importante tener información confiable, oportuna y precisa. Ese es el sentido de lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 14 de la Ley de Economía Social y Solidaria. Por ello, el INAES tiene la función de llevar a cabo estudios, investigaciones y la sistematización de información que permitan el conocimiento de la realidad de los organismos del sector y de su entorno.
Al respecto, integrantes de la Comisión de Economía Social y Fomento Cooperativo, en sesión realizada el pasado 31 de julio del año en curso, tuvimos conocimiento de que el INAES convino con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el año 2017, la realización de un estudio para determinar la factibilidad de integrar una Cuenta Satélite de la Economía Social que permitiera tener una medición de la contribución del sector social de la economía a los grandes agregados nacionales y sectoriales de la actividad económica.
Derivado de la viabilidad positiva determinada por el estudio referido, el INAES convino durante 2018 con el mismo Inegi, la realización de un “estudio de caso” sobre la Cuenta Satélite de la Economía Social de México, tomando 2013 como año base. En dicha sesión se compartieron algunos datos relevantes del estudio referido, destacando el hecho de que una primera aproximación al peso relativo de la economía social en México, la constituye el indicador de su participación en el producto interno bruto: en 2013 dicha participación fue de 1.2 por ciento.
Estos primeros resultados, generados por una institución del prestigio técnico del Inegi, son alentadores para todos los actores comprometidos con la promoción y el fomento de la economía social en México y en el mundo, pero serán inútiles si no se avanza en la construcción de la serie histórica que nos permita conocer la composición y evolución de las variables que integrarán dicha cuenta satélite hasta el año más reciente que se logre integrar. Con esta serie, será posible describir, pronosticar, medir y, sobre todo, evaluar el resultado neto de las acciones u omisiones de los poderes públicos para hacer una realidad las aspiraciones plasmadas hace más de 30 años en la Constitución.
Por todo lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que, en el marco de las disposiciones legales y administrativas que regulan su actuación, publique en su sitio web, para beneficio de los estudiosos de la economía social, de los interesados en el tema y de la población en general, el “estudio de caso” realizado con datos de 2013 como año base.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de la Economía Social, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que, en el marco de las disposiciones legales y administrativas que regulan su actuación, realicen las acciones necesarias y suficientes para que, con la mayor brevedad, la sociedad mexicana cuente con una serie lo más amplia y detallada posible de la cuenta satélite de la economía social de México, así como a disponer lo necesario para su oportuna actualización y mejora en los años subsecuentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputados: Lucio Ernesto Palacios Cordero, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Nancy Yadira Santiago Marcos, Marco Antonio Reyes Colín, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María de los Ángeles Huerta, María Rosete (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a fundamentar, motivar y justificar la cancelación y sustitución de las NOM correspondientes a la inspección, la evaluación y el mantenimiento de la infraestructura de recolección y transporte de hidrocarburos, publicadas en el DOF el 6 de agosto de 2019, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Sandra Paola González Castañeda, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamentos en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados , somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que motive, fundamente y justifique la cancelación y sustitución de las normas mexicanas publicadas en el Diario de la Federación el martes 6 de agosto de 2019, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1o. de julio de 1992, pretendía uniformar los procedimientos de normalización y medición, estableciendo esquemas uniformes que permitieran superar los problemas de discrecionalidad y legalidad que subsistían en la ley de 1988 (derogada).
La ley menciona distintos tipos de normas entre las que encontramos las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas de emergencia y las normas de referencia. Pero aun con la creación de las mencionadas, se encuentran algunas lagunas en nuestro ordenamiento jurídico; lo cierto es que, en las últimas décadas, este tipo de disposiciones han proliferado en todos los ámbitos con diversos objetivos y regulando situaciones diversas. Una gran diferencia entre las primeras normas técnicas y las actuales es que las más antiguas fueron expedidas por el presidente de la República, en uso de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución.
Un claro ejemplo en el cual aún existe un vacío legislativo, es la Ley de Petróleos Mexicanos ya que no indica la seguridad industrial con la que debe contar una planta para prevenir la integridad física de las personas, instalaciones y protección de medio ambiente.
La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de identificar, reducir, evaluar, prevenir, mitigar, controlar y administrar los riesgos en el sector, mediante conjunto de normas que incluyen directrices técnicas sobre las instalaciones, y de las actividades relacionadas con aquellas que tengan riesgos asociados, cuyo principal objetivo es prevenir la integridad física de las personas, de las instalaciones, así como la protección del medio ambiente.
El artículo 3 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos nos hace mención de que se debe regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del sector, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así también nos menciona que se debe emitir las bases y criterios para que los Regulados adopten las mejores prácticas de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente que resulten aplicables a las actividades del sector.
Por lo anterior se solicita a la Secretaría de Economía que motive, fundamente y justifique la cancelación y sustitución de las normas mexicanas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el martes 6 de agosto de 2019, ya que no se hace mención de cuáles serán las modificaciones o cuáles serán las normas que entraran en vigor de las normas que se están sustituyendo y en relación a la cancelación se tiene como antecedente la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía, para que motive, fundamente y justifique la cancelación y sustitución de las normas mexicanas correspondientes a la inspección, evaluación y mantenimiento de la infraestructura para la recolección y transporte de hidrocarburos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día martes 6 de agosto de 2019.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de septiembre de 2019.
Diputada Sandra Paola González Castañeda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a combatir y evitar la proliferación de los mosquitos del dengue, a cargo de la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada federal Carmen Mora García, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero: Actualmente Veracruz es el estado con más casos de dengue a nivel nacional, con 3 mil 234 registrados de acuerdo con el reporte de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal.
Por su parte, el secretario de Salud de dicha entidad federativa, Roberto Ramos Alor, informó que tienen 2 mil 860 casos confirmados de dengue clásico y 385 con signos de alarma.
Segundo: Se precisa que el dengue es una enfermedad vírica que se transmite a través de un mosquito. Los síntomas del dengue se inician después de un periodo de incubación que puede variar de cinco a ocho días tras la picadura, las personas infectadas suelen presentar fiebre alta, vómitos, erupción en la piel y debilidad general, y para el caso de dengue hemorrágico además se presenta sangrado en las encías y en la nariz.1
La Organización Mundial de la Salud señala que no hay un tratamiento específico para el dengue, sin embargo, en el supuesto de dengue grave la detección clínica y la asistencia prestada por médicos y enfermeras que tienen experiencia con los efectos y la evolución de la enfermedad puede salvar vidas y reducir las tasas de mortalidad de más del 20 por ciento a menos del 1 por ciento.2
Asimismo, la enunciada organización dispone que en la actualidad el único método para controlar o prevenir la transmisión de este virus consiste en luchar contra los mosquitos vectores, a través de las siguientes medidas:
• Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevecillos aplicando el ordenamiento y la modificación del medio ambiente.
• Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales.
• Cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico.
• Aplicar insecticidas adecuados en los recipientes que almacenan agua a la intemperie.
• Utilizar medidas de protección personal en el hogar, como mosquiteros en las ventanas, usar ropa de manga larga, repelentes, materiales tratados con insecticidas, espirales y vaporizadores.
• Mejorar la participación y movilización comunitarias para lograr el control constante del vector.
• Durante los brotes epidémicos, las medidas de lucha antivectorial de emergencia pueden incluir la aplicación de insecticidas mediante el rociamiento.3
Tercero: Se destaca que uno de los municipios del estado de Veracruz que más casos tiene registrados de dengue es el pueblo mágico de Coatepec, en el cual actualmente existe una situación muy alarmante, ya que su alcalde expresó que llevan contabilizado 200 casos de dengue de manera oficial, entre ellos, uno hemorrágico que presuntamente ya cobró la vida de una joven de 23 años de edad.4
De ahí, se verifica que el problema de dengue en el municipio de Coatepec está creciendo a pasos agigantados, y el caso de la citada joven, empleada de un centro comercial de Coatepec, es un claro ejemplo que el tema se ha desatendido y está fuera de control de las autoridades, no obstante, hasta el momento la autoridad competente no ha dado a conocer de manera oficial ningún fallecimiento por dengue hemorrágico en el referido municipio.
Tal es la situación que se vive en dicho pueblo mágico, que sus habitantes han informado a diversos medios estatales que tan sólo en la Privada Laurencio Polanco existen 40 personas enfermas de dengue, los cuales han acudido a instancias del sector salud, pero no a todos se les brindó la atención médica debido a la falta de medicamentos, por lo que optaron por atenderse con médicos particulares.5
De hecho, se ha externado por la ciudadanía a distintos medios informativos que fuentes públicas de agua en el citado municipio ya presentan una invasión de larvas de mosquito trasmisor.6
Es lamentable que Coatepec sea nota por ser el municipio donde más casos de dengue se están confirmando, nuestra gente vive con temor ante dicha epidemia, ya que todos, sin distinción, están expuestos, siendo más vulnerables a esta enfermedad los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
Cuarto: Ante ello, resulta de imperiosa necesidad que las autoridades municipales de este pueblo mágico, giren sus instrucciones a quien corresponda para atender esta epidemia, a través de estrategias que eviten la reproducción de larvas que generen el mosquito trasmisor del dengue, así como para que se brinde la atención medica requerida a la población afectada, a fin de salvaguardar la salud de todos los coatepecanos.
De igual manera es necesario la intervención de las autoridades sanitarias del estado, a efecto de que lleven a cabo las acciones necesarias para combatir y evitar la proliferación de los mosquitos del dengue, así como se brinde sin distinción alguna y de manera pronta la atención médica a las personas que están siendo afectadas en su salud por dicha enfermedad.
Esto último ya que de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación del Estado garantizar a todas las personas el derecho a protección de la salud.
En este orden de ideas, los artículos 71, fracción XI, inciso j) de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 35, fracción XXV, inciso j) de la Ley número 9 Orgánica del Municipio Libre, es atribución del ayuntamiento garantizar la salud pública municipal .
Por otra parte, el apartado A, fracción XIII del artículo 3 de la Ley número 113 de Salud del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, corresponde al gobierno del estado, la prevención y el control de enfermedades transmisibles , como el caso que nos ocupa.
De igual manera, el dispositivo 37 de la Ley número 113 de Salud del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, estable que los servicios públicos que se presten en los establecimientos públicos de salud, a los habitantes del estado que así lo requieran, deben basarse en los criterios de gratuidad y universalidad; fundados en las condiciones socio-económicas de los usuarios.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de Coatepec, Veracruz, a efecto de que gire sus instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se lleven a cabo las acciones necesarias para combatir y evitar la proliferación de los mosquitos del dengue en dicho pueblo mágico, así como se brinde la atención médica a las personas que tienen dicha enfermedad.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Salud de estado de Veracruz, para que a través de las áreas competentes de esa dependencia a su digno cargo, se lleven a cabo las acciones necesarias para combatir y evitar la proliferación de los mosquitos del dengue en el municipio de Coatepec, Veracruz, así como se brinde la atención médica a las personas que tienen dicha enfermedad.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud. “Temas de salud, Dengue”, recuperado de https://www.who.int/topics/dengue/es/
2 Organización Mundial de la Salud. “Dengue y dengue grave”, recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-d engue
3 Ídem.
4 Hernández Melissa (11 de septiembre de 2019), “Alcalde de Coatepec reporta más de 200 casos de dengue; uno es hemorrágico”, Diario de Xalapa, recuperado de
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/alcalde-de-coate pec-reporta-mas-de-200-casos-de-dengue-uno-es-hemorragico-4167545.html
5 Barradas Sandy (5 de agosto de 2019), “Vecinos temen que casos de dengue aumenten por falta de fumigación en Coatepec”, Al Calor Político, recuperado de https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vecinos-temen-que-casos-de- dengue-aumenten-por-falta-de-fumigacion-en-coatepec-294870.html#.XXvuIi hKjIU
6 “Temor en la población por fallecimiento por dengue en Coatepec”, La Opinión de Poza Rica, recuperado de https://www.laopinion.net/temor-en-la-poblacion-por-fallecimiento-por-d engue-en-coatepec/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Carmen Mora García (rúbrica)
Con motivo de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
Dos hechos lamentables y conmovedores, que han marcado a nuestro país, son los eventos naturales relacionados al sismo de 1985 y de 2017.
Tales acontecimientos han dejado marcada la vida diaria de nuestra gran nación; son enormes los daños a la sociedad, no sólo en la infraestructura y en la destrucción del entorno en el que vivimos sino también con la pérdida de algún familiar o ser querido en alguna de las miles de familias afectadas a consecuencia de los derrumbes, por los que sólo bastaron dos minutos para generar caos y desolación.
No obstante y pese a estas desgracias, México se ha levantado y sigue de pie.
Por otro lado, estos lamentables momentos en la vida del país nos mostraron que en momentos difíciles no importan las diferencias sociales pues los mexicanos estamos para apoyarnos los unos a los otros, derivado de estos sismos muchas fueron las personas que ayudaron a rescatar a un sin número de gente bajo los escombros durante días, sin importar el cansancio, el frío o el hambre, el objetivo era el mismo, salvar vidas y mostrar las ganas de sobrevivir y recuperarse frente a estas inclemencias.
Quienes no pudieron ofrecer ayuda personal, de alguna manera ofrecían cooperación económica a través de donativos o bien en especie como lo son las despensas, material de curación y material para el abrigo.
México logró salir adelante uniendo fuerzas y esperanza.
El primer sismo ocurrió el 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 horas de la mañana, tuvo una duración de 2 minutos y su magnitud fue de 8.1 grados en la escala Richter, si bien es de recordar, algunas zonas de mayor afectación fueron el centro, sur y occidente de México.
Aquí en la capital del país se tuvieron severos daños: el Hospital General de México fue uno de los más afectados, un caso lamentable pues la unidad de ginecología y la residencia médica quedaron totalmente destruidas, falleciendo en el lugar más de 295 personas entre pacientes, residentes y personal médico. Por otra parte, destacar que se lograron rescatar a muchas personas de los Hospitales Juárez, del Hospital General y del Centro Médico Nacional, calculando poco más de dos mil personas, varias de ellas estando atrapadas entre escombros durante días, pero que con el gran esfuerzo y perseverancia de los rescatistas lograron salir.
Es de resaltar que según datos oficiales se calcularon poco mas de las 6 mil 500 personas muertas por el sismo de 1985, mientras que la Cruz Roja señalaba más de 10 mil decesos.
Para el caso del sismo increíblemente también ocurrido el 19 de septiembre pero 32 después, en 2017, se contabilizaron 360 defunciones sumando los casos de los estados de la República donde hubo afectaciones por el movimiento telúrico; el gobierno federal estimaba un costo de los 39 mil millones de pesos para la reconstrucción por los daños originados por este evento natural.
Se considera una coincidencia amarga, pero de igual manera fue un recuerdo que revive la fortaleza en los mexicanos pues ya anteriormente se demostró que se puede salir adelante.
Por sucesos como estos, en la población se ha generado un marco de cultura y prevención junto con protección civil, cuyo objetivo es proteger la vida de las personas en contra de los desastres naturales pues ni la mano del hombre puede evitar que sucedan, quedando demostrado que no sólo en estas dos fechas lamentables, sino en todas aquellas circunstancias devastadoras, sobresale el espíritu de servicio y el apoyo solidario a brindar bajo una grata y humana causa.
Queda claro que bajo circunstancias derivadas de los hechos de la naturaleza, el ser humano no puede hacer que se detenga o no ocurran tragedias, pero es importante mencionar que es de urgencia, la modificación y fortalecimiento de medidas de protección civil en beneficio de toda persona y en este sentido, apelamos a la convicción de generar los mayores esfuerzos en materia de protección civil y el fortalecimiento a las políticas públicas para garantizar que la resiliencia en las personas no sólo sea en cuestiones de capacidad psicológica y de adaptación a los factores medioambientales, sino también que existan los medios materiales para apoyar estas formas de evolución y adaptación.
Compañeras y compañeros legisladores, este aniversario luctuoso resulta propicio para hacer un llamado y exhortar a las autoridades en todos los tres órdenes de gobierno a que prioricen la gestión del riesgo de desastres, no sólo en análisis de experiencias y simulacros de evacuaciones, sino en una notoria estructura de programas sociales, estrategias y mecanismos, tal y como se considera en la propia Ley General de Protección Civil.
Estamos ciertos que la tarea no es fácil pero el esfuerzo y la unidad de todos hará que las víctimas mortales de estos grandes fenómenos de la naturaleza no hayan sido sólo para dejarlos al olvido sino para generar conciencia y se amplíen las medidas de protección civil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)