Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a homologar su legislación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, diputado federal integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.1

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) clasifica a las causas de discapacidad en las personas, en cinco grupos principales: nacimiento, enfermedad, accidente, edad avanzada y violencia.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, Inegi, el total de las personas que por lo menos poseen una discapacidad es de aproximadamente 4 millones 527 mil 784 millones, de los cuales, la dificultad de caminar o moverse libremente es la más frecuente, padeciéndola aproximadamente 2 millones 437 mil 397 millones de personas.

Este grupo de personas con discapacidad ocupa un número importante en nuestro país, por lo cual es necesario que el Estado mexicano vele por la protección de sus derechos, ya que, al padecer una discapacidad estas personas están expuestas a que les sean vulnerados sus derechos humanos debido a que su condición les dificulta realizar ciertas actividades con mayor eficacia en relación con otras personas que no poseen ninguna discapacidad.

Hoy en día, se reconoce que la población que vive con discapacidad, también goza de los mismos derechos que el resto, actualmente prevalece ver a la persona a partir de su funcionalidad, más que de su deficiencia, lo que ha permitido orientar acciones y políticas nacionales, regionales y mundiales, en favor de los derechos de este grupo poblacional.

En pro de lo anterior, uno de los documentos mundiales que concibe el enfoque de derechos humanos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), en el cual México ha tenido una participación relevante, ya que la propuso y en el 2007 la firmó y ratificó. Sin embargo, entró en vigor en 2008 a nivel mundial. Esta Convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo poblacional, en el cual uno de sus principales objetivos es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con esta condición.

Este instrumento reconoce, entre otros aspectos, que el concepto de la discapacidad evoluciona y que es resultado de la interacción entre las personas con una condición de salud y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás; que los países deben incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integral de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible; así como la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia para poder participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente.

Uno de los objetivos de la Convención es generar un cambio en la forma de considerar socialmente a las personas con discapacidad, para reconocer a cada una su carácter de titular de derechos, así como la facultad y capacidad de tomar decisiones sobre su vida.

Según su propósito y estableciendo la problemática, esta convención obliga a los Estados parte en ella a promover y asegurar el goce de los derechos humanos a las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas legislativas, y la creación de políticas y programas que fomenten la protección de los derechos humanos de estas personas y que garanticen el respeto de los mismos.

Algunos de los derechos más trascendentes que reconoce y protege esta convención son, el reconocimiento como persona ante la ley que tiene como propósito establecer la igualdad de todos ante la ley, la protección en contra de la violencia y explotación, el derecho a vivir de forma independiente así como su inclusión y participación en la comunidad dentro del cual se contiene la libertad de decidir cómo vivir y que cuente con los servicios de apoyo necesarios para vivir mejor, el acceso a la justicia, el derecho al respeto dentro del hogar, derecho a la educación, salud, trabajo, a un buen nivel de vida, a la protección social, a la participación en actividades recreativas, entre otros.

El catálogo de derechos que maneja esta Convención debe cumplirse por los Estados mediante la implementación de políticas o medidas pertinentes, y a su vez con la presentación de informes periódicos en donde se supervise a los estados sobre las medidas que están adoptando para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la convención.

A la par, se han creado otras leyes para la regulación del tema de personas con discapacidad, no sólo a nivel federal (Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad), sino también cada estado de la República Mexicana tiene su propia normatividad al respecto.

El objetivo de la proposición con punto de acuerdo que se expone es homologar la legislación local con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ello a efecto de dotarlos de elementos que les permitan aligerarse de obstáculos, así como les otorgarle certeza jurídica en el ejercicio de sus derechos.

Es imperativo establecer y, en su caso, actualizar con precisión la ley del país para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, en particular de las personas con discapacidad, tema muchas veces ignorado, y evitar la discriminación, pues ésta es el primer obstáculo que sufren, para participar activamente en la sociedad y gozar de los derechos que establece nuestra Carta Magna.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la legislación macro que existe a nivel internacional y que busca proteger a estas personas mediante la inclusión e igualdad principalmente, así que al ser el gran ordenamiento internacional que toca esta problemática es inevitable que las legislaciones locales de cada estado adecúen su contenido a las disposiciones y principios de la convención, ya que esta toca temas o situaciones relevantes que aquejan a las personas con discapacidad, por lo que al armonizar las leyes locales con este tratado se estaría dando un gran paso en la atención a la problemática existente en el país sobre la discriminación y situación vulnerable que viven estas personas, pues de alguna manera se estaría reconociendo explícitamente los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, creando un catálogo de derechos único que esté acorde con el contenido de la Convención.

Finalmente, hago hincapié que este punto de acuerdo tiene su sustento en una opinión impulsada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de conformidad con el Informe de Armonización Legislativa 2017, en pro del Derecho a una Vida Digna y a la Seguridad Social de las Personas con Discapacidad, con base a lo establecido en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual cita la necesidad de “Impulsar la armonización de la legislación local de cada entidad acorde a los estándares de la Convención, a fin de homologar los derechos sustantivos y adjetivos de este colectivo para que no enfrenten obstáculos de carácter legislativo en su ejercicio.”2

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a cada uno de los congresos estatales de todas las entidades federativas a homologar su legislación local en materia de discapacidad, con los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de optimizar la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Notas

1 Artículo 1. Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

2 Informe de Armonización Legislativa. Derecho a una Vida Digna y a la Seguridad Social de las Personas con Discapacidad
informe.cndh.org.mx//images/uploads/nodos/30724/content/files/Propuestas%20Legislativas%202017%20ENERO-OCTUBRE.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de septiembre de 2019.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a detallar el plan de contingencia por implantar a fin de garantizar la aplicación del tamiz metabólico neonatal, a cargo de la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Janet Melanie Murillo Chávez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, y artículo 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública a detallar el plan de contingencia que se implementará a fin de garantizar en todo momento la aplicación del tamiz metabólico neonatal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El tamiz metabólico consiste en tomar una muestra de sangre del talón del recién nacido en los primeros 2 a 5 días después del nacimiento con el objetivo de identificar distintas enfermedades.

La frecuencia de las malformaciones congénitas en el mundo es de 2 a 3 por ciento en nacidos vivos y de 15 a 20 por ciento en muertes fetales, por lo que la aparición de este estudio ha resultado un gran avance en medicina.

El tamiz metabólico se implementó en México en el año de 1973 como un programa piloto para la detección de fenilcetonuria, homocistinuria, enfermedad de jarabe de maple y tirosinemia, tres años más tarde, en 1976 se introdujo la detección del hipotiroidismo congénito.

Para el año de 1996 se convirtió en una estrategia de salud pública y ahora, mediante la Secretaría de Salud, se contempla la realización del tamiz metabólico ampliado para todos los recién nacidos mexicanos donde, con recursos propios y lineamientos para su utilización, han logrado la detección de seis enfermedades: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística y deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.1

Desafortunadamente, este importante estudio se ha encontrado en una terrible incertidumbre ante los rumores de su posible cancelación. Si bien la Secretaría de Salud hasta el momento ha comunicado que esto no ocurrirá, sí han hecho mención de cambios, lo que ha puesto en riesgo una oportuna implementación.

A través de comunicados, la federación solicitó a los estados realizar los trámites administrativos para dar continuidad al programa de tamiz metabólico neonatal con recursos propios, mientras se define el proceso de licitación para estos servicios, por lo que el Estado busca recursos extraordinarios para ello.2

La Secretaría de Salud federal afirmó que la aplicación de esta prueba se continuará dando, pero bajo un plan de contingencia mientras se revisan los contratos adquiridos por el gobierno anterior y se establece un nuevo proceso definitivo de compras de bienes o servicios.

Antes estos cambios se ha generado una gran preocupación al no tener la certeza de realizar este estudio tan importante a bebés recién nacidos, como prueba de ello Liliana Rangel, titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, admitió que se carece de reactivos para la aplicación de tamiz, toda vez que el recurso sigue congelado por parte de la federación.

Por otra parte, en el caso de Coahuila, a pesar de que no recibieron recursos por parte de la federación, el Ejecutivo estatal destinó recursos propios, desafortunadamente fueron agotados, situación que dejó desprotegidos a los recién nacidos.

El pasado 11 de agosto resultó muy triste la noticia que, ante estos hechos, más de ocho mil recién nacidos están en riesgo de desarrollar alguna discapacidad o incluso de morir, derivado a que desde el mes de marzo no se cuenta con el servicio de pruebas de tamiz neonatal regularizado en todo el país.3

Sin duda, lo anterior pone en riesgo la garantía de llevar a cabo un tamiz metabólico a un recién nacido en el momento que resulte necesario, lo que contraviene con toda la lucha que hemos realizado en la defensa y protección de nuestras niñas y niños mexicanos.

El interés superior de la niñez se encuentra por encima de todo, nuestras niñas y niños necesitan tener también seguridad de que serán garantizados todos sus derechos desde su nacimiento.

El combate a la corrupción debe ser prioridad sin afectar a la niñez mexicana, por lo que resulta necesario conocer a detalle las acciones que se implementarán, a fin de otorgar seguridad a aquellas madres que están por tener a su hijo en brazos o bien aquellas que se encuentran ya en espera de recibir este servicio.

Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente propuesta con:

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a detallar el plan de contingencia que se implementará a fin de garantizar en todo momento la aplicación del tamiz metabólico neonatal.

Notas

1 http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2018/apms181g.pdf

2 https://www.elimparcial.com/Noticias/2019/03/30/1419535-Descartan-suspe nder-el-tamiz-metabolico.html

3 https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2019/08/11/falta-tamiz-mas-8- mil-bebes-riesgo.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a dar a conocer por la Sectur las acciones por implantar para atender la eliminación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal integrante de la LXIV Legislatura, Ximena Puente de la Mora, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Turismo, dé a conocer las acciones que se prevén implementar para atender la eliminación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermágico) para el ejercicio fiscal 2019.

I. Antecedentes

El turismo es una de las principales fuentes económicas de nuestro país, ya que junto con las remesas familiares, las exportaciones de petróleo y la industria manufacturera, representa un ingreso económico anual de casi 20 mil millones de dólares;1 el turismo representa 8.9 por ciento de la economía nacional, genera 9 millones de empleos.2 México, al adherirse al programa de Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21, Plan de Acción de la ONU,3 se comprometió a adoptar medidas nacionales y globales en materia de sustentabilidad, la conservación del medio ambiente y los recursos patrimoniales que poseen las comunidades para mantenerse y desarrollarse como centros urbanos competitivos; convertido en un desarrollo local con incremento en los índices de generación de empleo y disminución de la pobreza;4 en este sentido, el turismo cultural en nuestro país es una de las áreas de mayor crecimiento.

Como parte de la referida reorientación de la política turística adoptada en nuestro país, es que a partir del año 2001 y hasta el Ejercicio Fiscal 2018; se procuró el aprovechamiento del patrimonio cultural, a través de la implementación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermágico), encaminado a la promoción y desarrollo de destinos caracterizados por su riqueza cultural visualizada en elementos representativos de la identidad nacional;5 en aras de la consolidación de estos destinos turísticos con atributos culturales e históricos.

Los pueblos mágicos representan la autenticidad en arquitectura, infraestructura, urbanismo, calles, comida, colores, olores, sabores; son una especie de marca turística, que al cumplir con todo ello, permiten la incorporación de una localidad al programa.6 Prodermágico, desprendido del programa Agenda 21 para el Turismo Mexicano, desarrollado por la Sectur,7 en colaboración con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, ha contribuido a revalorar a un conjunto de poblaciones que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros.

A partir de la implementación de Prodermágico; el gobierno federal reactivó la dotación de infraestructura turística, favoreciendo la economía de estos pueblos, ya que durante todo el año se ve la afluencia de gran cantidad de turismo nacional y extranjero; se han invertido recursos federales para arreglar las fachadas de las casas, se adoquinaron sus calles, instalando arbotantes y un sinnúmero de detalles con el fin de resaltar la imagen de estos pueblos que prácticamente estaban en el abandono y que los mismos habitantes no podían sacar adelante, difundiendo su capacidad turística,8 representando una derrama económica considerable en beneficio de los pobladores y los empresarios que tienen sus hoteles, restaurantes, servicios de tours, entre otras actividades, sin olvidar que se han rescatado algunas costumbres y tradiciones de dichas comunidades que habían quedado en el olvido.

II. Planteamiento del Problema

No obstante el reconocimiento respecto de la importancia cultural, económica y turística de los pueblos mágicos y que hasta 2018 fueron apoyados por los recursos emanados del programa presupuestal federal S248- Prodermágico, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 no se contemplaron recursos para dicho programa, por lo que las 121 regiones de nuestro país, que hasta hoy han calificado para ser incluidas en esta categoría podrían quedar sin apoyo económico,9 creciendo con ello la incertidumbre sobre el desarrollo turístico y la derrama económica que pueblos mágicos han venido generando.

Reconocemos los esfuerzos de la actual administración a favor de un cambio estructural, bajo el argumento de que impulsará proyectos loables y productivos como el tren Maya y el fortalecimiento de zonas de nuestro país, como la sur-sureste, pronunciándose a favor de que los denominados pueblos mágicos inviertan recursos en su propia estructura y promoción.10

Ahora bien, dentro de las directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) se establece la 3, “Desarrollo económico incluyente”, la cual tiene como principios la honestidad y el combate a la corrupción, así como la participación activa y concertada del sector social y de los agentes económicos de las propias regiones, señalando como prioridad, el desarrollo regional de zonas que históricamente han sido menos favorecidas en la distribución del ingreso nacional.11

En contraste con lo anterior la Estrategia Programática planteada por el actual gobierno federal en el PEF 2019, lamentablemente se indica la desaparición del PpS248 Prodermágico; aunque es importante mencionar que el objetivo central de este programa no fue eliminado, porque para este año fiscal fue adherido al Pp G001 “Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística”; más aún, y hasta la fecha de este exhorto, no se ha transparentado la información que contiene las Reglas de Operación para la aplicación de los recursos de este programa presupuestal.

Prodermágico no sólo era para pueblos mágicos, sino para proyectos turísticos, era un fondo para infraestructura y programas especiales, y esto no significa que los hasta ahora denominados pueblos mágicos vayan a desaparecer.

Por su parte, el estado de Colima cuenta con 10 municipios, de entre los que destacan por sus características de pueblos mágicos: Comala, Villa de Álvarez y Manzanillo; el primero, ya cuenta con la denominación de pueblo mágico; aunque los tres son regiones en las que se ha avanzado bastante en la red estatal de infraestructura, turismo, parques y patrimonio cultural, en busca de su consolidación como pueblos mágicos, mejorando la capacidad instalada para atención al turismo.

En este sentido, los retos que emprende el estado de Colima y todos los pueblos mágicos de nuestro país ante la incertidumbre y baja de recursos, nos proyecta a seguir trabajando con eficiencia y transparencia, en conjunto con todas las organizaciones y asociaciones que tengan que ver con la actividad turística, en el entendido que es inminentemente indispensable que se publiquen las Reglas de Operación del Programa Pp G001 “Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística”, para trabajar junto con la estrategia federal y con lo que se tenga para eficientarlos y buscar con acciones de infraestructura la permanencia de estas regiones.

En Colima se ha seguido trabajando en fortalecer el turismo para que no se pierda el patrimonio de estas regiones, prueba de ello es la inversión en el Programa Nacional de Infraestructura y Proyectos Estratégicos 2013-2018 de 12,307.42 millones de pesos con 83 obras.12

Fortalecer al turismo cultural en estas regiones, más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos extraordinarios lugares de nuestra geografía mexicana y que han sabido preservar la riqueza, patrimonio cultural e histórico que encierran; por ello, Comala, Villa de Álvarez y Manzanillo merecen estar incluidos en este reajuste de los programas presupuestales especiales.

Eliminar este programa estratégico es olvidar que nuestro país es la sexta potencia mundial en turismo,13 que nuestros pueblos mágicos nos ofrecen relevancia económica, desarrollo regional, aporte al patrimonio cultural e histórico, y una sólida y orgullosa proyección de México ante el mundo; es olvidar que millones de familias dependen de esta actividad turística que es una gran generadora de empleo; que afecta a todo México y al estado de Colima, que viven de ello; porque el turismo es palanca de nuestra economía.

Exhortamos por transparentar el uso y reasignación de los recursos públicos, máxime porque el actual gobierno, proclama la transparencia y anticorrupción como su bandera de acción. Recordemos que la cultura y el turismo no están casados con ningún color ni ideología partidista.

Por lo anteriormente expuesto, en mi calidad de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dentro de esta LXIV Legislatura, es que propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Turismo, dé a conocer las acciones que se prevén implementar para atender la eliminación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermágico) para el Ejercicio Fiscal 2019.

Primero. Se transparente y dé máxima publicidad, respecto a los Programas Presupuestales: Pp S248 y G001 se unificaron.

Segundo. Se detallen y publiquen en el DOF, las Reglas de Operación del Programa Presupuestal Pp G001, Programa que para el Ejercicio Fiscal 2019 contiene los objetivos principales del desaparecido Pp S248 (Prodermágico); para no dejar sin presupuesto a estos pueblos mágicos.

Tercero. Asimismo, haga de conocimiento público el análisis y justificación que fueron utilizados como base para eliminar el programa presupuestal Prodermágico S248.

Cuarto. Máxima publicidad en la eliminación del Programa presupuestal Prodermágico S248.

Quinto. Exhorto para que se emita declaratoria como pueblos mágicos a los municipios de Comala, Villa de Álvarez y Manzanillo, como regiones de la geografía mexicana que han sabido preservar l riqueza y patrimonio cultural e histórico que encierran, y que cumplen con los requerimientos para ser denominados e incluidos en este reajuste de programas presupuestales especiales.

Notas

1 López Blanco, Gladis. Turismo Sustentable, Oportunidad para México. Febrero 2018 Revista 10 años Alcaldes de México.

2 Presidencia de la República. Revista 10 años Alcaldes de México. Declaraciones en el Tianguis Turístico en Acapulco.

3 Organización Mundial del Turismo (OMT). Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992.

4 Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, El programa pueblos mágicos ¿estrategia para un desarrollo turístico sustentable. Principio del formulario. Final del formulario

5 Idem

6 Idem

7 García Vega, Diego, Guerrero García Rojas, Hilda R. Agenda 21, suscrito por los Jefes de Estado y representantes de los países asistentes a la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992). Sistema de información científica red de revistas científicas de América latina y el Caribe, España y Portugal, El programa Pueblos Mágicos.

8 Autor: Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Fundación UNAM. Organización establecida en favor de las causas y objetivos de la Universidad Nacional Autónoma de México y para fortalecer su imagen como nuestra Máxima Casa de Estudios, tanto en México como en el extranjero.

9 SHCP. Análisis del PEF para el Ejercicio Fiscal 2019.

10 Torruco Márquez, Miguel. Declaración del titular de la Secretaría de Turismo.

11 Gaytán, Alejandro, titular de la Unidad de Planeación Económica, SHCP. SHCP, PEF 2019, Estratégica Programática, Ramo 21 Turismo, Pág.1, PND 2019-2024, 30 enero 2019.

12 Coordinación General de Centros SCT. Balance de Obras 2013-2018 Colima.

13 Sectur, Sexto Informe de Labores, Pág. 20.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 5 de septiembre de 2019.

Diputada Ximena Puente de la Mora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a visitar los humedales de montaña Lagos de María Eugenia y La Kisst, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y hacer del conocimiento público el estado de ambos, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Clementina Marta Dekker Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México por su localización latitudinal, sus características geográficas, topografía y su litoral frente a dos océanos y un mar propio, lo hace uno de los países con una diversidad en ecosistemas terrestres, gran cantidad de fauna marina, y una riqueza cultural inigualable.

Además, nuestro país es considerado “megadiverso”, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70 por ciento de la diversidad mundial de especies. Para algunos autores el grupo lo integran 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Otros, suben la lista a más de 17, añadiendo a Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela.1

Dentro de estas riquezas naturales que ofrece nuestro país, le sumamos los humedales que son uno de los entornos más productivos del mundo, cunas de diversidad biológica, fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) destaca la importancia de los humedales por:

• Almacenamiento de agua

• Mitigar las inundaciones y regular sequías

• Recargar los acuíferos

• Retención de contaminantes, sedimentos y nutrientes

• Establecer microclimas

• Reducir la erosión costera

• Productores de oxígeno

• Prevención de la intrusión de agua salada

• Sitios de reproducción de peces

• Sitios de reproducción y alimentación de aves (muchas de ellas migratorias)

• Gran biodiversidad2

En este sentido la Conagua, con el apoyo de otras instituciones, elaboró el Inventario Nacional de Humedales (INH) con el objetivo de recolectar la información cartográfica (mapas), ambiental y estadística de los ecosistemas de humedal, para su mejor aprovechamiento y preservación. Considerando los datos proporcionados por el INH se sabe que nuestro país cuenta actualmente con 6,331 de éstos, 142 son Humedales de Importancia Internacional, ocupando el segundo lugar a nivel mundial3 y que abarcan una superficie de 8.64 millones de hectáreas.4

Los Humedales de Importancia Internacional son considerados dentro de la “Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional”, acuerdo firmado en Ramsar, Irán, en 1971, por lo cual, se conoce como Convención Ramsar. México se adhirió a este convenio en 1986.

La Convención aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, reservorios y salinas.5

En el marco de los “tres pilares” de la Convención, las partes contratantes se comprometen a:

• Trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio;

• Designar humedales idóneos para la lista de humedales de importancia internacional (la “Lista de Ramsar”) y garantizar su manejo eficaz;

• Cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos, sistemas de humedales compartidos y especies compartidas.

El Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “...todos los tratados que estén de acuerdo con la misma [Constitución], celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión”.

Por eso, la Convención Ramsar debe considerarse como una ley suprema y su cumplimiento es responsabilidad del Estado Mexicano.

El sitio web de la Convención Ramsar contiene una lista y más de 2.200 sitios Ramsar en todo el mundo, que son reconocidos por ser de gran valor, no solo para el país o los países en los que se ubican sino para la humanidad en su conjunto.6

El Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales ubica dentro de la Lista de sitios Ramsar, 12 sitios en el estado de Chiapas, los cuales se enlistan a continuación:

• Año: 1996

Reserva de la Biosfera La Encrucijada
Tipo de humedal: Marino-costeros, Continentales

Chiapas
Superficie (hectáreas): 144,868.000

Esta región es muy importante ya que en ella se encuentran diversos tipos de vegetación representativos de la Costa de Chiapas como son manglares, los cuales han sido considerados como los más altos del Pacífico americano; es importante mencionar que esta reserva alberga al único bosque de zapotonales existentes en Mesoamérica, además de contar con Tulares, Matorral Costero, Vegetación Flotante y Subacuática, Palmares, Selva Mediana Subperennifolia y Baja Caducifolia. Además cuenta con una amplia red hidrográfica constituida principalmente por ríos, lagunas costeras, esteros, canales y bocabarras que permiten establecer un intercambio entre las aguas continentales y el mar. La Reserva de la Biosfera La Encrucijada es la única en el estado que protege los hábitats y las especies de flora y fauna en los humedales de la costa chiapaneca, además de que está considerada como una de las áreas de mayor prioridad a conservar en México.

• Año: 2003

Parque Nacional Lagunas de Montebello
Tipo de humedal: Continentales

Chiapas
Superficie (hectáreas): 6,022.000

El Parque Nacional Lagunas de Montebello constituye una de las reservas forestales más importantes del estado de Chiapas, funcionando como un vaso de captación de agua y regulador climático regional. La vegetación que lo caracteriza es de transición entre la región altos de Chiapas y Selva Lacandona teniendo especies de bosque templado y de selva tropical. Esta reconocida como parte de una cuenca hidrográfica prioritaria para su conservación por su riqueza biológica, en particular de aves. Constituye un complejo lacustre de origen kárstico que se extiende desde los 59 lagos en territorio mexicano hasta Guatemala.

• Año: 2004

Áreas de Protección de Flora y Fauna de Nahá y Metzabok
Tipo de humedal: Continentales

Chiapas
Superficie (ha): 7,215.760

Las Áreas de Protección de Flora y Fauna de Nahá y Metzabok se encuentran dentro de la región conocida como Selva Lacandona, la cual es considerada la región de mayor importancia biológica en todo Norteamérica. Se estima que en ella, encuentran su hábitat más de 40 mil especies de flora y fauna. La riqueza biológica se hace evidente al considerar que aun cuando la región representa solo el 0.4 por ciento del territorio nacional, concentra el 48 por ciento de las especies de aves, el 33 por ciento de murciélagos, el 11 por ciento de reptiles, y el 25 por ciento de los mamíferos encontrados en todos los ecosistemas del país.

• Año: 2004

Parque Nacional Cañón del Sumidero
Tipo de humedal: Continentales, Artificiales

Chiapas
Superficie (ha): 21,789.000

El Parque Nacional Cañón del Sumidero presenta características geológicas únicas en su género, con cantiles de rocas caliza y basáltica hasta de 1000 metros de altura formados por el paso del Río Grijalva. En su interior existen ecosistemas frágiles terrestres y acuáticos susceptibles de ser afectados por actividades humanas. Asimismo, es el hábitat y uno de los últimos refugios de especies animales que se encuentran en eminente peligro de extinción, como el Hoco faisán (Crax rubra), Mono araña (Ateles geoffroyi) y el Cocodrilo de Río (Crocodylus acutus), así como especies amenazadas como el Ocelote (Leopardos wiedii) y el tepezcuintle (Agouti paca) . Dentro de la zona existen ruinas a arqueológicas, cuevas con pinturas rupestres, que es necesario conservar para el incremento del patrimonio cultural del pueblo de México.

• Año: 2008

Humedales de Montaña La Kisst
Tipo de humedal: Continentales

Chiapas
Superficie (ha): 35.670

Los humedales de montaña están ubicados en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, es uno de los pocos humedales de zona fría localizado arriba de los 2 mil metros sobre el nivel del mar. Este sitio alberga especies endémicas, en peligro de extinción, amenazadas o sujetos a protección especial y protege a las poblaciones tanto silvestres como humanas de inundaciones al filtrar el agua de lluvia a los mantos freáticos y purificarla. Retiene nutrientes para la flora y fauna que sustenta poblaciones de peces, anfibios y reptiles residentes que dependen de la existencia de este ecosistema para sobrevivir. Es refugio de aves residentes y migratorias, que lo utilizan como punto de parada o descanso durante su recorrido migratorio. La vegetación predominante en la zona se compone de pastos y manchones de tulares. Este sitio resulta de gran importancia debido a que provee el 70 por ciento del agua potable que se distribuye a los habitantes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

• Año: 2008

Sistema Estuarino Boca del Cielo
Tipo de humedal: Marino-costeros

Chiapas
Superficie (ha): 8,931.000

El sistema estuarino Boca del Cielo está ubicado en el Municipio de Tonalá, en el Estado de Chiapas, es la segunda playa más importante para el desove y alimentación de tortugas marinas en el Estado de Chiapas como las Tortugas Golfina, Laúd, Prieta y la Tortuga Carey del Pacifico. También hay diversas especies de fauna silvestre bajo diversas categorías de protección. Es un hábitat de una gran cantidad de especies de aves residentes y migratorias que aprovechan el hábitat para alimentación, descanso, refugio y protección, y un hábitat temporal y cíclico para una gran variedad de especies, al tiempo que es considerada como un sitio de anidación, alimentación, reproducción, y criadero para las principales especies acuáticas que sustentan la pesquería ribereña, mediana altura y altura de la región. La vegetación predominante es de tipo de dunas y matorral costero, algunos elementos de selva baja caducifolia y manglar de 4 especies: mangle colorado, mangle blanco, mangle negro y botoncillo. Las poblaciones realizan actividades económicas y de sustento como la caza y la pesca.

• Año: 2008

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Cabildo - Amatal
Tipo de humedal: Marino-costeros

Chiapas
Superficie (ha): 2,832.000

El área denominada “El Cabildo Amatal” se encuentra en la Provincia Fisiográfica de la Planicie Costera del Pacífico, la cual tiene una extensión de más de 280 km de longitud adyacente al litoral pacífico, desde el estado de Oaxaca en la Laguna conocida como “Mar Muerto” hasta el vecino país de Guatemala. Brinda además una gran variedad de bienes, servicios, usos y funciones de gran valor para la sociedad, como son el actuar como fuente de agua para uso del hombre, sistema de recarga del manto freático, filtro biológico para mejorar la calidad del agua, fuente de energía y barrera de huracanes, así como una importante producción pesquera; esto último, sólo cuando se utilizan técnicas adecuadas en la captura y cuando se respetan las épocas de reproducción de las especies.

• Año: 2008

Zona Sujeta a Conservación Ecológica El Gancho - Murillo
Tipo de humedal: Marino-costeros

Chiapas
Superficie (ha): 4,643.000

Presenta una superficie compacta de manglar, tular, selva baja caducifolia, palmar y áreas de vegetación secundaria con diversos grados de desarrollo, formaciones vegetales que mantienen complejas relaciones ecológicas y sustentan una diversidad de los humedales costeros que en su conjunto deben ser sujetos a un proceso de conservación y aprovechamiento sustentable para evitar su extinción, por lo cual, merecen ser protegidos a fin de que se planifiquen y ejecuten programas específicos de manejo para su conservación.

• Año: 2012

Humedales de Montaña María Eugenia
Tipo de humedal: Continentales

Chiapas
Superficie (ha): 85.950

El sitio constituye un humedal de montaña, la vegetación predominante se compone de pastos y tulares. El humedal se encuentra inmerso en la mancha urbana de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, razón por la cual su deterioro es cada vez más acelerado. Este humedal constituye la zona de distribución de especies endémicas de gran importancia ecológica, como son el Popoyote o pez escamudo de San Cristóbal (Profundulus hildebrandi) catalogada en peligro de extinción y el Topo de San Cristóbal (Sorex stizo don) como amenazada.

Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_BIODIV01_06%26IBIC_user=dgeia_mce%26IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREANIO=*&NOMBREENTIDAD=Chiapas

A estos se suman otros tres humedales incluidos en la lista de humedales de importancia internacional los cuales son Sistema Estuario Puerto Arista, Zona Sujeta a Conservación Sistema Lagunar Catazajá y Humedales la Libertad7

De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su artículo 70, fracción XIV, la función de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en el marco de la Convención Ramsar, es coordinarse con las unidades administrativas competentes de dicha secretaría y otras dependencias y entidades de la administración pública federal, para que cada institución, en función de sus atribuciones, impulse el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados en éste tratado internacional.

Es así como la Conanp impulsa el cumplimiento de la Convención en los sitios Ramsar que se encuentran dentro de áreas naturales protegidas federales y facilita procesos para que todos los actores relacionados con los sitios Ramsar fuera de áreas naturales protegidas federales, den cumplimiento a este compromiso internacional que, a través de los procesos ecológicos de los humedales, brinda beneficios a todos los mexicanos.8

Asimismo, se crea el Comité Nacional de Humedales, como un órgano consultivo formado en el 2004 por el acuerdo del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas,9 atendiendo la recomendación 5.7 del Comité y con la finalidad de coordinar la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional.

Este Comité es una instancia de consulta, apoyo y asesoría de la autoridad administrativa en México, para la correcta aplicación de la Convención de Ramsar a nivel nacional, en particular en aquellos sitios del territorio nacional designados como humedales de importancia internacional. Está conformado por 25 miembros, un Presidente y un Secretario Técnico, éste último representado por el Coordinador Nacional de la Convención de Ramsar en México, la Conanp. La ponderación de los sectores que figuran en el comité, se encuentra de la siguiente forma: sector gubernamental 60 por ciento, organizaciones de la sociedad civil 28 por ciento y academia 12 por ciento.10

Por propias palabras de la Conanp, con la conformación de este Comité, “se tiene la garantía de que la toma de decisiones y los instrumentos referentes a los humedales de importancia internacional (sitios Ramsar), así como las propuestas de designación de nuevos sitios y a los humedales del territorio nacional, contarán con la orientación de expertos y de instituciones federales del sector ambiental, para fortalecer las acciones que se realizan en los diferentes niveles de gobierno, con el apoyo de socios clave como organizaciones de la sociedad civil y la academia, para la conservación y manejo efectivo de los sitios Ramsar de México.”

Aunado a estos instrumentos que se focalizan en brindar atención especial a los humedales, agregamos la política nacional de humedales, presentado en febrero de 2014. Cuyos objetivos son:

1. “Mantener el valor ecológico, económico y social de los humedales, a través de una gestión integrada y bajo un enfoque ecosistémico, que coadyuve al desarrollo sustentable del país.

2. Identificar, con base en el enfoque ecosistémico y en la comprensión de las relaciones funcionales de las cuencas hidrográficas y de la zona costera, las principales causas que provocan el deterioro de los humedales del país y las acciones e instrumentos que se requieren para su atención.

3. Promover la conservación, restauración y el uso sustentable de los humedales para mantener su estructura y función, de manera que se asegure el suministro de bienes y servicios ambientales y se contribuya a aumentar el bienestar humano, la equidad y la seguridad ambiental.

4. Fomentar el desarrollo de acciones participativas de comunicación, educación y concienciación, con el fin de promover la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para la protección de los humedales.

5. Desarrollar acciones para la atención y seguimiento de los compromisos internacionales contraídos por México en relación con los humedales.”11

Esta política surgió por la necesidad urgente de que el gobierno federal estableciera un instrumento rector que definiera las prioridades, coordinara las acciones y estableciera las metas integrales, dirigidas a tener una mejor planeación y gestión para el aprovechamiento sustentable y la protección de los humedales mexicanos.12

Sin duda los esfuerzos por parte del gobierno mexicano han quedado plasmados en la firma de convenios internacionales, en la instalación de comités y en el intento de una política nacional de humedales que, hasta la fecha, no se han visto plasmados en la realidad ambiental de nuestro país.

El estado de Chiapas, y particularmente en San Cristóbal de las Casas, los humedales de montaña Lagos de María Eugenia y La Kisst, en los últimos años, han sido devastados por invasiones y procesos de urbanización. Miembros de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra han alzado su voz para realizar esta denuncia, además, se han visto caminos con grava y arena para rellenar el humedal sin que ninguna autoridad interviniera en el acto.13 Dicha Red ha estado trabajando en favor de la defensa y protección de los humedales de Chiapas desde hace varios años y para finales del 2018.

Hoy en día los humedales siguen en desprotección los procesos de urbanización y desplazamientos internos forzados son las razones principales que ponen en peligro la supervivencia de estos humedales que forman parte de la Lista de los sitios Ramsar y en la cual, las instituciones involucradas pareciera ser que desconocen todo el cuerpo normativo que en este punto de acuerdo ya se describieron.

Chiapas resulta ser uno de los estados con una riqueza natural envidiable, en donde una de sus actividades económicas se centra en el ecoturismo, en el disfrute de la naturaleza y fuente de ingresos para la población que vive de esta actividad económica. Desafortunadamente mi Estado tiene un grado de pobreza representativo a nivel nacional y la población opta por soluciones rápidas que le permitan tener mejores condiciones; el proceso de urbanización ha invadido espacios que tiene una importancia ecológica no sólo para el estado sino a nivel internacional. Los tres órdenes de gobierno deben de tener la disposición y están obligados a velar por el bien de su ciudadanía y el cuidado de su medio ambiente. Se dice que estos dos humedales aportan el 70 por ciento de agua a la ciudad de San Cristóbal, liquido indispensable para la vida diaria.

Los problemas ecológicos que podrían causar la pérdida de estos humedales serían innumerables e irreparable, además, representaría la omisión por parte de las Instituciones encargadas por hacer velar la protección de estos humedales.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Comité Nacional de Humedales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado de Chiapas, realicen una visita a los humedales de montaña Lagos de María Eugenia y La Kisst, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para corroborar la situación en la que se encuentran estos humedales y lo hagan del conocimiento público.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Comité Nacional de Humedales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado de Chiapas se elabore lo antes posible planes de acción y seguimiento que sean requeridos en el área, y que éstos sean de conocimiento público.

Notas

1 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

2 https://www.gob.mx/conagua/articulos/dia-mundial-de-los-humedales-18957 0?idiom=es

3 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/inventario-nacional-de- humedales-inh

4 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/humedales-donde-la-vida-es-prodig a

5 https://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convencion-de-ramsar-y-su-mision

6 https://www.ramsar.org/es/acerca-de/humedales-de-importancia-internacio nal-los-sitios-ramsar-0

7 https://datos.gob.mx/busca/dataset/lista-de-los-humedales-de-importancia
-internacional-sitios-ramsar-designados-en-mexico/resource/49ec355f-3d77-4120-9edb-47982a030808

8 https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/sitios-ramsar

9 Órgano de carácter consultivo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a fin de promover la participación de especialistas, en un contexto propicio para la concertación, la discusión constructiva y la acción organizada, tendiente a lograr la conservación, protección y, en su caso, el aprovechamiento y desarrollo sustentable de las áreas naturales protegidas. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4895169&fecha=08/08/1996

10 https://www.gob.mx/conanp/documentos/manual-operativo-del-comite-nacion al-de-humedales

11 https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/politica-nacional-de-hum edales.pdf

12 https://agua.org.mx/biblioteca/politica-nacional-humedales/

13 https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/
denuncian-relleno-de-humedales-en-san-cristobal-2847813.html

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/
imparable-la-devastacion-de-humedales-en-san-cristobal-de-las-casas-2704529.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputada Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a hacer púbica la información sobre el estado del proyecto de NOM para la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado, la calidad de la atención, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y de cuello uterino, suscrita por las integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los que suscriben, diversos diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a hacer pública la información sobre el estatus que guarda el proyecto de norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y cuello uterino y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a hacer pública la información sobre la vigencia de derechos de los pacientes que reciben tratamiento a través del Seguro Popular, con base las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial el cáncer es uno de los principales causantes de defunciones, pues tan sólo en 2018 se detectaron 18 millones de casos nuevos de esta neoplasia y alrededor de 9.6 millones de muertes. Tanto en el número de casos nuevos como el número de muertes han ido a la alza desde 2011, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2030 el número de casos nuevos ascenderá a los 20 millones anuales.1

En nuestro país la realidad no es diferente; pues de acuerdo al comunicado de prensa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ofrecido en octubre del año pasado en el que dio a conocer las Características de las defunciones registradas en México durante 2017, del total de muertes registradas 88.6 por ciento estuvieron relacionadas con problemas de salud, en donde el cáncer resulta ser la tercera causa de muerte sólo por debajo de enfermedades cardiacas y la diabetes mellitus,2 estimando que 14 de cada 100 mexicanos y mexicanas fallece por esta enfermedad3 :

Diez principales causas de muerte por sexo

Fuente: Tabla proporcionada por el Inegi en comunicado de prensa número 525/18

De acuerdo a la presentación del informe del Inegi también se puntualizó que los casos de cáncer han ido al alza en los últimos diez años tal y como se muestra en la siguiente tabla4 :

Además se informó que las mujeres son las que con mayor frecuencia padecen esta enfermedad5 :

Desde 2006 el cáncer de mama desplazó al cáncer cervicouterino como la principal causa de muerte por cáncer en la mujer6 ; en 2017 el cáncer de mama provocó 6 mil 889 defunciones, de las cuales sólo 35 de ellos fueron casos de hombres y el resto en mujeres, siendo el rango de edad más afectado el de 65 años y más7 :

En cuanto al cáncer cervicouterino los casos registrados en 2017 fueron 4 mil 52 siendo nuevamente el grupo de edad más afectado el de 65 y más8 :

Defunciones por cáncer cervicouterino según grupos de edad de la mujer

Por su parte el Centro Médico Nacional Siglo XXl realizó el foro Cáncer: desafíos en México y América Latina donde a través de la participación del doctor y director general del Instituto Nacional de Cancerología Abelardo Meneses García, detalló que los tumores malignos más frecuentes en nuestro país son9 :

• Cáncer de mama con 20 mil casos

• Cáncer de próstata con 14 mil casos

• Cáncer cervicouterino con 14 mil casos

• Cáncer de colon con 8 mil casos

• Cáncer de pulmón con 8 mil casos

Por su parte el doctor José de Jesús Méndez de Lira, director responsable del Programa de Cáncer de la Mujer en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva informó que los canceres más frecuentes en las mujeres mexicanas son10 :

• Cáncer de mama (22.7 por ciento)

• Cáncer de cuello uterino (13.4 por ciento)

• Cáncer de hígado (11.3 por ciento)

• Cáncer de colon y recto (10 por ciento)

• Cáncer de estómago (9.8 por ciento)

• Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (9 por ciento)

• Cáncer de ovario (8.6 por ciento)

• Cáncer de páncreas (7.7 por ciento)

• Cáncer del cuerpo del útero (3.9 por ciento)

• Cáncer de boca y orofaringe (1.6 por ciento)

• Cáncer de vejiga (1.1 por ciento)

• Cáncer de esófago (0.9 por ciento)

Estos datos visibilizan que en nuestro país, el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino mantienen la mayor tasa de mortalidad y son los más comunes en las mujeres mexicanas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se pueden reducir los casos de cáncer a través de dos componentes:

1. Diagnóstico temprano. Cuando el cáncer es detectado en una etapa temprana “la probabilidad de supervivencia aumenta, la morbilidad se reduce y el tratamiento es más barato”11 , por ello es de relevancia generar conciencia sobre el posible padecimiento para que se pueda realizar una evaluación clínica que genere un diagnóstico y estatificación del cáncer y así poder planificar el tratamiento oportuno.12

2. Cribado. El cribado es la exploración de nuestro cuerpo para encontrar anomalías de un cáncer o de una lesión precancerosa cuando aún no se han presentado síntomas, el objetivo del cribado es poder detectar de forma temprana la enfermedad para poder iniciar con el tratamiento.13

Por su parte la Unión Internacional contra el Cáncer estima que la prevención y detección temprana de este padecimiento puede salvar 3.7 millones de vidas a nivel mundial cada año, además de aumentar la posibilidad de sobrevivir más de cinco años si la enfermedad es atendida en etapas tempranas en comparación con las personas que son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad.14

Asimismo, está comprobado que los tratamientos de las personas que fueron diagnosticadas en etapas tempranas de la enfermedad, llegan a costar entre dos y cuatro veces menos que quienes reciben tratamiento en etapas avanzadas.15

El objetivo del diagnóstico temprano es “lograr detectar el cáncer cuando aún se encuentra en las etapas iniciales y está localizado en el órgano de origen y antes de que prolifere e invada otros órganos o tejidos y en algunos casos, encontrar lesiones precancerosas. La detección temprana del cáncer permite dar el tratamiento indicado y en muchos casos, curarlo”.16

Nuestro país cuenta con normas oficiales que permiten prevenir, diagnosticar y dar tratamiento a las mujeres mexicanas que padecen de estos dos tipos de cáncer, estas normas son elaboradas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades; por un lado se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 para la Prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino, y por el otro se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama.

Por su parte el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva convocó en febrero de 2018 al Subcomité Técnico de Normalización con el fin de actualizar las normas antes descritas, por lo que se acordó unificarlas con el propósito de mejorar los criterios de prevención y control en la materia, para ello se conformó un comité coordinado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva como secretariado técnico, en el que los grupos de trabajo pactaron que la nueva norma debía integrar la prevención primaria y secundaria del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino, así como acciones de diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y acompañamiento emocional de las pacientes, a su vez se definió la relevancia del control y gestión de calidad de la norma y del monitoreo, evaluación, formación y capacitación de los cuerpos médicos.17

Así pues, desde el 11 de junio del año pasado la oficina del abogado general de la Secretaría de Salud cuenta con la versión final del Anteproyecto de la Norma18 ; cabe señalar que desde entonces se encuentra en proceso de publicación, por lo que hasta ahora se desconoce el estatus que guarda y es importante que continúe con su proceso para que permita proporcionar atención integral y de calidad a las mujeres que padecen esta enfermedad.

Asimismo, en abril del presente año diferentes institutos y hospitales de nuestro país denunciaron el recorte presupuestario en el sector salud que los orilló a limitar no sólo sueldos, recursos humanos y recursos materiales, sino también a restringir la atención de mujeres que combaten a diario esta enfermedad.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) ha sido uno de los más afectados en la materia que se expone, pues el 23 de mayo de 2019 envió un oficio al que fuera secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Carlos Urzúa Macías, explicando cada uno de los seis programas especiales que otorgan atención a pacientes con cáncer de la mujer19 :

• Cáncer de mama

• Cáncer cervicouterino

• Cáncer de pulmón

• Cáncer de ovario

• Cáncer de endometrio

Señalando que dicho recorte pone en riesgo a 3 mil 500 pacientes, además de la suspensión total de cuatro de sus programas.20

Cabe destacar que el anuncio de la desaparición del Seguro Popular y la falta de ejecución del gasto público ha generado retrasos en la atención de los pacientes que reciben tratamientos médicos por medio de esta prestación, aunado a la falta de información en hospitales y unidades médicas para realizar la renovación de la vigencia de sus derechos.

Por lo cual es indispensable hacer la precisión que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 dio seguimiento a los programas presupuestarios existentes en el ejercicio fiscal 2018 y la Estructura Programática del Presupuesto 2020 mantiene esta denominación.

En este sentido es importante que la Austeridad Republicana se abstenga de incidir y perpetrar en el sector salud y en la salud de los mexicanos, pues además de que nuestro país presenta un déficit de infraestructura hospitalaria en los tres niveles de atención,21 no se puede regatear sobre el derecho más básico y fundamental de todos los mexicanos.

Asimismo, en el marco de la realización del foro Diagnostiquemos la salud, pongamos una cura, el coordinador nacional Francisco Pérez Fayad, indicó que de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que menos destina gasto en atención al ciudadano, pues dicha organización establece que debe ser por lo menos 4 mil dólares, y nuestro país sólo gasta mil 30 dólares, es decir, cuatro veces menos de lo estimado.22

Por lo anterior y con el fin de que las mexicanas que padecen esta enfermedad puedan recibir una atención integral y de calidad, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a hacer pública la información sobre el estatus en el que se encuentra el proyecto de norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y cuello uterino, con la finalidad de que sea publicada a la brevedad posible para contar con un instrumento normativo que permita atender a las mujeres mexicanas con las técnicas y tratamientos más innovadores y lograr mayores tasas de supervivencia en nuestro país.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a hacer pública la información que contiene el número de beneficiarios que han solicitado su reafiliación al Sistema de Protección Social en Salud, destacando de aquellos pacientes que reciben actualmente tratamiento para los tipos de cáncer incluidos en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ello con el fin de conocer si tienen garantizada la atención por parte del sistema, así como a hacer pública la información sobre las acciones que se están llevando a cabo para garantizar los derechos de los beneficiarios del Seguro Popular que solicitan su reafiliación con motivo del vencimiento de su póliza o de su próximo vencimiento, según sea el caso y lograr su reafiliación exitosa.

Notas

1 México Infocáncer, “El cáncer en el mundo y México”, publicado el 05-02-2019, disponible en

https://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a =estadisticas-mundiales-y-locales

2 Inegi, Comunicado de Prensa Núm. 525/18, dado el 31-10-2018 y disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSoci odemo/DEFUNCIONES2017.pdf

3 Secretaría de Salud, “318. Cáncer, tercera causa de muerte en México”, disponible en https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-m exico

4 Inegi, Comunicado de Prensa Núm. 525/18, Op. Cit.

5 Ibídem.

6 Secretaría de Salud, “Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018” en Información Estadística, disponible en https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica

7 Inegi, Comunicado de Prensa Núm. 525/18, Op. Cit.

8 Ibídem.

9 Andrea López. “Cáncer, tercera causa de muerte en México”, publicado el 08-08-2017, disponible en https://tecreview.tec.mx/cancer-tercera-causa-muerte-en-mexico/

10 Información obtenida a través de un encuentro realizado con el equipo técnico de la Vicecoordinación Legislativa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y el Dr. José de Jesús Méndez de Lira, Director de Cáncer de la Mujer en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

11 Organización Mundial de la Salud, “Cáncer”, publicado el 12-12-2018, disponible el https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Unidad Internacional Contra el Cáncer, “Día Mundial contra el Cáncer 2019: Expertos internacionales piden medidas urgentes en pro de la detección temprana del cáncer”, publicado el 04-02-2019, disponible en https://www.worldcancerday.org/es/dia-mundial-contra-el-cancer-2019-com unicado-de-prensa-oficial#_ftn15

15 Ibídem.

16 México Infocáncer, “Detección temprana”, publicado el 05-02-2019, disponible en https://www.infocancer.org.mx/?c=prevenir-el-cancer&a=deteccion-tem prana

17 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en COTREMA, “Reporte de Actividades NOM Cáncer de Mama y Cérvico Uterino.

18 Ibídem.

19 Instituto Nacional de Cancerología, Oficio difundido por el mismo a través de Redes Sociales, disponible en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/recortes-presupuestales- afectan-3-mil-500-pacientes-del-instituto-nacional-de

20 Ibídem.

21 Francisco Pérez Fayad en el foro “Diagnostiquemos la salud, pongamos una cura”, disponible en

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-reprueba-po r-grave-rezago-en-sector-salud

22 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputados: Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rubrica), Ruth Salinas Reyes (rubrica), Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rubrica), Ana Priscila González García (rubrica), Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rubrica), Martha Tagle Martínez (rubrica), Lourdes Celenia Contreras González (rubrica), Adriana Gabriela Medina Ortiz (rubrica), Martha Angélica Zamudio Macías (rubrica), Kehila Abigail Ku Escalante (rubrica), María Libier González Anaya (rubrica), Carmen Julia Prudencio González, Julieta Macías Rábago, Ariel Rodríguez Vázquez (rubrica).

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las autoridades correspondientes que informen del avance tenido en la implantación de la estrategia para salvaguardar a la vaquita marina y coordinarse a efecto de sacar a dicha especie del peligro inminente de extinción, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y de Morena

Quien suscribe, diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Alfredo Antonio Gordillo Moreno, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La vaquita marina es un pequeño cetáceo de la familia de las marsopas que sólo existe en México en un hábitat muy reducido en el Alto Golfo de California o Mar de Cortés, y que muere en las redes ilegales colocadas para atrapar la totoaba, un pez cuya vejiga natatoria tiene un alto valor en el mercado negro de China, donde se le atribuyen propiedades medicinales.

El nombre científico de la vaquita es Phocoena sinus . Phocoena quiere decir “marsopa” del latín y sinus significa “cavidad”, que se refiere al Golfo de California, es decir, “la marsopa del Golfo de California”.

De acuerdo a información pública, la recuperación de esta especie en peligro de extinción es una prioridad para el gobierno de México, por lo que ha emprendido un esfuerzo sin precedentes en el mundo para salvarla.1

Expertos2 aseguran que existen grandes posibilidades de salvar a esta especie de la extinción, sin embargo, el tiempo está por agotarse para el único cetáceo endémico de México.

El problema es complejo y multifactorial, con causas tanto económicas como sociales que van desde la falta de oportunidades y desarrollo, hasta la vulneración del estado de derecho en la región donde vive esta especie, ya que la pesca ilegal con métodos no sostenibles hace que se comprometa la sobrevivencia de la vaquita marina.

Por lo anterior, el 21 de marzo del presente año, en conferencia de prensa, los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); Josefa González Blanco y Víctor Manuel Villalobos Arámbula, respectivamente, firmaron el acuerdo por el que se establece la iniciativa para la sustentabilidad en el norte del Golfo de California.

La iniciativa busca crear condiciones de sustentabilidad ambiental, social y económica que armonicen las actividades productivas de la zona con el cumplimiento de la ley y bienestar de las comunidades de la región y, con esto, salvar a la vaquita marina cuyo número ha descendido a la ínfima cifra de entre 10 y 15 sujetos.

La región que abarca la iniciativa incluye zonas destinadas a conservación ambiental y buenas prácticas pesqueras, como la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Ri?o Colorado, el A?rea de Refugio para la Protección de la Vaquita y el Corredor Biológico y Pesquero Puerto Pen?asco-Puerto Lobos.

La iniciativa fue presentada por las dependencias del gobierno federal como un acuerdo histórico, ya no está totalmente enfocado en la vaquita marina, sino en dar un impulso a la región y que esto derive en el rescate de la referida especie que no se encuentra en ninguna otra zona del mundo.

En la generación del presente acuerdo fueron contemplados pescadores, organizaciones civiles, comerciantes, pobladores, así como las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Marina, del Bienestar, de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores. Además, se unen a los esfuerzos los gobiernos estatales, las Comisiones Nacionales de Áreas Naturales Protegidas y de Pesca y Acuacultura, así como el Instituto Nacional de Pesca.

A pesar de lo anterior, federaciones de pescadores han señalado no haber sido consultados ni tomados en cuenta, por lo que resulta fundamental considerar a todos los actores para contar con su apoyo y salvar a la vaquita marina.

La estrategia lanzada por las dependencias federales y que considera a los gobiernos de Baja California y Sonora, se basa en cinco ejes: desarrollo integral para el bienestar comunitario; gobernanza y seguridad (combate a la pesca furtiva y el tráfico de especies); pesca sustentable; conservación y monitoreo de ecosistemas y especies, y la diversificación productiva sustentable.

De la mano con el lanzamiento de la iniciativa descrita anteriormente, el gobierno federal canceló apoyos a pescadores, estrategia del gobierno anterior para evitar que los pobladores de San Felipe, en Baja California, y Santa Clara, en Sonora, no se dedicaran a la pesca furtiva.

Recordemos que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) incorporó desde 2017 a su campaña #FerozPorLaVida a la vaquita marina. La campaña tiene la intención de llamar la atención sobre el grave peligro de extinción en que se encuentra este animal, y como las vaquitas se ahogan cuando son capturadas en redes de enmalle gigantes y no pueden llegar a la superficie para respirar.

Han pasado ya más de 5 meses desde que se hizo oficial la estrategia, sin embargo, los resultados que se han tenido en la materia no se han hecho de conocimiento público.

Como grupo parlamentario comprometido con el cuidado del medio ambiente y de todas las especies, insistimos en presentar este punto de acuerdo durante este periodo ordinario, aun cuando en el pasado uno similar fue dictaminado en sentido negativo.

Nos enfrentamos como país a un grave reto y riesgo, necesitamos asumir el compromiso y estar dispuestos a tomar las medidas que se requieran, para que la humanidad no pierda al mamífero más pequeño del mar, por lo que pedir los avances de la estrategia implementada resulta de gran importancia a fin de monitorear que estemos sobre el camino correcto.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Desarrollo Rural para que hagan públicos los avances que se han tenido en relación a la implementación de la iniciativa para la sustentabilidad en el norte del Golfo de California, como estrategia integral para salvar a la vaquita marina, en beneficio social y económico de comunidades pesqueras de la zona del Alto Golfo en Baja California y Sonora, presentada el pasado marzo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a todas las autoridades y actores involucrados, incluidas las federaciones de pescadores, para que se coordinen y finalmente se logre sacar del peligro inminente de extinción en el que se encuentra la vaquita marina.

Notas

1 Véase, https://www.gob.mx/semarnat/articulos/vaquita-marina-la-marsopa-del-gol fo-de-california

2 Véase, https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/28/cada-vez-mas-cerca-extinc ion-de-vaquita-marina-especialistas-3644.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinosa Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Ricardo Gallardo Corona, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Profepa y el gobierno de Chiapas a combatir la tala ilegal y realizar esfuerzos en pro del ambiente local, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) así como al gobierno del estado de Chiapas a que de manera conjunta y en coordinación con la sociedad se realicen diversas acciones con el objetivo de combatir la tala ilegal de árboles y el cuidado al medio ambiente en el Estado de Chiapas.

Consideraciones

1. La tala ilegal se ha convertido en un serio problema a nivel mundial, de acuerdo con el Banco Mundial 1 estima que la explotación maderera ilegal en algunos países constituye hasta el 90 por ciento de toda la US$15 000 millones de beneficios ilícitos.

2. Las redes del crimen organizado detrás de la explotación maderera ilegal a gran escala están conectadas con la corrupción en los máximos niveles de gobierno. La dimensión internacional de estas operaciones complejiza aún más la investigación de los delitos forestales y es que la mayoría de estos delitos no se detectan, no se denuncian o se ignoran completamente.

3. En México, de acuerdo con la UNAM, al menos 70 por ciento de la madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal. 2 Y según el estudio, “Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”, la tasa de deforestación de México es de 155,000 hectáreas por año, de las cuales 60,000 tienen su origen en la tala clandestina.

4. En cuanto respecta al estado de Chiapas, pese a ser uno de los estados más favorecidos con la diversidad en fauna y flora, René Gómez Orantes, presidente de la organización “Bosques y Gobernanza, AC,” afirmó que el 90 por ciento de la madera que se mueve en Chiapas es de procedencia ilícita,4 lo que ha demostrado la falta de efectividad del gobierno estatal y la coordinación de los 3 niveles de gobierno para combatir este problema.

5. Gómez Orantes comentó que de forma legal Chiapas se aproxima a los 200 mil metros cúbicos de madera anuales, lo que significa el 10 por ciento, ante ello, casi 1 millón 800 mil metros cúbicos son talados y comercializados de forma ilegal.

6. Ante el panorama que supone la incidencia de este problema, el Banco Mundial por su parte ha propuesto combatir eficazmente la explotación maderera ilegal mediante el sistema de justicia penal, a través del seguimiento y la confiscación de los beneficios de esta actividad ilegal, a través del informe “Justicia para los bosques: Mejora de las iniciativas de justicia penal para combatir la explotación maderera ilegal”, proponiendo que dicha falta se encuentre tipificada por la ley como delito grave.

7. Combatir este problema debe ser uno de los principales objetivos a cumplir por parte del gobierno federal y estatal, y más cuando en México, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, forma parte de los países que, en su conjunto, poseen alrededor del 70 por ciento de la diversidad mundial en especies. 4

8. A pesar de que el territorio mexicano solo representa el 1 por ciento de la superficie terrestre, alberga el 10 por ciento de la biodiversidad biológica del mundo. Muchas de las especies que se distribuyen en México son endémicas, es decir, son exclusivas del país. Ejemplo de ello es que entre el 50 por ciento y 60 por ciento de las especies conocidas de plantas del mundo se encuentran en nuestro territorio.

9. Los estados que cuentan con una mayor diversidad biológica se encuentran en el sur del país, siendo Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán los más biodiversos.

10. Por su parte, el estado de Chiapas es ícono de diversidad de especies y ecosistemas; culturas y tradiciones, de acuerdo con el libro: “La biodiversidad de Chiapas: Estudio de estado”, 5 una obra resultado del esfuerzo en conjunto de más de 200 autores pertenecientes a más de 40 instituciones, académicas, gubernamentales y de la sociedad civil, Chiapas es la principal entidad federativa en biodiversidad; ya que aquí radican la tercera parte de la flora mexicana y el 80 por ciento de vertebrados mesoamericanos y endémicos estatales.

11. Tanto bosques como selvas juegan un papel sumamente importante en el mantenimiento de la biodiversidad, ya que de ellos depende el equilibrio del ecosistema en si, además de ser proveedores de diversos servicios ambientales a la sociedad, es decir, producen oxígeno, permiten que el agua de lluvia se filtre al subsuelo y se recarguen los mantos acuíferos, mantienen los suelos fértiles al producir materia orgánica, además de ser el hogar de diversos animales.

12. Deteriorar los bosques y selvas conlleva a la destrucción del hábitat de cientos de especies que cohabitan ahí, además del desequilibrio ecológico que esto conlleva ya que el 70 por ciento de los animales y plantas del planeta viven en entornos boscosos.

13. Es por ello que el objetivo del presente punto de acuerdo es realizar un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en cooperación y coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente así como con el gobierno del estado de Chiapas para que de forma coordinada con la sociedad civil organizada puedan implementar una campaña virtuosa para combatir de forma efectiva la tala clandestina de árboles, la promoción de una cultura de denuncia ante la Profepa y el cuidado del medio ambiente por parte de sociedad y autoridades en el Estado.

14. Por una parte, tenemos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la cual, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 32 Bis, fracción primera, le corresponde: fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

15. Así como establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; así como establecer otras disposiciones administrativas de carácter general en estas materias y otras de su competencia, para la interpretación y aplicación de las normas oficiales mexicanas;

16. Además de fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con las demás dependencias y entidades de la administración pública federal.

17. Ahora bien por lo que respecta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), una de sus principales competencias es la de: Combatir los focos rojos que atentan contra las riquezas naturales de nuestro país como son: la tala clandestina, la depredación de la flora y fauna silvestres, el agotamiento de los cuerpos de agua y los problemas de contaminación.

18. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas es claro que se cuenta con las herramientas institucionales, las disposiciones legales, así como el análisis técnico legislativo e institucional de la problemática en comento por lo que se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, así como al gobierno del estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, a implementar, en conjunto con la sociedad civil organizada del estado de Chiapas, una campaña que tenga objeto combatir la tala clandestina en el Estado a través de:

1. La difusión cultural en relación a la protección al medio ambiente y los beneficios que conlleva proteger bosques y selvas para el mantenimiento del equilibrio ecológico, el cual es vital para conservar la vida terrestre.

2. Vincular y hacer partícipes de dicha campaña a las organizaciones no gubernamentales, así como a las sociedades civiles, para que través de sus esfuerzos en protección del medio ambiente coadyuven en la realización de campañas que tengan por objeto un mayor impacto en la población.

3. El fortalecimiento en la cultura de denuncia ante la Profepa.

Notas

1 Banco Mundial (2012). “Se puede seguir la pista del ‘dinero sucio’ procedente de la explotación maderera ilegal y confiscarlo”, señala el Banco Mundial. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2012/03/20;dirty-mon ey-illegal-logging-can-tracked-confiscated-world-bank-reports

2 Monroy. J. (6 de febrero de 2019) “Tala ilegal, el otro delito silencioso” El Economista. Recuperado de: https.//www.eleconomista.com.mx/política/Tala-ilegal-el-otro-delito-sil encioso-20190205-0151.html

3 Domínguez, A. (22 de agosto de 2019) “90 por ciento de la madera en Chiapas es ilegal”. Somos el Medio. Recuperado de: https.//www.somoselmedio.com/2019/08/22/90-por-ciento-de-la-madera-en-c hiapas-es-ilegal/

4 GNU México. (2016) “México y su biodiversidad”, Recuperado de: http://www.onu.org.mx/diversidad-biologica/

5 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 2013. La biodiversidad en Chiapas: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad/Gobierno del Estado de Chiapas. México. Recuperado de: https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/chiapas_vol1_baja.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversos congresos y gobiernos locales a realizar acciones conducentes a armonizar su legislación con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Alejandra Pani Barragán, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas legislaturas locales y poderes ejecutivos de los estados para que realicen las acciones conducentes a efecto de armonizar la legislación local con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La trata de personas es reconocida como un tipo de esclavitud moderna, es un agravio a la dignidad de las personas y de los derechos humanos por la extrema violencia en contra de los grupos sociales más vulnerables: mujeres, menores, indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, migrantes e incluso la comunidad lésbico, gay, bisexuales y transgénero (LGBT).

Diversos estudios e informes señalan que México es un país emisor, de tránsito y de destino de víctimas de trata de personas que son explotadas por distintos tipos de tratantes, tanto por quienes forman parte de grupos de delincuencia organizada, como por quienes operan sin una red criminal.

En nuestro país, existe la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, sin embargo, seguimos enfrentando retos y diversas problemáticas sociales; uno de ellos son las acciones realizadas por las legislaciones locales para prevenir y erradicar la trata de personas.

El artículo 10 de la ley general en la materia, establece que “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes”. Asimismo, enlista las modalidades de explotación de una persona, que son1 :

I. Esclavitud (artículo 11).

II. Condición de siervo (artículo 12).

III. Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual (artículos 13 a 20).

IV. Explotación laboral (artículo 21).

V. Trabajo o servicios forzados (artículo 22).

VI. Mendicidad forzosa (artículo 24).

VII. Utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas (artículo 25).

VIII. Adopción ilegal de persona menor de dieciocho años (artículos 26 y 27).

IX. Matrimonio forzoso o servil (artículos 28 y 29).

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos (artículo 30).

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos (artículo 31).

En razón de lo anterior, se vuelve de vital importancia visibilizar la problemática y trabajar de manera conjunta desde los ámbitos federal, local y municipal en las normas jurídicas y en las políticas públicas necesarias para la adecuada prevención y sanción de este aberrante delito que permea a nuestra sociedad.

El Informe de Labores de 2018 del Instituto Nacional de las Mujeres, publicado en mayo de 2019, precisa que, de enero a diciembre de 2018, los congresos locales de las entidades federativas reformaron, adicionaron o derogaron 150 normas para garantizar los derechos humanos de las mujeres en sus códigos penales y 70 en sus códigos civiles y familiares. Específica que la situación general de la armonización legislativa al finalizar 2018 es la siguiente2 :

• 27 entidades tienen una ley en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, de las cuales 11 ya tienen Reglamento.

Estados con ley en materia de trata de personas

1. Aguascalientes
2. Baja California
3. Chihuahua
4. Ciudad de México
5. Coahuila
6. Colima
7. Durango
8. Guanajuato
9. Guerrero
10. Jalisco
11. México
12. Michoacán
13. Nayarit
14. Nuevo León
15. Oaxaca
16. Puebla
17. Querétaro
18. Quintana Roo
19. San Luis Potosí
20. Sinaloa
21. Sonora
22. Tabasco
23. Tamaulipas
24. Tlaxcala
25. Veracruz
26. Yucatán
27. Zacatecas

Estados sin ley en materia de trata de personas

1. Baja California Sur
2. Campeche
3. Chiapas
4. Hidalgo
5. Morelos

Entidades con reglamento en materia de trata de personas

1. Ciudad de México
2. Coahuila
3. Colima
4. Durango
5. Guanajuato
6. México
7. Michoacán
8. Puebla
9. Querétaro
10. Quintana Roo
11. Sonora

Estados sin reglamento en materia de trata de personas

1. Aguascalientes
2. Baja California
3. Baja California Sur
4. Campeche
5. Chiapas
6. Chihuahua
7. Guerrero
8. Hidalgo
9. Jalisco
10. Morelos
11. Nayarit
12. Nuevo León
13. Oaxaca
14. San Luis Potosí
15. Sinaloa
16. Tabasco
17. Tamaulipas
18. Tlaxcala
19. Veracruz
20. Yucatán
21. Zacatecas

Es de señalar que existen a la fecha de la redacción de la presente proposición cinco entidades federativas que no cuentan con ley en la materia, entre las que se encuentra Morelos que desafortunadamente ocupa el doceavo lugar a nivel nacional en el delito de trata de personas.

Hago énfasis en Morelos por ser ésta mi entidad, no obstante, es del conocimiento público que las demás entidades viven problemáticas semejantes ante la ausencia de norma jurídica y reglamentaria.

Por ejemplo, la falta de conocimiento del contenido de la Ley General de Trata de Personas por parte de ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de la Policía de Investigación Criminal y de peritos ha tenido como consecuencia su falta de aplicación, lo que vulneró la seguridad en la entidad, dejando la puerta abierta a los grupos delictivos, convirtiendo a la entidad en un lugar de origen, tránsito y destino nacional e internacional de trata de personas3 .

Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), destacó que la organización que preside capacita a los responsables de la seguridad en el estado de Morelos en lo relacionado al delito de trata. Así mismo, mencionó que la entidad es un foco rojo para la trata de mujeres y el turismo sexual infantil4 .

Por su parte, Fernando Vela López, director general del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, informó que “en la cuestión del delito de trata es difícil tener una estadística y un registro del lugar de los hechos debido a que las personas son sujetas a movilidad y cuando se descubre el ilícito no es su lugar de origen.”5

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos presidida por el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, destacó la necesidad de actualizar el Diagnóstico Estatal de Trata de Personas que data de 2012; por la relevancia de recabar la información necesaria para definir líneas de acción para el combate efectivo de este delito. Cifras recabadas por esta Comisión, indican que en 2018 fueron reportadas como desaparecidas 515 personas, 294 son mujeres, de las cuales fueron localizadas 183 y más de 100 continúan desaparecidas6 .

En aras de seguir avanzando en la erradicación de la trata de personas en nuestro país, así como para dar una atención integral y oportuna a las víctimas, es urgente actualizar y armonizar la legislación en materia de trata de personas con el fin de atender las normas vigentes, así como las diversas obligaciones internacionales contraídas por México en la materia.

En razón de lo anterior, debido a la gravedad del problema y la necesaria atención a las víctimas de la trata de personas, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos y a los Poderes Ejecutivos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Hidalgo y Morelos para que realicen las acciones conducentes a efecto de armonizar la legislación local con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, así como a establecer las medidas materiales y presupuestarias necesarias que permitan atender de manera integral y oportuna a las víctimas de este delito.

Segundo. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente los congresos y a los Poderes Ejecutivos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas para que realicen las acciones conducentes a efecto de emitir el reglamento correspondiente a su ley en materia de trata de personas.

Notas

1 Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP_190118.pdf

2 Informe de Labores 2018 del Instituto Nacional de las Mujeres, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/461733/informe_de_labore s_2018.pdf

3 Sin Línea Diario, SC, https://sinlineadiario.com.mx/archivos/60484

4 El Sol de Cuautla. https://www.elsoldecuautla.com.mx/policiaca/morelos-foco-rojo-para-la-t rata-de-personas-3817695.html

5 Diario de Morelos.
https://www.diariodemorelos.com/noticias/denuncian-47-casos-de-trata-de-2015-2019-0

6 El Sol de Cuernavaca.
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/
morelos-entidad-de-origen-transito-y-destino-del-trafico-humano-3969080.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputada Alejandra Pani Barragán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a instruir sobre la ejecución de programas que permitan garantizar la protección efectiva de los derechos de niños y de adolescentes, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda a que instruya la ejecución de los recursos etiquetados para la atención de niñas, niños y adolescentes, previstos en el Anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La efectividad de la administración gubernamental radica en el hecho de que toda su gestión, plasmada en un primer momento en el Plan Nacional de Desarrollo y luego en los planes sectoriales, se materialice con la concreción de las estrategias y líneas de acción formuladas.

En ese camino, la planeación va de la mano del presupuesto público que anualmente aprueba la Cámara de Diputados. No obstante, su ejercicio queda ceñido a las dinámicas operativas que dispongan las autoridades hacendarias en la medida que las ejecutoras del gasto organizan los procesos administrativos necesarios. Esto al menos en teoría.

Resulta casi obvio señalar que la aplicación del gasto se ve afectada por diversas circunstancias, entre ellas las de orden recaudatorio o incluso políticas, lo que pudiese darle un sesgo de discrecionalidad a las ministraciones.

Las consecuencias factibles son los subejercicios, que dadas las magnitudes que representan —al ser el sector público uno de los principales agentes en materia de inversión y gasto—, podrían afectar los índices de crecimiento de la economía. Como de hecho ha ocurrido, de acuerdo con los últimos datos generados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

En ese tenor, tratándose de la política social —alineada programáticamente y en observancia con sus compromisos de orden internacional— es preocupante la existencia de tales rezagos en el ejercicio del gasto.

De ese modo, una revisión sucinta del documento Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –al segundo trimestre de 20191 — remitido a esta soberanía por la Secretaría de Hacienda, podemos observar en lo referente al Anexo 18. “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes”, lo siguiente:

Ramo 4 correspondiente a la Secretaría de Gobernación

-No hay datos de los recursos destinados a la atención de refugiados en el país, el porcentaje de avance registrado es cero.

-El programa presupuestario orientado a promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación muestra un avance de 9.1 por ciento.

-El de Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene un avance de 29.5 por ciento.

Ramo 11, Educación pública

-La aplicación de los recursos destinados a las políticas de igualdad de género en el sector educativo tienen un avance de 4.6 por ciento.

Ramo 12, Salud

-El programa de vacunación registra apenas 16.3 por ciento de avance.

-La protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 35.3 por ciento

-Salud materna sexual y reproductiva, 39.4 por ciento.

-El Programa de Atención a Personas con Discapacidad, 36.0 por ciento.

-El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar A Madres Trabajadoras presenta un avance de 24.0 por ciento.

Ramo 14, Trabajo y Previsión Social

-El programa de ejecución de los programas y acciones de la política laboral muestra un avance de 8.0 por ciento.

Ramo 17, Procuraduría General de la República

-El programa de promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito denota un avance de 12.5.

-El de investigar y perseguir delitos de orden federal, 49 por ciento.

Ramo 20, Bienestar

-La articulación de políticas integrales de juventud muestra nulo avance.

-El programa de inclusión social muestra un avance de solo 3.1 por ciento.

-El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, 54.6 por ciento.

En el Ramo 25, Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal y tecnológica —que incluye programas como escuelas de tiempo completo, de inclusión y equidad educativa, para el desarrollo de profesional docente, fortalecimiento de la calidad educativa, nacional de inglés, nacional de convivencia escolar, nacional de becas, se registran cero avances.

En el Ramo 35, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el programa presupuestario para atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes tiene un avance de 32.5 por ciento.

El programa de Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión —Ramo 43, Instituto Federal de Telecomunicaciones — no tiene avance alguno.

En el Ramo 47, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena apenas denota un avance de 25.6 por ciento.

En materia cultural, Ramo 48, el Programa de desarrollo cultural tiene un avance de 10.8 y el de Servicios educativos culturales y artísticos, 13.6 por ciento.

Otros programas, contemplados y operados por el IMSS, como el de prevención y control de enfermedades, apuntan 33.3 por ciento de avance, en tanto los servicios de guardería y de atención a la salud, alcanzan 45.7 y 39.6 por ciento respectivamente.

En estas circunstancias es menester tener en cuenta que en los párrafos cuartos y quinto del artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece que la asignación de recursos ha de permitir dar cumplimiento a las acciones establecidas en la misma, es decir la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior forma parte de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano al ser parte de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Al respecto, y derivado de los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, el Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas recomendó en sus observaciones finales2 asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley.

Textualmente, el Comité de los Derechos del Niño expuso:

“14. A la luz de su día de debate general de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño –Responsabilidad de los Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que:

(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley;

(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños;

(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia a través de todo el presupuesto;

(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al realizar inversiones o recortes al presupuesto en cualquier sector, y que se asegure de medir el impacto de estos recortes en niñas y niños;

(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y enjuiciar efectivamente la corrupción.

Por tanto, resulta oportuno el exhorto que ahora presentamos a su digna consideración, primero, con el objeto de que la autoridad hacendaria incentive la aplicación de los recursos presupuestados para el presente año y, en segundo lugar, para que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 considere incluir particularmente aquellos programas que garanticen de manera efectiva la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión exhorta a la Secretaría de Hacienda a que instruya la ejecución de los recursos etiquetados para la atención de niñas, niños y adolescentes, previstos en el Anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en virtud de los subejercicios registrados.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda a considerar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, exclusivamente programas que permitan garantizar de manera efectiva la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 Ver: Anexos de Finanzas Públicas; Segundo Trimestre de 2019; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública;

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/
Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/iit/04afp/itanfpdc_201902.pdf

2 Junio de 2015.
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días de septiembre de 2019.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a emitir la normativa correspondiente para que los predios baldíos dejen de suponer espacios propicios para vandalismo, drogadicción, conductas antisociales, comisión de delitos y riesgos de salud pública, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

María Alemán Muñoz Castillo, diputada de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias administradoras de inmuebles de la administración pública federal y sus equivalentes en la entidades federativas, a las legislaturas de los estados, así como a los ayuntamientos y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia emitan la normatividad que corresponda para que los predios baldíos dejen de configurarse como espacios que sirven para el vandalismo, la drogadicción, conductas antisociales, la comisión de delitos y un riesgo para la salud pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye el derecho de propiedad respecto de los bienes de dominio público, privado y de particulares, sentando bases importantes para su regulación, administración, uso e incluso para aquellos que tienen que ser expropiados, decomisados o que requieren de la extinción de dominio.

Establece también la distribución de competencias para su regulación entre los distintos órdenes de gobierno que dan certeza a los actos jurídicos respecto de la propiedad y su transmisión, administración, posesión, usufructo, uso, reglas de urbanización, pago de impuestos, entre otras.

Que como legisladores tenemos la obligación de atender los temas más urgentes en nuestro país como la inseguridad, siendo de las principales exigencias de los ciudadanos para que se realicen actividades tendientes a combatirla. Lo que implica el análisis de los múltiples factores que la componen para legislar y regular acciones por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los actos de particulares que tiendan a generar un ambiente de paz y seguridad.

Uno de estos factores tiene que ver precisamente con los inmuebles, que independientemente de sus propietarios, se encuentran baldíos e incluso en estado de abandono y descuido y que es conocido se utilizan para actos vandálicos, alcoholismo, drogadicción, e incluso para la comisión de delitos.

Además de lo anterior, se convierten en focos de infección por la cantidad de basura que se acumula o que es depositado en ellos, generando fauna nociva y crecimiento de maleza que inhibe su visibilidad, en donde además se pueden generar incendios.

Es cada vez más común conocer en los medios de comunicación y redes sociales que se realizan hallazgos de cuerpos de personas que son depositadas en estos predios; lugares en donde también se cometen asaltos y violaciones y donde, además, resulta muy inseguro para los vecinos transitar cuando se encuentran ocupados por integrantes de bandas o grupos de personas que se encuentran alcoholizados y/o drogados.

Tratándose de bienes inmuebles cuya administración le corresponde a la administración pública, la Ley General de Bienes impone en su artículo 28 las siguientes obligaciones:

Artículo 28. La Secretaría y las demás dependencias administradoras de inmuebles tendrán en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades siguientes:

I. Poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar por sí mismas o con el apoyo de las instituciones destinatarias que correspondan, los inmuebles federales;

II. Dictar las reglas a que deberá sujetarse la vigilancia y aprovechamiento de los inmuebles federales;

III. Controlar y verificar el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales;

(...)

Respecto de la legislación local también encontramos la obligación de administración de los bienes inmuebles de su dominio, que abarca el cuidado y vigilancia.

En cuanto a la competencia municipal, además de lo anterior, le permite, de conformidad con el artículo 115 de nuestra Carta Magna, la percepción de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Adicional a lo anterior, a los gobiernos municipales les corresponde el servicio de limpia, incluyendo la de terrenos baldíos, lo que representa un costo para el erario que no siempre se traslada a los particulares.

En este orden de ideas, a las autoridades municipales les corresponde conocer la situación de los bienes inmuebles, contando con sus inventarios de bienes y su padrón de contribuyentes, su estatus de construcción, abandono y uso, así como de las denuncias y quejas ciudadanas respecto de su mal aspecto, las conductas antisociales y delictuosas que se llevan a cabo en los predios baldíos y casas semiconstruidas y abandonadas, situación que permite elaborar un diagnóstico para identificar puntos de atención y seguimiento para eliminar estas prácticas que contribuyen, como ya se mencionó a la inseguridad.

De lo señalado se desprende que se requiere de la adopción de medidas jurídicas y administrativas en los distintos órdenes de gobierno que puedan ir desde mejorar el aspecto de los baldíos y su limpieza a cargo de estos y los propietarios particulares, la expropiación o la extinción de dominio cuando en estos se cometan delitos.

Es por ello que se realiza un atento exhorto a las autoridades encargadas de la administración de bienes inmuebles identificados como baldíos, para que en el ámbito de sus competencias y facultades emitan la normatividad necesaria y las medidas pertinentes a fin de regular su situación y elaborar un diagnóstico que clasifique este tipo de bienes de mayor a menor peligrosidad y ejecute acciones para eliminar los riesgos que represente desincentivando su ocupación y uso en conductas no deseables, así como la vigilancia constante de los mismos, así como implementar medidas respecto de los particulares para que ejerzan de manera responsable la propiedad respecto de citados inmuebles y establecer sanciones en caso de negativa.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las dependencias administradoras de inmuebles de la administración pública federal y sus equivalentes en la entidades federativas, a las legislaturas de los estados, así como a los ayuntamientos y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia emitan la normatividad que corresponda para que los predios baldíos dejen de configurarse como espacios que sirven para el vandalismo, la drogadicción, conductas antisociales, la comisión de delitos y un riesgo para la salud pública; y elaboren un diagnóstico de la situación de los predios baldíos de propiedad privada para que en los que representen un peligro para la sociedad se ejecuten medidas de limpieza, vigilancia y en general todas aquellas medidas jurídicas y administrativas que disminuyan la inseguridad incluyendo la extinción de dominio.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019.

Diputada María Alemán Muñoz Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Sonora y la CFE a suscribir un convenio en beneficio de usuarios de la zona norte del estado, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es evidente que aumentan los problemas de pago de luz a la Comisión Federal de Electricidad por parte de ciudadanos y, la situación se agrava cada día. Específicamente hablamos de la zona norte y limítrofe con Estados Unidos de América, donde existe clima extremo; es decir, existe demasiado frio o demasiado calor.

Con la reforma energética de diciembre de 2013, se consolidó en el artículo 28 constitucional, la creación de la Comisión Reguladora de Energía, para ser la institución que discipline toda la actividad energética del País, incluyéndose la energía eléctrica.

Con la creación de la Ley de la Industria Eléctrica, se aprobaron las asociaciones público-privadas en materia de suministro básico de energía, lo que actualmente impacta negativamente en la economía familiar de muchas familias.

Hoy, al no poder pagar tarifas, no digamos altas, sino excesivas, que no cumplen con el consumo real de cada hogar; conlleva a la preocupación, señalamientos, hartazgo y manifestaciones populares.

El esquema planteado en la ley, para que sea a través de la medición de la temperatura que realiza la Conagua y con ello, exista la base para el cobro, deja molestia en los ciudadanos de los municipios de la parte norte del Estado de Sonora, para ser más específicos, los de Nogales, Cananea y Agua Prieta.

La Comisión Federal de Electricidad debe hacer uso de las herramientas legales que posee, como el convenio y no hablo del convenio con el usuario particular; sino del antecedente del programa denominado “Adiós a tu deuda” que logró establecer la tarifa 1F en Tabasco, además de que el gobierno del estado atrajo parte de la deuda histórica y dejo tranquilas a miles de familias tabasqueñas.

Desde que se aprobó la llamada reforma energética, las tarifas de uso residencial están en aumento, sobre todo de octubre de 2018 a la fecha. En el caso de los municipios del Distrito Federal 02 de Sonora, es común que las tarifas lleguen altas o se cobre la tarifa de servicio doméstico de alto consumo (DAC).

En esta región se vive con climas extremos, o hace demasiado frío o también hay demasiado calor, lo que conlleva usar calefactores o aires acondicionados y en resultado, facturas elevadas que no pueden costear las familias.

Considero que no hay una verdadera solución al conflicto, por la diversidad de situaciones en cada caso, más aun cuando los suministradores ven pretensiones en los cobros y están alejados del ingreso real, en cada hogar, sin recordar que la CFE es una empresa social.

Ejemplos hay varios, como el publicado en el periódico el Imparcial Sonora, que dice:

Nogales, de las tarifas de luz más caras del país

Nogales tiene una de las tarifas de energía eléctrica más altas del país; basta rebasar 300 kilowatts al mes para ingresar a la tarifa DAC (de alto consumo).

De acuerdo con un análisis de la empresa Crediwatts, que promueve páneles solares, se observa la situación que viven los nogalenses para ser sujetos a los altos cobros por luz.

Por ejemplo, ciudades como Hermosillo, Sonora, para ser incluidos en la tarifa DAC, cuyo kilowatt por hora es el más caro para las zonas residenciales deben gastar 2 mil 500 kilowatts por mes.

En Nogales basta rebasar 300 kilowatts para ser sujetos a esta tarifa.

La tarifa DAC se aplica cuando se registra un consumo mensual promedio superior al límite de alto consumo definido para la ciudad donde se vive.

El consumo mensual promedio, es determinado con el promedio del consumo registrado en el hogar en el último año.

Si el consumo mensual es inferior al límite de alto consumo se aplicará la tarifa doméstica, que entre ellas están la 1, 1A, 1B, 1C, 1E y 1F.

Pero si te pasas del límite de alto consumo, la CFE aplica la tarifa DAC, que es entre 40 y 400 por ciento más cara dependiendo la localidad donde viva.1

La molestia se generaliza en Agua Prieta, Cananea y Nogales, incluso los habitantes de Agua Prieta ya bloquearon la carretera federal:

Más de tres horas se manifestaron decenas de aguapretenses frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por un momento bloquearon la carretera federal número dos, para exigir una solución ante los altos cobros de energía eléctrica.

Las puertas de acceso del área de cajeros automáticos fueron cerradas, mientras los trabajadores de la CFE permanecían en el interior en espera de que se retiraran los manifestantes.

Durante más de tres horas, de 14:30 a 18:00 horas, decenas de inconformes relataron cómo de un momento a otro, y en algunos casos paulatinamente, los recibos bimestrales de luz aumentaron sin explicación alguna.

Mientras el bloqueo transcurría, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Federal apoyaron con el tránsito, indicándoles rutas alternas para continuar con su camino.

Varios ciudadanos, que prefirieron mantenerse en el anonimato, señalaron que se ha acudido a la oficina de la Comisión Federal de Electricidad en busca de una solución, pero la única respuesta que reciben es que se tiene que pagar el recibo.

Una de las inconformes relató que le llegó un recibo de energía eléctrica en octubre con un cobro de 19 mil 263 pesos; el bimestre pasado el recibo fue por 17 mil 863 pesos y antes de este fue de 8 mil 171 pesos.

Anteriormente le llegaba un recibo bimestral de hasta mil 500 pesos, pero poco a poco comenzó a aumentársele la tarifa, hasta llegar a poco más de 19 mil pesos, aseguró.

Los aguapretenses inconformes solicitaron que se les aplique la tarifa 1F, ya que los recibos a pagar son incosteables, porque sus empleos no se los permite, refirieron.

Tras varias horas agentes de la Policía Municipal acompañaron a los empleados de la CFE a retirarse de las oficinas, lo cual ocurrió sin contratiempos.

Después los manifestantes optaron por bloquear momentáneamente el tramo carretero Agua Prieta-Cananea de la carretera Federal número Dos, hasta que llegaron autoridades municipales y un representante de la CFE y se retiraron.2

Ejemplos de cobros de luz irregulares, existen por miles en la zona fronteriza de Sonora, cuando el derecho al suministro de luz, es un derecho humano, es una necesidad básica y es un tema primordial del Estado mexicano.

Por lo fundado y motivado someto a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la titular del Poder Ejecutivo de Sonora y al director general de Suministro Básico de Energía de la Comisión Federal de Electricidad que, coordinadamente, suscriban un convenio que otorgue beneficios a los consumidores con estatus de deudor en tarifa doméstica, no suspendan el suministro eléctrico y busquen la metodología o diagnóstico que permita aplicar la tarifa 1F en la región, beneficiando a los hogares de familias de la zona norte del estado, limítrofes con la frontera, derivado de los altos cobros de facturas por servicio de energía eléctrica y, por ende, de la falta de pago.

Notas

1 Tomado de https://www.elimparcial.com/sonora/nogales/
Nogales-de-las-tarifas-de-luz-mas-caras-del-pais-20160721-0067.html el 4 de septiembre de 2019.

2 Tomado de https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/
Bloquean-carretera-en-protesta-por-altos-cobros-de-la-CFE-20181005-0117.html> el 4 de septiembre de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de la SSPC a instruir al mando operativo de la Guardia Nacional para que se instauren o intensifiquen operativos de vigilancia en las zonas con alta incidencia de robo y vandalismo contra el sistema ferroviario mexicano, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jorge García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de sus facultades, instruya al mando operativo de la Guardia Nacional a fin de que se instauren o intensifiquen operativos de vigilancia en las zonas del país que registran una alta incidencia de robo y vandalismo en perjuicio del sistema ferroviario mexicano, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema ferroviario mexicano tiene una participación relevante dentro de la economía nacional. Si bien es cierto, ha sido un sector que no ha contado con los apoyos y los niveles de inversión, pública y privada, que se requieren para aprovechar al máximo su potencial para el desarrollo económico, ha logrado configurarse como un factor determinante para el transporte de productos y mercancías hacia el interior y el exterior del país.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario señala: “La infraestructura ferroviaria en México está compuesta por 17 mil 360 kilómetros de vía principal y secundaria concesionada, 4 mil 474 de vía auxiliar (patios y laderos) y mil 555 de vías particulares, las cuales en conjunto suman 23 mil 389 kilómetros de vía operada. Si se consideran los 3 mil 525 de vía fuera de operación, la red ferroviaria total en el territorio mexicano es de 26 mil 914 kilómetros. La participación del ferrocarril en el movimiento de carga terrestre se ha incrementado en los últimos años, movilizando durante 2017 126.9 millones de toneladas netas. De la carga movilizada en el SFM, 63.2 por ciento es de comercio exterior (77.1 millones de toneladas), cuyo volumen ha crecido más rápido que el agregado. El volumen de carga de comercio exterior se divide en 59.3 millones de toneladas de carga de importación y 17.8 millones de toneladas de carga de exportación”.1

En efecto, México tiene una red ferroviaria que cubre y comunica la mayor parte del territorio nacional. El ferrocarril llega a las principales ciudades, puertos y fronteras del país. Aunque también habrá que señalar que, comparado con otros países, México aún dista de contar con la extensión de vías férreas en relación con su extensión territorial.

Esta amplia red ferroviaria representa, para un considerable número de comunidades en todo el país, una de las únicas formas que tienen de establecer contacto con los grandes centros de población y con los más importantes mercados comerciales. Es a través de las vías férreas como llegan a estos lugares, mercancías, bienes de consumo, materiales, alimentos, productos agrícolas, entre otro tipo de insumos, que representan la base de la economía local.

Todo el territorio nacional, salvo la península de Baja California, cuenta con vías férreas. Es decir, todos los días circula por el país una enorme cantidad de mercancías que representan un fuerte atractivo para la delincuencia. El modo de operar más común es colocar piedras y ramas en el riel para frenar el tren y que un grupo armado robe la mercancía; otras veces las bandas atacan en silencio, vandalizan las tolvas para que los granos se esparzan por la vía y mujeres y niños los recojan.

La propia infraestructura ferroviaria, como las vías férreas son robadas o vandalizadas. Incluso, es del dominio público, el uso que se hace de los trenes por parte de migrantes provenientes de países centroamericanos con rumbo hacia la frontera norte del país, fenómeno que genera también oro tipo de delitos en perjuicio de los propios migrantes.

Los actos delictivos y los casos de vandalismo en contra del sistema ferroviario se han incrementado en el presente año. Los ladrones de trenes, durante el primer trimestre del 2019, incrementaron sustancialmente sus operaciones delincuenciales, así como los niveles de violencia en la sustracción ilegal de granos, semillas y sus derivados, autopartes y material de construcción, de los trenes que circulan a través de toda la geografía nacional.

Datos oficiales reportados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, dan cuenta de que

En cuanto al fenómeno de robo, este rubro pasó de 948 eventos en el cuarto trimestre de 2018 a mil 57 en el primer trimestre de 2019, lo que representa un incremento intertrimestral de 11.50 por ciento. El tipo de evento con mayor participación es el de robo a producto/carga, el cual concentra 89.36 de los casos de robo a tren y 64.90 de los acaecidos en el SFM durante el presente periodo. Entre los estados con mayor frecuencia de eventos de robos durante el periodo se encuentran Sonora, Tlaxcala y Puebla. En conjunto, los tres contribuyen con 35.10 por ciento de los robos al sistema ferroviario.

Los casos de vandalismo durante el trimestre en análisis pasaron de 2 mil 236 a 2 mil 637 eventos reportados, lo que equivale a un incremento de 17.93 por ciento respecto al periodo previo. Los estados con mayor número de actos vandálicos reportados durante el primer trimestre de 2019 son Sonora (313 eventos, 11.87), Tamaulipas (280 eventos, 10.62) y Guanajuato (263 eventos, 9.97).2

Si al análisis de estos datos oficiales se suman las consecuencias derivadas de los lamentables sucesos ocurridos a principios de 2019, en donde se bloquearon las vías férreas en el Estado de Michoacán, ocasionando pérdidas económicas, que de acuerdo con algunos sectores empresariales, ascendieron a mil millones de pesos por día, podemos concluir que es apremiante que las autoridades apliquen medidas preventivas para inhibir la comisión de delitos y actos vandálicos en el sistema ferroviario mexicano.

El ferrocarril es un agente promotor del crecimiento económico y comercial de México. El país requiere un sistema ferroviario moderno y eficiente, pero sobre todo, con acciones que garantizan plenamente su seguridad. Es necesario y urgente contar con una estrategia de seguridad para el sistema ferroviario, con lo cual se allanará el camino para elevar el nivel de competitividad de México.

Los trenes permiten el acceso y tránsito oportuno de mercancías desde los puertos, descongestionan el sistema carretero (un tren puede sustituir hasta trescientos camiones). Con el sistema ferroviario se abaten importantes niveles de contaminación ambiental, y se provee de un ambiente más seguro y amable para la comunidad en general; lo que permite al gobierno, a través de particulares, lograr una integración real del territorio nacional y ejercer así su papel rector.

Pero todas estas ventajas que ofrece el sistema ferroviario pueden verse disminuidas considerablemente, en tanto no se garantice su seguridad. El bloqueo ferroviario de principios de año fue apenas una muestra de las graves afectaciones que puede tener el país cuando se paraliza el tránsito de los trenes, lo cual en la práctica sucede cuando un tren es robado o vandalizado.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de sus facultades, instruya al mando operativo de la Guardia Nacional a fin de que se instauren o intensifiquen operativos de vigilancia en las zonas del país que registran alta incidencia de robo y vandalismo en perjuicio del sistema ferroviario mexicano.

Notas

1 Sistema Ferroviario Mexicano. Consulta en línea:
https://www.gob.mx/artf/articulos/infraestructura-ferroviaria-191183?idiom=es

2 Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, SCT. Reporte de seguridad en el sistema ferroviario mexicano. Primer trimestre de 2019. Consulta en línea:

https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/
reporte-de-seguridad-en-el-sistema-ferroviario-mexicano-primer-trimestre-2019

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputado Jorge Alcibíades García Lara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua y el gobierno de Chiapas a ejecutar acciones de rescate de las plantas locales de tratamiento de agua residual fuera de operación, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado de Chiapas, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo el rescate de las plantas de tratamiento de agua residual que se encuentran fuera de operación en el estado de Chiapas.

Consideraciones

1. Dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 , la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a los Estados Miembros a reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. De acuerdo con datos de la ONU “Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación.” 1

2. De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales ,2 las aguas residuales son aquellas aguas de composición variada, provenientes de las descargas de uso público urbano, domestico, industrial, comercial, de servicios, agrícola y pecuario, que contienen residuos altamente contaminantes, mismos que deben ser sometidos a tratamiento para eliminar la mayor cantidad posible de residuos tóxicos.

3. De conformidad con el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, AC, las plantas de tratamiento de agua son: un conjunto de sistemas y operaciones unitarias de tipo físico, químico o biológico, cuya finalidad, es que a través de los equipamientos se pueda eliminar o reducir la contaminación, o las características, no deseables de las aguas residuales.

4. Es por ello que el tratamiento de aguas residuales tiene como finalidad preservar la salud del medio que lo rodea, ya que muchas veces estás aguas se devuelven a los sistemas hídricos locales, mismos que pudiesen afectar la flora y fauna de las comunidades, como a los sistemas hídricos locales en sí llámense arroyos, ríos, lagunas o humedales. Entre los objetivos del tratamiento de aguas residuales, encontramos:

• La eliminación de las bacterias patógenas que contienen las aguas residuales.

• La estabilización de la materia orgánica presente en las aguas residuales.

• Evitar la contaminación de los cuerpos receptores favoreciendo así la flora y la fauna y los cuerpos receptores en sí.

5. En México y de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se cuenta con 2,562 de plantas de tratamientos de aguas residuales, distribuidas por todo el país.

6. En lo que respecta al Estado de Chiapas, la Dirección de Saneamiento y Calidad de Agua del Estado, y de acuerdo al Inventario de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales del 2018 3 en el estado de Chiapas, establece que existen 189 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales, sólo 4 se encuentran en operación y 50 se encuentran en construcción y 122 fuera de operación.

En este tema en concreto uno de los puntos que llama la atención en la gran cantidad de plantas de tratamiento que no operan, siendo que el hecho no estar activas perjudican directamente a la población, para robustecer esta afirmación se muestra una lista por municipio, localidad, tipo de proceso, capacidad, caudal y cuerpo receptor, así como población afectada para el mejor entendimiento del problema que pretende resolver este punto de acuerdo:

7. De la lista anterior se puede precisar que los motivos en virtud de las cuales las plantas han dejado de operar, han sido por falta de mantenimiento, en otros casos por falta de construcción de la obra y en otros tantos ni siquiera se tiene información sobre el motivo por el cual han dejado de operar.

8. Por ello el objetivo principal de la presente proposición con punto de acuerdo es subrayar la importancia de contar con plantas de tratamiento de aguas residuales que operen de forma activa en el estado, ya que actualmente los municipios se preocupan más por el suministro del agua potable que por el saneamiento de las aguas residuales vertidas, lo cual tiene como consecuencia que al no tratar correctamente estas aguas residuales, terminan en los mantos acuíferos y sistemas hídricos de la población, lo cual rompe con el circulo virtuoso de potabilizar el agua y suministrarla para el consumo humano y el cuidado del medio ambiente. aunado a esto se suma el problema que en algunos casos productores de vegetales riegan sus hortalizas con estas aguas sin tratar generando enfermedades diarreicas en la población que las consume, generando gastos en las unidades médicas debido al tratamiento de estas enfermedades gastrointestinales, así como perdidas económicas por el ausentismo laboral.

9. De acuerdo con declaraciones de Eduardo Cota, director de Conservación y Restauración Ecológica de Pronatura (Organización que protege los ecosistemas del país): “Las aguas que no son tratadas llegan eventualmente a ríos, o a cuerpos de agua y a océanos, con todas las consecuencias que eso implica.

10. A demás de que llevan consigo fosfatos, tienen gran cantidad de nitrógeno y además se da un vertimiento de nutrientes en los cuerpos de aguas con crecimientos de algas que acaban por disminuir el oxígeno disuelto en el agua. El objetivo e importancia de las plantas de tratamiento de aguas residuales consiste en la desinfección de las aguas contaminadas para preservar el medio ambiente y propiciar una mayor disponibilidad de este recurso. Para ello se cuenta con normativas nacionales como el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

11. La inversión en la gestión del agua y de las aguas residuales proporcionaría retornos particularmente altos al romperse el vínculo entre el agua no apta para el consumo y las enfermedades que causan diarrea, particularmente en los países en desarrollo como el nuestro. La diarrea prolongada intensifica la mala salud y la malnutrición en los niños y, a menudo, conduce a un retraso del crecimiento debido a la mala absorción de nutrientes y la pérdida de apetito (UNICEF/OMS, 2009) Por lo tanto, la mejora de las condiciones sanitarias y la gestión de las aguas residuales contribuye al éxito de las estrategias de mejora de la nutrición (Meta 2.2 de los ODS), reduce las muertes evitables de niños (Meta 3.1 de los ODS) y aumenta la asistencia de los niños a la escuela y su desempeño (Meta 4.7 de los ODS).4

12. Cumplir con el saneamiento de las aguas residuales ofrece los beneficios de cumplir con las principales metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por si esto no fuera poco, los beneficios económicos de la reutilización de aguas residuales tratadas , se obtienen al vender el agua residual tratada al sector agrícola, la cual se adquiere a un menor costo que el agua convencional, debido a que el principal consumo del sector agrícola es el agua para el riego de hortalizas y dar de beber al ganado

13. La venta de este recurso disminuye los costos operacionales de las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que disminuye el costo de riego de hortalizas e igualmente supone la disponibilidad constante y confiable de este recurso.

14. El sector urbano también se beneficia mediante las actividades comerciales y de industria pesada que no requieran del consumo de agua potable, como el uso de agua para la alimentación de calderas, turbinas, torres de enfriamiento, centrales térmicas, entre otros.

15. De igual forma los beneficios medioambientales tienen impacto positivo en la salud y el medio ambiente, toda vez que las aguas residuales una vez que han sido tratadas deben ser devueltas a la naturaleza vertiéndolas en los ríos, lagos o mares para que continúe su ciclo hidrológico, siempre y cuando se encuentre en condiciones adecuadas, de esta forma no evita la alteración de los ecosistemas, se disminuye la contaminación a la biodiversidad y se mitiga el riesgo para la salud pública.

16. Así mismo la reutilización de estas aguas tratadas por parte del sector primario (agrícola, pesca, ganadería, granjas) y el sector urbano (industria, comercios, doméstico), genera beneficios ambientales al reducir la cantidad de agua contaminada en los ecosistemas de ríos y mares.

17. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas es claro que se cuenta con las herramientas institucionales, las disposiciones legales, así como el análisis técnico legislativo e institucional de la problemática en comento por lo que se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero . Se exhorta a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) para que dentro del ámbito de sus facultades realice en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas, en conjunto con los municipios que cuenten con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a fin de realizar un censo actualizado del número de plantas de tratamiento de aguas residuales que existen en el estado, un diagnostico que incluya:

1.- Si las Plantas se encuentran terminadas al 100% y Porcentaje de avance de obra se encuentra

2.- ¿Si la Planta está operando o no, Y si opera a que capacidad está operando?

3.- ¿De qué tipo de proceso de tratamiento es cada planta?

4.- Si las instalaciones están construidas al 100%, ¿Cuál es el estado que guardan las instalaciones? (funcional, parcialmente funcional o inoperante)

5.- ¿Si las instalaciones requieren equipamiento u obras complementarias para su operación? (especificar)

6.- ¿Cuál es el motivo por el cual la planta no opera?

Lo anterior con el fin de dar la solución que haya que implementar para que se pueda realizar el rescate y la activación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Agua para que dentro de sus facultades realice un estudio técnico que tenga por objeto el análisis detallado, sobre el monto requerido para el mantenimiento sucesivo de cada una de las plantas de tratamiento, conclusión de las obras de las plantas de tratamiento de aguas residuales y en su caso la activación de las mismas que actualmente no funcionan en el estado de Chiapas.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Chiapas para que, a través de la Secretaría de Obras Públicas del estado, coadyuve con la Conagua en el rescate de las plantas de tratamiento de agua residual a fin de que se reactive su funcionamiento y en su caso se concluyan las obras necesarias en los municipios anteriormente señalados.

Notas

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” Agua limpia y Saneamiento. Recuperado de:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-s anitation/

2 Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México, 1 de diciembre de 1992. Artículo 3, fracción VI.

3 Dirección de Saneamiento y Calidad de Agua del Estado. Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Inventario de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 2018

4 Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos, 2017: Aguas residuales: el recurso no explotado; 2017. Recuperado de: http://aneas.com.mx/wp-content/uploads/2017/03/247647S.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las instituciones de salud federales y estatales a impulsar y fortalecer acciones para prevenir y atender de forma oportuna los padecimientos visuales derivados de la diabetes mellitus, a cargo de la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada federal María Isabel Alfaro Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, el 14 por ciento de los adultos padecen diabetes mellitus. La diabetes por sí misma es una de las principales causas de mortalidad en el país, con aproximadamente 80 mil muertes al año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública.

En el estado de Hidalgo, la diabetes mellitus es la principal causa de mortalidad y ocupa la quinta posición en casos notificados de pacientes con diabetes.

La prevalencia de diabetes por diagnóstico en la entidad es del 8.2 por ciento y de acuerdo con la Coordinación Estatal de Obesidad y Riesgo Cardiovascular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, aproximadamente 24 mil 458 personas fueron diagnosticadas con diabetes en el año 2017.

Dicho padecimiento también da origen a discapacidades severas durante periodos prolongados de tiempo, lo que implica grandes costos económicos y sociales. Las discapacidades visuales son las afecciones más frecuentes originadas por la diabetes y los padecimientos de mayor impacto son la retinopatía diabética y el edema macular diabético. El 30 por ciento de los pacientes con diagnóstico de diabetes cuentan con retinopatía diabética y de ellos, el 30 por ciento presenta edema macular diabético y no lo saben.

La retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera en el mundo, pero la primera en personas de edad laboral en países en vías de desarrollo. Este padecimiento es tratable y se puede estabilizar cuando se tiene una detección oportuna.

El edema macular se puede presentar en cualquier etapa de la retinopatía diabética y es la causa más importante de pérdida visual en la población en edad económicamente activa, la cual también es tratable y reversible si se identifica a tiempo.

El estado de Hidalgo se encuentra 3.3 por ciento arriba de la tendencia nacional en cuanto a los casos de retinopatía. En el primer nivel de atención en los servicios de salud de la entidad, se detectó una prevalencia de retinopatía en pacientes diabéticos del 33.3 por ciento.

Ahora bien, tomando en cuenta únicamente los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Hidalgo habitan 106 mil personas con diabetes, si tomamos en cuenta que de éstos el 30 por ciento presentará retinopatía diabética.

De acuerdo con las estadísticas nacionales, potencialmente más de 30 mil personas podrían padecer retinopatía diabética y el 30 por ciento presentaría edema macular diabético. A ello, habría que añadir los casos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud de Hidalgo y la población atendida bajo el esquema del Seguro Popular.

Si se contara con un esquema integral -preventivo, educativo, con diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento correcto- para este padecimiento, la carga económica a causa de las indemnizaciones y pensiones sería mucho menor.

Es imperante que el Estado mexicano, en sus niveles de gobierno, realice políticas que garanticen la prevención, sin dejar de lado el tratamiento oportuno y adecuado para la población diagnosticada con diabetes.

Dada la gran cantidad de personas que padecen enfermedades de salud visual, es importante concientizar a esta población de los cuidados que debe tener para evitar complicaciones mayores.

Con la aplicación de un tamizaje oftalmológico al momento del diagnóstico de los pacientes con diabetes tipo 2 y hasta los primeros cinco años de que éstos hayan sido diagnosticados con diabetes tipo 1, así como con el fortalecimiento a la atención de la retinopatía y con el acceso oportuno, los costos económicos, sociales y personales se reducirían con un impacto importante.

Actualmente existen tratamientos indicados específicamente para los padecimientos visuales de las personas con diabetes, los cuales no sólo pueden frenar la progresión de las enfermedades, sino que la pueden revertir. Estos son los tratamientos antiangiogénicos, los cuales combaten el problema sin dañar la retina, propiciando una mejora importante en los pacientes.

En México es posible acceder a este tipo de opciones, toda vez que han sido aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y por el Consejo de Salubridad General. Tanto la Secretaría de Salud, como el Seguro Popular y el ISSSTE cuentan ya con tratamientos antiangiogénicos, y en el caso del IMSS, se está realizando un esfuerzo importantísimo para la salud visual a través de los Centros de Excelencia Oftalmológica, mismos que ayudan a un gran número de la población, y con la integración de este tipo de tratamientos, pudiera potenciarse aún más los resultados de estos centros.

Con estos esfuerzos, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben de fortalecer en sinergia sus acciones de políticas públicas que

coadyuven a revertir la tendencia al alza de los padecimientos visuales derivados de la diabetes mellitus en todo el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de las Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a impulsar y fortalecer acciones para prevenir y atender de forma oportuna e integral los padecimientos visuales derivados de la diabetes, y así frenar o revertir las discapacidades visuales contando con todas las opciones terapéuticas aprobadas por el Consejo de Salubridad General.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de las Unión, exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo, así como a las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a impulsar y fortalecer las acciones para prevenir y atender de forma oportuna e integral los padecimientos visuales derivados de la diabetes, y así frenar o revertir las discapacidades visuales contando con todas las opciones terapéuticas aprobadas por el Consejo de Salubridad General.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de septiembre de 2019.

Diputada María Isabel Alfaro Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener y la CFE a resolver la problemática y el estado de urgencia en que opera el sistema eléctrico de BCS, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Rigoberto Mares Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad a ejecutar proyectos de ampliación y mejoramiento de la infraestructura eléctrica de Baja California Sur con el propósito de resolver la problemática y el estado de emergencia en el que opera el sistema eléctrico de la entidad, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Para el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la temporada de verano, que va del 15 de mayo al 15 de septiembre, es considerada como aquella en que los márgenes de reserva eléctrica se estrechan debido al crecimiento de la demanda, a pesar de ello, en sus comunicados para este año mencionó que prevé que dichos márgenes sean suficientes para la operación confiable del sistema eléctrico nacional y la prevención del desabasto, condiciones que por lo menos en Baja California Sur, no se están cumpliendo.

En las temporadas de verano se presenta un escenario de demanda de energía eléctrica mayor que el resto del año, debido a las altas temperaturas que se llegan a alcanzar y al incremento en el uso de aparatos eléctricos.

Tal es el caso de Baja California Sur, entidad donde durante el verano se alcanzan temperaturas que oscilan entre los 35 y 40 grados centígrados, por lo que cada año la población se ve en la necesidad de incrementar el uso de aparatos eléctricos sobre todo para preservar los alimentos, pero también para mantener la temperatura en valores más soportables que les permitan realizar sus actividades diarias.

Lamentablemente, este verano el sistema eléctrico de Baja California Sur ha sido declarado por el Cenace, en varias ocasiones, en “estado operativo de emergencia por requerir afectación de carga de forma manual al contar con un margen de reserva operativa menor al 4 por ciento y no soportar la contingencia sencilla más severa”.

Lo anterior se vio reflejado en múltiples apagones, llamados cortes preventivos, que afectaron a miles de personas, principalmente en los municipios de La Paz y Comondú, extendiéndose además a algunas colonias de Los Cabos y Loreto, situación que resulta inaceptable, pues la falta de inversión federal en proyectos que desarrollen el sistema eléctrico de Baja California Sur impide que se pueda brindar el servicio eléctrico en dicha entidad en igualdad de condiciones que en el resto del país, lo que representa un trato diferenciado en perjuicio de la mencionada entidad, que debe ser corregido.

Los apagones que tuvieron lugar en diferentes días y horarios durante el mes de agosto del año en curso, han afectado a los sectores turístico, industrial, agrícola, de servicios, a los establecimientos comerciales, a los restaurantes y al patrimonio de las personas quienes han manifestado su descontento por el daño que dichos cortes ha provocado en sus aparatos eléctricos como refrigeradores.

Al respecto, se reconoce la pronta reacción del gobernador Carlos Mendoza Davis, quien sostuvo una reunión con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, el 21 de agosto, para solicitar la intervención inmediata de dicha instancia a efecto de resolver la problemática del colapso del sistema eléctrico de la entidad.

De dicha reunión se derivó el compromiso por parte de CFE para habilitar un generador de emergencia que se encuentra sin uso en Los Cabos desde hace más de 3 años, así como dos plantas que producirán más de 80MW, acciones encaminadas a evitar más apagones.

No obstante lo anterior, el gobierno estatal tuvo que manifestar su extrañamiento por nuevos apagones generalizados que tuvieron lugar el 30 de agosto en 4 municipios de la entidad, por lo que consideramos necesario refrendar la demanda a la CFE para que se concreten a la brevedad las acciones acordadas para garantizar el abasto de electricidad a las familias sudcalifornianas.

Se ha explicado que los apagones derivan de la sobrecarga del sistema eléctrico de Baja California Sur cuya capacidad de generación se encuentra desde hace años en potencial rezago respecto de la creciente demanda y que atiende al hecho de que el sistema eléctrico de esta entidad es independiente, esto es, que no se encuentra conectado al Sistema Interconectado Nacional (SIN), lo que implica que tiene que generar su propia energía eléctrica para atender la demanda de su población, sin poder recurrir a las transferencias de energía como el resto de los estados.

Desafortunadamente, el panorama del sector eléctrico de Baja California Sur es crítico, la generación de energía se realiza principalmente a través de la quema de combustibles fósiles en centrales de combustión interna y ciclo combinado, lo que implica, por un lado, altos niveles de contaminación y por el otro, altos costos de producción que se traducen en altas tarifas eléctricas, de las más caras del país.

Al respecto, diversas organizaciones y expertos del estado de Baja California Sur coinciden en que se requiere de un plan de transición energética, destacando entre sus propuestas las siguientes:

• Proyecto para almacenamiento: Sistema de almacenamiento de 20MW de capacidad por al menos 4 horas, que permita detonar las energías renovables en el sistema eléctrico de Baja California Sur y contribuya a la transitar a un sistema más eficiente y sustentable.

• Proyecto para transmisión: 260 kilómetros de línea de transmisión de 230 a 400KV, que permita proporcionar infraestructura para el transporte de energía y con esto se reduzca la congestión concentrada al sur del estado provocada por el crecimiento de la demanda energética.

• Implementación de más proyectos de energías limpias.

• Impulsar el proyecto de conexión al SIN a través de un cable submarino.

En atención a lo expuesto, es necesario que las autoridades competentes, en primer lugar, realicen las acciones inmediatas para garantizar el abasto de electricidad en la entidad a efecto de evitar que se continúe con el tandeo de un servicio básico durante esta temporada de altas temperaturas.

Pero también, resulta fundamental una planeación no sólo a corto, sino a mediano y largo plazo, con proyectos que permitan que se brinde un suministro de energía continuo y confiable, tales como las energías limpias y la conexión de Baja California Sur al SIN a través de un cable submarino, el cual se ha considerado como la opción más viable para acabar con las constantes emergencias en que se encuentra el sistema eléctrico de la entidad y que lamentablemente se ha postergado por muchos años, aunque ha aparecido por mucho tiempo en cada actualización del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.

Cabe mencionar que, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado, a través de la Secretaría de Energía, dirigir las actividades de planeación del Sistema Eléctrico Nacional.

Por su parte, la Ley de la Industria Eléctrica establece que la Secretaría de Energía está facultada para establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica.

La citada ley también establece que la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica, tendrá como objetivo, entre otros, garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional; promover que las actividades de la industria eléctrica se realicen bajo criterios de sustentabilidad; y fomentar la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica, así como la seguridad energética nacional.

Con fundamento en lo anterior, consideramos imperativo que tanto la CFE como la Secretaría de Energía cumplan los objetivos de la política de energía eléctrica establecidos en la Ley, e intervengan en la difícil situación en la que se encuentra el sistema eléctrico de Baja California Sur, con acciones inmediatas para evitar que continúen los apagones, pero también con una planeación que a mediano y largo plazo derive en la inversión en proyectos que permitan a los sudcalifornianos recibir de forma eficiente, confiable y continua, un servicio de interés público, que como tal, corresponde al Estado garantizar en igualdad de condiciones en todo el país.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía a realizar una planeación del sistema eléctrico de Baja California Sur que permita garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del servicio eléctrico en la entidad, así como a ejecutar proyectos de ampliación y mejoramiento de la infraestructura eléctrica de la entidad, otorgando prioridad a las energías limpias, la conexión al Sistema Interconectado Nacional mediante un cable submarino, y todos aquellos proyectos que en un corto, mediano y largo plazo aseguren a los sudcalifornianos la prestación de este servicio básico.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a que concrete a la brevedad los compromisos establecidos con el gobierno estatal para atender el estado de emergencia en el que constantemente opera el Sistema Eléctrico de Baja California Sur con el propósito de evitar más apagones y las afectaciones que éstos han causado en el desarrollo de todas las actividades en la entidad.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2019.

Diputado José Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a continuar y fortalecer por la Ssa las acciones de prevención, detección y atención del cáncer infantil, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Margarita Flores Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que a través de la Secretaria de Salud federal se continúen y fortalezcan la acciones de prevención, detección y atención de cáncer infantil, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de Salud (OMS) señala que el cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo, el cual se desarrolla mediante un proceso de crecimiento de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, un proceso denominado metástasis, el cual se puede presentar prácticamente en cualquier lugar del cuerpo.1

De acuerdo con la OMS, el cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte en el mundo. En 2015 ocasionó 8.8 millones de defunciones. Casi 1 de cada 6 defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad, y cerca de 70 por ciento de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos.2

Según las últimas estimaciones hechas por Globocan 2018, cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo, de los cuales más de 200 mil ocurren en niños y adolescentes.3

Según datos de la Secretaría de Salud, en México hay anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, entre los que destacan las leucemias, que representan 52 por ciento de los casos; linfomas, 10; y los tumores del sistema nervioso central, 10.

De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA), las tasas de incidencia (por millón) hasta 2017 fueron 89.6 nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en adolescentes (10 a 19 años). Por grupo de edad, el de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia, con 135.8, mientras que el de adolescentes de entre 15 y 19 años tuvo la menor incidencia, con 52.6.

Cifras del último censo del Consejo Nacional de Población, hasta 2018 cerca de 26.5 millones de niños y adolescentes de entre 0 y 19 años no contaban con ningún tipo de seguridad social, lo cual resulta preocupante debido a que el cáncer es una enfermedad costosa que ocasiona un gasto de bolsillo considerable en la familia de los pacientes.

Entre 30 y 50 por ciento de los cánceres se pueden evitar. Para ello es necesario reducir los factores de riesgo conductuales y dietéticos, como índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y de alcohol, y aplicar estrategias preventivas de base científica. La prevención abarca también la detección precoz de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperación para muchos tipos de cáncer son excelentes.

Un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana.

Entre las principales causas que repercuten en las bajas tasas de supervivencia de países con medianos o bajos ingresos son: incapacidad para tener un diagnóstico preciso y oportuno, poco o nulo acceso a los tratamientos, abandono del tratamiento solo por mencionar algunas.

De acuerdo con información concentrada en el Censia, a través del Programa de Acción Específico Cáncer en la Infancia y Adolescencia, se estima que México cuenta con aproximadamente 165 oncólogos pediatras, 35 hematólogos pediatras, 35 cirujanos oncólogos pediatras, 10 radioterapeutas pediatras y 5 psicooncólogos pediatras para la demanda anual del país, lo cual es insuficiente para dar respuesta a la demanda actual de atención.

El cáncer infantil en México es un problema de salud pública, al ser la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad. Dicha enfermedad representa una de las principales causas con mayor número de años de vida potencialmente perdidos, ya que se estima que cada niño que no sobrevive al cáncer, pierde en promedio 70 años de vida productiva. Además de ser un factor negativo para la salud emocional y la dinámica familiar, de ahí que resulta de la mayor importancia que la presente administración no dé un paso a tras las acciones de fortalecimiento en materia de prevención, detección y atención de cáncer infantil.

Por lo expuesto sometemos a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que a través de la Secretaria de Salud federal se continúen y fortalezcan la acciones de prevención, detección y atención de cáncer infantil.

Notas

1 https://www.who.int/topics/cancer/es/

2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

3 http://gco.iarc.fr/

Dado en la Cámara de Diputados, a 5 de septiembre de 2019.

Diputada Margarita Flores Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes de la Unión a actualizar sus manuales internos de organización y procedimientos administrativos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres poderes de la Unión, a actualizar sus manuales de organización y de procedimientos internos al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

Un manual de procedimientos se describe como un instrumento administrativo que apoya a la organización interna de una empresa o dependencia para definir acciones, puestos, operación, funcionamiento de cada una de las áreas que lo conforman, así como del personal que en ellos labora. Las ventajas de contar con estos manuales de procedimientos es que apoyan a la capacitación del personal, a la inducción del puesto, detallan las actividades a realizarse, definen la interacción y la interrelación entre las áreas, permite conocer las actividades y su coordinación, descripción de funciones, guías de trabajo y proporciona una visión integral de la dependencia.

El manual de procedimientos cuenta con la siguiente información:

- Introducción.
- Objetivos.

- Áreas de aplicación.
- Responsables.

- Políticas.
- Descripción de las operaciones.

- Formatos.
- Diagramas de flujo.
- Terminología.

Estos manuales de procedimientos ayudan a las instituciones a contar con un sistema de control interno, son de gran apoyo en las estancias gubernamentales en donde se maneja una gran cantidad de documentos debido a todos los trámites administrativos que se realizan en todos los niveles de gobierno, nos indica ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Para qué?, y ¿Por qué? de cada uno de los trámites a realizar, tanto en el interior como al exterior de cada dependencia.

En México todas las dependencias de gobierno de los tres poderes, cuentan con un manual de organización y de procedimientos administrativos, los cuales pueden encontrarse en un solo documento o por separado y es en el donde se especifican las labores de cada persona y cada área que conforma la institución.

En el Poder Ejecutivo

Existen dependencias que tienen sus manuales de procedimientos y de organización actualizados, algunos ejemplos son:

Dependencia Año de actualización

Secretaría de Marina 2018

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2018

Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo Social) 2018

Secretaría de Economía 2018

Secretaría de Cultura 2017

*Tabla de elaboración propia con información de las páginas de internet de cada una de las Secretarias.

Realizando un análisis, podríamos decir que solo el 25% del total de las Secretarias mantienen actualizados sus manuales.

En el caso del Poder Legislativo

- El Senado de la República cuenta con el Estatuto de Servicio Parlamentario, Administrativo y Técnico del Senado y su última actualización fue de 2013.

- La Cámara de Diputados cuenta con el Manual general de Organización de la Cámara de Diputados y su última actualización es de 2011.

En el Poder Judicial

- El Consejo de la Judicatura, la última actualización de su manual es de 2014.

Se considera necesario mantener actualizados de manera permanente estos manuales, asimismo, realizar revisiones periódicas para mantenerlos apegados a la operación de las dependencias, ya que por el cambio de gobierno que hay cada sexenio cada presidente tiene su propia forma de trabajo, por tal motivo, consideramos que dichos manuales deben actualizarse mínimamente cada que se realiza un cambio de administración del Gobierno Federal, así como en el cambio de cada legislatura en el Poder Legislativo. y en el caso del Poder Judicial hacerlo periódicamente.

Mantener actualizados los manuales de organización y procedimientos administrativos periódicamente, es necesario si queremos tener agilidad y eficiencia en los trámites, principalmente en las áreas gubernamentales por el servicio que se presta hacia los ciudadanos y los trámites internos de cada una de ellas hacia el mismo gobierno.

Por lo expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los tres Poderes de la Unión a actualizar sus manuales de organización y de procedimientos administrativos para agilizar y hacer más eficientes las actividades organizacionales y administrativas dentro de las dependencias de gobierno.

Bibliografía

- Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimientos, Secretaria Administrativa UNAM

- Página de Internet de la Secretaria de Gobernación,
www.gob.mx

- Página de Internet de la Secretaria de Marina,
www.gob.mx/semar

- Página de Internet de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
www.gob.mx/shcp

- Página de Internet de la Secretaria de Bienestar,
www.gob.mx/bienestar

- Página de Internet de la Secretaria de Economía,
www.gob.mx/economia

- Página de Internet de la Secretaria de Cultura,
www.gob.mx/cultura

- Página de Internet de la Cámara de Diputados,
www.diputados.gob.mx

- Página de Internet del Senado de la República,
www.senado.gob.mx

- Página de Internet del Consejo de la Judicatura,
www.cjf.gob.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de septiembre de 2019.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Lotenal a llevar a cabo los procedimientos y las acciones conducentes a emitir en enero de 2020 un billete conmemorativo del 68 aniversario de BC como estado libre y soberano, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Alcibíades García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita respetuosamente al licenciado Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que, en el ámbito de sus competencias, y con base en las consideraciones expuestas, la institución a su cargo lleve a cabo los procedimientos y acciones necesarias para la emisión, en el mes de enero de 2020, de un billete de lotería conmemorativo del 68 Aniversario de Baja California como estado libre y soberano, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El presidente Miguel Alemán, durante la lectura de su quinto Informe de Gobierno, ante el Congreso de la Unión, señaló: “El territorio norte de la Baja California, por razón de su población y de su capacidad económica para subsistir, satisface las condiciones exigidas por la fracción segunda del artículo setenta y tres de la Constitución General de la República y por ello el Ejecutivo promoverá ante vuestra soberanía la erección en estado libre y soberano, de dicha porción territorial integrante de la federación.”1 El 31 de diciembre de 1951, el Congreso de la Unión aprueba el decreto correspondiente.

El 16 de enero de 1952 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 43 y 45 constitucionales, mediante el cual el territorio norte de la Baja California se integra a la federación como estado libre y soberano, con la misma extensión territorial y límites correspondientes.

En marzo de 1953 se realizan las primeras elecciones en el estado; para el mes de mayo se instala el Congreso constituyente, integrado por siete diputados, que aprueban la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, promulgada el 16 de agosto de ese mismo año; el día 25 del mes siguiente, se llevan a cabo las elecciones de gobernador y de la primera Legislatura en el Estado; son las primeras elecciones en México en que votan las mujeres, resultando la licenciada Aurora Jiménez de Palacios, la primera mujer diputada por Baja California al Congreso de la Unión.

El 1 de diciembre de 1953 toma posesión el primer gobernador constitucional del estado de Baja California. Inicialmente, el estado estaba integrado por los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate; posteriormente, se constituyó Playas de Rosarito, como quinto municipio.

Baja California es uno de los estados de más reciente creación, que en poco menos de siete décadas ha registrado notables avances en materia de crecimiento poblacional y desarrollo económico.

“Hacia 1930, la población total del estado era ligeramente superior a los 52 mil habitantes, de los cuales la mayor parte se concentraba en los municipios de Mexicali (62.1 por ciento) y Tijuana (23.4 por ciento). La preeminencia de estos dos municipios en la distribución de la población se mantiene hasta la actualidad, aunque Tijuana se convierte en el municipio que concentra a la mayor parte de la población del estado a partir de 1990, cuando su participación relativa alcanzó 44 por ciento y se incrementa a 49.5 por ciento en 2017, año en que la población estatal supera la cifra de 3.5 millones de habitantes y Tijuana rebasó los 1.7 millones.”2

Este notable crecimiento poblacional se debe a diversos factores, entre los que destaca, de manera notable, su condición de ser frontera con Estados Unidos de América (EUA), contando con uno de los pasos fronterizos más dinámicos del mundo.

Esta situación, por sí misma, resulta en un importante atractivo de flujos migratorios de otros estados del país, así como de migrantes, sobre todo de Centroamérica que, al no lograr pasar al país vecino, establecen su residencia permanente en Baja California.

Pero Baja California es mucho más que sólo un estado fronterizo. Cuenta con una importante actividad agropecuaria. El estado se encuentra ubicado geográficamente en una zona con vocación productiva de exportación. En 2011 se estimó que Baja California fue la segunda entidad en la frontera norte (sólo debajo de Sonora), y tercera a nivel nacional (debajo de Sinaloa y Sonora) en exportaciones agropecuarias, llegando a participar con 10.31 por ciento del total de las exportaciones agropecuarias nacionales. La exportación de productos agropecuarios tuvo un incremento constante durante el periodo de 2004-2013, mientras que las exportaciones agroindustriales se han incrementado hasta alcanzar 48 por ciento de las exportaciones a nivel regional con una cifra de 1,052, 533 miles de dólares.3

El Valle de Mexicali ha sido siempre una importante zona algodonera, así reconocida nacional e internacionalmente. Asimismo, el puerto de San Felipe, ubicado en el Alto Golfo de California, tiene también una importante actividad pesquera y una amplia y variedad de especies marinas. El reconocido oceanógrafo Jacques Yves Cousteau llamó a esta zona, “el acuario del mundo”.

El puerto de Ensenada, en el océano Pacífico, es un referente destacado para el arribo de cruceros y turistas; de acuerdo con la Secretaría de Turismo del estado, en 2016 llegaron 258 cruceros y 80 por ciento de los 670 mil pasajeros desembarcaron para conocer la ciudad, con lo que se ubicó en el segundo lugar nacional y en el primero regional en este rubro.

En materia de turismo, también destacan los municipios de Tecate y de Playa de Rosarito. El primero se encuentra dentro del catálogo de Pueblos Mágicos, mientras que el segundo, se ubica como uno de los principales destinos de turistas norteamericanos.

“La importancia de Baja California como destino de las empresas maquiladoras estadounidenses y asiáticas de alto nivel tecnológico es elevada: en 2000 le correspondieron alrededor de 35 por ciento de las 3 mil 590 plantas existentes en el país; cerca de 21 por ciento de los 1.3 millones de empleos, y 22 por ciento de los cerca de 9 mil millones de pesos de valor agregado por este tipo de industria. Tan sólo en Tijuana se localizaron 724 plantas que generaron 149 mil empleos, mientras que en Mexicali 179 maquiladoras dieron trabajo a 49 mil personas. Ambas ciudades absorbieron cerca de 28 por ciento de las plantas y 18 por ciento de los empleos de este tipo en todo el país.”4

Ciertamente, lo anterior es sólo una pincelada de los notables avances que ha logrado Baja California, desde que fue proclamado como estado libre y soberano, aunque también existen rezagos y asignaturas pendientes que deben ser atendidos por las autoridades, tanto estatales como federales.

Con el propósito de difundir entre los mexicanos una fecha tan significativa para Baja California, como lo es su 68 aniversario como estado libre y soberano, así como para impulsar, fortalecer y ampliar la imagen de Baja California, como una entidad progresista, de esfuerzo y de trabajo, consideramos que una vía idónea para tal fin es aprovechar la cobertura y aceptación nacional que tiene la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a través de la expedición de un billete conmemorativo.

Así, además del propósito señalado, estaríamos también contribuyendo al objetivo de la Lotería Nacional, que es la obtención de recursos financieros para destinarlos a la asistencia pública, los cuales obtiene a través de la celebración de sorteos con premios que se pagan en efectivo y basados en los billetes que adquieren los concursantes.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al licenciado Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública que, en el ámbito de sus competencias y con base en las consideraciones expuestas, la institución a su cargo lleve a cabo los procedimientos y acciones necesarias para la emisión, en el mes de enero de 2020, de un billete de lotería conmemorativo del 68 aniversario de Baja California como Estado Libre y Soberano.

Notas

1 Discurso del licenciado Miguel Alemán Valdés, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1951. Consulta en línea:

http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1951_254/Quinto _Informe_de_Gobierno_del_presidente_Miguel_A_1254.shtml

2 Gobierno del Estado de Baja California. Programa Estatal de Población 2015-2019 Actualizado. Consulta en línea: http://www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2019/planesyprogramas/Program a%20Estatal%20Poblacion.pdf

3 Conacyt. Agenda de Innovación de Baja California. Documentos de Trabajo. Área de Especialización: Agroindustria Alimentaria. Consulta en línea: http://www.agendasinnovacion.org/wp-content/uploads/2015/01/4.1-Agenda- del-%C3%A1rea-Agroindustria2.pdf

4 Sonia Yolanda Lugo Morones y Alejandro Mungaray Lagarda. La competitividad regional de Baja California. Consulta en línea: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/21/1/lumu0802.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputado Jorge Alcibíades García Lara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y la SHCP a comenzar los trabajos de modernización y ampliación de la carretera San Cristóbal-Palenque, Chiapas, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a contemplar dentro de su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, los recursos necesarios para la realización de la ampliación de la carretera federal de San Cristóbal-Palenque en el estado de Chiapas, con el objeto de impulsar el desarrollo municipal y el crecimiento económico del estado.

Consideraciones

1. Chiapas se ha posicionado a nivel nacional como uno de los destinos turísticos más atractivos del país, ya que de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del estado1 , Chiapas recibió durante el periodo comprendido de enero a junio de 2019, a 3 millones 860 mil 358 visitantes , lo que representa un 25 por ciento más con respecto al mismo periodo del 2018 (3 millones 095 mil 852 visitantes).

2. La derrama turística acumulada en el periodo comprendido de enero a junio de 2019 fue de $11 mil 845 mdp , que en comparación con el mismo periodo de 2018 fue de $11 Mil 272 mdp , representa un incremento del 5 por ciento . La ocupación hotelera promedio acumulada fue de 42 por ciento, comportándose un punto porcentual mayor , en comparación al mismo periodo del 2018 (41por ciento).

Afluencia de visitantes por principales destinos turísticos de Chiapas

Fuente: Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado de Chiapas. (2019) Reporte Estadístico de Indicadores del Sector Turístico de Chiapas. Junio 2019.

Derrama económica por principales destinos turísticos de Chiapas

Fuente: Secretaría de Turismo, Gobierno del estado de Chiapas. (2019) Reporte Estadístico de Indicadores del Sector Turístico de Chiapas. Junio 2019.

3. En este orden de ideas, San Cristóbal de las Casas y Palenque se han posicionado como el segundo y tercer destino turístico en el estado, respectivamente, en afluencia de turistas. Obteniendo un crecimiento del 15 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

4. Estos dos destinos turísticos se encuentran conectados por poco más de 219 kilómetros a través de la carretera federal misma que en estos momentos no cuenta con las mejores condiciones para ofrecer un viaje cómodo y seguro, a pesar de que la carretera es famosa por sus marcadas curvas que muestran paisajes de la montaña, así como una experiencia cercana con la naturaleza; muchos son los peligros que tanto turistas como pobladores viven a diario, siendo los siguientes:

5. Por un lado, los más de 400 reductores de velocidad (topes) que podemos encontrar durante el camino, se vuelven un contratiempo para todos los automovilistas y transportistas, ya que esto genera problemas en el traslado, el cual actualmente es de más de 5 horas.

6. Por otra parte, encontramos la falta de seguridad pública en la carretera , ya que de acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de San Cristóbal de las Casas, Miguel Muñoz ,2 los tramos en dicha carretera se han vuelto más inseguros desde 2012 y no fue sino hasta la desaparición de dos turistas extranjeros de nacionalidad polaca y alemana en abril 2018 que las autoridades comenzaron a poner los ojos sobre los actos delictivos cometidos en dicho tramo turístico. Sin embargo los retenes arbitrarios y asaltos carreteros no han cesado, lo cual genera incertidumbre, vulnera la dignidad humana, tiene impactos negativos en el turismo, poniendo en alertas de viajes en embajadas de otros países, lo anterior de acuerdo con, Mauricio Penagos Malda, expresidente de la Federación Turística de Chiapas (Fedetur).

7. En esta lógica de ideas, impulsar la ampliación de la carretera federal anteriormente señalada, cuanto antes traería consigo un flujo turístico mucho mayor al ya presentando, lo que significaría una derrama económica mucho más alta, aprovechando así los beneficios que esto contraería, como conectar otros lugares turísticos importantes del estado como Toniná, así como el aprovechamiento para que locatarios de los distintos municipios impulsen sus negocios y el desarrollo y fortalecimiento municipal.

8. Queda claro que conectar estos municipios de Chiapas es de suma importancia ya que es uno de los principales motivantes de la inversión, si no existe la infraestructura carretera necesaria para invertir, la iniciativa privada, ya sea nacional o extranjera, ve poco atractivo arriesgar su capital en estas zonas.

9. También debe quedar claro que esta problemática ya fue reconocida por el Ejecutivo federal, tal es así que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó por lo anteriormente expuesto, y a tenor de lo mencionado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por el municipio de Ocosingo, Chiapas, el pasado 6 de julio del presente año 3 , en el que se comprometió a realizar la ampliación de la carretera federal Palenque-San Cristóbal para que de esta forma sean beneficiados los habitantes de dicha población, para robustecer la presente afirmación se transcribe el comunicado de prensa de la Presidencia de la República donde quedan asentadas las declaraciones del Presidente:

“En Ocosingo, presidente López Obrador anuncia ampliación de carretera Palenque-San Cristóbal”.

Durante la asamblea pública, el primer mandatario respondió a una de las demandas del pueblo chiapaneco en materia de infraestructura:

“¿Por qué no hacemos mejor una ampliación de la carretera? En vez de otro trazo, que se amplíe la carretera de Palenque a San Cristóbal. Y nada más que se llegue a un acuerdo, a ver si eso se puede, que los que tienen tantos topes ayuden para que la podamos crear”.

“Y que pase la carretera también por Ocosingo, porque ese era otro problema, que si no pasaba la carretera por Ocosingo muchos comercios se iban a afectar; pues va a pasar por Ocosingo, vamos a buscar nada más la manera de modernizarla, de ampliarla.”

10. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas es claro que se cuenta con la voluntad política para que la problemática planteada con anterioridad tenga una solución que partiendo de la asignación de los recursos necesarios pueda tener una solución material y una implementación eficiente por parte de las autoridades correspondientes. En razón de todo lo anterior se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar las acciones necesarias dentro del ámbito de sus facultades con la finalidad de comenzar con los trabajos de modernización y ampliación de la carretera San Cristóbal-Palenque, en el estado de Chiapas, con el objeto de impulsar el desarrollo municipal y el crecimiento económico del estado, de acuerdo a lo expresado por el titular del Ejecutivo federal.

Notas

1 Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado de Chiapas. (2019). “Reporte Estadístico de Indicadores del Sector Turístico de Chiapas JUNIO 2019.” Recuperado de:

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CUADERNILLOpor ciento20ESTADISTICOpor ciento20JUNIOpor ciento202019.pdf

2 Pérez, F. Gutiérrez O. (11 de julio de 2018) “Turismo no decae en Chiapas a pesar de asaltos a visitantes.” El Universal. Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/estados/turismo-no-decae-en-chiapas-pesa r-de-asaltos-visitantes

3 Presidencia de la República, Prensa (7 de julio de 2019) “En Ocosingo, presidente López Obrador anuncia ampliación de carretera Palenque-San Cristóbal” Recuperado de:

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/
en-ocosingo-presidente-lopez-obrador-anuncia-ampliacion-de-carretera-palenque-san-cristobal-207807

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría General de esta soberanía a modificar su patrón de asignación de puestos femeninos y masculinos para terminar aquí con los estereotipos sexistas, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Laura Imelda Pérez Segura, diputada a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados a que aplique la paridad de género en los puestos que han sido catalogados y estereotipados como femeninos o masculinos: edecanes, bomberos, protección civil, con el fin de combatir las prácticas discriminatorias y desigualdad que existe en esta Cámara.

Consideraciones

El artículo 1o. constitucional establece que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 2 se define “La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres”.

En el artículo 3 se señala que: “No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana”.

Dentro del marco nacional están también la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se destacan los derechos de igualdad y no discriminación.

En el marco internacional la CEDAW señala la obligación del Estado mexicano de “Seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer; así como a desarrollar acciones en las esferas prioritarias: política, social, económica y cultural, con el objetivo de asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer y garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades en igualdad”.

La recomendación 3 de la CEDAW demanda “Medidas que erradiquen todas las formas de discriminación y a adoptar políticas y programas concretos y eficaces, y medidas que transformen estereotipos de género”.

También hace énfasis en acciones concretas, por ejemplo, el inciso k) llama a fortalecer las campañas de toma de conciencia y capacitación en cuestiones de igualdad de los géneros entre hombres y mujeres, niñas y niños, para eliminar la persistencia de estereotipos tradicionales perjudiciales.

Por su parte la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), establece en su artículo 6: “El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”. Su artículo 8 señala que: “Los estados parte convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer”.

La igualdad sustantiva es una búsqueda constante por asegurar que, de manera real y efectiva, sean mujeres y hombres iguales no solamente frente a la ley, sino en general en las prácticas cotidianas de toda la vida pública del país. Por lo anterior, es que la igualdad sustantiva es un tema transversal para todo el trabajo legislativo y, por tanto, representa una lucha permanente por lograr, en todos los espacios que nos compete incidir de tal manera que se vayan menguando todos los estereotipos sexistas y las prácticas fundadas sobre éstos.

A pesar de todos estos compromisos adquiridos por nuestro país, tanto en la legislación nacional como a nivel internacional y siendo esta la casa de elaboración de las leyes, en donde las y los legisladores tendríamos que ser los primeros en fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación, podemos ver varios ejemplos de la estigmatización de los puestos de trabajo en la Cámara de Diputados.

El objetivo de este punto de acuerdo es exhortar a la Secretaría General para que en los puestos de trabajo de la Cámara de Diputados se regule lo correspondiente a la designación de personal en la práctica denominado “edecanes” para que estos espacios no sean designados exclusivamente a mujeres, lo cual no se encuentra sustentado en ninguna norma (ni siquiera la nomenclatura “edecán” aparece en el reglamento) pero representa una práctica cotidiana que siempre ha existido.

Los estereotipos sexistas atentan contra la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, es así el caso de la designación de “edecanes” que perpetúa el modelo de asignar labores de “atención a diputados”, trabajo que tienen que ver con “atender” y “servir”, y que se asigna solamente a mujeres.

Y es que seguimos pensando que “Las labores de atender y servir (servir café, servir agua, pasar el micrófono) son de manera natural de las mujeres. Un hombre haciendo esas labores (imaginémoslo) se vería raro”.

Caso muy similar es el puesto de secretaria, que sigue el mismo estereotipo de las edecanes, que también está dentro de las funciones asignadas a mujeres.

Otro de los ejemplos que se observan en las tareas diarias son los puestos asignados como “masculinos”, o sea sólo para hombres, como lo es el de seguridad o protección civil. En el caso de los vigilantes, seguridad, o guardias que resguardan un acceso, se pudiera considerar que se necesita mayor fuerza física para imponer orden en el caso de un disturbio o emergencia, pero eso no es más que, de nuevo un estereotipo, ya que no es condición natural que las mujeres “siempre” sean más débiles que los hombres. En este caso se debe de considerar para estos puestos la norma de que se cuente con la capacidad y fuerza física y no sea el sexo una consideración para ello.

Es nuestra obligación como legisladoras y legisladores modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el patrón de trabajo feminizado o masculinizado que se aplica en esta Cámara, como un medio para alcanzar la igualdad.

Es por todo lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta honorable asamblea la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a que modifique su patrón de asignación de puestos “femeninos y masculinos”, con el fin de terminar con los estereotipos sexistas que se han venido arraigando en esta Cámara; garantizando que no sean asignados nunca con una restricción basada en el sexo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a que las nuevas contrataciones que se integren al personal se les designe en su puesto de acuerdo al principio de paridad de género, y así se dé cumplimiento a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a ejecutar acciones en materia de gastos médicos, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

María Alemán Muñoz Castillo, diputada de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Secretaría de Salud, realice un estudio técnico que le permita modificar la circular única de seguros y fianzas respecto de los productos estandarizados de seguros de gastos médicos, salud y salud dental, todos en la operación de accidentes y enfermedades, dando preferencia al pago directo en caso de siniestros y que sólo existan excepciones para el reembolso, disminuyendo los días para su realización, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud es protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como lo dispone su artículo 3o. y es regulado en la Ley General de Salud, estableciendo diversas modalidades para los servicios de salud, clasificándolos por el tipo de prestadores en públicos, a derechohabientes por instituciones públicas de seguridad social, privados y sociales, principalmente, establecidos en su artículo 34.

En el artículo 38 de la referida ley general define a los servicios de salud privados los que presten personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, y sujetas a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles. Y señala que estos servicios pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros, individuales o colectivos.

Los antecedentes formales de los seguros en México se remontan al año de 1870, cuando en el código civil se regula el Contrato del Seguro y en 1892 se promulga la primera ley que rige a las compañías de seguros mexicanas y extranjeras existentes en esos años.1

En el artículo “seguros de gastos médicos retos, desafíos y alternativas”2 del seminario “El ejercicio actual de la medicina”, 2002, se hace la siguiente reflexión:

Un seguro de gastos médicos “es un instrumento financiero que permite hacer frente a posibilidades de quebranto económico al atender problemas de salud, principalmente aquellas que requieren atención medico (sic)-quirúrgica en un hospital, por un accidente o una enfermedad.

El ramo de seguros con más desarrollo ha sido el de accidentes y enfermedades que ha crecido más de seis veces en los últimos diez años.

El grupo de personas aseguradas en el sector privado, independientemente de los derechohabientes de la seguridad social, debería ser de acuerdo con índices internacionales mayor. Se estima en aproximadamente 10 millones de personas el universo objetivo que las aseguradoras esperan alcanzar en los próximos diez años.

En México se promueven y venden seguros de gastos médicos mayores (SGMM) de cobertura y costos diferentes, precios ajustados a la edad y género del comprador, montos variables del deducible y del coaseguro pactados en el contrato.

El costo es proporcionalmente elevado sujeto a incrementos anuales que rebasan la inflación, pago de contado al suscribir la póliza y cobertura condicionada a una serie de variables explícitas y exclusiones implícitas, amén de otras restricciones y exclusiones escritas en “letra chiquita” que el agente vendedor calla y el comprador generalmente no lee.

La reforma fiscal redistributiva promueve la adquisición de seguros de gastos médicos y lo alienta ofreciendo deducir su costo del pago anual del I.S.R., tanto de las personas físicas como morales, con la amenaza de cancelar la deducibilidad de los “gastos de bolsillo” erogados por servicios médicos y dentales a quien no posea un seguro, afectando de inmediato a 8.5 millones de personas mayores de 50 años.

El sector asegurador considerado como parte del sector financiero está regulado y supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la Dirección General de Seguros y Valores, la cual es responsable de la normatividad y por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, órgano desconcentrado responsable de la inspección y vigilancia del sector.”

De acuerdo con la Tercera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 20183 el tipo de seguro con el que cuentan más personas es el de vida: 67 por ciento de los adultos de 18 a 70 años que tienen al menos un seguro cuentan con seguro de vida; cabe mencionar que pudo haber sido contratado directamente, adquirido con un crédito formal, o bien, puede ser un beneficio laboral o de algún programa de gobierno. De acuerdo con los datos de la ENIF 2018, 13.5 millones de personas tienen al menos un seguro de vida, una diferencia de 600 mil personas en relación con 2015. Al seguro de vida le sigue el seguro de auto con 7.8 millones de personas, y el seguro de gastos médicos con 5 millones de personas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef),4 atendió en el año 2017 un total de 42 mil 901 reclamaciones en materia de seguros, lo que significó un incremento del 15 por ciento respecto a 2016.

De los cuales 2 mil 517 fueron reclamaciones por seguros de gastos médicos mayores, teniendo como principales causas de reclamación las siguientes:

• 39.6 por ciento por la negativa de la aseguradora en el pago de la indemnización;

• 17.2 por ciento por la solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no atendida;

• 8.4 por ciento por la inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización.

Lo anterior teniendo como parámetro únicamente de aquellas personas que presentaron una queja, dejando fuera las personas que pudieron haber recibido un mal servicio y que desistieron en sus reclamaciones.

Las aseguradoras son reguladas principalmente por dos instrumentos: la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Circular Única de Seguros y Fianzas.

La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas establece en su artículo 208 la obligación de las instituciones de seguros de ofrecer un producto básico estandarizado:

Artículo 208. Con el propósito de fortalecer la cultura del seguro y extender los beneficios de su protección a una mayor parte de la población, las instituciones de seguros, atendiendo a las operaciones y ramos que tengan autorizados, así como a los seguros y coberturas que comercializan, deberán ofrecer un producto básico estandarizado para cada una de las siguientes coberturas:

I. Fallecimiento, en la operación de vida;

II. Accidentes personales, en la operación de accidentes y enfermedades;

III. Gastos médicos, en la operación de accidentes y enfermedades;

IV. Salud, en la operación de accidentes y enfermedades, y

V. Responsabilidad civil, en el ramo de automóviles.

Para efectos de esta ley, se entenderá por productos básicos estandarizados de seguros, los que cubren aquellos riesgos que enfrenta la población, que se pueden homologar por sus características comunes y que tienen por propósito satisfacer necesidades concretas de protección de la población.

A fin de garantizar que los referidos productos básicos estandarizados sean comparables entre todas las instituciones de seguros del sector, la comisión, oyendo la opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y considerando la opinión que le presenten las instituciones de seguros, mediante disposiciones de carácter general dará a conocer el modelo de contrato de adhesión que las instituciones deberán utilizar para cada una de las coberturas referidas en este artículo. Dichos modelos deberán considerar cláusulas contractuales de fácil comprensión que uniformen: riesgos cubiertos, exclusiones, suma asegurada, deducibles, duración del contrato, periodicidad del pago de la prima, procedimiento para el cobro de la indemnización y demás elementos que los integren.

Las instituciones de seguros deberán registrar estos productos de acuerdo a lo previsto en los artículos 201 a 204 de esta ley, observando que la nota técnica en la que cada institución de seguros sustente la fijación de la prima, guarde congruencia con lo dispuesto en este artículo.

Con el objeto de efectuar la comparación de las primas de tarifa de estos productos y difundirlas entre el público, las instituciones de seguros deberán informar mensualmente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros la prima de tarifa total que cobren respecto de los productos a que se refiere este artículo, en la forma y términos que la misma establezca. Dichas instituciones podrán cumplir con esta obligación mediante la difusión y actualización de la información a que se refiere este párrafo en la página principal del portal electrónico que deberán mantener en la red mundial denominada Internet.

La Circular Única de Seguros y Fianzas5 prevé en el Capítulo 4.7. De Los Productos Básicos Estandarizados de Seguros:

Para los efectos del artículo 208 de la LISF y previa opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros:

4.7.1. Los modelos de contratos de adhesión y demás documentación contractual a los que deberán apegarse las instituciones de seguros para ofrecer los productos básicos estandarizados de seguros para las siguientes coberturas, serán:

I. ...

II. ...

III. Gastos médicos, en la operación de accidentes y enfermedades, los señalados en el Anexo 4.7.1-c;

IV. Salud, en la operación de accidentes y enfermedades, los señalados en el Anexo 4.7.1-d;

V. Salud dental, en la operación de accidentes y enfermedades, los señalados en el Anexo 4.7.1-e, y

...

En el Anexo 4.7.1-c 66 se establece para las indemnizaciones:

6. Pago de indemnizaciones

6.1 Límites de indemnizaciones

Los eventos que resulten cubiertos en los términos del presente contrato serán pagaderos, al asegurado o a quien corresponda, en las oficinas de la Compañía dentro de los 30 días naturales a la fecha que se reciban todos los documentos que fundamenten la indemnización que la Compañía haya solicitado de acuerdo a lo citado en la cláusula 6.2 comprobación del evento cubierto.

En el Anexo 4.7.1-d:7

4.2 Pago de reclamaciones

a) Es obligación del reclamante dar aviso por escrito a la Compañía, en el curso de los primeros 30 días naturales, de cualquier reclamación que pueda ser motivo de reembolso.

b) En toda reclamación, el reclamante deberá comprobar a la Compañía la realización del siniestro, y deberá presentar las formas de declaración que para tal efecto se le proporcionen, así como los comprobantes originales que cumplan con los requisitos fiscales vigentes al momento de efectuar los gastos, además de los documentos médicos y estudios relacionados con el evento reclamado. En caso de no cumplirse estos requisitos, la Compañía quedará liberada de cualquier obligación derivada de la correspondiente reclamación.

c) La Compañía tendrá derecho, siempre que lo juzgue conveniente, a comprobar a su costa cualquier hecho o situación de los cuales deriven para ella una obligación. La obstaculización por parte del contratante, asegurados o familiares del asegurado, para que se lleve a cabo esa comprobación, liberará a la Compañía de cualquier obligación.

d) La Compañía sólo reembolsará los honorarios de médicos titulados legalmente autorizados para el ejercicio de su profesión, así como los gastos realizados por estudios de laboratorio y gabinete en empresas legalmente autorizadas.

e) La Compañía reembolsará al asegurado o a quien corresponda, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se reciban todas las pruebas requeridas para fundamentar la reclamación.

En el Anexo 4.7.1-e:8

6. Pago de Reclamaciones

A) Servicio de pago directo en el caso de que el asegurado requiera de atención de la red médica dental, podrá hacer uso del servicio de pago directo en el que, previa verificación de la Compañía respecto a la procedencia del caso, efectuará el pago directamente al dentista u odontólogo de la red medica dental por la consulta, radiografías y procedimientos realizados, al asegurado, quedando a cargo del asegurado los gastos no cubiertos, así como el copago y deducible que correspondan. El servicio de pago directo estará sujeto a la oportunidad y viabilidad por parte de la Compañía para verificar la situación de procedencia del caso y a la suficiencia de su red. Durante el periodo de gracia de 30 días naturales para el pago de la prima no se otorgará el servicio de pago directo si la póliza no ha sido pagada.

B) Sistema de pago por reembolso

En caso de que no se cuente con red en el lugar de residencia del asegurado se reembolsarán los gastos dentales u odontológicos con base en el siguiente procedimiento.

a) Es obligación del reclamante dar aviso por escrito a la Compañía, en el curso de los primeros 30 días naturales siguientes a la obtención del servicio de que se trate, de cualquier reclamación que pueda ser motivo de reembolso.

b) En toda reclamación, el reclamante deberá comprobar a la Compañía la realización del siniestro, y deberá presentar las formas de declaración (formato de solicitud de reembolso y diagnóstico a detalle) que para tal efecto se le proporcionen, así como los comprobantes originales que cumplan con los requisitos fiscales vigentes al momento de efectuar los gastos, además en el caso de los gastos correctivos deberá anexar las Radiografías anteriores y posteriores a la realización de los procedimientos reclamados. Hasta en tanto no se cumplan estos requisitos, La Compañía no estará obligada a realizar el pago de la reclamación.

c) La Compañía tendrá derecho, siempre que lo juzgue conveniente, a comprobar a su costa cualquier hecho o situación de los cuales deriven para ella una obligación. La obstaculización por parte del contratante, asegurados o familiares del asegurado, para que se lleve a cabo esa comprobación, liberará a la Compañía de cualquier obligación.

d) La Compañía sólo reembolsará los honorarios de dentistas u odontólogos titulados legalmente autorizados para el ejercicio de su profesión.

e) La Compañía reembolsará al asegurado o a quien corresponda, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se reciban todas las pruebas requeridas para fundamentar la reclamación.

Como puede apreciarse en los seguros de salud y gastos médicos, respecto de los productos estandarizados que deben tener las aseguradoras, para garantizar condiciones mínimas a los usuarios, contiene como uno de sus elementos reglas para el pago directo y el reembolso, éste último que se establece a realizarse dentro de los 30 días naturales siguientes a que el asegurado entregue las pruebas de su reclamación.

Lo anterior sujeta a los usuarios (asegurados) a realizar el pago de los gastos médicos y esperar un periodo para el reembolso que es considerado gravoso e incluso absurdo, si se considera que éste ya ha realizado un esfuerzo importante para el pago de la prima del seguro, precisamente para tener la certeza de que al necesitar los servicios médicos tendrá un servicio expedito, eficiente, de calidad, respecto de su salud y su vida, y no deba realizar pagos que afecten su economía y la posible disminución y pérdida de su patrimonio, en razón de un que la aseguradora no realice un pago directo, o en su caso el reembolso de los gastos en el menor tiempo posible.

Es por lo anterior que se propone realizar un respetuoso exhorto para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Secretaría de Salud, en ejercicio de sus facultades y atendiendo a los derechos que les corresponde defender y proteger, para que realice un estudio técnico que le permita modificar la Circular Única de Seguros y Fianzas, respecto de los productos estandarizados de seguros de gastos médicos, salud y salud dental, todos en la operación de accidentes y enfermedades, para que se prevea con preferencia el pago directo y que sólo existan excepciones para el reembolso, disminuyendo los días para su realización, que actualmente son 30, para que sean restituidos los gastos a los asegurados en el menor tiempo posible.

Lo anterior tendría un doble beneficio para los usuarios respecto de la protección de la salud y la protección de sus finanzas.

Es por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Secretaría de Salud, realice un estudio técnico que le permita modificar la Circular Única de Seguros y Fianzas respecto de los productos estandarizados de seguros de gastos médicos, salud y salud dental, todos en la operación de accidentes y enfermedades, dando preferencia al pago directo en caso de siniestros y que sólo existan excepciones para el reembolso, disminuyendo los días para su realización.

Notas

1 http://www.facmed.unam.mx/eventos/seam2k1/2002/ponencia_ene_2k2.html

2 Ídem.

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemE con/ENIF2018.pdf

4 https://www.gob.mx/condusef/prensa/
en-2017-condusef-atendio-42-mil-901-reclamaciones-en-materia-de-seguros?idiom=es

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/453145/
Circular__nica_de_Seguros_y_Fianzas_compulsada_sin_Anexos__26-mar-19_.pdf

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/73499/ANEXO_4.7.1-c.pdf

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/73483/ANEXO_4.7.1-d.pdf

8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/76326/ANEXO_4.7.1-e.pdf

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019.

Diputada María Alemán Muñoz Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de la Ciudad de México y de Xochimilco a crear un protocolo de seguridad que considere toda la ruta de los paseos en trajinera y sus diferentes modalidades por los canales de la alcaldía, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía de Xochimilco, en el ámbito de sus atribuciones, a crear en conjunto un protocolo de seguridad que contemple toda la ruta de un paseo en trajinera y sus diferentes modalidades por todos los canales de Xochimilco, por los que transitan, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los canales de Xochimilco son uno de los principales atractivos turísticos del sur de la Ciudad de México, en este sitio se da una importante derrama económica.

Es lamentable que la referencia mundial de este lugar el día de hoy es el trágico accidente por el que un joven perdió la vida al caer al canal en días pasados, quien visitaba desde Puebla este emblemático lugar para festejar su cumpleaños en compañía de sus amigos.

No obstante, no es el único caso en donde se pierde una vida a causa de la falta de medidas de seguridad, protocolos de actuación y una desmedida venta de alcohol. En septiembre de 2005 un joven estudiante falleció tras el hundimiento de seis trajineras; en julio de 2007, una pareja también de estudiantes caen al canal y no pueden salir; en febrero de 2014, otro joven cae y se ahoga en el canal; en febrero de 2017, un adulto y un joven caen pero el adulto no pudo salir; en marzo del presente año, un hombre, según testigos, en estado de ebriedad cae de la trajinera y se ahoga1 .

Estos son sólo algunos ejemplos de cientos de distintos tipos de accidentes que cotidianamente se dan en este emblemático lugar turístico de la alcaldía de Xochimilco, en donde aún no se ha podido desarrollar un proyecto de desarrollo turístico en donde su principal ventaja competitiva (su ecología) sea impulsada acompañada de los mejores protocolos de protección civil y prevención de desastres, asimismo para que sus habitantes, emprendedoras y emprendedores no sean estigmatizados sino incluidos en el mismo para ser referencia turística modelo.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos plenamente conscientes que mediante las actividades como el remo de trajineras en Xochimilco, así como toda la actividad comercial y cultural alrededor de estas es referencia mundial de este espacio turístico y generadoras de empleo y son el sustento de miles de familias, que dependen de su actividad turística.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía de Xochimilco, en el ámbito de sus atribuciones, a crear en conjunto un protocolo de seguridad que contemple toda la ruta de un paseo en trajinera y sus diferentes modalidades por todos los canales de Xochimilco, por los que transitan.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la alcaldía Xochimilco y del gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, a crear en conjunto un proyecto de ecoturismo en los canales navegables de Xochimilco.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la alcaldía de Xochimilco, en el ámbito de sus atribuciones, a establecer los mecanismos necesarios para regular la venta de alcohol en toda la zona de los canales de la alcaldía.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía de Xochimilco, en el ámbito de sus atribuciones, a destinar en su respectivo presupuesto de egresos del próximo año recursos para el rescate integral de la zona turística de Xochimilco.

Nota

1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/
en-xochimilco-casos-de-pasajeros-de-trajineras-que-se-han-ahogado, consultado el 4 de septiembre de 2019

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y Capufe a habilitar el cobro de peaje mediante tarjeta de débito o crédito en toda la red nacional de caminos, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Cafupe), para que se habilite el cobro electrónico mediante tarjeta de débito o crédito en todas las casetas de peaje de la Red Nacional de Caminos, con base en las siguientes

Consideraciones

Nuestro país tiene una superficie aproximada de más de dos millones de kilómetros cuadrados y una población de 125 millones de habitantes según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),1 que se desplaza al interior del país principalmente por vía terrestre, asimismo, se tiene registro de la existencia de un parque vehicular de aproximadamente 47 millones 790 mil 950 unidades, entre automóviles, camionetas y camiones de pasajeros, camiones de carga y motocicletas, así como el tipo de servicio oficial, público y particular.2

Es sumamente importante y necesario mantener comunicación entre los diferentes puntos del territorio nacional, ya sea por cuestiones de comercio, turismo, o por simple movilidad, es por ello que, en México, al igual que en otros países contamos con un sistema de vías de comunicación terrestre, mediante el cual, transitan automovilistas particulares, transportistas y turistas en autobuses.

Estos sistemas viales están constituidos por carreteras, puentes y túneles, agrupados en la Red Nacional de Caminos suman un total aproximado de 582 mil 175 kilómetros (km), los cuales se encuentran distribuidos por: 171 mil 347 km de carreteras pavimentadas; 50 mil 435 km de carreteras federales; 101 mil 460 km carreteras federales; 19 mil 452 km de caminos municipales y particulares; 70 mil 541 km de vialidades urbanas e infraestructura de enlace, 340 mil 287 km de caminos no pavimentados; 10 mil 341 km de veredas 10 mil 274 kilómetros de carreteras de cuota y mil 192 plazas de cobro.3

En este sentido, podemos encontrar que algunos tramos o rutas requieren del pago de una tarifa o cuota, la cual tiene como finalidad brindar mantenimiento a las carreteras o autopistas, proporcionar un seguro de usuario, o bien, recuperar la inversión que se hizo al construirlas.

Desde hace más de 10 años se han implementado alrededor del mundo sistemas electrónicos de cobro de cuotas de peaje, en países como Alemania, Dinamarca, España, Noruega, Reino Unido, colocándose Alemania en el primer sitio de uso de estas tecnologías, ya que desde 2004 implementó sistemas de cobro de peaje electrónico.

En nuestro país, hasta principios de este año, se utilizaba la tarjeta de débito o crédito como un medio alternativo de pago, además del cobro por telepeaje y efectivo, pero a partir de la publicación de un comunicado de Caminos y Puentes Federales, el pasado 20 de diciembre, se determinó, que desde 1 de enero de 2019, quedaba eliminada esta opción como forma de pago, con la justificación de supuestamente “agilizar el cruce de los usuarios por la red de puentes y autopistas del país”,4 pero sin dar parámetros o datos comparativos que ampararan la medida.

Situación que generó descontento en los ciudadanos que utilizaban este medio de pago, ya que, en la actualidad, es muy común que los ciudadanos realicen sus pagos de servicios, o adquisición de productos de manera electrónica, debido a múltiples factores, tales como: la seguridad de no cargar con efectivo, comodidad y en muchos casos, como una opción de financiamiento en el caso de la tarjeta de crédito.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), plasmados en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 47 por ciento de la población tiene una cuenta bancaria, mientras que 31 por ciento una tarjeta de crédito.5

De la información anterior se desprende que cada vez más ciudadanos cuentan con medios de pago electrónicos (tarjetas de crédito o débito), lo cual nos facilita y hace más cómodo adquirir bienes y servicios, situación que además de ser un beneficio a la ciudadanía, también traerá consigo una mejor gestión de los recursos recabados, puesto que, al implementar el pago de manera electrónica de las cuotas de peaje en las casetas de cobro, se tendrá mayor certeza sobre cuánto ingresa, evitando actos de corrupción, y brindando mayor seguridad a los trabajadores de las mismas, al no haber efectivo de por medio.

En este sentido, proponemos que como se hacía anteriormente, sea habilitado el cobro con tarjeta de crédito o débito, ya que de no hacerlo se limitaría a los ciudadanos de poder optar de las herramientas financieras con las que dispone y que en ciertas ocasiones son las únicas con las que cuenta, porque todos conocemos a alguien, un amigo o familiar que a mitad de la noche y por las prisas no trae consigo efectivo y su telepeaje se encuentra agotado y no tiene cómo cubrir la cuota de la caseta de cobro, que le permitirá llegar a casa o al trabajo.

Es por estos motivos y por considerar que la autoridad no cuenta argumentos suficientes que justifiquen su decisión, esta soberanía propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a su organismo descentralizado Capufe para que en todas las casetas de cobro de la Red Nacional de Caminos se habilite el pago con tarjeta de débito o crédito.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que en todas las casetas de cobro de la Red Nacional de Caminos se habilite el pago con tarjeta de débito o crédito.

Notas

1 “Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de julio)”, Comunicado de Prensa número 337/19 del 10 de Julio de 2019, INEGI, información que puede ser consultada en la siguiente página electrónica:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2019/Poblacion2019_Nal.pdf.

2 “Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados 2018”, Inegi, información que puede ser consultada en la siguiente página electrónica https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/

3 “Red Nacional de Caminos”, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2019, información que puede ser consultada en la siguiente página electrónica: https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos

4 “Para que tu cruce sea más fácil y rápido”, Cuenta de Twitter de Capufe, que puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica:

https://twitter.com/CAPUFE/status/1076130168446636032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%
5Etweetembed%7Ctwterm%5E1076130168446636032&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx
%2Fpolitica%2FCasetas-de-Capufe-ya-no-recibiran-pagos-con-tarjeta-a-partir-de-enero-20181221-0057.html

5 “Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018”, que puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/ doc/enif_2018_resultados.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a cooperar de modo activo ante la actual crisis de la Amazonia, según los tratados y compromisos internacionales México-Brasil, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Marivel Solís Barrera, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a cooperar de manera activa ante la crisis que actualmente tiene lugar en la Amazonia, de acuerdo con los tratados y compromisos internacionales suscritos entre México y Brasil y en tal sentido, proporcionar ayuda técnica y científica de forma urgente a la República Federativa de Brasil, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera: Al hablar de la Amazonia nos remitimos a la amplia región sudamericana en la que contiene el bosque tropical más grande del mundo. Su relevancia natural se desprende del innegable sustento ecológico y medio ambiental que ésta provee a todo el planeta. Lo anterior no es exagerado, pues la Amazonia contiene al menos el 10 por ciento de la biodiversidad conocida, contiene entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono y produce, al menos, el 20 por ciento del oxígeno a nivel mundial.

Segunda: Los casi 7 millones de kilómetros cuadrados que abarca el área amazónica, no solamente se caracterizan por contar con una amplia diversidad de fauna y flora que incluye más de 40.000 especies de plantas y 2.500 especies de peces, sino que, además, es el territorio en el cual habitan aproximadamente 34 millones de personas, entre los cuales se cuentan al menos 385 grupos indígenas. Todas estas características permiten reafirmar su carácter: patrimonio de la humanidad y, por tanto, una verdadera riqueza natural insustituible.

Tercera: A través de los medios de comunicación, se ha dado a conocer la gravedad bajo la cual se encuentra actualmente al Amazonia, situación que no puede ser descrita de otra forma que como un estado de emergencia. De acuerdo con las cifras aportadas por los organismos internacionales, en lo que va del año 2019 se han detectado 71.497 focos de incendio en la Amazonia, cifra que supera los precedentes que sobre el mismo asunto se han observado en años anteriores, con un aumento de hasta el 83 por ciento en comparación al mismo periodo del año 2018 en algunas zonas del país.

Miles de hectáreas han quedado completamente calcinadas y las llamas han logrado abrasar diversas zonas de la Amazonia que se extienden al territorio de países como Perú y Bolivia. El deterioro en el pulmón del mundo presenta un recuento de daños que puede resumirse, lamentablemente, en la pérdida de un sinnúmero de biodiversidad, lo cual a su vez desencadenará graves consecuencias para la salud de los habitantes y, además, el despojo de una gran cantidad de pueblos indígenas, pues sus territorios también han sufrido los embates del siniestro.

Cuarta: De acuerdo con lo sostenido por investigadores del Instituto Ambiental del Amazonas (IPAM, por sus siglas en portugués), la gran cantidad de incendios se debe principalmente a la deforestación y el despliegue indiscriminado de actividades ganaderas y mineras en las zonas más sensibles, generando estadísticas como las que se pueden observar en el gráfico siguiente:

No obstante, los acontecimientos que han tenido lugar en Brasil no pueden verse como hechos cuyo impacto es ajeno a los demás países de Sudamérica y el mundo; se trata de una afectación en cadena que, sin duda, pone en riesgo la sostenibilidad y equilibrio del medio ambiente, además de acelerar el calentamiento global y comprometer los recursos y el medio ambiente con el cual contarán las generaciones futuras.

Los ciclos climáticos e hidrológicos pueden verse afectados no sólo en la región sino también a nivel mundial, pues es sabido que los daños medio ambientales generan efectos dominó, lo cual se traduce en una amenaza inminente que, como tal, exige el compromiso de todas y todos. El tema del Amazonas trasciende las fronteras físicas y conlleva a cuestionar el rol que debemos asumir como Nación.

Quinta: Desde el 6 de junio de 1995 entró en vigor el Acuerdo de Cooperación en materia de Medio Ambiente entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, con la plena consciencia de la necesidad de adoptar compromisos de cooperación ambiental cuyos beneficios se dejen ver en el plano nacional, regional e internacional.

Dicho acuerdo bilateral, cuya vigencia permanece al día de hoy, contempla la mutua ayuda entre los firmantes en los diversos aspectos relacionados con la protección y conservación del medio ambiente, los ecosistemas, la diversidad biológica, la calidad ambiental y en general, todos los asuntos concernientes al adecuado uso, manejo y disposición de los recursos medio ambientales.

En el inciso i) del artículo II, el acuerdo señala que la cooperación entre ambos gobiernos incluirá la planeación de contingencias ambientales y respuesta a emergencias como, por supuesto, la que nos ocupa y que ha sido desarrollada a lo largo de estas consideraciones.

En concordancia con lo anterior, el artículo III del mismo documento señala las formas de cooperación, de las cuales, la primera estipula: “Intercambio de información sobre políticas, manejo, regulación, implicaciones socioeconómicas y estudios importantes sobre los puntos señalados en el artículo II”.

Sexta: Es improrrogable instrumentar todos los mecanismos que se requieran para que México cristalice un papel activo en procura de la solución de la problemática expuesta, en respuesta al llamado que la propia comunidad internacional ha efectuado, pero, fundamentalmente, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con Brasil.

Séptima: Es bajo dicho entendido que expongo esta proposición ante esta honorable asamblea, pues conforme a los compromisos adquiridos por México en el acuerdo citado y ante las circunstancias actuales que evidencian una irrefutable emergencia no sólo de la nación sudamericana, sino una emergencia de escala mundial por su repercusión, resulta pertinente e inaplazable que la Secretaría de Relaciones Exteriores disponga lo necesario para proporcionar ayuda técnica y científica de forma urgente a la República Federativa de Brasil.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a cooperar de manera activa ante la crisis que actualmente tiene lugar en la Amazonia, de acuerdo con los tratados y compromisos internacionales suscritos entre México y Brasil y en tal sentido, proporcionar ayuda técnica y científica de forma urgente a la República Federativa de Brasil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputada María Marivel Solís Barrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a dar seguimiento puntual y fiscalizar el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro; y al Coneval, a realizar un estudio sobre aquél, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el comienzo de la presente administración, el gobierno federal se ha caracterizado por la opacidad, la inmediatez y la falta de planeación y estrategia en la configuración de sus políticas sociales, así como en la toma de decisiones sobre proyectos fundamentales para el desarrollo del país. Éste es el caso de la construcción de la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, así como la cancelación del programa de estancias infantiles y la creación de programas clientelares como Jóvenes Construyendo el Futuro.

En el caso de este programa, el objetivo primordial es vincular a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad con empresas, talleres, Pyme, sector público e incluso comercios pequeños a fin de que puedan recibir capacitación e incorporarse al mercado laboral. Durante la capacitación, el gobierno federal se compromete a brindarles 3 mil 600 pesos mensuales durante un año, así como seguro de enfermedades, maternidad y riesgos durante sus actividades laborales.

De acuerdo con el gobierno federal, en agosto el programa alcanzó 90 por ciento de la meta de becarios, con 900 mil beneficiarios inscritos y vinculados a un empleo.

Sin embargo, este programa se ha visto involucrado con irregularidades, opacidad y acusaciones de fraude cometido por empresas que no existían, empleadores que exigían a los becarios un porcentaje de la beca o que le pedían cobrar, pero no asistir a las capacitaciones. Las organizaciones pertenecientes a la sociedad civil fueron las que más se señalaron por dichas acusaciones.

Hay evidencia de que se cobran cuotas de forma injustificada, que van desde 500 hasta mil 600 pesos, pagadas por los aprendices para no asistir a las capacitaciones.

También se ha encontrado empresas fantasma que se constituyen con el único objetivo de beneficiarse del programa y extorsionar a los becarios; se han identificado más de 140 empresas que han incurrido en estas anomalías.1

Asimismo, se ha identificado un subejercicio presupuestario importante. De acuerdo con la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (Mcci), María Amparo Casar, el subejercicio en el primer semestre del año fue de cerca de 68 por ciento del programa, de los 15 mil 393 millones de pesos presupuestados para ese periodo, al 30 de junio se ejercieron sólo 4 mil 918 millones.2

El estudio de Mcci también encontró otras inconsistencias al investigar el programa, como el ausentismo de los becarios, sustitución de mano de obra por aprendices y discordancia entre el número de beneficiarios reportados por los empleadores y los observados.

Además de las inconsistencias, el programa carece de mecanismos de transparencia adecuados, la base de datos que se encuentra abierta al público, por ejemplo, sólo muestra el nombre del centro de trabajo y los nombres de los aprendices, pero, además de que en muchos casos se encuentran incompletos, no aparece información adicional que puede ser relevante para verificar a las empresas beneficiarias, como puede ser una dirección o el Registro Federal de Contribuyentes.

Al realizar el ejercicio de verificación en la Ciudad de México, por ejemplo, Mcci no logró obtener la ubicación o existencia de 2 mil centros de trabajo, lo que representó 53 por ciento de los casos revisados, mientras que de los 646 centros de trabajo identificados, algunos no correspondían con la dirección o ésta conducía a lugares diferentes. Dicho estudio logró encontrar y obtener información sólo de 763 centros de trabajo, lo que equivale a 14 por ciento de la muestra inicial.3

El objetivo central de los programas sociales es contribuir en la lucha contra la pobreza y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población beneficiada, sin embargo, por sus deficiencias, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro constituye más una oportunidad para defraudar al erario que una fuente de desarrollo de empleo. Además, gran parte de los becarios ha admitido que no está adquiriendo nuevas competencias o habilidades que puedan ser fundamentales para obtener un empleo en el futuro.

La evaluación de las políticas sociales en México es una herramienta esencial para conocer la efectividad de las mismas y si están siendo de ayuda para resolver los problemas económicos de la población y en el combate a la pobreza, conociendo esto es como podemos mejorar el desempeño de las políticas sociales.

Los resultados encontrados por Mcci alertan sobre la necesidad no sólo de fiscalizar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro sino, también, de evaluarla como política social y conocer si en verdad está teniendo efectividad como fuente de generación de empleo o simplemente se han derrochado recursos públicos en el intento.

Para los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, las anomalías encontradas en este programa no deben ser minimizadas por el gobierno federal. Es necesario que se tomen las acciones necesarias para hacer más transparente su operación y evitar que se convierta en una política que facilita el fraude y el despilfarro.

Consideramos necesario incorporar mecanismos de seguimiento y monitoreo a los jóvenes y empresas participantes, a fin de evitar actos de corrupción, desvío de recursos públicos y asegurar mecanismos de capacitación, actualización y certificación laboral para las y los jóvenes del país.

En aras de la rendición de cuentas, resulta necesario que se evalúe el desempeño de dicho programa para conocer si está siendo efectivo en el cumplimiento de sus objetivos.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que dé seguimiento puntual y fiscalice el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, toda vez que se han detectado irregularidades y opacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social para que realice un estudio sobre el programa Jóvenes Construyendo del Futuro, a fin de evaluar su efectividad en el combate de la pobreza y en el desarrollo social.

Notas

1 “Corrupción mancha a Jóvenes Construyendo el Futuro”, en Milenio [en línea]. Disponible en
https://www.milenio.com/politica/jovenes-construyendo-el-futuro-manchado-por-corrupcion

2 “Señalan opacidad e inconsistencias en Jóvenes Construyendo el Futuro”, en Capital Humano [en línea]. Disponible en
https://factorcapitalhumano.com/primer-empleo/
senalan-opacidad-e-inconsistencias-en-jovenes-construyendo-el-futuro/2019/08/

3 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 5 de septiembre de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Inegi a establecer las acciones conducentes a actualizar el cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, a cargo de la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración el siguiente, punto de acuerdo por el cual se exhorta al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a entablar las acciones conducentes a la actualización del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

Toda política pública requiere de información confiable y periódica para ser implementada con idoneidad. El éxito o fracaso de toda política gubernamental descansa, en no menor medida, sobre la calidad de la información disponible para su diseño, implementación y evaluación. Sin este elemento, las decisiones de política pública son tomadas desde la ignorancia o, en el peor de los casos, la arbitrariedad.

No es de sorprender, por lo tanto, que un número considerable de políticas implementadas por gobiernos de todos los niveles terminen en el fracaso rotundo, dañando así no solo a la población en general, que es obligada a tomar parte de servicios de mala calidad, sino también a la legitimidad del Estado mexicano como agente de progreso económico y social.

Como famosamente determinó el académico estadounidense Peter F. Drucker sobre la gestión de la mejora corporativa, “lo que puede medirse, puede administrarse”;1 noción que fue utilizada para destacar las oportunidades que conlleva la medición de elementos en la producción, pero cuya aplicabilidad a la administración pública ha sido reiterada en cientos de ocasiones. Si el Estado mexicano busca generar resultados tangibles para la población, es necesario que se comiencen a medir más variables y de mejor manera.

Hoy en día, la administración pública mexicana enfrenta una severa crisis de datos. Si bien es cierto que diversas dependencias gubernamentales han puesto en marcha promisorias iniciativas para generar información de mejor calidad y en mayores cantidades; lo cierto es que el déficit informativo perdura como la norma.

Cada área del quehacer público requiere de datos especiales para dar sentido a las acciones que emprendemos, pero en pocas es su ausencia más resentida que en la conservación ambiental.2

Entre los embates del cambio climático y el expansionismo de la actividad humana, la biodiversidad se encuentra amenazada en cada parte del mundo. En México, los estragos causados por la explotación desmedida de los ecosistemas nacionales ya son observables.3

De acuerdo con el más reciente reporte elaborado (caracterizado por ser el más extenso y riguroso de su tipo hasta la fecha) por el Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) en materia de biodiversidad, las políticas gubernamentales implementadas para detener la pérdida de biodiversidad a nivel global han sido insuficientes. Sin un cambio transformador, argumentan sus autores, más de un millón de especies pueden extinguirse en el corto plazo.4

Este escenario futuro es, sin duda, uno de los retos más importantes que enfrenta la administración pública mexicana, aunque por el momento sea, lamentablemente, una consideración rezagada entre las prioridades. Esta omisión puede darse a raíz de la poca visibilidad política con la que cuenta este problema o debido al desconocimiento de la verdadera magnitud del mismo por parte de quienes toman decisiones de política pública. Una tercera vertiente, sin embargo, puede hallarse en la sensible falta de información que existe sobre los efectos concretos de nuestras actividades sobre los ecosistemas de la región. En este sentido, la presente proposición busca mejorar una herramienta estadística con enorme potencial para ampliar nuestro conocimiento respecto de la interacción entre los ecosistemas y la infraestructura de transporte en nuestro país.

El impacto de caminos y carreteras sobre el medio ambiente frecuentemente es pasado por alto como un mal menor. Si bien es cierto que todo camino impacta de cierta forma el entorno en donde se construye, se asume como un costo menor con relación al potencial desarrollo que la urbanización conlleva y los beneficios que esta brinda a las comunidades receptoras. El verdadero impacto de esta infraestructura, sin embargo, yace en su capacidad de fragmentar el hábitat de las especies e impedir el libre tránsito de poblaciones silvestres.5

Hasta el año pasado (último ejercicio en medición), México contaba con 171 mil 347 kilómetros de carreteras y autopistas pavimentadas y con 70 mil 541 kilómetros de vialidades urbanas o infraestructura de enlace, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Transporte.6 Cada camino presente en el registro divide el hábitat de un ecosistema en dos, tres, cuatro o cientos de pequeños fragmentos, muchos de los cuales no son propicios para sustentar poblaciones silvestres saludables.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que las carreteras y caminos, ya sean urbanos o suburbanos, son lugares propicios para todo tipo de accidentes con fauna silvestre. Si bien es cierto que la mayoría de las colisiones terrestres al interior de zonas altamente urbanizadas son con especies domesticas y de tamaño pequeño, lo cierto es que muchas de nuestras ciudades conviven a la par de amplias extensiones de selvas, bosques o desiertos que facilitan el encuentro entre vehículos y fauna que sencillamente busca cruzar de un fragmento a otro. De acuerdo con la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 hubo 929 accidentes de tránsito que involucraron la colisión con un animal.7

En coordinación con las autoridades locales y estatales de cada región, el Inegi crea la anterior estadística por medio de un cuestionario estandarizado, denominado EE-4-8, que es llenado por los elementos de cada corporación con información de las características específicas de cada siniestro registrado. A través de este cuestionario, conocemos no solo la naturaleza de estas colisiones, sino también en que calle, camino y kilómetro tuvieron lugar.8

Si bien es cierto que la intención de esta estadística administrativa es, en primera instancia, la de contextualizar las zonas de conflicto vial para su posible intervención; consideramos que no hay motivo que impida expandir la utilidad de la misma. El Estado mexicano y el Inegi ya destinan los recursos necesarios para su levantamiento, por lo que algunas modificaciones permitirían a esta institución generar información adicional sin costos adicionales.

En dicho sentido, la presente proposición busca adicionar un nuevo recuadro al Cuestionario EE-4-8 en donde la autoridad administrativa encargada de su llenado pueda especificar la naturaleza silvestre o domestica del animal que ha causado una colisión y, adicionalmente, su especie o nombre común. Con esta información adicional, el beneficio brindado por esta estadística administrativa pasará también al ámbito ambiental. La política vial se verá beneficiada en tanto que las autoridades competentes podrán determinar si el problema es generado a raíz de una condición particular como, por ejemplo, la presencia de una zona natural protegida o de una colonia que concentre muchas mascotas en condición de calle. La política ambiental, por otro lado, se nutrirá de información puntual con relación a la vulnerabilidad de ciertas especies o de los patrones de movimiento que estas puedan tener, disminuyendo la certidumbre que frecuentemente caracteriza a este tipo de accidentes viales.

En suma, consideramos que los cambios aquí esbozados no representan una disrupción innecesaria para el levantamiento de esta estadística administrativa, y sí una oportunidad de incrementar su valor informativo y aprovechar al máximo el potencial dado por su extensa cobertura y habitual aplicación. Por ello, se propone realizar un exhorto al Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que entable las acciones conducentes a la actualización del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas , con la finalidad de adicionar una nueva sección en donde la autoridad responsable por el levantamiento pueda especificar si un animal involucrado en una colisión es de origen doméstico o silvestre y determinar la especie a la que pertenece.

Considerandos

Sobre la importancia de contar con información confiable para el servicio público, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece, en su Artículo 3, que este “[...] tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional”.9

Sobre las atribuciones del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dentro del marco del presente exhorto; la Ley determina que la Junta de Gobierno del Instituto, a la cual preside, podrá “determinar la Información que deba ser producida por el Instituto [...]”.10 Siendo responsabilidad de la Junta de Gobierno la determinación de los materiales y la información producida, se considera que el exhorto se dirige al servidor público habilitado para darle respuesta.

Finalmente, es importante destacar que sobre la pertinencia de la información que potencialmente podría ser generada, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente determina que la política ambiental del Estado mexicano será determinada tomando en consideración que “los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país”; que “las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico”; y que “la prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos”.11 Las acciones propuestas en el presente exhorto buscarían, en este sentido, coadyuvar con el cumplimiento de los anteriores principios.

Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a entablar las acciones conducentes a la actualización del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.

Notas

1 Drucker, Peter. The Practice of Management. 1era Ed. 2da Reimpresión. Nueva York. Harper & Row Publishers, Inc. 1993.

2 Rivera, Astrid. Falta Ciencia en Política Ambiental?. México. El Universal. 2017. Consultado en:

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/falta-cien cia-en-politica-ambiental.

3 Studer Noguez, María Isabel. Pérdida de Biodiversidad y Ecosistemas: Un Alto Costo del Cambio Climático. México. Forbes México. 2017. Consultado en:

https://www.forbes.com.mx/perdida-de-biodiversidad-y-eco sistemas-un-alto-costo-del-cambio-climatico/.

4 Sustainable Development Goals – UN. UN Report: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’. Nueva York. Organización de las Naciones Unidas. 2019. Consultado en:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/n ature-decline-unprecedented-report/.

5 Nijhuis, Michelle. What Roads Have Wrought. Nueva York. The New Yorker. 2015. Consultado en:

https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/road s-habitat-fragmentation.

6 Instituto Mexicano del Transporte. Red Nacional de Caminos. México. Gobierno de la República. 2019. Consultado en:

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional -de-caminos.

7 Inegi. Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. Aguascalientes. México. 2019. Consultado en:

https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/default.ht ml#Documentacion.

8 Inegi. Instructivo para el Llenado del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. Aguascalientes. Inegi. 2014.

9 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Artículo 3. (Última Reforma: DOF 25-06-2018)

10 LSNIEG. Artículo 77. Fracción III. (Última Reforma: DOF 25-06-18)

11 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 15. Fracciones I, III y VI. (Última Reforma: DOF 05-06-2018)

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 5 de septiembre de 2019.

Diputada Martha Angélica Zamudio Macías (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y estatales a realizar una investigación exhaustiva sobre el despojo de viviendas vía juicios espejo en el Infonavit, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo (de urgente u obvia resolución) para exhortar respetuosamente a la Fiscalía General de la República; a las Fiscalías Generales de los estados de Jalisco, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, así como a la Procuraduría General de Tamaulipas; y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a realizar una investigación exhaustiva del caso de despojo de viviendas vía juicios espejo en el Infonavit, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

La vivienda es un gran motor de la actividad económica, basado en la industria de la construcción y sus efectos de arrastre. Además de constituir un derecho humano fundamental.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el séptimo párrafo del artículo cuarto, señala que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Bajo este precepto, se funda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1972, la cual lo define como “organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

El pasado mes de abril, el Infonavit cumplió 47 años de historia en los que han entregado 10 millones de créditos de vivienda a favor de sus derechohabientes.1 Meta alcanzada bajo su naturaleza de contribución tripartita: la participación del sector de los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno. Su función principal es proporcionar a los trabajadores créditos hipotecarios y no hipotecarios relacionados con la vivienda, así como obtener rendimientos de los ahorros de pensión de jubilación del Fondo Nacional de Pensiones .

El tres de diciembre del 2018, la Fiscalía General del Estado de Nayarit denuncia red de corrupción creada para despojar de sus viviendas a más 60 mil derechohabientes del Infonavit en casas ubicadas en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.2 Además de señalar la simulación de procedimientos jurídicos en los que los demandados nunca tuvieron oportunidad de defenderse.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que, entre 2013 y 2018, se identificó la realización de los llamados “juicios espejos” con la supuesta complicidad de magistrados y jueces de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, que concluyeron en escrituras de adjudicación de los inmuebles.3

El pasado 13 de diciembre la Fiscalía General del Estado de Nayarit , que encabeza el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, solicitó al Congreso del Estado una declaración de procedencia contra los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, así como contra los Jueces Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez.4

El Congreso nayarita, erigido en Jurado de Procedencia, aprobó el desafuero del Magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado y de cuatro jueces estatales por su presunta participación en el fraude contra derechohabientes del Infonavit4. Hecho que permitió la detención del ex magistrado por su probable participación en el delito de fraude específico en el caso Infonavit , informó la Fiscalía General de Justicia de Nayarit el veintinueve de mayo del presente año.5

El fraude inicia en 2013, en el Infonavit con la política de cero negociaciones con el derechohabiente que se encuentra en cartera vencida. Para posteriormente, recuperar el inmueble con el programa llamado DAVI, por sus siglas, “Programa de Recuperación de Viviendas Deshabitadas, Abandonadas, Violentadas e Invalidad” .

Tal es el caso en el estado de Sinaloa, con quien fuera delegada del Infonavit en dicho estado, Margarita Villaescusa Rojo.6 Las viviendas despojadas no se reasignaban a otros trabajadores, sino que se vendían en paquete a empresas particulares que las adquirían a un precio variable para re-etiquetarlas a un costo superior al venderlas a otros trabajadores con crédito del Infonavit .

El procedimiento forma un circuito vicioso, se despoja al derechohabiente de su casa vía un “juicio espejo”; el cual regresa al Infonavit para ser rematado a un costo menor de hasta 75% de su valor.7 Está adquisición se oferta en paquete a un agente particular que a su vez lo vende a otro derechohabiente. Viciando así el espíritu humanista que hizo nacer el Infonavit .

Los ejecutores del mega fraude apostaron al gran problema que representaría para un trabajador que gana el mínimo, defenderse con un abogado, por el gasto que representaría. Para tener una idea: hay que obtener las copias de la escritura, la fianza al promover un amparo (se cobra un 10 por ciento del valor que se reclama) y más el abogado (cobra de 5 mil a 10 mil pesos), esto sólo de inicio que comprenden un desembolso entre 40 a 50 mil pesos.8

Fue el Infonavit quien diseñó los programas para la recuperación de las viviendas, así como la estrategia de recuperación masiva y distribución de la cartera vencida a los despachos de cobranza, los cuales también fueron evaluados y aprobados por la misma institución. Por lo tanto, existe un alto grado de responsabilidad de parte de la Institución con respecto al “megafraude”.

Ante los hechos, Carlos Martínez Velázquez , el actual director general del Infonavit , ordenó la suspensión temporal de los procesos de subasta de las viviendas recuperadas y, posteriormente, una auditoría interna para deslindar responsabilidades.9 Hasta el momento han sido suspendidos cuatro despachos de cobranza involucrados en los juicios masivos en Nayarit y Coahuila, mientras que la Auditoría Interna del Infonavit está por concluir un dictamen al respecto.

Debido a lo antes expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a las Fiscalías Generales de los estados de Jalisco, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, así como a la Procuraduría General de Tamaulipas a que, en coordinación con el Infonavit , inicien una investigación exhaustiva con respeto al caso de despojo de viviendas vía “juicios espejo” a trabajadores, adquiridas a través de créditos hipotecarios de esta última Institución.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que, en coordinación con el Infonavit , investiguen de forma pronta y expedita el fraude mediante el cual fueron despojados trabajadores de sus viviendas adquiridas vía créditos del Infonavit entre los años 2013 a 2018.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al Infonavit la edificación de un “programa de reparación de daños” para los derechohabientes afectados con la simulación de “juicios espejo” que concluyeron con el despojado del inmueble.

Cuarto. - La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Infonavit a hacer público el informe de la investigación que el Comité de Auditoría Interna del Consejo de Administración que la misma institución realiza, por petición de su director general Carlos Martínez Velázquez; con respecto a la posible intervención de exfuncionarios de alto nivel en los casos de recuperación masiva y distribución de la cartera vencida a los despachos de cobranza realizados en el periodo 2013 a 2018.

Notas

1. La Gaceta, abril-mayo /2018. Infonavit; Dirección Sectorial de los Trabajadores.

http://201.134.132.184/wps/wcm/connect/e2c815ff-7242-4306-aa7c-6c039dc6de04/LaGaceta_50.pdf
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2. Villaurrutia Asunción, 13 de diciembre del 2018. meridiano.mx;
http://www.meridiano.mx/NAYARIT/36787/Destapan-red-de-co rrupcion-en-el-Poder-Judicial-de-Nayarit

3. Benítez Crys, 13 de diciembre del 2018; El Occidental. https://www.eloccidental.com.mx/local/fiscalia-pide-desaforar-a-mag istrados-y-jueces-de-nayarit-2800274.html

4. Lina Óscar, 3 de mayo del 2019; Reforma .
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1669169&
flow_type=paywall&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/
articulo/default.aspx?id=1669169&flow_type=paywall

5. El Diario de Coahuila; 23 de mayo del 2019. https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2019/5/29/detienen-nayar it-magistrado-megafraude-infonavit-818115.html

6. Aguirre Contreras Inocente; 3 de diciembre 2014. https://proyecto3.mx/2014/12/infonavit-despoja-a-los-trabajadores/

7. Castillo Adín; 5 de marzo 2019. https://www.milenio.com/politica/denuncian-presunto-fraude-infonavit-se rian-33-mil-afectados-nl

8. De Jesús Rocío; La Prensa de Monclova; 27 de enero 2019. http://laprensademonclova.com/2019/01/27/exhiben-marranero-en-el-caso-i nfonavit/

9. Gutiérrez Fernando; 13 de enero de 2019; El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Investigacion-inte rna-en-Infonavit-podria-haber-adjudicaciones-ilegales-20190113-0058.htm l

Palacio Legislativo San Lázaro, a 5 de septiembre del 2019.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar el programa social instaurado en Jalisco A Toda Máquina, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I: artículo 79 numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para exhortar respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 1o., fracción II; 14, fracción II, inciso a), de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a realizar una Auditoría al Programa Social “A Toda Máquina”, del estado de Jalisco, al tenor de lo siguientes

Consideraciones

El estado de Jalisco se está viviendo un clima de incertidumbre política y falta de credibilidad derivado de la poca transparencia y pulcritud en la ejecución del proceso de licitación del programa estatal “Módulos de Maquinaria a Municipios”, conocido popularmente como programa “A Toda Máquina”, 1 implementado por la actual administración, encabezada por el mandatario Enrique Alfaro Ramírez , a principios del año 2019.

Con la finalidad de hacer posible la ejecución del programa A Toda Máquina, en el mes de enero de 2019, inició el proceso de adquisición de maquinaria bajo la modalidad de licitación pública local, identificada con el número LPL 01/2019, denominada “Servicio de Arrendamiento Puro de Maquinaria, Pesada, Equipo y Accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En el proceso de licitación participaron las empresas Operadora de Servicios Mega, SA de CV, Sofom ER; Avancap, SA de CV, Sofom ER; Mañarina, SAPI de CV, Sofom ENR; y Promotora Diesel, SA de CV.

En el mes de febrero de 2019, el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco resolvió, mediante el citado proceso de licitación, adjudicar recursos para maquinaria, capacitación y otros bienes conexos, únicamente en favor de Operadora de Servicios Mega, SA de CV, Sofom ER , hasta por un monto de 3,634,047,329.90 pesos , que constituyen el monto total de la licitación pública y que se ministrará en parcialidades, a lo largo del periodo de gobierno estatal en turno.

Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado por distintos actores económicos y políticos,2 en virtud de las siguientes observaciones:

a) El proceso de licitación tiene la presencia de posibles actos de nepotismo y conflictos de interés que involucra la presencia de vínculos familiares y/o profesionales entre servidores públicos del gobierno estatal y miembros de la empresa ganadora de la licitación.

b) El programa “A Toda Máquina ” será cubierto con recursos federales, aprobados por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal y hasta 2024.

c) Los montos asignados a Operadora de Servicios Mega, SA de CV, Sofom ER en la licitación referida, agotan la totalidad de los recursos previstos para el programa A Toda Máquina.

Al respecto, desde el mes de abril del presente año, los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, en el Congreso local de Jalisco, denunciaron ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la entidad, la presencia de posibles irregularidades referentes a la presencia de conflictos de interés en el proceso de licitación, sin que hasta la fecha se conozca avance alguno.3

Con la finalidad de generar un clima de transparencia en los recursos públicos destinados a los programas sociales , así como fortalecer la credibilidad de nuestras instituciones y funcionarios públicos, es necesaria y pertinente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del programa A Toda Máquina para revisar que la aplicación de los recursos públicos federales que le fueron asignados para el presente ejercicio fiscal (PEF 2019), se han ejercido conforme a ley.

Situación que se encuentra prevista en los artículos 1o., fracción II, y 14, fracción II, inciso a), de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que facultan a la ASF a verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas y a realizar auditorías del desempeño de estos, corroborando la eficiencia, la eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de programas.

Por lo expuesto y fundado, con la finalidad de dotar de transparencia y credibilidad a todas las instituciones públicas, en especial a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del estado de Jalisco, y generar en cada jalisciense certeza presupuestaria en relación al uso correcto de los recursos, bajo el principio de que “al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”, la suscrita diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación para que, a la brevedad posible, dentro del marco de su autonomía técnica y de gestión, realice una exhaustiva auditoría respecto de los recursos ejercidos para el programa social conocido como “A Toda Máquina”, instaurado en el estado de Jalisco.

Notas

1 Véase página oficial: https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/programa/737

2 A la fecha, se identifican cinco denuncias vigentes: la de la Asociación Contraloría Ciudadana, el Comité Estatal del PRI; de los particulares: Álvaro Quintero, Jorge Ruíz y del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Jalisco.

3 Nota: Proceso, diputados de Morena denuncian por corrupción al gobernador de Jalisco, consultado el 18 de julio de 2019, disponible en:

https://www.proceso.com.mx/592680/diputados-de-morena-de nuncian-por-corrupcion-al-gobernador-de-jalisco

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)