Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conasami a definir mínimos de ingreso adecuados a la formación y acreditación académicas de los egresados universitarios o con educación terciaria para dignificar las ocupaciones profesionales, a cargo de la diputada María Bertha Espinoza Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Bertha Espinoza Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción 1 y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, eleva a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que, en uso de sus atribuciones firme los convenios de colaboración necesarios con institutos de investigación o centros de educación superior, a fin de actualizar o definir las ocupaciones profesionales y establecer, con base a criterios de dignificación, los salarios mínimos profesionales y, con ello, evitar su pauperización. Lo anterior con base a las siguientes

Consideraciones

I. El mercado de trabajo profesional en México responde a un principio de oferta y demanda, lo que implica que si un bien existe en abundancia, su precio tenderá a bajar y, sucede lo contrario, cuando ese bien es escaso y muy demandado: su precio se eleva. En condiciones normales, el mercado funciona como un instrumento de eficiencia, pero en mercados incompletos, es decir, en aquellos donde la oferta excede a la demanda, los mercados funcionan mal y permiten excesos que nada tienen que ver con ese principio técnico de eficiencia, sino con abusos que se cometen al amparo de una compleja distorsión económica.

II. El Banco Mundial apunta que México debe crecer a tasas del 6 o 7 por ciento como promedio anual para estar en posibilidades de incorporar a la economía formal a un millón 300 mil jóvenes que anualmente alcanzan la edad productiva. Durante las casi cuatro décadas del modelo económico que surge del llamado Consenso de Washington en los años 80 del siglo pasado, denominado genéricamente neoliberal, el producto interno bruto de nuestro país registra un crecimiento de apenas 1.8 por ciento como promedio anual. Esto quiere decir, que el neoliberalismo hereda una situación catastrófica en el ámbito laboral, a tal grado que el rezago en la generación de fuentes de trabajo ha abaratado el costo de la mano de obra profesional a niveles inaceptables. Hoy vemos filas enormes de profesionistas jóvenes disputando un puesto en la economía formal, lo que se traduce en un fenómeno pernicioso de pauperización salarial.

III. Contadores públicos que se emplean por mil 500 pesos mensuales o médicos cirujanos que se insertan al mercado laboral en los nuevos esquemas de contratación del sistema de farmacias que cuentan con consultorios y que acaban con retribuciones mínimas que no corresponden con su preparación. Esto se replica en una cantidad muy importante de ocupaciones profesionales para las que se demanda educación universitaria e, incluso, de posgrado.

IV. Los jóvenes que hoy egresan de las universidades se enfrentan al peor de los mundos posibles. Primero, porque tenemos un país que en las últimas décadas no ha crecido más allá del 1.8 por ciento como promedio anual y, segundo, porque ese mínimo crecimiento se registra en sectores de bajo valor agregado. En otras palabras, hoy en día, derivado de un modelo como el neoliberal que no es virtuoso para crecer, existe una ruptura muy grave entre la oferta y demanda de profesionistas que se traduce en una pauperización salarial moralmente inaceptable.

V. Hay elementos de esta ecuación que merecen atenderse por separado, por ejemplo, el llamado “excedente” de egresados universitarios que, en algunas carreras alcanza hasta el 500 por ciento. Una barbaridad, ciertamente, si atendemos a la inversión per cápita que realizan las familias o el Estado en la formación académica de los jóvenes. Hasta ahora, ninguna institución de educación superior se responsabiliza del futuro laboral de sus egresados. Quizá convenga legislar sobre este particular, ahora que ya se discute una nueva ley para la educación superior en México.

VI. Lo que esta proposición con puntos de acuerdo plantea es algo muy sencillo de entender: dejar que el mercado decida, en estas condiciones, el futuro salarial de los jóvenes egresados de las universidades es jugarles una mala broma. Frente a mercados incompletos como el mexicano, debe operar el Estado para impedir lo que hoy se registra: abusos y excesos de un factor de la producción, en detrimento del factor más débil, en este caso, los profesionistas que se ven en la necesidad de contratarse con ingresos que, en muchas ocasiones ni siquiera alcanzan la línea de bienestar.

VII. Ha lugar a formular un exhorto respetuoso a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que, en colaboración con universidades e institutos de investigación, se elaboren los estudios que sean necesarios, incluso bajo un enfoque de política salarial comparada, a fin de definir las ocupaciones profesionales y sus correspondientes salarios mínimos, que ningún empleador pueda transgredir. En otras palabras, se trata de fijar científicamente salarios mínimos profesionales a partir de los cuales opere el principio técnico de oferta y demanda. Con esto se evitará que un Médico Cirujano lo veamos empleado por 20 pesos la consulta en la nueva modalidad de consultorios en los que se han convertido las cadenas de farmacias o que un contador público, pueda emplearse, por mil pesos mensuales o que un profesor universitario, muchas veces con maestría y doctorado, le paguen mucho menos de cien pesos la hora.

VIII. En materia de salario profesional, nunca como ahora fue tan evidente asegurar mínimos salariales dignos. No es ético que cuando el Estado o las familias han hecho un gran esfuerzo para que las personas concluyan su formación universitaria, uno de los factores de la producción, por distorsiones en el mercado, contrate a los profesionistas con sueldos risibles que atentan contra la dignidad de los jóvenes.

Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a definir, con base en estudios de frontera sobre la economía del trabajo y la política salarial, las ocupaciones profesionales y sus mínimos salariales, a fin de que en México no haya persona alguna con preparación y/o acreditación universitaria, que perciba menos de esa línea de ingreso profesional. Lo anterior sin menoscabo de que las fuerzas de demanda y oferta de mercado sigan operando a partir del salario mínimo profesional definido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los tres días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.

Diputada María Bertha Espinoza Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía brinde un reconocimiento a la delegación mexicana participante en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados conviene brindar un reconocimiento a la delegación de atletas mexicanos que participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A lo largo de su historia, ha sido constante la presencia mexicana en los Juegos Panamericanos, como organizadores y como participantes de los mismos.

Recordemos que México fue sede de la segunda edición en el año 1955, de la séptima en 1975, ambas en la Ciudad de México, siendo la más reciente la decimosexta, efectuada en Guadalajara, en 2011.

Nuestro país ha destacado en muy diversas disciplinas, entre ellas clavados, atletismo, boxeo, taekwondo, futbol, ciclismo, halterofilia, ciclismo, por citar algunas de las competencias.

A la memoria nos vienen las actuaciones y triunfos de Nancy Contreras, Iridia Salazar, Paola Espinosa, Laura Sánchez, Carolina Valencia, María del Rosario Espinoza, o las de Daniel Bautista, Raúl González, Ernesto Canto, Rodolfo Gómez y Carlos Mercenario, así como de una larguísima lista de deportistas nacionales quienes en su momento obtuvieron sendas preseas.

Triunfos que a la postre se vieron reflejados en el medallero panamericano, donde México ha fluctuado entre la tercera y la sexta posición en las dieciocho ediciones de los juegos, siendo 1955 y el presente año las mejores cuando ocupó el tercer lugar por lo que toca al número total de medallas obtenidas durante el evento.

Al respecto, y como antecedente de los actuales resultados podemos señalar que en los décimo sextos juegos –Guadalajara 2011–, los atletas mexicanos obtuvieron 42 medallas de oro, 41 de plata y 50 de bronce, lo que sumó un total de 133 preseas.

De ese modo, en los recién concluidos Juegos Panamericanos, los connacionales trajeron consigo 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce, mismas que sumaron 136 medallas, lo que representa un hito para México, por el número total obtenido y por la posición lograda en el medallero final.

Así, luego de 17 días de competencias en la justa panamericana la misma Comisión Nacional del Deporte (Conade) –en su comunicado del 11 de agosto– expuso que “México logró una actuación histórica, al ubicarse en el tercer lugar del medallero general, sitio que no conseguía desde la edición de Ciudad de México 1955”, superando países como Canadá, Cuba, Argentina y Colombia.

La Conade también señaló que:

• “Nuestro país conquistó el máximo número de oros fuera de México, con 37”.

• “La selección mexicana superó su máximo de medallas obtenidas en estas justas, con 136 preseas”.

• “La selección nacional de México arrasó en los medalleros de disciplinas como ráquetbol y frontón”.

• “Sumó logros históricos, como la primera medalla en lanzamiento de bala en atletismo campo y la presea de bronce en relevos de natación que no se conseguía desde hace 45 años”.

• “Los atletas nacionales consiguieron también, por lo menos, una medalla de oro durante cada uno de los 17 días de competencia, por lo que todos los días se escuchó el himno nacional en las sedes peruanas y la bandera de México ondeó en todo lo alto.

A detalle, se obtuvieron medallas áureas en disciplinas como atletismo, canotaje, ciclismo, clavados, esquí acuático, frontón, levantamiento de pesas, pentatlón moderno, racquetbol, remo, taekwondo, tiro con arco y triatlón.

De plata, en atletismo, boliche, canotaje, ciclismo, clavados, ecuestre, esquí acuático, fitness , gimnasia, frontón, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, nado artístico, patinaje, racquetbol, remo, softbol, squash, taekwondo, tiro con arco, tiro deportivo y voleibol de playa.

En tanto que las preseas de bronce provinieron de atletismo, boliche, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, frontón, futbol, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, racquetbol, remo, squash, taekwondo, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón y wakeboard.

Sobresaliendo los nombres de Laura Galván, Beatriz Briones, Daniela Campuzano, Daniela Gaxiola, Yessica Salazar, Ariana Zepeda, Dulce Figueroa, Guadalupe Hernández, Laura Puentes, Ana Galindo, Adriana Hernández, Mildred Maldonado, Britany Sainz, Karen Villanueva, Mariana Arceo, Paola Longoria, Samantha Salas, Monserrat Mejía, Kenia Lechuga, Paula Fregoso, Daniela Souza, Ana Zulema Ibáñez, Briseida Acosta, Alejandra Valencia.

Aunado a lo anterior, esta exitosa participación habría significado para México la consecución de once plazas olímpicas, de las 22 en disputa, rumbo a Tokio 2020.

Frente a este panorama de metas sobrepasadas, considerando las expectativas que se tenía por parte de las directivas deportivas, es dable considerar que dicho balance positivo fue el resultado de la disciplina, el empeño y el esfuerzo de las y los deportistas, así como de los apoyos de diversa índole que crearon las condiciones que arrojaron dicho resultado.

Por ende, la presente proposición tiene como objetivo brindar un reconocimiento a los atletas mexicanos porque nos parece viable y oportuno que este órgano legislativo convalide su compromiso con el deporte nacional, con sus deportistas, no sólo por lo que toca al ámbito legislativo o específicamente a la materia presupuestal, sino en términos de corroborar que los recursos etiquetados para esos fines tienen un resultado palpable, y que debe ser exigencia el que las autoridades cumplan su mandato y ejerzan de manera transparente los fondos públicos asignados.

De aprobarse esta propuesta por el pleno, estaríamos en condiciones de programar una sesión para el caso, convocando a deportistas y entrenadores como un homenaje a su tesón y compromiso para representar a nuestro país en esas lides.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . El pleno de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda brindar un reconocimiento público a la delegación de atletas mexicanos por su destacada participación en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019; lo anterior, en una sesión solemne que para el efecto programe la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar por la Ssa la adquisición, distribución, disposición y entrega de medicamentos en los hospitales e institutos nacionales de salud pública, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante la presente administración federal han sido constantes las denuncias públicas sobre el desabasto de insumos quirúrgicos y medicamentos para atender enfermedades crónicas degenerativas como el VIH/Sida, la diabetes y la leucemia infantil, ésta última constituye uno de los tipos de cáncer con mayor índice de mortalidad entre nuestras niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la Secretaría de Salud y el servicio de oncología pediátrica del Hospital Juárez de México, cada año se identifican entre la población menor a 18 años, entre cinco mil y seis mil nuevos casos, de ellos, las leucemias constituyen al menos 50 por ciento de los sucesos, seguido de los linfomas con 15 por ciento y los tumores del sistema nervioso con 10 por ciento.1

Para su tratamiento, entre otras medidas, se utilizan quimioterapias, trasplante de médula ósea o terapia dirigida por medio de medicamentos específicos que atacan vulnerabilidades particulares de las células cancerosas, y por lo tanto, contribuyen a controlar la enfermedad y sus impactos a la salud.

La importancia de contar con medicamentos suficientes y asequibles en los hospitales del sector salud, radica en que su acceso, permite mejorar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo, porque contribuye a evitar la expansión de la enfermedad, mejora el funcionamiento de algunos órganos e impide que las células usen el ácido fólico para elaborar el ADN, por lo que durante su ingesta destruye células cancerosas.

A pesar de la trascendencia de este asunto, madres y padres de familia, familiares y organizaciones de la sociedad civil, han señalado en diversos momentos la falta de medicamentos como el metotrexato, especialmente en el Hospital Infantil Federico Gómez y el 20 de Noviembre.

Para visibilizar estas dificultades y ante la indiferencia de las autoridades correspondientes, así como ante la poca acción para adquirir los medicamentos y asegurar su disponibilidad, los padres de familia se manifestaron en las inmediaciones de los nosocomios y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sin tener una respuesta inmediata y de fondo a sus necesidades.

Por el contrario, el secretario de Salud se ha mostrado poco sensible, al asegurar lo siguiente:

“Si no se da una dosis, puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia médicamente [...] esto es opinión técnica y médica.”

“El metotrexato tiene su función, es un medicamento que se requiere, que ayuda al tratamiento central de cierto tipo de cáncer, pero se puede sustituir por otro.”2

En relación con estas declaraciones, especialistas del Instituto Nacional de Pediatría aseguran que el metotrexato es medicamento base y el intercambiarlo podría disminuir la posibilidad de curación, por lo que la falta de abastecimiento debe superarse con prioridad, eficiente y bajo el principio de máxima publicidad.3

Sólo proponer su intercambio, representa una transgresión a los protocolos nacionales e internacionales de atención. Contrario a lo que aseguró el titular de la Secretaría de Salud, debe garantizarse su disposición y prevenir su escasez en los hospitales del país, de no ser así, se continuará mermando la salud de los pacientes y generará impactos negativos importantes para la economía familiar.

El titular del Ejecutivo federal tampoco puede evadir su responsabilidad y la de su gobierno al delegar la responsabilidad de la compra de medicamentos a los médicos, enfermeras y familiares de los enfermos, al pronunciarse de la siguiente manera:

“Si no hay medicamentos se toma un avión [...] si es para ir a Estados Unidos, a la India, a donde sea para comprar los medicamentos, se hace y se traen y en tres o cuatro días se tienen”.4

Contrario a estas posturas, y por sus repercusiones a la salud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió diversas medidas cautelares a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a fin de que garanticen el medicamento metotrexato en hospitales donde existe desabasto y salvaguardar el derecho a la salud de menores con cáncer.

Entre estas medidas, destaca asegurar la entrega del medicamento de manera oportuna e ininterrumpida, cumplir con las obligaciones institucionales de garantizar un adecuado tratamiento e implementar medidas reforzadas para proteger el desarrollo integral de niñas y niños.5

De no llevar a cabo estas acciones, se podría consumar la violación a los derechos humanos y generar impactos irreparables, sobre todo, porque se quebranta el bienestar infantil y el de sus familias.

Frente a este panorama poco alentador, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, deben fortalecer sus acciones con el objeto de asegurar su disposición, contar con un amplio número de medicamentos y particularmente prevenir su escasez.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, nos manifestamos en contra de una austeridad mal entendida e instrumentada, que ha derivado en riesgos para garantizar de manera efectiva la salud de todos los mexicanos.

La falta de sensibilidad y empatía de las autoridades federales son una de las principales problemáticas que afecta a nuestra niñez, no puede resultar en la inactividad institucional, por el contrario, debe constituir un llamado de atención para incrementar, a la brevedad posible, los recursos económicos, materiales y humanos para la atención de este propósito medular.

Una reunión de trabajo permitiría encontrar y consolidar una estrategia integral de salud pública, que tenga como objetivo primordial salvaguardar la salud de las y los mexicanos y garantizar una atención oportuna a personas que padecen de una enfermedad.

Se deben investigar y sancionar a los servidores públicos que están involucrados por acción u omisión en el desabasto de medicamentos, ya que de ninguna manera, se trata de una “cortina de humo”, por el contrario, constituye un delito que debe ser sancionado de manera ejemplar, a fin de que no se repita en las instituciones de salud del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud, dé máxima publicidad y transparente la situación que prevalece en las licitaciones, adjudicaciones y contratos, así como en la adquisición y abasto de medicamentos en los institutos nacionales de salud pública, ante el incremento de denuncias sobre su presunta escasez o disposición, situación que vulnera la salud de población mexicana.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a sostener una reunión trabajo a fin de abordar diversos temas relacionados con la política de abasto de medicamentos, en particular, su adquisición, distribución, disposición y entrega, con el objeto de que los pacientes dispongan de los fármacos en los hospitales e institutos nacionales de salud pública del país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que, en el marco de sus atribuciones, atiendan las medidas cautelares establecidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se garantice el medicamento metotrexato en hospitales donde existe desabasto, a efecto de salvaguardar el derecho a la salud de menores con cáncer y de la población en general.

Notas

1 Secretaría de Salud. (2019). La leucemia representa el 50 por ciento de los casos de cáncer infantil. 02/09/2019, de Gobierno de México Sitio web:

https://www.gob.mx/salud/prensa/055-la-leucemia-represen ta-el-50-por-ciento-de-los-casos-de-cancer-infantil

2 Jannet López Ponce. (2019). Ssa minimiza supuesto desabasto de medicamentos contra el cáncer. 02/09/2019, de Milenio Sitio web:

https://www.milenio.com/politica/jorge-alcocer-minimiza- desabasto-medicamentos-cancer

3 Animal Político . (2019) ¿El metotrexato puede suspenderse o cambiarse para tratar el cáncer infantil? Esto dice un especialista. 02/09/2019.Sitio web:

https://www.animalpolitico.com/2019/08/metratexato-ninos -cancer-oncologo/

4 El Financiero . (2019). Si falta medicinas, que se vaya hasta en avión para traerlas, afirma López Obrador. 02/09/2019. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/si-faltan-medicinas-que-se-vay a-hasta-en-avion-para-traerlas-afirma-lopez-obrador

5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2019). Emite CNDH medidas cautelares a Secretaría de Salud y Cofepris para garantizar el medicamento metotrexato en hospitales donde existe desabasto y salvaguardar el derecho a la salud de menores con cáncer. 02/09/2019, de CNDH Sitio web:

https://www.cndh.org.mx/documento/emite-cndh-medidas-cau telares-secretaria-de-salud-y-cofepris-para-garantizar-el

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales a elaborar un plan estratégico sobre seguridad vial de motociclistas y la contribución positiva a una movilidad sustentable, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a elaborar un plan estratégico que tenga por objetivo la seguridad vial de las y los motociclistas y la contribución positiva de la motocicleta a la movilidad sostenible, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las motocicletas son un medio de transporte que llegó para quedarse, hace apenas algunos años, las y los motociclistas eran prácticamente invisibles. Hoy en día es la alternativa no sólo para que hombres se desplacen sino cada vez más tenemos también a más mujeres que utilizan este medio no sólo por placer sino por necesidad de transportarse a sus actividades cotidianas. No obstante los gobiernos han carecido hasta nuestros días, de un plan que atienda el fenómeno en toda su complejidad.

Esta ausencia de plan, más el aumento del parque vehicular de motocicletas y una falta de una cultura vial, ha traído como consecuencia la multiplicación de accidentes de tránsito.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se contabilizan 1.2 millones de defunciones al año por accidentes de tránsito, lo que representa a nivel mundial la principal causa de muertes entre jóvenes de 15 a 29 años. De estos, aproximadamente el 23 por ciento se concentra en los motociclistas1 .

En el caso de México, de 1999 a 2009 las muertes entre los usuarios de motocicletas aumentaron 332.2 por ciento, en ese mismo periodo el número de motocicletas aumentó en un 312 por ciento2 .

Por su parte, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se encontró que los motociclistas constituyeron 23 por ciento de los 1.4 millones de personas que reportaron haber sufrido un accidente vial sin consecuencias fatales en el país3 .

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 1999 en México se tenía un registro de 178 mil 599 motocicletas, veinte años después (2017) se tenían ya 3 millones 574 mil 402 de motocicletas registradas en circulación. Entre las entidades con mayor número de motocicletas se encontraron el Estado de México con 496 mil 457 registros; Jalisco con 416 mil 016, la Ciudad de México con 347 mil 851; Guanajuato con 303 mil 028; y, Quintana Roo con 193 mil 020 registros4 .

Asimismo, el Inegi revela que en los últimos 10 años los accidentes vehiculares en los que se ven involucrados los conductores de motocicletas se han incrementado 42.8 por ciento en todo el país, según la Estadística de Accidentes de Tránsito en Zonas Urbanas y Suburbanas. La colisión con motocicleta se ubica como la segunda causa de muerte en accidentes de tránsito en el país.

No obstante, las motocicletas emiten un 50 por ciento menos de dióxido de carbono (CO2), en comparación con otros vehículos motorizados, asimismo se reducen los tiempos de desplazamientos entre un 50 y un 70 por ciento, por lo que están menos tiempo emitiendo partículas contaminantes a la atmósfera, y por si esto no fuera suficiente, consumen menos combustible por kilómetro recorrido.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos estratégico que los gobiernos de las entidades federativas tengan un plan que contribuya de manera prioritaria a reducir los accidentes de tránsito en motocicletas y de manera estratégica a que forme parte de la contribución positiva de la motocicleta a la movilidad sostenible, tan urgente en nuestras urbes.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a elaborar un Plan Estratégico que tenga por objetivo la seguridad vial de las y los motociclistas y la contribución positiva de la motocicleta a la movilidad sostenible.

Segundo. La honorable Cámara de Diputado del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las secretarías del ramo de movilidad y transporte de las 32 entidades federativas, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones establezcan convenios de colaboración con organizaciones de motociclistas, con intereses en seguridad vial para que formen parte de campañas de generación de conciencia y cultura vial que incida en una conducción segura de las y los motociclistas.

Notas

1 The Global status report on road safety 2015 was superseded by the Global status report on road safety 2018 which was launched on 7 December 2018, en

http://bit.ly/2U7sKbI, consultado el 27 de agosto de 2019

2 El estado de las lesiones causadas por el tránsito en México: evidencias para fortalecer la estrategia mexicana de seguridad vial, en:

http://bit.ly/325RUu5, consultado el 27 de agosto de 2019

3 https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/medidas-de-seguridad-que-todo -motociclista-debe-seguir, consultado el 27 de agosto de 2019

4 Inegi, Vehículos de motor registrados en circulación, en: http://bit.ly/2zlEjme, consultado el 27 de agosto de 2019

5 http://bit.ly/3297FAx, consultado el 27 de agosto de 2019.

6 http://bit.ly/30EMVjV, consultado el 27 de agosto de 2019.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conavi a establecer a las jefas de familia como sujetos de apoyo prioritario en la implantación y vigencia del programa de vivienda social, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a que establezca a las mujeres jefas de familia como sujetas de apoyo prioritario en la implementación y vigencia del Programa de Vivienda Social, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a la vivienda ha sido reconocido en diferentes instrumentos internacionales de los cuales nuestro país forma parte, por ejemplo en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, numeral 1:1

Articulo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda , la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Así también está reconocido en el artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:2

Articulo 11

1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

En 1979 se crea la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), convirtiéndose en el instrumento jurídico internacional con mayor reconocimiento de los derechos humanos de mujeres y niñas. México ratifica la CEDAW el 23 de marzo de 1981, y a pesar de los trabajos legislativos para alcanzar la igualdad de oportunidades, aún quedan retos por superar como es el acceso a la vivienda.3 La CEDAW particularmente en el artículo 15, numeral 24 hace mención sobre este derecho:

Artículo 15. (...) 2. Los Estados parte reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

En nuestro país, este derecho queda bajo la redacción del artículo 4o. constitucional:5

Artículo 4. (...) Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Para ello la administración anterior implementó el Programa de Apoyo a la Vivienda, el cual es una fusión del Programa de Vivienda Digna y el Programa de Vivienda Rural. El primero de ellos atendía a los hogares con bajos ingresos económicos, y el segundo apoyaba los hogares con ingresos que se encontraban por debajo de la línea de bienestar en localidades rurales de alta y muy alta marginación.

En particular el Programa de Apoyo a la Vivienda atendía a aquellos hogares que presentaban alguna carencia por calidad y/o espacios de la vivienda según los indicadores del Consejo Nacional de Población, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, por ejemplo viviendas con materiales de mala calidad o sin servicios básicos como agua o drenaje.6

Los tipos de apoyo y montos que se otorgaban son:

• Edificación básica de vivienda en al ámbito urbano y rural a partir de 48 mil y hasta 63 mil pesos.

• Ampliación de vivienda en zonas urbanas y rurales a partir de 15 mil y hasta 20 mil pesos.

• Mejoramiento de la vivienda en zonas urbanas y rurales a partir de 10 mil y hasta 15 mil pesos.7

De acuerdo con el sexto Informe de Gobierno 2017-2018, en 2018 se tuvo una inversión canalizada para el Programa de Apoyo a la Vivienda de $1 544.7 millones de pesos, de los cuales 79 mil 285 subsidios fueron otorgados, así como mil 979 viviendas nuevas y 77 mil 306 ampliaciones y/o mejoramientos en las viviendas.8

En comunicado de prensa número 251/18 del Inegi, hasta 2017 en nuestro país había 34.1 millones de hogares; de los cuales el 28.5 por ciento corresponden a hogares con jefatura femenina , tal y como se muestra en la siguiente tabla:9

Fuente: Grafica proporcionada por el Inegi.

Ahora bien, los hogares familiares se comprenden de la siguiente manera:

Hogares nucleares: Conformados por el jefe (a) y cónyuge, por el jefe (a) e hijos, o bien por el jefe (a), cónyuge e hijos.

Hogares ampliados: Se conforman por un hogar nuclear y por lo menos otro pariente, o bien por un jefe (a) y al menos otro pariente.

Hogares compuestos: Se comprende por un hogar nuclear o ampliado y por lo menos un integrante sin parentesco.

Hasta 2017, se estima que “64 de cada 100 hogares son nucleares, cifra equivalente a 69 de cada 100 cuando el jefe del hogar es hombre y 49 de cada 100 cuando la jefatura del hogar recae en un mujer”.11 Por su parte “los hogares ampliados representan el 22.9 por ciento y según el sexo del jefe del hogar, cuando es mujer, el porcentaje es de 30.7 por ciento, comparado 19.7 por ciento cuando el jefe del hogar es hombre”,12 como se muestra en la gráfica siguiente:

Fuente: Grafica proporcionada por el Inegi.

Con base en la información solicitada al Fondo Nacional de Habitaciones Populares, en el periodo de 2013-2018 el Programa de Vivienda Digna y el Programa de Vivienda Rural que posteriormente pasarían a integrar el Programa de Apoyo a Vivienda, se apoyaron a 382 mil 223 mujeres jefas de hogar , con una inversión federal de $ 9,133 626 , 532.83:13

Fuente: Tabla proporcionada por la Fonhapo en solitud de información

A partir de 2019, el Programa de Apoyo a la Vivienda desaparece y se crea el Programa de Apoyo Social a cargo de la Comisión Nacional de la Vivienda, el cual se planteó con tres estrategias:

1. Atender a la población con mayor rezago.

2. Contribuir a los grandes desafíos nacionales en materia urbana y de bienestar social.

3. Fortalecer e incrementar intervenciones que favorezcan la Producción Social de Vivienda Asistida.14

El objetivo de centralizar diferentes programas en uno solo, es de acuerdo a Edna Vega, directora de la Comisión Nacional de la Vivienda, “tratar de llegar a personas que no son sujetas de crédito y que son atendidos por la banca social”15

Los tipos de apoyo que se otorgan a partir de este programa son a través de dos vertientes:

1. Producción Social de Vivienda Asistida: Se refiere a las acciones de producción social de vivienda realizadas con apoyo de asistencia técnica integral. Comprende aspectos técnicos, financieros, organizativos, ambientales, de capacitación y de gestión adecuados a las características del proceso y de los beneficiarios.

2. Cofinanciamiento: (...) Se basa en la aportación de distintas fuentes de financiamiento para la dotación de vivienda. Las fuentes de financiamiento consisten en un crédito hipotecario del Infonavit o Fovissste u otra entidad ejecutora, complementado con subsidio y ahorro de la persona beneficiaria. La población que cuente con crédito aprobado por alguna entidad ejecutora, podrá complementar su crédito con recursos del ahorro propio y con los subsidios de la Conavi y, en su caso, aportaciones de cualquier ente público, social o privado.16

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existe un “rezago en más de 14 millones de vivienda en el país, en la mayoría de los casos el ingreso es uno de los principales factores asociados: 57.9 por ciento de los hogares que se ubican en los primeros cuatro deciles económicos (...) presentan rezago de vivienda” 17

Asimismo, en acorde al informe sobre los derechos económicos, sociales culturales y ambientales de Habitat International Coalition, citado en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social 2019, “en México la compra de vivienda nueva solo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, ya que a partir de ese nivel de ingreso se puede acceder a créditos hipotecarios públicos y privados”18

Empero, en apego a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Segundo Trimestre del 2019 publicada por el Inegi, existe un total de 54, 936, 719 de población ocupada, de los cuales 21, 486,902 son mujeres. De ese total de mujeres ocupadas 16, 849, 432 reciben de uno a cinco salarios mínimos. El desglose se muestra a continuación:19

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INEGI.

Tal y como se muestra en el gráfico anterior 5, 835, 459 de mujeres reciben hasta un salario mínimo lo que representa el 27.1582 por ciento, mientras que 6, 862, 364 reciben más de 1 y hasta 2 salarios mínimos representado el 31.9374 por ciento, asimismo 2, 753, 715 mujeres reciben más de 2 y hasta 3 salarios mínimos lo que reflejan un porcentaje del 12.8157 por ciento, y 1, 397, 894 reciben más de 3 y hasta 5 salarios mínimos lo que representa un 6.5057 por ciento, lo que finalmente deja en conclusión que el número de mujeres que reciben más de 5 salarios mínimos es de 517, 633 representando apenas el 2.4090 por ciento. 20

Como ya se mencionó anteriormente, los hogares con jefatura femenina representa el 28.5 por ciento del total hasta 2017, lo que se traduce en que son el único sostén económico del hogar , aunado a ello se encuentran en desventaja , pues en algunos sectores laborales las mujeres siguen percibiendo salarios más bajos por trabajos iguales al de los hombres, lo que significa que en los hogares donde existe jefatura femenina se perciben menores ingresos en comparación con los hogares donde el jefe de familia es hombre tal y como se mostró en los gráficos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a que establezca a las mujeres jefas de familia como sujetas de apoyo prioritario en la implementación y vigencia del Programa de Vivienda Social.

Notas

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25o., numeral 1, disponible en https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, articulo 11, disponible en https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

3 ONU Mujeres, “Comité CEDAW emite observaciones a México sobre derechos de las mujeres de 9o. revisión”, disponible en

http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulo s/2018/07/comunicado-cedaw

4 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 15o., numeral 2, disponible en

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039 .pdf

5 Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf

6 Gobierno de México, “Diagnóstico que justifica la creación o modificación sustancial de programas presupuestarios a incluirse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, disponible
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Reingenieria_Gasto/imagenes/Ventanas/Ramo_15/15S274.pdf

7 Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Programa de Apoyo a la Vivienda, disponible en https://www.gob.mx/fonhapo/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la- vivienda

8 Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, página 190, disponible en

http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_ Anexo_Estadistico.pdf

9 Inegi, “Comunicado de prensa número 251/18”, publicado el 28 de mayo de 2018, disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSoci odemo//enh2018_05.pdf

10 Ibídem

11 Ibídem.

12 Ibídem.

13 Fonahpo, “Inversión ejercida y número de subsidios otorgados en el ejercicio 2013-2018”, en información solicitada por correo electrónico a la Dirección de Promoción y Operación.

14 Conavi, Programa de Vivienda Social 2019, disponible en https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-de-vivienda-soc ial-2019-194345

15 El Universal “Concentran subsidios a la vivienda en 2019”, publicado el 1 de enero de 2019, disponible en https://www.eluniversal.com.mx/cartera/concentran-subsidios-la-vivienda -en-2019

16 Ibídem.

17 Coneval en Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social, publicadas en 15 de marzo de 2019 y disponibles en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/445889/20 19-03-15_ROP.CONAVI.pdf

18 Habitat International Coalition en Op. Cit. Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social 2019.

19 Inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Segundo Trimestre de 2019, disponible en https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDa tos_colores.asp?c=

20 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a implantar acciones conducentes a proteger las vidas de los menores de edad del país, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy nuestro país vive una situación de violencia generalizada. Las distintas formas de violencia van desde la física, psicológica, laboral y sexual, y quienes la reciben con mayor frecuencia son las niñas y los niños.

Sabemos que la violencia contra las niñas se padece en su hogar, centros educativos, de asistencia social, deportivos, albergues, hospitales, orfanatos, lugares de culto religioso, centros de tratamientos contra adicciones, entre otros espacios donde interactúan, donde supuestamente deberían encontrar protección y seguridad en su persona.

Lastimosamente, México se enfrenta a un repunte de la violencia que sitúa 2017 como uno de los años más sangrientos en la historia reciente del país, siendo que hasta el 31 de octubre, se registraron 23.968 asesinatos, donde se incluyen un gran número de feminicidios que han conmocionado al país y que corresponden a niñas.1

Sin duda, los feminicidios son la parte extrema y visible de la violencia dirigida contra las niñas y las mujeres, la conclusión de una situación recurrente y sistemática de la violación de sus derechos humanos, violentadas por el sólo hecho de ser mujeres, y asesinadas como resultado de la violencia pública o privada.

Con anterioridad, habíamos denunciado las frecuentes muertes de niñas y niños como resultado de los daños colaterales, encontrando entre ellos; los fuegos cruzados, las balas perdidas o menores de edad que acompañaban a un adulto que fue victimado al igual que la o el menor de edad.

Sin embargo, en un acto que raya en la violencia extrema, el pasado domingo, cuando tres niñas de 4, 13 y 14 años de edad, así como un hombre de 25, fueron asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los hechos ocurrieron, al interior del domicilio de las víctimas, donde se localizaron más de 125 casquillos percutidos.

El homicidio ocurrió en un rancho de la colonia Riberas del Bravo, donde un grupo de al menos seis hombres armados ingresó y abrió fuego contra los presentes. Según informe de los medios de comunicación, las tres menores de edad recibieron impactos directos de bala en la cabeza con rifles de asalto.

Asimismo, se informó que el ataque se perpetuó mientras la familia estaba a bordo de una camioneta. El hombre viajaba del lado del copiloto, donde quedó muerto, mientras que las niñas estaban en el asiento trasero.

Las menores fueron identificadas como Lindsay, Sherlyn y Artleth Sánchez Gordillo, quienes eran hermanas. En tanto, el joven asesinado fue identificado como Rafael Gordillo González. Se presume que en la residencia también estaban los padres de las infantas y que el comando tomó prisionero al jefe de familia.

Lo grave del caso es que este no fue un daño colateral, sino que los asesinos se dirigieron de manera directa a terminar con la vida de las menores de edad.

La Fiscalía General de Estado (FGE) de la zona norte de la entidad confirmó el nombre de las víctimas y señaló que las menores de edad murieron mientras eran trasladadas a un hospital de la entidad. Asimismo, se notificó el hallazgo de 60 casquillos .223 de e R-15, 26 de 7.62 por 39 mm de AK-47, 18 de .308, tres casquillos de 12 milímetros y siete más de nueve. Las niñas asesinadas iban a regresar a clases este lunes; dos de ellas a secundaria y otra más a nivel preescolar.

Además, apenas el pasado 31 de julio, una niña de 3 años falleció luego que sujetos armados dispararan contra la camioneta en la que viajaba con su familia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aparentemente, los individuos habrían dirigido el ataque contra el padre de la menor, pero fue la niña de tres años quien perdió la vida.

No es ocioso recordar a los gobiernos estatales y el federal que la violencia y el terror que se vive en México ofende, lastima y duele; las muertes, desapariciones, secuestros, fosas clandestinas, cuerpos desmembrados, decapitados, los feminicidios y los feminicidios infantiles son cada día más y no encuentran justicia.

De acuerdo con declaraciones de Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en México cada día son asesinados tres niños y desaparecen otros cuatro, por lo que el Estado no cumple con su obligación de garantizar un proyecto de vida y la dignidad de los casi 40 millones de menores de edad que habitan en el país.2

Demandó al gobierno generar las condiciones para reducir la violencia contra el sector, que ha obligado a que ocho de cada diez familias en el país ya no permitan que los niños, niñas y adolescentes salgan a las calles y parques públicos, limitando así su derecho a la diversión y a hacer una vida comunitaria.

La violencia, asociada a la impunidad y a la descoordinación de los tres niveles de gobierno para combatir estos flagelos, ha generado altos riesgos para los pequeños, como ser víctimas de reclutamiento por parte de organizaciones criminales, de homicidios y, en el caso de las mujeres, de feminicidios, entre otros delitos.3

Datos oficiales, señaló Pérez García, muestran que, de 2015 a julio de 2019, se ha registrado en el país el homicidio doloso de 4 mil 664 niñas, niños y adolescentes, donde ocho de cada diez son varones.

En ese mismo periodo, agregó, se tiene reporte de 3 mil 297 feminicidios, de los cuales 317 corresponden a niñas de cero a 17 años, es decir, uno de cada diez crímenes de género en México es contra una menor de edad.

Las autoridades de los tres ámbitos de gobierno deben desarrollar una estrategia de protección a las y los menores de edad, donde sus voces sean escuchadas. No es un tema menor, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución y los tratados internacionales, todos los funcionarios del Estado mexicano están obligados a colocar el interés superior de la niñez por encima de cualquier otra prioridad.

Cabe indicar que de acuerdo con la organización Save The Children, la tasa de homicidio de niños en México es de 4.9 menores de edad, entre cero y 19 años, por cada 100 mil habitantes. Siria, por su parte, presenta una cifra de 1.0. Mientras que Palestina mantiene un 2.7.

“La posibilidad de que un niño sea asesinado en México es mucho mayor que en países con conflicto armado como Palestina o Siria”, declaró contundente Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save The Children. Aceptó que en México se busca reducir los asesinatos de menores de edad, pero dijo que falta mucho para lograrlo pues aquí mueren cuatro niños cada día.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas competencias implemente acciones conducentes a proteger la vida de las y los menores de edad del país.

Notas

1 En https://elpais.com/internacional/2016/11/01/mexico/1478023188_800758.ht ml, “Un hombre viola a tres niñas y mata a una de ellas en Ciudad Juárez, México”, noviembre 27, 2017.

2 Cada día asesinan a 3 y desaparecen 4 menores en México: Redim, Emir Olivares Alonso | martes, 27 de agosto de 2019, La Jornada.

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a no eliminar el Inifed como parte de su proyecto de políticas públicas en infraestructura, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a respetar el decreto por el que fue creado el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2008, instituto cuya misión fundamental es la salvaguarda de la seguridad de los planteles educativos y fundamentalmente responsable de la seguridad de nuestros estudiantes.

Consideraciones

1. El Inifed de conformidad con la Ley General de la Infraestructura Física Educativa en su artículo 16 tiene el objetivo de:

Fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción , desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo responsable de construir y remodelar los planteles educativos, con los más altos estándares de calidad y con personal altamente calificado en conocimientos de ingeniería .

2. De igual forma y en el caso que nos ocupa, el precepto anterior señala que:

• El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad de México, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades de las entidades federativas.

3. En este orden de ideas, trascendieron las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en virtud de las cuales dio a conocer en una de sus giras por el estado de Chihuahua que el organismo constructor de escuelas del país, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) , desaparecerá y el dinero para edificarlas será entregado directamente a maestros, alumnos y padres de familia, lo anterior fue del tenor literal siguiente1 :

• “Ya no va a haber dependencias como había antes, el Capfce o la institución que sustituyó al Capfce construyendo escuelas, se va a entregar el apoyo de manera directa a cada escuela, para que nos ayuden maestros y padres de familia y se mejore la situación de los planteles escolares”.

• “Se va a integrar este nuevo comité con los maestros, con alumnos mayores de cuarto año que van a participar y padres de familia, se va a formar un comité en cada escuela del país y se va a certificar ese comité, es decir se va a levantar un acta cuando se constituya”.

4. En esta lógica, el presente punto de acuerdo tiene por objeto, hacer un llamado al Ejecutivo federal, a fin de exhortarlo para que tomando en cuenta las principales virtudes del órgano a cargo de la infraestructura de la educación no desaparezca al Inifed teniendo en cuenta que su desaparición tendría consecuencias negativas para la educación en México.

5. Para un mejor entendimiento del tema que nos ocupa, es preciso tener en cuenta el informe titulado La educación obligatoria en México. Informe 2018 , elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el cual se presenta una radiografía de la infraestructura física educativa actualizada del país , la cual establece que en México existe una distribución de los recursos escolares que no guarda un principio de equidad.

Aquellas escuelas a las que asisten alumnos de contextos socioeconómicos menos favorecidos –como las indígenas, las comunitarias, las telesecundarias y los telebachilleratos– están dotadas con menos infraestructura física educativa (INFE) o ésta es de menor calidad.

6. En lo que corresponde a la INFE, de acuerdo con la información obtenida por medio del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) y de las Estadísticas Continuas del Formato 911 , hay una proporción considerable de escuelas que no dispone de ciertos espacios educativos básicos para la enseñanza y el aprendizaje, como aulas, biblioteca escolar, aula o salón de cómputo, canchas deportivas (o área de juegos infantiles en preescolar), entre otros. La carencia de dichos espacios no es aleatoria, sino que sigue un patrón (con algunas excepciones): es mayor en primarias y preescolares indígenas y comunitarios, así como en telesecundarias, secundarias comunitarias y telebachilleratos. En virtud de lo anterior se presenta la siguiente tabla:

La imagen nacional que ofrecen los datos anteriores es que, si bien la gran mayoría de escuelas públicas dispone de salones de clase, todavía hay una proporción menor (?1%) que no cuenta con aulas.

7. Además, en alrededor de 4 de cada 10 escuelas existe al menos un aula que requiere mantenimiento , pues presenta goteras o filtraciones de agua, o bien tiene fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos, lo que pone en riesgo la seguridad física de los alumnos y docentes que las utilizan.

En primera instancia podemos concluir que México tiene una realidad diversa, con distintos contextos socioeconómicos que comprometen el pleno ejercicio del derecho a la educación de calidad.

8. Por ello el Estado debe considerar la situación desigual de los niños, sus familias y comunidades a fin de desarrollar modelos educativos incluyentes y pertinentes que hagan posible que la implementación de la infraestructura educativa sea de calidad, accesible para todos y que además garanticen su permanencia y sea coadyuvante en garantizar el derecho de acceso a la educación para todas y todos.

9. En segundo término, es claro que la situación es más severa en las escuelas indígenas de preescolar y primaria ; en secundaria el problema se agudiza en las telesecundarias; mientras que en EMS se presenta con mayor énfasis en los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), que suelen ser grandes y con muchas aulas, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

10. En esta lógica de ideas, de no considerar este contexto en la asignación de los recursos, obligaciones, facultades en las tareas de la implementación y construcción de la infraestructura educativa en el país así como la capacidad de gestión de la misma y la calidad de los resultados no sólo se estaría realizando un ejercicio ineficiente del presupuesto público sino por el contrario se agravaría la situación de precariedad y desigualdad educativa hacia los grupos más vulnerables.

11. Es innegable que la transversalidad del tema obliga a hacer un análisis de las declaraciones del Presidente, toda vez que es muy probable que los padres de familia no cuenten con el conocimiento técnico para tomar las mejores decisiones respecto a la construcción y remodelación, por lo que advertimos un riesgo mayúsculo si la seguridad de nuestros hijos recae en personas que no cuentan con el conocimiento especializado.

12. Al respecto, Wilfrido Gutiérrez, académico de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , comenta que la decisión de la administración obradorista no está del todo planeada, pues, según explica, es necesario que especialistas analicen el mantenimiento y la construcción de una escuela, y no una sociedad de padres de familia, por motivos de seguridad.2

• Para el catedrático, es necesario tener escuelas con un sistema sostenible y sustentable , ya que no sólo representan la columna vertebral del desarrollo de cualquier persona, sino que también refleja en los infantes una segunda casa. Wilfrido Gutiérrez señala que ninguna institución del país debería desaparecer, porque tienen experiencia en hacer sus labores, pues, como el Inifed, llevan recorrido un gran camino. Y aunque el profesor reconoce que en algún momento un órgano pudo actuar mal, siempre hay algo positivo que destacarle.

13. A finales de 2017, tras el sismo del 19 de septiembre, el Inifed retomó la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

• Al respecto, al arquitecto Gutiérrez recuerda que, después del temblor de hace dos años, la UNAM mandó en sus grupos de apoyo a diversos académicos para encontrarse con comunidades y apoyarlas en sus construcciones y en las medidas que debían tomar.

“Cuando llegamos nos encontramos con que las personas tienen una manera de pensar y de hacer las cosas que lamentablemente no son las adecuadas, así tuvimos que convencerlas de que el modo correcto de aplicar el mantenimiento, la inversión y la rapidez para volver a restaurar sus edificaciones, eran otras”, detalla el profesor.

14. En cambio el Inifed actualmente sí cuenta con los especialistas, ingenieros y arquitectos, para garantizar que la construcción, remodelación y mantenimiento de las instalaciones educativas, cumplan con la calidad necesaria para garantizar la seguridad, salud e higiene que demandan los alumnos. Por otro lado, si se deja esta tarea en manos de quienes no cuentan con la experiencia profesional ni el conocimiento técnico se corre un riesgo mayor de perjudicar a los estudiantes.

15. Algunas de las actividades que ya realiza el Inifed y que permiten dar sustento a las anteriores afirmaciones son:

Seguridad Estructural y condiciones generales de funcionamiento : atención a daños en muros, pisos, techos, ventanas, pintura, impermeabilización, escaleras, barandales, instalación eléctrica y barda o cerco perimetral.

Servicios Sanitarios: rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mejoramiento de muebles sanitarios

Sistema de bebederos: instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos con agua potable para el consumo humano.

Mobiliario y equipo : proveer de pupitres, mesas, pizarrón, estantería, escritorio, silla y armario para maestro

Accesibilidad: dotar de las condiciones pertinentes para asegurar la inclusión de personas con discapacidad a las instalaciones educativas al menos en servicios sanitarios y sistema de bebederos.

Áreas de servicios administrativos: desarrollo de mejores espacios para maestros y personal directivo y administrativo.

Infraestructura para la conectividad: construcción y/o rehabilitación del aula de medios y/o servicios administrativos (techos y muros firmes).

Espacios de Usos Múltiples : infraestructura de arco techo o techumbre para un mejor desarrollo de actividades cívicas y deportivas. Asimismo, instalar comedores para escuelas de tiempo completo.

16. En razón de todo lo anteriormente expuesto queda claro que la improvisación como forma de política pública por parte del Ejecutivo pueda resultar en un gasto ineficiente de recursos, en obras de mala calidad que además de no cumplir con su finalidad abran más las brechas de desigualdad educativa y en suma pongan en peligro la vida de los alumnos de los diferentes niveles educativos en el país.

17. Conmino a todos los legisladores a que se sumen a este exhorto y manifestemos al unisonó nuestro rechazo a una decisión que puede derivar en alguna tragedia e incluso en la pérdida de vidas humanas. No seamos cómplices de decisiones que en el futuro podremos lamentar en forma irreparable. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar y no eliminar como parte de su proyecto de política pública en materia de infraestructura al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a mejorar al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en compañía de las secretarías de estado afines a la infraestructura, planeación, desarrollo y ejecución de la infraestructura física educativa.

Notas

1 “López Obrador anuncia desaparición del INIFED”, Álvaro Delgado, Proceso, 15 junio, 2019,
https://www.proceso.com.mx/588508/lopez-obrador-anuncia-desaparicion-del-inifed

2 “Desaparecer el INIFED un error de la 4t” por Fernanda Muñoz, Reporte Índigo,
https://www.reporteindigo.com/piensa/desaparecer-el-inifed-un-error-de-la-4t-infraestructura-educativa-recursos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a implantar medidas conducentes a solucionar la escasez de líquido en diversos municipios tabasqueños, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano, diputada federal por el estado de Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta asamblea legislativa federal la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Aspectos relevantes a nivel mundial

Desde el punto de vista nutricional, el agua funciona en el organismo humano como disolvente para promover la digestión al diluir carbohidratos y proteínas. Simultáneamente irriga, distribuye nutrientes y es el medio por el que se eliminan toxinas y desechos del cuerpo. Una persona adulta para mantenerse sana debe consumir aproximadamente 2.5 litros de agua al día para compensar la que pierde en los procesos orgánicos, lo que generalmente se consigue ingiriéndola en forma líquida o sustrayendo por medio de la digestión el agua contenida en alimentos “sólidos” de la ingesta cotidiana.1

Por lo anteriormente expuesto el acceso al agua es considerada actualmente un derecho humano: Es indispensable para vivir dignamente y es simultáneamente condición previa para la realización de otros derechos humanos. Fundamentalmente el agua debe establecerse como un bien social y cultural; no sólo como un bien económico.

De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento, efectuado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (OMS/UNICEF), se define el agua potable salubre y el saneamiento básico de la siguiente manera:

• “Agua potable es el agua utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar;

• Uno tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia del lugar de utilización y si uno puede obtener de manera fiable al menos 20 litros diarios para cada miembro de la familia;

• Agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable;

• Por acceso de la población al agua potable salubre se entiende el porcentaje de personas que utilizan las mejores fuentes de agua potable, a saber: conexión domiciliaria; fuente pública; pozo de sondeo; pozo excavado protegido; surgente protegida; aguas pluviales.

Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de pozo con ventilación mejorada.”2

En este sentido, la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en su parte introductoria que:

“El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. El Comité ha constatado constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Más de 1.000 millones de personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles de millones no tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo cual constituye la principal causa de contaminación del agua y de las enfermedades relacionadas con el agua. La polución incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los Estados Partes deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna, como se establece en la presente observación general.”3

Desafortunadamente, según el Programa conjunto de seguimiento para el abastecimiento de agua y saneamiento de la OMS/UNICEF, el 37 por ciento de la población de los países en desarrollo –2.500 millones de personas– carecen de instalaciones mejoradas de saneamiento, y más de 780 millones de personas todavía utilizan fuentes de agua no aptas para el consumo. El acceso insuficiente al agua potable y los servicios sanitarios, provoca la enfermedad y muerte de miles de niños y niñas todos los días; conduciendo al empobrecimiento y a la reducción de las oportunidades para miles de personas más.

La falta de acceso al agua potable y el saneamiento tiene muchas repercusiones más graves. Los niños –especialmente las niñas– no pueden disfrutar de su derecho a una educación debido a que sus escuelas no cuentan con un sistema de saneamiento propio y digno. Las mujeres se ven obligadas a pasar gran parte del día buscando agua. Los agricultores y asalariados pobres son menos productivos debido a la enfermedad, los sistemas de atención de la salud están desbordados, y la economía nacional se resiente. Sin agua potable, saneamiento ni higiene, el desarrollo sostenible es imposible.4

Problemática del agua y saneamiento en México

El derecho humano al agua potable y saneamiento fue reconocido en nuestro orden jurídico a partir del 8 de febrero del 2012, derivado de la reforma al artículo 4o. constitucional, aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. La reforma incorporó al mencionado artículo el siguiente párrafo:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

A partir de esta reforma, se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, por tal motivo el Estado mexicano está obligado a garantizar este derecho a cada una de las personas, proporcionando el acceso al agua con las características que establece nuestra Carta Magna, es decir, debe ser suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, este derecho se viola permanentemente, debido a que en nuestro país existe un sistema clasista e ineficaz en la distribución y acceso al agua y al saneamiento. A pesar de que en el 2015 México destacó por ser uno de los países de Latinoamérica con mayores niveles de cobertura de agua potable y saneamiento (94.4 por ciento y 91.4 por ciento, respectivamente). La realidad es completamente diferente; existen muchas poblaciones a lo largo del territorio nacional, principalmente poblaciones rurales e indígenas, que no cuentan con suministro de agua y mucho menos saneamiento, o en caso de contar con ella el agua que reciben no es suficiente y mucho menos salubre, ya que la obtienen directamente del subsuelo sin procesarla en un sistema de tratamiento y mucho menos potabilización. Además dichas poblaciones no cuentan con instalaciones higiénicas de saneamiento adecuadas. Muchos hogares, por ubicarse dispersos o en lugares alejados de la urbe emplean, para la evacuación de sus aguas residuales, fosas sépticas que no cumplen en lo más mínimo las normas de construcción que eviten la contaminación de fuentes de abastecimiento de agua superficiales o subterráneas; contaminando ellos mismos los mantos acuíferos; peor aún, se da el caso de que el agua que desechan es la misma que vuelven a utilizar para consumo humano.

Datos del Inegi indican que en México existen 32 millones 925 mil hogares y que en promedio en cada uno de ellos habitan 4.1 personas. De esta manera, partiendo de ello, resulta que en 10 millones 496 mil hogares no tienen suministro diario de agua, lo que representa una población de más de 44 millones de mexicanos, aproximadamente la tercera parte de la población.

Problemática de la escasez del agua a nivel estatal (Tabasco)

A pesar de que Tabasco se encuentra ubicado en la región hidrológico- administrativa XI Frontera Sur, y que tiene la ventaja de contar con una gran cantidad de agua por estar rodeado de ríos, lagos y recursos hídricos en abundancia. El agua que suministra la red estatal es escasa, insalubre y no apta para el consumo humano. Es importante resaltar que existen varias localidades en las rancherías del estado que ni siquiera tienen acceso a ella.

Una causa importante es que el estado solamente cuenta con un total de 40 plantas potabilizadoras de agua; distribuidas de la siguiente forma: 17 se concentran en el municipio Centro; 5 en el municipio de Centla. En Macuspana, Nacajuca y Tenosique operan 3 para cada municipio. Balancán, Cárdenas, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jonuta, Tlacotalpa, Teapa, solamente poseen con 1 sola por municipio. Por lo que respecta a los municipios restantes la situación es peor: Comalcalco, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Paraíso ni siquiera cuentan con planta potabilizadora de agua dentro de su demarcación. A la problemática esbozada sumémosle que las pocas bombas para suministrar el agua que existen se encuentran en mal estado o incluso descompuestas. Estas circunstancias han ocasionado que desde enero del presente año el suministro de agua sea escaso en los municipios, dejando sin acceso del vital líquido a miles de familias tabasqueñas.

Desde el mes de mayo del presente año los municipios de Comalcalco, Jalpa, Nacajuca y Paraíso, han estado sufriendo la escasez de este vital líquido debido a fallas ocurridas dentro de la planta “El mango”, ubicada en Nacajuca. También ha afectado la descompostura (quema) de los motores de la cisterna en Jalpa que debe surtir de agua a estos municipios. Más de 500 mil personas se encuentran afectadas debido a la disminución o completo corte del suministro de agua en estas zonas. Los ciudadanos de estas poblaciones están afectados en su economía familiar porque se han visto en la necesidad de rentar pipas con agua potable e incluso comprar garrafones con agua para poder satisfacer sus necesidades de agua potable.5

A esta crisis humanitaria de acceso al vital líquido, sumémosle que en la entidad federativa en cuestión, por situaciones de orden climatológico se registran altas temperaturas durante todo el año. El 2019 no es la excepción; el registro de las mismas ha fluctuado desde el mes de mayo entre los 39 y 40 grados e incluso la Secretaría de Salud ha alertado a la población a tomar algunas medidas de precaución sanitaria para evitar el tan conocido y peligroso “golpe de calor”6 principalmente porque la adversidad climática no cede. La temperatura aún de noche, aproximadamente a las 22 horas, alcanza los 29°C.7 Estas circunstancias centran nuestra atención en la inminente necesidad de orientar políticas públicas para conseguir que la población de esta entidad federativa cuente con el vital líquido y evitar riesgos y crisis sanitaria. Es necesario que el Estado destine acciones y recursos orientados a garantizar el derecho humano consagrado en el artículo 4o. constitucional:

“...Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible...”

La caótica situación en la región ha orillado a los pobladores de los citados municipios a realizar diversos plantones y presentar solicitudes verbales y escritas a las instancias de gobierno a nivel municipal, así como a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco para que con su intervención se planteen y efectúen soluciones a las distintas casusas humanas del problema para regularizar el suministro de agua. Hasta el día de hoy no se ha dado solución efectiva abastecimiento del vital líquido.

Considerandos

I. Como diputada federal, representante del pueblo y participante de esta cuarta transformación política de México; para mí es de gran importancia reconocer, apoyar y establecer acciones que permitan solucionar la problemática que aqueja a mi comunidad....

II. El derecho humano al agua se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:

“...Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines...”

Del texto anteriormente transcrito se desprende que el derecho humano al agua potable y saneamiento, se encuentra reconocido en nuestra Constitución, desde el 8 de febrero del 2012, por tal motivo, es responsabilidad de la federación, los estados y municipios, velar su cumplimiento. Desafortunadamente esta normatividad no se ha logrado en la práctica para toda la población, como es el caso de las diversas comunidades de los municipios Comalcalco, Jalpa, Nacajuca y Paraíso del estado de Tabasco, quienes a partir del mes de mayo próximo pasado, han sufrido disminución y corte del vital líquido, sin que hasta la fecha se les dé solución.

III. A pesar de que en su territorio el estado de Tabasco cuenta con excedentes de recursos hídricos naturales, el agua que suministra la red estatal es escasa, insalubre y no apta para el consumo humano; además de que existen varias localidades en las rancherías del estado, que ni siquiera tienen acceso a ella.

IV. El suministro de agua representa una alerta humanitaria para la población y el gobierno en todos sus niveles: Tabasco es un estado en que precisamente a partir del mes de mayo se agudizan las repercusiones ambientales, debido a las altas temperaturas. La escasez o nulo suministro de agua salubre ocasionará severas repercusiones en la salud y calidad de vida de los individuos y las comunidades. Por lo tanto, es de extrema urgencia diseñar y operar soluciones a corto, mediano y largo plazo que permitan solucionar los problemas de escasez del recurso, alcanzando así una justicia social que evite la permanencia de problemáticas derivadas de las citadas condiciones adversas.

Por lo tanto, resulta indispensable que todos y cada uno de los niveles gubernamentales, dentro del ámbito de su competencia, realicen las acciones necesarias para enfrentar la problemática de escasez del recurso y garanticen el derecho humano al agua potable y saneamiento reconocido en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que a través de las instancias correspondientes y dentro del ámbito de sus atribuciones, implementen las medidas necesarias para dar solución a la problemática de disminución y escasez de agua que enfrentan los municipios de Comalcalco, Jalpa, Nacajuca y Paraíso, dentro del estado de Tabasco.

Notas

1 Mazari Hiriart, M. (agosto de 2018). EL agua como recurso. Revista ¿Cómo vez? (54). Recuperado el 20 de mayo de 2019, de http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/54/el-agua-como-recurso

2 Programa Conjunto de Monitoreo para el abastecimiento de agua y saneamiento, efectuado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Nacional de las Naciones Unidas. (1990). Recuperado el 22 de mayo de 2019, de https://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/

3 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2002). Observación general número 15, 29o. periodo de sesiones. Recuperado el 21 de mayo de 2019, de https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Observacion-15_derecho_a l_agua.pdf

4 11 datos básicos sobre el agua saneamiento e higiene (WASH) en las escuelas. (2018) Informes Unicef. Recuperado el 23 de mayo de 2019 desde https://www.unicef.org/spanish/wash/3951.html

5 Narváez, A. (22 de mayo de 2019). Caos por falta de agua. El Heraldo de Tabasco. Recuperado desde https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/municipios/caos-por-falta-d e-agua-3653372.html/ el 24 de mayo de 2019.

6 Secretaría de Salud. (7 de mayo de 2019). Medidas preventivas durante la temporada de calor. Recuperado desde https://tabasco.gob.mx/noticias/medidas-preventivas-durante-la-temporad a-de-calor-0/ el 26 de mayo de 2019.

7 Agencias. (4 de mayo de 2019). Tabasco con altas temperaturas entre 38 y 40 grados. Novedades de Tabasco. Recuperado desde https://novedadesdetabasco.com.mx/2019/05/04/tabasco-con-temperaturas-e ntre-los-38-y-40-grados/ el 28 de mayo de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a reasignar al INM, la Comar y la UIDPM los recursos que les permitan operar correctamente, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, y las diputadas y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En lo que respecta a la migración “desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales”.1

En este contexto, México ha tratado de fortalecerse en materia migratoria siendo un país consolidado ante los Estados miembros de las Naciones Unidas, con la finalidad de estrechar la cooperación y establecer un reparto de responsabilidades.

“En 2016, la Asamblea General de la ONU acogió una reunión de alto nivel para analizar los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, con el fin de unir a los países en torno a un enfoque más humanitario y coordinado. El Secretario General preparó el informe “en condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes” con recomendaciones sobre el tema.2

En ese sentido, nuestro país firma la “Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes”, que expresa la voluntad política de los dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad a escala mundial. Esta declaración reconoce la contribución positiva que hacen los migrantes al desarrollo sostenible e inclusivo y se compromete a proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio.3

Por ende el gobierno federal, en coadyuvancia con el Poder Legislativo, trabaja para establecer las políticas públicas necesarias para establecer un orden y apoyo a la ciudadanía y por otra parte el Poder Legislativo elabora el presupuesto necesario para la aplicación de dichas políticas.

La regulación migratoria y flujos migratorios tienen como finalidad facilitar el ingreso ordenado de flujos migratorios que generen beneficios sociales, económicos y culturales para el país, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

Es por ello que se crearon tres instituciones en materia migratoria: el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM).

En esa tesitura el INM, “está encaminado a garantizar un sistema efectivo de protección de los derechos de los migrantes, ordenar los flujos migratorios y propiciar el movimiento internacional de personas en forma documentada, a través de una nueva regulación de estancia para los extranjeros en México que permita la simplificación de trámites e incentive la entrada de persones”.4

Cuyo objetivo es el siguiente:

• Registrar y controlar el flujo migratorio de las entradas de nacionales y extranjeros a nuestro país.

• Facilitar el ingreso de flujos migratorios benéficos para el país a través de la mejora en los tiempos de resolución de los trámites migratorios.

• Regularizar la situación migratoria de los extranjeros que se encuentran irregulares en el país.

En cuanto a la COMAR, “es responsable de conducir la política en materia de refugiados y protección complementaria, así como gestionar acciones de asistencia desde el inicio del procedimiento con pleno respeto a los derechos humanos”.5

Sus objetivos, son los siguientes:

• Trámites de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

• Procedimiento para ser reconocido como refugiado en México, dicho objetivo toda persona extranjera en territorio nacional tiene derecho a solicitar la condición de refugiado, misma que deberá presentar ante la COMAR o el Instituto Nacional de Migración, dentro de los 30 días siguientes a su ingreso a territorio nacional.

• Asistencia institucional establece relaciones de colaboración con dependencias gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, y en general, con cualquier institución que otorgue directamente apoyos o servicios a la población que atiende, todo relacionado a las acciones de Asistencia Institucional.

En lo que respecta a la UIDPM, “tiene la responsabilidad de crear y reformar planes, acciones, programas, instituciones y ordenamientos jurídicos especializados en temas migratorios, encaminados a satisfacer las necesidades de acceso a la justicia de las personas migrantes, sus familias y personas sujetas a protección internacional”.6

Teniendo por objetivos, los siguientes:

• Garantizar el acceso a la justicia a las personas migrantes y sus familias en condiciones de vulnerabilidad,

• Realizar las búsqueda de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad desaparecidas en territorio nacional,

• Investigar y perseguir los delitos cometidos por y en contra de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad, y

• Coordinar y supervisar la atención y reparación del daño a las victimas sobre las que es competente.

Estas han sido instituciones con resultados medibles apoyados por los tres últimos sexenios.

En el gobierno actual, estas instituciones se han visto entorpecidas al grado de ser ineficientes. Esto es afectado por la tendencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Grupo Parlamentario de Morena, de implementar recortes presupuestales a sectores tan importantes como el de INM, el cual “tiene una disminución de 26 por ciento, es decir, 468 millones de pesos menos que el 2018. El INM contará con 1,330 millones de pesos, sin embargo, siempre gasta mucho más que el presupuesto que se le asigna”.7

El aumento entre el monto aprobado en el 2018 y del ejercido de 2019 fue de 189 por ciento.

El tema migratorio sobre el presupuesto para el 2019 del INM fue una de las discusiones en el Congreso, en esta se cuestionó todas y cada una de las propuestas que buscaban aumentar los recursos al INM, sobre todo cuando se condicionaba el disfrute de los derechos humanos de las personas migrantes.

En este contexto, a la COMAR se le asignaron “21 millones de pesos para el PEF de 2019. Este presupuesto es el más bajo que se planteó por los anteriores gobiernos, en un proyecto de presupuesto para dicha instancia desde 2011. Y representa el 0.03 por ciento del presupuesto total al ramo gobernación, que asciende a 60 mil 697 millones de pesos”.

Es por esto que el nuevo gobierno debe incrementar el presupuesto de la COMAR, para garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. El impacto presupuestal al reducirlo para este año, restringe aún más la atención a las necesidades de los miles de migrantes que buscan protección en México.

Asimismo, el recorte impactó a la UIDPM de FGR, el presupuesto que se asignó para este año a la UIDPM es de 791 millones de pesos, una disminución real de 24 por ciento respecto del presupuesto de 2018.

Esto preocupa ya que, desde su creación en diciembre de 2018, la Unidad no ha recibido los recursos necesarios para realizar su trabajo y el cumplimiento efectivo de sus objetivos.

El presupuesto previsto para la Unidad asciende a 184 millones de pesos y corresponde al 0.43 por ciento de presupuesto total asignado a la FGR.

Por ende, es necesario que se incremente de manera sustancial el presupuesto de la UIDPM de la FGR, a fin de garantizar el acceso a la justicia a las personas migrantes y sus familias.

Es por esto que se debe tomar en cuenta el panorama de creciente violencia contra migrantes en nuestro país, donde en los centros migratorios del sur se han generado motines y desbandadas, se violan los derechos humanos, problemas de salud pública e inseguridad para los estados y municipios afectados por el fenómeno migratorio, propiciando con este impacto presupuestal problemas a los estados donde se albergan los migrantes.

En este contexto, nuestros migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos están viviendo con temor día a día por las redadas masivas en dicho país, un claro ejemplo lo ocurrido en el sur del estado de Misisipi, donde Mike Hurst, fiscal de ese lugar detalló ante la prensa y definió como la mayor redada contra inmigrantes realizada en Estados Unidos en la última década.

El paso miércoles 7 de agosto del presente año, la policía migratoria estadounidense denomina (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a 680 trabajadores de siete plantas procesadoras de alimentos en distintas localidades de este estado sureño, donde existe una alta presencia de inmigrantes de origen latino.

Hurst, del Partido Republicano, afirmó que esta macrorredada contra “inmigrantes ilegales” fue planeada desde hace meses y que es “la acción de las fuerzas del orden más grande en un solo estado de la historia de EEUU.”

Estas acciones son indignantes por parte del gobierno estadounidense, pues además de que lacera nuestras relaciones bilaterales, tampoco están cumpliendo con su parte, a fin de legislar para endurecer las medidas para el uso de armas de alto poder y así evitar el terrorismo ante la comunidad mexicana que vive en aquel país.

Es por lo anterior que el gobierno mexicano debe de tomar cartas en el asunto dotando de mayor presupuesto y capital humano capacitado al INM, ya que en este momento la naturaleza compleja del presupuesto del INM se convierte en sí misma en un obstáculo para garantizar los derechos y la seguridad de los migrantes que están en tránsito por el territorio mexicano y los que están viviendo en el país norteamericano.

Por lo antes expuesto, el gobierno federal debe reconsiderar el tema de austeridad y dotar del presupuesto necesario en este año al INM, a la COMAR y a la UIDPM, asimismo, generar las mediciones de eficiencia de estos organismos para que no cometa el mismo error de quitarles presupuesto, con el objetivo de generar un proyecto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, responsable y acorde a las necesidades reales por las que atraviesa nuestro país en materia migratoria, a fin de cumplir con todas las obligaciones que tiene México con los migrantes y se asignen los recursos suficientes para la operación de estos organismos en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reasignar los recursos necesarios al Instituto Nacional de Migración (INM), la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) con la finalidad de que operen correctamente.

Notas

1 https://www.un.org/es/sectíons/issues-depth/migration/migración

2 Lop Cit. Acción mundial.

3 Lop Cit. Acción mundial

4 http://www.inm.gob.mx/static/transparencia/pdf/

5 https://www.gob.mx/comar/que-hacemos

6https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241119/U IDPM-1er_Informe_Estadistico_FINAL

7 Análisis del Paquete Económico 2019 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Subtema Migración. Página 11.

8 Íbid, página 12.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE a reunirse con la Comisión de Energía de esta soberanía para conocer a fondo el proyecto de rehabilitación de gasoductos y transporte de gas natural anunciado por el gobierno federal, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La infraestructura del mercado de gas natural es un pilar sustancial para el desarrollo de la industria pública y privada en México. El impacto de exponer a compañías al desabasto, y por ende a la baja producción, es crítico para su crecimiento; las últimas consecuencias son el cierre de empresas y un alta crucial en el desempleo.

Hasta agosto de 2019, representantes de plantas productivas nacionales y cámaras de comercio, habrían afirmado que en lo que va de esta administración 2018-2024, algunas empresas se encontraban operando al 30 por ciento de su capacidad debido a la falta de suministro de gas natural, colocando a distintos actores de la industria en un escenario complicado desde el norte, sureste y occidente del país. Aseguraron que el aspecto central de la situación se debía al cierre del ducto de Texas-Tuxpan.1

Dentro de la tensión generada por la escasez, el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) señaló que, en el periodo de restablecimiento, se esperaba que se incluyera gas natural licuado del golfo de México para inyectarlo con un precio menor al que se cotiza en la costa pacífico del país.2 En el contexto de esta crisis, la posición pública de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su director, Manuel Bartlett, fue acusar al periodo neoliberal de gobiernos anteriores por buscar perjudicar a la empresa paraestatal.

La declaración de Manuel Bartlett asumió que previo al periodo denominado neoliberal , la energía consumida en México era en un 100 por ciento producida nacionalmente, mientras que después de la etapa, únicamente se producía el 50 por ciento. No se presentaron datos. Posterior a esta intervención, la CFE dio a conocer los nombres de firmas privadas que presuntamente poseían siete ductos que gestionaban la distribución, incluidas plantas de la Comisión, durante el periodo. En ellas, señaló a las compañías Carso, IEnova y TransCanada de mantener contratos “realmente leoninos”, donde se establecía que ellas construirían ductos, pero en caso de interrupción, CFE pagaría flujo normal, aunque no recibiera gas.

El pasado martes 27 de agosto de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa, junto al ingeniero Carlos Slim, presidente del conglomerado Grupo Carso, anunció un restablecimiento de las condiciones para que se pudiera renovar el acceso al gas más barato del mundo.3 También se anunció la intención de utilizar la estructura para obtener ingresos a través de rentas a terceros con ingreso para la CFE mientras no esté en uso en el país de origen.

El titular del Ejecutivo federal afirmó que, con este acuerdo, la administración ahorrará 4 mil 500 millones de dólares.4 Manuel Bartlett señaló que, con esto, se comercializarían 8 mil 200 millones de pies cúbicos de gas natural al día.5 Agregó que el primer canal restablecido sería el ducto que proviene de Texas a Tuxpan.

El titular de la CFE indicó que, gracias a la renegociación con empresas que fueron cuestionadas previamente, como Grupo Carso, IEnova y TC Energía, la Comisión Federal logró obtener más beneficios como tarifas transparentes en el servicio de transporte de gas natural, tarifas fijas niveladas a través del tiempo, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y de fuerza mayor, y desistimiento de las partes de cualquier acción legal.6

En este contexto, es nuestro legítimo interés conocer de primera fuente, en los espacios legislativos correspondientes, los pormenores del restablecimiento de las condiciones y contratos con las compañías, así como el plan estratégico que habrá de seguir la CFE para alcanzar su máximo grado de eficiencia y rendimiento.

Estamos convencidos que, mientras se trabaje por los intereses de la ciudadanía, con congruencia y objetividad en las metas públicas, entre todas y todos podemos enfrentar los retos que México hoy demanda.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión convoca al titular de la Comisión Federal de Electricidad a una reunión de trabajo con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, con el objetivo de conocer a profundidad el proyecto de rehabilitación de gasoductos y transporte de gas natural anunciado por el gobierno federal.

Notas

1 Con información de:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hay-riesgo-de-paros-por-falta-de-gas-natural-IP-20190703-0027.html

2 Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/
preven-pronto-arreglo-entre-cfe-y-empresas-privadas-sobre-abasto-de-gas-en-sur-sureste-del

3 Retomado de: https://elfinanciero.com.mx/empresas/
de-flores-para-amlo-hasta-el-crecimiento-de-la-economia-asi-fue-la-participacion-de-slim-en-la-mananera

4 Consultado en: https://elfinanciero.com.mx/empresas/
gobierno-alcanza-acuerdo-con-empresas-constructoras-de-gasoductos-ahorrara-4-500-mdd

5 Bis

6 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2019/08/renegociacion-gasoductos-cfe-emp resas/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, al día 3 de septiembre de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a celebrar una mesa de trabajo interinstitucional relativa al tramo carretero transpeninsular Chapultepec-Maneadero, en Ensenada, BC, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT

Que suscribe, diputado Armando Reyes Ledesma, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Carretera Transpeninsular que cruza por los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, hacia Los Cabos, Baja California Sur, tiene un tramo de alta peligrosidad vial, en donde lamentablemente durante años los accidentes han sido muy frecuentes y por lo cual se le conoce como el “Tramo de la Muerte”.

Dicho tramo carretero es el que recorre Chapultepec-Maneadero, el cual une el sur de la ciudad Ensenada con la delegación Maneadero,

Actualmente ese tramo carretero opera con bajas velocidades provocando congestionamientos, demoras y disminución del servicio, el tránsito está conformado por flujos locales semiurbanos ya que es una zona principalmente agrícola, mezclando flujos vehiculares de mediano y largo recorrido hacia el estado de Baja California Sur.

La infraestructura actual no permite que los usuarios de este tramo carretero realicen movimientos direccionales controlados, tales como cruces y vueltas en “U”, aunado a esto, existen gran cantidad de accesos no regularizados de empresas agroindustriales, lo cual representa un problema de seguridad vial latente en la zona,

Asimismo, existen puentes cuya operación ha sido rebasada por las necesidades de ese tramo carretero, al ser estos estructuras con una sección de 7 metros y que fueron diseñados para cargas vehiculares de hace más de 50 años.

Han sido múltiples las voces que se han escuchado por parte de los habitantes de Ensenada, sociedad civil, representantes de la construcción, y en el Poder Legislativo del Congreso del Estado de Baja California, donde se ha puesto en alto la voz para exigir más atención por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal para resolver el problema de inseguridad vial que representa el denominado “Tramo de la Muerte”.

La ciudadanía de Ensenada está cansada de escuchar meros informes y excusas por parte de la actual autoridad municipal, exige resultados concretos, por lo que es de suma importancia contar con una carretera que brinde seguridad a quienes la transitan.

Por lo tanto, es necesario que de manera interinstitucional se coordinen acciones en conjunto y realicen obras de gran magnitud en esa vialidad, y mejor aún, se concrete un proyecto de ampliación y construcción tipo boulevard que solucione la problemática, el cual ha sido impulsado por un servidor de la mano con la ciudadanía de Ensenada, y cuya inversión estimada es de 525 millones de pesos, que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriú, tenga a bien participar en una mesa de trabajo interinstitucional y, en su caso, al funcionario que designe en su representación, para que en coordinación con los otros dos órdenes de gobierno, los representantes populares respectivos y las cámaras y asociaciones del ramo, se puedan establecer compromisos de solución definitiva a corto plazo a las malas condiciones en que ha operado durante años la única Carretera Transpeninsular que conecta a los estados de Baja California y Baja California Sur, siendo el tramo Chapultepec-Maneadero, en el municipio de Ensenada, conocido como el “Tramo de la Muerte”, y que entre los puntos a revisar se encuentra la posibilidad de que se formalice un convenio entre la secretaría a su cargo y el Ayuntamiento de Ensenada, para que de nueva cuenta la federación se haga cargo de dicho tramo carretero.

Segundo. La convocatoria y coordinación de la mesa de trabajo interinstitucional mencionada en el resolutivo anterior, estará a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma del distrito 03 con cabecera en la ciudad de Ensenada, en donde se invitará cuando menos a los siguientes funcionarios, representantes populares y cámaras y asociaciones del ramo:

• Presidente municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada.

• Presidente municipal electo para el XXIII Ayuntamiento de Ensenada.

• Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue).

• Equipo de transición del gobernador electo de Baja California.

• Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, en su caso, a quien éste designe.

• Titular del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California.

• Senadoras y senadores, así como, diputadas y diputados federales por el estado de Baja California del honorable Congreso de la Unión.

• Diputadas y diputados que representan a la ciudadanía del municipio de Ensenada en la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

• Representantes de las cámaras y asociaciones del ramo de la construcción.

• Sociedad civil y ciudadanía en general.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputado Armando Reyes Ledesma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef y la banca de desarrollo a diseñar y facilitar la educación financiera e inclusión de las mujeres en el sector; y al Inegi, a generar estadísticas desagregadas por género e impulsar el diseño de una metodología que permita establecer indicadores de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Banca de Desarrollo a que diseñen e implementen una estrategia que facilite la educación financiera; así como inclusión de las mujeres al sector; al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que genere las estadísticas desagregadas por género y se impulse el diseño de una metodología que permita establecer indicadores de seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia con base en las siguientes

Consideraciones

El Foro Económico Mundial emite cada año un Informe Global de Brecha de Género en la que analiza la manera en la que se distribuyen los recursos y oportunidades entre las mujeres y los hombres alrededor del mundo, en este Informe se analizan y comparan, entre otros, áreas en materia educativa, participación económica, política, salud y supervivencia. Y es que a pesar de los esfuerzos de muchos países para lograr avances importantes en cuanto a paridad de género en los diferentes sistemas económicos, sociales y políticos del mundo; la brecha global de género se encuentra muy lejos de cerrarse y de contar con la igualdad de condiciones entre las mujeres y los hombres.

De acuerdo con el Informe Global de la Brecha de Género de 2018, la participación económica y de oportunidad es la 2° más grande, pues refiere el 41.9%, tan sólo después de la de Empoderamiento Político que tiene una brecha del 77.1%, esto es un reflejo claro de que se debe impulsar la igualdad de condiciones para las mujeres y los hombres como un derecho al que, como Estado, nos vemos obligados y en la necesidad de legislar. (IMCO,2018)

A nivel mundial, se han logrado avances en materia de inclusión financiera en la medida en que los países aceleran sus esfuerzos para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios financieros, pues a pesar de estar en el Siglo XXI, este sector de la población se encuentra rezagado en la materia y con un déficit de atención por parte de las entidades bancarias.

De acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina y el Caribe tan solo el 49% de las mujeres tienen una cuenta bancaria, el 11% ahorra y el 10% dispone de un crédito. Estas cifras nos marcan una pauta muy importante de la necesidad de inclusión y educación financiera que requieren las mujeres, y la pronta acción de los Estados latinoamericanos para emprender acciones encaminadas a disminuir tales cifras.

En México, la inclusión financiera de acuerdo con el INEGI se define como: “el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera”.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores en colaboración con el INEGI, presentó en 2012 la primera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, generando información estadística e indicadores que permitieron realizar diagnósticos, diseñar políticas públicas y establecer metas en materia de inclusión y educación financiera. Dicha encuesta es regulada por la Política Nacional de Inclusión Financiera publicada en el 2016.

El último levantamiento de información de Inclusión Financiera realizado en el 2018 por parte del INEGI, muestra datos poco alentadores para el sector femenino, pues sólo el 46% de la población que tiene una cuenta propia, son mujeres, esto además de que en las regiones que tienen menos de 15 mil habitantes el porcentaje se reduce al 42%, contemplando en su mayoría la nómina o pensión con un 60% y un 36% de Ahorros; por lo que se puede observar que las mujeres que tienen una cuenta bancaria, en la mayoría de los casos, la abren de manera obligatoria, pues es la cuenta donde reciben su salario y no se apertura por voluntad propia o derivado de una educación financiera de la cual tengan conocimiento . (ENIF, 2017)

La misma encuesta da cuenta de que solo el 29% de la población femenina de 18 a 70 años cuenta con acceso a créditos formales, y estos créditos en su gran mayoría son otorgados por tiendas de autoservicio o tiendas departamentales y no por instituciones bancarias, lo que representa la falta de confianza que el sector bancario otorga a las mujeres para creerlas merecedoras de un crédito, esto también en contexto de la brecha salarial de las que son víctimas y por lo que en muchos de los casos, no cuentan con los medios necesarios para solventar un crédito, es por ello la necesidad de trabajar en brindarle a las mujeres las herramientas necesarias y las oportunidades de inclusión en el sector financiero, que coadyuven en su crecimiento y atiendan sus necesidades. (ENIF, 2017)

Uno de los factores importantes y que no podemos dejar de lado al realizar esta propuesta sobre la brecha de género en el sector financiero es la desigualdad salarial, pues de acuerdo con la CEPAL, en América Latina las mujeres ganan un 84% de lo que ganan los hombres, esto por la falta de conocimientos del comportamiento financiero, el abuso de los empleadores por la necesidad laboral que tienen muchas jefas de familia, discriminación laboral por el simple hecho de ser mujer, así como la explotación en jornadas extensas y no bien remuneradas, esto representa una desventaja para las mujeres a la hora de solicitar algún crédito, puestos son rechazados en su mayoría por no poder contar con los medios suficientes para ser acreedoras, mermando de esta manera y potencialización del sector femenino en el ámbito económico regional y mundial (CAF,2018).

En el mismo sentido, otro punto alarmante que nos muestra la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera es la de los fondos del retiro, ya que la existencia de las grandes brechas de género en el mercado de trabajo se traslada a los sistemas de pensiones, ya que la mujeres al no tener las mismas oportunidades salariales que los hombres, no acceden a las mismas oportunidades de crédito que ellos, puesto que las mujeres tienden a destinar la mayor parte de sus ingresos al capital humano familiar, como lo puede ser la salud y la educación, y no a cuentas de ahorro o bancarias, por ende, el sistema de pensiones en el sector femenino refleja una importante diferenciación entre hombres y mujeres.

En el 2018 tan sólo el 31 por ciento de las mujeres contaban con la tenencia de una afore, esto significa que un bajo grupo de mujeres puede acceder a los fondos para el retiro derivado, esto por causa de los bajos ingresos y de la falta de accesibilidad al sector financiero (ENIF, 2017).

Parte importante de esta inclusión financiera también tiene que ver con la inclusión de las mujeres de las zonas rurales, no sólo para reducir la pobreza sino para ser alcanzable en las zonas más vulnerables en nuestro territorio nacional.

De acuerdo al Banco Mundial en 2011 el 78% de los municipios de nuestro país no contaba con ningún tipo de servicio financiero en donde la población pudiera realizar algún deposito, retirar dinero, consultar saldos o realizar pagos (BM,2017).

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria en 2017, solo 9.9 por ciento de la población obtuvo un crédito, de esta población el 14.5 por ciento fueron mujeres, lo que nos muestra la persistencia del acceso al sector financiero en las zonas rurales. (ENA,2017).

La educación financiera es un parteaguas de suma importancia para la inclusión al sector, es por ello que debe de ser impartida de manera obligatoria para el impulso al desarrollo económico de todos los sectores del país, principalmente en las zonas más desprotegidas, pues las acciones para que la población en situación de marginación adquiera las aptitudes, habilidades y conocimientos necesarios para el manejo, planeación y correcto funcionamiento de sus finanzas, y para ello se requiere de una educación financiera eficaz que les brinde las herramientas que por tanto tiempo se les han negado.

La época contemporánea que está viviendo el país exige que las mujeres de todos los sectores de la sociedad sin distinción alguna tengan recursos sólidos en materia financiera para dignificar su calidad de vida y la de las personas que dependan de ellas, reducir las brechas y la exclusión de las que hemos sido víctimas y encaminar a uno de los sectores más importantes como lo es el financiero, a que se implementen medidas urgentes que eliminen por completo la distinción y se generen condiciones de igualdad para hombres y mujeres.

Es por ello que con el fin de impulsar la inclusión financiera de las mujeres y el diseño de las políticas públicas que permitan combatir la brecha de género en materia financiera se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una campaña permanente de asesoría y educación financiera en las regiones rurales y zonas de atención prioritaria de nuestro país con perspectiva de género, así como crear un área de género encargada de asesorar, proteger y defender los derechos de las mujeres en el sector financiero.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Banca de Desarrollo a generar una estrategia que facilite la inclusión de las mujeres que viven en el sector rural al sector financiero; así como el crear los canales para transitar gradualmente del financiamiento de actividades laborales informales a formales, así como a implementar sistemas de indicadores de género que permitan caracterizar la oferta y demanda de los productos financieros.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a generar las estadísticas desagregadas por género en los diferentes niveles del sector financiero; así como elaborar indicadores en carencias sociales que permitan la medición de las diferencias de género a partir de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera para conocer su impacto en el bienestar.

Referencias

Banco de Desarrollo de América Latina - Inclusión Financiera de las Mujeres en América Latina. 2018. Información disponible en:
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1162/Inclusion%20financiera%20de%20las
%20mujeres%20en%20America%20Latina.%20Situacion%20actual%20y%20recomendaciones%20de%20politica.pdf
?sequence=1&isAllowed=y

Banco Mundial – Profundizar la inclusión financiera en áreas rurales de México, 2018. Información disponible en:

https://www.bancomundial.org/es/results/2018/07/02/profu ndizar-la-inclusion-financiera-en-areas-rurales-de-mexico

Inegi – Encuesta Nacional Agropecuaria 2017. Información disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ena/2017/d oc/ena2017_pres.pdf

Comité de Educación Financiera – Estrategia Nacional de Educación Financiera, 2017. Información disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254597/Es trategia_Nacional_de_Educacio_n_Financiera__002_.pdf

Condusef – Inclusión financiera de la mujer en México y en el Mundo, 2016. Información disponible en: https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educa cion-financiera/772-inclusion-financiera-de-la-mujer-en-mexico-y-en-el- mundo

Inegi - Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 2018. Información disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_r esultados.pdf

IMCO – Informe Global de la Brecha de Género, 2018. Información disponible en:

https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/informe-globa l-brecha-genero-2018-via-wef/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a de 3 de septiembre de 2019.

Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar las investigaciones y sancionar conforme a derecho a las empresas que han contaminado el río Sonora, a cargo del diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Marco Antonio Carbajal Miranda, diputado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a escrutinio de esta asamblea legislativa de lo federal, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En agosto de 2014, cuando los desechos químicos de la mina Buenavista del Cobre contaminaron el río Sonora, la presencia de nueve metales en el agua superaba hasta 31 mil veces los niveles permitidos en la norma oficial, según revela un análisis externo.

Se trata de la evaluación hecha por un laboratorio de certificación internacional encargada por la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que lleva la defensa de los pobladores afectados.

Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo un análisis, no ha informado los resultados, ni ha hecho públicos los resultados de las evaluaciones del agua que se tomarían cada 15 días, según prometió el secretario de Medio Ambiente de la administración pasada.

Segunda. La información sobre la calidad del agua es fundamental, toda vez que seis meses después de la contaminación, la Conagua determinó que ya no estaba contaminada y era apta para el uso humano en los siete municipios donde corre el río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.

Sin embargo, de acuerdo con la información recabada, la contaminación pudo haber afectado a la población de Hermosillo, ya que las aguas del río Sonora se mezclan con el afluente del río San Miguel en la presa El Molinito, que a su vez se conecta con la presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de la capital de Sonora

Tercera. Después de la contaminación, Buenavista del Cobre hizo labores de remediación en conjunto con la Conagua y representantes de Grupo México, vertiendo cal viva en diferentes partes del río Sonora y en un punto del río Bacanuchi para neutralizar el PH del agua y precipitar parte de los metales, lo que eliminó el color anaranjado que había tomado el agua.

Sin embargo, los habitantes desconfían de la calidad del agua y acusan que han tenido afectaciones en la salud y cosechas.

Cuarta. En junio de 2017, el Grupo Microanálisis de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó un análisis en el río Sonora, revelando que el agua que consumen las personas de ocho comunidades aledañas, contenía niveles altos de plomo, arsénico y cobre. En el caso del plomo, el agua contenía 0.0223 miligramos por litro, 25 por ciento más del límite que prevé la norma oficial mexicana NOM-127, por lo que no es para consumo humano. Los pobladores demandaron que a tres años de la tragedia, el Grupo México aún no creaba las 27 plantas tratadoras de agua que habían pactado.

Quinta. Para 2017, las compensaciones por el daño no habían sido subsanadas, pues se suspendió la construcción de una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas) que atendería a los pobladores. De las 36 plantas potabilizadoras de agua planeadas, sólo se iban a construir 9, de las cuales 7 son fijas y 2 móviles. Grupo México señaló que tomaron esta decisión porque el estado de Sonora no contaba con la capacidad para operar las plantas.

Sexta. En 2018, la Buenavista del Cobre planeó construir una presa de jales de ocho kilómetros y 200 metros de altura a 22 kilómetros de Bacanuchi, para incrementar la acumulación de agua con desechos producto de la explotación minera. Los comuneros y pobladores se opusieron a esta nueva presa, y luego de que su amparo fuera rechazado por un juez de distrito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que antes de otorgar el permiso de construcción, la comunidad deberá ser consultada y además castigar antes a los responsables de dichos daños al agua conforme a derecho, debido a las consecuencias que se han generado en la salud y afectaciones, es evidente que la administración pasada no realizo las investigaciones conducentes.

Por lo anterior, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las diversas autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que, en el ámbito de sus facultades y medidas preventivas, se realicen las investigaciones con apego a ley y se sancione conforme a derecho a las empresas que han contaminado el río de Sonora.

Dado en la Ciudad de México dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los tres días de septiembre de 2019.

Diputado Marco Antonio Carbajal Miranda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a dar seguimiento y fiscalizar el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, pues se han detectado irregularidades, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el comienzo de la presente administración, el gobierno federal se ha caracterizado por la opacidad, la inmediatez y la falta de planeación y estrategia en la configuración de sus políticas sociales, así como en la toma de decisiones sobre proyectos fundamentales para el desarrollo del país. Este es el caso de la construcción de la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, así como la cancelación del programa de Estancias Infantiles y la creación de programas clientelares como el de Jóvenes Construyendo el Futuro.

En el caso de este programa, su objetivo primordial es vincular a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad con empresas, talleres, PYMES, sector público e incluso comercios pequeños a fin de que puedan recibir capacitación e incorporarse al mercado laboral. Durante su capacitación, el Gobierno Federal se compromete a brindarles 3 mil 600 pesos mensuales durante un año, así como seguro de enfermedades, maternidad y riesgos durante sus actividades laborales.

De acuerdo con el gobierno federal en agosto el programa alcanzó el 90% de la meta de becarios, con 900 mil beneficiarios inscritos y vinculados a un empleo.

Sin embargo, este programa se ha visto involucrado con irregularidades, opacidad y acusaciones de fraude cometido por empresas que no existían, empleadores que exigían a los becarios un porcentaje de su beca o que le pedían cobrar, pero no asistir a sus capacitaciones. Las organizaciones pertenecientes a la sociedad civil, fueron las que más se señalaron por dichas acusaciones.

Existe evidencia de que se están cobrando cuotas de forma injustificada que van desde los 500 a los mil 600 pesos, mismas que son pagadas por los aprendices para no asistir a las capacitaciones.

También se ha encontrado que existen empresas fantasmas que se constituyen con el único objetivo de beneficiarse del programa y para extorsionar a los becarios, se han identificado más de 140 empresas que han incurrido en estas anomalías.1

Asimismo, se ha identificado que existe un subejercicio presupuestario importante. De acuerdo con la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, el subejercicio en el primer semestre del año fue de cerca del 68% del programa, de los 15 mil 393 millones de pesos presupuestados para ese periodo, al 30 de junio sólo se ejercieron 4 mil 918 millones.2

El estudio de MCCI también encontró otras inconsistencias al investigar el programa, como el ausentismo de los becarios, sustitución de mano de obra por aprendices y discordancia entre el número de beneficiarios reportados por los empleadores y los observados.

Además de las inconsistencias, el programa carece de mecanismos de transparencia adecuados, la base de datos que se encuentra abierta al público, por ejemplo, sólo muestra el nombre del centro de trabajo y los nombres de los aprendices, pero, además de que en muchos casos se encuentran incompletos, no aparece información adicional que puede ser relevante para verificar a las empresas beneficiarias, como puede ser una dirección o el Registro Federal de Contribuyentes.

Al realizar el ejercicio de verificación en la Ciudad de México, por ejemplo, MCCI no logró obtener la ubicación o existencia de 2 mil centros de trabajo, lo que representó el 53% de los casos revisados, mientras que, de los 646 centros de trabajo identificados, algunos no correspondían con la dirección o la misma conducía a lugares diferentes. Dicho estudio sólo logró encontrar y obtener información de 763 centros de trabajo, lo que equivale al 14% de la muestra inicial.3

Por otro lado, es importante señalar que el objetivo central de los programas sociales es contribuir en la lucha contra la pobreza y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población beneficiada, sin embargo, por sus deficiencias, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro constituye más una oportunidad para defraudar al erario que una fuente de desarrollo de empleo. Además, una gran parte de los becarios han admitido que no están adquiriendo nuevas competencias o habilidades que puedan ser fundamentales para obtener un empleo en el futuro.

La evaluación de las políticas sociales en México es una herramienta esencial para conocer la efectividad de las mismas y si están siendo de ayuda para resolver los problemas económicos de la población y en el combate a la pobreza, conociendo esto es como podemos mejorar el desempeño de las políticas sociales.

En este sentido, los resultados encontrados por la organización MCCI alertan sobre la necesidad no sólo de fiscalizar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sino también de evaluarla como política social y conocer si en verdad está teniendo efectividad como fuente de generación de empleo o simplemente se han derrochado recursos públicos en el intento.

Para los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, las anomalías encontradas en este programa no deben ser minimizadas por el Gobierno Federal, es necesario que se tomen las acciones necesarias para hacer más transparente su operación y para evitar que se convierta en una política que facilita el fraude y el despilfarro.

Consideramos que es necesario incorporar mecanismos de seguimiento y monitoreo a los jóvenes y empresas participantes, a fin de evitar actos de corrupción, desvío de recursos públicos y asegurar mecanismos de capacitación, actualización y certificación laboral para las y los jóvenes del país.

Asimismo, en aras de la rendición de cuentas, resulta necesario que se evalúe el desempeño de dicho programa para conocer si está siendo efectivo en el cumplimiento de sus objetivos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que dé seguimiento puntual y fiscalice el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, toda vez que se han detectado irregularidades y opacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social para que realice un estudio sobre el programa Jóvenes Construyendo del Futuro, a fin de evaluar su efectividad en el combate a la pobreza y el desarrollo social.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al día 3 de septiembre del año 2019.

Notas

1 Corrupción mancha a Jóvenes Construyendo el Futuro, en Milenio, [en línea], disponible en:

https://www.milenio.com/politica/jovenes-construyendo-el -futuro-manchado-por-corrupcion

2 Señalan opacidad e inconsistencias en Jóvenes Construyendo el Futuro, Capital Humano, [en línea], disponible en:
https://factorcapitalhumano.com/primer-empleo/senalan-opacidad-e-inconsistencias-en-jovenes-construyendo-el-futuro/2019/08/

3 Ibídem.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar campañas de información a fin de que las mujeres continúen realizándose exámenes de papanicolaou, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete punto de acuerdo a la consideración de esta honorable asamblea, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“De conformidad con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cáncer cervicouterino, también conocido como cáncer de cuello de la matriz, es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en mujeres mayores de 30 años.

Además de que provoca el crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz. Al inicio las lesiones son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista y duran así varios años”.1

“Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o causar otras molestias, entre ellas, el sangrado anormal después de la relación sexual, entre los periodos menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de cadera y pérdida de peso.

Cuando apenas inicia, el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz o con radioterapia y quimioterapia en los casos más avanzados”.2

Las mujeres más propensas a tener este tipo de cáncer son aquellas que:

• Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años

• Han tenido más de 3 compañeros sexuales

• Han tenido más de 3 partos

• Fuman

• Tienen problemas de desnutrición

• Tienen infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz

Últimamente, la población objetivo que en este caso son las mujeres, se han enfocado a prevenir y revisarse continuamente los senos para prevenir la aparición de bolitas en ellos, que pudiera tratarse de cáncer de mama.

Sin embargo, es sumamente importante que la población esté informada que nadie está exento de padecer este tipo de cáncer que es igual o más dañino y letal que el propio cáncer de mama.

De igual forma y como el propio portal del Instituto Mexicano del Seguro Social lo menciona, el cáncer cervicouterino es el padecimiento más frecuente en mujeres mexicanas, por lo que la propuesta de este Punto de Acuerdo, para implementar una campaña masiva de información dirigida a la población en general para que las mujeres continúen realizándose exámenes de Papanicolaou, no me parece algo fuera de lugar, sino al contrario, toda vez que si tomamos en consideración que en el Estado de San Luis Potosí, durante el año 2018 fallecieron 98 mujeres por dicha enfermedad.3

“Aunque en México, el cáncer de mama ha desplazado al cáncer cervicouterino para ubicarse como la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. El cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres”.4

“En el año 2013, en el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se registraron 3,771 defunciones en mujeres con una tasa de 11.3 por cáncer de cuello uterino son Morelos (18.6), Chiapas (17.2) y Veracruz (16.4).5

Por lo anteriormente expuesto y considerando que es un tema de interés general porque la enfermedad del cáncer cervicouterino es prevenible y curable si se detecta a tiempo, me permito presentar ante este honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de implementar campañas de información para que las mujeres continúen realizándose exámenes de papanicolaou, a efecto de erradicar y prevenir el cáncer cervicouterino, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Notas

1 Cáncer Cervicouterino.
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-uterino

2 Ídem.

3 https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/05-08-2019/slp-registro-98- muertes-por-cancer-cervicouterino-en-2018-salud

4 Gobierno de México.
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica

5 Ídem.

Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a los dos del mes de septiembre de 2019.

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a revisar los contratos, estatutos y reglamentos laborales en los tres niveles de gobierno para implantar el servicio profesional de carrera y evitar el legado de plazas, la designación en ellas por favores políticos o su ocupación por quienes no reúnen el perfil, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Víctor Adolfo Mojica Wences, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, fracción I, del artículo 6 y 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Uno de los problemas en la actualidad es la falta de profesionalización en los tres órdenes de gobierno, pues se ha visto como una mina de oro para los que aquí trabajan, familiares y amigos, ya que muchas plazas se heredan de los trabajadores, y en las últimas décadas esta práctica se ha legitimado como un derecho, pues son acuerdos a discreción que privilegian con este beneficio a personas sin merecerlo, dejando sin oportunidad a profesionistas, gente preparada, con experiencia y que en muchas ocasiones demostraron mediante su servicio, su vocación, su trabajo, su buen desempeño, su compromiso, tener el perfil.

Es lamentable que personas que no concluyeron con sus estudios o siguieron otra preparación profesional, que no se adapta a los requerimientos de la plaza la estén ocupando, con el argumento de que “me la heredaron, me la debían”, cayendo en nepotismo, entendido como

... la predilección exagerada que algunos funcionarios en actividad que ocupan cargos públicos poseen respecto a su familia, allegados y amigos a la hora de realizar concesiones o contratar empleados estatales. En estos casos, el individuo que accede a un empleo público logra el objetivo por su cercanía y lealtad al gobernante o funcionario en cuestión, y no por mérito propio o capacidad.

Por ejemplo: El intendente de un pueblo nombra a su hermano como máximo responsable de la Secretaría de Empleo. Si la persona elegida acredita méritos suficientes para el cargo (formación profesional, antecedentes, etcétera), el nepotismo será sólo una suspicacia. En cambio, si el hermano del intendente no tiene trayectoria política o profesional, el caso de nepotismo quedaría confirmado.

El nepotismo tiene una historia milenaria. Se cree que el concepto deriva del griego antiguo nepos (traducido al español como “sobrino”) o del emperador de origen romano Julio Nepote . En la época romana, de hecho, hubo un caso muy famoso de nepotismo, cuando Pompeyo otorgó importantes responsabilidades a su yerno Metelo Escipión (de nula capacidad en el ámbito militar) y fue denunciado por Marco Antonio ante el Senado.

Como decimos, a lo largo de la Historia se han dado muchos casos de nepotismo. Entre los mismos destacaría, por ejemplo, Pisístrato que gobernó Atenas a lo largo del siglo VI antes de nuestra era y lo hizo mediante una tiranía. El hecho de que tuviera auténtico temor a que se urdieran tramas y planes para acabar con su mandato y su poder hizo que tomara la determinación de ofrecer los máximos cargos políticos a miembros de su familia y a amigos en los que tenía absoluta confianza.

Ya mucho más cerca en el tiempo tuvo lugar un caso de nepotismo muy sonado y fue el que llevó a cabo Napoleón Bonaparte. Así, este líder francés lo que hizo fue apostar por su familia para darle determinados puestos de responsabilidad e importancia. El más conocido de todos ellos fue el que otorgó a su hermano José Bonaparte, más conocido por Pepe Botella, por su afición al alcohol, al que lo encumbró como rey de España.

En la actualidad también nos encontramos con personas que han sido acusadas de nepotismo. Éste sería el caso, por ejemplo, del presidente de Paraguay, Federico Franco, quien precisamente estos días se encuentra intentando defenderse de las voces que se han alzado en su contra exponiendo que durante su mandato ha colocado a un total de 27 familiares, que ocupan puestos públicos de gran responsabilidad.

La Iglesia católica también dio muestras de nepotismo, especialmente durante la Edad Media. Se conoce la historia de varios obispos que criaron a descendientes ilegítimos presentándolos como sus “sobrinos” y mostraron favoritismo hacia ellos, e incluso algunos papas han nombrado cardenales a sus parientes.

Y tampoco habría que olvidar el que ha tenido lugar en México donde podemos mencionar ejemplos como el de Josefina Vázquez Mota (lideresa del PAN) ha sido acusada de nepotismo: su hermana, Margarita Silvia, ocupa un puesto en la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres, cuando presuntamente no cuenta con las calificaciones necesarias para tener aquél” (https://definicion.de/nepotismo/).

Ejemplo deberíamos tomar de los países desarrollados, donde para ocupar una plaza en la administración pública se mide la productividad de acuerdo con la capacidad del trabajador, mientras que en el país hay casos de personas que sin haber estudiado se quedaron con los puestos de sus familiares, y por mencionar uno de los ejemplos más frecuente son las plazas que se han otorgado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Una situación más es con Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana: pidió que las plazas que quedaron tras la muerte de 37 personas en la explosión de Pemex el 31 de enero 2013 pasaran a los familiares de las víctimas. En ningún momento se consideró si las personas tenían la preparación o la experiencia.

Así podríamos seguir enumerando miles de ejemplos en los tres niveles de gobierno, y en las diferentes instituciones que lo conforman, pues esta práctica se ha dado en toda la administración pública y a todos los niveles.

Si nos remontamos a los antecedentes históricos en México podemos iniciar con la gestión de Revillagigedo, donde se hizo un censo que comprendía los nombres, puestos, antigüedades, actitudes y aptitudes del funcionario virreinal, así como sus posibilidades de promoción.

Entre 1765 y 1805, el cuerpo de funcionarios alcanzó madurez y estabilidad, se desarrolló el sentido del deber hacia el Estado, de modo que los empleados tendieron a adherirse a esa política y hacer del cargo una responsabilidad pública y una carrera profesional.

En la Nueva España sólo falto una disposición legal que formalizara el hecho trascendental de existir un cuerpo de funcionarios profesionales.

Hasta 1851, la mayoría de los empleados civiles se habían formado bajo el concepto institucional y estaban desligados de los intereses de la oligarquía novohispana, todo cambio a partir de la independencia, el proceso de supresión del servicio civil avanzó imparable hacia mediados de 1852.

El decreto demoledor señala: “Los empleados que desde la publicación de esta ley fueren nombrados para servir en cualquiera de las plazas comprendidas en las plantas de las oficinas de la federación serán amovibles de sus destinos a la voluntad del gobierno y no tendrán derecho a cesantía”.

En 1855, en la Ley de Presupuestos, se suprimieron los cargos de propiedad, convirtiéndose en comisiones revocables en todo momento.

En la década de 1920, cuando los revolucionarios asumieron el poder y se abocaron al establecimiento de las instituciones, se caracterizó por el desarrollo de un proceso orientado a la profesionalización del servicio público, se dio la implantación del sistema de méritos para el ingreso, permanencia y promoción entre sus trabajadores administrativos.

En nuestros días contamos con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, pero considera sólo los altos mandos, cuando en la Constitución incluye a los empleados de los tres poderes del Estado:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Por lo expuesto consideramos que este servicio profesional de carrera debe extenderse a todos los niveles y a todas las plazas, partiendo de la formación de una nueva cultura, la cual significa el ser, hacer, pensar y sentir de los hombres políticamente organizados, sin importar si empiezas como un auxiliar administrativo, pues al implementar esta cultura dentro de las instituciones el personal se verá obligado a estar en constante capacitación y crecimiento profesional, pues tendrá la oportunidad de ir escalando por un puesto mejor remunerado.

Con ello se evitaría, por un lado, la entrega de plazas a personas sin preparación, sin perfil, sólo para cubrir un espacio por herencia o dedazo, o que no les implique quererse profesionalizar o capacitar.

Para concluir: ¿a qué nos llevaría retomar toda esta experiencia del servicio civil o profesional? A tener gente preparada con el perfil adecuado, la experiencia necesaria, la oportunidad de crecimiento, evitando que las plazas sirvan como remedio para los familiares de los trabajadores, que por una u otra razón no se profesionalizaron, evitar que se compren favores políticos y sobre todo tener gente con la vocación de servicio que trabaje en lo que le gusta y es experto, sin ver las instituciones como una pensión vitalicia.

Es de suma importancia que se instruya para implantar el servicio civil de carrera en las instituciones, con la finalidad de que las personas que quieran ocupar una plaza vacante, no dependan de la herencia de un familiar o del favor de un jefe, sino sean responsables, rindan cuentas de su trabajo y sean evaluados constantemente por medio de procedimientos objetivos, su ingreso, promoción y permanencia sus relaciones con el gobierno deben estar regladas, respetando sus derechos y fijando debidamente sus obligaciones.

En virtud de lo anterior se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, maestra Luisa María Alcalde Luján, a revisar los contratos, estatutos o reglamentos laborales, en los tres niveles de gobierno, a fin de implantar el servicio profesional de carrera y evitar que se hereden las plazas o se designen por favores políticos, o que sean ocupadas por personas que no cubran el perfil.

Bibliografía

https://www.sinembargo.mx/11-02-2013/521525

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/sabueso-pena-pl azas-docentes/

https://www.excelsior.com.mx/2012/10/31/nacional/867191

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a fortalecer el Senasica para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen agropecuario e impulsar la comercialización nacional e internacional de los productos del campo, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguia, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Juan Francisco Espinoza Eguia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), como su nombre lo indica, es la encargada de la sanidad y la inocuidad, así como de ejecutar proyectos prioritarios de campañas agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras, y de realizar acciones de reducción de riesgos de contaminación, y de vigilancia epidemiológica e inspección en la movilización, con el fin de preservar y mejorar las condiciones sanitarias, y de inocuidad agroalimentaria.1

El Senasica implementa el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el cual se encuentra alineado a la Directriz 3 “Desarrollo Económico Incluyente”, que tiene como finalidad elevar el ingreso de los productores y el empleo rural de las Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establecidas en el Manual de Programación y Presupuesto 2019.2

Con base en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2019, tiene los componentes siguientes: Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias; Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias; Campañas Fitozoosanitarias; e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera.

La inocuidad se define como la característica que garantiza que los alimentos que consumimos no causen daño a nuestra salud, es decir, que durante su producción se apliquen medidas de higiene para reducir el riesgo de que los alimentos se contaminen con residuos de plaguicidas, metales pesados, agentes de tipo físico, que puedan causar una lesión al momento de consumir un alimento; así como microorganismos como E coli , Salmonella spp o Listeria monocytogenes , que pueden enfermar a los seres humanos.3

Las medidas preventivas que se aplican son los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), las Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias, Acuícolas y Pesqueras y el Buen Uso y Manejo de Agroquímicos, con el objetivo de que la ciudadanía disfrute de alimentos sanos y de calidad.

Con la aplicación eficaz de un Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación, apoyados en instrumentos legales, técnicos y científicos, los productores nacionales fortalecen sus actividades, dando certeza al consumidor nacional e internacional de ofrecer productos alimenticios que disminuyan el riesgo de afectar su salud por algún tipo de contaminación.

Tan solo durante el sexenio anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plasmó en la Meta 4. México Próspero, Objetivo 4.10. “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, consideró las cinco Estrategias siguientes:

- Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico;

- Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país;

- Impulsar modelos de asociación que generan economías de escala y mayor valor agregado a los productores del sector agroalimentario;

-Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgo, y

-Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo.

Desafortunadamente, en la actual administración federal no se le ha dado importancia al Senasica. Están desmantelando a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y le redujeron los recursos al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, han despedido a cientos de trabajadores, y México puede estar en riesgo de perder su estatus fitozoosanitario, poniendo en riesgo la comercialización de miles de productos y afectando la economía familiar de los productores del campo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en función de sus atribuciones, fortalezca al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a fin de asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen agropecuario e impulsar la comercialización nacional e internacional de los productos del campo.

Notas

1 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/201 4_0111_a.pdf

2 https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/programa-de-sanidad-e- inocuidad-agroalimentaria-194083

3 https://www.gob.mx/senasica/articulos/una-definicion-clara-de-inocuidad -70674?idiom=es

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los tres días de septiembre de 2019.

Diputado Juan Francisco Espinoza Eguia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a concluir la implantación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas e instalar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Carmen Julia Prudencio González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 34, numeral 1, incisos a) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la secretaria de Gobernación a cumplir el sexto y séptimo artículos transitorios de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para llevar a cabo la primera y segunda reuniones del sistema y poder estar en condiciones de instalar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Consideraciones

El objeto del presente punto de acuerdo radica en que las autoridades competentes cumplan lo establecido en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La noche del 26 de septiembre de 2014 se dio uno de los acontecimientos que han marcado el país, y donde la pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde están los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa?

Es incongruente que en la Cámara se haya discutido y aprobado en lo general y en lo particular la ley de referencia con 396 votos, el 12 de octubre de 2017, por los diversos grupos parlamentarios y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del mismo año; y no velemos porque lo establecido en esta norma se aplique en los hechos.

La ley de mérito tiene por objeto buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos; prevenir, investigar, sancionar y disminuir los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; así como crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas y el Banco Nacional de Datos Forenses.

Derivado de lo anterior y para dar respuesta a los familiares de los miles de desaparecidos en el país, se aprobó la ley general citada. Sin embargo, a más de un año de su aprobación sólo se ha instalado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el 9 de octubre de 2018, con un retraso significativo.

El artículo sexto transitorio de dicho ordenamiento es muy claro, y a la letra dice:

Sexto. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente decreto.

En la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda se deberán emitir los lineamientos y modelos a que se refiere el artículo 49, fracciones I, VIII, XV y XVI, de esta ley.

En la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, que se lleve conforme a lo dispuesto en esta ley, se deberán emitir los criterios de certificación y especialización previstos en el artículo 55.

El decreto que expide la ley en comento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017. Es claro que pasaron más de 180 días y no se cumplió el tiempo previsto en la ley, por lo que es necesario que la Secretaría de Gobernación a través de su titular cumpla la ley para establecer las bases de funcionamiento y operación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ya que conforme a lo establecido en el artículo 45, fracción I, de dicho ordenamiento, esta dependencia presidirá el sistema.

A su vez, el artículo séptimo transitorio menciona:

Séptimo. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la emisión de los lineamientos previstos en el artículo transitorio anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Dentro de los noventa días siguientes a que comience la operación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, las entidades federativas deberán poner en marcha sus registros de personas desaparecidas y no localizadas.

Si bien ya se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda, conforme lo marca el artículo sexto transitorio, no se ha cumplido lo establecido en su segundo y tercer párrafos, lo cual conlleva a que la Comisión Nacional de Búsqueda no pueda comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, condición sine qua non para que las entidades federativas pongan en funcionamiento sus registros de personas desaparecidas y no localizadas.

El registro referido es una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre personas desaparecidas y no localizadas, con objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación.

Este registro es de vital importancia para dar certidumbre a las familias que han buscado por años a sus padres, hijos, hermanos, esposos o amigos; pero al parecer a la presente administración federal no le parece importante el tema, a pesar de las “36 mil 265 personas desaparecidas en el país”,1 que podrían estar en resguardo de alguna de las diferentes autoridades del estado.

No cumplir la ley sólo genera incertidumbre a las miles de personas que siguen sin encontrar a sus familiares, es momento de colocarnos de su parte y exigir que se establezcan los instrumentos necesarios para dar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos, los cuales ya existen por ley.

El asunto que nos ocupa no es único de una entidad federativa: basta ver la estadística en el fuero federal de personas extraviadas o desaparecidas en algunas entidades federativas y en dónde se les vio por última vez: “Guerrero ocupa el primer lugar, con 325 personas; Veracruz, 207; Tamaulipas, 141; Michoacán, 54; Ciudad de México, 53; Oaxaca, 36; estado de México, 28; Jalisco, 26; Coahuila, 26; Baja California, 26; Chihuahua, 25; Nuevo León, 24; Sonora, 19; Morelos, 18; Sinaloa, 15; Chiapas, 10; Aguascalientes, 9; Tabasco, 9; y San Luis Potosí, 8.

De manera específica tenemos la estadística de personas no localizadas por entidad federativa del fuero común, donde Tamaulipas ocupa el primer lugar, con 5 mil 990 personas; estado de México, 3 mil 890; Jalisco, 3 mil 362; Sinaloa, 3 mil 27; Nuevo León, 2 mil 895; Chihuahua, 2 mil 186; Sonora, 2 mil 150; Puebla, 2 mil 69; Coahuila, mil 753; Guerrero, mil 482; Michoacán, mil 215; Baja California, mil 024; Ciudad de México, 744; Guanajuato, 615; Colima, 593; y Durango, 420”.2

El número elevado de personas desaparecidas en el país no basta para poder implantar lo dispuesto en la multicitada ley, pesa más la falta de voluntad de las autoridades federales competentes para cumplirla, lo cual es aún más grave.

Es de vital importancia que se establezcan los mecanismos necesarios para dotar de certeza a las personas que buscan a algún integrante de su familia, por lo tanto y como representantes populares estamos aquí para solicitar a las autoridades federales en la materia, algo muy sencillo, que cumplan con lo preceptuado en la ley.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la secretaria de Gobernación a cumplir el sexto y séptimo artículos transitorios de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para llevar a cabo la primera y segunda reuniones del sistema, y poder estar en condiciones de instalar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Notas

1 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 20 de junio de 2018; url:

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/
registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

2 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 20 de junio de 2018; url:

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/
registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputada Carmen Julia Prudencio González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México a coordinar y realizar acciones de inspección en hoteles y evitar la comisión ahí de trata de personas, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

1. Problemática

De acuerdo con datos estadísticos del Índice de Esclavitud Mundial, México ocupa el lugar 114 de 167 países en materia de esclavitud moderna o trata de personas, con una cifra de al menos 341 mil personas víctimas.1

Asimismo, cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecen que la trata de personas es el tercer negocio más redituable del mundo, con ingresos estimados en 32000 millones de dólares.

Por otro lado, el gobierno federal identificó a 706 víctimas de trata en 2018, de las que 387 realizaban trabajos sexuales forzados; 153 eran explotados laboralmente, y 166 cuyas actividades no fueron especificadas, esta cifra se fue ligeramente superior a las 667 localizadas en 2017.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que a partir de información solicitada a las procuradurías y fiscalías federal y estatales, el número de mujeres víctimas de trata de personas en México representa el 85% del total de las víctimas, siendo las mujeres adultas las que representan el 64 por ciento”.2

Cabe destacar que, la trata de personas implica una seria violación a los derechos humanos de las personas al reducirla a la calidad de un objeto de consumo, atentando contra su dignidad y libertad, ambos valores supremos de nuestra condición de humanidad y fundantes de nuestra existencia. Este delito representa una de las formas más extremas de violencia, porque comprende que la víctima ha sido sometida a tratos crueles y degradantes, fracturando sus capacidades para el ejercicio pleno de sus derechos, así lo define Mario Luis Fuentes, Titular de la Catedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM.

Por su parte, a través de los reportes recibidos por la Línea Nacional Contra la Trata de Personas, se ha detectado que los hoteles o moteles ocupan el cuarto lugar a nivel nacional respecto de los lugares en los que se lleva a cabo la explotación de personas, ya que uno de los principales modus operandi en la Ciudad de México, para cometer el delito de trata de personas, es que los integrantes de la bandas delictivas abordan jovencitas que llegan a la Ciudad, provenientes de diversos Estados de la República con la finalidad de hospedarse en los hoteles invitándolas a fiestas, o en caso de que busquen trabajo ofrecen conseguírselos, sin embargo, después de despojarlas de sus pertenencias y documentación, son privadas de su libertad y obligadas a realizar trabajos sexuales.

Por cuanto hace a su regulación encontramos el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Estambul) define como trata de personas “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos [...] El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita [...] [anteriormente,] no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados [con antelación] [...] La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño [o niña] con fines de explotación se considerará ‘trata de personas’ incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados [al inicio]”.3

Por otro lado, a nivel federal el delito de trata de personas se encuentra tipificado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos, la cual en su artículo 10 dispone que a toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

Asimismo, en el artículo 104 del mismo ordenamiento legal, establece que la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades de las entidades federativas y municipales, dentro del ámbito de sus competencias, supervisarán negocios que puedan ser propicios para la comisión del delito previsto en esta Ley, realizando inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros.

En ese tenor, a nivel local contamos con la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal.

Asimismo, los artículos 8 fracción II y 22 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, refieren en la parte que interesa:

“Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones:

...

II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen en su demarcación;

...

Artículo 22. - Para efectos de esta Ley, los establecimientos mercantiles que presten el servicio de Hospedaje serán todos aquellos que proporcionen al público albergue o alojamiento mediante el pago de un precio determinado. Se consideran establecimientos de Hospedaje los Hoteles, Moteles y Desarrollos con Sistemas de Tiempo Compartido.”

Lo anterior, resulta relevante y de extrema preocupación ya que los delitos como la trata de personas, sexuales o desapariciones cometidas en contra de las mujeres suelen ser la antesala para la comisión de otros delitos como los feminicidios.

Por lo que, con la finalidad de lograr la prevención y atención hacia el delito de trata de personas, es imperante que las autoridades competentes de acuerdo a sus facultades y atribuciones trabajen coordinadamente en todos sus niveles en acciones y estrategias a efecto evitar la comisión de dicho ilícito; dando así cumplimiento a lo dispuesto en los artículos antes citados.

Derivado de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo para quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la unión Exhorta al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, a la jefa de Gobierno, al secretario de Protección Ciudadana, a los alcaldes, éstos de la ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias coordinen y realicen las acciones necesarias para llevar a cabo inspecciones a hoteles con la finalidad de evitar que en dichos establecimientos se cometa el delito de trata de personas.

Notas

1 https://www.milenio.com/politica/mexico-341-mil-personas-victimas-repor te

2 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
trata-de-personas-problema-arraigado-en-profundas-causas-estructurales-cndh-2994360.html

3 ONU, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacionales (Protocolo de Estambul), artículo 3º incisos a, b y c. en Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2010.

data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/persona s-victimas-de-trata-y-explotacion-sexual-comercial/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1° de septiembre de 2019.

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema Nacional de Salud y la SHCP a fortalecer y garantizar el acceso a los servicios de salud de los niños con cáncer, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fortalecer y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de los niños con cáncer en base a las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo; cada año se diagnostica cáncer a aproximadamente 300 mil niños de entre 0 y 29 años.

En México existen cada año cerca de 5 mil a 6 mil casos nuevos cada año, con una prevalencia de 20 mil al año y 65 por ciento es diagnosticado en etapas avanzadas.1

El mismo organismo internacional señala que el cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores diferentes que se desarrollan en niños, los más comunes son el cáncer cerebral, el linfoma, leucemias y los tumores sólidos como el neublastoma y el tumor de Wilms.

Muchos estudios han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son muy pocos los cánceres causados por factores ambientales o relacionados con su modo de vida.2

En el periodo de 2006 a 2015 esta enfermedad se situó como una de las principales causas de muerte, pues 9 mil 437 niños con cáncer tuvieron una progresión en esta enfermedad.3

De acuerdo con declaraciones de Farina Arreguín González, jefa de servicios de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, entre 80 y 90 por ciento de los cánceres en menores de edad son curables y la detección temprana4 es vital para lograr el éxito en los tratamientos y contener el crecimiento del cáncer en México, además del costo de la atención pues se incrementa cuando es diagnosticado en etapa avanzada.

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en México, menciona que de 65 a 90 por ciento de las familias no cuentan con seguridad social ni cuentan con los recursos económicos para su atención, lo que hace difícil enfrentar esta enfermedad.5

Además señala que existe un déficit en capital humano para la atención del cáncer pediátrico, la Secretaría de Salud sólo cuenta con 180 oncólogos pediatras, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 30 cirujanos oncólogos pediatras, la Secretaría de Marina (Semar) con 10 radioterapeutas, Petróleos Mexicanos (Pemex) con 5 psico-oncologos pediatras y sólo 4 en organizaciones de la sociedad civil6

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos que alivian los síntomas provocados por el cáncer mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus familias, estos cuidados se consideran un componente central del tratamiento integral que se inicia al diagnosticarse la enfermedad y se dispensa independientemente si el niño o niña reciben o no un tratamiento con finalidad curativa.7

En diversos foros los padres de familia de niños con cáncer han señalado la falta de medicamentos como el purinethol o ciclofosfamida, mismos que se debe suministrar con la quimioterapia en el sector salud; en el sector privado estos medicamentos llegan a costar más de 2 mil pesos y hay niños que requieren al menos de tres dosis en un periodo de 20 días.8

Para el costeo de los mismos, podrían utilizarse los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que es parte del Sistema de Protección Social en Salud, el cual busca que los servicios médicos de alta especialidad para las personas que no cuentan con seguridad social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar mediante la gestión de los servicios de salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; para los efectos de este fondo se consideran enfermedades de gasto catastrófico las que requieren tratamientos y medicamentos muy costosos debido a su grado de complejidad o especialidad.

Cabe señalar que a través de este fondo se proporcionan recursos monetarios por medio de un fideicomiso a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas, para atender 49 enfermedades, entre las cuales se encuentran:

• Cáncer de mama

• Cáncer cérvico-uterino

• Cáncer infantil

Por ello urge fortalecer el presupuesto que garantice la atención infantil, así como implementar diversas medidas que incrementen los recursos para este fin. El Reporte del comportamiento epidemiológico del cáncer en menores de 18 años, México 2008-2014, señala: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá implementar alicientes fiscales que hagan donaciones más atractivas para la industria, además de contar con un modelo de compras consolidadas a nivel central para medicamentos y consumibles que permita disminuir los costos mediante compras de mayor volumen y distribución nacional, homogenizar la calidad de los medicamentos que se administren, controlar las entregas a los establecimientos para evitar el desabasto y contar con los estudios de farmacoeconomía y farmacovigilancia den casos de lotes con reacciones adversas inesperadas”. Esto refleja las posibilidades de incrementar la atención de este padecimiento, pero también la falta de medidas que se han tomado al respecto en la actualidad.

En este sentido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe fortalecer las medidas y acciones para actuar a la brevedad, pues si bien se anunció el modelo de Compras Consolidadas, diversos grupos de padres de familia de menores con este padecimiento han denunciado recurrentemente la falta de medicamentos e insumos para proporcionar este y otros tratamientos en diversas instituciones de salud.

En México no se contaba con un registro oficial sobre el número de pacientes y defunciones por este padecimiento hasta 2017 cuando se aprobó el Registro Nacional de Cáncer, iniciando así con el registro de datos de la Ciudad de Mérida, posteriormente en Acapulco, Campeche, Guadalajara y Toluca, esto permitiría obtener una muestra del panorama nacional e integrar una base de datos que permita el desarrollo de investigación y obtener referencias para la evaluación de políticas públicas en la materia. Así pues, la estadística que se obtenga a partir de este registro se daría a conocer de manera semestral en los medios que así determine la Secretaría de Salud.

Toda política pública requiere de presupuesto público que contemple no sólo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad transparencia, control y rendición de cuentas, sino que además el gasto garantice el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano.

No olvidemos que el artículo 4o. constitucional señala que en todas las decisiones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Si bien se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no se especifican las estrategias y acciones que permitirán atender a las niñas, niños y adolescentes con cáncer, urge que las autoridades establezcan un mecanismo que garantice no sólo la atención a este padecimiento, sino el interés superior de la niñez en el ejercicio de sus derechos y esto evidentemente traducirlo en la asignación de los recursos presupuestales necesarios para su implementación.

Como representantes federales estamos obligados a procurar que en la agenda pública se gestionen los temas que impactan directamente a la población y representan un problema de salud pública nacional, debemos redoblar los esfuerzos institucionales, de procuración de recursos presupuestales, alianzas con los gobiernos de las entidades en donde se encuentran las unidades médicas acreditadas que atienden el cáncer pediátrico, así como fomentar el mayor número de convenios de colaboración para incrementar los recursos humanos a nivel internacional que permitan que la infancia mexicana reciba una mejor atención.

Es indispensable reflejar una programación y presupuesto acorde a la vinculación con los objetivos del gasto y que los indicadores nos permitan dar seguimiento a los programas presupuestales pero sobre todo al cumplimiento de los derechos más básicos de la niñez y adolescencia.

La Cámara de Diputados tiene una gran responsabilidad en el estudio de las asignaciones de recursos y principalmente, en su efecto, por lo cual someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer la atención de los programas de atención de cáncer en la infancia y adolescencia en nuestro país y se establezca prioritariamente el tema en la conformación del programa sectorial 2019-2024. Asimismo, fomente la colaboración internacional que permita mejorar los protocolos de detección, atención y calidad en el tratamiento de los menores con este padecimiento.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a través de Sistema Nacional Básico en Salud, a realizar las acciones necesarias para integrar y/o actualizar el Registro Nacional de Cáncer y que esto permita identificar los indicadores de seguimiento y evaluación.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar la compra y el abasto de medicamentos e insumos para atender a las niñas, niños y adolescentes con cáncer, así como a eficientar el proceso de compras consolidadas del sector salud.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que agilice los procedimientos administrativos que permitan la liberación y distribución de los medicamentos para la atención oportuna de los pacientes con cáncer.

Notas

1. Dr. Jaime Shalkow Fac, Febrero 2017, consultado en:
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-infantil-en-MEXICO.pdf

2 OMS, 2018 consultado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children

3 Dr. Jaime Shalkow Fac, Febrero 2017, consultado en:
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-infantil-en-MEXICO.pdf

4 Once Noticias, 15 de Febrero 2019 disponible en:
https://www.oncenoticias.tv/nota/son-curables-entre-80-y-90-de-los-casos-de-cancer-infantil-issste

5 Dirección General de Información en Salud, estimaciones de población no derechohabiente 2000-2018, consulta el 20 de Mayo de 2019, disponible en: https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico

6 Programa de Acción Específico: Cáncer en la Infancia y la Adolescencia Programa Sectorial, 2013-2018

7 OMS, Febrero 2018

8 Fundación Cáncer Warriors, octubre 2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a promover la efectiva coordinación de las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública y dar seguimiento a las acciones en materia de seguridad pública, a fin de salvaguardar la integridad y derechos humanos, así como el desarrollo social de los habitantes de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

De conformidad con el artículo primero de nuestra Carta Magna, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, el artículo 21 párrafo noveno del mismo ordenamiento legal, establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.1

Por lo anterior, es imperante que el gobierno en todos sus niveles trabaje en estrategias, políticas y acciones que favorezcan el fortalecimiento o implementaciones de medidas en materia de seguridad; dando así cumplimiento a lo dispuesto en los artículos antes citados.

De acuerdo a cifras del INEGI, en el año 2010 la tasa de incidencia delictiva en nuestro país por cada cien mil habitantes fue de 30,535; mientras que para el año 2017 la incidencia fue de 39,369. Asimismo, en 2017, se tiene un registro de 3,788,860 delitos ocurridos y de 1,540,694 víctimas.2

Si bien es cierto que a la fecha el Gobierno Federal y los gobiernos locales día a día hacen frente a los problemas de seguridad, es importante referir que el incremento de los incidentes delictivos no solamente merma la economía del país, o frena el desarrollo del mismo; sino que también impide que las personas ejerzan sus derechos humanos con plenitud, generando violaciones a sus derechos así como la disminución en la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública; e incluso el incremento de la delincuencia al considerarse que estamos ante un estado de derecho fallido, en el que la impunidad en la investigación de los delitos y la sanción de las conductas delictivas están a la alza.

Es importante referir que el “grado de confianza que los miembros de una comunidad tienen en su policía y gobierno locales, así como su disposición para colaborar con ellos, ayuda a crear una cultura de legalidad y a reducir la delincuencia y la violencia. Por otra parte, la corrupción y la impunidad atentan contra la confianza entre la población, y entre los habitantes y sus autoridades, lo cual a su vez influye en la cooperación de la comunidad con el gobierno, con lo que se degrada su capacidad de combatir la delincuencia. La corrupción es quizás el factor que más debilita la confianza de la población para cooperar con la policía.”3

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que en los últimos meses se ha dado un alza en los delitos en la Ciudad de México, de acuerdo a datos del boletín estadístico de la incidencia delictiva en la Ciudad de México del mes de mayo 2019, de la Dirección General de Política y Estadística Criminal adscrita a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se establecen los datos a continuación referidos respecto a las Carpetas de Investigación iniciadas por delitos según el bien jurídico afectado.

• Delitos contra la vida y la integridad corporal. 1,082

• Delitos contra la libertad personal. 183

• Delitos contra la sociedad. 1,779

• Delitos contra la familia. 2,108

• Delitos contra la libertad y seguridad sexual. 524

• Delitos contra el patrimonio. 12, 377

• Delitos contra otros bienes jurídicos afectados. 1,906

Siendo la alcaldía de Iztapalapa la que contó con mayor incidencia delictiva.4

Mientras que por lo que hace al mes de junio, los datos son los siguientes:

• Delitos contra la vida y la integridad corporal. 1,294

• Delitos contra la libertad personal. 214

• Delitos contra la sociedad. 133

• Delitos contra la familia. 2,437

• Delitos contra la libertad y seguridad sexual. 590

• Delitos contra el patrimonio. 12, 917

• Delitos contra otros bienes jurídicos afectados. 3, 665

Siendo de nueva cuenta la alcaldía de Iztapalapa quien cuenta con mayor incidencia delictiva.5

En lo que respecta a la alcaldía Tláhuac de acuerdo con el número de carpetas de averiguación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México , de 2016 a 2018 el número de delitos ha incrementado 40.7 por ciento.

En 2019 se han iniciado 429 carpetas, de ellas 305 fueron por delitos de bajo impacto, 33 por robo de vehículo con o sin violencia, 31 por robo a negocio con violencia y 26 por amenazas.

Una de las colonias con más incidencia delictiva es Las Arboledas. Ahí durante enero de 2019 se reportaron 24 delitos, pero en enero de 2016 la cifra fue de siete, lo que representa un avance de 241 por ciento.

Otro dato arrojado por la procuraduría revela que en enero de este año se registraron 417 delitos , de los cuales 240 fueron contra el patrimonio. En marzo, la cifra aumentó a 516; 280 de estos, relacionados igualmente con delitos contra el patrimonio.

De acuerdo con las autoridades, las colonias con la mayor cantidad de delitos son: Del Mar, Miguel Hidalgo, Tlaltenco, Santa Ana Poniente y Arboledas .

Las cifras oficiales ya no solo señalan al 2019 como un año más violento que el anterior, sino como el inicio más violento del que se haya tenido registro en la Ciudad de México.

De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva de la Procuraduría General de Justicia capitalina, en enero se abrieron 143 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, 80% más respecto al mismo mes del 2018.

Otros delitos de alto impacto también aumentaron de manera drástica como el robo de pasajeros en el Sistema de Transporte Colectivo Metro que enero meritó 339 carpetas de investigación. Un importante incremento respecto al 2018 donde solo hubo 79 casos denunciados.

Respecto a las violaciones, el año pasado hubo 14 carpetas por este delito y este año ascendió a 90, lo que significa un aumento de un 544%.

A estos índices se suma la denuncia ciudadana de mujeres jóvenes que aseguraron haber sido víctimas de intentos de secuestros dentro y fuera de las instalaciones del metro . Así como el video donde presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación aseguraban que este grupo delictivo ya estaba operando en la alcaldía Gustavo A. Madero.6

La violencia aumentó en todas las alcaldías. La que mostró mayor crecimiento fue Iztacalco con un 36 por ciento, mientras que Cuajimalpa tuvo un alza del 26 por ciento; Magdalena Contreras aumentó un 23 por ciento; Álvaro Obregón un 18 por ciento; Iztapalapa 15 por ciento y Tlalpan incrementó un 14 por ciento.7

Así mismo, cabe destacar los datos estadísticos recabados por el semáforo delictivo.

Datos. Semáforo Delictivo

El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos, sin embargo, lamentablemente los esfuerzos por reducir la violencia en la Ciudad de México a la fecha no han sido suficientes para lograr una disminución en la incidencia delictiva, por lo que resulta necesario fortalecer todas aquellas acciones encaminadas a la prevención y atención de la problemática social aquí referida.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene entre sus objetivos establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios. Por lo que en el ámbito de sus atribuciones y como integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través de:

• La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26; y 30 bis fracciones I; II; IV; V; y VII; y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• La Fiscalía General de la República. De conformidad con lo establecido en los artículos 1; 2; y 19 fracciones VI; y XVI; y demás relativos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

• La Jefatura de la Ciudad de México. De acuerdo a lo establecido en los artículos 32 A, numeral 1; 32 C, numeral 1 incisos k; p; y q; y demás relativos de la Constitución Política de la Ciudad de México.

• La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Con forme a lo establecido en los artículos 23; y 25 fracciones I; y II; y demás relativos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para que en el ámbito de sus atribuciones promuevan la coordinación y colaboración entre instancias con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, a través de la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado por lo que hace a la Ciudad de México.8

Asimismo, no podemos perder de vista que, en la actualidad la seguridad pública y la justicia penal son parte de un trinomio inseparable junto con los derechos humanos; en dónde la seguridad pública y la justicia penal son el medio; los derechos humanos el fin.9

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo para quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Seguridad, en específico a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; a promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y dar seguimiento a las acciones en materia de seguridad pública, con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos humanos que permitan el pleno ejercicio de los mismos así como el desarrollo social de las personas habitantes de la Ciudad de México.

Notas

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2. Incidencia delictiva. En línea disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/

3. Índice de Paz, México 2018. En línea disponible en: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/04/Mexico-Peace-Index-2018 -Spanish.pdf

4. Boletín estadístico de la incidencia delictiva en la Ciudad de México del mes de mayo 2019. En línea disponible en:
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2019/0519.pdf

5. Boletín estadístico de la incidencia delictiva en la Ciudad de México del mes de junio 2019. En línea disponible en:
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2019/0619.pdf

6. Ciudad de México vive el inicio de año más violento en décadas. En línea disponible en:
https://plumasatomicas.com/noticias/cdmx-violencia-2019-delitos/

7. 2019: Año de violencia y asesinatos para Ciudad de México. En línea disponible en:
https://www.telediario.mx/metropoli/2019-ano-de-violencia-y-asesinatos-para-cdmx

8. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Artículos 1; 2; 7 fracciones II y X; 10; 12; 14 fracción V; y 25 fracción II.

9. Betanzos Torres, éber Omar, Justicia y Derechos Humanos. En línea disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4767/2.pdf

10. Semáforo delictivo. Disponible en línea en: http://df.semaforo.com.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México a dar a conocer el protocolo de actuación de la Guardia Nacional en la localidad, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Diariamente, encontraremos en medios de comunicación y redes sociales notas referentes a hechos delictivos ocurridos; ya que la delincuencia en México alcanzó la cifra récord en los primeros tres meses de 2019. La violencia no da tregua y se han registrado 8493 homicidios, 9.6% más que en el mismo periodo de 2018, según datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública .1

En ese tenor, México ha estado expuesto por años a una ola de violencia y una crisis de seguridad pública que ligados constituyen uno de temas prioritarios de la agenda nacional en México, por lo que la seguridad pública es una de las exigencias sociales que reclama una solución pronta y eficaz por parte del Estado, pues en México parece que la violencia está siempre presente, a través de diversos delitos como robos, trata de personas, secuestros, violencia de género, feminicidios, las desapariciones forzadas, etcétera

Por otro lado, es destacable mencionar que en el año 2006, se comenzó con la inclusión de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, sin embargo, no hubo mucho avance, ya que los elementos tanto de la policía federal como estatales y municipales presentan falta de disciplina, capacitación y profesionalismo, perciben bajos salarios y carecen de recursos para el ejercicio de sus funciones y de seguridad y protección para ellos y sus familias, lo que los lleva a ser superados por los grupos de delincuencia organizada, en virtud de que no son impulsados por el deber del servicio social, sino del interés económico.

Por lo que, la seguridad pública resulta ser una obligación insoslayable del Estado, misma que se encuentra contemplada en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; sin embargo, la misma no se concibe de manera aislada, sino a través de la participación, articulación y coordinación de acciones de los tres niveles de gobierno.

Lo anterior, generó y motivó la creación de la Guardia Nacional mediante el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, como un instrumento primordial del Ejecutivo Federal y como una herramienta adicional en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país.

Derivado de lo anterior, el 28 de febrero de 2019, el Congreso Mexicano aprobó la creación de la misma, conformada por sesenta mil elementos para combatir la crisis de seguridad pública del país, por lo que el 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

Siendo que el artículo 21 constitucional en la parte que interesa refiere que la Federación contará con una institución policial de carácter civil, disciplinado y profesional denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno del artículo mencionado así como la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios y la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación; y será conformada por los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República.

Asimismo, conforme los artículos 4° y 5° de la Ley de la Guardia Nacional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, la Guardia Nacional se encontrará adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación; así como colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.

Por otro lado, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de enero a mayo de 2019, en esta Ciudad capital se han cometido al menos 651 homicidios dolosos, 31 secuestros, 2 mil 748 lesiones dolosas con arma de fuego, arma blanca y otros, y al menos 13 feminicidios. Asimismo, suma 103 mil 426 delitos en el periodo mencionado siendo los meses con mayor repunte mazo con 690.1 delitos diarios y mayo con 685.5 delitos diarios.2

Asimismo, en la capital “3 de cada 4 homicidios no llegan a una sentencia; 8 de cada 10 personas se sienten inseguros en el lugar donde viven; 6 de cada 10 desconfían de la policía y 9 de cada 10 creen que son corruptos”3

Por lo que, ante la ola de inseguridad que se presenta en la Ciudad de México, el gobierno federal en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, determinaron la operación de la Guardia Nacional en un principio en ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, desplegando a 2,700 elementos de manera gradual, los cuales cumplirán con las funciones que les sean asignadas de conformidad con la normativa aplicable y actuarán conforme los protocolos de actuación que para el efecto se emitan, garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas que habitan en la Ciudad de México.

Generando la confianza y la certeza jurídica de los habitantes de la Ciudad de México hacia la nueva institución que brindará seguridad pública para la recuperación de la paz y tranquilidad social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo para quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a la jefa de Gobierno y al secretario de Protección Ciudadana de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, den a conocer el protocolo de actuación de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.

Notas

1 Dr Andric Núnez Trejo 10 de mayo, 2019 foro jurídico https://forojuridico.mx/causas-que-generan-la-inseguridad-en-mexico/

2 Guardia Nacional, en Ciudad de México.
https://www.poresto.net/2019/06/30/guardia-nacional-en-ciudad-de-mexico-2/

3 Elías Camhaji. Matar y morir en Ciudad de México. https://elpais.com/especiales/2018/violencia-cdmx/
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-corona/paideia-politica/la-in-seguridad-en-mexico-segun-el-inegi

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/
estas-seran-las-funciones-de-la-guardia-nacional-en-el-mando-civil-y-militar-2930151.html

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/06/12/cua les-las-alcaldias-peligrosas-la-cdmx.html

https://www.animalpolitico.com/2018/11/fuerzas-armadas-v iolaciones-derechos/

https://www.nytimes.com/es/2019/03/01/guardia-nacional-m exico/

https://laopinion.com/2019/07/08/expertos-advierten-defi ciencias-en-guardia-nacional-de-amlo/

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
funcionamiento-leyes-secundarias-guardia-nacional-2019-mando-civil-coordinacion-de-que-se-trata-como-funciona-elementos-3654525.html

https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/protocolos-de-actuacion-policial-para-que/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a difundir y celebrar cada 27 de septiembre la relevancia del general Vicente Guerrero como consumador de la Independencia, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Víctor Adolfo Mojica Wences, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

Que la historia la hacen los vencedores, es una verdad inocultable; es una realidad a veces cruel e injusta que se ha puesto de manifiesto a lo largo de los tiempos históricos en el mundo y en nuestro país.

Quieres detentan el poder cosechan para sí y los suyos los beneficios de la victoria obtenida muchas veces por el esfuerzo, la sangre y la vida de miles que generalmente son olvidados por siempre y para siempre. Hasta que vuelven a ser necesarios.

Esa historia se ha repetido en nuestro México, no solo con los mexicanos de abajo, sino incluso con nuestros héroes. Porque cada quien tiene sus propios héroes, porque cada quien tiene su propia interpretación de la historia, porque cada quien reparte y reconoce méritos según su conveniencia.

Quiero invitarlos ahora, a que hagamos un ejercicio de crítica, y que unamos voluntades para recuperar la historia verdadera de nuestro país, que coloquemos en su lugar cada parte, cada momento histórico determinante de la evolución histórica de México. Sin excesos, sin falsedades, sin complacencias.

Si logramos eso estaremos en posibilidades de reconocer y festejar nuestros logros como nación, pero también reconocer nuestros errores y evitar cometerlos una vez más.

Uno de esos momentos históricos de nuestra patria es la consumación de la Independencia de México, acontecimiento que hemos menospreciado y que es preciso recuperar y darle la importancia que merece en la historia de nuestro país. No solo como un acontecimiento, sino como la culminación de un proceso social y político que devino en un movimiento armado, que vino a modificar sustancialmente la relación de la corona española con lo que se llamaba entonces Nueva España.

Porque la Independencia de México es producto de condiciones y coyunturas históricas, cada una de las cuales tiene su importancia. Como la invasión francesa a España, que aprovecharon en la llamada Nueva España quienes deseaban un cambio sustancial en la relación con la corona española, y que vivían en medio de una profunda crisis económica, pero que también traían en la mente las ideas de la Ilustración como la soberanía popular, y que todo poder dimana del pueblo.

A la crisis política en España, luego de la abdicación de Fernando VII, correspondió una rebelión en el ayuntamiento de la ciudad de México, que a la vez dio lugar a otros movimientos sociales como la conjura de Valladolid y la Conspiración de Querétaro, cuyos líderes tomarían las armas para dar inicio la lucha independentista.

La abolición de la esclavitud por don Miguel Hidalgo, la creación del Congreso de Anáhuac por José María Morelos, reviste la misma importancia que la Constitución de Cádiz que fomentó el liberalismo, eliminó los virreinatos y permitió la libertad de prensa, y con ello dio nuevo brío a la lucha de Independencia. Como también son importantes las diferencias que existieron en los líderes del movimiento que llevó a un fin trágico la primera etapa de la lucha armada.

José María Morelos dio orden y dirección al movimiento de Independencia. La creación de las juntas de gobierno y la redacción de los Sentimientos de la Nación, fueron piezas claves para dirigir el movimiento hacia un destino, que era la creación de un nuevo país.

Con la muerte de Morelos muchos pensaron que la guerra de independencia se había perdido. Muchos dan por vencedor a José María Calleja que impuso su fuerza en el centro del país, pero la llegada de Francisco Javier Mina trajo nuevos alientos a una lucha que distaba mucho en acabar, pese a los errores y traiciones existentes.

Calleja no conocía hasta 1816 la fuerza y determinación de Vicente Guerrero, quien en el sur mantuvo vigente la lucha y resistió lo embates de Gabriel Armijo, quien nunca pudo vencer a Guerrero, pese a que lo superaba con miles de hombres.

Guerrero, uno de nuestros héroes minimizados por la historia oficial, fue quien construyó los acuerdos con Agustín de Iturbide para llegar a consumar la Independencia de la América Mexicana. No porque Guerrero no pudiera seguir luchando, sino porque nunca pudieron vencerlo en las montañas de Tierra Caliente.

La Historia nos muestra que, si no conocemos nuestro pasado, podemos llegar a cometer los mismos errores que en el pasado se cometieron. Reconocer lo que cada quien ha aportado a nuestra patria, debería ser un buen inicio para reconciliarnos como nación y emprender un nuevo rumbo en beneficio de todos.

No precisamos hundirnos en una nueva guerra entre mexicanos para poder construir los acuerdos que el país necesita para avanzar. Precisamos reconocernos como mexicanos y como amantes de nuestra patria para poder encauzarla.

La Independencia se consumó con base en acuerdos, con base en el reconocimiento de la inutilidad de una guerra para construir una nación. Por eso es el momento de reconocer y festejar nuestros logros, no nuestros fracasos.

Para continuar en este proceso de reconciliación propongo a ustedes, compañeros legisladores, como punto de acuerdo único:

Que esta soberanía declare el 27 de septiembre como fecha de celebración de la Independencia nacional, y que en sesión solemne los tres Poderes de la Unión honren la figura histórica del caudillo consumador de la Independencia, Don Vicente Guerrero.

En virtud de lo anterior, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta a la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, a efecto de que difunda y celebre el día 27 de septiembre, con la relevancia que amerita El General Vicente Guerrero en la historia nacional, como el consumador de la Independencia de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a revisar los aparatos electrónicos para inhibir la señal de celulares prohibidos en los penales y disminuir las extorsiones desde ahí, a cargo del diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena

Que suscribe, Marco Antonio Carbajal Miranda, diputado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a escrutinio de esta asamblea legislativa de lo federal, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En México se prevalece el derecho a la propiedad, como a la integridad de la persona, como lo manifiesta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, párrafo primero: “...Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo...”

Segunda. Para la Secretaría de Economía es alarmante que desde las cárceles de México se emitan más de dos millones 308 mil llamadas telefónicas al año para extorsionar y pedir recompensas por supuestos secuestros y otros delitos. Eso significa que 9 de cada 10 extorsiones se comenten desde las cárceles.

Contemplado el delito de extorsión del Código Penal Federal, en el artículo 390, “...Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex servidor público, o por miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex servidor público y al miembro o ex miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos...”

Tercera. La restricción de seguridad en prisión de los teléfonos celulares, derivado a que se cuenta con los teléfonos de tarjeta, es prevaleciendo sus derechos humanos, sin embargo, dentro de los centros penitenciarios, siendo privados de su libertad e iniciando un proceso penal, se ha aumentado el delito de extorsión, por un modus operandi de tener los contactos con la sociedad en el exterior y lograr las llamadas telefónicas con los aparatos celulares.

De acuerdo con el reporte de la subsecretaría del Sistema Penitenciario, de enero a agosto de 2016 se han realizado 28 operativos de seguridad al interior de las cárceles capitalinas; en esas acciones se aseguraron 135 celulares, 99 chips para celular, nueve mil 420 hojas del directorio telefónico, 14 navajas y objetos punzocortantes, así como marihuana y cocaína. Estos objetos marcan el inicio de una cadena delictiva que incluye secuestro y extorsión telefónica.

Existiendo las 15 bandas más importantes de la ciudad dentro de los reclusorios, haciendo extorsión a los ciudadanos, porque es la modalidad más sencilla y más fácil de obtener recursos inmediatos.

El uso de teléfonos dentro de la cárcel por parte de los internos y custodios ha puesto en duda la eficacia de los bloqueadores de señal que, por ley, deben operar en los reclusorios del país.

Cuarta. En 2011, la Secretaría de Seguridad Pública federal otorgó al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México 25 millones de pesos para instalar inhibidores de señal de telefonía celular en los Centros de Readaptación Social.

A cinco años de la asignación de estos recursos no existe certeza sobre el adecuado funcionamiento de los bloqueadores de señal en las cárceles de la ciudad.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos ocho meses se han denunciado 407 extorsiones en la Ciudad de México, algunas de ellas, según especialidad de seguridad, continúan concretándose desde los reclusorios capitalinos.

Un amplio porcentaje de esas extorsiones telefónicas son cometidas desde penales, se encontró que lo que hacían gente que trabajaba dentro de los centros penitenciarios era apagar momentáneamente los inhibidores de señal.

Quinta. El bloqueo de las señales de celular debe evitar que se causen interferencias perjudiciales a otros equipos de operación autorizada, como también a las redes y servicios de telecomunicaciones de servicios.

La Secretaría de Economía, aproximadamente el 30 por ciento de las llamadas de extorsión son pagadas por los ciudadanos, teniendo la cantidad de 744 mil 600 llamadas de extorsión fueron pagadas; es decir, los presos ganaron cerca de mil 489 millones de pesos, por tal motivo es importante romper con el gran negocio de los reclusos, erradicarlo con la instalación de bloqueadores de señales de telefonía móvil en 400 penales de México.

Por lo anterior, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las diversas autoridades a la Secretaría de Gobernación (Segob) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) para que, en el ámbito de sus facultades y medidas preventivas, se revise los aparatos que inhiben la señal de teléfonos celulares dentro de los centros penitenciarios, para la disminución del delito de las extorsiones telefónicas.

Dado en la Ciudad de México, dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los tres días de septiembre de 2019.

Diputado Marco Antonio Carbajal Miranda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a autorizar el establecimiento de la comisión especial para conmemorar los 100 años de la creación de la SEP, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Manuel Huerta Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena en la Sexagésima Cuarta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; con base en lo que dictan los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, integra a esta soberanía, para su resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, que guarda como finalidad la creación de una Comisión Especial para los trabajos de la conmemoración de los cien años de la Secretaría de Educación Pública como institución federalizada, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

En los inicios de la Revolución Mexicana se asoció muy cercanamente a Francisco I. Madero un personaje cuyo pensamiento está unido a la creación de esta importante institución pública. Se trata de don José Vasconcelos Calderón, quien después de haber formado parte del Ateneo de la Juventud, paralelamente fue construyendo las bases de su corriente filosófica futura.

Durante el gobierno de Eulalio Gutiérrez fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue suprimida en 1917, por ser contraria a la aspiración de democratizar a la administración educativa y porque sólo abarcaba al Distrito Federal y a los territorios federales; en el mandato de Adolfo de la Huerta tuvo el cargo de rector de la Universidad, integrando los postulados del artículo tercero constitucional y destacando que ya era necesaria una acción a nivel nacional, que lograra establecer la educación gratuita, laica y obligatoria. En 1921, inició con la responsabilidad de ser ministro de Educación Pública; que desempeñó durante dos años y ocho meses, hasta renunciar para proyectarse como candidato al gobierno de su estado natal, Oaxaca.

El maestro Vasconcelos destacó en varias actividades, fue literato, historiador, político y educador. Este último rubro lo inició desde la rectoría de la Universidad el 9 de junio de 1920, a través del discurso que manifestó, esbozando sus ideas sobre la enseñanza y enfatizando en que los principales problemas de la nación eran la pobreza y la ignorancia; siendo el segundo, al que a él le correspondería resolver. Requería a la Universidad que trabajara para el pueblo y que no existiera el contraste entre “un absoluto desamparo y una sabiduría intensa, ya que esto conduciría a que el Estado fuera injusto, cruel y rematadamente bárbaro”.

Visualizó la necesidad de emprender una “cruzada de educación pública y de inspirar un entusiasmo cultural semejante al fervor que ayer ponía nuestra raza en las empresas de la religión y de la conquista”, ello marcó la pauta para que incidiera en la creación de las Misiones Culturales y de la campaña contra el analfabetismo, al afirmar que se necesitaba una “enseñanza directa de parte de los que saben algo, en favor de los que nada saben”; proponiendo la organización del “ejército de constructores que sustituyera al de los destructores”.

Afirmó que el deber más elemental de la civilización era el de alimentar y educar a la niñez. Con base en ello instituyó los desayunos escolares, que consistían en una taza de café con leche, dos tortillas y una ración de frijoles.

José Vasconcelos fue creador de un sistema filosófico al que llamó el “monismo estético”, basado en tres principios:

1. La belleza es una forma de energía.

2. La forma más apropiada para entender a la naturaleza de las cosas es mediante la emoción estética.

3. El universo no solo se está agotando, también se está fortaleciendo, se hace más y más bello.

Para él, la estética era la síntesis y el fin de su sistema, porque describía que era “una orientación del movimiento de nuestra alma hacia el estado de divinidad, era el arte puro”, a través del cual trataba de abarcar a todo el hombre, no solo a su inteligencia, sino también a su sensibilidad, a su emotividad, a su unión mística con el absoluto; en su obra La raza cósmica decía: “Nos hemos educado bajo una filosofía humillante de nuestros enemigos”, por ello, “ahora que inicia una nueva fase de la historia, se hace necesario reconstruir nuestra ideología y organizar de acuerdo a una innovadora doctrina étnica, toda nuestra vida continental”.

Para este pensador, el niño no era el eje, sino el fin y objeto de la enseñanza. El educador debería dirigir el desarrollo del niño y no únicamente observarlo, de ahí, nace de él, la percepción de la función del maestro “que consistía en orientar y organizar la estructura mental y moral de las generaciones”, en donde cada docente debía sentirse “padre más allá de la carne y por la simpatía del espíritu. Padre que por estar desligado del afecto según la materia, podría juzgar mejor las necesidades del espíritu y de la ciencia”.

De acuerdo con la esencia del pensamiento del maestro Vasconcelos, quien se había manifestado como uno de los más firmes partidarios de dar a la educación el carácter de federal, nace la formulación práctica del proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública, emprendiendo diversas medidas para reunir a los distintos niveles educativos, depurando las direcciones de los planteles y con la idea de que la nueva institución tuviera una estructura departamental, de la siguiente manera:

1. El Departamento Escolar, al que se integraron todos los niveles educativos, desde el jardín de infancia hasta la universidad.

2. El Departamento de Bibliotecas, cuyo objetivo fue el de garantizar materiales de lectura disponibles para apoyar a la educación en todos sus niveles.

3. El Departamento de Bellas Artes, para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación.

Más adelante, creó otros departamentos dedicados a combatir problemas específicos, tales como la educación indígena, las campañas de alfabetización y la perspectiva de vinculación de la escuela con la realidad social. De ahí, surge la afirmación de que al manejar el término educación , se refería a una enseñanza que sirviera para aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa, del trabajo útil, del trabajo productivo, de la acción noble y del pensamiento alto, como nido de nuestros propósitos. Tomemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñémosle a centuplicar el total de su producción por medio del empleo de mejores útiles y mejores métodos. Esto resulta más importante que distraerlos en la conjugación de los verbos, pues la cultura es el fruto del desarrollo económico y personal.

Con este orden de ideas, a través del siguiente Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se crea una nueva institución federalizada:

“A efecto de entender la magnitud del presente documento, refiero que para el año de 1921, el día tres de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tomo XIX, número 25, a través de la Secretaría de Gobernación, el siguiente decreto:

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta”:

Artículo Primero. Se establece una Secretaría de Estado, que se denominará Secretaría de Educación Pública.

Artículo Segundo. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, entretanto se expida la ley completa de Secretarías de Estado, que asigne definitivamente sus dependencias a dicha Secretaría, lo siguiente:

Universidad Nacional de México, con todas sus dependencias actuales, más la Escuela Nacional Preparatoria.”

Siendo así, el 12 de octubre de ese mismo año, el licenciado José Vasconcelos Calderón asumió la titularidad como secretario de Educación Pública, siendo destacado en los medios de la forma que a continuación manifiesto:

“Desde sus inicios, la actividad de la Secretaría de Educación Pública se caracteriza por su amplitud e intensidad: organización de cursos, apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas, medidas que, en su conjunto, fortalecen un proyecto educativo nacionalista que recupera también las mejores tradiciones de la cultura universal”.

En el año de su creación, la SEP incrementó notablemente el número de maestros de primaria. De 9 mil 560 en el año de 1919, aumentó a 25 mil 312, traducido en el 164.7 por ciento.

Existían 35 escuelas preparatorias, 12 de abogados, 7 de médicos alópatas, una de médicos homeópatas, 4 de profesores de obstetricia, una de dentistas, 6 de ingenieros, 5 de farmacéuticos, 36 de profesores normalistas, 3 de enfermeras, 2 de notarios, 10 de bellas artes, 88 (de éstas 71 oficiales y 17 particulares), en los rubros de técnico mineras, industriales, comerciales, de artes y oficios, y 7 de clérigos.

Propuso también en esta instancia, la ampliación de la infraestructura y el aumento la elevación de la calidad en global y de la especialización.

Antecedió a todos estos hechos que el 21 de marzo de 1921, se abrió la Dirección General de Educación Técnica, propiciando desde ahí, la creación de la Escuela de Ferrocarriles, la Escuela de Industrias Textiles, la Escuela Nacional de Maestros Constructores, la Escuela Tecnológica para Maestros, la Escuela Técnica de Artes y Oficios, la Escuela Nacional de Artes Gráficas, la Escuela Técnica de Taquimecanógrafos y la Escuela Hogar para Señoritas “Gabriela Mistral”.

Aun con los enormes avances en el inicio de la SEP, la sucesión presidencial de 1924, que desembocó en la rebelión delahuertista, así como las presiones norteamericanas plasmadas en los compromisos acordados en las conferencias de Bucareli, pusieron un alto al alcance del proyecto nacionalista calculado por Vasconcelos para su Secretaría.

La publicación del Decreto en el DOF coadyuvó a una serie de implementaciones, adiciones y mejoras a los instrumentos jurídicos, administrativos y sociales de la entidad.

Lo anterior, me permite rememorar los datos importantes para la proyección de los motivos para la realización del presente y en conclusión, expresar que la finalidad de esta proposición con punto de acuerdo es la de crear una Comisión Especial, con el objeto de conmemorar los 100 años de la institucionalización federal de la Secretaría de Educación Pública y llevar a cabo los trabajos concernientes a destacar dicho aniversario.

Con la formación y formalización de esta Comisión Especial estaremos en la posibilidad de efectuar eventos culturales, mesas de trabajo, foros, exposiciones, publicaciones en medios, acuñación de monedas coleccionables por edición especial, etcétera, y otras actividades más de las que se irán desarrollando y estableciendo los mecanismos de coordinación, realización, colaboración y participación para trabajar en conjunto con entidades públicas y privadas.

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para Conmemorar los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el de definir y organizar actividades como: ediciones especiales, encuentros de historiadores, intelectuales y cronistas; difusión masiva, lecturas públicas, exposiciones artísticas y demás similares, en torno a la creación de la Secretaría de Educación Pública.

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por cuatro diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, con un presidente y tres secretarios. La Junta de Coordinación Política determinará la integración correspondiente.

Cuarto. La Comisión Especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.

Quinto. La Comisión Especial tendrá vigencia desde la aprobación de su creación y hasta el 30 de agosto de 2021, debiendo entregar un informe final de actividades y resultados.

Otorgado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 septiembre de 2019.

Diputado Manuel Huerta Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y la ASEA a pronunciarse sobre las atribuciones y competencias del Cenagas para prevenir una problemática si peligra su viabilidad operativa, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Actualmente el país afronta un problema serio con el Ducto Net que transporta gas natural desde la frontera con Estados Unidos de América (EUA) hasta el ducto Los Ramones. Este ducto tiene 35 años en operación continua, y requiere de mantenimientos para asegurar el correcto transporte de gas natural. Esta situación pone en relieve la escasa infraestructura que tiene México y denota el área de oportunidad por la falta de planeación estratégica para solventar y prevenir estos problemas que suelen presentarse al momento de implementar los programas de mantenimiento de los proyectos que se encuentran activos; ya que, al ser el único ducto de gas natural que abastece esa zona, implica consecuentemente negarle a los gobernados el abastecimiento necesario de este hidrocarburo que se considera fundamental para su uso en las familias, así como en la industria. Sin embargo, en la actualidad los avances tecnológicos para llevar a cabo los programas de mantenimiento en ductos, son muy avanzados, existiendo técnicas especializadas como el hot tapping que permite realizar mantenimientos mayores y menores en ductos de alta y baja presión sin necesidad de parar o disminuir el flujo de la molécula que se está transportando, es una técnica de fijación de un accesorio de ramificación mecánica o soldada a la tubería o equipo en servicio, y la creación de una abertura en la tubería o el equipo por la perforación o el corte de una porción de la tubería o equipo dentro de la instalación adjunta. El hot tapping se realiza generalmente cuando no es posible poner el equipo o la tubería fuera de servicio, para purgar o limpiar por métodos convencionales.

Segunda. De igual forma también existiría una menor recaudación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y un incremento en el costo, siendo afectados tanto el gobernante como el gobernado. Simultáneamente el Estado se encuentra construyendo un ducto el cual todavía no se encuentra terminado y en condiciones de operar, por lo que para minimizar la problemática de abastecimiento, recaudación y fomento a la inversión, se requiere de un análisis a fondo respecto al tipo de riesgo detectado en el ducto, comparándolo con la información proporcionada en su Sistema de Administración de Riesgos, para que por medio de una ecuación se derive la probabilidad exacta de la ocurrencia de un evento indeseable, medido en términos de las consecuencias o afectaciones que pudieran presentarse en las personas, instalaciones, medio ambiente o en la comunidad.

México se encuentra construyendo un mejor futuro, a partir de la reforma energética que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre 2013 en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, a través del cual se publicaron 21 artículos en el apartado de transitorios referentes al tema, que permitieron crear los Órganos Regulados Coordinados en Materia Energética, encargados de velar por el buen funcionamiento de la red de ductos en el tema de hidrocarburos, específicamente en este caso gas natural, así como como ampliar la capacidad jurídica de los órganos que intervienen en la revisión de contratos, el otorgamiento de permisos y la emisión de regulación que permita llevar a cabo estas actividades sin perjuicio de las personas, el medio ambiente o las instalaciones.

Tercera. Para efecto de analizar y realizar un análisis jurídico a fondo sobre la actual situación de este tendido de ductos de transporte de gas natural, se requerirían de mayores elementos técnicos e información detallada respecto a los resultados de la verificación y auditoría del ductos, en el cual se detectaron los riesgos que menciona el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), así como los datos respecto a la situación actual del ducto, los tipos de mantenimientos efectuados, el resultado de las auditorías internas y externas del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección del Medio Ambiente (Sasisopa), así como el análisis de riesgos de la totalidad del proyecto al momento del inicio de operaciones.

Sin embargo, basándonos en la información pública y partiendo del deber ser con apego a derecho, es preciso mencionar que, para llevar a cabo las operaciones de transporte por ducto de gas natural, se han publicado diversas regulaciones en el Diario Oficial de la Federación, respecto a los temas más críticos en la seguridad operativa y salvaguarda del medio ambiente, mismas que son de observancia obligatoria para todos los permisionarios que realizan actividades del sector hidrocarburos.

Cuarta. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos, tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector, mismas que son descritas por el orden de importancia de las mismas, por lo tanto, aporta los elementos técnicos en relación a la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental (Sisopa) en procuración de la política energética y ambiental del país, así como para la formulación de los programas sectoriales en estas materias, misma que cuenta con atribuciones para regular, supervisar y sancionar a los permisionarios que no cumplan con la regulación emitida.

En este orden de ideas, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-007-ASEA-2016, Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos, misma que hace referencia a que los regulados que realizan la actividad de transporte de gas natural deberán obtener un dictamen de operación y mantenimiento de forma anual, mismo que será emitido por un tercero autorizado por agencia, asimismo, establece los requisitos de mantenimiento de cada ducto, y que estos deben ser acordes a los especificados en el Sasisopa de cada permisionario, éste es auditable y verificable por la misma ASEA, en este sentido, si la agencia detecta que se omitieron mantenimientos preventivos o correctivos, pudiera merecer una sanción e incluso a la clausura del tendido de ductos.

Por su parte, en ejercicio de sus atribuciones, el Cenagas, encargado de la operación del Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento, mismo que requiere a quienes realizan las actividades de transporte y distribución, vigilar, rehabilitar y dar mantenimiento a la red de ductos, hizo de conocimiento público que Ducto Net en diversos tramos de Reynosa, Monterrey, Torreón y Chihuahua requiere de atención, pues según el Cenagas se detectaron condiciones de peligro para la población, el medio ambiente y las instalaciones del transporte de hidrocarburos por medio ductos. En casi 666 kilómetros presentan riesgos altos y 8 mil 166 kilómetros enfrentan riesgos medios. En los diagnósticos de los análisis costo-beneficio de cada uno de los cuatro proyectos de inversión, el Cenagas hizo hincapié en que en esos ductos para el transporte de gas fueron detectados serios problemas de mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, pues según la información que presenta este organismo, la red de ductos cuenta con más 35 años continuos de operación, por lo que es necesario actualizar las instalaciones para que sean acordes al programa rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional.

Quinta. Por otra parte la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tiene participación conjunta con la ASEA, ya que ambos se encargan de salvaguardar las condiciones de protección ambiental de los suelos, flora y fauna silvestres a que se sujetan las actividades del transporte de hidrocarburos, ello para evitar o minimizar las alteraciones ambientales que pudieran generarse por incidentes o accidentes en las operaciones del ducto, así como la prevención de derrames y fugas de hidrocarburos que pudieran dar como resultado una alteración al ambiente que derive en la necesidad de una remediación de los suelos, derivada de las afectaciones en que su caso, por falta de los mantenimientos necesarios pudieran derivarse.

Sexta. Ahora bien, no se puede perder de vista que el gobierno tiene el deber de velar por el bien común, la vida y la seguridad de sus ciudadanos, a través de diversos órganos encargados de velar por la seguridad del sector, se deben analizar y toman las decisiones pertinentes en los temas estratégicos de la reforma energética en materia de seguridad, recaudación y a efecto de garantizar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano.

Manifestado lo anterior, podemos advertir que los órganos competentes para emitir una valoración sobre la factibilidad de la bajar la capacidad volumétrica del transporte de gas natural en ese ducto, serían la ASEA y Cenagas en coordinación con la Secretaría de Economía, sin embargo, para poder sustentar un análisis jurídico de fondo, se requeriría de mayor información detallada de las condiciones actuales del ducto y los tipos de mantenimiento que le fueron requeridos.

Séptima. En conclusión, en la realización de las actividades del sector hidrocarburos, una de las principales encomiendas de los órganos reguladores, es velar por la seguridad en los procesos dentro de todas las etapas de la cadena de valores, ya que la regulación que actualmente se encuentra publicada, nos indica que no hay factor más importante a proteger que la vida y el derecho a gozar de un medio ambiente sano, esto sólo podrá ser logrado bajo la cultura de prevención y concientización de los riesgos que conlleva cada proceso en del sector, por lo que es de suma importancia exigir a todos los regulados el debido cumplimiento de la regulación emitida.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para que se pronuncien sobre las atribuciones y competencias respecto del Centro Nacional del Control de Gas encargado de la operación del Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento, con el objeto de prevenir una problemática para la industria al poner en peligro su viabilidad operativa, así como la permanencia y generación del empleo en el estado de Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputada Sandra Paola González Castañeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a procurar la salud y disminución del consumo de alcohol en menores de 10 años, a cargo del diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena

Que suscriben, Marco Antonio Carbajal Miranda, diputado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a escrutinio de esta asamblea legislativa de lo federal, la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años se observa un aumento en el consumo de alcohol, de manera mundial en cuanto a los menores de 15 años, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rusia y otras exrepúblicas soviéticas acumulan la mayor ingesta a nivel mundial. En 2016 el país con el consumo más alto era Lituania, con 18 litros de alcohol puro al año por ciudadano. En cambio, en los países de mayoría musulmana, en el norte de África, Oriente Medio o Indonesia, apenas se bebe.

Sin embargo en México existe una situación alarmante el consumo nocivo y excesivo de alcohol se incrementó de 2011 a 2016 en un 93 por ciento y en mujeres se incrementó un 205 por ciento.

En el marco jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo al artículo 3o. constitucional, fracción II, inciso c), prevé lo siguiente:

...c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos...”

De acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación, “...Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en 4 de 74 los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

En México se registró un aumento en el consumo de alcohol entre los menores de edad, informó la Comisión Nacional Contra las Adicciones, alrededor de 70 por ciento de la población consume alcohol, de estos 20 por ciento lo hace de manera excesiva, con ello la importancia del Estado para prevenir tal aumento para generar una desaceleración en un riesgo de salud y descomposición del tejido social. Si bien es cierto, existe una Constitución, que protege y apoya a través de la educación, para canalizar y fortalecer los vicios o problemas de los estudiantes.

La edad en que están iniciando es de 10.5 años en promedio, esto nos habla de un problema muy severo y que además dentro de los jóvenes de quinto y sexto año de primaria ya hay más de 110 mil que ya tienen dependencia.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, en los Centros de Tratamiento y Rehabilitación no gubernamental las personas que reportaron tener problemas con su forma de beber, el 64.7 por ciento refirió no tener estudios. El 50 por ciento tenía estudios de primaria; 39.9 por ciento secundaria, para quienes estudiaron bachillerato la cifra se incrementó en 45.8 por ciento, nivel licenciatura 60.3 por ciento y a nivel posgrado 65.8 por ciento.

El consumo de alcohol en menores de 18 años puede influir de manera negativa en el desarrollo del cerebro, debido a que el consumo de alcohol a corto plazo afecta la memoria y el aprendizaje; los adolescentes bebedores tienden a obtener los más bajos resultados en su rendimiento escolar efectos en cuerpo.

Los adolescentes que toman alcohol de forma abusiva tienen un hipocampo (órgano del cerebro encargado de la memoria) 10 por ciento más pequeño en comparación con jóvenes que no toman nunca, lo cual se evidencia en dificultades para aprender y almacenar nueva información.

Otros tipos de riesgos o daños asociados al consumo de alcohol durante la infancia y la adolescencia son los siguientes:

• Mayor probabilidad de desarrollar problemas del estado del ánimo, como depresión o ansiedad

• Aumento en la probabilidad de realizar conductas sexuales de riesgo que pueden llevarlos a contraer enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados

• Mayor probabilidad de ser víctima de delitos como violación, robo y agresión

• Se ha visto que el inicio del consumo a temprana edad aumenta las probabilidades de ser víctimas o estar vinculados con crímenes violentos

• Dificultades académicas (ausentismo, deserción escolar, dificultades en el aprendizaje, entre otros.)

Por hacer mención a la Ley de Salud en su artículo 3o. menciona lo siguiente, como una protección a los niños se tendrá en cuenta, que es una responsabilidad conforme lo establecido,

...En los términos de esta ley, es materia de salubridad general: I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta ley; IV. La atención materno-infantil; ...

Y en consecuencia ya tienen necesidad de un tratamiento, de una intervención integral, no puede ser nada más una intervención al chico, sino a toda la familia y a toda la sociedad, que está pasando en la sociedad, por qué estamos siendo permisivos, por lo tanto tendrá que intervenir el estado con apoyo de la Secretaria de Salud, para que se conozcan los alcances de salud y gravedades de un acto preventivo, con el apoyo de casa, escuela y sector salud.

Por lo anterior, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública a que implemente talleres, foros, conferencias y pláticas de prevención del alcoholismo como un tema de necesidad, dentro de sus conocimientos de aprendizaje y valores fomentados.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública que tenga un psicólogo que realice un expediente clínico por cada alumno para poder conocer y tener un control adecuado de ciertos trastornos o problemas emocionales de los que requiera ayuda, en ciertos ámbitos escuelas públicas y privadas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, a realizar campañas de prevención contra el alcoholismo en los menores de edad con las afectaciones de salud irreversibles.

Dado en la Ciudad de México dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3 días del mes septiembre de 2019.

Diputado Marco Antonio Carbajal Miranda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a resolver la extinción de las abejas, a cargo del diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Marco Antonio Carbajal Miranda, diputado en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta asamblea legislativa de lo federal, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En Europa y América del Norte, cada año se pierde entre un tercio y la mitad de las colonias. “Estos resultados han preocupado a los gobiernos de Estados Unidos y de los países de Europa quienes, conscientes de que esta situación es crítica, han puesto a disposición fondos para asistir a los apicultores”, a pesar de que Latinoamérica constituye otra de las regiones de relevancia apícola mundial, la mayoría de sus países no cuenta con estadísticas sobre las pérdidas de colmenas de la abeja melífera,

Segunda. El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, llevó a cabo, en 2017, a través de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas (Solatina), la primera encuesta para estimar los niveles de mortalidad de colmenas de abejas melíferas (productoras de miel) y de abejas nativas sin aguijón (meliponas) en la región. Según los datos facilitados por un millar de productores de una decena de países de la región, del 1 de octubre de 2016 al 1 de octubre de 2017 se perdieron 56.1 por ciento de colmenas de abejas melíferas en Chile y un 12.6 por ciento en Ecuador y Perú. Por otro lado, Brasil perdió 41 por ciento de colmenas de abejas nativas sin aguijón.

Se analizó una muestra de 138 mil 784 colmenas de abejas melíferas y 2 mil 199 de abejas nativas sin aguijón de diversos países entre los que destacan Argentina, México, Uruguay y Brasil. Con una pérdida del 34 por ciento de sus colmenas de abejas melíferas, Argentina, es el quinto país de América latina en mortalidad de estos insectos.

Tercera. Focalizando el problema sobre el cambio climático, son temas que el planeta lo ha vivido en los miles de años que tiene, siempre estamos en transformación, en cambio, lo que si estamos viviendo es un cambio medioambiental, fenómenos naturales, como siempre se ha vivido.

Cuarta. La apicultura en México está viviendo uno de sus peores momentos, ya que, desde hace 4 años a la fecha, la producción de miel ha disminuido en más de 50 por ciento, es una crisis que no se había viviendo hace por los menos 50 años, al destacar que esta situación se está registrando en todos los estados del país.

Ello es una situación grave ya que históricamente México ha sido una potencia en la producción de miel, igual que Argentina, que vive una situación similar. “Las floraciones están muy alteradas”.

La estadística en México produce 53 mil toneladas de mil al año, eso es lo que exporta, y con esta situación es posible que se registre una baja de 30 por ciento de la exportación.

Quinta. Con el proceso de africanización de las abejas, las colmenas se volvieron más difíciles de manipular para producir miel, por lo que los apicultores decidieron dejar la actividad; asimismo, las prácticas de fumigación masiva exterminaron a las colmenas. Como no había polinización, es decir, el proceso de transferencia de polen a los almendros para la producción de la fruta y las semillas, no había almendras.

Para resolverlo, primero decidieron contratar a personas para que hicieran la polinización manual, un proceso extremadamente laborioso y costoso. Ese costo de la polinización no era rentable, además, no daba tiempo para polinizar tanta superficie porque la flor tiene un cierto periodo de vida en el que se tiene que llevar a cabo la polinización.

La segunda apuesta fue traer abejas de los estados del norte, en los que por las condiciones de bajas temperaturas las abejas africanas no pudieron llegar. Los apicultores comenzaron a rentar sus colmenas para llevarlas a los campos de California, la estrategia funcionó, pero como se liberan todas las abejas en los campos pronto se registraron severos problemas de enfermedades que mataron a muchas abejas. Al estar todas en contacto, las que tenían alguna enfermedad contagiaron al resto.

Sexta. Los apicultores de Estados Unidos encontraron un gran negocio en la renta de las abejas para la polinización, tanto así, que ya dejaron de producir miel, para importarla de países como China y, en menor medida, de México. En el invierno, cuando las abejas regresan al norte luego de la polinización en los campos de almendras, descansan para recuperarse y volver a polinizar al año siguiente. Ya no producen miel, en México también se venden y rentan abejas para labores de polinización y para el mejoramiento de las colmenas.

Existen estudios científicos que indican que estos abejorros están desplazando a las variedades nativas y están propiciando su extinción. Los abejorros importados son más grandes y agresivos y pueden ser peligrosos para la gente y los animales.

Séptima. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hay un departamento muy grande trabajando en la des-africanización de las abejas, eso ya no se va a poder hacer porque ya todas las abejas son híbridas, “están africanizadas”, que mejor esas personas se dediquen a hacer otras cosas para la conservación de las abejas”, propone, con los químicos nos quedaremos sin polinizadores, sin suelo, con agua contaminada y mucha gente enferma. La agricultura industrial nos va a llevar al apocalipsis, tendremos que voltear a mirar las prácticas de producción orgánicas que tan buenos resultados han dado durante miles de años a muchas civilizaciones.

Por lo anterior, sometemos a consideración de las legisladoras y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las diversas autoridades a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus facultades y medidas preventivas resuelvan la extinción de las abejas.

Dado en la Ciudad de México dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3 días del mes septiembre de 2019.

Diputado Marco Antonio Carbajal Miranda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la Sener a realizar por la Conuee mesas de trabajo con interesados y afectados respecto a la NOM-027-ENER/SCFI-2018, suscrita por los diputados Felipe Rafael Arvizu de la Luz y Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscribimos, Felipe Rafael Arvizu de la Luz y Marco Antonio González Reyes, diputados federales del estado de México, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, del Reglamento de Cámara de Diputados y demás relativos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con carácter de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

México tiene que hacer frente a los principales problemas ambientales a los que se enfrenta actualmente la sociedad y que dan origen a consecuencias sociales y económicas.

Tal y como lo establece el artículo 4o. de la Constitución política de los Estado Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

“El medio ambiente se encuentra en peligro por diversas amenazas que ponen en peligro no solo a los ecosistemas, sino a todos los seres humanos. Conocer los problemas ambientales es el primer paso para concienciarnos de su importancia y reclamar y participar en acciones para la protección y recuperación de la naturaleza.

El incremento desde el siglo XIX de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera por las actividades humanas está provocando la Tierra esté sufriendo un cambio climático. Este problema ambiental causa diversos impactos “abrumadores” sobre la naturaleza y los seres humanos. Así lo subraya el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), el grupo internacional de científicos organizado por Naciones Unidas para estudiar el problema, en su más reciente informe.”1

“En materia de emisiones, de acuerdo con el Inventario Nacional de GEI, emitido por el INECC en 2015 con datos de 2013, México emite el 1.4 por ciento de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero.

Por sector, contribuye con 26.2 por ciento el transporte; 19 por ciento la generación eléctrica; 17.3, la industria; 12.1, el petróleo y gas; 12, agropecuario; 4.9, el uso de suelo; 4.6, los residuos y 3.9 por ciento el residencial.

En el Acuerdo de París, México se compromete a reducir 25 por ciento de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), es decir, 22 por ciento de GEI y 51 por ciento de carbono negro.”2

“La degradación ambiental es una de las mayores amenazas que se están observando en el mundo actual. Este problema puede ocurrir de varias maneras. En el momento en que los entornos se destruyen o se agotan los activos comunes, se considera que el medio ambiente está corrompido y dañado.

Para contrarrestar esto, existen varias técnicas diferentes, incluyendo soluciones medioambientales y la protección de los recursos ambientales.

Los problemas ambientales se pueden ver por los efectos ecológicos a largo plazo, algunos de los cuales pueden demoler ambientes enteros.”3

“El consumo cada vez más elevado de energía a nivel mundial y la continuidad de los combustibles fósiles generan diversos impactos ambientales y resultan preocupantes para el desarrollo humano de las próximas décadas. El uso de energías renovables y el aumento de la eficiencia energética son algunas de las soluciones para combatir este problema.”4

“Conocemos como energías alternativas las que también se hacen llamar energías renovables. ¿Pero energías alternativas, a qué? En lo que refiere a energía eléctrica, serían la alternativa a la contaminante energía nuclear o a las que consumen combustibles fósiles y emiten gases contaminantes.

Las energías alternativas suponen, a la vez, un reto y una oportunidad. Son una oportunidad de futuro para el planeta que ya sufre bastante a manos del hombre con las emisiones de CO2 a la atmósfera y el calentamiento global, causantes del cambio climático; son una oportunidad para enmendar, o al menos frenar, el daño hecho y son, sobre todo, una oportunidad para dejar a las generaciones venideras un mundo sostenible que no se autodestruya.”5

“Las energías renovables han recibido un importante respaldo de la comunidad internacional con el ‘Acuerdo de París’ suscrito en la Cumbre Mundial del Clima celebrada en diciembre de 2015 en la capital francesa.

El acuerdo, que entrará en vigor en 2020, establece por primera vez en la historia un objetivo global vinculante, por el que los casi 200 países firmantes se comprometen a reducir sus emisiones de forma que que el aumento de la temperatura media del planeta a final del presente siglo quede “muy por debajo” de los dos grados, -el límite por encima del cual el cambio climático tiene efectos más catastróficos- e incluso a intentar dejarlo en 1,5 grados.

La transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables tendrá asimismo efectos económicos muy positivos. Según IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables), duplicar la cuota de energías renovables en el mix energético mundial hasta alcanzar el 36% en 2030 supondría un crecimiento adicional a nivel global del 1,1% ese año (equivalente a 1,3 billones de dólares), un incremento del bienestar del 3,7% y el aumento del empleo en el sector hasta más de 24 millones de personas, frente a los 9,2 millones actuales.

Ventajas principales de las energías renovables

• Son el socio imprescindible contra el cambio climático : las renovables no emiten gases de efecto invernadero en los procesos de generación de energía, lo que las revela como la solución limpia y más viable frente a la degradación medioambiental.

• Son inagotables : al contrario que las fuentes tradicionales de energía como el carbón, el gas, el petróleo o la energía nuclear, cuyas reservas son finitas, las energías limpias cuentan con la misma disponibilidad que el sol donde tienen su origen y se adaptan a los ciclos naturales (por eso las denominamos renovables). Por ello son un elemento esencial de un sistema energético sostenible que permita el desarrollo presente sin poner en riesgo el de las futuras generaciones.

• Reducen la dependencia energética : la naturaleza autóctona de las fuentes limpias implica una ventaja diferencial para las economías locales y un acicate para la independencia energética. La necesidad de importar combustibles fósiles produce una supeditación a la coyuntura económica y política del país proveedor que puede comprometer la seguridad del suministro energético. En cualquier parte del Planeta hay algún tipo de recurso renovable –viento, sol, agua, materia orgánica- susceptible de aprovecharlo para producir energía de forma sostenible.

• Crecientemente competitivas: Las principales tecnologías renovables –como la eólica y la solar fotovoltaica- están reduciendo drásticamente sus costes, de forma que ya son plenamente competitivas con las convencionales en un número creciente de emplazamientos. Las economías de escala y la innovación están ya consiguiendo que las energías renovables lleguen a ser la solución más sostenible, no sólo ambiental sino también económicamente, para mover el mundo.

• Horizonte político favorable : las decisiones acordadas en la COP21 han aportado un torrente de luz al futuro de las energías renovables. La comunidad internacional ha entendido la obligación de robustecer la transición hacia una economía baja en carbono por el futuro sostenible del planeta. El clima de consenso internacional en favor de la descarbonización de la economía constituye un marco muy favorable para el impulso de las tecnologías energéticas limpias.”6

Por ello, es necesario contar con productos como los calentadores solares de baja presión como energía alternativa, que se encuentren al alcance de la mayoría de los hogares mexicanos y que permitan ayudar en su economía en la reducción de gastos en el hogar, además de proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales.

“La empresa Hansgrohe publicó una encuesta, elaborada por la consultora Euromonitor, para determinar en qué país las personas se bañan con regularidad.

De acuerdo con esta investigación, México es el país con las personas más limpias del mundo; el 75.3% de los mexicanos se baña un promedio de 8 veces por semana.”7

Considerando los datos anteriores, los mexicanos podrían seguir siendo beneficiados con tecnologías renovables como los calentadores solares de baja presión.

Dichos calentadores cuentan con el tubo evacuado, que es la parte del equipo solar que transforma la energía solar en calor útil, y es a través de él que el agua se calienta para posteriormente almacenarse en el tanque térmico, actualmente un calentador solar de baja presión, se encuentra a un precio accesible para el consumidor.

Con la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, pretenden exponer a los calentadores solares de tubos evacuados, a pruebas de laboratorio muy costosas y que no son congruentes con el material y diseño, asimismo, refiere una tecnología de calentadores solares para los hogares, con especificaciones que harán aumentar de manera considerable los precios al público, ya que se requerirá poner un calentador solar de placa plana y un calentador de gas al mismo tiempo, afectando así de forma gradual al medio ambiente.

Actualmente el 55 por ciento de calentadores solares de baja presión son nacionales, y que, con la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, pocas empresas tendrían la capacidad de ajustarse a las nuevas disposiciones, lo que causará el cierre de más de 400 empresas aproximadamente y la pérdida de más de 15 mil empleos, convirtiéndola también, en una tecnología obsoleta y vulnerando el artículo 28 de nuestra Constitución Política, en el que establece: “Que en este país están prohibidos los monopolios o prácticas similares”, por lo que es evidente que dicha Norma Oficial no justifica su aplicación y que su puesta en marcha tendrá efectos negativos.

Es necesario contar con una variedad de empresas para todos los niveles socioeconómicos, que estén comprometidas con el ambiente, que implementen y distribuyan equipos que ayuden a los hogares de las familias mexicanas, a llevar de forma más eficiente sus actividades cotidianas de acuerdo a su entorno, con el uso de energía renovable, más limpia y reduciendo la cantidad de emisiones.

En materia de medio ambiente, se tiene que cumplir cabalmente con los compromisos generales de Convenios, Tratados y de Acuerdos Internacionales firmados por México, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por nuestra Constitución Política; es que es necesario que la Comisión Nacional Para el Uso Eficiente de la Energía, atienda todas las observaciones que promuevan el medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y salvaguarde la seguridad de todos los usuarios, sin prejuicio de las capacidades nacionales y del acceso a tecnologías eficientes por parte de la mayoría de la población y se impida la monopolización en el mercado de calentadores solares de agua.

Es indispensable que se integre un grupo de trabajo con los sectores interesados y afectados, en la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, como son; Fabricantes, importadores, académicos, institutos de investigación, cámaras y asociaciones, Laboratorios de Prueba y Organismos de Certificación interesados, a fin de dejar una norma que sea acorde a las necesidades específicas de la población.

Por los elementos anteriormente expuestos, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaria de Energía para que, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, realicen mesas de trabajo con los Comités correspondientes, así como, con representantes de diferentes sectores interesados y afectados de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, a fin de que sea considerada su opinión y en su caso se modifique dicha norma, con el objetivo de cumplir cabalmente con los compromisos generales de Convenios, Tratados y de Acuerdos Internacionales firmados por México y evitar la monopolización del mercado de calentadores solares de agua.

Notas

1 Publicado por Redacción I-Ambiente, el jueves 10 de abril de 2014 - 09:49 #Ranking: Los 10 problemas ambientales más preocupantes, disponible en;

http://www.i-ambiente.es/?q=noticias/ranking-los-10-prob lemas-ambientales-mas-preocupantes

2 Tribuna de los Cabos, 4 de noviembre, 2016, México y su compromiso con el medio ambiente

Disponible en; https://www.tribunadeloscabos.com.mx/mexico-y-su-compromiso-con-el-medi o-ambiente/

3 Quimtia Industrial, Medio ambiente, Ecología y Medio Ambiente, © 2018. Disponible en;

http://www.quimtiamedioambiente.com/blog/causas-efectos- degradacion-ambiental/

4 Publicado por Redacción I-Ambiente, el jueves 10 de abril de 2014 - 09:49

#Ranking: Los 10 problemas ambientales más preocupantes, disponible en; http://www.i-ambiente.es/?q=noticias/ranking-los-10-problemas-ambiental es-mas-preocupantes

5 Factorenergía > Blog > Eficiencia energética > Energías alternativas: Qué son y qué tipos existen, disponible en; https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/que-son-ene rgias-alternativas/

6 Fuentes: Agencia Internacional de la Energía, Revista National Geographic en su número especial del Cambio Climático (noviembre de 2015), 10 argumentos a favor de las energías renovables - Sostenibilidad para todos

Disponible en; https://www.acciona.com/es/energias-renovables/

7 Selecciones, agosto 9 de 2017, Los mexicanos son las personas que más se bañan, Disponible en: https://selecciones.com.mx/mexico-el-pais-donde-mas-personas-se-banan/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019

Diputados: Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Marco Antonio González Reyes (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profepa y el gobierno del estado de México a realizar operativos para detectar y sancionar a quienes cometan delitos ambientales en Ocuilan de Arteaga, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal David Orihuela Nava, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México, país con mayor biodiversidad en el mundo, la cual, está compuesta por bosques y selvas, motivo por el cual tiene un gran problema ambiental en la actualidad, ya que la deforestación y el crecimiento urbano refleja muchos efectos negativos para el medio ambiente.

El impacto más fuerte, es la pérdida de los bosques y en consecuencia el hábitat de diversas especies, así como fauna nativa y por destacar la falta de agua dulce o potable, que favorece la vida.

En el estado de México , una de las principales causas de deforestación es la tala ilegal de árboles de maderas preciosas y para cerrar el ciclo de la oferta y la demanda los árboles de navidad.

Es ahí donde los talamontes hacen un mercado negro o clandestino de éste producto.

La complicidad de las autoridades estatales con estos delincuentes organizados, hacen que los comerciantes establecidos pierdan competencia en el mercado, debido a que el producto que ponen a la venta es de origen ilícito, motivo por el cual, las ventas de los árboles son a menor costo en época navideña.

Este problema se ha agravado en los últimos años, por ello, Asociaciones, y personas defensoras del medio ambiente, han hecho movilizaciones para que se les escuche ante dependencias federales y estatales, pero la respuesta había sido nula.

La población, que habitamos y vivimos en el Municipio de Ocuilan de Arteaga en el Estado de México , nos vemos afectados por la fuerte pérdida de bosques a consecuencia del corte de árboles que no están regulados para las fiestas decembrinas, aunado a ello la delincuencia organizada que hace de las suyas a través de la tala clandestina y el robo de mercancías.

El corte de los árboles para dicho fin no está regulado específicamente dentro del Municipio y por el Estado de México.

De acuerdo con la Protectora de Bosques (Probosque), informó que, en los últimos cinco años, se han decomisado 12 mil metros cúbicos de madera obtenida de manera ilegal, la cual ha sido sustraída de cuatro sitios considerados como puntos rojos, principalmente en los bosques de Amecameca, Ixtapaluca, Ocuilan, Temascaltepec y Valle de Bravo, así como del Nevado de Toluca, son de los más dañados por este ilícito.

La producción y el comercio ilegal, se ven favorecidos, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales, como todos sabemos en centros comerciales y mercados populares.

La incertidumbre persiste entre los habitantes y especialistas quienes aseguran que la tala inmoderada es factor del calentamiento global, teniendo afectación directa a los mantos friáticos, así como la destrucción de fauna que subsiste en el lugar.

Es a raíz de esta problemática, el día 27 de marzo del año en curso, habitantes del municipio de Ocuilan , marcharon desde el monumento del Ángel de la Independencia hacía Palacio Nacional, para exigir operativos de seguridad que permitan frenar la tala clandestina que ocurre en la región, cuya actividad ilegal representa una amenaza para el desarrollo sustentable de la región.

Los vecinos de Ocuilan, decidieron protestar en la capital del país, cuya manifestación, entre otros puntos, exigieron disponer a la brevedad de operativos con la participación de la Guardia Nacional, para combatir los ilícitos vinculados con el crimen organizado, de zonas boscosas del estado de México, ante ello, solicitan la intervención de las autoridades para controlar la tala de dichos árboles que se utilizan en el mes de diciembre, y establecer operativos para combatir ilícitos ecológicos, en el estado de México.

Punto de acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Profepa y al gobernador del estado de México, realicen dentro de sus atribuciones, operativos a fin de detectar y sancionar a las personas que cometan ilícitos, en contra del medio ambiente, en el municipio de Ocuilan de Arteaga.

Palacio Legislativo, a 3 de septiembre de 2019.

Diputado David Orihuela Nava (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y el gobierno del estado de México a implantar acciones tendentes a detectar empresas que cometan delitos ambientales en flagrancia en el cauce del río Lerma, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado David Orihuela Nava, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los pobladores que habitamos los municipios del Distrito XXIII federal en el estado de México, nos vemos afectados por la fuerte contaminación de la cuenca alta del río Lerma, que se localiza en el estado de México y comprende aproximadamente 50 kilómetros desde las lagunas de Almoloya del Río hasta 9 kilómetros (km) aguas abajo de la presa José Antonio Alzate.

El río Lerma es un recurso natural de gran importancia para las actividades humanas entre las que sobresalen: la agricultura de riego, pecuaria, pesca y vegetación, así como actividades diarias.

El crecimiento socioeconómico e industrial, ha propiciado el desarrollo de la modificación del entorno, el deterioro por las aguas residuales, domésticas, industriales, y desechos sólidos, ha trastocado la vida de los pobladores del entorno en su salud.

Entre los años 70 y 90, las industrias aledañas al río comenzaron a vaciar sus desechos creando un deterioro ambiental, provocando afectaciones de la fauna, y de la población teniendo como consecuencia enfermedades particularmente en niños, y personas vulnerables de la tercera edad.

Al ser una región industrial altamente activa con importantes niveles de producción agrícola y un acelerado crecimiento industrial, ha resultado una sobreexplotación del agua subterránea y la contaminación de sus cuerpos de agua superficiales por aguas residuales industriales, teniendo como consecuencia la desaparición de manantiales y otros cuerpos de agua potable.

La calidad del agua del río Lerma , se ha deteriorado a niveles alarmantes en las últimas décadas, todo ello como resultado del ingreso de aguas residuales industriales y urbanas no tratadas que han provocado el aumento de la materia orgánica.

Por citar un ejemplo, ciudadanos que integran diferentes asociaciones, crearon el colectivo H2O Lerma con encanto , es un grupo de vecinos en pro de la recuperación de la cuenca alta del río Lerma, con métodos rudimentarios, ya que no se cuenta con presupuesto ni apoyos del gobierno estatal, teniendo como propósito, que los metales pesados no lleguen al agua que consume la población.

Se busca que el suelo recupere los iones de calcio y sodio porque se está invirtiendo la salinidad del agua, lo que está ocasionando problemas de salud en la comunidad, como enfermedades renales, gástricas, alteraciones nerviosas y el incremento de casos de cáncer.

Los pobladores de los municipios afectados refieren que los corredores industriales de Lerma, son los más afectados por la contaminación ya que son las industrias que vierten indiscriminadamente sus desechos.

En el caso de las industrias que vierten desechos tóxicos en el cauce del río Lerma, solicitamos a las autoridades locales operativos de mayor observancia y eficacia en coordinación con autoridades ambientales y de procuración de justicia.

Para contrarrestar la contaminación de la cuenca alta del río Lerma, solicitamos que las autoridades competentes se coordinen para realizar operativos por la noche y madrugadas, ya que es en ese horario es donde algunas empresas realizan las descargas de aguas residuales y metales pesados en el cauce del río Lerma.

Y estar en la posibilidad de tipificar la flagrancia de los delitos ambientales.

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de México a realizar operativos, a fin de implementar acciones para detectar empresas que cometan delitos ambientales en el cauce del río Lerma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.

Diputado David Orihuela Nava (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce las medidas de la Consar para que las comisiones cobradas por las Afore a los trabajadores se reduzcan a 0.98 por ciento este año y se invita a realizar esfuerzos para lograr la meta de 0.70 en 2024, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la proposición de punto de acuerdo por el que reconoce las medidas implementadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) para que las comisiones que las administradoras de fondos para el retiro (Afores) cobran a las y los trabajadores se reduzcan al 0.98 por ciento en el presente año; y se invita a realizar los esfuerzos necesarios para que la meta del 0.70 por ciento a la que se plantea llegar en el año 2024, se caracterice por una mayor reducción, lo que permita incrementar los recursos disponibles para el retiro bajo el sistema de cuentas individuales de las y los beneficiarios.

Consideraciones

Desde marzo de 2008, las comisiones que pagan los trabajadores a las administradoras de fondos para el retiro (Afores) se establecen como un porcentaje del saldo acumulado de las cuentas individuales. Anteriormente algunas Afores cobraban en función de los flujos anuales y otras en función de los saldos.

El porcentaje de comisiones ha ido bajando. En 2008 era de 1.96 por ciento y en 2019 bajaron a la mitad al ubicarse en 0.98 por ciento.

A pesar de esta importante baja, las comisiones aún siguen siendo mayores en comparación con las que cobran en otros países en donde existen sistemas de cuentas individuales y nivel de desarrollo similares al de México. Así, por ejemplo, en Chile son del 0.54 por ciento, en Colombia 0.62 por ciento y en Perú 0.83 por ciento.

Las comisiones son autorizadas anualmente por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) a propuesta de cada una de las Afores. Es decir, no son iguales para todas. En 2019, fluctúan entre 0.82 por ciento que cobra Pensión Issste y 1.04 por ciento de Principal, Invercap, Coppel y Azteca, una diferencia de 22 puntos base.

Hay que mencionar que las diferencias se han ido reduciendo, ya que en 2010 eran de 96 puntos base, lo que implica que haya una tendencia hacia la eliminación de la dispersión en el cobro de comisiones, con lo que se facilita a las y los trabajadores la decisión de seleccionar la Afore en donde depositan sus ahorros. Dicha decisión depende cada vez más del rendimiento que produce cada Afore.

Por otra parte, se considera que hay margen para reducir las comisiones. La utilidad neta de las Afores (ingresos por comisiones menos costos, gastos e impuestos) es superior al 30 por ciento, lo que es una utilidad más que adecuada. Adicionalmente se considera que aún hay posibilidad de hacer más eficiente su operación, mediante la reducción de sus gastos y costos.

Con base en estos antecedentes, la Consar llegó a un acuerdo con las Afores para intensificar la reducción de las comisiones durante la presente administración, hasta llegar a 0.70 por ciento en 2024, que ya sería similar al existente a nivel internacional.

Definitivamente la reducción de las comisiones beneficiará a las y los ahorradores, ya que incrementará los recursos disponibles para su retiro. La Consar estima que, con esta medida, las pensiones de los trabajadores aumentarán 10 por ciento en promedio, lo que es una buena noticia. Sin embargo, no es suficiente para resolver de fondo las limitaciones del sistema para garantizar que el monto de las pensiones sea adecuado.

De acuerdo con algunas estimaciones1 el sistema de cuentas individuales implica que la tasa de reemplazo (monto de la pensión como porcentaje del último salario) se ubicará entre el 22 y 35 por ciento, si se acumulan las mil 250 semanas de cotización que se establecen en la Ley.

La reducción de las comisiones aumentaría la tasa de reemplazo entre 2 y 3 por ciento. Es decir, serían de entre 24 y 38 por ciento, y aunque menos malas serían todavía insuficientes.

En conclusión, la reducción de las comisiones es una buena medida, aunque insuficiente para mejorar el monto de las pensiones y garantizar el bienestar de las y los pensionados bajo el sistema de cuentas individuales.

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados reconoce las medidas implementadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) para que las comisiones que las administradoras de fondos para el retiro (Afores) cobran a las y los trabajadores se reduzcan al 0.98 por ciento en el presente año; y se invita a realizar los esfuerzos necesarios para que la meta del 0.70 por ciento a la que se plantea llegar en el año 2024, se caracterice por una mayor reducción, lo que permita incrementar los recursos disponibles para el retiro bajo el sistema de cuentas individuales de las y los beneficiarios.

Nota

1 Dolores Padierna Luna. La Atención a los Adultos Mayores. Abril de 2019

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a los tres días de septiembre de 2019.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se congratula por la renegociación de los contratos entre la CFE y las compañías gaseras para construir y operar gasoductos de transporte de gas natural, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, proposición de punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados se congratula por la renegociación de los contratos entre la Comisión Federal de Electricidad y las compañías gaseras para la construcción y operación de gasoductos de transporte de gas natural, a la vez que felicita al gobierno de la República por el trabajo realizado para materializar estos importantes acuerdos que permitirán ahorrar al erario público 4 mil 500 millones de dólares anuales .

Consideraciones

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó a 4 empresas privadas 7 contratos para la construcción y operación de gasoductos en los que se transportaría gas natural importado de Estados Unidos. Los contratistas aportarían el total de la inversión, que recuperarían en los 25 años que dure la concesión, a través de un pago fijo por unidad de capacidad instalada.

Adicionalmente los concesionarios cobrarían una tarifa variable por unidad de gas natural efectivamente transportado y entregado a la CFE, con lo que financiarían los gastos de operación y mantenimiento.

Por otra parte, en los contratos se incluyen previsiones de “fuerza mayor” lo que significa que ante la eventualidad de que la CFE o la compañía constructora se vean impedidos de cumplir con sus obligaciones, debido a circunstancias fuera de su control, la CFE tiene que pagar sanciones a las empresas.

El director de CFE y el presidente Andrés Manuel López Obrador calificaron estos contratos como abusivos, debido a que contienen cláusulas que obligan a pagar sanciones onerosas cuando se ha presentado eventos que retrasan la construcción o impiden el transporte de gas, ajenos a la CFE.

Como en la práctica se han dado varios casos de “fuerza mayor”, la CFE dice que esta cláusula le costó 5 mil 800 millones de pesos, sólo en el año 2018 y para el año 2019 lo estima en 12 mil millones.

La primera reacción del gobierno fue en el sentido de someter los contratos a un arbitraje internacional. Sin embargo, ante la urgencia de que los gasoductos empiecen a operar para abastecer el 63 por ciento de este importante insumo a las plantas generadoras de la CFE y el 37 por ciento a otras industrias y adicionado con lo tardado que sería el litigio, se decidió negociar directamente con los concesionarios las condiciones de los contratos.

Hasta el momento, han trascendido los siguientes aspectos:

1. Se amplían los plazos de las concesiones de 25 a 30 años, en algunos casos y a 35 en otros. La ampliación de los plazos implica que el costo fijo a pagar anualmente sea menor.

2. En los contratos actuales se establece que las tarifas fijas se incrementen cada cinco años. Las nuevas condiciones establecen que las tarifas serán constantes a través de todo el plazo de la concesión, lo que implica que la CFE tendría que pagar más en los primeros años y menos en los siguientes.

3. Las tarifas variables se establecerán en función de los costos reales de operación y mantenimiento.

4. Se lograron acuerdos equitativos para los casos fortuitos y de fuerza mayor. Asimismo, la CFE se compromete a otorgar los apoyos necesarios para resolver los problemas que impiden la terminación de los ductos y el inicio de operación de los ya terminados.

El gobierno señaló que los nuevos acuerdos la CFE ahorrará 4 mil 500 millones de dólares, debido a que el costo estimado bajo las condiciones originales hubiera sido de 12 mil millones de dólares y con las nuevas condiciones será de 7 mil 500.

Independientemente de las cifras y características de la negociación, el acuerdo fue favorable para las dos partes y eliminó la tensión que se generó cuando se hablaba de un litigio internacional. Lo más importante es que se abre la puerta para que los ductos se concluyan y operen, para lo cual la CFE tendrá que hacer un importante esfuerzo para remover los obstáculos que lo impiden.

Los empresarios han señalado que este acuerdo transciende al caso particular de los ductos, ya que es una señal del gobierno para renovar la confianza y permitir la inversión privada en infraestructura, lo que sería un factor imprescindible para revertir la caída del crecimiento.

A reserva de conocer y analizar los detalles del acuerdo, se puede anticipar que es una buena noticia y nos arroja varias lecciones.

Un contrato dura lo que dura la correlación de fuerzas. Es un dicho bien conocido en la industria petrolera internacional. Y como la correlación de fuerzas es cambiante, tarde o temprano uno de los firmantes o ambas partes buscarán la renegociación para salvaguardar sus intereses.

CFE buscó la renegociación de contratos que consideró leoninos, es decir, muy favorables a los intereses de las compañías gaseras y muy desventajosos para la CFE. La empresa pública tenía que pagar miles de millones de pesos anuales por gasoductos inconclusos.

Si se llegó a un nuevo acuerdo es porque ambas partes aceptaron sentarse nuevamente en la mesa de negociación. A todas luces era mejor una negociación amistosa que un costoso juicio en tribunales internacionales.

A las compañías gaseras no les convenía un gran pleito. Seguramente hubieran ganado el juicio en tribunales extranjeros, pero prefirieron un arreglo extra judicial, a la vista de lo ya obtenido y de lo que podrían obtener. El mercado de gas en México está en plena expansión y no se pueden dar el lujo de estar ausentes. Pelearse por un gasoducto no vale la pena cuando está en juego nuevos negocios y su futuro en México.

Si se llegó a un nuevo acuerdo es porque ambas partes así lo quisieron. Nadie negocio de rodillas ni con una pistola en la cabeza. Como en toda negociación, se cedió en algunos rubros para obtener ventajas en otros (por ejemplo, ellos en el precio, CFE en la duración del acuerdo). Fue un juego de suma positiva, donde ambas partes ganan, de otro modo no hubieran firmado el nuevo acuerdo.

Los contratos siempre contienen mecanismos para resolver controversias. Y dichos mecanismos se usaron. Algunos organismos empresariales y medios de comunicación hicieron un drama en donde no lo había.

Los contratos no se cancelaron, simplemente se modificaron. Como dicen los abogados se perfeccionaron por acuerdo de ambas partes. No hubo ni nacionalización ni expropiación, sino desplazamiento a un mejor punto de equilibrio entre los intereses de ambas partes.

Se cayó el mito de que los contratos con las transnacionales son sacrosantos y no se deben renegociar, por más desfavorable que sea su contenido. No hubo fuga de capitales, no se perdió la confianza, no se acabó el país. Sigue la relación con las gaseras en buenos términos.

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados se congratula por la renegociación de los contratos entre la Comisión Federal de Electricidad y las compañías gaseras para la construcción y operación de gasoductos de transporte de gas natural, a la vez que felicita al gobierno de la República por el trabajo realizado para materializar estos importantes acuerdos que permitirán ahorrar al erario público 4 mil 500 millones de dólares anuales.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a los tres días de septiembre de 2019.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del Día Nacional del Cacao y Chocolate, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

• Como ustedes saben, el cacao y el chocolate son, sin duda, uno de los mayores símbolos de la idiosincrasia mexicana, manteniéndose como un factor inalienable a la cultura desde tiempos prehispánicos y en cuya evolución y transformación es posible leer la historia de nuestro país.

• Fueron las culturas maya, tolteca y azteca quienes descubrieron y utilizaron el cacao, sin embargo, fueron los mexicas quienes preparaban una bebida agria de cacao fermentada en agua a lo que llamaban xocoatl (xococ-agrio/atl-agua) siendo de ahí el origen de la palabra chocolate.

• Estas culturas le dieron diferentes usos al cacao y el chocolate, no sólo en ámbito culinario, sino que desde ese entonces ha sido un factor inalienable a la cultura mexicana, otorgándole importancia en ámbitos espirituales y sociales.

• La importancia histórica del chocolate no se remonta únicamente a la época prehispánica, durante la época de la Colonia, se comenzó a popularizar el consumo de chocolate. A partir de la conquista, el chocolate dejó de estar reservado para las clases elevadas como en las épocas precolombinas y se consolidó como una bebida popular en México.

• Fue durante el Porfiriato y la influencia francesa que comenzó a ser utilizado en la preparación de repostería, marcando un vínculo entre el producto y la tradición francesa que acogió a México durante el gobierno de Porfirio Díaz.

• Además de su importancia histórica, el cacao es un elemento esencial de la gastronomía mexicana, misma que mantiene desde sus inicios y hasta la fecha una conexión inalienable con la cultura de nuestro país. Muestra indudable de ello es el hecho de que es reconocida como patrimonio inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

• La importancia del cacao y el chocolate en nuestro país no se reduce únicamente a las esferas históricas, culturales y sociales, sino que el producto guarda un importante valor para nuestra economía, tanto nacional como familiar.

• Debido a que el cultivo del cacao requiere ambientes determinados en lo que concierne a las condiciones climatológicas y geográficas, México es uno de los pocos países del mundo que cuenta con un territorio tan amplio para su cultivo: desde la provincia de Tabasco, hasta Michoacán, Colima, Chiapas y Campeche.

• Sin embargo, en la actualidad, la producción de cacao se concentra principalmente en Tabasco (67 por ciento) y Chiapas (31 por ciento), las cuales en conjunto aportan alrededor de 98 por ciento de la producción total, el resto se produce en Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

• Lo anterior, ha ocasionado que la industria se encuentre en desventaja con el resto del mundo. Esta carencia de producción ha derivado en que México hoy sea un país netamente importador del grano, debido a que la demanda ha superado a la oferta. en México importamos alrededor de 63 mil toneladas de cacao en grano por año.

• La situación descrita ha ocasionado que, desgraciadamente, México, el país que internacionalmente es reconocido por ser la cuna del cacao y el chocolate, enfrente una crisis significativa en lo que respecta a estos productos.

• Con base en lo anterior, es que hoy celebro los esfuerzos de las autoridades en la materia para rescatar el legado del cacao y el chocolate en nuestra cultura y economía e invito a mis compañeros diputados a unirse a la primera celebración del Día Nacional del Cacao y el Chocolate.

• En ese sentido, hago un llamado a que aprovechamos el espacio creado a partir de los esfuerzos legislativos de nuestros compañeros y que trabajemos coordinados buscando salvaguardar un símbolo de suma importancia para nuestro país.

• Enfrentemos el reto juntos haciendo un análisis de los obstáculos a los que actualmente se enfrenta la industria del cacao en México.

• Reevaluemos la situación desde todas sus aristas, la política agrícola, económica, industria y cultural. Tomemos cada uno de los espacios como área de oportunidad que pueden ser mejorados potencialmente en favor del chocolate y cacao mexicano.

Diputada Soraya Pérez Munguía.