Proposiciones

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos estatales a difundir la fecha de instalación del Sipinna en los respectivos territorios e informar sobre los instrumentos y las acciones implantados para fortalecer las políticas públicas en favor de niños y adolescentes, a cargo del diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a aplicar la vacuna contra la influenza a toda la población en riesgo durante 2019 y 2020, a cargo de la diputada Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a cancelar el proyecto de ampliación de la planta de cemento de Holcim-Apasco en Macuspana, Tabasco, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT, la SFP y la Sedatu a colaborar en la reactivación de las obras suspendidas por la constructora Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina del proyecto 0131, “Macrolibramiento de Guadalajara, libramiento Tepic y autopista Guadalajara-Tepic”, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a fijar por la SRE su posición ante el FMI mediante la declaración de que las decisiones de México son libres y soberanas respecto a sus políticas económicas y energéticas, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y el gobierno de Chihuahua a realizar gestiones en materia de pavimentación en la capital de la entidad, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emprender por la Sader y la SE acciones tendentes a certificar el producto apícola mexicano, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a emitir recomendaciones sobre el uso indebido e innecesario de la alerta sísmica, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y el Infonavit a retomar el Programa de Recuperación de la Vivienda Abandonada en Chihuahua, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar con el IMSS campañas sobre los beneficios de la vacuna contra el VPH, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades a sostener una reunión interinstitucional para revisar, analizar y alcanzar vías de solución jurídicas y sociales del conflicto territorial entre ejidos de Viesca y Matamoros, Coahuila, a cargo de la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena

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Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos estatales a difundir la fecha de instalación del Sipinna en los respectivos territorios e informar sobre los instrumentos y las acciones implantados para fortalecer las políticas públicas en favor de niños y adolescentes, a cargo del diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Marco Antonio González Reyes, diputado federal del estado de México, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es necesario reconocer que actualmente en México se están vulnerando los derechos de niñas, niños y adolescentes, por ello, se pretende que, desde las diferentes órdenes de gobierno, tanto federales, estatales y municipales, brinden de manera oportuna protección y atención, para así prevenir consecuencias irreversibles, ya sea físicas, psicológicas y emocionales.

“El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, refiere que en México viven 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, lo que representa 32.8 por ciento de la población total.”1

“Por mencionar algunos datos, la encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 arrojó que la tasa de prevalencia para el delito de violación fue de mil 764 niñas, niños y adolescentes victimizados por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años.

Entre las cifras más alarmantes se destaca que en la actualidad las niñas de 6 a 11 años representan el 35 por ciento de las víctimas de abuso sexual, mientras que los niños de 2 a 5 años representan el 36 por ciento.

Datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mencionan que las entidades en las que se presentaron el mayor número de casos de abuso sexual infantil, en 2018, fueron el estado de México, Baja California, Nuevo León, Puebla y Chihuahua, entidades que rondan entre los 700 y 200 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.”2

Por otro lado, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los estados con mayores municipios con probabilidad de riesgo alto en trabajo infantil son 12 en Chiapas, 6 en Oaxaca, 4 en Puebla, 4 en Jalisco, 3 en Durango, 1 en Campeche y 1 en Coahuila.3

Actualmente también las niñas, niños y adolescentes, se enfrentan constantemente con un gran problema de demora en cuanto asistencia y protección, privándoles su derecho de prioridad que deben brindar diferentes instituciones jurisdiccionales, autoridades administrativas, órganos legislativos y servicios médicos.

Pero es un tema amplio, ya que en México existen muchos casos de falta de atención, no considerando que las niñas, niños y adolescentes son fundamentales en la sociedad, por lo que el cuidado y la observancia de sus derechos es elemental; asimismo, la etapa de la infancia resulta de especial relevancia ya que durante la misma se define su desarrollo físico, emocional, intelectual y moral, por lo que es indispensable que la niñez y la adolescencia se viva en un ambiente de seguridad y estabilidad, de tal forma que puedan contar con las herramientas y cuidados suficientes para lograr el desarrollo máximo de sus potenciales, lo cual implica prevenir que vivan situaciones que los pongan en riesgo y no se les brinde protección, atención oportuna por diferentes instituciones jurisdiccionales, autoridades administrativas, órganos legislativos y servicios médicos.4

“Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes:

• Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

• Derecho de prioridad; niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure de manera prioritaria (antes que a los adultos) el ejercicio pleno de todos sus derechos, para tal efecto siempre se considerará su interés superior.

• Derecho a la identidad;

• Derecho a vivir en familia;

• Derecho a la igualdad sustantiva;

• Derecho a no ser discriminado;”5

“La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en el mundo y su ratificación en México, representa una trasformación histórica de los paradigmas bajo los cuales eran concebidos tanto la infancia como las responsabilidades que el Estado y otros actores deben asumir para atender las problemáticas que atañen a la infancia”.6

Por fortuna, en México, como en muchos otros países firmantes de la Convención, hoy contamos con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene la encomienda, a través de su Secretariado Ejecutivo de proponer, coordinar y ejecutar la transversalidad del enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia en todo el quehacer de la administración pública federal, en los tres órdenes de gobierno, en los tres Poderes de la Unión y en la sociedad en su conjunto; expresados en más de 16 atribuciones especificas en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Sistema tiene el propósito de promover, garantizar y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que representan más del 30 por ciento de la población de este país que, si sus derechos son vulnerados en esta etapa temprana, con certeza se pondrá el riesgo el ejercicio de sus derechos presentes y futuros.

Por lo que es imprescindible contar con Sistemas Estatales de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en las 32 entidades federativas, que den garantía y que sean capaz de construir e implementar bajo el enfoque de derechos, una política integral de infancia y adolescencia y que logre coordinar y articular institucionalmente a todos los organismos y sectores del gobierno que tengan jurisdicción sobre acciones que afecten la garantía y cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 47 que “las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por (...) abuso físico, psicológico o sexual; trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación (...).

Pese a lo anterior, existen estados de la República que aún no han institucionalizado puntualmente la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que, dicho sea de paso, en algunos estados y municipios donde se ha instalado el Sistemas Estatal de Protección Integral, ha sido como mero requisito, es decir, no se han implementado acciones ni políticas públicas que restituyan sus derechos y que erradiquen toda clase de violencia.

Por los elementos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a que hagan pública, la fecha de instalación del Sipinna en cada una de sus entidades y municipios que los conforman.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a que hagan público cuáles son los instrumentos y acciones que han implementado para fortalecer las políticas públicas a favor de las niñas, niños y adolescentes, para erradicar toda clase de violencia en su contra y garantizando en todo momento el interés superior de la niñez.

Notas

1 Datos del Inegi, Encuesta Intercensal, 2015.

2 Inegi. (2015). Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014. 24 de octubre de 2018, de Inegi sitio web: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825074869.pdf

3 Nota de María del Pilar Martínez, 11 de junio de 2018, 18:09, El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Impulsa-Mexico-modelo-para-reducir-trabajo-infantil-20180611-0089.html

4 Convención sobre los Derechos del Niño, el documento marco de UNICEF, 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

https://www.unicef.org/honduras/19087.html cfr. y UNICEF México https://www.unicef.org/mexico/conoce-unicef

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos – México, Derechos reservados 2010 – 2017, disponible en:
http://www.cndh.org.mx/Ninos y http://www.cndh.org.mx/Ninos_Derechos_Humanos

6 Red por los Derechos de la Infancia en México, Derechos de Niñas y Niños, disponible en
http://www.derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=p agina&id=11&id_opcion=46

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2019

Diputado Marco Antonio González Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a aplicar la vacuna contra la influenza a toda la población en riesgo durante 2019 y 2020, a cargo de la diputada Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del PAN

Ana Paola López Birlain, diputada federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Soberanía el presente punto de acuerdo, a partir de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Inegi, la segunda causa de muerte en México, es la diabetes mellitus. Durante 2017, fallecieron 106,525 personas por causas asociadas directamente a la diabetes, esto es, el 15.2 por ciento del total de muertes por problemas de salud. Pero realmente esta cifra está subestimada, les explicaré por qué.

En 2017 también murieron 22,954 personas por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y 21,892 personas por influenza y neumonía. Existen diversos estudios que muestran que las personas más sensibles a morir por influenza son aquellas que representan comorbilidades, principalmente diabetes mellitus y obesidad.

Hay que recordar que durante la epidemia de 2009, casi el 60 por ciento presentaba comorbilidades, de este tipo. Se estima que cerca del 16 por ciento de la población en México vive con diabetes, en ese rubro somos líderes según la OCDE.

La influenza es una enfermedad a la que no hemos puesto suficiente atención desde el ámbito de las políticas públicas, a pesar de los efectos que tiene potencialmente sobre este grupo poblacional. La influenza es más frecuente y más grave entre las personas con diabetes pues existen más probabilidades de ser hospitalizado: el riesgo es de 3 a 6 veces mayor; y aumenta la probabilidad de muerte por complicaciones de la influenza en un factor de 6 veces.

El Consejo Nacional de Vacunación, reconoció esta situación, por lo que emitió como recomendación vacunar a todos los diabéticos, y otra población en riesgo, tales como personas con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, con obesidad mórbida, que padecen asma o alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), o que estén infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana.

No obstante lo anterior en el Sector de Salud Pública, no se vacuna a una persona con diabetes, a no ser que se considere “descontrolado”.

Apenas en 2018 el Programa Nacional de Vacunación erogó 2,513 mdp y para 2020 nos proponen un presupuesto casi 500 mdp menor a ello, por lo que es importante contar con reasignación de presupuesto para vacunación, ya que en el caso de las vacunas se debe de extender el acceso a un mayor número de población en riesgo como base de fortalecimiento en el nuevo esquema de prevención y Sistema Universal de Salud.

La epidemia de 2009 parece estar ya muy lejos, pero los riesgos persisten. Durante la temporada pasada de influenza, la cual abarca de octubre de 2018 a mayo de 2019, se reportaron 53,208 casos de Enfermedad Tipo Influenza de ellos, 7,210 casos fueron confirmados y 811 murieron.

Debemos de tomar en consideración que estas cifras reportadas son por el método de evaluación centinela, lo cual quiere decir que solo se confirman los casos que se reportan en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, no se tiene la contabilidad de todos los casos de influenza en el país.

El 92.5 por ciento de la personas que murieron no tenía vacuna contra influenza. El 75 por ciento de las defunciones tenían 1 o más comorbilidades asociadas (diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC, insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiaca, inmunosupresión y/o asma). Adicionalmente, también la SSA reporta que por este padecimiento, al año, la población pierde potencialmente 17,182 años de vida.

Compañeros, compañeras, tenemos que ser responsables en nuestro papel de definir el gasto público si queremos hacer cambios en el Sistema Universal de Salud. Tenemos que hacer ver a la Secretaría de Hacienda, a la Salud, al IMSS e ISSSTE, así como a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que contemplen una cobertura completa a los grupos de riesgo en nuestro país y contar con el presupuesto, la compra y la aplicación de un esquema necesario para prevenir complicaciones en la población que eventualmente le constarán más al Sector Salud Público.

Por razones anteriores, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al secretario de Salud, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que durante 2019 y 2020, se aplique a toda la población en situación de riesgo definida por el Consejo Nacional de Vacunación, la vacuna contra la influenza.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a realizar todas las acciones necesarias para contar con campañas informativas para los derechohabientes de cada instituto con respecto a vacunación, así como acceso oportuno de la vacuna contra la influenza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2019.

Diputada Ana Paola López Birlain (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a cancelar el proyecto de ampliación de la planta de cemento de Holcim-Apasco en Macuspana, Tabasco, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una cuarta parte del parque estatal Agua Blanca en Macuspana, Tabasco, cercano a los límites con Chiapas, declarado Área Natural Protegida (ANP) en 1987 y que originalmente estaba conformada por 2 mil 25 hectáreas, será ocupado por la ampliación de la cementera trasnacional Holcim-Apasco.

En total, 563 hectáreas del área fueron entregadas a esta cementera que tiene en la zona una planta que opera desde 1982, gracias a un decreto, emitido el 11 de enero de 1979 y que según documentos mostrados por un representante de la compañía, arrancó operaciones con una autorización de mil 328 hectáreas en la zona.1

La cesión de estas hectáreas a la empresa fue reconocida mediante un decreto que se publicó el 5 de julio de 2017, por el entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez. La compañía argumentó a su favor, que esas hectáreas ya le pertenecían de acuerdo al decreto presidencial en los años setenta, y que “por error”, quedaron dentro del área protegida del parque estatal Agua Blanca, lo cual el gobierno de Tabasco avaló en 2017.

Esta cementera, busca expandir la zona de extracción de material rocoso en el territorio que fue considerado como parte de esta área protegida, según indica el documento Manifestación de Impacto Ambiental, que presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).2

Esta reserva natural, donde crecen árboles de más de 25 metros de altura, hogar de jaguares, monos araña, aves migratorias y otras decenas de especies de flora y fauna, muchas de ellas protegidas, amenazadas o en peligro extinción, corre el riesgo de que la planta cementera extienda su zona de extracción de material pétreo a casi una cuarta parte de lo que en 1987 se consideró como parte de su territorio.

La Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del gobierno de Tabasco, publicó el pasado 25 de septiembre el Plan de Manejo Ambiental del Área Protegida, considerando una extensión de mil 462 hectáreas para este parque, 563 hectáreas menos que las consideradas en el decreto de su creación, en 1987.

Asimismo, el Programa de Manejo integrado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), avaló la cesión de estas hectáreas a la empresa Holcim-Apasco, ordenada hace dos años por el gobierno del estado de Tabasco, mediante un decreto que arrebató irremisiblemente la cuarta parte de una zona que alberga 49 por ciento de la biodiversidad vegetal de Tabasco.3

El siguiente cuadro resume a la perfección la problemática que se presenta en esta superficie territorial, que atenta contra el equilibrio ecológico de esta zona del sureste mexicano. Como se puede observar, de las 2 mil 25 hectáreas concedidas al parque estatal Agua Blanca, ahora se reducen a mil 462; 563 hectáreas menos, concedidas a la empresa cementera Holcim-Apasco.

Fuente: Noticaribe, Información y análisis desde la Península Maya, dirección en internet: bit.ly/2P6T19D, fecha de consulta 21 de octubre de 2019.

Entre los elementos a investigar por parte de la Semarnat y de la cual se debe informar a esta Cámara, se encuentran los relacionados con el decreto 0658, que dio fundamento a la reserva ecológica de Agua Blanca Tabasco, y son:

• ¿Qué cantidad de selva siempre verde (alta perennifolia) se verá afectada por esta ampliación?

• ¿Qué cantidad de especies endémicas es perjudicada por este aumento de la actividad humana?

• ¿Qué cantidad de programas y proyectos se han llevado a cabo para disminuir la contaminación ambiental en la zona, desde que se estableció esta Área Natural Protegida?

• Los resultados de los estudios sobre las aves locales y migratorias llevados a cabo por el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos.

En este decreto también se contemplan aspectos bióticos sobre la flora (base de medicamentos); la cubierta vegetal de la selva; los recursos acuíferos de alta calidad; y pérdida de suelo y erosión.

En su artículo tercero, el mismo señala que “no se permitirá la ejecución de obra pública ni privada dentro de las áreas definidas como zona natural y zona de recuperación del parque estatal, salvo las estrictamente necesarias para su acondicionamiento, conservación y desarrollo”. También se prohíbe colectar, cortar, extraer o destruir cualquier espécimen; la caza o captura de la fauna silvestre.

Por haberse dado prioridad a los intereses particulares de la cementera Holcim-Apasco mediante el aval a esta superposición de terreno por parte del gobierno estatal; por haberse dado prioridad al usufructo de los recursos naturales y afectarse un área natural protegida, es que se exhibe el presente punto de acuerdo a consideración de esta Cámara de Diputados.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la cancelación del proyecto de ampliación de la planta de cemento de la empresa Holcim-Apasco en Macuspana, Tabasco, en caso de no sujetarse a lo previsto por la ley y al interés nacional. Además, se solicita a la mencionada dependencia, realice un estudio sobre el impacto ambiental que la obra provocaría en la zona.

Notas

1 Diario Oficial del Estado de Tabasco, Decreto por el que se modifica la superficie del área natural protegida denominada “Parque Estatal de Agua Blanca” establecida por el decreto 0658, publicado en el periódico oficial del estado el 19 de diciembre de 1987, publicado el 5 de julio de 2017.

2 Noticaribe , Avalan cementera en área natural de Tabasco, 20 de octubre de 2019.

3 Periódico Reforma , Una cementera en la selva, 20 de octubre de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2019.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT, la SFP y la Sedatu a colaborar en la reactivación de las obras suspendidas por la constructora Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina del proyecto 0131, “Macrolibramiento de Guadalajara, libramiento Tepic y autopista Guadalajara-Tepic”, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coadyuvar en la reactivación de las obras suspendidas unilateralmente por la constructora “Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina”, empresa del Grupo CARSO, del 0131 macrolibramiento de Guadalajara, libramiento Tepic y autopista Guadalajara-Tepic”, así como a solucionar los problemas que estén vinculados a su construcción y establecer responsabilidades por la suspensión, con base en las siguientes

Consideraciones

Las carreteras son parte fundamental de la infraestructura necesaria para desarrollar e impulsar las economías, el comercio y la prosperidad en las sociedades. Por ello, la construcción, reparaciones y mantenimiento de las mismas ha sido una prioridad de los gobiernos mexicanos desde el siglo XX hasta nuestros días.

En este sentido, la red carretera que entrelaza a las cadenas productivas del occidente mexicano constituyendo uno de los lazos más importantes de transporte de bienes y seres humanos entre la frontera sur, el centro del país, el puerto más importante del país y la frontera norte encuentra algunas de sus conexiones más importantes en el estado de Jalisco.

Así, cualquier retraso en la construcción, reparación o mantenimiento en alguno de sus tramos resulta muy costoso en términos de lograr impulsar el desarrollo de diversas regiones del estado de Jalisco en lo particular y de regiones del país en lo general.

Considerando todo lo anterior, resulta explicable el enojo de ciudadanos, gobiernos y asociaciones de empresarios cuando el gobierno o las empresas concesionarias retrasan o interrumpen el desarrollo de estas vías de comunicación estratégicas. Ello ha sucedido recientemente en las obras del “Nodo Vial Macro Libramiento” denominadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como “0131 macrolibramiento de Guadalajara, libramiento Tepic y autopista Guadalajara-Tepic”. En este caso, la constructora “Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina”, empresa del Grupo Carso, aparentemente determinó suspender la construcción del tramo en el retorno para incorporarse a la carretera a Chapala, en el sentido hacia Guadalajara a la altura de la delegación Cedros, ubicada en el kilómetro 28, en el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco.

La suspensión de la obra mencionada ha detonado una serie de quejas por parte de sectores empresariales de la zona con motivo de que se han visto afectados debido a un aumento en la incidencia delictiva en perjuicio de sus mercancías y accidentes derivados de tomar vías alternas al tramo en reparación. Dichos accidentes y eventos delictivos ya suman “pérdidas millonarias y humanas” que motivan el presente punto de acuerdo.

La concesión de la construcción, reparación y mantenimiento de 279.6 km de carreteras correspondientes al denominado “0131 macrolibramiento de Guadalajara, libramiento Tepic y autopista Guadalajara-Tepic”, dentro del cual se encuentra el retorno para incorporarse a la carretera a Chapala, en el sentido hacia Guadalajara a la altura de la delegación Cedros, ubicada en el kilómetro 28, en el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, fue otorgada en 2011 en favor de la constructora “Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina”, empresa del Grupo CARSO, hasta el año 2041.

Derivado de lo anterior resulta necesario que se reactiven los trabajos en la obra. Sin embargo, a decir de las mismas organizaciones comerciales que han exigido el restablecimiento de las obras, existe un diferendo entre la constructora y ejidatarios de la zona, a partir del cual se suspendieron los trabajos.

En consecuencia, el punto de acuerdo que presento ante esta soberanía tiene como propósito exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coadyuvar en la reactivación de las obras suspendidas unilateralmente por la constructora “Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina”, empresa del Grupo Carso, del tramo denominado 0131 macrolibramiento de Guadalajara, libramiento Tepic y autopista Guadalajara-Tepic”, así como a solucionar los problemas que estén vinculados a su construcción y establecer responsabilidades por la suspensión.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar que se reactiven las obras inconclusas del “Nodo Vial Macro Libramiento” registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la denominación “0131 macrolibramiento de Guadalajara, libramiento Tepic y autopista Guadalajara-Tepic”, en el retorno para incorporarse a la carretera a Chapala, en el sentido hacia Guadalajara a la altura de la delegación Cedros, ubicada en el kilómetro 28, en el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, y a que en coordinación con la Secretaría de la Función Pública revise si no hay daño patrimonial derivado de la suspensión de la obra que aparentemente determinó unilateralmente la constructora “Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina”, empresa del Grupo Carso.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a constatar la existencia de problemas territoriales y, de ser el caso, solucionar los que se encontrasen entre los ejidos que pudiesen verse afectados por las obras y la constructora “Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina”, empresa del Grupo Carso que han derivado en dejar inconclusas las obras del “Nodo Vial Macro Libramiento” registrado ante la SHCP con la denominación 0131 macrolibramiento de Guadalajara, libramiento Tepic y autopista Guadalajara-Tepic” en el retorno para incorporarse a la carretera a Chapala, en el sentido hacia Guadalajara a la altura de la delegación Cedros, ubicada en el kilómetro 28, en el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2019.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a fijar por la SRE su posición ante el FMI mediante la declaración de que las decisiones de México son libres y soberanas respecto a sus políticas económicas y energéticas, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Recientemente en la publicación electrónica El Economista, en su artículo “Reconsiderar el plan de Pemex, sugiere el FMI ”, hacen esencialmente recomendaciones en esencia privatizadoras; actualmente México no tiene adeudos con el Fondo Monetario Internacional, pero ese organismo multilateral no desaprovecha la oportunidad alguna para inmiscuirse en la conducción económica del país. Hace unos días le recomendó al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador “reconsiderar” el plan de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex), por no estar a la altura de las circunstancias por las que atraviesa la petrolera nacional y la hacienda pública. Y una vez más, las soluciones propuestas provienen del gastado manual de recetas neoliberales que tantos estragos han causado en América Latina y el mundo entero (Yolanda, 2019).

Asimismo, el artículo menciona que los integrantes de la misión que vino a México estimaron innecesario que el gobierno asumiera toda la responsabilidad de devolverle a Pemex la viabilidad financiera, sobre todo cuando la economía se desacelera, las finanzas públicas están presionadas por la baja recaudación y las agencias calificadoras de riesgo amenazan con reducir la calificación de Pemex y hasta la del soberano. Desestimando el esfuerzo gubernamental para rescatar a Pemex y los avances alcanzados, los adoctrinados “expertos” del organismo advirtieron que la situación de la empresa sigue siendo delicada, por la deuda elevada y la caída continua de la producción, al tiempo que criticaron las cuantiosas inversiones en refinación. Con las conclusiones y recomendaciones ya preparadas antes de llegar al país, sugirieron la solución de siempre: privatizar.

El plan de negocios de Pemex va en otra dirección; y los funcionarios del organismo internacional recomendaron cambiarlo para incluir a empresas privadas como socios y no como simples contratistas de servicios, como ha sucedido desde que entró en funciones la nueva administración. En una otra publicación electrónica Forbes , México, en su artículo “FMI pide a México reconsiderar asociaciones de Pemex con privados” así como reanudar los farmouts (Forbes , México, 2019), mecanismo mediante el que Pemex:

• Le cede a un socio privado las operaciones de exploración y extracción.

• La empresa pública se limita a participar como accionista minoritario.

• Incluir a las compañías en los proyectos de la empresa pública, especialmente en aguas profundas, provincia petrolera ambicionada por las compañías, por ser una de las pocas regiones en el mundo aún con posibilidades de albergar gigantes yacimientos.

Otras sugerencias fueron:

• Fortalecer al gobierno corporativo (que entre líneas significa incorporar a empresarios y ex empleados de las trasnacionales en el Consejo de Administración de Pemex).

• Recomendaron reanudar las licitaciones de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos adjudicados al mejor postor, las cuales fueron suspendidas por el Presidente López Obrador, hasta que los contratistas ganadores de las primeras licitaciones entreguen resultados palpables en términos de producción y reservas.

• Respeto a los contratos ya otorgados y la continuidad de las reformas estructurales, la energética entre ellas.

La misión de supervisión concluyó con las amenazas habituales:

• Que, de no seguir las indicaciones, Pemex perderá el grado de inversión y los costos de financiamiento para la empresa pública, el gobierno, así como a las empresas del país, serán más grandes.

Como es evidente, la actitud del Fondo Monetario Internacional (FMI) es abiertamente injerencista al presionar a las autoridades mexicanas para que regresen a la senda neoliberal inmiscuyéndose en asuntos internos. La propiedad y la explotación de los hidrocarburos están reservadas para la nación y las decisiones en torno a ellas sólo competen al Estado mexicano. La máxima ley del país es muy clara al respecto, pero ese organismo internacional poco respeta la soberanía de los países.

Bajo la visión del FMI, la mejor manera de aumentar la producción y renovar las reservas petroleras es pactar “alianzas” con las compañías petroleras internacionales, alianzas que en la práctica significa dejar que las multinacionales se encarguen de las actividades de búsqueda y extracción, que Pemex sólo observe y que hacienda estire la mano para cobrar impuestos, si es que las compañías pagan lo que ofrecieron, porque tienen todo un arsenal de métodos, técnicas e instrumentos para evadir el pago de impuestos. Las metas de producción y renovación de reservas de petróleo y gas natural sólo tienen sentido si se inscriben dentro de un plan para darle valor agregado a los hidrocarburos y generar ingresos destinados a desarrollar el país. Utilizar a las compañías para cumplir metas nacionales de producción, pero permitirles que se lleven el petróleo que quieran, como ha sido pactado en los contratos ya firmados, es producir petróleo estéril para el desarrollo. La transferencia de áreas y campos petroleros de Pemex al sector privado (farmouts) deben cancelarse definitivamente, al igual que las licitaciones de contratos que privatizan las áreas de interés petrolero y los recursos naturales que contienen. Si se trata de explotación petrolera, Petróleos Mexicanos debe estar al mando.

¿De qué le sirve a Pemex que el gobierno reanude la privatización de áreas y campos petroleros, en las llamadas “rondas del Estado”? En nada, al contrario, le perjudica, porque son recursos a los cuales Pemex ya no tendrá acceso y para ello conviene recordar que los contratos surgidos por la reforma energética establecen un monopolio territorial durante décadas a favor del contratista, quedando excluida cualquier otra empresa pública o privada, e incluso el propio Estado si pretendiera realizar actividades petroleras comprendidas en el contrato.

¿En qué beneficia al país, a la hacienda pública, la entrega de más contratos? En casi nada. En lo inmediato sólo recibiría algunos millones de pesos por el cobro de derechos sobre exploración, así como algunos millones de dólares por el bono de firma, que cabe destacar, la pasada administración no quiso cobrar, violando flagrantemente la Ley de Hidrocarburos. Fuera de esos pagos, no habría más entradas y tendría que esperar casi una década para recibir ingresos fiscales provenientes de la extracción de hidrocarburos, porque entre la adjudicación de un contrato y la primera producción pueden pasar siete años y varios años más en aguas profundas. Se trata de rescatar a Pemex en un periodo de 10 a15 años.

¿En que fortalece a Pemex y a la hacienda pública la transferencia de yacimientos al sector privado vía los patéticos farmouts ? En nada, porque ese procedimiento deja a la empresa pública sin actividades operativas, pero sí con obligaciones de inversión que le dan derecho a una parte de las ganancias siempre y cuando el socio privado explote los yacimientos de manera eficiente, transparente y honesta, valores escasamente cultivados por el capital petrolero internacional. El dinero que recibiría Pemex por la cesión de sus yacimientos, dinero que sale de la bolsa del socio privado ganador de licitación, entra a la tesorería de la federación y no necesariamente se le regresa a la empresa productiva del Estado. El beneficio para la hacienda pública también es dudoso porque al pasar la asignación al sistema de contratos gozaría de un régimen fiscal más favorable y acabaría pagando menos impuestos. Y aunque se lograran obtener algunos cientos de millones de dólares por el daño que le causa a Pemex la cesión de sus yacimientos, son recursos obtenidos en un evento único e irrepetible, además que serían ínfimos con respecto a las inversiones necesarias para levantar la producción y pagar el servicio de la deuda.

Finalmente podemos concluir que la privatización no generará ingresos suficientes para resolver el problema que enfrenta el gobierno mexicano, pero si disminuirá a Pemex como operador petrolero. El único ganador sería el capital petrolero internacional y sus multinacionales.

Por la antes expuesto, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al titular del Ejecutivo, para que, a través del secretario de Relaciones Exteriores, fije la posición ante el Fondo Monetario Internacional, que las decisiones de México son libres y soberanas respecto de sus políticas en materia económica y energética.

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo, para que, a través del secretario de Relaciones Exteriores, fije la posición ante el Fondo Monetario Internacional de que las decisiones de México son libres y soberanas respecto de sus políticas en materia económica y energética.

Fuentes

- Yolanda, M. (19 de octubre de 2019). eleconomista.com.mx . Obtenido de
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reconsiderar-el-plan-de-Pemex-sugiere-el-FMI—20191013-0089.html:
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reconsiderar-el-plan-de-Pemex-sugiere-el-FMI—20191013-0089.html

- Forbes, México. (12 de octube de 2019). Forbes Mèxico . Obtenido de
https://www.forbes.com.mx/fmi-pide-a-mexico-reconsiderar-asociaciones-de-pemex-con-privados/:
https://www.forbes.com.mx/fmi-pide-a-mexico-reconsiderar-asociaciones-de-pemex-con-privados/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2019.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y el gobierno de Chihuahua a realizar gestiones en materia de pavimentación en la capital de la entidad, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Alan Jesús Falomir Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones IV a VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, el gobierno de Chihuahua y el ayuntamiento de Chihuahua a realizar las gestiones necesarias en materia de pavimentación en diversas colonias del distrito.

Exposición de Motivos

La infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. El crecimiento económico y las oportunidades de bienestar y están claramente relacionados con el grado de desarrollo de su infraestructura. Los países con que competimos están dando la más alta prioridad a la modernización de su infraestructura, porque saben que es una condición para triunfar en la economía global. México no puede ni debe quedarse atrás.

La pavimentación de calles es una prioridad para la sociedad pues mejoras la imagen urbana y el entorno económico, pues se podrían ofrecer más servicio y de mejor acceso, incluso transitar con mayor seguridad vial, la infraestructura pública tiene la encomienda de mejoras el nivel de vida de las personas.

Contar con la pavimentación mejora la forma de tránsito, tanto como peatones y automóviles pueden llegar de forma más rápido y sencillo, permitiendo que el comercio esté en operación durante más horas, ofrezcan más servicios, y puedan transportar sus mercancías de manera más eficiente.

El camino por el que han atravesado las ciudades posee uno de los aspectos fundamentales del desarrollo social y es la pavimentación de calles y carreteras que hacen posible la conexión entre todos los lugares pues es esencial para los conductores poder contar con un camino que no dañe sus vehículos y no sea causa de algún accidente.

Tener ciudades con calles y otros espacios pavimentados es sinónimo del desarrollo. El pavimento proporciona accesibilidad y movilidad por dichas calles, como resultado trae un mayor movimiento de mercancías, visitantes, así como más actividades relacionadas con el comercio y la creación de más recursos económicos.

En el tema de movilidad urbana, tener vialidades y carreteras en condiciones es indispensable, pues permite que los productos y servicios lleguen a tiempo, además de ser seguros para los vehículos y sus guiadores.

Según información solicitada al Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua, se tiene un rezago de 13 millones 545 mil metros cuadrados en terracerías en la mancha urbana, lo cual representa una inversión de 8 mil 397 millones de pesos al precio actual de pavimentación, que es de 620 pesos por metro cuadrado.

Además, dicha instancia municipal ha detectado calles con circunstancia y factores especiales que no son factibles de pavimentarlas a través del esquema de cooperación vecinal, debido a que estas calles presentan las siguientes características:

1. Rutas de acceso hacia centros educativos.

2. Rutas de acceso hacia centros comunitarios, de esparcimiento y deportivos.

3. Rutas de transporte público (camión urbano).

4. Rutas hacia centros religiosos.

5. Rutas de penetración hacia sectores y colonias (calles principales por donde transitan gran parte de la población del sector).

6. Cabeceras de manzana (calles que son laterales de las viviendas, que por las propias dimensiones se les dificulta a los vecinos cubrir el costo, por lo general estos tramos no se han podido pavimentar en aquellas colonias donde ya se pavimento el frente de las viviendas a través del esquema de cooperación).

7. Calles de polígonos y sectores de alta marginación, contempladas dentro de las zonas de atención prioritaria (Polígonos hábitat y Fism).

8. Calles de colindancia entre dos sectores o colonias donde una zona son laterales de vivienda, y otra la parte posterior del lote (patios traseros de vivienda)

9. Calles que requieren obras complementarias por la zona y topografía del terreno (muros de contención, corte de material “C”, drenes pluviales, canalizaciones, etcétera) por lo general los costos de estas obras son muy elevados.

Por ello se ha buscado la gestión de recursos de origen Municipal, Estatal y Federal para poder realizar obras de pavimentación en donde no es posible hacerlo con el programa de cooperación vecinal, y a través de las diferentes administraciones y gestiones se ha logrado el acceso a programas como el de FISM, Fortamun, Habitat, Fortalece, Fondo Minero, PDR y Pronapred.

Las zonas prioritarias están al norte colonias como Granjas del Valle, Roberto Orozco, Porvenir y a las sur colonias como Las Margaritas, Praderas, Granjas Sur, Las Cruces, La Soledad, San José, Las Torres y colonias aledañas.

En el país, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 9 mil 648 tramos carreteros federales se encuentran en un estado físico de pésimas condiciones.

En resumen, tener caminos y vías pavimentadas disminuye los tiempos de traslado, ya que peatones y conductores de vehículos se pueden desplazar de forma ágil y rápida por la población y zonas cercanas.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, el gobierno de Chihuahua y el ayuntamiento de Chihuahua a realizar las gestiones necesarias en materia de pavimentación en el municipio.

Fuentes

Universidad de las Américas de Puebla (2011) Infraestructura, sinónimo de desarrollo económico, social y humano: rector de la UDLAP. Consultado el 15 de julio en

http://blog.udlap.mx/blog/2011/03/infraestructurasinonim odedesarrolloeconmicosocialyhumano/

Datos proporcionados directamente por el director del Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua, licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2019.

Diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emprender por la Sader y la SE acciones tendentes a certificar el producto apícola mexicano, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que me otorga la fracción I del artículo 6o., así como el artículo 79 en su inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se permite poner a consideración de esta asamblea legislativa, el siguiente punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía, emprendan acciones tendentes a certificar el producto apícola mexicano con el fin de generar un valor agregado que permita constatar su autenticidad y calidad, impulsando su consumo y los mecanismos de exportación, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Es de todos conocida la disminución de polinizadores en todo el país, pero donde existen cifras más alarmantes es en las regiones focalizadas y dedicadas a la producción apícola, ya que se integran uno o más factores de deterioro al medio ambiente que están afectando a los polinizadores y donde nos encontramos con el infortunio de que no existen acciones concretas de reacción para mejorarlo, es así que actualmente en promedio existe una disminución de entre el 40% y 50% de colmenas de abejas domésticas, las cuales han venido colapsando de manera trágica desde el año 2012 y la tendencia sigue siendo negativa.

Por otro lado, más del 90% de los frutos y semillas tienen incidencia directa en su producción con los polinizadores, por lo que su disminución afecta al sector productivo, tan solo en México la Conabio, señala que el 80% de las especies de plantas de nuestro país, dependen de un polinizador para su producción.

Además de lo anterior, investigadores de la UNAM estimaron que el valor anual de la polinización en México es de 43 mil millones de pesos, ya que la polinización ayuda a la reproducción de las plantas que generan oxigeno suficiente para incrementar el rendimiento de cultivos e insumos agropecuarios.

Se tienen identificados diversos factores que están afectando a los polinizadores entre ellos, pesticidas, deforestación, quemas clandestinas, enfermedades, ácaros, cambio climático, entre otros, por lo que las abejas están bajo la gran amenaza de los efectos combinados mencionados con anterioridad, resaltando que se debe propiciar una coordinación y colaboración entre los sectores involucrados para contar con una mayor cooperación con productores apícolas, que les permita acceder a mejores condiciones de desarrollo, coordinar al sector agrícola y apicultor para que ambas actividades tengan un mayor control y no se afecten entre sí, trayendo como resultado una mayor derrama económica, seguridad laboral para los apicultores y un medio ambiente sustentable; sin duda es un trascendental reto y una necesidad lograr que la existencia de las abejas no esté en riesgo.

En lo particular el sector apícola mexicano es uno de los principales a nivel mundial, su nivel de competitividad en el mercado es alto y sólo es superado por China, Nueva Zelanda y Argentina en los indicadores de trazabilidad y especialización internacional, no así con relación a la ventaja comparativa revelada en cuanto a la calidad de sus productos donde de manera histórica la mayor parte de sus ventas al exterior se han orientado a Europa.

Desde los años noventa, y debido al efecto de diversos eventos agroambientales, la producción nacional de miel ha experimentado una clara disminución, mientras que la generación de los saldos exportables, que representa casi la mitad de la oferta primaria, no depende de este hecho, sino que se ha visto influenciado principalmente por la limitada demanda interna y por la sustitución de edulcorantes de menor precio conocido actualmente como “Miel Pirata”, la cual ha ganado mercado por su bajo precio, desencadenando que la competitividad de la miel Mexicana se encuentre en una gran problemática, tanto por la disminución de la producción, de la demanda y la competitividad en precios de exportación y mercado interno.

El mercado de la Unión Europea representa precios unitarios de exportación por encima del promedio internacional y una demanda segura. No obstante, esta tendencia mantiene una situación de concentración hacia destinos que representan un modelo de comercialización que torna difusos los efectos positivos de la agregación de valor en origen y que en el contexto internacional la miel mexicana pierde cada vez más terreno. China mantiene el primer lugar entre los países exportadores, con una participación de mercado de 12.4%, lo que representa más de 288 millones de dólares, con productos de bajo precio ganando terreno a los demás productores donde se presume la mayor parte de sus productos son “Miel Pirata”

La miel mexicana es un producto poco diferenciado en su calidad, y su cotización apenas alcanza el promedio internacional, la miel se comercializa a granel en contenedores de 300 kg, sus productores no disponen de un sistema de control de calidad estandarizado ni de diferenciación de marca que permita distinguirlos como una miel de alta calidad; sin embargo, tiene aceptación en países como Alemania por empresas mayoristas que son capaces de acopiar la miel de pequeñas unidades productoras, pero comprando la miel a bajos precios deja un margen mínimo de ganancia a los productores que sumado a la disminución de exportaciones tiene al borde del colapso al sector apícola.

Estimulados por la demanda de Estados Unidos, Alemania, así como la de Japón, Singapur y otros países asiáticos, los requerimientos de miel a nivel mundial están en un permanente crecimiento, sin embargo, las exigencias de calidad por los consumidores también están aumentando junto a la emergencia de nuevos proveedores mundiales de miel diferenciada por su calidad e inocuidad y que lamentablemente nuestro país no ha avanzado en ese sentido, teniendo venta de miel de alta calidad en venta, la cual compite con productos de menor calidad en los mismos precios.

Resulta así necesario, por los argumentos vertidos con anterioridad que nuestro país a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, emprenda acciones integrales y concretas para lograr una campaña de certificación de productos apícolas que genere un valor agregado y permita constatar la autenticidad y calidad de los productos frente a los mercados de miel internacional de menor calidad, en los cuales se destaquen las características de los productos apícolas mexicanos, así mismo se genere una estrategia adecuada de impulso a la apicultura a escala regional en la cual se destinen los recursos necesarios para generar y aplicar herramientas de gestión de la calidad, buenas prácticas apícolas y de manejo, de trazabilidad, sanidad e inocuidad que permitan atender los requerimientos de los mercados de exportación de alto valor

En ese orden de ideas, la Secretaría de Economía realice campañas de concientización sobre los beneficios de la miel y la importancia de consumir productos certificados, que garanticen la autenticidad de la miel de abeja, incentivando el consumo de los productos apícolas y resaltando la calidad de exportación de los productos apícolas mexicanos, además emprender acciones tendientes a mejorar los mecanismos de exportación a Estados Unidos y la Unión Europea.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Por el que exhorta el Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía emprendan acciones tendientes a certificar el producto apícola mexicano a fin de generar un valor agregado que permita constatar su autenticidad y calidad, impulsando su consumo y los mecanismos de exportación.

Primero. Se implementen por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, acciones integrales y concretas para lograr una campaña de certificación de productos apícolas que genere un valor agregado y permita constatar la autenticidad y calidad de los productos frente a los mercados de miel internacional de menor calidad, en los cuales se destaquen las características los productos apícolas mexicanos.

Segundo. Se lleve a cabo por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, una estrategia adecuada de impulso a la apicultura a escala regional en la cual se destinen los recursos necesarios para generar y aplicar herramientas de gestión de la calidad, buenas prácticas apícolas y de manejo, de trazabilidad, sanidad e inocuidad que permitan atender los requerimientos de los mercados de exportación de alto valor.

Tercero. Se implemente por parte de la Secretaría de Economía campañas de concientización sobre los beneficios de la miel y la importancia de consumir productos certificados, que garanticen la autenticidad de la miel de abeja, incentivando el consumo de los productos apícolas y resaltando su calidad, así como emprender acciones tendientes a mejorar los mecanismos de exportación a Estados Unidos y la Unión Europea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2019.

Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla (rúbrica), Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a emitir recomendaciones sobre el uso indebido e innecesario de la alerta sísmica, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1 y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre todos los sismos que se han documentado en este país, el de 1985 es uno de los que permanecerá en la memoria de los mexicanos. Sin embargo, antes y después de ese fenómeno natural que reveló la fragilidad en la que vivimos diariamente, se registraron otros.

México es un amplio laboratorio sismológico. Tan sólo en los últimos 12 años, el Servicio Sismológico Nacional reportó 16 mil 540 sismos en la República Mexicana con magnitud igual o superior a 3.5 grados en escala de Richter. Es decir que en este país se registran casi cuatro sismos por día dentro de ese rango de magnitud.

Así lo revela Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su libro Los sismos. Una amenaza cotidiana. 1

Dichos acontecimientos han provocado en gran parte de la población mexicana un incremento en los trastornos relacionados con la ansiedad, más en específico, un trastorno como la tremofobia o miedo a los sismos.

La tremofobia actualmente persiste de manera general en todo México, aunque en unos casos más exacerbada que en otros, debido a las vivencias y recuerdo de los sismos del 19 de septiembre de 2017 y el de 1985, ya que estos han dejado una profunda huella en nuestro país.

De acuerdo con una encuesta realizada por el Consejo Ciudadano, a 2 mil 540 habitantes de quince delegaciones, el miedo es la principal emoción ante la posibilidad de un sismo que, incluso, la mayoría siente tan solo con escuchar la alerta sísmica.2

Después de los recientes sismos que ocurrieron los días 7 y 19 de septiembre en la República Mexicana, la sociedad se encuentra en un estado latente de emergencia en el que no deja de existir la incertidumbre ante situaciones inmanejables. Debido a las consecuencias generadas por ambos fenómenos naturales, es completamente normal que, al escuchar una alerta sísmica, reaccionemos con miedo.

Sin embargo, parece ser que existen personas que carecen de consciencia y piensan que sería simpático o divertido hacer bromas emitiendo una falsa alerta sísmica desde la ventana de un edificio escondidos para generar pánico o hasta incluyendo la alerta en canciones, tonos celulares, entre otros. Dichas acciones irracionales se han hecho más frecuentes desde los recientes sismos que han sacudido al pueblo de México, así como alterado su tranquilidad.

Cabe resaltar el dato de que, a través de la Consejería de la Ciudad de México, el artículo 25 considera que amerita una infracción el proferir voces, realizar actos que constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan producir el temor o pánico colectivo. El castigo ante la falta podría llegar a ser de $1585.29.00 MXN a $2,264.70 MXN o 36 horas de prisión.3

No obstante, el desconocimiento poblacional sobre las medidas que se tomarían si una persona llegase a desacatar las indicaciones sobre el uso de la alerta sísmica, lleva inevitablemente al hecho de que infundan el pánico el pánico pensando que no habrá repercusiones.

Lo que se pretende con este punto de acuerdo es la difusión de las normas ya establecidas anteriormente, pensando en que siempre es necesario advertir a la población sobre las consecuencias de un mal actuar para que piensen las cosas y lo que sus actos pudiesen provocar si hacen algo tan irracional como infundir el miedo a las personas en sentido de “broma”.

Todo tiene sentido si nos ponemos a pensar en que el 23 de septiembre del 2017, dos personas fallecieron de un paro cardiaco por haber escuchado la alerta sísmica, mientras que un individuo saltó de un segundo piso en el mismo evento. De por sí, esta situación se trataba de un fenómeno real, así que evitemos bromas que no son graciosas y sólo denotan la ignorancia y la carencia de consciencia.4

Es importante saber diferenciar el humor y las bromas inocentes, a las acciones que podrían incluso provocar la muerte, por lo que no hay que malinterpretar que esta restricción se trate de alguna cuestión opresora del Estado; simple y llanamente se implementa para impulsar el bien común.

En aras de erradicar un problema de seguridad tan fácil de evitar ya que puede provocar más daños de los que parece a la población, y abogando por el sentido común en respeto a quienes han sufrido y tenido pérdidas en estos siniestros, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en conjunto con Protección Civil, emitan recomendaciones respecto al uso indebido e innecesario de la alerta sísmica.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, apoyándose de sus distintos medios de difusión en el transporte público como Sistema de Transporte Colectivo Metro y Metrobús, informe a la población de los problemas que dichas bromas con la alerta sísmica pueden provocar.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que incremente las multas y sanciones relacionadas con estas acciones que carecen de empatía con la población afectada en los últimos sismos.

Notas

1 Forbes, México. “Los 8 sismos más catastróficos en la historia de México”. Disponible en https://www.forbes.com.mx/los-8-sismos-mas-catastroficos-en-la-historia -de-mexico/

2 Tremofovia: miedo a los sismos que padece el 50 por ciento de los mexicanos. Disponible en

https://sumedico.lasillarota.com/bienestar/tremofobia-mi edo-a-los-sismos-que-padece-50-de-mexicanos-tremofobia-miedo-a-sismos-t emblores-terremoto/310944

3 Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica. Disponible en https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dejc/sanciones-y-fundamen tos

4 Carmen Aristegui, 2017. “Sismo en CDMX: 2 muertas por infarto y un lesionado por lanzarse de un segundo piso”. Disponible en https://aristeguinoticias.com/2309/mexico/sismo-en-cdmx-2-muertas-por-i nfarto-y-un-lesionado-por-lanzarse-de-un-segundo-piso/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 31 de octubre de 2019.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y el Infonavit a retomar el Programa de Recuperación de la Vivienda Abandonada en Chihuahua, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Alan Jesús Falomir Sáenz, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que exhorta al titular del Ejecutivo federal y al director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para retomar el programa de recuperación de la vivienda abandonada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo séptimo del artículo 4o. “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

En las regiones norte y suroriente de la Ciudad de Chihuahua se estima que hay 6 mil casas abandonadas, siendo que existe una gran cantidad de familias que no tienen una vivienda propia, por diversas razones ya sea de no tener un trabajo fijo, o con prestaciones y no pueden tener acceso a créditos de vivienda y carecen de la misma, para ellos es de primera necesidad hacerse de un patrimonio.

En 2010, el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportaba 111 mil 103 viviendas deshabitadas en el estado de Chihuahua, lo que entonces motivó la aplicación de programas de recuperación.

Esas viviendas abandonadas solo causan un gran problema de insalubridad, inseguridad, vandalismo, y deterioro de las mismas ya que los maleantes las utilizan para cometer ataques sexuales, drogarse, alcoholizarse, utilizarlas como centros de narcomenudeo e incluso, para esconder cadáveres.1

El Infonavit presentó en 2013 un programa llamado “recuperación de la vivienda abandonada” en el cual tenían acceso a adquirir una de estas los elementos de seguridad pública, y familias de escasos recursos económicos que no cuentan con prestaciones ni tienen acceso a un crédito bancario, este programa permitiría adquirir una vivienda que cumpla con sus necesidades, una opción viable es la compra de una de estas casas. Pues son viviendas que se dejaron de pagar y fueron abandonadas, por lo que el Instituto las recuperó.2

En la actualidad, en algunos Estados de la República, las viviendas recuperadas por Infonavit son subastadas a fraccionadoras, constructoras e inmobiliarias beneficiando con esto solo a un pequeño sector empresarial, dejando desprotegidas a las familias mexicanas, ante esto, y al ver el problema social que existente, es indispensable que sean proporcionadas las viviendas a las familias desprotegidas, para que puedan lograr un patrimonio, a través de créditos accesibles que la federación asigne.

En el 2013 el gobierno del Estado de Chihuahua, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, firmaron el convenio de rehabilitación de vivienda, regeneración urbana y asignación de casas a elementos policiacos, que convirtió a Chihuahua en el primer Estado del país en signar un acuerdo de esta naturaleza.

Este convenio establecía el traspaso de 18 mil viviendas en situación de abandono que benefició principalmente a quienes en esos momentos no estuvieran sujetos a un crédito, principalmente a agentes de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.3

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

La Cámara de diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal y al director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a retomar el Programa de Recuperación de la Vivienda Abandonada en el estado de Chihuahua.

Notas

1 El Diario “Una bomba de tiempo, seis mil casas abandonadas” 23 de junio de 2018. Consultado el 6 de febrero de 2019 en http://www.eldiariodechihuahua.mx/Local/2018/06/23/una-bomba-de-tiempo- seis-mil-casas-abandonadas/

2 El Financiero “Vivienda recuperada, una opción de ahorro” 14 de julio de 2016. Consultado el 6 de febrero de 2019 en https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/vivienda-recuperada-una-op cion-de-ahorro

3 Milenio “Entrega Infonavit 18 mil viviendas abandonadas a Chihuahua” 11 abril de 2013. Consultado el 6 de febrero de 2019 en https://www.pressreader.com/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2019.

Diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar con el IMSS campañas sobre los beneficios de la vacuna contra el VPH, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1 y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El virus del papiloma humano (VPH) es un factor de cáncer, se trata de una enfermedad de transmisión sexual cuya característica es la aparición de verrugas en los genitales.

La infección por VPH en la mayoría de los casos no tiene síntomas, la única manera de detectarlo es mediante una prueba molecular que detecta directamente la presencia del ADN del virus. Es necesario e importante detectarlo antes de que haya transformación celular y pueda convertirlas en cáncer.

Existen más de 100 tipos diferentes de virus del papiloma humano, de los cuales la mayoría son asintomáticos, sin embargo, alrededor del 30 por ciento causa lesiones a nivel de la piel en la zona genital. El VPH es una infección de transmisión sexual incurable pero tratable, en la actualidad afecta alrededor del 60 por ciento de la población de México, lo que la convierte en un problema de salud pública.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, programa el derecho a la salud cuando instituye que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

En ese marco constitucional se enmarca el impulso de políticas públicas de salud que, con visión de género, tiendan a controlar enfermedades que afectan a las mujeres del país.

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las infecciones por el VPH no causan ningún síntoma y desaparecen solas. Pero el VPH puede causar cáncer del cuello del útero en las mujeres. El cáncer del cuello del útero es la segunda causa principal de muertes por cáncer entre las mujeres del mundo, pero es la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país, con más de 4 mil 500 muertes al año, equivalente a una tasa de 14.7 por cada 100 mil habitantes femeninas.

El cáncer cérvico-uterino es un padecimiento silencioso que ocasiona un sinnúmero de muertes de mujeres en todo el mundo, se instala y se desarrolla sin que cause molestias y sin que nos demos cuenta permea no solo en el cuerpo de la mujer, sino también en todos los ámbitos de su vida, trastocando a toda nuestra sociedad.

El VPH también está asociado a varios cánceres menos comunes, como el cáncer de la vagina y de la vulva en las mujeres y a otros tipos de cánceres en hombres y mujeres. También puede causar verrugas genitales y verrugas en la garganta.

La vacuna contra el VPH es importante porque puede prevenir la mayoría de los casos de cáncer del cuello del útero en mujeres, si se aplica antes de que la persona esté expuesta al virus.

A pesar de que la protección que brinda esta vacuna dura mucho tiempo, la vacuna no es un sustituto de una prueba de detección del cáncer del cuello del útero. Las mujeres se deben seguir haciendo regularmente la prueba de Papanicolaou, con el objetivo de prevenir y no esperar hasta que la enfermedad este presente, este punto de acuerdo busca informar los beneficios de la prevención.

La vacuna que tiene como objetivo prevenir el VPH, la cual se puede dar a hombres y mujeres. Además de prevenir el cáncer del cuello del útero, también puede prevenir el cáncer de la vagina y de la vulva en las mujeres y las verrugas genitales en los hombres y mujeres. Existiendo una vacuna además la cual se da únicamente a mujeres y sólo para la prevención del cáncer del cuello del útero.

Si bien en materia de acceso a la información, prevención, detección temprana y atención oportuna del cáncer cérvico-uterino se ha avanzado mucho, en realidad poco se ha hecho en nuestro país para erradicarlo determinadamente. El cáncer cérvico-uterino es el único cáncer que es prevenible y no se ha aprovechado esta valiosa condición que ofrece la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Como legisladores podemos realizar este importante esfuerzo que coloca a nuestro país en el camino que las naciones de primer mundo ya están recorriendo para erradicar de su sociedad el cáncer cérvico-uterino; es por esto que desde esta soberanía debemos de aportar nuestro apoyo incondicional a este tipo de programas y fortalecerlo para darle una vigencia permanente en nuestro país.

Con el objetivo de fortalecer los programas para erradicar enfermedades las cuales atacan principalmente a las mujeres de nuestro país, y en pro de las personas aprovechen las herramientas para el cuidado de su salud que este gobierno les ofrece, este exhorto busca únicamente la correcta difusión de los beneficios de esta vacuna, una acción que bien implementada, salvaría muchas más vidas de las que ya ha salvado hasta hoy en día.

Por ello, la realización de una amplia campaña en todo nuestro territorio sin exclusión o excepción alguna, de información veraz y oportuna sobre las ventajas de la vacuna contra el papiloma humano y su aplicación, es una condición requerida en el esfuerzo por erradicar de forma definitiva el cáncer cérvico-uterino en nuestro país.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a que en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social realicen campañas encaminadas en difundir y fomentar los beneficios de la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a todos los institutos de salud pública a que, de entre sus programas de prevención y salud sexual y reproductiva, contemplen esta medida para niñas de entre 11 y 12 años, reforzando así la lucha contra el cáncer que lleva años aquejando al país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los programas de difusión en materia de salud pública a que informen a la población de los beneficios de tomar dichas medidas preventivas en aras de disminuir y erradicar los brotes de VPH en México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 31 de octubre de 2019.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades a sostener una reunión interinstitucional para revisar, analizar y alcanzar vías de solución jurídicas y sociales del conflicto territorial entre ejidos de Viesca y Matamoros, Coahuila, a cargo de la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Miroslava Sánchez Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Morena, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Procuraduría Agraria y al magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, a llevar a cabo una reunión interinstitucional para revisar, analizar y alcanzar alternativas de solución jurídicas y sociales al conflicto territorial que prevalece, y que se ha agudizado, entre los ejidos de San Juan de Villanueva, Margaritas, Emiliano Zapata y Saucillo, todos del municipio de Viesca y el ejido Benito Juárez, del municipio de Matamoros, ambos en el estado de Coahuila, y cese la represión policiaca en contra de los ejidatarios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los últimos veinticinco años han sido de abandono y descapitalización de los pequeños productores, y de destrucción y despojo de los recursos naturales: tierra, agua, bosques, fauna, plantas y semillas, así se ha impulsado, directa o indirectamente, la expulsión de miles de personas y familias de sus comunidades de origen, con destino incierto a las ciudades de nuestro país y a Estados Unidos de América.

El abuso y la desvalorización de los productos del trabajo campesino e indígena, por un lado, y los proveedores de insumos, los acaparadores de cosechas, así como los recortes al presupuesto que debería de llegar oportunamente para garantizar la producción de alimentos, por el otro, han sido algunas de las causas por las que el campo mexicano sufre de una profunda crisis de productividad y competitividad.

En el Grupo Parlamentario de Morena retomamos la consigna del movimiento campesino, el campo es de todos y desde este espacio, buscaremos formular, diseñar e impulsar acciones legislativas que defiendan el territorio y hagan efectivo el derecho a la protección, tutela de la responsabilidad del Estado para salvaguardar sus recursos y la producción agropecuaria.

El ejido San Juan de Villanueva, municipio de Viesca, Coahuila, se ha esforzado por romper con el circulo vicioso impuesto por el neoliberalismo y fiel a los principios agraristas del general Lázaro Cárdenas del Río, en cuyo gobierno la región lagunera se convirtió en la zona emblemática del inicio del reparto agrario el seis de octubre de 1936; sin embargo, entre el 8 y el 11 de octubre pasados, se asestó un golpe brutal a los habitantes y ejidatarios de este municipio, al violentarse sus derechos humanos, así como la Declaración de la los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 2018, donde se responsabilizan los estados de cada país a tutelar y respetar las tierras de los campesinos y a no ser despojados de las mismas.

El ejido San Juan de Villanueva cuenta con resolución presidencial, con rango de inmodificable de fecha 10 de agosto de 1983 y ejecutada el 4 de noviembre de 1983, con una superficie de 5 mil 834 hectáreas, sin embargo, en los tribunales agrarios se llevó a cabo el juicio agrario 64/2004, por conflicto de límites con la ampliación de tierras del ejido Margaritas, también municipio de Viesca, recayendo una sentencia condenatoria contra el ejido San Juan de Villanueva resolviéndose la obligación de entregar 537 hectáreas, que sin embargo en el juicio agrario 131/2017, donde el ejido reclama la debida y exacta ejecución de resolución presidencial, se encontró documentación relativa a que la ampliación del ejido Margaritas, fue presuntamente ejecutada hasta 2018, lo que significa que se resolvió despojar a los ejidos de San Juan de Villanueva, Saucillo y Emiliano Zapata, del municipio de Viesca y al ejido Benito Juárez, municipio de Matamoros, Coahuila, de 724 hectáreas, 75 hectáreas y 50 hectáreas respectivamente en beneficio del ejido Margaritas.

Así, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6 de Coahuila ordenó la ejecución de su sentencia, para lo cual el abogado del ejido Margaritas acudió acompañado de elementos de diversas corporaciones policiacas entre ellas Fuerza Coahuila, Policía Municipal de Matamoros, Policía Ministerial del estado, adscrita a la Procuraduría General del estado de Coahuila, Grupos de Élite, helicóptero de la Fuerza Coahuila, los cuales agredieron físicamente a los ejidatarios y pobladores movilizados en las inmediaciones de la zona en donde se pretendía ejecutar el desalojo, resultando en la detención de 15 personas, de los cuales 8 fueron presuntamente incomunicados

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación; a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a la Procuraduría Agraria y al magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, a llevar a cabo una reunión interinstitucional para revisar, analizar y alcanzar alternativas de solución jurídicas y sociales al conflicto territorial que prevalece, y que se ha agudizado, entre los ejidos de San Juan de Villanueva, Margaritas, Emiliano Zapata y Saucillo, todos del municipio de Viesca y el ejido Benito Juárez, del municipio de Matamoros, Coahuila, y cese la represión policiaca en contra de los ejidatarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2019.

Diputada Miroslava Sánchez Galván (rúbrica)